Desde que el presidente Javier Milei anunció que hablaría en cadena nacional sobre el tema, el Gobierno mantuvo bajo un fuerte hermetismo toda información respecto de las últimas novedades respecto al reclamo de soberanía de las islas Malvinas, aunque se concentró en, al mismo tiempo, generar expectativa sobre el comunicado.

El mandatario viene enfrentando las críticas de la oposición por la situación económica, principalmente por la morosidad, por lo que buscó pasar de página recuperando la agenda con un nuevo asunto.

El miércoles, en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton, el jefe de Estado volvió a defender el rumbo de su administración y sostuvo que “estará en manos de los argentinos la decisión de volver al pasado o continuar por el camino que hará a la Argentina grande nuevamente”.

“Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia, y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, remarcó ante un auditorio lleno de funcionarios, empresarios, académicos y muchos jóvenes estudiantes de economía que lo aplaudieron efusivamente.

Sin embargo, en este discurso, que a diferencia de otros fue totalmente improvisado -no leyó en ningún momento-, Milei también reconoció que “si no se muestran los resultados, se hace difícil acompañar”, porque se trata “de un modelo que implica riesgos”.

En la previa de su exposición, el vocero, Adrián Ravier conversó justamente sobre esto con varios de los presentes en el salón, quieres se mostraron preocupados por la confianza del electorado en el Presidente.

Una de las personas que estuvo varios minutos hablando con el portavoz fue el español Gabriel Calzada, exrector de la Universidad Francisco Marroquín, con quien tuvo una extensa charla intelectual.

Antes del mandatario, tomó la palabra Alberto Benegas Lynch, padre del diputado y senador de La Libertad Avanza, Bertie y Joaquín, respectivamente, quienes también defendieron las medidas de esta gestión.

El liberal rechazó los reclamos de “mayor sensibilidad por parte del Ejecutivo” y remarcó que en estos tres años “les sacó las botas de encima a los ciudadanos y estableció las reglas, que es la función del gobierno”.

“Cuando se dice que es necesaria una ayuda, hay que preguntarse, como digo, la ayuda por parte de quién, porque si se procede a arrancar el fruto del trabajo ajeno, esto va a derivar inexorablemente en menores inversiones y, por lo tanto, en peores salarios“, opinó.

En este sentido, Benegas Lynch destacó que “tiene un peso muy grande la batalla cultural que muchos han objetado”, porque consideró que el crecimiento de un país “no es un tema de recursos naturales, sino de valores, de principios, de instituciones civilizadas”.

Esto es lo que transmitió también Ravier en sus conversaciones informales con los empresarios locales e internacionales, a los que escuchó durante toda la jornada en el Sheraton: “A casi todos los conoce desde hace años por el ámbito académico y liberal“, resaltaron en su círculo íntimo.

De lo que no hizo ningún comentario en ningún momento fue de Malvinas, una orden específica que le transmitió la cúpula del oficialismo en la última reunión de Gabinete, cuando se decidió hacer la cadena nacional.

En todas las áreas del Gobierno estaba la instrucción clara de no adelantar nada de la cadena nacional que el Presidente va a encabezar, de la cual solamente se sabe que será a las 21:00.

La información que brindará el líder libertario fue coordinada con los equipos de Cancillería, que comanda Pablo Quirno, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dirige Cristian Auguadra.

Según trascendió, en los últimos días habría habido una reunión de los dos funcionarios con Milei. El miércoles también sorprendió el ingreso a la Casa Rosada de un empresario británico que, de igual forma, tuvo una reunión bajo un estricto hermetismo.

Uno de los últimos conflictos que se registraron vinculados a las islas fue el proyecto de exploración de petróleo de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes.

El asunto generó especial repercusión debido a la buena relación que hay actualmente entre Argentina y el país de Medio Oriente, que argumenta extra oficialmente que se trata de una compañía privada y de una iniciativa que recién está en la etapa de evaluación.

Por lo pronto, Milei viajará este jueves por la mañana a Santiago de Chile para participar del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y mantener encuentros con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con el mandatario chileno José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

A su regreso, el libertario se dirigirá a la Casa Rosada para, desde las 16:00, grabar el mensaje que luego será emitido en cadena nacional. No se descarta la presencia de Quirno, que llegó a último momento al acto en el Sheraton para escuchar el cierre del discurso. “Qué política exterior estamos metiendo”, celebró el Presidente al verlo entrar.

En ese evento, rodeado por personas afines a su ideología, Milei bajó del escenario una vez que terminó de hablar y se sacó fotos con los presentes. Uno de ellos se le acercó y le pidió que “salve al país“. ”Estamos en eso”, respondió el jefe de Estado.

La cuenta oficial de la Oficina del Gobierno de las Islas Malvinas en Londres (@FalklandsinUK) difundió un fragmento del debate celebrado el pasado martes en la Cámara de los Comunes, en el que la subsecretaria de Estado Uma Kumaran reafirmó que “el Reino Unido no tiene ninguna duda de su soberanía” sobre el archipiélago.

La sesión parlamentaria había sido convocada, en principio, para debatir los gastos futuros del Tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, pero derivó rápidamente hacia las Malvinas cuando Emily Thornberry, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de los Comunes y diputada laborista, tomó la palabra y calificó de “disparate” (nonsense) la sugerencia de Trump de revisar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas y exigió una respuesta oficial del gobierno.

Kumaran respondió con el argumento oficial de Londres sobre las islas: “Son y siempre serán un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de sus habitantes”, señaló, y agregó que el Reino Unido es “firme en su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños”.

El contexto en que se produjo este intercambio no es menor. La sesión parlamentaria del 1 de septiembre comenzó con un debate sobre el Tratado con Mauricio por el archipiélago de Chagos, otro territorio insular cuya soberanía el gobierno de Keir Starmer negoció y firmó en mayo de 2025, en medio de fuertes críticas internas. El acuerdo, que el gobierno de Andy Burnham heredó sin resolver, contempla transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio mientras el Reino Unido arrienda Diego García por 99 años para mantener la base militar conjunta con Estados Unidos. El tratado sigue bloqueado por Washington y genera tensiones crecientes dentro del propio Parlamento.

La oposición conservadora, representada en la sesión por Wendy Morton, fue directa en su pregunta: “En abril, tras la retirada del apoyo estadounidense, los ministros admitieron que el tratado sobre Chagos se había vuelto ‘imposible de acordar a nivel político’. Sin embargo, el Gobierno dice ahora que intenta nuevamente impulsar el acuerdo con Washington. ¿Qué ha cambiado?”. Kumaran esquivó la respuesta concreta: “No voy a hacer un comentario corrido sobre este asunto”, y se limitó a señalar que el Reino Unido trabaja “en sintonía con Estados Unidos” para encontrar una salida que proteja los intereses de seguridad nacionales de ambos países.

Para Argentina, el debate sobre Chagos no es un asunto ajeno. La Cancillería argentina lo mencionó en términos explícitos en al menos dos ocasiones. En mayo de 2019, cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de exigirle al Reino Unido que devuelva el archipiélago a Mauricio, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que la decisión era “un precedente muy positivo para países como la Argentina”, aunque aclaró que “el caso del archipiélago de Chagos no puede igualarse a la Cuestión Malvinas”.

En aquel momento, el entonces canciller Jorge Faurie (que en la actualidad ocupa el cargo de embajador en Chile), resaltó las “similitudes” con la causa Malvinas. “Tanto en el caso del archipiélago de Chagos, como en el Malvinas, se trata de una situación de desmembramiento territorial, donde la población que se encontraba en las islas fue trasladada contra su voluntad, en este caso al territorio continental argentino en 1833″, indicó.

En mayo de 2025, cuando el acuerdo entre Londres y Mauricio se firmó formalmente, la Cancillería volvió a pronunciarse: señaló que el tratado “constituye un ejemplo que demuestra que es posible resolver las controversias de esta naturaleza por medios pacíficos” y renovó el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Malvinas.

La entonces canciller Diana Mondino fue más directa aún. El mismo día en que se anunció el acuerdo sobre Chagos, en octubre de 2024, publicó en su cuenta oficial de X: “Celebramos este paso en la dirección correcta y terminar con prácticas obsoletas. Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas.”

La oposición conservadora británica, por su parte, también estableció el vínculo. Cuando el entonces canciller David Lammy anunció el acuerdo con Mauricio en los Comunes en octubre de 2024, el portavoz conservador de Exteriores Andrew Mitchell advirtió que la decisión “da oxígeno a los enemigos del Reino Unido en un mundo peligroso y socava la red estratégica de los intereses de defensa británicos”. Lammy intentó cerrar el debate: “Las situaciones no son comparables. La soberanía británica sobre las Malvinas y Gibraltar no está en negociación”. El argumento no convenció a la oposición, que desde entonces repite la comparación cada vez que el tratado sobre Chagos vuelve al debate.

El detonante inmediato de toda esta cadena fue una respuesta de Trump el 31 de agosto en la Oficina Oval. Cuando un periodista le preguntó si su gobierno estaba revisando su posición de neutralidad sobre las Malvinas —en el marco de presiones a Londres para que aumente su gasto militar en la OTAN—, el presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”. Suficiente para agitar el tablero internacional.

En el gobierno nacional hay cautela en relación a la frase del presidente de EEUU, aunque el martes el propio Milei anunció una cadena nacional para abordar la cuestión Malvinas en la noche de este jueves. Hay hermetismo tanto en Casa Rosada como en la Cancillería en relación al contenido del mensaje.

En Londres, en tanto, el Gobierno del Reino Unido insistió en que su posición es “inquebrantable”. “Las islas son y seguirán siendo un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de los isleños”, reiteró un vocero de Downing Street. Y recuerdan el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes eligió permanecer bajo administración británica, con una participación del 92% del padrón electoral.

La reactualización de la causa Malvinas se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.

Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”. Este reclamo podría ser uno de los ejes del mensaje de Milei en cadena nacional.

Armando Cavalieri tendrá garantizada una nueva reelección en los comicios de este jueves en el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital (SEC): la lista que encabeza, secundado nuevamente por Carlos Pérez, será la única que se presentará luego de que la Justicia dejó sin efecto la oficialización de la nómina opositora.

De esta forma, el líder sindical asumirá su undécimo mandato consecutivo al frente de una organización clave del sector de servicios, que tiene 55 mil afiliados y está afectada por la crisis de la actividad mercantil.

Cavalieri, quien dirige el sindicato desde 1985, llevará otra vez a Carlos Pérez como candidato a secretario adjunto, que también será ratificado como presidente de OSECAC, la obra social con más afiliados de la Argentina.

Según se informó oficialmente, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió excluir de las elecciones a la lista opositora Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes (actual secretaria de la Mujer del gremio), porque las irregularidades detectadas mediante una pericia caligráfica sobre 1238 firmas la dejaron sin el mínimo de avales requerido para competir.

La sentencia hizo lugar al planteo de la Lista Azul, liderada por Cavalieri, que había recurrido a la Justicia para exigir el cumplimiento del estatuto sindical luego de que la Junta Electoral decidiera oficializar a la lista opositora pese a reconocer que no reunía los avales necesarios.

La decisión de los camaristas, adoptada pocas horas antes de la votación, ratificó que para competir era obligatorio reunir el apoyo del 3% de los afiliados activos, equivalente en esta elección a 1504 avales.

La diferencia entre las dos nóminas quedó expuesta en los números de apoyos: la Lista Azul había presentado más de 15 mil avales, mientras que la Celeste-Verde había acompañado en un primer momento 1649 respaldos.

El proceso de revisión de los avales alteró ese escenario inicial. La propia Junta Electoral reconoció que, aun después de las presentaciones efectuadas por la agrupación opositora, seguía existiendo un déficit respecto del mínimo estatutario y que no habían sido corregidas por completo las irregularidades detectadas por los peritos calígrafos sobre 1.238 firmas.

Pese a esa conclusión, la Junta Electoral, dominada por el oficialismo, había decidido permitir la participación de la Celeste-Verde con una “interpretación amplia” del requisito estatutario. La Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó ese criterio y sostuvo que la exigencia del 3% era clara y no habilitaba lecturas orientadas a eximir a ninguna agrupación de su cumplimiento.

Para el tribunal, apartarse de esa disposición implicaba resolver en contra de las normas vigentes. También afirmó que la Junta Electoral carecía de facultades para eximir a una lista del piso mínimo previsto en el estatuto.

La sentencia respondió así al punto central de la controversia: la Celeste-Verde no podrá competir porque no acreditó la cantidad de avales exigida para ser oficializada. Ese requisito, según remarcó el fallo, debía cumplirse en las mismas condiciones por todas las listas.

El fallo también desestimó los argumentos con los que la Lista Celeste-Verde intentó cuestionar el procedimiento de control de los avales. La Cámara rechazó sus objeciones sobre las atribuciones de la Junta Electoral para ordenar pericias y remarcó que la reforma estatutaria que habilitó esas facultades está vigente.

El tribunal añadió otro elemento para cerrar la discusión: señaló que la lista opositora no recurrió en tiempo oportuno la decisión que había rechazado sus cuestionamientos sobre los avales, por lo que la decisión sobre la insuficiencia de los respaldos quedó firme.

La resolución judicial también respaldó el planteo impulsado por la Lista Azul, que había reclamado el respeto de las condiciones fijadas por el estatuto del SEC. Con esa definición, la justicia laboral ratificó que las reglas y los requisitos para competir en el proceso electoral deben ser cumplidos por todas las listas.

Aunque Paredes hubiera podido competir contra Cavalieri, se consideraba que tenía pocas chances de ganar los comicios contra la tradicional Lista Azul. Esta vez no se presentaba un opositor fuerte como Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones del SEC en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección que tuvo una participación récord del 45,5% del total de afiliados.

De esta forma, Cavalieri confirmará su pertenencia a ese pelotón de sindicalistas que permanece en sus puestos desde hace más de 40 años. “El Gitano”, como se lo conoce al veterano sindicalista mercantil, es uno de los dirigentes con más cintura política de la Argentina y pertenece a ese establishment gremial que cultiva un fluido diálogo con los empresarios y con los gobiernos de cualquier signo partidario, aunque hace años se convirtió en un fuerte crítico de las políticas de Javier Milei.

Alesso y Baradel, reelegidos en CTERA

Por su parte, Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos como secretaria general y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en las elecciones que se hicieron este miércoles en todo el país.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, según informó la organización sindical, la Lista Celeste Violeta se impuso por el 76% de los votos que eligieron en forma directa a sus autoridades para los próximos cuatro años.

“Este resultado es un contundente respaldo a la organización y a la lucha colectiva en defensa de la educación pública, el salario, los derechos laborales y la paritaria nacional docente”, sostuvo CTERA.

“Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo del gobierno nacional -agregó-, la docencia fue clara: no se resignan derechos, se defiende la escuela pública y se fortalece la unidad para seguir luchando”.

Además, el gremio dijo que “seguirá en las calles y en cada escuela del país defendiendo la educación pública y reclamando mayor presupuesto educativo, salarios dignos, paritaria nacional docente, restitución del FONID y la defensa de las jubilaciones docentes”.

El texto se presentó el miércoles en la Legislatura de Misiones. Sus autores son pequeños productores afectados por la liberación del mercado de la yerba mate. Desde que el DNU entró en vigencia, rige el principio de oferta y demanda. Esto tiró abajo el valor que recibían de las industrias por la materia prima.

Muchos afirman que están trabajando a pérdida y pretenden volver a un esquema regulado por la autoridad pública. En la propuesta, el Estado misionero fijaría un mínimo a pagar por cada kilo de hoja verde. La variación en el extremo inicial de la cadena impactará en forma directa en el final: el precio en góndola.

El mecanismo sugerido establece un régimen “extraordinario y transitorio de protección para los productores primarios de yerba mate” de Misiones. La provincia concentra el 70% de la producción yerbatera, el resto está en Corrientes. A diferencia de lo que pasa en la tierra colorada, el Gobierno correntino avala el DNU 70/23 y el nuevo sistema.

La iniciativa fija un límite. El precio mínimo se pagará a quienes no tengan más de 50 hectáreas. El objetivo expuesto es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un precio mínimo sostén (PMS) para la hoja verde”.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que la administración de Hugo Passalacqua está 100% de acuerdo con la iniciativa. El Gobernador ya había comprometido su apoyo en un encuentro con productores realizado en junio pasado.

La diputada oficialista Arabela Soler recibió el texto de manos de sus autores. El ingreso formal al recinto se realizará el jueves, durante la sesión ordinaria.

Cuando se conoció el DNU 70/23, el Gobierno misionero amagó con una regulación de esta naturaleza, pero la idea se diluyó con el paso del tiempo. Desde aquel entonces, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM ARG) se convirtió en un organismo de promoción.

El malestar de un sector de la producción se manifestó de diversas formas. Ninguna tuvo la magnitud de lo ocurrido en 2002 cuando un tractorazo paralizó Posadas y forzó al Gobierno nacional a crear el INYM. El viernes habrá una protesta en Puerto Iguazú a raíz de la presencia del presidente Javier Milei en un evento privado.

Cómo se determinará el valor de la materia prima

El precio mínimo sostén de la hoja de yerba que fije el Estado misionero tendrá “carácter obligatorio” y será el valor mínimo de contratación “para toda persona humana o jurídica que adquiera” la materia prima. En la negociación entre partes se podrá convenir un precio mayor, pero nunca inferior.

La administración provincial controlará que no se hagan operaciones por debajo de ese valor. Para ello podrá fiscalizar los libros y registros de las empresas y los movimientos bancarios. Si detecta una transacción que no se condice con el PMS, tendrá la potestad de intimar al comprador a que complete el valor correspondiente e imponerle sanciones administrativas.

El PMS deberá contemplar un mínimo de requisitos, entre ellos “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”. El texto no establece cuáles serán los parámetros para alcanzar esta calificación.

En la cuenta entrará a su vez “el pago de la mano de obra conforme a la legislación vigente y a los valores legales establecidos para la tarifa”, la cosecha manual de la hoja de yerba.

A esto se sumará el costo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y de la seguridad social de cada pequeño productor. También se agregará un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas. Pero no se determina cómo se medirá esa ganancia garantizada.

Medidas extraordinarias

El proyecto, además, declara la emergencia de la producción primaria yerbatera en Misiones por un año. El plazo es prorrogable por un año más, pero su alcance está limitado a los pequeños productores de hasta 50 has.

Durante ese lapso, el Ejecutivo quedará facultado a adoptar “las medidas extraordinarias necesarias” para la continuidad de las explotaciones. También tendrá que “proteger el trabajo rural y evitar el deterioro del patrimonio productivo”. Además, deberá garantizar “condiciones de sustentabilidad económica para la producción primaria”.

En contra del espíritu de libre mercado que pregona el Gobierno nacional, el proyecto pretende que el Estado provincial tenga una presencia activa en todo el proceso comercial.

Por eso, la autoridad pública tendrá la facultad de establecer los regímenes especiales que estime pertinentes. Estos incluyen la comercialización, registración, percepción, fiscalización, control y verificación, a fin de cumplir con el objetivo.

Asimismo, contará con la capacidad para “determinar y actualizar el PMS previsto”. Del mismo modo, podrá adoptar “medidas administrativas, económicas y técnicas necesarias a fin de asegurar su efectiva aplicación”.

La conflictividad interna del peronismo bonaerense volvió a escalar en las últimas horas, luego del mensaje que brindó Máximo Kirchner en la puerta de San José 1111 a cuatro años del intento de asesinato a su madre. La canción contra Kicillof y algunos mensajes entrelíneas le abrieron la puerta a los enojos, la discusión en las redes sociales y el clima espeso en la convivencia del mundo peronista.

La canción que reivindica la conducción de Cristina Kirchner y cuestiona la idea de Axel Kicillof de entonar nuevas canciones, en referencia a una renovación marcada del peronismo, alteró los ánimos de la vida que se transita bajo el techo del PJ. Las estrofas de ese tema son símbolo de interna, de pelea y de conflicto. Porque responden a una propuesta del Gobernador y a una crítica de Andrés “Cuervo” Larroque, que en un momento dijo que no se sentía representado por la conducción de la ex presidenta. Su voz fue la voz de varios dirigentes vinculados a Kicillof.

“Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende”, reza la letra que se conoció en un acto que encabezó el líder de La Cámpora en septiembre del 2024, en el club Atenas. “Y si querés otra canción, vení te presto la mía”, sostiene el tema en el final. Que la canción haya vuelto a sonar, en reiteradas oportunidades y alentada por Kirchner, rompió la frágil tregua existente con el Gobernador.

En el kicillofismo toman esa canción como una afrenta, teniendo en cuenta el rol que ocupa Kicillof. Sin embargo, ya no se sorprenden como antes. Dicen estar acostumbrados a los mensajes de la interna en contra del mandatario bonaerense. “Es imposible lograr acuerdos con ellos. Por eso no tiene sentido discutir ahora la unidad”, explicó un intendente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

“Ellos desaparecen en la calma”, afirmó un funcionario muy cercano al gobernador bonaerense. En La Plata creen que el cristinismo, y especialmente La Cámpora, sobreviven en el ruido de la interna. Y que el silencio de las últimas semanas los tenía apartados de su hábitat natural, la del ruido y el conflicto. Todo está roto y no hay confianza posible entre las partes.

Otro funcionario de confianza de Kicillof dio un paso más en los cuestionamientos. “El único activo que les queda para negociar con el poder real es garantizar la ruptura del peronismo”, sentenció. Algunos dirigentes vinculados al Gobernador ven en el comportamiento del cristinismo la intención de generar las condiciones para que el PJ se termine partiendo el año que viene. “A lo único que están dispuestos es a desgastar a Axel todo lo posible para que llegue disminuido el año que viene”, aportó un conocedor de las entrañas justicialistas y el entramado K.

Del otro lado de la línea kirchnerista, en La Cámpora, volvieron a la carga con una idea que hace tiempo mantienen en el debate político: la victimización de Kicillof. “Es insoportable hacer política con gente que se victimiza constantemente. Ni Cristina, con todo lo que le pasó y le pasa, se victimiza como lo hacen ellos”, se quejó un dirigente de la primera línea de la organización.

En el cristinismo creen que el sector de Kicillof le da una entidad desmedida a la canción y que lo ponen en “una caja de cristal” al gobernador, porque todo los ofende o les molesta. Aceptan las rispideces y, en algunos casos, la brutalidad de la interna, pero sostienen que en La Plata le dan una entidad que no tiene. “Si una canción los pone así, ¿Qué harán cuando se tengan que sentar a renegociar la deuda con el FMI?“, agregó el referente camporista.

Otro nombre propio importante en La Cámpora, y de estrecha cercanía con Máximo Kirchner, dejó a la luz el fastidio que le genera la reacción del kicillofismo. “Quieren que no chistemos. Los que quieren una lógica de sumisión o traición son ellos”, planteó, utilizando una frase del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que subió la temperatura en la interna y construyó uno de los momentos más álgidos de la discusión de poder. Y, además, puso como ejemplo la acusación que a ellos le cursan sobre cómo gestionan la política, cuando algunos dicen que para la conducción cristinista “sos esclavo o traidor”.

En el espacio de la ex presidenta aseguran que Kicillof “se corre de todo lo que tenga que ver con la unidad” y ponen como ejemplo el evento organizado en La Rioja por Ricardo Quintela por el aniversario de la muerte del cura Angelelli (que apuntó a ser un encuentro de unidad del peronismo), la rosca política para garantizar la caída de la ley de Extrangerización de tierras, el encuentro en el Hotel Emperador de los principales dirigentes del PJ y la votación de una camada de jueces en el Senado de la Nación.

“Axel no fue a La Rioja, no movió un dedo para hacer caer la ley de tierras, salió del encuentro en el hotel con los gobernadores y enseguida se ocupó de tomar distancia del resto y criticó a Cristina, a través de comunicadores cercanos, por la votación del bloque en el tema de los jueces. Se corre de todo lo que se hace en unidad o implica meterse en el barro de la política”, afirmó un encumbrado dirigente camporista.

En el cristinismo ven a Kicillof detrás de los cuestionamientos al bloque de senadores y a CFK respecto a la decisión de votar, en su mayoría, el pliego del juez Pablo Yaradola para integrar la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó algunas rispideces en el peronismo. La desconfianza está instalada en el vínculo político y anclada en una interna feroz de larga data. Eso no se modificó en el tiempo.

En la discusión pública, el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, planteó en una entrevista radial que estaban esperando “entender el criterio” utilizado por el bloque de senadores para el nombramiento de los jueces porque “llamaba la atención”. Su frase corta, pero concreta, provocó ruido en la vereda de enfrente.

La respuesta llegó a través del jefe del bloque de diputados provinciales del peronismo, Facundo Tignanelli. “Escuchaba al compañero respecto de la votación del Senado decir ‘estamos esperando entender el criterio’. A veces a nosotros nos pasa que nos cuesta entender el criterio de cuando se decide aumentar la tarifa en la provincia de Buenos Aires por una resolución ministerial en forma más alta que al conurbano bonaerense, que son las resoluciones nacionales. Es decir, la energía en la Provincia de Buenos Aires se paga más cara que a nivel nacional”, aseguró en una entrevista en el canal de streaming LACA.

“Si recuperamos Vaca Muerta fue para que los argentinos y las argentinas paguen las tarifas en forma barata y para que la industria, en este caso bonaerense, se pueda desarrollar pagando una tarifa barata”, agregó el legislador camporista. El mensaje público llegó con una crítica a la gestión de Kicillof y una defensa cerrada a la estrategia kirchnerista en la Cámara alta.

Cuando la conflictividad interna había bajado su intensidad, en una muestra de convivencia más lógica, el cancionero camporista y el movimiento legislativo-judicial alteraron la convivencia nuevamente. En el fondo, lo que existe es una guerrilla interna que sumará capítulos hasta el último día previo a las elecciones nacionales. La historia seguirá sumando capítulos.

Luego del revés que representó ayer el pedido de revisión por parte de los aliados del Gobierno del aceitado proyecto de Super RIGI, en la Casa Rosada crecieron -aún más- las dudas sobre el éxito de la reforma política que buscan impulsar antes de diciembre y del inicio del año electoral.

Sin embargo, en Balcarce 50 se ilusionan con la posibilidad de que las fuerzas no peronistas y no kirchneristas sólo estén especulando para negociar mejor de cara al debate sobre la PASO.

El plenario de comisiones no logró firmar el dictamen para la iniciativa económica central para el equipo de Luis Caputo, ayer, por el rechazo de última hora de senadores del PRO, la UCR y el peronismo disidente. Y en La Libertad Avanza, donde lo que más les importa, incluso más que las inversiones, es la reforma política, creen que los bloques aliados “se quieren subir el precio” ante la necesidad oficialista de sacar del panorama a las PASO antes de que empiece a correr el 2027.

En especial cuando varias provincias ya tienen definido adelantar sus comicios y el calendario electoral podría empezar tan pronto como en febrero, si desdobla La Pampa. Mientras tanto, el peronismo no logra encauzar su interna, cosa que unas Primarias podrían facilitarle, a pesar de las intenciones de los libertarios.

El mileismo espera que la fecha para el debate en el recinto se prolongue, como máximo, a octubre, y aseguran que para ellos depende “únicamente” de cómo avance el trabajo en comisión que prevén para el 15 de septiembre. Descartan un debate caliente en pleno fin de año, con el calor, la eventual tensión social y la cercanía de las Fiestas. “Diciembre queda demasiado lejos y es demasiado complicado”, dicen en el Gobierno, que quiere apurar los tiempos a pesar del golpe que significó el revés con el Súper RIGI -en comisión- del Senado.

El Gobierno leyó el traspié legislativo con el proyecto para acelerar las inversiones como una señal de alarma que excede a la iniciativa en sí misma. Y en Balcarce 50 interpretaron la mala predisposición de los aliados de PRO y la UCR, a quienes necesitan para la reforma política, como un adelanto de lo que puede pasar con la eliminación de las PASO. Una muestra de que los socios o partidos “amigables” no están dispuestos a acompañar, al menos no sin condiciones, la agenda política electoral oficialista.

“Las dos cosas están atadas”, deslizó un funcionario nacional en referencia a la estrategia de los bloques aliados. Como reveló Infobae ayer, el Súper RIGI, que ya tenía media sanción de Diputados, no consiguió el dictamen que el oficialismo buscaba cerrar ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General.

Una oposición de último momento de senadores aliados —el radical Maximiliano Abad, el justicialista no kirchnerista Carlos Espínola y el jefe del PRO, Martín Goerling— frenó el trámite. Los tres, junto con la macrista Victoria Huala, exigen ampliar el criterio de “precio/calidad” para no favorecer siempre a la importación y que el valor de la oferta extranjera no supere en más de un 15% al de un proveedor local en igualdad de condiciones.

Alguna voz, puertas adentro del Gobierno, deslizó un diagnóstico autocrítico: “Fue un problema de Patricia”, dijeron, en alusión al rol de la presidenta del bloque violeta en la Cámara alta en las negociaciones con los opositores. Ayer, Bullrich se mostró de mal talante con el tropiezo: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, dijo.

La fecha para tratar la reforma de la PASO en el recinto todavía no está cerrada y en el oficialismo aclaran que depende exclusivamente de cómo avance el debate en comisión, hoy sin un cronograma firme.

En el Gobierno hablan de un “tire y afloje” con el PRO, y en ese sentido leyeron los dichos de Fernando de Andreis sobre que Mauricio Macri no descartaría ser candidato en 2027. Lo leen como parte de los tironeos de la negociación por un acuerdo en la Ciudad. Y si bien le restaron importancia, lo relacionaron con los apoyos que el PRO pueda dar en el Congreso a la reforma política. Ahí, dicen, se juega buena parte del respaldo real de Macri al oficialismo.

“La economía no va a volar, ni va a caer. La situación económica va a ser esta que tenemos hasta las elecciones”. La frase de un importantísimo karinista es crucial para proyectar el año que separa a Javier Milei de los comicios presidenciales de 2027. El último tramo de su presidencia, reconocen en el corazón del Gobierno, seguirá signado por una economía desigual, donde el crecimiento macro no termina de derramar en el consumo y las actividades extractivistas pujantes conviven con grandes masas de ciudadanos que se ajustan el cinturón.

“Los mejores 18 meses de la historia”, que alguna vez proyectó Luis Caputo para esta etapa, comenzó a dar lugar a un diagnóstico más modesto en la intimidad de la Casa Rosada. “Tenemos que hacer lo mejor posible con lo que hay”, sintetizó un importante colaborador oficial.

Mientras reparte metáforas escatológicas a críticos y detractores, Milei reafirma que no dará ni un paso atrás. Pero los ministros y funcionarios comenzaron a mostrar mayores dosis de pragmatismo con medidas sutiles para recomponer ingresos e impulsar la actividad. El impacto de esas políticas por ahora es dudoso, pero al menos exhiben un Gobierno que reacciona.

¿Puede el equipo económico fondear créditos hipotecarios, fijar salarios mínimos, habilitar créditos en dólares a empresas o subsidiar la tarifa energética de las provincias del norte del país —como ocurrió en las últimas semanas— sin que el Presidente se dé cuenta? Imposible.

En el Gobierno explican que la gestión marcha en dos planos: el de la “batalla cultural” del Presidente y el de la gestión diaria, con cierta autonomía de algunos ministros —fundamentalmente, de Toto Caputo— que maniobran sin tocar el corazón del programa, que es el equilibrio fiscal y el estatismo mínimo. “Por un lado está el Milei dogmático contra el populismo, el Milei exacerbado de Davos. Y por otro lado está la realidad de las palancas del día a día. Hay cosas que a Javier le pasan más por el costado”, dijo un importante asesor de Balcarce 50.

Otro colaborador aseguró, en cambio, que el Presidente sigue de cerca las iniciativas. Apuntó, por ejemplo, que el fondeo de largo plazo a los bancos para que las entidades lanzaran créditos hipotecarios partió del jefe de Estado a partir de una idea que le acercó un banquero muy cercano a La Libertad Avanza (LLA).

Ayer, durante su discurso en el encuentro libertario “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, Milei justificó la nueva faceta de “Estado presente” cuando reconoció los “tres canales” de su Gobierno: la “batalla cultural”, el “músculo político” y la gestión. “No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal; y tampoco vamos a negociar la política monetaria”, reiteró. Ese es el rango en el que maniobran los ministros.

Un miembro de la mesa política confió a Infobae que se espera que en las próximas semanas haya nuevos anuncios para incentivar la actividad económica. Iniciativas estatales maquilladas de anarcocapitalismo. “Todavía quedan varias medidas en estudio sin tocar el equilibrio fiscal. Hay que dar más volumen al crédito a las empresas y mejorar ingresos para reactivar el consumo”, dijo el funcionario.

Trucos sin costo fiscal

Algunos de los recientes anuncios se demoraron por resistencias y trabas entre los propios ministerios. Durante varias semanas, la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para los créditos hipotecarios generó dudas en el equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que controla el organismo previsional y debió ponerle su firma a la medida.

Históricamente, los gobiernos echaron mano de la caja del FGS, que sirve como una reserva de dinero para proteger las jubilaciones, para otros objetivos económicos y quedaron bajo la lupa judicial. “Por eso la invitamos a Sandra a la reunión de mesa política de la semana pasada. Lo conversamos y se destrabó”, contó un miembro de la mesa chica. El anuncio de los créditos hipotecarios se hizo al día siguiente de aquel encuentro.

La habilitación de créditos en dólares para empresas que no son exportadoras, en tanto, había suscitado ciertas dudas en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Teniendo en cuenta su paso por la cartera de Domingo Cavallo durante la gestión de Fernando de la Rúa, el “coloso” puede dar testimonio de que en aquella época la proliferación de los créditos en dólares fue uno de los factores que agravó la crisis sistémica del 2001.

En uno y otro caso, finalmente primó el pragmatismo. En un Gobierno acostumbrado a que no hay plata, cualquier medida novedosa suena a osadía.

El otro truco sin costo fiscal al que está echando mano la Casa Rosada es el de instalar conversación. La cadena nacional por la cuestión Malvinas que encabezará Milei esta noche puede leerse en esa clave. El Gobierno había quedado descuadrado cuando no defendió la reivindicación de la soberanía de las islas durante el partido con Inglaterra. En la previa al encuentro deportivo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había pedido no exhibir el “mapita” de las islas. La historia, por todos conocida, terminó con la sábana que se hizo bandera.

Milei —que alguna vez dijo que anhelaba “que los malvinenses nos voten con los pies”— anunciará medidas diplomáticas para sintonizar con una causa que la sociedad ya demostró que le importa.

Detrás de la idea estuvo Santiago Caputo. Dejó su huella cuando tuiteó que la de Malvinas es “nuestra causa sagrada”, las palabras exactas que horas después utilizó el Presidente en una entrevista radial. El humor del estratega presidencial cambia de una semana a la otra: pasa de un faltazo en una reunión de gabinete a asomar como el artífice de una acción política concreta. El asesor se repliega cuando considera que el Gobierno comete errores no forzados y vuelve a involucrarse cuando las cosas se hacen a su modo.

Sus detractores internos que abrevan en el sector de Karina Milei lo definen así: “Cuando algo sale bien es gracias a Santiago. Cuando sale mal, es culpa del karinismo”.

En Diputados, Martín Menem también pone en juego su táctica. Su objetivo hoy es evitar que la oposición marque la agenda con las iniciativas por morosidad. El titular de la Cámara Baja quiere imponer los términos de la discusión y controlar los tiempos. Por eso se adelantó a convocar a las comisiones y fijó un cronograma de debate. La intención es vaciar la sesión del 9 de septiembre convocada por la oposición.

Menem busca instalar que el endeudamiento hoy no es un problema para no perder las riendas en el debate público como ocurrió en 2025 con discapacidad. “El problema es que casi no tenemos voceros para esto”, reconocen en el oficialismo. Parece difícil cuando se trata de un asunto que atraviesa la vida material de muchas familias.

La administración de la escasez

En la administración de la escasez hay temas que generan tirantez en todos los sentidos. El PAMI es uno. La obra social de los jubilados tiene en crisis a su conducción. Sonó fuerte la salida de su titular, Esteban Leguizamo -finalmente la salida no se concretó- y se fue el coordinador ejecutivo del organismo, Juan Cruz Montero. Además, se llegó a un nuevo punto límite con los prestadores: en los últimos días, varias clínicas de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia suspendieron la atención programada de los afiliados de PAMI en protesta por el retraso arancelario.

El PAMI está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, y bajo la tutela política de Santiago Caputo. En abril, ante la inminencia del colapso, Lugones había cancelado una deuda estimada en $500.000 millones a prestadores y médicos luego de que el Ministerio de Economía le liberara las transferencias. Pero la restricción presupuestaria continuó. “En Hacienda se paran sobre la caja hasta que la situación no da para más”, explicó un colaborador oficial. Y abundó: “El problema de fondo es simple: si la recaudación no repunta, no hay plata”.

A las tensiones diarias entre los ministerios de Salud y Economía se solapan las pujas políticas. Con oficinas en todo el país, el PAMI es habitualmente una potente herramienta de penetración territorial. Son cajas y ventanillas que sirven para apuntalar a LLA en los distritos, bajo el esquema de los Menem. Pero PAMI Central, que responde al tándem Lugones-Caputo, cortó de cuajo las compras por “vía de excepción” en las unidades de gestión local (UGL). “Ahora la caja se centraliza en Buenos Aires y ya no permite el juego de la política”, explicó un colaborador que sigue la dinámica muy de cerca.

Pese a la crisis, PAMI sigue siendo un resorte de poder voluminoso. Quizás por eso, Santiago Caputo le puso el cuerpo al asunto: ayer acompañó personalmente a la nueva coordinadora ejecutiva, Verónica Gabriela Pérez, para presentarla, piso por piso, ante los empleados del organismo. Con esos gestos, el asesor deja en claro que mantiene su injerencia en una porción de la administración pública.

Factor político - factor económico

La interna ya forma parte del paisaje del Gobierno y tiene consecuencias concretas en la toma de decisiones. El que mejor lo comprende es Diego Santilli, un político profesional. El jefe de Gabinete tiene la confianza tanto de los Caputo como de los Menem. Puede participar un día de una reunión entre el asesor presidencial y el ministro de Economía para afinar un anuncio y, al día siguiente, reunirse a solas con los riojanos.

Puertas adentro, hay un debate de fondo sobre el factor político y el devenir económico. Luis Caputo dijo días atrás, durante una recorrida con aires proselitistas en Capital Federal, que los acuerdos políticos “los define” Karina Milei. Pero el titular del Palacio de Hacienda quiere acelerar los pactos con los aliados para bajar la incertidumbre. El ala política, en cambio, advierte que no quiere entregar demasiado en las negociaciones, con gobernadores y aliados que miden constantemente las expectativas en el humor social y en los mercados.

La reforma política, que incluye la eliminación de las PASO, comenzará a discutirse en el Senado el 15 de este mes. Patricia Bullrich puso fecha aunque sabe que no es una iniciativa que se destrabe con muñeca parlamentaria. “No depende de la discusión en el Congreso. Depende de un acuerdo político más general”, señalan cerca de la senadora.

Cerca de Karina Milei, no obstante, dilatan los tiempos. “No tiene sentido cerrar pactos electorales ahora. En las provincias solo vamos a hacer alianzas con los gobernadores cuando haya riesgo de que gane el kirchnerismo”, advierten en esa tribu.

El consultor Federico Aurelio explicó esta semana en Infobae en Vivo que en 2027 tendrá un peso específico el voto por la certidumbre en el país, el sufragio “antisísmico”. Agregó que Milei tendrá mejores chances en un balotaje con un candidato K (o que represente a las recetas viejas), pero que sus posibilidades son prácticamente nulas si emerge un tercer espacio novedoso en la segunda vuelta.

“Una de las cosas que más trabajo demanda es convencer a la sociedad de ser libre”, dijo ayer Milei. El Presidente comienza a reconocer que su batalla cultural hoy no alcanza. Y que sus ideas se quedarán a mitad de camino si la sociedad no palpa resultados materiales. Todos están de acuerdo en que, sin estabilidad, no habrá segunda temporada para el mileísmo.

En medio de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, las autoridades argentinas y los representantes de la Santa Sede realizaron este jueves una jornada técnica de coordinación en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia.

La comitiva estuvo integrada por equipos de la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería, que avanzaron en tareas de relevamiento vinculadas con la logística y la organización de las actividades previstas durante la visita.

Según pudo saber Infobae, durante la recorrida, los funcionarios y representantes eclesiásticos visitaron el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione, la Basílica de Luján y la Villa Marista, sitios incluidos en la agenda preliminar del Santo Padre.

El operativo forma parte del esquema de coordinación que llevan adelante los organismos nacionales, la representación vaticana y las autoridades de las jurisdicciones involucradas en la planificación integral del viaje del Sumo Pontífice a la Argentina.

Después de que la visita del papa León XIV fuera confirmada, esta semana se puso en marcha la revisión final de los escenarios por donde pasaría el líder religioso. Se trata de una etapa clave para terminar de definir la agenda oficial del viaje, que ya tiene fechas y jurisdicciones confirmadas, aunque todavía debe recibir la validación final del Vaticano.

El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades de perfil institucional, celebraciones religiosas y visitas a espacios ligados a situaciones de vulnerabilidad social. La lógica general del programa ya está trazada, pero las inspecciones en curso pueden derivar en ajustes antes de la aprobación definitiva desde Roma.

Dentro del esquema previsto, uno de los momentos centrales será la recepción del pontífice por parte del presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en lo que aparece como la principal actividad institucional del arranque de la visita.

Si bien ya existe un recorrido trazado, este es meramente tentativo. En este sentido, la agenda oficial se anunciará luego de que se realice la evaluación técnica y pastoral. Esto podría implicar la eliminación y/o modificación de las actividades planteadas.

Buenos Aires concentrará actos masivos, reuniones sectoriales y visitas sociales

Entre las sedes bajo análisis en la capital figura el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, como una de las principales opciones para una convocatoria multitudinaria. La evaluación técnica incluye accesos, circulación peatonal, transporte público, corredores de seguridad y capacidad de evacuación.

También está en estudio la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero, donde podría realizarse un encuentro con representantes del mundo de la producción y el trabajo, con participación de empresarios, trabajadores y dirigentes sindicales.

A la vez, la agenda contempla una visita a una unidad penitenciaria, que todavía no fue confirmada. Devoto aparece entre las alternativas, aunque no es la única opción analizada. En paralelo, el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, se mantiene entre los lugares considerados para una actividad vinculada con personas con discapacidad.

Tras su paso por el área metropolitana, el viaje prevé una escala en Córdoba, donde la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) surge como la alternativa con mayor nivel de avance para una de las actividades principales del paso papal por la provincia.

Más tarde, el Papa regresaría a Buenos Aires para dirigirse a Luján, donde se proyecta una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos más consolidados del programa por su valor religioso y capacidad de convocatoria.

Por otro lado, uno de los tramos que aún no tiene definición es el acto con jóvenes. Entre las variantes aparece el estadio Monumental de River Plate, una opción que ofrece infraestructura, accesos y experiencia previa en grandes eventos.

La otra posibilidad en análisis es la Avenida 9 de Julio, que permitiría una convocatoria más amplia, aunque con una complejidad operativa mucho mayor por su impacto sobre el tránsito, el transporte público y los dispositivos sanitarios y de seguridad.

Según indicaron fuentes oficiales a este medio, la coordinación general de la visita está en manos del Gobierno nacional, que activó una mesa de trabajo interjurisdiccional para articular seguridad, movilidad, atención sanitaria, infraestructura, comunicación oficial y traslados.

En ese esquema, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene a su cargo la coordinación política e institucional desde la Casa Rosada. En el plano diplomático, la Cancillería sostiene el vínculo con el Vaticano, mientras la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina participan en la preparación pastoral y organizativa.

Después de más de seis décadas de vigencia, un beneficio que garantizaba un ingreso de por vida a las máximas autoridades provinciales dejó de existir en Entre Ríos. La Legislatura sancionó este miércoles una norma que alcanza, en primer término, a quienes impulsaron el proyecto desde la gobernación.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva a la derogación de la Ley 4.506, una norma que regía desde 1965 y que establecía una pensión vitalicia equivalente al 75% de la remuneración para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador o vicegobernador. La votación se resolvió con 30 votos afirmativos y ningún voto en contra, tras el tratamiento previo en ambas cámaras del Poder Legislativo provincial.

La iniciativa había sido enviada por el gobernador Rogelio Frigerio al inicio de su gestión, como parte de un conjunto de compromisos orientados a reducir los privilegios asociados al ejercicio de la función pública. Con la sanción de la nueva ley, tanto Frigerio como la vicegobernadora Alicia Aluani quedan directamente comprendidos por la medida: serán, según se informó, el primer gobernador y la primera vicegobernadora en completar su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio que hasta ahora contemplaba la norma derogada.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, señaló Frigerio luego de la sanción, a través de su cuenta de la red social X.

En esa misma publicación, el mandatario provincial agregó una definición que sintetiza el sentido político de la medida: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”. Y completó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

La derogación de la Ley 4.506 no es una medida aislada, sino que se inscribe en una agenda que el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha desde diciembre de 2023. En ese período, la gestión provincial redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. A esas decisiones se sumó el fin de los gastos reservados y distintas medidas vinculadas con los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, además de una reducción en las adscripciones de personal.

En paralelo, la provincia impulsó herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios. El paquete de reformas incluyó también la reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel y la sanción de la Ley de Transición de Gobierno, junto con otras iniciativas orientadas a la ética pública y el acceso a la información.

Con la eliminación de las pensiones vitalicias, la administración de Frigerio consolidó uno de los puntos centrales de la agenda que se planteó al asumir la gobernación. La norma deroga un régimen que llevaba 61 años de vigencia y establece, de manera expresa, que el ejercicio de los cargos de gobernador o vicegobernador ya no generará por sí mismo el derecho a una pensión vitalicia en la provincia de Entre Ríos.

La concejal libertaria en La Matanza -provincia de Buenos Aires- Leila Gianni comunicó en la tarde de este miércoles su renuncia a la Libertad Avanza. “Me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, señaló. “No va a renunciar a su banca”, le precisaron a Infobae desde su circulo y adelantaron que en los próximos días se conocerán detalles sobre su futuro en la política.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza”, escribió Gianni en el texto que compartió públicamente. La concejala calificó la resolución como “una decisión profundamente meditada” y explicó que no quiere “ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos” y donde, según su percepción, “no se escucha al pueblo”.

En el comunicado, Gianni distinguió entre el rumbo económico adoptado por la gestión y lo que describió como un distanciamiento de las necesidades cotidianas de los vecinos.

“Había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad”, sostuvo, y agregó que también había que combatir a “los militantes del hambre”, una tarea que, aseguró, siguió sosteniendo. Sin embargo, remarcó: “La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”.

La concejala defendió además su tarea de recorrer el territorio bonaerense, una actividad que, según explicó, fue cuestionada dentro del espacio. “Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato”, afirmó, y consideró que estar cerca del vecino y caminar los barrios de la Provincia de Buenos Aires no puede ser motivo de estigmatización.

Otro de los ejes de su descargo apuntó contra el uso de la actividad partidaria con fines particulares. “La política no puede ser un negocio personal”, escribió Gianni, quien dijo no estar dispuesta a aceptar que la política “se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos”.

Consultado por Infobae sobre la renuncia de la concejala, el oficialismo optó por no realizar declaraciones.

El distanciamiento de Gianni con la conducción libertaria de La Matanza no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, la entonces flamante concejala ya había resuelto separarse de la bancada oficialista de LLA para constituir, junto a otros dirigentes locales un espacio propio bajo el nombre Alianza Libertad Republicana.

Aquella ruptura había motivado un comunicado de las autoridades partidarias de LLA en la Tercera Sección Electoral, firmado por la presidenta del bloque libertario matancero, Lorena Ramos, y los concejales Gabriel Chaile y Jimena Alonso, en el que la calificaron de “traición kuka” y afirmaron que Gianni “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar” en nombre del espacio.

En aquel momento, la exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano había ratificado su pertenencia a LLA pese a la formación del nuevo bloque. “Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”, había argumentado entonces, según consta en su descargo público.

La disputa entre ambos sectores dejó además cortocircuitos con figuras cercanas a los hermanos Milei. La diputada nacional Lilia Lemoine había salido en defensa de Gianni.

El nuevo espacio conducido por Gianni había logrado, en ese contexto, la vicepresidencia del Concejo Deliberante de La Matanza, en desplazamiento de la bancada oficialista encabezada por Ramos.

La renuncia formalizada este miércoles representa un paso adicional en un proceso de alejamiento que, según el propio relato de la concejala, se fue gestando durante los últimos meses de gestión legislativa.

La Libertad Avanza abrió este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos opositores sobre morosidad y prórroga de la emergencia en discapacidad. Los diputados del oficialismo anunciaron cronogramas de trabajo sobre ambas temáticas y se comprometieron a firmar dictámenes antes de fin de mes. De esta forma, buscan vaciar la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

“La sesión de la oposición iba a ser para emplazar a las comisiones y obligarlas a dictaminar. Pero nosotros ahora ya nos comprometimos a hacerlo, por lo que la sesión ya no tiene ningún sentido”, explicó a Infobae una de las diputadas libertarias encargadas de trabajar los consensos con los bloques aliados.

Además, los libertarios dejaron trascender que trabajan en un proyecto propio sobre discapacidad que reemplazará a la Emergencia que la oposición busca prorrogar por un año. “Va a ser algo mucho mejor, aparte lo vamos a dejar por ley”, explicaron. Sin embargo, no adelantaron ningún detalle de la iniciativa. Solo aclararon que contaban con el visto bueno de la Casa Rosada.

El oficialismo convocó hoy a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para tratar decenas de proyectos sobre morosidad y discapacidad luego de que quedara en evidencia en el recinto que la oposición contaba con votos suficientes para impulsar una sesión especial y emplazar a las comisiones y así obligarlos a debatir ambos temas. Los libertarios reconocieron que la decisión de fijar un cronograma tiene como objetivo “no dejarle la iniciativa a la oposición”.

“Asimismo, ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados”, aclararon posteriormente a través de un comunicado.

La Emergencia en Discapacidad que la oposición busca prorrogar por un año creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Gerardo Huesen (LLA) anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Además, se comprometió a “simplificar” el giro a las comisiones para dejar un texto listo para ir al recinto.

El principal expositor fue el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien previamente había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

“Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo la ley”, respondió el funcionario cuando le consultaron si tenían previsto prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

El fallo de la Justicia Federal

Por otro lado, los libertarios festejaron un fallo de la Cámara Federal de San Martín que consideró cumplida por parte del Estado la sentencia que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793.

El tribunal señaló que el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026 y aplicó actualizaciones en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad: entre 29,73% y 35,43% para octubre, noviembre y diciembre de 2025; 5,78% para enero y febrero de 2026; y 2,90% para marzo. También tuvo en cuenta la actualización de la Asignación Mensual Estímulo para trabajadores de talleres protegidos. Para el tribunal, esas medidas acreditaron la implementación exigida en el amparo.

“Es importante mencionar que a través las resoluciones 02/2025 (29/10/2025) –conjunta-, 340/2026 (27/02/2026) y 13/2026 (27/03/2026) se aumentaron los valores de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones para Personas con Discapacidad, en porcentajes que iban desde el 29,73% y 35,43% a octubre, noviembre y diciembre de 2025 según la Modalidad y Categoría, mientras que en enero y febrero de 2026 se actualizaron en un 5,78% y finalmente en marzo del corriente año en 2,90%; lo que verifica la existencia de medidas concretas tendientes a la implementación de la normativa reglamentada, que permite tener por cumplido el mandato impuesto en la sentencia de grado”, dice la sentencia.

Cabe aclarar que el fallo no resolvió que todos los reclamos económicos derivados de la emergencia estuvieran saldados. La parte demandante cuestionaba, entre otros puntos, la falta de compensación por períodos anteriores y la suficiencia de los aumentos. Pero la Cámara entendió que esas discusiones excedían la ejecución de esta sentencia colectiva, cuyo objeto era garantizar la aplicación de la ley.

El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar el 75% de los servicios tras el anuncio del paro en aeropuertos de todo el país que está previsto para este jueves y viernes. La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se esperaba que afectara a más de 27 terminales de todo el territorio nacional.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le solicitó a la agrupación gremial que garanticen las prestaciones mínimas de los servicios correspondientes al ámbito de la ANAC.

La intimación se sustenta en un conjunto de normas vigentes. El Ministerio citó el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias como base de la exigencia. A eso se suma lo establecido por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que fija un umbral específico para los casos en que el conflicto afecta servicios esenciales: la cobertura mínima no puede ser inferior al 75% de la prestación normal. La navegación aérea nacional está encuadrada dentro de esa categoría.

La medida oficial se adoptó a partir de las presentaciones efectuadas tanto por ATE como por la ANAC y tuvo como objetivo declarado preservar la continuidad del sistema de transporte aéreo, que el Gobierno calificó como indispensable para la conectividad, la seguridad y el funcionamiento del tráfico aéreo en el país.

La jornada de protesta, convocada por ATE bajo el nombre de Jornada Nacional de Lucha, se extenderá durante 48 horas el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Los trabajadores de la ANAC llevarán adelante paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los de carácter oficial. El impacto alcanzará a más de 27 terminales de todo el país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, dijo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, declaró. El dirigente también apuntó al deterioro de las condiciones en el sector: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo.

Aguiar precisó que el incumplimiento tiene fecha de inicio concreta: “Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, señaló. Y cerró con una advertencia directa: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

El trasfondo del conflicto excede a los empleados de la ANAC. Según el gremio, los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese contexto, los empleados del organismo de aviación civil consideran que su situación es particularmente crítica, dadas las funciones que desempeñan.

A ese cuadro general se suma una tensión específica en torno a Ezeiza. ATE alertó que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área correspondiente. A criterio del sindicato, esa situación compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros, al no contarse con las herramientas y los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.

Ante la ausencia de respuesta oficial, ATE formalizó tres reclamos concretos: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a los ítems extra paritarios ya acordados; la apertura de la paritaria sectorial; y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos del país. El gremio advirtió que, si el Gobierno no da respuesta a esas demandas antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.

“El Interior es previo a la Nación”, celebró esta mañana un funcionario luego de que la Legislatura de la provincia de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En Casa Rosada recibieron con optimismo el antecedente impulsado por el gobernador aliado Leandro Zdero, y se entusiasman con la posibilidad de avanzar en la discusión de la reforma política.

La iniciativa llegó un día después de que la mesa política resolviera habilitar el tratamiento en comisiones de la normativa en la Cámara de Senadores. Si bien el oficialismo apuesta a que se debata el proyecto completo, que incluye además Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, admite en reserva que la clave del ambicioso articulado es la eliminación de las primarias.

“Es uno de los puntos de la reforma política, sirve”, planteó un integrante del reducido círculo ante este medio sobre la iniciativa chaqueña. “Lo que plantea es que empieza a haber un cambio de normativa. Da la pauta de que hay agua en la pileta”, coincidieron desde el karinismo.

El gesto de Zdero no es casual. Se trata de un mandatario provincial de buen vínculo con el presidente Javier Milei y el de mayor sintonía con el Poder Ejecutivo. Es uno de los pocos que cuenta con la bendición temprana del armado de La Libertad Avanza, que evita anticipar acuerdos electorales, pero descuenta que cerrará una alianza en Chaco rumbo a 2027, como ocurrió en las legislativas de 2025.

En los últimos días, la administración libertaria volvió a la carga con la idea de sancionar la normativa en la previa de los comicios presidenciales, ya que descuentan que se trata de una herramienta que permitirá ordenar la interna que atraviesa el peronismo. “Tenemos que tratarlo sí o sí antes del año electoral”, sentenció una fuente.

Para eso, la senadora Patricia Bullrich tiene en mente convocar a una reunión de comisión, que podría tener lugar el martes 9 o el miércoles 15 de septiembre, para dar los primeros pasos de un intenso proceso que requerirá profundizar las conversaciones con los gobernadores y los espacios aliados.

“En Casa Rosada parecen creer que en el Senado vas al recinto y están los 72 senadores ahí sentados, de traje, esperando que pase algo. Hay que tantear el quórum”, precisó un legislador violeta ante este medio. Por ahora, en Balcarce 50 no cuenta con la cantidad de votos necesarios para trasladar la discusión a la Cámara de Diputados.

En ese escenario, algunas voces consideran que habría que dar señales -en clave electoral- a los aliados para que acompañen los planes legislativos. “Antes de votar quieren tener garantías. Al menos los aliados”, planteó una voz del ecosistema que se inclina por cerrar acuerdos macro con los representantes provinciales. Una postura similar la encarna el ministro de Economía, Luis Caputo, que se inclina por trazar pactos amplios.

Pese a las posturas internas, en La Libertad Avanza se niegan a ceder y sostienen que “es muy temprano” para cerrar entendimientos. Sin embargo, Diego Santilli y los primos Menem articulan con el PRO, el radicalismo y los gobernadores del Norte Grande en dos planos paralelos: el electoral y el legislativo.

Como contó este medio, el oficialismo aspira a que los representantes provinciales puedan respaldar la reforma electoral como gesto de buena voluntad y anticipa que tendrá “una consideración distinta” con quienes lo hagan. “Es importante que nos acompañen en las reformas”, precisó un funcionario.

Desde hace semanas, el Gobierno había establecido septiembre como el plazo inicial para dar los primeros pasos en un extenso camino que supondrá la eventual sanción de la ley. Incluso, algunos actores no veían posible la sanción del proyecto y se inclinaban por una suspensión de las PASO el año próximo.

El antecedente chaqueño dio lugar al optimismo oficial, aunque en Balcarce 50 saben que la discusión recién inicia. La eliminación de las PASO puede ordenar el escenario electoral que proyectan de cara a 2027, pero para conseguirla el Ejecutivo deberá afrontar una negociación en el Congreso, en la que los gobernadores ya empiezan a poner sus propias condiciones.

La entrevista se produjo un día después de una nueva manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner, donde Máximo Kirchner encabezó una consigna contra Axel Kicillof, en medio de la disputa que atraviesa al peronismo. Para Cabandié, ese tipo de enfrentamientos no debería ocupar el centro de la agenda de una fuerza que todavía debe definir su rumbo.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, Cabandié explicó por qué definió al peronismo como una “torre de Babel”. La expresión surgió después de participar de un encuentro económico del Partido Justicialista en el que, según relató, escuchó posiciones muy diferentes entre los dirigentes. “Cada uno hablaba un idioma distinto y no había un rumbo claro”, sostuvo.

Para el ex funcionario, las diferencias no se limitan a la economía, sino que alcanzan la construcción programática, la estrategia electoral y la relación con otros sectores políticos. Por eso, consideró que el peronismo necesita ordenar sus posiciones antes de concentrarse exclusivamente en la discusión por los nombres. “El tiempo apremia y me parece que eso hay que ir ordenándolo”, afirmó.

Una revisión de la identidad y de la economía

Cabandié también cuestionó el peso que adquirieron dentro del peronismo sectores vinculados con el progresismo y la izquierda nacional, aunque aclaró que su incorporación al movimiento fue positiva. Su crítica apunta a que esas corrientes no deberían terminar definiendo por sí mismas la identidad del justicialismo.

“Una cosa es integrarlo, y está muy bien hacerlo, y otra cosa es que eso conduzca”, sostuvo. En esa línea, reivindicó una concepción del peronismo que incluya tanto al campo como a la industria y que no considere al empresariado como un adversario. “El peronismo no discute campo e industria, son los dos. El peronismo no piensa que el empresario es un enemigo. Al contrario, es un aliado”, afirmó.

Esa revisión también debería alcanzar a la política económica. Cabandié cuestionó la pérdida de empleo formal, el cierre de industrias, el endeudamiento y las dificultades de acceso al crédito, y planteó que cualquier proyecto de crecimiento necesita una macroeconomía estable. “Si vos no tenés una macroeconomía ordenada, no podés pensar un proyecto de crecimiento sólido a largo plazo”, explicó.

En ese sentido, rechazó que la emisión monetaria pueda convertirse en una política permanente. “El peronismo no puede tener la emisión como política permanente”, sostuvo. Al mismo tiempo, marcó distancia con la idea de transformar el superávit fiscal en un dogma. “Plantear un dogma para una administración de la política económica es torpe”, afirmó, y consideró que el equilibrio de las cuentas debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias.

Su propuesta apunta a un Estado con mayor capacidad para promover la actividad económica. “Tenemos que promover un Estado inteligente, promotor, no solamente benefactor”, señaló. Para Cabandié, el objetivo de las políticas sociales debería ser generar las condiciones para que los sectores más vulnerables puedan incorporarse al mercado laboral. “Producción y trabajo. No emisión monetaria, no planes”, resumió.

El reclamo por recuperar el orden y la seguridad

Uno de los principales puntos de autocrítica de Cabandié estuvo relacionado con la seguridad. El dirigente reconoció que el peronismo perdió terreno en una discusión que, a su entender, debería formar parte de su identidad.

“El peronismo tuvo un déficit en cuanto a plasmar un concepto que es la noción del orden”, admitió. Para Cabandié, el concepto excede la cuestión policial e incluye la estabilidad económica, la economía familiar, el espacio público y la cultura del trabajo.

En materia de seguridad, rechazó que el tema pueda ser considerado una posición exclusiva de la derecha. “La seguridad no es una postura ni de izquierda ni de derecha”, afirmó, y cuestionó que la respuesta del peronismo frente al delito haya quedado limitada a resolver las causas sociales de la exclusión.

Según su diagnóstico, esa postura terminó perjudicando especialmente a los sectores populares, que son quienes padecen buena parte de los problemas de inseguridad. “Están en los sectores populares, donde lo que el peronismo siempre históricamente supo representar. Hoy lo representa menos”, sostuvo.

Cabandié también consideró que las derrotas electorales de 2015 y 2023 deberían impulsar una revisión interna. “Si un gobierno no logra poder reelegir es porque no fue del todo bueno”, afirmó.

“Las prioridades son otras”

En ese marco, el ex funcionario cuestionó que la disputa entre Cristina Kirchner y Kicillof concentre la atención del espacio. Consultado por la manifestación encabezada por Máximo Kirchner, fue tajante: “Las prioridades son otras”.

“Ponerse a esa altura, donde el país está en una situación tan crítica y el peronismo tiene tanto que resolver, poner el acento en eso no va”, sostuvo.

Cabandié también se refirió al escenario electoral y a una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Evitó respaldar anticipadamente a un único dirigente y valoró que existan distintas figuras dispuestas a competir. Sin embargo, planteó que el gobernador bonaerense debería precisar su posición económica si pretende ocupar un lugar central en la reconstrucción del espacio.

“Axel debería marcar una línea económica un poco más clara también”, afirmó, y señaló que debería definir con mayor precisión su visión sobre la macroeconomía, el Estado y el sistema financiero.

Para Cabandié, esa discusión es previa a cualquier disputa por el liderazgo. El desafío del peronismo, según su planteo, consiste en volver a construir un lenguaje común alrededor de la economía, el trabajo, la producción, la seguridad y el orden.

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En el inicio, el mandatario comenzó con el foco puesto en las políticas que llevan adelante desde el Poder Ejecutivo y manifestó: “Proponemos un escenario que tiene riesgo. Tenemos que mantenernos en este rumo y que elijan los argentinos”. Y agregó: “Uno tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados”, agregó.

Y afirmó: “Si uno entiende que necesita la batalla cultural, necesita el músculo político y, cuando uno llega al poder, la gestión. Si no tenemos resultados, también estamos en problemas. Si uno lleva tiempo haciendo la batalla cultural, uno de los desafíos más grandes que uno se enfrenta siendo policy maker es que uno tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados”.

En esa línea, el mandatario justificó la negativa a modificar el esquema económico de cara a 2027 con una defensa explícita de los límites que se autoimpuso su gestión. “Me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de las herramientas son moralmente despreciables. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, no vamos a violentar la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada”, sostuvo.

“Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, no hay sustituto a llevar a cabo políticas que sean justas”, remarcó.

Por otro lado, Milei volvió a defender su gestión económica, comparó los números de inflación con los últimos mandatarios y enfatizó que su gestión “sacó a 14 millones de personas de la pobreza” y utilizó una frase que apuntó directamente a sus adversarios políticos: “¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy, por lo menos el 50 por ciento de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista”.

De cara a los comicios presidenciales del año que viene, el presidente aseveró: “¿Quieren volver al modelo del pasado? Okey. Lo bueno esta vez no es como el capítulo de Los Simpson, donde ustedes tienen dos candidatos y que cuando le sacan la máscara es el mismo. Esta vez ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado van a tener el modelo decadente. Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además les vamos a tirar los datos. Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos".

Milei dedicó buena parte de su exposición a defender el resultado fiscal de su gestión. Recordó que al asumir la presidencia, el déficit fiscal del Tesoro equivalía a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI). “Yo decía que íbamos a llegar a déficit cero. No déficit cero de mentira en el primario, déficit cero en la línea financiera. Y decían que era imposible, que con suerte lo íbamos a poder llevar a un punto del PBI negativo al final del mandato”, relató.

El mandatario atribuyó el logro al ministro de Economía: “Gracias a ese gigante que es nuestro ministro de Economía, Luis Toto Caputo, lo logramos en el primer mes de gestión”. En tanto, agregó que el Gobierno “aniquiló el déficit cuasifiscal de 10 puntos del PBI en seis meses” sin recurrir a medidas de excepción: “No hicimos un plan Bonex, no hicimos ni un corralito, ni un corralón, ni un Alcatraz. No apretamos a nadie para que nos renegociaran la deuda. Lo hicimos todo amarrado, lo hicimos respetando los derechos de propiedad”.

Por su parte, el jefe de Estado vinculó esos indicadores con una proyección a largo plazo condicionada a su continuidad en el poder: “Si nosotros logramos la reelección y logramos dejar a los orcos detrás, vamos a empezar a crecer a tasa del 7 u 8% por año y en 30 años nos vamos a convertir en una de las grandes potencias del mundo”.

El mandatario detalló parte de la agenda legislativa reciente: “Metimos la ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, metimos Inocencia Fiscal dos, metimos el tratado sobre patentes y el tratado con Singapur”.

Sobre el rechazo empresarial a la reforma laboral, relató una amenaza previa a su votación: “El día que se va a votar la ley de modernización laboral, el día anterior te tiro novecientos veinte trabajadores a la calle, a ver si te rompo el gobierno”.

Finalmente, estableció un paralelismo con la experiencia de Mauricio Macri, cuyo gobierno enfrentó fuerte resistencia tras la reforma previsional: “A Macri se lo hicieron después de la reforma previsional. A nosotros nos hicieron lo mismo después de la modernización laboral. La diferencia es que cuando a Macri le tiraron catorce toneladas de piedras, retrocedió. Bueno, nosotros decidimos acelerar más”.

Uno de los momentos particulares del discurso del presidente fue cuando ingresó al salón el canciller Pablo Quirno y dejó un mensaje por el tema Malvinas, a la espera de la cadena nacional de este jueves. ”Qué politica internacional estamos llevando, eh”, dijo el mandatario.

El discurso previo de Caputo

Luego de las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, que lo trato de trader que no sabe lo que es un torno, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que debe priorizar a 48 millones de argentinos por encima de sectores empresariales específicos. Lo dijo durante el evento Vientos de cambio, que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton, en Retiro, donde se refirió a los reclamos de industriales y defendió la orientación económica del Gobierno.

“Entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera, segundo porque cada uno defiende sus intereses”, afirmó el ministro. A continuación, diferenció la posición de los sectores privados de su responsabilidad al frente de la cartera económica. “Como ministro de Economía, me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios”, expresó.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó este miércoles el acto por el Día de la Industria en la empresa local Bacope, con la participación de empresarios y representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) del distrito.

La fecha conmemora el 2 de septiembre de 1587, cuando zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de manufacturas producidas en el territorio que hoy es la Argentina.

Durante el encuentro, Otermín agradeció a los empresarios presentes su apuesta por la producción nacional. “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, quiero agradecerles por apostar a la producción nacional y defender a las familias trabajadoras de nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

El mandatario municipal se refirió luego al contexto económico y reclamó un proyecto de país que proteja la producción nacional. “Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional. Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local, no podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos”, sostuvo.

Luego, Otermín detalló el trabajo articulado entre el municipio y distintos actores del sector productivo. “Desde el Gobierno de la Comunidad, junto a la Universidad, las cámaras del sector y la fuerza laboral organizada, apostamos al desarrollo de la ciudad. Lo hacemos con iniciativas como Empleo Lomas, que conecta el talento local con el entramado productivo”, añadió.

En cuanto a los datos del distrito, Lomas de Zamora cuenta con cerca de 6.000 empresas registradas. La industria representa el 23,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) local, el principal sector económico de la ciudad. El distrito ocupa, además, el cuarto lugar entre los 135 partidos que aportan al PBG de la provincia de Buenos Aires.

Para cerrar su discurso, Otermín vinculó el desarrollo industrial con la justicia social como eje de su gestión. “Nosotros creemos en la industria y en la justicia social. Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina”, concluyó el intendente.

El acto de la UIA por el Día de la Industria

Durante el acto por el Día de la Industria realizado en la planta del Laboratorio Elea, ubicada en Malvinas Argentinas, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), se dirigió ante funcionarios nacionales y representantes del empresariado.

“La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, expresó en su intervención Rappallini.

Rappallini presentó un pedido de tender un puente entre la economía anterior y una economía competitiva. Siete puntos sirven, según el titular de la UIA, de fundamento para ese puente: actividad y crédito; competitividad y costo argentino; competencia desleal; energía; morosidad; infraestructura; y modernización laboral y litigiosidad. Durante el discurso, repitió: “La industria compite con el mundo”.

Entre el empleo, el consumo, la inversión, la recaudación y la estabilidad macroeconómica, Rappallini asoció la evolución de la actividad industrial. “La microeconomía también construye la macroeconomía. Cuando cae la actividad, se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresario y capacidad productiva”, manifestó.

Según el presidente de la UIA, esa dinámica, si se prolonga, tiene impacto también en “la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica”. Señaló que, ante ese cuadro, el objetivo está en sobrellevar la transformación económica sin perder las capacidades productivas necesarias para que el país pueda volver a crecer.

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron dictámenes de dos acuerdos: uno es el “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mientras que el segundo apunta al giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad.

Para el primer caso, la Ciudad asumirá competencia para investigar y juzgar delitos contra: el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abusos, corrupción, prostitución y explotación; la libertad, como servidumbre, privación ilegítima y sustracción o instigación a fugarse; y seguridad del tránsito, como entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, entre otros. Vale recordar que, para que todo esto funcione, deberá estar acompañado de los recursos correspondientes.

En tanto, el segundo implica que la justicia porteña pasará a intervenir en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad. Esto incluye a los adolescentes de entre 14 y 18 años. Para menores de 14 se prevé una intervención tutelar.

Los convenios en cuestión, que fueron suscriptos el 3 de julio pasado por los ministros de Justicia de la Nación y Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, respectivamente, recibieron guiños y algunas observaciones esta tarde en las comisiones que presiden los senadores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia) y Agustín Monteverde (Presupuesto).

Ambos textos deberán ser convalidados por ambas Cámaras del Congreso y por la Legislatura para entrar en vigencia plena. Una vez sancionados, está fijado un plazo de 120 días para efectivizar la transferencia de competencias. En esa línea, la justicia nacional continuará con el trámite de las causas iniciadas con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del acuerdo y mantendrá la jurisdicción hasta que la sentencia quede firme, con la etapa de ejecución penal incluida.

Uno de los expositores fue el titular de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad, Javier Buján, quien advirtió: “Es importante que, cuanto antes, y en vistas a que en septiembre entra en vigencia la Ley 27.801 que establece el Régimen Penal Juvenil, se apruebe el convenio de transferencia de competencias penales”.

“La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede demostrar un sistema acusatorio que funciona y que bajó el tiempo de resolución de los casos a tres, cinco y seis meses. No sólo estamos en condiciones de asumir nuevas competencias penales: estamos en mejores condiciones de asumirlas. Máxime, porque el artículo 129 de la Constitución Nacional dispone que es una facultad propia”, añadió Buján.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, cuestionó el plan por la “incertidumbre e inestabilidad” que genera para magistrados, funcionarios y empleados. Y agregó: “Es necesario que los juzgados nacionales de menores obtengan jurisdicción de índole federal o pasen a tener competencia criminal y correccional de forma tal que no queden en este limbo jurídico”.

También disertaron la secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bárbara Moramarco Terrarossa, quien solicitó el cumplimiento de los convenios en todo lo referido a infancias y juventudes; y el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, Eloy Aguirre Rébora, que dio detalles de los aspectos presupuestarios vinculados con el proceso de transferencia.

Con los dictámenes, el Senado pudo mostrar un avance concreto durante la jornada de hoy, tras las dilaciones que hubo el mediodía sobre el Súper RIGI, con aliados que frenaron el proyecto del Ejecutivo -sufrirá cambios y regresará en segunda revisión a Diputados-, y de la iniciativa de los radicales sobre beneficios a inversiones desde los USD 12 millones.

El presidente Javier Milei llegó a la reunión de Gabinete del martes sabiendo que le comunicaría a los ministros que dos días más tarde daría una cadena nacional orientada a comunicar los avances que Argentina tuvo en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas, en este marco se determinó que el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema”, comunicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia una vez terminado el encuentro.

Horas más tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier dio a conocer que la emisión de la conferencia será a las 21 horas y que en la confección del discurso estaban trabajando tanto Presidencia, como la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Ese último punto no es menor. La comunicación de las tres áreas es digitadas por el sector vinculado Santiago Caputo. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que estaba en condiciones de revisar el apoyo al Reino Unido sobre las islas, el asesor presidencial fue uno de los que más vuelo le dio a la noticia a través de su cuenta de X. “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”, esgrimió.

Milei viajará este jueves a Santiago de Chile en una visita de pocas horas: partirá a las 7, disertará a las 10.20 en el Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y mantendrá reuniones con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. Luego regresará a Buenos Aires para grabar a las 16 el mensaje sobre la cuestión de Malvinas que se emitirá a las 21 por cadena nacional.

Hay un fuerte hermetismo en los tres sectores mencionados anteriormente sobre cuál puede ser el material del discurso. Por lo que pudo saber Infobae, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos no hay una referencia vinculada a una negociación puntual de intermediación con Malvinas. La principal ascendencia que tiene Trump en materia de asesoría de política exterior es Marco Rubio, quien no tiene mayores novedades al respecto de algún avance concreto.

Dos funcionarios de primera línea consultados por este medio dijeron que no tienen ningún tipo de acceso a lo que Milei podría llegar a decir. “Veo que está subiéndose a una agenda nacionalista con un tono parecido al que defiende la economía”, dijo uno de ellos. El otro afirmó: “Puede ser que se haya envalentonado, pero realmente no sé qué va a decir”. Entre quienes no conocen el contenido del anuncio, temen que el Gobierno genere demasiadas expectativas a un discurso que podría no estar a la altura.

Una tercera fuente con conocimiento de lo que se está hablando puertas adentro dijo que el mensaje que se emitirá mañana no está motivado en dispersar el foco mediático sobre la economía ni que fue un envalentonamiento producto de las declaraciones de Trump. “No son ninguna de las dos”, afirmó. El hermetismo que hay, de todas maneras, es total.

Una de las novedades que incorporó el discurso que Milei dio en el aniversario del 2 de abril de este año fue la advertencia por inversiones de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte. Allí afirmó que el país adoptará “todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger sus recursos frente a lo que calificó como actividades “unilaterales e ilegítimas”. El pedido de sanciones a aquellas empresas que explotan recursos sobre la cuenca marítima que circunvala a Malvinas podría ser uno de los ejes que signen el discurso de Milei.

En tanto, el canciller Quirno estuvo esta mañana en el evento “Vientos de Cambio” en una cumbre internacional organizada por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton. Según medios apostados en ese foro, habría dicho que “siempre hay posibilidades” de recuperar las Malvinas.

El dato que precipitó el nuevo escenario fue la declaración pública de Trump en el Despacho Oval. Consultado por periodistas sobre el reclamo territorial entre la Argentina y el Reino Unido, respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Fue la primera vez que el presidente estadounidense se pronunció en público sobre esa disputa. Hasta ahora, en los últimos años, la posición de la Casa Blanca había sido de neutralidad, aunque con gestos concretos hacia Londres.

Quirno fue el único funcionario argentino que habló públicamente sobre los dichos de Trump antes del anuncio de la cadena nacional. En una edición especial de “Economía de Quincho”, emitida por Infobae en Vivo, sostuvo: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”.

El canciller agregó que hacen falta “acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos” para responder a lo que describió como “situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos”. También explicó que la salida debe buscarse por la vía diplomática y por el trabajo interno del país.

El acto que encabezó el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, este martes en la puerta de San José 111 al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio del cual fue víctima la expresidenta Cristina Kirchner dejó algunas postales que reavivaron -fundamentalmente entre la militancia- la discusión interna del espacio; sobre todo porque antes de empezar su discurso el diputado nacional arengó a los presentes a cantar una canción que tiene al gobernador, Axel Kicillof, como uno de los destinatarios Axel Kicillof, como uno de los destinatarios. La composición -basada en la reconocida melodía de La Vecina, de la banda de cumbia Amar Azul- ratifica la conducción de Cristina Kirchner y tiene un mensaje tácito dedicado al gobernador, que tiempo atrás pidió por “nuevas canciones”, dentro del peronismo. Entonces, La Cámpora, en 2024, hizo una nueva canción que estrenó en un acto en La Plata y desató un ida y vuelta de acusaciones internas. Ahora, la historia volvió a encenderse. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof quiere correrse de la subtrama y trabaja en una demostración de fuerza propia dentro de un par de semanas.

“Nosotros queremos ganarle a Milei y miramos para adelante”, fue la respuesta que se lanzó desde el entorno de Kicillof ante la consulta de este medio sobre la arenga de Máximo Kirchner del último martes durante el acto en la intersección de las calles San José y Humberto 1°. Ayer no fue un día más en la dinámica del peronismo. Todo el arco peronista se expresó al respecto. Varios partidos políticos del orden nacional firmaron un documento en solidaridad con CFK. Máximo Kirchner pidió por su candidatura y cuestionó la “proscripción” de la expresidenta y la militancia que llegó hasta San José 1111 volvió a cantar lo que para algunos es la canción de la discordia. Pese a que se buscó relativizar la performance del acto, la música se impone.

El nuevo aniversario del intento de asesinato de la expresidenta volvió a mostrar activo a quien hasta ahora es el principal sector opositor al gobierno de Javier Milei, pero que de momento no encuentra un marco de cohesión de cara a las elecciones del año que viene.

Hubo un acercamiento días atrás. Fue cuando se juntaron los gobernadores Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el propio Kirchner y los presidentes de las bancadas del PJ en el Congreso, Germán Martínez por Diputados y José Mayans por el Senado. Se acordó defender en el Congreso el esquema de las PASO. Si las elecciones fueran el próximo fin de semana, el peronismo no tendría una hoja de ruta que transitar y hoy por hoy solo las primarias parecerían ordenar esa instancia.

Construcción propia en Nación y en PBA

No a modo de respuesta, pero sí para dar una muestra de respaldo político y construcción propia, en el kicillofismo están enfocados en su plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro “Construir la esperanza”, que se llevará adelante el próximo 19 de septiembre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico, Avellaneda.

El intendente (en uso de licencia) de ese distrito, Jorge Ferraresi, hoy ratificó que “la etapa que viene” es “con Kicillof”. Fue en un mensaje en el marco del Día de la Industria. Ferraresi es uno de los dirigentes de Kicillof que también se ocupa de la expansión del MDF por fuera de Buenos Aires, mientras evalúa la posibilidad de ser uno de los precandidatos a gobernador por este sector peronista. El mes pasado estuvo en la provincia de Mendoza inaugurando un local de Kicillof en San Martín, junto a Gabriel Katopodis. Este martes recibió a la intendenta de Santa Rosa, Mendoza, Florencia Destéfanis.

A la par del acto que el MDF diseña para el próximo 19 de septiembre, Kicillof seguirá con su expansión federal. Este martes, uno de los directores del Banco Provincia y armador de Kicillof, el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, junto al diputado provincial y secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, estuvieron en Misiones. Se llevó la invitación formal para que, la semana que viene, Kicillof realice algunas actividades en la provincia del Nordeste. Su presencia se definirá en las próximas horas.

En el tramo provincial, los intendentes y dirigentes que están en el espacio de Kicillof siguen con los plenarios seccionales. El sábado pasado se realizó el de la Quinta sección electoral. Fue en el distrito de Mar Chiquita, donde gobierna un intendente kicillofista como lo es Walter Wischnivetzky. El sábado que viene será el encuentro del MDF de la Séptima sección electoral, en la región central de la provincia. El municipio elegido fue Saladillo, un distrito históricamente radical. De esa sección, el espacio de Kicillof solo tiene un intendente propio: Gustavo Cocconi de Tapalqué, mientras que el de Olavarría, Maximiliano Wesner, y el de Azul, Nelson Sombra, responden al cristinismo. El restante por el peronismo, Eduardo “Bali” Bucca, de Bolívar, mantiene diálogo con todos los sectores.

Con los plenarios, en el MDF dejan correr que “el 70% del peronismo de cada sección está con Axel”. La hipótesis también abre una discusión sobre la sucesión de Kicillof. Los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (en uso de licencia en Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza) y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, son los nombres que el MDF muestra como cartas. Si bien hay cierto acuerdo de que transiten de manera coordinada, algunos de estos dirigentes admiten que el nombre elegido será “el que mejor mida” para ir a una PASO. Una resolución que llegará en los primeros meses del 2027.

El gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, se anticipó al resto de los mandatarios provinciales y consiguió que se suspendan las elecciones PASO en los comicios chaqueños del 2027. En esa elección, el mandatario de extracción radical y aliado de la Casa Rosada buscará su reelección.

En la Legislatura unicameral chaqueña hay paridad entre el oficialismo y la oposición. Tanto Chaco Puede (donde confluyen la UCR, LLA y el Pro) como el PJ y los demás partidos opositores tienen 16 bancas.

El número mágico es el 17. Habilita el quórum para sesionar y, llegado el caso, la mayoría simple que permite aprobar normas. El bloque oficialista lo consiguió con Katia Blanc. La legisladora tiene el monobloque Frente Renovador.

El peronismo y el resto de los bloques que se oponían a la iniciativa contaban con que no se sentaría en su banca. De allí la sorpresa cuando la vieron tomar su lugar y habilitar el comienzo de la sesión especial convocada por Chaco Puede.

“La prioridad son los niños”

“Estoy sentada acá porque pude entender que, por una mala gestión de un gobierno, necesita (atender) prioridades de la gente. A mí no me hace bien redireccionar plata. Pero sé cuáles son las prioridades de los chaqueños”, sostuvo Blanc al exponer durante el debate.

Rodeada de bancas vacías, agregó: “Estoy totalmente convencida de que nos debemos una reforma electoral integral. La sociedad pide oxigenar la política hace mucho tiempo”.

“Quiero distinguir la cuestión nacional de la provincial. En Nación se está pidiendo la eliminación de la primaria. En Chaco las suspendemos por un año. Quiero dejar el mensaje: entendí dónde tienen que ir las prioridades de la gente”, remarcó.

Consciente de que su presencia en la sesión generaría ruido, afirmó: “No voy a ser más o menos peronista por estar sentada acá. La prioridad son los niños, la salud, que la gente no puede pagar la luz ni llega a mitad de mes. Que no me corran con el ‘peronómetro’. Acá estoy porque no me alejo de la agenda de la gente”.

Tras manifestarse en contra de las candidaturas testimoniales, reivindicó las internas partidarias. “Purifica a los partidos internamente”, consignó. Además, calificó de “sano” que quien pierda en la competencia dentro de un partido no tenga la posibilidad de presentar candidaturas con otro sello.

Luego, propuso que el ahorro que significará para la provincia la no realización de la interna abierta, estimado en $5 mil millones, se destine al Hospital Pediátrico de Resistencia.

La reacción

“Hasta las 8:55 no iba a dar quorum y menos votar el proyecto del oficialismo. Pero luego apareció en el recinto”, dijo a Infobae un legislador justicialista con visible enfado con Blanc. Más adelante, agregó: “Durante toda la semana hablamos con ella. Y esa era su postura. Algo cambió”.

Horas después de la votación, el Frente Chaqueño (donde convive el panperonismo) emitió un comunicado en el que expuso que, tras la determinación, Blanc se fue del interbloque.

“Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión individual de la diputada Katia Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO. Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio”, expresó el escrito. “A partir de esta decisión, entendemos que la diputada tomó la determinación de irse del Interbloque”.

Más adelante, sentenció: “Nuestra prioridad seguirá siendo trabajar para dar respuestas a los chaqueños, no resolver las conveniencias electorales del Gobernador. Las decisiones individuales que se apartan de ese compromiso no representan al Interbloque Frente Chaqueño”.

“Zdero podrá cambiar las reglas y buscar aliados circunstanciales, pero no puede esconder una realidad: su gobierno no resuelve los problemas que hoy vive la provincia y sabe que así pierde las elecciones”, remató.

El texto y las razones

Al plenario llegaron dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El de mayoría tenía las firmas del oficialismo y recomendaba la sanción. El de minoría llevaba las rúbricas del PJ y aconsejaba que continúe el debate en comisión.

Se aprobó el primero. En los fundamentos, estableció: “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”, se estableció en los fundamentos.

En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó.

Asimismo, consideró que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. En este sentido, la presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Por el contrario, garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate por los proyectos de morosidad en una nueva edición de la intención de la oposición de avanzar rápidamente y la del oficialismo y sus socios de dilatarlo.

A solo una semana en la que La Libertad Avanza rechazó el tratamiento en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera el martes 8/9 por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición, la segunda el miércoles 16/9. Una vez concluida esta, el oficialismo dispuso dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Este cronograma fue rechazado por la oposición que, desde diferentes bloques, ratificó la sesión del jueves que viene y volvieron a acusar a La Libertad Avanza y sus socios de dilatar el tratamiento.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo. Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”.

El Poder Ejecutivo arma una orgía de frases: “que nadie les puso un arma en la cabeza a los deudores”, “que compraron televisores para el Mundial”, “que hace falta educación financiera”, “que hay una operación de los 133 diputados que mocionamos la semana pasada”. ¡Que el Ejecutivo diga lo que quiera! Pero hay argentinos recontra empeñados. No se empeñaron por diversión, sino porque no llegan a fin de mes, porque pagan hoy el plato de fideos que compraron en abril.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

Problemas para el oficialismo en el Senado: el Súper RIGI no pudo ser dictaminado esta tarde, pese a que el mismo “pasó a las firmas”, debido a una oposición de último momento de aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandan proteger los insumos nacionales. Al término del encuentro, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, señaló a los medios acreditados en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”.

En concreto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el justicialista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigen ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer siempre la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

Al no tener un guiño desde el Ejecutivo, Bullrich sólo validó los cambios anticipados desde hace unos días relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea la iniciativa reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Lo que sí queda claro es que el texto, de llegar en alguna ocasión al recinto, volverá en segunda revisión a Diputados.

Las incorporaciones en cuestión fueron leídas por el libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el también porteño Agustín Monteverde, que cometió el error de decir que el plenario -en conjunto con Economía Nacional; y Legislación General- pasaba a “cuarto intermedio”, pese a la intención de comenzar a recolectar las rúbricas de un despacho que no llegará, por ahora, a buen puerto. Tuvo que ser silenciado por sus colegas. Vale aclarar que, además de los tres mencionados, la macrista Victoria Huala (La Pampa) tampoco avaló hasta el momento lo que quiere el oficialismo.

¿Qué plantean los legisladores?

Para verificar la oferta, sugieren que la eventual autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

En tanto, la propuesta -a la que tuvo acceso Infobae- impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

Se dilató otro régimen

Antes de que no se llegara al un dictamen sobre el Súper RIGI, otro plenario analizó la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), tampoco pudo ser despachado este miércoles.

El cónclave fue accidentado, con acusaciones desde la oposición hacia el oficialismo por no haber conseguido quorum y empujar dos reemplazos de último momento, algo que había prometido terminar semanas atrás la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Vischi leyó varias incorporaciones al articulado de la iniciativa en cuestión, aunque el convite pasó a cuarto intermedio. Lo que más llamó la atención fue que un propio colega de bancada, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamó mayores precisiones en el compre local. En resumen, una jornada poco positiva para dos bloques de peso en esta Cámara.

La reforma, la Ley, el Senado y las internaciones involuntarias volvieron al centro del debate por un proyecto que busca modificar el criterio vigente desde 2010 para permitir intervenciones más tempranas ante crisis graves de salud mental, mantener la participación judicial y redefinir el papel de los psiquiatras y de los hospitales especializados.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara alta en abril, es analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud. Según explicó el abogado Juan Roza Alconada en Infobae A las Nueve, ya expusieron más de 70 personas entre profesionales, familiares y funcionarios.

Roza Alconada participó como expositor en el Congreso y vinculó su intervención con su historia personal: su hermano Rodrigo sufría esquizofrenia. “Quiero que esto cambie”, dijo al referirse a las dificultades que enfrentan familias y profesionales ante episodios graves.

El abogado sostuvo que la discusión no debería plantear una oposición entre tratamiento y libertades individuales. “El tratamiento con los derechos y libertades” debe orientar el debate, afirmó, al defender una actualización de la norma tras 16 años de vigencia.

Ordenar internaciones involuntarias

Uno de los núcleos de la reforma es el artículo 20 de la ley actual, que exige acreditar un “riesgo cierto e inminente” para disponer una internación sin consentimiento. Roza Alconada cuestionó ese estándar porque, a su juicio, deja poco margen para prevenir daños y genera interpretaciones restrictivas entre jueces y médicos.

“El riesgo es probable o no”, planteó. Para el letrado, la combinación de “riesgo”, “cierto” e “inminente” presenta problemas jurídicos y además expone a los profesionales al temor de futuras demandas por privación ilegítima de la libertad.

La propuesta en debate reemplaza ese parámetro por la evaluación de un daño grave para la propia persona o para terceros. Según explicó, ese cambio permitiría considerar la historia clínica, los antecedentes y la conducta previa del paciente antes de que la situación derive en un episodio irreversible.

La intervención judicial no desaparecería. El juez recibiría información sobre las razones de la internación y también tomaría conocimiento antes de una externación.

Ese punto responde de manera directa a la discusión central del proyecto: el Senado analiza si la ley debe habilitar herramientas de prevención más amplias que las actuales sin suprimir controles judiciales. Roza Alconada resumió esa lógica con una frase: “Tratemos de no llegar a eso”, al hablar sobre hechos de violencia que, según sostuvo, podrían evitarse con intervenciones tempranas.

Diagnósticos, firmas médicas y el lugar de los hospitales especializados

Otro cambio propuesto alcanza la terminología de la ley. El texto vigente habla de “padecimiento mental”, mientras que la reforma incorpora “trastorno de salud mental”, una expresión que el abogado vinculó con clasificaciones clínicas utilizadas por la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades y la American Psychiatric Association.

A su criterio, “padecimiento mental” es una fórmula demasiado amplia y abierta a interpretaciones subjetivas. “Vos tenés que ser muy preciso”, afirmó al defender que una norma de este tipo debe apoyarse en categorías médicas definidas.

La iniciativa también modifica quiénes pueden firmar una internación involuntaria. Hoy la ley permite que lo hagan dos integrantes de un equipo interdisciplinario, entre ellos psicólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales o psiquiatras.

El proyecto exige que al menos un psiquiatra intervenga con su firma. Roza Alconada argumentó que ese profesional tiene formación médica, conocimientos de neurobiología y capacidad para indicar tratamientos farmacológicos.

Para respaldar esa posición, citó un caso mencionado por Ricardo Corral, jefe del Hospital Borda. Según relató, un paciente llegó con síntomas que abrían dudas diagnósticas y un estudio posterior detectó un tumor cerebral, con lo que se descartó un trastorno mental.

La continuidad de los hospitales monovalentes es otro de los puntos incluidos en el texto. Roza Alconada mencionó al Hospital Borda, al Hospital Moyano y al Hospital Bonaparte como instituciones dedicadas de manera exclusiva a la atención en salud mental.

Según recordó, la reglamentación de 2013 había fijado el cierre de esos establecimientos para 2020. El abogado reconoció deficiencias del sistema, pero rechazó que la respuesta sea eliminar instituciones especializadas.

También describió problemas que, según dijo, atraviesan familias del interior del país, donde personas con trastornos de salud mental o consumos problemáticos comparten habitaciones en hospitales generales con pacientes de otras patologías.

En ese marco, evocó el recorrido de su hermano por la red pública: pasó 12 horas en el Hospital Rivadavia después de ingresar por guardia y más tarde fue internado en el Hospital Fernández durante otro brote.

El abogado planteó que la discusión sobre recursos debe darse en un plano específico. “Tengamos esta ley y discutamos el presupuesto”, propuso, al sostener que una ampliación de partidas por sí sola no resolvería las limitaciones legales mientras siga vigente el criterio de riesgo cierto e inminente.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard y Fede Mayol, el ex secretario general de la Presidencia de Macri admitió la dificultad para llegar a un acuerdo electoral con los libertarios. “El mandato que tengo de parte de mi partido es explorar un nivel de entendimiento que es blindar el rumbo y el horizonte que plantea este gobierno”, sostuvo sobre la mesa de trabajo que encabezan Karina Milei y Mauricio Macri, que se reúne cada quince días en la Casa Rosada.

Sin embargo, consultado sobre posibles candidaturas para 2027, el diputado nacional no descartó escenarios: “No descarto tampoco definitivamente la candidatura de Mauricio presidente el año que viene. Hoy no lo siento, no lo veo, pero no la descarto”.

El distrito porteño aparece como el principal obstáculo para un acuerdo nacional con LLA, y planteó que hay que conformar “la mayor amplitud, generosidad, creatividad y despojado de nombres propios a la discusión que estamos yendo con el Gobierno”.

La confrontación con el kirchnerismo

Desde su punto de vista, el legislador nacional insistió en que “el PRO lo que quiere ”es que a la Argentina le vaya bien", y que respeta “que en el 2023 la gente lo eligió a Milei, en parte por mérito propio pero también por defectos nuestros”.

En ese contexto, reiteró que lo crucial es “seguir transformando a la Argentina. ”Nosotros arrancamos en el 2015, en 2019 la sociedad argentina eligió volver para atrás. Ahí tuvimos el peor Gobierno de la historia, terminamos con más del 50% de pobreza, y al borde de la hiper. Todas las transformaciones que veníamos que se hicieron en 2015, Alberto Fernández las tiró para atrás en un minuto en 2019″, argumentó.

El dirigente, identificado como uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, remarcó: “No cabe duda de que el gobierno de Alberto y Cristina fue un error. Por eso yo digo que no es antiguo el tema de trabajar para que no vuelvan. No es viejo”.

“Nos gustarían que las cosas sea más rápido o distintas. Pero a grandes rasgos, el horizonte que propone el gobierno de Milei es muy similar al que proponíamos nosotros. Es antagónico infinitamente a una propuesta peronista kirchnerista, o por lo menos, con el peronismo dominado por el kirchnerismo como está hoy en día”, resumió.

En ese marco, ratificó que la intención es acordar con el gobierno de Javier Milei en una futura alianza electoral, principalmente, por la posibilidad de retorno de ese tipo de oposición. “No me parece un tema menor lo de la existencia del kirchnerismo. Te soy sincero: no haría tanto esfuerzo para compartir espacio si no existiera esa amenaza”, aseguró.

Las internas en el PRO

Sobre la interna en el PRO, reconoció que “es vox populi, que en mi partido no todos apoyan tampoco a los que estamos yendo a esa mesa” de negociación con el Gobierno, así como tampoco se respalda mayoritariamente la candidatura del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, como presidente.

En cuanto a la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno, sostuvo que “por supuesto” está dentro de su intención, y admitió que hay “discusiones internas no saldadas” con Jorge Macri, pero se mostró de acuerdo con que sea reelecto. “Yo quiero que el PRO siga gobernando la ciudad de Buenos Aires”, concluyó.

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La empresa WebPack, que brinda servicios de logística para Mercado Libre, fue bloqueada en la madrugada de este miércoles por unos 50 empleados y activistas del Sindicato de Camioneros en protesta por el despido de un trabajador y, en medio de amenazas de “prender fuego” las camionetas que salieran del lugar, tuvo que intervenir la Infantería para liberar el acceso a sus instalaciones, ubicadas en el barrio de La Paternal.

El conflicto comenzó luego de que la empresa decidió echar sin causa a uno de sus 164 empleados, pagándole la indemnización que marca la ley, lo se generó un conflicto que motivó la intervención del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) a través de su abogado, Pablo Abdón Torres Barthe.

A partir del despido, según afirmó el abogado a Infobae, los directivos de la empresa fueron citados a la sede del Sindicato de Camioneros, donde los recibió Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, quien les advirtió que no podían despedir gente que no había sido sancionada, ante lo cual se le explicó que se trataba de un despido sin causa por motivos de reestructuración.

La respuesta del dirigente sindical, de acuerdo con Torres Barthe, fue “En Camioneros no están permitidos los despidos”. Cuando los directivos le explicaron que “la ley permite” la posibilidad de echar empleados, Amador les contestó: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”.

“Así fue como bloquearon la empresa y amenazaron a todos los fleteros tercerizados que no tienen nada que ver y que se fueron sin cargar las camionetas”, dijo el abogado del MEAB, que anticipó que harán las denuncias correspondientes por las amenazas que recibieron los empleados. “Al gerente general le dijeron que si salían la camioneta se las prendían fuego”, agregó.

La protesta extorsiva sólo se levantó luego de que intervinieron efectivos de Infantería y así pudo normalizarse la actividad que desarrolla la empresa.

En su sitio web, WebPack se presenta como “parte de un grupo empresario con más de 35 años de experiencia en servicios de logística y distribución postal”, que, según se detalla, cuenta con “más de 6300 m2 en naves para operación, un centro de procesamiento con capacidad para más de 50.000 paquetes, 48 dársenas de despacho con capacidad para más de 12.000 envíos por hora y más de 700 móviles para distribución”.

El episodio remite a otro que se registró el 8 del mes pasado en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando, según el diario La Nación, un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos anunciados por la compañía.

Los trabajadores de la empresa, de acuerdo con la nota, denunciaron que “una ‘patota’ del gremio al mando de Amador, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad de 19 años y llevó a cabo una asamblea en el lugar”.

“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron los trabajadores, según La Nación.

La vigencia de la Ley Bases y de la Ley de Modernización Laboral hizo que se redujeran notablemente los bloqueos sindicales contra las empresas ya que ambas normas penalizan a los responsables de ese tipo de protestas.

Fue determinante el artículo 94 de la Ley Bases que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

Por su parte, el artículo 134 de la ley de Modernización Laboral hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Para la baja de este tipo de protestas extorsivas fue clave también el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó y Nélida Agustina Bisio, las dos ex funcionarias que estuvieron al frente de los organismos responsables de controlar la calidad de los medicamentos en la Argentina durante la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado que causó al menos 90 muertes y lesiones en otras 44 personas. La resolución, del 1 de septiembre de 2026, las considera partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y ordenó un embargo de 500 mil millones de pesos contra cada una, además de la inhibición general de sus bienes.

Como se verá al recorrer la carrera de ambas en la estructura del Estado en la que se desempeñaron, ninguna puede aducir que desconocían la tarea que les tocaba realizar, ni la importancia que tenía para resguardar la salud de la población. Por el contrario, eran dos profesionales que hicieron carrera dentro de los máximos organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y comercializan los medicamentos que se consumen en el país.

Mantecón Fumadó, de 56 años, se desempeñó como directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Bisio, de 71 años, fue la administradora nacional de la ANMAT, el organismo del que depende el INAME. Ambas integraron, según el auto de procesamiento, “una de las piezas centrales del poder de policía sanitario del Estado Nacional” durante el período en que se fabricaron y distribuyeron los lotes de fentanilo contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica.

La trayectoria de la ex titular del INAME

Mantecón Fumadó es abogada, con formación en gestión de calidad, y llegó al cargo durante la gestión de Alberto Fernández. Nació el 22 de junio de 1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Egresó en 1987 del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia como bachiller con orientación docente y se recibió de procuradora en 1992 y de abogada en 1994 en la Universidad de Belgrano, donde también fue ayudante de cátedra de Política Exterior Comparada, en la carrera de Relaciones Internacionales, entre 2000 y 2003.

Está matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Completó además una diplomatura en Gestión Municipal en 2017 y otra en Implementación y Control de Sistemas de Gestión de Calidad, con formación como auditora líder, en 2014, ambas en la Universidad Tecnológica Nacional. Habla inglés, con nivel First Certificate, y portugués, con fluidez oral y escrita. Reside en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Antes de ingresar a la función pública, trabajó en una inmobiliaria familiar, en un estudio jurídico, en una concesionaria oficial Chevrolet y como gerenta general de la editorial Ediciones Ciudad Argentina, ligada a una fundación presidida por María Laura San Martino de Dromi. En esa etapa también colaboró en investigaciones jurídicas sobre derecho administrativo y privatizaciones con el Estudio Jurídico Roberto Dromi & Asociados, en el marco de las cuales participó de la obra “Empresas Públicas de Estatales a Privadas”. Disertó en 1997 en el Vº Encuentro de Especialistas en el Mercosur y participó, en 2003, del Simposio Internacional de Vigilancia y Promoción de la Salud y de las Jornadas Internacionales sobre el Control del Tabaco.

Su carrera en el Estado comenzó en 1999, cuando ingresó como asesora jurídica del Ministerio de Salud de la Nación.

En 2002 fue designada directora de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, cargo que ocupó hasta 2005. Según su curriculum vitae oficial, ese año pasó a la ANMAT como interventora y coordinadora del Sector Comercio Exterior del INAME, bajo la gestión del entonces administrador nacional, Manuel Limeres; el auto de procesamiento judicial, en cambio, ubica su ingreso al organismo el 1 de agosto de 2006. Con los años se desempeñó también como asesora jurídica en la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales y en la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos, mientras acumulaba decenas de cursos de posgrado sobre gestión de calidad, administración pública y regulación de productos médicos dictados por el Instituto Nacional de la Administración Pública, la UTN y el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.

El 1 de diciembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión de la entonces ministra de Salud, Carla Vizzotti, asumió la dirección del INAME en reemplazo del farmacéutico Matías Gómez, quien había renunciado tras nueve meses en el cargo. Su nombramiento fue “por designación transitoria y por excepción”. Mantecón Fumadó continuó en funciones durante el cambio de gobierno y permaneció en el cargo bajo la gestión de Javier Milei hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue separada preventivamente de sus funciones a medida que avanzaba la causa judicial.

El auto de procesamiento fija su cese formal el 20 de agosto de 2025. Al momento de los hechos investigados, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, ejercía “una posición determinante en la conducción” del organismo, con responsabilidad directa sobre el control y la fiscalización de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

La trayectoria de Bisio

Nélida Agustina Bisio es médica psiquiatra y psicóloga, con un doctorado en curso y fue nombrada por decreto de Milei a días de asumir. Nació el 29 de julio de 1955 en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Es divorciada, tiene un hijo y reside en la localidad de Olivos. Se graduó como licenciada en Psicología en 1978 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), casa de estudios en la que también obtuvo los títulos de médica, en 1986; psiquiatra universitaria, en 1990; médica legista, en 1995, y magíster en Salud Pública, con la tesis en defensa, en 2000. Desde 2019 cursa un doctorado en Psicología en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), con la tesis todavía en proceso.

Su carrera hospitalaria comenzó en 1978 como psicóloga concurrente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la cátedra de Psiquiatría Infantil a cargo del doctor Robles Gorriti. Entre 1979 y 1991 pasó por distintos roles en el Servicio N° 8 del Hospital Nacional José T. Borda, bajo la jefatura del doctor Juan José Morgan: primero como psicóloga concurrente, luego como médica concurrente y finalmente como médica de planta. En septiembre de 1991 realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Salud Mental de Badajoz, España, y entre 1992 y 1995 fue adscripta y vocal titular de la junta médica en la Dirección Nacional de Rehabilitación.

Ingresó a la ANMAT en 1992, el mismo año de la creación del organismo, como médica evaluadora, cargo que ocupó hasta 2006. En 2007 fue subdirectora general y coordinadora de Ensayos Clínicos en la Dirección de Evaluación de Medicamentos, y entre 2008 y 2011 dirigió la Dirección Nacional de Evaluación y Registro de Medicamentos. En paralelo desarrolló una extensa actividad docente: fue profesora titular e invitada en cátedras de Salud Mental y Psicología de la UBA en el Hospital Borda, en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional y, desde 2010, en cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Entre 2011 y 2013 fue profesora invitada en la Maestría de Investigación Clínica de la Universidad Abierta Interamericana. También representó a la ANMAT como speaker invitada en los encuentros europeos y americanos de la Drug Information Association (DIA) entre 2009 y 2014, en su carácter de miembro del Latin American Advisory Council (ACLA).

El 27 de diciembre de 2023, apenas semanas después de que Milei asumiera la presidencia, fue designada administradora nacional de la ANMAT mediante el Decreto 94/2023, firmado por el propio Milei y el entonces ministro de Salud, Mario Russo. Reemplazó a Manuel Limeres, que se había desempeñado en el cargo durante las gestiones de Ginés González García y, tras el escándalo del vacunatorio VIP, de Carla Vizzotti. En su declaración testimonial del 15 de mayo de 2025, previa a ser imputada, Bisio dijo ejercer funciones en el organismo “desde su creación en el año 1992”. Presentó su renuncia al cargo el 5 de enero de 2026, aceptada por el Decreto 3/2026, y fue sucedida por Luis Eduardo Fontana.

Las dos versiones sobre la reunión del 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT

Uno de los cuestionamientos que pesan sobre ellas en la causa judicial es la reunión que Mantecón Fumadó y Bisio mantuvieron el 14 de enero de 2025 en la sede central de la ANMAT, en Avenida de Mayo 869, con Ariel García (dueño real de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo) y su hermano Diego; junto a Javier Tchukrán, director de Manufactura, y María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad.

El encuentro se convocó de manera oficial para “continuar abordando el tema de los reportes recibidos”, pero según el auto de procesamiento tuvo como objeto real acordar con los laboratorios de qué manera neutralizar dos proyectos de carta de advertencia que estaban listos para firmarse desde el 3 y el 8 de enero de ese año.

Las versiones de las dos ex funcionarias sobre lo ocurrido esa tarde son contradictorias. Bisio sostuvo que se mantuvo callada durante todo el encuentro, “sin haber emitido nunca opinión”, y que asistió porque su subordinada le pidió que estuviera presente “para mantener el orden” frente a “personas complicadas”. Mantecón Fumadó, en cambio, rechazó esa versión en la ampliación de su declaración indagatoria del 31 de agosto de 2026: “Eso no es verdad, ella trató de morigerar los modos en que se llevaba la reunión, apoyó todos mis dichos”, afirmó, y agregó que tampoco es cierto que Bisio se haya retirado antes que los directivos de los laboratorios.

Un dato relevante: Hasta que Ariel García no declaró ante el juez Ernesto Kreplak en su indagatoria que el 14 de enero de 2025 se había reunido en la sede de la ANMAT con Bisio y Mantecón Fumadó ninguna había informado a sus superiores del hecho. Es más, cuando de manera directa se le preguntó a la entonces titular de la ANMAT si era verdad lo que dijo el empresario dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ella habría respondido (según dos fuentes consultadas por Infobae) “Sí, pero me olvidé”.

-¿Y esa va a ser tu defensa?, le dijo uno de los funcionarios que la interpeló.

La médica psiquiatra, siempre respetuosa y medida en sus palabras, no respondió. En el INAME también destacan el buen trato que siempre mantuvo la abogada para con sus subordinados.

Mantecón Fumadó dijo tener grabada una conversación telefónica con Bisio

En esa misma audiencia del 31 de agosto, Mantecón Fumadó reveló ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata que conserva la grabación de una llamada telefónica con Bisio, realizada por sugerencia de su abogado, Marcelo Hugo Rocchetti. Según relató, el letrado le aconsejó: “Si tenés una conversación con ella, grabala”. Sobre el contenido, advirtió: “La sorpresa se la va a llevar Bisio cuando sepa que la conversación la tengo grabada”. La exdirectora del INAME precisó que la charla se produjo en su propio despacho.

El resultado de la inspección realizada en noviembre de 2024 sobre Laboratorios Ramallo ya estaba en conocimiento de ambas funcionarias antes de esa reunión. El auto judicial sostiene que Mantecón Fumadó supo de las deficiencias críticas al menos desde el 3 de enero de 2025, fecha de elevación del proyecto de carta de advertencia, y que Bisio tomó conocimiento de la situación, como mínimo, el día del encuentro con los responsables de los laboratorios.

Detenidas el mismo día, liberadas bajo caución de 75 millones de pesos cada una

Las dos ex funcionarias fueron detenidas el 3 de agosto de 2026, a pedido de la fiscal federal, María Laura Roteta, para garantizar la realización de sus indagatorias. Bisio fue aprehendida en su domicilio de Olivos, mientras que Mantecón Fumadó se presentó de manera voluntaria junto con su abogado en una dependencia policial. Las indagatorias se llevaron a cabo el 6 de agosto: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito de descargo, mientras que Mantecón Fumadó respondió al interrogatorio, aunque repitió en 33 oportunidades la frase “no lo recuerdo”.

El juez Kreplak dispuso la excarcelación de ambas el 7 de agosto de 2026, bajo una caución real de 75 millones de pesos para cada una. En lugar de depositar el dinero en efectivo, la Justicia les permitió ofrecer inmuebles como garantía: Mantecón Fumadó hipotecó una casa propia ubicada en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo. A ambas se les retuvieron los pasaportes y se les impuso la prohibición de salir del país, además de la obligación de comparecer mensualmente ante la Policía Federal y de no contactar a ninguna persona vinculada con la ANMAT o el INAME.

El expediente identificó 134 víctimas, de las cuales 90 murieron

La investigación, que tramita bajo el expediente FLP 17371/2025, logró identificar 134 víctimas del fentanilo adulterado: 90 fallecidas, dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y una con lesiones leves. El primer lote contaminado, identificado como 31202, registró orden de producción el 16 de diciembre de 2024, fue fabricado entre el 18 y el 19 de ese mes y liberado al mercado el 4 de enero de 2025. La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Mantecón Fumadó y Bisio el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos del INAME elevaran el proyecto. La carta que debía prohibir la comercialización de los productos de HLB Pharma nunca llegó a firmarse.

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo, por casi US$30.000, contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, en el marco de un reclamo relacionado con la comercialización de terrenos en el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en Las Grutas.

La medida fue dispuesta por el juez Cristian Tau Anzoeategui, de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, quien ordenó la traba del embargo por US$29.970, de acuerdo con lo planteado en el expediente.

El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en el desarrollo inmobiliario. Ante la presentación judicial, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar y dispuso el embargo preventivo por el monto reclamado.

La resolución se suma a una serie de reclamos judiciales que en los últimos años pusieron bajo la lupa la operatoria vinculada con la comercialización de terrenos en Tajamar. Los planteos incluyen demandas civiles y una denuncia penal, aunque hasta el momento se trata de procesos y medidas cautelares y no existe una condena contra Villaverde por estos hechos.

Una serie de reclamos por el loteo

Los antecedentes se remontan, al menos, a 2024, cuando trascendió la existencia de cuatro presentaciones judiciales vinculadas con el emprendimiento: tres demandas civiles por daños y perjuicios y una denuncia penal relacionada con una rifa vinculada al loteo.

Los compradores plantearon, según cada expediente, distintos inconvenientes vinculados con la entrega de los terrenos, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.

Uno de esos procesos habría derivado en un acuerdo económico, mientras que otros continúan en trámite o sujetos a posibles acuerdos entre las partes.

El conflicto también derivó en distintas medidas cautelares. Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre de ese año, otro expediente derivó en una medida sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora, por aproximadamente $40,5 millones.

En marzo de 2026, además, trascendió otro embargo preventivo por una suma superior a los $31 millones.

El nuevo embargo, esta vez por casi 30 mil dólares, vuelve a poner el foco sobre la situación judicial de la diputada y sobre la operatoria comercial del emprendimiento inmobiliario de Las Grutas.

El frente político de Villaverde

El nuevo capítulo judicial se conoce mientras Villaverde mantiene un perfil público más bajo y atraviesa una etapa de menor exposición dentro de la estructura libertaria rionegrina.

La diputada continúa al frente de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su protagonismo político se redujo en los últimos meses, mientras que Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia y mantiene vínculos directos con la Casa Rosada. Además, él aparece como uno de los nombres que podrían disputar la candidatura de LLA a la gobernación de Río Negro en 2027.

Villaverde, por su parte, redujo sus apariciones públicas, aunque mantiene activa su presencia en redes sociales, donde continúa defendiendo la gestión del presidente Javier Milei.

El nuevo reclamo judicial vuelve así a cruzar las dos dimensiones que rodean a la dirigente libertaria: los procesos vinculados con el emprendimiento inmobiliario Tajamar y su futuro dentro del armado de La Libertad Avanza en Río Negro.

Máximo Kirchner fue el único orador de un acto que se convocó a cuatro años del atentado que sufrió la expresidenta cuando regresaba a su domicilio (en aquel entonces en el barrio de Recoleta) y Fernando Sabag Montiel intentó dispararle en la cara. Afortunadamente, el tiro no salió y la entonces vicepresidenta salvó su vida de milagro.

Y la canción que cantaban los fanáticos y que el líder de La Cámpora decidió fomentar no es cualquier canción. Fue creada por la militancia a mediados de 2024 como un mensaje de respuesta al gobernador Axel Kicillof, que por aquel entonces empezaba a mostrar aires independentistas y pedía en público dejar atrás “los viejos grandes éxitos” y cambiarlos por composiciones nuevas.

La obra, que toma como base musical la pegadiza cumbia “La Vecina”, de “Amar Azul”, uno de los grupos más exitosos del género de principios de los 2000, tiene un estribillo elocuente: “Cristina es la conducción / Vamos a ver si lo entienden / Somos soldados de Perón / Y la Patria no se vende / Yo siempre te voy a seguir / No me importa lo que digan / Y si querés otra canción / Veni, te presto la mía”.

Los mensajes del tema

El tema, que se cantó por primera vez hace casi dos años en La Plata, incluye una respuesta directa a un planteo de Kicillof, que durante la última campaña electoral había reconocido la necesidad de renovar las ideas y los liderazgos del peronismo.

“No tengo ninguna duda de que los años de Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. No podemos vivir más de eso y no es justo, tiene tufillo de esas bandas de rock que toca los viejos grandes éxitos; va a haber que componer muchachos. Va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos”, había dicho el gobernador.

La canción de La Cámpora también remarca en Cristina Kirchner “es la conducción” ante las críticas de algunos sectores, principalmente del núcleo duro que conforman algunos intendentes y funcionario bonaerenses como Andrés “Cuervo” Larroque.

“¿Qué es la conducción de Cristina: que tres ñatos te manden un WhatsApp? Yo no quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular, cuadros auxiliares de conducción, mesas de discusión, con debate, con programa, con método y movilización”, había planteado el ex camporista, distanciado ahora de Máximo Kirchner.

La letra completa de la canción:

La Banda más grande de Argentina,

Que va con la jefa a todos lados

Yo no soy gorila libertario

Son pingüino hasta morir.

Aunque algunos quieran imitarnos

Este amor con nada se compara,

Queremos que el Fondo Monetario

Se vaya de este país.

Cristina es la conducción,

Vamos a ver si lo entienden,

Somos soldados de Perón,

Y la Patria no se vende.

Yo siempre te voy a seguir,

No me importa lo que digan,

Y si querés otra canción,

Vení, te presto la mía.

La canción original

Juan Cruz Montero dejó la Coordinación Ejecutiva del PAMI y Verónica Pérez asumió al frente del área, en un recambio que, según la información difundida sobre el proceso, se desarrolló con continuidad administrativa y sin modificaciones en la orientación de la gestión del organismo.

La designación de Verónica Pérez quedó acompañada por una señal política interna: Santiago Caputo se presentó personalmente en la sede del PAMI para introducirla ante los equipos y las distintas áreas. Ese gesto apuntó a ordenar el traspaso y a sostener el esquema de trabajo vigente dentro de la institución.

El relevo se produjo después de que Montero completara la transición con su sucesora. De acuerdo con la información oficial, el ex funcionario formalizó su renuncia una vez terminado ese proceso y dejó abierta la posibilidad de colaborar con las nuevas autoridades si se lo requieren.

En ese marco, una de las definiciones centrales del cambio fue que “la transición” se realizó con orden y bajo un criterio de continuidad. La presencia de Caputo durante la presentación de Pérez ante las áreas del organismo quedó leída como una muestra de respaldo a la nueva etapa dentro del PAMI.

Pérez es abogada y escribana. Antes de asumir esta responsabilidad, trabajó como directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, donde condujo la gestión territorial de esa dependencia. Ese recorrido aparece como uno de los antecedentes principales de su llegada a la Coordinación Ejecutiva.

En paralelo con el arribo de la nueva coordinadora, Montero resolvió dejar el cargo por una decisión personal. Su salida se vinculó con el objetivo de concentrarse en las próximas semanas en su proyecto para competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield.

El movimiento dentro del organismo incluyó además la salida de Florencia Zicavo, que presentó su renuncia a la sindicatura por motivos personales. Al igual que ocurrió con Montero, la ex funcionaria se despidió de su equipo y expresó disposición para acompañar a quienes quedaron al frente de esa responsabilidad.

Con estos cambios, el PAMI atraviesa una reconfiguración de cargos en su estructura de conducción. La información difundida sobre el proceso remarcó que “no implican un cambio en la orientación de la gestión” y que la llegada de Pérez busca sostener el trabajo y las políticas públicas en curso dentro del organismo.

En la Legislatura de Córdoba presentaron el proyecto de Ley Agostina, una iniciativa impulsada por Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada en mayo, para crear un sistema integral de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia y abuso.

La propuesta ingresó ayer en la Secretaría Legislativa de la Unicameral y fue presentada en una reunión con la vicegobernadora Myrian Prunotto, de la que también participaron el presidente provisorio del cuerpo, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta Julieta Rinaldi. Según informó la propia Legislatura provincial, el encuentro sirvió para detallar el contenido de la iniciativa y explicar el circuito parlamentario que seguirá el texto antes de su tratamiento en comisión.

Los puntos centrales

La iniciativa propone la creación del Sistema Integral Agostina, un esquema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes orientado a actuar antes de que una situación de violencia, abuso o vulneración produzca consecuencias irreversibles. El proyecto parte de la idea de que las respuestas estatales deben activarse de manera anticipada y coordinada ante señales de riesgo.

En ese marco, el texto prevé mecanismos de alerta y detección temprana para que, frente a indicadores serios y objetivos de vulneración, intervengan los organismos competentes. También incorpora el derecho de los menores a pedir ayuda, de modo que puedan comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva, sin que la protección dependa únicamente de la percepción de una persona adulta.

Entre las herramientas previstas figura la Línea Agostina 24/7, pensada como un canal gratuito, confidencial y permanente, disponible por teléfono, mensajería, aplicación, web o chat, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de protección. A eso se suma el Programa Agostina en Escuelas, una propuesta de formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos problemáticos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección.

El texto también contempla la creación de Gabinetes Agostina, integrados por equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, evaluación inicial, acompañamiento y derivación. Además, establece un Protocolo de Alerta y Búsqueda para actuar de manera inmediata ante la desaparición de menores, sin exigir un plazo de espera, y un Registro de Restricciones Judiciales de contacto con niños, niñas y adolescentes, con acceso limitado y resguardo de datos, para que las autoridades habilitadas puedan conocer medidas de protección vigentes.

De esta forma, la iniciativa apunta a reforzar la protección de la infancia y la adolescencia mediante respuestas estatales rápidas cuando existan indicadores de violencia o abuso. El texto propone un esquema de prevención y actuación temprana para intervenir antes de que los casos escalen.

Al salir de la reunión, Vega resumió el objetivo central de la propuesta. “Queremos que se escuche al niño y al adolescente. Lo principal es que ellos dejen de estar vulnerados ante todas estas situaciones que están pasando en la actualidad”, afirmó tras la reunión.

La abogada Fernanda Alaniz, que acompaña a la familia, sostuvo que la iniciativa busca instalar el tema por fuera de las disputas partidarias. “Agostina es de todos”, destacó, y agregó que esperan que el expediente comenzara su recorrido formal hasta llegar al debate legislativo, en la Legislatura de Córdoba.

Las últimas novedades del caso que conmocionó al país

A casi tres meses del femicidio de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier en otra causa abierta en 2025 por la denuncia de una joven de 20 años. El acusado fue notificado por el fiscal Raúl Garzón y se abstuvo de declarar. Ahora enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La causa se originó en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la llevó hasta su casa con el pretexto de guardar bolsos con dinero y que, una vez allí, la amenazó con un arma, la obligó a desnudarse, la amordazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. De acuerdo con la denuncia, la víctima logró escapar cuando el acusado salió momentáneamente del domicilio. En ese momento, Barrelier fue detenido, pero recuperó la libertad 20 días después bajo fianza, con restricciones de contacto y la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.

La investigación cobró nuevo impulso después del caso Agostina, ya que ambas causas permitieron cruzar pruebas y reforzar la hipótesis de abuso sexual en el expediente anterior. La causa se encuentra en una etapa avanzada, aunque todavía restan algunas pericias y testimonios. En paralelo, continúan las imputaciones por encubrimiento contra otras personas del entorno de Barrelier en el expediente por el femicidio de la adolescente.

La Fuerza Aérea recibirá una segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon durante la segunda quincena de septiembre, según se informó de manera oficial, mientras que el Ejército continúa la negociación en paralelo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk antes de que finalice el año.

Las seis aeronaves —dos biplazas F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM— realizarán escalas técnicas en España y Brasil antes de aterrizar en la Argentina. Y se prevé que el cruce del Atlántico, que iniciará la semana próxima, según supo Infobae, cuente con el apoyo de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el reabastecimiento en vuelo, el mismo procedimiento empleado en diciembre de 2025 con el primer lote.

“El gobierno argentino está tratando de fortalecer nuestras fuerzas armadas, fortalecer nuestra seguridad dentro de nuestro territorio y en relación con nuestras fronteras”, adelantó el vocero presidencial Adrián Ravier durante una conferencia de prensa, a principios de agosto.

En aquel momento, el funcionario añadió: “Los F-16 son más que un avión de combate, son un salto cualitativo en nuestro sistema de defensa. Son unidades con capacidad de interceptación supersónica, lo que nos permite responder a amenazas en cualquier parte del país en cuestión de minutos”.

Las nuevas aeronaves se sumarán, así, a los seis F-16 incorporados el 5 de diciembre de 2025, lo que elevará a 12 el total de unidades operativas. El programa Peace Condor, en virtud del cual Argentina adquirió 24 cazas F-16 A/B MLU a la Real Fuerza Aérea de Dinamarca mediante un contrato firmado en abril de 2024, contemplaba entregas escalonadas hasta 2028. Sin embargo, el ritmo de incorporaciones podría permitir completar la dotación para finales de 2027, según explicó el analista Andrei Serbin Pont en Infobae en Vivo.

Hasta que concluyan las obras de adecuación en la VI Brigada Aérea de Tandil, sede definitiva del sistema de armas, el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, funcionará como asentamiento operativo provisorio.

Las adquisiciones en materia de Defensa se inscriben en un vínculo bilateral que el propio Gobierno argentino define como el más estrecho con Estados Unidos en décadas. Ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático en este sentido: “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”. Otro gesto que la Casa Rosada atribuye a este alineamiento fueron las palabras de Donald Trump en relación con la posibilidad de revisar el respaldo histórico de Washington al Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

En este sentido, en marzo de 2026, el ministro de Defensa, Daniel Presti, viajó a Washington y se reunió en el Pentágono con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Estados Unidos, y con Michael Jensen, director sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). En ese encuentro, Presti planteó la necesidad de adquirir carros blindados Stryker, helicópteros Black Hawk y tecnología para prevenir ciberataques sobre infraestructura crítica.

Según publicó Infobae en aquel momento, el marco conceptual que sustenta estas negociaciones ya no es el de un conflicto convencional con un país limítrofe, sino el de la llamada guerra híbrida: ataques a puertos, gasoductos, centrales nucleares o yacimientos como los de Vaca Muerta. Argentina integra el denominado Escudo de las Américas, y Washington ve en Buenos Aires un socio regional clave para sus hipótesis de seguridad en el hemisferio, en particular por los recursos energéticos del país, su posición sobre el Atlántico Sur y la cercanía con el estrecho de Magallanes.

Aunque la negociación continúa, aún no hay fechas confirmadas de arribo, ni cantidades ni montos cerrados. “La intención es tener unos Black Hawk, que es un sistema de armas mucho más moderno, distinto al que tenemos”, señalaron desde el Gobierno a este medio.

La llegada de los Black Hawk iniciaría el reemplazo gradual de los veteranos Bell UH-1H Huey, en servicio desde hace más de 50 años en el Batallón de Aviación de Combate 601, y cubriría el vacío operativo dejado por los Aerospatiale AS332B Super Puma, ya retirados del servicio.

En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13.30 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también para el que fue llamado -se cambió horario- a las 12.30: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.

La ciudad de Buenos Aires es el bastión del PRO y el deseo de La Libertad Avanza. Uno la quiere conservar a toda costa y el otro busca gobernarla a partir del 2027. Estas diferencias aparentemente irreconciliables convierten a este territorio en uno de los lugares más complejos a la hora de negociar una alianza en todo el país, como pretenden las cúpulas de ambos partidos.

Tal es la dificultad para arribar a un acuerdo sobre este distrito que la mesa de trabajo que Karina Milei y Mauricio Macri impulsaron, y que se reúne cada 15 días en la Casa Rosada, optó por postergar el debate y discutir primero el resto de las provincias.

Sin embargo, la intención de alcanzar la paz en territorio porteño es una necesidad para los dos espacios y es por eso que comenzaron a surgir algunas conversaciones informales que derivaron en una propuesta concreta: una fórmula integrada por Jorge Macri y Pilar Ramírez.

La iniciativa fue reconocida públicamente por el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de confianza del ex presidente y que, junto a Cristian Ritondo, representa al PRO en las rondas de diálogo que se realizan en Balcarce 50.

La idea original, según aseguran desde Uspallata, habría salido de una de las tantas charlas que Darío Wasserman, actual titular del Banco Nación, tuvo con el empresario Daniel “Tano” Angelici, de los máximos operadores políticos del jefe de Gobierno de la ciudad.

El primero de ellos colaboró en la campaña de Javier Milei en el 2023 y es el marido de la armadora libertaria, mientras que el segundo maneja varias áreas de la administración de CABA y tiene influencia en las decisiones del alcalde.

Esta versión, por su parte, es negada rotundamente en la Casa Rosada, donde remarcan que Wasserman es solo un funcionario que no tiene un rol en el partido y no interviene en las negociaciones.

En el equipo que acompaña a Macri reconocen que al comienzo de la gestión enfrentaron grandes dificultades y la visión de los vecinos sobre el mandatario era mala, pero confían en que eso cambió rotundamente en el último tiempo.

“Hoy la imagen positiva de Jorge superó ampliamente la negativa y eso impacta también en los votantes. Penetró mucho en la gente el concepto de ley y orden, porque ven que ya no hay más ranchadas en la calle, que bajaron los delitos, que hay desalojos”, destacó a Infobae una fuente de su entorno.

En este sentido, consideran que hubo dos factores que influyeron en esta modificación del panorama: por un lado, que el jefe de Gobierno “haya encontrado el rumbo y tenga cosas para mostrar” y, por el otro, “la caída en desgracia de Manuel Adorni”.

“Nosotros sabemos que ahora, si el PRO y La Libertad Avanza van juntos a las elecciones, tienen el 60 por ciento de los votos. Si vamos separados, los dos podemos llegar a perder, sobre todo si el peronismo se agrupa”, analizan.

Al respecto, sostienen que “hay una buena parte del electorado de la ciudad que no es históricamente macrista, pero que seguramente se sintió muy decepcionado con Adorni”, por lo que en una fórmula conjunta podrían convencerlo.

“Es una propuesta que incluso están operando ellos, porque se quedaron sin un candidato potente, porque Pilar no consiguió instalarse, y el escenario ya no está tan claro como hace algunos meses”, argumentó un integrante de la mesa política de CABA.

No obstante, en un sector de la vereda de en frente esta versión cayó muy mal y generó un enojo por la unilateralidad en la que se comunicó: “Salieron a decir esto porque es obvio que nos necesitan, estamos mejor posicionados”, responden.

En esta ala de la cúpula libertaria aseguran que “Darío (Wasserman) no se mete en la política partidaria” y “no es alguien autorizado para tomar decisiones sobre lo que se va a hacer o no”.

“Ese tipo de definiciones las toman solamente Karina Milei y Pilar Ramírez, y todavía ni siquiera se sentaron a discutirlo porque falta un montón, son cosas que dependen además de muchos factores, ni siquiera está confirmada todavía la alianza a nivel nacional”, contestó una fuente de Balcarce 50.

En esta línea, opinaron que De Andreis “se mandó por su cuenta a hablar de esa fórmula porque lo engañaron”, pero que “no es algo que se esté conversando seriamente en la mesa de diálogo con el PRO”.

“No creo que sea tampoco una propuesta de Mauricio, porque él no lo quiere a Jorge y no piensa que tenga que ser el próximo candidato de su espacio en la ciudad, tiene a otros nombres en mente. La realidad es que las declaraciones de Fernando le vinieron al pelo (al jefe de Gobierno) y por supuesto que van a salir a decirlo en todos lados”, protestaron en las trincheras libertarias.

En cuanto a la actualidad de las dos fuerzas políticas, en LLA advierten que el mandatario porteño “no mejoró tanto en las encuestas” y “continúa teniendo un techo muy marcado y que sigue siendo demasiado bajo”.

“Que ahora tenga cosas para mostrar no significa que eso se vaya a trasladar a votos. Horacio Rodríguez Larreta, en el mejor momento de su gestión tenía 70% de imagen positiva, Jorge tiene apenas el 40%. ¿Subió? Sí, es verdad, pero porque venía de 20 o 30 puntos", recuerdan.

Por su parte, Pilar Ramírez tiene planeado continuar en los próximos días con las recorridas por los barrios junto a funcionarios nacionales, como las que encabezó acompañada del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

“No saben lo que vamos a hacer nosotros, si vamos a querer ir con ellos o competir y, en todo caso, si hay un acuerdo las condiciones que les vamos a plantear. Es una locura que hayan hecho trascender esa idea que no sé de dónde salió”, criticaron desde el oficialismo.

Aunque no participa de la mesa de negociación en la Casa Rosada, la armadora libertaria tiene todo el aval de la secretaria general de la Presidencia para ordenar el partido en la ciudad de Buenos Aires y es, también, una de sus personas de consulta.

El Gobierno ya inició el operativo para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el mes de noviembre. Este lunes, los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada, donde recorrieron los lugares donde el líder religioso podría tener presentaciones o dar misa ante las miles de personas que se esperan en las calles.

Todo se dio mientras la delegación vaticana ya llegó el último domingo por la noche a Buenos Aires y está encabezada por el chileno monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos del Vaticano.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y su secretario general, Raúl Pizarro, fueron los interlocutores de la Iglesia en ese encuentro. La reunión tuvo lugar en la Casa Rosada y estuvo centrada, según confirmó el propio Colombo, en la agenda del viaje apostólico. “Nos hemos concentrado en esa agenda porque está presente la delegación papal”, afirmó.

En paralelo, representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación vaticana, de la Nunciatura Apostólica, de la CEA y de la Cancillería mantuvieron una reunión de trabajo en el Palacio San Martín en la que repasaron aspectos logísticos vinculados con la preparación del viaje. Durante ese encuentro, los equipos avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda y en la planificación de los eventos previstos para la estadía del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.

Su tarea no consiste en evaluar espacios desde cero, sino en verificar en el terreno si los lugares ya seleccionados como opciones principales cumplen con las exigencias operativas, protocolares y pastorales que fija Roma para una visita papal.

Además del encuentro en la Casa Rosada, la avanzada vaticana recorrió este lunes varios de los escenarios previstos para la estadía del pontífice. Colombo enumeró los sitios visitados: el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; el Palacio Libertad —ex Centro Cultural Kirchner— y el Palacio San Martín. También se incluyó en el circuito la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se proyecta un encuentro del Papa con representantes del mundo laboral y productivo.

Cada recorrida responde a una función específica dentro del programa. El Monumento a los Españoles, por ejemplo, es una de las opciones más avanzadas para la misa multitudinaria en la capital, así como para la vigilia juvenil. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estimó que la Ciudad se prepara para un evento de entre 600.000 y 800.000 personas, aunque en otros ámbitos esa proyección se multiplica por dos o por tres.

Entre los lugares que también se evalúan para el itinerario final aparece el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, dedicado a la atención integral de personas con discapacidad. Colombo describió la institución como “una obra solidaria y caritativa de la Iglesia” y precisó que ocupa 49 manzanas en ese partido del sur del conurbano bonaerense. “Es una posibilidad a confirmar, pero muy fuerte”, señaló el presidente de la CEA.

Según adelantó Colombo, León XIV arribaría a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese primer día estaría reservado para encuentros de carácter protocolar. “En general, están previstos los encuentros de naturaleza protocolar con el señor presidente, con las distintas autoridades nacionales, provinciales, con los referentes de la sociedad civil”, detalló el titular de la CEA.

El encuentro con el presidente Javier Milei tendrá un formato bilateral, en tanto el Papa viajará también en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa dimensión institucional explica el rol central que cumple el Gobierno nacional en la coordinación del operativo, con Karina Milei a cargo de la articulación política desde la Casa Rosada.

El encuentro con los jóvenes, en tanto, quedaría para el martes a la noche. Colombo admitió no recordar con precisión qué otra actividad estaba prevista para el domingo por la noche. La definición de ese punto, al igual que la del lugar donde se realizará el acto juvenil —con el estadio Monumental de River Plate y la avenida 9 de Julio como alternativas en análisis— depende de la validación final que emitirá Roma al concluir las inspecciones.

El jueves anterior al inicio de esta ronda de recorridas, Colombo y Pizarro mantuvieron una audiencia con León XIV en el Vaticano. El presidente de la CEA describió ese encuentro y destacó el estado de ánimo del pontífice. “El Papa está muy entusiasmado y nos llena también de expectativas”, afirmó.

Colombo enumeró los públicos que el Papa tiene previstos encontrar durante su estadía en el país: jóvenes, consagrados, religiosos, familias, movimientos sociales, voluntarios, trabajadores y personas vinculadas al mundo de la producción. “Es una mirada de conjunto muy amplia sobre la vida social”, resumió.

Sobre el conocimiento que León XIV tiene de la Argentina, Colombo aseguró que “no le hicimos un examen”, aunque señaló que el Papa tiene un vínculo con América Latina forjado durante su experiencia como misionero en el Perú, y que además recibe información permanente a través de los organismos vaticanos, las nunciaturas y los obispos de las distintas regiones del país.

La preocupación por el endeudamiento familiar quedó fuera de la agenda de hoy

La reunión del lunes no incluyó el debate sobre el endeudamiento de los hogares argentinos, un tema que la Iglesia había colocado en la agenda pública en los días previos. Colombo fue directo al explicar el motivo: “Hoy fue el tema más que nada de la visita”, y aclaró que la presencia de la delegación papal determinó el foco del encuentro.

El prelado dejó planteada su posición al ser consultado al respecto. “Fundamentalmente la preocupación por todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad y nuestro deseo de que eso pudiera afrontarse de una manera distinta”, indicó.

En días previos, el titular de la CEA había reclamado criterios claros para la contracción de deudas y una intervención concreta de las autoridades nacionales, en un contexto en que la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales trepó al 30,1%, superando el pico registrado durante la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

La agenda oficial del primer viaje apostólico de León XIV a la Argentina se cerrará recién cuando la avanzada vaticana concluya sus inspecciones y eleve sus conclusiones a Roma para la aprobación definitiva de la Santa Sede.

Santa Fe es el tercer distrito electoral más importante del país, detrás de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Tiene cerca de tres millones de electores y es parte de una franja de provincias, en el centro de la Argentina, donde se juega una porción importante de la elección nacional. En ese punto geográfico el peronismo está tratando de reorganizarse, en un juego de poder, historia y presente, protagonizado por diez sectores distintos bajo el mismo techo justicialista.

En el comienzo de septiembre hay algunos nombres que, en el imaginario político del PJ santafesino, están unidos a algunos cargos que se ponen en juego el año que viene. Desdoblada de la nacional, la elección provincial del 2027 será para elegir gobernador, intendentes, diputados nacionales, senadores nacionales y legisladores provinciales. El armazón político del territorio se pone en juego con las urnas abiertas.

En el tablero virtual donde se trazan hipótesis y se analizan posibilidades, Omar Perotti, Diego Giuliano, Germán Martínez y Marcelo Lewandowski están en la línea de largada para la gobernación. Más allá de la voluntad real de cada uno, el círculo político del peronismo provincial los posiciona entre los nombres posibles para enfrentar al actual gobernador, Maximiliano Pullaro, que buscará cuatro años más de gestión. Para competir por la intendencia de Rosario hay un solo nombre que junta apoyos sobre su espalda, que es Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura.

Los dos nombres para la gobernación afuera del radar

A esos nombres se suman otros dos que no están en el radar de la mayoría. Uno es el empresario Federico Pucciariello, fundador Rosario Bioenergy, productora de biodisel, y de Essential Energy Holding, un grupo empresario vinculado a las energías limpias. Ex rugbier, con pasado en el Jockey Club de Rosario y equipos de España, Italia y Francia, fue tentado por el líder de los senadores provinciales Armando “Pipi” Traferri, la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas y su marido, Jorge Llonch, actual senador provincial, para saltar a la cancha electoral y buscar consenso para ser candidato a gobernador por el peronismo.

Pucciarello parece estar entusiasmado con la posibilidad de jugar una carta electoral el año que viene. Pero pretende ser la síntesis de un proceso. No se imagina compitiendo en una interna. Detrás de una candidatura estilo outsider como la que representa, se encolumnaría Lewandowski, actual senador nacional y el último candidato a gobernador que tuvo el peronismo. Para largarse, tiene que tener consenso político. Y ese acuerdo de base, por el momento, no existe.

Lewandowski ya no se imagina compitiendo por la intendencia de Rosario, como en algún momento tuvo en su cabeza. Si hay una PASO para elegir el candidato a gobernador y Pucciarello no logra la síntesis que anhela, cree que ser uno de los candidatos en la pelea es una opción válida. Es decir, volver a competir por el mismo premio que en el 2023.

Algunos dirigentes del peronismo sostienen que su quinto lugar en los comicios del año pasado limitan esa proyección. Las encuestas serán las que manden. De lo que está seguro el ex periodista deportivo es que en la unidad de todos los sectores internos está el diferencial del peronismo para ser competitivo el año que viene. Sobre todo si Pullaro forja una alianza con el socialismoy La Libertad Avanza.

En las elecciones a convencionales constituyentes del 2025 Lewandowski decidió jugar por fuera de la estructura justicialista. El resultado no fue bueno y lo dejó una enseñanza. En el 2027 está dispuesto a jugar con los pies adentro del plato del PJ. A pesar de las diferencias y de que haya sectores con los que no se sienta del todo cómodo. El objetivo electoral es que el peronismo vuelva a gobernar y ahí se inscribe el cambio de posición.

El otro nombre que aparece por fuera del círculo más vistoso es el del intendente de Funes, Roly Santacroce, que se apostó al costado de la ruta donde transita la mayoría de la dirigencia para marcar su disidencia. El jefe comunal, que tomó mayor notoriedad en los últimos meses, cree que la primera línea de nombres propios del peronismo santafesino son parte de un esquema residual y viejo, que no hace autocrítica y que no quiere escuchar a los que están por fuera de ese círculo.

Santacroce, que cultiva un fuerte apoyo en la ciudad que gobierna, considera que los dirigentes de mayor renombre solo quieren las bancas del Congreso o alguna en la legislatura provincial. Por ese motivo impulsa una renovación de caras, ideas y formas, porque esa sería, según su criterio, la única forma de mostrar un cambio profundo en el peronismo de la provincia.

El intendente de Funes tiene pretensiones de ser candidato a gobernador y competir en unas PASO con algún exponente del resto del peronismo. Para lograr la unidad, exige cambios profundos que, a priori, parecen inviables. Como que los que hoy son legisladores nacionales peleen por una intendencia en sus ciudades natales, mientras que los actuales intendentes ocupen los primeros cargos de la representación nacional de la provincia.

La pelea por suceder a Pullaro y la mesa de unidad

La semana pasada la presentación del libro de Diego Giuliano, “La Santa Fe que viene”, que funcionó en los hechos como un lanzamiento de su candidatura como gobernador, mostró una foto poco normal en el peronismo de estos tiempos. De las diez tribus que conviven y subsisten en la provincia, ocho formaron parte del evento. Sus principales referentes estuvieron sentados en la primera fila del auditorio, donde también estuvo Sergio Massa, que reapareció después de un tiempo alejado de la vida pública.

La convocatoria de Giuliano sirvió para mostrar que, pese a las diferencias que hay entre los distintos sectores, la gran mayoría está dispuesto a trabajar en la construcción de una alternativa conjunta. El presidente del Frente Renovador fue el primero en acelerar y atravesar la línea de largada. Nacido en Arequito, pero con larga estadía en Rosario, está dispuesto a construir consenso interno para ser el candidato de la unidad. Si no lo logra, irá a una PASO con quien juegue del otro lado.

El presidente del bloque de diputados nacionales del PJ, Germán Martínez, también tiene intenciones de ser candidato a gobernador. De Rosario, con mucha militancia barrial encima junto a Agustín Rossi, su jefe político, y de buen vínculo con los Kirchner, asoma como una opción. Al igual que Giuliano, empuja la unidad de todas las terminales justicialistas para abroquelar las distintas identidades y potenciar la propuesta electoral. Lo primordial es que estén todos adentro.

El peronismo santafesino tiene como particularidad la cantidad de tribus que conviven dentro de un mismo marco. Está el Frente Renovador, La Corriente, La Cámpora, Ciudad Futura, el Movimiento Evita, el sector referenciado en Omar Perotti, el grupo de los senadores que lidera Armando “Pipi” Traferri, el esquema que lidera Marcelo Lewandowski y dos grupos de intendentes: RAIS, que conduce el intendente de Funes Roly Santacroce y VAMOS, que lidera el jefe comunal de Pérez, Pablo Corsalini.

De todas esos sectores, hay cinco que conformaron una mesa política que concentra el mayor poder territorial del peronismo de la provincia y que es el nudo central de unidad. Ahí está el Frente Renovador, representado por Diego Giuliano; La Corriente, que lideran Agustín Rossi y Germán Martínez; Ciudad Futura, que conduce Juan Monteverde, los intendentes de VAMOS, que lidera Corsalini y los senadores que tienen como referencia a “Pipi” Traferri. Este grupo tiene una acuerdo de base que es sintetizar una candidatura entre todos. Un objetivo difícil pero que marca el rumbo del trabajo que están haciendo.

Desde esa mesa de cinco patas hay comunicación abierta con Lewandowski; Florencia Carignano, que es la representante de La Cámpora en la provincia y el Movimiento Evita, referenciado, a nivel local, con el ex diputado nacional Eduardo Toniolli, y la actual legisladora provincial Lucila De Ponti. Son actores sueltos pero con comunicación abierta. Hay conexiones cruzadas que refuerzan la idea de converger en un mismo objetivo. La idea de los tres sectores, al igual que los que integran la mesa de cinco, es la misma: jugar todos en un gran bloque de unidad.

El futuro de Perotti y su juego en el tablero electoral

Entre los actores importantes del peronismo santafesino está el ex gobernador y actual diputado provincial, Omar Perotti. Mirado de reojo por algunos sectores del justicialismo local y abrazado a un perfil bajo donde se siente cómodo, el nacido en Rafaela nunca dejó de sonar como una opción para intentar volver a la gobernación. Sin embargo, en su cabeza no está la idea de buscar un segundo mandato.

Al ex gobernador le han llegado pedidos de los intendentes referenciados en Santacroce para que el año que viene compita por la goberanación. Perotti, que comparte la mirada de que muchos dirigentes actuales son parte de un elenco estable en los cargos nacionales, les dijo que ellos tienen que abrirse camino solos y ocupar espacios. Empujar la idea de la renovación pero sin él adelante de ese carro.

Les explicó que cuando empezó a caminar para ser candidato a gobernador, objetivo que logró en un segundo intento, no le abrió paso nadie. Ni Jorge Obeid ni Carlos Reuteman, las figuras de mayor peso político en el peronismo de las últimas cuatro décadas. Los intendentes que plantean la renovación tienen que ocupar espacios peleando por su cuenta, pero él está dispuesto a ayudar al que demuestre audacia para hacerlo.

Más allá de sus diferencias internas, sobre todo con Agustín Rossi, Perotti está dispuesto a jugar en un esquema de unidad del peronismo. Incluso, internamente, suele decir que él nunca jugó afuera del PJ, por lo que no hay motivos para desconfiar de que armará una agrupación para competir en los márgenes. El lugar que le interesa a Perotti es el mismo en el que lo colocan algunos de los dirigentes que hacen alquimias preelectorales: la candidatura a senador nacional.

El ex mandatario cree que Giuliano tiene camino por recorrer y que el principal objetivo que se debe trazar, al ser el primero en mostrar su voluntad de ser candidato, es darle sustento a la unidad, más allá de la foto política de su lanzamiento encubierto. Esa proyección la hace porque advierte que las diferencias que existen entre los distintos sectores son grandes y que el proyecto político tiene que tener un programa que sirva de pegamento entre tantas vertientes.

A diferencia de los que creen que Monteverde debe tener el camino liberado en Rosario, el ex gobernador entiende que una buena opción para fortalecer el armado político en la ciudad clave, en términos electorales, sería que Lewandowski compita en una PASO por la intendencia de Rosario. El ex periodista deportivo no tiene intenciones de seguir ese camino y no aparece otro nombre con peso para disputar una interna. A esta altura, a Monteverde le queda fortalecer la unidad y ampliar, por donde pueda, la coalición por la que quiere competir.

En paralelo a todos esos sectores que discuten, como pueden, un gran esquema de unidad, camina Pablo Garello, titular de la Juventud Peronista (JP). De 28 años, con pasado en el esquema político del “Chivo” Rossi y al frente de la agrupación Aurora, busca hacerse un lugar en la discusión sobre la representatividad del peronismo. Quiere competir el año que viene y meter en el debate a una agrupación con perfil joven. La pata renovadora vinculada a la edad, la forma de comunicar y las ideas a representar. Tiene una tarea difícil por delante.

El papa León XIV recibirá en Buenos Aires a algunos de los principales donantes privados que colaboren con el financiamiento de su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, según pudo saber Infobae.

La Santa Sede ya dio su conformidad para incorporar a la agenda uno o dos encuentros privados en la Ciudad de Buenos Aires con empresarios, fundaciones y benefactores que realicen aportes significativos para ayudar a solventar los gastos del viaje.

La modalidad todavía está en elaboración y deberá adaptarse al programa definitivo que apruebe el Vaticano, pero la autorización política ya existe. La decisión abre ahora una etapa de búsqueda de aportantes privados para una visita cuyo costo total, según las primeras estimaciones que circulan entre sus organizadores, podría ubicarse en torno de los 25 millones de dólares.

El esquema sobre el que trabajan la Iglesia y las autoridades argentinas busca repartir los gastos. El Estado nacional deberá hacerse cargo principalmente de las obligaciones derivadas de recibir a un jefe de Estado, especialmente la seguridad, el ceremonial y parte de la logística. La Iglesia, en cambio, deberá financiar buena parte de la estructura necesaria para las celebraciones religiosas, los traslados de peregrinos y voluntarios, la comunicación y los distintos actos pastorales.

La lista de gastos sobre la que ya hay diálogos incluye desde la infraestructura para las celebraciones (como, por ejemplo, la misa que se hará frente al Monumento a los Españoles de Palermo) hasta cuestiones operativas como transporte y logística para los cerca de 80 periodistas que vendrán con León XIV en el avión papal desde Roma.

La Conferencia Episcopal Argentina ya dio una primera señal en esa dirección. A través del Programa FE lanzó una campaña para recibir donaciones destinadas a la visita y anticipó que, además de una colecta nacional, buscará otros aportes para cubrir la organización. Por otro lado, ya hay empresarios que comprometieron más de un millón de dólares, según reconstruyó Infobae, entre otras propuestas de donaciones menores que han ido llegando al correo de la institución, contacto@cea.org.ar.

Pero la experiencia internacional muestra que la mayor capacidad de recaudación no suele estar en las pequeñas contribuciones sino en empresas, fundaciones y grandes benefactores.

El modelo español

El antecedente más reciente es especialmente significativo. La visita que León XIV realizó a España tuvo un costo estimado cercano a los 26 millones de euros. Aproximadamente el 45% fue cubierto por benefactores -empresas y fundaciones-, mientras que el resto se distribuyó entre aportes eclesiales, administraciones públicas y pequeñas donaciones.

El modelo español fue todavía más lejos. Durante la preparación del viaje, la Iglesia buscó grandes aportantes privados mediante distintas categorías de patrocinio y reservó instancias de cercanía con el Pontífice para algunos de los principales benefactores.

La fórmula permitió descargar una porción significativa del costo sobre fondos privados y es observada de cerca por quienes trabajan ahora en la organización argentina.

En Buenos Aires todavía no está definido si existirán categorías públicas de benefactores ni cuáles serán los montos mínimos para acceder a los encuentros. Sí existe, según pudo reconstruir Infobae, el visto bueno del Vaticano para reservar uno o dos espacios en la estadía de León XIV para quienes contribuyan de manera importante a hacer económicamente posible el viaje.

Una agenda todavía abierta

La definición final del programa entrará esta semana en una etapa decisiva.

Una avanzada vaticana llegó a la Argentina el domingo 30 de agosto para recorrer los distintos escenarios, mantener reuniones con autoridades nacionales y eclesiales y terminar de ajustar aspectos de seguridad, logística y protocolo.

La expectativa es que de esas reuniones salga una estructura mucho más precisa del viaje, aunque por el momento todavía quedan varias cartas abiertas.

Una de las principales es el encuentro entre León XIV y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Entre las alternativas bajo análisis aparece que la reunión se realice el domingo 8 de noviembre, poco después de la llegada del Papa a Buenos Aires, lo que permitiría resolver inmediatamente la dimensión institucional del viaje. Si la visita de Robert Prevost a la Casa Rosada es el domingo 8, también está previsto que esa tarde el Papa tenga un encuentro institucional “con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático” en el Palacio Libertad. Así, la mañana del 9 quedaría despejada para el inicio de la etapa plenamente pastoral del viaje.

La decisión no es menor. Ordenará buena parte del resto del programa porteño y determinará también cuánto tiempo quedará disponible para otras actividades públicas y privadas.

También deberán terminar de fijarse horarios y formatos de las grandes celebraciones, las características de los traslados y el equilibrio entre Buenos Aires, Córdoba y Luján, las tres escalas previstas.

Cada cambio puede modificar sensiblemente el presupuesto. Una misa para cientos de miles de personas implica vallados, sonido, pantallas, estructuras, asistencia sanitaria, baños, acreditaciones, transporte y cientos o miles de voluntarios. A eso se agregan centros de prensa, desplazamientos y toda la infraestructura necesaria para recibir al contingente internacional de periodistas que acompaña habitualmente al Pontífice.

Horas libres en la Nunciatura

Los encuentros con los donantes no serían, además, las únicas reuniones privadas que León XIV podría mantener durante su paso por Buenos Aires.

La Santa Sede pidió expresamente que el programa preserve algunos momentos libres en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Pontífice durante su estadía porteña. En particular, el Vaticano busca mantener despejadas franjas de las tardes del 8, 9 y 10 de noviembre, que inicialmente figurarían como tiempos de descanso pero que podrían terminar utilizándose para reuniones privadas que no aparezcan dentro del programa público.

Es una práctica habitual en los viajes pontificios. Al margen de las actividades oficiales, los Papas suelen reservar espacios para recibir a personalidades, dirigentes religiosos, amigos o interlocutores considerados de especial interés, encuentros que muchas veces sólo se conocen después de realizados.

En una visita tan breve como la argentina, esas horas tendrán un valor adicional. León XIV permanecerá apenas cuatro días en el país y buena parte de la agenda estará ocupada por celebraciones masivas, desplazamientos y compromisos institucionales.

Una visita después de 39 años

La dimensión del acontecimiento excede además al mundo católico. Cuando León XIV llegue a Buenos Aires habrán pasado 39 años desde la última visita de un Papa a la Argentina, la de Juan Pablo II en abril de 1987.

En el medio transcurrió completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino de la historia, que nunca regresó al país durante sus doce años al frente de la Iglesia.

Esa excepcionalidad explica también las expectativas económicas que rodean al viaje. Las experiencias europeas recientes muestran que una visita pontificia puede movilizar varias veces el dinero invertido inicialmente, por el movimiento de peregrinos, alojamiento, gastronomía y transporte.

Las dimensiones argentinas serán diferentes, pero Gobierno e Iglesia esperan una movilización masiva hacia los principales puntos del recorrido, especialmente Buenos Aires y Luján.

Antes deberán resolver cómo pagarla y terminar de acomodar una agenda que esta semana empezará a tomar su forma definitiva.

En ese diseño, los grandes donantes privados tendrán un papel central. Y algunos de ellos tendrán además una oportunidad extraordinariamente infrecuente: encontrarse personalmente con León XIV durante su paso por Buenos Aires.

La misión de avanzada del Vaticano sigue con la recorrida por los lugares donde se espera la visita del papa León XIV a partir del 8 de noviembre, cuando llegue a la Argentina. Ahora, hubo reuniones entre los delegados de la Santa Sede y las autoridades locales para conocer cómo serán los protocolos en la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Cabe destacar que este lunes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a las autoridades del Vaticano que encabeza el chileno monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. Además, estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y su secretario general, Raúl Pizarro.

Por un lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con Colombo para avanzar en la organización de la visita del Papa a territorio bonaerense. Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas en el Cottolengo Don Orione y en Luján, así como el operativo de seguridad para el evento masivo en la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad.

En ese marco, el presidente de la CEA compartió la alegría por la visita apostólica y agradeció la predisposición del Gobierno de la Provincia para trabajar junto a la Iglesia en la organización del encuentro en Luján. Asimismo, las autoridades del ejecutivo bonaerense se pusieron en contacto con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino, encargada de la visita papal.

En paralelo a las gestiones en territorio bonaerense, los equipos involucrados en la organización del viaje del Vaticano realizaron una jornada de trabajo técnico en Córdoba con recorridas por distintos puntos relacionados con la agenda del Santo Padre. La comitiva, integrada por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la CEA y de la Cancillería, visitó las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba y la Catedral “Nuestra Señora de la Asunción”, donde se relevaron aspectos vinculados con la logística y la organización de las distintas actividades previstas.

La jornada incluyó también una visita al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella con el objetivo de avanzar en la evaluación de los aspectos operativos y de infraestructura necesarios para la eventual llegada y traslado del pontífice y de su comitiva. La delegación vaticana que coordina los preparativos está dirigida por monseñor Salas. El grupo incluye personal de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana.

La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Pese al avance de las definiciones en todos los frentes, las autoridades involucradas en la organización remarcaron que el itinerario final depende de la confirmación de la Santa Sede.

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, la misa central y el encuentro con los jóvenes tendrán lugar en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Así lo confirmó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Concentrar la misa y el encuentro juvenil en el mismo lugar también responde, según el arzobispo porteño, a una lógica de austeridad: evita montar una segunda estructura con pantallas, sonido y escenografía adicional. Los costos de la infraestructura en la Ciudad estarán a cargo del Gobierno nacional y del gobierno porteño. Según adelantó García Cuerva, los escenarios estarían orientados hacia el norte, en dirección a la calle Olleros, aunque aclaró que aún restan precisiones. La última palabra sobre el itinerario la tiene la Santa Sede.

La agenda en Buenos Aires contempla además una visita al penal de Devoto, actividad que ya fue incluida en la agenda de la avanzada vaticana anterior y que será relevada nuevamente en los próximos días. García Cuerva recordó que León XIV visitó una cárcel en Barcelona y otra en Guinea Ecuatorial durante su viaje a África, lo que da cuenta del lugar que el pontífice otorga a esa pastoral.

Para el Palacio San Martín está previsto un encuentro ecuménico interreligioso, mientras que en la Plaza San Martín el Papa, en su carácter de jefe de Estado, rendirá homenaje al general José de San Martín. La primera actividad del lunes, en tanto, sería una visita al Cotolengo de Claypole.

En materia de seguridad, el arzobispo destacó la articulación entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, coordinada por la ministra Monteoliva. Habría dos Papamóviles —uno para Buenos Aires y otro para Córdoba—, ambos provistos por Toyota; la confirmación final de los vehículos estaba prevista para la misma jornada en que García Cuerva brindó las declaraciones.

La comitiva también busca abrir una vía parlamentaria permanente que funcione incluso si el conflicto continúa. La idea incluye organizar jornadas binacionales hacia finales de noviembre en Buenos Aires para recibir a legisladores y funcionarios brasileños y sostener contactos que eviten una interrupción total del vínculo.

Masso dijo, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que el grupo llegó a la capital brasileña en la tarde del martes. La agenda incluyó un encuentro no previsto con el canciller Mauro Vieira, que demoró su viaje a Montevideo para recibir a los representantes argentinos antes de participar en la cumbre de ministros del Mercosur en Uruguay.

El legislador describió esa decisión como “un gesto muy bueno” y agradeció la recepción del funcionario brasileño. La reunión con Vieira abrió la agenda de una comitiva integrada por Massot, Germán Martínez, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Oscar Herrera Ahuad, Eduardo Falcone y Victoria Tolosa Paz.

La comitiva buscó diferenciar al Congreso argentino de la postura de Milei

Massot sostuvo que uno de los puntos mejor recibidos por las autoridades brasileñas fue la diversidad política de la delegación, ya que no se trató de una representación del oficialismo nacional. Según explicó, el viaje procuró mostrar que existe una posición parlamentaria distinta de la expresada por el Presidente.

En ese sentido, afirmó que buena parte de la dirigencia política argentina no comparte las críticas dirigidas por Milei contra Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal. “La enorme mayoría del pueblo argentino y de la representación parlamentaria no adhiere”, señaló.

El diputado cuestionó que el deterioro bilateral se haya producido por razones ideológicas o partidarias. “Meternos en un despelote diplomático por apreciaciones ideológicas o partidarias es mucho peor”, dijo.

También comparó este episodio con otros cruces del Presidente con gobiernos extranjeros y mencionó el caso de China, donde, según su evaluación, hubo rectificaciones posteriores. En el caso de Brasil, consideró más grave que ya hubiera pasado un mes sin una señal de recomposición por parte del Gobierno argentino.

“Lo más grave de todo fue que después no hubo un pedido de disculpa”, afirmó. A su criterio, un conflicto entre dos países puede surgir por disputas territoriales, fronterizas o por recursos naturales, pero sostuvo que nada de eso explica la situación actual con Brasil.

Massot resumió esa preocupación con otra definición: “Darte el lujo de autoinfligirte un conflicto de esta naturaleza y no querer salir”. Atribuyó la persistencia de la tensión a la ausencia de una respuesta posterior de las autoridades argentinas.

Según Massot, las autoridades brasileñas manifestaron voluntad de restablecer el diálogo con la Argentina, aunque esperan un “tiempo prudencial” sin nuevas controversias antes de avanzar en una recomposición plena. La señal que Brasil espera, agregó, podría ser una disculpa o al menos el cese de las declaraciones públicas que profundizaron el conflicto.

“Si no es que va a haber una disculpa, que haya un silencio prudente”, planteó el diputado. Según su relato, esa actitud permitiría empezar a superar la controversia y recuperar los canales políticos e institucionales.

Consultado por el periodista Nacho Girón sobre si la relación política seguía congelada, Massot respondió: “Sigue así, sigue totalmente así”.

La agenda de la delegación incluye reuniones en la Cancillería brasileña, un encuentro con el ministro del Interior y contactos con senadores y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Nos van a recibir un grupo nutrido de senadores y diputados”, anticipó Massot sobre los encuentros previstos con representantes de distintos sectores políticos.

El programa sumó además una reunión con Celso Amorim, asesor de Lula da Silva en relaciones exteriores y excanciller durante los primeros mandatos del presidente brasileño. Massot explicó que, además de intentar encauzar la controversia actual, la misión busca institucionalizar una diplomacia parlamentaria continua entre los dos países.

“Estamos intentando encontrar canales en donde la diplomacia parlamentaria pueda establecerse de manera continua”, sostuvo. En el peor escenario, añadió, ese mecanismo serviría si la conducta del Gobierno argentino no cambia.

La propuesta apunta a que las relaciones bilaterales no desaparezcan

Al mismo tiempo, Massot explicó que la vía parlamentaria podría convertirse en un respaldo para normalizar la relación entre ambos países o, si eso no ocurre, en un canal alternativo para sostener el vínculo. “Tener establecido un mecanismo alternativo para que las relaciones bilaterales no desaparezcan”, definió sobre el objetivo de esa estrategia.

Aclaró que espera que esa herramienta no resulte necesaria, pero admitió su inquietud ante la falta de señales oficiales. Cuando fue consultado sobre si Milei busca recomponer la relación con Brasil, respondió: “No lo sé, la verdad”.

El diputado agregó que esa falta de reflexión posterior le parece “mucho más preocupante”, sobre todo porque, según dijo, dentro del Gobierno conocen el peso geopolítico y comercial de Brasil para la Argentina. También vinculó esa discusión con el reclamo argentino por las Islas Malvinas y cuestionó el trato hacia países que históricamente respaldaron esa posición.

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Para el mandatario, la declaración de Trump es “algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”. Así lo afirmó en la radio El Observador este martes. El tema dominó la reunión de Gabinete, donde el canciller Pablo Quirno expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas.

Tras las palabras de Trump, y entrevistado en Infobae en Vivo, el funcionario eligió un tono medido: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, señaló, pero al mismo tiempo fue cuidadoso al delimitar los alcances del movimiento del líder republicano: “Sobre lo que no tenemos control, no operamos”, señaló, y agregó: “Tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

Diplomáticos de la Cancillería argentina, consultados por Infobae, trazaron una distinción entre el plano discursivo y el plano práctico de que efectivamente haya un movimiento por parte de EEUU. “Lo que cambia en lo discursivo y en lo declarativo de manera pública es muy fuerte, porque inclina definitivamente la balanza sobre el tema”, señalaron. “Un eventual voto abierto a favor de Argentina en la ONU -graficaron- sería muy fuerte; es más simbólico que político, aunque a efectos prácticos, en lo concreto no cambia en nada”.

No es la primera vez que Trump utiliza la carta “Malvinas” en el tablero geopolítico. Ya hubo un episodio similar en abril, cuando se filtró un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba revisar el apoyo estadounidense al Reino Unido como represalia por la negativa de Londres a acompañar a Washington en operaciones militares contra Irán. En aquella ocasión, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificaron la posición de neutralidad. El propio Rubio descalificó el correo filtrado definiéndolo como “solo un email”.

En las antípodas de esa cautela oficial, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó en sus redes sociales otra visión: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”.

La reacción británica no se hizo esperar. John Healey, ministro de Hacienda del Reino Unido y primer funcionario en tomar la palabra, fue taxativo en declaraciones a The Times: “Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen”. El funcionario aclaró además que no recibió “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses al respecto. El portavoz oficial del primer ministro, Andy Burnham, sostuvo que la posición de su gobierno “no ha cambiado” y que el compromiso de Londres con los isleños es “inquebrantable”.

¿Una maniobra de presión a Londres o gesto político a un aliado?

Lejos del entusiasmo del Gobierno, varios analistas consultados por Infobae coincidieron en que la declaración de Trump debe leerse en clave de política interna británica y de las tensiones con la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía del archipiélago.

El politólogo Claudio Fantini planteó que hay que leer las palabras de Trump “como una advertencia, no como un anuncio”. Según su análisis, la verdadera motivación no es el debate sobre el gasto en defensa de la OTAN sino la indignación de Trump con Londres por haberle negado el uso de bases militares estadounidenses en territorio británico para operaciones vinculadas a la guerra contra Irán. “No es algo que sale de una convicción de lo que considera lo justo y lo adecuado respecto al tema de Malvinas, sino que tiene que ver con un castigo que Trump quiere hacerle a los gobiernos británicos”, afirmó Fantini, quien añadió que el componente ideológico también cuenta: se trata, en ambos casos, de gobiernos del Partido Laborista.

Para graficar la inconsistencia del mandatario, el analista político trazó una analogía con Corea del Sur. “Cuando Seúl también rechazó colaborar en el conflicto con Irán, Trump pasó a elogiar a Kim Jong-un y amenazó con reducir los ejercicios militares conjuntos, claves para mantener el equilibrio en la península coreana”, recordó. Y amplió: “Un tipo que a la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Un día escribe con la mano lo que al otro día borra con el codo sin hacerse mucho problema”.

Sin embargo, Fantini fue enfático sobre qué debería hacer el gobierno argentino: “Argentina tiene que salir a subrayar esta frase y no dejarla pasar”, afirmó, y señaló que si el cambio llegara a consolidarse como política de Estado, más allá de quién gobierne en EEUU, sería “una gran noticia” para Buenos Aires.

Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, fue más directo sobre el rol de Argentina en este tablero. Para el analista político, Malvinas es el pretexto más a mano que tiene Trump para presionar al gobierno laborista de Burnham y forzarlo a elevar el gasto en defensa al 3% del PBI. El timing, aseguró, no es casual: “Coincide con los trascendidos de que el propio Healey planeaba abandonar ese compromiso para 2030, con un anuncio presupuestario previsto para el 28 de octubre”.

La motivación de fondo, según Puricelli, va más allá de la OTAN: “Hacer ganar a la extrema derecha en todos los países en los que pueda es la meta primordial de Trump.” Forzar a Burnham a recortar salud, educación y bienes públicos para financiar el gasto militar, indicó a este medio, “alimentaría el malestar del que se nutren el demagogo Nigel Farage y el partido Reform”. “Los intereses de Argentina no entran en absoluto en consideración (de Trump) en su posible revisión de la postura sobre el estatuto legal de las islas del Atlántico Sur”, concluyó.

El politólogo Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, resumió su pronóstico en una línea: “Va a pasar lo mismo que con Groenlandia, nada”. La referencia no es arbitraria: a comienzos de 2025, Trump anunció con insistencia que Estados Unidos adquiriría Groenlandia -territorio autónomo bajo soberanía danesa- por razones de seguridad nacional, llegó a hablar de una “necesidad absoluta” y no descartó el uso de la fuerza. Dinamarca rechazó cualquier negociación, la comunidad internacional reaccionó con alarma y Washington no avanzó más allá de la retórica.

Más matizado en su análisis, el exembajador Diego Guelar, con pasado en las embajadas de Estados Unidos, Brasil y China, consideró que un eventual giro de Washington sería positivo para Buenos Aires, pero advirtió que las palabras de Trump están lejos de constituir una decisión de Estado. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó. Y fue más específico: “Si llegara a ocurrir, cosa que dudo, Milei se lo atribuiría como un logro de su administración, y tendría razón. Sin lugar debilita la posición británica”.

En los organismos multilaterales, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas siempre fue más compleja que la neutralidad que declara en público. En junio de 2026, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que exige al Reino Unido negociar con Argentina la soberanía del archipiélago -la misma que Londres sistemáticamente ignora desde 1965-. Desde entonces, no hubo más novedades.

El debate se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.

Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

El Gobierno apuesta una vez más a la agenda internacional para ganar protagonismo y generar expectativas. Javier Milei preanunció ayer, y en varias ocasiones, la futura declaración, vía cadena nacional, sobre la que no se conocen detalles, sobre las islas Malvinas. Mientras que otros miembros del Gabinete hicieron lo propio para sumar volumen al mensaje, incluido el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, detrás de las negociaciones y la estrategia.

Después del alivio que generó el período del Mundial en un momento difícil para el oficialismo por el caso Adorni y la significativa merma en las encuestas, en la Casa Rosada esperan con ansias la llegada del Papa, en noviembre, para que se genere un clima de “pacificación y unidad” en torno a su figura. Si bien temen que sus mensajes con foco social se transformen en dardos envenenados, creen que cualquier efecto negativo será neutralizado por el amplio y profundo despliegue de la visita.

La apuesta por la unidad en torno a Malvinas sigue esa línea, reconoció un asesor a este medio. Milei se encuentra aún en un momento delicado, y la preocupación aumenta a medida que se acerca el año electoral. Karina Milei y los Menem no logran reunir los votos para la reforma política que, creen, les aseguraría la reelección. Las ausencias y algunas performances discursivas del Presidente durante las últimas tres semanas generaron muchas más críticas que elogios. Y los últimos índices de opinión pública encendieron alertas en Balcarce 50.

El jefe de Estado buscará con su misterioso mensaje del jueves por la noche, que grabará por la tarde, generar un hito en su gobierno, que le de un puntapié para el año que viene. “Una causa justa”, lo describió Pablo Quirno en una columna que escribió en julio en La Nación y que se ocupó de reflotar sugerentemente anoche, en su cuenta de Twitter, para generar mayor expectativa.

En la misma tesitura, el Presidente se refirió en repetidas ocasiones ayer al tema. Lo preanunció en una entrevista por la mañana, se los transmitió a los ministros en la reunión de Gabinete, y luego el Gobierno comunicó oficialmente el detalle de lo dicho en el encuentro ministerial, algo no tan frecuente. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, había dicho por la mañana el jefe de Estado. La palabra “sagrada” sumó otro escalón a la expectativa, sobre todo porque se cuidó de no agregar ningún dato concreto.

Después le tocó el turno al vocero presidencial, Adrián Ravier, que confirmó la hora, pero remarcó que no diría nada más. Y más tarde, Milei volvió a hablar al respecto, en un tuit, donde, con críticas al periodismo por cuestionar el uso de la cadena nacional, volvió a darle centralidad al tema, dos días antes de efectivamente dar las novedades.

Detrás de la esmerada comunicación del aún desconocido asunto estuvo el equipo de Santiago Caputo, a quien responde, también, el canciller, Quirno, que también se dedicó a darle relevancia al tema en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, cuando expuso ante el Gabinete los avances de la Cancillería en materia de soberanía.

Horas antes de que el Presidente diera las primeras pistas, su principal asesor había dado algunas pistas en su cuenta de Twitter. Una manera, también, admitieron los propios, de demostrar que tuvo un rol central en las gestiones con Estados Unidos por el eventual cambio en la posición de neutralidad sobre el conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

El lunes, después de la frase de Trump, Santiago Caputo escribió en X: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas”. El énfasis en el rol que tuvo la SIDE en las gestiones sobre la futura medida fueron en el mismo sentido. El organismo de inteligencia responde al mando del estratega del Presidente, a través de su titular en los papeles, Cristian Auguadra. Hay quienes señalan que, así como Karina Milei “se quedó” con el manejo de la visita del Papa, la gestión del tema Malvinas, aunque silenciosamente, sería capitalizada por Las Fuerzas del Cielo.

En el Gobierno no temen que, con la imagen presidencial en baja y con poco margen económico para compensar, entre fuertes críticas opositoras por el desempleo y la suba de la morosidad, una distancia entre la expectativa generada y el anuncio real pueda representar un riesgo. Están confiados en que el aún insondable mensaje por cadena nacional del jueves valdrá la pena.

“Mauricio (Macri) era el principal impulsor de la eliminación de las PASO”, afirmó una importante fuente de Gobierno, luego de que el economista Hernán Lacunza, quien asegura que se presentará como candidato a presidente en 2027 por el PRO, planteara que intentar modificar el sistema electoral es “una reacción de casta”. Horas después de la declaración del referente amarillo, el Gobierno reflotó la intención de motorizar la reforma electoral en la Cámara de Senadores para las próximas semanas.

Más allá de la búsqueda de apoyos y del debate interno del partido amarillo, en Casa Rosada apelan a una vieja iniciativa del expresidente para tensar al PRO y llevarlo a acompañar la hoja de ruta del oficialismo en el Congreso. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, supo afirmar Macri en una entrevista al Canal 9 de Salta.

Los dichos son de agosto de 2017, cuando el exmandatario se encontraba al frente de la Presidencia de la Nación e impulsaba una reforma política que contemplaba que, en 2019, se utilizara el voto electrónico en todo el país, además de la eliminación de las candidaturas múltiples y las listas de colectoras para “simplificar” el proceso electoral.

Con ese antecedente, el Poder Ejecutivo apuesta a que el PRO levante la mano en el recinto y ayude a modificar el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El debate, que supondrá una intensificación de las negociaciones, podría comenzar en las próximas semanas, con el tratamiento en las comisiones de la Cámara de Senadores.

“Van a terminar apoyando la suspensión de las PASO”, planteó un funcionario de buena sintonía con el PRO, que además se mostró optimista con la posibilidad de cerrar acuerdos para concretar la reelección del presidente Javier Milei. Si bien el proyecto de máxima contempla la eliminación, la posibilidad de suspender es una de las alternativas que barajan en Balcarce 50.

Pese a la cercanía con La Libertad Avanza, el partido que fundó Macri aún no resolvió el debate en torno a la potencial eliminación de las primarias. Si bien coinciden con los libertarios en que el costo de organizarlas es alto, sostienen que en el pasado fueron determinantes para la construcción de las principales alternativas al peronismo en los últimos años: Mauricio Macri y Javier Milei.

Sin embargo, los dichos de Lacunza tampoco fueron bien recibidos en el campamento amarillo que toma distancia de su postura y se encolumna detrás de la decisión de negociar con el Gobierno, habilitada por el propio Mauricio Macri. Para eso, los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis visitan a Diego Santilli y a los primos Menem en Casa Rosada cada 15 días. “Lacunza habla por él, no es la voz del PRO”, subrayó Ritondo ante Infobae.

En los últimos días, el economista no solo aseguró que el PRO debe presentar candidato propio en 2027 y tomar distancia de los libertarios, sino que también cuestionó el programa económico de Milei. “Dicen que no hay que salvar a los morosos porque si no se van a volver a endeudar. Y sí salvamos a los evasores, con la inocencia fiscal. Hay una doble vara, porque estamos castigando a los cumplidores en términos relativos”, sostuvo en Infobae en Vivo.

Tras la acumulación de desmarques, en el oficialismo coinciden con Ritondo y sostienen que el exfuncionario se mueve por iniciativa propia. “El PRO no lo institucionalizó como candidato. Más allá de lo que dice, no hace giras por el interior y los propios gobernadores no se pronuncian por él”, explicó una fuente de la administración libertaria sobre el tema.

“¿En nombre de quién habla? No me queda en claro la representación que tiene, porque De Andreis parece que opina diferente“, se preguntó un integrante del Gabinete ante la consulta de este medio.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

El peronismo chubutense comenzó a mover sus fichas con un objetivo concreto: recuperar el poder provincial. El problema es que, antes de intentar desbancar a Ignacio “Nacho” Torres, deberá resolver una disputa interna que amenaza con convertirse en el principal condicionante de su estrategia electoral.

Dos sectores se disputan el liderazgo del espacio y, detrás de esa discusión, aparece la pelea por definir quién tendrá el capital político suficiente para encabezar una eventual candidatura a la gobernación.

Uno de los nombres que ya está en carrera es el del diputado nacional Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en la última elección provincial y pretende volver a ocupar el centro de la escena. Enfrente aparece Dante Bowen, intendente de Dolavon, que también busca posicionarse dentro del armado peronista y disputar la candidatura.

Por ahora, la rosca interna no encuentra un punto de equilibrio. Los dirigentes comparten actos, fotos y algunas actividades, pero ese acercamiento no se traduce necesariamente en una negociación que permita ordenar el tablero.

La posibilidad de una lista de unidad todavía no está formalmente descartada, aunque en el peronismo provincial son cada vez más quienes descuentan que la interna será el mecanismo para dirimir la candidatura.

“No descartamos una lista de unidad, pero todo indica que iremos a internas”, aseguró un dirigente del espacio, que reconoce las dificultades para alcanzar un acuerdo.

La discusión, además, incorpora un elemento que genera ruido puertas adentro: el antecedente electoral de Luque. “Un proceso de internas resolvería la postulación, aunque también hay que poner sobre la mesa que Luque ya fue candidato y perdió. Tal vez debería darle una posibilidad a Bowen de intentarlo”, sostuvo la misma fuente.

Pero no todos dentro del peronismo creen que una interna sea el mejor camino. Otro sector advierte que una disputa abierta podría profundizar la fragmentación y debilitar la estructura partidaria de cara a la elección general. “El que pierde, no acompaña. Y así el peronismo pierde fuerza”, resumen en el PJ.

En medio de esa discusión comenzó a circular una alternativa destinada a destrabar la pelea: que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino para que Bowen dispute la gobernación.

El problema es que quienes conocen al diputado no ven esa posibilidad como viable. Luque pretende conservar su lugar en la discusión provincial y difícilmente acepte retroceder posiciones en el tablero político. “¿De diputado a intendente, otra vez? No hay forma”, sostienen cerca del dirigente.

Torres consolida su armado

Mientras el peronismo busca ordenar sus piezas, Torres avanza en la construcción de su propio esquema electoral.

Aunque todavía no formalizó su intención, en el oficialismo dan por descontado que el gobernador buscará la reelección. El mandatario trabaja en ampliar su base de sustentación y sumar dirigentes por fuera de su espacio, con una lógica de construcción transversal que le permita llegar fortalecido a 2027.

En ese proceso, la reciente interna de la Unión Cívica Radical tuvo una importancia particular.

El resultado electoral en Esquel terminó favoreciendo a Gerardo Merino, un dirigente alineado con Torres y defensor del acuerdo entre el radicalismo y el gobernador. El intendente se impuso con 40 de los 65 votos de los delegados que participaron del plenario.

La elección interna tuvo una lectura que excedió las fronteras partidarias. Para el oficialismo provincial, el triunfo de Merino representa un respaldo al esquema de alianzas que Torres viene construyendo. Para sus adversarios internos, en cambio, la derrota supone un retroceso en el intento de modificar esa sociedad.

El propio gobernador se encargó de marcar la cancha: “La UCR es oficialismo”. Merino, tras la victoria, ratificó el alineamiento: “Tenemos que seguir acompañando al gobernador”.

El resultado, en definitiva, fortaleció la sociedad política entre Torres y el radicalismo y le permitió al gobernador sumar una cuota adicional de músculo territorial en su estrategia de reelección.

La Libertad Avanza espera definiciones

El otro actor que puede modificar el tablero es La Libertad Avanza.

La posibilidad de un acuerdo entre el espacio libertario y Torres todavía está en etapa de negociación. La definición, en buena medida, depende de las señales que lleguen desde la Casa Rosada y de cómo los armadores nacionales decidan ordenar el mapa electoral en Chubut.

Torres ya dejó en claro que no rechaza una eventual alianza, aunque puso condiciones y buscó diferenciarse de una eventual construcción exclusivamente electoral.

En un evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el gobernador sostuvo que los acuerdos deben tener un sentido político y de gestión.

“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, afirmó.

La frase no fue inocua. Torres busca preservar margen de maniobra y evitar que una eventual alianza con el espacio libertario termine condicionando su propio armado político.

Si finalmente no hay acuerdo, el diputado nacional César Treffinger aparece como una de las alternativas de LLA para disputar la gobernación. Por ahora, sin embargo, nadie mueve todas sus fichas.

El peronismo necesita ordenar su interna. Torres trabaja para ampliar su base política. Y La Libertad Avanza espera definiciones nacionales. El tablero de 2027 ya comenzó a moverse, aunque todavía quedan varias piezas por acomodar.

Hace una semana, el presidente Javier Milei reclamó a sus ministros que salieran a defender la gestión. Hablar de las bondades del modelo. Quien tomó la lanza fue Federico Sturzenegger, ministro de desregulación. Tras una columna dominical donde defendió cada paso de la tarea realizada, Milei la utilizó de ejemplo para debatir internamente cómo “bancar la parada” frente a lo que el mandatario considera un sinfín de operaciones.

Hay una suerte de obsesión por la comunicación. Casi como un ejercicio de coaching, se lanzó la frase: “La gente no llega a fin de mes”. Y se buscó salir de la encerrona que puede, en teoría del Gobierno, embarrar la discusión. Primero, plantarse. Luego empatizar. Esa fue la conclusión en Casa Rosada. Los ministros se quejan en voz baja de la falta de fondos. El ajuste permanente los obliga a administrar las deudas y resolver con poco y nada.

Hay, entre todas las miradas, un solo aspecto que genera inquietud unánime; concuerdan funcionarios con orígenes muy distintos: el salario. La dinámica del ajuste llevó a que los subsidios de los servicios cayeran. Los sueldos no subieron al ritmo de la inflación y, aunque así lo hicieran, el porcentaje fijo destinado a esos pagos generó un problema. En el horizonte inmediato no se observa un cambio en esa tendencia. “La economía creciendo en algún momento va a modificarlo”, señalan.

Por las dudas, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, comenzó a tomar medidas más pragmáticas que la sola espera del mercado. Algunas de estas últimas fueron la utilización de fondos del FGS para créditos hipotecarios y la intención de fijar un salario mínimo para algunos convenios laborales, así como también un aumento del sueldo de las Fuerzas Armadas por decreto.

La mora en las familias, por caso, no cesó. Todo lo contrario, subió. En julio de 2026, la irregularidad en los créditos a los hogares se elevó al 12,94% (frente al 12,77% de junio), según un informe de la consultora 1816 en base a los datos de deudores del BCRA. La mora privada total pasó al 7,73% y la de las empresas al 3,61%. La oposición ya mostró los dientes. Tiene el número para abrir el recinto el 9 de septiembre para tratar el tema, aunque el Gobierno no quiera. Por eso el oficialismo convocó a debatir en comisiones bajo reglas propias. Es un ensayo para desactivar esa iniciativa. La encuestadora Casa 3 de Mora Jozami preguntó a quienes tomaron un préstamo, accedieron a algún crédito o utilizaron la tarjeta para financiar gastos, si creían que podrían resolver sus deudas. Solo el 36% cree que sí. El 37% considera que no podrá hacerlo y otro 26% no sabe si podrá.

La mesa política también se reunió el martes. El principal punto que hoy se discute es cómo conseguir los votos para, al menos, suspender las PASO. Patricia Bullrich vuelve a tener la presión de su lado. Martín Menem en Diputados logró aprobar las reformas pedidas por el Presidente casi sin sobresaltos. Ahora la senadora deberá hacer lo suyo en un escenario complicado por los ruidos electorales de las provincias que comenzaron a sonar. Tucumán, donde Lisandro Catalán se lanzó con el aval de Karina Milei, es un ejemplo. El ruido de ese mensaje llegó a oídos de Osvaldo Jaldo, gobernador de esa provincia. Fue, además, uno de los principales aliados de Bullrich en cada sesión.

Las reformas que impulsa el Presidente no se van a detener. Su brazo ejecutor, Sturzenegger, no tiene otra idea en la cabeza. Lo próximo que piensa el ministro desregulador es el envío del proyecto por el mercado de capitales y una nueva ley de cabotaje. Quedaron en el freezer tras el tropezón por la ley de tierras. Pero ya se descongelaron y serán enviados en las próximas semanas, aunque con una estrategia distinta. Ahora la idea es tener el proyecto y buscar el aval de gobernadores o aliados. Una vez conseguido eso, presentarlo. Por último, defenderlo. “Tenemos que ir todos agarrados de la mano”, repiten. Desregular el mercado farmacéutico es otro objetivo. Hasta se imaginan un escenario así: Que una YPF rutera pueda vender medicamentos. “Acá en la ciudad estamos acostumbrados a una farmacia cada 60 metros. Pero en el resto del país no es así. Eso sería un alivio para muchísima gente”.

La visita del Papa León XIV no está ajena a disputas políticas, para nada exclusivas de la Argentina cuando se trata de la llegada de uno de los hombres más influyentes del planeta. El enfrentamiento, a veces silencioso y en ocasiones con ruido, entre las cúpulas eclesiásticas nacionales y el Gobierno es inobjetable. Marcelo Colombo, presidente del Episcopado, fue hasta Casa Rosada para ver a Karina Milei. El presidente nunca recibió a los obispos. El rango de Colombo, en la práctica, dialoga de igual a igual con el mandatario. Sin embargo, no quiso perder la oportunidad de tratar el tema con la secretaria general de la Presidencia para no dejar ningún detalle en manos exclusivas de Casa Rosada. Por eso estuvo junto a él Raúl Pizarro, arzobispo de Mendoza. Hay un temor de que el Gobierno acapare la visita. En ese sentido, fue el Poder Ejecutivo quien invitó al Papa. En el oficialismo observan a la Iglesia argentina casi como un desprendimiento de la oposición peronista. Quizás para calmar los ánimos fue que Colombo le regaló a Karina agua bendecida de la Virgen del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia), lugar donde la Iglesia Católica celebra las apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubirous en 1858.

Ese tipo de presentes son los que no abundan en el peronismo, donde se vive un estado de ebullición permanente. Una semana es por cuestiones electorales, a la siguiente por la elección de las autoridades partidarias y quizás después por alguna acusación de traidor soltada en X. Por estas horas, el capítulo elegido es el Poder Judicial y la eventual presentación de Cristina en Comodoro Py. La discusión comenzó en el Congreso. Antes de votar pliegos de jueces, el bloque del PJ acordó acompañar el ascenso de los Pablos: Yadarola y Bertuzzi. El primero de manera unánime, el segundo dividido. “No nos peleemos más con los jueces”, planteó José Mayans.

Nadie puede creer que Cristina Kirchner no haya sido la estratega de esa decisión. ¿Ya no existe la teoría del lawfare? “Yadarola es el juez en lo penal económico que analiza facturas truchas, que juzga si evadiste (...) con la tuya te revienta, salvo que alguna tarifa te exima de cualquier condena”. La frase pertenece a Cristina. Fue durante la semana en la que se conoció el viaje a Lago Escondido, en el cual participaron jueces, fiscales y operadores políticos. Una de las butacas fue de Yadarola.

Desde el kirchnerismo defendieron la votación aduciendo que la negociación fue positiva: “Nos dividimos en cuartos. Un cuarto del Gobierno, otro de los gobernadores, otro del PJ y el resto sueltos. ¿Cómo no lo íbamos a votar?”, dijeron a Infobae. Los gobernadores peronistas también presionaron para evitar un conflicto. “Votamos jueces, no el presupuesto de galletitas de una escuela rural”, añadieron a este cronista. Sobre la votación pesaron dos especulaciones. La primera, que Cristina entendió que la estrategia judicial de Martín Mena, Julián Álvarez y Wado de Pedro la llevó a un callejón sin salida. La segunda, que Cristina está citada para el viernes en Comodoro Py por la causa Hotesur - Los Sauces. Pero no irá sola. Por primera vez estará imputada junto a su hijo, Máximo.

Ayer por la tarde, en el acto para recordar el intento de asesinato que sufriera la ex presidenta, habló el jefe de La Cámpora en San José 1111. Agradeció a los partidos políticos que firmaron un documento para solidarizarse con ella. “Si ustedes supieran la cantidad de miserias que hay en la política...”, dijo. El MDF de Axel Kicillof no lo firmó. “No somos un partido, somos un movimiento que nuclea a varios espacios”, advirtieron a este cronista. Ante la consulta a uno de sus principales dirigentes por la ausencia de distintas figuras, la respuesta sobrevino con humor: “Hubieran avisado, nadie nos invitó”. En simultáneo, Máximo pedía cantar más fuerte la última melodía camporista: “Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende (...) Si querés otra canción, vení, te presto la mía”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida, que involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal. Fuera de las franjas establecidas, las operaciones continuarán con normalidad, pero los pasajeros con vuelos previstos en esos lapsos podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.

El conflicto tiene como trasfondo una acumulación de incumplimientos que el sindicato atribuye al gobierno nacional. Según ATE, desde enero las autoridades no han abonado adicionales salariales acordados en paritarias, y la negociación sectorial sigue sin reabrirse. A eso se suma, según el gremio, un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El dirigente también responsabilizó directamente a las autoridades por las consecuencias que pueda tener la medida sobre el tráfico aéreo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.

En la misma línea, Aguiar precisó que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”.

El secretario general cerró su postura con una advertencia: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

El paro no implica la suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas. El impacto estará acotado a las franjas de protesta y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias. Por ese motivo, desde ATE indicaron que la medida fue comunicada con anticipación para que los distintos actores del sistema pudieran organizarse.

El reclamo gremial se inscribe en un contexto más amplio. Según ATE, el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, los empleados de ANAC sostienen que su situación es especialmente crítica, dada la naturaleza de las tareas que realizan en un sector considerado estratégico.

El sindicato también puso en foco una obra en curso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: advirtió que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal, de carácter millonario, avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área, lo que, a su entender, compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros por la falta de herramientas y recursos adecuados para su ejecución.

Ante la falta de respuesta oficial, ATE formalizó tres demandas concretas: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos. El gremio sostuvo que, si el Gobierno no da respuesta a esos reclamos antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a las ex máximas autoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por su presunta responsabilidad en la causa por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, un expediente que hasta ahora vincula el caso con 90 muertes.

La decisión alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME. Kreplak las consideró, prima facie, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura que en esta causa aparece asociada además con lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otros paciente.

Además, el magistrado ordenó para cada una un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de bienes. Las dos seguirán en libertad, aunque continuarán sujetas a la prohibición de salir del país, deberán presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

En ese contexto, el juez sostuvo que, aunque el ministro de Salud conocía aspectos generales del caso, no existen hasta ahora elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal. Según la resolución, las decisiones políticas que surgían de la cartera sanitaria apuntaban a impedir que las empresas continuaran operando y no a facilitar su funcionamiento. Kreplak diferenció así esa línea de acción de las demoras y omisiones que, de acuerdo con el expediente, se registraron en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El alcance

La resolución representa un avance en la investigación porque desplaza el foco más allá de quienes fabricaron y comercializaron los medicamentos cuestionados. Para Kreplak, también debe analizarse la actuación de las máximas autoridades estatales que tenían a su cargo el control sobre los laboratorios.

Según el fallo, las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y existían herramientas administrativas para impedir que ambas firmas siguieran operando en esas condiciones. En ese punto, el juez entendió que la inacción de las áreas responsables tuvo incidencia en la circulación de los productos.

El fallo fue especialmente duro con Mantecón Fumadó. El juez sostuvo que la entonces responsable del INAME “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y que contaba con facultades suficientes para adoptar medidas orientadas a resguardar la salud pública.

De acuerdo con la resolución, sus omisiones frente a advertencias formuladas por áreas técnicas del organismo y su conducta posterior no encontraron justificación en las declaraciones que brindó durante las indagatorias. El expediente destaca, además, el manejo de las llamadas cartas de advertencia, una herramienta administrativa clave frente a incumplimientos detectados durante inspecciones.

Kreplak señaló que Mantecón se apartó de los plazos reglamentarios para emitir la carta de advertencia correspondiente a Laboratorios Ramallo, mantuvo reuniones formales e informales con representantes de las empresas y “cajoneó” durante más de cuatro meses el proyecto de Carta de Advertencia contra HLB Pharma.

La diferencia entre ambas compañías ocupó un lugar central en la imputación. La carta dirigida a Ramallo fue firmada el 10 de febrero de 2025 y dispuso la inhibición de toda su actividad productiva. En cambio, la proyectada para HLB Pharma, que incluía de manera expresa una prohibición de comercialización, nunca llegó a firmarse.

Para el juez, ese punto fue determinante porque permitió que medicamentos elaborados en condiciones objetadas continuaran en circulación. En esa línea, afirmó que “no podía ya permitirse la circulación de nada” producido bajo parámetros semejantes a los detectados durante las inspecciones.

El procesamiento de Bisio, máxima autoridad de la ANMAT durante el período investigado, siguió una lógica semejante.

Según Kreplak, Bisio no podía desligarse de lo que ocurría en el INAME, ya que ese instituto dependía directamente de la ANMAT y ella conservaba facultades para intervenir frente a una eventual inacción de sus subordinados. El juez recordó, además, que fue la propia ex funcionaria quien firmó el 12 de mayo de 2025 la disposición que prohibió el uso y la comercialización del lote 31.202 de fentanilo HLB, cuando las muertes ya se habían verificado.

El acuerdo

Para Kreplak, la situación de Bisio era distinta. La ex titular de la ANMAT conocía las irregularidades y, además, actuaba como nexo entre las decisiones políticas del Gobierno y las áreas técnicas encargadas de ejecutarlas. Aun así, según el magistrado, mantuvo una actitud “pasiva y permisiva” que terminó favoreciendo la continuidad operativa de los laboratorios.

Uno de los episodios centrales ocurrió durante la reunión del 14 de enero de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, allí las máximas autoridades sanitarias acordaron con representantes del laboratorio postergar la emisión de las cartas de advertencia y dar tiempo para que la empresa iniciara correcciones internas. Al día siguiente, la firma envió al INAME un supuesto plan para subsanar las deficiencias detectadas en inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024.

Las víctimas

La resolución también incorporó información surgida de la última indagatoria de Mantecón, realizada el 31 de agosto. La ex funcionaria había dicho antes que en reuniones convocadas en el Ministerio de Salud participaban abogados penalistas y había prometido aportar sus identidades. Cuando Kreplak le preguntó específicamente por esos nombres en su última declaración, la ex directora omitió responder.

El expediente contabiliza hasta el momento 134 víctimas vinculadas con los hechos investigados, de las cuales 90 murieron, y registra 47 querellas. Al fijar los embargos, el juez también tomó en cuenta las eventuales indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes realizados y la magnitud económica que podría derivarse de la responsabilidad atribuida en la causa.

LOS ARGUMENTOS PARA PROCESAR A BISIO

En su resolución de 292 carillas el magistrado destacó los principales argumentos que pesaron para procesar a las dos máximas responsables de controlar que los laboratorios medicinales cumplan con las normas de buena fabricación y que sean seguros para la población.

Cargo y jerarquía: “Nélida Agustina Bisio, médica psiquiatra de formación profesional, ingresó a la planta de personal de la ANMAT cuando se creó el organismo en 1992. Fue designada su Directora Nacional el 27-12-2023, cargo que ocupó hasta el 5-1-26.”

Responsabilidad superior sobre el INAME: “De ninguna manera implica que su superior jerárquico, la Dra. Bisio, pudiera haberse desentendido o de hecho se hubiera desentendido de lo que ocurrió con estos laboratorios.”

Capacidad probada de actuar (contraargumento a su defensa): “La decisión de prohibir el uso y comercialización del lote 31.202 de fentanilo HLB al constatarse las muertes que estaba causando, del día 12-5-25, por medio de la Disposición ANMAT Nº 3156/25, fue adoptada únicamente por la Dra. Bisio. Sin intervención de Mantecón.”

Conocimiento efectivo de los hechos: “Se encuentra probado fuera de toda duda que Bisio tuvo conocimiento actual de cuanto acontecía en estos sucesos, al menos en sus aspectos más relevantes, incluso reconocido por la propia imputada.”

Rol de “polea de transmisión” política: “Se encuentra probado que la jefatura de ANMAT funcionaba como polea de transmisión de las decisiones políticas en la materia que se adoptaban desde el Ministerio, en sentido descendente, y de aporte de información para decidir políticamente, en sentido ascendente.”

Actitud pasiva y participación activa: “Pese a encontrarse en conocimiento pleno de las circunstancias relevantes del caso y de la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios sujetos a control del organismo a su cargo. No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.”

Participación en la reunión clave del 14.01.2025: “Las máximas autoridades del único organismo nacional competente para la vigilancia y control de la fabricación de medicamentos acordaron con el propietario de uno de los laboratorios que más alertas y reportes había recibido diferir la emisión de las cartas de advertencia y, en su lugar, conceder un tiempo suficiente para que el laboratorio diera inicio a las acciones correctivas internamente.”

Firma de la Carta de Ramallo sin obligación reglamentaria: “La demora en la firma de la Carta de Advertencia de Ramallo que, por otra parte, cuenta con la rúbrica de Bisio a pesar de no ser reglamentariamente necesaria, le resulta plenamente atribuible y, por lo tanto, las consecuencias delictivas que ello acarreó.”

Falta de firma de la Carta de HLB: “El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de Administradora Nacional de la ANMAT.”

Insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario: “En ambos casos se verifica, efectivamente, un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario al cual se encontraba obligada como titular de la ANMAT.”

Mensajes atribuidos: se cita un chat: “Agustina: Que sea discreto la retirada a sus casas / Gabriela: Si. Van de a poco.”

ARGUMENTOS PARA PROCESAR A MANTECÓN FUMADÓ

Posición funcional determinante: “Mantecón Fumadó integraba una de las piezas centrales del poder de policía sanitario del Estado Nacional a cargo del registro, control, fiscalización y vigilancia de la calidad y sanidad de los medicamentos y productos médicos.”

Omisión de sus deberes: “Como tal, tenía a su cargo, para la época de los hechos investigados en autos, adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para conjurar el riesgo sanitario no permitido utilizando, para ello, los criterios y procedimientos administrativamente reglados. No lo hizo.”

Contribución al riesgo: “Con su obrar contribuyó, antes de la fabricación del fentanilo contaminado, a que el laboratorio continuara operando sin impedimentos pese a las graves y persistentes irregularidades que venían siendo observadas; y, posteriormente, a que el laboratorio pudiera liberar al mercado este potente opioide sintético producido en pésimas condiciones de esterilidad”.

Conocimiento acreditado y omisión deliberada: “A pesar de haber tomado conocimiento de las serias irregularidades detectadas en el funcionamiento del laboratorio, con conocimiento de sus pésimos antecedentes y teniendo sobre su escritorio la opinión de las áreas técnicas subordinadas de su propio organismo en ese sentido, omitió adoptar las medidas preventivas y correctivas amplias y graves que correspondía”.

Sustitución de medidas reglamentarias por reuniones informales: “De forma plenamente consciente -aunque con explicaciones triviales y contradictorias- dejó vencer los plazos administrativos para hacerlo (dos días hábiles) para, en su lugar, concertar una reunión con los responsables de facto de los laboratorios en las oficinas de la ANMAT, demorando finalmente la adopción de medidas concretas y limitándolas notoriamente en su alcance.”

Carta de Advertencia de HLB nunca firmada: “La Carta de Advertencia de HLB Pharma Group nunca se firmó. De hecho, su trámite quedó paralizado en la Dirección del INAME por varios meses sin ningún tipo de movimiento. Se ‘cajoneó’.”

Demora deliberada en la publicidad de la Carta de Ramallo: “La demora en dar publicidad a la Carta de Advertencia de Ramallo recién suscripta el 10.02.2025, diez días hábiles más tarde de esta última fecha, en el sitio web institucional de la ANMAT -tal como manda la normativa aplicable-, fue producto de una decisión deliberada de Mantecón Fumadó como máxima responsable del INAME.”

Antecedente de conducta similar: Se cita un chat de 2023: “Maiorano: Le recordaste a Mantecón q no publique?... Ariel Cons: No le puedo recordar, fue lo pactado en la reunión”.

Contradicciones en su declaración indagatoria: “Se le preguntó específicamente cuáles eran los plazos y medidas que debía observar para cumplir fielmente los reglamentos, no supo responder. Esta omisión, la de 48 horas prevista reglamentariamente, recién pudo aportarla en su segunda declaración indagatoria, y luego de tres escritos de descargo.”

Elemento subjetivo (dolo): “contaban con acabado conocimiento de los riesgos que con sus conductas generaban, cuando estaban en condiciones de emprender la conducta debida que les hubiera permitido evitar la concreción del peligro no permitido y, a la postre, del resultado típico”.

Con la resolución del magistrado, la causa suma quince procesados. Los primeros trece eran los responsables y directivos de los laboratorios Ramallo S.A y HLB Pharma, propiedad de Ariel García. De ellos, tres están presos, otros tres en prisión domiciliaria y los otros siete en libertad mientras dura el proceso. El mismo beneficio que, hasta ahora les fue concedido a las dos ex funcionarias.

El dirigente, que fue el único orador de la jornada convocada por el Partido Justicialista (PJ), agradeció a “cada amigo, amiga, compañero, compañera, argentino, argentina” que mostró solidaridad durante estos cuatro años, más allá de la posición política de cada uno. También reconoció a los partidos que firmaron el documento difundido en el marco del aniversario, aunque no ahorró ironía al respecto: “Si ustedes supieran la cantidad de miserias que hay en la política”, lanzó, entre aplausos.

El repaso de Máximo Kirchner volvió al 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner volvía del Senado a su domicilio tras una reunión con representantes de Petronas por Vaca Muerta y el gas licuado. Según describió, esos días habían estado marcados por “un hostigamiento permanente” hacia la ex mandataria, al punto de recordar el episodio de unas vallas colocadas esa mañana y retiradas horas después. En ese contexto, apuntó contra el Poder Judicial a los que acusó de haber tratado a la ex presidenta “como una verdadera mierda humana”, en sus palabras, para preparar el terreno antes del ataque.

El diputado recordó que, tras conocerse el fallo del intento de magnicidio, hubo quienes sostuvieron que el arma usada era “un objeto brilloso, chiquitito” y no una pistola, hasta que las imágenes del hecho terminaron por desmentir esa versión.

Máximo Kirchner trazó además un paralelismo entre el trato judicial que recibió Cristina Kirchner y el que tuvo Fernando de la Rúa, expresidente que dejó el poder en 2001 en medio de una crisis con 50 muertos y sin que, según el dirigente, el Poder Judicial le “haya hecho cosquillas”. En contraste, describió que la ex mandataria terminó su gestión en 2015 con la Plaza de Mayo colmada de militantes que fueron a agradecerle, y que hoy permanece con arresto domiciliario en San José 1111.

Buena parte del discurso estuvo dedicada a la situación económica actual. El diputado habló de familias que ya no pueden pagar la factura de luz, de jóvenes sin expectativas de futuro y de casos de suicidio vinculados a la crisis, un fenómeno que, remarcó, no distingue entre votantes peronistas y no peronistas. Mencionó también la Asignación Universal por Hijo como una de las políticas que, a su entender, mejoró la vida cotidiana de las familias durante los gobiernos kirchneristas.

Sobre el sector energético, Máximo Kirchner sostuvo que la recuperación de YPF y de Vaca Muerta, impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner, buscó generar valor agregado dentro del país y no solo aumentar la explotación de petróleo y gas. En ese punto, cuestionó que las petroleras y energéticas giren ganancias en dólares al exterior mientras las tarifas domésticas se dolarizaron. También responsabilizó al expresidente Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y recordó que el gasoducto se terminó de construir recién con fondos del impuesto a las grandes fortunas.

Hacia el final, el diputado volvió sobre la candidatura de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en 2019 y remarcó la rapidez con la que, según dijo, reaccionó la Justicia en aquel momento, en contraste con la lentitud que —afirmó— caracteriza a los trámites de adopción y a las denuncias de violencia de género. Cerró su intervención con una descripción de la rutina de la ex mandataria durante su arresto domiciliario: “Todos los días disciplinadamente hace gimnasia, lee todo, estudia, se prepara”, dijo, y agregó que Cristina Kirchner “no practica la autocompasión ahí arriba” y que por eso, remarcó, llevó su reclamo por derechos políticos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El acto se desarrolló sin invitaciones formales, bajo la consigna de que “el que quiera puede venir”, según indicaron desde el entorno de la familia Kirchner. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no fue convocado ni participó de la organización, en un vínculo con el sector cristinista que continúa limitado a acuerdos políticos y electorales puntuales.

En una jornada de hiperactividad, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política para definir los próximos pasos que adoptará el oficialismo en el plano legislativo. Aún con varias fechas por definir del cronograma, el reducido círculo debatió sobre las estrategias para avanzar con el tratamiento de la reforma electoral, que comenzará a discutirse en los próximos días, y aprobar los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.

Una fuente asistente reveló a Infobae que la reforma electoral integró el temario que incluyó otros temas de menor relevancia. Luego de la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, anticipara que el oficialismo volvería a la carga con la normativa, el reducido círculo se prepara para impulsar el tratamiento del tema el 15 de septiembre en reunión de comisión en la Cámara Alta.

Se trata de la misma fecha en la que está prevista la presentación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, otras voces de la administración libertaria sostienen que el debate por la reforma podría anticiparse a la próxima semana. “Quizás arranca antes”, afirmó otra voz de Balcarce 50.

En Balcarce 50 consideran que la eliminación de las elecciones PASO, herramientas con la que el peronismo podría ordenar su interna, beneficiarían al sello en las elecciones de 2027. “Mandamos el proyecto para tratarlo este año. Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado”, resumió una importante fuente.

La idea del Poder Ejecutivo es dar tratamiento al proyecto completo, que incluye también Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, puntualizó Bullrich.

Días atrás, la legisladora había anticipado los movimientos del oficialismo, aunque con dudas en torno a los apoyos. “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, supo afirmar.

Otro de los puntos del temario de este mediodía giró en torno al convocatoria para el miércoles 9 de septiembre que formalizó la oposición en Diputados sobre dos temas incómodos para la administración libertaria: por un lado, la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, y por el otro, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

Pese a la detección de los primeros movimientos en clave electoral, que tuvieron lugar en el Congreso la semana pasada, en Balcarce 50 le bajan el precio al número que alcanzó la oposición en la Cámara de Baja durante la última sesión. “Eso es humo”, resumió una fuente con acceso al despacho presidencial.

En otro pasaje del intercambio en Casa Rosada, que duró poco más de dos horas, los alfiles políticos abordaron los detalles de la cadena nacional por la cuestión de Malvinas que grabará el presidente Javier Milei este jueves a las 16. La comunicación se emitirá a las 21 del mismo día y tendá lugar tras los dichos de su par republicano, Donald Trump, quien anticipó que “revisará” la posición de Estados Unidos en torno al conflicto.

Asimismo, Karina Milei compartió con los asistentes de la mesa política el avance en los preparativos para la visita del papa León XIV, dado que se encuentra a la cabeza de la coordinación de la agenda y el operativo de seguridad junto con la delegación de representantes enviada por El Vaticano.

A excepción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina de Norte, Estados Unidos, con motivo del G20 de Finanzas, asistieron todos los miembros a la convocatoria que tuvo lugar el las oficinas del Ministerio del Interior. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe del área, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.

Si bien en los últimos encuentros, el círculo convocó a integrantes del Gabinete a que participen de manera eventual, en esta edición no hubo asistencia por fuera de la composición habitual.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, deberán esperar para ver avances legislativos en dos proyectos de ley que enviaron tiempo atrás al Senado bonaerense. Uno para crear un centro de industria farmacéutica bonaerense, a partir de la puesta en marcha de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal, y otro para formar el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Este martes y tras la exposición de Kreplak la semana pasada ante senadores oficialistas y opositores, se reunió la comisión de Salud. Ambas iniciativas estaban en el orden del día, pero los proyectos quedaron en estudio.

Detrás de la idea de que las iniciativas sigan en estudio hay varios frentes, pero uno de ellos no escapa a la discusión interna del peronismo, que se evidencia por momentos en la Legislatura bonaerense y puntualmente en la Cámara Alta. El bloque de Fuerza Patria que preside Sergio Berni tiene tres sectores bien marcados: los legisladores kirchneristas, quienes forman parte del Frente Renovador de Sergio Massa y los que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof. Pese a la complejidad que representan estas iniciativas, las diferencias políticas se hacen sentir.

Tras la reunión de este martes, integrantes de la comisión advirtieron que las desavenencias son expuestas por el senador Mario Ishii. Hoy por hoy, el intendente en uso de licencia de José C. Paz no acompaña los proyectos de Kicillof. Ishii pide que la participación estatal en la creación de un laboratorio sea del 100% y no del 51% como está escrito. Entiende que el Estado tiene que tener el control total y no darles lugar a los privados. Para el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, el argumento de su par paceño es válido. Berni sostiene que las iniciativas tienen dos puntos controvertidos: el sistema integrado quiere regular lo que puede hacer o no un privado, cuando atender a un paciente tiene altos costos y esa pérdida la clínica la absorbe con otras prestaciones. El legislador desliza que los privados no quieren que se defina si se puede o no brindar un servicio. Mientras que con respecto al proyecto del laboratorio cree que dar un 49% de participación privada “es para que el sector haga negocios”.

En la comisión de Salud, Fuerza Patria tiene cinco integrantes y los bloques no peronistas —que están divididos entre La Libertad Avanza, el PRO y Hechos—, cuatro. Hoy por hoy, el titular del bloque, el kicillofista Pedro Borgini, cuenta con cuatro votos. Le falta uno: el de Ishii. El legislador participó de la reunión de comisión de manera virtual, al igual que Diego Valenzuela de La Libertad Avanza.

Los movimientos de Ishii en la Cámara Alta vienen dando muestra de cómo es la relación entre las terminales de Kicillof y el kirchnerismo. Por caso, presentó un proyecto de ley para que la Provincia declarara la emergencia en salud, algo que no sucedió, aunque generó ruido. También pulseó —y consiguió— la vicepresidencia de la Cámara cuando se discutió el reparto de autoridades.

Durante la reunión de la comisión, la senadora por La Cámpora, Roxana López, le planteó que “la complejidad del sistema de salud es clave y es nuestra responsabilidad trabajar en consecuencia”, insinuando que había que conseguir los votos. El titular de la comisión contestó: “Lo vamos a seguir haciendo”.

Es la tercera vez que el Poder Ejecutivo gira los proyectos a la Legislatura. Con respecto a la creación de un laboratorio, el mismo ya había sido aprobado en Diputados, tras modificaciones hechas en la Cámara baja, como la creación de una comisión bicameral que monitoree el eventual funcionamiento; al igual que con el proyecto para crear un sistema para la atención de emergencia, conocido como el proyecto de ambulancias, que esta vez no fue replicado por el Ejecutivo.

La semana pasada, Kreplak había asistido al Senado. Se reunió con los integrantes de la comisión de Salud. Allí, el ministro de Salud de la gestión de Kicillof, advirtió que “estos proyectos no son para beneficiar a una gestión”, sino que “estamos pensando en un sistema de salud a largo plazo”.

“Es la tercera vez que lo presentamos y esperamos que podamos tener apoyo legislativo. Toda la producción pública de medicamentos que la Provincia quiere realizar tiene una organización administrativa que el resto del país ya abandonó hace más de 30 años. Lo que hace este proyecto es fortalecer también una política pública que la provincia tiene hace ya muchísimo tiempo”, explicaba el ministro al salir de la reunión con legisladores la semana pasada.

La iniciativa sobre el sistema sanitario apunta a coordinar bajo la conducción del Ministerio de Salud provincial a los sectores público, privado y de la seguridad social, una estructura que hoy funciona de manera fragmentada. El otro proyecto busca reforzar la producción pública de medicamentos para abastecer a la provincia y a los municipios, bajar costos y resolver obstáculos operativos que afectan al sector.

El primer texto propone la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires, conocido como SIPBA. Su propósito es establecer un marco jurídico que organice el sistema sanitario bonaerense, algo que, según sostuvo el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, hoy no existe en la provincia. Uno de los cambios centrales en el sistema integrado es la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados. Esa estructura, sostienen en Salud, ordenará la atención de acuerdo con distintos niveles de complejidad, con la intención de integrar la respuesta sanitaria dentro de un esquema común.

Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora de Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), amplió su declaración indagatoria en la causa por el fentanilo contaminado y dejó una advertencia dirigida a quien fue su superior jerárquica, Agustina Bisio, la ahora ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quien junto a ella está imputada en la causa que investiga el juez federal Ernesto Kreplak. Como en los programas de la farándula, la farmacéutica advirtió que tiene en su poder una grabación de una conversación telefónica entre ambas, realizada por consejo de su abogado, Marcelo Rochetti, cuyo contenido —adelantó— generará sorpresa cuando se conozca.

“La sorpresa se la va a llevar (Bisio) cuando sepa que la conversación la tengo grabada”, afirmó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, en la audiencia realizada el 31 de agosto.

La imputada, de 56 años y profesional de carrera dentro del organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, pidió ampliar su declaración indagatoria después de revisar los testimonios de Bisio y de otra funcionaria del organismo, Mariela Baldut. “Quiero hacer algunas aclaraciones porque entiendo que muchas afirmaciones de aquellas son maliciosas”, justificó al iniciar su descargo.

Qué se le imputa en la causa

El hecho que se le atribuye a Mantecón Fumadó consiste en haber omitido, como directora nacional del INAME, la toma de decisiones administrativas relativas al control, la supervisión y la vigilancia de la fabricación, distribución, venta, uso y retiro del mercado de fentanilo adulterado con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica. Se trata de los lotes 31202 y 31244, compuestos por 154.530 y 151.430 ampollas respectivamente, elaborados por Laboratorios Ramallo SA para HLB Pharma Group entre el 18 y el 19 de diciembre de 2024 y liberados al mercado el 4 y el 6 de enero de 2025.

Los laboratorios son propiedad del ya detenido Ariel García Furfaro, uno de los trece procesados que tiene, de momento, el expediente.

Según la resolución de la fiscal María Laura Roteta, esas omisiones implicaron no adoptar medidas previsibles, propias de las facultades de su cargo, que hubieran evitado los resultados dañosos pese a contar con conocimiento suficiente del riesgo sanitario.

El suministro del fentanilo contaminado, desde febrero de 2025, en quirófanos, salas de cuidados intensivos y servicios de neonatología de distintos establecimientos de salud del país, derivó en al menos 90 pacientes fallecidos y otros 43 con secuelas, registrados por nombre, edad y fecha de fallecimiento en el legajo, entre ellos de Renato Nicolini, de 18 años; Néstor Gabriel Carri, de 74; y Luis Eduardo Zabala, de 69, todos fallecidos en el Hospital Italiano de La Plata.

La propia ex funcionaria, al describir el episodio en su descargo, llegó a mencionar una cifra cercana a “la muerte de casi cien personas” provocada, según su versión, por decisiones tomadas “a sabiendas” por el personal del laboratorio.

Bisio “no habló durante toda la reunión”

Uno de los ejes centrales de la ampliación fue el intento de la ex titular del máximo organismo de control sobre los laboratorios que elaboran y comercializan medicamentos de desacreditar el testimonio de su ex jefa Bisio sobre una reunión clave, realizada el 14 de enero de 2025 con directivos de Ramallo y HLB Pharma en la sede central de la ANMAT, en la que ambas funcionarias les dieron un plazo a los responsables del laboratorio para presentar documentación que decían no haber podido subir al expediente por su volumen.

Según Mantecón Fumadó, Bisio afirmó en su propio testimonio que “no habló durante toda la reunión”, una versión que la exdirectora del INAME rechazó de manera directa.

“Eso no es verdad, ella trató de morigerar los modos en que se llevaba la reunión, apoyó todos mis dichos”, sostuvo Mantecón Fumadó, quien agregó que tampoco es cierto que Bisio se haya retirado del encuentro antes que los representantes del laboratorio. “La consigna justamente era que yo no tuviera que quedar sola frente a los directivos”, señaló. Entre los presentes estaban el empresario Ariel García Furfaro y su hermano Diego (también preso). Con este argumento, la ex funcionaria buscó instalar una contradicción entre lo declarado por su ex superiora y lo que, según su relato, ocurrió realmente en esa reunión.

La coincidencia sobre la “ventana de tiempo”

Otro de los señalamientos más fuertes del descargo apunta a una supuesta coordinación entre las dos testigos respecto de un concepto puntual: la existencia de una “ventana de tiempo” cuestionada en la firma de una carta de advertencia al laboratorio (esto es para prohibir la fabricación de medicamentos y retirarlos del mercado por fallas en la elaboración).

Mantecón Fumadó argumentó que fue Bisio, y no ella, quien mencionó por primera vez esa expresión, durante una llamada telefónica del 20 de agosto de 2025, el mismo día en que la entonces funcionaria dejaba su cargo.

“El mismo tiempo me lo mencionó Bisio el día que yo me estaba yendo de mi cargo, el mismo 20/8/2025, cuando me estoy retirando. La doctora Bisio me llamó por teléfono, me dijo que venía al INAME, tuvimos una conversación, hablamos de varios temas”, relató.

Y remarcó lo que interpreta como un indicio de que ambas declarantes (Bisio, como ella, esta imputada) testigos coordinaron sus versiones: “Me llama la atención que Baldut haya mencionado la ventana de tiempo, porque Bisio hablaba de la ventana de tiempo”.

Según su relato, esa conversación se produjo en su despacho y fue grabada con el teléfono celular por consejo de su defensor, el abogado Marcelo Hugo Rocchetti, quien —de acuerdo con lo que ella misma contó ante el tribunal— le sugirió: “Si tenés una conversación con ella, grabala”.

Mantecón Fumadó negó de manera categórica haberle pedido ayuda a Baldut para justificar esa demora. “En ningún momento le pedí que me ayudara a justificar un acto que yo había cometido de manera ilegal o fuera de lugar en el cumplimiento de mi función. Lo que haya interpretado Baldut es un problema del que no me puedo hacer cargo”, sostuvo, y anunció que presentaría un pendrive con el registro de audio como prueba de su versión.

Quién es Mariela Baldut y las acusaciones cruzadas dentro del INAME

Mariela Baldut ocupaba, dentro del INAME, la jefatura del área de vigilancia postcomercialización y acciones reguladoras, la dependencia a la que llegó, el 5 de mayo de 2025, el primer reporte sobre los lotes de fentanilo contaminado. Su declaración testimonial forma parte central del expediente y fue, junto con el de Bisio, uno de los dos testimonios que motivaron el pedido de ampliación de Mantecón Fumadó.

Según reconstruyó la propia imputada, Baldut sostuvo en su testimonio que no había que avisar al laboratorio antes de la inspección de noviembre de 2024, que Mantecón Fumadó no cursaba en tiempo los expedientes que llegaban a su despacho y que, en un chat con otra persona, la entonces directora del INAME le habría pedido ayuda para justificar la demora en la firma de la carta de advertencia a Ramallo.

También le atribuyó haber afirmado, el 5 de mayo de 2025, que el fentanilo “iba a retiro” del mercado, algo que Mantecón Fumadó calificó de falso: “No es verdad que ella el 5 de mayo de 2025 haya dicho ‘esto va a retiro’. El informe de criticidad y toda la información la recibió después del 5 de mayo”, afirmó, y precisó que el expediente con la propuesta de retiro del lote 31202 recién le fue elevado el 8 de mayo.

La ex funcionaria calificó de “maliciosa” la intención de Baldut al sostener que los expedientes no habían tenido curso administrativo. “Ella sabía que los expedientes salieron en tiempo y forma”, aseguró, y agregó que había acompañado un enlace de Google Drive con el seguimiento completo de todos los trámites para demostrarlo. También cuestionó que el criterio personal de Baldut sobre la conveniencia de avisar o no a los laboratorios antes de las inspecciones se convirtiera “retrospectivamente en el único criterio a tener en cuenta”, dado que, según explicó, dentro del organismo “hay muchos criterios” y el que sostiene la ANMAT como institución es distinto y anterior a su gestión.

Las reuniones con directivos de Ramallo y HLB Pharma Group

El expediente reconstruye una serie de encuentros entre funcionarios del INAME y representantes de los laboratorios investigados. En octubre de 2024, Ramallo se comprometió mediante un acta a determinadas condiciones que después no cumplió, lo que sumado a nuevos reportes sobre parenterales de gran volumen y ampollas plásticas derivó en la inspección de noviembre de ese año. Tras esa inspección, el 27 de diciembre de 2024, el laboratorio firmó conforme un acta en la que se establecía que no podría producir en las áreas inspeccionadas hasta la resolución de la carta de advertencia.

El 14 de enero de 2025 se realizó la reunión con directivos de Ramallo y HLB Pharma mencionada anteriormente. Según el relato de Mantecón Fumadó, al director técnico de HLB se lo convocó únicamente porque era solidariamente responsable de los productos que se estaban retirando del mercado, aunque no recuerda si finalmente asistió.

Tras el cierre formal del encuentro, y ya fuera de agenda, Javier Tchukran uno de los responsables de la planta de elaboración planteó cuestiones sobre certificados de Propofol y dopamina de HLB que no eran objeto de la convocatoria original. “No hubo un beneficio para el laboratorio, simplemente le dimos el espacio para que ellos pudieran presentar esa documentación”, insistió la ex funcionaria sobre ese encuentro.

Uno de los puntos más cuestionados por la fiscalía fue la práctica de anticipar a los laboratorios la llegada de los inspectores. Mantecón Fumadó defendió esa metodología como una prerrogativa exclusiva de quien organiza cada operativo, en este caso la inspectora Ana Canil, y la justificó en la necesidad de garantizar que hubiera maquinaria en funcionamiento, personal presente y directores técnicos disponibles al momento del control. “La prerrogativa de avisar no implica que ese funcionario esté haciendo algo ilegal o esté colaborando con el laboratorio”, sostuvo.

Según su explicación, el margen de aviso es tan breve que no permite al laboratorio modificar condiciones que se le hubieran requerido con anterioridad, motivo por el cual, pese al aviso previo, la inspección de noviembre de 2024 igualmente detectó “deficiencias críticas” que obligaron a Ramallo a levantar la producción en esas líneas. “El hecho de haber avisado no es una conducta delictiva ni demuestra que se haya querido ayudar al laboratorio”, remarcó, y agregó que la línea que finalmente elaboró el fentanilo contaminado nunca fue objeto de inspección porque no existían reportes previos sobre desvíos de calidad en esa producción específica.

Los reportes de 2023 y 2024 sobre Laboratorios Ramallo

La ex directora del INAME aportó un detalle estadístico para sostener que la línea de fentanilo no aparecía entre las prioritarias. Según su descargo, en 2023 se registraron 23 reportes sobre Ramallo, de los cuales solo ocho implicaron desvíos de calidad con alguna medida administrativa, todos vinculados a productos parenterales. En 2024, de 15 reportes evaluados, únicamente cinco arrojaron desvío. “Reporte no es desvío”, insistió, y explicó que un sistema de códigos de colores —rojo para desvío confirmado, amarillo para medidas correctivas sin retiro de mercado y verde para productos que cumplían la normativa— permitía diferenciar ambas categorías.

Con esos números buscó reforzar su argumento central: que ni ella ni el personal técnico del INAME tenían forma de anticipar que Ramallo produciría fentanilo contaminado, dado que esa línea productiva no figuraba entre las que arrojaban reportes o desvíos verificados. “Es imposible que el personal técnico ni yo supiéramos que el Laboratorio Ramallo hubiese tenido un problema en la elaboración del producto fentanilo”, afirmó ante la fiscal María Laura Roteta.

Consultada por la fiscalía sobre encuentros de mayor nivel institucional, Mantecón Fumadó detalló que, a partir de mediados de marzo de 2025, comenzaron a realizarse reuniones quincenales en el Ministerio de Salud de la Nación con el ministro Mario Lugones; su jefe de Gabinete; Lorena Terrizano —de Tecnología Médica de la ANMAT—; la propia Bisio, como administradora; Enriqueta Pearson, como subadministradora; Gastón Morán, como director de Biológicos; y otros funcionarios del organismo; además de “muchos abogados”, cuyos nombres no pudo precisar. Según su versión, recién después de esas reuniones el ministro “bajó una línea” para que todos los laboratorios críticos fueran inspeccionados y aquellos que no cumplieran siguieran el mismo camino que Ramallo.

La ex funcionaria también vinculó al Ministerio de Salud con un pedido puntual de información sobre HLB Pharma realizado a fines de marzo de 2025, mientras ella se encontraba de licencia por un problema personal. Según relató, Bisio le transmitió que el ministro solicitaba un listado de sumarios y retiros vinculados al laboratorio, motivo por el cual le pidió a Baldut que lo elaborara y se lo enviara por WhatsApp, dado que en ese momento no tenía acceso al sistema oficial del organismo.

Otro tramo del descargo apuntó a explicar por qué no se dispuso el retiro preventivo de todos los productos de HLB del mercado antes de conocerse el problema con el fentanilo. Mantecón Fumadó sostuvo que una decisión de esa magnitud, sin reportes previos que la justificaran, hubiera generado un desabastecimiento sanitario grave, dado que la empresa era uno de los mayores proveedores de varias provincias argentinas. Citó como antecedente un episodio con bolsas de sangre, en el que la ANMAT debió coordinar con otros proveedores un aumento de producción para cubrir una demanda que no lograba satisfacerse tras el retiro de un laboratorio del mercado.

Sobre una frase suya registrada en un chat con Baldut, en la que hablaba de “mucha guita en la calle”, aclaró que no se refería al laboratorio sino al sistema sanitario público y privado en su conjunto. También defendió el criterio general de la ANMAT frente a los desvíos de calidad verificados: inhibir la producción del laboratorio infractor hasta una nueva inspección, evaluar la documentación correctiva y limitar el retiro del mercado a los lotes específicos donde se comprobó el desvío, sin extender la medida a la totalidad del producto. “Si la ANMAT fuera responsable de todos los eventos adversos provocados por todos los desvíos de calidad de todos los lotes, de todos los productos, elaborados por todos los laboratorios habilitados, deberíamos cerrar todos los laboratorios”, sostuvo, y calificó esa hipótesis de “impensable”.

En los próximos días, el juez Ernesto Kreplak deberá decidir la situación procesal de las dos ex funcionarias.

La CGT tiene pendiente una reunión de su mesa chica para definir sus próximos pasos, pero por ahora mantiene la decisión de bajar el tono al plan de lucha contra el Gobierno. Tras haber desistido de movilizarse el viernes pasado cuando deliberó el Consejo del Salario, la cúpula cegetista tampoco marchará este miércoles por el Día de la Industria, como llegó a hablarse, y en lugar de salir a la calle hará un acto en la sede de Azopardo 802.

La posibilidad de marchar el 2 de septiembre para protestar por la crisis del sector industrial fue propuesta por Rodolfo Daer (Alimentación) en una reunión realizada el 7 de julio pasado por la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como parte del plan de lucha que comenzó el 22 de ese mes con una movilización al Congreso en respaldo a los jubilados.

La idea de Daer entusiasmó a la comisión organizadora de las medidas de fuerza, pero, sin embargo, desde entonces no hubo avances sobre el tema y cada movilización que se hizo tuvo una presencia casi testimonial de la CGT, como sucedió con las marchas al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada (realizada el 6 de agosto), por San Cayetano (7 de agosto) y para visibilizar el problema de las familias y pymes endeudadas (20 de agosto). La que llegó a esbozarse para el día en que iba a deliberar el Consejo del Salario, el viernes pasado, directamente se levantó porque la reunión fue virtual y no presencial.

En esta última oportunidad, hubo diferencias en la coalición sindical porque las dos CTA eran partidarias de movilizarse igual ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, pero la CGT impuso su criterio de no hacerlo porque el encuentro iba a realizarse por Zoom. Las dos fracciones ceteístas privilegiaron la estrategia de unidad con la CGT y por eso resolvieron no salir a la calle ese día.

Ahora, en lugar de marchar por el Día de la Industria, la CGT difundió en las redes sociales un flyer en el que anuncia un acto para este miércoles, a las 10, en Azopardo 802, para “debatir el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, del que participarán, entre otros, los dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que es presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).

Más allá de las quejas por los efectos de la política económica de Javier Milei, el sindicalismo dio muestras la semana pasada de enfocarse en el debate antes que en las acciones de protesta: la CGT organizó en Rosario un encuentro con entidades industriales, metalúrgicas y de comercio, mientras que CSIRA realizó algo similar en un predio del gremio de mecánicos en Cañuelas.

Para esta semana, además, habrá otro gesto de la CGT de sesgo dialoguista, aunque significativo a la luz de la próxima visita del Papa León XIV: sus máximos dirigentes participarán de la Semana Social de la Iglesia, que se realizará en Córdoba entre el viernes y el domingo.

En el encuentro, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), hablarán en paneles por separado los cotitulares cegetistas Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), y se espera que haya una fuerte presencia de dirigentes sindicales.

Sucederá a una semana de que Jerónimo diera señales de moderación al dialogar con la emisora Radio Con Vos. Al ser consultado sobre si la CGT iba a realizar un paro, el dirigente dijo: “Es una medida que nunca se descarta. Nosotros tenemos muy claro que hay que construirlo en el tiempo, con el mayor grado de consenso posible, para que tenga la contundencia necesaria, pero, si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”.

Los gremios de docentes y nodocentes universitarios anunciaron un nuevo paro nacional de 24 horas para este miércoles, después de rechazar la oferta salarial del Gobierno en la paritaria convocada por Capital Humano. También reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y advirtieron malestar en el sector.

En esa reunión, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 3% sobre los salarios de septiembre, a la que sumó el 3% ya comprometido en las mesas de negociación de junio pasado para el mes de octubre. De este modo, la oferta oficial consolidada alcanza un 6% bimestral para el personal docente de las universidades nacionales. La comitiva gremial estuvo integrada por representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, además del presidente del CIN, Franco Bartolacci.

Sin embargo, desde la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) señalaron que el porcentaje ofrecido no cubre el atraso acumulado, que estiman entre el 25 y el 35%. Además, advirtieron que la propuesta incumple la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por la misma Cámara, y luego ratificada por la Justicia en tres instancias distintas, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó acatar la cautelar sobre salarios y becas estudiantiles. Para los sindicatos, el 3% no refleja disposición de acatar esa resolución judicial, sino una decisión política de ignorarla.

“Hoy no hubo acuerdo paritario. Una paritaria es un diálogo entre partes, y esto fue un monólogo autoritario”, declaró a la salida de la reunión Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA. El dirigente gremial subrayó que cumplir con la ley y con el mandato de la Corte Suprema implica una recomposición salarial de alrededor del 30%, un número muy alejado del porcentaje que el Ejecutivo puso sobre la mesa. “El Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial, le dan la espalda a la decisión judicial y deciden seguir sin cumplir la ley”, agregó Cagnacci.

El secretario general de ADUBA también convocó a retomar el camino del diálogo, aunque con condiciones claras: “Tiene que hacerse de manera seria, como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”. En cuanto a la apertura de los establecimientos durante la medida de fuerza, aclaró que las universidades no estarán cerradas de manera formal, ya que el acatamiento queda en manos de cada docente y nodocente. No obstante, desde los gremios anticiparon que esperan un nivel de adhesión alto, en función del malestar acumulado en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la propuesta del 6% bimestral se inscribe en el marco del esfuerzo financiero del Estado para el sostenimiento del sistema de educación superior, y que las partidas destinadas a las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional. Tras la exposición técnica de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la inminencia del paro, la cartera exhortó a los presentes a que las medidas de fuerza no alteren el dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender.

El Ministerio también convocó a las partes a retomar las negociaciones el próximo jueves 17 de septiembre, con el objetivo de dar continuidad al proceso paritario. Los gremios, por ahora, no confirmaron si asistirán a esa instancia antes de concretar la medida de fuerza del miércoles.

El Gobierno aseguró que “tiene la firme convicción” de trabajar en conjunto con la ciudad de Buenos Aires para traer de nuevo la Fórmula 1 a la Argentina y felicitó a Franco Colapinto por su “reciente renovación con el equipo Alpine”.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que también sostuvo que esa medida atraería al turismo y, por lo tanto, generaría ingresos para el país.

La exposición del funcionario comenzó con un repaso de los anuncios sobre créditos hipotecarios, justicia, salud y defensa, pero evitó referirse a la situación por la soberanía de las islas Malvinas, a la espera de la cadena nacional que encabezará el jueves Javier Milei.

Respecto del evento automovilístico, el vocero detalló que el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, mantuvo recientemente reuniones en Brasil con autoridades del organismo que organiza las carreras.

En paralelo, destacó que la gestión porteña, aunque sin nombrar directamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, avanza con obras en el autódromo para adecuarlo a las exigencias necesarias para que el Gran Premio de la República Argentina pueda ser aprobado e incorporado al calendario mundial.

“En pos de lograr el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, se están llevando adelante las gestiones correspondientes”, afirmó Ravier, quien remarcó que “el Gobierno nacional tiene una firme decisión de respaldar esta iniciativa”.

Además, resaltó que el Poder Ejecutivo también apunta a recuperar la fecha del MotoGP y a organizar una fecha del Rally Mundial en la provincia de Córdoba. En ese marco, felicitó a Franco Colapinto por su “reciente renovación con el equipo Alpine”.

“Esperamos que la próxima vez que visite nuestro país sea para sumar puntos en el circuito de Buenos Aires”, insistió, en mención indirecta a que el piloto estuvo meses atrás en la ciudad para participar de una exhibición.

Ravier planteó que “el sector turismo se encuentra en crecimiento y esa expansión puede fortalecerse aún más si la Argentina pone esfuerzos en traer a nuestro país los mayores eventos deportivos mundiales”.

En esa línea, mencionó la visita al país del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, durante el Congreso Americano 2026 realizado en Buenos Aires, que fue inaugurado por Milei y que, según destacó, se hizo en la Argentina por primera vez en quince años.

También señaló que en los próximos días se disputarán en Rosario, Rafaela y Santa Fe los Juegos Sudamericanos, que “reunirán a cinco mil atletas de toda la región” y para los que “se espera completar la capacidad hotelera” de las tres ciudades.

Sumó además la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Buenos Aires, para la cual “se vendieron todas las entradas en solo media hora”, y los compromisos de Los Pumas ante Australia.

Por otra parte, el vocero sostuvo que “18 mil familias van a poder acceder a su primera vivienda” mediante los créditos que anunció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a una tasa inferior a “7,5 por ciento más UVA”.

Al respecto, aseguró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aporta recursos para esa medida mediante plazos fijos, no asumirá el riesgo de los créditos que se otorgarán, sino que serán los bancos los que lo hagan.

“Esta es la gran diferencia respecto a esquemas anteriores, donde el préstamo lo otorgaba directamente el fondo, asumiendo el riesgo y gastando los subsidios”, advirtió, para luego anticipar que la primera licitación se realizará esta semana.

Asimismo, el funcionario aseguró que “en el primer trimestre de 2026, la economía registró veintidós punto nueve millones de puestos de trabajo”, lo que representa “quinientos diez mil más que en el mismo período de 2023”.

“En otras palabras, se crearon medio millón de puestos de trabajo en los últimos tres años”, lo cual se trata de “una señal clara de una economía que demanda más trabajo” y de un crecimiento que consideró “genuino” porque, según dijo, estuvo “traccionado por el sector privado”.

Más tarde, al responder preguntas sobre ingresos, sostuvo que “los salarios están mejorando en general, los salarios reales” y afirmó que en los trabajadores informales hubo “subas de más del sesenta por ciento”.

Aunque evitó hablar sobre este tema, Ravier informó que este jueves a las 21 el presidente Milei realizará una cadena nacional “referida a la cuestión Malvinas”, en la que leerá un informe que estaban elaborando la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda Cristian Auguadra.

Ante nuevas consultas, insistió en que hubo “un pedido en la reunión de gabinete de que no amplíe” y remarcó que será el propio Presidente quien desarrollará “todo lo relativo al tema Malvinas” en ese mensaje.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que no descarta revisar la postura de su país respecto de las Islas Malvinas y la respuesta británica no demoró en llegar. “La soberanía reside en el Reino Unido”, manifestó el portavoz del primer ministro Andy Burnham. El último lunes, el jefe de Estado norteamericano había señalado: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Desde Downing Street insistieron en que los isleños expresaron reiteradamente su deseo de seguir siendo británicos y que su compromiso con ellos era inquebrantable.

Que Trump haya deslizado la chance de que Estados Unidos revea su histórica postura de neutralidad con respecto a la discusión sobre la soberanía del archipiélago va en sintonía con una información publicada días antes en The Telegraph que afirmaba que el gobierno del país norteamericano podía tomar esa determinación para instar al Partido Laborista a aumentar el gasto en defensa.

Consultado este martes sobre el tema, el portavoz del primer ministro dejó clara la postura de su gobierno: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

“Los isleños han expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable. Su derecho a la autodeterminación es primordial”, completó.

En ese sentido, ratificó que la postura del Reino Unido respecto de las Islas Malvinas es “de larga data e inquebrantable”, cortando así de cuajo cualquier esperanza de acercamiento.

“La soberanía reside en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial. La posición del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado reiteradamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”, reiteró el funcionario.

Este lunes, Trump, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, manifestó: “Siempre reviso todas las posturas. Esta es solo una de muchas”.

Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves por el tema Malvinas

El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que el jueves emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión Malvinas. El anuncio se produce después de que su par estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de su país sobre la soberanía de las Islas.

“Lo anunció ante nosotros”, reconoció a Infobae una figura del Gabinete que estuvo junto al Presidente esta mañana en la Casa Rosada minutos antes de que se diera a conocer de manera oficial. Milei ya había dado una pista de que ese tema iba a ser central en el encuentro con sus ministros. Previo a entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, mantuvo una breve conversación con El Observador y anticipó que uno de los asuntos centrales iba a ser Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto de la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas.

La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

La Embajada de China en la Argentina escaló al plano diplomático una polémica originada por un posteo en su cuenta personal de la red social X de un funcionario del gobierno de Javier Milei y le exigió que “cambie de actitud de inmediato”, con una advertencia sobre eventuales “daños a las relaciones y las cooperaciones” de ambos países.

El destinatario del mensaje fue Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia y uno de los funcionarios con injerencia en la estrategia online del oficialismo. En redes sociales es conocido desde hace años como “Juan Doe” y usa en X la cuenta @jdoedoe101101. Aunque la representación diplomática evitó nombrarlo y habló de “cierto funcionario argentino”, el contenido del comunicado y el momento en que fue difundido dejaron en claro a quién apuntaba.

Ese dato no es menor dentro de la estructura del Estado. Carreira ocupa un cargo vinculado a la comunicación digital de la administración libertaria, pero no es ministro, no forma parte del gabinete nacional, no integra la Cancillería ni participa en la definición o ejecución de la política exterior argentina.

Además, está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por la gestión de Milei para responder públicamente a informaciones que considera falsas o tergiversadas. Sin embargo, no utilizó ese canal para referirse a China. El mensaje que desató la reacción de Beijing fue publicado desde su cuenta personal de X, espacio en el que suele expresar opiniones políticas.

El Gobierno no lo avaló

La diferencia entre una publicación personal y una postura institucional resulta central para medir el alcance del episodio. Ni Javier Milei, ni el canciller Pablo Quirno, ni otra cuenta del Poder Ejecutivo replicaron o impulsaron el posteo. Tampoco lo hicieron la Oficina de Respuesta Oficial ni las cuentas oficiales del Gobierno.

Por ese motivo, el mensaje de Carreira no quedó incorporado como una posición oficial de la Argentina ni fue presentado como parte de una definición de política exterior.

El posteo estuvo vinculado con la catástrofe que desde el 26 de agosto golpea a Nepal y a la zona fronteriza con China.

“Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro”, escribió Carreira.

Luego añadió: “Toda una porción del glaciar colapsó, se precipitó hacia abajo y se convirtió en un alud de lodo que mató a más de 2.500 nepaleses en segundos. Se suma a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor”.

Carreira cerró su mensaje con una condena política explícita al régimen: “Y esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

La tragedia golpea a Nepal

La publicación se produjo mientras Nepal seguía atravesando una emergencia de gran escala. Los equipos de rescate continuaban la búsqueda de desaparecidos y la recuperación de cuerpos entre barro, rocas, hielo y restos de construcciones. A eso se sumó la destrucción de rutas y puentes, que mantenía aisladas algunas zonas afectadas por la riada.

Los balances difundidos este martes hablaban de más de 1.000 muertos y miles de desaparecidos, mientras que más de 11.000 personas habían sido rescatadas en medio de operativos todavía abiertos en áreas de difícil acceso.

Uno de los focos más delicados estaba en las instalaciones hidroeléctricas alcanzadas por el desastre. Centenares de trabajadores seguían aislados o desaparecidos y los rescatistas intentaban llegar a túneles cubiertos por grandes volúmenes de barro y sedimentos. Una evaluación preliminar estimó que la catástrofe desplazó 2,2 millones de toneladas de escombros, rocas y sedimentos.

En ese contexto intervino de manera oficial la Embajada de la República Popular China en Buenos Aires.

Beijing respondió con dureza

A diferencia del mensaje de Carreira, que fue publicado en una cuenta personal, la respuesta china se difundió por los canales institucionales de la sede diplomática, bajo el título “Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina”.

En ese texto, la representación afirmó: “Recientemente, un desprendimiento repentino de glaciar en la zona fronteriza de Nepal provocó graves deslizamientos de tierra, lo que causó importantes pérdidas humanas y materiales tanto en Nepal como en China. Mientras ambos países llevan a cabo operaciones de rescate y asistencia de emergencia y la comunidad internacional se apresura a tender su mano, cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

La embajada no mencionó a Carreira por su nombre. De todos modos, el destinatario resultó inequívoco porque el comunicado apareció después de su publicación y contestó de manera puntual sus críticas al Partido Comunista Chino (PCCh).

Más adelante, la sede diplomática sostuvo: “La parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto”, antes de exponer la explicación que Beijing atribuye a las causas de la tragedia.

La relación bilateral, en juego

El tramo de mayor voltaje político apareció al final del comunicado. Allí, la representación china dejó de referirse solamente a lo ocurrido en Nepal y conectó las expresiones de Carreira con la relación entre Beijing y Buenos Aires.

“Exhortamos al funcionario en cuestión a que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”, afirmó la Embajada.

La formulación elevó la tensión del episodio. La sede diplomática no se limitó a rechazar las afirmaciones del funcionario argentino ni a ofrecer una versión distinta sobre la tragedia. También le reclamó que modificara su conducta y vinculó sus opiniones personales con posibles daños en la relación entre ambos países.

No se trató, además, de un hecho aislado. En los últimos meses, la representación de China intervino en distintas discusiones de la vida pública argentina mediante comunicados, cuestionamientos públicos y gestiones ante instituciones cuando consideró afectados los intereses de Beijing o del Partido Comunista Chino.

Una embajada de alta intervención

Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió pocos días antes, cuando la Embajada realizó gestiones para frenar una actividad sobre totalitarismos, democracia y derechos humanos prevista en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los expositores iba a participar el activista uigur Dolkun Isa, crítico del régimen chino.

La actividad debía hacerse el 24 de agosto, pero, tras las objeciones de la representación diplomática ante autoridades argentinas, dejó de realizarse en la Legislatura porteña y fue trasladada al Club Alemán de Buenos Aires. El episodio abrió cuestionamientos por la intervención de una delegación extranjera sobre una actividad organizada en una institución legislativa local.

En abril se había registrado una situación similar. En esa oportunidad, la Embajada china intervino ante una universidad de Buenos Aires por una actividad académica titulada “China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen”, que incluía la presentación de un libro y paneles con especialistas en política internacional.

Según pudo reconstruir Infobae, representantes de la Embajada se comunicaron con autoridades académicas y tres diplomáticos se presentaron personalmente en la institución. La advertencia fue que la realización del encuentro podía afectar tanto los vínculos de la universidad con China como las relaciones diplomáticas entre los dos países. Finalmente, la actividad fue cancelada.

China y su frente externo

La participación de la representación china en la discusión pública también quedó reflejada en sus propios canales de comunicación. En julio, la Embajada difundió una declaración sobre denuncias de presunta interferencia china en procesos electorales de otros países.

Allí habló de una “campaña de desinformación”, de “mentiras y falacias”, defendió de manera explícita al Partido Comunista Chino y definió a Taiwán como “una provincia de la nación china”. El texto cerró con una recomendación a quienes impulsaban esas denuncias para que abandonaran lo que describió como “este juego aburrido de inventar denuncias de la nada”.

El 14 de agosto, además, la Embajada volvió a intervenir por declaraciones realizadas en territorio argentino. Esta vez lo hizo contra el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, luego de que cuestionara a una compañía china durante un encuentro empresarial.

Milei, crítica y pragmatismo

La seguidilla de episodios expone a una Embajada que no limita su actividad a la relación formal entre gobiernos, sino que también participa de controversias políticas, académicas y públicas dentro de la Argentina cuando están en juego China, el Partido Comunista Chino, Taiwán o denuncias por derechos humanos.

Ese comportamiento adquiere relevancia por el régimen que representa. China está gobernada por el Partido Comunista Chino, que concentra el poder político bajo el liderazgo de Xi Jinping. En el país no existe competencia electoral nacional para disputar el gobierno y persisten fuertes restricciones sobre la libertad de expresión, la actividad política, los medios de comunicación e internet.

A eso se agregan varios focos de tensión internacional. El principal es Taiwán, una democracia que Beijing considera parte de su territorio y sobre la que no descartó el uso de la fuerza. También persisten cuestionamientos internacionales por la situación de la población uigur en Xinjiang, las restricciones en Hong Kong y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.

Al mismo tiempo, el vínculo con la Argentina tiene una dimensión económica de peso. China es uno de los principales socios comerciales del país, representa un destino relevante para las exportaciones argentinas y sostiene un lazo financiero estratégico mediante el swap de monedas entre los bancos centrales.

Milei mantiene desde antes de asumir una postura ideológicamente crítica del comunismo y un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Aun así, ya en el poder, preservó un vínculo pragmático con Beijing y mantuvo abiertos los principales canales comerciales y financieros.

Por eso cobró especial importancia la dimensión que la propia Embajada de China en la Argentina resolvió darle al posteo de Carreira. No hubo una declaración oficial del Estado argentino contra China por la tragedia en Nepal ni una posición de Milei o de Quirno que responsabilizara a Beijing.

Hasta el momento, el Gobierno argentino tampoco respondió institucionalmente al comunicado ni transformó el episodio en una disputa formal entre Estados.

La diferencia de origen entre ambos mensajes sigue siendo el dato central: Carreira criticó al Partido Comunista Chino desde una cuenta personal y ninguna instancia oficial argentina hizo suyo ese pronunciamiento; la Embajada china, en cambio, contestó desde canales institucionales, le exigió que “cambie de actitud de inmediato” y advirtió sobre posibles “daños” en la relación bilateral.

“Si hay un acuerdo, el candidato es el que defina el PRO”, señaló el diputado en una entrevista en A24 y, ante la consulta del periodista Luis Novaresio sobre una posible fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez, respondió sin matices: “Sí”.

Esta postura tiene como marco un proceso político que LLA comenzó en CABA para diferenciarse del PRO, con recorridas y actividades de la propia Pilar Ramírez junto a los principales ministros del gobierno nacional, y cuestionamientos directos a la gestión porteña de Jorge Macri. Luis Caputo la acompañó a la inauguración de la sucursal 100 de una reconocida heladería en Las Cañitas; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo a su lado en una visita a una fábrica de muebles en Villa Lugano; y el propio Santilli se sumó a una recorrida en Belgrano.

Inclusive, el legislador Juan Pablo Arenaza fue más allá el pasado viernes: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”, señaló en Infobae en Vivo.

En esta línea, un importante dirigente libertario del distrito porteño, consultado por Infobae, rechazó la especulación del PRO y aseguró: “No estamos pensando en eso para nada; que el PRO defina su candidato, que el nuestro lo vamos a discutir nosotros”. “Tenemos muchos temas interesantes de gestión para hablar antes; cuando te quedás sin temas, empezás a hablar de candidaturas”, cuestionó.

Distinta fue la lectura desde la sede del gobierno porteño, en la calle Uspallata de Parque Patricios. “Fernando es uno de los que integra la mesa de acuerdo que definió el PRO y LLA, por supuesto que tiene autoridad para plasmar sus ideas. Después, cuando tenga que informarse algo a nivel partido, se hará orgánicamente como siempre”, sostuvo a este medio un importante funcionario que, a su vez, no descartó la posibilidad de una fórmula compartida con LLA: “Si es parte de un acuerdo, podría ser”.

Acuerdos en otros 17 distritos

El último encuentro entre representantes de ambas fuerzas, el pasado jueves, se celebró en un clima distendido, poco después de que el oficialismo obtuviera dos victorias en el Congreso: la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II.

La reunión, que duró poco menos de dos horas, fue encabezada por Santilli junto a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, y contó con la presencia de Ritondo y De Andreis por parte del PRO. Según se informó, Santilli abrió el encuentro con un repaso del estado de la economía, con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). “Nos llevamos una dosis de tranquilidad. Vemos que hay trece de los quince indicadores que mide el EMAE que están creciendo”, describió De Andreis al salir.

Aunque no se conversó sobre candidaturas puntuales, sí iniciaron el debate para formalizar un frente electoral en toda la Argentina, aunque se reservó el repaso de los distritos que gobierna el PRO, como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, para otro encuentro.

Según precisó Ritondo, ya hay 17 distritos en los que hay un acuerdo prácticamente cerrado o las conversaciones están muy avanzadas, incluidos los casos de aliados radicales como Alfredo Cornejo en Mendoza y Marcelo Orrego en San Juan. Respecto de la Ciudad, el jefe del bloque PRO fue cauteloso pero dejó abierta la puerta: “Trabajaremos para ir juntos en todo el país, no para ir en un distrito sí y otro no”, aunque aclaró que “falta muchísimo para eso”.

La diputada nacional Mónica Frade presentó una resolución en la Cámara baja para declarar a Lionel Messi como “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina”.

El proyecto firmado por la legisladora de la Coalición Cívica sostuvo que la trayectoria deportiva del consagrado exjugador de la selección argentina de fútbol y su proyección internacional contribuyeron a difundir la identidad, los valores y la imagen del país.

La iniciativa sostuvo que el reconocimiento no se apoyó solo en los títulos obtenidos con la Selección, sino también en el efecto social de su figura en años atravesados por dificultades económicas y sociales. Según el texto, la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021 generaron celebraciones masivas en todo el país.

Frade planteó además que Messi es una de las personalidades argentinas más reconocidas a nivel internacional y que su nombre es conocido “en todos los rincones del mundo”. A partir de esa presencia global, la iniciativa lo presentó como un representante de la Argentina más allá de los canales diplomáticos tradicionales.

Los fundamentos del reconocimiento

La propuesta remarcó que Messi, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Y que, pese a esa trayectoria fronteras afuera del país, “nunca dejó de representar a la Argentina”.

Entre los fundamentos, la diputada repasó las críticas que el futbolista recibió durante años por sus actuaciones con la Selección Argentina, por los resultados obtenidos e incluso por no cantar el Himno Nacional. La resolución sostuvo que, a pesar de esos cuestionamientos, continuó vistiendo la camiseta argentina y defendiendo sus colores.

Ese recorrido, según la autora de la iniciativa, tuvo su recompensa con una secuencia de conquistas que ubicó al capitán argentino en la cumbre del fútbol internacional: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024. El proyecto consideró que esos logros consolidaron una representación sostenida del país en la escena global.

Frade también afirmó que la importancia de Messi para los argentinos “va mucho más allá de sus títulos”. En esa línea, señaló que durante años el fútbol funcionó para millones de personas como un espacio de encuentro, ilusión y alegría, y que las actuaciones del capitán y del equipo nacional ofrecieron un motivo para celebrar por encima de las diferencias.

El núcleo político del proyecto apuntó a responder por qué el Congreso debería otorgarle esa distinción. La iniciativa sostuvo que Messi reúne un consenso amplio para representar a la Argentina en el exterior porque su figura trasciende las preferencias deportivas y las diferencias de cualquier naturaleza.

La diputada sostuvo además que su trayectoria expresa esfuerzo, perseverancia y disciplina, además de humildad y excelencia. Según el texto, esa conducta se mantuvo aun frente al reconocimiento mundial alcanzado y lo convirtió en un ejemplo para millones de personas, en especial para las nuevas generaciones.

En ese mismo sentido, el proyecto afirmó que su decisión de seguir vinculado a la selección nacional después de derrotas y cuestionamientos demuestra un lazo con la Argentina que va más allá de su carrera profesional. Esa perseverancia fue presentada como una de las razones centrales para promover su designación como embajador itinerante.

La resolución concluyó que reconocer a Messi con ese título implica poner en valor la imagen del país y haber generado, en millones de argentinos, momentos de orgullo, emoción, unión, esperanza y felicidad.

La discusión por la morosidad y por la continuidad de la ley de emergencia en discapacidad suma un nuevo capítulo. La oposición solicitó una sesión especial para el 9 de septiembre con el fin de emplazar el debate y el oficialismo comenzó a llamar a las comisiones con la estrategia de dilatar el debate.

La semana pasada hizo el llamado para la comisión de Finanzas para mañana a las 13 y en las últimas horas hizo lo propio con la de Discapacidad. Todo con una salvedad, no llama a plenarios -que varias comisiones traten de manera conjunta el tema- y por ahora son de carácter informativo por lo que no se puede dictaminar.

Para la Comisión de Finanzas el oficialismo y los bloques aliados citaron a los primeros oradores. El radicalismo propuso al ex diputado y economista Martín Tetaz y el PRO al economista Víctor Ruilova. Por el lado de La Libertad Avanza a Jorge Colina y a Mariano Flores Vidal.

En el caso de Discapacidad, la citación es para las 16 horas y también es de carácter informativa. Según señala la citación, fueron invitados funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, aunque no se especifica a qué funcionario se hace referencia, se especula con la posibilidad de que sea el secretario nacional Alejandro Vilches.

“No llaman a plenario, esto es sólo para dilatar el debate”, señaló una diputada nacional del peronismo en referencia a que la estrategia del oficialismo es que los temas vayan pasando por separado en cada una de las comisiones. Un ejemplo de esto es que en ambos casos deberá intervenir la Comisión de Presupuesto, la cual no fue citada para tratar estos proyectos.

En la oposición el debate tiene dos opciones y que está en medio del debate que plantea el oficialismo. El primero tiene que ver con que el debate en comisiones no tire abajo la sesión del 9 de septiembre. “Con esto buscan que los aliados provinciales tengan la excusa para no ir: ya abrieron el debate. Pero es humo, es una pérdida de tiempo porque sólo buscan dilatar para no solucionar”, explicó un diputado de la oposición no peronista.

El segundo es si participa o no de las comisiones. Hay un sector que entiende que ir a las comisiones es avalar ese proceso y se pone en juego el quórum del 9 de septiembre. Hay otro que apuesta por ir y dar la discusión manteniendo la sesión. “Vamos, peleamos, y vamos al recinto a poner la fecha final para el dictamen”, explicaron.

El camino que seguirá la oposición se terminará de definir mañana antes del mediodía. Los diferentes bloques debatirán cuál es más conveniente con el fin de mantener vivo el llamado a la sesión para los emplazamientos, si participan de las comisiones y dan la pelea o no.

Viaje a Brasil

Parte de esta decisión también está cruzada con la ausencia de varios legisladores de peso que hoy partieron a Brasil.

Una comitiva está integrada por los diputados Nicolás Massot (Encuentro Federal), Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Eduardo Falcone (MID); partieron rumbo a Brasilia. La idea del viaje surgió del propio Massot, del bloque Encuentro Federal, quien la propuso en la última sesión.

Los legisladores tienen pautado para mañana miércoles encuentros con funcionarios del gobierno de Inacio “Lula” da Silva y con senadores brasileños. Primero participarán de un encuentro en el Palacio do Planalto, con el secretario general de Relaciones Institucionales, José Guimarães. Después, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirán con la vicecanciller María Laura Da Rocha. Luego irán al Congreso de Brasil para reunirse con la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y con el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina. Ambas comisiones son presididas por el senador por el estado de Mato Grosso do Sul y miembro del Partido Socialdemócrata (PSD). Nelsinho Trad -el PSD forma parte de la alianza oficialista-.

La intención de los legisladores en este viaje es tratar de recomponer las relaciones entre Argentina y Brasil que se encuentran deterioradas por los insultos de Javier Milei a Lula Da Silva y por la participación del Presidente y funcionarios argentinos en el lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonario.

El presidente Javier Milei se reunió con su Gabinete por dos horas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada para bajar línea de las directrices que guían al gobierno y hacer un repaso de las últimas medidas de los ministerios. Esta nueva cumbre forma parte de un intento de renovar parte de la dinámica de gestión, en la cual se lo busca mostrar más presente en la administración diarioa. “Se van a instaurar reuniones semanales”, confió una fuente inobjetable a Infobae, minutos antes de entrar por la explanada de la Casa de Gobierno.

“Repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”, informaron desde la Presidencia, añadiendo el anuncio de que Milei dará una cadena nacional para hablar sobre el tema del archipiélago.

También informaron que Milei analizó la evolución de los indicadores económicos vinculados al mercado laboral, la inflación y “el proceso de crecimiento de la economía”. En este punto, se tomó como referencia el artículo publicado, el último fin de semana en La Nación, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien buscó “contrastar los resultados de la gestión frente a la información que publican los medios de comunicación”.

Respecto al tema de Malvinas, Quirno hizo un análisis sobre los “avances diplomáticos” que lleva adelante la Cancillería y que serán informados el jueves por la noche por el Presidente en una cadena nacional. Para finalizar, el mandatario evaluó el desarrollo de las políticas implementadas por las diferentes carteras.

Es la segunda reunión de Gabinete que Milei convoca en un lapso de ocho días. La anterior había sido el lunes y se dio luego de su larga ausencia por la Casa Rosada, que lo tuvo 25 días sin asistir a la Casa Rosada por priorizar su agenda en la Quinta de Olivos, sus viajes al exterior y apariciones puntuales en actos protocolares o entrevistas presenciales. Para reactivar esa agenda, el Presidente llamó a la cúpula de su gobierno para darles sus argumentos de por qué la morosidad no es un problema infringido por el oficialismo y para explicar la marcha de la política económica.

“Las últimas dos reuniones fueron convocadas para hablar de temas específicos. La de la semana pasada se trató principalmente del tema morosidad. Y la anterior a esa para explicar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Este nuevo encuentro se enmarca en una nueva modalidad de reuniones semanales que quiere instalar Javier”, explicó un funcionario esta mañana.

Minutos antes de entrar a la reunión de Gabinete, Milei ya había dado pistas de lo que iba a anunciarse en una conversación radial en El Observador, donde adelantó que iba a haber un tratamiento de Malvinas luego de que Trump sugiriera que podría retirar el apoyo de su país a la soberanía británica sobre las islas. “Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante que tenemos los argentinos”, dijo Milei.

Tal y como adelantó Infobae este domingo, el Presidente comenzó a diseñar una agenda para mostrarse a la ofensiva y con mayores actividades públicas. “Se busca más dinamismo”, dijeron. En esa línea, hacia el final de la semana pasada tomó la decisión de hacer un nuevo llamado hacia su Gabinete. Esta vez, la convocatoria se hizo con mayor antelación que la anterior. Eso produjo que hubieran varias ausencias producto de viajes o actividades de gestión impostergables. Esta vez se encontraban presentes prácticamente todos los integrantes que suelen asistir. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no podrán estar porque viajaron a Estados Unidos para el G20 de Finanzas. La otra funcionaria que no fue vista ingresar fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sacando esas excepcionalidades, Infobae vio el arribo de los vehículos oficiales de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; los secretarios presidenciales Fabián Fernández (Comunicación y Prensa); Adrián Ravier (Vocería Presidencial) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Todos arribaron a tiempo, aunque el último fue Menem, que apenas se bajó de su auto fue trotando para ingresar sin demoras a la reunión.

Las reuniones de Gabinete fueron cambiando en su modalidad en el último tiempo. En años anteriores, estas eran más frecuentes, más largas y en ellas cada uno de los ministros o secretarios presidenciales convocados daba un breve repaso de sus hitos de gestión. Eso viró particularmente este año. “Si tenemos que dar un repaso de cómo viene mi hoja de ruta, eso se lo estamos comunicando más a la Mesa Política”, confiesa en privado uno de los ministros libertarios.

El grupo de nueve funcionarios que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se está reuniendo prácticamente todas las semanas y buscan invitar a un ministro por cada uno de los encuentros. Hace tres semanas fue el turno de Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y el martes pasado el de Sandra Pettovello (Capital Humano). La Mesa Política se reunirá en uno de los despachos de la Casa Rosada esta misma jornada desde las 13. Dos horas más tarde se hará una nueva conferencia de prensa encabezada por el vocero Adrián Ravier, quien está siendo cuestionado puertas adentro del Gobierno producto de diferentes furcios en sus alocuciones anteriores.

El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que el jueves emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión Malvinas. El anuncio se produce después de que su par estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas.

“Lo anunció ante nosotros”, reconoció a Infobae una figura del Gabinete que estuvo junto al Presidente esta mañana en la Casa Rosada minutos antes de que se diera a conocer de manera oficial. Milei ya había dado una pista de que ese tema iba a ser central en el encuentro con sus ministros. Previo a entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, mantuvo una breve conversación con El Observador y anticipó que uno de los asuntos centrales iba a ser Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas. La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

En su alocución por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei reafirmó “el derecho al ejercicio pleno de la soberanía” argentina sobre las islas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes. El mandatario recordó que las Naciones Unidas reconocen la disputa como una “situación colonial especial” que debe resolverse mediante “el diálogo maduro y sincero” entre la Argentina y el Reino Unido, y agradeció el respaldo recibido en foros como el Comité Especial de Descolonización de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur.

Milei también advirtió sobre la decisión de inversión de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte y afirmó que el país adoptará “todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger sus recursos frente a lo que calificó como actividades “unilaterales e ilegítimas”.

Quirno respondió sobre los dichos de Trump por Malvinas

Si bien no se ha profundizado sobre los avances que hizo Quirno ante el Gabinete, el ministro ya había realizado las únicas declaraciones públicas sobre los dichos de Trump durante una edición especial de “Economía de Quincho”, el programa que se emitió en Infobae en Vivo y que conducen Damián Di Pace, Gustavo Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno.

“Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, afirmó el canciller.

Horas antes, Trump había señalado que podría reconsiderar su posición sobre el estatus de las islas, en medio del reclamo territorial argentino ante el Reino Unido. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, indicó el mandatario estadounidense.

Consultado sobre esas palabras, Quirno remarcó la necesidad de contar con “acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos” para responder a lo que calificó como “situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos”.

El canciller sostuvo que la resolución del conflicto pasa por la vía diplomática y por el trabajo interno del país. “Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros con el apoyo de los diferentes países. Pero de la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo, tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”, explicó.

La amenaza de Trump y la reacción del Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta revisar la postura de su país respecto de la soberanía de las islas Malvinas. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, dijo el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval, consultado sobre el histórico reclamo que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido por el archipiélago. Se trata de la primera vez que Trump se pronuncia públicamente sobre esa disputa territorial.

La pregunta del periodista estadounidense a Trump se produjo luego de que el diario británico The Telegraph revelara que Washington revisa sus compromisos con los socios del Atlántico en función de las nuevas metas de gasto en defensa que exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según esa publicación, un alto funcionario estadounidense señaló que el Reino Unido recibirá especial atención dentro de esa revisión, dado que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no presentó aún una hoja de ruta creíble para alcanzar el objetivo del 5% del Producto Bruto Interno en gasto militar. Consultado sobre un eventual cambio de postura en Malvinas, el mismo funcionario había declarado a The Telegraph: “Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”.

En los últimos años, la posición de la Casa Blanca sobre la soberanía del archipiélago fue de neutralidad, aunque con gestos concretos hacia Londres. Un giro en ese posicionamiento podría alterar la discusión estratégica sobre el Atlántico Sur. De hecho, a mediados de este mes, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, había descartado cualquier modificación: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, declaró a TN. El gobierno británico, por su parte, ratificó este año que considera al archipiélago un territorio de ultramar soberano, según confirmó un portavoz del primer ministro Keir Starmer.

La visita del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a Buenos Aires dejó una señal política y técnica para el proyecto local: la Ciudad busca reabrirle la puerta a la Fórmula 1 en el Autódromo Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una obra de renovación integral que ya alcanzó un 60% de avance.

En este sentido, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó el plan ante Mohammed Ben Sulayem, máxima autoridad del organismo que homologa los circuitos donde compite la máxima categoría del automovilismo.

El proyecto en marcha contempla una inversión de 150 millones de dólares, la mayor desde la inauguración del circuito, con el objetivo de adecuar el predio a las exigencias internacionales de seguridad y rendimiento. Según informó el Gobierno porteño, cuando finalicen los trabajos, el autódromo quedará en condiciones de aspirar a recibir a la Fórmula 1.

Durante la presentación, Macri sostuvo: “Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Las obras y las modificaciones

La remodelación incluye un rediseño profundo de la pista. El nuevo circuito tendrá 4,87 kilómetros, contará con 15 curvas y permitirá velocidades de más de 340 kilómetros por hora en la recta principal. Además, el complejo será preparado para recibir a más de 150.000 personas.

Entre las tareas en ejecución figuran la colocación de pianos de hormigón, una nueva carpeta asfáltica, movimiento de suelos, adecuación de calles de servicio, hormigonado de muros de contención, zanjas y conductos pluviales, además de un nuevo túnel de paso por debajo de la pista.

A su vez, uno de los avances recientes fue la demolición de la tribuna ubicada en la horquilla, una intervención considerada necesaria para extender el trazado y ajustarlo a los parámetros de velocidad y seguridad requeridos para competencias de primer nivel. De acuerdo con los datos difundidos por la Ciudad, la pista ya está a nivel en un 98%.

Las obras también abarcan la renovación total del sector de paddock, la construcción de nuevas tribunas, mejoras de infraestructura general y un nuevo kartódromo. El cronograma oficial prevé que esos trabajos estén terminados en 2027, año en que Buenos Aires tendrá el reconocimiento de Capital Mundial del Deporte.

La prueba internacional en 2027 con el MotoGP

Antes de una eventual candidatura para la Fórmula 1, el autódromo ya tiene confirmada otra cita de alcance global. En abril de 2027 se correrá en la capital argentina el Gran Premio de MotoGP, que regresará a la ciudad después de 28 años. La competencia funciona como una referencia relevante para medir capacidad operativa, logística y de recepción de público en un predio en plena transformación.

El Gobierno porteño vincula esa agenda deportiva con una estrategia más amplia de posicionamiento internacional. “El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad”, afirmó Macri. En la misma línea, planteó: “Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión”.

La transformación del predio no está pensada solo para el calendario motor. El plan oficial busca convertir al autódromo en un polo para actividades de entretenimiento, turismo y desarrollo económico, con capacidad para albergar también recitales, congresos y maratones, como ocurre en otros circuitos internacionales.

Según las estimaciones difundidas por la administración porteña, una carrera de Fórmula 1 puede generar en promedio US$ 150 millones para una ciudad en sectores como turismo, hotelería y gastronomía. La expectativa oficial es que el MotoGP produzca un movimiento de magnitud similar durante los tres días de competencia previstos para abril del próximo año.

La nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), sostuvo que no fue notificada y afirmó que seguirá yendo al centro de salud mientras la Justicia no resuelva su tutela sindical.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del gremio, Lezana respondió: “No estoy despedida porque no fui notificada”. En el mismo mensaje, agregó: “Por eso, del hospital no me saca ninguna intervención; voy a seguir yendo todos los días como hace 39 años”, sostuvo quien, tras un sumario que -según informó la institución- se concluyó que no atendió pacientes durante 2025.

Cuestionamientos a Lugones y el reparo en la protección gremial

La sindicalista le apuntó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a las autoridades del hospital afirmando que lo que difundieron “es una mentira”. Y agregó: “No fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método autoritario, prepotente, de patrones de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa con el que se maneja el titular de la cartera sanitaria y su grupo de empleados que tienen tomada la dirección del Garrahan”, sostuvo la mujer.

Lezana sostuvo además que no puede ser despedida por contar con “protección gremial”. Luego vinculó la decisión con su rol sindical y de género: “¿Saben por qué me atacan? Porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital y eso no lo soportan; porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión, soy independiente”, agregó.

La dirigente también acusó a las autoridades de intentar desviar la discusión sobre el manejo de recursos. Según dijo, buscan “correr el eje” para evitar que se debata por qué se destinan fondos a una empresa de seguridad privada y a la Policía de la Ciudad mientras, según su denuncia, no se autorizan prótesis y medicamentos de alto costo, y qué ocurre con contrataciones directas y con casi $60 mil millones de fondos propios del hospital invertidos en bonos de deuda a 13 años.

En ese mensaje, Lezana definió la decisión como “escandalosa” y afirmó que pretenden usarla “como chivo expiatorio”. También convocó a una manifestación para este miércoles al mediodía en la puerta del Garrahan y a una asamblea para el jueves en el segundo piso de la institución.

Ya que el caso quedó atravesado por la protección gremial, el hospital debe pedir judicialmente la exclusión de esa tutela antes de hacer efectiva la cesantía. El Dr. Mariano Pirozzo, Director Médico del Hospital Garrahan, confirmó que el hospital ya impulsó ante la Justicia el pedido de exclusión. “Si considera que estuvo todo bien, se lo va a sacar”, afirmó.

Cómo fue el sumario abierto a Lezana

La investigación interna se apoyó en declaraciones de trabajadores y en los registros asistenciales del hospital. Según el nosocomio, no pudo acreditarse que hubiera realizado tareas como nutricionista durante el período analizado y sí se constató su participación en actividades gremiales.

Pirozzo dijo a Radio Mitre que el sumario se abrió a partir de denuncias de personal del centro de salud. Explicó que el sistema de historia clínica funciona desde 2009 y que no aparecen registros de atención de pacientes por parte de Lezana en 2025.

Por ello, el comunicado oficial del Garrahan encuadró la resolución en un proceso de “fortalecimiento institucional” orientado, según la institución, a garantizar el cumplimiento de funciones y una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

La conducción del centro pediátrico también sostuvo que Lezana tuvo una participación activa en acciones sindicales y que protagonizó la ocupación de la oficina de la Dirección Médica. El hospital agregó que, pese a ese escenario, mantuvo la atención y la continuidad de las prestaciones esenciales con personal asistencial que cubrió la carga laboral de quienes hicieron paro.

Según la reconstrucción del caso, ninguno de los trabajadores entrevistados en el sumario declaró haber visto a Lezana cumplir tareas asistenciales dentro del hospital. Las mismas fuentes señalaron que ni sus superiores directos pudieron precisar cuál era su lugar de trabajo en la institución.

El convenio aplicable a la actividad permite a los trabajadores con tutela gremial destinar hasta 10 horas mensuales a tareas sindicales. Según trascendió, la dirigente registraba su ingreso, pero dedicaba toda su jornada a esa actividad, lo que, de acuerdo con esa versión, explica la ausencia total de registros de atención a pacientes durante 2025.

El PJ reivindicará a CFK a cuatro años del intento de asesinato: “Nadie debe ser perseguido y violentado por sus ideas políticas”

Habrá un encuentro a las 18, en la puerta de San José 1111, donde Máximo Kirchner será el único orador. En un documento, los partidos nacionales del peronismo respaldaron a la ex presidenta

Este martes 1 de septiembre se cumplen cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner en la puerta de su departamento, ubicado en el barrio Recoleta, donde Fernando Sabag Montiel intentó meterle un tiro en la cabeza ante la vista de todos los militantes que la esperaban.

Para una buena parte del peronismo la de hoy no es una fecha más. El hecho policial fue tan grave que generó un hecho político que rompió las fronteras nacionales. Sin embargo, las diferentes etapas de la interna justicialista fueron creando enemigos alrededor de la figura de Cristina Kirchner y le quitaron peso específico a su figura.

Para esta tarde, a las 18, el kirchnerismo organizó un acto en la puerta de San José 1111, donde la ex presidenta cumple con la condena que le fue impuesta en la causa Vialidad. Habrá una movilización de militantes y estarán los principales dirigentes del arco más K del peronismo. Como hace siempre que la van a ver, CFK saldrá a saludar por el balcón.

El único orador de la jornada será Máximo Kirchner. En las primeras filas de los presentes estarán los principales dirigentes de La Cámpora y los legisladores de impronta cristinista. La convocatoria es abierta, pero no puntual. De hecho, no le llegó ninguna invitación ni llamado a Axel Kicillof. Hasta ayer a la tarde, no estaba al tanto de lo que se estaba organizando. El Gobernador no estará presente.

“No se hicieron invitaciones. El que quiera puede venir”, dijeron cerca de la familia Kirchner. La relación con el gobernador bonaerense está rota y solo habilitada para que haya un canal de comunicación vinculado a los acuerdos políticos y electorales. Solo eso.

El kirchnerismo volverá a poner en el centro de la escena política a la ex Jefa de Estado, dejando en claro que su liderazgo sigue latente y que su influencia en el proceso electoral del año que viene será determinante. Porque, además de cuestionar la investigación y poner el foco en que falta esclarecer los autores intelectuales del intento de magnicidio, le dará trascendencia política al rol de la ex mandataria.

El foco del reclamo y de la importancia que tiene para el peronismo este hecho quedó plasmado en un documento que navegará por las redes sociales durante todo el día y lleva la firma de los principales partidos nacionales que componen la coalición peronista. Entre ellos aparecen el Partido Justicialista (PJ), el Frente Renovador (FR), Nuevo Encuentro, Patria Grande, Kolina, la Patria de los Comunes y Partido Solidario, entre otros.

Dos aliados que se acercaron a poner la firma y el partido fueron Guillermo Moreno, titular de Principios y Valores; y Miguel Pichetto, que está al frente de Encuentro Republicano Federal. Por fuera de los márgenes peronistas, al reclamo se sumaron Ricardo Alfonsín, como titular del Frente Amplio por la Democracia; y Federico Storani, que comanda Radicalismo Auténtico.

En el comunicado, los dirigentes opositores señalaron que creen necesario “volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro” y advirtieron que “aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió”.

“Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner”, indicaron.

En otro apartado del texto, y apuntando contra algunos medios de comunicación y el gobierno nacional, sostuvieron que “cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse”.

“La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”, precisaron, en referencia al daño que consideran que hicieron los mensajes de odio desde la política y desde las redes sociales.

Los dirigentes señalaron que en este cuarto aniversario los hechos vividos interpelan al “conjunto del sistema democrático argentino” y afirmaron que “los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos, nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”.

“Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto”, indicaron en el tramo final del texto respaldado por los partidos políticos que componen Fuerza Patria.

Por último, señalaron que “existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas”. Y explicaron que “defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto” porque “la política es discusión, es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas; es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad”.

“Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar”, describieron. La trascendencia que el peronismo le dé hoy al hecho pondrá sobre la mesa el lugar que ocupa CFK, los cercanos y los que están cada vez más lejos. Porque ya nada es igual a como supo ser.

En declaraciones al periodista Luis Gasulla en radio El Observador, Milei anticipó que hablarán de la cuestión en la reunión de Gabinete convocada para este martes.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Trump dijo que revisa la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas, y Milei lo abordará en gabinete

El lunes 31 de agosto, Trump afirmó ante periodistas en el Salón Oval que su gobierno está evaluando su postura sobre el archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido pero reclamado por Argentina. “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, respondió el mandatario estadounidense cuando fue consultado al respecto. Washington sostuvo históricamente una posición de neutralidad en el conflicto de soberanía desde la guerra de 1982, sin tomar partido por ninguno de los dos países.

Milei, sin profundizar en detalles, confirmó que el tema estaría en la agenda del encuentro ministerial: “Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó.

Gasulla, al cierre del diálogo, aludió a Malvinas entre las posibles novedades del año, junto a la Fórmula 1 y una eventual visita del Papa al país.

El mandatario también anticipó que la reunión de gabinete tendría como disparador un artículo del ministro Federico Sturzenegger, quien —según describió Milei— “demuestra con siete variables muy fuertes, una a una, cada una de las mentiras que se dedican a propagar determinados periodistas y determinados medios de comunicación que no quieren que a la Argentina le vaya bien”. Luego, indicó, se pasaría al repaso habitual de los ministerios.

Infobae anticipó esta mañana que también podrían surgir medidas para atenuar la situación de las familias en mora.

Milei calificó la partida de Messi como “el dolor de saber que el mejor de todos los tiempos ya no va a vestir nuestra casaca”

La entrevista se inició con una extensa reflexión del presidente sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, anunciado el 31 de agosto por el propio jugador en sus redes sociales, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

“Es el dolor de saber que el mejor de todos los tiempos ya no va a vestir nuestra casaca”, declaró Milei, quien además subrayó su vínculo personal con la figura del rosarino: “Hay conferencias mías hablando de Messi por todas partes del mundo y, además, bancando en ese momento tan duro que transitó con la Selección Argentina también.” El mandatario describió la partida del capitán albiceleste como “un dolor enorme” y a la vez como “una situación absolutamente entendible” para alguien que lleva más de veintidós años en el alto rendimiento.

El presidente invocó un estudio inglés para ilustrar la excepcionalidad estadística del rosarino

Milei rememoró que los domingos se reúne habitualmente con el profesor de su hermana y que, antes del Mundial, vio un video de 800 goles de Messi dividido en dos sesiones. “Le puedo asegurar que usted lo mira y no hay lugar a la repetición, porque imagínese que si empieza a tener la repetición no termina más. Y es demoledor ver gol, gol, gol tras gol”, dijo.

El mandatario hizo referencia a un artículo académico de origen británico —al que denominó “Messi es imposible”— que mide el rendimiento de los jugadores en todas las facetas del juego. “Lo normal es que usted sea muy bueno en unos y en otros esté debajo del promedio. La característica de Messi es que es el mejor en todas las facetas del juego”, explicó. Señaló además que jugadores de élite como Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo presentan dos o tres desvíos respecto a la media, mientras que “Messi tiene más de seis desvíos respecto a la media. No es normal cómo juega al fútbol Messi”.

Milei atribuyó las críticas históricas al jugador a una “pasión autodestructiva” argentina

Al recordar que una parte de la prensa y los aficionados locales cuestionaron al capitán durante años, el presidente no evitó la referencia al festejo mundialista de Qatar 2022: “Recuerde lo que le cantaban a los periodistas después de ganar la Copa del Mundo. Recuerde que en un momento le dejaron de hablar a los periodistas.”

Milei vinculó esa tendencia crítica con lo que describió como una cultura nacional condicionada por décadas de fracasos colectivos. “Argentina se acostumbró a ser un país perdedor durante cien años”, sostuvo, y añadió que uno de los desafíos pendientes es “reconstruir el sentimiento de que podemos ganar y que podemos ser los mejores”. “En algún momento nos vamos a poder convencer de que efectivamente somos los mejores y cuando ello entre en nuestras conciencias no nos va a parar nadie. Es más, lo estamos logrando aún con la máquina de impedir a todo vapor”, afirmó.

“Vamos a recuperar los fierros”: Milei cerró con una referencia a la Fórmula 1

Sobre el final del diálogo, el presidente amplió su entusiasmo más allá del fútbol: “No solo es la pasión del fútbol, ahora vamos a recuperar los fierros. Mire si recuperamos la Fórmula 1”, señaló, en alusión a los rumores sobre el regreso de un Gran Premio de Argentina al calendario de la máxima categoría del automovilismo.

Messi, de 39 años, cerró su etapa en la Albiceleste con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, tras haber conquistado el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y haber disputado las finales de 2014 y 2026. En su carta de despedida, publicada en Instagram, el rosarino escribió: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.”

El gobernador Gustavo Melella anunció que desde hoy, martes 1 de septiembre, entra en vigor en Tierra del Fuego un plan de alivio y desendeudamiento para familias con problemas de pago, incluso para quienes están en mora y figuran en Veraz. La medida marcó una diferencia con el enfoque del presidente Javier Milei sobre el crédito de los hogares.

Entre las medidas sobresale una baja del 20% en las tasas de financiación de las tarjetas Fueguina Visa y Mastercard, que alcanzará a unos 30.000 clientes del Banco de Tierra del Fuego. También habrá una reducción del 10% en las tasas de préstamos personales para clientes con y sin acreditación de haberes.

El programa, que será instrumentado por el Banco de Tierra del Fuego, incluye además financiación para gastos de salud y productos esenciales, con hasta 10 cuotas sin interés y reintegros en farmacias y servicios médicos. El esquema suma beneficios y opciones de pago en comercios de cercanía.

Para quienes ya enfrentan dificultades de cumplimiento, la entidad habilitará líneas de reordenamiento para clientes con atrasos de hasta 60 días, con plazos de hasta 72 meses y períodos de gracia de hasta seis meses. En los casos de mora superior a 60 días y registro en Veraz, ofrecerá planes de refinanciación de hasta 10 años.

Deudas por gastos básicos

Durante la presentación, realizada en simultáneo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, Melella sostuvo que el sobreendeudamiento dejó de estar asociado solo al consumo y pasó a impactar sobre la subsistencia cotidiana de muchas familias. “El endeudamiento ha llegado a consumir el salario y ha llegado a consumir la vida de muchos argentinos y argentinas, denigrando la calidad de vida. Es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país”, afirmó.

En otra declaración citada por 19640 Noticias, el mandatario describió el deterioro del ingreso con una frase dirigida al cuadro económico general: “Venimos viendo cómo el poder adquisitivo se desgrana, se desmorona en términos concretos”. También señaló que muchas personas se endeudan para comprar alimentos, pagar medicamentos, afrontar el alquiler o llegar a fin de mes.

Según Radio Universidad, a partir de hoy los interesados podrán acercarse a las sucursales del banco para recibir asesoramiento personalizado. El personal de la entidad evaluará cada caso de acuerdo con el nivel de ingresos, el grado de endeudamiento y la capacidad de pago de cada familia.

Por su parte, el presidente del banco, Adrián Cosentino, describió la situación como una “asfixia financiera” y explicó que una parte importante de las deudas ya no responde a la compra de bienes durables, sino a la cobertura de gastos básicos. El objetivo del paquete no es solo refinanciar pasivos, sino también sostener el consumo y la actividad económica provincial.

Cruce político por el endeudamiento

La iniciativa fue presentada después de que Milei cuestionara a los morosos en un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí dijo: “Vino el Mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el Mundial”.

Melella adoptó una posición opuesta y defendió el papel de la banca pública como herramienta de intervención frente al deterioro del ingreso. También pidió que las entidades privadas acompañen con medidas similares y planteó que el banco provincial debe priorizar el alivio de las familias por encima de criterios ligados exclusivamente a la rentabilidad financiera.

No es el primer gobernador que impulsa medidas de este tipo. La provincia de Buenos Aires lanzó el programa “Ponete al día”, con refinanciación para clientes morosos, tasas reducidas y plazos de hasta 72 cuotas; en Córdoba, Martín Llaryora presentó Alivio Cordobés para refinanciar préstamos personales, tarjetas de crédito y deudas familiares vinculadas a gastos básicos.

La Ciudad de Buenos Aires ya había implementado un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para refinanciar deudas bancarias de tarjetas y préstamos. En Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro puso en marcha el Plan de Protección de los Ingresos, orientado a limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares y facilitar refinanciaciones mediante el Banco Santa Fe, con plazos de hasta 60 meses.

Axel Kicillof se sumó este martes a los mensajes por el cuarto aniversario del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, y reclamó en sus redes sociales que “se haga justicia” sobre los autores intelectuales del ataque.

“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, aseguró Kicillof.

El gobernador y la expresidenta se encuentran distanciados políticamente. El punto de quiebre se evidenció el año pasado, cuando Kicillof evitó pronunciarse explícitamente a favor de Cristina Kirchner en la interna por la conducción del Partido Justicialista.

El gobernador inició además un armado electoral propio para las elecciones presidenciales de 2027 prescindiendo de la ex mandataria, cuyos allegados exigen gestos más concretos del gobernador para forjar un acuerdo de cara a la competencia electoral que se avecina.

Uno de los movimientos que se espera de Kicillof es una visita a la ex Presidenta en su departamento de San José 1111, en CABA, donde cumple con su arresto domiciliario en virtud de la condena por el caso vialidad.

Los autores materiales fueron condenados

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio, pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió una condena de ocho años por ser partícipe necesaria del ataque. Un tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto. Ambos detenidos cumplen sus condenas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del ataque, sin embargo, no reunió pruebas suficientes para sostener que detrás de los autores materiales existió una estructura política o económica que ordenó o financió el crimen.

Los actos a 4 años del atentado

El peronismo y sus fuerzas aliadas organizaron para este martes una concentración frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. El principal orador del acto será Máximo Kirchner. Paralelamente, distintos espacios políticos difundieron un documento conjunto bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, que advierte sobre las consecuencias de tratar al adversario político como un enemigo.

Kicillof, en cambio, no participará del acto. Su adhesión se limita a la publicación de un mensaje en la red social X, en el que llamó al atentado y a la actual detención de la exvicepresidenta “dos caras de una misma moneda” y reclamó que “se haga justicia”.

La distancia entre Kicillof y el cristinismo no es solo simbólica. En el verano de 2026, la interna escaló hasta niveles que dentro del peronismo compararon con la ruptura del espacio ocurrida en las elecciones presidenciales de 2003. Fuentes del entorno de Fernández de Kirchner afirmaron a Infobae que el gobernador bonaerense “quiere construir un proyecto sin Cristina, pero con sus votos”, y que, aunque no lo explicita en público, es una decisión tomada.

El propio Kicillof construye desde la gobernación su propio armado político: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el que proyecta una candidatura presidencial para 2027. El 19 de septiembre tiene previsto un acto en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Wilde, en el municipio de Avellaneda, bautizado con el eslogan “Construir la Esperanza”, que será la primera gran demostración de fuerza federal de su espacio.

Kicillof construye su propio armado nacional sin buscar el aval de la expresidenta

En las semanas previas al aniversario del atentado, la interna había entrado en una relativa pausa. El gobernador instruyó a sus colaboradores para que no respondan a las críticas del cristinismo, mientras que, desde el sector de Fernández de Kirchner, las críticas también se atenuaron. Ambos espacios participaron de encuentros vinculados a la unidad, aunque sin producir imágenes conjuntas entre sus principales referentes.

El cristinismo, por su parte, no descarta concurrir a las elecciones de 2027 con un candidato propio, sin Kicillof, en un escenario que abriría una PASO o incluso una doble candidatura peronista en las elecciones generales.

“Toda la embestida contra Sol Calle tiene como objetivo perseguir a Abel Furlán”. Lo aseguraron estrechos allegados al desplazado líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se mantiene en silencio pese a los escandalosos datos que surgieron en los últimos días, que involucran a su gestión al frente del sindicato y a su ex colaboradora María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner en San José 1111.

Luego de conocerse esa operación inmobiliaria, se supo que Calle fue despedida como empleada de la UOM apenas asumió el interventor judicial en el gremio, Alberto Biglieri, quien incluso suspendió el 15 de agosto el polémico contrato firmado por Furlán que le cedió el manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, propiedad de dirigentes ligados a La Cámpora como Calle, que recaudaba más de 100 millones de pesos por mes y que dio lugar a una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos.

Tras la revelación del diario La Nación de que Calle compró un departamento en San José 1111, trascendió que los opositores de Furlán aportaron a la Justicia constancias sobre 114 viajes internacionales que hizo Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México, además de la compra de un auto BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en USD 70.000, y dos propiedades más a su nombre en la ciudad bonaerense de Campana.

Este domingo, además, el diario Clarín publicó que “el interventor Biglieri detectó que Furlán tenía 11 autos para uso personal y tuvieron que intimarlo para que los devolviera, y que uno de los vehículos lo utilizaba su hijo, que se negaba a devolverlo al sindicato”.

Aunque Furlán no quiso hacer ningún descargo sobre estas acusaciones en contra de él y de su colaboradora, uno de sus allegados de mayor confianza dio a Infobae su versión acerca de varias de las sospechas y acusaciones que aparecieron en los medios.

Sobre la adquisición de la propiedad de San José 1111, la fuente furlanista aseguró que Calle “no compró el departamento para Cristina ni lo compró con plata de la UOM ni para nadie vinculado a Cristina”. Y dio un dato hasta ahora desconocido sobre el tema: “Con un grupo de militantes querían poner una fundación dedicada al estudio de modelos de desarrollo. Ella no es funcionaria y no quería volver a tener cargos públicos”.

En el entorno del ex líder de la UOM están convencidos de que “toda la embestida contra Sol Calle tiene por objetivo perseguir a Furlán”, a la vez que defienden su gestión y dicen que “las decisiones que tomó fueron en favor de los afiliados”. En ese sentido, aportaron un dato: “Después de 23 años de administración de la empresa Donington, perteneciente al Grupo Olmos, que también administra la obra social metalúrgica, Furlán recibió la UOM con un capital aproximado de 17 millones de dólares y en sólo 4 años la entregó a la intervención con más de 31 millones de dólares”.

“La piba se está comiendo un garrón. Trabaja 24/7, es muy capaz, leal y eso despertó celos en algunos propios mientras que los adversarios creen que sin ella la gestión de Furlán se debilita”, añadió la misma fuente al referirse a María Soledad Calle.

Aseguró que Calle “siempre tuvo un buen pasar mucho antes que la UOM y por eso también pagó el costo de no venir del mundo obrero ni de una fábrica”. “Es una hipocresía que los mismos que antes la criticaban porque era una cheta en representación de obreros ahora se asombran porque vive bien”, agregó.

El allegado a Furlán se quejó de que a Calle “la acusan de monje negro, de ser el cerebro detrás de las decisiones porque habla con pocos y tiene un grupo muy cerrado, pero se sabe que es influyente, algo que le ganó amores y odios”. “Si bien participa de muchas exposiciones sindicales, políticas y académicas sobre industria y trabajo por su experiencia en el sindicalismo global, se baja del escenario y es distante -aseguró-. Todo ese perfil le ganó la construcción de muchos mitos”.

Acerca de la polémica desatada porque el ex líder de la UOM designó a esta militante camporista en puestos importantes en organismos internacionales sin ser dirigente gremial, la fuente de confianza de Furlán remarcó que Calle “construyó una trayectoria dentro del movimiento obrero internacional y es reconocida por los grandes sindicatos del mundo”. Detalló que es presidenta de la Federación Internacional IndustriALL Global Union para América Latina y el Caribe, y, además, “tras un concurso con 17 postulantes del mundo, alcanzó la presidencia del Comité Global de Empresas Multinacionales, donde lleva adelante la negociación de acuerdos marco con las grandes empresas globales de la industria automotriz, energética y textil”.

“Fue elegida por unanimidad en tres instancias: primero por los sindicatos industriales argentinos, luego por los latinoamericanos y, por último, en el congreso de Sidney, por los sindicatos industriales de todo el mundo”, añadió. Y luego hizo hincapié en que Calle “viaja y seguirá viajando para cumplir con esas responsabilidades y representación”, ya que “es su trabajo”.

Por otra parte, definió a la mujer como una “militante peronista desde los 16 años, fue elegida concejal de Campana en dos oportunidades y cumplió esos mandatos entre 2015 y 2023″. Advirtió que “como concejal nunca administró recursos públicos” y que “hace tres años que no ejerce ningún cargo público, pero, sin embargo, está en el ojo de la tormenta”.

Respecto del apodo de “primera dama” con el que “habría sido identificada por personas vinculadas con la empresa USEM”, según figura en la ampliación de la denuncia judicial de los opositores metalúrgicos, la fuente furlanista admitió que “algunos la acusan de ser el cerebro de la nueva UOM durante la gestión de Furlán” y aclaró que “eso le ganó el apodo de Dama de la UOM, que le habría puesto el histórico Naldo Brunelli (titular de la Seccional San Nicolás del sindicato)”.

Casi en paralelo a la intensa actividad que el presidente Javier Milei mantiene en sus redes sociales, en el oficialismo detectaron una merma en la interacción digital que involucra al mandatario y se lo atribuyen a una dinámica específica de la red social X. Sin embargo, detrás de los números se esconden algunas discusiones internas en torno al predominio de la línea política.

“Hay un cambio de algoritmo muy fuerte en X que penaliza el estilo de Milei”, expresó una fuente oficial que entiende del tema. Según argumentaron ante Infobae, el mandatario hace uso excesivo de la función de citar y recompartir publicaciones, una práctica que, según explican, va a contramano de la nueva lógica de la red social, que “busca promover la publicación de videos y contenido original”.

Para los libertarios, la red social que adquirió Elon Musk busca volcarse a un formato similar al de YouTube por lo que penaliza con menor visibilidad el uso de contenido ya publicado. Pese a las aclaraciones, en Casa Rosada aseguran que las apariciones públicas del libertario en medios de comunicación o discursos políticos mantienen la misma repercusión “que de costumbre”.

En los últimos días, el mandatario se mostró particularmente activo en su cuenta de X, con mensajes contra el periodismo, la oposición y los economistas a los que suele referirse como “econochantas”. Algunas voces del ecosistema sostienen que la intensificación del uso de su cuenta responde a una estrategia para “contrarrestar” los “ataques” que localizan en su contra.

“Ataca cuando más lo atacan”, precisaron para argumentar las últimas publicaciones en las que descalificó al periodismo.

Detrás de la explicación del oficialismo aparecen los datos del informe especial de la consultora Ad Hoc, que analizó la evolución de la imagen digital de Milei y el comportamiento de las principales cuentas que integran su comunidad en redes. En sus mediciones, la firma detectó un “paulatino y persistente” descenso en los números que miden el protagonismo digital del Presidente.

Asimismo, registraron una merma del 70% en las menciones a Milei en comparación con febrero de 2025, a raíz del caso $Libra, y una caída en las interacciones generadas por las cuentas encargadas de generar conversación. También detectaron una disminución en la audiencia de las entrevistas del mandatario en canales aliados: el 14 de mayo de 2026, tuvo solo 279 mil visualizaciones en el streaming Carajo y, ese mismo día en Neura, 155 mil. En diciembre de 2024, había superado 1,4 millones de visualizaciones.

Una segunda lectura en Balcarce 50, tal vez la más política, sostiene que detrás de la merma en la conversación digital se esconde la marginación del sector que se referencia con el asesor presidencial, Santiago Caputo, del ecosistema mileísta.

La disputa interna de la administración libertaria impactó de lleno en la dinámica cotidiana del Gobierno. Algunos de sus integrantes aseguran que la “militancia” virtual rechaza la ausencia de dirigentes del sector que participó de la fundación de La Libertad Avanza.

El retrato que dejó la mesa técnica entre funcionarios del PRO y La Libertad Avanza, a los que internamente califican como “políticos de carrera”, generó malestar entre algunos alfiles del oficialismo, que aseguran que no hay “mileistas” entre quienes articulan los entendimientos de cara a 2027. Un debate que inició en las elecciones legislativas de 2025 y que podría reeditarse el año próximo.

La tropa digital sostiene que es difícil motorizar a los laderos virtuales si “no están de acuerdo” con el rumbo y las medidas impulsadas por el Gobierno.

En la tribu caputista detectaron que la última normativa que logró movilizar a las cuentas de X —que no son orgánicas, pero que en sus inicios se plegaron a respaldar el rumbo del Gobierno— fue el decreto que prohibía el ingreso al país de extranjeros que promovieran mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina y sus ciudadanos.

Seis meses después de que se implementara el Plan de Retiro Voluntario para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo lanzó una segunda etapa al considerar que en su primera edición hubo una “favorable convocatoria y acogida por parte del personal”. La fecha para solicitarlo se extiende hasta fin de mes.

La medida quedó formalizada hoy mediante la resolución 261/2026, que explica que el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) - Etapa 2” se enmarca en la política de reforma del Estado y desregulación económica que impulsa el Gobierno, y busca profundizar el esquema de desvinculaciones consensuadas.

Aquella primera convocatoria tuvo lugar en marzo mediante la resolución 68/2026 y poco después se extendió hasta el 24 de abril. Según explicó la nueva resolución, durante la vigencia el personal manifestó “su voluntad en relación con adherirse a formas orientadas al distracto laboral” lo que motivó la apertura de esta nueva etapa.

Procedimientos

Los acuerdos de desvinculación deberán formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa del trabajo y, en particular, ratificarse y homologarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

La resolución delega en la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES la implementación operativa del plan, así como la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad laboral.

En la primera edición, el plan había fijado una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en el organismo, con un tope de 24 haberes brutos, y estaba dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

Ese esquema excluía a quienes estuvieran procesados o condenados por delitos contra la administración pública, a los agentes con procedimientos disciplinarios en curso, a quienes hubieran iniciado el trámite jubilatorio o presentado renuncia, a los mayores de 62 años y a quienes mantuvieran litigios laborales pendientes, salvo que desistieran de ellos. También establecía que el personal adherente no podría reincorporarse al sector público nacional durante cinco años. Las condiciones se mantienen hasta hoy.

Requisitos

El personal alcanzado por el “RVR 2” únicamente puede ser de planta permanente del organismo, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”, y contempla dos modalidades de acceso: según la edad y los aportes previsionales de cada agente. En tanto, el personal con mandato sindical vigente o que se postule como delegado gremial deberá renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder adherirse.

La primera modalidad incluye a quienes ingresaron antes del 1° de enero de 2024 y tienen entre 60 y 64 años. La segunda comprende a los trabajadores de la misma fecha de ingreso, con edades de entre 65 y 69 años, que registren menos de 30 años de aportes al sistema previsional. En ambos casos, la gratificación extraordinaria de egreso equivale al mismo porcentaje de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva, o fracción mayor a tres meses, pero esta vez el tope máximo es de 19 haberes brutos.

Las etapas del proceso serán cuatro:

• La revisión de requisitos por parte de la Dirección General de Recursos Humanos
• La evaluación de cada solicitud por las Subdirecciones Ejecutivas y Secretarías
• El dictado del acto administrativo aprobatorio o denegatorio
• Y la notificación a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y a la Secretaría de Hacienda

El pago se realiza en una cuota única cuando el monto no supere los 80.000.000 de pesos; por encima de esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

El plazo de adhesión se extiende desde la entrada en vigencia de la resolución hasta las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2026.

Luego de haber otorgado un aumento, el Gobierno estableció un nuevo esquema de suplementos salariales para el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales y el Servicio Penitenciario Federal a través del decreto 845/2026 que oficializó esta madrugada.

La medida modifica distintos beneficios no remunerativos y no bonificables para la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Para la Policía Federal se incorporó la compensación “Responsabilidad Profesional Sanidad”, que percibirá en forma mensual el personal profesional con título habilitante afectado a tareas de salud dentro de la Superintendencia de Bienestar.

En Gendarmería y Prefectura Naval se creó el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones”, para quienes cumplan tareas operativas en zonas con índices críticos de conflictividad, con montos fijos por grado. Ese beneficio no podrá superar el 16% del personal en actividad de cada fuerza, aunque el Ministerio de Seguridad Nacional, con aval de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, podrá ampliar ese límite en situaciones críticas y temporales.

Para la PNA se suma además el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales”, dirigido al personal de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales de la Agrupación Albatros y al personal de Infantería que conduzca operaciones de alto riesgo.

Ambas fuerzas también incorporan el suplemento “Zona”, que se cobrará de manera proporcional al tiempo de permanencia en los puntos geográficos determinados, donde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva podrá para modificar esos destinos y coeficientes, previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

En la PSA se crea la bonificación “Destino de Alta Complejidad” para el personal de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B, incompatible con los suplementos por Jefatura, Tarea Jerárquica y cargo o función intermedia.

Todos estos adicionales son en su mayoría incompatibles entre sí y con el “Servicio de Seguridad Adicional”, una compensación con cargo a los aportes de los requirentes que se limita a 180 horas mensuales y se abona en la Ciudad de Buenos Aires y en jurisdicción federal del resto del país. También se crea la compensación “Recargo de Servicios” para tareas extraordinarias fuera del horario habitual, con un plus del 100% cuando el exceso supera las cinco horas diarias.

Además, fijaron el haber mensual del personal alumno del Servicio Penitenciario Federal: 779.942,83 pesos para el cadete de primer año y 894.362,74 pesos para el aspirante. En paralelo, se derogó el artículo que había creado el suplemento por “Función de Prevención Barrial” en Gendarmería.

En la reciente edición de Boletín Oficial, el Gobierno incluyó también dos nuevos beneficios salariales para el personal militar en actividad. Lo hizo mediante el decreto 846/2026 el cual modifica la Reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y operativiza el “Suplemento por Alta Especialización”, previsto en esa norma pero hasta ahora sin condiciones concretas de aplicación.

El decreto desdobla ese suplemento en dos figuras. La primera, el “Suplemento por Alta Especialización Operacional”, alcanza al personal que acredite la Aptitud Especial de Comandos y se encuentre destinado en organismos de operaciones especiales, o bien en organizaciones que ejecuten operaciones de excepcional complejidad con estándares superiores de selección y adiestramiento.

La segunda, el “Suplemento por Operación y Sostenimiento de Sistemas de Armas de Alta Performance”, será percibido por quienes cuenten con capacitación o certificación técnica específica y estén afectados de forma directa a la operación o el mantenimiento de esos sistemas.

En ambos casos, el Ministerio de Defensa determinará los requisitos funcionales y técnicos exigibles, el personal comprendido y los organismos o sistemas de armas alcanzados. La liquidación será mensual.

La incorporación de los adicionales mencionados en lo que respecta al personal militar, se suma a la resolución conjunta 44/2026 establecida con el Ministerio de Economía que fijó un nuevo esquema de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales.

La norma actualiza los valores vigentes desde septiembre de 2026 y reemplaza la escala fijada en julio que rigió para el trimestre junio-agosto.

El artículo 1° establece el haber mensual del personal militar en actividad según cada jerarquía, con los montos detallados en el Anexo I, mientras que el artículo 2° actuó sobre el personal de la Policía de Establecimientos Navales, cuyos importes constan en el Anexo II.

La medida se enmarca en la pauta de incrementos salariales acordada en el ámbito de la negociación colectiva de la Administración Pública Nacional para los meses de septiembre a diciembre de 2026, de aplicación escalonada.

Según ese esquema, el personal militar recibirá una suba del 6,9% a partir del corriente mes. Ese ajuste se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, con lo cual la recomposición proyectada del haber militar llegaría a un 32% durante todo el año.

El bloque de legisladores que responde al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, presentó este lunes un pedido de sesión especial para el próximo miércoles. Dentro de la agenda, figura la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 y así ser la primera provincia en avanzar con una medida de este estilo.

“Vamos a trabajar en conseguir un consenso para el miércoles y que estemos casi todos los legisladores sentados discutiendo la iniciativa”, dijo a Infobae una alta fuente de la bancada que responde al mandatario.

Chaco Puede es el interbloque oficialista donde confluyen radicales, libertarios y PRO. Necesita de la oposición si pretende conseguir el quórum que ponga en funcionamiento la Legislatura unicameral chaqueña. También para obtener las mayorías y sancionar el proyecto.

Uno de los principales referentes legislativos del peronismo adelantó a este medio: “No acompañaremos la medida”.

Zdero buscará la reelección el año próximo. Eso ordena el escenario político en el oficialismo. Aliado de la Casa Rosada, es casi un hecho que el gobernador reedite el acuerdo con La Libertad Avanza y confluyan en una sola lista en los comicios de 2027.

El peronismo, en cambio, necesita de esa herramienta a fin de encauzar la lucha por la gobernación y en los distintos municipios. Todo indica que Jorge Capitanich buscará un cuarto mandato. Sin embargo, el ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner dio luz verde para que otros referentes, intendentes sobre todo, lancen sus propuestas.

La Constitución del Chaco establece que la elección provincial debe hacerse separada de las nacionales. Esto significa que Zdero no tendrá otra alternativa que desdoblar la votación y anticiparla.

Un proyecto, dos despachos

La iniciativa para suspender las PASO fue una decisión política del gobernador. Sin embargo, llegó a la Legislatura como propuesta del interbloque Chaco Puede. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La razón es que el argumento principal para cancelarlas es el gasto. “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico”, se estableció en los fundamentos.

En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó el escrito.

Además, consideraron que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. La presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.

Del tratamiento en comisión surgieron dos despachos. El de mayoría es del oficialismo. Con seis firmas, aconseja al pleno la aprobación del proyecto de ley. El de minoría reunió cuatro rúbricas, todas del PJ. Propone que el proyecto siga en comisión.

“Creemos que la ley es perfectible, que se pueden hacer planteos y pensar en cómo mejorar sus costos, financiamiento y procedimiento. Las podríamos charlar, pero en ningún momento se armó una mesa política para analizar el tema”, se quejó el referente del PJ.

Además, sentenció que no existieron conversaciones o consultas antes de convocar a la sesión especial del miércoles.

Otros temas

En el mismo encuentro, el oficialismo intentará destrabar otras dos iniciativas. Una de ellas será el RINI (régimen de incentivo para nuevas inversiones) con el fin de promover la radicación de capitales en Chaco. La restante será el endurecimiento de sanciones a quienes obstruyan lagunas y canales.

La semana pasada, Chaco Puede obtuvo una victoria legislativa. Por amplia mayoría, la Cámara sancionó la ley de reiterancia que agrava las condiciones para otorgar la prisión preventiva a personas que tienen varios procesos simultáneos. La intención es evitar la “puerta giratoria”, explicó el oficialismo.

Después de un miércoles que -se supone- estará cargado de definiciones en el Senado, con el Súper RIGI en primer lugar, un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda se reunirán el jueves, para intentar dictaminar sobre diferentes proyectos relacionados con nuevos cortes de biocombustibles. Es decir, modificar el sistema hoy vigente hasta 2030 que, en la Cámara alta, generó una fuerte disputa entre azucareros versus el complejo maíz/soja.

En las últimas horas, legisladores de dos bloques dialoguistas reconocieron contactos y negociaciones entre el oficialismo libertario y la oposición -de todo tipo- para amortiguar la tensión en un tema que, a varias bancadas, las atraviesa de manera transversal por los distritos involucrados en la trifulca. No obstante, hasta anoche no se vislumbraba un sendero que logre equilibrar a las partes de cara a un convite para analizar las diferentes iniciativas. El mismo estará encabezado por la salteña y flamante presidenta de la comisión de Energía, Flavia Royón.

La semana pasada, el convite casi se desmadra cuando el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco) pidió que se pasara a cuarto intermedio, con el fin de evitar una discusión sobre las ideas en bandeja y patear la rúbrica de dictámenes. Esto generó la respuesta veloz del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), quien recordó las mesas de debate de los últimos meses sobre el tópico y tiene un texto presentado. Se sumó la tucumana Beatriz Ávila, en representación del sector azucarero.

El primer llamado de atención llegó desde el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que observó la moción de su colega de bancada Godoy. Seguido a ello, desde otro espacio se sugirió dividir la cuestión y acelerar lo del bioetanol, ya que la traba estaría en la falta de acuerdo en el grupo biodiésel. Adhirió a esto el justicialista pampeano Pablo Bensusán.

Después llegó el turno de la titular del interbloque libertario, Patricia Bullrich (Capital Federal), quien también tiene una norma presentada sobre la que se empezó a escribir un borrador de despacho. Se ubicó en el mismo sendero que Atauche. “Hay que avanzar”, dijo la porteña, quien después requirió a su colega de espacio y secretario de la comisión de Energía, el ex radical Pablo Cervi (Neuquén), que leyera nuevos cambios del articulado que se quería rubricar. Fue desordenado.

“Es una irregularidad absoluta”, alertó el filo kirchnerista puntano Fernando Salino. “Están hablando de un dictamen que no se conoce y escucho aquí una variedad de opiniones. Es un disparate”, agregó. Al filo del caos y en medio de los intentos de Royón para descomprimir el clima, Bullrich coincidió en reordenar la situación y convocar para la semana en curso.

Hay siete iniciativas. Además de las de Bullrich, Royón, Espínola y Ávila aparecen las del kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), una desde Santa Cruz y otra de misioneros. El plenario, en caso de tener quorum para una potencial luz verde, tiene horario de comienzo desde las 11 de pasado mañana.

Para mañana, la Cámara alta tiene previstos varios cónclaves. Se destaca el del Súper RIGI, que habla de beneficios en inversiones por más USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. En tanto, los radicales estarán a la expectativa de firmar un eventual despacho por un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas.

Horas más tarde, aliados seguirán de cerca otro plenario para ver si se empuja el final de la discusión para regular el mercado voluntario de carbono y otros pasivos ambientales, aunque desde una oficina de peso en el oficialismo deslizaron a este medio que persisten algunas diferencias.

Basándose en los datos oficiales que le acercaron, el presidente Javier Milei continúa convencido de que el nivel de morosidad en la Argentina no representa un riesgo real para el sistema financiero y que el Estado no debería intervenir, ya que se trata de un conflicto entre privados, aunque a partir de algunas propuestas internas está analizando la posibilidad de ordenarle al Banco Central que tome una medida especial para desincentivar el endeudamiento.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, aunque todavía está en estudio, el mandatario podría pedirle al titular de la entidad monetaria, Santiago Bausili, que firme un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

Actualmente, la regla indica criterios básicos para que esa cifra no quede oculta ni diluida entre otros datos, sino que aparezca de manera claramente visible para el usuario de servicios financieros.

En los documentos, como contratos, recibos o notas de débito, la exigencia central es que el valor numérico del CFT y el signo “%” estén identificados de forma legible y destacada, ya sea mostrándolos con un tamaño al menos doble respecto del resto de la información, manteniendo la misma fuente y sus proporciones; o bien resaltándolos mediante una tipografía o color destacado.

Además, debe figurar la tasa de interés o descuento anual pactada, expresada en porcentaje y con al menos un decimal; la tasa de interés efectiva anual equivalente, también con al menos un decimal; la indicación de si la tasa es fija o variable, y en este último caso los parámetros de ajuste; y, por supuesto, el CFT propiamente dicho.

En materia de publicidad, la regulación es todavía más estricta y dispone que el CFT debe exhibirse en una tipografía de color destacado, con idéntica fuente y con un tamaño al menos cinco veces mayor al utilizado para informar la tasa nominal anual, respetando las proporciones del diseño tipográfico.

Este requisito aplica tanto para las plataformas gráficas —diarios, carteles, internet o folletos— como a la radio, televisión o medios digitales, incluso si son terceros los que están publicando la información crediticia, como inmobiliarias, concesionarias, supermercados u otros intermediarios.

No obstante, la senadora Patricia Bullrich planteó recientemente que, en el caso de los bancos y las fintech, las condiciones de los préstamos deberían quedar todavía más claras, para evitar que las personas accedan a ellos sin conocer todos los detalles.

A la salida de una sesión en el Congreso, la legisladora sostuvo que esas empresas deberían “generar mecanismos concretos de refinanciación, hacerse cargo y ayudar” a los clientes que hoy no pueden cumplir con sus compromisos.

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales (de los alimentos), que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Esta idea llegó a oídos de Milei, a quien le pareció una propuesta interesante y comenzó a estudiar las distintas alternativas que podrían aplicarse en ese sentido, aunque todavía no hay una definición al respecto.

“No hace falta una ley para implementar algo así, es una decisión del BCRA. Tenemos que recuperar el discurso sobre este asunto, pero también tenemos que poner a los bancos y a las fintech a trabajar”, explicó a Infobae una fuente que está detrás de esta iniciativa.

El tema podría incluso conversarse este martes, durante la reunión de Gabinete que encabezará el Presidente en la Casa Rosada, de la cual no podrá participar el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se encuentra en los Estados Unidos asistiendo al G20 de Finanzas, que se realiza en la ciudad de Ashville, en Carolina del Norte.

Con una medida de este tipo, el jefe de Estado estaría desincentivando la toma de deuda a futuro, pero no estaría utilizando los recursos del Presupuesto para asistir a los que ya se encuentran en mora, como reclama la oposición.

De hecho, el peronismo consiguió en la Cámara de Diputados un principio de quórum y el próximo 9 de septiembre quiere forzar una sesión para tratar -o emplazar- uno de los proyectos que están en carpeta, justamente, para que el Gobierno intervenga con dinero, facilitando el proceso de refinanciación.

Esto es a lo que Milei se niega, ya que considera que el Poder Ejecutivo no tiene que “rescatar” a las compañías que se arriesgaron dando esos préstamos y que, según los datos del propio BCRA, no están tampoco en una situación límite.

En el “informe sobre bancos”, que elabora el organismo, se indica que la morosidad del sistema financiero se redujo levemente en junio, hasta ubicarse en 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado.

Ese porcentaje representa la proporción de créditos que las personas o empresas no están pagando en tiempo y forma. Entre las familias, la mora llegó a 12,8%, con bajas en tarjetas de crédito pero subas en préstamos personales y prendarios.

La Municipalidad de Luján anunció el cierre definitivo del basural a cielo abierto que funcionó en esa ciudad bonaerense durante más de 50 años y que llegó a ser considerado el vertedero más grande de la Argentina, con un vuelco diario que superaba las 120 toneladas de residuos. La medida y se concretó mediante una reorganización operativa que permite el traslado directo del cien por cien de los residuos domiciliarios del distrito hacia la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para su disposición final.

El intendente municipal, Leonardo Boto, confirmó la medida y detalló que incluye el cierre operativo del predio, el control estricto de accesos y la vigilancia perimetral del terreno. “Fueron sesenta años de dolor, de barrios llenos de humo, de enfermedades, de gente que perdió la vida por el humo del basural, o vivieron de manera indigente”, señaló Boto en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local.

Meses antes, en diciembre, autoridades comunales, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, encabezaron la inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, ubicado en Belgrano 1250, donde funciona la cooperativa de reciclado Cielo Abierto Tres Estrellas.

La puesta en funcionamiento de ese espacio representó el primer paso para la implementación del Programa de Recolección Diferenciada 2026, que prevé la instalación de Puntos Verdes y la recolección puerta a puerta a cargo de recuperadores urbanos. Una iniciativa que se enmarca en el Plan Luján Limpio y tiene como objetivo no solo avanzar hacia un ambiente más ordenado, sino también promover una mayor inclusión social.

Un predio que creció de cuatro a 16 hectáreas

El origen del basural se remonta a la década del 50, cuando el municipio adquirió un predio de aproximadamente cuatro hectáreas cercano a la Ruta 192 para la extracción de tosca destinada a obras viales. Una vez agotado ese recurso, las depresiones del terreno comenzaron a utilizarse para depositar los residuos domiciliarios recolectados en la ciudad. Con el correr de las décadas, el predio se expandió hasta ocupar 16 hectáreas, con zonas donde la acumulación de basura superó los 16 metros de altura.

Desde 1995 el municipio intentó, sin éxito, cerrar el basural y trasladar los residuos a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), un objetivo que se frustró de manera reiterada por razones económicas, sociales y logísticas. El Concejo Deliberante de Luján sancionó en dos oportunidades ordenanzas que disponían el cierre inmediato del predio, aunque en ambos casos la falta de recursos impidió su cumplimiento.

El proyecto Laudato Si quedó paralizado desde 2023

En 2019, y tal como informó este medio de forma exclusiva, comenzaron las gestiones para incluir a Luján en el préstamo 3294/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de negociaciones con el Ministerio de Ambiente de la Nación en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La iniciativa contemplaba el saneamiento del basural, la construcción de un relleno sanitario y un ecoparque bajo el nombre de Centro Ambiental Laudato Si, en referencia a la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado del ambiente.

La iniciativa contemplaba el saneamiento del basural, la construcción de un relleno sanitario y un ecoparque bajo el nombre de Centro Ambiental Laudato Si, en referencia a la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado del ambiente.

El proyecto cumplió con todas las instancias de aprobación nacionales e internacionales, incluidas audiencias públicas y certificados de aptitud ambiental, pero la obra fue paralizada en 2023 mediante una acción de amparo cuando se encontraba en plena ejecución. El conflicto judicial derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en abril de 2025 ratificó un fallo de la Cámara Federal de San Martín y habilitó la continuidad de los trabajos. Pese a esa resolución, el Gobierno nacional no retomó las obras, que permanecen detenidas desde 2023.

La transición de los recuperadores informales

Ante la falta de avances en el proyecto nacional, el municipio decidió avanzar por su cuenta con el cierre definitivo del predio. En paralelo, desarrolló un proceso de transición para los recuperadores informales que trabajaban en el basural, con capacitación e integración en un esquema cooperativo que se apoya en el fortalecimiento del Centro de Reciclaje Manuel Belgrano. Estas acciones cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de consolidar ingresos salariales y mejorar las condiciones laborales.

En diversas intervenciones, el intendente Boto, un referente de La Cámpora, remarcó que el municipio no abandonará el proyecto del Centro de Reconversión Ambiental Laudato Si, pese a la falta de avance por parte del Estado nacional (en referencia a la administración de Javier Milei). “No vamos a abandonar el proyecto pese al incumplimiento por parte del Estado Nacional y con fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia que ordena la culminación de la obra, donde además, los fondos ya estaban asignados desde el Banco Interamericano de Desarrollo”, afirmó el alcalde, quien calificó la iniciativa como una solución necesaria para el manejo de largo plazo de los residuos domiciliarios de la ciudad.

Un foro reunió al Estado, la universidad y organizaciones sociales

El sábado 22 de agosto pasado se realizó en el Auditorio de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) el Primer Foro Ambiental de Luján, organizado por el municipio junto con la casa de altos estudios. El encuentro reunió a representantes del Estado, el sector productivo, cooperativas, referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e instituciones de la comunidad, en el marco posterior al cierre del vertedero a cielo abierto.

La jornada se dividió en tres paneles. El primero, “Iniciativas y proyectos por un Luján sustentable”, abordó experiencias de producción responsable, innovación tecnológica y economía circular, con la participación de representantes de la Cámara de la Industria, Comercio y Servicios de Luján, estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1, la coordinadora de la Licenciatura en Información Ambiental de la UNLu y miembros de la Cooperativa Usina Eco.

El segundo panel, “Cambio climático, ambiente y comunidad”, se centró en los desafíos climáticos del distrito, la prevención de riesgos y el manejo del arbolado urbano, con exposiciones de Defensa Civil municipal, el Programa de Arbolado y docentes de la UNLu especializados en gestión socioambiental de cuencas fluviales.

El tercer panel, “El cierre del basural y los nuevos desafíos en la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, reconstruyó el proceso que derivó en el cierre del predio y analizó los próximos desafíos, con la participación del director de Residuos Sólidos Urbanos del municipio, Pedro Vargas, y de integrantes de la Cooperativa A Cielo Abierto Tres Estrellas, entre otros expositores.

Una agenda de largo plazo

El encuentro cerró con la participación conjunta de Boto y el rector de la UNLu, Walter Panessi, quienes remarcaron la necesidad de articular las políticas públicas con el conocimiento científico y las capacidades universitarias del territorio. “Tenemos que fortalecer el sentido de comunidad para encontrar respuestas colectivas a nuestros problemas y desafíos”, expresó Boto durante el panel de cierre.

El foro también sirvió para recoger propuestas de la comunidad destinadas a la Agenda Ambiental Luján Rumbo a los 400 años, con el objetivo declarado de proyectar políticas públicas de largo plazo que excedan respuestas coyunturales en materia de gestión de residuos, cambio climático y planificación del territorio.

Los vecinos de Luján que se movilizaron por el basural que ya contaminó napas y enfermó a familias linderas, según denuncias judiciales, tienen un segundo motivo para celebrar, el miércoles 11 de noviembre el papa León XIV visitará la localidad, donde encabezará una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú para continuar su gira sudamericana

Luján será la única escala bonaerense del recorrido papal en Argentina. Se trata de la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro -con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general- y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

La respuesta llegó del legislador después de que el conductor le planteara si La Libertad Avanza había absorbido al PRO hasta hacerle perder identidad, una lectura que De Andreis rechazó de plano. “No comparto”, respondió, aunque reconoció que desde la irrupción de Javier Milei en la escena política, su partido enfrenta “un desafío muy grande”. La distinción entre coordinar una alianza electoral y disolver la estructura partidaria funcionó como eje central de buena parte del diálogo.

Uno de los tramos más comentados de la charla giró en torno a una posible candidatura de Mauricio Macri. De Andreis fue honesto al respecto: “Hoy no lo veo tampoco, siendo honesto. Lo veo muy cómodo en su rol como presidente del partido”. Cuando Novaresio le señaló que a él personalmente le gustaría esa alternativa, el diputado no lo negó: “Es difícil que yo pueda escindirme de lo que pienso y siento profundamente, pero creo que es lo mejor que le puede pasar a Argentina”. De todos modos, remarcó que la decisión ya fue tomada por el propio expresidente, que optó por no competir.

La conversación también abordó la advertencia de sectores del PRO a un regreso del kirchnerismo al poder, un argumento que De Andreis utilizó para justificar la búsqueda de entendimientos electorales. Ante la consulta directa de Novaresio sobre si existe ese miedo, la respuesta fue escueta: “Sí”. El diputado había explicado antes que, en su lectura, si el voto no kirchnerista ni populista no logra un esfuerzo de generosidad para encontrar acuerdos inteligentes, existe el riesgo de terminar siendo “funcionales al kirchnerismo”.

Ese planteo generó un intercambio más tenso cuando el conductor lo interpeló sobre si ese razonamiento no terminaba funcionando como un paraguas demasiado comprensivo hacia Milei, al mencionar episodios como insultos a periodistas o incumplimientos de leyes por parte del Gobierno. De Andreis respondió que, para su espacio, el rumbo macroeconómico, el posicionamiento internacional y la defensa de las libertades individuales resultan correctos, más allá de esos señalamientos.

Consultado sobre un escenario hipotético en el que el Gobierno pidiera un candidato del PRO distinto a Jorge Macri para competir en la Ciudad de Buenos Aires, De Andreis no dejó margen para la ambigüedad: “No. Si hay un acuerdo, el candidato es el que defina el PRO”. La afirmación llega en un contexto de tensión creciente en el distrito porteño, donde referentes de LLA como el legislador Juan Pablo Arenaza cuestionaron públicamente la gestión de Macri y reclamaron protagonismo político propio.

En ese mismo intercambio, el diputado sí abrió la puerta a fórmulas compartidas entre ambos espacios en los 24 distritos del país. Cuando Novaresio le propuso como ejemplo una boleta integrada por Jorge Macri y la legisladora porteña Pilar Ramírez, De Andreis respondió afirmativamente sin matices. Ramírez había sido mencionada días atrás por Arenaza como una de las principales referentes que LLA tiene en el plano porteño, y también participó recientemente de una recorrida junto a Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el desarrollo urbano Vía Viva, en el barrio de Belgrano.

La entrevista también incluyó referencias a los movimientos políticos recientes dentro del espacio libertario y sus aliados. De Andreis expresó que el alejamiento de Horacio Rodríguez Larreta le generó pesar, mientras que la salida de Patricia Bullrich —quien hasta hace poco presidió el PRO y hoy responde al Gobierno— no lo sorprendió. “Era de esperar, con solo repasar su trayectoria, que tarde o temprano iba a pasar”, sostuvo, en referencia a los sucesivos cambios de espacio político que atravesó Bullrich a lo largo de su carrera.

Cuando Novaresio le repreguntó si esa falta de sorpresa se debía a la cantidad de saltos partidarios previos de la exministra de Seguridad, De Andreis lo confirmó sin rodeos: “Correcto”. Incluso fue más allá al imaginar un eventual desplazamiento futuro de Bullrich desde La Libertad Avanza hacia otro espacio, posibilidad que calificó de “obvio” entre risas.

Otro de los ejes de la entrevista fue la vigencia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Consultado sobre si corresponde derogarlas, De Andreis condicionó su respuesta a la existencia de una alternativa clara: “Sin tener claro cuál es la alternativa, no”. El diputado utilizó ese punto para reforzar su argumento central sobre la necesidad de un entendimiento electoral inteligente entre los sectores no kirchneristas, aunque aclaró que su postura no implica presionar para que ningún dirigente decida no presentarse a competir.

El planteo se enmarca en un proceso de acercamiento formal entre el PRO y LLA que comenzó semanas atrás con la creación de una mesa de trabajo conjunta, impulsada por Karina Milei y Mauricio Macri, que se reúne cada quince días. Según había explicado el propio De Andreis en una entrevista previa con Infobae, el objetivo de ese espacio no pasa por discutir candidaturas ni reparto de cargos de manera inmediata, sino por consolidar confianza entre ambas fuerzas antes de avanzar hacia definiciones electorales más profundas.

El Hospital Garrahan desvinculó a la gremialista Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), tras un sumario iniciado para determinar si cumplió sus funciones durante 2025, según un comunicado de la institución.

De acuerdo con las actuaciones del proceso, el hospital no pudo acreditar que Lezana hubiera realizado tareas asistenciales como nutricionista en ese período y sí constató su participación en actividades gremiales. La decisión se adoptó luego de tomar declaración a trabajadores, a quienes se consultó sobre su desempeño laboral.

La resolución se encuadró en un “fortalecimiento institucional” orientado a garantizar el cumplimiento de funciones asignadas y una administración eficiente y transparente de recursos públicos, indicó el hospital. Durante 2025, la institución atravesó alta conflictividad gremial con medidas de fuerza, asambleas y movilizaciones que afectaron su funcionamiento.

En ese contexto, el hospital sostuvo que Lezana tuvo participación activa en acciones gremiales y que protagonizó la ocupación de la oficina de la Dirección Médica. La institución afirmó que, pese a las medidas de fuerza, mantuvo la atención y la continuidad de prestaciones esenciales con personal asistencial que cubrió la carga laboral de quienes realizaron paro.

El sumario concluyó con la desvinculación al considerar que “no atendió a ningún paciente” e incumplió las tareas correspondientes a su puesto durante el período analizado, señaló el Hospital Garrahan. También vinculó la medida con una nueva etapa de gestión centrada en responsabilidades laborales, uso responsable de recursos y la prioridad de atención de niños y adolescentes.

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes vinculadas al caso, ninguno de los trabajadores entrevistados durante el sumario declaró haber visto a Lezana cumplir tareas asistenciales dentro del hospital.

Todos coincidieron en señalar su presencia en actividades gremiales, al punto que ni siquiera sus superiores directos pudieron precisar cuál era su lugar de trabajo dentro de la institución.

En ese sentido, las mismas fuentes agregaron que la nutricionista cuenta con tutela gremial, un estatus que protege de despidos arbitrarios a los representantes sindicales. Por ese motivo, el mismo expediente de desvinculación incluye un pedido a la Justicia para que se la retire. Hasta que un juez se expida sobre ese punto, Lezana continuará concurriendo al hospital.

De acuerdo con el convenio que rige la actividad, los trabajadores con tutela gremial pueden destinar hasta 10 horas mensuales a tareas sindicales.

Sin embargo, según trascendió, Lezana fichaba su ingreso pero dedicaba la totalidad de su jornada a esa actividad, lo que explica la ausencia total de registros de atención a pacientes a lo largo de 2025.

El conflicto se desarrolló en un escenario de alta tensión: durante ese año, el hospital contabilizó más de 40 medidas de fuerza. En ese marco, Lezana sostuvo con delantal blanco que la salud de los chicos atendidos en la institución estaba en duda, mientras no registraba la atención de un solo paciente. Para la conducción del Garrahan, quien no cumple tareas no puede continuar como parte del plantel.

La institución remarcó, además, su compromiso con la atención de pacientes y con el personal que sí cumple sus funciones. En ese sentido, señaló que lleva adelante el plan de obras más amplio de su historia, que incluye la incorporación de equipamiento hospitalario de última generación, obras de infraestructura y mejoras salariales para los trabajadores.

Catalán planteó que Tucumán necesita “un cambio muy profundo” después de décadas de predominio peronista. “Hace 43 años que gobierna el peronismo, salvo un interregno de cuatro años. Yo veo un proceso de deterioro muy grande desde Alperovich, desde el año 2003”, sostuvo.

Uno de los principales blancos de su diagnóstico fue la estructura del gasto político. Catalán aseguró que “Tucumán tiene la Legislatura más cara del país” y sostuvo que su costo representa “casi el 50% de lo que cuesta el servicio de seguridad entero en la provincia”. Según explicó, mientras el promedio del gasto legislativo en las provincias representa el 1,1% de sus presupuestos, en Tucumán llega al 4%.

Para el candidato libertario, el problema no está en los trabajadores estatales que sostienen servicios esenciales, sino en el tamaño de la estructura política. “Nuestra propuesta no es ir contra el empleado público, al contrario. Los que mantienen el servicio de salud, los médicos, los policías, los maestros, van a trabajar en condiciones infrahumanas. Nosotros vamos a achicar el gasto político”, afirmó.

La presión fiscal, otro eje del plan

La carga tributaria ocupa un lugar central en el programa que prepara La Libertad Avanza. Catalán cuestionó especialmente el peso de Ingresos Brutos y sostuvo que Tucumán tiene “la segunda presión fiscal más cara del país, después de Misiones”. A su entender, esa situación desalienta la llegada de inversiones: “Terminás con Ingresos Brutos que tienen una presión del 13%. Es imposible que alguien vaya a invertir a Tucumán”.

En ese punto, comparó a la provincia con Salta y Jujuy, a las que presentó como ejemplos de distritos que lograron desarrollar actividades vinculadas al turismo, la producción y la generación de divisas. “Salta pudo generar industria propia, la industria del turismo, el vino, el tabaco. Jujuy, hasta en lo más sencillo, hoteles cinco estrellas, estrellas Michelin, chef. Eso genera ingreso de divisas”, señaló. En contraste, cuestionó que Tucumán tenga “un turismo nada más que interno”.

Catalán también puso el foco en la distribución del presupuesto provincial. Aseguró que el 96% de los recursos se destina al pago de salarios y apenas el 4% a gastos de capital, una proporción que consideró insostenible frente a otras provincias. “Santiago del Estero tiene el 25% a capital, Salta tiene el 20%. Es imposible vivir con un Estado así”, sostuvo.

A ese diagnóstico sumó una crítica por la falta de transparencia. “No hay una ley de acceso a la información pública. No sabemos si la Legislatura tiene tres mil, cinco mil, siete mil, diez mil empleados”, denunció.

La pelea con Jaldo y la apuesta libertaria

El programa de reformas también funciona como carta de presentación para una disputa política que Catalán anticipa como una elección entre dos modelos. El dirigente descartó cualquier acuerdo con el oficialismo y apuntó directamente contra Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, a quienes definió como “la personificación de ese deterioro”.

También cuestionó a quienes ocuparon el rol de oposición durante los últimos años. “La oposición hizo de oposición, pero calló muchas cosas. Nadie dijo que era la Legislatura más cara del país. Nadie dijo que tenemos la segunda presión fiscal más alta del país”, afirmó.

Catalán considera que ese escenario puede favorecer el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia. “Estoy convencido de que se está incubando un fenómeno muy parecido al que llevó a Milei a la Presidencia”, aseguró. Según su lectura, el electorado tucumano atraviesa un proceso de desgaste con la dirigencia tradicional: “El tucumano no es que no se da cuenta del deterioro. Se cansaron”.

Frente a los cuestionamientos de Jaldo, el candidato buscó despegar la discusión de su figura y presentar la elección como una disputa más amplia. “El coraje no es personal mío. Hay un grupo de gente muy grande que está decidido a dar vuelta Tucumán”, afirmó.

Y cerró con una definición que sintetiza su apuesta electoral: “Si voy a ganar o no el año que viene lo va a decidir la gente, no Jaldo. Hay una esperanza que se está despertando, que no tengo dudas que vamos a ganar el año que viene”.

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Durante su visita a Infobae al Regreso, Diego Guelar analizó el alcance de esas palabras y advirtió que una declaración presidencial no implica necesariamente una modificación de la política exterior estadounidense. Sin embargo, consideró que, si el giro finalmente se concreta, tendría un impacto relevante para la Argentina y podría debilitar la posición británica.

El posible giro de Washington y su impacto en Argentina

Para Guelar, una modificación de la postura estadounidense sobre Malvinas requeriría mucho más que una declaración de Trump. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó.

El exembajador señaló que una decisión de esa magnitud debería involucrar a distintas áreas de la administración estadounidense. “Esto no lo ha consensuado él ni con el Pentágono en términos de defensa, ni con la CIA, ni con el Departamento de Estado”, sostuvo.

Aun así, destacó la importancia que tendría para Buenos Aires que Washington modificara su posición. “Ojalá la cumpla, porque indudablemente un cambio de posición de Estados Unidos para Argentina no es neutral”, afirmó.

Según Guelar, un eventual giro podría representar un avance diplomático para Argentina y “debilitar enormemente” la posición británica frente al reclamo por la soberanía de las islas.

El diplomático, de todos modos, pidió cautela frente a las declaraciones de Trump. “Que lo esté revisando no significa que ocurra tampoco. Dejemos que el tiempo concrete o no”, planteó.

Qué significaría para Javier Milei

Un eventual cambio de Washington también tendría consecuencias políticas para el gobierno argentino. Guelar consideró que Milei podría capitalizar un avance diplomático de esas características.

“Desde el punto de vista argentino, un impacto positivo. Porque debilita enormemente a la posición británica. Eso no hay ninguna duda”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó el carácter transversal del reclamo: “Malvinas es una causa nacional y, por lo tanto, si producto de nuestra política con Estados Unidos se produjera esto, sin lugar a duda el presidente lo capitalizaría y tendría razón en capitalizarlo”.

Sin embargo, el ex embajador insistió en que todavía no existe una decisión concreta de Washington. Para graficar la necesidad de diferenciar los anuncios de Trump de las políticas efectivamente adoptadas, mencionó sus declaraciones sobre Vladimir Putin. “Él no es vocero de Putin”, afirmó.

La grieta y la estrategia argentina para recuperar las islas

Más allá de lo que decida Estados Unidos, Guelar ubicó la principal dificultad argentina en la falta de continuidad de las políticas de Estado. Según su diagnóstico, los cambios de orientación entre gobiernos terminan afectando la credibilidad del país y reducen su capacidad de negociación internacional.

“Hay una relación directa entre nuestra capacidad de derrotar a la grieta, que es el grave problema que tenemos, a diferencia de todos nuestros vecinos”, sostuvo.

Para el ex embajador, la cuestión de Malvinas también debería abordarse desde una perspectiva regional. “La reivindicación de Malvinas es argentina desde el punto de vista de la jurisdicción, pero es americana”, afirmó. Y agregó: “Toda Sudamérica coincide en que Malvinas está en Sudamérica bajo jurisdicción argentina”.

En esa línea, consideró que una mayor integración con los países de la región fortalecería la posición argentina. “Hay una relación directa entre nuestra capacidad de reconciliarnos hacia adentro e integrarnos con nuestros vecinos para tener una capacidad negociadora más grande y, por lo tanto, estar más cerca de recuperar Malvinas”, sostuvo.

El petróleo y el desafío económico

Otro de los factores que puede modificar el escenario alrededor del archipiélago es el desarrollo de proyectos petroleros. Guelar se refirió al proyecto Sea Lion y advirtió sobre las dificultades técnicas que enfrenta la explotación de hidrocarburos en la zona.

“El tema petrolero ha tenido siempre muchas dificultades, porque son aguas muy profundas y muy tumultuosas, muy turbulentas, con olas de diez metros de altura. Hace muy difícil la explotación petrolera”, explicó.

También señaló que los anuncios sobre el avance de los proyectos deben ser observados con cautela porque parte de ellos está vinculada con la búsqueda de financiamiento. “Cada tanto hay noticias que hacen de la inminencia, porque tiene que ver con la captación de fondos, de financiamiento de estos proyectos”, sostuvo.

Si la explotación llegara a consolidarse, advirtió, podría aumentar la autonomía económica de las islas y, con ella, su margen de autonomía política.

Por eso, Guelar insistió en que Argentina debería concentrarse en construir una estrategia de largo plazo en lugar de depender de las coyunturas internacionales. “Más que ocuparnos de las internas en Inglaterra, tenemos que superar la grieta en la Argentina”, afirmó.

Y resumió su posición con una definición que excede la disputa por Malvinas: “Tenemos que constituir objetivos nacionales permanentes, que no importa qué administración sea”.

Para Guelar, esa estabilidad también es necesaria para recuperar peso económico y diplomático. Comparó la capacidad de Argentina para atraer inversiones con la de Brasil y señaló: “Brasil ha tenido el año pasado 77 mil millones de dólares de inversión extranjera y nosotros 3.100. ¿Quién es el creíble?”.

En el cierre, trasladó ese diagnóstico al escenario interno y advirtió sobre el costo del crédito: “Tenemos 20 millones de argentinos que han tomado préstamos. Muy buena señal, porque no podían tomar el dinero prestado. Pero resulta ser que las tasas son de 120 al 170%”.

Su conclusión fue que el fortalecimiento de la posición argentina no depende exclusivamente del respaldo de otras potencias. “Eso no nos resuelve ni China, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni la Unión. Lo tenemos que resolver nosotros”, sostuvo.

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Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) acordaron este lunes encarar tareas en conjunto para aminorar el impacto del fenómeno “El Niño” sobre la región pampeana, que comparten ambas jurisdicciones. Lo hicieron en un marco crítico hacia el gobierno de Javier Milei a quien le reclamaron recursos para atender las consecuencias socioambientales que traerá la sobreactividad climática que representa el “El Niño”. Un movimiento meteorológico que aumentará en promedio un 90%.

El encuentro entre los dos gobernadores peronistas también fue una instancia de reclamo hacia la Nación. “Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”, planteó Kicillof. Agregó, además, que “nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias”.

Kicillof llegó a Santa Rosa al mediodía de este lunes. Fue recibido por su par pampeano y una comitiva de funcionarios e intendentes de su provincia. El bonaerense fue acompañado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Carlos Bianco (Gobierno). Del acto también participaron el senador nacional Daniel Pablo Bensusán y el diputado nacional Abelardo Ferrán. Kicillof se trasladó hasta La Pampa en un momento en el que busca una expansión de su sector político, con miras a las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, en su paso por la provincia del norte patagónico no hubo mayores actividades de índole partidaria o política. Los gobernadores peronistas aún no se pronuncian en pos de algún postulante a la elección presidencial. Tampoco Kicillof, quien no confirma si será candidato, pese a que los movimientos que vienen dando tanto él como su espacio se parecen bastante a los de una candidatura.

Además de acordar acciones para prevenir el impacto de El Niño, desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno Ziliotto y su par bonaerense, sellaron acuerdos específicos en áreas como desarrollo social, salud, turismo, seguridad y colaboración entre los bancos públicos de sus provincias. Ambos mandatarios reafirmaron la vigencia del Convenio Marco de Colaboración firmado el 28 de junio de 2024.

Kicillof denunció que $290 mil millones del Fondo Hídrico ya cobrados a los contribuyentes por el Gobierno nacional a partir del impuesto al combustible líquido no fueron destinados a obras contra inundaciones y vinculó esa inmovilización de recursos con el riesgo climático de un Super Niño que, según afirmó, ya muestra señales de intensidad excepcional desde agosto. La advertencia de Kicillof incluyó otro reclamo fiscal: la administración bonaerense sostuvo que el gobierno nacional retiene $2,1 billones del fondo de ATN pese a que las provincias atraviesan una situación financiera “compleja” por la crisis. El planteo apareció en un discurso centrado en la falta de ejecución de partidas de asignación específica.

En ese marco, el exministro de Economía afirmó que los recursos del fondo hídrico “se utilizan para otro fin” y precisó que se trata de dinero que “hemos puesto nosotros cada vez que cargamos nafta en nuestra provincia”. Luego agregó: “¿Dónde está, en obra hídrica? No, está en una cuenta y esa cuenta invertida en títulos o en plazo fijo o vaya a saber en qué”.

“Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no pueden trabajar de manera aislada; tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto”, detalló Ziliotto.

Según se informó oficialmente, el acuerdo prevé proyectar obras en forma conjunta y coordinar acciones que permitan la mejor gestión integrada del recurso hídrico; consolidar y compartir en tiempo real las bases de registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico; y fortalecer la articulación para el accionar frente a eventos climáticos externos de afección mutua.

El peronismo y 2027

Tras los anuncios, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa. Además de las consultas sobre los acuerdos firmados —que, además de las obras conjuntas para enfrentar al Niño, también incluyeron otras siete rúbricas—, se les preguntó por el momento en el que se encuentra el peronismo de cara al año que viene.

Kicillof dio algunos detalles de la reunión que gobernadores, Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans y Germán Martínez mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro. Contó que allí se acordó entre los distintos sectores del peronismo para sostener las elecciones Primarias, en medio de la avanzada de la gestión de Milei para eliminarlas. La oposición precisa de esta instancia para ordenar su discusión interna.

El mandatario bonaerense dijo que la reunión que mantuvieron distintos referentes junto con los presidentes de los bloques del PJ tuvo un foco preciso: debatir la presión del oficialismo para eliminar las primarias. “Podemos dar cualquier debate, que el sistema de las PASO tiene, por supuesto, defensores y detractores, pero de esta manera no”, planteó.

En su cuestionamiento, apuntó también al jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Recorre las provincias y en el medio dice: ‘Vine a buscar que se levanten las PASO’”, afirmó Kicillof, al explicar por qué consideró improcedente que una eventual reforma electoral se mezcle con la distribución de fondos o con compromisos de obra pública.

Además, extendió la crítica más allá del debate legislativo y sostuvo que el presidente “hace ya meses que para lo que trabaja es para su campaña electoral y ser reelecto”. En esa línea, afirmó que “están en campaña de reelección del presidente Javier Milei”.

Se trata de la primera vez que el mandatario norteamericano se expresó sobre la histórica disputa que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Luego, al preguntarle si deseaba que el gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, aumentara sus actuales compromisos de gasto, Trump respondió: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Todo se inició el pasado viernes cuando un artículo del medio británico The Telegraph reveló que desde Washington se estaban revisando sus compromisos con sus socios del Atlántico en base a las nuevas metas de gasto en defensa.

El punto de tensión, según ese medio, pasa por la percepción de funcionarios estadounidenses de que Londres no presentó hasta ahora una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI que impulsa la administración de Donald Trump.

El dato recobra relevancia por el peso del tema Malvinas en la relación que mantienen Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta ahora, la postura de la Casa Blanca siempre fue de neutralidad respecto a la soberanía, pero con guiños a la administración británica. Es por eso que un cambio en cuanto al apoyo podría significar un importante cambio en la discusión estratégica del Atlántico Sur.

De acuerdo con el medio británico, un alto funcionario estadounidense dijo que es probable que Reino Unido reciba una atención especial dentro de la revisión que Washington lleva adelante sobre sus aliados en la OTAN. Esa evaluación busca establecer si los países miembros cuentan con vías creíbles para alcanzar las nuevas metas de inversión militar.

En ese sentido, la intención de la Casa Blanca es forzar a Burnham a elevar la inversión militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), tal como exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el funcionario citado por el diario británico, la iniciativa británica avanzó en la dirección correcta, aunque sin alcanzar el nivel que reclama la administración republicana. La misma fuente expresó, en declaraciones recogidas por The Telegraph: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.

Ante una consulta sobre la posibilidad de un cambio de postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas, el funcionario respondió, siempre según The Telegraph: “Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”.

Sobre la cuestión de fondo, la publicación recordó que Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras que el gobierno británico reafirmó este año que considera al archipiélago como un territorio británico de ultramar soberano. Esa definición fue ratificada por un portavoz de Starmer, de acuerdo con lo señalado por el propio medio.

En el plano local, según pudo saber Infobae, la postura del Gobierno de Javier Milei es mantener la “cautela y prudencia”. Desde el Poder Ejecutivo analizan que esto debe leerse en el marco de una estrategia de la administración Trump sobre los aliados de la OTAN y no como un giro formal en la política exterior.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó a mediados de este mes que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, señaló a TN.

En un nuevo caso de manejo discrecional de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, la comisión bicameral de seguimiento de la Oficina de Presupuesto sesionó en el despacho de un senador libertario.

Incumpliendo con la norma que establece la publicidad de las comisiones y que estas se tienen que reunir en los espacios habilitados para ello tanto en el Palacio como en los edificios anexos, los legisladores del oficialismo –el diputado Bertie Benegas Lynch– se reunieron en el despacho del senador Agustín Monteverde de LLA quien, además, no dejaba ingresar a la prensa entendiendo que la reunión era reservada.

Del encuentro también participaron la diputada Daiana Fernández Molero del PRO que forma parte de la comisión y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica que no forma parte de la comisión pero que fue reclamando transparencia.

Sin quórum, el peronismo decidió no participar “para no legitimar una reunión oscura”, solo se definieron cargos interinos en medio de una avanzada libertaria sobre la oficina que funciona desde 2016 y que tiene como función realizar informes técnicos sobre impactos económicos de las leyes que son utilizados por los legisladores de todos los bloques.

Hace unos meses, el oficialismo en cabeza de Benegas Lynch y Monteverde –los presidentes de las comisiones de presupuestos de cada cámara– definieron armar esta comisión y, acto seguido, encomendaron a la OPC “reformular” el Plan de Trabajo Anual 2026 “para su correspondiente evaluación y eventual aprobación definitiva”. Es decir, dejaron a la oficina sin plan de trabajo. No solo eso, sino que la instruyeron a que cualquier pedido por afuera de ese Plan debería ser aprobado por esta comisión. Es decir, un freno de mano a los trabajos que venían realizando.

Esta intervención fue la que empujó la renuncia de su director general, Gabriel Esterelles. Sin presupuesto, sin la posibilidad de responder a los requerimientos y sin autoridades, la OPC dejaba de funcionar a solo 15 días de la llegada del proyecto de ley de Presupuesto 2027.

En este encuentro finalmente quedó establecido que Eugenia Pierrepont es la directora interina de la OPC y los puntos que generan la mayor controversia que son el SAF (Servicio de Administración Financiero) y Presupuesto no fueron tratados hoy y se pasaron para una próxima reunión.

En la oposición siguen de cerca estos movimientos porque entienden que hay una tendencia del oficialismo de esconder datos. “Lo hicieron con el Indec, en donde el FMI financió el cambio de medición de la inflación y ellos decidieron no aplicarlo, lo que empujó la renuncia de Marco Lavagna. Acá es igual, la OPC es la que hizo el informe que mostró que el impacto de Ley de Financiamiento Universitario era muy bajo y que el Gobierno mentía”, explicó un diputado que se mostraba dialoguista y hoy está más distante –el informe señalaba que el impacto fiscal de esa norma era del 0,23% del PBI.

En los pasillos del Congreso hay bastante enojo con el manejo de los datos que está haciendo el mundo libertario pero, además, hay un encono más profundo y personal con el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, que -sostienen- parece haberse olvidado de su pasado y la importancia de la oficina.

“Guberman fue director de la OPC, ingresó al poco tiempo de su creación –fue creada por un proyecto de Juan Manuel Abal Medina en 2016 y el ahora funcionario libertario ingresó como uno de los cuatro directores que tiene la oficina en 2018– sabe que son trabajos técnicos y de calidad y deja que hagan esto”, señalaron.

Como dijo el diputado Ferraro, en el Congreso crece la preocupación por la opacidad con la que el oficialismo quiere manejar algunas decisiones. “Impedir que sus reuniones sean transmitidas o que la prensa pueda presenciarlas no solo contradice el espíritu con el que fue creada la Oficina de Presupuesto del Congreso, sino que también introduce una peligrosa opacidad en un ámbito que debería caracterizarse por la máxima transparencia e información pública”.

Los senadores cobrarán, desde enero de 2027, más de $13.100.000 en bruto, tras un nuevo acuerdo paritario entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. Las subas son idénticas a las que acordó el Gobierno con los empleados estatales: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que da un total -acumulado- de 6,96%, aunque sin bono.

¿Por qué ocurre esto en la Cámara alta? En 2024, el pleno se movió en modo ninja y, horas antes de una sesión, consensuó -todas las bancadas coincidieron y se hizo a mano alzada, pese a volteretas y aclaraciones de “donaciones” posteriores- y los legisladores volvieron a atar sus dietas a las de los agentes.

De esa manera, los bloques evitaron que se involucrara en el asunto la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Semanas antes de ello, un incremento en base a una resolución conjunta con su par de Diputados, Martín Menem, tuvo que retrotraerse. Como se cansaron de esperar una resolución y el pleno es soberano, se movieron en consecuencia. Por ello, cada vez que hay una paritaria, el tema reflota.

Si de números se trata, dicho sistema establece que las dietas están conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Además, se incorporó una dieta más a las 12 de ese entonces para compensar el aguinaldo.

Pese a que existen en vigencia renuncias voluntarias sobre los aumentos de los últimos meses -aunque las especificaciones no son las mejores-, el desarraigo no es recibido por los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

En tanto, tal como informó desde 2024 Infobae, la única integrante de la Cámara alta que no cobra dieta es la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien desistió de percibirla: al ingresar, optó por su jubilación como ex gobernadora.

La reunión realizada esta tarde contó con la presencia de los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, respectivamente. Del lado de los sindicatos rubricaron, entre otros, el líder de APL, Norberto Di Próspero, y el de UPC, Martín Roig.

En el acta que vio este medio aparece, en su primer artículo, el detalle de los porcentajes mencionados -iguales a las subas para estatales, pero sin bono-, mientras que en el segundo se manifiesta que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Después de la polémica generada en 2024 por la mecánica en cuestión, las bancadas alta anularon un incremento para julio y agosto de 2025 y congelaron sus dietas hasta el 31 de diciembre pasado, en una votación unánime, con 65 adhesiones. En 2026, eso se cayó, salvo para quienes continúen con las donaciones, como dijo La Libertad Avanza en julio último, luego de una paritaria. Esto suele ser replicado por otras fuerzas, con poca precisión sobre el destino final de esos fondos.

“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos, a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, expresó en su momento el espacio que comanda Bullrich.

En paralelo a la resolución, Infobae corroboró la presencia de cuatro de los 72 legisladores esta tarde. Los días más “pesados” son martes, miércoles y jueves, donde se concentra la mayor cantidad de actividad en el Congreso.

Aurelio explicó que el apoyo al Presidente se mantiene estable desde abril, aunque presenta distintos niveles de solidez. “Tuvimos una caída en los meses de febrero y marzo. Él venía después de la elección con un acompañamiento cercano a la mitad y tuvo una pérdida de 10 puntos que lo llevó a más o menos 40 puntos”, señaló.

Según sus mediciones, ese 40% se divide entre un núcleo duro de 25 puntos, compuesto por quienes aseguran que acompañarán a Milei hasta el final de su gestión, y un núcleo blando de 15 puntos, integrado por votantes que no están convencidos del Presidente pero tampoco encuentran una alternativa que prefieran.

Ese último segmento será especialmente relevante en la carrera hacia 2027. Sin embargo, Aurelio aclaró que no todo ese electorado está cerca de abandonar al oficialismo: cuando se consulta por una salida concreta, quienes aseguran que dejarían de apoyarlo representan entre cinco y seis puntos.

La economía será la principal variable

Para Aurelio, el comportamiento de ese electorado estará estrechamente ligado a la evolución económica. “A priori te diría que la economía”, respondió al ser consultado sobre qué factor tendrá mayor peso en la elección.

El consultor coincidió así con la idea de Milei de que su principal competencia es el resultado de su propia gestión. “Dependiendo del humor con la gestión, sobre todo en el orden económico, que es la principal demanda de los argentinos, se va a posicionar o no para la próxima elección”, explicó.

En ese sentido, consideró que una oposición unificada no necesariamente alcanzaría para derrotar al oficialismo. Si los votantes concluyen que Milei continúa siendo quien tiene mejores posibilidades de mejorar la situación económica, el Presidente podría llegar a 2027 en condiciones competitivas.

El escenario podría invertirse si la economía no responde a las expectativas. En ese caso, según Aurelio, el electorado podría terminar encontrando una alternativa incluso si hoy no existe una figura opositora consolidada.

Kicillof, la principal figura opositora

Dentro del peronismo, el consultor ubicó a Axel Kicillof como el dirigente mejor posicionado para una eventual disputa presidencial. “Presumiendo que Cristina Fernández de Kirchner es neutral o apoya a Kicillof, Kicillof hoy es el candidato del peronismo que mejor mide para una potencial primaria”, afirmó.

El gobernador bonaerense aparece, de acuerdo con su análisis, como la principal referencia del espacio opositor, aunque todavía resta definir cómo se reorganizará el peronismo y qué dirigentes competirán dentro del espacio.

Aurelio también relativizó la posibilidad de utilizar los resultados de las elecciones provinciales como una fotografía anticipada de 2027. “Los argentinos ya han aprendido hace bastante tiempo a dividir bien su voto”, explicó. Según su lectura, el electorado puede adoptar criterios diferentes al momento de elegir autoridades provinciales, municipales o nacionales, por lo que una victoria en una provincia no necesariamente se traduce en una ventaja presidencial.

La incógnita del tercer espacio

Otro de los interrogantes pasa por la existencia de una alternativa por fuera del enfrentamiento entre el oficialismo y el peronismo. Aurelio señaló que las mediciones de Aresco muestran una demanda potencial por un tercer espacio, aunque todavía no existe una figura capaz de concentrarla.

“La demanda de ese tercer espacio está, no es sencillo cómo unificarla”, sostuvo.

Para el consultor, la fragmentación sería el principal obstáculo. Si aparecen varios candidatos disputando ese mismo electorado, las posibilidades de competir por la Presidencia se reducen. En cambio, una candidatura capaz de concentrar ese voto podría reproducir una dinámica similar a la de 2023, con tres espacios en torno a porcentajes relativamente parejos y la posibilidad de que el tercero termine ingresando al balotaje.

En ese escenario, además, una figura nueva podría tener una ventaja frente a una candidatura peronista tradicional. Aurelio consideró que un dirigente que hoy tenga bajo nivel de conocimiento podría llegar a una eventual segunda vuelta sin el desgaste acumulado de quienes ya ocuparon cargos de alta exposición.

“Si hay alguien que se posiciona desde el casi desconocimiento de hoy y por lo tanto no va a tener un desgaste de trayectoria pasada, tiene más potencialidad en un balotaje que el peronismo frente a Milei”, sostuvo.

La dificultad también alcanza a la izquierda. Aurelio destacó que Myriam Bregman presenta un nivel de imagen positiva superior al que consigue traducir en intención de voto, aunque consideró poco probable, con los números actuales, que una candidatura de ese espacio logre disputar uno de los lugares del balotaje.

Un electorado que prioriza la economía

Más allá de las identidades partidarias, Aurelio ubicó el principal factor de decisión en las expectativas sobre el futuro económico. El votante independiente, sostuvo, puede inclinarse por quien considere que tiene mayores posibilidades de mejorar su situación, incluso sin compartir completamente su orientación ideológica.

“Independientemente de la ideología de izquierda o derecha, aquellos que los argentinos consideren, sin tener certeza de cuál es la manera en que se solucionan los problemas económicos, que tienen mejores características para poder mejorar la situación económica”, serán quienes tengan mayores posibilidades de captar ese voto, explicó.

Con ese escenario, la carrera hacia 2027 dependerá menos de una fotografía anticipada de candidaturas que de la evolución de la gestión y de la capacidad de cada espacio para construir una oferta electoral capaz de convencer a un electorado todavía disponible.

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“Cada vez que el Estado intervino, terminó mal”, resumió una importante fuente de Casa Rosada luego de que el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, advirtiera que la morosidad familiar se convirtió en un tema de debate público, y pidiera que el Gobierno no tenga “una mirada superficial”. Esta tarde, representantes de la administración libertaria esperan poder hablarlo cara a cara en el marco de la reunión por la organización de la visita del Papa León XIV.

Mientras crecen los cuestionamientos, el Poder Ejecutivo asegura que comenzó a detectar, en las últimas semanas, señales que, según su evaluación, indican que el aumento de la morosidad habría alcanzado un pico y empezaría a revertirse. Los primeros indicadores de agosto muestran una mejora en los atrasos tempranos, especialmente en las tarjetas de crédito.

Con esos datos, el equipo económico ratifica la decisión de no avanzar con una intervención general sobre el mercado y dejar que las entidades financieras administren y refinancien las deudas de sus clientes.

Una de las estadísticas que alimentan esa evaluación es la evolución de la denominada “premora” de las tarjetas de crédito, es decir, los atrasos iniciales que pueden anticipar un deterioro posterior de la cartera. En julio, el registro era de 57.306 casos con 30 días de atraso, mientras que en agosto la cifra descendió a 44.708. Son 12.598 casos menos en apenas un mes, una caída del 21,9%. Según los datos disponibles, la reducción se produjo además de manera generalizada entre los distintos grupos comparables.

El Banco Nación desplegó durante el año un proceso de refinanciación que el Gobierno exhibe como ejemplo de la estrategia que pretende aplicar: atender las dificultades de los deudores caso por caso, sin modificar las reglas generales del sistema financiero. Desde comienzos de 2026, la entidad concretó 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, por un monto total de $476.300 millones. El ticket promedio alcanzó los $4,6 millones.

La magnitud de las cifras permite dimensionar las dificultades que enfrentó una parte de los tomadores de crédito y muestra, al mismo tiempo, el mecanismo elegido para atenderlas: renegociar plazos y condiciones antes que recurrir a una medida general para el sistema financiero.

Del total refinanciado por la entidad, 64.249 operaciones correspondieron a usuarios que ya se encontraban en mora, por $322.600 millones. Otras 36.424 fueron refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $129.600 millones, mientras que 1.832 operaciones por $24.100 millones correspondieron a otros casos de premora.

Además, la entidad habilitó diferentes instrumentos para sus clientes, que incluyen la consolidación y unificación de deudas, regularización de obligaciones en situación irregular y planes específicos para saldos impagos de tarjetas de crédito.

En el caso de las tarjetas, los clientes con atrasos de hasta 90 días pueden refinanciar saldos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual del 35%. Para demoras superiores existen alternativas de hasta 96 meses.

Asimismo, para otras deudas, el Nación ofrece esquemas que pueden extenderse hasta 120 meses y, en determinados casos, alcanzar los $100 millones. El Gobierno apuesta así a facilitar mecanismos de regularización individual sin modificar las reglas generales del crédito. La caída de casi 22% registrada en la premora durante agosto aparece, por ahora, como la primera señal relevante para sostener esa decisión.

La morosidad familiar, sin embargo, tomó relevancia en la agenda pública durante los últimos días y, luego de que el Poder Ejecutivo negara la existencia de una crisis, la Iglesia planteó la necesidad de encontrar “alguna solución”.

Durante la última reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei habló del tema y aseguró que las estadísticas muestran una tendencia descendente en los indicadores que despiertan preocupación. “Los indicadores no reflejan una situación de crisis”, fue el mensaje que dio ante los ministros y secretarios bajo la instrucción de defender mediáticamente el programa económico. La misma indicación impartió en la reunión con diputados y senadores que tuvo lugar el pasado martes en la Casa Rosada.

En sintonía con la línea discursiva del libertario, distintos representantes de la administración libertaria culpan a la oposición por la trascendencia que adoptó la temática. “¿Crisis terminal? Es una crisis infligida en gran parte por la política y la especulación”, sentenció un integrante de la mesa política ante Infobae.

En la habitual conferencia de prensa de los martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó que se esté pensando en medidas para rescatar a los morosos, aunque en la cúpula del poder existe una coincidencia en torno a que el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el costo real y completo de un préstamo o de una compra en cuotas, debe tener mayor visibilidad para los usuarios.

Sin embargo, según supo este medio de fuentes del reducido círculo que designó el mandatario, la problemática volverá a ser abordada este martes en la reunión de Gabinete prevista para las 10. Hay quienes detectan una alarma en la profundización de los números que reflejan el deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares.

“Es un tema que no domino, pero me estuvieron explicando y resulta muy sencillo acceder al crédito, pero las tasas son demasiado elevadas. Es un problema”, planteó un funcionario al referirse a una de las principales billeteras virtuales.

Al respecto, la consultora 1816 reflejó que, en base a los datos del Banco Central (BCRA), la morosidad total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% el mes pasado, y los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina después de jugar seis mundiales y jugar tres finales, dejando para siempre en la retina del país la estrella conseguida en Qatar 2022. Desde el arco político enviaron sus mensajes a través de redes sociales para el eterno “Diez”.

Uno de los primeros en dejar su mensaje fue el presidente Javier Milei, que acompañó el texto con una foto del futbolista, luego del partido en el que Argentina le ganó a Cabo Verde por 3 a 2 en la última Copa del Mundo: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

A su vez, Milei también compartió el video de un seguidor que data de 2018, en donde afirmó: “Los números de Messi son impresionantes, no hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible”.

Otra de las referentes de La Libertad Avanza que dejó su mensaje para el capitán fue la senadora Patricia Bullrich, quien replicó en su cuenta de Instagram la carta que dejó Messi y simplemente escribió: “El mejor del mundo. El mejor de la historia”.

Mauricio Macri, expresidente y referente del PRO, también dejó un escrito en la red social X: “Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero”. El exmandatario cerró su publicación con una dedicatoria a la familia del jugador: “Todos te deseamos lo mejor que el mundo puede ofrecer, a vos, a tu maravillosa esposa que te acompañó siempre y a tus chicos”.

El ex ministro de Defensa y ahora diputado, Luis Petri, fue uno de los más extensos en sus palabras. “Hay jugadores que ganan títulos. Y después está Leo, que le devolvió a un país entero las ganas de creer”, escribió. Petri repasó los momentos bisagra de la carrera del rosarino con la Albiceleste: “Lo vimos llorar en 2016 diciendo que se terminaba. Lo vimos volver. Lo vimos levantar la Copa América en el Maracaná, la Copa del Mundo en Qatar, y a los 39 años dejar todo en otra final mundialista”. En tanto, sintetizó la lección que, a su entender, deja el capitán: “El talento importa, pero la pasión define y la perseverancia consagra”.

Daniel Scioli también se sumó al homenaje desde sus redes: “Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto”. Scioli subrayó la dimensión que trasciende al deporte: “Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de ellos dos en el Maracaná, el día que el Diez pudo levantar su primer trofeo con la celeste y blanca.

Por su parte, Pilar Ramírez, legisladora porteña de La Libertad Avanza, también se expresó: “Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de la historia. Feliz de verte levantar la copa del mundo para nuestro país. Gracias Leo por hacernos tan felices a los argentinos”.

Entre los mandatarios provinciales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recordó el origen del astro: “Rosario lo vio nacer y hoy el mundo entero reconoce al mejor futbolista de la historia”. Pullaro agradeció también el efecto que tuvo la trayectoria del jugador en la proyección de su provincia: “Gracias por llevar el nombre de Rosario y de Santa Fe a lo más alto del mundo”.

En la misma línea, Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, evocó la visita del seleccionado al estadio de su provincia: “Gracias por regalarnos el honor de verte jugar en el Estadio Único Madre de Ciudades vistiendo la camiseta más linda del mundo”.

Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, destacó el vínculo afectivo entre el jugador y la camiseta nacional: “Gracias por elegir estos colores y defenderlos con el amor y entrega que merecen”. Magario también ponderó el ejemplo que deja su figura: “Tu lucha, esfuerzo y lealtad sentaron un precedente invaluable para todos nosotros, caracterizados con la humildad y generosidad que sólo tienen los grandes”.

El anuncio del retiro llegó este lunes, aunque Messi aclaró que la decisión la tomó el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió el capitán en su carta pública. Al pie del texto, el jugador añadió una aclaración: “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, en referencia a la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida en las semanas posteriores a la final.

Con 207 partidos disputados, 125 goles y 68 asistencias, el delantero cerró su ciclo con la Albiceleste como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia del seleccionado, superando las marcas de Gabriel Batistuta. Su palmarés incluye la Copa del Mundo Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 ante Italia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. En su última participación mundialista, en Estados Unidos, México y Canadá, anotó 8 goles y repartió 4 asistencias, y terminó como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales con 21 tantos en seis participaciones.

Por el momento, el jugador continúa su carrera en el Inter de Miami de la MLS. El fin de semana previo al anuncio, anotó cuatro goles para su club en la liga estadounidense.

La segunda misión de avanzada del Vaticano inició este lunes la inspección final de los escenarios previstos para la visita de León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en una etapa decisiva para definir el programa oficial del viaje, que ya tiene fechas y jurisdicciones confirmadas, pero todavía espera la aprobación definitiva de la Santa Sede.

La delegación, que arribó el domingo por la noche a Buenos Aires, no trabaja sobre un esquema preliminar abierto, sino sobre un itinerario que ya tiene actividades delineadas, escalas definidas y locaciones seleccionadas como opciones principales. Según pudo reconstruir Infobae, el objetivo de estas recorridas es verificar en el terreno qué lugares cumplen con las exigencias operativas, protocolares y pastorales que fija el Vaticano para una visita papal.

El viaje de León XIV abarcará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en territorio bonaerense. Fuentes ligadas a la organización señalaron a Infobae que el armado de la agenda se encuentra avanzado y que la lógica general del recorrido ya está trazada, aunque la etapa actual puede introducir ajustes antes de la validación final desde Roma.

La definición que atraviesa todo el diseño del viaje es su carácter eminentemente pastoral. El Papa llegará como sucesor de Pedro para encontrarse con la Iglesia argentina y con los fieles, y bajo ese criterio se estructuran las misas, las convocatorias masivas y las visitas a sectores vinculados con la vulnerabilidad social, entre ellos jóvenes, trabajadores y personas privadas de su libertad.

A la vez, Robert Francis Prevost desembarcará en el país en su condición de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, una dimensión que explica la centralidad del Gobierno argentino en la organización del operativo. Mientras la Iglesia participa en el contenido pastoral, el Estado debe resolver las condiciones institucionales, de seguridad, traslado, protocolo y logística de una visita oficial.

Ese componente institucional tendrá su expresión principal en la primera actividad prevista del programa. El presidente Javier Milei recibirá al pontífice en la Casa Rosada, en lo que se perfila como el encuentro político más relevante de la visita antes del inicio del tramo pastoral.

Entre los escenarios con mayor grado de avance aparece el Monumento a los Españoles, en Palermo, una de las opciones fuertes para una convocatoria multitudinaria en la capital. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este lunes que la Ciudad se prepara para un evento de 600.000 a 800.000 personas, una estimación que obliga a desplegar un operativo por encima del de un acto convencional. Pero en otros ámbitos, multiplican por al menos dos y hasta tres veces ese pronóstico.

La evaluación sobre ese punto incluye accesos, corredores de seguridad, circulación peatonal, transporte público y capacidad de evacuación. Esas son parte de las variables que la avanzada vaticana revisa en cada sitio antes de emitir una recomendación definitiva.

Otro de los espacios incluidos en el esquema es la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, donde se proyecta un encuentro del Papa con representantes del mundo de la producción y del trabajo. La idea en análisis contempla la participación de empresarios, trabajadores y dirigentes sindicales en una actividad sectorial, distinta de las celebraciones religiosas masivas.

También figura en estudio una visita a una cárcel. La unidad penitenciaria todavía no fue definida y una de las alternativas es Devoto, aunque no se descarta otra locación. En este caso, la revisión incorpora exigencias particulares por las condiciones de seguridad, los accesos y la dinámica propia de una visita papal dentro de un establecimiento carcelario.

La lógica pastoral de ese tramo apunta a un contacto directo con personas privadas de su libertad, un gesto presente en distintos viajes apostólicos. Dentro de ese mismo perfil también aparece el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, dedicado a la atención integral de personas con discapacidad.

La eventual inclusión del Cottolengo reforzaría una de las líneas que busca mostrar la visita: junto a los actos de gran escala y los momentos institucionales, el programa reservaría espacios de cercanía personal y contenido social. La arquitectura del itinerario deja ver esa combinación entre representación estatal, celebraciones religiosas y presencia en ámbitos de fragilidad social.

Tras el paso por el área metropolitana, la agenda prevé el traslado a Córdoba, segunda escala geográfica del viaje. Allí, el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) surge como la alternativa más avanzada para una de las actividades centrales del paso papal por la provincia.

Las dimensiones del lugar y sus condiciones operativas permiten proyectar una concentración numerosa y organizar dispositivos de ingreso, seguridad, asistencia sanitaria y movilidad. Autoridades eclesiásticas cordobesas ya mantienen contactos con funcionarios locales y nacionales para afinar esa parte del operativo.

Después de esa escala, León XIV regresará al área de Buenos Aires para dirigirse a Luján, donde se prepara uno de los momentos de mayor densidad religiosa del viaje. La Basílica de Nuestra Señora de Luján aparece entre las sedes más consolidadas del programa y allí se proyecta una misa multitudinaria en el principal santuario mariano del país.

La logística para esa celebración exige prever la llegada de fieles desde distintas provincias y desde todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, además del movimiento de la comitiva papal y del dispositivo de seguridad correspondiente a un evento de gran escala.

Todavía permanece abierta otra decisión sensible dentro del itinerario: el lugar del encuentro del Papa con los jóvenes. Una de las alternativas es el estadio Monumental de River Plate, una opción que suma capacidad, accesos e infraestructura ya probada en grandes eventos.

Dentro del Vaticano y de la Iglesia argentina también circula otra posibilidad, con un impacto urbano mucho mayor: la avenida 9 de Julio. Esa variante permitiría una convocatoria más abierta, sin el límite físico de un estadio, y ofrecería una postal de alto valor simbólico en el centro porteño.

La contracara de esa alternativa es su complejidad operativa. Un encuentro sobre la 9 de Julio demandaría cortes extensos, reconfiguración del transporte público, corredores sanitarios y de emergencia y un despliegue de seguridad sobre uno de los puntos más sensibles de la Ciudad.

Esa comparación entre River y la 9 de Julio ilustra el trabajo que realiza la avanzada durante estos tres días. La delegación consulta con la Iglesia argentina los aspectos pastorales del programa y, en paralelo, revisa con autoridades nacionales y locales los puntos vinculados con seguridad, traslados, aforos, distancias y tiempos de desplazamiento.

La revisión no se limita a establecer si un predio puede recibir determinada cantidad de personas. La Santa Sede analiza normas específicas para cada tipo de actividad, la secuencia entre escalas, la compatibilidad de horarios y la viabilidad de una agenda comprimida en apenas cuatro días entre Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Esa restricción temporal funciona como uno de los filtros principales. Cada propuesta debe encajar en una hoja de ruta que permita sostener el sentido pastoral de la visita y, al mismo tiempo, cumplir con una mecánica de traslados que no vuelva inviable la estadía.

Por eso, que una locación sea inspeccionada en esta etapa no implica su inclusión automática en el cronograma final. Del mismo modo, otras sedes que siguen bajo análisis no quedaron descartadas. La aprobación final llegará una vez concluidas las recorridas y elevadas las conclusiones a Roma.

La coordinación general del operativo permanece centralizada en el Gobierno nacional, en función de la condición de jefe de Estado con la que viajará el pontífice. El Ejecutivo mantiene contacto permanente con las jurisdicciones involucradas y ya activó una mesa de trabajo interjurisdiccional.

En ese marco, el miércoles 26 de agosto se realizó una reunión específica en el Ministerio de Seguridad con representantes de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. El encuentro fue encabezado por la Secretaría General de la Presidencia y sumó a funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Comunicación y Medios.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupa un lugar central en ese dispositivo y tiene a su cargo la coordinación política e institucional de la organización desde la Casa Rosada. Para el armado específico de los eventos públicos que protagonizará León XIV durante su estadía, la hermana del Presidente designó a Mara Gorini, una funcionaria de su máxima confianza, que trabaja en la preparación de los actos y en la articulación con las distintas áreas que intervendrán en cada uno de ellos.

Otro de los funcionarios con un papel relevante es el canciller Pablo Quirno, responsable del canal diplomático con la Santa Sede. La Cancillería mantiene un diálogo permanente con las autoridades del Vaticano y, durante estos días, especialmente con monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos y jefe de la delegación que realiza las inspecciones. A ese vínculo se suma el contacto habitual con la Nunciatura Apostólica, encabezada por monseñor Michael Wallace Banach, y con las autoridades de la Iglesia argentina que participan de la preparación.

La mesa interjurisdiccional, mientras tanto, debe coordinar un dispositivo que abarcará seguridad, movilidad, emergencias sanitarias, infraestructura, comunicación oficial y traslados de la comitiva en actos con capacidad para reunir a cientos de miles de personas en distintos puntos del país.

Dentro de la Iglesia argentina cumplen un papel relevante el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, quien además oficia como coordinador general de la visita papal.

Ambos fueron recibidos por León XIV en el Vaticano el jueves pasado, tres días antes del inicio de esta nueva ronda de inspecciones en Buenos Aires. Esa audiencia permitió revisar con el pontífice los preparativos del viaje antes de la fase de comprobación sobre el terreno.

Dentro del operativo existe además cautela frente a otro asunto inevitable: el contenido de los mensajes que el Papa pueda pronunciar en la Argentina. El viaje ocurrirá en medio de un escenario de tensión política, económica y social, y cada intervención pública tendrá lectura interna.

Fuentes vinculadas con la organización sostienen, no obstante, que el criterio del viaje no apunta a una intervención en la discusión política local. La definición sigue centrada en una visita pastoral, con mensajes orientados a una dimensión universal y no subordinados a la coyuntura argentina.

Esa premisa no excluye referencias a cuestiones sociales o económicas. La propia agenda en estudio incluye encuentros con empresarios, trabajadores, sindicalistas, presos, personas con discapacidad, jóvenes y fieles en celebraciones multitudinarias, un recorrido que anticipa los ámbitos de preocupación que podría abordar el pontífice.

Antes de esa discusión, la misión vaticana tiene una tarea más inmediata y concreta: medir distancias, calcular tiempos, revisar accesos, establecer aforos y validar condiciones de seguridad en cada locación propuesta para la visita.

El mapa que hoy se analiza incluye la recepción de Milei en Casa Rosada, una actividad masiva en el Monumento a los Españoles, un encuentro con empresarios y trabajadores en la UCA, una visita a una cárcel todavía por definir, otra al Cottolengo Don Orione, una escala en Córdoba con FAdeA como sede principal, una misa en Luján y un acto con jóvenes aún en disputa entre River y la 9 de Julio.

Cuando concluya esta ronda de inspecciones, el Vaticano deberá resolver qué lugares superan el examen técnico y pastoral. Recién después de esa decisión quedará cerrada la agenda oficial del primer viaje de León XIV a la Argentina.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, compartió dos posteos en redes sociales, en referencia al ahora exjugador de la selección argentina, Lionel Messi: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

El mandatario compartió el mensaje en Instagram y acompañado de una foto del futbolista, luego del partido en el que Argentina le ganó a Cabo Verde por 3 a 2 en el último mundial. A su vez, Milei también compartió el video de un seguidor que data de 2018, en donde afirmó: “Los números de Messi son impresionantes, no hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible”.

Dichos mensajes aparecieron luego de la sentida carta que compartió La Pulga y en donde anunció su retiro de la Albiceleste. El astro, que ganó el Mundial de 2022 en Qatar y disputó las finales de 2014 y 2026, informó que tomó la decisión el 21 de julio pasado, luego de la derrota ante España en la final, y días antes de la muerte de su papá. Además de la carta que publicó, subió un emotivo video para marcar su despedida. La noticia generó una gran repercusión y sus compañeros lo despidieron con mensajes emocionantes.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, aseguró el astro rosarino.

El capitán argentino, ganador también de las Copa América 2019 y 2024, aseguró: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, añadió.

A su vez, enumeró: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

Y concluyó: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina! Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, se cierra un ciclo de más de dos décadas de protagonismo que incluyó 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias y una suma de títulos inédita para un futbolista albiceleste. La relación de Messi con el seleccionado mayor comenzó de una forma inesperada. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, ingresó como sustituto en un amistoso frente a Hungría en Budapest y recibió la expulsión a los 40 segundos de haber entrado, después de una acción que el árbitro sancionó como codazo. Ese episodio se transformó en uno de los debut más polémicos en la historia del fútbol internacional, aunque la anécdota pronto quedó en segundo plano por todo lo que lograría después.

El discurso de Milei tuvo como telón de fondo un hito: el país recibió el Congreso Americano de la FIA por primera vez en quince años, un evento que el presidente enmarcó como un reconocimiento internacional a la transformación que atraviesa el país. “Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”, señaló.

El pasaje más aplaudido del discurso llegó cuando Milei evocó la historia del automovilismo argentino y ató el presente al futuro. Recordó que durante tres épocas —los años cincuenta, setenta y noventa— la Fórmula 1 corrió en el autódromo Óscar y Juan Gálvez con las tribunas colmadas, y que la última vez fue en 1998, hace ya 28 años. “En todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, sostuvo.

Desde ese punto, lanzó su convocatoria: “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, y enumeró los argumentos a favor del regreso: tradición, pilotos de proyección internacional y, según su visión, seriedad institucional recuperada. El cierre fue directo y con nombre propio: “Queremos ver a Colapinto en el país”, en referencia al piloto Franco Colapinto, a quien antes del discurso había citado como una de las grandes promesas del automovilismo argentino actual.

Milei también destacó el rol histórico del Automóvil Club Argentino (ACA), fundado en 1904 por veinte pioneros, y trazó un paralelo con su modelo de gestión: “Lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar: que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente”. El ACA pasó de 20 socios en sus inicios a más de 300.000 en la actualidad.

El evento contó con la presencia de Ben Sulayem, quien según Milei visitó el país por primera vez en su carácter de presidente de la FIA, aunque ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores como piloto de rally.

Argentina, con el parque automotor más envejecido de la región

Milei aprovechó la ocasión para defender las medidas económicas de su gestión en materia automotriz y vincularlas directamente con la seguridad vial. Según indicó, el parque automotor argentino tiene en promedio casi quince años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los más envejecidos de la región, producto de décadas de políticas que encarecieron artificialmente el acceso a vehículos nuevos.

“Un auto de quince o veinte años no tiene el mismo airbag, ni el mismo sistema antibloqueo de frenos, ni la misma estructura que uno nuevo”, advirtió el presidente. En ese marco, señaló que la eliminación del impuesto país y la reducción de aranceles a los autos importados generaron caídas de precios de hasta casi el 30% en algunos segmentos. “Autos más baratos significan autos más nuevos, y autos más nuevos significan lisa y llanamente menos argentinos sufriendo accidentes en las rutas”, afirmó.

La misma lógica aplicó a la infraestructura vial. Milei anunció que su gobierno ya licitó concesiones para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de corredores viales, con obras previstas para octubre, y anticipó la licitación de entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales. “Una ruta en buen estado, bien señalizada y con banquinas adecuadas salva tantas vidas como un auto seguro”, subrayó.

El mandatario trazó una comparación con la gestión anterior: “El modelo anterior se financiaba o con impuestos o con emisión, y era una fuente de corrupción grosera, cuestión que está ampliamente documentada y que le valió condenas a una veintena de funcionarios de gobiernos anteriores, incluido una expresidente”.

La fuerte pelea entre los dos líderes de los sindicatos estatales se profundizó en las últimas horas luego de que el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, contestó en duros términos las críticas que le hizo el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por la reciente paritaria del sector público.

Este último, de impronta combativa, rechazó el aumento del 6,8%, más un bono de $80 mil, para el período septiembre-diciembre, que fue firmado por Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, y dijo que, “con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público; después de la firma, deben estar festejando juntos”.

“Rodolfo Aguiar miente. Quienes nos agreden desde los medios de comunicación mienten a sus afiliados y a la prensa. Atacan a una organización sindical con más de 70 años de lucha y la representación mayoritaria en el Estado -señaló Rodríguez-. Pero no atacan sólo a UPCN; también, con su discurso, desconocen la dura realidad que atraviesa el conjunto de los trabajadores de todos los ámbitos en materia de retroceso salarial desde diciembre de 2023. Quien nos ataca, además, ha firmado las mismas paritarias que UPCN en organismos como ANSES y ACUMAR, y paritarias a la baja en Río Negro en complicidad con el gobernador”.

“También en el orden nacional, donde dice rechazar todo acuerdo, firma las actas paritarias para cobrar el aporte solidario”, dijo el líder de UPCN contra Aguiar.

Agregó que “miente a nivel de la negociación nacional y miente en la negociación provincial en acuerdo con el gobernador, pero los trabajadores no son sonsos y mantienen mayoritariamente su afiliación a UPCN”.

Rodríguez consideró que “quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de noticia falsa, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”. Y finalizó con una dura réplica: “​Si son tan fuertes y combativos, ¿por qué no logran ellos los aumentos salariales?“.

El enfrentamiento entre estos dos dirigentes no es nuevo. El líder de UPCN, que está al frente del sindicato más representativo de la administración pública nacional desde hace más de 3 décadas, es uno de los principales directivos de la CGT y pertenece al sector dialoguista. Compite por la afiliación de los trabajadores del sector público con el titular de ATE Nacional, un ultraopositor al gobierno de Javier Milei, de impronta combativa, cuyo sindicato pertenece a la CTA Autónoma.

De por sí, cada vez que la administración libertaria convoca a los sindicatos para definir la paritaria de los estatales, UPCN termina firmando el aumento salarial y ATE siempre lo rechaza por insuficiente.

Es lo que volvió a suceder el martes pasado tras anunciarse las mejoras para los empleados del Estado Nacional que consisten en aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

En enero de 2025 se dio uno de los cruces más virulentos entre los dos dirigentes: Rodríguez afirmó que el país no está preparado para un nuevo paro nacional y cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner al frente del PJ, al exigir una renovación de la clase dirigente, mientras que Aguiar lo acusó de ser “un ministro sin cartera” de Milei.

Los traslados y relevos anuales dentro del Ejército Argentino forman parte de los procedimientos habituales de la fuerza, pero el desplazamiento de Gonzalo Domine, segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel, previsto para fin de año, generó suspicacias porque el oficial llevaba apenas un año en ese destino.

En la localidad cordillerana, ubicada en el noroeste de Chubut, algunas fuentes vinculan la decisión con un episodio ocurrido en enero de este año, durante la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la región, afectada por los incendios forestales.

El mayor Domine habría tenido participación en la gestión de una aeronave del Ejército que permitió a Villarruel realizar un sobrevuelo sobre la zona afectada por el fuego. Sin embargo, fuentes de la propia fuerza consultadas para esta nota negaron que el militar haya intervenido en ese operativo y señalaron que la aeronave estaba asignada a otra repartición.

La visita de Villarruel al Parque Nacional Los Alerces se produjo el 12 de enero pasado. Durante su estadía, la vicepresidenta recorrió parte de la zona afectada, dialogó con brigadistas y responsables del operativo de combate contra los incendios y realizó un sobrevuelo.

De acuerdo con los registros periodísticos de ese momento, Villarruel había solicitado al Ministerio de Seguridad una aeronave para recorrer el área afectada, pero el pedido habría sido rechazado por el Gobierno. Posteriormente, la vicepresidenta habría recurrido a autoridades del Ejército para concretar el sobrevuelo.

“No hay un tiempo mínimo para los relevos”

Desde el Ejército minimizaron el desplazamiento de Domine y descartaron que exista un trasfondo político detrás de la decisión. Fuentes de la institución señalaron que se trata de “un proceso normal, previsto al finalizar el año calendario”.

Además, explicaron que no existe un período mínimo de permanencia en un destino para los oficiales y que los cambios se determinan en función de las necesidades de la fuerza.

“La asignación de destinos dentro de la fuerza responde a las necesidades orgánicas de personal en toda la estructura, tanto en los nombramientos como en las asignaciones de pases generales”, indicaron desde la institución.

Según precisaron, el proceso se define a principios de año, en el marco del Programa Anual de Personal, y la notificación a los oficiales alcanzados se realiza con anticipación para efectivizar los traslados, en la mayoría de los casos, a fin de año.

Para definir los nuevos destinos interviene una junta que analiza los perfiles de cada oficial y su competencia para las funciones que deberá desempeñar.

En Esquel, sin embargo, la explicación oficial no disipó las sospechas. Fuentes locales sostienen que el relevo de Domine podría estar relacionado con su presunto vínculo con Villarruel y consideran llamativo que haya permanecido apenas un año como segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3.

La visita de Villarruel y el helicóptero

Durante aquella visita a Chubut, Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la situación de los incendios forestales en la Patagonia.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques Nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, escribió la vicepresidenta junto a una imagen de Epuyén, una de las localidades afectadas.

El supuesto papel de Domine en la gestión del sobrevuelo es uno de los elementos que alimentó las versiones sobre las razones de su relevo. Sin embargo, fuentes castrenses consultadas para esta nota desvincularon al oficial de esa gestión y remarcaron que el helicóptero utilizado durante el recorrido dependía de otra repartición.

El reemplazo

Más allá de la controversia, fuentes vinculadas al caso confirmaron que Domine será reemplazado por Mateo Zabala, un mayor que actualmente cumple funciones en Casa Militar y que, según fuentes del caso, mantiene cercanía con el entorno de Karina Milei por su rol en un área dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

El movimiento se produce en un contexto de fuerte tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, por lo que en Esquel algunos sectores interpretan el relevo en esa clave. El Ejército, en cambio, sostiene que la decisión responde exclusivamente a su planificación interna de personal.

La larga disputa entre Villarruel y los Milei

La confrontación entre Villarruel y los hermanos Milei comenzó poco después de la asunción del Gobierno, en diciembre de 2023. La vicepresidenta esperaba tener influencia en las áreas de Defensa y Seguridad, pero Javier Milei decidió asignar esas carteras a otros sectores políticos. Desde entonces, la relación atravesó sucesivos cortocircuitos públicos y políticos.

Uno de los primeros quiebres se produjo en marzo de 2024, cuando Villarruel convocó a una sesión para tratar el DNU 70/2023, pese a que la Casa Rosada buscaba postergar el debate. Más adelante llegaron otros cruces por su rol institucional, su vínculo con el Senado y distintas diferencias con el Ejecutivo.

Durante 2025 y este año, la tensión se profundizó con nuevos enfrentamientos públicos y cuestionamientos cruzados entre la vicepresidenta y el entorno presidencial.

En ese contexto, el relevo de un oficial del Ejército en Esquel, a pocos meses de haber asumido su cargo y luego del episodio que lo habría vinculado con la vicepresidenta, vuelve a quedar atravesado por dos lecturas: la de un movimiento rutinario dentro de la estructura militar o la de una decisión impactada por la disputa política entre Villarruel y el Gobierno.

A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, el peronismo prepara para este martes 1° de septiembre una doble acción política destinada a volver a colocar el atentado en el centro de la discusión pública: difundirá un documento firmado por partidos y espacios políticos afines con fuertes cuestionamientos a la investigación judicial y realizará una concentración frente al departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Según pudo saber Infobae, en las próximas horas el documento será difundido. Sus organizadores trabajaban este lunes en los últimos detalles del texto y en la recolección de las adhesiones. A diferencia de otras solicitadas, la intención no es acumular cientos de firmas individuales de legisladores, intendentes o dirigentes, sino darle una representación institucional a través de partidos y agrupaciones políticas.

El PJ será el núcleo de la convocatoria, pero se espera que adhieran fuerzas aliadas y sectores que están por fuera de la estructura formal del peronismo. Entre los organizadores descuentan la participación de sectores del radicalismo y de espacios vinculados políticamente a Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno, además de agrupaciones que forman parte del universo político que acompaña a Cristina Kirchner.

El eje central del documento será el cuestionamiento a la investigación sobre los eventuales instigadores o financistas del intento de asesinato. El planteo se produce cuando la autoría material del atentado ya fue juzgada: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados por el ataque cometido la noche del 1° de septiembre de 2022.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del intento de homicidio y a Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Por la unificación con condenas anteriores, las penas quedaron establecidas en 14 años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte. Ambos permanecen detenidos y cumplen sus condenas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó al juicio, fue absuelto.

La discusión judicial sobre las penas todavía continúa. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal y reclamaron elevarlas a 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte. También solicitaron que se incorporen los agravantes de alevosía y violencia de género en la modalidad de violencia política, que no fueron admitidos por el tribunal oral.

El cuestionamiento político que buscará instalar el kirchnerismo en el cuarto aniversario, por lo tanto, no estará centrado en la responsabilidad de quienes ejecutaron el ataque sino en lo que considera una investigación insuficiente sobre una eventual trama detrás de ellos.

Desde prácticamente el comienzo del expediente, Cristina Kirchner y sus abogados sostienen que la Justicia no profundizó adecuadamente las líneas destinadas a establecer si Sabag Montiel y Uliarte actuaron exclusivamente por cuenta propia o si existieron instigadores, financistas o autores intelectuales.

El documento que se conocerá en las próximas horas retomará ese reclamo y también incluirá cuestionamientos por lo que los sectores que respaldan a la expresidenta consideran un contexto de persecución política y judicial.

La segunda actividad prevista para este martes será una concentración frente a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La convocatoria está prevista para la tarde, entre las 17 y las 18, aunque los organizadores todavía terminaban de definir los detalles.

Se espera allí la presencia de militantes, dirigentes políticos y personas que concurran de manera individual. Los organizadores trabajan además con la posibilidad de que el documento sea leído durante la concentración.

La elección de San José 1111 le agrega otra dimensión política al cuarto aniversario. Cristina Kirchner ya no reside en el departamento de Recoleta frente al cual ocurrió el atentado. Cumple prisión domiciliaria en Constitución por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

De ese modo, la movilización reunirá dos reclamos que el kirchnerismo viene sosteniendo alrededor de la figura de la expresidenta: el pedido por el esclarecimiento completo del atentado y la denuncia de una persecución judicial contra la exmandataria.

La noche del atentado

El ataque ocurrió el jueves 1° de septiembre de 2022 frente al edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde entonces vivía Cristina Kirchner.

Desde hacía varios días, militantes y simpatizantes se concentraban en las inmediaciones para respaldarla después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran una condena de 12 años de prisión en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

Esa noche, la entonces vicepresidenta regresó a su domicilio y se acercó a saludar a las personas que la esperaban.

Entre la multitud estaba Sabag Montiel. Cuando Cristina Kirchner se encontraba inclinada hacia un grupo de simpatizantes, el hombre se acercó, levantó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de su cabeza y accionó el gatillo.

El disparo no salió.

La secuencia quedó registrada por cámaras de televisión y teléfonos celulares: el arma frente al rostro de la entonces vicepresidenta, su movimiento hacia abajo y la reacción de las personas que rodearon y redujeron al atacante.

La pistola tenía cinco proyectiles en el cargador, aunque no había una bala alojada en la recámara.

Sabag Montiel fue detenido inmediatamente. Pocos días después quedó detenida Brenda Uliarte, su entonces pareja, que también había estado en las inmediaciones del edificio durante el ataque.

La investigación de los teléfonos celulares, las conversaciones entre los acusados y la reconstrucción de sus movimientos permitió establecer que el ataque no había sido una decisión espontánea tomada aquella noche.

Durante el juicio oral, Sabag Montiel reconoció expresamente que había querido matar a Cristina Kirchner.

El expediente alcanzó inicialmente a otras personas. Entre ellas estuvieron Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Gabriel Carrizo, vinculado al grupo de vendedores de copos de azúcar al que pertenecían algunos de los involucrados y que terminó siendo conocido públicamente como “la banda de los copitos”.

Díaz quedó finalmente desvinculada del tramo que llegó a juicio. Carrizo fue juzgado junto con Sabag Montiel y Uliarte, pero resultó absuelto.

El juicio por el ataque

El juicio oral comenzó el 26 de junio de 2024 ante el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

Cristina Kirchner declaró como víctima el 14 de agosto de ese año. Durante su exposición volvió sobre una de las hipótesis que había sostenido desde los primeros meses posteriores al ataque: que el proceso estaba concentrado en los autores materiales y no permitía determinar si detrás de ellos había existido una organización más amplia.

El juicio se extendió durante más de quince meses y concluyó en octubre de 2025 con las condenas contra Sabag Montiel y Uliarte y la absolución de Carrizo.

El tribunal consideró probado que Sabag Montiel intentó matar a la entonces vicepresidenta y que Uliarte tuvo una participación necesaria en la planificación del ataque.

La sentencia cerró así judicialmente una parte central de la historia iniciada aquella noche de septiembre de 2022. Pero dejó fuera del debate oral las hipótesis que durante estos cuatro años alimentaron la disputa política alrededor del expediente: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y si los autores materiales tuvieron conexiones con otros grupos.

La investigación sobre una eventual trama detrás del atentado

Una de las líneas que mayor repercusión política alcanzó fue la denominada “pista Milman”.

La investigación comenzó a partir del testimonio de Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado al entonces diputado nacional Gerardo Milman dos días antes del atentado en el bar Casablanca, cercano al Congreso. Según su declaración, Milman habría pronunciado una frase que el testigo interpretó posteriormente como una anticipación de lo que ocurriría frente al departamento de Cristina Kirchner.

La Justicia pudo comprobar que Milman había estado en el bar, pero no logró acreditar que hubiera pronunciado esa frase ni encontró elementos que permitieran vincularlo con la planificación del atentado.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó ese tramo de la investigación en octubre de 2025. La decisión fue posteriormente confirmada y, en junio de este año, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner para intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema.

También fueron investigadas las posibles conexiones entre los acusados y miembros de Revolución Federal, la organización que durante 2022 realizó manifestaciones y acciones contra dirigentes del entonces gobierno del Frente de Todos.

Otra de las discusiones estuvo vinculada con el financiamiento de esa agrupación y los pagos que recibió una empresa relacionada con algunos de sus integrantes. Esas líneas tampoco permitieron acreditar judicialmente una conexión entre ese financiamiento y el intento de asesinato.

Hasta ahora, la investigación judicial no reunió pruebas suficientes para sostener que detrás de Sabag Montiel y Uliarte existió una estructura política o económica que ordenó o financió el ataque.

Ese resultado es precisamente el que cuestionan Cristina Kirchner y sus abogados. Para la expresidenta y el sector político que la rodea, la ausencia de pruebas sobre eventuales instigadores no significa necesariamente que no hayan existido, sino que es consecuencia de una investigación que consideran incompleta.

Esa diferencia estará en el centro de las actividades de este martes.

Cuatro años después de aquella noche en Recoleta, la Justicia determinó quién empuñó el arma, estableció la responsabilidad de Brenda Uliarte en el plan y condenó a ambos. Lo que el kirchnerismo volverá a poner en discusión este 1° de septiembre es la otra pregunta que atravesó el expediente desde sus primeros meses: si detrás de los autores materiales hubo alguien más y si la Justicia agotó todas las vías disponibles para determinarlo.

El crimen económico se transformó en uno de los principales desafíos para los Estados en un mundo donde las organizaciones delictivas pueden mover dinero, ocultar bienes y operar en distintas jurisdicciones con una velocidad que hace cada vez más difícil seguir el rastro de los fondos.

Fraude, lavado de activos, corrupción, ciberdelitos y crimen organizado comparten una característica: ya no reconocen fronteras. Una investigación puede comenzar en un país y conducir rápidamente a cuentas bancarias, sociedades, propiedades o activos ubicados en otras jurisdicciones.

Frente a ese escenario, la cooperación internacional adquiere un papel decisivo. Ese fue uno de los ejes centrales del Cambridge International Symposium on Economic Crime, uno de los principales encuentros internacionales dedicados al análisis, prevención e investigación del crimen económico y financiero.

La edición 2026 fue la 43° del Symposium y se desarrolló entre el 23 y el 30 de agosto en Jesus College, Cambridge, en el Reino Unido. Bajo el lema “Asset Recovery and the Rule of Law” —“Recuperación de activos y Estado de derecho”—, las jornadas pusieron especial atención en la necesidad de privar a las organizaciones criminales de las ganancias obtenidas a través del delito.

El encuentro contó con más de 120 sesiones y workshops y reunió a participantes provenientes de más de 100 países, entre funcionarios, jueces, fiscales, abogados, investigadores, académicos, reguladores y

La Argentina tiene una historia particular dentro del Symposium. Hace aproximadamente tres décadas comenzó una participación regular de delegaciones argentinas, impulsada por Marcelo Ruiz, abogado, ex Consejero de Embajada en el Reino Unido y ex Asesor del Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde entonces, grupos integrados por funcionarios públicos, magistrados, abogados y especialistas viajaron sucesivamente a Cambridge para participar de las distintas ediciones.

Con el paso de los años, esa presencia se convirtió en un vínculo sostenido con el encuentro y permitió generar redes profesionales entre representantes argentinos y especialistas de otros países dedicados a la investigación y prevención del crimen económico.

La participación también contó con el acompañamiento de la Embajada del Reino Unido en la Argentina y de la Embajada argentina en el Reino Unido, contribuyendo a fortalecer los vínculos institucionales entre ambos países en áreas relacionadas con la Justicia, la seguridad y la cooperación frente al delito transnacional.

La delegación argentina fue incorporando representantes de diferentes sectores y, con el tiempo, se convirtió en un espacio de intercambio entre profesionales vinculados con el Estado, la Justicia, la profesión jurídica y el ámbito académico.

Los representantes argentinos que participaron este año

En la edición 2026, varios integrantes de la delegación argentina formaron parte del programa como speakers, con intervenciones en diferentes paneles y espacios de discusión.

Uno de ellos fue Marcelo Ruiz, impulsor de la presencia argentina en el Symposium durante las últimas tres décadas. También participó Mariano Cúneo Libarona, ex Ministro de Justicia de la Nación.

A ellos se sumaron Miguel Kessler, fiscal a cargo de la Fiscalía de Ciberfraude de la Ciudad, y Milagros Ruiz, abogada y asesora de la Secretaría de Crimen Organizado y Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional.

Sus participaciones permitieron presentar ante especialistas internacionales diferentes experiencias y problemáticas vinculadas con la realidad argentina, al mismo tiempo que posibilitan conocer las estrategias que están desarrollando otros países.

La importancia del Symposium también quedó reflejada en el perfil de los especialistas y autoridades que forman parte de esta edición.

Entre los participantes se encontraban Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor del Crown Prosecution Service del Reino Unido; William Lyne, Director of Cyber Crime de la Metropolitan Police británica; y Ellie Reeves, Attorney General for England and Wales y miembro del Parlamento británico.

También participó Giles Thomson, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo que estableció estándares internacionales para combatir el lavado de activos y otras amenazas vinculadas con el sistema financiero.

La agenda incluyó además a Kim Campbell, ex primera ministra de Canadá, y Matthew Wagstaff, director del Serious Fraud Office del Reino Unido, organismo especializado en la investigación de casos complejos de fraude y corrupción.

La diversidad de perfiles fue una de las principales características del encuentro: en un mismo espacio pudieron intercambiar experiencias quienes diseñan políticas públicas, quienes investigan delitos y quienes intervienen en los procesos judiciales.

Recuperar el dinero detrás del delito

El eje elegido para esta edición puso el acento en una cuestión que ganó relevancia en las estrategias internacionales contra el crimen organizado: recuperar los activos obtenidos de manera ilícita.

La persecución penal de una organización criminal puede terminar con la identificación y condena de sus integrantes. Sin embargo, si el dinero obtenido mediante esas actividades permanece en poder de los delincuentes, la estructura económica del delito puede sobrevivir.

Por ese motivo, las investigaciones modernas buscan no solamente determinar quién cometió un delito, sino también identificar qué ocurrió con los recursos obtenidos.

El desafío puede involucrar cuentas bancarias, sociedades comerciales, inversiones, inmuebles y otros bienes que hayan sido adquiridos o transferidos para ocultar su origen.

Cuando esos activos se encuentran en diferentes países, las investigaciones requieren mecanismos de cooperación judicial y administrativa entre distintas jurisdicciones.

Ese proceso también debe desarrollarse dentro del Estado de derecho. La recuperación de activos exige procedimientos que permitan avanzar contra el patrimonio vinculado al delito respetando las garantías y las reglas de cada sistema jurídico.

Para la Argentina, participar y contar con representantes dentro del programa académico supuso no solo sostener una presencia construida durante tres décadas, sino también formar parte de una discusión internacional que será cada vez más importante: cómo desarticular las estructuras económicas del crimen organizado sin dejar de lado los principios y garantías del Estado de derecho.

El religioso trazó un paralelismo con la preocupación que la Iglesia ya había expresado frente a la ludopatía online: “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, señaló el prelado en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Para el titular de la CEA, la situación requiere una respuesta concreta: “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó.

Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

El diagnóstico eclesial llega en un momento de deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

Colombo fue categórico al rechazar la inacción ante este escenario. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo. El titular de la CEA mencionó específicamente las dificultades que enfrentan muchas personas que deben endeudarse para cubrir necesidades básicas: “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.

Los datos del BCRA citados en el informe del CEPA indican que en abril de 2026 la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular de los hogares a mayo de 2026, según la misma fuente.

Una visita muy esperada

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que lo llevará también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 del mismo mes. Será la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud.

El esquema inicial prevé que el Papa permanezca el lunes 9 en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, con base en la Nunciatura porteña durante toda su estadía en el país.

Al respecto, monseñor Colombo se refirió a la expectativa del líder de la Iglesia católica y aseguró: “El espíritu y el entusiasmo del Papa es muy grande. Creo que está con mucho interés”.

La agenda definitiva de León XIV en Argentina aún no está cerrada, pero la semana pasada llegó al país una misión vaticana con el objetivo de terminar de definir el itinerario y los aspectos de seguridad del viaje.

Entre las actividades en análisis figuran misas multitudinarias, encuentros con seminaristas, religiosos y jóvenes, visitas a personas privadas de la libertad —con la cárcel de Villa Devoto como posible sede— y recorridos por instituciones que atienden a personas con discapacidad. También se evalúa un acto masivo en el estadio Monumental de Buenos Aires, aunque todavía no hay confirmación oficial.

En continuidad con la dinámica de la última semana, el presidente Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades que incluye varias disertaciones, una reunión de Gabinete, un viaje exprés a Chile y una visita a la provincia de Misiones. Se trata de una semana clave por la agenda legislativa y por los preparativos para la visita del papa León XIV, que estará en el país del 8 al 11 de noviembre.

Luego de algunos días replegado en la quinta de Olivos, el mandatario se muestra hiperactivo en un intento por responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación tras algunas semanas sin agenda pública. Sin embargo, en el oficialismo le bajan el precio a los días en los que el mandatario optó por evitar la Casa Rosada y permaneció en la quinta de Olivos.

“Fue una semana sin agenda pública desde el viaje a Colombia. Le meten IVA. Pueden gustar más o menos, pero no pasaron 20 días sin actividades en Olivos”, se escudaron fuentes oficiales.

Este lunes, Milei protagonizará la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). El evento se enmarca en un contexto significativo, dado que el propio mandatario reveló que trabaja para concretar la vuelta de la Fórmula 1 al país, y el Congreso -que regresa al país luego de casi 15 años- se interpreta como una señal política en medio de las negociaciones.

Asimismo, retomará las reuniones de Gabinete con un encuentro este martes, el segundo en dos semanas, lo que obligó al vocero presidencial, Adrián Ravier, a postergar la conferencia de prensa a las 15. En la del pasado lunes, el libertario dedicó gran parte del intercambio a realizar una férrea defensa del programa económico y a rechazar las versiones de crisis producto de los datos de morosidad.

La mesa política volverá a reunirse a las 13, con el debate por la reforma electoral latente: la senadora Patricia Bullrich anticipó que el reducido círculo busca retomar el debate en los próximos días para intentar avanzar en la eliminación de las PASO. No obstante, conscientes de la falta de apoyos, algunas voces del oficialismo parecen no coincidir, al menos por ahora, con los planes de la legisladora. “No se habló en la mesa”, precisó una fuente ante este medio.

La reforma -clave para los planes reeleccionistas de la administración libertaria- supone una conversación más profunda con los gobernadores aliados, quienes buscan garantías rumbo a las elecciones de 2027. Hasta ahora, el diálogo al respecto con La Libertad Avanza parece incipiente.

A la intensa dinámica, se suma la marcada actividad en redes sociales del libertario, que en las últimas semanas dedicó varios mensajes contra la prensa y la oposición. En línea con la retórica de Milei, en Casa Rosada creen que la intensificación en su cuenta de X se debe a su pulsión por responder a “los ataques” de los distintos sectores. “Ataca cuando lo atacan más”, sintetizó un hombre que entiende del manejo de redes.

La agenda incluye para mitad de semana una nueva disertación: el cierre del evento “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, una serie de jornadas organizadas por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro. El ministro de Economía, Luis Caputo, también participará de la actividad y será uno de los oradores, luego de su regreso de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte.

Ese mismo miércoles, la Unión Industrial Argentina (UIA) se prepara para conmemorar el Día de la Industria y congregará a unas 200 personas en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Al igual que en 2025, el libertario -en tensión con el sector- no asistirá. En su lugar, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá el mensaje que preparan los industriales.

Entre los compromisos semanales, el Presidente viajará de manera exprés a Chile este jueves. Con motivo del Foro Madrid, un encuentro regional que organiza la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, Milei se reunirá con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y luego, a las 11.30, con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda.

El intercambio con la funcionaria de Trump y la bilateral con Kast se inscriben en la estrategia de Milei para consolidarse como líder de la derecha de América Latina y principal interlocutor de la región con la administración republicana. Incluso, prepara la convocatoria a sus pares del continente para realizar una cumbre de derecha en la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no tiene fecha definida.

Sobre el final de la semana, el mandatario tiene previsto visitar Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y participar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Los sectores yerbateros de la provincia impulsaron una protesta en Iguazú en repudio a la llegada de Milei. “Tu presencia será inolvidable. Para él, un apoyo. Para nosotros, un mensaje”, reza el flyer en tono irónico.

En la previa de la visita, el presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Nuñez, anunció a través de su cuenta de X el lanzamiento de una herramienta digital para monitorear los gastos presupuestarios de la provincia. “Son tus impuestos, tenés derecho a saber a dónde van”, planteó en tono electoral y lanzó así un mensaje directo al gobernador local, Hugo Passalacqua.

En paralelo, los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores trabajarán junto con la delegación que encabeza monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda para avanzar en los detalles de la visita del papa León XIV al país.

Luego de recorrer los lugares en los que está previsto que el Sumo Pontífice realice actividades, se llevará a cabo una reunión ampliada con representantes de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios del Ejecutivo para terminar de definir la agenda.

El Gobierno publicó este lunes en Boletín Oficial las modificaciones salariales que se venían gestionando en las últimas semanas, incluso algunos ya confirmados. Se trata de incrementos escalonados para el personal de la Administración Pública Nacional y las fuerzas de seguridad federales, con vigencia a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Las subas quedaron instrumentadas mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La iniciativa será un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026. El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

Los incrementos se aplican en cuatro tramos mensuales consecutivos y alcanzan a los trabajadores permanentes y no permanentes del Estado comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

En lo que refiere a las fuerzas de seguridad, la actualización para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) comprende el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme. Además, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio. La medida alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Por su parte, Prefectura Naval Argentina (PNA), tendrá una suba que abarca el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado policial en actividad. También se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Tanto Gendarmería como Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

Mientras, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una actualización del haber mensual del 30%, el suplemento por Zona, el valor del Servicio de Policía Adicional y las compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

En lo que respecta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se actualizaron algunos ítems del decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio, como también se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), vio modificados el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Esta medida había sido anticipado por Infobae a partir de la información de una fuente relacionada con el tema sobre los valores que constan en los anexos que integran la medida. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

De hecho hace algunos meses se estableció un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. Dicho reconocimiento económico por la formación académica y la profesionalización del capital humano militar, forma parte de los valores actualizados.

En paralelo se conocieron también los ajustes para los empleados de la Administración Pública. El acuerdo paritario, homologado por el decreto 832/2026, fijó subas del 1,90% a partir del 1° de septiembre de 2026, del 1,80% desde el 1° de octubre, del 1,60% desde el 1° de noviembre y del 1,50% desde el 1° de diciembre, siempre sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior. Cada porcentaje se aplica de forma acumulativa sobre la base actualizada del mes previo.

El mismo decreto estableció la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia hasta fin de año —con actualización de sus montos— y mantuvo las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el decreto 56/20 en idénticos valores hasta fin de año.

También se dispuso una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre de 2026. La propuesta oficial se cerró el 25 de agosto en un porcentaje de 6,8%, además del bono.

Sin embargo esta actualización solamente fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a diferencia de la AsociaciónTrabajadores del Estado (ATE) que rechazó la oferta y anunció inminentes medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

Docentes de la Administración Central y hora cátedra

Mediante el decreto 834/2026, también aumentaron el valor de la hora cátedra para el personal docente retribuido por ese concepto en la Administración Central y organismos afines. Los montos quedaron fijados en $8.982 desde el 1° de septiembre, $9.144 desde el 1° de octubre, $9.290 desde el 1° de noviembre y $9.429 desde el 1° de diciembre de 2026.

Escuela Nacional de Bibliotecarios e ISER

Para los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, los nuevos valores se detallan en el Anexo I del mismo decreto.

El cargo de Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pasará a percibir $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

Personal en la Antártida y Curia Castrense

El adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar se actualizó a $1.598.124 desde el 1° de septiembre, $1.626.890 desde el 1° de octubre, $1.652.920 desde el 1° de noviembre y $1.677.714 desde el 1° de diciembre de 2026.

En tanto que las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense también fueron actualizadas por el decreto 834/2026, con los valores escalonados que constan en el Anexo IV.

El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) volvió a reunirse en la ciudad de Montevideo con la presencia de los titulares de cada una de las comunidades de la región. Entre los principales ejes que trataron, volvieron a poner en plano de discusión la lucha contra el antisemitismo en los países de América Latina.

La sesión tuvo lugar este 30 de agosto en la capital uruguaya y reunió a los presidentes de las comunidades judías de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, El Salvador, Colombia y Costa Rica, junto a los miembros de la Junta Directiva del organismo. La convocatoria abarcó a representantes de nueve países de la región en un mismo espacio de deliberación.

La reunión estuvo presidida por Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), y contó con la participación del director ejecutivo Claudio Epelman, el secretario general Jorge Knoblovits, el comisionado para la diplomacia judicial, doctor Mariano Borinsky, así como Adrian Werhein y Alejandro Dosoretz como integrantes de la conducción. Cada uno de ellos encabezó distintos momentos del encuentro.

El CJL es el organismo internacional que agrupa y representa a las comunidades judías de la región. Está conformado por organizaciones de 18 países de América Latina y forma parte de la familia del Congreso Judío Mundial (CJM), entidad que nuclea a más de 100 comunidades en todo el planeta. El CJL articula la representación regional dentro del organismo internacional, que se define como apartidario y representante de “la pluralidad del pueblo judío”.

La agenda de la sesión abordó un conjunto de temas de peso para las comunidades del continente. Se debatió la situación particular de cada una de ellas, el rol que deben asumir los Estados en el combate al antisemitismo y al racismo, los cambios políticos que atraviesa la región y las nuevas estrategias que las comunidades judías buscan desarrollar ante ese escenario. También se destinó espacio al análisis del liderazgo juvenil, con foco en el lugar de los jóvenes dentro de la vida comunitaria.

Uno de los momentos de mayor peso en la jornada fue el testimonio de Guillermo Fremd, hijo de David Fremd, asesinado por un terrorista islamista en la ciudad de Paysandú, Uruguay. Su relato puso en primer plano la violencia de motivación religiosa como una amenaza concreta para las comunidades judías a nivel mundial.

Entre los pilares que orientan la acción del CJL se encuentran la promoción de la memoria del Holocausto, el combate contra el antisemitismo y la discriminación, la defensa de la justicia y la seguridad comunitarias, la promoción del diálogo interreligioso, el apoyo al Estado de Israel y la defensa de los derechos humanos. El organismo también trabaja en la construcción de entornos más seguros para las comunidades que representa en los 18 países que integran su estructura.

En ese marco, el CJL también viene impulsando encuentros de alto nivel orientados a reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. En una reunión celebrada en Buenos Aires en noviembre pasado, el organismo convocó a jueces, fiscales, autoridades de las fuerzas de seguridad e inteligencia, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y especialistas internacionales, con el objetivo de analizar los desafíos actuales frente al extremismo violento y fortalecer la articulación interinstitucional.

Danilo Gelman, representante del CJL, señaló que el encuentro fue “una oportunidad muy valiosa para intercambiar experiencias y fortalecer la articulación entre todos los actores comprometidos con la seguridad y la justicia”. Gelman añadió: “Enfrentar las amenazas del terrorismo requiere trabajo conjunto, confianza mutua y una mirada común hacia la protección de nuestras democracias”.

Tras la reactivación del recinto y la realización de una sesión que sirvió para mostrar, aunque sea, una sensación de escenario controlado, el oficialismo libertario intentará dictaminar esta semana uno de los proyectos que pide el Gobierno en el Senado, y que ya cuenta con la aprobación de Diputados: el Súper RIGI, que habla de inversiones por más USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Por estas horas, el texto enfrenta una fuerte pero silenciosa puja por potenciales cambios que gatillarían su regreso obligado, en segunda revisión, a la Cámara baja.

Es por este motivo que la bancada mileísta, que comanda Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), comenzó a analizar opciones vía reglamentación por la insistencia de una Casa Rosada que no quiere saber nada relacionado a una eventual demora. Los bloques aliados, por ahora, no se muestran muy cercanos a la idea de Balcarce 50. No obstante, como ocurrió con la fileteada ley de propiedad privada, esto vira según la jornada.

La sugerencia -que La Libertad Avanza desliza en conversaciones informales como algo que ocurrirá- tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, aseguró en el plenario de comisiones: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sumó el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó. En el oficialismo también mencionan un agregado sobre generaciones de redes eléctricas propias que no quedó muy claro.

La resolución de esto comenzará a visualizarse desde las 13, cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía; y de Legislación General se junten para rubricar el despacho. La carta que prepararon las fuerzas libertarias es -Infobae lo adelantó el domingo 23 del corriente mes- el guiño que se le daría dos horas antes a la Unión Cívica Radical (UCR) para firmar, en otro plenario, una iniciativa de su jefe, Eduardo Vischi (Corrientes), y de senadoras como Mariana Juri (Mendoza) que impone un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas.

En tanto, por la tarde -17-, aliados ya no disimulan la ansiedad que genera la posibilidad de destrabar un dictamen relacionado con la regulación del mercado de carbono. Si bien no lo reconocieron vía declaraciones, desde al menos dos bancadas de peso no se mostraron entusiasmados con el texto que mastica un puñado de colegas. Como siempre, aparece la sospecha de algo pensado por el medio ambiente que termine, en el fondo, con un impacto en sectores estratégicos de la economía.

De lo que -por ahora- no hay novedades es sobre eventuales llamados a comisiones para empezar el debate de los proyectos aprobados por Diputados la semana pasada del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y un acuerdo de patentes -de décadas atrás- con los Estados Unidos. Además, tampoco se asoma aún la trifulca por biocombustibles, que genera chispazos entre los azucareros -favorecidos- y el complejo maíz/soja.

Mientras se prepara para dar la pelea en el Congreso por la eliminación de las PASO, el Gobierno viene trabajando en consolidar la relación con los aliados para fomentar acuerdos electorales de cara a 2027, a pesar de que estos espacios no terminan de definir una postura al respecto e incluso en ocasiones dan señales de querer competir por separado.

La mesa de La Libertad Avanza con el PRO, que se inauguró a mediados de agosto por iniciativa de la secretaria general, Karina Milei, y del ex presidente Mauricio Macri, ya celebró dos reuniones, en las cuales se comenzaron a abordar la situación de ambos partidos en los principales lugares del país.

Aunque de las negociaciones políticas tambien suelen participar otros espacios, como la Unión Cívica Radical (UCR) y varias fuerzas provinciales, por el momento no hay intenciones de incorporar a estos actores a las conversaciones que se hacen en la Casa Rosada cada 15 días.

“Ese es otro esquema de poder, que lo lleva adelante (el jefe de Gabinete, Diego) Santilli con los gobernadores. Cuando pasan a verlo, él dialoga de esos temas también con ellos. Entendemos que en algún momento vamos a tener que hablar con todos, pero por ahora son carriles separados”, explicó a Infobae uno de los dirigentes que sí integran el grupo que se junta los jueves en Balcarce 50.

En lo que respecta al macrismo, en la mesa de trabajo parece haber más coincidencias que discusiones y sus miembros se concentraron en arreglar primero en aquellos distritos que son de interés mutuo, dejando afuera en los que podrían tener una disputa, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, casi en simultáneo del segundo de estos encuentros, un grupo de dirigentes macristas cenó con el economista Hernán Lacunza, que aparece como uno de las pocas figuras que anticiparon sus deseos de competir por la Presidencia.

Tal como detalló este medio, en esa comida estuvieron el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca; la ex diputada Paula Bertol; y los senadores Humberto Schiavoni (mandato cumplido) y Martín Goerling Lara.

“Mi posición es clara, no depende de que alguien se saque una foto: hay que ir separados, darle una alternativa a la gente. El sistema electoral es profundo y sabio para que la gente depure. Hay primarias, primera vuelta, balotaje. Si la gente quiere elegir entre dos, está el balotaje. Si no, es la reacción de la casta, que nadie me compita. Al kirchnerismo hay que ganarle en las urnas, que salga tercero, eso va a estabilizar a la Argentina”, dijo posteriormente Lacunza, en una entrevista radio Splendid.

En el oficialismo, por el contrario, ven con preocupación la aparición de cualquier expresión del centro a la derecha que se pueda presentar en el 2027, porque consideran que le restan votos al Javier Milei, en un panorama que aparece ajustado para el actual jefe de Estado.

Es por esta razón que en la Casa Rosada pretenden que el PRO no tenga una lista propia y, en cambio, acompañe a la boleta de La Libertad Avanza en todas las categorías, y Lacunza es una amenaza para ese objetivo.

Por su parte, a poco más de un año para las próximas elecciones -si es que finalmente se eliminan las PASO-, el mandatario nacional delega en su hermana las cuestiones políticas y se enfoca en defender el rumbo del programa económico.

Esta semana, por ejemplo, Milei participará del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y viajará a Misiones para exponer en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Será el viernes la visita a Puerto Iguazú, tierra donde los libertarios tienen prácticamente como único referente al diputado nacional Diego Hartfield, que debe enfrentar el armado del gobernador Hugo Passalacqua, fortalecido tras la fractura con el histórico armador Carlos Rovira.

Hace tan solo algunos días, la secretaria general estuvo también en Mendoza, acompañada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, en su rol de vicepresidente de La Libertad Avanza, para inaugurar una escuela de formación de dirigentes y cuadros técnicos.

En aquel acto hubo unos 500 asistentes, entre los cuales estuvo el actual legislador provincial y presidente del partido a nivel local, Adrián Núñez, el otro aspirante a competir por la gobernación.

En Balcarce 50 confiaban en que el distanciamiento entre Passalacqua y Rovira, que también se trasladó al Congreso, los iba a beneficiar parlamentariamente: “Con ellos se puede conversar”, indicaban.

Efectivamente, el bloque que formaron con legisladores salteños, denominado Argentina Federal, votó a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas impulsadas por la Nación.

Por lo pronto, Milei encabezará además una reunión de Gabinete e irá a Chile para participar del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en la capital de ese país.

Ese mismo jueves, además, mantendrá una serie de reuniones bilaterales: con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, y luego, a las 11.30, con el presidente José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

En medio de la causa judicial por grooming y abuso sexual de menores en Córdoba, presentó la renuncia a su banca el legislador provincial Ernesto Ramón “Cañito” Flores. El motivo se dio a conocer este fin de semana tras la detención e imputación de uno de sus ex asesores, José Aníbal Ricardo Villarreal.

La decisión del funcionario se conoció apenas días después de que la Legislatura había aprobado una licencia de 180 días sin goce de sueldo. Al respecto, señaló que se retira para “preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones también implica saber cuándo dar un paso al costado”, y aclaró que “esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario”. Agregó que se va “con la conciencia absolutamente tranquila” y que no tiene “nada que ocultar”.

En su carta de renuncia, el ahora exlegislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba apuntó a una “campaña de difamación y de descalificación personal” que, según planteó, respondería a intereses de sectores de la política local. “Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas, por las vías que correspondan y ante la Justicia”, insistió, según informó el portal El Doce.

La causa que derivó en su renuncia se originó el 1 de julio a partir de la denuncia de una madre por la desaparición de su hija de 14 años en Villa de María del Río Seco, en el norte de la provincia. La geolocalización del teléfono de la adolescente permitió encontrarla en Santiago del Estero, junto a otra menor de la misma edad, en una propiedad privada. A partir de ese hallazgo, la investigación viró hacia los delitos contra la integridad sexual de menores y quedó en manos de la fiscal Analía Cepede, de la Fiscalía Múltiple de Deán Funes.

Villarreal, que figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado vinculado a Flores, fue uno de los primeros detenidos y quedó alojado en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. La fiscal Cepede amplió la acusación contra el exasesor tras incorporar nuevos hechos a la investigación, y su imputación pasó a ser por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

La repercusión del caso cobró una dimensión adicional con el testimonio de una mujer que se identificó como la primera víctima del imputado. En su testimonio apuntó contra la familia de Villarreal; dijo que estuvo con ellos desde los dos años de edad y que pudo irse de ahí a los 16. “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, declaró en diálogo con el Noticiero Doce. La mujer realizó la denuncia en 2021 con el impulso de su pareja y desde entonces transita el proceso judicial.

En cuanto al vínculo con su exasesor, Flores había reconocido que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque aclaró que pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal, y que sus funciones eran “territoriales”. Esto desembocó en la baja del funcionario.

La causa registra actualmente 16 detenidos y cuatro víctimas identificadas. Entre los imputados predominan remiseros y choferes de aplicaciones irregulares que operaban en Villa de María del Río Seco con distintos niveles de acusación. Algunos enfrentan cargos solo por grooming, mientras que otros también están acusados de abuso sexual con acceso carnal. La causa se divide en dos tramos jurisdiccionales: uno bajo la órbita de la justicia cordobesa y otro a cargo de las autoridades de Santiago del Estero.

La investigación continúa en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre dispositivos, comunicaciones y testimonios, y la fiscalía no descarta nuevas detenciones ni la incorporación de más víctimas al expediente.