Existe una serie de preguntas que se repite de manera insistente entre la dirigencia libertaria, y que repercuten en el humor del círculo rojo. ¿Hasta dónde Javier Milei se involucra en los temas? ¿Quién fue el que se encaprichó con María Verónica Michelli, la candidata a un tribunal federal de La Plata aún en proceso de maduración cuyo pliego el Presidente no pudo retirar del Senado, furioso, aparentemente, por el parentesco de la postulante con el periodista Hugo Alconada Mon? ¿Quién dio la orden, el Presidente o su hermana Karina Milei? ¿Quién ordena la Cámara alta y qué intereses representa Patricia Bullrich? ¿Quién informa a Milei del estado de situación de las cosas? Peor aún: ¿Cómo se informa?

Ese mar de inquietudes volvió a golpear en el casco del bote del Gobierno tras una semana que exhibió, otra vez, serios desbarajustes en el doble comando en manos de los hermanos Milei, que sumaron a la interna despiadada entre la Secretaria General, los Menem y Santiago Caputo y sus seguidores una rebelión cada vez más frecuente de Patricia Bullrich, dispuesta a cualquier tipo de confrontación con los hermanos, pública y privada, con tal de revalorizar su potencia electoral de cara al 2027. Sin embargo, esos desajustes de la conducción libertaria contrastan con el avance fundamental que el gobierno acaba de conseguir en un rubro tan sensible y relevante en la construcción de cualquier proyecto de poder como es la Justicia. A pesar del caos interno: dos caras de una misma moneda.

El jueves, en una sesión alborotada que refrescó toda esa batería de preguntas que inquietan -y desconciertan- al círculo rojo empresarial y político, Milei consiguió, en medio del escándalo en torno a Michelli, la aprobación de otros 73 pliegos por parte del Senado. Hay que remontarse a ocho años atrás, en el 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, que siempre mostró una fascinación especial por el Poder Judicial, para superar ese número: el ex presidente designó entonces 81 funcionarios judiciales de un total de 191.

Milei aspira a superar esa cifra. En realidad, mencionar al Presidente es solo una referencia institucional: entre los interrogantes que atraviesan al Gobierno se destaca qué nivel de relevancia le otorga el mandatario a este proyecto en marcha de reconfiguración del Poder Judicial que sí sigue con interés Karina Milei, influenciada por Martín y Eduardo Menem, “Lule”, y ejecutado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, dos funcionarios muy audaces que, en el caso del primero, ya demostró que es capaz de librar una batalla feroz contra viejos camaradas que se enteraron de su designación de ministro por los medios y cuyo desenlace todavía es incierto, pero que ya tiene consecuencias directas sobre expedientes que se tramitan en Comodoro Py.

En el Poder Judicial suele agitarse de todos modos un dicho: “Los jueces son de los jueces”. “En el calendario judicial no figura el 17 de octubre, el Día de la Lealtad”, reflexionó un operador. Puede dar testimonio Cristina Kirchner que solo durante sus dos mandatos como presidenta el Ejecutivo designó 381 funcionarios judiciales, y en los próximos días está por cumplir un año de arresto domiciliario, una condena revisada y corroborada por todas las instancias, incluida la Corte Suprema.

La avanzada de Mahiques bajo el paraguas de Karina Milei y en sintonía con un sector de la Corte que representa su presidente, Horacio Rosatti -su hijo Emilio consiguió el jueves la aprobación de su pliego-, apunta no solo al envío y la designación de funcionarios, sino a un proyecto más ambicioso. Lo resume un colaborador del ministro: “Se está cambiando un ecosistema por completo, 40% de vacantes, se le saca influencia a viejos operadores, abogados, grupos económicos”. Solo resta saber con qué tipo de artillería está dispuesto a responder el otro bando, y el contenido de una eventual represalia. Tal vez en la suerte de Manuel Adorni, en la causa ANDIS o en el expediente $LIBRA radique parte de la respuesta. “Vamos con chaleco antibalas y casco”, abundaron colaboradores del ministro.

A fines de esta semana, con el Mundial de fútbol recién empezado y la incertidumbre en torno a si finalmente el jefe de Gabinete presentará o no, entre el jueves y el viernes, su declaración jurada -“más que un contador, la está completando con un mago”, bromeó un operador libertario que no quiere nada a Adorni-, el Gobierno podría enviar al Senado otros 50 pliegos de los 190 en poder de Mahiques entre jueces -91-, defensores y fiscales, y por fuera de los que ya remitió a la Cámara alta, 139 en total.

Ese plan ejecutado por Mahiques, que aspira a convertirse en un actor protagónico de la Justicia para coronar, de ser posible, con la Procuración, su objetivo de máxima, tendrá este miércoles, en simultáneo, otro mojón en el Consejo de la Magistratura cuando se envíen, de acuerdo a lo previsto, las ternas al Ejecutivo para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la sala I de la cámara federal porteña. Se sumarían a los pliegos que el Gobierno ya tiene listos para mandar al Senado para integrar cuatro tribunales orales federales también de Comodoro Py, el edificio en el que se investiga al poder político.

Cara y seca. Ese intento de colonización y reconfiguración del Poder Judicial por parte de una mesa a la que se sientan Karina Milei, Mahiques, Viola y los Menem, en conversaciones permanentes con un sector de la Corte y algunos viejos operadores, se da en un campo de batalla que suele ser bombardeado por Santiago Caputo y su agrupación Las Fuerzas del Cielo, marginados del sistema de selección de funcionarios judiciales desde que el Presidente dejó que su hermana se apoderara del Ministerio de Justicia y del control de ese rubro, y que en las últimas semanas sumó una nueva combatiente: la jefa del bloque de LLA en el Senado.

“Karina la va a esperar, ¿pero hoy qué pueden hacer? La respuesta es que no pueden hacer mucho", contestaron desde esa trinchera cuando se consultó por la movida pública de Bullrich de rechazo al retiro del pliego de la jueza Michelli. Las últimas jugadas de la ex ministra, desde el abrazo a Macri en la cena de la Fundación Libertad y el pedido televisivo para que Adorni apure su rendición de bienes, a la presentación de su propia DDJJ y la reciente reprobación a la baja de la postulación de Michelli, tienen un mismo patrón común: ella misma se ocupó en hacer de cada una de esas maniobras un evento político.

La hermana del Presidente está muy fastidiada con esa estrategia, es plenamente consciente de que la senadora tiene su propio proyecto y no es en la capital. Sabe que, si tiene la oportunidad, va a jugar sus cartas. Es un rasgo en las características de la ex ministra que no ve, por ejemplo, en otro de los dirigentes proveniente del PRO como Diego Santilli, capaz de cualquier tipo de sumisión política y demostración de lealtad con tal de que le habiliten, como le prometieron, la postulación a gobernador bonaerense en el 2027.

Bullrich no se cree empleada. Y se aprovechó del desinterés del Presidente en un rubro tan complejo como el de la Justicia para plantear su “objeción de conciencia” y poner en crisis el sistema de conducción de los hermanos Milei, que repercutió en el Senado. El lunes, cuando Bullrich avisó a los senadores que plantearía objeciones, recibió reproches de algunos colegas. Dicen que Nadia Márquez, muy cercana a “El Jefe”, puso el grito en el cielo. Y que fue Agustín Monteverde, que compartió boleta con la ex ministra de Seguridad y que tiene trato directo con el presidente, quien le avisó a Milei antes de que ella le planteara su postura y le pusiera a disposición su renuncia a la jefatura del bloque. Ese dato también se ocuparon de resaltarlo desde el bullrichismo. También hubo mensajes del bloque de la UCR al Gobierno, para alertar por un empecinamiento que terminaría en una derrota, como finalmente ocurrió, pero no surtieron efecto: el pleno del recinto votó en favor de la candidata al tribunal platense, incluso con la abstención de Bullrich.

Ese ida y vuelta en torno al pliego de Michelli desconcertó al bloque libertario en el Senado. Sobrevolaron quejas por la falta de una “bajada de línea” por parte de la Casa Rosada. “Somos senadores nacionales, debería existir otro diálogo con el Ejecutivo”, reflexionó un legislador. Ese desconcierto obligó a algunos senadores a suspender entrevistas, algo que ya ocurrió en estos meses, desde que estalló el escándalo Adorni.

Muchas de esas críticas fueron dirigidas a la Secretaria General, que desde las elecciones de octubre pasado se adueñó de la estrategia política y de la interlocución con el Congreso a través de los dirigentes que le reportan. Esa tarea, en el Senado, quedó en manos de Bullrich mientras, en paralelo, Santilli se dedicó al vínculo con los gobernadores. Pero el desmarque que la senadora empezó a tener de la Casa Rosada terminó por desajustar la coordinación con el Ejecutivo.

La pregunta que flotó esta semana en el aire es entonces quién ordena esa descoordinación, pero quedó en el ambiente otra mucho más profunda: ¿Qué grado de involucramiento tiene Milei con ciertas áreas del Estado por fuera de la economía? “Javier no le da importancia a algunas cosas que no le interesan”, aseguró un legislador libertario.

Los cortocircuitos de esta semana reflotaron en ese sentido las dudas por el flujo interno de la información, intoxicado por la guerra eterna entre las distintas tribus. “El 85% de mi trabajo es contrarrestar operaciones internas”, se despachó un colaborador de uno de esos bandos. Esa batería de operaciones cruzadas impacta de lleno en la comunicación, pero también en la política.

En el caso del pliego de Michelli que ahora el Presidente pretende demorar, por ejemplo, las versiones se bifurcan. Hay quienes aseguran que fue el consultor Caputo el que le avisó del parentesco de la postulante. Otros, que Mahiques ya le había advertido al mandatario, y que le restaron importancia. Si esa información fuera cierta, ¿por qué se envió el pliego al Senado para luego convertirlo en un tema de interés nacional?

Milei no tiene previsto cambiar su método de conducción, y ya dejó en claro que no quiere, o no puede, sentar en una misma mesa a su hermana y a su consultor estrella para dar por terminada una puja que corroe a la administración, y que suma cada vez más intrigas. En medio de esa batalla a cielo abierto se detuvo a Facundo Leal, el ex funcionario de ARSAT y del ORSNA que esta administración heredó de anteriores gestiones y al que le encontraron, en una investigación por el robo de material de fibra óptica en un depósito de San Fernando, USD 2.5 millones y cantidades desproporcionadas de cocaína, ketamina y MDMA en dos propiedades. También un equipo para hacer espionaje. Más allá de la contundencia de las pruebas y la evidente rutina agitada, opulenta y ecléctica que llevaba Leal -tenía previsto un viaje especial para su cumpleaños-, los trascendidos apuntan a un pase de facturas interno y una presunta vinculación con una guerra de espías. A propósito, Milei ni siquiera conoce al jefe actual de la SIDE, no le llegan los reportes diarios y no quiere ni saber lo que pasa dentro de ese organismo.

Su hermana sí está al tanto de esos movimientos: la mantienen informada. Por eso promovió a Sebastián Pareja como presidente de la comisión que debe fiscalizar los gastos y la administración de la SIDE. En el entorno de la hermanísima subrayaron que pretendía avanzar sobre alguna otra área controlada por Caputo -¿podía ser el PAMI?- hasta que Adorni cayó en desgracia cuando decidió comprarse un departamento en Caballito y refaccionar totalmente una casa de fin de semana sin que todavía haya justificado esos gastos. Incluyó una cascada en la piscina. El lujo es vulgaridad. Desde ese momento, la hermana presidencial y sus colaboradores dedicaron buena parte del tiempo a blindar al funcionario, al que sostuvieron mientras arreciaban las críticas internas. Esa defensa acérrima también se inscribe en la interna con Caputo.

La última mojada de oreja de la Secretaria General fue sobre la Fundación Faro, administrada por Las Fuerzas del Cielo, con fuerte presencia de Francisco Caputo, hermano del consultor, cada vez más relevante dentro de la estructura. A través de la IGJ, del organigrama de Mahiques, quiere saber sobre las donaciones a la fundación. Un movimiento llamativo si se tiene en cuenta que en diciembre del año pasado el Presidente fue la figura central de la cena de recaudación de fin de año en Puerto Madero, a la que asistió ella, todo el gabinete y el círculo rojo empresario.

El Presidente hace gestos para tratar de apaciguar los ánimos, como los que realizó después el tedeum del 25 de Mayo en el balcón de la Casa Rosada, pero no son suficientes ni llegan a ordenar el sistema de toma de decisiones que los tiene a él y a su hermana como principales socios. Por el contrario, Milei se recuesta sobre el programa económico: está convencido que la recuperación de la actividad ya empezó, que la inflación seguirá a la baja y que las malas noticias comenzarán a quedar atrás.

Parte de ese diagnóstico fue abordado por Macri en el almuerzo que mantuvo esta semana con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, por casi una hora. Muy relajado, hubo pocas definiciones políticas, más bien se desmenuzó la situación económica. El ex presidente deslizó que, después de un primer trimestre muy malo, debería verse cierta mejoría en los dos últimos, pero alertó, sin dramatismo, en que no entiende cómo con este superávit el riesgo país aún no se ubicó en los niveles que él tuvo durante su gestión.

Macri visitó también a Maximiliano Pullaro en Santa Fe, con el que hubo muy buena sintonía, recíproca. Una reunión que alimentó las especulaciones de los que presionan por un remake de Juntos por el Cambio como una alternativa al gobierno. Como se adelantó en esta sección, se habla de hecho del análisis de algunos distritos gobernadores por el PRO y la UCR de converger en un “súper domingo” electoral el próximo año.

Esa hipótesis podría incluir a la ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO, que acaba de estrenar nuevo logo pero que arrastra viejos chispazos. Al ex presidente, en realidad, nada la preocupa más que la chance de perder la capital. Por eso es cada vez más comentado el distanciamiento con su primo Jorge Macri, decidido a buscar la reelección, con el que, en verdad, nunca se llevó del todo bien. “Están muy mal”, confirmaron. En la Ciudad circula un fuerte trascendido de un encuentro de tres, entre los Macri y Daniel Angelici, “El Tano” -se involucró en la gestión porteña para intentar acercar posiciones y ordenar la administración y terminó convertido en el hombre más influyente de la capital-, que no habría tenido buenos resultados.

Confían, además, que en el velorio de Luis Brandoni de hace más de un mes atrás, en la Legislatura, los primos hicieron lo imposible para no cruzarse.

Varios dirigentes porteños que buscan llegar a 2027 con un armado competitivo empezaron a coincidir en un análisis sarcástico sobre el futuro de Patricia Bullrich. Dicen que no está para ocuparse de cuestiones como la VTV, la recolección de basura o el arreglo de veredas. La forma en que lo plantean sugiere que son palabras de la propia senadora. En su entorno aseguran que ya no le interesa competir por la sucesión de Jorge Macri, aunque evitan lanzarla a una candidatura presidencial. Pero con la figura que mejor mide en las encuestas afuera de la cancha, el resto de los espacios empieza a reordenar sus estrategias y a explorar negociaciones con potenciales aliados.

Bullrich no es la única que se destaca en los sondeos porteños. Myriam Bregman también aparece en el escenario con una alta imagen positiva. Efectos de un electorado pendular. “No creo que eso se traduzca en votos”, confiesan a Infobae algunos operadores que buscan un armado de centro, aliviados además porque están seguros de que la dirigente de izquierda peleará por llegar a la Casa Rosada. Con ese panorama aparecieron nuevos nombres y posibles alianzas. ¿Pilar Ramírez integraría la fórmula de Jorge Macri? ¿La UCR negocia con Leandro Santoro para que rompa con el kirchnerismo? ¿Con quién se aliaría Horacio Rodríguez Larreta?

Dentro del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña ya hablan de “instalar a Pilar” en los medios de comunicación como la candidata libertaria, aunque la legisladora cercana a Karina Milei esquiva cualquier tipo de definición. Dice que está enfocada en defender los proyectos de desregulación y desburocratización y que está convencida de que la gestión de Javier Milei logrará reactivar la economía. En el entorno de Bullrich, sin embargo, se habla de la posibilidad de avanzar hacia una alianza con el PRO, con una fórmula integrada por Jorge Macri y Pilar Ramírez, si el Gobierno no logra revertir el malestar social.

A los karinistas les genera rechazo hablar de una alianza con el PRO. Creen que Jorge Macri está en un “no lugar” porque “se disfraza de algo que no es”, en referencia al operativo “Tormenta Negra” en barrios populares y la “Operación Muro” para blindar los accesos de la Ciudad. Incluso rechazan ambas medidas y remarcan la contradicción que genera que un ex intendente de Vicente López busque restringir el ingreso de bonaerenses. En un punto coinciden con Rodríguez Larreta: la gestión dejó de empeorar, pero sigue siendo mala. “Pasó de muy mala a mediocre”, suele decir el ex jefe de Gobierno.

Para Rodríguez Larreta las chances de volver a Parque Patricios son altas. Está seguro de que puede vencer en un ballotage a la propuesta libertaria, pero es esquivo a la hora de hablar de aliados. Confía en que su figura y su propuesta reordenarán la oferta electoral para el año que viene. Sin embargo, quienes lo quieren adentro de una coalición de centro expresan cierto fastidio con su actitud. “Dice que aprendió de los errores que cometió cuando fue candidato a presidente, pero sigue con la misma lógica de no pensar en lo colectivo”, reprochan. Otros sostienen que es un buen candidato para una segunda vuelta, pero no necesariamente para una PASO o una elección general.

Los radicales, por ejemplo, lo quieren adentro de una coalición, pero también barajan otras opciones. Según pudo saber Infobae, en los próximos días se reunirán con Leandro Santoro para acercar posiciones de cara a 2027. Hay sectores del peronismo que dejan trascender que prefieren a Mariano Recalde como candidato porque, en los hechos, obtuvo más votos que El Toro en la última elección legislativa. Pero dentro de la UCR también hay diferencias respecto del perfil que debería tener esa alianza.

Daniel Angelici es uno de los más interesados en que la coalición incluya al PRO, con Jorge Macri como candidato. Pero otro sector del radicalismo cree que el actual jefe de Gobierno ensaya un discurso tan corrido hacia la derecha que les genera incomodidad frente a su propio electorado. Además, la presencia del primo del ex presidente eliminaría automáticamente la posibilidad de incorporar a Santoro. De todos modos, advierten que todavía no descartaron a Martín Lousteau de la lista de posibles candidatos. El senador busca recuperar protagonismo político y sus aliados creen que todavía tiene margen para reposicionarse. “En dos o tres meses veremos cómo está para la pelea electoral”, adelantan.

Al igual que en otras provincias, el Mundial aparece como uno de los principales ordenadores de la campaña porteña. En buena parte de los espacios creen que las definiciones de fondo sobre candidaturas y alianzas quedarán para después del torneo. También esperan novedades sobre el calendario electoral. Como adelantó Infobae, Jorge Macri analiza la posibilidad de impulsar un “súper domingo” que coordine las elecciones en distintos distritos para fortalecerse frente a Javier Milei en caso de que no prospere una alianza. Como contrapartida, el Gobierno evalúa alternativas para eliminar o suspender las PASO, una medida que podría complicar a los sectores que necesitan una instancia previa para ordenar liderazgos y construir una propuesta competitiva.

En el marco de las negociaciones con las provincias para conseguir apoyos en el Congreso, el Gobierno Nacional reactivó en marzo pasado el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), transferencias de la Nación a las provincias no automáticas, que no se rigen por los porcentajes de la coparticipación federal.

Si bien los ATN fueron creados para asistir a las provincias ante situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, en la práctica, históricamente fueron utilizados discrecionalmente según la cercanía política o como moneda de intercambio en busca de apoyos legislativos. Su asignación está en manos del Ministerio del Interior, hoy a cargo de Diego Santilli.

Fuente de esa cartera señalaron a Infobae que “esa herramienta de asistencia financiera a las provincias se utiliza regularmente, es de público conocimiento y se informa de manera transparente”. Agregaron que “algunas provincias han solicitado estos fondos porque tienen obligaciones que afrontar en sus territorios”, como desequilibrios financieros o por emergencia climática, y que “esos desequilibrios se deben en parte por el proceso que comenzó en Argentina de ordenamiento de cuentas”.

Las transferencias de ATN este año se concretaron en marzo y abril. En mayo no hubo desembolsos. Así, desde enero hasta el comienzo de junio, el reparto desde la cartera de Interior fue, en total, de $121.000 millones. Tuvieron como destinatarias 13 provincias, todas gobernadas por mandatarios aliados, entre los cuales hubo un solo peronista, el catamarqueño Raúl Jalil, de buen diálogo con la Casa Rosada.

De dónde salen los fondos

La ley que creó los ATN dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los quede el Gobierno nacional, el 56,66% se reparta entre las provincias de forma automática, y el 1% restante se reserve para estos aportes destinados a atender emergencias de distinta índole en las provincias.

Pero esos $121.000 millones distribuidos por la Nación en lo que va de 2026 son poco más del 25% de lo recaudado hasta finales de mayo. Según fuentes de Interior, de enero al 31 de mayo, el fondo de ATN recaudó $469.681 millones. Sin embargo, el saldo actual acumulado sin distribuir es muy superior: $1.906.054 ($1,9 billones).

Justamente, el monto de ATN que el Gobierno nacional retiene y no reparte fue uno de los principales reclamos de los gobernadores, tanto aliados como opositores, el año pasado. Los mandatarios presionaron para que sean distribuidos en forma automática según el porcentaje que recibe cada uno de acuerdo a la Ley de Coparticipación.

En línea con ese pedido, la Cámara de Diputados - con una amplia mayoría de votos de la oposición - sancionó el 20 de agosto del año pasado y convirtió en ley un proyecto que obligaba al Poder Ejecutivo a distribuir de manera automática y bajo los parámetros de esa ley, el 1% de los ATN. Eliminaba, así, la discrecionalidad de la Casa Rosada en el manejo de esos fondos.

Apoyaron la iniciativa distintos bloques opositores: desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre hasta Por Santa Cruz y parte de la UCR.

En la Cámara alta, la iniciativa también había cosechado el 10 de julio un amplio apoyo de 56 votos a favor y solo uno en contra (el de Luis Juez). Hubo 15 senadores ausentes de LLA, la UCR, el PRO, Cambio Federal y el Movimiento Neuquino.

Sin embargo, el 11 de septiembre, el Presidente vetó la norma y devolvió el proyecto al Senado. El argumento de la Casa Rosada fue que ponía en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional.

La Cámara alta rechazó el veto y ratificó la norma el 18 de septiembre, por 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones. Pero Diputados no trató la insistencia en la norma sancionada y el veto siguió vigente.

Las provincias más beneficiadas

Infobae relevó todos los ATN que la Nación le transfirió a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei, según la sintonía política de sus gobernadores con el Poder Ejecutivo libertario y negociaciones mediante.

Fueron, en total, $374.300 millones y se hicieron bajo el concepto de distintas emergencias: desde climática, ígnea o hídrica hasta la económica, alimentaria, socio sanitaria, o por desequilibrios financieros.

Pero no todas las provincias fueron beneficiadas con estos aportes discrecionales. De los 24 distritos, 8 no recibieron ATN en estos dos años y medio.

Además de la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, y San Luis, gobernada por Claudio Poggi, electo por Cambia San Luis, las restantes que no recibieron estos fondos son todas peronistas: Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

De las 16 que sí recibieron ATN, el ranking lo lideran Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada una en los dos años y medio desde que Milei llegó al poder.

Misiones es un distrito controlado por el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza local que lidera Carlos Rovira, y a quien le responde el actual mandatario Hugo Passalacqua. La provincia tiene dos senadores clave en el Senado, que juegan muchas veces de aliados con el oficialismo, pero que fluctúan con su voto o hacen valer sus ausencias en el recinto según el tema y las negociaciones subterráneas.

En el caso de Tucumán, está gobernada por Osvaldo Jaldo, de origen peronista pero con buen diálogo con el Gobierno nacional, al punto que su legisladores armaron un bloque aparte del de Unión por la Patria, bautizado Independencia.

En el total de ATN recibidos desde la nación desde diciembre de 2023, le siguen Salta con $36.000 millones; Entre Ríos, con $35.800 millones; Neuquén, con $30.000 millones;

En Salta y Neuquén gobiernan mandatarios de fuerzas provinciales - Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, respectivamente - con posturas críticas pero de buena relación con la Casa Rosada. En el caso de Entre Ríos, Rogelio Frigerio es uno de los gobernadores del PRO de mayor sintonía con la gestión libertaria nacional.

Luego aparecen en el ranking Chaco, con $28.000 millones, gobernada por el radical Leandro Zdero; Chubut, con $27.500 millones, cuyo mandatario es Ignacio Torres, del PRO; y Catamarca, con $27.000 millones en total, en manos del peronista dialoguista Jalil.

Luego se ubican Corrientes con $18.000 millones; Mendoza con $17.000 millones. Se trata de dos provincias gobernadas por el radicalismo, con matices en cuanto a su cercanía respecto del oficialismo.

El mendocino Alfredo Cornejo es uno de los mandatarios opositores más cercanos a la LLA. En su distrito, fue en alianza con los libertarios en las elecciones legislativas del año pasado. Por su parte, el correntino Juan Pablo Valdés tiene una posición dialoguista aunque más independiente, luego de que LLA le plantara un candidato propio en los últimos comicios.

A continuación, aparecen Santa Fe con $16.500 millones, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, un aliado crítico de LLA; San Juan con $16.000, comandada por Marcelo Orrego, del PRO; y Santa Cruz con $15.000, cuyo mandatario es Claudio Vidal, del espacio político provincial SER.

La provincia más populosa del país, Buenos Aires, solo recibió $10.000 millones en 2025 en lo que va de la gestión libertaria, una cifra que debe ser leída en el marco del enfrentamiento entre su gobernador, Axel Kicillof, y Milei.

Completan la lista Jujuy con $9.500 millones, gobernada por el radical Carlos Sadir, recibidos en 2024 y 2025; y Río Negro, un distrito en manos de Alberto Weretilnek, con solo $5.000 millones, solo en 2025. Ambos mandatarios tuvieron y sostiene posturas dialoguistas con el gobierno nacional.

El reparto en lo que va de 2026

Al igual que en el acumulado de la gestión Milei, la provincia que más recibió en los primeros cinco meses de 2026 fue Misiones: $15.000 millones.

Le siguen Corrientes y Mendoza con $14.000 millones cada una; Neuquén con $12.0000 millones; y Salta con $11.000 millones.

En el listado le siguen Entre Ríos, Chaco y San Juan con $10.000 millones cada una en ATN.

El top ten lo completan Chubut y Catamarca con $6.500 millones recibidos en ATN este año, Jujuy con $5,000 millones; Santa Cruz con $4.000 millones; y Santa Fe con $3.000 millones.

Cómo evolucionó la ejecución

Según detalló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su último informe enviado a la Cámara baja el 29 de abril, en 2025, se recaudaron $948.035 millones y se distribuyeron solo $209.000 millones, apenas el 22%. Estos números surgen de su respuesta a la pregunta Nro 1.242 realizada por los diputados.

El saldo que quedó sin distribuir y que motivó el reclamo de los gobernadores, alcanzó a finales de ese año de $1.552.232 millones (1,5 billones).

En 2024, el porcentaje de ATN distribuido a las provincias fue aún inferior. Solo un 7% de los $679.898 millones recaudados para ATN ese año, fue transferido por el Ministerio del Interior: $49.800 millones.

En tanto, el monto acumulado en manos de la Nación sin distribuir ascendió a $811.697 millones.

La distribución en 2025 y 2024

En 2025, 15 provincias recibieron ATN por un total de $209.000 millones. La que más dinero recibió fue, nuevamente, Tucumán con $35.000 millones.

Entre las beneficiadas, en segundo lugar, aparecen Entre Ríos, Misiones y Salta con $19.000 millones cada una. Le siguen Chaco y Neuquén con $18.000 millones cada una; Catamarca con $17.500 millones; y Chubut con $16.500 millones.

El listado lo completan Santa Fe, con $12.000 millones; Buenos Aires con $10.000 millones; Santa Cruz, con $8.000 millones; San Juan con $6.000 millones, Río Negro con $5.000 millones, Corrientes y Mendoza con $3.000 millones cada una.

En 2024, el primer año de la gestión libertaria, sólo 10 provincias recibieron ATN por un total de $49.800 millones. Excepto Tucumán y Catamarca, de los aliados Jaldo y Jalil, ninguna era peronista.

La que más dinero embolsó, otra vez, fue Misiones: $13.000 millones. Se repitió lo sucedido en los primeros cinco meses de 2026 y en 2025, cuando esa provincia había quedado segunda en el ranking.

Luego aparecen Entre Ríos con $6.800 millones; Tucumán con $6.500 millones; Salta con $6.000 millones; Chubut y Jujuy con $4.500 millones cada una; Catamarca y Santa Cruz con $3.000 millones cada una; Santa Fe con $1.500 millones; y Corrientes con solo $1.000 millones en total en 2024.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos" de los trabajadores.

Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.

Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.

Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.

Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.

Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.

Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.

En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.

Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.

Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.

Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.

Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.

De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.

Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.

Javier Milei habló el pasado martes en el Congreso del IAEF ante cientos de empresarios y buscó hacerles una descripción de los pasos que tomó el Gobierno en materia de política económica. Tal y como suele hacer, en la parte final de su alocución dio sus perspectivas de cara a los desafíos que se vienen. “Ahora viene el crecimiento de largo plazo y Argentina tiene vectores concretos. Estamos frente al último trade electoral. Si sale bien, no nos para nadie”, cerró.

Si bien Milei es favorito para ganar los comicios del año próximo, no hay un panorama certero. Los actores económicos tienen motivos para pensar que hay incertidumbres de cara al año próximo producto de las experiencias previas en años electorales. Pese a todo, el Gobierno busca comunicar que los meses que se vienen estarán acompañados por una robustez más importante en los fundamentals de la macroeconomía como el panorama fiscal o el de reservas.

Por ejemplo, esta semana se conoció que el Banco Central alcanzó la meta anual de compra tras sumar más de USD 10.000 millones en menos de medio año, excediendo cualquier expectativa de los analistas financieros. La meta es llegar a USD 17.000 millones. La incertidumbre es lo que sucederá de acá hacia adelante, ya que es altamente probable que crezca la demanda del billete. En un informe reciente, la consultora MAP estimó que entre el déficit de cuenta corriente, amortizaciones y dolarización de carteras se precisará cubrir cerca de USD 65.700 millones.

Es por eso que una fuente inobjetable de la Casa Rosada afirmaba la importancia de que la política acompañe a los esfuerzos del programa económico. “La tensión va a ser mayor si es que las expectativas sobre la reelección de Javier comienzan a relativizarse. Lo económico es lo central, pero la política tiene que acompañar”, afirma una fuente de la Mesa Política, mientras que otra indica: “La situación del oficialismo hasta hace algunas semanas no era ventajosa y no lo sigue siendo hoy, aunque está algo mejor. Todos estamos esperando datos importantes para saber cómo está la situación y cuál es nuestra fortaleza”, marca.

El Mundial de Fútbol será una especie de período en el que la política entrará en una suerte de limbo. Es por eso que muchos dirigentes miran hacia lo que podría suceder después y las conversaciones que se deberán a empezar a diagramar hacia futuro. Ahí es donde surge una cuestión clave: la cúpula del Gobierno sabe que más temprano que tarde deben definir cuáles serán los acuerdos que cerrarán con ciertos gobernadores y espacios dialoguistas, los cuales incidirán en las colaboraciones que puedan tener en el Congreso y, además, en las elecciones del año próximo.

Sigue habiendo matices sobre esos puntos. No está definido -en su totalidad- con quiénes pactar, con qué profundidad hacerlo y cuándo cerrarlo.

“Considero que deberíamos sentar a varios gobernadores cuanto antes y plantearles un acuerdo político. Desplazar la discusión hacia adelante solo va a generar más desconfianza. Si vos coqueteás con las provincias pero les decís que planeas discutir las condiciones más adelante, lo único que les estás diciendo es ‘voy a esperar lo máximo posible para estar en una posición de fortaleza y poder maximizarte todo lo que pueda’. Eso genera desconfianza”, opina una fuente del Gobierno.

Esta persona mira un episodio puntual. Le llama “La Negociación Valdés”. Esto hace referencia a lo que sucedió el año pasado cuando la cúpula del partido nacional decidió no acordar con el gobernador Gustavo Valdés para las elecciones provinciales de Corrientes. La Libertad Avanza perdió por amplio margen en las provinciales y en las nacionales sacó un diputado (al igual que el oficialismo provincial). “Pero eso no es lo más importante. Fue una declaración de principios hacia muchos gobernadores sobre cómo ibas a actuar con ellos. Ahí es cuando empezamos a perder votaciones en el Congreso”, considera. El nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, recibió el jueves a su par bonaerense Axel Kicillof, lo que dejó entrever una nueva posible alianza.

Los estrategas de La Libertad Avanza defienden a muerte todas las posiciones adoptadas el año pasado, pero creen que habrá una posición más aperturista para el año próximo, la cual comprenderá más reglas de juego consensuadas con más gobernadores. “El año pasado vos te jugabas los lugares del Congreso para mantener las reformas. En el 2027 se pone en juego el futuro del país”, resalta uno de ellos, dando a entender la relevancia de lo que se viene.

No son menores las tareas que está realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, en el diálogo con jefes provinciales. Autorizado por el karinismo, se reunió con Alberto Weretilneck (Río Negro), con el tándem Hugo Passalacqua-Carlos Rovira (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con este último también estuvo Lule Menem, el principal hombre de Karina Milei en el partido nacional. El oficialismo ahora quiere mantener conversaciones más fluidas en materia electoral y ahora busca meter en esa ecuación varios de los pliegos judiciales sobre los cuales tiene poder el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El nuevo capítulo de desconfianza en el Gobierno

Vale detenerse en la política judicial. Este segmento es, probablemente, el que mayor divergencia genera entre diferentes sectores del Gobierno. El antecedente que más pesa es el desplazamiento del caputismo del Ministerio de Justicia impulsado por el karinismo en marzo de este año. Los operadores judiciales de la hermana presidencial ahora manejan los tiempos de los envíos de los pliegos de jueces, fiscales y defensores. Esto último generó amplias controversias que fueron cubiertas a lo largo de toda la última semana.

Pero ayer terminó por proliferar un malestar que Santiago Caputo había manifestado en privado días atrás, cuando la Inspección General de la Justicia (IGJ), el organismo judicial que depende en última instancia de Mahiques, le pidió a la Fundación Faro, el think tank fundado por los laderos del asesor presidencial, presentar en un plazo de diez días el listado de donantes, los montos y fechas de las donaciones, además de aclarar sus movimientos financieros.

Caputo reposteó ayer a la noche una nota de La Nación que publicó esa información. “Debe ser una total casualidad”, afirmó. En su entorno atribuyen esa ofensiva al entorno de la hermana presidencial, particularmente a aquellos que constituyen su mesa judicial. Esto se correlaciona con lo que surge desde la otra campana, en la que acusan a los santiaguistas de haber advertido a Milei del nexo familiar que tenía la candidata a jueza María Verónica Michelli y que llevó a que pida dar de baja el pliego varias semanas atrás.

Horas después de publicada la nota que dio lugar a la nueva controversia, fuentes oficiales comentaron a Infobae que ese episodio ya había sido cerrado. “La IGJ solicitó únicamente el cumplimiento de un requisito documental. No implica la detección de irregularidades ni la apertura de una investigación. Informaron donaciones pero se olvidaron de adjuntar un anexo que es pedido por ley. Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”, indicó una fuente oficial al tanto de la controversia.

Habrían existido conversaciones entre altos mandos de Justicia con los de la Fundación Faro que buscarón relativizar esa versión más persecutoria. Cualquiera sea el caso, es una gota de agua más en los mares de desconfianza donde nadan dos de los grupos más influyentes de todo el Gobierno, porque quienes fueron afectados por este episodio acusaron que se les están usando las palancas de la cartera judicial para apretarlos.

No faltó quien cerca de la hermana presidencial comenzó a esbozar que “no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo”. En el caputismo indican que durante su tiempo al mando de Justicia, el fiscal Eduardo Taiano tuvo poca voluntad para revisar asuntos ligados a la causa de ANDIS; pero los recelos de parte de los primos Menem siguen latentes porque creen que les han jugado mal sobre todo antes del inicio de la campaña electoral del año pasado.

En el Gobierno miran estas confrontaciones como una debilidad manifiesta. Es decir, miran que todas las discusiones están traspasadas por el matiz de la interna y que cada cosa que haga algún integrante del oficialismo será interpretada como una amenaza o posicionamiento para alguna de las huestes libertarias.

Es por eso que el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó una postura más cerrada y ya no emite posiciones tan abiertas en las reuniones de mesa política. En un encuentro que se hizo meses atrás propuso una suerte de acuerdo amplio de nivel político y económico con gobernadores para poder garantizar una buena base de gobernabilidad. Esto fue visto como una amenaza de parte de Karina Milei porque interpretó que se estaba inmiscuyendo en asuntos que no eran de su competencia. “Ahora se retrotrajo y habla mucho menos”, convalida una fuente que habla con “Toto”.

La pregunta que se abre para 2027

Las peripecias de la interna no son una novedad. Sí lo es, por ejemplo, la autonomía que adquirió en las semanas recientes la senadora nacional Patricia Bullrich. Al interior del Gobierno hay quienes hablan de que creó el “mileismo crítico”, el cual se caracteriza por contener el voto duro y “diferenciarse en las cosas que ni los más fanáticos pueden explicar” como el apoyo político del Presidente a Manuel Adorni o el rechazo al pliego de Michelli.

“Son gestos que podrían servir para expandir apoyo entre sectores republicanos, por ejemplo. Pero eso funciona cuando las acciones son coordinadas. Y acá no pasa eso, ella logra capitalizarlo y desgasta a los Milei”, afirma una importante fuente libertaria en extrema reserva. La lectura entre varios funcionarios es que Bullrich sabe que si se pusiera en una postura de sumisión, Karina no dudaría en comerle capital político y que por eso actúa como en las últimas semanas: para condicionar cualquier tipo de avance contra ella.

El interrogante que surge hacia adelante es el siguiente. Si Bullrich mantiene su adhesión y su influencia al interior del Gobierno, ¿eso le será correspondido con mayor poder en la toma de decisiones? Así como tomó una postura clara alrededor de distintas controversias recientes, no se podría descartar que esas consideraciones las pueda llevar al plano electoral y más particularmente al armado de las listas. Todas las huestes libertarias contactadas por este medio son conscientes de este punto.

Así, puede presentarse el dilema de que los estrategas políticos tengan que decidir un acuerdo electoral tanto con los gobernadores y espacios dialoguistas en distintas provincias, pero que, a diferencia del año pasado, quienes tengan poder interno busquen generar resistencia ante el verticalismo del armado de listas. Por su parte, el karinismo ya advierte que si las cuentas digitales siguen burlándose de su sector el margen para incluir a Las Fuerzas del Cielo en listas nacionales y provinciales será más escueto.

“Para mí es muy prematuro pensar en algo así. La mesa política debería ser fundamental para definir un rumbo y, en todo caso, que Karina sea la última decisora. Esto no quita que piense que Patricia va a tensionar para poder avanzar con lo que ella considere”, afirma una persona de muchísima confianza de la secretaria general de la Presidencia.

El bullrichismo opina que tanto Karina como los Menem han tenido una cerrazón en su estrategia electoral del año pasado y que La Libertad Avanza no puede ir a la reelección con varios actores en contra esta vez. Sin un cargo en mente, los armadores de la ex ministra quieren poner en discusión algunos nombres como el de Mariano Campero en Tucumán o el de Martín Arjol en Misiones. También creen que el diálogo es complejo porque los gobernadores no tienen un incentivo claro para decidir eliminar o modificar el esquema de las PASO con un panorama tan incierto. “Nadie va a entregar un mecanismo de resolución electoral en este tiempo”, afirman.

La penosa sesión del jueves último pinceló un panorama inesperado en el Senado: la crisis por los pliegos judiciales limó el capital que tanto le costó a La Libertad Avanza y sólo consiguió gracias a las elecciones de octubre pasado, tras largos meses de penuria legislativa, entre 2024 y 2025. La bancada se mostró desbandada y sin conducción y la sensación que quedó en la noche de esa jornada, tal como indicaron a Infobae desde un despacho mileísta, es que “todo el mundo se llevó todo del recinto, menos el Presidente”, y lo peor: en la Cámara alta, a la Casa Rosada se le escapan leyes de peso e interesan de verdad desde hace más de tres meses, salvo el reciente acuerdo con holdouts que debe ser sancionado rápido por Diputados.

Para tener una idea de la magnitud del error que cometió el oficialismo: en la definición de María Verónica Michelli, votó a favor el incontrolable showman Francisco Paoltroni; se abstuvo la titular de bloque, Patricia Bullrich, quien armó el lío y eligió ir por la ancha avenida del medio nada menos que para un pliego judicial; y, la restante mayoría, rechazó. El formoseño, una vez finalizado el convite y después de una mini cumbre libertaria -forzada- para calmar las aguas, solicitó en el chat de senadores que, si lo vuelven a echar, que al menos le avisen antes. En tanto, el usual saltarín Luis Juez (Córdoba) aprovechó el papelón para ofuscarse y retirarse de forma anticipada. Era lo más fácil de hacer para la inmunidad. Llora la República.

“¿Desde cuándo no se vota una ley importante acá? Revisá las cuatro sesiones que tuvimos entre marzo, abril, mayo y después decime. Nos salvó hoy -por el jueves- lo de holdouts, que fue una piedra en el zapato bien resuelta y ahora falta Diputados. Lindas las épocas cuando terminaban acá y se sacaban fotos triunfantes. Lo que más da bronca es que el jueves se nos rieron en la cara no sólo los opositores, sino también varios de los propios“, sentenciaron desde La Libertad Avanza a este medio. Al lado de quien lo dijo había otra persona, que bajó la mirada y asintió. Los semblantes no eran los mejores.

La referencia es por el frenético ritmo del oficialismo en los períodos extraordinarios de diciembre y febrero pasados. Lo cierto es que el Senado tuvo cuatro encuentros desde el 1 de marzo. También lo es que Balcarce 50 demoró semanas en enviar iniciativas. Fuera de ello, hasta ahora no prosperaron propiedad privada -se aplazó el jueves, en pleno recinto-, la reforma política -se viene una escalada por Ficha Limpia desde el lado dialoguista y habrá que prestar atención al jefe del PRO, Martín Goerling-, descremar zonas frías y la ley de salud mental, entre otras. También estarán, del otro lado del casete, loas babosas.

Lo objetivo: la máquina de sacar iniciativas viró de Turismo Carretera a karting. Encima, al motor le mezclan nafta, aceite y agua. Como la votación de Michelli. Trascendental para un inversor mega millonario que requiera mirar, desde arriba de la nave, si se controla al Congreso. Un experimentado parlamentario solía remarcar una frase que reapareció hace poco: “Si te das muchos tiros en los pies, llega un momento que te quedás sin pies”.

El otro foco es Bullrich. Fue una semana de pura primera plana para la porteña, una de sus obsesiones. Detrás de ello, también hay viveza a la hora de aprovechar las ventanas abiertas: es la única persona en toda La Libertad Avanza que, ante dramas oficialistas, sacó jugo de entre las piedras. Sólo hay que mirar el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el reciente de los pliegos judiciales. El resto -leal- miró desde la tribuna. Lo delicado de estas picardías disfrazadas de “republicanas”: muchos libertarios pueden respetar -o temer- en exceso al triángulo de hierro, pero nadie llegó tan lejos de ir contra el propio Presidente. A la vista de todos y con la misma camiseta violeta. Difícil conocer el desenlace de este embrollo.

Para el martes podría germinar otra semilla, salvo que, en esta ocasión, le hayan avisado con tiempo al primer mandatario. Sería un bochorno. La comisión de Acuerdos, que comanda el oficialista Juan Carlos Pagotto - el riojano quedó desdibujado e imprudente en su actuar-, tiene agendada una nueva audiencia pública. Son pocos los pliegos a considerar, aunque hay uno que, de nuevo, relacionaría a una postulante a magistrada con un periodista. Milei acusó a este comunicador de “antisemita”, en 2024. La semana que transcurrió en la Cámara alta fue de las más delirantes de las últimas épocas. Del otro lado, nadie se asoma. Sólo Bullrich cabecea todas las granadas. Ahora, también tira.

Mientras Patricia Bullrich marca diferencias con el Gobierno y en su entorno dejan entrever que no tiene planes de conformarse con una candidatura en la ciudad de Buenos Aires, los libertarios empiezan a pergeñar un plan B para quedarse con el bastión que gobierna el PRO hace 19 años.

Bullrich dijo que las versiones sobre sus supuestos planes presidenciales son “fake news”, pero en la Casa Rosada no cuentan ciegamente con ella para pelear por CABA con los Macri en 2027.

Es la que dirigente que mejor mide del espacio, especialmente en el distrito macrista. Y los libertarios la necesitan para garantizarse un piso alto en el territorio porteño. Pero, al mismo tiempo, deslizan que respirarían aliviados de no tener que lidiar con su genio el año próximo. “Es muy difícil trabajar con ella, hace lo que quiere”, se quejaron esta semana en un importante despacho. “Se organiza el discurso para hablar de impuestos, y ella sale a pegarle a Macri con el subte”, agregaron, en referencia a los posteos en redes con los que la ex candidata presidencial toreó a Jorge Macri, hace tres semanas.

En el mileismo piensan, como plan B, en una fórmula violeta-amarilla. Y con Manuel Adorni caído en desgracia, Pilar Ramírez, referente de Karina Milei en la Ciudad, es mencionada en la cúpula del oficialismo como opción obvia. En el entorno libertario porteño, donde Ramírez es líder, juran que ni siquiera hablan del tema. “Nuestra energía está en la reforma electoral, en la eliminación de la PASO. Y ni siquiera tenemos calendario electoral, las candidaturas no son un tema hoy”, dijeron en el partido.

Sea la amiga de Karina o alguien más, para acompañar a la cabeza de la eventual nómina porteña de Milei ya listan nombres de referentes porteños amarillos. Una decisión basada no tanto en afinidades sino en la historia de alta performance del PRO en CABA. Mencionan especialmente a Silvina Giudici, diputada nacional de buena relación con el titular de la Cámara, Martín Menem, integrante de la mesa política nacional, y bien considerada por la jefa indiscutida de esa instancia, Karina Milei. Además, la entrevista que le dio la diputada a la señal A24 esta semana fue especialmente ponderada por el Presidente.

Mientras, la tensión con Bullrich está latente y disimulada. Karina Milei la recibió en su despacho de la Casa Rosada para evitar que los rumores de una ruptura con la principal referente de corte “republicano” dañen la imagen de un oficialismo complicado por los casos de corrupción. Y Javier Milei elogió con un tuit y las siglas TMAP (“todo marcha acorde al plan”) un pasaje del discurso de Bullrich sobre los holdouts en la sesión del Senado del jueves (la misma donde la propia voluntad presidencial fue contrariada por la senadora con la aprobación del pliego de la jueza Verónica Michelli que Milei quería retirar).

Pero en el círculo de la Secretaria General aseguran que, a pesar de la foto conciliadora, “está todo mal” con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En cuanto a Milei, deslizan que aún la aprecia, genuinamente, pero recuerdan que quien tiene la última palabra sobre temas electorales es la hermana. Además, el Presidente suele mantenerse lejos de los conflictos políticos entre dirigentes, si no es para defenderlos. “Es impresionante cómo se tira sobre la granada”, dijo un asesor del oficialismo, de manera crítica, en referencia a Adorni y en José Luis Espert.

Con todo, dicen en Balcarce 50, Karina Milei no está sorprendida por las jugadas de Patricia Bullrich. Y en el Gobierno hablan de sus “patriceadas”, una manera de evidenciar que estaban familiarizados con su tendencia a los vaivenes y la libertad de acción. Aplacan los cuestionamientos en público porque necesitan de su apoyo.

“A nadie se le ocurre pedirle que deje de ser Patricia. Pero sí que baje un cambio”, dijeron en la Casa de Gobierno. Específicamente, le deslizan que espacíe las diferenciaciones, al menos en el año no electoral. En 2027, de cara a las Presidenciales y la pelea por la Ciudad, verán cómo lidian con las ambiciones de la ex PRO, que esta semana dejó saber que se considera “socia, no empleada”.

Cerca de Bullrich también deslizan que no le interesa ser candidata vicepresidenta, pero en el Gobierno creen que no tendrá muchos otros lugares para recalar en el armado del año que viene, si es que no quiere ir a la Ciudad.

En la lista de nombres para acompañar a Milei en la búsqueda de la reelección rankea alto Sandra Pettovello, que acaba de reunirse con el Papa y tendrá injerencia fuerte durante la visita -prácticamente confirmada- de León XIV a la Argentina. Muy amiga del Presidente, cuenta a su favor como hito de la gestión haberse liberado de los gerentes de la pobreza.

Casualmente, ese punto le trajo roces con Bullrich, que se arroja el mérito de haberse liberado de los piquetes gracias a sus acciones desde el Ministerio de Seguridad. En Capital Humano, al contrario, siempre señalaron que el verdadero origen de ese logro fue preventivo.

“Claro que tiene ambiciones, pero es hábil para mostrar que no las tiene”, dicen sobre la única ministra que queda del Gabinete original de Milei, junto a Luis Caputo. Hermética, su gran plus, dicen en su entorno, es que no le genera problemas al Presidente y se mantiene a su lado, haciendo buena letra hasta que le ofrezcan algo, siempre sin pedirlo. Por caso, propuso el Gemelo Digital que le habían propuesto desde Niñez, en cierta medida, porque el primer mandatario aprecia especialmente las acciones de gobierno vinculadas con la tecnología.

Pettovello se mantiene al margen de las internas (barrió bajo la alfombra sus fuertes rispideces con Santiago Caputo). Y si bien lleva a cuestas la fama de que tiene un carácter fuerte o directamente malo (en parte, por la alta cantidad de funcionarios que echó), en su entorno aclaran que se deshace de quien sea sin pestañear en el afán de defender la integridad de la gestión. “Sandra se deshizo de todas las cajas de la gestión, a pesar de que le costara perder poder de lobby, para arrancar de cuajo cualquier problema de corrupción”, encomiaron en el Gobierno.

En la lista para vices aparecen también Adorni, pero es poco probable que subsista si avanza la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra. Y mencionan también a Guillermo Francos, que volvió a dar entrevistas el mes pasado después de un largo silencio. Aparece, por último, Martín Menem, que acaba de culminar (a su gusto, de manera triunfal) la pelea más reciente y más fuerte con Santiago Caputo, por RufusPeriodista, y tiene el aval pleno de Karina Milei. Pero en su entorno juran que no quiere saber nada con una candidatura que lo saque de la Cámara de Diputados y que se ve otros cuatro años allí. Eso sí, sin dejar de ser autoridad.

La presentación de un proyecto de ley para castigar con elevadas penas la pesca ilegal procura ser una barrera más a la intensa depredación de ese recurso ejercida especialmente por flotas extranjeras. La iniciativa legislativa se enmarca en la aplicación de sanciones inéditas y nuevas medidas de control introducidas por las autoridades, que alertan sobre graves daños económicos y ambientales provocados por la explotación en el Mar Argentino.

El proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Michel propone penas de prisión y sanciones económicas a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas. La propuesta agrava el castigo en casos que involucren embarcaciones extranjeras sin autorización, métodos destructivos, especies protegidas o la intervención de funcionarios públicos.

La iniciativa presentada en el Congreso incorpora una definición precisa de pesca ilegal y delimita un marco penal inédito para la actividad en aguas argentinas. El articulado establece la incorporación de nuevos artículos al Código Penal de la Nación, de modo que quienes capturen, extraigan o den muerte a especies de la fauna silvestre durante períodos de veda, en zonas o cuerpos de agua prohibidos o restringidos, o respecto de especies cuya explotación se encuentre vedada por normas nacionales, provinciales o internacionales, puedan ser condenados penalmente. También se prevén sanciones para el uso de métodos prohibidos por la autoridad competente y para la presentación de declaraciones falsas ante los organismos de control sobre el volumen real de la captura.

La propuesta introduce agravantes que elevan las penas hasta seis años de prisión y multas más severas si el delito afecta especies amenazadas incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), si se utilizan explosivos o métodos masivos, si la actividad ocurre en áreas naturales protegidas, si participan tres o más personas de manera organizada o si intervienen embarcaciones extranjeras sin autorización. La intervención de funcionarios públicos en estos delitos también representa un agravante, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

El proyecto avanza sobre la cadena de valor vinculada a la pesca ilegal. En caso de ser aprobado, sancionará con prisión y multas a quienes, a sabiendas de su origen ilícito, vendan, compren, almacenen, transporten, industrialicen o comercialicen productos provenientes de capturas prohibidas. Las penas se agravan si la conducta se realiza en forma organizada, habitual o involucra especies protegidas.

El proyecto de ley prevé también la aplicación de sanciones penales sin perjuicio de las administrativas, ambientales o aduaneras que pudieran corresponder. Ordena el decomiso de especies, productos y bienes empleados en la comisión del delito, como embarcaciones o vehículos. Los ejemplares vivos serán restituidos a su hábitat cuando sea posible o derivados a centros de rescate o investigación. Los productos aptos para consumo humano se donarán prioritariamente a bancos de alimentos y comedores comunitarios. Las embarcaciones y vehículos decomisados podrán ser asignados a la Prefectura Naval Argentina, al INIDEP u otros organismos públicos para tareas de fiscalización o investigación.

Si el Congreso sanciona la norma, las personas jurídicas, como empresas pesqueras, podrán ser sancionadas con multas de hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, suspensión de permisos, inhabilitación para contratar con el Estado y la publicación obligatoria de la sentencia en medios nacionales y en el Boletín Oficial con el costo a cargo del sancionado. El dinero recaudado a través de multas y subastas de bienes decomisados integrará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera, destinado a financiar tareas de control, investigación y programas de recuperación de recursos agotados.

La iniciativa incorpora la figura de asociación ilícita para la pesca ilegal, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes organicen, financien o lideren bandas dedicadas a este delito de manera permanente o reiterada. Además, el juez podrá disponer la administración cautelar de los bienes secuestrados durante el proceso judicial para reforzar las tareas de control estatal mientras dure la causa.

Dimensión de la pesca ilegal en el Mar Argentino

La presión de las flotas extranjeras sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la “Milla 201” alcanza una magnitud sin precedentes. De acuerdo con investigaciones citadas por Infobae y la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies clave son extraídas cada año por buques internacionales, hasta cuatro veces más que el volumen desembarcado por la industria pesquera argentina, que oscila entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales.

Al menos 400 a 600 embarcaciones, en su mayoría de China, pero también de Corea del Sur, Taiwán y España, concentran su actividad en el borde de la ZEEA. Muchas apagan deliberadamente el sistema de identificación automática (AIS), emplean redes de arrastre prohibidas o eluden los puertos argentinos transfiriendo la pesca directamente a buques nodriza en altamar. El uso de “banderas de conveniencia” permite ocultar la verdadera propiedad de las naves, un método denunciado por el especialista Milko Schvartzman, según recogió Infobae.

El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85% desde 2019 y la extracción total de flotas extranjeras creció un 65% en ese mismo período.

Impacto económico, ambiental y respuesta estatal ante la pesca ilegal

Las pérdidas económicas de Argentina por la extracción ilegal superan los 1.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca difundidas por Infobae. La sobreexplotación afecta de manera especial al calamar Illex argentinus ―especie de vida breve y eje alimentario del ecosistema marino― y a la merluza hubbsi, cuya reproducción y migración vinculan los recursos con distintos marcos regulatorios internacionales.

La FULASP advirtió: “En el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar en poco tiempo el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y todo el ecosistema”, dijo Raúl Cereseto a este medio.

En 2024, las autoridades de las Islas Malvinas suspendieron la segunda temporada del calamar Loligo debido al colapso de la biomasa, mientras que el Reino Unido, a través de la concesión de cuotas pesqueras en Malvinas, extrajo 261.903 toneladas de recursos solo en ese año, equivalentes a más de un tercio de toda la captura argentina. Ello generó ingresos estimados de mil millones de dólares anuales, representando el 65% de los ingresos de las islas, según la investigación de la fundación.

La Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca adoptaron el criterio de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal. Aplicaron, junto a la Justicia nacional, la mayor multa registrada: $1.262 millones impuesta a un buque de capital chino con bandera de Vanuatu capturado dentro de la ZEEA, después de verificar repetidas incursiones ilegales.

Este caso sentó precedente al validar la evidencia electrónica, como la vigilancia satelital y sistemas como Skylight, para la imposición de sanciones. La Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) destacó “la solidez probatoria” de este tipo de controles y su valor para trasladar la fiscalización del ámbito físico al digital. Para Schvartzman, “la pesca ilegal es la norma para la flota china en el Atlántico Sudoccidental”.

Cooperación internacional y desafíos en la regulación pesquera

El combate contra la pesca ilegal enfrenta vacíos regulatorios en la región y falta de organismos de gobernanza efectiva a nivel global. Instrumentos como el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsados por la FAO, buscan reforzar los controles portuarios y bloquear puertos de conveniencia como Montevideo, promoviendo el intercambio de información entre autoridades portuarias.

Sin embargo, la presencia británica en Malvinas y la dispersión de responsabilidades complican la creación de organismos internacionales sólidos para la conservación de recursos en el Atlántico Sur. Iniciativas privadas y comisiones regionales no han logrado frenar la actividad ilegítima alentada por apoyo logístico extranjero y la escasez de regulación fuera de jurisdicción nacional.

La presión persistente sobre la fauna marina, la captura sostenida de especies vulnerables y las condiciones extremas de trabajo en estas flotas exigen una respuesta inmediata que trascienda la legislación local y apueste por la cooperación internacional para proteger los recursos y la vida en el Atlántico Sur.

Perdió hasta el manejo de escena. El jueves a la tarde la imagen todo terreno de Patricia Bullrich se desvaneció. No tuvo su “no positivo”, pero fue parecido. En su caso fue un “me voy a abstener de votar en contra” que acompañó con un “no comprometo a mi bloque” para justificar su abierto desafío a los mandatos de Javier Milei. Leyó su posición, mirando hacia abajo. Solo de a ratos levantaba la vista. Minutos antes había discutido con medio recinto, acusada de traidora por propios y ajenos.

La decisión de Bullrich de desmarcarse de los deseos presidenciales de retirar el pliego de María Verónica Michelli por ser cuñada de un periodista pulverizó la endeble mayoría que había conseguido el Gobierno en el Senado, que ahora quedó rehén de su propia torpeza. Los aliados se le escapan, ya no le creen. El oficialismo se va quedando sin recursos para negociar, la interna consume lo poco de coordinación parlamentaria que queda y los proyectos se apagan en la hoguera del fuego amigo.

El Gobierno pasó del 13 a 0 en Diputados a una derrota autoprovocada en el Senado y la apertura de un futuro incierto para el resto de las reformas que emprendió la Casa Rosada. El destino de la jueza quedará en un limbo y los deseos de Milei y Karina podrán concretarse al fin, a pesar de la caída abrumadora que sufrieron esta semana. Pero lo que pasó el jueves va mucho más allá de ese pliego. La consecuencia del desorden hizo postergar el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, por falta de votos, y no está garantizado que el oficialismo pueda llamar a sesión para este miércoles para retomarlo.

La mayoría de los senadores libertarios ya sacó pasaje por pedido de la Casa Rosada, que envió al grupo de wWhatsapp del bloque la orden de que estén en el Congreso. Ningún aliado asegura hoy que pueda concretarse una convocatoria.

Las definiciones comenzarán a verse pasado mañana, cuando vuelva a reunirse la comisión de acuerdos para tratar nuevos pliegos de candidatos a jueces. La pelea es cuerpo a cuerpo. Otra vez no aparecen los postulantes de las provincias, y por ahora se trataría solamente siete candidatos, de los cuales uno solo es del interior. “Si no negocia con nosotros no tiene un solo proyecto más aprobado”, anticipa un senador de trato asiduo con Bullrich.

La senadora está tironeada. Su yo interno le dice que no se va a someter a la conducción de Karina pero su aspiración política, al cargo que sea, le indica que jugar al fleje puede tener consecuencias adversas sobre un electorado, el de Milei, del que depende. Ser el plan B del Presidente la hace caminar por la cornisa de la ambivalencia permanente. Después del desafío público por el caso de Michelli, cuando el lunes comunicó su objeción de conciencia, Karina Milei la convocó a su despacho en la Casa Rosada. La gestualidad de la foto dice bastante de quién fue la promotora del encuentro. Karina está de frente, sonriente, iluminada, y Bullrich de costado, sin rostro. No se le ve la cara. “Ella no se va a someter a su conducción”, insisten al lado de la senadora para defender lo que pareció una marcha atrás. Creen todo lo contrario. Con todo lo que hizo para diferenciarse, ni se animaron a echarla.

Crítica interna

Bullrich mantendrá su juego. Como anticipó Infobae, frenó la campaña porteña y está definido que se retira del territorio de la ciudad hasta nuevo aviso. El viernes tuvo actividad Pilar Ramirez, la mano derecha de Karina Milei y con quien salía a candidatearse pos caída de Manuel Adorni, pero Bullrich no apareció. “Tampoco estaba previsto”, se atajan en el comando libertario. Patrica anticipa a sus allegados que la Secretaria General y líder del partido la quiere usar como anzuelo porteño para negociar con Mauricio Macri. Sostiene que a cambio de bajar al PRO de una candidatura presidencial va a terminar cerrando un pacto para la continuidad de Jorge Macri y su popularidad en terreno porteño va a quedar desechada. “Además necesitan el acuerdo en la provincia”, reflexiona con sus laderos la senadora, que ahora elige salir de recorridas por las provincias, como Mendoza.

Bullrich se muestra en la intimidad crítica de la política económica del Gobierno. Sostiene que la macro no llega a la micro y que el oficialismo necesita un golpe de efecto que reactive la actividad. “Los centros urbanos están muy golpeados”, dicen cerca de ella. “Hay tiempo para levantar pero tienen que ordenarse”, se lamenta sobre las internas a pesar de que esta semana quedó ella en boca de todos por su nueva diferenciación.

Lejos del Milei que en público se felicitaba por la fortaleza política que consiguió en el Congreso tras las elecciones de medio término, la senadora cree que todavía es un gobierno débil políticamente y que sin acuerdos no puede avanzar. Es lo que le están advirtiendo los aliados para esta semana. El proyecto de propiedad privada cayó por diferencias en dos capítulos: manejo del fuego y extranjerización de la tierra. “Nunca tuvieron los votos, estaban complicados”, agrega un senador peronista. Lo mismo aporta una aliada no automática. Dicen que el problema que tiene Bullrich es que la presiona la Casa Rosada. En este caso, Federico Sturzenegger, que va por todo. Los senadores dispuestos a apoyar se quejan de que los cambios que aceptan vuelven con retoques menores y no se tienen en cuenta sus aportes. Nadie cree por estas horas que pueda aprobarse esa iniciativa en lo inmediato. La primera disidencia surgió de la senadora Edith Terenzi (Chubut), que avisó que no lo votaba. Lo mismo pasó con los otros tres legisladores enrolados bajo el bloque que conduce la jujeña Carolina Moisés, que ya había presentado un dictamen aparte. Apenas comenzada la sesión, los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama plantearon lo mismo; tampoco estaban Julieta Corroza (Neuquén) y Alejandra Vigo (Córdoba).

En este escenario, es poco probable que avance la reforma electoral, nacida trunca por la obsesión de Karina de eliminar las PASO, la única herramienta que tiene la oposición para ordenarse. Ahí sí pesan los gobernadores y dependerá del acuerdo electoral que terminen haciendo con La Libertad Avanza. No quieren candidatos que empañen sus reelecciones. Se viene el Mundial y con el oficialismo a los empujones, no hay aliado que hoy tenga voluntad política de sesionar.

También quedó tecleando la prórroga para que permanezca en su cargo por otros 5 años más Víctor Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital, el juez que falló a favor de la reforma laboral e intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Su tratamiento se incluyó a las apuradas el viernes, para llevarlo a audiencia en la comisión de Acuerdos pasado mañana. El malestar se sigue fogoneando entre los aliados por estas incorporaciones sorpresivas del Gobierno. Entre los pliegos que se vienen para esa audiencia, senadores cercanos al oficialismo están atentos a otro caso similar al de Michelli. Es la mujer de otro periodista, que ingresó como candidata a la sala VI de la cámara laboral. Se trata de Marina Edith Pisacco.

Sesión descontrolada

El karinismo le reprocha a Bullrich su intención de meterse en la interna judicial, que ya está atravesada por la pelea dentro de la Corte Suprema, entre el sector de Horacio Rosatti, cercano al Gobierno y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Rircardo Lorenzetti. “No es un error, se pasó de rosca”, definen cerca de la Secretaria General sobre cómo se movió Patricia. Más allá de su posición respecto de Michelli, cuestionada por Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cerca de Karina se molestaron por la selección de los postulantes que tenían prioridad para ser tratados el jueves. Esa lista quedó en manos de Bullrich. Como ejemplo, cerca de Karina dicen que entró la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa, pero no Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, donde participaron los jefes de bloques, se dejó afuera a Michelli y a otros 23 pliegos de candidatos que ya estaban listos para ir al recinto. Michelli necesitaba dos tercios porque su dictamen no tenía una semana. El senador karinista Juan Carlos Pagotto se había encargado de cajonearlo. La propuesta de dejar a una veintena afuera fue un pedido del jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, y de Carlos Camau Espínola, en representación de un sector de los provinciales. Lo usaron como anzuelo para obligar a Bullrich a convocar una próxima sesión. Si dejaban sola a Michelli, pasaba automáticamente al olvido. El kirchnerismo jugó la suya. No comprometió en ese momento los dos tercios (que los iba a dar) y dejó que el oficialismo se enredara solo.

El revuelo se generó cuando en la Casa Rosada se enteraron de que en la lista de los 50 a tratar no estaba Emilio Rosatti, de la primera camada de pliegos que envió el Ejecutivo. El teléfono de Bullrich explotó. “La presionaron todos, pobre”, la consuela un senador aliado. Ella rompió el pacto del día anterior, con acta por escrito y todo, y obedeció a las órdenes de Karina. Volvió con todos los pliegos menos el de Michelli, lo que le generó la rebelión de los aliados. “Está muy pegada a Santiago Caputo”, sospechan en el karinismo sobre los pasos que fue dando la senadora. “La selección de los 50 la hizo ella, el gran quilombo fue ese corte. Acá no hay ñoños republicanos, acá hay juego de poder”, le reprochan los que quedaron afuera. Para entonces el bloque libertario era un hervidero y Luis Juez se retiraba para no votar.

La secuencia de cámaras del Senado habla por sí sola. Todo quedó a la vista. El rol de Victoria Villarruel fue clave para el desenlace, jugando abiertamente contra el Gobierno. Ya había mandado el mensaje de que no se estaban poniendo o sacando caramelos sino jueces. Bullrich se pelea con la vicepresidenta delante de todos, en el estrado. El reloj marca entonces las 13.50, la sesión había comenzado casi dos horas antes. Discuten acaloradamente. Acorralada, Bullrich pide el cuarto intermedio. La vuelve a llamar a Karina. No tienen margen. Van todos los pliegos a votación. Quienes participaron de esa negociación no podían creer lo que veían. Villarruel, Bullrich y Ezequiel Atauche peleándose entre ellos.

El Gobierno seguirá jugando fuerte y tiene previsto que Michelli no asuma. Lo que hará es no conformar el tribunal para el que fue elegida, que tiene que ser habilitado por la Corte. Lo dijo sin sutilezas el propio Mahiques, insólitamente, el promotor de Michelli en 2018, cuando era viceministro de Justicia. “Restan una serie de pasos, como por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo habilite”, anticipó. A eso el Gobierno espera contar con el paso del tiempo en el Consejo de Magistratura, que preside Rosatti, que tiene que iniciar el proceso para acondicionarlo. Mahiques habló de que falta conseguir “un edificio y poner mobiliario”, algo así como una advertencia: sos jueza, pero no tenes ni silla.

Quién ganó

En el Gobierno se ufanan de haberse salido con la suya al conseguir, al final de todo el escándalo, la aprobación de los 74 pliegos. En el peronismo descartan esa lectura y consideran que el oficialismo perdió la brújula, los aliados se les esfuman y los jueces nombrados no son de Milei, al punto que ellos mismos les dieron los votos. “Acá ganó la familia judicial”, aclaran. Son concursos que existen desde hace más de 10 años y una buena parte se los llevó la provincia de Buenos Aires: 13 en total y 8 de La Plata. “Nosotros no podemos dejar la provincia sin jueces, los revisó Axel”, apuntan en el kirchnerismo del Senado para desmentir que sean jueces que respondan a Milei.

El peronismo incluso cerró filas en la votación, con la aprobación de todos los pliegos menos el de Emilio Rosatti (ahí sólo se ausentó el santafecino Marcelo Lewandowski) y el de la secretaria del juez Ercolini. Entre los nuevos nombramientos está Laureano Durán, que fue protagonista de fuertes polémicas en 2014 cuando el kirchnerismo lo designó para ocupar el estratégico juzgado federal 1 de La Plata, que entiende en temas electorales, que estaba vacante en ese momento por la muerte de Manuel Humberto Blanco. Durán fue votado ahora como vocal de la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Caputo, el trader político

Mientras la interna se desangra y el oficialismo ve desvanecerse los proyectos en el Senado, el ministro de Economía apuesta en la ruleta electoral. “Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a USD 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?”, se ufanó Luis Caputo esta semana en su discurso ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS). Los aplausos costaron. Fueron tibios y llegaron tarde. Al menos eso notó el equipo del gobernador. “Pasó de largo, no le importó a nadie”, refieren cerca de Kicillof.

Justo esta semana se conoció una encuesta de Alaska y Trespuntozero en la que se refleja un rechazo a la confianza en la palabra de Caputo. Ante su afirmación de que los próximos 18 meses serán los mejores en décadas, el 69,3% responde que le cree poco o nada. Ante su declaración de que la gente está mejor que en 2023, el rechazo es del 68,6%. Esa misma muestra refleja que algo parecido le pasa a Milei. El 66,5% no cree que “lo peor ya pasó”, frase reiterativa de Milei. Además, el 61% tampoco cree que la inflación se derrumbará y el 67% tampoco está de acuerdo con que la política económica actual no está destruyendo empleos.

Los rojos de la recaudación alertaron a las consultoras económicas y al Fondo Monetario Internacional. La consultora 1816 destacó que los números del fisco cortaron nueve meses de caída, pero de manera coyuntural. Alerta a sus clientes que fue “gracias a la base de comparación del Impuesto a las Ganancias”. “Los datos desagregados no fueron tan positivos: el IVA-DGI cayó 3,0% real, séptima caída al hilo. La asistencia a PAMI de $580.000 millones con Lecap (en lugar de efectivo) y la postergación de los FAL apuntan a no afectar el superávit base caja”, señalan. Justamente, la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral que se conoció esta semana postergó su implementación recién para el 1 de noviembre. En círculos económicos anticipan que fue un pedido del FMI. También 1816 se ocupa de plantear dudas respecto de cuánto le cree el mercado a Caputo. “Ya sin Bonar 27 como alternativa (salvo que abran otra serie corta), ¿la demanda privada podrá canalizarse a los 2028 y/o a bonos más largos? Eso dependerá en buena medida de cuánto penetre la idea de Caputo de que “no hay riesgo político para 2027” y/o la idea de que la economía argentina de los próximos años va a tener tanto flujo de dólares que los bonos 2028 se pagarán sin importar quién gobierne (al final del día, ambas cosas achicarían el riesgo político para el año que viene)”.

Al Gobierno se le complica la narrativa. Muerto el slogan “la moral como política de Estado” y el anticasta, le queda el fantasma del pasado, que choca con la idea de Caputo de que no hay riesgo kuka. Otro dato que aporta la encuesta de Alaska es que se revirtió el factor aglutinante del voto mileísta. Ante la pregunta de quién es el responsable del deterioro económico actual, el 63,6 % lo puntualiza en el gobierno libertario. Es Milei contra Milei. Lo dijo el Presidente cuando confesó en público que compite contra él mismo. Entre las peleas internas y las emocionalidades se le acorta el tiempo para ganarse.

El peronismo está transitando su crisis interna. Los posibles candidatos, Cristina Kirchner detenida, los gobernadores que se acercan y se alejan de la Casa Rosada. Y todas esas líneas que van en paralelo se cruzan cada tanto en el Congreso de la Nación, donde buena parte de los temas hacen que se crucen.

El miércoles por la noche, y luego de dos reuniones los días anteriores, el presidente del bloque del peronismo en el Senado, José Mayans, organizó una cena para todos los senadores en la sede del Partido Justicialista, en Matheu 130. Como había sesión el jueves, la asistencia fue casi perfecta: solo estuvo ausente Mariano Recalde, el único senador porteño del PJ.

La intención del encuentro era conversar posicionamientos de una manera menos tensa, en medio de una comida. Mayans, oriundo de Formosa, se encargó de llevar sopa paraguaya y chipa guazú. Luego, asado, vino, agua y gaseosas.

Pero ese clima ameno duró poco. Según contaron algunos de los participantes, cuando se sacó el tema de los pliegos judiciales esa tranquilidad se perdió. “Juliana estuvo fuerte”, dijo uno, señalando a la senadora Di Tullio. “Primero lhizo referencia a la votación a Mahíques —Carlos, padre del ministro de Justicia Juan Bautista— y después fue por los pliegos que se votaron el jueves. Y adelantó que iba a votar a la jueza que quería retirar Milei —Verónica Michelli—”.

La senadora es una de las espadas del cristinismo en la Cámara alta y no suele guardarse sus posiciones, sino que las expone y las defiende. Y más en un bloque en el que se mezclan peronistas, cristinistas y representantes de gobernadores. Aseguran que fue muy gráfica al señalar que la iba a votar.

Aunque la respuesta no llegó en el mismo tono, lo que se dijo fue que “los gobernadores —peronistas— mandaron a votar a Mahíques". Los interlocutores de Di Tullio agregaron: “Hasta Gildo Insfrán —gobernador de Formosa— mandó a votarlo y ves los votos: María Teresa González votó a favor y Mayans en contra”.

Hubo senadores que no suelen tomar mucho la palabra en el recinto pero que cuentan con una vasta trayectoria y que también plantearon posiciones respecto del bloque. “Se mezcla la gobernabilidad con el rol de opositores. Hay un ala más dura que es el sector más kirchnerista y otro más dialoguista, pero la intención es no tener más grietas. Votamos divididos el pliego de Mahíques, votamos divididos la Ley de Glaciares. Tenemos que unirnos porque el segundo semestre se acelera todo”.

La referencia a que “se acelera todo” es que en el peronismo entienden que muchos gobernadores van a desdoblar los procesos electorales. Hay 17 jefes de estados provinciales —incluyendo a la Ciudad Autónoma— que tienen habilitada la posibilidad de una reelección. En todos los distritos entienden que el presidente Javier Milei buscará colocar candidatos propios, por eso no quieren ir a una elección en donde se vote presidente y gobernador.

Así se lo hicieron saber algunos senadores libertarios a sus pares peronistas. “En las conversaciones ya te avisan que van a jugar y van a jugar fuerte”, explicó una senadora del PJ.

Otro punto que se conversó en la sede del PJ, y que tiene que ver con esas charlas cruzadas entre los diferentes bloques, es el apuro que tiene el oficialismo con diferentes temas. “Ya avisaron que después del Mundial van a bajar el ritmo y, a no ser que necesiten algo en particular, van a intentar cerrar el Congreso hasta el Presupuesto”, agregó la misma senadora.

Este punto también estuvo en la conversación del miércoles a la noche, en busca de organizar una agenda propia y consensuar posiciones respecto de la agenda del oficialismo. “Intentamos ordenar, esa fue la función del encuentro. Discutimos, y lo hicimos fuerte, pero siempre discutimos así. El asado salió muy bien”, graficó el encuentro un senador peronista del sector que responde a Cristina Kirchner.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este viernes que el presidente Milei no está obligado a firmar el decreto de nombramiento de Michelli. Explicó que “cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará” y remarcó que “el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.

Por su parte, Maqueda, en una entrevista con el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel en Radio Con vos, afirmó que, después de la intervención del Consejo de la Magistratura, la selección presidencial y la aprobación del Senado, “es solamente un acto formal. El presidente tiene que designarla”.

El ex juez remarcó además que el pliego de Michelli fue aprobado por el Senado con 44 votos, aun cuando ya eran conocidos los cuestionamientos del Presidente. Para Maqueda, ese dato vuelve más grave cualquier intento de frenar ahora la designación, porque el Congreso ya convalidó el nombramiento con la mayoría exigida.

Maqueda describió el último paso pendiente como un trámite administrativo y no como una instancia discrecional abierta. “El presidente tiene que firmar un decreto, que es el último paso, pero eso no está establecido en la Constitución. Eso es un mandamiento administrativo”, dijo.

También planteó una derivación institucional si Milei no firma. “Si no lo firma, para mí el Senado está en condiciones de pedirle cuentas al presidente”, dijo Maqueda a Radio con Vos, al señalar que la Cámara alta ya prestó acuerdo y que, a su entender, se cumplieron todos los pasos previstos para la designación.

Maqueda dijo que Milei no puede revertir una candidata que él mismo eligió

El núcleo del planteo del ex integrante de la Corte está puesto en la secuencia constitucional del proceso. Según explicó, el Consejo de la Magistratura elevó una terna, el Presidente eligió a Michelli entre esos nombres y luego el Senado aprobó el pliego.

A partir de esa reconstrucción, Maqueda cuestionó que la Casa Rosada pretenda retroceder sobre una decisión ya adoptada por el propio Ejecutivo. “Si el presidente cuando tuvo la oportunidad la eligió a ella teniendo tres personas para elegir, hoy no puede alegar su propia torpeza y volver atrás”, dijo.

El ex juez también usó una definición política para describir la obligación presidencial en este tramo final. “Yo creo que el presidente tiene que actuar con razonabilidad en este sentido. O sea, no se puede dejar llevar por caprichos”, afirmó.

“Este sistema de amor y odio, odio y amor, no es sano ni siquiera para las relaciones personales, mucho menos para las relaciones políticas. Y mucho menos cuando está la institucionalidad”, dijo Maqueda al mismo medio.

El ex juez calificó como “grave” el caso por su impacto político y judicial

Maqueda insistió en que la controversia no se limita a una discusión técnica sobre la firma de un decreto. Señaló que el caso “es un tema grave” no solo por el tema “constitucional”, sino también “desde lo político y desde lo judicial”.

Para sostener esa afirmación, repasó el recorrido de la candidata dentro del sistema: concurso, examen, entrevistas, paso por el Consejo de la Magistratura, selección presidencial, tratamiento en la Comisión de Acuerdos y aprobación final del Senado. En su lectura, cada una de esas instancias ya agotó las verificaciones exigidas para el cargo.

Cuando le preguntaron si, en ese marco, Michelli ya debía ser considerada jueza, Maqueda respondió sin matices. “Para mí, sí”, dijo. Ante la repregunta sobre si la firma de Milei era un trámite, respondió: “Es un trámite. Y lo tiene que hacer”.

Otro de los puntos más duros de la entrevista fue la lectura política que hizo Maqueda sobre el motivo del bloqueo. Rechazó que el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon pueda ser usado como argumento para objetar su nombramiento.

“No se le puede cuestionar a la jueza porque el marido es funcionario judicial, es magistrado”, dijo primero sobre otro de los señalamientos mencionados durante la entrevista. Luego fue más directo sobre el caso de Alconada Mon: “Lo que se está haciendo contra la cuñada por parte del presidente de la Nación, por un capricho del presidente de la Nación, por dejarse llevar por los impulsos de amor y odio”.

En ese tramo, Maqueda formuló la crítica más severa al Presidente. “Le está haciendo pagar a la cuñada de Hugo Alconada Mon, que es un excelente periodista de investigación, el vínculo familiar. Es una cosa que... es un delito no tipificado el delito de ser cuñada”, consideró.

El ex ministro de la Corte también defendió el rol del periodismo frente al poder. “¿Cuál es el delito que cometió Alconada Mon? ¿Haber investigado al poder? Si esa es la función y la obligación del periodista. Es incomodar al poder”, afirmó.

Para Maqueda, el estilo de Milei afecta a la Justicia

Consultado sobre cuánto favorece o perjudica a la Justicia un presidente con las características de Milei, Maqueda respondió: “Yo creo que mucho. Yo creo que mucho”.

Después precisó: “Cuando el presidente no tiene en cuenta la Constitución y participa o quiere participar de las causas en trámite, y opina sobre las causas en trámite y se manifiesta sobre las decisiones que toman otros poderes del Estado, me parece que eso es malo para la justicia”, dijo.

Esa mirada estuvo acompañada por otra objeción al tono presidencial frente a la prensa. “La crítica es natural. Ahora, la descalificación no es natural. Y el presidente cae en la descalificación permanentemente”, sostuvo Maqueda en la misma entrevista.

Fueron gestiones discretas, que se hicieron mientras millones de fanáticos procesaban el impacto de la muerte de Carlos “El Indio” Solari. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se había acercado en la plomiza mañana del viernes, pocas horas después que se conociera el fatal desenlace, a la casa de Parque Leloir del cantante para ponerse a disposición de su familia.

Según pudo saber Infobae, el diputado nacional hizo gestiones con Racing Club para darle allí la despedida final, pero ante la negativa de las autoridades del club, el dirigente se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien aceptó de inmediato la solicitud para hacer el velatorio en el Parque Domínico.

Las conversaciones se iniciaron cuando la familia tomó conocimiento de que el Congreso Nacional no iba a ser el lugar destinado a darle el último adiós al Indio Solari. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había comunicado que no estaban dadas las condiciones de infraestructura y seguridad para albergar un acto fúnebre al que acudirían cientos de miles de almas.

Esa negativa llegó a la tarde. Ya el gobierno de Javier Milei había difundido públicamente a la mañana que la Casa Rosada no estaba disponible. Con esos dos no, Máximo Kirchner inició gestiones para encontrar un lugar que fuera apto para recibir una movilización inevitablemente multitudinaria.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, el diputado nacional y líder de La Cámpora tomó contacto con las autoridades del Racing Club de Avellaneda, que preside Diego Milito. Pero encontró una nueva negativa, de la que no se tienen mayores detalles.

Racing era un lugar emblemático para la “cultura ricotera”, porque fue la primera cancha que colmaron sus fanáticos. El otro estadio, que también se barajó como alternativa, era Huracán, donde también tocaron los Redondos. Ambos lugares eran epicentros del sentimiento de los fanáticos.

Más allá de los motivos por los cuales ninguna de esas canchas terminó siendo habilitadas para organizar el último adiós a Solari, Máximo Kirchner llamó a Jorge Ferraresi, un intendente que no se venía llevando bien con La Cámpora. De hecho, en el territorio, son rivales políticos en la interna peronista.

Sin embargo, ante el pedido realizado por el diputado nacional, el intendente se puso a disposición de la familia del Indio Solari y puso a disposición el centro Gatica, conocido popularmente como Parque Domínico, para que allí se realice el último homenaje al artista del rock más importante de los últimos 40 años.

La conversación ocurrió el viernes por la tarde entre Máximo Kirchner y el intendente de Avellaneda. Hubo gestiones con el gobierno de Axel Kicillof para contar con el personal policial necesario para organizar el velatorio. Asegurada la asistencia de más de 1.500 policías y de la colaboración del municipio, la familia de Solari aceptó la propuesta y se definió que, a partir de las 11, este domingo los fanáticos tendrán un lugar donde darle la despedida final a su ídolo.

Cómo es el lugar donde se realizará el velatorio

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador y situado en avenida Mitre al 4900, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre. Pero será el microestadio José María Gatica el espacio en el que estará ubicado el féretro con el cuerpo de Solari para que los fanáticos puedan darle el último adiós.

El José María Gatica, situado en el extremo sur del predio de la localidad de Villa Domínico, es utilizado para eventos deportivos y culturales.

La multitud que se espera que concurra este domingo encontrará espacios con mesas y sillas para descansar, así como juegos para niños y una histórica calesita.

Apenas se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.

Un conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace días en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta porque no están disponibles los recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.

En el centro del conflicto se encuentran policías autoconvocados que este sábado llevan adelante su tercera jornada de medida de fuerza. Según indicaron medios locales, este viernes realizaron una manifestación en la residencia del gobernador Claudio Vidal y reclaman que el mandatario los reciba.

Si bien el próximo miércoles 10 de junio se realizará el Consejo del Salario, la mesa de negociación paritaria, los autoconvocados buscan tener su propio lugar en esa instancia, ya que no se sienten representados por la Asociación Policial.

En ese sentido, en la provincia rige el “quite de colaboración”, que implica asistir únicamente a funciones en caso de emergencia.

De acuerdo con el medio local Señal Calafate, el punto central del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Anoche, además, los policías se trasladaron a la residencia del gobernador cantando “Vidal tiene miedo”.

Según los autoconvocados, recibieron llamados para pactar dos reuniones -el jueves y el viernes- con el funcionario, pero hasta el momento no se concretaron.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, de acuerdo con Tiempo Sur. Participarán efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.

Desde la movilización de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”, aseguró en declaraciones a medios locales.

“La oposición pone palos en la rueda”

En las últimas horas, el gobernador Claudio Vidal aseguró que entiende el reclamo y lo considera “justo”. En el comunicado, difundido en sus redes sociales, sostuvo: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.

Sin embargo, advirtió que la medida de fuerza surgió después de que la semana pasada se convocara al Consejo del Salario, el espacio destinado a dialogar soluciones. La reunión ya tiene fecha confirmada para el próximo miércoles 10 de junio.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, aseguró el funcionario perteneciente al partido SER Santa Cruz.

Y continuó: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.

Vidal aseguró que siempre estará “del lado de los trabajadores” y que es momento de que todos actúen con responsabilidad y pongan por delante el bienestar de la provincia: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.

En el video difundido en Instagram que acompaña el comunicado, el gobernador también sostuvo que la problemática salarial se replica en otras provincias. Asimismo, aseguró que su administración otorgó dos aumentos salariales por encima de la inflación, tanto al inicio de su gestión como en 2025.

“Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó en el video que acompaña esta nota. Y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.

La tierra colorada que pisó el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en ebullición. Por primera vez en décadas, el oficialismo parece a punto de quebrarse. Por un lado está Carlos Rovira, que dirigió con puño de acero la política local durante 20 años, enfrente, el gobernador, Hugo Passalacqua y los intendentes que han desafiado su omnipotencia.

Este viernes, el ministro del Interior pudo pasar por el estrecho sendero entre el fuego y el abismo. Se reunió con ambos. Y trató con cada uno los temas que debía. El contexto se había complicado más luego de que el pasado jueves 28 de mayo, Rovira anunciara que el ministro llegaría al día siguiente. En la Gobernación nadie sabía nada. Se suscitó una minicrisis que se aclaró con un par de llamados.

Santilli habló de política con Rovira. El gobierno nacional necesita de los votos de los misioneros en el Congreso. Esa representación responde, por ahora, a “el conductor”. Luego, se encontró con Passalacqua. La agenda estuvo cargada de asuntos de gestión. Rutas, gas y conectividad fueron los temas principales.

El ministro del Interior escuchó también detalles de dos iniciativas que Rovira, en su rol de diputado provincial, impulsa con el bloque mayoritario. Uno es el de ficha limpia. El proyecto es mucho más amplio que el que se discute en Nación. Por caso, prohíbe ser candidatos a quienes tienen multas de tránsito o deben impuestos. El otro es el que pone tope a la reelección de los intendentes. Este proyecto es un tiro por elevación a los aliados de Passalacqua.

Luego, Santilli almorzó con el Gobernador. La charla fue una continuidad de las conversaciones con el resto de los mandatarios del Norte Grande mantenidas durante la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Eso es lo único que trascendió. Los voceros habituales del mandatario se cerraron y no hicieron más comentarios sobre el diálogo que mantuvieron.

Un 2027 libertario

El cierre de la jornada en Misiones fue con la dirigencia libertaria. Santilli valoró la consolidación territorial tras reunirse con Adrián Núñez y los diputados Diego Harfield, Maura Gruber y el resto del equipo legislativo.

Núñez y Hartfield son dos de las posibilidades que maneja LLA para pelear la gobernación en 2027.

A la salida de la reunión, el Ministro del Interior expresó: “El crecimiento del partido viene muy bien. La Libertad Avanza está haciendo un gran trabajo en Misiones, llevando nuestras ideas a cada rincón de la provincia por eso somos la única oposición, y ese es un desafío importante”, señaló.

Pensando en el próximo turno electoral, el ministro fijó los objetivos de máxima del oficialismo. “El año que viene aspiramos a que Javier Milei reelija y sea el primer presidente de la historia argentina contemporánea no peronista que gane una elección y sea reelecto”.

Además, dejó en claro que irán por cargos ejecutivos: “Vendrá el desafío de decidir lugares de gestión: municipios, provincia, gobernación. Ya hemos ocupado bancas y ahora viene otro paso más adelante”.

“Tenemos que resolver los problemas de la gente. En eso vamos a trabajar todos, para potenciar la gestión del Presidente y, en forma particular, de la cartera del Ministro”, acotó Núñez por su parte.

“Fue una visita muy constructiva. Hablamos de las propuestas que estamos llevando adelante en la Legislatura: ficha limpia y boleta única de papel. Es importante dejar bien en claro qué ideas representamos. Sobre todo de cara a 2027”, concluyó.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró tres días de duelo tras el fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari, ocurrido el 5 de junio de 2026. La medida, firmada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Alberto Bianco, dispone que la bandera bonaerense permanezca a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante el período señalado.

Solari, nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, provincia de Entre Ríos, se trasladó a La Plata en su infancia, donde desarrolló gran parte de su carrera artística. En los años setenta fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó la historia de la música argentina por su masiva convocatoria y su influencia cultural. En 2004, el músico creó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, agrupación que conservó la estética y el espíritu de “Los Redondos”, manteniendo su estilo poético y metafórico.

Reconocimiento y repercusión social en la provincia de Buenos Aires

El decreto subraya que “El Indio” Solari fue una figura central del rock nacional, trascendiendo generaciones y consolidando una conexión extraordinaria con su público. Se destaca su compromiso con la justicia social y su rol como representante del pensamiento popular, así como la relevancia de sus letras, consideradas símbolos culturales para varias generaciones.

La disposición oficial invita a los poderes Legislativo y Judicial y a las municipalidades bonaerenses a adoptar medidas similares para honrar la memoria de Solari. El documento enfatiza que su muerte causó un profundo dolor en la sociedad bonaerense y que la declaración de duelo busca expresar las condolencias y la solidaridad del pueblo de la provincia hacia sus familiares y seres queridos.

Durante el duelo provincial, la bandera de la provincia permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, como muestra de respeto y homenaje. La medida fue comunicada oficialmente y publicada en el Boletín Oficial, conforme a lo establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

El velatorio público de Indio Solari se realizará el domingo

El velatorio público de Indio Solari será el domingo, y la definición del lugar quedó abierta entre alternativas como el estadio de Racing Club o Tecnópolis, mientras la autopsia confirmó que el músico murió por un ACV hemorrágico y el alcance de la despedida obliga a resolver un operativo para una concurrencia masiva.

La postergación cambió el esquema inicial, porque la despedida estaba prevista para el sábado y luego se aplazó un día más, según Infobae. Los únicos dos lugares descartados de manera oficial son la casa del músico en Parque Leloir y el Congreso de la Nación.

La familia del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado está en conversaciones con Racing Club para realizar el homenaje en el estadio de Avellaneda. La opción tomó fuerza después de que se descartaran otras sedes.

En paralelo, en el Gobierno nacional analizan Tecnópolis. El predio de Villa Martelli aparece como alternativa por sus vías de acceso y por su capacidad para recibir una asistencia numerosa.

Fuentes oficiales confirmaron que la Secretaría General de la Presidencia, Alejandra Monteoliva ministra de Seguridad de la Nación y Manuel Adorni jefe de Gabinete intentaron comunicarse con el abogado de la familia Solari para ofrecer la disponibilidad de ese predio, pero no habían recibido respuesta.

La responsabilidad sobre Tecnópolis recae en la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. Desde esa dependencia dijeron a Infobae que esas versiones no se originaron allí: “No hubo pedido ni movimiento formal”. Fuera de la órbita del Estado nacional, la familia también evalúa algún espacio que pueda ofrecer la gobernación de Axel Kicillof.

La diversidad de vidas que se amontonan dentro del peronismo van construyendo un gran debate sobre el futuro de la fuerza política y las necesidades de marcar un cambio de época. Desde de un plan económico hasta la forma de construir una estructura de poder. Desde la búsqueda de nuevos liderazgos hasta la profundidad de la influencia de los líderes actuales.

Una de las vertientes que dará un nuevo paso en la discusión pública de la alternativa peronista es la del PJ Federal, que tiene en su mesa chica a Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával. El primer paso fue presentarse en sociedad el 1 de mayo en Parque Norte. El segundo es intensificar el debate sobre un nuevo programa económico y productivo. Para eso el destino elegido es Entre Ríos.

El esquema federal volverá a reunirse el lunes 15 de junio en Concepción del Uruguay. Bajo el título “El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional”, la dirigencia justicialista del interior buscará abrir una etapa de debate centrada en la formulación de propuestas concretas sobre temáticas puntuales. A partir de ahora la discusión será regional y aplicada a temas que tengan peso en ese lugar geográfico del país.

“Hay que superar las discusiones centradas exclusivamente en nombres, liderazgos o candidaturas, para volver a poner en el centro las ideas, los proyectos y las propuestas”, indicaron en el esquema federal, donde destacan que después de la presentación en Parque Norte se movió una dirigencia en búsqueda de una vía política para encauzar sus necesidades y sus pensamientos.

El peronismo entrerriano está en una etapa de rearmado detrás de dos figuras que motorizan el proceso de reorganización: Guillermo Michel y Adham Bahl. Después de varios períodos de gobierno con sello justicialista, Rogelio Frigerio rompió el molde, se convirtió en Gobernador y edificó una alianza electoral con el gobierno de Javier Milei. Para destronarlo hará falta un peronismo que, de mínima, esté unido en su mayor parte. El armado federal va a tener influencia directa en esa organización.

El debate que plantean para el 15 de junio tiene como eje central el modelo agroindustrial y productivo de la Argentina. “El peronismo debe volver a construir una agenda de desarrollo que recupere la confianza de los sectores productivos de todo el país”, aseguran entre los federales.

“Tenemos la responsabilidad de reconstruir vínculos, representar a los sectores que hoy están siendo castigados y ofrecer una alternativa clara”, advirtió a este medio uno de los integrantes de la primera línea del espacio, que en un puñado de días se reunirá en un esquema similar a utilizado en Parque Norte, con comisiones temáticas, un acto final y la publicación de un documento sobre lo discutido en la jornada.

El conflicto con los PJ del interior

En una sintonía diferente de la recomposición política del peronismo están los PJ locales, muchos de ellos con conflictos abiertos e internas múltiples. Son focos de peleas, divisiones y disputas permanentes. Muy lejos del motor de una alternativa que podrían ser si estuvieran ordenados y alineados bajo una conducción política estable.

Los PJ de Salta y Jujuy, intervenidos judicialmente, son un nido de fricciones incesantes. Los interventores políticos, delegados por el PJ Nacional, con el aval de Cristina Kirchner, apelaron las intervenciones dispuestas por la justicia federal. En ambos casos concedieron la apelación, pero no fue con efecto suspensivo, motivo por el cual la intervención permanece vigente hasta que resuelva la situación la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En Salta los delegados normalizadores, Pablo Kosiner y Nora Canunni, instruidos por el PJ para buscar una salida auspiciosa al conflicto local, presentaron en las últimas horas varias objeciones a la junta electoral partidaria del partido, respecto a la organización de la elección, pautada para el 2 de agosto. Entre ellas aparecen la logística, el recuento de votos, la habilitación de centros de votación, la distribución de las urnas y el financiamiento del proceso electoral.

En esos pases de facturas cruzados aparece en escena el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, que hace tiempo pide que haya elecciones en el PJ de su provincia y acusa a los Kirchner de manejar el partido desde Buenos Aires; y el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que está alineado a Unión por la Patria (UP) y mantiene una relación tensa con quien fue su sucesor en el poder.

“Sáenz se autopercibe no peronista pero quiere manejar el Partido Justicialista. Salta es la única provincia de la Argentina donde el 100% de su diputados y senadores nacionales votaron absolutamente todas las iniciativas del Gobierno. En verdad, la idea es evitar que haya una posición diferente”, planteó esta semana el ex mandatario en diálogo con EcoMedios.

El interventor puesto por la justicia federal, José Luis Napoleón Gambetta, es un hombre cercano a Sáenz, motivo por el que en el peronismo advierten que se está desarrollando una discusión de poder en el plano político, pero también en el plano judicial. El pedido que salió de Matheu 130, donde coordina la agenda el formoseño José Mayans, es que los delegados busquen una salida armoniosa del conflicto local y medien con el oficialismo local y la Justicia para que haya un proceso electoral prolijo y efectivo.

En Jujuy la situación es bastante similar. En la semana entrante la intervención judicial, a cargo de Ricardo Villada, hombre que también es muy cercano al gobernador de Salta, es posible que defina el cronograma electoral. El peronismo jujeño está muy fraccionado y enfrentado, por lo que una elección ordenada, que legitime dirigentes, parece ser la salida más apropiada al mar de acusaciones que subsisten.

Hay cinco sectores distintos dentro del universo del peronismo jujeño. Cada uno tiene un referente: Rubén Rivarola, Guillermo Snopeck, Carolina Moisés, Leila Chaher y Guillermo Jenefes. “Hay que buscar una forma de ponerse de acuerdo, pero todos tenemos que estar adentro”, planteó uno de los líderes del justicialismo en la provincia. De esos sectores saldrán las listas que participen en los comicios internos.

Moisés, aliada a los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán, viene de ser sancionada por los interventores políticos del PJ, debido a su posicionamiento cercano al Gobierno en un puñado de leyes. Y, antes de ese episodio, tuvo varios cruces con el kirchnerismo por las reiteradas suspensiones de las elecciones partidarias locales y, al mismo tiempo, la incapacidad de poder lograr un acuerdo de unidad que suture las grietas internas.

El sector de los gobernadores del norte está pendiente de lo que suceda con el PJ jujeño y de la resolución de la CNE. Mientras esperan que la intervención judicial permanezca vigente y ordene el proceso electoral, acusan al kirchnerismo de ejercer presiones a la justicia vinculadas a la rosca política. Le apuntan a dos nombres: Leopoldo Moreau y Gerónimo Ustarroz.

Neuquén es otra de las provincias donde hay focos de conflicto abiertos. La semana pasada el peronismo kirchnerista logró imponerse en una votación interna y tomar el control del congreso partidario. Lo hizo a través de Luis “Pichi” Sagaseta, vinculado al ex secretario de la presidencia de la Nación Oscar Parrilli.

En los últimos días, José Asaad, actual presidente del PJ Neuquén, alineado al gobernador Rolando Figueroa, acusó a su compañera de fórmula, Anahí Valdez, de haber trabajado en conjunto con el sector de Parrilli y ser funcional a la oposición interna.

Esa acusación evidenció un quiebre interno en la conducción del partido. Hace tan solo tres meses habían ganado juntos las internas partidarias. El PJ local está partido y plagado de desconfianza. No hay orden, no hay cohesión y no hay unidad.

El aniversario de la condena de CFK

Este miércoles se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que derivó en su inmediata detención y la inhabilitación perpetua para ejercer y competir por cargos públicos. El cristinismo hace varios días que viene realizando actos en la puerta de San José 1111 para mantener vivo el reclamo por su libertad y reivindicar el rol de liderazgo de la ex presidenta.

Sin embargo, ese sector insiste con la necesidad de que el resto del peronismo tome noción de lo que implica la detención de la ex mandataria y ponga en la lista de prioridades la defensa irrestricta de su inocencia. Si ella no está libre, no habrá legitimidad plena de un candidato peronista, fueron las palabras de Parrilli un par de semanas atrás. Una gran mayoría del esquema opositor no piensa así.

En el sector más duro del kirchnerismo hay una gran molestia con Axel Kicillof y con algunos referentes del PJ Federal por la falta de defensa a CFK. “Les interesa más ser complacientes con el poder económico, con los empresarios, que defender a Cristina”, se quejó un camporista puro. “Se van a convertir en un pequeño grupo reaccionario. Cada vez más chicos están. Cada vez se hablan más a ellos mismos”, reaccionó un integrante del MDF.

La discusión va y viene. Casi en forma permanente. El camporismo está dispuesto a dar una batalla dialéctica potente frente a otros sectores del peronismo, que hablan de la situación de CFK, pero que entienden que no es el punto central del programa o del plan de acción que debe tener la oposición en este tiempo de rearmado político y oposición dura a Javier Milei.

El mar negro se parte en dos: de un lado, la oscuridad; del otro, una ciudad flotante de luz blanca que se refleja sobre las olas que, a esa hora, cerca de las tres de la madrugada, se elevan a más de cuatro metros. Quien escribe esta nota está embarcado en uno de los cinco buques guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PFA) que patrulla la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, las 200 millas marinas, esto es 370,4 kilómetros de la costa patagónica. El buque potero Chino Lurong Yuan Yu 669 avanza, según el capitán, a menos de dos nudos, menos de cuatro kilómetros por hora. La nave extranjera pesca en la milla 201, pero, si continúa en ese rumbo y velocidad, en pocos minutos ingresará en zona prohibida. Los prefectos están preparados para entrar en acción, primero una advertencia lumínica, después sonora, y por último disparos a babor y estribor.

La escena no se observa desde nuestra posición, pero los oficiales de la PNA imaginan que desde el puente, que los tripulantes chinos detectan a través de las pantallas de sonar como se desplaza una mancha compacta. Son miles de calamares Illex argentinus que ascienden a la superficie y caen en las redes atraídos por los focos.

Visto desde un satélite, el conjunto de la flota depredadora, entre 300 y 500 embarcaciones concentradas en un radio de 90 kilómetros (50 millas)— forma una ciudad mediana en la profundidad de la noche cerrada.

En cubierta, una decena de marineros procedentes de países asiáticos como Indonesia, Filipinas, China y Vietnam trabajan a destajo. Los marineros lo arrojan a una canasta plástica los calamares atrapados. Los recipientes se llenan en minutos. Cuando el cardumen es abundante, explica el oficial de la PNA, los turnos se pueden extender hasta 16 horas.

En los camarotes, duermen, o al menos los intentan, los que terminaron la jornada anterior. Los expertos explican que, en esas embarcaciones, las literas están separadas por menos de medio metro. El ruido de los generadores es incesante, al igual que el balanceo del casco por el oleaje.

Los poteros llevan semanas, meses sin atracar en un puerto. No hace falta: cada cierto tiempo, un carguero frigorífico aparece en el horizonte, se acoda al costado y recibe la carga. Repostan combustible, alimentos, a veces recambian parte de la tripulación. La pesca viaja directamente hacia China sin pasar por ningún control portuario.

Poco después ocurre lo que los oficiales argentinos que patrullan la ZEEA sabían que iba a suceder: el barco chino apaga el sistema de identificación automática (AIS). En las pantallas de seguimiento satelital de Buenos Aires, ubicado en la sede de Puerto Madero de la PNA, la embarcación desaparece, pero sigue pescando, ahora, dentro de la milla 200, en zona prohibida. En ese momento, la autoridad naval argentina comienza su trabajo para, o detener a la embarcación que depreda los recursos naturales nacionales sin autorización, aplicarle una multa y decomisar su carga, u obligarla a abandonar la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Pero pescar en el límite de la milla 200, la denomina da milla 201 tiene nombre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y una dimensión económica que la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) acaba de poner en cifras: las flotas extranjeras que operan en la milla 201 extraen entre dos y cuatro veces más recursos que toda la industria pesquera argentina.

Según el puntilloso trabajo al que accedió Infobae, mientras la pesca nacional desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las estadísticas internacionales ubican las capturas de flotas extranjeras en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año. Entre 400 y 600 buques provenientes principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán operan anualmente en la región, según el estudio. Los niveles de extracción en la zona crecieron un 65% entre 2019 y 2024, y la flota china incrementó su esfuerzo pesquero un 85% en ese mismo período.

organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), trabajo forzoso y explotación de recursos naturales, que ha confirmado que en el caso del calamar Illex la combinación de sobrepesca y malas condiciones ambientales “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.

El calamar, en el centro de la tormenta

El caso más preocupante para FULASP es el del calamar Illex argentinus, especie de ciclo biológico breve —vive apenas uno o dos años— y pieza central de la cadena alimentaria marina: es consumido por merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales. Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, advirtió que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur".

La Environmental Justice Foundation, que en español se traduce como Fundación para la Justicia Ambiental (EJF), organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales y pesca INDNR, confirmó que en el caso del Illex la combinación de sobrepesca y condiciones ambientales adversas “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año”, precisamente por tratarse de una especie de ciclo muy corto.

El antecedente más concreto ya ocurrió: en 2024, las propias autoridades pesqueras de las Islas Malvinas cancelaron la segunda temporada de calamar Loligo porque la biomasa estimada cayó por debajo del umbral de conservación de 10.000 toneladas.

Prácticas de evasión y el rol de las banderas de conveniencia

Entre las tácticas documentadas por las autoridades argentinas y organizaciones ambientales se destacan el apagado deliberado del AIS, el empleo de redes de arrastre prohibidas y el uso de banderas de conveniencia. Desde 2020, embarcaciones de origen chino comenzaron a operar bajo pabellones de países como Vanuatu y Camerún para ocultar su procedencia real y eludir sanciones. En la temporada 2024-2025, al menos 13 buques con esas banderas fueron documentados en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), todos con salida desde puertos chinos y tripulaciones de esa nacionalidad.

La logística de la flota está diseñada para maximizar el tiempo en el mar: buques nodriza y cargueros frigoríficos se anclan en el borde de la ZEEA para reabastecer de combustible y alimentos a las embarcaciones menores y recibir la pesca capturada, lo que les permite operar durante meses sin tocar puerto.

Frente a ese esquema, el gobierno argentino aplicó por primera vez una sanción de magnitud real. A través de una política de “tolerancia cero” coordinada entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, las autoridades impusieron una multa de $1.262 millones —incluyendo costos operativos por $799.000— al arrastrero Bao Feng, un buque de capital chino con bandera de Vanuatu perteneciente a la empresa Hai Shun Shipping Co.

El Bao Feng había sido detectado el 10 de enero por sistemas de vigilancia electrónica y satelital, cuando navegaba a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras de arrastre dentro de la ZEEA. Tras verificar nuevas incursiones a fines de marzo, se le aplicó la sanción, equivalente a cerca de un millón de dólares y récord en la materia. La PNA también multó a otros dos buques de la misma empresa: el Hai Xing 2 y el Bao Win, detectados con patrones de navegación compatibles con actividad pesquera ilícita. Ante las sanciones, Vanuatu procedió a dar de baja a los tres buques de su registro nacional.

El procedimiento marcó un precedente al demostrar que la detección electrónica tiene el mismo valor probatorio que la intervención directa en el mar, algo que históricamente había impedido la aplicación de sanciones efectivas en un frente marítimo de esa extensión.

Durante la Operación Mare Nostrum I, lanzada en febrero de 2025, la Armada Argentina desplegó aviones P-3 Orion y C-12 Huron, junto con las corbetas ARA Robinson y ARA Espora, e identificó unas 380 embarcaciones pesqueras extranjeras operando justo fuera del límite de la ZEEA.

La merluza, bajo presión

El fenómeno no se limita al calamar. Los propios informes pesqueros de las Islas Malvinas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas durante la primavera y el verano, y luego puede migrar hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. En 2024, allí se capturaron 54.714,5 toneladas de esa especie, el cuarto registro anual más alto desde 1989. La merluza de cola refuerza el mismo argumento de stock compartido: estudios genéticos y de micro química de otolitos sugieren conectividad entre el Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que indicaría que se trata del mismo stock explotado por Chile, Argentina y las islas.

La problemática no es exclusiva del Mar Argentino. Ecuador, Perú, Chile e Indonesia también han denunciado la presencia masiva de flotas chinas en sus zonas jurisdiccionales. En 2020, la Armada ecuatoriana reportó más de 300 embarcaciones operando cerca de las Islas Galápagos. Las pérdidas económicas para Argentina superan los 1.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría de Pesca.

El esquema de Malvinas: un tercio de la pesca argentina bajo licencias británicas

A la presión de la flota extranjera en la milla 201 se suma otra denuncia de FULASP: el Reino Unido ha consolidado en las Islas Malvinas un modelo de explotación de recursos migratorios de origen argentino mediante la entrega de cuotas pesqueras a largo plazo —de hasta 25 años— a flotas de terceros países, sin control del Estado argentino.

La investigación fue encabezada en los primeros días de abril por el propio Cereseto. A partir del cruce de datos públicos y privados, registros oficiales, información satelital y relevamientos propios, la fundación determinó que durante 2024 las capturas totales en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los niveles más altos de los últimos años. Dentro de ese volumen, el calamar Illex argentinus representó 146.689 toneladas, uno de los registros más elevados de la última década.

El esquema genera aproximadamente 1.000 millones de dólares por año y representa alrededor del 65% de los ingresos totales de las islas, con el Reino Unido recaudando casi 50 millones de dólares anuales en concepto de permisos. El circuito operativo carece de desarrollo productivo local: solo el 20% de lo capturado se descarga en Malvinas, el 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia los países que reciben las cuotas. Para FULASP, ese volumen equivale a más de un tercio de toda la pesca argentina, y su extracción sin regulación del país de origen constituye un proceso de destrucción progresiva tanto del ecosistema marítimo como del entramado productivo nacional, con miles de empleos en riesgo.

Mauricio Macri llegó a Paraná el viernes al mediodía. Luego se trasladó a Santa Fe donde por la tarde realizó un nuevo encuentro de la dirigencia y la militancia del PRO. Esta vez la convocatoria regional alcanzó a Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.

En la previa, el ex presidente habló con los medios locales y destacó los logros de la gestión de Pullaro y le dio su respaldo para la reelección. Cuando le preguntaron si estaba en carrera para la presidencia, respondió: “Me estoy preparando para correr 100 metros”.

En otro momento, le consultaron si tiene diálogo con Patricia Bullrich. “No. Hace rato que no hablamos”, contestó.

También aprovechó para dejar su diagnóstico de la situación argentina. “El momento no es fácil. No es sencillo producir un cambio tan profundo como el que se necesita para curarse del populismo y que no vuelva a destruir el avance, como lo hizo durante 2019/2023”, dijo.

“Por eso -agregó- nosotros estamos apoyando leyes difíciles que le permitan (al Gobierno) seguir llevando adelante las transformaciones”, acotó. “Hay que estar cerca de la gente y tener un comportamiento ejemplar. Porque si no, el que está haciendo el esfuerzo no lo tolera. Hay mucha mejora en la implementación pero el rumbo es exactamente el mismo que llevamos nosotros”

Un almuerzo con definiciones

Antes de cruzar el túnel subfluvial almorzó con Frigerio. Sobre la mesa, el ex mandatario dejó dos preocupaciones centrales: la economía y la política.

Con respecto al primer eje, Macri mostró su inquietud sobre el estancamiento que se registra en la actividad y el consumo. En particular, hizo foco sobre los datos del primer trimestre del año que fueron muy malos.

El gobernador de Entre Ríos reconoció que el período enero-marzo había sido complejo. Esto, aseveró, había impactado en los recursos de coparticipación y en la recaudación propia de Entre Ríos. Pero luego señaló que durante abril se notó un cambio. Y que mayo ya mostró una mejora en los recursos federales y en los tributos provinciales. Señaló el caso de los ingresos brutos, cuya suba marca un aumento del consumo.

Los diferentes análisis partían de perspectivas distintas. Macri se centraba en lo que pasa en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires). El Gobernador, en tanto, aportaba elementos de lo que pasa en su provincia y de lo que charla con otros gobernadores.

Mientras degustaban una boga a la pizza en el restaurant de un hotel de la zona del parque de la capital entrerriana, Frigerio aprovechó para contarle qué está haciendo en Entre Ríos. En primer lugar, le mencionó el proceso de reforma previsional que encaró para terminar con el déficit de la caja de jubilaciones. Luego le habló de un régimen propio de incentivo a las inversiones, complementario del RIGI, que ya sumó proyectos por $300 mil millones y creó unos 2 mil puestos de trabajo.

Además, le describió el proceso de inversión en rutas. Y la posibilidad de hacerse cargo de algunos caminos nacionales para mejorar su transitabilidad.

Macri y Frigerio monopolizaron el diálogo durante el almuerzo a pesar de que en la mesa se contaban diez comensales. Uno de ellos era Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente. Otro era Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación y miembro del tridente de poder en Entre Ríos que se completa con Manuel Troncoso, ministro de Gobierno.

El otro tema de alto voltaje sobre el que cambiaron pareceres fue el escenario político. A Macri le intriga saber qué pasará con Milei. A su preocupación le puso números. Contó que el Presidente está en las mediciones con los mismos valores que tuvo él cuando se fue del gobierno en 2019.

“¿Dónde están todos los que lo votaron en el balotaje?”, se preguntó en voz alta. A este interrogante concatenó otros: ¿Podrá el mandatario recuperar a los desencantados con su gobierno? ¿Logrará rearmar mayorías para imponerse en un eventual segunda vuelta en 2027?

Frigerio fue más cauto. Sumó al análisis que aún falta mucho tiempo. En Argentina, un año y medio es un montón, argumentó. Además, señaló que la oposición aún no ha podido ordenar su oferta electoral.

Para los postres la charla derivó hacia el fútbol. Macri trocó los interrogantes sobre Milei por los cuestionamientos al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Y terminó el postre mascullando la temprana eliminación de la Copa Libertadores. Del otro lado de la mesa el panorama no era mejor. El Gobernador es confeso hincha de River. Y la tristeza por la final perdida contra Belgrano aún perdura.

En la otra orilla

Pullaro y Macri visitaron obras que realiza Santa Fe para el Odesur 2026. Con ellos estuvo el intendente de la Capital, Juan Pablo Poletti, y la exvice y actual diputada nacional Gisela Scaglia. La legisladora también preside el PRO Santa Fe aunque en el Congreso es jefa del bloque Provincias Unidas, el frente que armaron algunos gobernadores como tercera vía en 2025.

Luego, regresaron a Casa de Gobierno. En el Salón Blanco dieron una conferencia de prensa. “El PRO le dio mucho a esta provincia. Primero, la mejor vice que ha tenido la provincia de Santa Fe”, resaltó Pullaro apuntando a Scaglia.

Luego, recordó que el PRO tiene tres miembros en el gabinete provincial y gran cantidad de intendentes. “No hay diferencias ideológicas en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe”, señaló el mandatario provincial. Se refería al conglomerado electoral que conformaron la UCR, el Socialismo y el PRO en 2023 para vencer al PJ.

“Somos gente de trabajo, de gestión”, completó Pullaro.

En el acto del “Próximo Paso”, Macri fue antecedido por un grupo de jóvenes PRO, la senadora nacional María Victoria Huala (La Pampa), Scaglia y De Andreis y Frigerio. Llegó bailando al atril, de buen humor y cortó en seco el canto de “Mauricio Presidente” que surgió de la convocatoria. “Eso dijimos que no”, dijo sonriendo.

En uno de los párrafos de su alocución, reclamó que el equilibrio y el ordenamiento económico “no puede estar en el aire. Tiene que estar sustentado en instituciones que garanticen que las cosas funcionen”.

Una de ellas es la Justicia, definió. Al respecto, señaló: “En estos días vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios que se hacen y que luego se corrigen y vuelven atrás. Eso daña. El compromiso tiene que ser serio y definitivo para nombrar como corresponde a jueces y fiscales en Tribunales vacantes. No puede ser improvisado”, remató.

La referencia fue al pliego de Verónica Michelli, que el Ejecutivo envió al Senado y luego pretendió retirar. En la semana, se aprobó su designación por amplia mayoría.

Luego, indicó: “No hay que apuntar a una sola persona. Tiene que haber mucha gente poniendo límites, para que aquel que recibió el poder no crea que es más que las instituciones. Jamás nos debemos sentir más importantes que aquello que venimos a representar. Eso es el principio del fin de todo”.

Al cierre, citó una frase del libro «Para qué». “La sociedad puede perdonar errores. Pero el quiebre moral no lo perdona nunca”.

El Gobierno acaba de ser víctima de sí mismo, una vez más, con variados costos. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado deja una lista larga de daños autoprovocados, que incluye el revés para Olivos en su intento de voltear el trámite legislativo, una derrota que dejó al bloque violeta en soledad y fisurado, y la exposición de internas sin freno que desarman otros planes del oficialismo. Con todo, la peor señal es el significado final de la carga sobre la jueza. Fue apuntada por su parentesco con un periodista de investigación, integrante, sin dudas, del 95% de colegas que Olivos dice no odiar lo suficiente. Un mensaje intimidante que incluye y supera el caso: una advertencia desde el poder político para críticos de cualquier origen.

De este modo, Javier Milei convirtió en tema nacional -más allá de los límites reducidos la política- el caso de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El oficialismo no logró articular nunca un argumento más o menos sostenible, ni cuando intentaba retirar el pliego enviado al Senado, ni después de la abrumadora aprobación en el recinto. Y ahora el Presidente debe decidir si prolonga aún más el deterioro -propio e institucional- que representa su decisión. Es decir, si da vuelta la página -aunque eso mismo no borre lo escrito- o agrava el mensaje evitando firmar el decreto de nombramiento de la jueza.

Eso último es lo que sostienen en estas horas desde el Gobierno. Se plantan en que el Presidente no tiene obligación de firmar el decreto y coronar el largo proceso de designación de jueces. Por lo bajo, dicen que Milei de ninguna manera dará ese paso. Si es así, aunque suene paradójico, mantendrá abierta una discusión y cerrará otra: seguirá el debate sobre las atribuciones presidenciales en este punto y reafirmará a la vez el sentido discriminatorio del empeño de Olivos contra la jueza.

En cuanto a las atribuciones discrecionales del Presidente, y aún en un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, existe discusión sobre los alcances de esa potestad. Hay posiciones encontradas entre juristas. De manera lineal, podría decirse que unos interpretan que la designación efectiva de un juez depende finalmente sólo del Ejecutivo -es decir, la firma del decreto correspondiente- y otros consideran que una vez aprobado el pliego por el Senado, el decreto formaliza el final del recorrido y es una “obligación constitucional”.

Se verá cómo sigue el tema en ese terreno. Pero por lo pronto, queda a la vista el objetivo de la obstinación de Olivos, que Karina Milei trató de imponer en la Cámara alta y ahora queda otra vez en terreno del Ejecutivo. La cuestión del sentido discriminatorio, que tiene abierta una vía judicial, queda expuesta además por la escasa y débil explicación del oficialismo cuando buscaba retirar el pliego y, ahora, para alimentar la intención de no firmar el decreto de nombramiento.

Por la vía del trascendido, el Gobierno ensayó un primer argumento frente a la creciente y fuerte repercusión del caso de la jueza. Insólito, pero intentó instalar que la postulación debía ser frenada bajo el supuesto de un “conflicto de intereses” por su condición de cuñada de un periodista. Insostenible desde cualquier punto de vista, jurídico y ético. No funcionó ni siquiera como consigna entre los oficialistas más alineados y menos, entre aliados o socios. Resultado: la idea de retirar el pliego fracasó sin vueltas.

Después de la votación a favor del pliego, y de manera inmediata, desde el Gobierno se hizo trascender que Milei no firmaría el decreto correspondiente. Eso fue destacado como decisión tomada, en algunos casos agregando que al menos así sería por ahora. Se verá. En concreto, la explicación fue otra. Se dijo que el tribunal que debe integrar Michelli -el TOF número 3 de La Plata- aún no fue constituido. Es algo que se sabía al firmar el envío del pliego. Por lo demás, la resolución de la cuestión práctica -la formalización del tribunal- estaría en la órbita del Poder Judicial y no del Ejecutivo.

Por supuesto, y aún poco sólida, esa letra busca atender a una cuestión de fondo. Parece discutible el alcance de la atribución discrecional del Presidente, pero resulta claro que debería tener algún sustento para no suscribir el decreto en cuestión. Se trataría de no dejar en evidencia el trazo discriminatorio de este cuadro. Tarea para la propia Justicia.

En la búsqueda de antecedentes, las fuentes del Gobierno transmiten sin disimulo similitudes con un par de casos de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Es llamativo: no preocuparía quedar asociado al kirchnerismo, aunque agregue un daño al discurso anticasta. El tema, de todos modos, es más complejo y también, inquietante.

Lo que se recuerda es la carga contra un juez con pliego aprobado para ser camarista, Juan Manuel Yalj, en 2011. Hubo entonces cuestionamientos no muy sonoros de kirchneristas duros por algunos de sus antecedentes, pero fue un episodio del momento -el choque de dos trenes y su secuela de acusaciones cruzadas sobre responsabilidades- lo que terminó provocando enojo y presiones del gobierno de CFK. El final de aquella serie fue la renuncia del magistrado.

¿Alguien en el Gobierno imagina posible algo parecido, es decir, forzar la renuncia de Michelli? Son épocas diferentes y nada está escrito, salvo el deterioro que supone mirarse en el espejo K. Y las huellas en el frente interno.

En la Cámara alta, el oficialismo necesita encarar sin demoras una tarea antes que nada doméstica. El bloque violeta quedó golpeado por el caso Michelli. Patricia Bullrich, que ya lleva un mes de tensiones en ascenso con Olivos, se abstuvo a la hora definir el tema en el recinto, después de días agitados por la difusión de su rechazo a la jugada de Karina Milei. Luis Juez prefirió ausentarse. Francisco Paoltroni votó a favor. Los otros 18 integrantes de la bancada violeta se mantuvieron en contra, solos. La UCR, el PRO y los bloques provinciales avalaron mayoritariamente el pliego.

La interna asomó a cada paso. Bullrich volvió a anotar sus propias líneas, después de buscar diferenciarse ya hace un mes frente al caso de Manuel Adorni. De arrastre pero de menor impacto en la estructura de LLA, tuvo su exposición Victoria Villarruel. Y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo motorizó en parte la ampliación del listado de pliegos a tratar en el recinto, causante a la vez del clima áspero que derivó en el tratamiento del ascenso de Michelli.

Son cuentas que tiene pendientes Olivos puertas adentro del oficialismo y que copan el temario político. Más grave, sin dudas, es el mensaje sobre la concepción de poder. De eso se trata también y casi exclusivamente el caso Michelli.

Desde hace algunas semanas, Patricia Bullrich comenzó a manifestar públicamente sus diferencias con el Gobierno sobre algunos temas clave y a mostrar una agenda propia que generó cierto conflicto con la Casa Rosada. La tensión fue escalando y en los últimos días llegó a su pico máximo, pero entonces ambas partes acordaron bajar la espuma y mostrar unidad.

Todos los sectores del oficialismo coinciden en que la senadora, a pesar de ser la jefa del bloque en la Cámara Alta, tiene cudal político por sí misma, lo que le permite tomar determinadas decisiones sin consultarle al resto de la cúpula.

Sin embargo, es esta misma autonomía la que muchas veces trajo rispideces con los integrantes más antiguos del espacio, quienes sí siguen las órdenes directas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Al respecto, no son pocos los miembros del Gabinete que reconocen que “Bullrich te llama cuando necesita algo, pero después se mueve sola”, aunque aclaran que es algo que todos aceptan y que generalmente no trae problemas.

Un ejemplo de un caso en el que esta dinámica sí incomodó fue el proceso de acuerdos con la oposición por los principales lugares en las comisiones parlamentarias luego del recambio legislativo tras las elecciones del 2025.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordinó con el Poder Ejecutivo las vacantes que iba a negociar, priorizando aquellas a las que se suponía que irían los proyectos de ley más importantes que estaban en carpeta.

En el Senado no habría pasado lo mismo y allí la ex ministra de Seguridad consensuó el reparto de las comisiones siguiendo criterios propios. Si bien la elección que hizo estuvo acertada, en Balcarce 50 hubo algunos reparos por la falta de trabajo en equipo.

Más recientemente, Bullrich empezó a impulsar una agenda paralela, primero muy vinculada a la ciudad de Buenos Aires, donde se especula con que sea candidata el año que viene, y luego con cuestiones más sensibles.

Durante una reunión de Gabinete, según trascendió, el presidente Javier Milei la habría frenado con tono firme cuando intentó explicar su opinión respecto de la situación de Manuel Adorni, a quien previamente le había reclamado que presentara la declaración jurada lo antes posible.

En plena disputa, fue la secretaria general la que la convocó el miércoles pasado a su oficina en la Casa Rosada para conversar a solas y hacer una foto que luego se difundió por las redes sociales.

El gesto se dio justo cuando las relaciones estaban en su momento de mayor estrés, luego de que Bullrich anticipara que no iba a votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, como pretendía el Poder Ejecutivo.

El equipo que asesora a la senadora redactó un mensaje con el objetivo de generar el ruido exacto dentro del partido, el suficiente como para marcar su pensamiento, pero no tan fuerte como para fomentar una ruptura.

En ese texto, remarcó que expresar sus principios “también forma parte de la responsabilidad” que tiene como dirigente, pero ratificó que sigue siendo parte “de este proyecto” y apoya “con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente”.

“Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, resumió en ese posteo.

Sin embargo, unas horas más tarde se filtró un dato que no tenía previsto que se conociera: que durante el diálogo con Javier Milei, le había puesto a disposición la renuncia como cabeza de la bancada.

Fue la propia Bullrich la que confirmó luego este dato, aunque aclarando que “cualquier persona de bien” hubiera actuado de la misma forma, ya que le estaba diciendo al máximo mandatario que no iba a seguir sus órdenes.

En el entorno de la ex ministra, en tanto, primero negaron las versiones y, cuando se supo que efectivamente había ocurrido eso, insistieron con que se trató únicamente de una cuestión protocolar y que no tenían la intención de dar un paso al costado.

En el armado porteño de La Libertad Avanza indican que estas situaciones no afectaron el vínculo, pero insisten con que todavía no está definido quién va a competir por le Jefatura de Gobierno.

La semana próxima podría haber una nueva reunión de la mesa política, de la que también participan los protagonistas de la principal interna que tiene el Gobierno prácticamente desde que llegó al poder: Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

De todas formas, en ese ámbito se trata solamente la estrategia legislativa y, más allá de algún comentario puntual en alguno de estos encuentros, habitualmente sus miembros actúan como si no hubieran diferencias y no se discuten los conflictos de fondo.

Después de la sesión en la que se sancionaron los pliegos de jueces, incluido el de Michelli, y la autorización para el pago de la deuda a los holdouts, la senadora enfrentará un nuevo desafío con la reforma política.

El oficialismo no contaría con los votos como para aprobar uno de los puntos más importantes de esa iniciativa, que es la eliminación de las PASO, por lo que se espera que sea una discusión intensa con el resto de los bloques hasta el tratamiento de la medida.

Karina Milei dibuja en su boca una sonrisa visible pero medida, de esas que no regala fácilmente ni siquiera cuando busca transmitir calma. Patricia Bullrich, de espaldas a la cámara que retrata la escena, inclina su cuerpo hacia la mesa con su puño izquierdo levantado, como si todavía estuviera explicando las razones de su última rebeldía. Todo parece estar en calma en esa oficina cargada de rosca en el primer piso de la Casa Rosada, aunque esa reunión laboral programada con antelación escondía demasiadas diferencias entre las dos mujeres fuertes del oficialismo. La imagen, que minutos más tarde iba a ser difundida por el propio primer mandatario y por el equipo de comunicación de Presidencia, coreografiaba una convivencia forzada: la secretaria general recibía en su territorio a una senadora que acababa de plantarse una vez más, desafiar una orden de la cúpula del Gobierno, poner a disposición su renuncia y salir caminando con más poder del que tenía al entrar al conflicto. En otro momento, “El Jefe” hubiera mandado a buscar la guillotina; en esta ocasión, tragó saliva y eligió volver a fingir demencia. Por todo eso, la instantánea fue cuidadosamente amable y políticamente incómoda.

La foto llegó después de la sublevación, pero antes de la derrota. O, en definitiva, cuando en el palacio gubernamental ya intuían que la pulseada por María Verónica Michelli se había escapado de las manos. La historia es popular en el Círculo Rojo: Michelli es la abogada propuesta para ocupar un lugar como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata, cuyo pliego ya había sido enviado al Senado por el propio Ejecutivo antes de que Javier Milei decidiera retirarlo al advertir un parentesco que lo volvió intolerable: la mujer es la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de investigación especializado en incomodar a los gobernantes de turno. La postulación había pasado por el Consejo de la Magistratura, había tenido audiencia pública, había reunido firmas en la Comisión de Acuerdos y, aun así, quedó atrapada en una maniobra de castigo que terminó dejando en un pantano al ecosistema libertario.

Un detalle menos conocido: nadie niega la leyenda de que fue Santiago Caputo, rival interno de la hermana presidencial, el que acercó el dato a la Quinta de Olivos. Fue una manera tan sutil como efectiva de marcar la “impericia” en el accionar del karinista Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia encargado de cubrir el dramático 37% de vacantes de magistrados que se extiende por todo el país. “Si los nombres los aportábamos nosotros, esto no pasaba ni en pedo. Este quilombo fue absolutamente evitable”, se jactan en el ala del asesor sin cartera. “Los candidatos que elegimos son los que elevó la administración de Alberto Fernández. Avanzar con los pliegos era hasta acá una deuda enorme con la sociedad porque con tantos juzgados sin titular se genera una crisis institucional que puede ser peligrosa”, se defienden del otro lado. Una guerra subterránea siempre activa aunque algo más disimulada en estos días.

Bullrich leyó antes que otros el costo político e institucional de la jugada alrededor de Michelli. Por eso anunció su “objeción de conciencia” y obligó a Milei a elegir entre echarla o tragarse el desplante. Con el revuelo ya desencadenado, la jefa del bloque libertario volvió al recinto, justificó ante el micrófono su accionar y vio cómo la oposición, con el empuje envenenado del kirchnerismo y el acompañamiento de otros bloques, aprobaba sobre tablas el expediente de la polémica por 44 votos a favor, 18 en contra y apenas 2 abstenciones.

En esas horas frenéticas, La Libertad Avanza intentó refugiarse en la lectura del vaso medio lleno y hasta el propio Presidente celebró la aprobación de 74 pliegos judiciales como “EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA”, con todo el simbolismo que las mayúsculas indican en la red social X. “Fue la sonrisa del boxeador que acaba de recibir un golpe en la mandíbula”, se mofaba un peronista de vasta trayectoria que scrolleaba la ex Twitter desde su banca. Hay otra lectura evidente que nadie quiere agitar demasiado: algunos de los hombres y mujeres que sobrevivan a este largo proceso serán los encargados de definir los destinos de expedientes sensibles para los violetas como el de Libra, el de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el presunto enriquecimiento ilícito de un Manuel Adorni que sigue estirando los tiempos de la presentación de su declaración jurada patrimonial.

Un paréntesis necesario: entre los gritos e insultos de una sesión picante debe haber habido tintineo de copas llenas de champagne. Es que finalmente pasaron todos los filtros personas como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema; María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini; y Ana María Juan, esposa de otro magistrado federal como Marcelo Martínez de Giorgi.

Ahora toda la responsabilidad quedó en el Sillón de Rivadavia: Milei, que llamativamente jamás le prestó atención a los nombres en danza, deberá resolver si firma o no el decreto de designación de Michelli. Ese es el último paso del proceso constitucional para confirmar un nuevo cargo judicial. Ante ese panorama, ya circula un argumento de repliegue: que el Senado habilita pero no obliga, lo que es lo mismo que decir que la Rosada no descarta intentar ganar con la lapicera lo que no pudo ordenar con su músculo en el Congreso. Poco parece importarles que esa decisión los termine asemejando a sus enemigos naturales: la única vez que un mandatario hizo algo parecido desde la Reforma Constitucional de 1994 fue Cristina Kirchner cuando evitó de todas las maneras posibles rubricar el nombramiento de Juan Manuel Yalj en la Cámara Federal de San Martín. El antecedente tenía una explicación: Yalj había ordenado detener al gremialista Rubén “Pollo” Sobrero, en aquel entonces de buen trato con la dirigente.

Ante este contexto político complicado, la duda del millón: ¿por qué Karina no ataca a Patricia? La pregunta empezó a circular con fuerza entre libertarios de todas las facciones. No es un interrogante menor y desvela a los integrantes de la mesa chica mileísta porque la hermana presidencial no suele ser contemplativa con los soldados propios que deciden jugar por fuera de la línea oficial. A algunos los corre, a otros los enfría, a varios los condena al purgatorio de los llamados sin respuesta y a los más distraídos directamente les apaga la luz. Pero con Bullrich, por ahora, eligió otro método. No porque la haya perdonado. Tampoco porque la considere inofensiva. Al contrario: entendió que “Pato” no es una rebelde cualquiera. Infobae reconstruyó, a partir de una decena de fuentes con acceso privilegiado a la intimidad presidencial, cinco factores que fuerzan la paz pese a las internas.

● 1) La primera razón es simple, brutal y bastante incómoda para una fuerza política que todavía intenta ordenar sus jerarquías internas: Bullrich tiene poder propio.

La ex ministra de Seguridad de la Nación no llegó a LLA como una funcionaria subalterna, ni como una dirigente territorial inventada por la lapicera de Karina, ni como una pieza descartable del armado violeta. Tiene apellido político, recorrido, electorado, traiciones y enemigos propios, canales de conversación con empresarios, diálogo con sectores del PRO, vasos comunicantes con la UCR y un nivel de reconocimiento que no necesita de Balcarce 50 para existir. En términos libertarios, es una anomalía. Una figura política que está adentro, pero no nació adentro. Una aliada que acompaña, pero no pide permiso para respirar. Una jefa de bloque que puede incomodar al Presidente sin terminar convertida, al minuto siguiente, en otra baja del ejército de expulsados.

Karina pudo ser implacable con dirigentes que no tenían volumen por sí solos, terminales territoriales, protección mediática, historia electoral o capacidad real de daño. Bullrich, en cambio, tiene algo que en la Casa Rosada se respeta incluso cuando se lo disimula: autonomía.

● 2) La segunda razón por la que Karina no la ataca es que Bullrich representa una porción del electorado que Milei todavía necesita.

Para muchos votantes antikirchneristas, republicanos, duros en seguridad pero sensibles a ciertas formas institucionales, la senadora nacional funciona como garantía de que el experimento libertario no va a convertirse en una administración familiar sin contrapesos. Puede defender a Milei y acompañar la motosierra, pero no suicidarse por cada capricho de Olivos. Ese equilibrio la vuelve incómoda pero también útil, según admiten a regañadientes cerca de la secretaria general. Si Karina la empuja demasiado, no solo lastima a una dirigente que no dudó en afiliarse a su partido: puede irritar a un segmento del voto que llegó a La Libertad Avanza por rechazo al peronismo y sus variantes.

Este punto es central para entender la cautela de El Jefe: Bullrich fue candidata presidencial de Juntos por el Cambio y por ende rival electoral de los libertarios, fue la máxima autoridad del PRO, fue de las primeras aliadas cuando hasta Mauricio Macri dudaba de la profundidad del vínculo con Javier Milei, fue ministra de mano dura y pocos piquetes y ahora miembro clave y con pretensiones propias de la cámara alta.

El poder central puede burlarse de la casta, pero sabe que sin una porción de esa casta no llega muy lejos. Puede odiar la intermediación, pero necesita intermediarios dispuestos a embarrarse. Puede soñar con obediencia vertical, pero no olvida que gobierna en minoría. En ese mapa, Bullrich no es cómoda: es necesaria.

“Pato es brava pero la prefiero en mi equipo. Eso sí: siempre hay que cuidarse de Carolina Serrano”, dice con ironía un miembro de la mesa política violeta equidistante entre Karina y Santiago Caputo, que no se olvida del nombre de guerra que el peronismo revolucionario de la década del 70 le atribuyó siempre a Bullrich en sus años de juventud.

Se dibuja en el aire, de esta manera, una de las paradojas más difíciles de administrar para la hermana presidencial: Patricia es peligrosa cuando se mueve, pero también es peligrosa si se va. Si la dejan adentro, condiciona. Si la empujan afuera, puede ordenar un espacio propio y convertirse en una especie de seguro político para los que imaginan escenarios de recambio, sucesión o simple supervivencia si la experiencia libertaria llegara a perder volumen. Por eso en la Rosada la miran con fastidio, aunque también con cálculo. No la aman; la miden.

● 3) La tercera razón es todavía más elemental: Bullrich mide.

En un oficialismo que empezó a encontrar límites en la opinión pública, su imagen aparece mejor ubicada que la de varios nombres centrales del esquema gobernante.

Algunos ejemplos relevantes: en el último relevamiento de Hugo Haime & Asociados, la senadora alcanza un 41,7% de evaluación positiva, por encima del propio Javier Milei, que se posiciona con 36,7%, y muy lejos de Karina Milei, que registra 26,4%, y de Manuel Adorni, que queda en 25,9%. La comparación duele porque ordena el tablero con una crudeza que muchos prefieren mirar de reojo: la dirigente que acaba de desobedecer al Presidente mide mejor que el Presidente, que la hermana presidencial y que el jefe de Gabinete que todavía intenta recomponer autoridad pública. Bullrich no está sobrada, ya que en paralelo carga una imagen negativa del 55%, pero en una etapa de desgaste general conserva algo que la lapicera no siempre fabrica: espalda, conocimiento, electorado y una marca política que no depende exclusivamente de la bendición de “El Jefe”.

Otros sondeos confirman la tendencia. El más reciente estudio de Management & Fit también ubicó a Bullrich como la persona del oficialismo con mejor imagen positiva de Argentina: 36,3%, de nuevo por encima del propio Milei, que se ubica cinco puntos más abajo. Números similares tiene en mayo el reporte internacional de AtlasIntel/Bloomberg.

Karina puede enojarse con una dirigente que se planta, pero no puede ignorar que esa misma dirigente conserva un volumen propio nada deleznable en los tiempos que corren. “No le dispara a Patricia porque sabe que, al menos por ahora, es una batalla que puede perder. A nosotros nos gusta hervir en agua a las ranas de a poco, sin que se den cuenta: es lo que hicimos con Ramiro Marra en la Legislatura o con Victoria Villarruel en la vicepresidencia. Quién te dice en el momento menos pensado se queda afuera de las reuniones de la mesa política o le damos la orden a la militancia digital para que la cocinen”, amenaza una de las personas que tiene más visitas al despacho de la secretaria general.

● 4) La cuarta razón que explica la convivencia entre Karina y Patricia es el Senado.

Bullrich ocupa un lugar sensible en una Cámara en la que el Gobierno no tiene margen para aventuras: cada dictamen, cada sesión, cada ley, y ahora también cada pliego judicial, exige paciencia, cálculo y muñeca. En ese sentido, el paso por el recinto del caso María Verónica Michelli dejó una dura enseñanza para la Casa Rosada: el oficialismo no siempre controla el tablero parlamentario y puede perder incluso cuando cree tener una orden clara bajada desde arriba. La sesión expuso desorden, acusaciones cruzadas, lecturas contradictorias y un problema de conducción.

En ese lugar donde tallan fuerte los gobernadores, y en el que Villarruel juega a reglamento sin tirarles centros a sus ex compañeros, se impone una matemática que no se conmueve demasiado con los gritos de Olivos. Así, atacar a Bullrich podría ser un lujo caro: la senadora puede no juntar siempre todos los votos, pero conoce la dinámica del recinto y conversa asiduamente con actores que los violetas puros y sin experiencia no saben seducir.

● 5) La quinta y última razón es personal, pero no menor: Karina sabe que convertir a Bullrich en enemiga explícita sería agrandarla.

El método de la confrontación directa le funcionó con otros dirigentes porque el castigo ordenaba el sistema. Con Bullrich, en cambio, puede producir el efecto contrario. En eso coinciden todas las fuentes consultadas por Infobae.

Una pelea frontal le permitiría a la senadora hacer exactamente lo que mejor sabe hacer: victimizarse poco, endurecerse mucho, agitar la bandera de la coherencia y recordarle al público que ella ya estaba en la política cuando varios libertarios todavía buscaban usuario disponible en redes sociales. En ese contexto, un ataque de Karina podría ofrecerle el escenario perfecto para relanzar su marca: la mujer que acompaña a Milei, pero no se arrodilla ante nadie.

Esa es la diferencia central con Victoria Villarruel. La vicepresidenta quedó atrapada en un limbo institucional donde tiene cargo, visibilidad y muy poco margen real de maniobra dentro del oficialismo. Bullrich mira ese espejo y saca conclusiones; de hecho, cerca suyo lo dicen sin vueltas: la vicepresidencia no es una opción. “Patricia jamás se va a convertir en una figura decorativa. No está en su esencia. Ella tiene vocación de poder. O, al menos, quiere conservar la posibilidad de ejercerlo. Por eso cada gesto suyo tiene una doble lectura: ratifica pertenencia, pero marca autonomía; acompaña al Gobierno, pero cuida su marca; se sienta con Karina, pero no entrega todas las llaves”, dice un colaborador que la conoce hace décadas.

En la intimidad bullrichista aseguran con énfasis que no hay una ruptura en marcha. Nadie imagina, por ahora, a Patricia Bullrich cruzando la avenida y armando una oposición anticipada a la gestión que todavía integra. Su cálculo es más sofisticado y hasta acá bastante más eficaz: permanecer adentro, levantar la mano cuando lo considera necesario, diferenciarse en temas que rozan su identidad política y recordarle al mileísmo que la lealtad no es sinónimo de obediencia ciega.

Y en este punto aparece nuevamente el caso de la jueza Michelli: Bullrich no fue la única responsable de la derrota, pero sí quedó como la dirigente que abrió la puerta. A Karina no se le escapa el hecho de que la chispa inicial fue encendida por su ex ministra cuando se negó a acompañar el retiro del pliego. Ahí estuvo su verdadera victoria: no quedarse sola, no quedar como traidora y no pagar el precio político de su desobediencia. La foto entre ambas fue, entonces, mucho más interesante que su estética: no mostró cariño sino necesidad. “El Jefe no convocó a Patricia porque había una coincidencia estratégica: lo hizo para evitar que la diferencia siguiera creciendo a cielo abierto. Y seamos sinceros: Bullrich tampoco fue para pedir disculpas de rodillas, sino para demostrar que seguía adentro aun después de haber marcado un límite. Las dos necesitaban la imagen”, analiza un testigo de esa escena.

Karina Milei conserva el control formal del dispositivo libertario. Nadie en la Casa Rosada duda de su influencia sobre el Presidente ni de su capacidad para ordenar candidaturas, filtrar ingresos, bendecir armados y cerrar puertas. Bullrich, con su estilo inconfundible, acaba de recordar algo que en el oficialismo a veces prefieren olvidar: también existe el poder que no nace de la cercanía familiar. “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, exageró la senadora en el texto que acompañaba la postal que simbolizó la bandera blanca entre las dos. Así se firmó, sin tinta indeleble, un acuerdo de convivencia entre mujeres que se necesitan, se desconfían y saben que todavía no les conviene romper.

Ayer fue una jornada incómoda para el Gobierno. Distanciado ideológicamente del Indio Solari, Javier Milei omitió todo tipo de homenaje y no ofreció la Casa Rosada ni el Congreso para velar sus restos, pero quiso mostrar predisposición para la familia de una de las figuras más importantes del arte argentino, cuya influencia atravesó y atraviesa décadas, gobiernos, edades y clases sociales.

Más allá de algunas intervenciones sutiles en las redes de figuras de rango bajo del ecosistema violeta, ni Milei ni los ministros salieron a hablar del fallecimiento leyenda de la música nacional durante el día, públicamente (excepto Martín Menem, para aclarar que el Congreso no sería el lugar del velorio).

Mientras, ante las consultas de Infobae sobre si se habían comunicado con la familia, en Balcarce 50 como en los ministerios omitían todo tipo de definición al respecto o, directamente, aseguraban que no estaban habilitados para hablar.

Por la noche, cerca de las 20, cuando la plaza de Mayo se encontraba colmada de seguidores del Indio, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió a aclarar que “desde la mañana”, tanto ella como la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habían intentado comunicarse con el círculo íntimo del músico, pero no habían recibido respuesta. Lo dijo en vivo, en el programa de Eduardo Feinmann en A24, pero sin dar indicios de molestia.

Antes, la Presidencia de la Cámara de Diputados, en la voz del líder violeta Martín Menem, se había visto obligada a aclarar que, por cuestiones de seguridad, el velorio no podría realizarse en el Congreso como habían pedido desde la oposición los diputados de Unión por la Patria y el radical Pablo Juliano. Y el Ministerio de Seguridad había debido activar todos los radares para evitar disturbios en el aluvión de seguidores del Indio que se lanzaban a la Plaza de Mayo para recordarlo.

También se generaron roces y fastidio puertas adentro del mundillo libertario. Referentes mileistas de Las Fuerzas del Cielo miraron de reojo y con molestia a los referentes del sector de Karina Milei que salieron a ensalzar su faceta musical y a deleznar al kirchnerismo. “Por una cuestión de ego, salen a decir que tienen todos los discos del Indio. Y ¿qué c... tiene que ver la grieta K con eso y su muerte?“, dijeron. La decisión estratégica del área de Santiago Caputo, que se jacta de su manejo del área comunicacional, había sido exactamente lo contrario de salir a confrontar con la muerte del Indio como excusa.

Se referían a Santiago Oría, el realizador audiovisual soldado de Karina Milei, que había escrito en X: “Tengo todos los discos de los Redondos. De adolescente era fanático. A partir del 2008 con la crisis de la 125, el kirchnerismo creó la grieta en la sociedad: un nivel de virulencia visceral y polarización que no existía antes entre los argentinos. Si, los músicos tenían sus ideas e ideologías, pero la cosa no estaba partidizada, ni nadie estaba obligado a definirse por CFK o no. El kirchnerismo le hizo un inmenso daño al arte, la cultura y la posibilidad de disfrutarla todos en paz. Indio QEPD”.

Para contrarrestar, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, también identificado con Karina Milei, publicó un mensaje conservador y protocolar: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, sostuvo en un tuit que citaba la noticia de la muerte del ídolo popular. Lilia Lemoine, espada tuitera de los Milei, se limitó a escribir “QEPD”. Santiago Santurio, del grupo de Santiago Caputo, tuiteó la letra de una canción: “Ya sufriste cosas mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca”.

Mientras, referentes libertarios sin cargo pero con ascendencia sobre el mundillo libertario salieron directamente a criticar con dureza al artista. Uno de los biógrafos de Milei, Nicolás Márquez, llamó al Indio Solari “magnate de los pobres”“ y dijo que era un ”empresario que le vendía rebeldía a las masas primitivas".

Al Gobierno se le presenta un dilema de magnitudes por estas horas. Este reside en cómo puede organizar la espacialidad para el velorio del Indio Solari, quien falleció esta mañana en su casa de Parque Leloir, en caso de que su familia así lo disponga.

Esto no implica necesariamente que tenga que ser un edificio que dependa del Estado Nacional, pero la familia del artista ya dispuso que buscarán hacerle una despedida para que sus seguidores puedan verlo por última vez, por lo que se requerirá un lugar amplio y con grandes niveles de organización. “Les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, publicaron a comienzos de la tarde en las cuentas oficiales del Indio. Más tarde informaron que se hará este sábado, aunque no precisaron locación.

Por lo pronto, una fuente oficial del Gobierno informó que se pusieron a disposición de la familia del cantante. No recibieron una solicitud particular para organizar la ceremonia, ya que primero preferían priorizar el duelo de manera privada y que concluyan todas las pericias que se están realizando sobre el cuerpo del Indio. “Ellos saben que estamos a disposición y saben que las restricciones de seguridad que tenemos”, agregaron, en referencia de que ni la Casa Rosada ni el Congreso estarán disponibles para un eventual velatorio público.

Las redes se hicieron eco del fallecimiento del líder de Los Redondos y comenzaron a ser ámbito de difusión de “misas ricoteras” en todo el país. La más resonante se prevé en la Capital Federal, donde una masa de fanáticos comenzaron a concentrar para homenajearlo las 18 horas en Plaza de Mayo.

En la Casa Rosada confirmaron que se está reforzando la custodia sobre la calle Balcarce, más específicamente detrás de las vallas que cruzan a la plaza. No creen que vaya a haber desmanes, pero la Casa Militar tomó contacto inmediato con el Ministerio de Seguridad Nacional, que controla las fuerzas policiales. Dos horas antes de su convocatoria, la ministra Alejandra Monteoliva ya había puesto a disposición a uniformados de Gendarmería para que pudieran ponerse en la periferia del edificio estatal.

Mientras tanto, crece la expectativa para que se defina una sede para el velatorio.

“No me podés preguntar eso”, retaba una fuente inobjetable de la Presidencia ante la consulta sobre si la Casa Rosada podía ser un lugar pensado para homenajear al artista. En los primeros minutos de la noticia de su muerte, los funcionarios consultados por Infobae no parecían tomar relevancia suficiente del asunto. Esta posición comenzó a cambiar horas después, cuando tomaron real noción de lo que implicaba la necesidad de su fanaticada por juntarse a despedirlo.

Esta negativa se produce por dos motivos. En primer lugar, tienen vigente el recuerdo de los desmanes ocurridos cuando finalizó el velorio de Diego Armando Maradona. En segundo, tampoco existe una afinidad con el artista ni con su público que haga que la cúpula del Gobierno esté predispuesta a realizar una organización de esta ceremonia.

Hay funcionarios que están en la Casa de Gobierno desde antes de la actual administración y que tienen sus discrepancias sobre el primer punto, ya que sobre el segundo no tienen mucho por hacer.

“Lo de Maradona se volvió incontrolable porque suspendieron el ingreso de público y no les advirtieron que era momentáneo porque había ingresado Cristina. La gente pensó que se cancelaba y estallaron de bronca. Se puede organizar bien. Tenés un fin de semana para que circule gente”, afirman. Pero hacen una salvedad: “Se tendría que realizar sin uniformados. El público ricotero es antigorra. La pasión y tristeza hace que cualquier circunstancia provoque un chispazo que después no se puede controlar. Se contagia entre la gente y estalla la bronca”, agregan.

El Congreso de la Nación no será una ámbito viable, confirmó el propio Martín Menem a través de un mensaje en redes.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, informó.

Aunque había una predisposición para que se pudiera realizar por parte varios alfiles importantes de La Libertad Avanza, la confirmación da por la boda los pedidos de la oposición. Estas fueron realizadas en las últimas horas por Unión por la Patria y el diputado radical de Provincias Unidas, Pablo Jiuliano.

En el Gobierno no descartaban que en caso de un pedido especial de la familia del Indio se pudiera utilizar algún terreno de gran amplitud como lo es Tecnópolis, el cual, paradójicamente, forma parte de un proceso de privatización que tiene alto grado de avance. La feria ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli tiene buenas vías de acceso y una extensión que podría permitir una mayor concurrencia.

Quien tiene la responsabilidad sobre el manejo de la misma es la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. Aun así, desde ese sector solo se limitaron a decir que las versiones (proveniente de fuentes oficiales) no salieron de esa área. “No hubo pedido ni movimiento formal”, informaron.

Por fuera de la órbita del Estado Nacional, una de las posibilidades que tiene a disposición la familia Solari para la realización del velorio es algún lugar dispuesto por la Gobernación de Axel Kicillof, que ya comunicó estar a disposición de lo que decidan sus allegados. Aunque con una probabilidad menor, también sonaron rumores de un eventual ofrecimiento para que se pueda realizar en la cancha de Boca Juniors.

Durante el análisis en Infobae a la Tarde, Lousteau abordó el fenómeno y comentó: “La metáfora del padre estricto tiene una importancia muy grande en los movimientos políticos que estamos viendo hoy”.

El “padre estricto” como marco moral de la nueva derecha

Lousteau explicó que figuras como Milei, Trump, Bolsonaro, Bukele, Kast y De la Espriella comparten un patrón: “Son promercado a ultranza, antiestado, antirregulación, están en contra del aborto, de los movimientos LGBT y proponen mano dura en seguridad”.

Según su análisis, detrás de estos puntos dispersos opera un marco mental definido: “El padre estricto considera que el mundo es un lugar peligroso donde hay ganadores y perdedores. Su función es inculcar disciplina. Si es a los golpes, es a los golpes, pero tiene que salir gente con carácter”.

Al describir la raíz moral de estas posiciones, sostuvo: “Si sos rico es porque fuiste disciplinado, si sos pobre es porque te faltó disciplina. Cuando llegás a la adultez, si no tuviste disciplina, te tengo que dejar de asistir”.

El modelo se traslada a lo social y lo geopolítico: “Estados Unidos es un superadulto, la ONU es un conjunto de adolescentes que anda demandando cosas pero no tiene ninguna responsabilidad”.

Lousteau subrayó que este modelo jerarquiza: “El orden natural es occidente por encima de oriente, la tradición judeocristiana por encima de las demás, el hombre por encima de la mujer, el hétero por encima del homo, los adultos por encima de los niños”. Y advirtió: “Si no te das cuenta del marco, te están llevando para su lado y debatís en sus términos. Es como que siempre jugás de visitante”.

Estrategias, lenguaje y la batalla cultural

El economista citó al lingüista George Lakoff para advertir cómo los marcos morales condicionan el debate público: “Cuando ese es el marco a partir del cual ponen a discusión todos los temas en la sociedad, si no te das cuenta, te llevan a debatir en un esquema que les favorece”.

Aportó un ejemplo de manipulación discursiva: “Ellos instalaron la expresión ‘alivio fiscal’, como si los impuestos fueran siempre malos. Yo también te podría decir lo contrario: el impuesto es tu cuota de pertenencia a un club. Pero instalaron el tema de alivio fiscal, y en el momento que cualquier discusión tributaria es ‘alivio’, quiere decir que algo es malo y lo estás resolviendo”.

Lousteau remarcó la existencia de una estrategia deliberada y organizada detrás de estos discursos: “Hay un esfuerzo consciente de instalar esto. Hubo un memorándum en Estados Unidos, el Memorándum Powell, donde se recomendó invertir en universidades, medios y analistas para instalar el marco moral de la derecha”. A nivel local, señaló: “En Argentina, la Fundación Faro —que en 2023 tenía un patrimonio neto de 12 mil millones de pesos y en 2024 de 4.400 millones— solo se dedica a instalar esta batalla cultural”.

El columnista también analizó cómo la retórica machista y la obsesión con la genitalidad se vuelven símbolo de poder en este universo: “El supermacho que exhibe sus genitales en nombre de la ultraderecha pasa a segunda vuelta en Colombia”, citó sobre Abelardo de la Espriella. Y trazó el paralelo con Donald Trump, quien “en un debate entre republicanos llegó a hablar del tamaño de sus genitales como argumento político”.

El progresismo, sus límites y la disputa de marcos

Lousteau contrastó el modelo del “padre estricto” con el del “padre protector”, que asocia al progresismo: “La crianza es más compartida, no hay una primacía del hombre. El mundo es bueno pero hay que mejorarlo. En lugar de disciplina, es empatía y responsabilidad”.

Sin embargo, reconoció dificultades: “Muchas veces todas las discusiones se dan en el marco mental del otro. Cuando caés en el marco mental del adversario, ya es más complicado”.

Puso como ejemplo el debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad: “La derecha extrema te lleva a debatir el orden fiscal. Si quisieras cambiar el marco, dirías: ‘¿Vos conocés una familia que saca los recursos a un hijo discapacitado para dárselos a los otros?’”. Y advirtió: “Cuando en Europa la derecha instaló la palabra ‘invasión’ para los inmigrantes, fue una construcción deliberada de un enemigo”.

Analizó también el impacto de estas estrategias en la agenda de género: “Hay modelos de crianza distintos, y la encuesta de Atlas Intel muestra que la evaluación de las mujeres sobre líderes como Milei es muchísimo peor que la de los hombres. ¿No será que en esta concepción inconsciente hay algo que a las mujeres les hace mucho más ruido?”

Lousteau concluyó con una reflexión sobre la importancia de no aceptar pasivamente los marcos impuestos: “Es muy importante poder darlo vuelta. Existen ahora herramientas como el kit antiautoritario, que ayudan a identificar y cuestionar estos marcos”.

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El Mundial de Fútbol paraliza al país. En el Gobierno, sin embargo, buscarán que esa parálisis no pegue de lleno en el Parlamento y ya piensan en, por lo menos, una sesión durante el proceso en el que la pelota ruede en México, los Estados Unidos y Canadá.

“Como mínimo vamos a avanzar en una sesión”, reconoció un operador libertario en los pasillos del Senado. “Nosotros queremos tratar algunos temas antes del segundo semestre”, agregó un hombre de la Casa Rosada que está muy al tanto de los designios de Karina Milei.

La razón del apuro la desnudó una senadora libertaria que no dudó en señalar que “después de las vacaciones de invierno ya no vamos a tratar casi nada y, además, en el Mundial el foco no está puesto en nosotros —el Congreso—”. “Vamos a intentar como mínimo una sesión. Si podemos, dos. Hay una orden de tratar de no viajar al Mundial y de estar a disposición”, explicó.

El temario que quiere impulsar el oficialismo, si es posible antes de que termine junio —cuando termina la primera ronda—, incluye temas difíciles y controversiales en el debate. En esa lista aparecen el Super RIGI, las modificaciones de la Ley de Sociedades, la Reforma Política, la Ley Hojarasca y, como consecuencia de lo que sucedió en la sesión de ayer en el Senado, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Para la que todavía no hay fecha es la Zona Fría, que tiene media sanción de Diputados pero que en el Senado el 25% de los votos son patagónicos, lo que complica su tratamiento.

“Está todo frenado, por lo que se va a seleccionar para avanzar en ese momento. Hoy no podemos avanzar con nada, ni siquiera Hojarasca, donde los senadores aliados nos están pidiendo cambios”, explicó un libertario que aseguró que están analizando que la salida para la reforma electoral es que las PASO dejen de ser obligatorias, como pide el PRO y la UCR. “Son todos proyectos de ley muy sensibles y complejos que tienen muchas críticas”.

Cada una de las leyes tiene su razón pero, para diferentes sectores de la oposición, todas apuntan a brindar beneficios a un sector representado en los tecnooligarcas y que tiene su cara más visible a nivel internacional en Peter Thiel, dueño de Palantir, y local en Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre.

El oficialismo espera impulsar el proyecto antes de que finalice junio porque entiende que después de ese momento los aliados empezarán a trabajar en sus respectivos proyectos electorales. “Lo tenés a Macri —Mauricio— de recorrida por diferentes ciudades. La UCR no muestra candidatos nacionales pero los gobernadores van a empezar a buscar una reelección teniendo en cuenta que le vamos a poner candidatos propios en cada uno de los distritos, eso va a complejizar todo”, agregó.

Hay 17 de los 24 gobernadores que tienen habilitada la reelección y en el mundo libertario entienden que los que hasta ahora se mostraron más cercanos a la Casa Rosada comenzarán a alejarse, y evitar el tratamiento de algunos de los proyectos que busca el Ejecutivo es una de las opciones con menos costo político.

“No damos quórum en las comisiones y no avanza. Pedimos modificaciones y se frena todo porque no son permeables a los cambios. Ese será un punto fundamental porque la apertura de las comisiones también conlleva el riesgo por la cantidad de proyectos que tiene la oposición y que hasta ahora el oficialismo contiene sin abrir las comisiones”.

La zanahoria que hasta ahora viene utilizando el oficialismo para “convencer” a los gobernadores es trasladar parte de la recaudación a las provincias, que se muestran cada vez más acuciadas de fondos. Sin embargo, la pelea por la continuidad de los gobiernos provinciales podría hacer que esa zanahoria ya no sea tan efectiva.

El femicidio de Agostina Vega generó conmoción en todo el país. Dentro de la Municipalidad de Córdoba, también provocó revuelos: Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen de la adolescente de 14 años, trabajaba en el área de tránsito. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el hasta hace horas concejal Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad.

Por estas circunstancias, Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba, reconoció los errores cometidos en la administración para que Barrelier llegue al puesto.

“Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, afirmó durante una entrevista con El Doce TV.

“No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, agregó en sintonía con la autocrítica de su administración.

Luego, planteó: “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”.

A raíz de esto, una de las medidas que tomó Passerini en los últimos días tras el femicidio de Agostina Vega fue una modificación en el control de antecedentes penales y la realización de un narcotest a la totalidad del personal municipal.

El proyecto de ordenanza que se presentará en la próxima sesión del Concejo Deliberante busca extender las verificaciones, que hasta el momento solo alcanzaban a los funcionarios de la administración, a nuevos ámbitos.

Según confirmó en la misma entrevista con El Doce TV, los empleados del municipio cordobés, hasta ahora, deben presentar un carnet de antecedentes penales cada 4 años. Pero, cuando el nuevo proyecto se comience a aplicar, deberán presentarlo cada 6 meses. Además, se suma la realización del narcotest. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, detalló.

En cuanto al concejal Moreno, el municipio también tomó cartas en el asunto. Su banca ya había tenido un origen peculiar: tres personas que lo precedían en la lista electoral pidieron licencia tras un llamado del intendente Passerini, quien las incorporó como funcionarias de su gobierno.

Moreno no solo había gestionado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según trascendió, personas de su círculo familiar y profesional mantenían vínculos con la defensa del acusado. Ante ese panorama, Passerini le demandó la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.

Frente a esa negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió apelar a una maniobra alternativa para sacarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había pedido licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, remitió una carta al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su regreso al Concejo.

Con ese movimiento, Moreno perdió de forma automática su lugar en la legislatura, al que había accedido precisamente por la ausencia de La Cava y de las otras dos personas que también solicitaron licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.

La carta de La Cava anunció que retomaría sus funciones legislativas el jueves 4 de junio, fecha en la que también presentaría su renuncia al cargo ejecutivo.

“Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”, continuó visiblemente emocionado durante distintos pasajes de su discurso antes de adentrarse en la temática del encuentro.

Kicillof consideró que el Indio “nos deja banderas”, que se resumen en tres. “Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro”, planteó.

“No podíamos dejar hoy de plantear un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”, cerró sus palabras acompañado por los aplausos del auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, locación elegida para el encuentro de mujeres.

Según pudo saber Infobae, hasta el mediodía de este viernes, desde el Gobierno provincial se definió dejar a voluntad de la familia del músico, la manera más adecuada de hacer una despedida. Pasadas las 11 de la mañana quien se hizo presente en el domicilio del músico en Parque Leloir fue el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, de reconocida relación con el artista y su familia.

Otros dirigentes del arco político también despidieron al líder de Los Redondos en sus redes sociales. El ex candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, escribió: “Los ídolos populares viven para siempre, gracias por todo Indio”. En tanto que su esposa, la senadora bonaerense, Malena Galmarini, le reclamó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a que abra el Congreso para realizar el velorio. Una solicitud que luego formalizó el bloque de Diputados nacionales de Unión por la Patria, con las firmas de Paula Penacca, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

“Nos dirigimos a usted, en nuestra calidad de diputados nacionales, profundamente conmovidos tras tomar conocimiento en la mañana de hoy del triste fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari. Su partida física representa una pérdida inmensa para nuestro país, despidiendo a un emblema de la cultura popular argentina y a uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock", dice parte de la nota dirigida a Menem.

Agrega, además, que “en este contexto de conmoción, le solicitamos formalmente que ponga a disposición de la familia y allegados del artista las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de posibilitar la realización de su ceremonia de despedida y velorio. Consideramos que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, es el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda brindarle su último adiós a un ídolo tan querido”.

Además, el diputado nacional por la UCR, Pablo Juliano, también elevó una nota a Menem para que “en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”.

“Que horror querido amigo...De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto. Te quiero mucho amigo...”, lo recordó en su cuenta de X, el ex Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, quien mantenía una amistad desde hacía años con Indio.

La Justicia Federal autorizó el traslado del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala al establecimiento penitenciario de Esquel, donde permanecerá detenido bajo la figura de prisión preventiva, mientras es investigado por presunta asociación ilícita calificada. Estaba en huelga de hambre desde hace tres semanas para exigir su derivación.

Jones Huala está detenido desde junio de 2025 en la penitenciaría de Rawson, en Chubut, tras ser capturado en el marco de un controvertido operativo de la Policía Federal Argentina que se llevó a cabo sin una orden judicial vigente.

Tres semanas atrás, el dirigente inició una huelga de hambre para exigir a la Justicia su traslado a la U14 de Esquel, con el argumento de poder permanecer cerca de su familia, que reside en Bariloche, a 250 kilómetros de distancia.

Finalmente, el juez subrogante Ezequiel Andreani, en el marco de una audiencia celebrada este viernes, dispuso el traslado del mapuche a esa dependencia federal, donde continuará detenido bajo el mismo régimen de prisión preventiva.

En las últimas horas, Jones Huala fue derivado a un centro médico de Rawson debido a las consecuencias físicas de la huelga, que en sus últimos días incluyó la interrupción de la ingesta de líquidos además de sólidos. La medida de fuerza —la tercera desde que está detenido— forzó a la Justicia a autorizar dicha derivación.

La defensa del activista, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y representada por Gustavo Franquet, solicitó en reiteradas ocasiones el traslado a la cárcel de Esquel. En un primer momento, el juez federal Gustavo Zapata había accedido al planteo y ordenado su traslado; sin embargo, por intromisión del Ejecutivo Nacional, la medida no se concretó: funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación desaconsejaron el traslado aduciendo razones de seguridad.

Traslado en suspenso

Más allá de la nueva disposición judicial, el Ministerio Público podría apelar la decisión, por lo que el traslado no se efectivizará hasta que quede firme, lo que podría ocurrir en el transcurso de la semana próxima.

Una vez confirmada la disposición de Andreani, el Servicio Penitenciario Federal deberá otorgar un cupo para alojar a Jones Huala en la U14 de Esquel, trámite que también podría demorar la derivación.

Cabe recordar que en octubre de 2025 la Dirección de Régimen Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación ya se había opuesto al traslado, en discrepancia con lo dispuesto por la Justicia. El argumento utilizado fue que la cárcel de Esquel carece de las medidas de seguridad necesarias para alojar al detenido, a quien consideran un “preso peligroso”. Sin embargo, con la nueva disposición judicial, el organismo deberá otorgar el espacio para alojarlo en esa dependencia del norte chubutense.

Esa caracterización se contrapone con lo señalado por las autoridades de la U14, quienes destacaron la buena conducta que tuvo Jones Huala durante las distintas instancias en las que estuvo alojado allí, previas a los dos juicios de extradición a los que fue sometido antes de ser trasladado a Chile, donde fue juzgado y condenado.

La detención de Jones Huala está relacionada con una investigación que encabeza el Ministerio Público Fiscal por supuesta asociación ilícita calificada, luego de que el dirigente instara a los pueblos originarios a combatir el régimen capitalista y confrontar —incluso a través de la violencia— a terratenientes. La causa fue encuadrada como investigación compleja —una figura que habilita plazos procesales extendidos— a pedido de los fiscales, quienes atribuyen a la RAM distintos atentados y hechos vandálicos en al menos tres provincias patagónicas.

Finaliza una semana de altísimo voltaje en las entrañas del Gobierno, la cual comenzó con la declaración de principios de Patricia Bullrich para no avalar la posición oficial de la Casa Rosada para rechazar el pliego de una candidata a jueza. Eso llevó a que por unos días hubiera un revival de las versiones de tensiones al interior del reducto político más importante del Gobierno.

Pese a existir un largo historial de eyectados que se quisieron revelar a directivas de los hermanos Milei, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no fue el caso. Hizo valer la aceptación electoral que tiene para marcar discrepancias en decisiones, y la cúpula libertaria aceptó el juego.

Pese a las declaraciones en el off the record de los funcionarios nacionales y la foto pública que se difundió entre Bullrich y Karina Milei, hubo movimientos menos difundidos sobre la jefa de bloque que también tuvieron lugar esta semana.

Por caso, se mostró en ocasiones distintas con los diputados nacionales Luis Petri (Mendoza) y Mariano Campero (Tucumán), dos figuras que han demostrado interés en proyectarse en sus respectivas provincias, pero que al día de hoy perdieron consideración entre los responsables del partido nacional de La Libertad Avanza, a cargo de la hermana presidencial y con el armador Eduardo “Lule” Menem como principal estratega.

La senadora nacional expresó su respaldo a Luis Petri durante la visita que tuvo en Mendoza el pasado martes, un día después de haber publicado el tuit en el que se desmarcaba de los hermanos libertarios por el pliego judicial del Senado. El apoyo llegó antes de la White Hat Conference 2026, un evento internacional sobre ciberdelito y cibercrimen realizado en el hotel Sheraton de Mendoza.

Allí también estaba Petri, a quien tres años atrás eligió como compañero de fórmula para su candidatura a la presidencia. En ese entonces, Bullrich era titular nacional del PRO y su coequiper era dirigente de extensos años en la UCR mendocina. Tanto en su entorno como en otras oficinas libertarias leyeron esa aparición conjunta como una renovación del vínculo político que tienen.

El mensaje fue difundido en un video que compartió el propio Petri en sus redes sociales, algo que luego fue compartido por Bullrich. “Yo confío mucho en Luis. Sé de su fuerza, de su potencia, de su lealtad al proyecto, a lo que está haciendo. También sé de su cariño y de su amor por Mendoza”, afirmó, para agregar: “Tengo una enorme confianza, lo apoyo de corazón. Estoy convencida que tanto Luis en Mendoza como lo que nos toca a todos y cada uno, vamos a lograr una transformación absolutamente profunda”.

“Hay una cercanía natural con Luis”, afirmó un hombre de estrechísima cercanía de Bullrich. No lo conciben como un apoyo rotundo a su postulación a la gobernación de cara al año próximo, pero sí como un gesto necesario en el marco de esa disputa -silenciosa- que mantiene el diputado nacional.

Y es que Petri no se ha movido un solo milímetro de su apoyo público al Presidente pese a que en las últimas semanas el entorno karinista hizo saber que había perdido consideración para ser el candidato libertario para los próximos comicios. Por el contrario, la alianza con el gobernador radical Alfredo Cornejo se fortaleció y a eso le corresponderían dos alternativas.

Por un lado, se evalúa que presenten a Petri en el marco de unas PASO pero sin una militancia intensiva del aparato libertario o, por el otro lado, que La Libertad Avanza vaya con un candidato alternativo. En todos los casos, parecen escenarios tendientes a favorecer una reelección del sector cornejista.

Ayer por la mañana, Bullrich recibió en su despacho al diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero. Se trata de uno de los otrora “radicales con peluca”, un catálogo que se le puso al grupo de legisladores provenientes del radicalismo que decidieron escindirse de la posición oficial de su bloque para apoyar al oficialismo a sostener el primer veto que Milei hizo en su gestión. Eso hizo que más tarde se pasara a las filas de La Libertad Avanza.

La provincia de Tucumán es otro de los distritos en los que no hay definida una estrategia clara por parte de los armadores nacionales. Por un lado, hay algunos liderazgos claros en el partido provincial, como el caso de su presidente Lisandro Catalán. Esto no fue correlacionado con una venia de parte de la cúpula nacional para dejarlo como el precandidato indiscutido, pero sí que aparece como alguien con más probabilidad de presentarse que Campero.

Aun así, la clave está en el vínculo que el oficialismo tiene con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo. Este no estuvo exento de episodios tirantes, pero le reconocen que ha sido alguien que colaboró en muchas ocasiones con las votaciones en ambas cámaras del Congreso.

No es menor que, en ese marco, Lule Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, hayan recibido a Jaldo esta semana en la Casa Rosada. La charla tuvo tres claros componentes: uno por los fondos que reclama la provincia, otro sobre asuntos legislativos y un último apartado sobre las perspectivas electorales. ¿Será que para garantizarse gobernabilidad de acá hasta las elecciones o para el comienzo del eventual segundo mandato se está tejiendo un acuerdo electoral?

Campero tiene muy buenos vínculos con el entorno de Bullrich. “Lo trajimos nosotros a las listas y lo apreciamos. Nosotros no creemos que le hayan bajado el pulgar. Lo están disimulando bien”, esgrimen en ese entorno.

La incógnita que se presenta hacia adelante es si a la senadora le darán la misma cuota de confianza el año próximo para poder imponer nombres de su entorno para las listas legislativas o para que su posición sea considerada para la estrategia de ciertos acuerdos provinciales. También si habrá más apariciones con diferentes integrantes de las listas del 2023. Por lo pronto, esto último tiene más probabilidades de ser así. “No dejamos tirados a los nuestros”, afirman.

En la Cámara de Diputados tiene dirigentes de confianza máxima como Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y María Luisa González Estebarena. Esto se extiende a los recintos subnacionales como lo es la Legislatura porteña, donde la conversión de los bullrichistas del interbloque macrista a las filas de La Libertad Avanza fue vital para darle más musculatura al bloque libertario para las votaciones. Allí su principal figura de confianza es el legislador Juan Pablo Arenaza.

En Ginebra, Suiza, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió nuevamente en las últimas horas en el escenario del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la CGT.

Tras las fuertes críticas cegetistas, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, en nombre de la administración libertaria, dio un discurso en el que defendió enfáticamente las medidas oficiales y criticó al sindicalismo por su “estruendoso silencio” en la gestión de Alberto Fernández: “No se llevó a cabo ninguna huelga nacional (mientras) El actual gobierno, en dos años y medio ya tiene un récord de cuatro”.

A partir de las palabras del diplomático argentino, que habló por segundo año consecutivo ante la OIT debido a que no asistió ningún funcionario gubernamental, se estableció una suerte de contrapunto con la CGT ya que este viernes, en su intervención ante la conferencia como delegado titular del sector de los trabajadores, Gerardo Martínez, insistió en los duros cuestionamientos al Gobierno: dijo que “el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad”.

“El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, que fue elegido vicepresidente de la conferencia de la OIT, en un discurso en el que también rechazó “el cepo salarial” en las paritarias y atacó a la Casa Rosada por haber impulsado “la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y busca transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social”.

Foradori, quien habló hace 24 horas, dijo en su discurso que había escuchado “con respeto” la intervención del cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), pero advirtió que sus objeciones se alejaron de la “discusión principal” de la OIT y, tras destacar que “los hechos son inmunes a las ideologías”, repasó cifras de crecimiento, inflación, pobreza y superávit financiero en la Argentina.

Entre los datos destacados, detalló que en diciembre de 2023 el déficit consolidado del Tesoro y del Banco Central superaba el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza se estimaba en 41,7% de la población y la inflación avanzaba a un ritmo cercano al 1% diario. El diplomático comparó este escenario con las cifras de 2025 y 2026, reportando que, según datos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país alcanzó un crecimiento económico del 4,4% en 2025, y se prevé un aumento adicional del 3,5% para 2026, frente a un promedio regional de 2,3%.

En materia de inflación, detalló que la variación anual cayó al 32,4%, con un alza mensual de 2,6% en abril. Dijo que la Argentina alcanzó el superávit financiero por primera vez desde 2010, con un saldo equivalente al 0,3 % del PIB en 2025 y manteniendo tanto superávit primario como financiero en el primer trimestre de 2026, según las cifras que aportó.

En relación con los índices sociales, Foradori informó que el índice de pobreza cayó desde el 52,9% en el primer semestre de 2024 hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025, y afirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento superior al 560% comparado con diciembre de 2023, recuperando más del 100% del poder adquisitivo real, mientras que la prestación Alimentar amplió su cobertura en más de 600 mil adolescentes y creció 137% en igual período.

Cuando habló sobre la evolución de las condiciones laborales, mencionó que la tasa de desempleo se ubicó en 7,5%, “uno de los niveles más bajos en varias décadas”, aunque la informalidad laboral afecta al 40% de los trabajadores. Tras ello, recordó que el Congreso aprobó una ley laboral destinada a incentivar la formalidad, la contratación y la adecuación normativa a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

“Nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible. Nada de esto significa que no haya errores y errores por corregir -admitió-. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio. Y lo dijeron con la herramienta más poderosa que tiene una democracia, que es el voto”.

Foradori agregó enseguida: “Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40% de apoyo a nivel nacional en octubre pasado, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno”.

Por eso consideró que “los cambios ofrecen resistencias, pero la visión del pueblo implicó, como una siembra de conciencia colectiva, que haciendo siempre lo mismo íbamos a llegar a idénticos y penosos resultados”. “Esto demuestra, conforme nos enseña la historia, que las naciones no fracasan cuando enfrentan dificultades, fracasan cuando pierden la voluntad de superarlas. La Argentina ha recuperado esa voluntad”, concluyó.

Por su parte, Gerardo Martínez comenzó su discurso describiendo un panorama internacional marcado por una “policrisis” donde, según resaltó, “la pobreza y la desigualdad avanzan de la mano de guerras y de la recesión económica". En ese contexto, cuestionó el retroceso del multilateralismo global y recordó que la crisis financiera de 2008 se resolvió a partir del esfuerzo de los Estados, mientras que los países desarrollados siguen siendo apenas 40 sobre un total de 190.

El representante de la CGT subrayó que el 10% de la población mundial concentra el 75% de la riqueza, un fenómeno que se incrementó en el último medio siglo: dijo que la fortuna acumulada por los 1000 mayores multimillonarios pasó de representar el 3% del PIB mundial hace 40 años a más del 17% en la actualidad.

Martínez remarcó que se atraviesa “un período histórico de extrema concentración económica global”, y consideró que, ante ese panorama, resulta “impostergable un nuevo contrato social que redefina el equilibrio entre capital y trabajo”. Sostuvo que de no actuar a tiempo, “el destino de más pobreza es inexorable”.

Luego, el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) vinculó el auge de la inteligencia artificial y la automatización con el riesgo de una “justicia social artificial” si las innovaciones tecnológicas no se subordinan a objetivos de desarrollo real. Respaldó su mirada en la encíclica del papa León XIV y subrayó: “Toda introducción de automatización debe ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, recalificación y participación de los trabajadores, y de la sociedad en su conjunto”.

Martínez denunció que, en América Latina, las brechas históricas se agravan con una mayor expansión de la informalidad y el desempleo, y alertó sobre “asesinatos, persecuciones y encarcelamientos” contra dirigentes sindicales y gremios, situando a la libertad sindical y el diálogo social como pilares de la democracia.

Al apuntar a la situación en la Argentina, le apuntó al Gobierno porque "el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad".

Tras destacar que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, dijo que “los costos del ajuste profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo existente”.

Uno de los tramos más duros de su discurso fue cuando criticó la Ley de Modernización Laboral: “En connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno aprobó la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y que busca transferir al sector privado el rol del estado afectando los valores de la justicia social”.

“Desde el sindicalismo argentino -sostuvo luego- reafirmamos nuestro compromiso de promover un pacto económico y social que impulse la sostenibilidad económica, con políticas orientadas a incrementar la producción, la innovación, la inversión, la generación de empleo y la formalización laboral".

Sin embargo, aunque puntualizó que “una mesa de diálogo sostenible será la llave maestra para resolver los problemas estructurales de nuestro país”, Martínez se quejó de que “tenemos propuestas y las ignoran”.

A continuación, enfatizó: “Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial. Debemos reiterarlo una vez mas: no al cepo salarial".

El sindicalista defendió “un proyecto de país donde el capital este al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social” y, para finalizar, indicó: “Sostenemos la necesidad de una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, con derechos, con mas protección social y donde nadie sea prescindible".

La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cerró esta semana su primer Plenario bajo la presidencia argentina, celebrado del 1 al 4 de junio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, con la participación de jefes de delegación, expertos y socios internacionales de los 35 países miembros del organismo.

El evento marcó un hito en la historia de la organización: por primera vez, un país del hemisferio sur presidió la IHRA y albergó sus reuniones plenarias. Argentina integra el organismo de manera ininterrumpida desde 2002 y es el único país de América Latina con estatus de miembro pleno. La presidencia, asumida el 18 de marzo de 2026, se extenderá hasta igual fecha de 2027, cuando Francia tome el relevo.

El presidente Javier Milei participó de la ceremonia inaugural el lunes 1 de junio, donde dio la bienvenida a los delegados y subrayó el compromiso del país con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. “Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. A lo largo de esta Presidencia, buscamos fortalecer la memoria, enfrentar el antisemitismo y expandir esta causa en toda nuestra región”, afirmó el mandatario.

El canciller Pablo Quirno fue uno de los oradores principales de la jornada inaugural, junto al enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, el embajador Yehuda Kaploun, y al comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la misma causa, Fernando Lottenberg. Quirno reclamó que la memoria trascienda los espacios formales de conmemoración: “La memoria no puede permanecer confinada a las conmemoraciones, los archivos o los aniversarios. Debe atravesar generaciones, instituciones, fronteras y culturas”, señaló el canciller.

Quirno lleva meses con una agenda exterior intensa. El 26 de mayo intervino ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde reclamó una reforma profunda del organismo multilateral y respaldó la candidatura del argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como Secretario General de la ONU.

Días antes, el 13 de mayo, expuso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en Buenos Aires, donde anunció acuerdos energéticos con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos. En el plano multilateral, Quirno también encabezó en noviembre de 2025 la presentación del Memorándum Inicial de Adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto al Secretario General del organismo, Mathias Cormann.

El lema de la presidencia argentina de la IHRA, “Expandiendo las fronteras de la memoria”, atravesó los debates de la semana plenaria. La Secretaria General del organismo, Michaela Küchler, advirtió que “la memoria no se preserva por sí sola. Debe ser investigada, documentada y transmitida”. El presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin, destacó por su parte los avances concretos de Argentina en la materia: “Contamos con una ley antidiscriminatoria desde 1988. Además, desde la adopción por parte del Estado de la Definición de Antisemitismo en 2020, numerosos sectores del gobierno argentino y de la sociedad civil la han incorporado”.

Como antesala del plenario, el domingo 31 de mayo se celebró una conferencia titulada “Diez años de la Definición de Antisemitismo de la IHRA: un catalizador para la acción contra el antisemitismo. El caso de la Argentina”, que exploró el uso práctico de esa definición en universidades, organismos estatales y sociedad civil, tanto en Argentina como en América Latina.

A lo largo de la semana, los delegados trabajaron en áreas como educación, acceso y digitalización de archivos, museos y sitios de memoria, distorsión e inversión del Holocausto, y el apoyo a futuras generaciones de investigadores. El miércoles 3 de junio, talleres específicos abordaron la historia de los sobrevivientes del Holocausto en Argentina y la presencia de nazis en el país, incluidas las tensiones entre historia y memoria.

El segundo plenario de la IHRA bajo la presidencia argentina está previsto para el 2 al 5 de noviembre de 2026, también en Buenos Aires.

Después de barrer bajo la alfombra el enojo con Patricia Bullrich, el Gobierno eligió fingir demencia, también, frente al traspié que supuso la aprobación del pliego de la jueza María Verónica Michelli. En la Casa Rosada hicieron caso omiso a la derrota y usaron toda la artillería de comunicación para enfocarse en el lado positivo: la aprobación de 74 pliegos de jueces.

Por lo bajo, en el Ejecutivo masticaban bronca contra la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza y admitían el desorden en las directivas producto de las diferencias internas que empantanó la sesión. Pero en público, el Gobierno no hizo una sola mención al tema de Bullrich y Michelli. Tanto durante como después del debate.

“Es una disputa interna de poder constante”, admitió una voz del ecosistema libertario una vez terminada la jornada.

Pese a que, en la reunión de labor parlamentaria del miércoles, se fijaron criterios para encausar la votación, el desenlace fue completamente diferente al acordado. Incluso, incluyó el tratamiento del pliego de Michelli que había quedado postergado para la semana siguente. “Era completamente discrecional que hayan sido 50 y no los 74. Se le ocurrió solo a Patricia (Bullrich)“, justificaron desde el karinismo.

La sesión lo tuvo todo. Desde la disidencia de la jefa del bloque oficialista, que en un abierto desacato a la orden de la Casa Rosada se abstuvo durante la votación, a contramano de su propia bancada, hasta la repentina incorporación de otros 23 pliegos judiciales. Entre ellos, el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el de Yamile Susana Bernan, esposa de Diego Guerendiain, estrecho colaborador del exministro Mariano Cúneo Libarona.

Para distintos sectores del oficialismo, esos movimientos fueron una muestra más de las diferencias que atraviesan al espacio. En las tribus karinistas acusaron al sector que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo de haber intentado dejar afuera ambos nombres y de instalar un clima de derrota que buscaron relativizar. “Un sapo entre 74 no está mal. El triunfo por la reconstrucción de la justicia es histórico y es todo de Karina”, minimizaron cerca de la secretaria general, luego de que la oposición lograra aprobar, sobre tablas y por mayoría, el pliego que el Gobierno buscaba frenar.

Ensalzaron, así, a los dos principales alfiles la Secretaria General en el Ministerio de Justicia, número uno y dos de la cartera, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

“Es un tribunal no creado. Aún si se la designa no va a ser juez porque tiene que habilitarlo la Corte”, sumaron argumentos en el karinismo, respecto del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata.

Sólo de manera solapada dispararon contra Bullrich, que a pesar de su rol de liderazgo en el oficialismo de la Cámara Alta, desobedeció las órdenes del Ejecutivo durante la votación. “Patricia sabía que tenía margen para hacer lo que hizo. Que nadie la iba a echar, porque la necesitan. El error estuvo en no chequear el nombre. Es algo que tenés que saber”, admitió un funcionario ajeno a la puja entre el Triángulo de Hierro.

Horas antes, Karina Milei se había retratado con la senadora, en un intento por amenguar las internas. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, intentó calmar las aguas una fuente cercana a la funcionaria.

“Metimos 74 pliegos y acuerdo con los Holdouts. No es ni de cerca una derrota”, insistió un integrante de la mesa política de la que, por cierto, también participa la senadora ex PRO, que se pintó de violeta pero tiene juego propio.

En la cúpula del Gobierno deslizaron que el Presidente, muy probablemente, no firmará el pliego para hacer efectivo su nombramiento. “Es un tema menor. Ya está. Fue un buen día para el Gobierno, hace años que no se meten jueces”, dijeron en Balcarce 50. Mientras tanto, Milei tuiteaba lo propio: ”El inicio de la reconstrucción de la justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos". Poco más de 24 horas antes, el jefe de Estado había defendido la decisión de retirar el pliego, amparándose en la Constitución Nacional.

Si bien Javier y Karina Milei desconocieron el nuevo traspié del espacio, las miradas en la Casa Rosada no eran unánimes, y el sector de Santiago Caputo insistía en que el problema que se generó con Bullrich por la jueza Michelli se podría haber evitado. “Fue mala praxis”, sostuvieron en referencia a la tarea de los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

A ello se sumaron los fuertes cuestionamientos de Victoria Villarruel, el tratamiento del pliego de Michelli —hasta entonces postergado— y la celebración de la sesión en redes sociales.

Además, entre acusaciones cruzadas, el oficialismo, en la voz de senador de La Libertad Avanza Agustín Coto solicitó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volviera a comisión. “Lo tratamos la semana próxima”, prometían desde el oficialismo.

Aunque hubo intentos por presentar la jornada como un éxito, puertas adentro la aprobación del pliego de Michelli volvió a exhibir las dificultades para ordenar a un oficialismo atravesado por disputas de poder. En Balcarce 50 eligieron relativizar el episodio, pero la sesión dejó nuevamente al descubierto las fisuras de una interna que está lejos de resolverse.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, despidió hoy Carlos “Indio” Solari con un mensaje en X. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió el funcionario libertario tras conocerse la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó.

La mención de Cifelli contrasta con la relación de abierta confrontación que el músico mantuvo con LLA durante los últimos dos años de su vida. En mayo de 2024, el músico había dicho en una entrevista con los periodistas Marcelo Figueras y Horacio Verbitsky, difundida por Somos Radio, que “hay un loco de Presidente”, en relación a Javier Milei, y que nunca imaginó que “un tipo con una motosierra” pudiera ganar una elección.

Aquellas declaraciones provocaron la respuesta del entonces vocero presidencial Manuel Adorni, quien le pidió al cantante que se “llame a silencio”. “Promover que un gobierno caiga me parece una barbaridad”, afirmó Adorni. Meses más tarde, en octubre de 2024, Solari volvió a la carga en el streaming Gelatina, con el periodista Pedro Rosemblat. En esa entrevista comparó a Milei con el “flautista de Hamelín” y dijo que los militantes libertarios “son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”. También describió al país como “bastante jodido” y reclamó que “las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara”.

Solari se retiró de los escenarios en 2017, tras su último recital en Olavarría, y en 2023 confirmó que la progresión del Parkinson le impedía volver a actuar en vivo. Su última aparición pública fue en enero de este año, a través de un mensaje con motivo del Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con la muerte de Solari se apaga una de las voces más influyentes, enigmáticas y trascendentes de la historia del rock argentino. Dueño de una poética única, capaz de convertir canciones en manifiestos generacionales y recitales en auténticos rituales populares, dejó una huella imposible de borrar en la cultura nacional. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un fenómeno artístico que desbordó los límites de la música para transformarse en identidad, pertenencia y refugio emocional para sus seguidores.

El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

En una entrevista con Infobae A las Nueve, Vidal dialogó sobre la actualidad política y el futuro del partido. La exfuncionaria se refirió al respeto por las instituciones y a la necesidad de que el Gobierno acate las decisiones de otros poderes del Estado. En ese marco, consideró que el presidente Javier Milei enfrenta una oportunidad para ratificar su compromiso con los principios republicanos.

“Creo que es una gran oportunidad para que el presidente demuestre que es republicano, que es democrático, que respeta las decisiones del Congreso”, afirmó la dirigente. También sostuvo que el cumplimiento de las leyes, los fallos judiciales y las decisiones legislativas resulta clave para fortalecer la confianza y favorecer las inversiones.

El PRO competirá con una propuesta propia

La exgobernadora sostuvo que el PRO buscará ocupar un lugar central en la discusión política de los próximos años. Por ese motivo, descartó la posibilidad de que el partido renuncie a presentar una alternativa propia en las elecciones presidenciales. “Yo creo que el PRO va a tener un candidato propio, va a tener un candidato propio relevante y va a competir en el 2027”, afirmó.

Según explicó, el aporte del partido no se limita a la competencia electoral. Vidal señaló que la fuerza mantiene una agenda vinculada con la defensa de las instituciones, la gestión pública y el funcionamiento del Estado.

“Nosotros no venimos a destruir el Estado, sino a hacer que mejore”, sostuvo. Además, mencionó experiencias de gestión que atribuyó a dirigentes del PRO en distintos distritos del país.

La dirigente también remarcó que el espacio conserva posiciones históricas relacionadas con la transparencia y el control sobre la función pública. En ese sentido, afirmó que el partido exige explicaciones cuando surgen cuestionamientos sobre funcionarios.

Mauricio Macri, el nombre para 2027

Vidal respondió una consulta sobre quién le gustaría que encabezara una boleta presidencial del PRO. “No tengo dudas. Me encantaría que fuera Mauricio, por supuesto”, respondió. Luego reforzó la idea: “Me encantaría que fuera él”. Sin embargo, aclaró que la decisión todavía no está tomada. “Bueno, él no expresó su decisión todavía”, señaló.

A pesar de esa incertidumbre, describió a Mauricio Macri como una figura con fuerte presencia dentro del partido. Vidal destacó sus recorridas por distintas provincias y su participación en actividades vinculadas con la formación de equipos técnicos y dirigentes. “Lo que sí, lo veo muy activo, involucrado con el PRO, promoviendo nuevos dirigentes”, afirmó.

Además, indicó que el expresidente mantiene reuniones frecuentes con referentes jóvenes y participa de las actividades de la Fundación Pensar. “Yo lo veo muy activo. Luego, la decisión que va a tomar depende de él. Lo que a mí me gustaría es que él fuera candidato”, agregó.

La discusión sobre el rol del PRO frente a La Libertad Avanza

Por otra parte, Vidal habló sobre el impacto que podría tener una candidatura propia del PRO en un escenario electoral donde La Libertad Avanza busque la reelección.

La exfuncionaria rechazó la idea de que una propuesta independiente favorezca automáticamente al kirchnerismo. Para respaldar esa postura recordó el recorrido electoral de Javier Milei en 2023. “Lo primero que demostró que eso no es así es Milei”, sostuvo.

La dirigente señaló que muchos dirigentes consideraban entonces que una candidatura por fuera de Juntos por el Cambio podía beneficiar al kirchnerismo. Sin embargo, recordó que Milei ganó la elección presidencial.

A partir de ese antecedente, planteó que Argentina necesita consolidar dos fuerzas competitivas que compartan un rumbo económico similar. Según explicó, esa situación ofrecería previsibilidad y confianza para quienes evalúan invertir en el país.

Críticas al oficialismo y defensa de la institucionalidad

También marcó diferencias con algunas situaciones vinculadas con el Gobierno nacional. En ese contexto, cuando le preguntaron si exjefe de Gabinete Marcos Peña habría atravesado una situación similar a la que enfrenta Manuel Adorni por cuestionamientos relacionados con su declaración jurada, respondió tajante: “Nunca. Estoy segura que nunca”.

La dirigente fue más allá y agregó que Mauricio Macri tampoco habría aceptado una situación de ese tipo dentro de su administración. “Mauricio no hubiera permitido tener un jefe de gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada”, sostuvo.

Sobre el panorama electoral, Vidal evitó realizar pronósticos. “No creo en las encuestas un año antes”, afirmó al referirse a los estudios de opinión que buscan anticipar el resultado de los próximos comicios.

Y ante la posibilidad de una competencia presidencial entre Mauricio Macri y Javier Milei en 2027, cerró con una definición concreta: “Si Mauricio decide ser candidato a presidente, no tengo duda que el PRO va a ir con una boleta con él encabezando”.

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“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, aseguró el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Michelli es la magistrada que fue nominada por el Gobierno y designada por el Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que aún no se conformó. Su nombre generó polémica porque días antes de que fuera discutido su nombramiento, el presidente Milei decidió retirar el pliego sin explicación pública. Según trascendió, a la Casa Rosada le molesta el parentezco de la jurista con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Este viernes, Mahiques rechazó esa versión.

“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, repasó Mahiques. Sobre esto, recordó: “Uno de los pliegos retirados fue el de mi hermano. Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego. No hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada. Lo retiró”.

Se trata de Ignacio Mahíques, que fue el fiscal federal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. Cuando asume Alberto Fernández la presidencia, retira el pliego como juez federal de San Martin. En ese momento, no hubo cuestionamientos, al ser una facultad del Poder Ejecutivo.

En esta línea, Mahíques indicó: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos”. “Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, agregó.

Con relación a la votación en el Senado, el Ministro de Justicia aseguró que era “una deuda” con “la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”. “Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, sostuvo.

Y añadió: “Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”.

En otro pasaje de la entrevista, Mahíques amplió el alcance de la votación. Entre los 74 pliegos aprobados figuran entre ocho y diez magistrados para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, el tribunal de alzada de los juzgados de familia y civiles, que acumula vacantes desde hace años. También salieron dos jueces para la Cámara Criminal de la Capital Federal cuyos pliegos llevaban ocho años en el limbo: dos presidentes distintos los retiraron en ese período antes de que esta semana obtuvieran el acuerdo del Senado. “Vean lo complejo que es el proceso”, señaló el ministro.

Mahíques subrayó que las ternas aprobadas no fueron armadas por la actual gestión: “Los candidatos que elegimos son los que elevó otra administración. El Consejo de la Magistratura (CDM) confeccionó todas las ternas”.

Sobre los próximos pasos, el ministro precisó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total. Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas. Para la Cámara Federal y los juzgados de primera instancia de ese fuero, en cambio, aún no hay ternas disponibles, aunque el CDM tratará esas designaciones en un plenario próximo. También hay múltiples vacantes en cámaras federales del interior del país listas para ser resueltas por el Ejecutivo.

El ministro descartó que el Gobierno tenga urgencia por completar la Corte Suprema o designar procurador general y defensor general: “La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”. Reconoció la anomalía de llevar más de ocho años con un procurador interino, pero remitió la decisión al criterio presidencial.

Consultado sobre las investigaciones que involucran a las autoridades de la AFA, Mahíques rechazó que las causas judiciales se hayan frenado desde su llegada al ministerio: “A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió la salida del país. En otras jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron”, expresó.

Este miércoles 10 de junio, a las 17:30, en el hotel Brizo de La Plata, se presentará en sociedad el esquema opositor de centro derecha que tiene como vocación central ser un aglutinador de dirigentes de esa identidad, para converger el año que viene en un gran armado electoral que tenga como columna vertebral al peronismo.

Las caras visibles de ese proyecto son Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó (está de viaje y no será de la partida), Carlos Kikuchi (armador de La Libertad Avanza en sus comienzos) y Sergio Vargas. Dos ex Juntos por el Cambio y dos ex libertarios. En diagonal, pero con diálogo abierto, también trabajan cerca de ese armado Nicolás Massot y Diego Bossio. Ninguno de ellos estará presente en el acto.

Todos son figuras de pasado peronista que se está reacomodando en el mapa político actual y que trabajan en la búsqueda de consensos para entrelazar voluntades opositoras. Todos tienen la intención manifiesta de armar una alternativa al proyecto que lidera Javier Milei y de construir una coalición que contenga a las diversas terminales que sobreviven en Unión por la Patria.

El encuentro, que tiene formato de conferencia pero que en los hechos es un lanzamiento de cara a la sociedad, será moderado por Vargas, que es un senador provincial que tiene el sello de “libertario blue” en la rosca política. Expondrán Pichetto, Kikuchi y Eduardo Setti, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Frente de Todos. Un economista ligado a Sergio Massa. La presentación llevará en el frente el slogan “Argentina productiva”.

Los integrantes de la nueva iniciativa política destacan el orden macroeconómico logrado por la presidencia de Milei, pero advierten que el Gobierno ha descuidado completamente el impacto de sus políticas en la economía real. Situación que se ve con claridad en las miles de pymes que cerraron y en la enorme cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el último año.

“Nosotros estamos en la derecha y tenemos voluntad de corrernos hacia el centro. Podemos converger en un armado con el peronismo, si los que están en la izquierda se corren hacia el centro, que es el lugar donde todos nos deberíamos encontrar”, se sinceró uno de los principales armadores del espacio político.

Equilibrio y orden fiscal, inflación controlada, diálogo abierto con el sector empresario y una mirada con base en la producción y la industria. Esa es la idea que empujan los dirigentes de la centro derecha. Idea que creen que es compatible con una gran parte del peronismo. Tal es así que los dirigentes del PJ Federal, como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz o Guillermo Michel, o el precandidato sanjuanino Sergio Uñac tienen coincidencias públicas con esas miradas. Hablan de los mismo, pero cada uno por su lado.

El armado dio su primera señal de participación en la escena política el 18 de marzo, cuando hicieron pública una reunión que mantuvieron en La Plata Pichetto y Monzó con los integrantes del bloque Unión y Libertad en la Legislatura bonaerense. Después hubo otro encuentro el 17 de abril, en Malvinas Argentinas, donde los mismos protagonistas, más Kikuchi, se reunieron con el intendente local Leonardo Nardini, que es parte del sector más afín a Cristina Kirchner.

En todas esas oportunidades la intención fue marcar que estaban dispuestos a entablar relaciones con el peronismo para ser parte de un gran armado. En el PJ saben que nadie sobra de cara a una elección que se avecina compleja, más allá del momento actual que vive el gobierno nacional, plagado de internas y rodeado de la realidad que explicita la economía doméstica. Reuniones cruzadas en las que se tratan de buscar coincidencias sobre el escenario político, económico y social.

En esa dirección fue también la reunión que mantuvieron en la gobernación Axel Kicillof, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Para buscar coincidencias hay que alejarse de los extremos. Y eso quedó claro en esa conversación que tuvo lugar en La Plata. La obsesión es el centro, porque un encuentro a mitad de camino permitirá abrazar a más sectores y tejer una convivencia amplia.

En el nuevo esquema de derecha no ven a la izquierda de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño trabajando en conjunto con el peronismo. “No es su negocio. No pueden funcionar en un armado tan diverso”, reflexionó uno de los legisladores que está a cargo del nuevo esquema político. Análisis de coyuntura que hoy se hacen en las mesas de café de la oposición. La historia de la construcción opositora aún tiene muchos capítulos por delante.

El senador nacional por Formosa afirmó que actuó en línea con posiciones que ya había expresado en debates anteriores sobre designaciones judiciales. Además, destacó la aprobación de 74 pliegos de jueces y ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, el funcionario recordó que también se había opuesto a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Según explicó, esa decisión derivó en su salida del bloque oficialista, aunque continuó acompañando las iniciativas del Gobierno.

“Me opuse a la postulación del juez Lijo y me valió que me echaran del bloque”, señaló. Y agregó: “Seguí votando y acompañando todo con el Gobierno por convicción y porque entiendo que las ideas de la libertad son las ideas correctas”.

El senador sostuvo que las diferencias en materia institucional no implican un alejamiento político del oficialismo. “Cuando hay estas situaciones, yo ya he planteado mi reparo en las cuestiones institucionales”, indicó.

Consultado sobre la abstención de una integrante del bloque vinculado a Patricia Bullrich, consideró que cada senador debe asumir personalmente la responsabilidad de su voto. “Son decisiones personales que uno las tiene que asumir con toda la responsabilidad que merece el cargo de senador nacional”, expresó.

En relación con el caso de la jueza Michelli, explicó que no compartió la posición de su bloque. “No puedo nunca compartir la postura de mi bloque en esta postulación de la jueza Michelli, que pasó todo el proceso, que tenía el orden de mérito y me parece que no corresponde la negativa para ese caso”, afirmó.

Cuestionamientos al proceso y defensa de la división de poderes

Al mismo tiempo, el funcionario se refirió a las críticas sobre el tratamiento del pliego y consideró que existieron errores durante el proceso. “Hay una impericia, sin dudas”, sostuvo.

Según explicó, la magistrada figuraba en el puesto 18 del orden de mérito y señaló que desconoce cómo llegó a convertirse en la candidata propuesta. Sin embargo, remarcó que una vez que el expediente ingresó al Senado y obtuvo dictamen de comisión, la definición correspondía exclusivamente a los legisladores.

“La decisión es de los senadores”, afirmó. Luego agregó que “no se puede avasallar un poder a otro”. Para el senador formoseño, cualquier intervención que altere ese esquema afecta la calidad institucional. “Es una clara falta de calidad institucional”, sostuvo durante la entrevista.

Paoltroni vinculó nuevamente ese planteo con la situación de Formosa y señaló que su experiencia política en la provincia influye en la manera en que analiza este tipo de debates.

La aprobación de 74 jueces y las vacantes en la Justicia

Más allá de la discusión sobre algunos nombres puntuales, el senador destacó el resultado general de la sesión. En particular, valoró la aprobación de 74 pliegos judiciales. “Hemos dado un gran salto con la aprobación de 74 jueces”, afirmó. También señaló que el país arrastra desde hace años un problema de vacantes en distintos tribunales.

Según explicó, cerca del 30% de los cargos judiciales permanecen vacantes. A su entender, esa situación afecta el funcionamiento de la Justicia y demora la resolución de causas. “Es imposible tener una justicia que funcione en tiempo y forma”, sostuvo. Luego añadió una definición sobre el impacto de esas demoras: “La justicia lenta no es justicia”.

Paoltroni consideró que la cobertura de cargos representa un avance institucional. “Estamos hablando de 300 pliegos en todo el país y se pudo avanzar con 74”, señaló.

Además, sostuvo que durante más de una década las vacantes aumentaron sin que existieran avances significativos para resolver el problema. “No podemos pretender calidad de justicia cuando tenés una gran cantidad de piezas que faltan”, afirmó.

Respaldo al Gobierno y preocupación por Formosa

Además, Paoltroni se refirió a las diferencias internas dentro del oficialismo y minimizó las tensiones públicas entre distintos dirigentes. “Esto es normal. En todos los gobiernos y en todos los procesos siempre puede haber alguna pequeña diferencia”, señaló. Y aseguró que no observa cuestionamientos al compromiso político de Patricia Bullrich con la gestión nacional.

El senador ratificó además su respaldo al proyecto político encabezado por Javier Milei. “Todos trabajamos para la reelección del presidente Milei”, afirmó.

Consultado sobre su continuidad dentro del espacio oficialista pese a algunas diferencias puntuales, respondió: “Lo voy a seguir haciendo. Porque es por convicción y por estar adherido a las ideas”.

Por último, volvió a plantear su preocupación por la situación de Formosa y pidió que el Congreso avance con el tratamiento de una intervención federal para la provincia. “Es la única salida, es el último remedio que prevé la Constitución Nacional”, sostuvo.

El legislador advirtió sobre el impacto que podrían tener futuras modificaciones en el esquema tributario nacional sobre una provincia que, según indicó, depende en gran medida de los recursos de coparticipación. En ese marco, insistió en la necesidad de abordar la situación institucional de Formosa dentro del Congreso.

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Luego de que el Concejo Deliberante de Morón aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi, este jueves el secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso compareció ante los concejales para dar respuestas sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora de Políticas de Género que se encuentra prófuga desde que hallaron medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar.

Ante la decisión del jefe municipal de no asistir a la sesión extraordinaria, Cardoso asumió el rol de representante del gobierno. Así, inició su exposición detallando la política municipal orientada a “combatir el narcomenudeo” y a “impulsar las denuncias”.

La interpelación se extendió por más de cuatro horas, en donde el secretario de Seguridad destacó la rapidez con la que el gobierno local actuó una vez confirmados los cargos contra Ortigoza. “Grave sería que el intendente no la desplace de su cargo”, manifestó.

Según la información publicada por Primer Plano Online, el funcionario municipal explicó que “nada hacía prever” que Ortigoza estuviera involucrada en actividades delictivas y remarcó que el accionar ilegal era “ajeno a su desempeño en el Municipio y se realizaba de manera escondida”.

En este sentido, Cardozo aseveró que “no hubo alertas tempranas” y señaló que la acusada no exhibía signos de riqueza que pudieran vincularla con la venta de drogas. “Esta chica no llegó con un Mercedes Benz a su trabajo”, apuntó al desmentir que estuviera de vacaciones cuando allanó su propiedad.

Según el secretario de Seguridad, hasta el momento “no hay ningún elemento que indique” que Ortigoza haya cometido delitos en el ejercicio de su función. No obstante, consideró que el caso demostró que “en Morón no hay libertades para cometer delitos”. Asimismo, informó que todo el material incautado, incluso elementos vinculados a su labor municipal, quedó a disposición de la justicia para peritajes.

Al finalizar su exposición, Cardoso respondió preguntas de concejales de distintos bloques, comenzando por Analía Zappulla, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con quien coincidió en la necesidad de debatir una legislación que permita controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.

En este sentido, el secretario adelantó que la revisión anual de antecedentes penales será obligatoria con la creación de la Policía Municipal. Además, le cuestionaron por qué Ortigoza continuaría registrada como una empleada de la planta permanente.

“Los mecanismos administrativos prevén que tiene estabilidad. Sí se le retuvo su salario: tiene orden de captura nacional e internacional”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Morón sobre la situación laboral de la funcionaria fugitiva.

En un intercambio con Ariel Aguilera, miembro de Todo por Argentina, Cardoso detalló que Ortigoza mantenía una actividad funcional activa y que su desempeño incluía intervenciones para proteger a mujeres víctimas de violencia. No obstante, aclaró que esto no representaba una evaluación personal y calificó como “detestable” lo revelado por la investigación.

Desde Unión por la Patria, la concejal Florencia De Luca cuestionó la ausencia del intendente o de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura de Peri, quien fue la jefa durante el paso de la acusada por la gestión municipal. “Es una situación que muestra a un intendente debilitado. Por eso queremos aclarar que la única intención del bloque Fuerza Patria fue conocer qué hizo el Municipio ante una situación grave”, expuso.

En respuesta a Diego Spina, Cardoso señaló que el único detenido en la causa declaró ante la justicia “que él era comprador de Ortigoza” y entregó las cuentas bancarias con las que pagaba la droga. El secretario afirmó que la pericia sobre esas cuentas permitirá identificar a otras personas vinculadas y aportar nuevos elementos a la investigación.

A lo largo de la sesión también participaron otros concejales, entre ellos Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño, Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza); Diego Spina (Unión por la Patria); Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (PRO); Daniela Cáceres (Nuevo PRO Morón); y Agustín Ramponelli (PJ-MDF).

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación comenzó con una denuncia realizada el 25 de febrero de este año, en donde señalaban la existencia de puntos de venta en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, y otro en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

No obstante, la funcionaria municipal fue declarada como prófuga de la Justicia junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, a finales de mayo. Después de que un miembro de la banda la delatara y se encontrara medio kilo de cocaína, armas y marihuana en su casa, los investigadores sostienen que la pareja lideraba una red dedicada al tráfico y la venta de drogas.

A partir de la segunda mitad del año, todas las farmacias deberán implementar sistemas de gestión digital para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios. Se trató de una medida implementada por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como objetivo eliminar el uso de soportes físicos y mejorar el registro para la realización de futuras auditorías.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 638/2026 en el Boletín Oficial, la modificación quedó oficializada este viernes a la madrugada. Así, el ministro de Salud, Mario Lugones, dispuso que “las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión que adopten mecanismos digitales para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios”.

Para este fin, las autoridades aprobaron el uso del token digital y de mecanismos equivalentes como métodos válidos para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos. No obstante, aclararon que estos deben ser emitidos por plataformas que cuenten con mecanismos apropiados de registro y autenticación.

De la misma manera, la actualización de los sistemas de gestión también deberá seguir las pautas técnicas que definirá la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

En los casos en los que una persona autorizada retire medicamentos en nombre del titular de la receta, esta podrá hacerlo mediante una autorización o credencial digital del paciente, ya sea por medio del uso del token digital o de mecanismos equivalentes. Por este motivo, los sistemas de información y plataformas vinculados a la salud digital deberán habilitar procedimientos seguros para garantizar la entrega solo a quienes estén debidamente autorizados.

Pese a que la persona cuente con la habilitación, las farmacias deberán solicitar y registrar en sus sistemas el documento de identidad de la persona que retire los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado. Se aceptará cualquier documento emitido por autoridad competente, nacional o extranjera, que permita identificar de forma fehaciente a la persona. Este registro se asociará a la transacción como mecanismo adicional de validación.

Además, se establece que deberán conservar los datos de facturación correspondientes a cada acto de dispensa como respaldo secundario. En este sentido, anticiparon que estos registros podrán ser requeridos en auditorías, reclamos o controversias relacionadas con la entrega de medicamentos.

A la vez que la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud queda facultada para dictar normas complementarias o aclaratorias que sean necesarias para la correcta aplicación de la resolución, también podrá definir condiciones de contingencia en caso de interrupciones del sistema o falta de conectividad.

La aplicación del nuevo sistema digital será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud. Por esto, las autoridades ministeriales deberán adoptar las disposiciones necesarias para la implementación. Los sujetos obligados deberán cumplir de inmediato, con un plazo máximo de 180 días corridos para completar las adecuaciones técnicas y operativas.

Por este motivo, las autoridades destacaron que la medida también busca fortalecer el sistema federal de salud, por medio del establecimiento de "criterios generales, lineamientos técnicos y herramientas de interoperabilidad, respetando las autonomías locales“.

Tras señalar que la diversidad de sistemas de gestión que utilizan las farmacias dificultan la integración e interoperabilidad sanitaria, resaltaron que esta medida garantizará "la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y el acceso oportuno a los medicamentos“.

De la misma manera, destacaron que las tecnologías actuales "podrían aliviar la carga y minimizar los costos de tareas de gestión de la dispensa de medicamentos por parte de las farmacias". Esto también se extendería a la hora de aplicar los mecanismos de auditoría y fiscalización.

Por último, destacaron que el nuevo sistema digital de registro "constituye una herramienta confiable, eficaz e interoperable, orientada a modernizar los mecanismos de registración existentes en aras de mejorar la fiscalización de la autoridad sanitaria“.

Una jueza rionegrina ordenó a una comunidad mapuche la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón, Río Negro, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.

La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.

La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.

Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.

Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.

El dirigente admitió que la comunidad no cuenta con documentación que acredite formalmente su preexistencia territorial. Según explicó, ello se debe a que “en el pasado, los mapuches desconocían la normativa; muchos no sabían leer ni escribir y, por ende, nunca tramitaron la documentación correspondiente”.

También aseguró que los denunciantes “tampoco cuentan con escrituras, sino únicamente con boletos de compraventa”.

A través de un comunicado, la comunidad Inalef sostuvo que Merino “impulsa el desalojo con el único objetivo de vender estas tierras y obtener ganancias personales, sin importarle su valor espiritual, cultural ni familiar”.

“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, expresó.

En el segundo expediente por el que Bernardini ordenó el desalojo figura como demandante Juan Lux Auroux, un hombre con quien integrantes de la familia Inalef mantuvieron numerosos conflictos, no sólo vinculados a la titularidad de las tierras, sino también a cuestiones contractuales y de convivencia.

La lof Inalef exige la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtió: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.

La familia, que mantiene otros conflictos territoriales en la zona, sostuvo que desde 2012 busca concluir el relevamiento territorial para acreditar su preexistencia en el lugar, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó ese proceso.

Los demandantes no realizaron declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales. Sin embargo, confían en la ejecución de las sentencias, aunque todavía existen instancias recursivas que podrían ser utilizadas para intentar frenar los desalojos.

En su casa ya no hay encendedores ni medicamentos. Los cuchillos los necesita para cocinar, se justifica. La última vez que su hijo la dejó afuera de su casa, tuvo que llamar a la policía para que la ayudaran a controlarlo; con un cuchillo en la garganta le aseguraba que se iba a matar. Antes, había probado con las guardias de los hospitales Tornú de la Ciudad y el Thompson de San Martín. Nada. Lo cambió de colegio porque lo amenazaban, el nuevo lo dejó. No le sirve la escuela para ser millonario como el de Tik Tok, le dice. Claudia tiene 50 años y su hijo 16. Le roba plata de su billetera virtual, le da vuelta la casa mientras ella trabaja y cuando a la noche intenta dormir, su hijo se le tira encima, obligándola a abrir los ojos, exigiéndole cosas que ella no le puede comprar. Su vida –sus vidas– se convirtió en un infierno del que no sabe cómo salir.

“Me dicen que está mucho solo ¿Qué hago? Si me quedo con él no puedo ir a trabajar y si no trabajo, no comemos”. Así de simple, así de complejo. Claudia volvió a pedir ayuda y consultó con la psicóloga del hospital que le recomendaron desde el municipio. Y aceptó que, quizá, lo mejor era la judicialización. Ella no sabe cómo y no puede obligar a su hijo a someterse a un tratamiento. Pidió los días en el trabajo y, después de rebotar por oficinas de tribunales, consiguió la orden de un juez. Era jueves.

El viernes la ambulancia llegó demasiado tarde y el traslado no se pudo hacer porque era de noche. Los fines de semana, le dijeron, no se hacen esas diligencias. El lunes esperó toda la mañana, pero cómo la ambulancia no llegaba, se fue a trabajar. A las dos horas la llamaron: ahora sí, iban a ir. Claudia explicó y se fue antes; corrió para no perder el tren. Ella llegó a tiempo, pero el traslado tampoco se hizo. No había patrullero. Es que necesita también de la policía, porque su hijo se niega a un análisis. Finalmente, el martes se alinearon los planetas: estaba la orden del juez, la ambulancia y el patrullero.

Lo que no estaban eran las camas de hospital. Probó con tres. En el último, el Belgrano, logró que le hicieran una evaluación psicológica. No profunda, no integral, no con análisis para chequear algún tipo de consumo, como le había indicado su psicóloga. Una evaluación como las de siempre, como las que ya le hicieron muchas veces en la guardia y para la que no necesitaba orden judicial. Claudia sigue desesperada. Angustiada. Sola. Y con su hijo, también desesperado. Y solo.

¿Cuántas Claudias hay? ¿Cuántos hijos de Claudia? La semana que viene, el Senado de la Nación le daría media sanción al proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de salud mental sancionada en 2010. La iniciativa propone, entre los principales cambios, facilitar las internaciones involuntarias y vuelve a poner en el centro la figura del médico psiquiatra. En la política hay consenso sobre la necesidad de “hacer algo”; pero no lo hay respecto de qué cambiar y cómo hacerlo. Y una cosa más: si no hay presupuesto, no hay ley que alcance (ver más adelante).

Mientras los legisladores discuten qué hacer, la demanda explota. Un ejemplo: En Zárate crearon una suerte de guardianes del puente para evitar que la gente se tire. Sí, así de grave. El municipio firmó un convenio con una ONG evangelista para asistir a las personas que intentan tirarse del puente Zárate-Campana. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dispararon los llamados de asistencia por intentos de suicidio. En septiembre del año pasado habilitaron el sistema y establecieron una guardia de salud mental las 24 horas. En diciembre de 2023, cuando asumió como intendente Marcelo Matzkin, había un solo psicólogo en toda el área, hoy tienen 10.

Ojalá solo fuera un problema de Zárate. De Claudia. Pero no, los casos se multiplican. El martes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, daba a conocer el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal. Allí se confirmó un dato que se informaba en esta columna hace 15 días: la tasa de suicidios aumentó un 21,6% en 2025 respecto del año anterior. Abundan los datos. En la Ciudad, se registraron un 44% más de intentos de suicidio entre enero y mayo de 2026 respecto del mismo periodo del año anterior. Y en la Provincia de Buenos Aires, las internaciones por casos de salud mental en menores de 18 años aumentaron un 22,8% en los últimos dos años y un 99,8% si se compara 2025 contra 2019.

Según información del Ministerio de Salud de la Ciudad, entre enero y mayo de 2025 (semanas epidemiológicas 1 a 19) se registraron 143 intentos de suicidio, mientras que en el mismo periodo de 2026 se llegó a 206 casos. “La mayor prevalencia de notificaciones se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, con predominio del sexo femenino. Entre los antecedentes y factores asociados más frecuentes se identifican trastornos de salud mental, intentos de suicidio previos y consumos problemáticos”, detallan desde el Ministerio.

La estadística porteña indica que los intentos de suicidio y los pedidos de asistencia en salud mental se dan en mayor medida en mujeres. Sin embargo, los datos nacionales de suicidios confirman que la mayoría se registran en hombres, representando el 78,6 % de los casos. De acuerdo al informe de Seguridad, en 2025 se contabilizaron 5.209 víctimas de suicidio, lo que representa una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, que equivale a un aumento del 21,6 % respecto del año anterior, cuando la tasa fue de 9,7. La tendencia no es nueva. El número de suicidios aumenta de forma sostenida desde hace seis años: en 2020 la tasa fue de 7,8, pasando a 8,7 en 2021, a 9,2 en 2022 y 9,7 en 2023 y 2024.

El salto exponencial en la tasa de suicidios registrada en 2025 es la confirmación de una alerta que se encendió hace tiempo y que da cuenta de la magnitud del problema de la salud mental. Los motivos, explican los profesionales, son multicausales. Todos coinciden en el efecto de la pandemia y hacen un llamado de atención: mientras que en los países desarrollados la tasa de suicidios se mantuvo o descendió después del Covid 19, en los subdesarrollados, aumentó.

Consultado para este artículo, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, insiste en que se trata de “fenómenos complejos y multicausales, que responden a la interacción de factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos y culturales”, pero destaca: “Influyen condiciones como la vulnerabilidad socioeconómica, la precarización laboral, la inseguridad habitacional, la fragmentación de las redes familiares y de apoyo y cuidado, la exposición a situaciones de violencia, los consumos problemáticos y las experiencias traumáticas durante la infancia y la adolescencia, particularmente las vinculadas a las redes”.

Por su parte, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia, señala que “hay una mudanza del perfil de salud mental, donde si bien las problemáticas más graves aumentaron, no lo hicieron tanto como las demandas por angustia, ansiedad y autolesiones” y especifica que “el aumento está en toda la población, pero más hacia los extremos: en adultos mayores y en los más chicos: ataques de pánico, intento de suicidio y problemas de consumo”.

Explosión en la demanda de asistencia en salud mental

En su edición de marzo, la revista del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publica el “informe sobre la crisis de la salud mental en la Argentina 2019-2025”, en el que advierte sobre el aumento en la demanda de atención en salud mental a nivel nacional. De acuerdo a este trabajo, las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 77% promedio en el periodo analizado.

El impacto es diferente en cada provincia. En Santa Cruz, las internaciones en la población infanto-juvenil (niños, niñas y adolescentes) tuvieron un aumento exponencial del 790,3%, mientras que en la provincia de Buenos Aires se registró un incremento del 12% en las consultas por guardia en 2024 respecto a 2023, con picos de hasta el 64% en algunas regiones sanitarias. En Neuquén, en tanto, la provincia más próspera de Argentina hoy, las prácticas ambulatorias asociadas a salud mental aumentaron un 228% entre 2029 y 2025.

Tanto Quirós como Kreplak, el primero ministro de Jorge Macri y el segundo de Axel Kicillof, insisten en marcar la complejidad del problema y el estrés del sistema. No existe, por más esfuerzo presupuestario que se realice, posibilidad de reemplazar con asistencia sanitaria el rol de contención y cuidados que ejercen, o ejercían, las familias y la comunidad.

La Provincia habilitó en todos los hospitales públicos guardias de salud mental e internación 24 horas con un incremento del 70% en cantidad de camas y 40% de personal destinado específicamente a este área. Lo mismo la Ciudad: la oferta asistencial en salud mental pasó de 77.100 turnos mensuales en enero de 2024 a 83.420 en enero de 2026 y se incorporaron más de 160 profesionales especializados.

De un lado y otro de la General Paz intensificaron los programas ambulatorios y de prevención en las escuelas. Se organizan encuentros para habilitar conversaciones y espacios en los que los chicos se sientan “seguros” para contar lo que les pasa. Y, sobre todo, escuchados. “Una de las cosas que nos dicen los pibes es que en los talleres te das cuenta de que no estás solo. Porque cuando estás en tu cuarto, solo, con el celu, pensas que sos el único que está mal y te da vergüenza compartirlo y eso lleva a más ansiedad y angustia”, cuenta Kreplak y sentencia: “Desde los profesionales también tenemos una deficiencia para abordar los problemas de salud mental de forma comunitaria. Porque no es un problema individual, es comunitario”.

Pero nada alcanza, la demanda es inagotable. El sistema público de salud porteño registra un 92,3% más de turnos por atención en salud mental que en 2023. El aumento en la cantidad de consultas en lo que va de 2026 comparado con el mismo periodo del año anterior es del 9,5%. En 2023 se otorgaban en promedio 1.412 turnos diarios; en 2024, 1.949; en 2025, 2.480; y en lo que va de 2026 ya se registran 2.715 turnos diarios promedio.

Si bien, como marcaba Kreplak, el aumento en la demanda de asistencia es generalizado, se acentuó el incremento entre los adolescentes. “Es muy difícil hoy ser adolescente, porque en esa etapa el chico necesita ‘matar al padre’, pero no puede porque es un ´padre´que no está, que está ocupado, estresado, aturdido. Y tampoco puede refugiarse en la red de sus pares, porque está solo en un cuarto frente a una pantalla”, analiza un experto en política pública sanitaria y advierte: “Hay un corrimiento de las familias, que están estalladas, que no pueden hacerse cargo y reclaman al Estado un rol de acompañamiento que les es propio”.

Consumo de antidepresivos y ansiolíticos en adolescentes

El “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria” de la Sedronar reveló que la edad de inicio del consumo de tranquilizantes pasó de 14 años a un promedio de 12,6 años. Además, se detectó que un 5,9% de los estudiantes secundarios probó tranquilizantes sin receta médica alguna vez en su vida. Otra señal de alerta. De acuerdo a datos del ministerio de Salud bonaerense, la provisión de psicofármacos aumentó un 966% en los últimos seis años. En 2020 se registró un promedio de 1.500 usuarios de psicofármacos, pasando en 2026 a 16 mil usuarios.

En la misma línea, una de las empresas proveedoras del más del 20% de los medicamentos que se venden en todo el país advierte: “Entre 2023 y 2025 la venta total de medicamentos en el canal ambulatorio cayó un 14,50% pero la venta de psicotrópicos relacionados a cuestiones sociales (ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y antipsicóticos) cayó en menor medida, un 6,04%”.

La enumeración de datos y estadísticas que revelan la magnitud del problema en salud mental que atraviesa la Argentina podría extenderse casi al infinito. Pero el aumento en la tasa de suicidios, la explosión en la demanda de atención médica e internaciones y el incremento en el consumo de psicofármacos parecen suficientes para entender que se trata de un asunto de interés público que demanda atención política urgente. Y presupuesto. Mucho.

La ley actual de salud mental estipula que, como mínimo, el 10% del presupuesto de salud se destine a salud mental. En los papeles, ese valor solo se alcanzó en 2023, llegando al 10,1%. En 2025, se destinó a salud mental apenas el 1,68% del presupuesto total de salud. Para este año la cosa no mejoró: tiene asignado el 1,65%. Esto último, sin considerar cómo impactó en el área el recorte de $63 mil millones en salud pública comunicado en la decisión administrativa 20/2026. Para mediados de mayo, la ejecución presupuestaria en programas vinculados a salud mental mostraba un devengado de apenas el 6,2%.

Corazón de la nueva ley: facilitar las internaciones involuntarias

El 17 de abril ingresó al Senado el proyecto de reforma a la ley 26.657 de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo. Una iniciativa que se trabajó en el ministerio de Salud de Mario Lugones, pero que antes de llegar al Congreso pasó por el ministerio de Justicia y la Secretaría de Legal y Técnica, quienes hicieron el control constitucional de la norma.

El proyecto comenzó a tratarse en plenario de las comisiones de Salud y Legislación General el 29 de abril, y el gobierno de Javier Milei espera que consiga media sanción la semana que viene. La propuesta, en la que participó centralmente el equipo liderado por Liliana Gonzalez, Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, busca facilitar los tratamientos e internaciones involuntarias y vuelve a poner en el centro la figura del médico psiquiatra.

En el proyecto del Gobierno ya no se habla de “padecimiento mental”, sino de “afección o trastorno de salud mental”, se establece de forma obligatoria que los equipos interdisciplinarios cuenten con al menos un médico psiquiatra y se modifican las pautas y conceptos legales para que una persona pueda ser internada sin su consentimiento.

Mientras que con la ley actual, para internar a una persona en contra de su voluntad se exige demostrar de forma estricta que existe un “riesgo cierto e inminente” para sí mismo o para terceros; en el proyecto del Gobierno basta con advertir que existe una “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Es que mientras que hoy la evaluación se hace sobre “la foto” del estado psíquico de la persona en el momento exacto de atención, con la nueva ley se adopta un criterio situacional: se deben considerar obligatoriamente los antecedentes de hechos o ideaciones dañosas previas y la previsible evolución si no se interna a tiempo.

Asimismo, mientras que en la ley vigente se prohíbe expresamente la creación de nuevos centros de internación monovalentes (neuropsiquiátricos), en el proyecto del Gobierno se permite explícitamente que las internaciones se lleven a cabo en hospitales generales, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, e instituciones con internación especializadas en psiquiatría y salud mental.

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán limitar el uso de un fondo proveniente del endeudamiento a conseguir por el gobernador Axel Kicillof y destinar el 30% de esos recursos a obras, programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. Es que finalmente, el plan para que tengan la potestad de usar el 100% de dichos fondos de la manera que consideren más apropiada naugrafó.

Este jueves, y luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema cuando volvió a posponer por segundo día consecutivo la reunión de comisión de Presupuesto en la que se iba a abordar el pedido de los jefes comunales.

En el Ejecutivo leen que con estos movimientos se encubre una estrategia de un sector del peronismo en acuerdo con la oposición para intervenir sobre los fondos en cuestión, dado que los proyectos que se imponían le daban a una comisión bicameral la facultad de autorizar los pagos; mientras que desde la UCR y el PRO le achacan al gobierno de Kicillof que nuevamente “no cumple los acuerdos en los que se embarca” y, a la par, se preparan para acorralar al titular de IOMA, Homero Giles con una sesión especial que será el próximo lunes, ante las reiteradas críticas por el funcionamiento de la obra social del Estado provincial.

Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, tal como sucedió el miércoles. Allí había un solo tema a tratar en el orden del día: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que modificaba la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y le daba a la comisión bicameral, creada en el marco del seguimiento de la deuda, la potestad de intervenir sobre el pago de los fondos a los distritos, además de -lo más crucial para los intendentes- la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, que los intendentes puedan usarla para lo que necesiten. Es que la actual normativa establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal -el creado en el marco de la autorización de deuda- se distribuya de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante sea a través de programas provinciales de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Modificar este punto es lo que, desde hace algunos meses, los intendentes vienen pidiendo cambiar.

Entonces se fueron presentando proyectos de ley en esa dirección. Además del de Garciarena, el otro bloque del radicalismo también elevó una iniciativa y el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich otra. En tanto que en Fuerza Patria, según pudo saber Infobae, también trabajaban sobre un anteproyecto en caso de ser necesario.

La proliferación de iniciativas fue el argumento que caló para que el miércoles la comisión no se reúna. “Tenemos que acordar un proyecto unificado”, planteó un legislador oficialista. Este jueves, donde tampoco hubo reunión de comisión, el argumento que emanó desde autoridades de la comisión es que 113 distritos ya iniciaron el proceso administrativo para destinar ese 30% de fondos -que no son de libre disponibilidad- a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo usarán para programas del Instituto Cultural.

La facultad de la comisión bicameral que se planteó en el proyecto de endeudamiento es el foco de conflicto. En la oposición recuerdan que el Ejecutivo “no contemplaba siquiera la creación de una bicameral para controlar la toma de deuda, ni cómo repartir los fondos que le iban a llegar a los municipios”, aportó un diputado PRO ante la consulta de este medio.

El Ejecutivo mira los movimientos legislativos y vuelve a poner la lupa sobre sus socios del peronismo, además de la esperable reacción de la oposición. “Nosotros no tenemos problemas con que los fondos sean de libre disponibilidad, pero lo van a tener que tratar porque los intendentes están a la espera”, plantean cerca de Kicillof ante la consulta de este medio. Este lunes, lo propio había dicho el ministro de Gobierno Carlos Bianco, asegurando que la distribución de los fondos en disputa debería ser toda por CUD.

Entonces, ante este posicionamiento, en la oposición remarcan que “Kicillof no cumple los acuerdos”, porque “esto que estamos debatiendo ahora se había planteado cuando definimos el endeudamiento”, aseguró un integrante de la comisión de Presupuesto por la oposición.

“Acordamos que sea así. En ese momento, por la interna que tiene adentro del peronismo, se definió que el 30% los fondos se usen a través de los ministerios, uno por cada sector. Entonces, si vamos a rediscutir los términos, pongamos a debatir todos los proyectos que hay”, aseguran en el PRO que tiene su propia propuesta, que es que sea de libre disponibilidad, mediante CUD, definiéndose además por los ingresos de los distritos y autorizados por la comisión bicameral. Un diputado de ese espacio remató: “Esto es por culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Al 31 de agosto se debería ejecutar la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones de pesos.

IOMA, próxima parada

En tanto que el próximo lunes se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados bonaerense pedida por la oposición. El objetivo es discutir los proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad presentaron el 1 de junio un pedido de una sesión especial. Reúnen la cantidad necesaria de firmas y ahora deberán juntar el quórum de la mitad más uno (47 diputados sentados en sus bancas).

Hay un listado de proyectos alusivos al desempeño de la Obra Social del Estado bonaerense. Desde pedidos de informes por las deudas que acarrea con los municipios, un proyecto para crear una comisión bicameral para monitorear el funcionamiento del IOMA hasta el pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre varios otros. Incluso la autarquía del IOMA.

El encuentro, de concretarse, será el lunes a las 13 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha sesión especial se caiga. Según supo este medio, hay conversaciones para que Giles asista a una reunión de carácter informativo y más reducida, es decir, con algunos representantes de los bloques, para así hacer caer una sesión donde la oposición juntaría el número para aprobar todos los proyectos de ley que impulsan.

El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.

La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni- se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.

Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.

Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.

En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.

Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.

El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.

Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.

La sesión que se desarrolló esta tarde en el Senado dio a entrever cómo las descoordinaciones entre diferentes facciones del oficialismo terminan produciendo dinámicas políticas indeseadas en momentos clave.

El bloque de La Libertad Avanza había acordado con la oposición ayer en la reunión de Labor Parlamentaria que este jueves se debatieran en el recinto diferentes iniciativas como la aprobación de 50 pliegos de jueces y fiscales, así como el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Lo curioso es que cuando se tenía amplia expectativa sobre la media sanción de esta última, el oficialismo terminó pidiendo el aplazamiento del mismo en el medio de la sesión.

El proyecto que fue diseñado por el ministro Federico Sturzenegger tuvo una ardua discusión en las comisiones del Senado. Esta implicó cambios en decenas de artículos, dejando como esencia una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la ley de tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego.

Vale la pena recapitular. El bloque libertario, que es presidido por Patricia Bullrich, venía de días de tensión mediática producto de que su jefa de bancada se había opuesto públicamente a rechazar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal, algo que habían solicitado los hermanos Milei producto de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien hizo coberturas extendidas en causas que compromenten al oficialismo como $LIBRA. Su pliego tenía casi todas las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para poder tratarse fácilmente en el recinto.

En paralelo, había otras 73 nominaciones provenientes del Poder Ejecutivo que estaban en condiciones de pasar al recinto. Bullrich y los jefes de bloque de la oposición acordaron ayer no tratar el de Michelli, hacerlo la semana próxima y que se avance con una primera tanda de 50 concursos en la sesión de este jueves. En el transcurso entre Labor Parlamentaria y el inicio de la sesión no se logró dar con un criterio claro que estableciera quiénes de los 73 eran pasibles de integrar esa primera tanda. Es ahí donde comienzan los cortocircuitos al interior del oficialismo.

“Es completamente discrecional que haya 50 y no todos”, afirmaron en el karinismo. ¿Por qué el oficialismo aplazó su tratamiento si es que contaba con los votos? Al menos dos importantes fuentes del Gobierno reconocen que se debió a una negociación a último momento con la oposición por los pliegos judiciales.

En la lista preliminar que se sugirió para la sesión de este jueves no estaban dos nombres sugerentes. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien tiene terminales políticas con el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, tampoco figuraba la candidata Yamile Susana Bernan, quien es esposa de Diego Guerendiain, mano derecha y primer jefe de Gabinete que tuvo el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quienes conocen los posicionamientos del karinismo sobre la política judicial acusan de al ala del asesor presidencial Santiago Caputo por haber tenido intenciones de que no fueran incluidos en la convocatoria de esta sesión. Algo que es rechazado de manera tajante por el sector aludido: “Nos operan porque tienen que justificar sus manejos”.

Esta mañana, los operadores judiciales del karinismo comenzaron a activar contactos con diferentes actores políticos de la oposición como para presionar a que se trataran la totalidad de los pliegos, entre ellos el de Rosatti. Media hora antes de que iniciara, Bullrich había ampliado el listado en dos oportunidades distintas: primero fue de 50, luego se pasó a 53 y más tarde se terminó en el número final de 73 candidaturas. El único que no estaba era el de Michelli.

Tras una tensa discusión en el medio del recinto, Bullrich tuvo que llamar a un largo cuarto intermedio para evitar que la sesión se le desmadrara. La pausa y la reunión con los referentes del recinto se extendió por más de una hora. Desde ese momento diferentes fuentes legislativas decían por lo bajo que corría peligro el proyecto desregulador que había pedido Milei.

El saldo final de la negociación fue la siguiente, según indicó una importante fuente del Gobierno: “El kirchnerismo y varios de la oposición vieron la desesperación del oficialismo y les dijeron que iban a aprestarse a votar solo si incluían sobre tablas el pliego de Michelli y daban de baja la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Finalmente aceptaron”.

Una vez que se reanudó la sesión y se votaron todos los pliegos, el senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto, solicitó que el proyecto desregulador volviera a comisión, lo cual aplazará su discusión sin nueva fecha aparente.

Ahí es donde emergen las críticas de otros sectores del Gobierno hacia quienes manejan la política judicial del oficialismo. “Entregaron una proyecto que había costado mucho negociar y que era importante para Milei solo para apurar un par de pliegos”, esgrimen. Ahora mismo no hay prevista una fecha clara para volver a discutir esa normativa. En el karinismo se atajan diciendo que puede ser la semana que viene, pero la cercanía del Mundial de Fútbol implicará una baja significativa en la dinámica legislativa.

El episodio expone que la supuesta concertación que buscaron comunicar Karina Milei y Patricia Bullrich no se traduce al plano de lo real. En el entorno de la hermana presidencial acusaron a la senadora de haber realizado la primera selección de los 50 pliegos “porque quieren que la inviten a negociar los asuntos judiciales”. En cambio, quienes están con la jefa de bloque de La Libertad Avanza apuntan a la “desprolijidad” con la que se manejó el Ejecutivo en la administración de pliegos como el de Michelli.

La positiva noticia de que el Poder Judicial volverá a llenar vacantes judiciales después de cinco años de sequía terminó viéndose empañada por las desconexiones entre distintas huestes del oficialismo. En tanto, el presidente Javier Milei no tiene previsto convalidar la promoción de Michelli como jueza y está decidido que enviará una nueva candidatura en las próximas semanas, tal y como hizo con Juan Manuel Yalj a comienzos de 2012. La historia no es la misma, pero rima.

La Legislatura de la provincia de Chubut aprobó este jueves un proyecto de ley que restringe el uso del celular en todas las escuelas del territorio. La iniciativa fue aprobada por casi unanimidad y apunta a limitar la utilización de los dispositivos en el nivel inicial, primario y secundario.

La nueva normativa fue presentada por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, y recibió el respaldo de Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET, además del mencionado bloque. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que votó en contra del proyecto.

La medida se inscribe dentro de una tendencia que ya adoptaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras ocho provincias argentinas, además de países como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.

Al exponer desde su banca, Pais fundamentó la iniciativa en evidencia empírica sobre los efectos del uso de teléfonos móviles en niños y adolescentes. “El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo”, sostuvo el legislador.

Para respaldar su postura, Pais citó pronunciamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Según indicó, ambos organismos advirtieron que el uso excesivo de teléfonos móviles genera alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. A partir de ese diagnóstico, el diputado encuadró la ley no solo como una herramienta educativa, sino como una política activa de prevención sanitaria: “Si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud”, afirmó.

Otro eje del proyecto es la restitución de autoridad al cuerpo docente. La norma no prohíbe el celular de forma absoluta, sino que otorga al educador la potestad de habilitar su uso cuando lo considere pertinente con fines pedagógicos. En esa misma línea, el diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) subrayó que la ley busca darle al sistema educativo “una herramienta legislativa para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil”.

Por su parte, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) esperó que la norma sirva también como llamado de atención para las familias, ya que el tiempo que los chicos pasan fuera de la escuela “también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad”.

La diputada Andrea Toro (Pich) aportó cifras del Observatorio Argentinos por la Educación: en 2024, el 37,6% de los estudiantes del país nunca desactivaba las notificaciones de sus dispositivos durante la clase, y uno de cada tres alumnos tenía el celular activo en el aula, con estímulos constantes.

Celulares en la escuela: cada vez más países restringen el uso, pero Unesco pide priorizar la ciudadanía digital

Un informe regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), elaborado por la doctora en Comunicación Roxana Morduchowicz, relevó el estado de la regulación del celular en las escuelas de 12 países de la región y concluyó que la modalidad más extendida es la restricción parcial, no la prohibición absoluta. Solo cuatro naciones —Brasil, Chile, Colombia y Paraguay— cuentan con leyes nacionales específicas sobre el tema; Argentina y México avanzaron a través de normativas subnacionales. Al menos 11 jurisdicciones argentinas ya aprobaron leyes o resoluciones propias, con variaciones según el nivel educativo y el alcance de cada norma.

El mismo informe advierte que la restricción de dispositivos no resuelve por sí sola problemas como el acoso digital, la desinformación o la exposición a contenidos nocivos. “Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”, señala el documento. Por eso, Unesco propone complementar las políticas de limitación con una formación sólida en ciudadanía digital, orientada a que los estudiantes puedan utilizar las tecnologías de manera crítica y reflexiva, y no solo a reducir su presencia en el aula.

Mauricio Macri se refirió este jueves a la polémica en torno a los pliegos judiciales que se trataron hoy en el Senado, y celebró la aprobación de la totalidad, incluido el de Verónica Michelli, la candidata a jueza que el presidente Javier Milei quiso vetar. “Tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad”, afirmó el exmandatario.

El líder del PRO sostuvo que el nombramiento de magistrados debe estar guiado por criterios institucionales y no por afinidades personales. “Tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigos de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la Constitución y la va a hacer respetar”, sostuvo al ingresar a la Legislatura porteña, donde fue homenajeado por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge, una iniciativa del legislador radical Francisco Loupias, que responde a Daniel “Tano” Angelici.

Al acto asistieron, entre otros, los legisladores Waldo Wolff, Laura Alonso, Gimena Villafruela, Rocío Figueroa, Pablo Donati, Patricia Inés Glize, Aldana Belén Crucitta, Silvia Lospennato e Ignacio José Parera. También el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo. El que no concurrió fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La postura del expresidente se enmarca en una semana cargada de tensión política en torno al proceso de cobertura de vacantes judiciales, y tiene como telón de fondo la polémica por el pliego de la candidata a jueza. Milei intentó retirar esa postulación por el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, pero el Senado resistió la maniobra.

Antes de la sesión, el presidente del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, había anticipado la posición del partido: “El pedido de retiro del pliego es muy desprolijo. Nosotros desde el PRO manifestamos públicamente que íbamos a votar en contra del retiro”, afirmó el legislador en declaraciones a Infobae.

Goerling también salió al cruce del argumento oficial y defendió la trayectoria de la candidata. “La jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable. No hubo una sola pregunta, no hubo una objeción, no hubo una impugnación”, remarcó ayer. “Se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”, sentenció.

En la misma línea, Jimena de la Torre, abogada cercana a Macri y consejera de la Magistratura de la Nación, había advertido que “la designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, también desacató la orden presidencial y se abstuvo en la votación. El pliego de Michelli fue aprobado con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

Consultado sobre el comportamiento de Patricia Bullrich, Macri evitó pronunciarse. En el entorno del ex presidente la lectura es más tajante. “Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO”, señalaron fuentes cercanas al exmandatario a Infobae.

Milei, pese a no haber logrado frenar el pliego de Michelli, celebró el resultado de la sesión. “El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió el presidente en sus redes sociales. Su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también valoró el avance y recordó que la aprobación se produce “tras más de ocho años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección”.

El proceso de cobertura de vacantes se aceleró desde que Mahiques asumió la cartera de Justicia. El Gobierno envió al Senado tres tandas de pliegos desde el inicio de la gestión de Milei, la última de las cuales incluyó 45 nuevos postulantes para juzgados federales y nacionales de distintos puntos del país.

Goerling advirtió, no obstante, que la aprobación del Senado no garantiza el acceso de Michelli al cargo: si Milei no firma el decreto correspondiente, el juzgado permanecerá vacante, lo que agravaría aún más la crisis de subrogaciones en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos judiciales permanece sin cubrir. “Calculo que lo va a firmar”, sostuvo Macri.

El oficialismo se sentía seguro. Eran las 11 de la mañana y los pasillos del Senado se llenaban del ruido del timbre que llama a los legisladores al recinto. Pocos minutos más tarde, el bloque de La Libertad Avanza sonreía y conseguía los 37 senadores.

Pero toda esa alegría desapareció cuando, luego de las cuestiones de privilegio y los homenajes, se intentó dar comienzo a la sesión con el tratamiento de los pliegos de los jueces y, en vez de una lista de 50 carpetas, el bloque oficialista proponía el tratamiento de 73.

“Están traicionando la palabra”, dijeron los peronistas. “Para qué carajo hacemos labor parlamentaria”, espetó la senadora Juliana Di Tullio. “Acá hay una gran deslealtad parlamentaria”, agregó el presidente de ese interbloque, José Mayans. “Tengan honor, esto es olor a podrido, es una vergüenza que mientan acá”, agregó.

Esto generó un ida y vuelta en donde solo una voz libertaria intentó una defensa. Bartolomé Abdala fue quien pidió votar los 50 pliegos. El resto de los senadores libertarios observó en silencio, pero el golpe de gracia llegó en voz de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

La vicepresidenta de la Nación, que ya había mostrado su mal humor con Bullrich en la previa a entrar a la sesión, tomó la palabra y dijo: “En efecto se dijeron 50 pliegos y 30 hora antes de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 exceptuando a la jueza Michelli. Los que estuvieron presentes fueron los senadores Abdala, Di Tullio, Vischi, Atauche Espinola, Mayans, Coto, Moises, Terenzi, Juri, Goerling, Bullrich, Gadano, Salino y Royon”. Luego de eso, la ex ministra no lo dudó y pidió un cuarto intermedio. Y empezó otra sesión.

“Primero se fueron José —Mayans— y Patricia —Bullrich— al Salón Azul, y después se fueron sumando los de los otros bloques. Fue una conversación larga”, explicó una fuente que siguió de cerca la reunión.

Luego se fueron sumando los presidentes de los otros bloques. “Todos se le plantaron: se votaban todos o ninguno, y eso incluía sobre tablas a Verónica Michelli —el pliego que Milei pidió retirar—”, agregó.

“Nosotros fuimos claros: les dábamos los dos tercios para ampliar el temario y que entraran los 23 pliegos que querían sumar, y ellos aceptaban y daban los dos tercios para tratar sobre tablas a Michelli. Además, se caía el tratamiento de la ley de propiedad privada. Si eso no sucedía, se caía toda la sesión. Era todo o nada”, explicó un senador del peronismo que participó de las conversaciones.

En ese entuerto, y sola en la reunión —ya que no fue acompañada por ninguno de los miembros del bloque libertario, que mostró una prudente distancia de la jefa del bloque—, Bullrich aceptó.

Llegó el momento de la votación y casi la totalidad de los pliegos fueron votados por unanimidad, hasta que se propuso el pliego de Verónica Michelli. En ese momento Bullrich pidió la palabra, anticipó su voto y blanqueó el conflicto de la Casa Rosada con la candidata: “No se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos”. Y adelantó que se iba a abstener de votar en contra de la jueza Michelli: “Esa es mi posición, no comprometo a mi bloque”.

La votación fue: 44 a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 8 ausentes. Los negativos fueron todos libertarios; Bullrich y Silvana Schneider de la UCR se abstuvieron.

El Senado aprobó este jueves 74 pliegos para el ingreso de nuevos jueces en el Poder Judicial de la Nación y entre los designados está el nombre de María Verónica Michelli, quien pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La sesión continuó luego con el debate y aprobación de dos convenios de conciliación con holdouts, denominados “fondos buitres”, en los que el Estado argentino se compromete a pagar deudas luego de una quita del 30%. Así, de aprobarse se dará el aval a la cancelación de pasivos litigiosos con Bainbridge Ltd. y el fondo Attestor Value Master Fund LP tras aceptar ambos una quita superior al 30% sobre sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción de Estados Unidos. El convenio prevé pagos de USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para Attestor.

El Senado aprobó el acuerdo de conciliación con dos holdouts

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El Senado aprobó 74 pliegos de nuevos jueces, entre ellos el de Verónica Michelli

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Se reanudó la sesión y la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli, que se votará esta tarde en el recinto

Cuarto intermedio

Los senadores votaron en el recinto pasar a un cuarto intermedio para resolver las diferencias por la cantidad de pliegos que se van a tratar durante la sesión. La discusión tiene que ver con la incorporación de 23 pliegos para jueces y funcionarios del Poder Judicial que no habían sido considerados en la reunión de labor parlamentaria de ayer que había sólo evaluado 50 candidaturas.

El número final de pliegos judiciales a tratar entonces es de 73 pliegos, algo que la oposición busca re discutir.

El oficialismo quiere insistir con la incorporación de los nuevos 23 candidatos y someterlos a votación.

El debate por la candidatura de María Verónica Michelli, que había generado polémica desde la semana anterior cuando el ministerio de Justicia pidió que sea retirado, se pospuso para la sesión de la semana próxima.

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Reclamo encendido

La senadora Juliana Di Tullio y su par José Mayans pidieron saber concretamente cuántos eran los pliegos que se incorporaban porque en labor parlamentaria se había hablado de 50 y finalmente eran 73.

“El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo lo hacemos? Es una vergüenza lo que están haciendo”, se quejó Mayans. “Esto es atropellar en forma asquerosa el funcionamiento del parlamento”, reclamó el legislador formoseño.

Ausencia llamativa y llegada sorpresa

En medio de la interna libertaria y luego de las declaraciones de Bullrich, sobre su decisión de no acompañar la determinación de Milei de frenar el pliego de Verónica Michelli, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se mostró con la candidata a jueza para darle su respaldo.

En ese contexto agitado, la actitud de la vicepresidente durante el debate eran uno de los puntos de atracción que iba a ser seguido al detalle para saber hasta dónde profundizaba su enfrentamiento con Milei. La sorpresa fue qye en el inicio de la sesión Villarruel se ausentó por un malestar físico.

Sin embargo, cuando parecía que la titular del Senado no iba a estar, pasadas las 13 horas llegó al Congreso, hizo unas breves declaraciones con críticas a Patricia Bullrich y a las 13:40 ya estaba al frente de la sesión.

Una referencia filosa y crítica contra el Gobierno

El senador Carlos Linares (PJ de Chubut) fue el primero en hacer referencia a la decisión de Milei de frenar el pliego de María Verónica Michelli. “Es un escándalo y muestra que el Gobierno quiere manejar la Justicia, porque si alguien habla mal del gobierno y es familiar de algún juez, hay que correr a ese juez”, cuestionó.

Nombramientos en la Justicia

En la sesión, el oficialismo logró avanzar con 73 pliegos con el objetivo de designar jueces y fiscales. Entre ellos no estaba (como fue anunciado) el de María Verónica Michelli, cuyo tratamiento pasó para la próxima semana. Hoy, la bancada libertaria quiere aprobar además la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts.

Polémica en el inicio del debate

De entrada se pidió un minuto de silencio para recordar a las víctimas de femicidio. En ese marco, Patricia Bullrich hizo uso de la palabra y destacó que la baja del número de femicidios durante la gestión libertaria y pidió hacer “políticas concretas, no ministerios burocráticos en los que se reparten la plata para causas que no tienen nada que ver”.

Las expresiones de la jefa de bloque de LLA generaron el rechazo inmediato de Juliana Di Tullio, referente de la bancada kirchnerista, quien acusó a Bullrich de no respetar el minuto de silencio y decir falacias para justificar sus críticas a gobiernos anteriores.

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En una caótica sesión que se convirtió en carísima -por la falta de orden y control- para la Casa Rosada, el Senado pospuso la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La oposición dialoguista se la desplumó en comisiones a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, a quien se la vio con poca reacción en el recinto y, ante reclamos de más cambios y en medio del encuentro de esta tarde, se decidió frenarla.

“Hoy nos dedicamos a perder”, reconoció ante Infobae un ofuscado legislador libertario. Desde otros despachos apuntaron a solicitudes de modificaciones realizadas a último momento por el radicalismo, aunque otros aliados se plegaron a la idea de dilatar el tratamiento, que quedará para otra sesión.

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

Durante esta tarde sí se votará, de lo poco que queda en pie, un acuerdo del Estado con dos holdouts que estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo. En total, UDS 171 millones.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En la sesión también se espera que avance la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. También, una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Javier Milei festejó la aprobación de los 74 pliegos judiciales en el Senado y, aunque no hizo alusión a María Verónica Michelli, la candidata que la Casa Rosada quiso vetar, el Presidente afirmó que lo ocurrido hoy “es un verdadero hito” y que es “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

En ese marco, el primero en destacar la aprobación de las vacantes para el Poder Judicial fue el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien afirmó: “Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, agregó.

Y completó: “Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

Pese a la celebración del Poder Ejecutivo, lo cierto es que la sesión en el Senado estuvo marcado por la tensión política que escaló apenas se dio el quórum. Es que en la reunión de labor parlamentaria estaba acordado que se presenten 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.

Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.

Además, se decidió votar por separado el pliego de Michelli después de que la semana pasada la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Finalmente, la Cámara Alta aprobó su candidatura con 44 votos a favor y 18 en contra.

En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

El Senado de la Nación aprobó este jueves los 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación en una sesión atravesada por disputas internas dentro del oficialismo y acusaciones cruzadas entre bloques. Entre los nombramientos, el que concentró la atención política de las últimas semanas fue la votación para el cargo de María Verónica Michelli, quien pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata tras obtener 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con 8 senadores ausentes.

La sesión abrió con tensiones desde el inicio. En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, los bloques habían acordado tratar 50 pliegos. Pero al comenzar el debate en el recinto, el oficialismo incorporó otros 23 expedientes, lo que elevó el total a 73 candidaturas.

La oposición reaccionó de inmediato: el senador José Mayans lo calificó como “una vergüenza” y advirtió que “el acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo lo hacemos?”. Su par Juliana Di Tullio también reclamó saber con exactitud cuántos pliegos se incorporaban. La Cámara alta votó entonces un cuarto intermedio de 40 minutos para ordenar el temario.

Al regreso del cuarto intermedio, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que los bloques habían alcanzado un “acuerdo político y parlamentario” para tratar los 74 pliegos en la sesión del día, incluido el de Michelli.

La candidatura de la abogada platense había cobrado visibilidad pública luego de que el Ministerio de Justicia solicitara el retiro de su pliego. En esa línea, cabe aclarar que Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon

Bullrich, que se había manifestado en contra de ese retiro, optó finalmente por abstenerse al momento de la votación de Michelli. El pliego fue aprobado con el respaldo de bloques de la oposición.

Quienes votaron a favor

• Maximiliano Abad — UCR
• Guillermo Eduardo Andrada — CF
• Carlos Omar Arce — FR
• Beatriz Luisa Avila — Independencia
• Daniel Pablo Bensusán — JUS
• Jorge Milton Capitanich — JUS
• José María Carambia — MSZ
• Lucía Benigna Corpacci — JUS
• Eduardo Enrique De Pedro — JUS
• Juliana Di Tullio — JUS
• Carlos Mauricio Espínola — PU
• Flavio Sergio Fama — UCR
• Anabel Fernández Sagasti — JUS
• Natalia Elena Gadano — MSZ
• Eduardo Horacio Galaretto — UCR
• María Celeste Giménez Navarro — JUS
• Enrique Martin Goerling Lara — PRO
• María Teresa Margarita González — JUS
• María Victoria Huala — PRO
• Mariana Juri — UCR
• Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS
• Daniel Ricardo Kroneberger — UCR
• Carlos Alberto Linares — JUS
• Cándida Cristina López — JUS
• Carolina Losada — UCR
• Juan Luis Manzur — JUS
• Ana Inés Marks — JUS
• José Miguel Ángel Mayans — JUS
• Sandra Mariela Mendoza — CF
• María Carolina Moises — CF
• Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS
• José Emilio Neder — JUS
• Francisco Manuel Paoltroni — LLA
• Jesús Fernando Rejal — JSF
• Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR
• Flavia Gabriela Royón — SALT
• Fernando Aldo Salino — JSF
• Martin Ignacio Soria — JUS
• Rodolfo Alejandro Suárez — UCR
• Edith Elizabeth Terenzi — CHUB
• Sergio Mauricio Uñac — JUS
• Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR
• Eduardo Alejandro Vischi — UCR
• Gerardo Zamora — FCS

Quienes votaron en contra

Los 18 votos negativos provinieron en su totalidad del bloque LLA:

• Bartolomé Esteban Abdala — LLA
• Romina María Almeida — LLA
• Carmen Álvarez Rivero — LLA
• Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA
• Ezequiel Atauche — LLA
• Vilma Facunda Bedia — LLA
• Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA
• Mario Pablo Cervi — LLA
• Agustín Pedro Coto — LLA
• Enzo Fullone — LLA
• Juan Cruz Godoy — LLA
• Gonzalo Guzmán Coraita — LLA
• Nadia Judith Márquez — LLA
• María Belén Monte De Oca — LLA
• Agustín Aníbal Monteverde — LLA
• Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA
• María Emilia Orozco — LLA
• Juan Carlos Pagotto — LLA

Abstenciones

• Patricia Bullrich — LLA
• Silvana Lorena Schneider — UCR

Ausentes

• Adán Humberto Bahl — JUS
• Julieta Corroza — NQN
• Andrea Marcela Cristina — PRO
• Luis Alfredo Juez — LLA
• Marcelo Néstor Lewandowski — JUS
• María Florencia López — JUS
• Mariano Recalde — JUS
• Alejandra María Vigo — PU

Lo hizo durante el acto de apertura de la edición número 32 de Agroactiva, la muestra agropecuaria que se desarrolla en Armstrong entre el 3 y el 6 de junio.

El mandatario tomó la palabra ante productores, empresarios del agro y funcionarios para subrayar que Santa Fe lleva 29 meses de gestión con inversiones en infraestructura productiva por 2.160 millones de dólares, destinados a mejorar la conectividad vial, la logística, los puertos, los aeropuertos y el suministro energético de la provincia. Ese dato sirvió de plataforma para elevar su exigencia hacia la administración central: sin una política nacional que acompañe ese esfuerzo provincial, el potencial del sector queda limitado.

El argumento de Pullaro fue directo. Si el gobierno nacional reduce las retenciones de manera sostenida y baja la tasa de interés, los productores no retendrán esos recursos ni los depositarán en el sistema financiero: los reinvertirán. “Ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”, sostuvo el gobernador durante su discurso en la apertura de la muestra.

El pedido sobre las retenciones no fue nuevo, pero sí adquirió mayor precisión. Pullaro reclamó que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país”. A ese punto sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”, dos reclamos que el sector agropecuario santafesino viene sosteniendo ante la administración nacional.

Desde el stand institucional que el Gobierno de Santa Fe montó en Agroactiva, la provincia anunció nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos con tasas subsidiadas, orientadas a fortalecer la producción local. Pullaro precisó que, en lo que va del año, la gestión provincial ya entregó cerca de 200 mil millones de pesos en créditos al sector productivo. La respuesta del mercado fue inmediata: a menos de un día del lanzamiento de las líneas anunciadas el miércoles durante la apertura del stand santafesino, se presentaron carpetas por 70 mil millones de pesos y ya se desembolsaron 46 mil millones.

Esas cifras reflejan, según el propio gobernador, la magnitud de la demanda de financiamiento en un contexto económico adverso a nivel nacional.

“La Provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, afirmó Pullaro.

Y trazó una ecuación más amplia: “El camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable".

Del acto inaugural participaron también la ex vicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; y el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, entre otros funcionarios.

Scaglia, ex ladera de Pullaro en el gobierno provincial y ahora socia desde la Cámara de Diputados, hace un mes, en Infobae en Vivo, había presentado en sociedad su proyecto para que las retenciones “bajen a cero en cuatro años”.

“Cuando a un productor le das más herramientas, en seguida compra una máquina, arregla su casa... Siempre derrama”, expuso.

En una sesión caótica e inesperada para La Libertad Avanza, el Senado adelantó la discusión por el pliego de María Verónica Michelli y finalmente fue aprobado hoy con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas de Patricia Bullrich, quien esta semana contradijo la posición del Gobierno con respecto a la candidata a jueza federal de La Plata.

El futuro del pliego de Michelli debía definirse recién en una semana. Pero la presión de la oposición y otras negociaciones subterráneas lograron convulsionar la sesión de hoy, en la que se iban a tratar solo 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.

Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.

Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La semana pasada, la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Esto desató otra interna en el corazón del Gobierno, que hoy sufrió otro revés con la aceleración y posterior aprobación del nombramiento.

De hecho, en las últimas horas, el mandatario tomó una posición pública sobre la situación de Michelli a través de un mensaje que reposteó en sus redes sociales. El mensaje fue escrito por Ricardo Manuel Rojas —exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires— y acumuló más de 9.500 visualizaciones.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, reza el mensaje que Milei eligió amplificar.

En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

Y cuenta con numerosos títulos: es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia; Diplomada Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura por la Universidad Nacional del Oeste; Diplomada en Litigación Oral por la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Diplomada en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica por la Universidad Champagnat.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También participa en una mentoría jurídica destinada a personas privadas de la libertad en la Unidad N.º 18 de Gorina, como proyecto de extensión de la UNLP.

El pasado domingo 31 de mayo, el rabino Dr. Fishel Szlajen fue distinguido en el salón Presidente del Palacio Barolo con la Superior Condecoración de Comendador Magistral de Ética, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a proyectar la reflexión moral más allá del ámbito académico y convertirla en criterio aplicado a políticas públicas.

Rabino, magíster y doctor en filosofía, posdoctorado en bioética, miembro de academias nacionales e internacionales y de la Comisión Nacional de Bioética, Szlajen ha consolidado una obra singular dentro del pensamiento ético argentino contemporáneo. Su producción se ubica en el cruce entre tradición religiosa, filosofía moral, bioética, derecho, educación, salud, tecnología y políticas públicas, con intervenciones concretas sobre dignidad humana, autonomía, objeción de conciencia, aborto, eutanasia, responsabilidad institucional y límites morales del poder.

Esta máxima distinción que otorga el Palacio Barolo adquiere especial relevancia en una época atravesada por dilemas sanitarios, educativos, jurídicos, políticos, tecnológicos y sociales, donde la ética ya no puede ser entendida como una reflexión abstracta, sino como una condición de legitimidad para toda política pública que afecte derechos, instituciones y vidas humanas. Recientemente distinguido también con el Premio Konex 2026 Diploma al Mérito en Ética y Bioética, Szlajen ha recibido en 2025 la Medalla de Plata y Diploma de Honor por la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano; el Estado de Israel lo distinguió en 2020 por la elaboración del Protocolo de Triage y Asignación de Recursos Vitales; en 2019 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña y en 2018 el Senado Nacional le otorgó la Mención de Honor Domingo F. Sarmiento.

La condecoración fue otorgada por decisión de la Superior Junta Palaciega de Honor, y efectivizada por el Mons. Adrián Guedes Domínguez de Álzaga, Comandante General y autoridad ceremonial del Palacio Barolo. El grado de Comendador remite a la distinción honorífica vinculada a la encomienda de responsabilidad, servicio y guía en favor de valores superiores. La mención Magistral de Ética destaca una trayectoria dedicada a pensar los problemas morales de nuestro tiempo desde una perspectiva filosófica, jurídica, bioética, religiosa e institucional.

El Palacio Barolo, ícono arquitectónico de Buenos Aires inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ofreció un marco especialmente significativo para esta distinción. El reconocimiento propuesto por una autoridad católica y de una fuerza activa federal a un rabino académico dedicado a las políticas públicas expresa, además, una escena de cooperación entre tradiciones religiosas que, sin diluir sus identidades, pueden aportar al espacio público criterios prácticos de responsabilidad, prudencia y respeto por la dignidad humana.

Con más de 400 publicaciones, una extensa labor académica y activa participación en el diseño, evaluación y promoción de iniciativas legislativas y políticas públicas, uno de los aportes conceptuales característicos de Szlajen es la formulación de una Ética del Límite como categoría moral, jurídica y civilizatoria. Su pensamiento insiste en la necesidad de establecer límites al poder, a la técnica, a la arbitrariedad, al decisionismo político y a toda intervención institucional que, aun invocando eficiencia, urgencia o progreso, pueda vulnerar la dignidad de las personas.

En tiempos de decisiones públicas cada vez más complejas sobre salud, educación, innovación tecnológica, datos públicos y derechos individuales, la trayectoria de Szlajen articula un perfil poco frecuente: pensamiento filosófico, experiencia bioética, inserción institucional, sensibilidad religiosa, conocimiento jurídico y capacidad de intervenir en debates públicos con criterios de orientación práctica.

El nombramiento estuvo acompañado por la distinción Condecoración Ceremonial de Mayo a la Dra. Mónica Nefke, gobernadora del Rotary Internacional, y a la Dra. Graciela Villota, Fundadora de Global Planet of Children, por sus servicios a la sociedad y a la infancia respectivamente.

La condecoración a Fishel Szlajen no sólo celebra una trayectoria personal, sino también una contribución sostenida al campo de las humanidades aplicadas. En una época que exige decisiones veloces, pero también responsables, su obra recuerda que ninguna política pública puede ser verdaderamente legítima si pierde de vista el límite moral que protege a la persona humana.

Finalmente el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza federal en La Plata se tratará en la sesión de esta tarde en el Senado de la Nación.

Luego del intento de impugnación por parte del Gobierno, el oficialismo en la cámara alta acordó con la oposición darle tratamiento al pliego cuestionado, junto con otras 73 candidaturas a jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Tras un cuarto intermedio, el acuerdo final fue informado por la senadora Patricia Bullrich, presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta. Luego, el planteo fue sometido a votación y alcanzó cómodamente los dos tercios de los presentes.

Así, en la sesión especial de este jueves 4 de junio se tratarán 74 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial de la Nación, con la inclusión final del pliego de Michelli y en medio de la polémica por las idas y vueltas sobre su designación.

El comienzo de la sesión en el Senado volvió a tener cruces entre el oficialismo y la oposición por lo que terminó siendo el temario. Los bloques habían acordado en Labor Parlamentaria que se iban a tratar 50 pliegos de los candidatos a los jueces, pero 30 minutos antes de que comenzara la sesión, aparecieron 23 pliegos más en la lista, por lo que cuando comenzó el tratamiento el peronismo pidió la palabra para plantear este cambio.

“El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, sino ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria?” señaló la senadora Juliana Di Tullio. “Le pedí a la senadora Patricia Bullrich que me mandara el listado, me mandó el listado con los 50 nombres. Siempre fueron 50 y ahora hay más, se están pasando de la raya", dijo la senadora bonaerense.

“Habíamos acordado 50 pliegos lo que están haciendo es traición parlamentaria, ustedes estaban presentes, que la secretaria parlamentaria diga si miento” espetó el jefe del bloque José Mayans.

En este momento tomó la palabra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en defensa de la secretaria parlamentaria Dolores Martínez, y le dio la razón al bloque del PJ.

“En efecto se dijeron 50 pliegos, a media hora de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 pliegos, a excepción de Michelli”, dijo la Vicepresidenta de la Nación quien luego leyó los nombres de todos los senadores que estuvieron presentes en la reunión de Labor.

“En esto no tuvo intervención ni la presidencia ni la secretaria parlamentaria”, cerró la titular del Senado en clara alusión a la presidencia del bloque, Patricia Bullrich.

En medio de este ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR pidió la palabra y propuso un cuarto intermedio.

El foco estaba puesto en Patricia Bullrich, la presidenta del bloque libertario y quien definió que sean 73 y no 50. “No hay ninguna mala fe, solo que no es fácil determinar quienes son los 50 porque los demás sienten que es una discriminación”, se defendió la senadora.

Frente a la crítica de que esto había sido una jugada para dejar solo el pliego de Michelli, Bullrich lo negó. “No tiene nada que ver porque el pliego pasa para la semana que viene. No lo vamos a dejar colgado”, había asegurado Bullrich. Finalmente el pliego de Michelli fue incluido hoy.

El cuarto intermedio duró alrededor de 40 minutos y pasado ese tiempo comenzó a sonar la chicharra que llama a sesión para juntar nuevamente el quórum. En ese tiempo, cambió toda la sesión.

Al regresar, Bullrich tomó la palabra e informó que tuvo lugar “un acuerdo político y parlamentario”, por lo que finalmente se resolvió tratar los 74 pliegos en la sesión de esta tarde. Así, la candidatura a jueza de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral N°3 de La Plata se discutirá esta tarde.

El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.

“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo".

En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.

La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.

Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.

El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.

La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.

El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).

En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.

Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.

Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga" y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.

En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.

La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.

Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.

La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.

En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.

Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.

Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.

Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.

Las discusiones en el seno del Senado de la Nación se mantienen al día. la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó más tarde al Palacio Legislativo como consecuencia de una gripe que la aqueja, pero eso no le impidió señalar lo que entiende que hoy es un “desmanejo” de parte del bloque de La Libertad Avanza, espacio al que pertenece.

En la previa a ingresar al recinto, habló con los periodistas acreditados y frente a la consulta de Infobae sobre el cambio entre lo decidido en la reunión de ayer de Labor Parlamentaria en donde se había definido el tratamiento de 50 pliegos y que hoy ingresaron 73, la presidenta del Senado dijo que “hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco".

La Vicepresidenta de la Nación siguió opinando respecto del accionar de la titular del bloque de La Libertad Avanza en un tono de reclamo sobre los cambios. "Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, señaló.

En otro tramo de la conversación que sucedió en el ingreso al recinto, Villarruel respondió sobre su encuentro con la candidata a jueza María Verónica Michelli y dijo que le parecía adecuado “reunirse con los candidatos. La candidata Michelli me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”.

Fuentes del entorno de la presidenta del Senado señalaron que “la vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a Villarruel.

En el recinto, José Mayans, presidente del bloque del Justicialista, señaló que la propia Villarruel en la reunión de Labor Parlamentaria señaló que había que darle tratamiento al pliego de Michelli y que el bloque peronista ofrecía darle “los dos tercios para que sea tratado hoy”.

El caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el oficialismo. La magistrada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, después de ese avance parlamentario, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura. La determinación generó sorpresa dentro del Senado y abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento parlamentario ya se encontraba avanzado.

La reunión entre Villarruel y Michelli ocurrió además pocas horas después de otro episodio que alteró el tablero político oficialista: la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la estrategia de la Casa Rosada, la conversación de Bullrich.

La relación entre la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Vicepresidenta Villarruel, ha estado marcada por fuertes tensiones, roces políticos y enfrentamientos directos en diversas ocasiones, desde el momento en que se realizó la jura de los nuevos senadores cuando Bullrich le reclamó a la Vicepresidenta por un trato desigual en el límite de invitados a las juras. En esa ocasión Bullrich intentó pedir la palabra para hacer un descargo, pero Villarruel se la negó argumentando un acuerdo previo de no realizar discursos políticos.

La polémica se desató luego de que Bullrich tomara la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendiera las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”.

“Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.

La funcionaria reconoció que el problema persiste, aunque destacó la reducción que, según indicó, reflejan los registros oficiales. “¿Estamos contentos con este número? No, pero bajar 25% los femicidios en dos años es algo realmente importante”, señaló.

Bullrich vinculó esa disminución con una política de endurecimiento de las penas y de fortalecimiento de herramientas judiciales. “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”, sostuvo.

En la misma intervención, reivindicó iniciativas como la ley antimafia y las reformas penales impulsadas por el oficialismo. “Vota a favor de la ley antimafia, vota a favor de las asociaciones ilícitas, vota a favor de que tengan más pena los violadores”, expresó.

Bullrich también cuestionó el carácter de la movilización realizada el martes por el aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.

Tras su exposición, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le dio la palabra a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, quien comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio.

“Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.

La legisladora consideró además que la intervención de la ministra tuvo un tono político inapropiado para el contexto. “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”, expresó.

Mientras hablaba, Di Tullio respondió a una interrupción proveniente de su banca vecina. “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida”, lanzó.

A continuación, destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su discurso. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.

La senadora también cuestionó la validez de los registros oficiales. “La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que no buscaba convertir la discusión en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló.

En ese sentido, defendió la movilización realizada por Ni Una Menos y rechazó las críticas formuladas por Bullrich. “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”, expresó.

Di Tullio también puso el foco en la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”, afirmó.

“Me gusta que Jorge Macri sea reelecto el año que viene en la Ciudad y me gusta un PRO fuerte, como dice Mauricio, que compitamos el año que viene. Donde gobernamos, la gente está mejor”, afirmó Zinny, en diálogo con el staff de Infobae al Amanecer —Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar—.

El funcionario evitó confirmar que habrá una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones, y reconoció que ambos espacios “comparten público e ideas de desarrollo que transforman el país”.

“La verdad que este año estamos preocupados por la gestión. No sé qué va a pasar el año que viene. Falta un año y medio, nosotros como ciudad estamos compitiendo con otras ciudades del mundo. Hoy hay que enfocarse en la gestión, en transformar, y dar más oportunidades de crecimiento”, indicó.

La desregulación de la VTV

El jefe de Gabinete confirmó la adhesión porteña al nuevo esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), tras aprobar ayer el proyecto en comisión en la Legislatura porteña, que apunta a descentralizar el sistema y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

“Teníamos un contrato desde 2016 con cuatro empresas, que termina en octubre, y el cambio requiere una ley. El resto es un decreto de Jorge Macri para regular la oferta y bajar los precios”, dijo Sánchez Zinny, sobre los talleres mecánicos que pasarán a estar en condiciones de realizar la inspección reglamentaria.

En ese marco, defendió el avance de este tipo de desregulaciones en la Ciudad: “El Gobierno nacional impulsa desregular regulaciones obsoletas y simplificar trámites, algo que Jorge viene haciendo desde el inicio de su gestión. Habilitamos y desregulamos los puestos de canillitas para que puedan vender café, juguetes, libros, no solo diarios”.

“Veo una Ciudad más limpia”

Consultado sobre la higiene urbana, uno de los ejes de la campaña legislativa de 2025 en la Ciudad, el jefe de Gabinete evaluó: “Veo una Ciudad más limpia que antes, pero que tiene que seguir mejorando”.

Y continuó: “El servicio está tercerizado en seis empresas, que ahora tienen más control y auditoría. Trabajamos con el sector gastronómico y con los vecinos para respetar los horarios de sacar la basura”.

Por otro lado, Sánchez Zinny explicó la política porteña ante la cuestión social, donde “todas las noches en la ciudad duermen entre 4 mil y 5 mil personas en paradores”. “Ayudamos a casi 16 mil personas por día para no estar en la calle, con subsidios habitacionales para once mil y paradores para el resto, distribuidos en más de cincuenta centros”, agregó.

Sin embargo, el funcionario advirtió sobre el origen de quienes buscan ayuda y los reparos al uso del espacio público para dormir: “Muchos son de provincia. Casi la mitad de quienes vienen a cirujear a la ciudad son de la provincia de Buenos Aires. Lo que no hay en la provincia son suficientes paradores, reclamamos formalmente a Axel Kicillof porque hay una ley nacional que establece que todas las provincias deben tener paradores”.

“Nosotros atendemos a todos, no importa de dónde vengan. Pero también reclamamos que la provincia mejore su sistema de contención. No queremos que haya nadie en la calle, pero tampoco los ciudadanos quieren ver gente durmiendo en la vía pública”, concluyó.

El estado del subte

El funcionario destacó las políticas impulsadas en el transporte público, uno de los puntos con mayor cantidad de reclamos de los vecinos. “Hace siete años que no hay tanta inversión en el subte como la que lanzó Jorge Macri. Hay 90 estaciones en 6 líneas, estamos renovando 45 y cambiando 66 escaleras mecánicas. A fin de año, todos los vagones de la línea A y de la C estarán renovados, y el siguiente le tocará a la B”.

Sánchez Zinny detalló los avances en otros aspectos de la movilidad: “En el sur de la ciudad, el puente Dellepiane es una de las principales obras del país, con más de 100 millones de dólares de inversión. También habilitamos la primera bajada del puente Labruna y avanzamos con el paso bajo nivel de Pampa".

Y agregó: “Lanzamos la primera línea de minibuses eléctricos en Microcentro y el tranbús entre Pompeya y Aeroparque será completamente eléctrico”.

La gestión también apuntó a ordenar el tránsito, donde el mes pasado “hicimos 11 mil acarreos por autos en doble fila” y se están aplicando más multas. “Solo se puede parar brevemente para bajar algo. En los colegios, puede haber una excepción de dos minutos, pero no una hora”, expresó.

“El otro día encontramos truchados 300 lugares de estacionamiento para discapacidad. El Estado tiene que fiscalizar más, por supuesto. Si nosotros, porteños, no respetamos el tránsito, va a ser muy difícil. En los países donde el tránsito funciona bien, la gente respeta también las normas”, concluyó Zinny.

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Ricardo Echegaray fue exonerado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que quedara firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa en la que lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado que conduce el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Según la documentación a la que accedió Infobae, ARCA informó que resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y, como consecuencia, dispuso la exoneración del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el gobierno de Cristina Kirchner.

ARCA fue consultada por Infobae sobre la decisión, pero el organismo declinó hacer declaraciones.

Lo cierto es que la medida fue adoptada mediante una disposición firmada ayer y comunicada hoy a la PIA, en el marco de un expediente que seguía la situación administrativa del ex funcionario kirchnerista. En esa presentación, el organismo recaudador informó formalmente que dio cumplimiento a la orden judicial derivada de la condena que pesa sobre Echegaray y que, por ese motivo, correspondía su desvinculación definitiva de la estructura estatal.

La información fue remitida a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en respuesta a un requerimiento formulado en el expediente PIA N.º 32074. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al trámite, la actuación se abrió para monitorear las consecuencias administrativas derivadas de la condena y de la inhabilitación que impuso la Justicia Federal.

La decisión de ARCA no implicó una nueva valoración sobre la conducta del ex titular de la AFIP ni la reapertura de un procedimiento disciplinario autónomo. Por el contrario, el organismo entendió que debía ejecutar una consecuencia administrativa que surge directamente de una condena judicial que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos de la medida aparecen detallados en la disposición administrativa que dio origen a la exoneración. Allí se recuerda que Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la Administración Pública. Como consecuencia de esa decisión, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La resolución administrativa reconstruyó además el derrotero judicial posterior. Luego de la sentencia condenatoria, la defensa del ex funcionario presentó distintos recursos para revertir el fallo. Sin embargo, el 12 de mayo de este año la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Echegaray.

Ese dato resultó determinante para la situación administrativa del ex titular de la AFIP.

Los fundamentos normativos y el expediente en la PIA

Según surge de los fundamentos analizados por ARCA, la situación de Echegaray quedó alcanzada por una causal específica prevista en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo. El artículo 10 de esa normativa establece que corresponde aplicar la sanción de exoneración cuando exista imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública.

A criterio del organismo, la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia ya posee fuerza ejecutoria. Además, la administración concluyó que no existen recursos judiciales pendientes con efecto suspensivo que impidan hacer efectiva esa consecuencia jurídica.

De acuerdo con la interpretación realizada por las áreas técnicas y jurídicas que intervinieron en el expediente, una vez agotadas las instancias ordinarias y sin medidas judiciales que suspendan los efectos de la condena, corresponde dar cumplimiento a la inhabilitación mediante el dictado del acto administrativo pertinente. Ese acto fue, precisamente, la disposición que ordenó la exoneración.

La medida constituye uno de los efectos institucionales más relevantes derivados de la condena confirmada por la Justicia contra quien fue uno de los funcionarios más poderosos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

La condena y la causa Oil Combustibles

Echegaray estuvo al frente de la AFIP entre 2009 y 2015 y durante años concentró una enorme influencia dentro de la estructura estatal. Antes condujo la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y se convirtió en una de las figuras más visibles de la política tributaria y de fiscalización del kirchnerismo.

Su situación judicial cambió con el avance de la investigación vinculada a Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo controlada por Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La causa investigó el mecanismo mediante el cual la compañía dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que cobraba a los consumidores en cada carga de combustible.

En ese contexto, los jueces concluyeron que desde la AFIP se otorgaron planes de facilidades de pago irregulares que permitieron sostener durante años ese esquema y evitar el cobro efectivo de una deuda multimillonaria.

El Tribunal Oral Federal N.º 3 consideró acreditado que Echegaray intervino en esa maniobra y lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La condena fue luego revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las responsabilidades penales atribuidas al ex funcionario.

La situación procesal de Echegaray atravesó distintas etapas posteriores. Sin embargo, el rechazo del recurso extraordinario federal consolidó la posibilidad de ejecutar las consecuencias accesorias derivadas de la sentencia, entre ellas la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fue precisamente ese elemento el que activó el mecanismo previsto en la normativa interna de ARCA.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, según pudo saber Infobae, recibió la notificación formal de la decisión adoptada por ARCA y que la comunicación quedó incorporada al expediente que seguía el caso. La intervención del organismo se vinculó con el seguimiento de las consecuencias administrativas derivadas de la condena judicial y la situación funcional del ex titular de la AFIP.

La exoneración implica la máxima sanción prevista dentro del régimen disciplinario aplicable al personal del organismo recaudador. En términos prácticos, supone la desvinculación definitiva del agente y la ejecución administrativa de la inhabilitación que pesa sobre él para desempeñar funciones públicas.

La resolución también tiene un fuerte contenido simbólico. Echegaray no fue un funcionario más dentro del esquema estatal de los gobiernos kirchneristas. Durante años encabezó el organismo encargado de recaudar impuestos y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de millones de contribuyentes. La decisión adoptada ahora por ARCA cerró administrativamente un proceso que comenzó con la investigación judicial de una de las causas de corrupción más relevantes vinculadas al manejo de recursos públicos durante aquella etapa.

Con la comunicación remitida a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el organismo recaudador dejó formalmente asentado que considera plenamente ejecutable la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia y que, en consecuencia, corresponde la exoneración de Ricardo Echegaray de la administración pública nacional.

En una entrevista en Infobae a las Nueve, Sturzenegger evitó las comparaciones personales pero sostuvo que considera central acompañar el proyecto oficialista, al que definió como continuidad y superación de ideas impulsadas por el macrismo. Además, se refirió a la posición de Patricia Bullrich, a quien ubicó como una aliada totalmente integrada al gobierno actual.

El rol de Mauricio Macri y el llamado al encolumnamiento

Sturzenegger rechazó participar de juegos comparativos entre figuras, pero dedicó varios minutos a explicar su perspectiva sobre el lugar de Mauricio Macri en la coyuntura política. Aclaró que respeta al expresidente y que “también lo aprecia”, pero consideró que no es momento de profundizar en esas diferencias personales.

De forma directa, lanzó una definición: “Creo que es el momento de Javier. Creo que es el momento para alinearse detrás de un proyecto que me parece que representa muchas de las ideas que Mauricio quiso o hubiera querido empujar en su momento”. De este modo, instaló la idea de que el oficialismo recoge banderas del macrismo, pero con una capacidad de implementación distinta.

Frente a la pregunta sobre si prefiere a Macri o Milei, Sturzenegger se negó a elegir entre ambos y remarcó: “No voy a entrar en tu juego”. Sin embargo, insistió: “Nos alineamos y nos encolumnamos atrás de esto”, en referencia al liderazgo de Milei.

Patricia Bullrich: alineamiento total con el gobierno

Consultado sobre la postura de Patricia Bullrich, quien también ocupó cargos durante el gobierno de Macri y actualmente integra el gabinete de Milei, Sturzenegger fue contundente: “Sí, cien por ciento. Pero no cien por ciento, mil por ciento. Mil, mil por ciento”.

Con esa frase, despejó dudas sobre eventuales diferencias en el seno del oficialismo y destacó que la ministra de Seguridad respalda plenamente la gestión de Milei. Además, remarcó que el espacio no es monolítico, permitiendo la coexistencia de opiniones distintas, pero que quienes están en funciones ejecutivas muestran un alineamiento total.

La convivencia de opiniones dentro del oficialismo

Sturzenegger defendió la posibilidad de que existan distintos matices y opiniones dentro del espacio político que respalda a Milei. Señaló que “esto no es un espacio monolítico en el sentido que la gente no pueda tener distintas opiniones”. De este modo, planteó que la diversidad de perspectivas no implica una ruptura, sino una riqueza para el debate interno.

Al referirse a los alineamientos de figuras clave, el funcionario diferenció la autonomía que muestra Mauricio Macri, quien volvió a posicionar al PRO como alternativa, del compromiso pleno que observa en figuras como Bullrich. Sostuvo que “cada uno tiene la libertad de expresar lo que piensa”, pero insistió en que el liderazgo de Milei debe ser el eje para los sectores afines.

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Hay una certeza en el entorno de Mauricio Macri con relación a la última gran polémica que volvió a tensionar la interna del gobierno libertario y que, otra vez, tiene como protagonista a la senadora Patricia Bullrich. Más que una certeza es una definición: la de ser un agente autónomo. “Ella siempre tuvo su agenda propia, esto no me parece que sea sorpresa para nadie; quiere ser Presidenta”, sostuvo un dirigente cercano al exmandatario ante la consulta de Infobae.

Pero más allá de las diferencias por el pirotécnico portazo de Bullrich del espacio que la llevó a competir por la presidencia en 2023 para sumarse a las filas de la LLA, afiliación incluida, hay una coincidencia de fondo: el cuestionamiento al modo en que Milei manejó el caso Michelli. Jimena de la Torre, una abogada cercana a Macri, consejera de la Magistratura de la Nación y miembro fundador de espacios como Bases Republicanas, lo expresó con precisión.

“La candidata a jueza María Verónica Michelli atravesó todo el proceso de selección previsto por la Constitución y las leyes, fue evaluada y considerada apta para el cargo. La elección entre los ternados es una facultad del Presidente, que decidió primero impulsar su designación y luego retirar el apoyo. Sería saludable para la calidad institucional que explique los motivos de ese cambio de criterio", escribió de la Torre. Y agregó: “La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Es una coincidencia puntual. En las oficinas de Balcarce 412 son enfáticos: "Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO. No tenemos relación con ella, no hay diálogo“, afirmaron a Infobae. A modo de recordatorio, el mismo dirigente explicó: “Siendo presidenta del partido, negoció personalmente un cargo para el nuevo gobierno. Y no hay marcha atrás con eso. Para nosotros no hay marcha atrás”.

La lectura sobre las motivaciones de Bullrich es compartida por los armadores del PRO a nivel nacional. Para ellos, la senadora no actúa por impulso ni por convicción institucional: actúa con un objetivo de largo plazo.

“Yo creo que los movimientos tienen que ver con que ella sabe que si es por los Milei, en el 2027 no sería nada, no la utilizarían para nada, porque es un estilo que no está acostumbrado a que se los desafíe internamente ni buscan acatamiento total; son movimientos que tienen que ver con mostrar que ella sola puede generar algo”, sostuvieron. Y agregaron: “Lo de la ciudad de Buenos Aires es un chichoneo, una cosa ahí como para jugar un poco, pero el objetivo de ella fue y será la presidencia de la nación”.

¿Hay posibilidad de un reencuentro entre Bullrich y el PRO? “Lo veo muy difícil, porque ya es una puerta que se ha cerrado. Sería medio forzado. Hoy no lo veo”, admitió a este medio un dirigente que recorre el país para recomponer la estructura macrista, debilitada tras el proceso electoral en 2023. Sin embargo, es una puerta que nadie se anima a cerrar del todo, sobre todo de cara a la negociación política de cara al año que viene, tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires. El futuro del bastión fundacional desvela a Macri.

En paralelo a todo este proceso, el exmandatario avanza en su propia estrategia territorial para fortalecer al PRO: el próximo viernes viajará a Paraná para reunirse a solas con el gobernador Rogelio Frigerio y, luego, ambos se trasladarán a Santa Fe, donde los esperará Maximiliano Pullaro. Pero antes, tendrá una parada en la Legislatura porteña, donde recibirá, este jueves, una distinción por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge. Es una iniciativa del legislador radical Francisco Loupias, que responde a Daniel “Tano” Angelici.

La coordinación del viaje a Paraná y la ciudad de Santa Fe, que incluirá un encuentro con dirigentes provinciales, está a cargo de Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del partido, y del exembajador Ezequiel Sabor, y también de la diputada Gisela Scaglia, exvicegobernadora y presidenta del PRO santafecino. El punto central de la jornada será un acto convocado en la ciudad de Santa Fe, en el salón Ríos de Gula, ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, previsto para las 18:30.

Será otra foto con significado político para el expresidente, que en los últimos dos meses ya se reunió en público y en privado con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Macri, luego, viajará a Estados Unidos para participar de la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol, en su rol de presidente de la Fundación FIFA. Casualidad, o no, Patricia Bullrich también tiene a Santa Fe en su agenda de corto plazo. Fue invitada por la Sociedad Rural de San Justo, en agosto.

La discusión empezó a escalar cuando Quintar cuestionó por qué hubo numerosas críticas al Presidente en la marcha de Ni Una Menos, que tuvo lugar este miércoles en el Congreso y en distintos puntos del país.

“Hoy, una vez más todo el kirchnerismo o la rancia política aprovechó para caranchear una causa noble, como es la defensa de los derechos de las mujeres”, expresó Quintar, tras solidarizarse con la familia de Agostina Vega y su muerte, a la calificó como un hecho “terrible”.

El “diputesla”, quien se hizo conocido por exhibir un coche de alta gama Tesla Cybertruck en el Congreso, planteó que este tipo de reproches sucedieron con la ley de financiamiento universitario, las políticas de discapacidad y jubilaciones. Por lo tanto, la convocatoria de organizaciones feministas “deslegitimó la marcha, que era genuina y en la que todos coincidimos”.

“En el kirchnerismo se pintan la cara en favor de las mujeres y en contra de los delincuentes, cuando votaron en contra de la ley de baja imputabilidad, del banco de datos genético de violadores, del régimen de salidas transitorias y de la reiterancia delictiva”, expresó.

Victoria Donda, portando una imagen de la adolescente asesinada y con gestos de incomprensión, contestó: “Responder acusaciones mentirosas es realmente difícil. Nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores. Asi que difícilmente alguien pudo haber votado en contra de eso”.

Por otro lado, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en el gobierno de Axel Kicillof recordó que el gobierno de Milei hizo “un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia”, donde ajustaron 45% de la planta de esa línea, por lo que “pueden atender menos llamados”.

Y remató: “El programa Acompañar, que asiste a mujeres que son víctimas de violencia, pasó de 100 mil personas asistidas y acompañadas por el Estado en el 2023 a 434 que están proyectadas para el año 2026. Entonces, que nos vengan a decir que defienden las mujeres... ¿A qué mujeres defienden?“.

Quintar retrucó con la consigna que hizo circular el Gobierno para defenderse de las críticas de la oposición: "Bajaron el 30% los femicidios“.

En ese instante, Donda estalló de furia: ”Disculpáme, no quiero hablarte a vos. No voy a intercambiar con un señor que nos está tomando el pelo y nos está tomando de pelotudas“. “Usted está tomándonos el pelo. Bajaron los femicidios, falta un montón, hay que trabajar para que sean bastante menos”, insistió Quintar.

La ex titular del INADI lo exhortó a que la deje terminar de hablar y luego “vos seguís mintiendo todo lo que quieras”. “Hay menos femicidios por el simple y sencillo hecho de que instruyeron a aliados de ellos en el Poder Judicial, para que nos los caratulen como femicidios, y los pongan como homicidio”, dijo, y puso como ejemplo que el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa de Agostina Vega, quien se negaba a caratular el asesinato en ese tipo penal.

“Lo que están haciendo es jugando con la vida de las mujeres. Las mujeres estamos en riesgo por el resultado de hijos de puta que impulsan proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia. Ustedes querían eliminar la figura de femicidio en el Código Penal. Fue tu bancada la que lo quiso hacer. Dejá de mentir”, fustigó Donda.

Luego, Quintar sostuvo que “tiene que caer el peso de la ley en todos los casos”, y cuestionó la falta de pronunciamientos de referentes kirchneristas ante situaciones de violencia en gobiernos anteriores.

El tenso intercambio dejó expuestas las diferencias tras la realización de la 11° marcha Ni Una Menos, que bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, reunió a miles de personas frente al Congreso y en distintas ciudades del país.

El minidocumental de 14 minutos fue coordinado por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud, cuando ambas áreas comenzaron a evaluar la posibilidad de contar la posición oficial de ese conflicto. El material terminó de realizarse más de medio año después por parte del documentalista de Javier Milei y director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría.

“Al comienzo del año electoral, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud. Este históricamente reclamó por mejores sueldos y ningún gobierno los benefició. Los gremios en 2025 tomaron esa bandera y poco a poco la hicieron mutar. Así fue que algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”, sintetizaron las autoridades del Ministerio de Salud.

El relato estructurado en el documental es contado por diferentes integrantes del staff del Hospital. La producción recurrió a testimonios de integrantes del Consejo de Administración y trabajadores de diferentes áreas que vivieron el conflicto desde adentro pero que no abogaron por los mecanismos de reclamo iniciado por los residentes. Son ellos a los que el Gobierno busca colocar como “Los héroes del Garrahan”.

Una de las principales voces del material es el Director Médico del Garrahan, Mariano Pirozzo, quien por decisión del Ministerio de Salud asumió en julio del año pasado en medio de la espiralización del conflicto. En ese entonces, el principal reclamo era encabezado por los médicos residentes, quienes solicitaban un incremento del salario de bolsillo, en ese entonces de $ 797.000.

Según el relato oficial, los gremios tomaron esa bandera y la transformaron: las demandas de mejores sueldos mutaron en denuncias de vaciamiento y, finalmente, en la sanción de una ley de emergencia pediátrica que el Ejecutivo considera injustificada.

El documental recopila material de archivo de las distintas medidas de fuerza que se acumularon a lo largo del año. La cifra que presenta el Gobierno es la siguiente: hubo más de 40 acciones gremiales, entre paros parciales, paros de 24, 48 y 72 horas, abrazos simbólicos, “ruidazos”, festivales a la puerta del hospital, radios abiertas que bloquearon el ingreso al establecimiento, movilizaciones al Ministerio de Salud, Plaza de Mayo y el Congreso, y asambleas permanentes. Gremios, partidos políticos y medios de comunicación aparecen en el relato oficial como actores que pusieron en riesgo el funcionamiento del hospital.

El episodio que el Gobierno señala como el de mayor gravedad ocurrió el 31 de octubre de 2025: la toma de la oficina de la Dirección Médica del Garrahan. Para hacer énfasis en ese acontecimiento, el documental señala que la ocupación se produjo después de que el Ejecutivo otorgara a todo el personal un aumento salarial del 61%. Para las autoridades de Presidencia consultadas por Infobae, ese dato figura en el documental como evidencia de que el conflicto había dejado de responder a razones económicas para convertirse en una disputa de otra naturaleza.

Frente a ese registro de tensiones, el material hace un contrapunto con la nueva administración y buscó apuntalar su gestión en base a criterios como eficiencia operativa, planificación y racionalización del gasto.

El lanzamiento de este documental no cerró la controversia, sino todo lo contrario. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron para este mismo jueves a una conferencia de prensa y un acto frente al hospital para rechazar lo que calificaron como una campaña de estigmatización contra el personal.

“El reclamo de 2025 surgió de las entrañas del hospital. Quienes garantizaron los procedimientos más complejos también hicieron paro. Es que esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial”, declaro Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

Los gremios sostienen que persisten problemas estructurales ligados al ajuste presupuestario, la falta de personal y suspensiones que consideran arbitrarias, y denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas del último año. La convocatoria estaba prevista para las 13 horas en la puerta del establecimiento.

La visión de las oportunidades del campo argentino en el contexto internacional y los desafíos internos marcan el presente del sector agropecuario. En diálogo con Infobae Al Amanecer, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina destacó el protagonismo de la producción rural, las discusiones sobre retenciones y el dinamismo del área metropolitana como ejes centrales de coyuntura actual.

“Veo una Argentina con muchas posibilidades”, afirmó el titular de la Sociedad Rural. En este sentido destacó que si bien el campo es un área de prioridad en el país espera que otras actividades ganen mayor terreno. “Ojalá el campo deje de ser el sector primordial porque hay otras cosas que están sucediendo. Argentina es campo y eso va a seguir, pero van a haber otras actividades que van a importar mucho”, afirmó.

En esa línea, señaló que el reordenamiento macroeconómico puede causar dificultades en la vida cotidiana, pero aseguró que en distintas ciudades del país productivo ve movimiento económico, circulación de camiones y actividad comercial. Según planteó, ese escenario abre una perspectiva favorable para los próximos años.

El reclamo por las retenciones y la visión del campo

Durante la entrevista, Pino reiteró su histórica posición sobre los derechos de exportación. “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”, afirmó al referirse a la carga tributaria que afrontan distintas producciones agropecuarias.

Además, sostuvo que el camino debe apuntar a una reducción gradual de ese impuesto. “Entiendo que hay margen para bajar las retenciones”, señaló. Y remarcó que el sector acompaña la dirección planteada por el Gobierno en materia tributaria.

Pino recordó que varias actividades agropecuarias ya no pagan derechos de exportación. Sin embargo, indicó que productos como la soja, el maíz, el trigo y la carne todavía mantienen distintos niveles de retenciones.

En ese contexto, sostuvo que el sector observa una señal favorable cuando existen medidas orientadas a disminuir la presión impositiva. También remarcó que el campo aporta recursos a través de otros tributos y mencionó al impuesto a las ganancias como un esquema vinculado al resultado económico de cada actividad.

El dirigente rural afirmó que la producción agropecuaria necesita reglas que impulsen la inversión. Según explicó, las retenciones afectan la competitividad y limitan la capacidad de crecimiento de los productores.

La economía y el movimiento en las zonas productivas

Pino aseguró que observa un escenario diferente cuando recorre distintas provincias. Según indicó, encuentra ciudades grandes y pequeñas con actividad comercial y movimiento económico vinculados a la producción.

“Te alejás y ves ciudades más grandes, chicas, del país productivo donde ves que hay un dinamismo permanente”, expresó. A partir de esa percepción, consideró que existen señales de actividad en distintos puntos del país.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina evitó evaluar la situación particular de los ingresos de la población, aunque destacó que percibe movimiento en sectores vinculados al comercio y los servicios.

También se refirió al contexto macroeconómico. Sobre la política cambiaria, sostuvo que el sector valora la existencia de un tipo de cambio unificado. Según explicó, durante años los productores enfrentaron diferencias entre el dólar que recibían por sus ventas y el que utilizaban para adquirir insumos.

En relación con las decisiones económicas del Gobierno, señaló que el equipo encabezado por el ministro Luis Caputo monitorea la evolución de las variables económicas. “Creo que el ministro Caputo y su equipo van viendo día a día cómo va la percepción de más o menos, y evidentemente el resultado se ve. Lo van llevando bien”, afirmó.

El precio de la carne y las expectativas del sector

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la evolución del precio de la carne. Pino sostuvo que el producto recuperó valor después de un período en el que registró retrasos respecto de otras variables económicas.

Sin embargo, afirmó que durante las últimas semanas aparecieron señales de corrección en los valores. Según indicó, el precio de la hacienda registró bajas que todavía no llegaron por completo al consumidor final.

“La carne recuperó mucho valor que venía atrasado”, señaló. Luego agregó que en el último mes se observaron descensos de entre $200 y $400 pesos en algunos segmentos de la cadena comercial.

Para el dirigente rural, esa tendencia podría trasladarse a las carnicerías a medida que avance el proceso comercial. “Ya estamos teniendo una bajada en el precio de la carne”, afirmó.

Para cerrar, Pino planteó que el funcionamiento de la oferta y la demanda permite acomodar los valores cuando el mercado opera sin intervenciones. En ese sentido, consideró que la evolución de los precios dependerá de las condiciones propias de la actividad ganadera.

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El presidente Javier Milei publicó en las últimas horas una columna de opinión en el prestigioso diario británico Financial Times, en la que abogó por la creación de un régimen jurídico sin regulación previa para el despliegue de la inteligencia artificial (IA), y defendió el proyecto de ley que su gobierno envió al Congreso la semana pasada para modificar la ley de Sociedades.

El texto, firmado también por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, traza un paralelo entre la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y el momento actual de la IA. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el Jefe de Estado. Con esa imagen histórica, argumentó que la responsabilidad limitada fue el instrumento jurídico que permitió la revolución industrial, y que hoy se necesita un equivalente para los agentes de IA.

El proyecto de ley se apoya en tres pilares. El primero, según escribió Milei, es “un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. El segundo es la creación de una nueva categoría en el derecho societario argentino: la corporación no humana, es decir, entidades operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Los accionistas humanos podrán participar, pero no serán un requisito. El tercero es un entorno fiscal competitivo, con una baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable.

La reforma, elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, también reconoce las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras gobernadas por código en una cadena de bloques (blockchain), y les otorga personería jurídica y responsabilidad limitada.

La columna de Milei llega en un momento de intensa actividad legislativa del Gobierno en materia tecnológica. Días antes del envío de este proyecto, el Ejecutivo remitió al Congreso el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para atraer inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos e inteligencia artificial. Sturzenegger había anticipado la reforma societaria en abril, durante la Expo EFI, donde planteó que “en diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA” y que Argentina podría albergar 50 millones de agentes autónomos que produzcan para el mundo y tributen en el país.

El artículo del Financial Times también funciona como una convocatoria a empresas tecnológicas globales. Milei recordó que el país avanzó 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage en 2024 y 2025, el mayor progreso de cualquier nación en ambos años, y que las inversiones fluyen hacia sus recursos energéticos y mineros. “Que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación a vela“, escribió el presidente, en referencia al papel que la capital holandesa tuvo como centro financiero del siglo XVII.

La iniciativa de reforma societaria generó debate en Argentina. Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies —empresa de análisis de datos valuada en más de 300.000 millones de dólares que trabaja con agencias de inteligencia y defensa de Estados Unidos— estuvo en Buenos Aires varias semanas en abril y mayo. Durante esa estadía se reunió con Milei en la Casa Rosada y cenó con Sturzenegger días antes de que el ministro enviara el proyecto al Congreso.

Las estructuras DAO que el texto reconoce y dota de personería jurídica son el tipo de entidades que Thiel financió durante años a través de sus fondos de inversión. La oposición señaló esa coincidencia y cuestionó si el empresario tuvo participación en la redacción del proyecto.

En otro pasaje del artículo, Milei sostuvo que la “Argentina se ha transformado en los últimos dos años”. “La inflación, antes una amenaza existencial, ha sido controlada —aunque la tarea no ha terminado—. Un superávit fiscal, combinado con el programa de desregulación más ambicioso del mundo, ha devuelto la economía a una trayectoria de crecimiento tras 15 años de estancamiento. Las inversiones fluyen hacia nuestros recursos energéticos y mineros de clase mundial, en una región de estabilidad geopolítica, algo cada vez más escaso", remarcó.

La columna también generó reacciones entre funcionarios argentinos. Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos, celebró el artículo en su cuenta de X. “¿Quién hubiera dicho que Argentina estaría alguna vez a la vanguardia mundial en materia de ideas institucionales y jurídicas?”, escribió. Oxenford señaló que el país “se anima a abrazar el futuro” con una propuesta que, a su juicio, va más allá de la competencia fiscal: “No solo competir con impuestos más bajos, sino también con mejores ideas”.

Una postura opuesta planteó también en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó el martes, una orden ejecutiva titulada “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”. La medida pide a las empresas de IA someter voluntariamente sus modelos más avanzados a una revisión gubernamental de hasta 30 días antes de su lanzamiento público, con foco en riesgos de ciberseguridad y seguridad nacional.

El texto de la Casa Blanca aclara que la medida no crea un sistema de licencias obligatorias, pero establece un mecanismo de supervisión federal que el gobierno argentino descarta por completo. Esta posición tiene lugar, además, en una discusión global sobre los mecanismos de regulación a las empresas de inteligencia artificial.

La diputada de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, le respondió a Patricia Bullrich, por redes sociales y en el marco de la última marcha por Ni Una Menos: “Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo, no confundas".

A través de su cuenta en X, Mendoza recordó el trayecto político de Bullrich: “Fuiste Montonera, de la Alianza, del PRO, ahora de Milei. Sos la ministra de De La Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei”.

En este sentido, calificó como “mentiras” la baja de la pobreza y de los femicidios, mientras “la violencia recrudece promovida por el propio presidente y el Estado que abandona”.

Sin embargo, la parlamentaria resaltó el concepto de “Partido Feminista”, que expuso Bullrich ayer: “Bienvenido sea un ‘Partido Feminista’ como alternativa para enfrentar a Milei, a Macri, a vos y a todos los violentos juntos. Un partido feminista que abrace a las nuevas generaciones, que dé posibilidades a las familias, que crea en Argentina y su gente. Un partido feminista que no sea careta y que no tenga miedo de decir las verdades que el poder no quiere escuchar”.

En otro pasaje, Mendoza se refirió a la figura de la expresidente Cristina Kirchner y destacó que la exmandataria -que actualmente cumple prisión domiciliaria- fue “quien más hizo por nosotras y hoy está secuestrada y proscripta”.

Y desafió: “Vos bien sabés Patricia, que ella les gana, a vos y al resto, les gana porque tiene el mayor acompañamiento electoral porque su gobierno fue el último buen gobierno para la gente. Ella te gana Patricia, por eso la quisieron matar. Pero acá estamos y como vos alguna vez cantaste: No nos han vencido. Y esto lo cantamos ahora y va a suceder: VAMOS A VOLVER”.

La senadora Patricia Bullrich se pronunció ayer sobre la movilización de Ni Una Menos, y cuestionó el accionar del “partido feminista” y puso el foco en el sentido de las marchas. “No le importan los resultados, sino el marketing”, expresó Bullrich en sus redes, aludiendo a las motivaciones detrás de la convocatoria. La titular de la bancada de La Libertad Avanza defendió la gestión del Poder Ejecutivo y destacó: “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”.

Bullrich remarcó que su visión del feminismo se basa en “el que protege a las mujeres. A todas”, y sostuvo: “Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”.

A su vez, subrayó que “el que las hace, las paga”, y diferenció su postura de la de otros sectores: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro”.

En el mismo mensaje, la senadora se refirió al caso de Agostina, la adolescente asesinada en Córdoba, y defendió las acciones para detener al acusado, Claudio Barrelier. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, fundamentó.

Bullrich también apuntó contra la institucionalización de políticas de género: “No necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario, nosotros los hacemos pagar”. Sobre la marcha, afirmó: “Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”.

Luis “Toto” Caputo está en constante búsqueda de hipérboles para transmitir lo que los mercados quieren escuchar: que las próximas elecciones presidenciales no van a modificar el rumbo macroeconómico. Se lo viene diciendo de una y mil maneras al círculo rojo. Que el 2027 va a ser un “paseo por el parque”. Que “la economía se va a llevar puesta a la política”. Que “el kirchnerismo no será una opción”. “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”, fue su último exceso discursivo. El ministro de Economía, autor intelectual del “riesgo kuka”, cambió definitivamente de libreto para esta etapa.

Lo que no puede decir Caputo -y no es que no lo vea- es la idea que va tomando fuerza en lo más alto del Gobierno: que el verdadero peligro para la reelección de Javier Milei es de derecha. Ese es el cálculo electoral que hacen tanto Karina Milei como Santiago Caputo. Por más enemistados que estén, los dos principales laderos del Presidente coinciden en que el Gobierno no puede permitir que crezca un candidato con volumen que le dispute electorado a La Libertad Avanza (LLA). Que dividir la oferta no peronista puede plantear un escenario complejo para el Gobierno, de derivaciones impredecibles en plena temporada electoral.

Eso explica por qué, pese a que Patricia Bullrich está cada vez más insubordinada, Karina la “abraza” y se saca con ella una foto forzada para mostrar que no están peleadas. La secretaria general de la Presidencia, que nunca dudó en expulsar a importantes referentes propios ante el primer desacato, esta vez no tuvo más opción que contener a la jefa del bloque de LLA en el Senado. Mejor tenerla adentro que afuera.

“Hoy, si hay una alternativa a Milei es de centroderecha. En la opinión pública hay un consenso sobre el equilibrio fiscal, sobre el fin de los piquetes y sobre la política de seguridad. El espectro electoral está corrido hacia ahí”, analizó un importantísimo colaborador oficial. Y agregó: “Lo mejor que nos puede pasar es competir solos contra (Axel) Kicillof, que tiene techo. Tenemos la responsabilidad de no tener fragmentación en nuestro espectro. Que no nos crezca el pasto al lado”.

Aunque en las últimas horas aseguró que “no hay riesgo de fractura”, Bullrich seguirá tensionando desde adentro. Ya le avisó a Milei que no cuenten con ella para algunas cosas. Y en la Casa Rosada captaron cuál es su juego: volverse necesaria. Si los hermanos libertarios la contienen, podrían ofrendarle una candidatura a jefa de gobierno porteño o, más probablemente, un lugar en la fórmula como candidata a la vicepresidencia (casillero con el que alguna vez sonó Manuel Adorni). Nadie se la imagina como una eventual vice decorativa, sino como alguien que reclamará lugares de poder para un segundo mandato. El cálculo es que cuanto más suba su precio en el camino al 2027, más caro cobrará su lugar en una eventual segunda gestión.

Si los Milei la expulsan, Bullrich podría apostar a jugar por afuera y esperar a ver si las vueltas de la economía argentina frustran la reelección presidencial y le dan la oportunidad de su vida. Es una apuesta que debe ser vista con su prisma, el de una mujer que tiene más de 50 años de carrera política y que festejará su natalicio 70 dentro de exactamente una semana.

Así como planteará objeción de conciencia con el retiro del pliego de María Verónica Michelli -la candidata a jueza a la que el Presidente busca obturar la carrera judicial tras descubrir que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon-, Bullrich también le advirtió al jefe de Estado que no votará dos de los pliegos que envió el Poder Ejecutivo, los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, porque (según dijo puertas adentro) “no son trigo limpio”. Y dejó saber que si el Gobierno llega a promover una ley para controlar la tarea periodística —como viene trascendiendo desde algunos despachos oficiales— tampoco apoyará.

“Ella es viva y mete el dedo en la llaga en cuestiones difíciles de defender, como el caso de Adorni o el retiro del pliego de Michelli”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada.

Respecto a los pliegos de Catania y Greenway, en el Ministerio de Justicia, que conducen Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, están enfurecidos. Despotrican porque la postura de Bullrich tiene mareados a los senadores de LLA. Los pliegos necesitan nueve firmas en la comisión de Acuerdos, y hasta hace algunas horas solo tenían siete rúbricas, ninguna de los libertarios. “Patricia es singlista y los senadores nuestros quedan tironeados”, se quejaron esta semana en esa cartera, donde se ocuparon personalmente de persuadir a los legisladores para que se desmarquen de la ex ministra de Seguridad.

Mahiques y Viola son los dos funcionarios que confeccionan las listas con las decenas de pliegos de jueces que el Gobierno viene enviando al Senado. Hay una instancia de validación con Javier y Karina Milei, en general telefónica, que no suele alterar esas nóminas, por el amplio desconocimiento que tienen los hermanos de la cuestión judicial. Eso explica el papelón con pliego de Michelli: los funcionarios de Justicia, naturalmente, no consideraron que ser familiar de un periodista podía ser motivo de veto. El Presidente se dio cuenta después y no dudó en retirar el pliego que él mismo había mandado en marzo, cuando reconocía la idoneidad de la candidata.

Adorni, por el salvataje legal

Las diferenciaciones con Milei no son la única arena en la que está jugando Bullrich. Esta semana viajó a Mendoza a dar una charla de ciberseguridad. De paso, apoyó públicamente a Luis Petri como candidato a gobernador de la provincia cuyana, generando un conflicto con la estrategia electoral de Karina Milei y los Menem. Allí los karinistas tienen un acuerdo político con el gobernador Alfredo Cornejo, que quiere promocionar a un delfín suyo para sucederlo. Las cosas cambian rápido. Bullrich y Petri supieron ser dos ministros halcones de Javier Milei. Pero ahora se mueven con autonomía y reeditan fotos que recuerdan que allá por 2023 fueron una fórmula presidencial.

Lo que no parece volver es la sociedad de Bullrich con Mauricio Macri. Cerca del ex presidente aseguran que en el campamento de la ex ministra “hacen gestiones vía terceros para un acercamiento”. “Nos hacen gestos, pero no, Mauricio da por terminada esa etapa”, dijeron en el primer anillo del ex mandatario. La reticencia es llamativa teniendo en cuenta que podrían tener intereses congruentes para llegar a un acuerdo entre LLA y PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Con los reflectores puestos en otro lugar, Adorni aprovecha esta semana para seguir dando vueltas con sus números y aplazar varios días más la presentación de su declaración jurada. Lo hará recién hacia el final de la semana próxima o el inicio de la siguiente: ¿Qué está esperando? Conocer los resultados del informe que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para analizar las incongruencias en su patrimonio.

Pasaron cuatro semanas desde que Milei dijo que el jefe de Gabinete tenía “todas las cosas listas” para presentar sus papeles. Es evidente que ya no importa que el Presidente se haya expuesto con el tema. Tampoco pesa la opinión pública, que probablemente, cuando lleguen los papeles del ministro coordinador, estará distraída con el inicio del Mundial. Más allá de lo reputacional, Adorni está pensando en el expediente y necesita un salvataje legal.

Adorni declararía no solo una herencia -la sucesión de su padre y su abuela se quedaría corta para explicar su nuevo tren de vida, sobre todo porque figura como compartida con su hermano Francisco-, sino otra fuente de ingresos. Se habla de un mutuo entre privados y de una tenencia no declarada en criptomonedas. Es muy probable que Pollicita requiera que Adorni explique el origen de los fondos en una instancia previa a la indagatoria. Para eso el jefe de Gabinete pretende apoyarse en su tan esperada y meditada declaración jurada.

Con los frentes internos aplacados, pero no resueltos, esta semana la Casa Rosada no celebró su reunión de mesa política, ni tampoco un encuentro del gabinete. Pero la guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo atravesó nuevos frentes de batalla. La novedad de las últimas horas es que la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que alguna vez controló la tropa del consultor y que ahora está bajo la órbita de Mahiques, pidió que la Fundación Faro detalle quiénes fueron sus principales donantes. Se trata del think tank libertario presidido por Agustin Laje donde talla Francisco Caputo, el hermano mayor del asesor presidencial.

Una investigación de Chequeado reveló que Faro declaró en sus balances 4.957 millones en concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención” solo durante 2024. Ese año el equipo de Karina trabajó con la mesa chica de Caputo para organizar floridas cenas de recaudación y juntar dinero para la causa con la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero. Eran otros tiempos. Ahora es la era de las vendettas.

Santiago Caputo recibió el pedido de la IGJ como una “mojada de oreja” de la hermana presidencial. Una señal de que lo está controlando, de la misma manera que audita a los fondos reservados de la SIDE a través de Sebastián Pareja, el flamante titular de la comisión bicameral de Inteligencia.

La otra pelea entre bandos se da por el proyecto de nuevo Código Penal. Tanto Mahiques, (del riñón de Karina) como Caputo y su equipo jurídico (integrado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabajaron un texto con el juez federal de Casación, Mariano Borinsky) mantuvieron audiencias con Javier Milei para presentarle sendas versiones del proyecto. La del ministro de Justicia prevé modificaciones más acotadas, mientras que la iniciativa que comanda Caputo es más amplia y ambiciosa. Ambos sectores pujan para que se imponga su borrador.

Pero coinciden en un punto: ninguno modifica el artículo 80, que es el que plantea los casos de homicidio agravado con prisión perpetua y que incluye los incisos que introdujo la Ley de Femicidio de 2012. Es una decisión pragmática, porque creen que si se meten con ese tema, el proyecto no pasaría el Congreso.

En Davos, el año pasado, Milei había dicho que el femicidio es una “aberración constitucional” y un “ridículo”. Por ahora, las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo no dan marcha atrás con esa figura. Todos esperan que el Presidente no dé un volantazo de último minuto. Bullrich, por lo pronto, ya fijó postura. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años. Condena efectiva y cárcel de por vida”, dijo la senadora en alusión al femicidio de Agostina Vega, en un tuit en el que criticó al feminismo durante el 3J. La senadora, no obstante, cerró con una consigna de ese colectivo: #NiUnaMenos.

Después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propusiera “levantar un muro contra la barbarie” durante un acto de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, consideró que se trató de una estrategia para tapar su “incompetencia política”.

Un nuevo capítulo se sumó a la disputa entre ambas jurisdicciones por cuestiones de seguridad y gestión. Todo se desencadenó por el discurso que Macri brindó en el acto de incorporación de 650 nuevos agentes a la Policía de la Ciudad, en donde destacó que su gestión logró bajar la tasa de todos los delitos durante el año pasado.

De acuerdo con el Mapa del Delito del 2025, todos los tipos de delitos experimentaron un descenso y, en algunos casos, se registraron cifras récord. Mientras que los índices de robos con armas y de autos se posicionaron en sus niveles más bajos desde que se tiene registro, la Ciudad de Buenos Aires se posicionó como la segunda ciudad con menor tasa de homicidios del continente americano. En primer lugar quedó ubicada Ottawa, Canadá.

Por este motivo, Macri remarcó: “Hemos alcanzado un logro histórico, la baja de todos los delitos en la Ciudad, y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa”, antes de volver a trazar sus diferencias con la gestión bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, y administrada por Alonso en materia de seguridad.

“Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof”, apuntó el jefe de Gobierno porteño durante su intervención. En línea con esto, propuso: “Vamos a defender nuestro estilo de vida. El cumplimiento del orden, del respeto a la vida, de las libertades individuales y las diferencias. Es con ley y es con orden”.

Luego de que la máxima autoridad porteña publicara ese fragmento del discurso en su cuenta personal en X, el ministro de Seguridad bonaerense le respondió con críticas a su gestión y a la situación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión”, publicó el funcionario bonaerense a través de una cita que realizó a la publicación original del jefe de Gobierno porteño.

En este sentido, Alonso apuntó: “Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político”. Por esto, en tono irónico, pidió: “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos y atienden y producen en gran parte de la Capital”.

En la misma publicación, el titular de la cartera de Seguridad bonanerese subrayó la necesidad de fomentar la unidad nacional al manifestar que “el país es uno solo”. Por este motivo, le cuestionó al representante de la Ciudad de Buenos Aires: “¿O acaso cuando te pongas la camiseta de la selección para hacer tu marketing sensiblero y barato lo vas a hacer festejando solo los goles de la Ciudad?“.

“Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia”, instó el ministro de Kicillof, previo a cerrar su mensaje con una alusión al patrimonio del que sería dueño jefe de Gobierno porteño y a presuntas investigaciones judiciales.

“Cuando decís que defendés tu ‘estilo de vida’, ¿acaso te referís a tu abultado patrimonio, tan difícil de explicar? En vez de discriminar a un pueblo digno y trabajador, rendí las cuentas que tenés pendientes con la Justicia”, concluyó Alonso.

Mediante un comunicado difundido en las últimas horas, la Cancillería Argentina repudió los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que dejó un muerto, 63 heridos y daños materiales significativos en varias instalaciones.

El documento circuló a través de la cuenta oficial de X en donde el Gobierno expresó su “condena en los términos más enérgicos” por lo ocurrido en la terminal aérea que afectó también misiones diplomáticas ubicadas en el recinto.

Cancillería calificó las agresiones que “resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales” como “actos injustificados sobre infraestructuras vitales y objetivos civiles”, los cuales “son contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional”, argumentó.

En el último párrafo del texto, el organismo que dirige Pablo Quirno expresó, en nombre del país, “su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional".

Los ataques cometidos por los Guardianes de la Revolución durante las primeras horas del miércoles, incluyeron el lanzamiento de 17 drones y 13 misiles balísticos que impactaron sobre el principal hub aéreo del Golfo Pérsico, de acuerdo al conteo que informó el Ministerio de Defensa kuwaití.

A pocas horas de que finalizara la jornada del martes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas norteamericanas desplegadas en Medio Oriente interceptaron varios misiles y drones iraníes dirigidos a los países del Golfo y embarcaciones civiles que navegaban por la región. Estados Unidos indicó que dos misiles cayeron antes de completar su trayectoria o se desintegraron durante el vuelo, aunque más tarde ocurrieron los lanzamientos que dejaron parte de la terminal con daños devastadores.

Una persona de nacionalidad india falleció y entre los heridos hubo siete que requirieron cirugía de urgencia. El portavoz del Ministerio de Defensa, general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, calificó la acción como una “agresión criminal iraní” y confirmó el “estado de alerta total”.

Tras el impacto, la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait (DGCA) cerró el espacio aéreo y paralizó todas las operaciones del aeropuerto. Kuwait Airways e IndiGo, la aerolínea india con vuelos regulares a la región, suspendieron sus servicios, al igual que el resto de las compañías con rutas activas. La actividad aérea se retomó de forma parcial durante la tarde, hora local, a través de la Terminal 4, de acuerdo con la agencia oficial kuwaití KUNA.

Kuwait Internacional ha sido blanco recurrente de la denominada Operación Promesa Verdadera IV, con la que Teherán responde a la presencia de bases militares estadounidenses en suelo kuwaití. En ataques anteriores —registrados entre marzo y principios de abril— los drones iraníes destruyeron el sistema de radar principal del aeropuerto, incendiaron tanques de la Kuwait Aviation Fuelling Company y dañaron líneas eléctricas próximas a las pistas.

Por su parte el Ministerio de Defensa de Baréin denunció una “agresión sistemática” de Irán mediante el lanzamiento de proyectiles contra objetivos civiles del reino. Las fuerzas armadas bareiníes informaron haber derribado tres de las armas de largo alcance y varios de los vehículos aéreos no tripulados, y aseguraron que sus sistemas de defensa antiaérea operan “al máximo nivel de preparación”.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército local afirmó que Teherán “continúa su agresión sistemática a través de atroces ataques con misiles y drones contra infraestructura civil” del país, y ratificó el compromiso de sus fuerzas de proteger la integridad territorial del reino. “El Mando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin expresa su orgullo y honor ante la avanzada disposición de combate y gran vigilancia demostrada por sus valientes hombres a la hora de llevar a cabo su sagrado deber nacional, en defensa de la patria”, remarcaron.

Mientras varios de los principales dirigentes de la CGT están en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros líderes cegetistas planifican en Buenos Aires un plan de lucha en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene en $500 mil.

Para reforzar su pedido, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el titular del área educativa de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones del país, pero los sindicatos advirtieron que en los 8 puntos del temario no figura el tema salarial.

Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha, que incluirá también los reclamos de las universidades.

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Romero a Infobae.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, señaló el líder de UDA, aunque precisó que en todo el país, pese a que algunos gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.

Para organizar el paro nacional docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

Romero incluso espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, consideró el secretario general de la UDA.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral está vigente por los últimos fallos judiciales y establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie el fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Por eso los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para hacer el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que están previstas en la Ley 27.802.

El planteo judicial contra el artículo 101 de la Ley 27.802 justamente lo hizo UDA y derivó en una sentencia favorable a su pedido dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.

En ese momento, Romero afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. Y agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

Axel Kicillof avanza, con decisión y sin mirar demasiado a los costados, en la construcción de su proyecto electoral. Aunque no lo nombre de esa forma. Aunque en su entorno aseguren que este no es un año de candidaturas, sino de construcción de un esquema político alternativo a Javier Milei. El gobernador bonaerense se mueve como un candidato nacional. Por fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.

Ayer por la tarde protagonizó una serie de actividades en Corrientes, lugar donde el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está a cargo de Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, que desde hace unos días está a cargo de Provincia Seguros. El dirigente histórico del peronismo bonaerense hace varias se ha convertido en el nexo con un sector del peronismo correntino.

Kicillof se reunió con intendentes locales, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Pero el momento más simbólico fue su encuentro con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, que es parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y que tiene un alto grado de aprobación en la conducción de su provincia.

Es, en este tiempo de recorridas por el interior, el primer mandatario no peronista con el que se junta. Ya lo había hecho con Gustavo Melella en Tierra del Fuego y con Gildo Insfrán en Formosa, además de su cercanía con el riojano Ricardo Quintela, con el que estuvo en el sur el 2 de abril. Pero Valdés está fuera del circuito justicialista. Es un mandatario que apoyó la participación de Provincias Unidas en las últimas elecciones.

En el kicillofismo creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo. Por eso la visita tiene un marco político trascendente, más allá de las formalidades en las que ambos gobernadores tienen que plantear la visita.

En Corrientes aseguran que el encuentro fue enteramente formal e institucional. Pero no se quedan en la definición fría del protocolo. Desde el entorno de Valdés le remarcaron a Infobae que la gobernación bonaerense “ha sido muy solidaria con Corrientes en momentos difíciles como los grandes incendios”, en los que la gestión de Kicillof proveyó helicópteros, camionetas, ambulancias y personal para combatir la situación extrema.

“Hay buena sintonía y colaboración”, explicaron a este medio desde el litoral. En lo formal, se suscribieron convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. “Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, aseguró Kicillof en la rueda de prensa que brindó junto a Valdés.

No es la primera vez que el mandatario bonaerense tiene acercamientos institucionales y políticos con gobernadores de una posición política contraria a la que representa. En mayo del 2024 firmó convenios con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, y con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia patagónica.

En un par de semanas atrás visitó Córdoba para presentar su libro “De Smith a Keynes”, al igual que en Corrientes, y participar del congreso nacional del gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, uno de los sindicalistas enrolados en el proyecto kicillofista. Ahí no hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora, pero si una comunicación previa. Los une una buena relación, que se sostiene con diálogos relativamente frecuentes. Hay veces que las fotos restan más de lo que suman, pero no describen a la perfección la realidad de los vínculos políticos.

Kicillof mantiene el ritmo en su armado territorial, que es la base de su futura candidatura presidencial. Y lo hace en el medio de una ola de cuestionamientos que salen desde el interior del peronismo, especialmente de La Cámpora, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la gestión libertaria. Le llueven las críticas pero se inclina al silencio y prefiere no responder.

Ayer, durante un acto con la Policía porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la gestión en seguridad de su par. “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo.

También el martes, pero durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

Por último, también ayer, Máximo Kirchner apuntó contra el gobernador bonaerense sin nombrarlo. “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, escribió en sus redes sociales. El economista fue uno de los principales destinatarios.

Kicillof esquiva todas las críticas que le llueven. Por la gestión, por la política, por lo que dijo o por lo que no dijo. Está parado en el centro de la escena política como el principal dirigente opositor con chances de ser candidato a presidente. Ese lugar que ocupa le ha traído tantos enemigos como aliados sea posible. Afuera y adentro de la línea que divide al peronismo del resto de la política.

La discusión por el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) recién está comenzando en el Congreso, pero en el Gobierno ya anticipan que, independientemente del resultado de ese debate, La Libertad Avanza tiene decidido competir en soledad en el 2027 y no aceptaría una interna con el PRO, que busca mantener viva esta herramienta, mientras Mauricio Macri intenta recuperar a sus votantes.

La denominada reforma política, la cual contempla varios cambios sobre el sistema democrático actual, se convirtió en prioridad para el oficialismo, a pesar de que no cuenta con el respaldo del resto de los bloques tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que dificulta su tratamiento.

Las autoridades nacionales quieren que esta iniciativa se convierta en ley en los próximos días y, preferentemente, antes de que inicie el Mundial de Fútbol, por lo que comenzaron con las negociaciones para lograrlo.

Si bien en el último tiempo los libertarios se mostraron abiertos a consensuar modificaciones en el proyecto, la idea sigue siendo que las primarias se eliminen definitivamente y no que se vuelvan a suspender o se conviertan en optativas, como reclaman incluso sus aliados.

Uno de los funcionarios que está detrás de esa meta es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien viene conversando con diferentes gobernadores sobre este tema, por el momento sin demasiado éxito.

De hecho, el martes pasando, antes de ingresar a la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se encontró con varios mandatarios provinciales, atendió a la prensa y defendió la eliminación de las PASO.

El “Colo”, que a pesar de formar parte del Gabinete nunca se fue del PRO, remarcó que “la gente no quiere votar tantas veces” y que este sistema le cuesta al Estado alrededor de 250 millones de dólares.

Esta misma posición tiene el resto de la mesa política, integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

“Tenemos que hacerles entender a los gobernadores que las primarias son muy caras y que, además, no sirven para nada. Tampoco tiene sentido hacerlas optativas, porque el gasto seguiría estando igual, y es plata que sale del impuesto de los argentinos”, criticó un miembro de ese grupo.

En este sentido, el referente del oficialismo también apuntó contra el macrismo por no apoyar la iniciativa y adelantó que, si finalmente las PASO se mantienen, el Gobierno tampoco estaría dispuesto a someterse a una interna entre los dos espacios.

“Es lo que ellos tienen en mente, pero nosotros vamos a ir solos, con candidatos propios en todo el país. Si en algún lugar se llega a un acuerdo será en el marco de una alianza común, pero con una sola lista”, advierten en Balcarce 50.

En el entorno de Macri, en tanto, explican que el ex mandatario solamente está intentando “fortalecer al PRO para llegar fuertes a las elecciones del 2027″, pero que todavía no tiene definido si va a competir, y menos si pedirá hacerlo dentro de un frente con La Libertad Avanza.

“Que piensen lo que quieran en la Casa Rosada, están en su derecho. Pero, ¿una interna de qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Son preguntas que todavía no tienen respuestas", manifestó una persona cercana al ex jefe de Estado.

En diálogo con este medio, otro de los integrantes de la mesa política subrayó que aún “no se empezó a analizar este tema” en el interior del Ejecutivo, pero relativizó el peso que pueden llegar a tener los aliados.

“Por como yo lo veo, el PRO hoy puede tener 5 o 6 puntos que, si queremos ganar en primera vuelta, los vamos a necesitar, eso está claro. Ahora, ese es el escenario actual. Mientras más se acerquen las elecciones, más va a jugar el voto útil y ahí esos 5 puntos pueden terminar siendo dos, porque una parte del electorado va a optar por la boleta que le pueda ganar al kirchnerismo”, argumentó.

Tal como precisó Infobae, quienes llevan adelante la estrategia electoral en la Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, ya están pensando qué hacer de cara al 2027, aunque el plan no será muy diferente al de las veces anteriores: presentarse solos en varios distritos y tener acuerdos específicos únicamente en distritos en los que el partido esté más débil.

En apenas un mes, Patricia Bullrich marcó posiciones en un par de temas realmente sensibles, y suficientes para marcar un pico en la interna libertaria. Primero fue la carga directa sobre Manuel Adorni frente a la investigación por el patrimonio del funcionario y, ahora, el rechazo a la increíble -también, tosca- movida del Gobierno para frenar el pliego de una jueza por su parentesco con un periodista. La decisión de la ex ministra no sólo sacudió el frente doméstico, sino que además desarmó un nuevo intento oficialista para recrear expectativa política después de meses desgastantes.

El Gobierno se vio envuelto así en otra historia autogenerada y de impacto creciente con el correr de los días. Quedó a la vista de todos que el único argumento para frenar el pliego de María Verónica Michelli es su condición de cuñada del reconocido periodista Hugo Alconada Mon. Y a la vez, resultó evidente el desmanejo del Ejecutivo: el listado de pliegos fue revisado por Juan Bautista Mahiques y su equipo. El ministro responde a Karina Milei, que ordenó la marcha atrás con el tema, al punto de generar malestar en el propio bloque violeta y fastidio entre socios y aliados, que decidieron no desandar el camino.

La decisión de la jefa del bloque de senadores de LLA provocó dos reacciones visibles, además de variadas especulaciones sobre su alcance y las motivaciones. La primera fue expuesta por una foto de Bullrich con Karina Milei, un recurso repetido para dar imagen componedora. Y la segunda fue una señal de Javier Milei, que retuiteó un mensaje de mínima parcial y, como tal, forzado sobre el mecanismo y las atribuciones presidenciales para la designación de jueces, que no es lo que está en discusión. Dio la impresión de desconocer todo el proceso y las facultades del Poder Legislativo.

Precisamente, el modo de manejarse del mileismo generó un costo adicional en el Senado. Allí, el oficialismo debió ceder en la pretensión de máxima -el retiro sin vueltas del pliego- y poner en marcha el procedimiento para resolver la cuestión en el recinto. En principio, en la reunión de jefes de bloques realizada este miércoles, se dio margen para que LLA revisara “una falla reglamentaria”, referencia medida de un conocedor del Senado sobre la maniobra para frenar el dictamen favorable a Michelli. Ese dictamen lleva las firmas necesarias, pero era “pisado” por el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, alineado con Karina Milei.

Los pasos formales serían completados este jueves. Existe el compromiso de darle curso al pedido de retiro del pliego, no a su análisis. Y el desenlace quedaría pendiente para la próxima sesión de la Cámara alta, prevista en principio para mediados de la semana que viene. Podrían ser tratados entonces el pedido del Gobierno y el dictamen, que cuenta con nueve firmas de distinto color: PRO, UCR, provinciales. Eso mismo marca al menos el clima previo. Los representantes de esos espacios fueron adelantando que sostendrán el apoyo. Se suma la posición de Bullrich y alguna otra fisura explícita en LLA. Y en el peronismo/kirchnerismo, al menos los más “pragmáticos” acompañarían el ascenso de la candidata al Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata.

Más allá de las especulaciones sobre el final en el Senado, quedó expuesto un nuevo desgaste político para el Gobierno. El caso, por lo demás, tiene una derivación judicial por discriminación. Y alimenta además otras internas. La de mayor arrastre y sin retorno anotó otro capítulo: Victoria Villarruel recibió a Michelli en su despacho y desde su entorno lo difundieron como un gesto de respeto a los procedimientos legales. Una manera de descalificar la intención de Olivos.

Menos ruidosos, desde otros despachos de LLA y más aún, de sus socios, se dejaba trascender el malestar por el manejo del Ejecutivo. Los señalamientos apuntaban básicamente al Ministerio de Justicia, en la órbita de la secretaría General desde la salida de Mariano Cúneo Libarona y el desplazamiento de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo y fue designado entonces en la procuración del Tesoro. Otro condimento por la interna en continuado entre Karina Milei y el asesor presidencial.

Bullrich, en cambio, expuso antes que nada su juego propio, es decir, no atada en términos de verticalidad al círculo de Olivos. Ya lo había transmitido a principios de mayo, cuando reclamó públicamente que Adorni presentara de inmediato su declaración jurada, una manera de instarlo a cerrar el tema de algún modo. Eso provocó una respuesta inmediata de Milei, que afirmó que el jefe de Gabinete no demoraría la presentación, y una muy dura reunión de la primera línea de gobierno.

La defensa cerrada del funcionario se mantuvo, aunque con recelos y miradas críticas pero reservadas en el oficialismo. Y Bullrich agregó una movida más para fijar posición -es decir, trabajar su imagen de diferenciación- al presentar su propia declaración jurada, mucho antes de que venzan los plazos formales, ya extendidos.

El rechazó al intento de frenar el pliego de Michelli marcó otro paso significativo en la misma línea. Y anota un mes de tensión creciente entre Bullrich y Olivos. Por supuesto, eso alimenta los recelos en el “mileismo” sobre el futuro electoral de la ex ministra, cuyos voceros niegan cualquier punto de coincidencia con los movimientos de Mauricio Macri y dejan abiertas las puertas a todas las especulaciones sobre el 2027.

De todos modos, en sentido concreto, la actitud pública de Bullrich pegó de manera directa sobre los renovados intentos del Gobierno para modificar la atención política y dar batalla en el terreno de las expectativas. Sus declaraciones -acompañada por la divulgación del ofrecimiento de la renuncia a la conducción del bloque – relegaron los gestos del Presidente y de Luis Caputo en encuentros empresariales, tendientes a mostrarse a la ofensiva y a ratificar la elección del kirchnerismo como contrincante.

El pliego de Michelli se transformó en título nacional y copó por momentos el temario del Congreso, cuando también en ese terreno el oficialismo busca reafirmar su iniciativa. De momento, también desplazó al caso Adorni. El jefe de Gabinete dejó trascender que finalmente presentaría su declaración jurada a mediados de este mes. Sería en el arranque del Mundial. De todos modos, incluso en el oficialismo existen dudas en cuanto a su efecto para cerrar el tema.

Después de horas convulsionadas para el oficialismo senatorial y, sobre todo, con columnas de humo a la vista, el pleno de la Cámara alta sesionará desde las 11 para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo, con dos holdouts, por UDS 171 millones. La atención no se centrará ahí después del milimétrico show -en contra de los deseos de Javier Milei- de la jefa libertaria, Patricia Bullrich, y una extensa reunión de bloque que dejó, de cara al recinto, una preocupación para nada menor: ¿quién defenderá en las próximas horas al primer mandatario?

El convite de La Libertad Avanza blanqueó una situación aún más venenosa para la Casa Rosada: los legisladores que salieron a “bancar” a Bullrich, en relación con un pliego judicial que el Ejecutivo envió y luego solicitó retirar -frente a un dictamen con firmas hace largos días, que apareció recién horas atrás, de manera formal-, comandan las comisiones más importantes del Senado. Quien no corre, vuela.

Anoche, desde un despacho libertario se oyó: “Si mañana se inicia la sesión y alguien pide una cuestión de privilegio en contra del Presidente por la candidata de la discordia -María Verónica Michelli-, se convertiría en un asunto serio para nosotros. ¿Y Bullrich va a aparecer, después de todo el lío que armó? La situación podría haberse dado igual, con contención. Con las opiniones divididas que escuché en la reunión de bloque, si la postura ahora es jugar libre según el tema, vamos a tener un problema institucional grave y, en el fondo, se dañaría al Gobierno. Una locura”.

Para recordar: la Casa Rosada eligió de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura y validó a Michelli con traslado de su pliego, quien pasó sin fisuras la audiencia pública de la comisión de Acuerdos, que maneja Juan Carlos Pagotto. El riojano fue quien pisó el despacho de la postulante, que ya contaba con las rúbricas necesarias para ser de mayoría. Anti reglamentario y un papelón. Aún más curioso: el “amigo” de todo el Senado se referencia en la dupla de los Menem y Karina Milei. No obstante, en la cumbre de la bancada de este miércoles, pinceló la postura más descremada entre quienes quedaron del lado del primer mandatario. “Hizo zigzag”, opinó un participante.

Vamos ahora a los que abrazaron a Bullrich. Dos son fueguinos: Agustín Coto y María Belén Monte de Oca. El primero -compañeros ya lo acusan de hablar bien y mal de todos ellos, según dónde se lo escuche platicar- no sólo lidera la comisión de Asuntos Constitucionales, sino que tiene una butaca privilegiada en la bicameral de inteligencia, que es la única con presupuesto reservado.

En tanto, la segunda preside bicameral que revisa los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sorprendió el titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). No así el usual saltarín Luis Juez (Córdoba). Del lado de Milei aparecieron Nadia Márquez (Neuquén), el ex jefe de bloque Ezequiel Atauche (Jujuy), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) y, algo más tibio, el porteño Agustín Monteverde, de quien se pensaba dependiente de Bullrich. Bajo este clima de concordia y unión, La Libertad Avanza se apresta a votar leyes importantes.

Fondos buitre

El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Propiedad privada

Desde la oposición “friendly” le desplumaron el texto a Bullrich, que se quedó sin herramientas ni ideas, ante una Casa Rosada a la que ya no le resulta extraña esta mecánica de concesiones. Desapareció el capítulo entero sobre el RENABAP -barrios populares-, se alivió un inicial delirio para desalojos exprés, se incorporaron cambios en el área de expropiaciones y se le dio más poder a gobernadores sobre tierras rurales. También vuelan prohibiciones -de décadas, en la actualidad- que impuso Máximo Kirchner en la ley de manejo de Fuego, sancionada durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.

“Siempre juntas”, fue la formulación elegida por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, para retratar la foto política de la semana en la que se la ve junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, días después de haber anticipado que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.

El retrato, que fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta, tuvo lugar en las oficinas de la menor de los Milei, luego de una hora de reunión, en la que ambas integrantes de la mesa política analizaron la agenda legislativa venidera. “Fue para distender. Nadie va a romper nada, tienen que dejar de hacerse la película”, sostuvo un funcionario del entono de la titular de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo buscó dar un mensaje de pragmatismo. Pese al malestar que generaron las demostraciones de autonomía, Bullrich “está firme” en su cargo. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, sostuvo un alfil que reporta a Milei, pero también a la secretaria general de la Presidencia.

La postal no exime el malestar que produjo en Karina Milei el primer gesto de distancia, cuando la senadora libertaria presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, en el oficialismo garantizan que hay plena conciencia de la importancia política de la legisladora de cara a 2027.

“Algún costo se hizo, me imagino. No podemos prescindir de Patricia Bullrich”, se sinceró ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial. “Amor y paz y que quede claro”, agregó otra voz del ecosistema libertario.

Sin embargo, y pese a la gestualidad, son varios los que detectan como un gesto “forzado” que tuvo lugar en un momento complejo para la administración, aunque celebran la desescalada de un nuevo conflicto que atraviesa al Gabinete y que se suma a la puja abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

“Victoria para Patricia. Es ganancia. Se diferencia fuerte y en vez de represalias recibe convocatorias”, resumió una fuente que transita casi a diario los pasillos de Casa Rosada, quien además admitió que refleja la “debilidad” de la administración. “Karina hizo lo que tenía que hacer. En otro momento la hubieran expulsado. Hoy no puede”, graficó.

La propia Bullrich está al corriente de la situación. Sabe que la necesitan por sus niveles de adhesión y por eso no duda en diferenciarse en los casos en los que considera incorrecto el rumbo del Gobierno. “Se posiciona como una ‘mileista sensata’”, la definieron desde una de las tribus.

La estrategia de intentar neutralizar los rumores de tensión con fotos amistosas no es nueva. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Milei se mostró abrazado a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una de las últimas reuniones de Gabinete a las que fue invitada, y también con Santiago Caputo junto a Karina Milei y al entonces ministro coordinador Guillermo Francos en octubre del mismo año. Un año después, el funcionario salió eyectado.

La imagen va en sintonía con las palabras de la senadora, que esta mañana y luego de haber admitido que era de “persona de bien” poner a disposición del mandatario la renuncia a raíz del contrapunto, garantizó que no había “riesgo de ruptura”.

Asimismo, referenció un mensaje interno del espacio en el que justificaban su posición. “No comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión. Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes miradas sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, aseguran desde el entorno de la legisladora que expresaba la breve comunicación.

Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.

El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.

La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.

El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.

Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.

La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.

El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.

De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.

En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.

La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.

Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.

El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.

La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.

El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.

La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.

La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.

Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.

En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.

El senador provincial Marcelo Leguizamón Brown compartió en sus redes sociales un video en el que se observa a uno de esos grupos de motociclistas circulando por La Plata ante la absoluta impotencia de tres patrulleros que terminan volviendo sobre sus pasos para salir de escena.

“‘Motos ATR’, cortes, escapes libres, picadas improvisadas y vecinos que ya no pueden dormir ni caminar tranquilos. En La Plata, la excepción se está convirtiendo en regla. En nuestra ciudad deberíamos seguir el ejemplo de SAN NICOLÁS, donde el espacio público se ordena con controles reales, secuestro efectivo de vehículos en infracción y consecuencias concretas como la compactación de motos, para los que creen que vivir en comunidad y respetar a otros es opcional”, escribió el legislador del bloque Hechos para acompañar el video.

Para Leguizamón Brown, “no hace falta inventar nada”, sino que “hace falta decisión, porque cuando el Estado deja de poner límites, los únicos perjudicados son los vecinos”.

“En La Plata, las motos circulan sin controles y poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros. Las picadas improvisadas, los cortes y los escapes libres se están convirtiendo en una preocupación constante que altera por completo la vida cotidiana en los barrios”, insistió el senador provincial.

Para Leguizamón, la situación ya no solo impide que los vecinos puedan dormir por las noches, sino que también ha transformado el simple hecho de caminar tranquilos por la vía pública en una situación de riesgo”.

La experiencia de San Nicolás ya fue propuesta a nivel provincial por el diputado bonaerense y ex intendente Manuel Passaglia, quien en abril de este año presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen en motos con caños de escape adulterados, libres o no homologados.

La iniciativa —que apuntaba a combatir una de las principales fuentes de ruidos molestos en la provincia— propone, en los casos más graves, la compactación de los vehículos en infracción, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.

El proyecto surgió como respuesta a un reclamo creciente de los vecinos: la proliferación de escapes libres y modificados, que generan contaminación sonora en centros urbanos y afectan la calidad de vida, el descanso y la salud pública.

“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, señaló el ex intendente de San Nicolás de los Arroyos entre los fundamentos de la iniciativa.

La propuesta incluía la prohibición no solo de la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también de toda la cadena de fabricación, comercialización, distribución, instalación y colocación de estos dispositivos, según se desprende de los artículos 4 y 5 del texto presentado. Proponía también la creación de un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el objetivo de trazar y fiscalizar el destino de estos componentes.

El proyecto establecía que, ante la constatación de una infracción, la autoridad de aplicación podría disponer el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, así como la retención de la licencia de conducir. Si la gravedad de la conducta lo ameritara —por ejemplo, cuando se circule con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, cercanías a escuelas, hospitales o eventos públicos— el juez administrativo podría ordenar la compactación del vehículo, incluso sin necesidad de reincidencia previa.

En la entrevista, Goerling sostuvo que el bloque del PRO definió desde el inicio votar en contra del pedido de retiro del pliego y remarcó que el proceso judicial fue “intachable”. El legislador repasó las irregularidades del caso y cuestionó la transparencia de la decisión presidencial.

El proceso judicial y el giro político del oficialismo

“El pedido de retiro del pliego es muy desprolijo. Nosotros desde el PRO manifestamos públicamente que íbamos a votar en contra del retiro”, afirmó Goerling al referirse a la resolución del Poder Ejecutivo. Para el senador, el procedimiento para llegar a juez “es muy largo”, y resaltó: “La jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable”.

El dirigente remarcó que la postulación de Michelli atravesó todas las etapas del concurso: “No hubo una sola pregunta, no hubo una objeción, no hubo una impugnación”. El único argumento que circuló en torno al rechazo es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, “que investiga al poder, como a este y a los anteriores”, aclaró Goerling.

“El periodismo incomoda al poder y es su labor”, enfatizó el senador, quien insistió en que “no estamos de acuerdo ni vamos a acompañar” el retiro del pliego. Además, celebró que Patricia Bullrich, referente del espacio, se manifestara en la misma línea y consideró que “el Ejecutivo debe aceptar divergencias internas dentro de su propia composición”.

El límite institucional y la división de poderes

Goerling fue tajante al plantear el límite ético de su bloque: “Siempre nos va a encontrar defendiendo las instituciones, la división de poderes, el republicanismo. Este es un límite para nosotros”. El senador insistió en que la decisión sobre el pliego “es potestad de los senadores, ya no del presidente”.

Explicó que, tras una reunión de labor parlamentaria, el Senado acordó que el rechazo del pliego solicitado por el presidente no se tratará de inmediato: “A este le faltan siete días reglamentarios para poder ser tratado. Mañana solo vamos a darle entrada al mensaje del presidente pidiendo el retiro, pero no se va a tratar”, detalló.

Goerling subrayó que “hay muchas posibilidades de que la semana que viene Michelli obtenga la aprobación del pliego”. Sin embargo, advirtió: “Es probable que tenga el acuerdo del Senado, vuelva al Ejecutivo y nunca sea jueza mientras Milei esté en el Ejecutivo. Para que acceda al cargo, se necesita un decreto del presidente”.

El impacto político y el futuro de la alianza

El senador cuestionó la falta de argumentos oficiales para el retiro del pliego: “No hubo un motivo. Lo único que tenemos es el trascendido por la condición de cuñada”. Afirmó que el PRO rechaza “el capricho” como método de gobierno: “Por un capricho no podemos permitir que suceda esto”.

Goerling recordó que, si el presidente no firma el decreto tras la aprobación del Senado, “el juzgado queda vacante”, agravando la crisis de vacancia judicial en la Argentina: “No puede funcionar con tantas subrogaciones”.

En cuanto al vínculo con La Libertad Avanza, el senador diferenció dos etapas: “Al principio acompañamos para garantizar la gobernabilidad, pero ahora la responsabilidad de gobernar es del oficialismo”. Reconoció que el PRO coincide con el rumbo económico, pero advirtió que “el tema institucional empieza a hacer mella” en la relación.

“No existe desarrollo posible de ningún país sin instituciones fuertes. Las tenemos que defender y fortalecer”, remarcó Goerling, y cerró: “Se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”.

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La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense iba a reunirse en la tarde de este miércoles para avanzar con un proyecto de ley que les daba a los intendentes la posibilidad de usar libremente los fondos que reciben los distritos en el marco del endeudamiento que consiguió el gobernador Axel Kicillof a fines del año pasado. Sin embargo, a la hora de las definiciones aparecieron las diferencias y el encuentro se pospuso para este jueves.

A la reunión de comisión llegaron solo la diputada Silvina Vaccarezza y los diputados Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires). Nadie del bloque de Fuerza Patria bajó a la sala 30 del palacio legislativo. Rápidamente la reunión se cayó. Las diferencias son técnicas pero también políticas.

Lo que hace el proyecto de ley en discusión es darle más atribuciones a la comisión bicameral que se creó en el marco de un fondo para que del 8% de los recursos que consiga Kicillof —producto del endeudamiento solicitado y aprobado por la Legislatura a fines del año pasado— llegue a los municipios.

Los intendentes buscan que esos fondos sean de libre disponibilidad y es lo que hoy está en discusión. La ley actual establece que el 30% de los fondos que llegarán a los distritos serán para ejecutarse a través de programas de los ministerios de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto Cultural. Los intendentes, principales afectados, quieren que el 100% del dinero a recibir sea de libre disponibilidad, básicamente para pagar sueldos. La oposición -el PRO y la UCR- quiere lo mismo, pero le da a la comisión bicameral la potestad para autorizar los pagos de parte de la Provincia.

En el Ejecutivo, rechazan esta iniciativa. Prefieren que sea por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice por el cual los distritos reciben automáticamente la coparticipación provincial. “Es lo más razonable” —que sea por CUD—, dijo este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No quieren darle esa facultad a una bicameral. Quienes suelen llevar las negociaciones con la Legislatura en nombre de Kicillof son la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y, en algunos momentos, el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

En las últimas horas hubo conversaciones y versiones cruzadas. “A mí me dijeron que no fuera a la reunión”, planteó a Infobae un integrante de la comisión, sin mayores detalles sobre por qué se posponía el encuentro de este miércoles. Como el texto a discutirse en la próxima sesión en Diputados debiera contar con un dictamen de comisión, se resolvió que, ante la falta de acuerdo, se convoque nuevamente a la comisión el jueves por la tarde.

En el peronismo aseguran que hay diferencias con el PRO y con la UCR por el texto que impulsa el presidente del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena. En los bloques opositores hablan de diferencias, pero admiten que están dentro del oficialismo y que eso hizo naufragar la reunión de este miércoles. El punto de conflicto se encuentra en las atribuciones de la Comisión bicameral evaluadora, un órgano previsto en la ley original para revisar los proyectos a financiar con el Fondo. Según el texto de la reforma, esa Comisión ahora tendría la facultad de definir el modo de reparto de los recursos cuando no haya un mecanismo expreso, además de “autorizar el pago” a los municipios correspondiente al 30 % de los fondos. Algo que Kicillof y los intendentes ven con desconfianza.

En las últimas horas elevó un proyecto del presidente del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich. La iniciativa aplica al 30% de los fondos que reciban los distritos y establece que se repartan por CUD, pero en combinación con los ingresos que los municipios recibieron el año pasado. Entra en la negociación. El peronismo también tiene un anteproyecto si fuera necesario.

Sin embargo, hay otro punto que, según integrantes de la comisión de Presupuesto en Diputados, hizo caer la reunión de este miércoles: la falta de precisiones sobre qué sucederá en el Senado bonaerense, otra parte activa en esta negociación.

Es que en la Cámara alta provincial aún no fueron designados los representantes para integrar la comisión bicameral que definiría cómo repartir los fondos entre los distritos. No hay mayores precisiones al respecto de quién puede llegar a integrarla y algunas voces dejan correr que en el Senado tampoco hay intención de conformar la bicameral y que esta situación fue la que hizo caer la comisión en Diputados.

Últimamente, las negociaciones en la Cámara alta se han vuelto una complejidad para la vicegobernadora, Verónica Magario, producto de la interna con la que convive el peronismo. Se evidenció, por ejemplo, en la integración de las comisiones que se terminó de resolver en la última semana de mayo. “Es un problema que tenemos”, admitió una voz oficialista.

En el medio, los intendentes aguardan que el proyecto avance. El Ejecutivo ya hizo el primer desembolso en el mes de abril. Está pautado que el siguiente pago sea en agosto. “Nosotros necesitamos los fondos para muchas cosas, básicamente para pagar sueldos, por eso queremos que sean de libre disponibilidad”, confió un intendente ante la consulta de este medio.

(Desde Washington, Estados Unidos) El Instituto de la Paz Donald Trump fue escenario de un emotivo homenaje a las 85 víctimas del ataque a la AMIA, perpetrado por Hezbollah bajo las órdenes directas de Irán. El atentado fundamentalista sucedió el 18 de julio de 1992, y aún continúa impune por la resistencia del régimen chiíta a someterse a la justicia federal de la Argentina.

Daniel Pomeranz es sobreviviente del ataque a la mutual judía, y en la actualidad es director ejecutivo de la AMIA. Tras su discurso, Pomeranz propuso un minuto silencio al auditorio, que se puso de pie en solemne ceremonia.

Todos los invitados especiales levantaron los retratos de las víctimas del acto terrorista, que se planificó en Teherán y se ejecutó en la calle Pasteur de Buenos Aires. Ese día murieron 85 inocentes, que aún exigen juicio a los culpables.

Antes de Pomeranz, al comienzo de la ceremonia, Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos- pronunció un discurso que rescató el papel de la Corte Suprema en la causa AMIA y las decisiones políticas que asumió Javier Milei contra el terrorismo internacional.

En primera fila escucharon con atención Gregory LoGerfo -coordinador para el Contraterrorismo del Departamento de Estado-, Reed Rubistein -asesor legal del Departamento de Estado-, Osvaldo Armoza -presidente de la AMIA-, Daniel Pomeranz -director ejecutivo de la AMIA- y Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para la Lucha contra el Antisemitismo.

“En 2024, el tribunal penal más alto de Argentina declaró a la República Islámica de Irán responsable de ordenar el ataque, y declaró el atentado como un crimen de lesa humanidad. Fue planeado por el régimen iraní y llevado a cabo por Hezbolláh, su brazo terrorista. Decir esto no es un gesto retórico. Es una condición de la verdad, y después de treinta años de silencio, evasión y encubrimiento, la verdad misma es una forma de justicia”, sostuvo Oxenford.

Y completó:

“Pero la verdad no es suficiente, y Argentina ha dejado de pretender que lo es. En 2025, nuestro Congreso aprobó una ley que permite que los juicios procedan en ausencia, de modo que los fugitivos ya no puedan escapar al juicio simplemente negándose a comparecer. Sobre esa base, un tribunal argentino ha ordenado ahora que los diez acusados sean sometidos a juicio: hombres que han vivido bajo notificaciones rojas de Interpol desde 2006, y que han viajado por el mundo con impunidad durante demasiado tiempo. Argentina le pide al mundo algo concreto: que estas notificaciones signifiquen lo que dicen, que estos fugitivos no encuentren un puerto seguro, y que ningún gobierno trate el asesinato de ochenta y cinco personas como una inconveniencia diplomática que debe ser gestionada. La impunidad no es un hecho neutral”.

Javier Milei y Donald Trump tienen afecto personal y sintonía política.Los dos presidentes comparten la agenda respecto a la lucha contra el terrorismo, que en la actualidad es protagonizado por Irán y sus proxies Hezbollah, Hamas y los Huties.

En este sentido, la administración republicana participó a pleno con sus representantes LoGerfo, Rubistein y Kaploun, que en sus discursos explicitaron la relación estratégica que existe entre Buenos Aires y Washington.

“Bajo el Presidente Trump, las cosas han cambiado. Con su dirección, los Estados Unidos han tomado y están tomando medidas decisivas y sin precedentes para combatir el antisemitismo”, afirmó Rubistein, consejero legal del Departamento de Estado.

Y añadió:

Argentina es y ha sido un socio crítico en este esfuerzo. El antisemitismo es un flagelo global que requiere una respuesta global para identificar, rastrear y, en última instancia, derrotar a las redes, organizaciones y estados que lo financian, organizan y apoyan. Argentina, Embajador (por Oxenford), bajo el liderazgo de su gran Presidente Javier Milei, ha demostrado su compromiso con este objetivo". Ha sido un oponente vocal y eficaz del antisemitismo dondequiera que surja".

En la ceremonia de tributo a las víctimas del ataque terrorista, la AMIA fue representada por Osvaldo Armoza, Daniel Pomeranz y Mario Sobol.

“Treinta y dos años después, el crimen sigue impune. No hay un solo condenado. La justicia argentina señaló a Irán como responsable y a Hezbolá como ejecutor material. Existen circulares rojas de Interpol y acusaciones formales. Sin embargo, ninguno de los señalados fue extraditado ni llevado ante un tribunal", advirtió Armoza.

Y cerró:

“La impunidad no es solamente ausencia de castigo. Es también un mensaje peligroso: que el terrorismo puede actuar sin consecuencias. Esa impunidad constituye, en sí misma, una segunda agresión contra las víctimas y sus familiares. Sin justicia, el atentado se sigue repitiendo cada día".

Ya pasaron casi 32 años del ataque terrorista, y sus responsables continúan impunes.

Axel Kicillof visitó este miércoles la provincia de Corrientes y mantuvo un encuentro con el gobernador Juan Pablo Valdés que comenzó a las 16. En lo institucional, hubo firma de convenios entre ambas provincias. Una hora más tarde, brindaron una conferencia de prensa conjunta en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno.

El gobernador bonaerense fue el más locuaz. Sus críticas fuertes al gobierno nacional tensaron el ambiente. Al mandatario radical correntino se lo vio siempre inquieto y movedizo en la silla de época en la que estaba sentado.

“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo. Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, resaltó Kicillof.

Y agregó: “Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración. En nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”.

Por su parte, Valdés expresó: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo. Este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”.

Reclamos al gobierno nacional

Kicillof marcó además que hubo “caída de la recaudación y de los recursos para todas las provincias”. Esto repercute en los municipios. El gobernador bonaerense hizo un guiño a su anfitrión indicando que con los mandatarios locales de la UCR trabaja “muy bien”.

Señaló que la merma de recursos es producto “de la caída de la actividad y de los recortes con la motosierra que cayeron sobre fondos que, históricamente, eran de las provincias”. “Tenemos una dificultad común. Veremos cómo la iremos planteando en adelante”, resumió.

Valdés, en tanto, destacó el diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la cumbre de mandatarios del Norte Grande (NG). Y subrayó la necesidad de una mirada federal para impulsar esta zona.

“Difícilmente nos encuentre con el mismo reclamo que Buenos Aires, que tiene otro desarrollo. El Norte sigue teniendo la necesidad de obras de infraestructura como el gas, la conectividad y la energía para desarrollar nuestras industrias e igualarnos con la Argentina productiva. Estamos olvidados”, se quejó el mandatario correntino.

Por otro lado, abordaron la situación del INTA y la posibilidad de cierre de estaciones experimentales. Y también detallaron los alcances de los acuerdos entre ambas provincias. Uno, para desarrollar chacras experimentales. El segundo, para ubicar productos correntinos en la cadena de consumo bonaerense.

“Nos encontramos con despidos del gobierno nacional en el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las compensamos en la medida de lo posible. Observamos con preocupación lo que está pasando. El desarrollo científico tecnológico es una cuestión entre el Estado y el privado”, señaló Kicillof.

Además, el mandatario bonaerense adelantó el acompañamiento a la ley de cabotaje. La norma, según Valdés, beneficiará al desarrollo correntino. Al terminar la rueda de prensa, los dos gobernadores salieron de sus sitiales y saludaron a los presentes. Entre la concurrencia se vio en mangas  de camisa a Andrés “Cuervo”  Larroque, ministro de Desarrollo de Buenos Aires.

También estuvieron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. A ellos se sumaron el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el dirigente Alberto Descalzo.

“Hay que acostumbrarse a hablar”

Kicillof se despidió con un abrazo del anfitrión. Y dio otro a su antecesor y su hermano, Gustavo Valdés, actual senador provincial. “Es fundamental tener diálogo”, consignó el ex mandatario correntino.

“A pesar de que se tengan distintos signos políticos, se puede confluir con intereses provinciales más allá de los signos políticos. En 2027 se discutirá cuál es el mejor camino para la Argentina. Este no es un año político”, consignó.

Y acotó: “Fue un encuentro institucional entre dos gobernadores. Después vendrá el diálogo o el no diálogo político en la campaña electoral. Hay que acostumbrarse a hablar y a ser, cuanto menos, educado”.

“No charlamos de política. Sí de la situación del país. Agradecemos la visita del gobernador Kicillof a Corrientes porque en los momentos difíciles recibimos ayuda valiosa de la provincia de Buenos Aires cuando la Nación miraba para otro lado”, recordó. La situación se dio durante los incendios forestales.

“Los correntinos somos correctos”

Para matizar la foto de alto impacto político de Valdés y Kicillof juntos, en el gobierno de Corrientes pusieron como contrapeso el aspecto formal y protocolar del encuentro.

Una alta fuente oficial relató: “Corresponde institucional y humanamente recibir y saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. (Valdés) lo haría con cualquier otro mandatario que hubiese colaborado con nuestra provincia y pidiese visitarnos”.

¿La razón? “Porque los correntinos somos correctos y agradecidos con quienes lo han sido con nuestro pueblo. No hay banderías ni colores políticos en este encuentro”, contestó la fuente.

Luego, enumeró gestos de Kicillof hacia el gobierno de Gustavo y Juan Pablo Valdés. “Buenos Aires ha sido muy solidaria con nuestra provincia durante una de las crisis más difíciles que hemos tenido que enfrentar, que fue la de los incendios. Colaboró con helicópteros, camionetas, camiones, ambulancias, autobombas. Tuvimos en nuestro territorio trabajando codo a codo con nuestros brigadistas a cientos de bomberos bonaerenses”, agregó.

“Estamos trabajando para que la Argentina cambie”

El primer destino de Kicillof en Corrientes fue la localidad de Empedrado. A la ciudad, ubicada en el norte provincial y a una hora de la capital, arribó sobre las 11 de la mañana. Ahí se reunió con el intendente Rubén Fernando Echeverría.  En un fugaz contacto con la prensa local en medio de los sacudones de la gente que se agolpaba, soltó: “Hay mucho afecto. No podemos ni avanzar caminando porque hay mucho abrazo, mucha foto, mucho beso”.

Luego, le consultaron si llegaba a la tierra del chamamé en calidad de mandatario bonaerense o de candidato a la presidencia. “Como gobernador. Pero obviamente estamos trabajando para que la Argentina cambie”, soltó. “Falta mucho” para definir candidaturas, acotó entre risas.

Asimismo, dijo que el PJ debe trabajar a fin de “presentar una alternativa” al gobierno nacional de Javier Milei. Antes de continuar la recorrida, dejó un mensaje a los correntinos: “Pongan fuerza. La mano está difícil en todos lados. Como decía Juan Domingo Perón, ‘gobernar es crear trabajo’”.

Luego, se trasladó a la capital de Corrientes. A las 14.30, encabezó un encuentro con intendentes, sindicalistas y referentes locales. Tras la reunión con Valdés, presentó su último libro De Smith a Keynes en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

En medio de una nueva multitudinaria movilización por el movimiento Ni Una Menos, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la marcha, habló de “partido feminista” y apuntó: “No le importan los resultados, sino el marketing”. Además, por primera vez se refirió al caso Agostina y defendió las acciones que se llevaron a cabo para detener a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la nena de 14 años.

En sus redes sociales, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación realizó una extensa publicación en la que defendió la gestión del Poder Ejecutivo y apuntó, indirectamente, contra la oposición. “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, afirmó en el inicio.

“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores. Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, continuó en el posteo.

Y sumó: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

“Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, enfatizó en otra parte del mensaje.

En tanto, se refirió al caso de la menor de 14 años que fue brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba y estuvo casi una semana desaparecida. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, completó la exministra de Seguridad.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje en su cuenta de X y citó con una de las frases típicas en sus publicaciones: “MASTERCLASS”.

El mensaje de Bullrich llegó en un momento de tensión con la plana mayor del Gobierno por las diferencias que marcó la propia senadora por el pliego de la jueza Michelli. Tras una cumbre con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la exministra publicó el comunicado.

Si bien en la previa de la manifestación desde el seno del Gobierno cuestionaron la “politización” de la movilización, lo cierto es que la brutalidad de los últimos casos de femicidios que se conocieron en los últimos días activó la presencia de más personas en el centro porteño.

En diálogo con Infobae, varias de las manifestantes que estaban en la zona del Congreso de la Nación afirmaron: “Vengo para que no maten a más chicas, ni hijas, ni a nadie”. Otra joven encontró un motivo más personal y familiar. “Vine porque vengo de una familia que sufrió mucha violencia. Mi papá es una persona violenta. Decido luchar por las personas que no se animan”, remarcó.

La convocatoria tuvo el epicentro cerca de las 18, cuando comenzó la lectura de un documento. Entre las personas que decidieron asistir al reclamo, había varios familiares de víctimas de femicidios que recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

Un plenario de comisiones comenzó a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Super RIGI que tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las “industrias del futuro”. Desde el Gobierno destacaron que el RIGI incluido en la Ley Bases fue “sumamente exitoso” y por eso ahora es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”.

La presentación del proyecto, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Ciencia e Industria, estuvo a cargo de Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería, quien aclaró que “no hay absolutamente ningún lobby” detrás de la iniciativa y también negó conocer a Peter Thiel, el magnate tecnológico que fundó empresas como PayPal o Palantir, y recientemente se radicó en la Argentina.

La aclaración hacía referencia a la acusación de la oposición, que denunció que el empresario estadounidense podría ser uno de los interesados en conseguir condiciones especiales para desarrollar data centers para procesar información con Inteligencia Artificial. Thiel se reunió hace dos semanas con Luis Caputo y otros funcionarios de Economía.

Al inicio de su exposición, el funcionario del Ministerio de Economía planteó que el Super RIGI viene a continuar el espíritu del RIGI, que vence el año que viene. “Consideramos que sería un error intentar extender ese régimen porque fue posicionado como régimen excepcional y muchos proyectos se apuraron para llegar antes del vencimiento. Como ha sido exitoso, creemos que es momento de pensar en el siguiente paso de la Argentina, que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura que movió el RIGI”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente “hay 39 proyectos presentados en el RIGI que representan USD 138 millones de dólares de inversión y 179 mil empleos, y cuando todos estén en operación representarán USD 49 mil millones en exportaciones”.

Por otro lado, apuntó contra las críticas de la oposición por el costo fiscal que representan los beneficios otorgados a las empresas, por ejemplo la alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias. “Es imposible que esto tenga costo fiscal porque son proyectos que no existían. En todo caso, habría que pensar el costo fiscal de no haber hecho nada durante tantos años”, señaló.

“Pusimos la alícuota en 15% porque es lo mínimo que nos permiten las normas de la OCDE. Estamos compitiendo con jurisdicciones de todo el mundo. Estos proyectos se hacen en algún lugar, tenemos que estar al tope de la lista”, dijo.

Las principales críticas de la oposición giraron en torno a la recaudación que el Estado dejará de percibir pero también a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos. “ El artículo 73 dice que el Estado tiene que garantizar la operatoria de los VPU sin interrupciones, entonces si hay que dejar sin energía a la mitad del país para que sigan desarrollando estos proyectos, lo vamos a tener que hacer. Porque si no, nos llevan al CIADI. Ni siquiera nos guardamos que intervenga un juez con DNI argentino", lamentó la camporista Luciana Potenza.

Desde el oficialismo esperan poder dictaminar el proyecto la semana que viene, lo que permitiría convocar a una sesión especial el 18 de junio. En caso de que se necesite más tiempo para lograr consensos, apuntarán al 24 de junio como fecha máxima. En esa sesión también se incluirá la nueva ley de Lobby, tratados internacionales y el pago a los holdouts (si llega a tiempo con media sanción del Senado).

El Super RIGI define “nuevas industrias” o “industrias del futuro” como aquellas actividades que constituyen “nuevas actividades económicas”. Según el texto, esto comprende todo desarrollo industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para que un proyecto califique como una “nueva actividad económica” debe cumplir con estas condiciones: no debe desarrollarse, producirse ni prestarse en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o bien su grado de desarrollo debe ser experimental o piloto; también quedan excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización, adecuación, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

En paralelo a las polémicas que atraviesa a los integrantes de la mesa política, el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei estableció las prioridades legislativas para junio, entre las que destaca la reforma electoral, como elemento central, pero que alcanza también a la Ley de Etiquetado Frontal, la Ley de Lobby y el Super RIGI. Aún sin fechas fijas, el oficialismo aspira a conquistar la sanción de los cuatro proyectos, que podrían ser más, entre la extensa lista enviada al Congreso Nacional.

En las vísperas de una nueva sesión, la Cámara de Senadores se prepara para tratar el jueves a las 11 la solicitud del pliego de la jueza María Verónica Michelli, a pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que adquiera estado parlamentario. Si bien no se votará el retiro del pliego en particular, sí debatirán en torno a otros 50 jueces, pero además tratarán el proyecto de pago a bonistas y el de Propiedad Privada que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Más allá de la agenda inmediata del Senado, en Casa Rosada ya proyectan el calendario legislativo para el resto del mes, condicionado por el Mundial 2026. Aún sin fechas definitivas, el oficialismo trabaja para encadenar una serie de sesiones que le permitan avanzar con algunas de las iniciativas que considera prioritarias.

Para la tarea, además de la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien transita tiempos complejos con la cúpula del poder producto de sus diferencias con los Milei, estarán comprometidos el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem en Diputados.

Tras el contrapunto expresado por la legisladora, que tomó distancia de la decisión de Karina Milei de retirar el pliego de Michelli por sus vínculos con un periodista de La Nación, La Libertad Avanza ganó algunos días para poder ordenar a la tropa interna que se debate si responder a su jefa de bloque o acata las directivas de Rosada.

Como contó este medio, el pasado martes, el oficialismo les comunicó a los jefes de los bloques aliados la definición de fechas para una nueva sesión que podría incluir el Súper RIGI, potencilamente la Ley de Lobby y algunas otras normativas en lo que planean como “una mega sesión” programada para la última semana de junio.

Asimismo, entre los legisladores violetas reina el optimismo en torno al proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla mayores beneficios que el régimen original. Sin embargo, ven un escenario más complejo con la normativa que busca regular la práctica en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

“La discusión recién inició ayer. El proyecto de Lobby lo veo más complejo, en particular, entre determinados sectores que se benefician de él”, expresó una voz del ecosistema libertario. “El de Lobby seguro tenga modificaciones. Probablemente Súper RIGI vayamos a tener más apoyo sin tocarlo mucho”, coincidió un legislador que apuntó directamente contra la bancada peronista.

Tras dos meses marcados por la quietud en la gestión, a raíz de las diferencias internas y el impacto de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la administración libertaria se encargó de anunciar el envío de una serie de proyectos al Congreso de la Nación. “Todo lo que figura pendiente, que fue enviado al Congreso, está en la lista de importancia. Algo más se sumará en junio”, planteó una fuente legislativa a este medio.

Además de lo mencionado, continúan pendientes de tratamiento la Ley de Hojarasca y la que recorta el Régimen de Zonas Fría, que cuentan con media sanción; la Ley de Sociedades; la Ley de Salud Mental; la Ley de Financiamiento Universitario; la Ley de Fraude de Pensiones por Invalidez; la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); y la ley de Falsas Denuncias de la senadora aliada Carolina Losada.

No obstante, la reforma política configura la principal apuesta de la Casa Rosada, que mantiene su intención de modificar el sistema electoral en la previa a un nuevo año electoral. La ambiciosa medida encuentra en los aliados algunos puntos de resistencia, en particular en el apartado que busca la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Ante ese escenario, en varios despachos de Balcarce 50 maduran la posibilidad de volver a suspender “por única vez” las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o como segunda posibilidad, erradicar el carácter obligatorio de las mismas y transformarlas en Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS).

El Gobierno observa el horizonte y proyecta en las próximas semanas una baja lógica de la circulación de noticias políticas producto del Mundial 2026. A esta altura del mes, es decir, a una semana de que comience la Copa del Mundo, los libertarios pensaban que iba a haber una mayor expectativa sobre la competición y que las internas oficialistas no iban a tener cabida en la plana mayor de la agenda mediática. Al menos por estos días, ese pronóstico no se produjo.

Hasta hace pocas jornadas atrás, varios funcionarios de alto rango destacaban que en las últimas dos semanas hubo una tranquilidad notable de noticias políticas. Por ese período el Gobierno logró insertar en la conversación buenos indicadores oficiales sobre la economía, mientras que la investigación sobre Manuel Adorni había llegado a un punto de agotamiento en la agenda pública. Sumado a eso, en la última semana la sociedad a nivel nacional se vio conmovida por el caso de Agostina Vega.

Cuando se preveía que fuera una semana con poco movimiento político, Patricia Bullrich publicó el lunes en la red social X un mensaje en el que rechazó el pedido de los hermanos Milei para retirar el pliego de María Verónica Michelli para un tribunal oral en La Plata. Ayer trascendió que en una conversación telefónica le dijo al Presidente que ponía a disposición su renuncia como jefa de bloque si es que le parecía que debía haber un cambio en la conducción del espacio en el Senado, algo que no fue siquiera evaluado.

Pero el episodio en su totalidad generó suspicacias sobre los movimientos de Bullrich hacia el futuro, algo que ella misma se negó a ratificar al marcar que está en línea con el proyecto del Presidente. Pese a todo, en su entorno volvieron a afirmar que la senadora no es “empleada”, sino socia de Milei, separando de esa distinción a la Secretaria General de la Presidencia. “A ella no le debe nada, solo dialoga con Javier”, afirman.

Las tensiones entre las dos figuras del oficialismo son indisimulables en el ámbito privado, pero este miércoles se buscó bajar una revolución al reunirse en el despacho de Karina. La encargada de subir la foto -con la venia de la hermanísima- fue Bullrich. “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, sentenció.

A este episodio que ocurrió al comienzo de la semana se le suman otros que configuran un tenso ambiente general al interior de la ronda de dirigentes políticos del oficialismo, quienes suelen reunirse en la llamada Mesa Política para tomar determinaciones sobre qué proyectos priorizar en la agenda legislativa y qué acuerdos forjar con diferentes actores de la oposición. Aunque las confrontaciones son varias, la más significativa es la que engloba la interna entre el círculo de Santiago Caputo con los primos Menem.

Pese a todo, en el Gobierno creen que la semana que viene podría convocarse a un encuentro de mesa política, aunque no está confirmado. Así como el encuentro entre Karina y Bullrich busca ser utilizado para bajar los rumores en la esfera pública, lo mismo se prevé con el próximo encuentro.

Es algo parecido a lo que quisieron buscar en la última reunión se celebró el 26 de mayo en el despacho de Manuel Adorni. A esta fueron absolutamente todos y se dio un día después de la reunión de Gabinete presidida por Milei después del tedeum. Después de la concertación relativa que buscó imprimirle el Presidente a sus funcionarios, el Gobierno logró que en los medios no se volviera a hablar enfáticamente sobre los conflictos internos.

Justamente, uno de los integrantes de la mesa política comentaba a Infobae que el episodio de Bullrich había sido “inoportuno” cuando justo en esta semana no había muchos asuntos en agenda en materia política. “Ante todo es importante para todas las reformas que tenemos que hacer en el Senado”, afirman. Creen que habrá un parate lógico durante el Mundial que dificultará sacar reformas de gran tamaño y que con el advenimiento del clima electoral del año próximo habrá cada vez más dificultades para poder unificar criterios con la oposición dialoguista en el Congreso.

Aun así, una importante fuente del entorno de Karina Milei marcó que “está la idea” de realizar un encuentro en las próximas semanas que incluya solo a funcionarios del Poder Ejecutivo, el cual tendría por objetivo que la senadora libertaria no pueda estar presente. El asesor presidencial, Santiago Caputo, sí podría hacerlo por su cercanía en su rol en Casa Rosada. No debería estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; pero que tiene como personas de su círculo estrecho a Karina Milei o a Lule Menem que garantizarían el cupo por su espacio.

Esta se diferencia de las reuniones de Gabinete que en el tiempo reciente están siendo presididas, en primera instancia, por el mismo Javier Milei. Aun así, los funcionarios del Ejecutivo perciben que estos encuentros solo sirven como una bajada de línea del jefe de Estado sobre los rumbos de la gestión más que como un mecanismo para poder repasar el status de cada una de las carteras ministeriales.

Milei eligió no dar de baja la presencia de ninguno de sus principales alfiles de estas reuniones. En relación a estas semanas, evitó reaccionar en X al mensaje con el que Bullrich había expuesto su desacuerdo por el retiro del pliego de Michelli. Desde el círculo bullrichista agregaron a que el diálogo que se produjo entre ambos este lunes fue respetuoso y que su vínculo sigue sin fisuras. Al menos no aparentes.

El presidente Javier Milei tomó posición pública por primera vez en la interna por el pliego de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Federal Criminal N.º 3 de La Plata, al repostear en su perfil de X un mensaje que sostiene la potestad del Ejecutivo para retirar candidaturas judiciales antes de su designación formal.

El texto, escrito por Ricardo Manuel Rojas —exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires—, fue publicado este miércoles 3 de junio y acumuló más de 9.500 visualizaciones.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, reza el mensaje que Milei eligió amplificar.

La decisión del mandatario de respaldar públicamente ese argumento llega en medio de una interna del oficialismo que involucra al Poder Ejecutivo y al Senado, y cuyo trasfondo, encuentra los nombres propios de Patricia Bullrich y el mandatario nacional.

Rojas no es un nombre ajeno al Gobierno. En 2025, la administración libertaria le ofreció el cargo de procurador del Tesoro, designación que finalmente no se concretó.

El pliego de Michelli ingresó al Senado el 30 de marzo de 2026. El 13 de mayo, la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La comisión está conformada por 17 senadores, pero el peronismo se niega a ocupar sus bancas porque alega que le corresponden seis lugares y no tres.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta en la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

El concurso mediante el cual se conformó el orden de mérito se extendió durante aproximadamente diez años. Michelli ocupó el puesto 19 de ese orden e integró una de las ternas conforme al reglamento vigente.

Originalmente convocado para cubrir siete vacantes, el proceso se redujo a seis cargos tras el fallo “Bertuzzi”.

Cómo es el sistema para poder retirar un pliego

El mecanismo de designación de magistrados en el Senado sigue un procedimiento preciso. Los pliegos tienen entrada en sesión pública y la Secretaría Parlamentaria los difunde dentro de los dos días corridos. A partir de ese momento, los ciudadanos disponen de siete días para presentar observaciones.

Los pliegos deben publicarse con al menos 15 días de anticipación a la audiencia pública en el sitio web del Senado, el Boletín Oficial y las redes sociales institucionales. Si el cargo corresponde a una provincia, también se notifica a los poderes legislativos provinciales.

La Comisión de Acuerdos recibe las observaciones, pone los antecedentes a disposición de todos los senadores y convoca a una audiencia pública con registro taquigráfico. Si el pliego de un candidato obtiene la mitad más uno de las firmas positivas, queda listo para que el pleno del Senado vote su candidatura. De resultar favorable, el aspirante ya cuenta con el acuerdo de la Cámara Alta y asume su nuevo cargo una vez publicado en el Boletín Oficial.

Para retirarlo, como solicita la Casa Rosada, es también el pleno el que tiene la potestad de hacerlo: se somete el pedido a votación y, con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes—, se puede retirar.

El Ejecutivo podría haber tenido margen para frenar el tratamiento si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del dictamen en comisión. Con nueve firmas ya explicitadas, esa decisión es ahora potestad exclusiva del recinto.

La postulación también derivó en una presentación ante el fuero federal penal: el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación tras el retiro del pliego. La denuncia se suma a otro antecedente que rodeó la candidatura: el exjuez federal Carlos Rozanski había presentado una denuncia contra Michelli y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue archivada.

El fiscal federal Federico Delgado solicitó ese archivo con el argumento de que “es evidente que no existió el hecho que se planteó en la denuncia”.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomaron esta tarde, tras un plenario exiguo en 2025, el análisis de un ramillete de proyectos relacionados con la suba de los cortes de biocombustibles, en medio del conflicto bélico que continúa en Medio Oriente y genera cimbronazos en el mundo del petróleo.

En la Cámara alta, la iniciativa que quiere el Gobierno, en realidad, fue presentada por la jefa oficialista, Patricia Bullrich, y da vuelta el ideal libertario: se trata de un texto que modifica las reglas en medio del juego -un sistema hoy vigente hasta 2030- y sostiene, detrás de un aparente relato de apertura, la protección con celo del centro azucarero durante 15 años, en un guiño más que generoso para las provincias del norte.

Como primer expositor, el secretario de coordinación de Energía y Minería, Daniel González, consideró “oportuno discutir una nueva ley y entendemos que el proyecto Bullrich y otros contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi ya dos años”. Luego, explicó que el articulado libertario implica un aumento en los cortes de 2,5 puntos en biodiésel y de tres puntos en bioetanol. “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, reconoció.

Seguido a ello, observó el costo “muchísimo más alto que el fósil, con el que se mezcla”. Y agregó: “No vemos lógica en duplicarlo, como proponen algunos proyectos”, y lo ató a una suba “estructural y permanente en gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales que lo utilicen para motorizar sus vehículos”. En cambio, dijo que, para el etanol, esto no se repite.

González mencionó que, para el último caso, el incremento de 12 a 15 puntos continuará conformado por seis puntos para la caña de azúcar, seis para el maíz y se incorporan tres restantes de “libre competencia”. Y siguió: “Para el corte de 10 -puntos- en biodiésel, hablamos de mínimos que pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción, y es un gran equilibrio entre conceder un beneficio, con un impacto fiscal moderado y un aumento del costo del gasoil moderado”.

El funcionario también advirtió que el Gobierno “no cree en cupos, sino en la competencia”, que se iniciaría “de forma inmediata para el etanol”, mientras que en el biodiésel se irá “dando en el tiempo”. “Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste. Un consenso absoluto no va a existir”, reconoció, y afirmó que están petroleras y automotrices “alineadas” con el nuevo plazo de 15 años para “mezclas predecibles y estables”. Se obviaría el régimen -con inversiones de todo tipo- que se encuentra vigente hasta 2030 -interesa la seguridad jurídica-, como indicó el director de la Cámara de empresas pymes regionales elaboradoras de biocombustibles, Federico Martelli.

Junto a González se presentó el subsecretario de combustibles líquidos, Federico Veller, quien direccionó la lupa hacia “normas internacionales para subastas” y “buenas prácticas que establecen que, para evitar asimetrías, es conveniente establecer grupos y zonas de negociación -denominados “clusters”- para que los precios sean equivalentes”. Quedaría determinado cuando por la reglamentación.

Las primeras advertencias llegaron desde Santa Fe. “Hemos encontrado algunas cosas que nos preocupan”, expresó el subsecretario de relaciones institucionales de la provincia, Juan Rodil. Si bien reconoció la “vocación de diálogo” de la Casa Rosada, relató que el distrito que comanda Maximiliano Pullaro “encaró una conversación con todos los actores” para “tratar de encontrar un consenso que entendemos está trabando bastante la ley desde hace unos años”. En esa línea, manifestó: “Hay que modernizar, ser más competitivo y encontrarle la vuelta para que se transforme en un horizonte productivo de la Argentina y traiga la estabilidad al sector”.

Con las disertaciones del resto de invitados quedaron expuestos dos puntos principales: varios legisladores ven con mejores ojos la iniciativa de la ex funcionaria de energía y actual senadora salteña Flavia Royón -clave la balanza entre compañías integradas y no integradas, es decir, si tienen o no el control de la materia prima- y la trampa sobre la supuesta “liberalización” del mercado que prometen Bullrich y el Gobierno: que el biodiésel se arregle por su cuenta -y por tramos- y que el bioetanol tenga asegurado, durante largos años, unos seis puntos de corte fijo para la caña de azúcar, más otros seis para el maíz, que mira Córdoba.

De esta manera, en realidad no se relajaría nada ya que, de ser así, quienes conocen el sistema sostienen que viraría todo muy rápido hacia el maíz. Por eso el freno y la doble vara que pretende mantener Bullrich. Detrás de todo esto hay un jugoso negocio y, en clave política, que mandatarios provinciales se maten ante intentos de dictamen. Mientras más revuelto todo, mejor para el oficialismo. Ahí es donde, hasta ahora, supo moverse mejor.

En medio de las tensiones por las diferencias en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli, Karina Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich para mostrar unidad y despejar dudas sobre su continuidad en el partido.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes cercanas a las protagonistas, el encuentro se llevó adelante en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, en el primer piso de Balcarce 50, aunque el contenido de lo conversado no trascendió por el momento.

El cónclave fue confirmado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, quien publicó una foto en su cuenta de X, luego de haber marcado algunos cuestionamientos sobre determinadas medidas del Gobierno en los últimos días.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, escribió, para acompañar la imagen en la que se las ve a las dos conversando a solas, lo cual fue luego retuiteado por el mandatario.

El primer distanciamiento de la ex ministra de Seguridad fue a comienzos del mes pasado, cuando le reclamó a Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, que presente cuánto antes la información sobre su patrimonio.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, sostuvo, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, en el canal A24.

Más recientemente, la dirigente del oficialismo se comunicó con el presidente Javier Milei para anticiparle que iba a apoyar el pliego de la jueza Michelli, que las autoridades nacionales enviaron al Senado para su aprobación, pero que posteriormente pidieron retirar al enterarse de que era la cuñada de Hugo Alconada Mon, quien investiga en el diario La Nación varias causas de supuesta corrupción en la actual administración.

Para evitar mayores conflictos, la propia Bullrich aclaró con un mensaje en las redes sociales su decisión de recurrir a la objeción de conciencia para no ir en contra del ascenso de la magistrada, como pedía el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, un datio que luego llamó la atención fue que durante el diálogo con el líder libertario, la referente del espacio puso a su disposición la renuncia como cabeza del bloque, la cual no fue aceptada por Milei.

En el entorno de la ex ministra, en tanto, buscaron minimizar esa situación, al remarcar que lo hizo por una cuestión protocolar, ya que le estaba adelantando que va a votar en contra de los intereses de la Casa Rosada, pero que en ningún momento pensó en abandonar el partido.

“La idea del tuit fue dejar bien en claro que se trata solamente de una mirada puntual sobre un tema especifico. Sabemos del impacto que tiene y de las miradas que se iban a hacer al respecto, pero tratamos de redactarlo de la mejor forma posible para que no haya dudas sobre lo que queríamos decir”, explicó a este medio una persona que estuvo detrás de la publicación.

Respecto de la presentación de la renuncia, cerca de la senadora insistieron con que “estuvo todo bien en la charla con el Presidente” y que toda la discusión se dio “en un tono muy ameno”.

La misma postura tienen por el lado del karinismo, que remarcan que, si bien su posición sobre el pliego de la jueza no cayó del todo bien en el Ejecutivo, tampoco significa que vaya a haber una rumptura.

“Patricia está hace 30 años en la política, tiene votos propios y una estructura ya consolidada. Es alguien con vuelo propio, cuando se sumó sabíamos que era así y que estas cosas podían llegar a suceder, pero no pasa nada”, indicaron fuentes de Balcarce 50.

En este sentido, en el armado porteño también remarcaron que las tensiones no modificaron la posibilidad de que Bullrich sea la candidata de La Libertad Avanza a jefa de Gobierno en el 2027: “Falta mucho para eso, pero el vínculo acá está perfecto”, aseguran.

No obstante, existe una facción dentro del espacio que le recrimina a la ex ministra, que además es integrante de la mesa política, la falta de coordinación con el resto de la cúpula en algunas negociaciones importantes.

“Vos podés marcar tu propia agenda y diferenciarte en determinadas cuestiones, si es que querés postularte para un cargo y no tenés claro el apoyo. Eso es lógico, lo aceptamos, pero lo que no entiendo es por qué en la gestión diaria no juega en equipo”, cuestionó una figura legislativa.

Sobre este punto, las fuentes consultadas pusieron como ejemplo el reparto de las comisiones en el Congreso a principios de año, que en Diputados Martín Menem negoció siguiendo instrucciones de la Roada, teniendo en cuenta los proyectos que se planeaban impulsar a lo largo del 2026, lo que no ocurrió en el Senado.

Mientras tanto, este mismo miércoles el oficialismo estiró una semana más el tratamiento del pliego de Michelli. Así se resolvió durane la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques acordaron el temario de la sesión de este jueves.

Así las cosas, en el recinto solamente se votará la ley de Propiedad Privada, el Acuerdo con Holdouts y cerca de 50 propuestas para el Poder Judicial, entre las cuales no está la carpeta de la cuñada de Alconada Mon.

Unas horas antes del encuentro entre Karina Milei y Bullrich, la aspirante al Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata fue recibida en la Cámara Alta por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sí está completamente alejada del Gobierno.

La candidatura de Michelli es respaldada también por los senadores Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza); Martín Goerling (PRO); Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada (UCR), Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas); Beatriz Luisa Avila (Independencia); Carlos Omar Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero Los Salteños).

El oficialismo estiró una semana más el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, la candidata que ahora quiere retirar la Casa Rosada.

Al término de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques acordaron el temario de la sesión de mañana, la senadora Patricia Bullrich explicó que el jueves “se tratarán 50 pliegos, la ley de Propiedad Privada y el Acuerdo con Holdouts. En esos 50 pliegos no está el de Michelli”.

En el encuentro que se desarrolló en la sala contigua al despacho de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, también se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en su rol de presidente de la Comisión de Acuerdos, ingresará hoy el dictamen de Michelli para que empiecen a correr los 7 días necesarios para poder llevarlo al recinto. “Hoy lo ingresa Pagotto y lo vamos a tratar el miércoles de la semana que viene”. Hasta el senador riojano se había negado a presentarlo por lo que el dictamen, técnicamente, no tenía estado parlamentario.

Apenas una hora más tarde del término de la reunión de Labor Parlamentaria, el senador libertario que responde a los Menem y, por consiguiente, a Karina Milei, realizó el ingreso del dictamen positivo del pliego de la jueza Michelli, por lo que ya está habilitado para que vaya al recinto.

En medio de esta nueva interna que desató la postulación de la cuñada de Hugo Alconada Mon para ocupar un cargo de jueza en La Plata, se vio un nuevo posicionamiento de Bullrich contrario a los designios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta de La Nación, Victoria Villarruel, también se subió al debate y se reunió con la candidata para brindarle su apoyo en medio del rechazo de los hermanos Milei.

Lo que sí sucederá mañana, y que seguramente será uno de los primeros puntos a tratar en la sesión que comenzará a las 11 de la mañana, es que se le dará ingreso al pedido del Ministerio de Justicia de retirar la carpeta de Michelli. “Esto no se vota, sólo es el anuncio del pedido y el ingreso del mismo”, dijo el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien luego adelantó que su bloque, que firmó positivo el dictamen, se mantiene con la misma postura.

En la próxima sesión se definirá cómo y qué se vota primero, si el pliego o el pedido de retiro; en todo caso, la carpeta de Michelli ingresará junto a otras 22 que no se debatirán mañana.

Temario

En el mismo encuentro se definió que el temario de la sesión se completará con el tratamiento de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley de pago a los holdouts.

En el caso de la primera de ellas el oficialismo habría conseguido los votos para mañana. Pero como tuvieron que aceptar modificaciones en el texto, deberá volver a la Cámara de origen.

La norma que habilita la compra de tierra a capitales extranjeros y que agiliza los desalojos, entre varios puntos, sufrió modificaciones en el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

En el caso del proyecto de ley de pago a los holdouts (fondos buitre) enviado al Congreso, el Gobierno busca cancelar una deuda de USD 171 millones mediante un nuevo acuerdo de conciliación judicial. La administración libertaria elevó esta propuesta para saldar los últimos juicios activos contra el país por la alteración de los cupones PBI en 2013.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien aseguró que lo iban a investigar cuando lleguen al poder. El titular del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales, aprovechó para cuestionar su gestión en la provincia del noroeste e incluso el propio Javier Milei replicó el mensaje en su cuenta.

En diálogo con Infobae al Amanecer, el mandatario riojano criticó la visión centralista del Gobierno y apuntó contra el ministro: "Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado“.

Asimismo, consultado por los dichos de Caputo contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Quintela consideró que estos demuestran desconocimiento de la realidad de la Argentina: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos. Por lo tanto, no tiene una visión integral”.

“No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron en lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, agregó con vehemencia.

Seguido a esto, el ministro de Economía compartió una publicación en sus redes sociales y cruzó al mandatario riojano: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”.

Y añadió: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.

En esa línea, Quintela había cuestionado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que impulsó el Poder Ejecutivo y afirmó: "El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía“.

Para Quintela, las provincias atraviesan una situación muy compleja. El gobernador explicó en la misma entrevista que en una reunión que mantuvieron ayer, “todos los gobernadores coincidieron en que la situación es crítica. Hay cierre de comercios, caída de la industria, pérdida de puestos de trabajo, inflación...”.

Y detalló que dedica “casi el 80 % de su tiempo” a resolver urgencias: “No en aplicar políticas públicas, sino en problemas individuales: gente que no puede pagar la luz, que no tiene para comer o para medicamentos”.

Además, advirtió que su provincia gasta “1.200 millones por mes” en salud, cifra que no cuenta con respaldo nacional dado el recorte de partidas transferidas.

Otra preocupación, según el gobernador, es la emergencia en infraestructura. Señaló que “son 30 o 40 kilómetros de cráteres” en las rutas nacionales, lo que ha provocado “tres o cuatro muertes” el fin de semana anterior, lo que refleja el deterioro de los servicios federales.

Ante la falta de recursos, Quintela confirmó el regreso de los bonos provinciales “chachos”, señalando que “tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. y ahora “van a volver” con la premisa de que “pierdan lo menos posible el poder adquisitivo”.

Kicillof, el peronismo y los desafíos de cara a 2027

Consultado sobre el futuro del PJ, Quintela afirmó la necesidad de “ampliar el espacio, ahora más que nunca”. Señaló que existen línea rojas claras: “El límite es (Mauricio) Macri, el límite son los libertarios y también Victoria Villarruel”.

Respecto de las candidaturas para 2027, opinó que hoy por hoy el candidato parece ser Axel Kicillof, aunque enfatizó que el peronismo “tiene una oferta interesante”: citó a Sergio Massa, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto y Gerardo Zamora como dirigentes con experiencia y visión federal.

El gobernador destacó la importancia de “volver a una Argentina que crezca en lo industrial. Fabricar aviones, trenes, buques, armar un esquema propio de Defensa”. Aseguró que el país debe perseguir la autosuficiencia y el respeto internacional.

Continúa la controversia por el retiro del pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con nuevas divisiones dentro del oficialismo y sus aliados en el Senado. Desde que el Gobierno dejó trascender que retiraba a la postulante por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon, más legisladores se sumaron a rechazo de la decisión.

Esta mañana, el senador formoseño Francisco Paoltroni, integrante de La Libertad Avanza (LLA), manifestó su desacuerdo con la decisión del Gobierno y anticipó su rechazo al retiro del pliego. “Cuando no estoy de acuerdo planto mi disidencia”, sostuvo el libertario, citando también situaciones previas como la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación de su declaración jurada.

El legislador ratificó que apoya la gestión económica oficialista, pero defendió su postura independiente en cuestiones institucionales y éticas. “No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño”, expresó.

“Vengo acompañando todo, sobre todo la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional, o la moral como política de Estado, en la que doy mi punto de vista. No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño", agregó, en diálogo con radio Rivadavia.

Desde el bloque radical, la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada confirmó que su bancada votará en contra del retiro del pliego y destacó que “no encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”.

“Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien. Solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien. Ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, afirmó, por la misma emisora. También anticipó que, si la moción de retiro fracasa, dará un paso más: “Yo voy a votar en contra de retirar el pliego y si gana esa moción luego votaré a favor de que sea jueza”.

El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, calificó de “desprolijo” el accionar del oficialismo y afirmó que la postura del PRO es mantener el pliego de Michelli. El referente macrista recalcó que la candidatura fue enviada por el propio Gobierno y que ahora se busca retirarla solo por “trascendidos” sobre su parentesco familiar, y cuyo vínculo con el periodista crítico del diario La Nación genera malestar en el Gobierno.

“La posición del PRO es mantener el pliego y no votar el retiro. Nos parecía una barbaridad como se trató la designación, que es un proceso largo y no es un capricho de nadie. Tampoco es una jueza de la oposición. Ellos fueron los que mandaron el pliego y ahora se arrepienten por trascendidos”, señaló hoy en declaraciones a radio Mitre.

Otra de las senadoras que expresó su conformidad en ratificar el pliego de Michelli fue la salteña Flavia Royón, del “bloque Primeros los salteños”. La legisladora, que fue una aliada en votaciones clave del Poder Ejecutivo, deslizó su opinión al adherir y compartir el mensaje de la senadora Patricia Bullrich, donde advierte su desacuerdo con el Poder Ejecutivo en relación al pliego.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, expresó Bullrich, al ratificar su pertenencia a LLA. El realineamiento de las placas tectónicas de sectores oficialistas se inició, justamente, a partir de ese posicionamiento en el que se coloca en la vereda de enfrente del presidente Javier Milei en lo que respecta al trámite parlamentario.

“¿Si hay riesgo de ruptura? No, de ninguna manera", remarcó hoy la senadora Bullrich al referirse a su vínculo con el Gobierno, y atribuyó el episodio a un “problema de masividad” en el envío de pliegos judiciales por parte del Gobierno.

En la misma sintonía, el senador entrerriano Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), otro aliado estratégico de las reformas del Gobierno en el Senado, ratificó la firma de su dictamen, en la que apoya la designación del pliego de Michelli, y aseguró: “Mi posición es la misma, para mí no está en condiciones de retirarlo y el Gobierno debe dar explicaciones”.

“Hay un proceso transparente para llevar adelante el debate; si entramos a discutir si es pariente o no es pariente de alguien, no es una cuestión razonable bajo ningún punto de vista", deslizó, en declaraciones a radio Sudamericana.

En ese marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel también mostró un gesto político al reunirse con Michelli y expresarle su apoyo.

El retiro de la postulación de Michelli fue formalizado la semana pasada cuando el Ejecutivo envió el pedido al Senado, dos semanas después de que la candidata hubiera expuesto ante la Comisión de Acuerdos y recibido dictamen favorable de nueve senadores.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, también se expresó en contra del retiro del pliego y remarcó que “la candidata fue evaluada y considerada apta para el cargo”. Por lo tanto, enfatizó en que el Poder Ejecutivo explique públicamente los motivos del retiro del apoyo a su designación.

“La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, expresó.

Michelli es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se incorporó al Poder Judicial en 1994.

Desde entonces, ocupó cargos en la Secretaría Electoral de La Plata y en la Cámara Federal de Apelaciones, así como en el Tribunal Oral Federal N.º 2 y, desde 2009, como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1.

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una investigación penal por presunta discriminación ante el rumor de que la jueza fuera descartada por por ser cuñada de un periodista.

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó ayer en un evento empresario y lanzó una frase muy dura contra quien hoy aparece como uno de los principales candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales de 2027: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

En ese contexto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló en Infobae al Amanecer y salió en defensa del peronismo, criticó la visión centralista del Gobierno nacional y anticipó revisiones profundas en la relación entre las provincias y el Estado federal.

El mandatario provincial fue especialmente duro para responderle a Luis Caputo: “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”.

El gobernador de La Rioja consideró que los comentarios del ministro de Economía sobre Kicillof demuestran desconocimiento de la realidad de la Argentina: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos. Por lo tanto, no tiene una visión integral”.

“No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, agregó con vehemencia.

“El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía”, remató.

La crisis del Interior

Según Ricardo Quintela, las provincias atraviesan una situación muy compleja. El gobernador explicó en la misma entrevista que en una reunión que mantuvieron ayer, “todos los gobernadores coincidieron en que la situación es crítica. Hay Cierre de comercios, caída de la industria, pérdida de puestos de trabajo, inflación...”.

En la misma línea, el mandatario provincial detalló que dedica “casi el 80 % de su tiempo” a resolver urgencias: “No en aplicar políticas públicas, sino en problemas individuales: gente que no puede pagar la luz, que no tiene para comer o para medicamentos”.

Además, advirtió que su provincia gasta “1.200 millones por mes” en salud, cifra que no cuenta con respaldo nacional dado el recorte de partidas transferidas.

Otra preocupación, según el gobernador, es la emergencia en infraestructura. Señaló que “son 30 o 40 kilómetros de cráteres” en las rutas nacionales, lo que ha provocado “tres o cuatro muertes” el fin de semana anterior, lo que refleja el deterioro de los servicios federales.

Ante la falta de recursos, Quintela confirmó el regreso de los bonos provinciales “chachos”, señalando que “tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. y ahora “van a volver” con la premisa de que “pierdan lo menos posible el poder adquisitivo”.

Kicillof, el peronismo y los desafíos de cara a 2027

Consultado sobre el futuro del PJ, Quintela afirmó la necesidad de “ampliar el espacio, ahora más que nunca”. Señaló que existen línea rojas claras: “El límite es (Mauricio) Macri, el límite son los libertarios y también Victoria Villarruel”.

Respecto de las candidaturas para 2027, opinó que hoy por hoy el candidato parece ser Axel Kicillof, aunque enfatizó que el peronismo “tiene una oferta interesante”: citó a Sergio Massa, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto y Gerardo Zamora como dirigentes con experiencia y visión federal.

El gobernador destacó la importancia de “volver a una Argentina que crezca en lo industrial. Fabricar aviones, trenes, buques, armar un esquema propio de Defensa”. Aseguró que el país debe perseguir la autosuficiencia y el respeto internacional.

Críticas al Gobierno y defensa de referentes peronistas

Quintela fue enfático al describir la gestión nacional: “Hay un presidente (Javier Milei) que trabaja exclusivamente por un círculo muy minúsculo. Se naturalizan la mentira y la agresión hacia la sociedad”. También señaló la falta de respeto institucional y la gestión discrecional con las provincias.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, afirmó: “Ella está a la altura de los líderes más importantes del planeta. La visión geopolítica que tiene no la tiene nadie aquí en la Argentina”.

Contrastó esa figura con la del presidente Milei, a quien tildó de subordinado respecto de las potencias extranjeras.

Por eso, Quintela cerró remarcando que una futura administración peronista investigará a fondo las acciones del gobierno actual, exigiendo rendición de cuentas por todas las decisiones que hayan condicionado el desarrollo del país y de las provincias.

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En medio del revuelo por las diferencias internas que afectan al gobierno libertario, Patricia Bullrich descartó esta mañana cualquier posibilidad de ruptura dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, pese a la tensión abierta con el Poder Ejecutivo por su negativa a acompañar el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

“¿Si hay riesgo de ruptura? No, de ninguna manera, de ninguna manera”, remarcó la senadora al ser consultada por periodistas a la entrada del Congreso, y atribuyó el episodio a un “problema de masividad” en el envío de pliegos judiciales por parte del Gobierno.

La jefa del bloque libertario en el Senado había anunciado días atrás que ejercería su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del presidente Javier Milei de retirar la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata. El rechazo del Ejecutivo a la postulación de Michelli se produjo tras advertir que la abogada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó casos de corrupción vinculados a la administración libertaria.

Ante el revuelo y las dudas sobre la unidad de la bancada que encabeza, Bullrich reivindicó la solidez del espacio. “Es un bloque que está consolidado en las ideas. Hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, destacó, y anticipó que la sesión prevista para el jueves seguirá adelante. “No vamos a parar por el Mundial“, subrayó.

Al mismo tiempo, la senadora ofreció una lectura más amplia del conflicto. Reconoció que el Gobierno tomó “la decisión de hacer una revolución en la Justicia” y que “en la masividad puede haber habido algún problema”, en referencia al volumen de pliegos enviados al Senado.

Al respecto, señaló que la realidad del sistema judicial en el interior del país —con jueces que recorren cientos de kilómetros para cubrir distintas jurisdicciones— justifica la urgencia de cubrir los cargos vacantes. “Si piensa en El Dorado, Misiones, si piensa en que un juez viaja de Neuquén a Bariloche, y que son 800 kilómetros”, planteó.

Sobre las críticas internas —un legislador del espacio calificó su postura de “impericia política”—, Bullrich las relativizó y resaltó que desde el propio partido recibió un respaldo implícito. Citó un comunicado interno de LLA que, según ella, reconoce que “las divergencias son parte de la vida política” dentro del marco de los acuerdos del proyecto.

La tensión en el bloque se profundizó además con el movimiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se reunió ayer con la propia Michelli. Según trascendió, la titular del Senado le habría asegurado a la candidata que respetará la independencia de poderes y las actuaciones de la Cámara alta, en un nuevo un gesto que amplió la distancia entre la titular del cuerpo y los hermanos Javier y Karina Milei.

El pliego de Michelli ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, con nueve firmas de senadores de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores provinciales.

La senadora Bullrich también reveló que, durante la conversación privada en la que le comunicó a Milei su posición, ofreció su renuncia a la jefatura del bloque. El Presidente la rechazó.

Este miércoles, la Comisión de Labor Parlamentaria —convocada por Villarruel— definirá si los pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales se incluyen en el temario de la sesión del jueves. Desde el oficialismo no descartan retirar ese punto del orden del día para evitar una derrota, lo que dejaría para su tratamiento únicamente el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default de 2001.

El 18 de agosto del 2025, Sergio “Tronco” Figliuolo se pegó un termo en la cabeza con cinta adhesiva mientras realizaba un programa en el streaming oficialista Neura para explicar cómo había que encarar los proyectos que proponía el Gobierno: “Hay cosas en las que hay que ser termo, viejo (...) yo hay un montón de cosas en las que soy re termo”. Ese día fue confirmado como candidato a diputado por LLA en la provincia de Buenos Aires. El objetivo era claro: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quería militantes con obediencia debida. Primero se levanta la mano. Luego se pregunta. El estilo de Figliuolo o Alejandro Fargosi fueron la regla.

La excepción, quizás, fue Patricia Bullrich. Con vuelo propio, avisó de entrada que no sería vertical 100% en el Senado. “Tiene votos, política y gestión. Las tres cosas que necesita un líder. No va a pedir permiso”, sentenció alguien que trabaja con ella hace años a Infobae. Lo cierto es que si bien en un principio no se corrió ni un centímetro de los pedidos del Presidente, luego de las sesiones extraordinarias comenzó a despegarse de ciertas decisiones de los hermanos Milei. Sobre todo tras pensar que la habían enviado al Senado para que perdiera el protagonismo que tenía como ministra de Seguridad. Dato no menor, Bullrich es la dirigente con mejor imagen positiva. Por encima del Presidente.

Karina Milei nunca confió en ella. Su candidato a jefe de gobierno era Manuel Adorni, hoy caído en desgracia. La ex ministra primero exigió explicaciones públicas al JGM por su declaración jurada. La respuesta vino por parte de Milei ese mismo día. Luego contradijo a Karina por el proyecto del Ejecutivo para suspender las PASO al proponer en el Senado una negociación, desautorizada por “El Jefe”. Mientras tanto se conoció que presentó un proyecto propio sobre biocombustibles con un guiño al campo y el lunes disparó al corazón: llamó al Presidente para avisarle que votaría en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, impugnada por Casa Rosada por el solo hecho de ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

“Es una locura que tus parientes paguen por lo que vos pensas o escribís. Ella lo llamó y se lo explicó. El Presidente lo entendió”, contaron a Infobae. No se sabe que habrá dicho Karina. Lo cierto es que solo 60 segundos antes de publicar el tuit con su decisión, la ex ministra de Seguridad envió el mismo mensaje al grupo de WhatsApp que tienen los senadores libertarios. Recibió apoyos y críticas. No respondió. Publicó el texto sin responder planteos de sus colegas.

Ayer Bullrich dejó correr el hecho de que le presentó la renuncia como jefa de bloque a Milei y que este no la aceptó. Por primera vez desde que asumió el poder, La Libertad Avanza tiene al bloque partido. Hoy a las 11 habrá labor parlamentaria para ordenar el temario de la sesión del jueves. Luego, a las 16 habrá una reunión de bloque. Bullrich pidió hacerla en el salón de las Mujeres. Otros quieren hacerla en el anexo “como hacemos siempre, para que no sea un show”. Aún está por verse. A última hora de anoche ya había comenzado el poroteo por el voto de los pliegos. La discusión libertaria es “se vota con Karina o con Patricia”.

“Sos parte de un Gobierno. Tenés que respetar. Ante cada error no podes salir. ¿Por qué tenés que romper tan temprano?”, se preguntó un senador que acompañará la decisión del Poder Ejecutivo, en contrario a lo que plantea Bullrich. En el bloque son 21. La senadora no estará sola. Francisco Paoltroni votará para sostener el pliego de la jueza que indigna al Presidente y a Karina. “Como siempre acompaño la agenda del Gobierno. Pero en materia institucional ya tuve diferencias, empezando por (Ariel) Lijo, luego con lo de (Manuel) Adorni y ahora con la jueza, sumado a la demorada intervención de Formosa”, dijo el senador a este medio. Luis Juez hará lo mismo. Carmen Álvarez Rivero podría votar en sintonía, quedando frente a Karina. ¿Que hará Agustín Monteverde, aliado de Bullrich, pero cada vez más cerca a “El Jefe”?

El peronismo en el Senado respira aliviado ante la interna libertaria. Es que adentro ellos también se rompieron. Hace tiempo. La votación por la continuidad de Carlos Mahiques como camarista dejó heridas que no van a curarse rápido. El poder de fuego de Cristina Kirchner mermó. Los 11 senadores que sostuvieron su planteo para ir contra el magistrado quedaron expuestos. Hasta el propio Gildo Insfrán mandó a una de sus senadoras a bancar a Mahiques. Impensado meses atrás. Cuentan que en la última reunión todo terminó a los gritos y que la senadora Anabel Fernández Sagasti terminó al borde del llanto. “Ellos ahora van a denunciar a Villarruel por el tema de las comisiones pero porque al ponerse en rebeldes y no integrarlas se quedaron sin voz disidente. No pueden emitir dictamen en un montón de temas a tratar, como el de propiedad privada. Y ahora se dan cuenta que se fueron quedando solos”, consideró una senadora peronista que fue alejándose de la conducción de San José 1111.

Desde esa dirección bajan señales, pero aún no del todo claras. No es novedad que la ex presidenta no encuentra un candidato competitivo para enfrentar a Axel Kicillof y buscaría forzar una negociación. El gobernador bonaerense está lanzado a la presidencial aunque insiste en no decirlo públicamente porque aún tiene varios nudos que desatar. Uno es clave para la provincia de Buenos Aires. La re reelección de los intendentes es -quizás- el único tema que tienen los jefes comunales como prioridad. Kicillof los necesita a su lado para la elección presidencial. Pero para eso habrá una presión doble. Por un lado habilitar una gestión más. Por el otro, desdoblar la elección para focalizar al bonaerense en los problemas de los bonaerenses. Esa estrategia cae mal en libertarios y figuras del PRO. El desdoblamiento haría jugar a los intendentes con todo lo que esté a su alcance. Por eso la oposición piensa que esa será la jugada. Igual a la del 2025.

“Si ellos desdoblan, lo primero que tenemos que saber es que si no vamos juntos estamos directamente muertos. Lo segundo es que el acuerdo no será sencillo”, explicó un armador libertario. Una idea del PRO, sobre todo de Mauricio Macri, es obligar a Karina Milei a bajar las banderas en la Ciudad de Buenos Aires para que el PRO tenga el camino casi allanado. Una alianza así en territorio porteño podría destrabar el resto. Esto es que el PRO acompañe en todo el país. Falta menos de un año para que las urnas empiecen a hablar.

La asociación Integridad Republicana expresó este martes su “profunda preocupación” por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de la doctora María Verónica Michelli, quien se encontraba postulada para ocupar un cargo de jueza federal.

La declaración se difundió en medio de la controversia generada por la decisión del presidente Javier Milei de retirar la candidatura de la magistrada, una medida que despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y jurídicos y que además derivó en gestos de respaldo institucional hacia Michelli.

En el comunicado, Integridad Republicana sostuvo que observa con inquietud el procedimiento adoptado por el Gobierno respecto de una postulación que ya se encontraba bajo análisis de la Cámara alta.

“Integridad Republicana expresa su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”, señaló la entidad.

La organización también hizo referencia a las versiones periodísticas que circularon en torno a los motivos de la decisión presidencial. En ese sentido, indicó: “Conforme a muy serias sospechas de las que dan cuenta las informaciones periodísticas, el motivo de ese inusual proceder sería el parentesco que une a la doctora Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación de larga trayectoria y reconocido prestigio por sus investigaciones independientes respecto de todos los gobiernos”.

El caso adquirió especial relevancia luego de que trascendiera que Michelli mantiene un vínculo familiar con el periodista, quien publicó investigaciones sobre distintos asuntos de interés público vinculados al Gobierno.

La declaración también aludió a los antecedentes existentes en materia de retiro de pliegos judiciales. Según señaló la entidad, existen casos previos asociados a cambios de administración, aunque remarcó diferencias respecto de la situación actual.

“Si bien el retiro de pliegos ya enviados al Senado tiene antecedentes en casos de cambios de gobierno, en esta oportunidad la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”, afirmó Integridad Republicana.

La organización advirtió además sobre las implicancias institucionales que tendría una eventual confirmación de esas sospechas. “Si así fuera, se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano”, expresó.

En el mismo párrafo, la entidad vinculó el episodio con la situación del periodismo y sostuvo que podría interpretarse como una nueva forma de presión sobre la actividad profesional de los comunicadores.

“Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”, indicó el documento.

Este miércoles se conoció que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibiera a Michelli en el Senado y le transmitió el respaldo institucional frente al pedido del Ejecutivo de retirar su pliego. El encuentro sumó un nuevo capítulo a la controversia política generada por el caso.

En el tramo final del comunicado, Integridad Republicana sostuvo que decisiones de esta naturaleza tienen consecuencias sobre la calidad institucional del país y sobre la confianza en el sistema judicial.

“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país”, afirmó la organización.

La entidad agregó que “la República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”.

El documento llevó las firmas de Carlos Negri, presidente de Integridad Republicana, y de Horacio Moavro, secretario de la entidad. También acompañaron la declaración Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz y Marcela Campagnoli.

Al negarse a colaborar con ellos, el militar fue asesinado el martes 19 de agosto de 1975 y, cuatro días después, su cuerpo apareció envuelto en una sábana y en una frazada en un zanjón cercano a la avenida Ovidio Lagos y Muñoz, en Rosario. Pesaba 40 kilos y la autopsia determinó que había sido estrangulado con un cable y que había recibido un fuerte golpe en el cráneo.

Organizado por la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal de la Cámara baja, la proyección del filme dirigido por Fabián Pérez Battaglini, y producido por Marina Turletto -evento con entrada gratuita e inscripción previa- contó con palabras previas de su realizador. “Soy un documentalista que cuenta Historia, que está alejado de la militancia política, pero esta historia del coronel y su familia me impactó y creo debe ser conocida”, subrayó.

Este tipo de eventos no se había podido realizar antes del gobierno de Javier Milei. Un ejemplo: vale recordar la fallida presentación del libro La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, del escritor y periodista José D’Angelo. Por aquel entonces, 7 marzo de 2023, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, denunció que por presión del kirchnerismo fue suspendida en la Biblioteca del Congreso. Y que desde el área de Ceremonial de la Cámara Baja le habían comunicado, un día antes, que la actividad había sido suspendida.

Esto no sucedió con el documental de Battaglini, impulsado por el legislador de la Libertad Avanza, Federico Agustín Pelli, quien había sido noticia el 11 de marzo de este año por haber sufrido un salvaje cabezazo por parte de Marcelo “Pichón” Segura, cuando intentaba acceder a la localidad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán, para brindar asistencia por las inundaciones que afectaron a la ciudad.

Por su parte, durante el evento, el legislador provincial por Tucumán, Walter Adrián Bernarducci, declaró de interés legislativo, cultural e histórico este documental e hizo entrega a Arturo Larrabure, hijo del militar asesinado, un reconocimiento especial a su padre otorgado por unanimidad por la Legislatura tucumana.

Reconocimientos al coronel Larrabure

Según Pelli, el documental “nos convoca a la memoria y al recuerdo de un argentino que vistió el uniforme de la Patria con honor y que sirvió a su Nación con convicción”. Y agregó: “Las palabras memoria y recuerdo, en el caso de él, hoy nos interpelan y llaman a la reflexión como país y como sociedad, porque es insólito que un hombre cuyo ejemplo es digno de los más altos valores, principios e ideales de amor por su patria y por sus compatriotas, haya sido dejado de lado y olvidado durante tanto tiempo”, enfatizó ante los presentes.

El diputado nacional pidió que recordar al coronel Larrabure sea una oportunidad para reafirmar el compromiso con la verdad histórica y no un ejercicio de división o enfrentamiento. En ese mismo sentido, el obispo castrense monseñor Santiago Olivera y el general retirado José Luis Figueroa presentaron su figura como un llamado a la reconciliación, el perdón y la cultura del encuentro.

Ese planteo quedó ligado también a nuevas iniciativas de difusión de su legado. El militar retirado señaló que el mensaje de Larrabure se refleja en el libro próximo a publicarse Larrabure, Voces para el Reencuentro, en el que participan más de 40 personalidades de distintos ámbitos, actividades y corrientes de pensamiento.

Pelli afirmó que homenajear a Larrabure implica recordar “a un soldado argentino, a un esposo, a un padre y a un hombre que permaneció fiel a sus ideales hasta el último momento de su vida”. Según sus declaraciones, el homenaje debe sostenerse en una idea central: la memoria no debe ser usada para profundizar fracturas, sino para sostener una verdad histórica compartida.

Monseñor Olivera: la causa ante la Santa Sede con la mirada puesta en la canonización

El obispo castrense Santiago Olivera explicó que escribió a la Santa Sede y al Dicasterio de la Causa de los Santos para impulsar el proceso de canonización de Larrabure, que ya cuenta con un tribunal de siete religiosos para su investigación. Según Olivera, aunque la muerte ocurrió en Rosario, pudo comenzar la causa porque el obispo era miembro del obispado castrense.

Olivera sostuvo que Larrabure “tiene que estar reconocido y tiene que ser un faro para nuestra patria”. También dijo que la autorización para iniciar ese camino le produjo “mucha alegría” y remarcó que el objetivo “no es para enfrentar, sino para valorar el encuentro, la reconciliación, el perdón”.

Al fundamentar esa posición, Olivera citó al extinto papa Francisco I y al papa León XIV. Según el obispo castrense, Francisco advirtió en un documento de la Iglesia que “las ideologías de cualquier signo, tanto de derecha o de izquierda, ciegan”, y León dijo “hace muy poco” que “las ideologías nos hacen sordos a la verdad”.

A partir de esas referencias, Olivera afirmó que la consigna “memoria, verdad y justicia” sigue vigente “para todos, no de un solo costado”, y reclamó “memoria completa, no fragmentada, una verdad no sesgada y justicia y no violencia, no, no venganza”. En el cierre de su intervención, agregó que la figura de Larrabure puede ayudar a encontrar caminos de encuentro y reconciliación “porque vamos en camino hacia el martirio”.

El obispo castrense sostuvo que fue mártir porque no renegó de su fe y porque entregó la vida antes que salvarse a cualquier precio. En esa línea, vinculó su conducta con una idea expresada por Francisco: “Nos salvamos entre todos”.

“Una enseñanza contra el odio y la confrontación”, el legado de Larrabure

El general retirado José Luis Figueroa agradeció al autor del documental El Vasco nos mira desde arriba y a Pelli por haber abierto en la Cámara de Diputados un espacio que, según expresó, permanecía cerrado para transmitir el mensaje de Larrabure y para dar lugar a una parte de la verdad que durante años permaneció silenciada.

Figueroa dijo que el caso permite visibilizar una etapa de la historia argentina marcada por la violencia terrorista, que a su juicio suele ser olvidada. Aun así, remarcó que el mensaje de Larrabure debe entenderse ante todo como un llamado al encuentro entre los argentinos y no como una reivindicación sectorial.

Al describir ese enfoque, afirmó: “En una guerra fratricida, como en una pelea entre hermanos, hay poco para reivindicar y mucho para analizar, pedir y dar perdón, y aprender para no repetir los mismos errores”. Para Figueroa, ese aprendizaje se resume en tres enseñanzas.

La primera, dijo, es la capacidad de no odiar, perdonar y, si fuera necesario, poner la otra mejilla. Según Figueroa, aun en las condiciones durísimas de su cautiverio, Larrabure no dejó mensajes de resentimiento sino de esperanza, fe y reconciliación.

La segunda enseñanza es la centralidad de los valores y las virtudes. Figueroa recordó que durante el cautiverio se le ofreció recuperar la libertad si colaboraba en la fabricación de explosivos, una propuesta que rechazó con la frase: “A ese precio, no”.

La tercera enseñanza, añadió, es no quedar atrapados en el pasado y mirar hacia el futuro. En su planteo, la memoria debe funcionar como una herramienta de aprendizaje para construir una vida más plena y una Nación más grande, no como un mecanismo para alimentar resentimientos.

Figueroa sostuvo que ese mensaje fue creciendo “como un grano de mostaza” con el paso del tiempo. Señaló que el libro en preparación reúne voces de excombatientes, víctimas y familiares de ambos lados de la tragedia argentina que, desde experiencias distintas, coinciden en la necesidad de cerrar las brechas que aún dividen a los argentinos.

En el tramo final de su exposición, afirmó que la sociedad argentina debe abandonar los discursos de confrontación permanente y recuperar la cultura del encuentro. Según Figueroa, las armas de los años de violencia política ya no son las mismas, pero persisten enfrentamientos estériles que dificultan la construcción de objetivos comunes.

Desde esa idea, concluyó que las diferencias deben resolverse por medio del diálogo, la discusión franca, la negociación y la búsqueda de consensos. Cuando eso no ocurra, añadió, deben operar los mecanismos de una sociedad democrática y civilizada: las elecciones, las instituciones y la justicia.

Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho de la Presidencia del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió respaldo político e institucional en medio de la ofensiva que impulsa la Casa Rosada para impedir su nombramiento en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La reunión se extendió durante casi una hora, se desarrolló en las oficinas que ocupa la vicepresidenta en el primer piso del Palacio Legislativo y ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno nacional y el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El encuentro se produjo mientras la Casa Rosada intentaba retirar un pliego que ya obtuvo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos y cuando, además de la oposición, una parte importante de los bloques dialoguistas, e incluso sectores del propio oficialismo, rechazaban el pedido de retiro que elevó el Gobierno al Senado.

“La vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a Villarruel.

La definición constituyó una señal política relevante. No implicó necesariamente que la vicepresidenta interviniera activamente para garantizar la aprobación de la magistrada, pero dejó en claro que no estaba dispuesta a acompañar iniciativas destinadas a alterar el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto.

El caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el oficialismo. La magistrada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, después de ese avance parlamentario, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura. La determinación generó sorpresa dentro del Senado y abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento parlamentario ya se encontraba avanzado.

La controversia se produjo después de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Esa situación alimentó las críticas de distintos sectores políticos y judiciales que consideraron que la decisión del Gobierno introdujo elementos ajenos a la evaluación de los antecedentes profesionales de la candidata.

La reunión entre Villarruel y Michelli ocurrió además pocas horas después de otro episodio que alteró el tablero político oficialista: la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la estrategia de la Casa Rosada.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que no respaldará el retiro del pliego y comunicó personalmente esa posición al presidente Milei durante una reunión que mantuvieron este lunes. Allí la legisladora le expuso su “objeción de conciencia” a retirar el pliego por el vínculo familiar de la magistrada.

Según pudo saber Infobae, durante ese encuentro Bullrich incluso puso a disposición del Presidente su renuncia a la conducción de la bancada oficialista, en un gesto que reflejó el nivel de tensión que generó la discusión sobre la candidatura de Michelli.

La postura de la senadora tuvo un fuerte impacto político porque expuso una diferencia pública con una decisión impulsada directamente por Milei y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También porque dejó al descubierto que el rechazo a la estrategia oficial no se limitó a la oposición o a los bloques dialoguistas, sino que alcanzó a sectores relevantes del propio oficialismo.

De todos modos, desde el entorno de Villarruel buscaron despegar el encuentro con Michelli de la posición asumida por Bullrich.

Según explicaron fuentes de la Presidencia del Senado, la reunión no tuvo relación con la decisión de la titular del bloque libertario ni debía interpretarse como una acción coordinada entre ambas dirigentes.

La aclaración tuvo una explicación política concreta. La relación entre Villarruel y Bullrich atravesó desde hace tiempo una dinámica oscilante, marcada por acuerdos circunstanciales y diferencias importantes.

Uno de los principales focos de conflicto apareció durante la conformación de las comisiones permanentes del Senado. En aquella discusión, Bullrich impulsó una integración de esos cuerpos legislativos que reducía la representación de la oposición peronista dentro de la estructura parlamentaria.

Villarruel mantuvo entonces una posición distinta y buscó preservar determinados equilibrios políticos dentro de la Cámara Alta. La diferencia fue tan explícita que, de hecho, evitó firmar la conformación de varias de las principales comisiones del Senado, un gesto que en aquel momento fue interpretado como una señal de desacuerdo con la estrategia impulsada por sectores del oficialismo.

Por esa razón, en el entorno de la vicepresidenta consideraron incorrecto establecer una relación directa entre el respaldo institucional a Michelli y la posición que previamente adoptó Bullrich.

Ese gesto de diferenciación es un punto clave que explica que el apoyo de Villarruel a Michelli no tiene relación con la expresión previa de Bullrich, según explicaron a Infobae en la Presidencia del Senado.

Más allá de esas aclaraciones, el encuentro con la magistrada sumó un nuevo capítulo a la confrontación que mantienen la Casa Rosada y la Vicepresidencia.

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel comenzó a deteriorarse incluso antes de la asunción presidencial de diciembre de 2023. Desde entonces, ambos espacios acumularon diferencias sobre la administración del Senado, la estrategia parlamentaria, la construcción política de La Libertad Avanza y el funcionamiento interno del Gobierno.

Con el paso de los meses, esas diferencias se transformaron en una disputa política abierta que derivó en un progresivo distanciamiento entre ambos sectores.

En ese contexto, cada gesto adquirió una dimensión política mayor.

Por eso, la decisión de recibir a Michelli en el despacho de la Presidencia del Senado fue interpretada en distintos sectores parlamentarios como una señal de confrontación de Villarruel frente a una decisión impulsada personalmente por el Presidente y por Karina Milei.

“Michelli es una jueza de trayectoria intachable. Villarruel recibió a muchos jueces y camaristas que pasaron por la Comisión de Acuerdos y tuvieron dictamen para ser llevados al recinto. Este caso tiene características distintas, pero está en el mismo sentido que otros encuentros similares”, explicaron.

Dictamen, antecedentes y discusión reglamentaria

La trayectoria profesional de la magistrada constituyó uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron el intento de retirar su candidatura. Michelli es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ingresó al Poder Judicial hace más de tres décadas y desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Además cuenta con estudios de especialización en derecho penal y acceso a la justicia realizados tanto en la Argentina como en el exterior.

Mientras tanto, el Senado se preparaba para una definición que podría convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El dictamen favorable a Michelli permaneció en condiciones de avanzar dentro del circuito parlamentario y existió una discusión reglamentaria respecto de los mecanismos que podrían utilizarse para habilitar su tratamiento en el recinto. Diversos senadores sostuvieron que una vez emitido el dictamen la decisión ya no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo sino de la Cámara Alta.

La discusión excedió el caso puntual de una candidata a jueza. Para una parte importante del Senado, el debate involucró también la relación entre los poderes del Estado, el alcance de las atribuciones presidenciales y la autonomía de la Cámara para resolver sobre los pliegos que ya superaron las instancias reglamentarias previstas.

En ese escenario, la reunión de Villarruel con Michelli dejó una señal política difícil de ignorar. La vicepresidenta decidió involucrarse personalmente en uno de los conflictos más sensibles que enfrenta la Casa Rosada en el Senado y dejó en claro que, al menos en este caso, no está dispuesta a desconocer una decisión que ya fue avalada por las mayorías de la Comisión de Acuerdos.

El caso del desmarcamiento de Patricia Bullrich de decisiones tomadas por Javier y Karina Milei incomoda sobremanera al Gabinete. Mientras todos se alinean con las políticas del Presidente y su hermana y evitan todo tipo de cuestionamiento en público, observan impávidos cómo la titular del bloque de Senadores continúa intacta y sin reproches de la cúpula del Gobierno.

“Acá es saludo uno, saludo dos”, dicen en el equipo de los ministros, donde apenas hablan públicamente por temor a represalias de la Secretaria General. Y, si se expresan por lo bajo, tienen extremos cuidados de que no se note.

Por caso, según revelaron a Infobae, hubo una decisión generalizada de los más altos funcionarios de evitar presentar sus respectivas Declaraciones Juradas antes de que lo haga el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sobre todo después de que Bullrich no tuviera ese cuidado y la pusiera a disposición de la OA antes que nadie, hace dos semanas.

No hubo una bajada clara de parte de Karina Milei en ese sentido, pero en las carteras aplicaron un viejo dicho para ilustrar la medida preventiva: “A buen entendedor, pocas palabras”. “Ni se nos ocurriría”, dijeron en una de las carteras de mejor relación con el Presidente y su hermana. Nadie quería quedar “pegado” a un desmarque del Gobierno.

En LLA trataron restarle relevancia a la jugada: dijeron que la senadora “siempre adelanta sus presentaciones”. Pero en privado empezaron a sospechar de las intenciones. Y en algunos días en el grupo de karinistas pasaron de la sorpresa al enojo por las diferenciaciones de Bullrich. Mientras, en el PRO, quienes mejor la conocen deslizaron a este medio que no tienen dudas de que son señales de que “está haciendo su propio juego”.

En el Gabinete, del lado de Santiago Caputo (que no tiene el cargo de ministro pero funciona como tal y en algunos casos, por encima), responsabilizaron al “equipo Rocket” por la jugada que desembocó en la “objeción de conciencia” de Bullrich. Así llaman despectivamente al grupo político que responde de Martín Menem. Están convencidos de que de parte ese sector, que responde a Karina Milei, hubo una “mala praxis”. Que enviaron el pliego de la jueza Verónica Michelli por error, sin tener en cuenta que el Presidente no la aprobaría. Y después quisieron “usar” a Patricia Bullrich para retirarlo.

Con malestar, también recordaron que se habían producido ruidos con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, supuestamente ligados a la AFA, y deslizaron que “los mismos que los enviaron ahora plantean que no avancen en el Senado”. Apuntaron hacia el área del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a ese lugar con el aval y la protección de la hermana del Presidente.

Casualmente, o no, ayer no se hizo, como es habitual, la reunión de la mesa política que lidera Karina Milei y de la que participa desde el año pasado Patricia Bullrich. Mientras, Martín Menem admitió que existe una interna en el Gobierno, aunque para bajarle el tono: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie, son cosas normales que pasan en todos los gobiernos, nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar, cuando tiene que producir”, sostuvo en el encuentro de ayer del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Como en el Gabinete, una sensación de descontento corrió ayer también por el bloque libertario. Inquietos, algunos alfiles mileístas en la Cámara alta deslizaron que podrían ellos mismos alegar objeción de conciencia con otros temas.

Mientras tanto, Milei, frenético usuario de X, hizo caso omiso del mensaje a través del cual Patricia Bullrich, el lunes, ventiló su objeción contra el retiro del pliego de Michelli y provocó un tembladeral político en el Gobierno. Pero en la Casa Rosada confirmaron a este medio que no le aceptó la dimisión de la presidencia de la Cámara.

“Es de persona de bien presentar la renuncia”, dijeron por lo bajo en el entorno de la ex PRO. Mientras aumentan los rumores de que tiene planes de ser nuevamente candidata a presidenta el año que viene, o en 2031, ella lo niega en privado y en público (la semana pasada escribió que tal versión era una “fake news”, una noticia falsa).

También en el círculo bullrichista deslizaron que con el primer mandatario “hablaron de otros temas”, una muestra de que la legisladora permanecerá en su lugar.

Ayer, Bullrich participó de un evento sobre ciberseguridad en Mendoza. Horas antes, una funcionaria que había llegado al ministerio de Salud de su mano, Mara Reynoso, del área de Salud Sexual, se sumaba a la lista de funcionarios de su órbita que dejan el Gobierno. La semana pasada le había tocado el turno a Federico Angelini, que dejó el ministerio de Seguridad.