La lucha contra la inflación se ha convertido en el eje de la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia argentina. En una entrevista exclusiva con el medio español El Debate, el mandatario repasó los desafíos de su gobierno para estabilizar la economía y denunció los obstáculos políticos internos, con especial énfasis en el rol de Victoria Villarruel dentro del Senado. Además, detalló los avances en materia de precios y advirtió que el camino hacia la estabilidad aún enfrenta resistencias y tareas pendientes.

Durante la conversación, Milei sostuvo que la Argentina heredada tras el último ciclo kirchnerista se encontraba al borde del colapso económico. “La inflación corría al 54 % mensual. En diciembre de 2023 estaba en ese nivel”, recordó. El presidente describió una situación fiscal y monetaria límite, con cuatro bases monetarias en el Banco Central y deudas con importadores por cerca de USD 50.000 millones. “Tenía reservas internacionales netas negativas. Estábamos en una condición muy, muy precaria como para poder enfrentar el pago de deuda que teníamos”, insistió.

Según Milei, el principal remedio aplicado fue un ajuste del gasto público sin precedentes. “En seis meses terminamos con el déficit fiscal. En el lapso de seis meses nosotros hicimos un ajuste fiscal de quince puntos del PIB”, explicó el mandatario. Calificó la medida como “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, al tiempo que precisó: “Bajamos un 30 % el gasto público en términos reales. En términos de dinero, le devolvimos a los argentinos USD 90.000 millones”.

El presidente detalló que la economía respondió de modo inesperado: “La teoría económica dice que un proceso como ese suele ser híper recesivo. Nos auguraban algo peor que la Gran Depresión. Cuando llegamos, el PIB traía una caída por arrastre estadístico de 3,5 puntos del PIB y cerramos con una caída del 1,8 puntos del PIB. Eso quiere decir que en realidad el PIB subió”. Además, resaltó que el estimador mensual de actividad económica mostró un crecimiento interanual del 6,6 % en diciembre de 2024.

En ese contexto, Milei volvió a hablar de los precios y reiteró que “la inflación mayorista ya está por debajo del 1 % mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual”. De todas formas, admitió que el descenso de la inflación minorista es más lento debido a factores estructurales: “La inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea”.

En ese marco, puntualizó que los precios de los servicios públicos aún requieren ajustes. “Todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”, explicó. Estas distorsiones, según Milei, son un obstáculo para la consolidación de la baja inflacionaria y exigen un seguimiento continuo para evitar que se trasladen a la economía doméstica.

El mandatario defendió que el verdadero camino hacia la estabilidad pasa por la disciplina fiscal y el respeto al derecho de propiedad. “Si usted defiende la propiedad, defiende la libertad, defiende la vida y usted va a progresar”, sostuvo, citando como inspiración las ideas de Adam Smith.

Para el presidente, el éxito del ajuste radica en la reducción efectiva del gasto estatal y en la devolución de recursos al sector privado. “Cuando el ajuste es vía la reducción de gasto es popular y expansivo porque le está devolviendo el dinero a sus legítimos usuarios. El ajuste es recesivo cuando usted aumenta la presión fiscal, pero no cuando usted achica al ente opresor y destructor que es el Estado. Nosotros lo que hicimos es achicar el Estado”, sentenció.

Obstáculos políticos y el rol de Victoria Villarruel

Milei no eludió las dificultades políticas para avanzar en su programa económico. En la entrevista, señaló directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una figura que obstaculizó reformas clave desde la presidencia del Senado. “A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, afirmó el mandatario en referencia a un supuesto intento de su compañera de fórmula de haber intentado impedir, junto a disidentes de Vox, la última visita del mandatario a España.

El presidente relató que los desencuentros con Villarruel no son recientes: “Estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creía que era algo nuevo, pero me sorprende que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años”. Mencionó episodios específicos, como la demora en la aprobación de la ley de Bases y el Pacto de Mayo, cuya firma tuvo que posponerse del 25 de mayo al 9 de julio. Milei criticó que Villarruel se ausentó de la sesión clave alegando problemas de salud, para luego aparecer públicamente al día siguiente.

El mandatario vinculó estas actitudes con una estrategia deliberada de bloqueo legislativo: “Después se empezó a juntar con gente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno”. Para Milei, estos movimientos internos han complejizado la aplicación de las reformas económicas y la consolidación de la estabilidad.

Su alianza con Trump y Netanyahu

En el tramo final de la entrevista, Milei reivindicó su vínculo con líderes internacionales y su visión global sobre la defensa de la libertad. Señaló su admiración y amistad con Donald Trump y destacó la gestión de el mandatario estadounidense en la resolución de conflictos internacionales y su aporte a la causa de Occidente.

“Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos. Con todo lo que implica en términos de salvar vidas humanas y mejorar el bienestar del mundo. Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela”, subrayó.

El jefe de Estado argentino también elogió a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien describió como “una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”. Milei afirmó que se siente agradecido por conocer y mantener una relación cercana con ambos, y sumó a Viktor Orbán y Giorgia Meloni como referentes y aliados en la escena internacional.

El Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.

Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”, según opinó ante Infobae el directivo de una importante compañía del sector de servicios.

Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como “enemigos” porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.

Fuentes oficiales admitieron a Infobae que en la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.

“Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato", dijo la fuente.

Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.

Este magistrado fue el que atormentó a la pyme Lácteos Vidal en su batalla contra el sindicato ATILRA, ya que el año pasado ordenó el embargo por unos $168 millones contra la empresa por haberse negado a reincorporar a 26 empleados despedidos por su participación en violentas protestas y en amenazas contra sus propios compañeros. “El fallo es funcional a la mafia sindical, me quieren fundir”, denunció Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, en alusión a Ramonet.

¿El Gobierno pensaba que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley: “Lo dieron por perdido porque en ese fuero hay una parte muy moderada y otra representa al kirchnerismo puro”.

Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.

La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la Ley 27.802 confluya en el fuero contencioso administrativo, que, tras un planteo del Gobierno, ya tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa jugada oficial, si sale bien, permitiría que también la presentación judicial de la CGT contra los cambios laborales individuales y colectivos pase a un fuero que “no está contaminado por la ideología y el sectarismo”, como resaltó un referente de la Libertad Avanza.

La misma fuente reveló a Infobae que la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio y que agrupa al cuerpo de abogados del Estado, “está estudiando pedir directamente un per saltum para saltear esas instancias judiciales previas y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte”.

Todo este escenario, más allá de su componente de incertidumbre sobre la decisión final, implica que la reforma laboral estará atrapada en el laberinto judicial durante un tiempo que nadie puede prever.

Aun así, en medio de este complejo cuadro, abogados experimentados interpretan que la ley está vigente pese a los fallos contrarios ya que fue sancionada por el Congreso Nacional y que los jueces a lo sumo pueden analizar si algún artículo es inconstitucional, pero lo que dictamine regirá únicamente en su jurisdicción.

Conclusión: la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.

Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno imaginan que los recientes fallos de la justicia laboral pueden terminar beneficiando al Presidente: “La sociedad va viendo lo que pasa cuando aparece un juez más fanático que los sindicatos tomando una decisión desmadrada, como suspender de un plumazo más de 80 artículos de una ley votada por mayoría en el Congreso”.

¿Será realmente beneficioso para Milei? Se suponía que la reforma laboral iba a generar más fuentes de trabajo. Hasta ahora, sólo le está dando más trabajo a los abogados que representan al Gobierno y al sindicalismo.

“Si no reaccionamos ahora, las posibilidades de que se vaya todo al carajo se van a incrementar con el paso del tiempo”. Con preocupación, una figura de primera línea que participa en las reuniones de mesa política le explicaba a Infobae que el Gobierno se encuentra ante un momento político bisagra, el cual hace vital que se tomen las decisiones correctas para poder cumplimentar el objetivo más importante del oficialismo: la reelección del presidente Javier Milei.

Esta figura considera que la gestión se encuentra en un momento de debilidad -tanto por flaquezas en la gestión como por ciertas alarmas preliminares en la economía- y que se hace preciso acelerar un acuerdo político con la oposición dialoguista.

El razonamiento es el siguiente: “Toda estrategia tiene que estar subsumida a asegurar un segundo mandato. La situación más adelante, a mi parecer, no va a ser mejor. Podemos relegar gobernaciones, pero no la Nación. Si mostramos voluntad de hacer alianzas más adelante, seguramente estemos más débiles. Tenemos que acordar lo antes posible y antes de que se empiecen a blindar en las negociaciones. Si aceleramos ahora, tenemos margen para sacar leyes hasta octubre de 2027 y más posibilidad de que Javier reelija”.

Las demostraciones de mayor apertura política que piden desde varias alas del Gobierno no se circunscriben solo a lo electoral y legislativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, estaría profundamente preocupado acerca de las señales que está dando la administración nacional sobre su funcionamiento político. Dos fuentes que conversaron con él dieron fe de esto a Infobae. “Considera que tiene que haber mayor voluntad política para generar credibilidad hacia los mercados”, afirman.

Uno de los indicadores que más miran en el Gobierno es el nivel del Riesgo País, que desde febrero no volvió a orillar los 500 puntos básicos. Las lecturas entre los libertarios son mixtas y hay quienes marcan que el factor político no es más importante que la suba global de las tasas, así como la expectativa de una política monetaria más agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos producto de los coletazos de la guerra.

Lo que es visto como una preocupación es que la oposición dialoguista le quite el apoyo al Gobierno antes de lo previsto y lo comprometa en frentes como el fiscal. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo a ejecutar las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario, que implica un gasto extra de 0,23 puntos del PBI o incluso más. “No hay margen para otra ley como esa”, afirman.

ARCA viene consignando 8 meses en el descenso de la recaudación y la sábana se vuelve más corta para toda la administración pública. Las Fuerzas de Seguridad ya dieron el primer aviso con una movilización días atrás. Las Fuerzas Armadas también muestran un amplio malestar. Entre los varios actores perjudicados por este factor también están los gobernadores, ya que la recaudación impacta sobre los fondos de coparticipación, que en algunas provincias implica dos tercios de sus presupuestos.

“Todos los gobernadores estamos administrando pobreza y por eso las paritarias están abiertas. Y en unos meses se vienen los aguinaldos”, expresa uno de ellos. Por eso, este lunes se hará oficial un decreto con adelantos de fondos coparticipables que Milei le hará a 12 jefes provinciales, incluso a algunos a los que detesta como a Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Un dialoguista explica cuánto margen le dará al mileismo: “Nosotros miramos nuestro electorado y vemos que sigue siendo importante la voluntad de cambio del anterior régimen. Seguiremos apoyando hasta que veamos lo contrario”.

No es menor esto último. Quienes tienen olfato político al interior del Gobierno creen que algunos de sus colegas se están durmiendo en los laureles. “Yo puedo negociar con las provincias y con los legisladores. Pero siempre si puedo vender futuro y que puedo pagar con lo que prometo”, afirma una fuente del oficialismo.

En el armado de La Libertad Avanza, liderado por Eduardo “Lule” Menem, prevén una estrategia más concesiva que la hecha el año pasado. Seguramente se repitan las alianzas realizadas y se sumen conversaciones con gobernadores que le aseguran votos en ambas cámaras: habría intención para acordar en Catamarca, Salta y Tucumán, por mencionar solo algunos casos. En el entorno de la hermana presidencial afirman que pondrán candidatos a diputados y senadores en todas las provincias y que algunas gobernaciones pueden negociarse si es que les perjudica el primer objetivo.

También hay miradas nuevas. Esta semana se escuchó a una importante voz libertaria -que no es del karinismo- dar una propuesta impensada semanas atrás: “Deberíamos dejarle la Ciudad al PRO”.

¿Señal de época? En más de un despacho del Gobierno consideran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene perspectivas de mejorar su imagen para dentro del año próximo y competir para el puesto de Jorge Macri. No lo catalogan como un muerto político. El plan principal es sostenerlo todo lo que se pueda. Tiene la bendición más importante de todas: la de los hermanos Javier y Karina Milei.

Parece paradójico, pero en la medida en la que se publican cada vez más revelaciones periodísticas al respecto del otrora vocero presidencial, Milei termina confirmando su sesgo de que los medios de comunicación conspiran contra su funcionario y su propia gestión. En los últimos días -y al calor de los trascendidos de una campaña de desinformación liderada por agentes rusos-, el libertario se dedicó a repetir incontables veces la sigla “NOLSALP”, que significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”.

Hay quienes marcan que no habría problema en convivir con un Adorni disminuido por varios meses. “Superamos ANDIS, podemos superar esto”, afirman sus sostenes. El dilema es si en algún momento ese esquema puede volverae insostenible. Quienes vieron la degradación de Guillermo Francos afirman que la única posibilidad de que la hermana presidencial cambie de opinión sobre Adorni es que la influencien desde su propio sector, algo altamente improbable.

Las revelaciones que den las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita serán centrales para determinar su sonrevida. Este miércoles será el turno de su escribana, Adriana Nechevenko. La gran prueba final será el Informe de Gestión en la Cámara de Diputados, donde debe responder por escrito unas 4800 preguntas. ¿Cabe la posibilidad de que deba comparecer en Comodoro Py antes de esa fecha? No es algo que descarten distintas fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Es por eso que Adorni comenzó a elaborar su estrategia legal. El funcionario les ha dicho a más de un miembro del Gabinete que tiene pruebas para mostrar su inocencia y que las va a presentar. “Si era tan fácil hubiera estado genial que muestre todo antes así nos evitábamos el chasco”, dice con cierto escepticismo un integrante del Gobierno que dialogó con él recientemente. Su rol de vocero se verá anulado por un tiempo largo si es que quiere sostener su hoja de ruta judicial.

Tal y como adelantó Infobae, el jefe de Gabinete será defendido por el penalista Matías Ledesma. De perfil bajísimo, quienes lo conocen afirman que “conoce y mucho” los pasillos de Comodoro Py. Fue abogado de Matías Kulfas en los albores del albertismo cuando hizo una acusación de presuntas irregularidades en una licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Su defensa fue un éxito: el juez Daniel Rafecas cerró la investigación a los 10 días de haberla iniciado.

Ledesma fue abogado de alguien que en los últimos meses incrementó su diálogo con diferentes terminales del karinismo: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que también lidera el Consejo de la Magistratura, el órgano que promueve y remueve a los jueces federales. El Gobierno prevé avanzar con el nombramiento de 62 pliegos en el corto plazo, pero quedan más de 300 vacantes por completar.

Es en ese marco que la reforma que impulsan del sistema de selección de jueces que promueven los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti toma mayor relevancia. “Esperamos que logre aprobarlo a libro cerrado”, advierten en una de las vocalías, donde coquetean con un cambio de conducción en la Corte si no se cumple con esto. Desde la otra campana responden que “el Consejo es un mini-Congreso”, con sus propias lógicas y bloques. “Trabajar es buscar votos. Convencerlos. Como se hace todos los días para a conseguir los fondos para pagar los sueldos y hacer las obras de infraestructura en todo el país”, dicen en el Consejo.

De vuelta al ámbito del Ejecutivo, esta será otra semana clave para que Adorni pueda demostrar iniciativa y apoyo de los propios. El funcionario le habló en la mitad de la semana al Presidente para saber si lo autorizaba a convocar al Gabinete el lunes al mediodía. La respuesta fue afirmativa y, además, le indicó que era el momento para demostrar liderazgo. Pese a todo, Milei no irá, aunque no se conoce si alegó algún motivo en particular.

Se prevé que la asistencia sea prácticamente perfecta. Algunos irán arrastrados por las circunstancias, sin convencimiento de que internamente se estén dando los incentivos correctos. “Yo ya me harté de decir las cosas. Hacia adentro no se evalúa cómo es cada uno con la gestión. Al final del día, me parece un régimen stalinista en el que solo se evalúa cuánto te querés someter a ciertas personas”, indicó una fuente a Infobae.

Hay casos disímiles en el grado de autonomía que hay en el Gabinete. En el karinismo parecen haberle dado la bienvenida a su ala a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que fue visitada intempestivamente el jueves pasado por la secretaria general de la Presidencia. No hablaron de gestión, sino de asuntos triviales. Lo que realmente importó fue cuando la hermana le dijo de hacer una selfie. Monteoliva lo subió a sus redes. En esa ala festejaron.

En lo que a independencia refiere, el caso paradigmático es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El jueves a la noche vio un tuit que mencionaba que su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, había tomado un crédito hipotecario del Banco Nación. La funcionaria lo llamó al instante y le pidió la renuncia. “Se acumularon otras razones pasadas y esa fue la gota que rebalsó el vaso”, afirman cerca de la ministra. No porque sospechara sobre el mecanismo crediticio, sino porque cuando salió la controversia pública en los últimos días el funcionario no le contó que había aplicado meses atrás. “Su protocolo se rige bajo la regla de que el que hace ruido se va. Y más cuando se supone que debe ser de su círculo de confianza”, afirman.

Milei apoyó la decisión internamente a través de un tuit publicado este sábado. Minutos después lo hizo con Santiago Caputo. “Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, le respondió a la periodista Laura Di Marco, quien sugirió que Karina quería afuera al asesor. En ese sector interpretaron ese gesto como una ratificación contundente. Días atrás, habían dicho estar siendo víctimas de una acción “psicológica” de parte de aliados de la hermana presidencial. “Siempre van a estar con esa famosa de que se van, se van. No son Tim Cook, que se va de Apple y las empresas se van a pelear por contratarlo. Es por eso que no se van a ir a ningún lado”, dicen muy cerca de Karina.

El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado mantuvieron una reunión virtual días atrás y volverán a juntarse el martes próximo para definir una cuestión central para las bancadas aliadas: para que “camine” la agenda legislativa, el Gobierno tendrá que ceder ante diversas iniciativas que desde diversos bloques anti K reclaman a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La bolsa de proyectos se encuentra abultada por una simple razón: durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, casi nada fue tomado en cuenta. En la primera mitad de gestión libertaria, sólo a los ponchazos y en disputas tóxicas. En la actualidad, muchos dialoguistas están “a gusto” con la “muñeca” para negociar de Bullrich.

También es cierto que varias leyes aliadas volverían a generar rispideces. Sobre todo, si en el medio entra en juego el “equilibrio fiscal”, el mandamiento principal -hasta ahora- de Javier Milei. La idea de los senadores más experimentados es representar iniciativas que quedaron en cómoda siesta en los últimos seis años y ver hasta dónde “afloja” el Gobierno.

“Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”, lanzaron desde un despacho de peso a Infobae. En la carrera para agregar temas, los dialoguistas mantienen sus propias batallas. Todo es recibido por Bullrich, que cabecea cualquier granada en la Cámara alta y ya quedó consolidada como la única interlocutora real con el Ejecutivo.

Entre los puntos que algunos bloques deslizaron ante este medio se encuentran las áreas de educación, lobby -“gestión de intereses”, comentan para suavizarlo- y minería y juego de azar, entre otros. Un escalón más arriba se asoman, en paralelo a lo que la Casa Rosada ya insinuó, ideas sobre financiamiento político y las elecciones primarias, con un puñado de legisladores que no ven con malos ojos que no sean obligatorias.

“La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?“, graficó un referente dialoguista. Más allá de la buena relación, otros -los menos- aún desconfían. También el oficialismo, que ve cómo algunas personas que prometen una línea de acción, luego votan junto al kirchnerismo. De hecho, participan en los cónclaves entre libertarios y aliados y, de esa manera, cuentan con todo el ”panorama" de todos los sectores. Se consideran los más rápidos del condado. No lo son y ya hay colegas que ya los califican de “extorsionadores seriales”, algo común en el Congreso.

¿Qué se espera para la semana entrante? Si bien no fueron convocadas, lo charlado en los últimos días derivaría en una convocatoria a comisiones para el miércoles para comenzar la discusión de dos leyes. La primera es del Gobierno y única de las anunciadas por Milei que aterrizó en la Cámara alta: la que “blinda” la propiedad privada.

El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asista algún funcionario nacional. Se resolverá el lunes.

La segunda está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

Otro ítem es la confirmación -en el peor de los casos, quedará para la semana siguiente- de la sesión que se piensa para el jueves. La finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos enviados judiciales por el Ejecutivo, más la activación de la experimentada exsenadora Lucila Crexell como embajadora -política- de la Argentina en Canadá.

Un par de años antes de que estallara el escándalo por la presunta estafa alrededor de la fallida criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei e impulsada por Mauricio Novelli, el trader cercano al Presidente incursionó en el mundo offshore.

Investigado ahora por el fiscal Eduardo Taiano en el escándalo de la criptomoneda libertaria bajo la lupa, el lobista y asesor en inversiones cripto operó con una serie de empresas en el Estado norteamericano de Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

También interactuó con operadores y plataformas radicadas en las Islas Caimán y Hong Kong, y gestionó cuentas bancarias en Miami y Panamá. Se trata de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por su baja carga tributaria y la confidencialidad sobre los verdaderos dueños de las compañías de papel radicadas en ellas.

El puntapié inicial lo dio en julio de 2021, cuando creó con su socio Jeremías Walsh una consultora en inversiones financieras en criptomonedas que lleva las iniciales de sus apellidos: NW Profesional Traders. La firma se dedica a dar capacitaciones, en una de las cuales participó el propio Milei como economista.

Por estas charlas y promocionar la consultora, Novelli le pagaba regularmente a Milei una suma de, al menos, USD 2000 mensuales, aún después de haber asumido como diputado nacional en diciembre de 2021.

Así surge de los archivos rescatados del celular de Novelli por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, a los que tuvo acceso Infobae.

Unos meses más tarde, el 8 de noviembre de 2021, Novelli y Walsh dieron un primer paso en el exterior y constituyeron N&W Professional Traders LLC, una filial en Delaware, un Estado norteamericano que se caracteriza por la opacidad informativa de las empresas allí registradas. Con domicilio en 8 The Green, STE A, Dover, N&W Professional Traders LLC figura actualmente como activa en el sitio Open Corporates.

Dos semanas después, el 23 de noviembre, Novelli y Walsh firmaron el formulario de apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami, para operar con esa compañía registrada en Delaware, según consta en uno de los documentos hallados en su celular y analizado por Infobae.

El afán por expandir sus negocios a otras jurisdicciones se tradujo en otros movimientos.

Menos de un mes después, el 1ro de diciembre, Novelli recurrió a los servicios corporativos offshore del estudio Corpag Group para crear otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (BVI). En los documentos no se identifica el nombre de la firma, aunque la fecha coincide con el registro de Vulcano International Ltd, creada a principios de 2022 en ese paraíso fiscal.

La propuesta de Corpag Group con la tarifa para abrir la firma en BVI llegó en enero de 2022 y aparece firmada por Novelli y Walsh.

El costo de apertura era de USD 1.550, más una fee de mantenimiento en 2022 de USD 1.415. A partir de 2023 y años siguientes, el costo sería de USD 1.835, más otros USD 725 adicionales, en caso de requerir los servicios de un “director” al frente de la compañía puesto por el bufete.

Dos meses después, el 17 de febrero de ese año, Novelli ya actuaba como CEO de Vulcano International Ltd, con domicilio en Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, en BVI.

Así surge de otro documento recuperado de su celular, donde el trader argentino firmó un contrato con Benzinga, una plataforma de información del mercado a inversionistas, con sede en Detroit, en el Estado norteamericano de Michigan. El objetivo era proveer de un artículo y un video promocionales en un evento virtual de empresas de tokens no fungibles, el NFT Investments Listmaker, realizado el 23 de febrero de 2022.

Los acuerdos en el exterior vinculados al mundo cripto parecían ir viento en popa.

El 7 de marzo de 2022, Novelli y Walsh firmaron otro contrato con la firma Abhinoy Das radicada en Hong Kong para el desarrollo del token $Vulcano, según otro archivo encontrado por Infobae entre los miles que recuperó la pericia técnica de su celular.

Se trata de un criptoactivo anterior a $LIBRA, también impulsado por Novelli y promocionado por Milei y que, al igual que el token libertario, registró un colapso posterior, causando pérdidas por más de USD 285 millones a inversores.

Una firma en Panamá

Ya con Milei en la Casa Rosada, Novelli viajó a Panamá en agosto de 2024. En uno de los mensajes, envió el contacto de la “gestora” que abriría la sociedad en esa jurisdicción antes de su llegada. “Ya le avise que fecha vamos alla. van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos” (sic), escribió Novelli en uno de los archivos recuperados de su celular, fechado el 8 de agosto de ese año.

El viaje duraría alrededor de una semana, con el regreso previsto para el 27 de agosto, según se desprende de una de las comunicaciones que Novelli mantuvo con la DJ y ex Gran Hermano Romina Malaspina, quien lo habría acompañado en un tramo de ese viaje.

En los archivos y comunicaciones extraídos del celular de Novelli no se especifica el nombre de la empresa que quería registrar en Panamá. Pero justo en esos días, el 15 de agosto de 2024, se constituyó en ese país caribeño la firma MGN Enterprise INC. Si bien no hay mensajes extraídos del celular que la vinculen directamente con Novelli, su nombre coincide con las iniciales del nombre completo de trader promotor de $LIBRA: Mauricio Germán Novelli.

En la escritura consultada por Infobae en el Registro Público de Panamá solo aparecen los nombres de tres panameños como directivos de la empresa, algo usual en los documentos públicos societarios de ese país, que no informan quiénes son los dueños reales de la sociedad.

El bufete panameño de abogados que intervino en la constitución de la firma fue Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI), según figura en la escritura.

El registro de la sociedad panameña tuvo lugar dos meses antes de la realización del Tech Forum, un evento del mundo tecno-financiero que tuvo lugar el 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires, y cuyo orador estrella, convocado por Novelli, fue el propio Milei.

Allí estuvieron los distintos involucrados en el escándalo de la criptomoneda que involucra al Presidente: Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum SA; Sergio Morales, el entonces asesor de la CNV que fue otro de los disertantes; y Hayden Davis, el norteamericano creador de la criptomoneda $LIBRA. Malaspina fue DJ del after party de ese encuentro.

Días más tarde, el 1 de noviembre de 2024, Novelli se manda un mensaje a sí mismo, que decía “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”, como recordatorio.

Ese mismo día, se autoenvía otro mensaje que consignaba “Pago Javier kari”. La fecha coincide con la visita que hizo el lobista a la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

No era la primera vez ni tampoco la última que estaría en la Casa Rosada para ver a Milei o a su hermana Karina. En una de las oportunidades, se fotografió con Manuel Terrones Godoy, su socio en Tech Forum, en las galerías que dan al Patio de las Palmeras.

Un febrero vertiginoso

Febrero del 2025 fue un mes de mucha actividad para Novelli, que apostaba a hacer dinero con el lanzamiento de $LIBRA y otra criptomoneda.

El lunes 3 de febrero, dos cuentas ligadas a Hayden Davis transfirieron a una tercera casi USDC 4 millones, la moneda digital que tiene paridad con el dólar. La Justicia determinó que esa noche y en los primeros 20 minutos del 4 de febrero, ese dinero fue redirigido a una billetera de la plataforma Bitget, perteneciente a Camilo Rodríguez Blanco, un influencer del mundo del trading que mantenía conversaciones con Novelli, de acuerdo a lo que reveló su celular. Habría actuado como una suerte de “cuevero” en algunas oportunidades para cambiar USDC a dólares o pesos.

Ese mismo 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.

Al día siguiente, 5 de febrero, a 9 días del lanzamiento de $LIBRA, MGN Enterprise INC firmó un acuerdo - según los archivos extraídos de su celular - con Scalable Solutions AG, una empresa de infraestructura tecnológica blockchain y software con sede en Suiza.

El contrato, escrito en inglés, tenía por objeto la provisión de servicios profesionales de asesoramiento para el desarrollo de un agente de inteligencia artificial por parte de MGN Enterprise INC, la empresa panameña que sería de Novelli.

Además, aparece entre los archivos otro acuerdo de colaboración - incorporado al celular de Novelli el 11 de febrero de ese año - que, además de a MGN Enterprise INC, incluye a Kelsier Ventures (la empresa de Davis), y BAD AI. Según se detalla en las dos páginas escritas en inglés, su objetivo era el desarrollo y comercialización de otro token denominado Bad Idea AI, lanzado el 20 de febrero de 2025, o sea seis días después que $LIBRA.

El 17 de febrero, el primer día hábil después de que estallara el escándalo de $LIBRA en la noche del 14 de ese mes, la madre y hermana de Novelli fueron hasta el Banco Galicia a vaciar la caja de seguridad que había abierto Novelli apenas 12 días antes.

Novelli tuvo que regresar de Dallas de apuro, donde estaba con Davis siguiendo el lanzamiento de $LIBRA, y su destino pasaría a estar en manos de la Justicia.

Los planes de Miguel Ángel Pichetto para construir una alternativa electoral anti-Milei suman cada día más dificultades. Sus propios aliados de Provincias Unidas rechazan de plano cualquier tipo de alianza que incluya a Cristina Kirchner. Por el contrario, buscan un candidato a presidente que los ayude a ampliar el espacio para el 2027 con el mismo objetivo: evitar los extremos. Mauricio Macri pica en punta. El objetivo principal del espacio de centro es retener sus territorios ante la amenaza de La Libertad Avanza con elecciones desdobladas, aunque se enfrentan a múltiples internas y estrategias contrapuestas en provincias clave.

“Lo que quiere hacer Pichetto es unir al PJ con el kirchnerismo”, dicen en Provincias Unidas, que si bien comparten el interbloque con el dirigente peronista, tienen más diferencias que similitudes. Las tensiones existen desde que comenzaron las negociaciones para conformar la bancada. Los seis gobernadores que integran el espacio de centro tienen distintas miradas y vínculos con Javier Milei, pero una coincidencia unánime e inquebrantable: un fuerte rechazo al universo K.

En los últimos días trascendió una supuesta reunión entre Macri y Maximiliano Pullaro en la que el gobernador santafesino le habría garantizado la alineación de la UCR detrás de una eventual candidatura presidencial. La promesa fue desmentida ante la consulta de Infobae. Ningún radical puede asegurar el apoyo absoluto del partido centenario a ningún candidato ni espacio. Pero sí se habla del líder del PRO como una figura que podría sintetizar la propuesta de Provincias Unidas en provincias como Santa Fe y Córdoba. “Entre los gringos del campo es un nombre que todavía tiene peso”, confiesan.

Pese a la amplia derrota que sufrió la avenida del medio en las legislativas, para el próximo año insistirán con la misma estrategia, pero con la expectativa de sumar otros espacios. ¿Una re-reedición de Juntos por el Cambio? El equipo estratégico de Provincias Unidas cree que la propuesta electoral no funcionó en el contexto polarizado de 2025 pero confía en que existen otras posibilidades para 2027: “En un año y medio la situación puede cambiar”. Como muchos armadores, miran con atención las consecuencias del modelo económico de Milei y el deterioro social que podría erosionar la marca libertaria.

De lo que sí están seguros es que retendrán la provincia de Santa Fe. Con la nueva Constitución, Pullaro irá por la reelección confiado en que, pese a que comparte electorado con Milei, La Libertad Avanza no cuenta —por ahora— con un candidato que pueda hacerle frente, sobre todo con una elección desdoblada que evita el arrastre de la boleta presidencial. Pero las dificultades para sumar aliados (cercanos a Pullaro) aparecen en Córdoba, donde los radicales y el PRO trabajan para sellar una alianza con la Casa Rosada y enfrentar a Martín Llaryora.

Alianza por la Libertad será el nombre que llevará el armado que hoy construyen Gabriel Bornoroni (LLA), Soledad Carrizo (UCR), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Luis Juez (Frente Cívico) en Córdoba para derrotar al peronismo local. El partido amarillo resolvió recientemente su interna partidaria y el sector que responde a Patricia Bullrich le arrebató el liderazgo a Macri en la provincia que lo supo catapultar a la Casa Rosada en 2015. “Milei se robó el discurso de Mauricio. Perdió su atractivo hasta entre los empresarios”, dicen en Córdoba exaliados de Macri que lo vieron “solo” en su última participación en la Bolsa de Comercio de la provincia.

Pero la alianza para enfrentar al peronismo cordobés también transita su propia complejidad. Rodrigo de Loredo ya anunció que será candidato a gobernador en un llamativo evento con música electrónica mezclada con cuarteto en una imitación a las “Bizarrap Sessions”. Su lanzamiento, en medio de una fuerte interna radical, pone en riesgo la unidad opositora a Llaryora. “Está ganando tiempo para negociar”, lo acusan entre los armadores del frente libertario, que no descartan que vuelva a postularse a la Intendencia capitalina o a una banca en el Senado.

El escenario más complejo aparece en la provincia de Buenos Aires. Como adelantó este medio, un sector de la UCR avanza en conversaciones para acercarse a Axel Kicillof y el resto resolverá su interna el próximo 7 de junio, luego de una decisión judicial que habilitó el adelantamiento electoral. Sin candidaturas claras, ese día se enfrentarán Maximiliano Abad con su exaliado Miguel Fernández. El senador nacional se alió con Evolución, Daniel Salvador y Gustavo Posse, quienes concentran los territorios bonaerenses más poblados y vaticinan un amplio triunfo en la pelea por el Comité local. ¿Por qué importa esta disputa? Los vencedores podrán imponer la estrategia electoral y definir la alianza.

Abad mantiene la cautela respecto a sus futuros aliados. Cree que la polarización de la elección dependerá de cómo llegue el gobierno nacional. Mientras tanto, adelantó que trabaja en una reforma electoral que incluye la implementación de la Boleta Única de Papel. Sus adversarios, en cambio, dan señales claras para acercarse a Provincias Unidas. De hecho, trascendió la posibilidad de que el diputado Pablo Juliano sea el candidato a gobernador del espacio de centro. El dirigente que llegó al Congreso de la mano de Facundo Manes participó del acto que realizaron Miguel Fernández y Alejandra Lorden en Saladillo, donde buscaron mostrar musculatura con representantes del interior.

Los referentes del centro también tienen su pata porteña. En particular, la UCR busca reeditar Juntos por el Cambio, pero en el PRO hay resistencias. Jorge Macri tiene decidido ir por su reelección, pero evita hablar de aliados. En medio del escándalo con Manuel Adorni, La Libertad Avanza —liderada por Pilar Ramírez— inició la campaña de diferenciación del partido amarillo, estrategia que adelantó este medio. En redes sociales cruzaron a Silvia Lospennato por el reclamo de fondos a Kicillof por la asistencia a bonaerenses sin techo. Le recordaron que votó a favor de una ley “kirchnerista” cuando era diputada nacional.

El endurecimiento de los libertarios frente al PRO ilusiona a los radicales que buscan la alianza, aunque aparecen más dudas con la irrupción de Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzado a la Jefatura de Gobierno. Algo similar sucede a Provincias Unidas con el resto de sus integrantes: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) aparecen cada vez menos en la pelea por la avenida del medio. Pero, como todos, esperan a que la Casa Rosada dé señales de cómo gestionará su armado nacional, a cargo de Karina Milei, y si podrá sortear la crisis económica y social. Según pudo saber este medio, después del Mundial de Fútbol se definirá en qué provincias plantarán candidatos puros o buscarán alianzas. De fondo, suma más tensión el fuerte rumor del adelantamiento de las elecciones presidenciales.

Hasta este fin de semana, cualquier intento del gobierno por volver a apropiarse de la conversación pública con aspectos positivos de la gestión había sido en vano. Ni el empeño en las denuncias por la supuesta campaña de desprestigio que desplegó el régimen ruso y por el que pagó, según el informe de un consorcio internacional, USD280.000 por centenares de artículos en medios digitales, ni la caída en las cifras de la pobreza -28,2% en el segundo semestre del 2025- alcanzaron para tapar en estas horas las revelaciones en torno al caso $LIBRA y, especialmente, el infortunio judicial que desvela a Manuel Adorni, que acaba de contratar abogados y que se enfrenta a una semana clave en los tribunales: el miércoles, la escribana que certificó las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angeletti deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

Respaldado de manera insistente por Javier Milei y su hermana Karina, que escuchó de boca del funcionario sus explicaciones patrimoniales por la hipoteca no bancaria por USD200.000 con dos jubiladas por la adquisición del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito -le dijo, según fuentes de su entorno, que estaba sujeta a la venta de otro inmueble-, el ministro coordinador buscará revalidar ese respaldo en la reunión de gabinete de este lunes, la primera desde que estalló el escándalo por el viaje de su mujer a Nueva York con la comitiva oficial, la escapada a Punta del Este en avión privado en los feriados de carnaval, la incorporación de una casa en Exaltación de la Cruz y el nuevo piso en Caballito, y las vacaciones en otros destinos, investigados en conjunto por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El gabinete desconfía. Los tibios pronunciamientos públicos de respaldo al ex vocero presidencial son aún más apáticos en privado. El más contundente fue Martín Menem: dijo que ponía las “manos en el fuego” por él. Tiene lógica: el presidente de la Cámara baja es, junto a su primo Eduardo, “Lule”, uno de los integrantes fundacionales del staff que se referencia en la hermanísima, que integra el ministro coordinador y que desde hace tiempo emprendió una avanzada sobre el dispositivo que controla Santiago Caputo. “Como ese avance está en ciernes, esta situación complica mucho esos planes. Adorni es Karina, no estaba preparado para ese lugar: la única razón por la que está ahí fue para obturar a Santiago”, deslizó un operador libertario. Lo llamativo es que, aún con ese diagnóstico, desde el sector caputista se inclinan por la continuidad del jefe de ministros, que se rodeó de colaboradores de muy buenas relaciones con el ala celestial del Ejecutivo.

Cerca de Karina Milei están convencidos de que la escalada pública y judicial contra el jefe de Gabinete es un mensaje para ella, más allá del material acumulado en el expediente y los desatinos de Adorni, por ejemplo con el vuelo a Uruguay desde San Fernando. El año pasado, un dirigente cercano a la secretaria General que estuvo a punto de volar desde una provincia del centro del país a Buenos Aires en un jet privado que le prestaba un empresario amigo, desistió de hacerlo después de que se lo prohibiera la propia hermana presidencial. El jefe de Gabinete, dicen, le tiene pánico a la exposición social: hubo un episodio durante la última campaña que lo impactó. Algunos fines de semana de esa campaña prefirió, de hecho, quedarse en su casa de Indio Cuá y no exponerse a eventos proselitistas. Tal vez por eso, la cantidad desproporcionada de efectivos policiales que esta semana resguardaron su domicilio frente a una protesta callejera de estudiantes universitarios.

En Casa Rosada aseguran, de todos modos, que la avanzada de la hermanísima y los Menem contra Las Fuerzas del Cielo, que se evidenció con los recambios en el ministerio de Justicia, no se detuvo ahí. “Van a pasar cosas. Hay un sector en expansión y otro en caída: si hay algo que Karina sabe hacer muy bien es manejar la ansiedad”, abundaron. Parte de esa expansión podría materializarse en las próximas semanas con la oficialización de Sebastián Pareja al frente de la comisión bicameral de inteligencia, que debe controlar y supervisar el funcionamiento, los planes y los gastos de la SIDE, a cargo de Caputo: “Si no podemos administrar, entonces controlamos”. A propósito, en el universo cercano a Karina Milei empezaron a mirar con cierta estima a antiguos colaboradores de la Aduana.

El presidente conoce bien esa disputa interna, pero su estilo de liderazgo, y la incapacidad para filtrar la influencia apabullante de su hermana, complican la administración del gabinete y el día a día de la gestión. En dos años de mandato, Milei ya tuvo tres ministros coordinadores, tres cancilleres y se fueron cientos de funcionarios -más de doscientos-. Ese sistema de toma de decisiones implementado por el presidente tiene consecuencias en el gabinete. En la gestión y en la denominada “batalla cultural”. ¿Con qué vara, por ejemplo, se mide la “moral como política de Estado” promocionada en la apertura de sesiones del Congreso y en la semana argentina en Nueva York?

El viernes, la ministra Sandra Pettovello aportó más confusión cuando le pidió la renuncia a su jefe de gabinete solo por aplicar a un crédito hipotecario del Banco Nación. La decisión sorprendió al gobierno, en particular a otros funcionarios, varios del ministerio de Economía, que también obtuvieron créditos de esa entidad. ¿Fue un mensaje interno? “Sandra hace lo que quiere”, la excusó un colega del gabinete. Lo llamativo es que Leandro Massaccesi había trabado con ella un vínculo muy directo, fue importante para enderezar la gestión en Capital Humano y su calificación para la hipoteca se realizó, según las fuentes, de acuerdo a los estándares habituales del banco. Más llamativo aún fue que la explicación que el exfuncionario realizó en su cuenta de X fue reposteada por Milei. A los pocos minutos, el presidente borró ese reposteo.

El gabinete empieza a sentir los sinsabores del desgaste de una gestión que, según las encuestas más serias, comenzó a exhibir niveles más altos de desaprobación que los habituales por la heterogeneidad en el consumo y la actividad económica, que castiga a los asalariados, a los sectores medios y medio-bajos. En marzo, la recaudación volvió a caer por octavo mes consecutivo en valores ajustados por inflación, en torno al 4,5%. Por eso, la Casa Rosada publicará esta semana de manera oficial que se avaló una serie de adelantos de coparticipación para provincias aliadas por $400.000 millones a una tasa del 15%, más baja que la del mercado, para paliar la escasez de recursos de los gobernadores. La inflación de ese mes, que se conocerá en las próximas semanas, persistiría en la tendencia de los últimos nueve meses, cuando se quebró la baja. La UIA informó esta semana que la actividad industrial cayó 0,8% respecto al mes anterior y en torno al 3% interanual. En la semana, los jefes de las principales cadenas de supermercados que visitaron al ministro Luis Caputo, “Toto”, le remarcaron al ministro que se registró una caída del 6% en las ventas, en línea con la caída del consumo de la serie histórica de estos años. También se planteó la preocupación por las tasas municipales, un tema que dominó buena parte de la reunión, una pelea que Caputo lidera desde hace tiempo.

En la plana mayor del gobierno insisten, sin embargo, en que en los próximos meses debería empezar a cambiar la tendencia. “Se viene un buen trimestre. El problema ahora son los ruidos políticos”, resaltó un miembro destacado del gobierno. La incógnita es, en ese sentido, hasta qué punto Milei es capaz de despejar esos ruidos y ordenar el gabinete puertas adentro. En buena medida, porque dentro del propio gobierno reconocen que esas incógnitas y algunas señales de alarma en la economía pueden empezar a poner en riesgo el proyecto de reelección.

Es en ese contexto en el que los escándalos alrededor de Adorni cobran aún más relevancia: horadan el relato “moral” del gobierno y ponen la lupa sobre la praxis de la hermanísima que, desde octubre pasado, apalancada sobre el notable resultado electoral de medio término, se erigió como la única jefa de la estrategia electoral y política del oficialismo. Aunque por debajo se proyectan otras disputas, muchas de ellas motivadas por cuestiones presupuestarias.

Una de ellas tiene como protagonista a Patricia Bullrich. La ministra está enfocada en el Senado, tiene su propia agenda y perdió influencia en Seguridad. Alejandra Monteoliva, su sucesora, se adueñó de ese ministerio, aunque atraviesa una delicada situación salarial por parte de las fuerzas federales que motivaron al otorgamiento de un plus, anunciado esta semana, que ahora pone en aprietos al ministro Carlos Presti, de Defensa, por los sueldos de las Fuerzas Armadas. Alarmaron las versiones inéditas de un supuesto acuartelamiento por parte de la Policía Federal.

Mucho mayor es la preocupación en Salud -un rubro dominado por Santiago Caputo a través del ministro Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo- en dos áreas que ya le trajeron serios dolores de cabeza al gobierno en momentos en los que Milei mantenía una mayor conexión emocional con buena parte de la sociedad: PAMI y discapacidad.

En el caso del PAMI, se atrasó el pago a los prestadores desde fines del año pasado, una deuda que, según fuentes del sector, alcanzó los $1.000 millones. Hay clínicas en todo el país a punto de cortar servicios de la obra social y otras directamente que piensan en bajar la persiana. Este miércoles habrá una reunión clave. En discapacidad, la situación es igual de crítica. Sorpresivamente, ni siquiera el buen vínculo entre los Caputo pudo destrabar los pagos: hubo llamados con él y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con promesas hasta ahora incumplidas. “¿Alguien está pensando en cuidar al presidente?“, se preguntó una fuente vinculada a Salud.

¿Reconfiguración judicial? Esa misma pregunta se formulan en los tribunales federales de Comodoro Py, pero en relación a la investigación por el caso $LIBRA, que avanza a paso muy lento a pesar de las revelaciones de las últimas semanas que involucran de manera directa a Milei. A ese expediente le adjudican al menos una cuota de influencia en los cambios recientes en el ministerio de Justicia. Diferente se presenta, por ahora, la suerte de Adorni en la investigación que lo involucra, a cargo de Lijo y Pollicita, que progresa, por el momento, a paso firme.

“Nos quedamos con Justicia, ¿les parece poco 200 pliegos?“, se preguntó en estas horas un colaborador de la hermanísima que sigue eufórico por el desembarco de Juan Bautista Mahiques al frente del ministerio de Justicia con el que la secretaria general de la Presidencia dirimió el último capítulo de la disputa con Caputo. El ministro envió en una primera tanda más de 60 pliegos que supervisa junto a “Lule” Menem, y que monitorea la hermana del presidente, pero hubo decenas de otros envíos al Senado en estos días.

En la Justicia resaltan que hay que mirar bien de cerca a Mahiques, en cuyos planes estaría la reconfiguración, o el balanceo, de un sistema judicial, como el de Comodoro Py, cuyo dispositivo está en plena disputa. “En el Poder Judicial no existe el 17 de octubre, el día de la lealtad”, explicó un protagonista de esa puja. Cuando los Menem le presentaron al nuevo ministro a Karina Milei, entendieron la potencial llegada del ex jefe de los fiscales porteños como parte de esa posible reestructuración que se sigue con especial atención en la Corte Suprema. El envío de los primeros pliegos al Congreso, que incluyó al hijo de Horacio Rosatti, a la mujer del juez Marcelo Martínez de Giorgi y a la secretaria del juez Julián Ercolini, forma parte de esa hipotética reorganización.

Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz miran con creciente interés la selección del ministro de las termas en danza. La semana pasada, ambos cortesanos firmaron un proyecto de reforma del sistema de selección de jueces por parte del Consejo de la Magistratura que no fue acompañado por Rosatti, según su explicó, por su rol de titular de ese órgano. Ese texto fue distribuido de manera formal entre los consejeros el pasado martes en las comisiones de Reglamentación y de Selección de Magistrados, y se sumó a otros catorce ya presentados. Lorenzetti y Rosenkrantz esperan que el proyecto de la Corte se apruebe “a libro cerrado”, y que sea apoyado por el presidente del máximo tribunal. Cerca de esos dos magistrados consideraron que una dilatación de ese texto inferiría una “inconducta” por parte de Rosatti.

En el consejo abundaron en que la idea era avanzar lo antes posible, pero que será, en todo caso, una decisión colegiada en base a los quince proyectos presentados. Existe, sin embargo, un trasfondo en medio de esa disputa: la alianza transitoria entre Lorenzetti y Rosenkrantz, motivada por los movimientos mencionados y por el fastidio de este último cortesano por la suerte del pliego del mendocino Sebastián Elías, su secretario letrado -promocionado para la Cámara Federal de esa provincia-, que espera impaciente por una definición de Mahiques. “Acá hay mayorías de acuerdo a los expedientes”, remarcó una fuente judicial. A fines de febrero, por ejemplo, Lorenzetti y Rosatti, junto a dos conjueces convocados, dejaron sin efecto el sobreseimiento a Jorge Macri en una causa por presunto lavado de dinero. Rosenkrantz firmó en disidencia.

El protagonismo de Mahiques y el movimiento de los expedientes judiciales también es vigilado por el sistema político, desde el PRO y LLA al peronismo. A Mauricio Macri, por ejemplo, la Justicia siempre le pareció un rubro atractivo.

El expresidente tiene, desde que dejó la presidencia, intermitencias en el ejercicio del poder. “Nosotros no ponemos más el cuerpo por el gobierno”, advierten desde el PRO. El acto de Parque Norte de hace algunas semanas generó al menos algo de expectativa interna. “Mauricio se sorprendió: pensó que éramos menos. Al menos estamos vivos”, sintetizó un colaborador. El jefe del PRO mira algunos empresarios como potenciales presidenciables. Uno del pacto de la tecnología. Aunque su principal obsesión es la capital. El ex jefe de Estado está completamente distanciado del gobierno desde la reunión de Olivos en la que se enteró que Adorni iría de jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Le reprochó la decisión a Milei antes de abandonar la quinta presidencial: “Es como que yo lo ponga a (Iván) Pavlovsky”, le dijo en alusión a su histórico y leal vocero. El martes, el ex jefe de Estado almorzó un largo rato, muy distendido, con su amigo Gustavo Arribas en un restaurante de la zona de Núñez. Entre junio y julio, planea viajar a Estados Unidos para el mundial de fútbol.

La copa del mundo introduce otra incógnita que incluye el plano judicial: cuál será, dentro de dos meses y medio, la situación judicial de Claudio Tapia, “Chiqui”, y de Pablo Toviggino. En la semana, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó por retención indebida de aportes a las autoridades máximas de la AFA.

La relación con la asociación del fútbol nacional también divide aguas dentro del Ejecutivo. En la AFA hay preocupación, en buena medida, porque aún resta un tiempo prudente para que termine el gobierno de Milei, con chances muy concretas de ser reelecto. En el PJ se evalúan alternativas para cuando llegue ese momento. También en la cúpula de la casa madre del fútbol. A mediados de febrero, referentes peronistas lanzaron un operativo clamor en el microestadio de Lanús en torno a Dante Guebel, llamativamente sin la presencia del pastor. Toviggino fue el encargado de llamar a las autoridades del club del sur bonaerense para conseguir el lugar.

Termina la cuarta semana de crisis. El clima político se enrarece frente a la figura de Manuel Adorni. El gabinete pide más explicaciones. No aparecen. Javier Milei lo ratifica por tercera vez desde que estalla el escándalo. Le arman agenda, lo muestran rodeado. Las encuestas marcan un brutal deterioro de su imagen. Sigue en silencio. Ya no puede ser vocero. Cuarto apoyo, ahora en público, con un largo abrazo de Javier Milei. Otra ratificación. Una nueva demostración de respaldo se prepara para mañana, una reunión de ministros que lo tenga a él como protagonista. Y así otra vez, en escena, el loop gubernamental. A un mes del viaje maldito, el gobierno repite el libreto y sólo apuesta a que el paso del tiempo ordene las cosas.

“A mí no me van a quebrar, yo no soy Espert”, repite el jefe de Gabinete a sus allegados, como quien expone que dejar el cargo o no es una decisión personal. Según le contó a su círculo de confianza, Adorni está confiado en el respaldo de Karina Milei, que lo protege al interior del gabinete, y del Presidente, que lo apoya hacia afuera. Esta semana debió cancelar una nueva conferencia de prensa y nombró abogados. Serán los letrados del estudio Ledesma los que tendrán a cargo su defensa, ahora sí, con la imputación formal en su contra. El miércoles será un día clave. Declara su escribana, Adriana Mónica Nechevenko, que entró siete veces a verlo en la Casa de gobierno. Al otro día, el oficialismo se arriesgará a abrir el Congreso. Está pendiente la convocatoria a sesión para darle sanción definitiva a la ley de glaciares. La oposición se prepara para jugar sus cartas contra Adorni.

En la Casa Rosada comenzó a delinearse una nueva versión sobre el último escándalo, que tiene a dos jubiladas como protagonistas de haberle prestado a Adorni US$200.000 para comprar el departamento del barrio de Caballito, donde actualmente vive. Adorni sólo puso US$30.000. El jefe de Gabinete dice que una de ellas, Beatriz Viegas, es la madre de un amigo, y que este amigo le quiso hacer un favor al prestarle el dinero. Supuestamente, necesitaba mudarse con cierta premura porque argumentaba que en su edificio de Parque Chacabuco, sobre la avenida Asamblea, lo hostigaban los vecinos. Le dejaron alguna vez un papelito pegado en la puerta. Compartía pasillo con el resto. No dan nombres del amigo. No muestran un solo comprobante. Y apelan a la suerte a la hora de explicar el precio que pagó por el nuevo edificio, muy por debajo de los valores de mercado. “Hizo un negoción”, sopesan fuentes cercanas a Adorni a la hora de explicar lo bajo del monto total que pagó.

El problema mayor que enfrenta el funcionario es que su nuevo estilo de vida no se justifica con sus ingresos declarados. Recién desde febrero comenzó a cobrar el aumento del 100% que se dieron los altos cargos estatales. Cerca de Adorni argumentan, sin mostrar comprobantes, que el ingreso de su mujer, Betina Angeletti, es el que justifica los gastos. Juran que la casa nueva de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá, está en el anexo reservado declarado el año pasado. Si está no se comprende por qué no lo hacen público. Ese anexo lo va a tener la Justicia. La argumentación se torna aún más compleja si se tiene en cuenta que Angeletti era monotributista hasta octubre del año pasado. Luego pasó a ser autónoma. El gasto en tarjetas, dicen, tiene que ver con la compra de muebles para los dos nuevos hogares.

Los ingresos de Betina y el cumple de Karina

“Puede ser que judicialmente la zafe si presenta los papeles, políticamente no tiene retorno”, analiza ante Infobae un hombre que está al tanto de la causa. Hay otros intereses que temen el efecto contagio en licitaciones que están pendientes de aprobación. Todo lo que pase por las manos del jefe de Gabinete queda bajo la lupa. La otra complicación es el gasto en el viaje a Punta del Este, si es que lo pagó, como él dijo. Por el momento no presentó la documentación que respalde sus dichos, más allá de admitir que salió de su bolsillo. Cerca suyo reconocen que está mal que viaje en aviones privados, no se condice con el relato. Lo cierto es que Adorni también dijo el 15 de marzo que no se tomaba vacaciones desde hacía un año y medio y que eso justificaba cada dólar gastado en el fin de semana de Carnaval. No fue así. Los Adorni, dicho por él, viajaron al exterior en enero de 2025. Las únicas vacaciones que no tomó fueron las de este verano, cuando recién había asumido la jefatura de gabinete. Buena parte de su recorrido está en su Instagram. Adorni desmiente a Adorni.

El otro problema del Gobierno es que se quedó sin vocero. Se suponía que la semana pasada harían anuncios de gestión. Nada de eso sucedió. La foto que dejó Karina Milei de su cumpleaños ayudó poco a su protegido, que no estuvo en la parte pública del evento privado que se hizo el Patio de las Palmeras. El ágape fue en el despacho del primer piso. Ahí sí estuvo Adorni. Le cantaron el feliz cumpleaños, además, Lule y Martín Menem y Pilar Ramirez. También pasó Diego Santilli. Quedaron dudas de si había estado invitado entre los integrantes de la mesa chica karinista. Patricia Bullrich no participó. Había compartido antes, con la secretaria general, la reunión de mesa política y ahí le entregó el bolso que le llevó de regalo.

Nada tapa sus problemas. Ni el fallo en favor de la Argentina por la expropiación parcial de YPF causó el efecto esperado. Más bien se convirtió en el lanzamiento de campaña de Axel Kicillof. Tampoco la baja de la pobreza logró reenfocar a la Casa Rosada.

La parálisis se parece más, ya transcurrido un mes del escándalo, a un problema de gestión previo, agudizado por los problemas del funcionario. El caso no cede. La consultora Ad Hoc marcó los picos en la conversación digital que lo tuvieron como protagonista. Nada supera el deslomarse, pero se le acerca. Aquella frase cosechó 285.000 menciones. Le siguieron las reacciones al momento en que se descubrió su casa en el country, con 168.000 citas, la fallida conferencia de prensa, que tuvo 202.000 expresiones y el momento en que se conoció que dos señoras le prestaron el dinero para comprar su departamento en Caballito con 198.000. Lo paradójico es que nadie en el Gobierno da el debate público. Solo Martín Menem salió con un “pongo las manos en el fuego” esta semana. La encuesta de Zuban Córdoba estableció que el 70,4% de los consultados considera que debe renunciar.

Todo esto se da en el contexto de una pérdida enorme del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, ahora reivindicados por el fallo YPF. Un informe de la consultora económica MATE estableció que cada trabajador estatal perdió $11,5 millones de pesos desde noviembre de 2023. En cuanto al salario en el sector privado, quedó 7% por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y cada trabajador acumula una pérdida de $2,2 millones. Respecto de las jubilaciones, el trabajo establece que el poder de compra es “24% menor al de 2023 y cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de $5,8 millones de pesos”.

La Corte estalla y Mahiques quedó en la mira

En los despachos oficiales se preguntan por el apuro judicial. La causa contra Adorni la llevan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. “Es la venganza de Comodoro Py”, anticipan fuentes ligadas a los tribunales sobre la velocidad en que se mueve el expediente a diferencia, por ejemplo, de Libra, en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Lo que surge como argumentación es que Lijo, que es Ricardo Lorenzetti, quedó del bando de Santiago Caputo, tras su fallida candidatura a la Corte Suprema. El juez siempre reprochó que nadie del Gobierno hizo nada por su postulación y dejaron que lo “limaran”. Con esa versión coinciden en el peronismo. Sólo el magistrado se movió para conseguir voluntades, pero no le alcanzó, simplemente, porque no tiene nada que ofrecer a cambio. Cualquier acuerdo necesita la garantía del oficialismo. El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio de Justicia, bajo el mando de Karina Milei, podría haber generado cierto malestar de esa otra parte de la familia judicial.

El estallido en la Corte Suprema de Justicia está por tener consecuencias profundas. Las diferencias ya son irreconciliables. Se hicieron visibles nuevamente esta semana a partir del proyecto de Carlos Rosenkrantz, acompañado por Lorenzetti, para delimitar las arbitrariedades en la selección de los candidatos a jueces. La iniciativa se presentó justo cuando el sistema cargaba los pliegos de los primeros elegidos por Javier Milei para cubrir las vacantes, entre los que apareció Emilio Rosatti, el hijo de Horacio Rosatti, que gracias a la entrevista personal que ahora quieren morigerar accedió al primer lugar de la terna.

La interna se explica también por el interés de uno de los magistrados, Rosenkrantz, en la escuela de Justicia, que depende del Consejo de la Magistratura, que también preside Rosatti. “Se sintió ninguneado por él”, reflexiona una fuente sobre la nueva mayoría que se formó en la Corte. Lo que está pasando es el reflejo del nuevo alineamiento interno.

Todo va camino a agravarse. En el Palacio de Justicia se analiza la posibilidad de adelantar la elección de autoridades para desbancar a Rosatti del mando. “Lo están comenzando a explorar”, anticiparon desde uno de los despachos de los cortesanos. El mandato de Rosatti vence el año que viene, pero con la firma de dos de ellos podrían darle un final antes. Lorenzetti y Rosenkrantz pretenden que en el próximo plenario del Consejo de la Magistratura, el 15 de abril, se vote a libro cerrado su proyecto de selección de jueces.

El aviso también va para el Gobierno. Y dentro del Gobierno, para Mahiques. La incorporación del pliego de Rosatti hijo fue sorpresiva. “No avisó, a pesar de que estuvieron reunidos”, le reprochan al ministro. Lo analizan como una traición porque estuvo reunido con ellos. Esta nueva mayoría está trabajando para que se caiga ese pliego. Lo dicen así: “Si el Gobierno lo vota en el Senado se garantiza un solo voto en la Corte Suprema”.

La pelea tuvo hasta aristas domésticas. Cuando el lunes se hizo el acto de presentación de la iniciativa, a Rosatti le tocaba ubicarse entre los invitados, debajo del estrado, por no ser autor del proyecto. Enterado del asunto, mandó al personal de maestranza a colocar la placa con su nombre en la mesa, junto a la de sus colegas, en la sala de audiencias. El tironeo del mobiliario implicó salir a conseguir un atril para que, finalmente, los dos protagonistas expusieran. Pésimo clima de trabajo. Rosatti siempre tuvo poca relación con el ala de Santiago Caputo en Justicia. Tras las infructuosas negociaciones por el presupuesto judicial, el presidente de la Corte avanzó a comienzos de año en una gestión personal y consiguió los fondos, que habían caído en el famoso capítulo 11 en pleno debate parlamentario de la ley de leyes. Fue la resolución 1/26 de enero pasado, firmada por Manuel Adorni. Un acercamiento al ala karinista que terminó desembarcando de lleno meses después en Justicia. “Eso fue un acuerdo con Karina cuando todavía pesaba Caputo”, detalló una fuente judicial. Entre los pliegos que se conocieron esta semana está el de Ana María Cristina Juan, la mujer del juez del caso Libra, que lleva la causa con otro ritmo.

Economía en loop

Ese gobierno en loop se ve también en la economía, con números que encadenan varios meses de retracción. Los pronósticos de inflación complican los números de marzo. La consultora Equilibra anticipó un 3,3% de alza de precios liderada por regulados (5,1%) y alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco, lo que impactará también en la canasta de pobreza e indigencia. Para el mes pasado, PxQ estimó 3,2%. La inflación cumpliría 10 meses sin bajar. Misma película. El propio Luis Caputo reconoció esta semana una demora en sus planes. Justificó con un “habrá que ver cómo es el del primer semestre de 2026” sobre lo que está pasando con la medición de pobreza, más allá de la baja que anunció el Indec la semana que pasó. Los números del último trimestre del año ya muestran un arrastre al alza. En modo Milei, Caputo se quejó de que “el 99,9 % del periodismo está en contra” y que por eso no ven los resultados esperados. En ese discurso en el que habló de darle “patadas en el culo” a quienes piden devaluar, reconoció que vendrán dificultades. “No va a ser una línea recta, el Emae puede dar para abajo, la inflación va a andar más alta, pero no nos va a desviar del rumbo, vamos a llegar a la meta”, ratificó.

La preocupación son los plazos. Llegar con clima positivo a octubre de 2027 no parece que pueda convertirse en una realidad. Esta semana se conocieron nuevamente los datos de recaudación a la baja, con un arrastre malo desde agosto del año pasado. Octavo mes negativo: Estimada en términos reales es una caída de 4,5% interanual en marzo, y constituye el peor primer trimestre de los últimos 15 años. Los salarios registrados también caen hace 5 meses. ¿Alcanza el ajuste?

Los dólares siguen marcando el paso de las necesidades del Gobierno. La consultora 1816 estableció esta semana que “las reservas netas a valor de mercado son actualmente negativas en US$ 2700 millones y que los vencimientos que afectarán a las reservas netas en lo que resta del mandato Milei suman US$23.800 millones”. Eso anticipa para lo que queda de la gestión un camino sinuoso. “Entre abril y fines de 2027 el país necesitaría hacer compras de dólares, emisiones brutas de deuda en moneda extranjera y/o privatizaciones por un monto de alrededor de US$26.500 millones para que las reservas netas sean nulas hacia diciembre de 2027”, anticipan y fijan en alrededor de US$ 1250 millones promedio por mes los necesarios para los 21 meses que quedan del actual mandato presidencial. Se entiende la preocupación del equipo económico.

Se adelantan los tiempos electorales

La política gira en torno al posmundial. En la Casa Rosada adelantan que este año enviarán otra reforma política. El apuro está puesto en que en la segunda mitad del año los apoyos volátiles de los gobernadores comenzarán a flaquear. El adelantamiento de las elecciones provinciales será una constante. ¿Y el adelantamiento nacional? El peronismo empezó a moverse frente a ese escenario. Por ahora cerca de Diego Santilli, el ministro político, lo descartan. Sí reconocen que están trabajando en la eliminación de las PASO como prioridad. De ahí que todos los actores del PJ empezaron a moverse ante la eventualidad de tener que definir en una interna partidaria el candidato. Sergio Uñac, con el aval de Cristina Kirchner, pidió por carta la semana pasada una interna partidaria a fin de año. Si al Gobierno se le ocurre adelantar las elecciones, la competencia en el peronismo no podría ser más allá de diciembre. “No tienen los votos”, especula un diputado opositor para descartar esa idea. De todas maneras, están en alerta. Lo que sí confirman en el ministerio del Interior es que van a promover una modificación a la boleta única electrónica para que se pueda votar todas las categorías con una sola marca y cambios en el financiamiento de las campañas.

Esta semana comienza a moverse el Congreso. Martín Menem finalmente abrirá el recinto. Todavía no la convocó pero en su despacho trabajan con la idea de una sesión el jueves para darle sanción definitiva a la ley de glaciares. Tendrían asegurados entre 138 y 140 votos. En el Senado también habría sesión para darle ingreso a los pliegos de los jueces. No hay fecha de tratamiento en el recinto. La interna del Gobierno, que agrava y fogonea la pelea en la Corte, parece convertirse en un bumerán para el oficialismo.

En medio de la polémica por la denuncia sobre operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso, el presidente Javier Milei respaldó este sábado a su asesor Santiago Caputo, luego de afirmaciones de la periodista Laura Di Marco, de Radio Mitre, quien sugirió que el asesor se iba a ir del Gobierno. El intercambio comenzó la noche del viernes, cuando Caputo respondió en una red social a comentarios sobre los dichos de Di Marco.

“Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad”, expresó el consultor.

La periodista respondió a Caputo, asegurando que él dejaría próximamente el Gobierno: “Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit”, desafió Di Marco.

Ya en la tarde del sábado, el propio presidente Javier Milei intervino en la discusión y respaldó abiertamente a Caputo. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario.

Santiago Caputo es el principal asesor del presidente y, a pesar de los rumores que apuntan a una interna con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Milei afirmó su confianza en quien lo acompaña desde el inicio mismo de la gestión.

Tensión interna y apoyos del entorno presidencial

Mientras circulan versiones sobre tensiones internas, en particular por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente busca mantener a su equipo cohesionado. En este marco, tanto Karina Milei como Santiago Caputo participaron en las muestras públicas de unidad.

Ambos cerraron filas para defender semanas atrás al jefe de Gabinete, cuando se generó polémica por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial a Estados Unidos y por el vuelo privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval.

La dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza hizo público su respaldo: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Siempre con vos”.

Poco después, el asesor presidencial, Santiago Caputo, también expresó su posición: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía”. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.

Al momento de abordar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió que se dicte la prisión preventiva durante cuatro meses, apoyándose en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima”, sostuvo Ibáñez.

Además, precisó que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.

En otro tramo de su exposición, el fiscal señaló que el acusado sorprendió a la víctima y le provocó varias lesiones en la nariz. “Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.

Según le confirmó el abogado de Pelli a Infobae, Juan Colombres Garmendia, ahora la línea de investigación seguirá por otras dos cuestiones que notaron en el video que viralizó el episodio: posibles amenazas a terceros y si el imputado contaba con una especie de “protección” policial.

“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.

A través de sus redes sociales, Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió en su publicación.

En la misma cuenta oficial del empleado público se identifica como “tucumano y peronista”. Durante las últimas horas, mientras esperaba que se realizara la audiencia, realizó varias publicaciones asegurando que estaba “más fuerte y más entero que nunca”, y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Cómo fue el cabezazo

El violento episodio ocurrió cuando un grupo de dirigentes libertarios tuvo inconvenientes al intentar llegar a la localidad de La Madrid, afectada por intensas lluvias en el norte argentino que derivaron en una grave inundación.

A Pelli lo acompañaban la ex diputada nacional Paula Omodeo, la diputada nacional Soledad Molinuevo, el diputado nacional Gerardo Huesen, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo. El grupo circulaba por la ruta 157, en dirección a la zona donde se encuentran las familias de La Madrid, cuando un grupo de personas les bloqueó el paso.

En ese contexto, Marcelo “Pichón” Segura se acercó a Pelli, lo enfrentó y le prohibió continuar por la ruta. En ese intercambio, se oyó a Pelli decir: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. De inmediato, el agresor descargó un golpe con la cabeza sobre el rostro del diputado, fracturándole la nariz y provocándole una hemorragia.

De acuerdo al testimonio que Pelli brindó en su denuncia, relató: “Sin mediar palabras, me agredió físicamente pegándome un cabezazo en mi rostro a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné y esto provocó que cayera al piso, sintiéndome muy mareado y perdiendo el conocimiento por un momento”.

El equipo médico que asistió al legislador diagnosticó traumatismo encefalocraneano y nasal. Tras realizarle una tomografía, detectaron una fractura en el hueso nasal, por lo que permanecerá en observación, aunque descartaron daño cerebral. Uno de los profesionales que lo atendió en el Hospital Regional de Concepción comentó ante medios locales: “Fue una desgracia con suerte”.

Según la reconstrucción de los hechos que realizó este medio, la acción habría buscado evitar que la ayuda de un partido político distinto ingresara en la zona afectada.

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue internado de urgencia el 1 de abril tras presentar una arritmia, según el diagnóstico inicial de médicos del Servicio Penitenciario Federal que lo atendieron en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra preso tras ser condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta-no haber controlado el destino de los fondos públicos- y absuelto por estrago culposo -las 52 muertes y los heridos- en la causa por la Tragedia de Once.

Fuentes cercanas al ex funcionario kirchnerista contaron a Infobae que el miércoles se le detectó una fibrilación auricular que motivó su traslado a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo cuidados intensivos desde el jueves. Este viernes le realizaron un procedimiento cardiaco que permitió estabilizar su condición. El seguimiento actual incluye monitoreo constante y administración de anticoagulantes por vía intravenosa, y durante la próxima semana se le realizarán más estudios para evaluar su estado

El exfuncionario presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.

“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro reiteró ese día su pedido de prisión domiciliaria.

Las palabras de De Vido se dieron ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en el debate por la causa Cuadernos tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro en la causa conocida como “Once 2″.

Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.

“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.

El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. Días antes, el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.

“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.

El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.

En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.

De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.

Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.

Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.

Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.

La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.

El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.

El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzoelevar el nivel de seguridad a “Alto”e implementarunprotocolo especialdestinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

La salida de Leandro Massaccesi del cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano generó impacto dentro del Gobierno, dado que no son pocos los integrantes de la administración libertaria que accedieron a un crédito hipotecario en el Banco Nación, razón por la cual su superior, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia.

Cerca de la ministra informaron este viernes que le había pedido la renuncia a su jefe de Gabinete luego de que se revelara que en los últimos meses había aplicado a un crédito en el banco estatal. En los últimos días, desde sectores de la oposición apuntaron contra diferentes miembros del Gobierno por el monto al que accedieron.

Pettovello se enteró a través de un tuit y le pidió la renuncia el jueves a la noche. Afirman que no se puso en tela de juicio el programa de compra de vivienda que efectúa el Banco Nación ni el modo en que lo realizó Massaccesi, pero que buscó desplazarlo de manera preventiva “en virtud del perfil bajo que tiene el Ministerio en materia de escándalos”.

En su primera declaración pública tras el alejamiento, Massaccesi, hijo de Horacio, exgobernador de Río Negro y candidato presidencial en 1995, aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad ni aprovechamiento personal durante su paso por la función pública.

En un extenso descargo a través de su cuenta personal de X, Leandro Massaccesi sostuvo: “Aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, rechazando de manera enfática cualquier señalamiento sobre eventuales privilegios.

Según su explicación, la solicitud del crédito se realizó “de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano argentino. El exjefe de Gabinete remarcó que la línea de crédito a la que accedió fue diseñada para beneficiar a la clase media, en especial a quienes buscan comprar su primera propiedad.

“Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó Massaccesi, quien además subrayó que el acceso de funcionarios públicos a este tipo de herramientas no constituye una falta, siempre que se cumplan todas las reglas y requisitos legales. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, apuntó el exfuncionario en su comunicado.

“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”, marcó.

La controversia se desató luego de que se conociera que Massaccesi figuraba entre los beneficiarios del programa de préstamos para la vivienda implementado por la actual administración. El programa, que apunta a facilitar el acceso al crédito hipotecario a sectores medios, había sido objeto de críticas previas por parte de opositores y de organizaciones sociales por supuestas demoras y cupos insuficientes.

Según indicó Infobae, la ministra Sandra Pettovello solicitó la salida de Massaccesi en medio de la creciente presión pública y con el objetivo de despejar cualquier sospecha sobre el proceder del Ministerio. Aunque no hubo declaraciones oficiales extensas por parte de la ministra, fuentes cercanas al Gobierno consultadas por el portal reafirmaron que la decisión buscó preservar la imagen de la gestión y evitar un desgaste mayor frente a la opinión pública.

En los últimos días, la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $400 millones otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a diputados de La Libertad Avanza ha generado controversia pública. El debate creció ante los cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a estos préstamos, que coinciden con un contexto político y social sensible.

El cruce de datos realizado por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky, permitió determinar que al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación por un monto consolidado que supera los $2.500 millones.

Entre ellos se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra una obligación de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025.

Otros nombres incluidos en estos registros son Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $309.507.000 (US$207.766). Por parte de la Cámara de Diputados, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde –los tres de La Libertad Avanza– mantienen deudas en rangos que van desde los $230 millones hasta casi $280 millones, en función de diferentes periodos relevados. Los dos primeros diputados realizaron descargos públicos en los que explicaron la forma en la que accedieron a este mecanismo.

Argentina intensificó su posición diplomática sobre las Islas Malvinas tras apoyar una reciente pronunciación de Bolivia en la cual Carlos Paz Ide, viceministro de Relaciones Exteriores de este país, afirmó que “la causa de las Malvinas no solo corresponde a Argentina, sino que constituye también una causa regional”.

Ante estas palabras, el embajador británico en La Paz, Richard Porter, calificó de “una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”. Y arremetió: “Las islas Falkland son británicas, su soberanía no está en cuestión”. Por su parte, la cancillería de Bolivia rechazó la interpretación de que su posición fuese una injerencia en asuntos internos y mantuvo el respaldo hacia Argentina.

Luego de ese cruce diplomático, el gobierno argentino agradeció públicamente al Estado boliviano por reiterar el apoyo a la reivindicación argentina, destacó el respaldo regional y reclamó la apertura de nuevas negociaciones con el Reino Unido para resolver la disputa.

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino, encabezado por Pablo Quirno, valoró públicamente la respuesta de la cancillería boliviana. El comunicado oficial señaló: “La Argentina agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

La postura argentina sostiene que la cuestión de las Malvinas constituye “una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación entre la Argentina y el Reino Unido”, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según reiteró la cancillería el viernes 3 de abril.

Este respaldo se consolida tanto en acuerdos bilaterales, como con Bolivia, como en foros multilaterales: la OEA, el Mercosur, la CELAC, la Cumbre Iberoamericana, el G7, China, la ZPCAS, el SICA y el Consenso de Brasilia.

A la vez, el gobierno argentino rechazó el argumento británico sobre la “libre determinación de los pueblos”, invocado por Londres respecto a la situación del archipiélago. Según la posición oficial, “no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas”, con el fundamento de que allí no existe un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional, sino “una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien asistió al acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizó en la Plaza General San Martín, en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz, rindió tributo a los caídos y expresó su reconocimiento a los veteranos, destacando su valor, patriotismo y compromiso. En el acto también estuvo presente el Embajador argentino, Marcelo Massoni.

De acuerdo con el comunicado de la cancillería, el referéndum realizado en 2013 sobre el estatus de las islas “carece de validez y no alteró en modo alguno la situación existente” porque fue realizado por una población no originaria.

La cancillería de Bolivia, por su parte, remarcó que acompañará a Argentina en el reclamo y reiteró el llamado a “retomar las negociaciones entre las partes involucradas” para alcanzar una solución “justa, pacífica y duradera”.

En este marco, el gobierno argentino reiteró su disposición a reanudar el diálogo diplomático con Londres, insistiendo en que el diferendo debe resolverse “conforme lo establece la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General” de Naciones Unidas, como consta en el comunicado oficial.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó en diálogo con Radio Mitre, en el marco de la Semana Santa. En ese sentido, vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios.

Consultado sobre el contraste entre el desarrollo de sectores económicos y la situación cotidiana en las ciudades, el titular de la Conferencia Episcopal planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. La referencia surgió tras una mención a la actividad en Vaca Muerta, que fue presentada como un ejemplo de crecimiento en determinadas áreas.

Durante la entrevista, el arzobispo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó.

En ese punto, detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud en la que expresó su preocupación por la situación. Según Colombo, el tono del planteo reflejó la gravedad del escenario. “La empleo de esa frase marca la gravedad del emergente y la necesidad que tenemos que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, sostuvo.

En relación con ese reclamo, agregó que existían instancias de diálogo en marcha. “Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Colombo se refirió a los posicionamientos institucionales de la Iglesia en el debate público. Consultado por un documento difundido en el marco del 24 de marzo, explicó que el objetivo fue plantear una reflexión general sobre el clima social. “Nosotros nos referimos a todos los comportamientos, cualesquiera sean los ciudadanos y las responsabilidades que tengan, esa violencia verbal”, indicó.

El arzobispo también hizo referencia a la necesidad de modificar los modos de comunicación en la vida pública. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar, de no ofender, pero sí de hacerse escuchar en cuanto tiene de justo lo que manifiesta”, expresó.

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, Colombo evitó plantear una confrontación directa y enmarcó los reclamos en el rol institucional de la Iglesia. “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las preocupaciones planteadas tienen como eje las necesidades sociales. “La desatención que se haga de estos pedidos puede no solo repercutir en nosotros, sino sobre todo lo que más nos afecta, que no lleguen lo que pedimos por la gente”, sostuvo.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que el objetivo principal es garantizar respuestas para quienes requieren asistencia. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo se refirió a la relación con distintos sectores y a la posibilidad de encuentros institucionales. Señaló que mantienen contactos a través de diferentes áreas del Estado y expresó su expectativa de que esas instancias continúen. “Vamos teniendo encuentros buenos a través de la Cancillería, a través de algunos funcionarios que se revelan muy sensibles a algunas de las preocupaciones”, indicó.

También planteó la expectativa de que esas gestiones se traduzcan en medidas concretas. “Ojalá que estas necesidades de la población que nosotros expresamos sean atendidas”, afirmó.

“En Casa Rosada estamos hartos de Manuel Adorni”.

En un ataque llamativo de sinceridad, casi un sincericidio, un funcionario de primerísimo nivel con despacho en el principal edificio gubernamental del país admite que ya no saben qué inventar para extirpar el monotema de la agenda pública, que muchos están cansados de enterarse por los medios oleadas de nuevos pormenores de un escándalo que no para de crecer, que el clima interno está espeso e insoportable y ya nadie quiere poner la cara y quedar expuesto.

“Hartos. Estamos hartos”, repite, para que quede claro. Pero, ojeando hacia los costados y súbitamente temeroso, como si sospechara lo que podría suceder con su carrera política si alguien escuchara sus declaraciones rebotando en las paredes, aflora en el hombre la necesidad de aclarar que la saturación no es necesariamente con la figura misma del jefe de Gabinete, sino con la imposibilidad de frenar la tormenta.

-Pero en definitiva, entonces, ¿se queda o se va?

-Javier y Karina lo van a sostener todo lo necesario.

-¿Cuánto es lo necesario? Pasan los días y…

-Ese es el problema: hasta que la situación ya sea irreversible. Si fuera por la mayoría de nosotros, Manuel ya estaría buscando laburo de columnista de nuevo.

-¿Y qué responderías si esta charla fuera al aire y no en privado?

-Que es todo una operación y que nos quieren voltear. La verdad es que somos magistrales cuando queremos atacar, pero pésimos cuando nos tenemos que defender.

El jugoso diálogo, sobre el ocaso de otra semana tan corta como intensa en Argentina, expone la contradicción evidente: hacia afuera, un respaldo abroquelado; hacia adentro, dudas e incomodidades.

En la plana mayor de la gestión libertaria se prestan a las selfies con Adorni, pero al mismo tiempo rezan que se esconda un poco y baje el perfil. Lo exhiben en actos controlados, pero le limitan las vidrieras más riesgosas. Lo dejan usar sus redes sociales, pero le reducen la posibilidad de preguntas abiertas. Una figura popular y de lengua filosa que se vuelve silenciosa es, por definición, una señal de alarma.

La suma de los males que viene acumulando “Manu”, como le siguen diciendo algunos en su oficina, empezó formalmente el 9 de marzo, cuando trascendieron imágenes de su esposa en el corazón de la comitiva oficial durante el viaje a Nueva York para la “Argentina Week”. Los otros vuelos y el crecimiento patrimonial hicieron el resto. Así, el contador público devenido en vocero y en ministro coordinador se convirtió en el libertario de más alto rango en ser escudriñado por la justicia federal: lo investigan por dádivas y por enriquecimiento ilícito.

La cuenta marca que ya van 25 días ininterrumpidos de desgaste y que faltan exactamente otros 25 hasta el informe de gestión que tiene que presentar en el Congreso. “Una eternidad”, suspiran en el área comunicacional.

Pese a esto, no son pocos los que escucharon el férreo apoyo del propio Presidente en la intimidad, convencido de que tarde o temprano su mano derecha podrá explicar los numerosos puntos oscuros de su relato público. ¿No era más fácil aparecer con una pila de papeles y dar por cerrado el affaire? Se lo preguntan buena parte de sus súbditos. Y nadie les responde.

La orden del primer mandatario y de “El jefe” es resistir. Por eso, en los próximos días, la intención es rodear de actividad a Manuel Adorni. Mostrarlo activo. Hacerlo circular por reuniones, actos y despachos. Dar la impresión de que manda, coordina y sigue al frente del tablero. En esa línea se inscribe la reunión de gabinete prevista para el lunes en Balcarce 50, la primera desde el 24 de febrero, y también la ronda de encuentros individuales con ministros que piensan exhibir como un relanzamiento de gestión.

Estos movimientos se decidieron durante el mano a mano de más de dos horas que Milei tuvo con el jefe de Gabinete en Olivos el primer día de abril. Y si bien en esta oportunidad no hubo registro fotográfico, a las 24 horas se fundieron en un cálido abrazo público en el marco del acto por el 44° aniversario de la guerra de Malvinas en la Plaza San Martín de Retiro.

En el medio, la Casa Rosada suspendió una nueva conferencia de prensa. De esta manera, en lo que va de 2026, el hasta ahora locuaz funcionario apenas encabezó dos de esos encuentros con la prensa que tanto proliferaron en el pasado reciente.

A propósito de las últimas acciones de Adorni, los más atentos descubrieron un detalle extraño en la instantánea que en esa ocasión sí distribuyó su equipo después de un hueco en la agenda que hubo para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural (SRA). Ya no era el Rolex que le quisieron endilgar falsamente en su muñeca, sino un particular regalo de Karina: un “escudo crístico” diseñado para la protección de energías negativas y la sanación física. Creer o reventar.

En este contexto complejo para los violetas, la oposición es más que consciente de los problemas que aquejan al oficialismo y piensa usar cada oportunidad como amplificador del caso Adorni. “El Congreso se va a convertir en el Coliseo Romano. Lo esperamos con el cuchillo y el tenedor en las manos”, se frotan las manos en el peronismo.

Como ya vivió Guillermo Francos, lo que se agita es una interpelación con moción de censura para, eventualmente, remover al jefe de Gabinete, como estipula el Artículo 101 de la Constitución. ¿Cuál es la cuenta que hacen en los pasillos del palacio legislativo? Se necesitan 129 voluntades para avanzar y, por ahora, juran contar con un número que oscila entre 123 y 125.

“Depende cómo el Gobierno maneje la relación con sus aliados circunstanciales”, afirman en el bloque de Unión por la Patria, espacio que espera sumar en su ofensiva a Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, parte de la UCR y, quizás, algún díscolo del PRO.

En paralelo, Adorni tendrá que enfrentar a los legisladores en la Cámara baja, en la que será su primera visita al recinto desde que asumió su nuevo rol ejecutivo. Si nada cambia, lo acompañará el mismísimo Javier Milei. Juntos, deberán sobrevivir a las más de 4500 preguntas -la mayoría de las cuales se responderán por escrito- que ya prepararon quienes están en sus antípodas ideológicas.

No solo hay consultas sobre las controversias del inventor del latiguillo “fin”, sino también sobre los expedientes Libra y ANDIS, o los incumplimientos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financianciamiento Educativo.

Los posibles embates no vienen solo desde el edificio de avenida Entre Ríos y Rivadavia. El frente judicial acumula datos que son una bomba de tiempo. De hecho, viene habiendo consultas del área de Justicia a los tribunales de Comodoro Py en busca de precisiones sobre el futuro de las investigaciones.

Las revelaciones que van trascendiendo por goteo no ayudan: la última oleada tuvo que ver con el inmueble de 200 metros cuadrados en Caballito por el que Adorni pagó U$S 230.000, aunque financiado en un 87% por dos mujeres de 72 y 64 años que hasta acá desconocen la operación. La aparición de la escribana contratada para la operación tampoco ayudó: Adriana Mónica Nechevenko, quien también intervino en la adquisición de la casa del country Indio Cua, visitó siete veces la Rosada entre julio de 2024 y septiembre de 2025, según registros de la ONG Poder Ciudadano.

Para colmo, el fiscal Gerardo Pollicita prepara nuevas medidas de prueba en torno a otro viaje lleno de suspicacias: el que habría hecho el jefe de Gabinete a Aruba en la Navidad de 2024, con escala en Perú y Ecuador, a pesar de haber manifestado en una entrevista que la de Punta del Este había sido su única escapada “en un año y medio”. Adorni le hizo a caso a Mariano Cúneo Libarona: ya contrató al abogado Matías Ledesma.

“No hay plan B, pero sí hubo algunos tanteos sigilosos”, concede un miembro fundador de LLA ante la consulta de quién podría ser el reemplazante de Manuel Adorni si, al final del Vía Crucis que le espera en el futuro inmediato, terminara afuera del gobierno. La lista es corta y está llena de espigas: Sandra Pettovello “no quiere saber nada”; Federico Struzenegger se muestra siempre listo, pero “no es el más popular del gabinete”; Diego Santilli tiene el volumen político necesario, pero “es demasiado amarillo”; Pilar Ramírez está reservada para CABA y concentrada en seguir de cerca en qué derivan las denuncias de irregularidades en la entrega de préstamos millonarios a dirigentes libertarios por parte del Banco Nación, que preside su marido, Darío Wasserman; y el ex CEO de Syngenta Antonio Aracre, sobre el que arreciaron infinitos rumores, “ni siquiera fue consultado”.

Alerta spoiler: si Adorni tuviera que dejar el Gobierno, en la cúpula libertaria descuentan que el movimiento llegaría con otros cambios en áreas sensibles, como SIDE y ARCA, donde talla fuerte Santiago Caputo. En el ecosistema digital paraoficialista se divierten leyendo los posteos de la cuenta Centurión del desierto (@CenturionDCX), que suele resumir el espíritu karinista y que viene publicando mensajes como estos: “Madura el knock out”, “Qué lindo se va a poner esto” o “Se viene”. ¿Solo para entendidos?

La baja de la pobreza, el repunte parcial de la actividad económica, la mejora en la recaudación o incluso el fallo favorable a la Argentina en Estados Unidos por YPF no lograron perforar la nube tóxica del “caso Adorni”. La realidad, incluso la más beneficiosa, se empantanó en el barro. La consultora Ad Hoc reveló que hubo 2,7 millones de menciones al tema en las últimas tres semanas, con picos de conversación cada vez que aparece una novedad. Para Enter Comunicación, el 91% de la población tiene sentimientos negativos sobre el asunto. El mismo guarismo maneja la consultora Reputación Digital. Una encuesta de Zuban Córdoba registró que el 70,4% considera que el jefe de Gabinete debería renunciar.

¿Javier Milei y Karina Milei seguirán sosteniéndolo en su cargo? “Esto es semana a semana”, asumen en la oficina que jefatura ocupa en la planta baja de la Rosada. Y agregan un asterisco: aún si lograra desprenderse de todos sus inconvenientes, hasta sus más cercanos consignan que va a ser difícil que Manuel Adorni pueda volver a erigirse como el paladín público de la guerra contra la casta.

Desde que llegó al Gobierno, el presidente Javier Milei cumplió con una de las promesas de su campaña: tener un fuerte alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y con Israel, lo cual se mantiene incluso en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que inició después de que él llegara al poder.

Recientemente, esta postura incluso se intensificó, primero con la decisión de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y, posteriormente, con la orden para que el encargado de negocios de Irán abandone el país, dos medidas que se tomaron en menos de 72 horas.

Previamente, la administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares, como Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre del 2023, que iniciaron en la Franja de Gaza.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo paso en este sentido será el de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en lo que será un importante gesto simbólico a nivel internacional y una muestra de respaldo definitivo hacia Israel.

“Estamos buscando la fecha para concretarlo”, precisó a este medio un integrante de la cúpula nacional, que ratificó además que la iniciativa se mantiene firme, incluso con las tensiones en esa región.

En junio del año pasado, el propio Milei había anticipado su determinación de mudar durante el 2026 la sede diplomática hasta esa histórica ciudad, lo que representa reconocer a esa zona, en disputa desde hace siglos por ser el centro de varias religiones, como la capital del Estado hebreo.

Fur durante su discurso en el Knesset (el parlamento de ese país), donde también habló el primer ministro local, Benjamin Netanyahu, quien agradeció el respaldo desde Buenos Aires y remarcó que el líder de la Casa Rosada “ha defendido la verdad frente a la falsedad, comprendiendo que esta es una guerra de justicia sin precedentes”.

“Durante los últimos 20 meses, hemos estado luchando contra los monstruos humanos que secuestraron, agredieron y decapitaron el 7 de octubre. Ante esta agresión brutal y sin precedentes, usted habló con absoluta claridad: Estamos con usted en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad”, agregó.

Por su parte, el titular del órgano legislativo, Amir Ohana, calificó la decisión como un “momento histórico en la historia de las relaciones entre Israel y Argentina” y elogió a Milei por “elegir la verdad por encima de la conveniencia, la fe por encima de las modas y la brújula moral por encima de la conformidad automática”.

Hasta el momento, los únicos gobierno que concretaron el traslado de sus embajadas a Jerusalén fueron los de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Más acá en el tiempo, después de que el Gobierno ordenara que el encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, abandone la Argentina en 48 horas, fue el canciller israelí, Gideon Sa´ar, quien agradeció públicamente.

“El régimen terrorista iraní es letal tanto para sus propios ciudadanos como para sus vecinos, y constituye la principal amenaza para el orden y la seguridad mundial. No es legítimo. Punto”, escribió Sa´ar en su cuenta de X.

Hace algunos días, el Presidente participó de un nuevo aniversario del atentado a la embajada de Israel, durante el cual calificó a la república islámica como “una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”.

“Hoy, la Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, que intentó, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”, sostuvo en ese acto.

Por otra parte, el mandatario tiene en carpeta un nuevo viaje a Tel Aviv para el 21 de abril próximo, ya que fue invitado por Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha’atzmaut, en hebreo), por lo que ambos volverían a encontrarse.

Las autoridades nacionales confían en que para ese momento el conflicto en la región haya disminuído y, de hecho, fuentes diplomáticas confirmaron a Infobae que, por lo menos hasta ahora, el gobierno argentino no solicitó ninguna medida de seguridad especial para esta visita.

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

El gobierno parece estar atravesando su peor crisis política desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La acumulación de casos resonantes como $Libra, Andis, los créditos hipotecarios a funcionarios del Banco Nación y la escasa explicación respecto de su crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; conformaron una tormenta que deja a La Libertad Avanza casi sin margen para poder festejar las buenas noticias.

Este descontrol, que hizo que durante el 2 de abril no quedara claro si el Presidente iba a hacer uso de la cadena nacional o no, está haciendo que el férreo control que tenía la Casa Rosada sobre el resto de los miembros libertarios muestre signos de fisura. Esto quedó más a la vista en la Cámara de Diputados en donde la organización que mostró LLA para hacerse de las comisiones claves no se reflejó en el accionar de algunos de sus legisladores que mostraron signos de independencia que generaron discusiones internas.

“Nadie presenta nada sin que se autorice”, se escuchó decir en la última reunión del bloque de LLA en la Cámara baja. “Las prioridades las marca el Ejecutivo y no hay que meter ruido con nada”, agregaron en modo reto las autoridades del bloque frente a la mirada de buena parte de los 95 legisladores que conforman el bloque.

Desde el 1 de marzo hasta el pasado 2 de abril se presentaron 853 proyectos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza presentó de ese total el 7% -63 proyectos-, de los que 28 fueron declaraciones de beneplácito, otros 11 que incluyen pedidos de modificación de decretos, derogación de normas, pedido de informes, solicitud de liberación de personas, al Ejecutivo; 20 que señalan modificación, creación o derogación de leyes nacionales y 1 de ratificación o aprobación de tratados internacionales.

Buena parte de estos presentan una gran cantidad de firmas del bloque, pero hubo algunos que se presentaron en soledad y que generaron discusión interna por la intención de llevar adelante una agenda propia y diferenciada a la que marca la Casa Rosada.

El mal humor de las autoridades libertarias llegó a su punto máximo luego de un nuevo error en redes sociales de la diputada Juliana Santillán, quien posteó que estaba con el embajador de Checoslovaquia, país que no existe desde 1992. “Hay que tener más cuidado, nos están mirando con lupa, ya no podemos hacer boludeces con el argumento del desconocimiento”, dijo un diputado libertario. “Hay que reordenarse y concentrarse, va a ser un año complejo”, agregó.

En el bloque generó discusión una andanada de proyectos por afuera de la línea oficial que aparecieron en las últimas semanas como por ejemplo el primero que presentó como autora la diputada Karen Reichardt el cual propone que el feriado del 24 de marzo pase a denominarse “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”.

A pesar de que el proyecto está en línea con el discurso oficial, las autoridades de la Cámara entienden que genera ruido en un recinto que está totalmente polarizado y en donde sumar voluntades será fundamental para avanzar con la agenda oficial.

Otro punto que generó mucho ruido fue la presentación por parte de 10 diputados de La Libertad Avanza de una carta de intención en donde se comprometen a impulsar una agenda que hoy es inexistente en el Congreso: la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El texto convoca lleva las firmas de los libertarios Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

En este paquete de leyes que se presentaron sin la anuencia de las máximas autoridades del bloque de La Libertad Avanza resaltó también el de Virginia Gallardo que declara de interés los premios Martín Fierro por su “aporte al desarrollo de la producción audiovisual, radial y digital en la República Argentina”. El proyecto además pega en la línea de flotación de la pelea cultural en donde la comunidad artística suele apuntar a la administración libertaria por la falta de apoyo a la industria.

En medio de una crisis política en la que el oficialismo no encuentra, por lo menos por ahora, una salida y con sus principales figuras cuestionadas legalmente, las autoridades parlamentarias bajaron una línea única de acción en referencia a que nadie se “corte solo” y avance con presentaciones que abra nuevas discusiones. La famosa frase que supo utilizar en la campaña de 2023 el presidente Milei “no vine a guiar corderos, vine a despertar leones” dejó paso a la de la obediencia parlamentaria que implica una profesionalización del bloque.

El peronismo dio este fin de semana una muestra de acercamiento entre los distintos sectores cuando gobernadores, legisladores e intendentes de distintos puntos del país coincidieron en la provincia de Tierra del Fuego para participar de los actos por el Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Fue un primer paso para una construcción en vistas al 2027 que por el momento tiene más interrogantes que certezas.

Como contó Infobae un grupo de diputados busca traccionar la construcción de un frente anti Milei de carácter federal. En esa idea también está embarcado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tras las actividades en Tierra del Fuego desde su entorno se encargaron de remarcar su rol activo “en la construcción de consensos”. Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora, Teresita Madera y la senadora nacional por La Rioja, Florencia López.

Las actividades en Tierra del Fuego dejaron varias fotos. Por un lado la comitiva de La Cámpora que se reunió en la tarde noche del miércoles en Ushuaia mientras Kicillof junto a Quintela y un grupo de legisladores nacionales se preparaban para participar de la vigilia en Río Grande. Ese grupo estuvo con el gobernador fueguino Gustavo Melella. Entre actividad y actividad. Hubo conversaciones sobre la coyuntura y el plan 2027. Kicillof aprovechó para empezar a tejer lazos con los intendentes. Se mostró con los tres jefes comunales de Tierra del Fuego, Martín Pérez de Río Grande; Walter Vuoto de Ushuaia y Daniel Harrington de Tolhuin. Pérez y Vuoto mantienen sus diferencias con el mandatario provincial, Gustavo Melella. De hecho, el camporista Vuoto recurrirá a la justicia por el recorte de fondos al municipio de parte de la administración fueguina.

La construcción de Kicillof por fuera de Buenos Aires está atravesada por diferentes factores y dinámicas territoriales que el mandatario deberá abordar más allá de la discusión interna que mantiene con el kirchnerismo en la provincia que gobierna. Además de Melella, Quintela, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Kicillof también fue recibido por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

En el acto oficial el mismo 2 de abril, hubo presencia de todos los sectores del peronismo. El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo representado por la diputada nacional Cecilia Moreau; La Cámpora, además de Vuoto, también se hizo presente con Mayra Mendoza, una de las voces de CFK y apuesta del cristinismo para la sucesión bonaerense de Kicillof en 2027. A la intendenta en uso de licencia de Quilmes también la escoltó la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora; el Subsecretario de Relaciones Municipales durante la presidencia de Alberto Fernández, Pablo “Tato” Giles, entre otros, como el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina.

Mientras sucedía el acto en Ushuaia, en el barrio porteño de La Paternal, el jefe de La Cámpora encabezaba una actividad por Malvinas. Fue la inauguración de un mural en homenaje a los soldados. Allí, sin embargo, dejó una lectura sobre el futuro inmediata del peronismo. “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, planteó.

Por el momento, hay una matriz de coincidencia discursiva del peronismo; al menos en la consideración del gobierno de Javier Milei. Lo que aún es incipiente es definir cuál es la mejor estrategia para abordar el proceso electoral. Lo que dejó las elecciones del 2025 aún es materia de debate al interior del peronismo y con énfasis por lo sucedido en Buenos Aires, en donde Kicillof definió desdoblar la elección, ganando con holgura la elección provincial, aunque sin sostener la victoria en la elección a diputados nacionales.

Tampoco hay acuerdos de hasta dónde expandir la construcción de ese frente. Por ejemplo, un sector del radicalismo bonaerense envía señales subterráneas a algunos dirigentes del Ejecutivo bonaerense. “Si Axel decide dar el paso, seguramente vamos a estar”, admite un dirigente del radicalismo bonaerense que se para en la vereda de enfrente del senador nacional por la UCR, Maximilano Abad. Dar el paso significa romper con el kirchnerismo.

Pero eso no sucederá. Aunque la relación entre el gobernador bonaerense y la expresidenta actualmente sea nula; no está en sus planes correr a los ministros provinciales que reportan políticamente a CFK. Pero Kicillof sí busca expandir. La reunión que días atrás mantuvo su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el exdiputado nacional Emilio Monzó fue en esa sintonía. Fue un acercamiento.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025″, dijo Kicillof este lunes cuando en conferencia de prensa se le consultó por la reforma electoral anunciada por el gobierno nacional, que plantea, por ejemplo, la eliminación de las PASO. “Es difícil plantear el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires sin conocer qué va a hacer Nación en ese y en varios aspectos más. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, agregó.

Es que una de las posibilidades es que Buenos Aires también desdoble la elección como suelen hacer el resto de las provincias. Lo que defina Kicillof cobra vital importancia para todo el proceso electoral, ya que Buenos Aires reúne más de 13 millones de personas en condición de votar: el distrito -por lejos- de mayor peso electoral. Buenos Aires también podría abordar temas como boleta única en papel para la elección provincial y allí será Kicillof quien defina la fecha de los comicios bonaerenses. Por el momento todo es cálculo y posibles escenarios.

La causa, que tiene como eje el lanzamiento y posterior colapso del token promovido públicamente por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025, investiga una posible maniobra fraudulenta que habría generado pérdidas millonarias a inversores. El activo digital, creado horas antes de su difusión oficial, experimentó una suba abrupta seguida de un desplome, en un esquema que despertó sospechas por la concentración de tenencias y la velocidad de las operaciones.

En ese contexto, el análisis forense de dispositivos secuestrados a Mauricio Novelli permitió reconstruir intercambios con distintos actores de la trama —entre ellos el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y el CEO de KIP Protocol, Julian Peh—, así como conversaciones familiares que, si bien no refieren de manera directa al lanzamiento de $LIBRA, evidencian el clima interno y las dinámicas económicas del grupo.

Los peritos del Ministerio Público Fiscal señalaron, además, que en los chats con su hermana y su madre se detectó “contenido eliminado”, lo que dejó zonas sin reconstruir dentro de la comunicación.

En los audios, que a través de WhatsApp intercambiaron entre el 7 y el 11 de diciembre de 2024, es decir, apenas dos meses antes del lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el mandatario argentino, Mauricio Novelli nombra a Milei como un activo, un cliente importante para su empresa N&W Professional Traders, firma en la que el Presidente fue “capacitador” y dio charlas, cursos y eventos sobre criptomonedas.

En los audios que analiza la Justicia y a los cuales accedió Infobae revelan no solo la dinámica y presión familiar y entre los socios y directivos, sino el clima de exaltación, triunfalismo y euforia que se vivía semanas antes de que Milei promoviera a través de sus redes sociales la nueva criptomoneda, $LIBRA, presentándola como un proyecto privado de inversión.

Los audios de los hermanos Novelli: presión, promesas y exigencias

En uno de los audios incorporados al expediente, Mauricio Novelli le plantea a su hermana un escenario de oportunidad económica excepcional, en términos que combinan promesas de crecimiento con presión personal:

“O sea, literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria. Ahora, ¿entendés? O sea, literalmente con las cosas que estamos haciendo, esta es tu chance de ser millonaria. O sea, tipo, si hacés las cosas bien, de vuelta te digo, es, es muy probable de que, de que logres ser tipo, tipo millonaria antes que yo, ¿entendés? O sea, capaz a los veintisiete ya sos millonaria, ¿me entendés? Ya tenés un millón de dólares, eh. De vuelta te digo. Estamos laburando cosas importantes. Por eso es tan importante el audio anterior, ¿entendés? Esta es tu chance. Vos querías romperla en algo, querías ser importante, querías ser parte socia, tipo tener, eh, tener la posibilidad de, de ser exitosa de verdad y, y ganar plata, pero seria, seria. Boluda, tenés porcentaje de la consultora, porcentaje del evento. ¿Sabés lo que se va a volar esto?. El otro día cerramos, a la noche cerramos una banda de guita. Ahora está lo de Gems (por el fondo de inversión), la cantidad de empresas que nos vamos a meter. Tengo contactos en todos lados, los chicos también. O sea, viajes a Dubái, todo. O sea, y la estás viendo la guita, no es que te estoy prometiendo, diciendo. No, no, literal. O sea, y no, y no pasó nada todavía. Por eso te digo, aprovechá esta, esta chance que tenés, esta suerte que te dio la vida de estar justo en este lugar, ¿entendés? Y, y aprovechar en serio. La vida es difícil, boluda. No es fácil. No es que llueven las oportunidades, llueven, llueven las cosas así. Es un quilombo la vida. Es un quilombo hacer guita. Por eso tan poca gente hace guita. No encuentra la manera. Hay gente que es veinte mil veces más inteligente que vos y va a llegar a ser una, no sé, una octava parte, una décima parte de lo que vas a ser vos. Y gente que tiene millones de inteligencia”.

El mensaje es complementario a uno anterior después que ella se quejara porque “me levanto y lo primero que hago es empezar a laburar (...) me estreso cuando no me sale algo, obviamente. Y después cuando te pregunto algo o te, te estoy acotando, tipo me decís: ‘No me hables’”,

La respuesta no se hizo esperar. El hermano cambió la inflexión de voz y se dirigió a María Pía en términos muy duros: “O sea, te lo voy a decir bien crudo acá. Bien crudo te lo voy a decir. Lo podes tomar bien, lo podes tomar mal, lo poedes usar para motivarte o lo podes hacer para desmotivarte más todavía. Acá a uno no lo dejan afuera, uno se deja afuera, ¿entendés? ¿Y por qué se deja afuera? Básicamente porque no muestra su utilidad para el resto. Es decir, vos comportándote así sos más un pasivo que un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque sos carísima, ¿entendés? Tipo, estás como socia cuando el laburo ese lo podría hacer el mejor empleado del mundo y le pagás dos mil dólares o tres mil dólares. Vos ganás veinte veces más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vos tenés que hacerte indispensable, ¿entendés? Fijate el laburo que hace Sergio (Morales). Sergio, o sea, no tiene, no tiene a Javier (Milei) y tampoco tiene contacto con todas las marcas. O sea, el expuesto acá es Manu, al que le llegan las marcas es a Manu, ¿me entendés? Pero Sergio, sin ser expuesto y sin estar conectado con la máxima cúspide, el tipo se mueve para todos lados, se movió así toda su vida para estar conectado.”

Las referencias que realiza el especialista en cripto negocios son claras. Y no hacía falta que se lo explique. “La máxima cúspide” era el presidente de la Nación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella e integrante del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo.

Según la información recuperada de su teléfono celular por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en su WhatsApp, entre los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2025, Novelli, de manera frenética, se comunicó 38 veces con Milei, su hermana Karina y Caputo.

Si bien Mauricio le dice a María Pía “estás como socia”, en la constitución de la empresa, constituida según el Boletín Oficial el 23 de julio de 2021, los únicos participantes de la sociedad son él y el contador público Jeremías José Walsh.

En la causa penal que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano hay registros fotográficos que acreditaban las visitas de María Pía Novelli y su madre, María Alicia Rafaele, a una caja de seguridad en el Banco Galicia, antes e inmediatamente después del lanzamiento de la criptomoneda del escándalo.

La primera vez, tal como publicó el diario La Nación, fue el 4 de febrero de 2025. El segundo episodio ocurrió el 17 de febrero, primer día hábil posterior a la difusión que Milei hizo de la fallida criptomoneda.

No hay registros sobre lo que hicieron, pero las cajas estaban vacías cuando la Justicia ordenó su apertura.

María Pía se mostró en varios videos tomados en las oficinas de N&W Professional Traders junto a Javier Milei y su hermano. En uno de ellos, Mauricio Novelli invita a un joven a sacarse una selfie con quien ya era diputado nacional.

En ese clip de 29 segundos, el empresario le pide a Milei que ponga cara “de enojada”. Y después es el actual mandatario quien corrige la orientación del celular para que se vea el logo de la firma. “No volcalo más arriba y picalo”, aconseja Milei, que se ubica en su clásica posición con el pulgar derecho arriba. Atrás, María Pía, de saco corto de color rosa pálido y pantalón negro, pone su mano izquierda sobre el hombro de quien supo ser panelista de TV y se ríe con ganas de la situación.

Quiénes son los Novelli y su rol en la causa

Mauricio Novelli aparece en la investigación como uno de los articuladores locales del ecosistema que rodeó el lanzamiento de $LIBRA. Vinculado al mundo de las finanzas y los cripto activos, tenía numerosas aplicaciones específicas instaladas en su teléfono y participaba en la organización de eventos como el “Tech Forum”, donde coincidieron varios de los nombres clave del caso.

Su hermana, María Pía Novelli, también figura en el expediente. Integraba estructuras como N&W Professional Traders y compartía con Mauricio grupos de WhatsApp en los que, según los peritos, se discutían aspectos organizativos y movimientos de dinero. Su nombre, además, surgió en otra causa judicial vinculada al economista y ex diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, lo que sugiere una red de contactos previa al escándalo.

Una trama bajo investigación

La causa, delegada en el fiscal Eduardo Taiano, continúa avanzando con medidas de prueba que buscan determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y la eventual existencia de delitos como estafa o lavado de dinero.

En ese entramado, los audios entre los hermanos Novelli no solo aportan información sobre el vínculo personal, sino que también reflejan la lógica interna de un grupo que operaba con altas expectativas de rentabilidad, acceso a contactos de poder y una narrativa de oportunidad única.

Mientras la Justicia intenta reconstruir los hechos y responsabilidades de cada uno de los involucrados, los intercambios de mensajes entre los hermanos Novelli revelan la intensidad con la que se vivían los momentos previos y más sensibles del vínculo entre lo más encumbrado de la política argentina y los negocios privados.

Fotos de abrazos, reuniones con ministros, agenda que busca mostrarlo tomado por la actividad, como si fuera la normalidad de la función. Esa movida de respaldo a Manuel Adorni, difícil de sostener en el tiempo, excluye por ahora declaraciones y conferencias de prensa. Llamativo, porque en la escala de valoración violeta, era señalado como figura destacada de la comunicación, un “domador” de opositores, periodistas, críticos de la economía, según el término repetido en la lógica de la descalificación. Habrá que ver cuánto se extiende el actual estado de cosas, pero, por lo pronto, el silencio forzado del jefe de Gabinete hace más ruidoso el quiebre en el discurso libertario.

El respaldo de Javier Milei fue expresado ante las cámaras de TV, algo que no constituye una novedad absoluta en el circuito oficialista. Alguna anécdota cuenta que la energía y la duración del abrazo presidencial terminan siendo datos significativos frente a tensiones domésticas o inquietudes externas. Lo registra, por ejemplo, Santiago Caputo. También, Luis Caputo.

El esfuerzo de Olivos para respaldar al jefe de Gabinete -que inició su propio proceso de crisis hace casi un mes, con el viaje oficial a Nueva York- no repara en la totalidad del mensaje. Llegó al punto de desvirtuar el acto por el 2 de Abril. Voceros del oficialismo se habían encargado de destacar en las horas previas que el foco de la ceremonia estaría puesto sobre la presencia de Adorni y el saludo presidencial. Es decir, el tema destacado no sería el discurso ni el significado del homenaje. Y así fue.

El antecedente inmediato en este mismo terreno fue la reacción del Gobierno apenas trasmitido desde Nueva York el fallo favorable al país por el caso YPF. El oficialismo intentó explotar el tema -y en rigor, lo malgastó- reduciendo todo a dos objetivos de mínima coyuntura: adjudicarse aquella decisión judicial como exclusivo mérito propio y utilizarla para alimentar un capítulo más en la pelea con el kirchnerismo, en particular con Axel Kicillof.

Existe una diferencia entre los dos episodios y es significativa.

Frente a la novedad de YPF, Milei buscó imponer un cambio de foco duradero en la agenda pública, tomada inicialmente por el impacto del fallo de la cámara neoyorquina. Es decir, modificar el clima -no sólo mediático- y apostar a que fuera algo más que un cambio de aire temporal. La persistencia del caso Adorni -que fue añadiendo novedades corrosivas- expuso la limitación del intento oficialista.

En cambio, el acto del 2 de Abril no estuvo impulsado ya por el objetivo de modificar el temario, sino de ratificar el apoyo al funcionario a pesar del desgaste en continuado que produce. Eso, con el agregado repetido en todas las gestiones de gobierno: la insistencia en los actos y gestos de esta naturaleza son síntoma del impacto profundo de la situación que rodea al funcionario. Mantenerlo en el tablero del poder, en este caso, tiene mayor significado que el propio cargo, porque se trata de una pieza atada a Karina Milei.

El Presidente recibió a Adorni en Olivos y el hecho, nada inusual en otro contexto, fue acompañado por un comunicado que trataba de presentarlo como la “superación” del tema. Da la impresión de que juega en sentido contrario. La idea de mostrar un funcionario repuesto incluso emocionalmente fue transmitida de un modo más bien básico: se dijo que habían tratado temas que trascienden por mucho los días que corren -planes para la etapa 2026/2027- y fue anunciada una serie de reuniones con ministros. Para completar, fue agregado después que Milei encabezará una reunión de gabinete a principios de la semana que viene, otra vez para exponer su apoyo al jefe de ministros.

A pesar de todo y de la disciplina que cuidan como imagen funcionarios y referentes violetas, desde pliegues del oficialismo trascienden cuestionamientos o al menos prevenciones frente al costo que el sostenimiento del funcionario le provoca a Olivos. Y en paralelo, circulan trascendidos sobre recelos en el interior del oficialismo. La interna grande -es decir, entre Karina Milei y Santiago Caputo- asoma contenida como consecuencia del caso Adorni, pero no hay señales de que la tensión haya sido revertida. Y por lo demás, como exponen otros capítulos, son combustible de recreadas sospechas y viejas disputas.

Esos trazos se reproducen a su manera en el cuadro del Congreso. Parece demasiado lejano por el desgaste persistente de estos días, pero LLA debe moverse pensando en la cita para Adorni en Diputados -el último miércoles de abril debe dar su informe de gestión- y los intentos por ahora desarticulados de la oposición para intentar una interpelación al jefe de Gabinete. En cualquier caso, la inquietud frente a este panorama marca al oficialismo, por diferentes razones.

Algunos socios transmiten poca predisposición para blindar al funcionario. Es más, ya se escucharon o se dejan trascender mensajes que reclaman su renuncia, presentada como un paso ineludible para evitar mayores costos al Gobierno. En la conducción violeta pesan además las consideraciones domésticas. La elección de Diputados como ámbito del informe de gestión ofrece esa lectura: es la Cámara presidida por Martín Menem, donde también operan en sintonía los amarillos.

En cambio, el Senado vuelve a ser territorio de tensiones. La pelea con Victoria Villarruel volvió a producir otras entregas -incluso en los actos por el 2 de Abril- frente al impulso ahora apurado del Gobierno para avanzar con pliegos de jueces y fiscales. La relación de la vicepresidente oscila entre la convivencia frágil y los cortocircuitos -ahora en esa última fase- con Patricia Bullrich, a quien el “karinismo” tampoco quiere darle mayores créditos.

Las sospechas se extienden frente a cualquier hecho que abunde en el cuadro pintado por Adorni, aunque no exclusivamente. El caso $LIBRA estaría mostrando señales de cierta reactivación práctica. Eduardo Taiano acaba de pedir nuevas medidas de prueba, algo que no sería adjudicable únicamente al ambiente del fuero federal. A la vez, las decisiones del fiscal generan prevenciones en la oposición. Diputados de la comisión legislativa creada por este tema ya presentaron una denuncia contra el fiscal, a quien cuestionan por “pisar la causa”.

No es todo en cuanto al clima más amplio. Suman temas como la difusión de la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas. La respuesta violeta busca cerrarse sobre el “cumplimiento” de las disposiciones vigentes. Pero el tema del jefe de Gabinete y el eco de las consignas mileístas contra el banco estatal se mezclan para ponerlo en la mira de cuestionamientos y chicanas. Se agrega para completar que el banco tiene como presidente a Darío Waseserman, esposo de Pilar Ramírez, pieza de Karina Milei en el paño porteño.

Eso último va de la mano con el efecto central de la sucesión de hechos que alimentan el caso Adorni: el impacto sobre el discurso anticasta. Y en cuanto a la agenda, ratifica que es difícil de manejar. La semana que viene deberá declarar ante la Justicia la escribana que intervino en las compras de propiedades del funcionario. Y los trascendidos sobre otro viaje turístico podrían escribir otra línea en esta historia. Larga.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello le pidió la renuncia a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi. Según pudo confirmar Infobae, la decisión se tomó de manera preventiva con el objetivo de aplicar los protocolos de la cartera ante la información de que el funcionario había tomado un crédito hipotecario en Banco Nación.

El pedido habría sido realizado este mismo viernes 3 de abril, luego de que la titular de la cartera detectara que el nombre de su ex funcionario figuraba en una de las listas difundidas por un usuario en la red social X. Esta maniobra habría implicado romper con la política de mantener un perfil bajo que profesa el superministerio.

En este contexto, el ex jefe de gabinete aceptó presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, la baja aún no fue oficializada, debido a que, para esto, es imprescindible el anuncio de su apartamiento en el Boletín Oficial. Considerando el feriado y la llegada del fin de semana largo, los cambios podrían verse reflejados a partir de la próxima semana.

Fuentes oficiales que confirmaron la salida del funcionario explicaron a Infobae que la ministra Pettovello tomó la decisión no por el crédito en sí tomado en una entidad pública como el Banco Nación, sino porque se enteró de esa situación por canales informales.

En los últimos días se difundieron listados de funcionarios y legisladores nacionales que recibieron créditos. Las explicaciones que trascendieron de ellos destacaron que se trataron de operaciones realizadas por carriles formales y comunes que tienen los empleados públicos.

De hecho, el Banco Nación, días atrás, emitió una declaración pública en la que destacó que se puso en marcha “la modernización del proceso, sin excepciones y homogéneo para todos sus clientes: ya concretó operaciones con circuitos 100% digitales que permiten escriturar en apenas 30 días, simplificando trámites y asegurando trazabilidad en cada etapa”.

La renuncia en Capital Humano

Pese a que Massaccesi no destacó como figura de la administración libertaria, en el mundo de la política es conocido por ser hijo del ex gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, que estuvo al mando de la provincia patagónica entre 1987 y 1995.

Anteriormente, supo ocupar cargos en la administración rionegrina, como, por ejemplo, secretario de Gobierno de Viedma durante la intendencia de Mario Alberto Francioni (2019-2023).

No se trata de la primera vez que la ministra Pettovello toma una decisión de estas características, ya que a finales de octubre de 2024 también le solicitó a Constanza Cassino, la ex secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que diera un paso al costado.

En esa oportunidad, la renuncia se formalizó tras la difusión de gastos cuestionados en su gestión, tanto por la compra de una cafetera automática por casi dos millones de pesos como por la contratación de un servicio de catering para un evento oficial que alcanzó los tres millones de pesos.

El episodio se precipitó luego de que la ministra de Capital Humano se enterara de ambas operaciones, cuando se encontraba en un viaje oficial por Europa. La reacción había sido comunicada públicamente por el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la versión.

El origen del conflicto se vinculó a la adquisición, realizada el 21 de octubre de 2024, de una Cafetera Automática Philips Molinillo modelo EP 2231, cuyo precio ascendió a 1.917.000 pesos. Según trascendió, el valor abonado superaba ampliamente al que se podía encontrar para un producto similar en el mercado, donde existían publicaciones que lo ofrecían por alrededor de quinientos mil pesos. Esta diferencia de precios fue uno de los principales puntos de crítica pública.

Además de la compra del electrodoméstico, la ex secretaría había firmado un convenio con una empresa de catering para una jornada institucional celebrada el 8 de octubre de ese año. El servicio incluyó 50 desayunos, 100 almuerzos y 50 coffee breaks para los asistentes, con un presupuesto de 3 millones de pesos. También contemplaban todos los insumos y personal necesarios para el evento, que tuvo una duración de ocho horas.

En el historial de funcionarios que fueron apartados del Ministerio de Capital Humano también aparece el nombre de Pablo De la Torre, quien también se desempeñó como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia antes de la designación de Cassino. No obstante, en su caso, el pedido de renuncia fue motivado por una investigación por “mal desempeño” que había sido iniciada por la Oficina de Anticorrupción (OA).

En el estudio junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Castagnola consideró que la propuesta “tiene muchos aspectos positivos”, aunque advirtió sobre puntos que aún generan controversia. “El examen se volvió algo muy discrecional, inclusive el tema de las preguntas, se rumoreaban que las preguntas ya se iban circulando antes. Lo que propone la Corte es hacer dos exámenes escritos, uno anónimo y automatizado con inteligencia artificial, y otro también anónimo similar al anterior”, puntualizó.

La Corte Suprema propone exámenes anónimos y menos discrecionalidad

Castagnola remarcó que el nuevo reglamento plantea una innovación clave: “Actualmente, la comisión que hace el examen es la que lo corrige. La propuesta que hace la Corte es: tengamos una comisión que hace el examen y otra comisión diferente que lo corrige”. Además, señaló la intención de crear concursos anticipados para reducir los tiempos y evitar la acumulación de vacantes: “La duración reglamentaria tendría que ser máximo nueve meses, pero duran tres, hasta inclusive siete años”.

El nuevo esquema introduce un primer examen múltiple choice, corregido de manera automatizada y anónima, seguido por una segunda instancia escrita. “Uno de los aspectos interesantes es la utilización de inteligencia artificial y la anonimización de las pruebas para evitar filtraciones y favoritismos”, indicó la politóloga.

Límites a la entrevista y transparencia en la selección

El debate se centró en la fase de entrevistas, históricamente señalada como espacio de discrecionalidad. Castagnola explicó: “La parte de la discrecionalidad entra muy fuerte en la parte de la entrevista. Lo que propone la Corte Suprema es que la entrevista sea solamente el 10% del puntaje final”. Aclaró que hoy ese porcentaje no está regulado y puede modificar el orden de mérito de manera arbitraria.

Insistió en la importancia de establecer parámetros objetivos y transparencia: “Que la entrevista sea transmitida y que se pueda ver, que no sea puertas adentro y que no quede, al fin y al cabo, en una reunión informal de café o negociaciones”. Para Castagnola, la oralidad es insustituible en la evaluación de futuros jueces, pero debe estar sujeta a reglas claras y control público.

Vacantes, discrecionalidad política y la urgencia de la reforma

La especialista advirtió sobre la consecuencia de la parálisis en las designaciones: “Hoy en día, el 37% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Porque el presidente no eleva ninguna terna al Senado. No existe el consenso político en ver quién va en qué lugar y termina siendo funcional el vaciamiento de la justicia en cierto punto”. Explicó que si bien el nuevo reglamento busca agilizar concursos, “no resuelve el cajoneo político que está en el Poder Ejecutivo, que decide elevar o no una terna, que también sucede con fiscales”.

Para Castagnola, la propuesta de la Corte avanza en reducir la discrecionalidad política, pero queda el desafío de efectivizar los nombramientos y transparentar todas las etapas del concurso. Concluyó que la sociedad civil y los académicos exigen cambios urgentes, mientras el debate sigue abierto en el Consejo de la Magistratura: “El consejo mismo es el que regula su propio funcionamiento. Se necesita mayoría calificada de dos tercios para aprobar modificaciones”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El gobierno de Estados Unidos resaltó este viernes el trabajo en conjunto que realiza con Argentina en la lucha contra el narcotráfico.

A través de una publicación en las redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado del país norteamericano, se brindaron detalles de los operativos que realizaron en Argentina junto con la DEA en 2025.

"Solo en 2025, las unidades de lucha contra el narcotráfico apoyadas por la INL y la DEA en Argentina confiscaron más de 1260 kg de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas, además de arrestar a 35 narcotraficantes. La cooperación mantiene las drogas mortales fuera de las calles estadounidenses", indicó el posteo del ente gubernamental estadounidense.

Los números especificados a través de una imagen que acompañó el texto expusieron que se secuestraron, además de los 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas. Además, se detuvo a 35 narcotraficantes.

A principios de este mes, el 7 de marzo, Argentina, con la presencia de Javier Milei, acompañó la iniciativa Escudo de las Américas propuesta por Donald Trump, a través de la cual el jefe de Estado norteamericano, apoyado por mandatarios de doce países, pretende enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China.

La alianza es inédita porque combina la acción diplomática anunciada por Trump a través del Escudo de las Américas con un acuerdo militar firmado hace por el Pentágono y veinte países de la región.

En la actual coyuntura global, a Washington le interesa combatir un crimen trasnacional en sistemático ascenso: la profunda relación que une a los carteles de la droga de América Latina con las células encubiertas del grupo terrorista Hezbollah, que operan en la región por cuenta y orden de Teherán.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, exclamó Trump durante el lanzamiento de la iniciativa.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas, junto a Estados Unidos.

La arquitectura diplomática y militar del Escudo de las Américas fue diseñada por Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- bajo las órdenes directas de Trump.

Antes de concluir la ceremonia, Trump firmó la declaración política que inició formalmente al Escudo de las Américas.

Esa declaración establece lo siguiente:

1. Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
2. Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
3. Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada
4. Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental.

El punto cuatro de la declaración formal de Trump explicita sin nombrarlo al principal enemigo global de Estados Unidos: China.

La CGT le ganó un round al Gobierno en la Justicia por la reforma laboral y se prepara para una larga batalla en los Tribunales, mientras el ala dura sindical profundizará sus protestas y algunos gremios firmaron acuerdos inéditos con las empresas para superar la crisis de su sector.

Son manifestaciones de cómo el sindicalismo se reacomoda tras una sucesión de éxitos políticos de Javier Milei en el Congreso, que se fueron opacando por algunas señales socioeconómicas negativas y el efecto venenoso del escándalo que rodea a Manuel Adorni.

El momento complejo para el oficialismo se acentuó a partir del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Ahora, tanto el Gobierno como el sindicalismo esperan más fallos similares desde el fuero laboral y por eso la semana que viene habrá debates en la CGT, el ala dura sindical y varios gremios para decidir cómo actuar en un escenario que hoy resulta desfavorable para Milei.

Los líderes cegetistas festejaron la suspensión judicial de la reforma laboral, aunque saben que la batalla no está ganada. El Gobierno apelará el fallo del juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Laboral N° 63 y no hay certezas acerca de qué resolverá finalmente la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Por eso el equipo de abogados de la CGT, piloteado por Marta Pujadas, Hugo Antonio Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, tiene un menú de distintas opciones jurídicas para tratar de neutralizar la contraofensiva oficial.

Mientras, en la CGT se preparan para pelear contra el Gobierno en otros frentes, como el de los números que sostienen el relato mileísta en materia económica. Por eso, como anticipó Infobae, en los próximos días se firmará el convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de INDEC propio que permitiría índices “confiables” de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras del Estado.

Para el triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), el desafío por delante es, más allá de mantener una prolongada batalla judicial por la Ley 27.802, cómo encontrar soluciones ante un crítico panorama socioeconómico previsto para los próximos meses, con más cierres de empresas y despidos.

La CGT no pudo salir de lo discursivo para reaccionar ante el cierre de FATE, donde uno de los problemas para ofrecerse como mediador fue, según deslizan, la actitud “ultra” del Sindicato del Neumático (SUTNA), con preeminencia del trotskismo y el peronismo combativo.

“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó a Infobae un referente dialoguista de la CGT.

En la central obrera predomina hoy esa mirada antes que la de quienes son partidarios de salir a la calle a protestar, como es el caso de los gremios del ala dura que, ante la pasividad cegetista, se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), para aplicar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.

Además de anunciar que también producirá sus propios índices socioeconómicos, la dirigencia del FRESU, donde conviven la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, realizará el 1° de mayo un plenario de delegados de todas las entidades que lo integran para consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como dijo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

Sin embargo, por debajo del radar de estas peleas contra el Gobierno, varios sindicatos decidieron, en un baño de realismo, avanzar hacia acuerdos sectoriales que les permitan superar la crisis de sus actividades o las limitaciones que tendrán por la reforma laboral.

El ejemplo más notorio fue el novedoso acuerdo firmado la semana pasada entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y Mondelez, la multinacional fabricante de Oreo, Milka y Cadbury, una de las que están afectadas por la caída en el consumo.

La empresa garantizó los puestos de trabajo en su planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, por al menos un año y reafirmó su compromiso de producir en la Argentina, incluso productos que hasta ahora llegaban importados, mientras también se acordaron recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y condiciones laborales inéditas, como la creación de espacios de esparcimiento en la fábrica, bonificaciones, incentivos mejorados y tiempos de descanso.

Se trata de un importante punto a favor que se anotó el líder del STIA, Sergio Escalante, en la línea iniciada por su antecesor, Rodolfo Daer, y alejada de la intransigencia a ultranza que caracteriza al trotskismo, de fuerte presencia en la actividad y en esa misma planta de Mondelez (ex Kraft, que fue escenario del grave conflicto que tuvo lugar en 2009, con 37 días de huelga, tomas, cortes en la Panamericana y represión policial).

“Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo, en el que participamos los trabajadores y delegados de la planta junto al Consejo Directivo del sindicato, que sostiene y recibe importantes beneficios para nuestros representados y en el que la empresa garantiza su producción y funcionamiento en un difícil contexto por las políticas del Gobierno, lo que valoriza aún más este logro”, señaló el gremialista.

En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, bajo la conducción de Jorge “Loma” Ávila, firmó el martes pasado el primer acuerdo sectorial tras la reforma laboral, que estableció las bases para el inicio de negociaciones paritarias en la industria hidrocarburífera en un contexto de preocupación por la situación actual de la actividad.

En el acuerdo, rubricado por Ávila, el Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), se “reafirmó la voluntad de mantener los canales de diálogo y su compromiso para asegurar la continuidad del funcionamiento del sector”.

El líder del sindicato, que es diputado nacional de Provincias Unidas, insistió en “la necesidad de sostener los mecanismos vigentes para proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva, marcado por la incorporación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria”.

Ávila reafirmó “el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos laborales, incluyendo aspectos centrales como las horas extras y los viáticos, pilares fundamentales de la estructura salarial del sector”, y destacó que “el principal desafío radica en adaptar el convenio colectivo a un escenario que demuestra notables cambios dentro de la industria energética”.

¿Habrá más sindicalistas que, más allá de las alternativas judiciales de la reforma laboral, se animen a firmar acuerdos pragmáticos que estén a tono con la realidad de sus sectores y defiendan las fuentes de trabajo? Ese es el dilema para muchos dirigentes en tiempos de Milei, que condiciona la agenda de la CGT y del ala dura.

El punto de quiebre comenzó cuando Dudik daba lectura a los dictámenes de distintos organismos que sostenían la decisión del Ejecutivo chaqueño de recalcular el beneficio. El bloque opositor buscó interrumpir la exposición con expresiones desde las bancas. El ministro siguió hablando.

Las quejas de la parcialidad justicialista fueron escalando y el griterío hacía imposible seguir el hilo del expositor. En ese momento, la Presidencia de la Cámara, a cargo de la vice 1°, Susana Maggio (UCR), indicó que no había cuórum para continuar la sesión y le pidió al ministro que suspenda su alocución. Dudik, sin embargo, siguió leyendo el dictamen que tenía a la vista.

El único momento en el que el funcionario cortó el relato fue cuando su asesora legal, Carla Zimmerman, le tocó el hombro y le marcó lo que había definido la Presidencia.

Fue entonces que Santiago Pérez Ponce, ex ministro de Economía de Jorge Capitanich, se paró, se acercó al estrado y colocó sobre el pie del micrófono un cartel. La leyenda decía “Devuelvan el fondo estímulo”. El funcionario no podía leerlo porque el mensaje estaba de frente a las cámaras. Pero Iván Gyoker, del bloque LLA + UCR, sí. Entonces, se paró, lo retiró y lo lanzó con fuerza hacia el lugar donde estaba la bancada del PJ.

El episodio encendió aún más los ánimos. “Es un irrespetuoso”, le dijo Maggio a Pérez Ponce. Mientras, Gyoker, de pie, les recriminaba a los peronistas que las ausencias en el bloque opositor eran las que hacían caer una sesión que ellos habían pedido.

La Legislatura chaqueña está empatada. Hay 16 opositores y otros tantos oficialistas, entre los que se cuentan radicales y libertarios. Al momento del incidente, testigos presenciales indicaron que al menos 5 representantes del PJ no estaban en sus bancas. Entre ellos Atlanto Honcheruk, Magda Ayala, Elda Insaurralde y Analía Flores. Del oficialismo había 2, los justos a fin de alcanzar el número mínimo para sesionar si la oposición iba completa.

En medio de los entredichos, la presidenta del cuerpo, Carmen Delgado, recuperó su lugar. “Nosotros (por el oficialismo) no dejamos sin cuórum. ¿Dónde están los 16 (opositores)?”, reprochó. Luego, les reclamó: “Sienten los 16. No mientan. Ustedes pidieron la interpelación. Nosotros no necesitamos interpelar a nuestros ministros”, añadió. Acto seguido, dio por concluida la sesión.

“Bochornoso”

El gobernador Leandro Zdero cuestionó lo ocurrido en la Legislatura. “Quienes habían convocada a una explicación que debía dar el ministro no tuvieron la capacidad de quedarse sentados a escuchar lo que ellos mismos preguntaron”, señaló.

Sentenció: “Fue bochornoso”.

“Si se convoca a la Legislatura, al menos hay que garantizar el cuórum”, agregó. “Lo que ha pasado me parece hasta una falta de respeto”, expresó.

Sin embargo, el gobernador señaló: “No me extraña. Entendemos de quién viene. Tenemos que hacer una democracia más madura”.

La razón de la convocatoria

El PJ citó a declarar a Dudik para que explicara el recálculo del fondo de incentivo. Se trata de un extra que perciben los empleados del Ministerio de Producción. Fue establecido por una ley dictada en 2015, en los últimos días de aquella gestión de Capitanich.

La normativa les permitía recibir un plus de lo que la cartera recauda en concepto de percepciones y permisos. La cuestión es que, con el paso de los años, el fondo terminó absorbiendo una gran parte de los recursos. Había empleados que percibían un millón de pesos de sueldo y $1,5 millones por el incentivo. Este monto era el mismo para los 650 trabajadores de la cartera.

Por el cálculo que estaba vigente, el nivel de la retribución debería haber superado los dos millones de pesos. Pero se optó por crear un fondo de reserva y mantener más baja la percepción. El problema se planteaba con el ingreso de 700 agentes más a la órbita del ministerio debido a la unificación con Ambiente. Pasados dos años de aquella fusión, esa nueva masa de gente tendría que comenzar a cobrar el estímulo.

La decisión de la gestión Zdero fue modificar el criterio de cálculo. Eso incluía la exclusión de algunas percepciones. De esta manera, el fondo se redujo a menos de $200 mil por persona.

La administración de la provincia de Buenos Aires quedó fuera del anuncio que hizo el Gobierno nacional referido al desembolso de hasta $400 millones para doce provincias con el objetivo de encauzar la relación con gobernadores de cara a una nueva batalla en el Congreso. Como dio cuenta Infobae, este lunes se conocerá el decreto firmado por el presidente Javier Milei. Es un adelantamiento de fondos de coparticipación, una vía de recursos que viene en baja producto de la caída en la recaudación, y que llegará para las provincias de Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Río Negro y Misiones, aunque también en distritos de fuerte perfil opositor como La Rioja y Tierra del Fuego. Para la provincia que gobierna Axel Kicillof, como el resto de las jurisdicciones, los fondos llegarán mediante el mecanismo habitual.

En primera instancia, Buenos Aires, buscará un aval de la Justicia para garantizar recuperar algo de los fondos nacionales que Casa Rosada intervino desde fines del 2023, en el marco de su camino de superávit fiscal. En lo que respecta a programas y transferencias en La Plata aseguran que la deuda escala a $15 billones y asciende aún más si se compone la paralización de obras nacionales en territorio bonaerense y pérdida de recaudación: con ese ítem llegaría a $22 billones en dos años.

Esta semana ingresó la última demanda ante la Corte Suprema de Justicia de parte de la gestión de Kicillof. Es la octava en lo que va de gestión y reclama fondos por 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023. El reclamo abarca tanto el saldo pendiente del acuerdo de 2023 como las diferencias que se estiman para el período 2023-2025 vinculadas al Fondo del Conurbano. La administración provincial solicitó una medida cautelar para que el gobierno nacional restablezca el método de cálculo original, con el objetivo de evitar futuros perjuicios.

Sin embargo, la atención y la estrategia de Buenos Aires pasan por otro reclamo. El que hizo por los fondos no transferidos por ANSES a la Caja previsional bonaerense. Fue la única demanda por la que la Corte convocó a las partes. La primera audiencia fue el 17 de marzo y ahora habrá una nueva el 21 de abril. La expectativa de Buenos Aires es concreta al punto de que asistiría el propio Kicillof a ese encuentro.

Si bien la semana pasada en un acto con intendentes en el que prometió que coparticiparía el 16% de los fondos que llegase a recuperar de las demandas con Nación, pidió el acompañamiento de los jefes comunales en su reclamo a partir de ordenanzas en los concejos deliberantes, este lunes aclaró que no están convocando a intendentes y demás sectores a la audiencia del 21 de abril. Es que en el Ejecutivo bonaerense creen que pueden tener buenas noticias con este caso puntual. “No estamos convocando”, dijo Kicillof en conferencia de prensa y echó por tierra la movida que pergeñaban algunos intendentes del peronismo para ese día: ir a la Corte a respaldar a Kicillof.

Hay un punto que a esta altura consideran crítico en la administración bonaerense. La caída en la coparticipación. Fuentes del ministerio de Economía provincial sostienen que en febrero de 2026, la recaudación tributaria nacional cayó casi un 10% respecto al año previo. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibieron cerca de medio billón de pesos menos en fondos coparticipables, un retroceso que para la PBA representó -100 mil millones de pesos sólo en ese mes. Acumulado desde diciembre de 2023, la Provincia de Buenos Aires perdió más de 22 billones de pesos entre recursos no girados y deudas nacionales por obras paralizadas.

En el anuncio del gobierno nacional se incluyen dos provincias cuyos gobernadores sostienen un claro posicionamiento opositor: Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Ambos estuvieron con Kicillof el miércoles y jueves en los actos por Malvinas que se llevaron adelante en Tierra del Fuego.

El caso del adelantamiento de fondos coparticipables cobra especial lectura en la situación de La Rioja. Como marcó este medio, el gobierno nacional espera, con esta medida, acelerar las reformas que incluyen las modificaciones a la Ley de Glaciares o la llamada Ley Hojarsca.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.

La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.

La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.

Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.

“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.

Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.

Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.

Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegado la causa.

La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko.

Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación, el cual se encuadra como una de las 12 medidas de prueba ordenadas para esclarecer el origen de los fondos con el que se financiaron tanto la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, como de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.

El derrotero mediático del ministro coordinador comenzó el domingo 8 de marzo cuando se conoció que Adorni estaba en Nueva York junto a su esposa en el marco del viaje oficial que había hecho por la realización del Argentina Week. Días después, versiones periodísticas dieron cuenta de un viaje por vacaciones que había hecho a Uruguay en un avión privado, lo cual fue el disparador de las revisiones sobre su estado patrimonial. En las semanas posteriores se conocieron los nuevos domicilios de la familia Adorni que fueron adquiridos con posterioridad a la publicación de su única declaración jurada desde que es funcionario, conocida en 2024.

En ese transcurso, Adorni mantuvo algunas entrevistas televisivas que a los ojos de mismos funcionarios del Gobierno no fueron satisfactorias para terminar de saldar estos asuntos ante la opinión pública. En paralelo, la Justicia avanzó con celeridad y las revelaciones periodísticas generaron material con mayor rapidez que la estrategia comunicacional del Gobierno. Fue por ese motivo que el jefe de Gabinete tuvo que desistir de hacer una conferencia de prensa el miércoles de esta semana.

En el entorno presidencial coincidieron con Adorni en que debía mejorar su estrategia judicial y mediática para no perjudicar su perspectiva de defensa en tribunales y, al mismo tiempo, la imagen del Gobierno.

Ledesma es socio del estudio de su padre Guillermo Ledesma desde 2003, según informa él mismo en su perfil de LinkedIn. También fue director de Investigación y consultor en el marco del convenio realizado entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Como uno de los siguientes pasos de la investigación, fuentes judiciales indican que Pollicita está buscando pruebas de un viaje que el jefe de Gabinete habría hecho al Caribe, presuntamente a Aruba, a finales de 2024. Los movimientos migratorios de Adorni durante este período, según la documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, registra un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador en fechas coincidentes con las supuestas vacaciones.

Dado que el fiscal está en la primera etapa de recolección de la evidencia documental, en la defensa de Adorni trabajarían para lo que pueda llegar a ser el primer llamado a indagatoria. El cual no tiene fecha prevista. Asimismo, Adorni tiene que prepararse para comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril con 4.800 preguntas por responder.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.

El país trasandino, a través de diferentes adminstraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan iformación deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE). 

La incertidumbre sobre el paradero de Apablaza tiene lugar a días de la visita de Kast a la Argentina, el primer viaje oficial desde que asumió la presidencia. Incluso, esta semana el gobierno trasandino oficializó la designación del nuevo embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera.

Gonzalo Uriarte fue senador entre 2011 y 2014, y diputado entre 2002 y 2011, siempre por el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Es abogado de la Universidad Diego Portales y tiene un magíster en Derecho Económico y Financiero de la Universidad del Desarrollo (LLM).

El diplomático ya presentó las cartas credenciales ante del canciller argentino, Pablo Quirno. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo el funcionario el pasado miércoles.

Quirno, además, la semana pasada se reunió en la ciudad de Santiago con su par de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Durante ese encuentro conversarno sobre los principales ejes de la agenda bilateral que, según se informó, incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones.

Con relación a Apablaza, la ministra vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, señaló ayer en X que “es un prófugo de la justicia chilena, no está condenado, y es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”. Fue una rectificación a sus dichos del míercoles, en ocasión de una misa para recordar al senador Guzmán a 35 años de su asesinato.

“Es un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar. Y es por eso que siempre, como gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia”, indicó el miércoles.

La decisión de expulsión diplomática argentina del principal representante de Irán en Buenos Aires señala un nuevo capítulo en las tensiones bilaterales. El gobierno declaró persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios iraní. Le otorgó 48 horas para abandonar el país. Estas acciones reavivan viejas heridas asociadas a los atentados acontecidos en la década de 1990 y aproximan a Argentina e Irán a una ruptura total de relaciones.

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al secretario general de la OTAN mientras debate la posible salida de su país de la alianza militar. Europa observa el proceso y consolida sus diferencias frente al cambio de alianzas globales.

El especialista en Medio Oriente Said Chaya evaluó en Infobae en Vivo A las Nueve: “Tenemos unas relaciones muy complejas con Irán, por lo menos desde la década del 90”. Chaya remarcó que no es la primera vez que Argentina e Irán se acercan a la ruptura y recordó que, a fines de los años 90, los vínculos ya se habían reducido al mínimo posible.

Expulsión diplomática y causas de la crisis bilateral

El Gobierno argentino tomó la decisión de profundizar su alineamiento internacional tras declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Esta medida se suma a una historia signada por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la AMIA en 1994.

“Lo que vemos hoy es consecuencia del alineamiento internacional del presidente, sin duda. También tiene que ver con la escasa cooperación que ha habido por parte de Irán para la resolución del atentado, por lo menos del 92”, detalló Chaya.

Consultado sobre si existe una situación de guerra entre Argentina e Irán, Chaya fue enfático: “No, me parece una exageración. Sí creo que tenemos una disputa muy importante con Irán”. Aseguró que, en treinta años de democracia, ningún presidente argentino mantuvo relaciones razonables con Irán. Destacó que el único intento fue el memorándum de entendimiento, “un intento muy malo de acercarse de alguna manera a una resolución”.

Chaya sostuvo: “En los hechos concretos no estamos en una guerra. No hay una declaración del Congreso. Sí creo que estamos en un momento de mucha rivalidad ideológica, especialmente con un país con el que tampoco teníamos una excelente relación”.

Impacto regional y posición de países no alineados

Frente a la expulsión y el nuevo escenario, la pregunta es qué actitud toman los países del denominado “tercer mundo”. Chaya argumentó: “La posición general, si revisás los discursos de la ONU en las últimas cinco semanas o las declaraciones de los diferentes presidentes, en general han hecho el doble juego de criticar tanto el ataque de Israel y Estados Unidos hacia Irán como la respuesta iraní a sus vecinos del Golfo. Un involucramiento fuerte no hemos visto, ni por parte de socios europeos ni de Estados Unidos, mucho menos de países de la periferia global”.

Con respecto a la escalada militar en la región, Said Chaya analizó el desarrollo del conflicto: “La guerra, aunque baje de intensidad, va a permanecer. Lo que quiere Irán es una solución a largo plazo. Los conflictos de este siglo no se resuelven con tratados de paz, sino que permanecen en suspenso después de un alto el fuego y se proyectan a lo largo de los años”.

Al explicar la estrategia iraní, Chaya agregó: “En las últimas guerras no hay ninguna donde nadie haya sido derrotado, todos ganan. Esa es la moda ahora: proclamarse vencedor”.

Implicancias de la confrontación global

Consultado sobre el efecto de las recientes acciones militares y diplomáticas, Chaya destacó: “La denuncia de Irán es: ‘Hace ya van dos veces que nos sentamos en la mesa de negociaciones y me hacés lo mismo, me lo hiciste en junio, me lo hiciste ahora’”. Sobre la posición de Europa, señaló que una intervención militar no es popular entre sus ciudadanos porque, además, el país que tradicionalmente lidera la coalición, Estados Unidos, mantiene una retórica hostil hacia sus aliados.

Chaya explicó: “Esta posición no es popular. Subirse a este tipo de escenario pone en un lugar muy complicado a esos jefes de Estado que son elegidos por el voto popular”. Remarcó que la resistencia de Irán y los misiles lanzados están generando mayor tensión regional y, probablemente, una aceleración de la carrera armamentística.

“Frente a un vecino así, los Estados van a tener dos opciones: apoyarse más en Estados Unidos para fortalecer el aparato de defensa o bien empezar a invertir en investigación y defensa para ganar mayor autonomía y no depender de actores externos”, opinó Chaya.

Condiciones para un posible acuerdo con Irán

A la pregunta sobre qué condiciones exige Irán para llegar a un posible acuerdo, Chaya sostuvo: “Está buscando un tratado que le permita a largo plazo asegurarse que este escenario no se va a repetir. Eso incluye el desarme o la inutilización de las bases militares que Estados Unidos tiene del otro lado del Golfo”.

El especialista advirtió que los países árabes se sienten más indefensos tras los ataques y es difícil pensar que aceptarán el desarme de las bases de Estados Unidos hasta que no logren autonomía en materia de defensa.

Por último, Chaya consideró la situación de seguridad en Argentina tras la expulsión del diplomático iraní: “El trabajo de Hezbolá acá en Argentina no ha sido de entrenamiento de tropas, sino que hemos sido un país, una zona destinada al lavado de dinero, más que de entrenamiento de tropas o atentados en los últimos años”. Agregó: “Me parece bien que el Gobierno tome las medidas que crea que deba tomar para asegurar la seguridad del país”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El artista plástico argentino Helmut Ditsch confirmó hoy que se enteró por Infobae acerca del retiro de la reproducción de El triunfo de la naturaleza, (2006) cuyo original se expuso desde 2012 en la antesala de la Sala Eva Perón de la Casa Rosada y, cinco años después, tomó su lugar una reproducción en alta calidad de la misma obra hecha en carbon print con una resolución de 4 mil mega pixel.

El reconocido artista, nacido en Villa Ballester y radicado desde 1988 en Viena, expresó su desconcierto por la falta de comunicación oficial: “No, yo les quiero preguntar a ustedes si saben algo, porque el Gobierno no me responde. Yo le envié un e-mail a la persona encargada del patrimonio después de haber visto la noticia que salió en tu medio”, dijo Ditsch, vía teleconferencia, al periodista Nacho Girón, en Infobae al Amanecer, co-conducido junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Y enfatizó su sorpresa. “Nadie se contactó conmigo, ni siquiera de manera informal”. Su reacción inmediata fue escribirle al departamento de Patrimonio en la sede de Gobierno. “Esto me está empezando a preocupar porque, ya hace días que les escribí amablemente que me informen cuál es el daño y en dónde está la obra y recordarles que es mía, porque si la van a poner en un depósito ya mismo voy a buscarla y la dono a alguna universidad”, aclaró con vehemencia.

“Problemas estructurales” fue la versión oficial que llegó desde Casa Rosada por lo cual la reproducción de su obra fue removida de su lugar de exposición. A lo que Ditsch se preguntó: “¿Qué significa problemas estructurales? Puede ser de restauración, pero esa no puede ser la excusa porque esa obra no se puede restaurar, porque es una copia. El único daño que se le puede hacer es con un cúter, cortar, que tenga algún corte”, reiteró.

El artista solicitó que como esa obra es de su patrimonio y la cedió a la Casa Rosada, sea cual fuere el Gobierno o color político en cuestión, “para cuando ellos decidan podrían devolvérmela, siempre”, agregó.

La cesión de la obra y el retiro de la misma

Ditsch explicó el contexto del acuerdo artístico durante la entrevista de esta mañana. “Llegó en la gestión de Cristina Kirchner, cuando se terminó de restaurar la sala Eva Perón. Y quedó claro que eso era cedido. Yo, luego, les pregunté si ellos quieren comprar una obra y me dijeron que ´no´, que si tenía algo para darles".

Como el artista sabía que era para una sala de acceso público -ya que hay visitas guiadas a Casa Rosada para colegios e instituciones durante tres días de la semana-, él señaló que los sucesivos gobiernos aceptaron la presencia de la obra, hasta este retiro. “Después del gobierno de Cristina, les pregunté si querían la obra todavía o si preferían que me la lleve. Y Mauricio Macri me dijo que no, que estaba fascinado y es un fan de la obra. Y así siguió con el próximo gobierno y esta es la primera vez que se saca de ese lugar”.

La decisión de retirar la obra coincide con el tratamiento en el Congreso de la Ley de Glaciares, una legislación que protege estos ecosistemas y limita la minería cercana.

La Ley 26.639, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011, establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, y ha generado fuertes fricciones entre ambientalistas y empresas del sector minero.

Ditsch relacionó el episodio con el clima de debate sobre el tema: “No puedo decirlo que es una coincidencia, pero me hace mucho ruido. Justo ahora. Una obra que la vieron millones de personas desde el 2012″, se lamentó el artista.

Y aprovechó para remarcar los riesgos de las actividades extractivas sobre los glaciares: “El sentido común se está perdiendo”, advirtió. “Por eso, cuando ahora se debate la ley de glaciares, no es menor el aspecto de la fragilidad de ese fenómeno que puede desaparecer de un día para el otro. Entiendo perfectamente que el Estado necesite ingresos, que necesite ver dónde se puede hacer, dónde se pueden producir divisas, pero la meseta patagónica está llena de tierras raras, necesitas agua para la minería, conozco a las empresas austríacas que son especialistas en los túneles para las mineras", sorprendió acerca del conocimiento acerca del tema.

Y agregó: “Las mineras tienen un muy mal nombre mundialmente, si se meten en hacer trabajos de perforación cerca de glaciares, es la peor propaganda que ellos pueden hacer y van a tener más pérdida que lo que pueda dar de ganancia“, cerró.

Antecedentes y el lugar del arte argentino en el patrimonio oficial

La exhibición de obras de artistas consagrados en la Casa Rosada y otros edificios públicos es tradición en el patrimonio estatal argentino. Ditsch detalló la colocación de su trabajo: “Cuando hicimos el cambio del original por la copia (en 2017), la hicimos en una acción comando para que el público no se dé cuenta. Es una impresión de altísima calidad que costó, en su momento, unos quince mil euros“. Y fue pagada por el artista, sin ninguna ayuda del Gobierno argentino, que él solicitó.

La cesión de obras al Estado ha incluido piezas de Benito Quinquela Martín, Antonio Berni y Xul Solar evidencia la interacción entre arte y función institucional. “Toda la gente de patrimonio deberían ser, en general, muy respetuosos y, aparte, deben ser personas dedicadas al rubro de la restauración y académicos. Lo primero que hacen es llamar al artista, porque lo más fácil para restaurar una obra, si el artista está vivo, es llamarlo a él”, enfatizó.

Y dejó un mensaje acerca de su obra récord, El hielo y la eternidad transitoria, también inspirada en el Glaciar Perito Moreno -que nunca estuvo en Argentina- y fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung -récord de venta en el arte argentino- en manos de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.

La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

A los fines de recuperar la iniciativa, el Gobierno iniciará esta semana el tratamiento de diversas reformas y proyectos en ambas cámaras del Congreso. Se trata de un primer paquete de medidas que están planificadas para aprobarse durante este trimestre.

A diferencia de lo que había sido estipulado a comienzos de año, la administración libertaria no presentará en el cortísimo plazo la reforma del Código Penal de la Nación que había sido anunciada por el Gobierno tiempo atrás. Este proyecto normativo tenía 920 artículos y había sido presentado por los entonces ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich luego de más de un año de trabajo junto a una comisión de trabajo liderada por el juez Mariano Borinsky.

Pero la gestión judicial cambió. Ahora la cabeza de esa cartera ministerial es Juan Bautista Mahiques. En su entorno marcan que tiene consideraciones puntuales sobre algunos aspectos de la reforma y que quiere darle su impronta. Ese trabajo puede llevar algunos meses, afirman quienes lo conocen. Aunque en los últimos días surgió la información de que esta iniciativa no tendría subas de penas para delitos de corrupción en la función pública, tres altas fuentes del oficialismo negaron esta versión. “Es absolutamente falso”, afirman.

A los fines de no demorar la implementación de cambios que son considerados como urgentes, Mahiques tiene previsto presentar un proyecto más pequeño que contemple nuevas tipificaciones de delitos y la suba en las penas de otros que ya existen. “Es una primera etapa de la reforma del código penal”, describen.

Infobae pudo acceder a varios de los puntos clave que serán incluidos en el inminente proyecto de ley. Introduce cambios sustanciales en la protección de víctimas, la penalización de delitos migratorios, fraudes financieros y delitos violentos.

El texto oficial prevé la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Según lo definen los mismos impulsores de la iniciativa, “obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba”. “La participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba, que requiere de su consentimiento”, ejemplifican.

La iniciativa también introduce modificaciones de fondo en materia de delitos migratorios. El proyecto incorporará al Código Penal las figuras ya contempladas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, y suma nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las penas propuestas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes para casos que involucren violencia, engaño o abuso de necesidad.

El Ministerio de Justicia especifica que se sancionará de manera más severa la reincidencia de extranjeros deportados que regresen al país, la asociación ilícita para facilitar el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias, así como el tráfico con fines de trata de personas.

El capítulo económico de la reforma apunta a combatir las estafas piramidales. El proyecto agrega un artículo específico y eleva las penas a un rango de tres a doce años de prisión, con agravantes si la víctima pierde total o parcialmente el dinero invertido.

Respecto a los delitos contra la propiedad, la propuesta tipifica por primera vez la modalidad conocida como “viuda negra” como robo agravado, con condenas de hasta doce años de prisión. El texto introduce un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el robo, tanto por engaño como por la fuerza.

También se incluyen figuras específicas para las denominadas “salideras” y “entraderas”, con penas de tres a doce años y agravantes cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías. El proyecto tipifica la modalidad delictiva “motochorro”, con penas de dos a ocho años y la inhabilitación para conducir por hasta dieciséis años.

En el ámbito penitenciario, la reforma crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios, con sanciones de dos a seis años y agravantes cuando funcionarios facilitan el ingreso de armas. El Ministerio amplía el catálogo de objetos prohibidos y las conductas punibles en estos contextos.

El Gobierno propone aumentar las penas por las picadas callejeras: el mínimo sube a un año, el máximo a seis años, y se duplica el tiempo de inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante estas carreras, las penas pueden alcanzar los ocho años.

En materia de protección animal, el proyecto deroga la Ley de Maltrato Animal e incorpora un título específico en el Código Penal sobre maltrato y crueldad, con penas de seis meses a tres años y agravantes en casos de lesiones o muerte del animal.

La protección de menores ocupa un lugar destacado en la propuesta. Las penas por grooming y abuso sexual infantil se endurecen, con castigos de hasta quince años en casos agravados, y se establece protección especial para menores de trece años y personas con discapacidad. Producir o distribuir representaciones sexuales de menores de dieciocho años será penado con hasta doce años de prisión, y si la víctima es menor de trece, la escala se eleva a un máximo de quince años. La simple tenencia de este tipo de material recibirá penas de tres a seis años, y la distribución, de cuatro a doce años. Además, se prevén sanciones de hasta quince años para quienes organicen espectáculos sexuales con menores.

Otro capítulo relevante introduce sanciones para el incumplimiento de deberes familiares, con penas de seis meses a seis años y agravantes para casos de reiteración o evasión de obligaciones judiciales como el pago de alimentos, incluyendo conductas de insolvencia fraudulenta.

El Gobierno dispuso ayer la expulsión del principal funcionario diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.

El encargado de negocios iraní tiene menos de 48 horas para dejar el país. Como antecedente inmediato, solo por citar un ejemplo, una medida similar en cuanto a las relaciones diplomáticas tuvo lugar en 2023, cuando la administración de Alberto Fernández expulsó al embajador de Ecuador, Xavier Alfonso Monge Yoder, como respuesta exacta a la decisión ejecutada en aquel entones por el presidente Guillermo Lasso, que declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fucks, y le exigió que abandone Quito en un plazo máximo de 72 horas.

En cuanto al conflicto Argentina-Irán, comenzó a escalar en las últimas semanas, luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzo elevar el nivel de seguridad a “Alto” e implementar un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

Consultado por Infobae, el exembajador en EEUU y China Diego Guelar se refirió a la decisión del gobierno libertario de expulsar al encargado de negocios de Irán. “Nosotros deberíamos haber roto relaciones diplomáticas con Irán desde el 11-4-2024, fecha en la que la Cámara de Casación Penal indicó la responsabilidad del gobierno Iraní en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA”, sostuvo.

El senador uruguayo Javier García, en tanto y también en diálogo con Infobae, pidió que el gobierno de Yamandú Orsi, a través de la Cancillería, explicite su repudio a la embajada de Irán en Uruguay. “Irán utilizó ayer su embajada para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos. Pero merece el rechazo oficial de nuestra cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio”, planteó.

Y agregó: “Hay una solidaridad y un recuerdo que a nosotros nos despierta lo que significó los atentados que sufrió Argentina, la AMIA, la embajada de Israel, y los nexos demostrados de Irán con Hezbolá, ¿no? Entonces, que se haya utilizado a Uruguay como plataforma para atacar y agraviar a la Argentina es un dato geopolítico no menor y que para nosotros, desde nuestro punto de vista como uruguayos, no puede pasar en silencio. Por eso es que, que pedimos a nuestra Cancillería que que actúe y rechace oficialmente esa utilización. Irán podría haber elegido otros medios y utilizó Uruguay", amplió.

Y completó: “Yo planteé que esto merecía un rechazo oficial por la vía diplomática; si así no fuera, evaluamos convocar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado al canciller uruguayo. Por eso lo prudente ahora es esperar. La noticia fue conocida hace pocas horas”.

En sintonía, el exministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini afirmó en X: “La embajada de Iran en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención”.

Las credenciales de Mohsen Soltani Tehrani habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. Como contraparte, el encargado de negocios de Argentina en Teherán es Jorge Mariano Jordan, que opera desde Bakú, Azerbaiyán, luego de que el gobierno decidiera la evacuación de todo el personal diplomático por la escalada de violencia, en junio de 2025.

Horas después de la oficialización del pedido de expulsión, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó: “Celebro la decisión. Entre los motivos de esta decisión se encuentran la persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, y el nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)“.

“Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo. El régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; es la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales. No es legítimo. Punto”, finalizó.

El Gobierno de Estados Unidos también elogió la decisión de Argentina. Por medio de un comunicado emitido en la red social X, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense calificó la medida como un paso relevante en la lucha contra el terrorismo internacional y celebró la postura adoptada por la Nación argentina. “Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración Milei para contrarrestar el terrorismo global”, aseguraron.

“El Coloso va a tener que esperar”, señaló un diputado que suele recorrer despachos del oficialismo y la oposición en referencia a los pedidos legislativos de Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación insistía para que el bloque de La Libertad Avanza le otorgara prioridad al proyecto de Ley Hojarasca, ya que es la segunda vez que impulsa este texto.

No obstante, en el intento de abrir paso a lo que más interesa al Gobierno, la propuesta, que lleva dos años sin tratamiento parlamentario, deberá aguardar al menos dos semanas más. “El bloque libertario se reunió ayer y definió que la semana próxima pondrá todo su empeño en avanzar rápidamente con el dictamen y la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, norma que el Ministerio de Economía reclama señalando las posibles inversiones mineras que esto podría atraer”.

En ese marco, el cronograma que se proyecta en el ámbito parlamentario de La Libertad Avanza comienza el martes con una nueva convocatoria al plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde inicialmente se había pensado en una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras y, en el mismo encuentro, dictaminar.

Ahora, la intención del oficialismo es que concurran ministros de esas provincias para que expongan desde una perspectiva técnica y cerrar el dictamen con las firmas, ya que cuentan con los votos necesarios. “Una vez conseguido esto, ingresar el llamado a sesión especial para el miércoles de la semana siguiente con un único tema, la Ley de Glaciares”.

Para Hojarasca, se prevé que el giro sea solo a la comisión de Legislación General y que se realice en una única reunión de carácter informativo, aunque con una posible novedad: existe la chance de que el propio Sturzenegger asista para defender la propuesta.

La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.

La FAM, que representa al 70% de los municipios del país, reclama que el Ejecutivo no avance con el recorte de fondos, ya que esto afectaría la autonomía de los gobiernos locales, que en ocasiones dependen de los gobernadores.

Respecto al recorte para el Círculo de Legisladores, ya advirtieron que esto podría ocasionar problemas de otra naturaleza, entre ellos la eliminación del libre tránsito y estacionamiento para los vehículos de diputados y senadores. “Parece una pavada, pero esto te puede complicar una sesión. Cada vez que sesionamos se cierra el Congreso por las fuerzas de seguridad y hay diputados que no llegan porque se les complica movilizarse y estacionar. Los legisladores tienen reuniones con diferentes sectores de la economía por lo que se movilizan por todos lados, quitarles esas obleas es generar un incordio innecesario”, explicó un diputado aliado al oficialismo.

En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza resolvió que la ley enviada por “El Coloso” deba esperar un tiempo antes de ser tratada. En el entorno del ministro expresan su descontento y consideran que no es conveniente que se discuta tan cerca del 29 de abril, fecha prevista para que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su informe de gestión en el Congreso.

A pesar de los reclamos, la decisión ya está tomada y La Libertad Avanza concentra sus esfuerzos en Glaciares. El resto tendrá que esperar.

A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Gabriela Zangaro, ya al mando de la OA

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico que comenzó en 1989.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

El organismo es, según se explica en su web, el encargado de “fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.

En este lugar estaba Melik, una figura cercana al ex ministro, Mariano Cúneo Libarona, que entre sus acciones más relevantes tuvo la firma de una resolución que recomendaba interpretar el accionar del presidente Javier Milei en el marco del caso $Libra “como un acto de comunicación individual o privada”.

Matías Álvarez, el elegido para la UIF, que debe superar primero con los filtros

En esta institución, que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de Justicia, su nombramiento “está todavía con el proceso formal” que incluye “una audiencia pública a fin de mes donde la gente puede presentar objeciones”.

Tal como había detallado este medio, la designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

El abogado está formado en la persecución de delitos complejos y cuenta con una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde se desempeña desde diciembre de 2023 como fiscal federal coadyuvante.

La Procuración

En un primer momento, se dijo que la salida de Cúneo Libarona no iba a implicar cambios en esta área; luego, se anunció que finalmente sí iban a haber novedades, pero las mismas no se comunicaron hasta un día después, en medio de rumores de reestructuración del organigrama.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

La IGJ fue para Alejandro Ramírez

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

Esta decisión no estuvo libre de polémica tampoco, ya que en su carta de despedida, el ahora ex funcionario lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, en una clara referencia a la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Incluso, una de las últimas medidas de Vítolo fue enviar un segundo pedido para que el Ministerio designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a esa institución deportiva.

Tras su salida y la llegada de Ramírez, el trámite continuó su curso y tan solo cinco días después el Gobierno habilitó la auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la AFA, eligiendo para llevar adelante esta tarea a los mismos expertos que había recomendado la gestión anterior.

Más recientemente, y ya en el marco de la denuncia por presunta retención indebida de aportes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, el próximo anuncio oficial

Por último, aunque todavía no se hizo efectivo por cuestiones administrativas, ya está decidido que Leonardo Szuchet va a reemplazar a Joaquín Mogaburu en la subsecretaría de DDHH.

“El cambio es un hecho. Ambos involucrados ya lo saben”, confirmó a este medio una fuente de la cartera que conduce Mahiques, que de esta forma también avanza en un área muy sensible.

El nuevo funcionario es un abogado penalista que ya ocupó puestos en esta misma Secretaría durante la administración de Mauricio Macri, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación.

La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.

Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones. Esto no impediría que el oficialismo logre alzarse con la sanción definitiva.

El proyecto impulsado por el Gobierno tiene el apoyo de las provincias mineras, ya que permitirá la incursión de explotaciones de diferentes minerales en áreas que actualmente son consideradas periglaciares. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, afirma una fuente de alto rango en la Cámara de Diputados.

El vínculo que Nación pueda seguir estableciendo con un grupo de gobernadores se presagia vital para que el Gobierno pueda mantener una agenda propositiva en materia de reformas. Sin ellos, al oficialismo le resultaría imposible poder aprobar proyectos en el Congreso.

En la toma de decisiones políticas del Gobierno consideran que las alianzas con los distintos gobernadores que le han brindado apoyo a La Libertad Avanza siguen intactas. “Creemos que tenemos hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias”, afirman en ese círculo. Pese a que el presidente Javier Milei consignó que el 2026 sería el año más reformista de su gestión, durante el mes de marzo el Congreso permaneció prácticamente sin actividad.

Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.

El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.

“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.

Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.

El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.

El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.

Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.

El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública. Infobae adelantó el mes pasado que el fueguino Gustavo Melella impulsaría la adhesión de su provincia al RIGI -una de las políticas insignia impulsadas por Milei- para buscar mayores inversiones a su provincia en medio de una difícil situación financiera que atraviesa su gestión.

La flexibilización en los vínculos con Nación también alcanza a la gobernación de La Rioja que comanda Ricardo Quintela. Días atrás, uno de sus hombres de mayor confianza y secretario general, Ricardo Herrera, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las versiones son disímiles según el caso. En la provincia afirman que fue una reunión cuasi protocolar entre dos personas que se conocen desde hace décadas, mientras que los libertarios afirman que se solicitó para reclamar por fondos para su provincia.

Circuló por estas horas que Nación se habría dispuesto a dar partidas presupuestarias a cambio de que Quintela implemente la Boleta Única Papel, se adhiriera al RIGI y aplique una normativa de transparencia en el manejo de los fondos públicos para su administración. El representante riojano no habría garantizado ninguna de estas opciones. Pese a todo, La Rioja fue una de las provincias que recibirán adelantos de coparticipación. Mientras tanto, en la gobernación esperan una resolución de la Corte Suprema respecto a un reclamo por USD 1.200 millones de fondos retenidos de manera presuntamente indebida por el Estado Nacional.

El Gobierno de Estados Unidos elogió la decisión de Argentina de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como parte del respaldo ofrecido por la administración de Javier Milei a la lucha contra el terrorismo.

Por medio de un comunicado emitido en la red social X, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense calificó la medida como un paso relevante en la lucha contra el terrorismo internacional y celebró la postura adoptada por la Nación argentina. “Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración Milei para contrarrestar el terrorismo global”, aseguraron.

La decisión fue anunciada por el Gobierno nacional el martes por la noche tras confirmar la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al listado oficial de entidades terroristas. A partir de esta inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilitará el congelamiento de activos y la exclusión de la organización del sistema financiero nacional.

Esta determinación, anunciada por la Oficina del Presidente, se fundamentó en los antecedentes judiciales locales que vinculan a la fuerza iraní y a la organización Hezbollah con los dos atentados más letales en suelo argentino: el ataque a la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. En el primer hecho murieron 29 personas y hubo más de 200 heridos, mientras que el segundo provocó 85 muertes y más de 300 heridos.

Según el propio comunicado presidencial, “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. La decisión incluyó también la ratificación de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre Ahmad Vahidi, actual jefe del CGRI, junto a otros ciudadanos iraníes que previamente fueron señalados por la Justicia argentina.

Con la nueva disposición, la Justicia argentina podrá profundizar investigaciones sobre posibles conexiones locales de la organización y actuar con mayor celeridad en el rastreo de fondos o actividades que representen una amenaza para el país. Además, se espera que la cooperación internacional en inteligencia y la coordinación con países aliados se vean reforzadas.

El Gobierno enmarcó la decisión en una doble coyuntura: la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel en Medio Oriente y la necesidad de saldar una deuda histórica con las víctimas de los ataques de los años 90. De esta manera, la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista no solo responde a una alineación diplomática con Occidente, sino que también se vincula a procesos judiciales aún abiertos y al reclamo de justicia de los familiares de las víctimas.

Desde el Ejecutivo aseguraron que, con esta decisión, el presidente Javier Milei considera que con esta resolución se cumple una “deuda histórica de más de 30 años”. Por esto, las autoridades insistieron en que la iniciativa “reafirma el compromiso del Gobierno con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, así como con la identificación y persecución de sus responsables.

De la misma manera, las fuentes oficiales remarcaron que el objetivo es “alinear a la República Argentina con la civilización occidental y combatir frontalmente a quienes buscan destruirla”. Así, la decisión reforzó el mensaje de que el país no tolerará la presencia de estructuras extranjeras acusadas de terrorismo en su territorio.

Qué es la Guardia Revolucionaria de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán surgió en 1979 tras la revolución islámica impuesta en ese país, que terminó por consolidarse como un actor central en la arquitectura política del país. Esta fuerza opera en paralelo a las Fuerzas Armadas convencionales, pero con autonomía y un peso considerable en la definición de las políticas estratégicas del gobierno iraní.

El alcance de la Guardia Revolucionaria no se limita a lo militar. La organización interviene en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus operaciones y sostener su influencia dentro y fuera de Irán. De esta manera, su presencia se extiende mucho más allá del aparato institucional, convirtiéndola en uno de los pilares fundamentales del régimen.

El brazo externo más relevante de la Guardia es la Fuerza Quds, responsable de coordinar las operaciones fuera del territorio iraní. A través de esta unidad, el régimen mantiene vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, tejiendo una red de alianzas que refuerza su influencia regional. Esta proyección internacional fue uno de los argumentos principales para que varios países incluyan a la Guardia Revolucionaria en sus listas de organizaciones terroristas.

En 2019, Estados Unidos sentó un precedente al declarar a la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista, medida que involucró por primera vez a una estructura estatal completa y no solo a grupos no estatales. Tal decisión marcó un cambio en la forma en que la comunidad internacional aborda la problemática del terrorismo de Estado.

En las semanas recientes, el papel de la Guardia Revolucionaria se intensificó tras los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel. Desde esta estructura se organizaron ataques con misiles y drones contra objetivos regionales, consolidando su rol como el principal instrumento de acción exterior del régimen iraní. La respuesta militar también impactó en la conducción interna, ya que algunos de sus altos mandos fueron blanco de ataques selectivos, lo que produjo reconfiguraciones en la cúpula y aumentó la centralidad de la organización dentro del sistema iraní.

La figura de Ahmad Vahidi cobró especial relevancia en este contexto. Como actual jefe de la Guardia Revolucionaria y funcionario con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, su liderazgo refuerza el nexo entre esa fuerza y la agenda judicial pendiente en la Argentina. El hecho de que un alto responsable de la organización esté vinculado a causas abiertas en tribunales argentinos subraya la dimensión transnacional de la problemática.

Legisladores de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca que los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilicen cámaras corporales en sus chalecos de trabajo. La propuesta fue impulsada por Claudia Neira y Federico Mochi, quienes aseguraron que la medida apunta a “mejorar la calidad de las intervenciones y generar registros objetivos de las interacciones entre agentes y ciudadanía”.

La iniciativa responde a una preocupación creciente por el cumplimiento de los protocolos policiales en situaciones de alta sensibilidad social y por la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que transparenten el accionar institucional. En la exposición de motivos, se señaló que la adopción de cámaras corporales permitiría contar con registros audiovisuales que pueden ser determinantes para esclarecer hechos y disipar cualquier duda sobre el uso progresivo de la fuerza.

El proyecto establece que la implementación de los dispositivos debe ir acompañada de un período de capacitación para los integrantes de la fuerza y un cronograma de adaptación progresiva, así como evaluaciones periódicas de impacto. Según se informó, el Poder Ejecutivo deberá garantizar, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública, la inclusión de contenidos específicos sobre el uso de cámaras en el curso de formación inicial de aspirantes a oficiales.

Los impulsores del proyecto destacaron que se trata de una tecnología que ya está en funcionamiento en otros países y provincias argentinas, y argumentaron que la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos necesarios para avanzar en su implementación. “Es una tecnología que ya funciona en el mundo y otras provincias, y la Ciudad debe incorporar para proteger a vecinos y agentes”, afirmó Neira.

El texto presentado subraya que las cámaras corporales de audio y video no sustituyen la labor judicial, pero sí pueden “transparentar y registrar el accionar policial”, permitiendo contar con pruebas objetivas en caso de denuncias o investigaciones internas. “Frente a la serie de eventos donde se observó el incumplimiento de los protocolos de uso progresivo de la fuerza, las cámaras son una herramienta clave”, remarcó la legisladora.

En cuanto al funcionamiento técnico de los dispositivos, se detalló que las cámaras cuentan con un “modo pre-evento” que graba automáticamente los 60 segundos previos a la activación manual, sumando contexto relevante para la reconstrucción de los hechos. Además, disponen de una modalidad de grabación continua, que se activa manualmente para registrar la totalidad del incidente en el que interviene el agente. Un aspecto relevante es que, al encenderse una de las cámaras, se activan automáticamente las de los agentes cercanos, lo que permite obtener diferentes perspectivas de un mismo hecho.

La propuesta contempla una aplicación progresiva, priorizando inicialmente aquellos contextos considerados de alta sensibilidad social, como barrios populares, manifestaciones públicas y eventos masivos, donde el control sobre el accionar policial es fundamental. El objetivo es avanzar hacia una cobertura total de la fuerza en etapas sucesivas.

Neira remarcó la importancia de establecer regulaciones estrictas en materia de protección de datos personales, para evitar la difusión o el uso no autorizado de las imágenes registradas por las cámaras. “Proponemos una ley que tenga un control de datos para garantizar la protección de datos personales y evitar difusiones o usos no autorizadas de las imágenes”, explicó la diputada.

Según los fundamentos del proyecto, la experiencia en otros países y provincias muestra que estos dispositivos contribuyen a reducir conflictos, facilitar investigaciones y generar confianza tanto entre la ciudadanía como entre los propios agentes.

La iniciativa también responde a cuestionamientos acerca de la falta de avances tecnológicos en la fuerza de seguridad local. “Con los recursos que tiene la Policía de la Ciudad es incomprensible que las cámaras corporales no se hayan comenzado a implementar en los chalecos de los efectivos”, afirmó Neira, quien consideró que la herramienta ya es utilizada en otras jurisdicciones del país.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezado por el secretario general y diputado nacional Jorge “Loma” Ávila, se convirtió en la primera organización gremial del país en firmar un acuerdo de negociación paritaria tras la aprobación de la reforma laboral. El convenio, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (C.E.P.H.) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), marca un hito en la industria energética y en el escenario sindical argentino, al abrir una nueva etapa de diálogo en un contexto de transformación productiva y normativa.

El acta conjunta, firmada el 31 de marzo, expresa la preocupación compartida por la situación actual de la actividad petrolera en la provincia y establece el compromiso de sostener el diálogo entre los actores del sector. El acuerdo ratifica la voluntad de preservar la paz social, asegurar el funcionamiento y desarrollo de la actividad hidrocarburífera y garantizar el inicio de las negociaciones paritarias el próximo 8 de abril. El entendimiento llega en un momento clave para la industria, que enfrenta desafíos estructurales por la incorporación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria, y por las nuevas condiciones de competitividad impuestas por el marco regulatorio.

Jorge “Loma” Ávila, en su doble rol de dirigente sindical y legislador nacional por Provincias Unidas, remarcó la importancia de sostener los mecanismos tradicionales de protección de ingresos y derechos laborales en un escenario de cambios. El dirigente subrayó que la defensa de aspectos centrales como las horas extras y los viáticos sigue siendo un pilar de la estructura salarial del sector y advirtió que el principal desafío radica en adaptar el convenio colectivo a una industria en pleno proceso de transformación tecnológica y organizacional.

El acuerdo, que fue rubricado con la presencia de cámaras empresariales y del sindicato jerárquico regional, se erige como un precedente bajo la nueva normativa laboral y representa una señal de estabilidad para la industria y para el conjunto de la sociedad chubutense. Las partes asumieron el compromiso de sostener el diálogo y construir consensos que permitan resguardar el empleo, actualizar las condiciones laborales y asegurar la continuidad productiva en la Patagonia.

La negociación paritaria, que se iniciará oficialmente el 8 de abril, es vista como una oportunidad para fijar nuevas pautas en materia salarial, condiciones de trabajo y adaptabilidad del convenio colectivo. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut reafirmó su rol como interlocutor central y como garante de la defensa de los trabajadores frente a las empresas y frente a las autoridades políticas, en un momento en que el equilibrio entre innovación, rentabilidad y derechos laborales está en el centro de la agenda sectorial.

La firma del acuerdo también tiene impacto más allá del sector petrolero. Se trata del primer convenio paritario ratificado después de la sanción de la reforma laboral, por lo que puede marcar un camino para otras ramas productivas que deberán encarar negociaciones bajo el nuevo marco legal. El acuerdo confirma el peso del sindicato en la agenda política y social de la provincia y ratifica el protagonismo de Ávila, quien el mes pasado integró la delegación que acompañó al gobernador Ignacio Torres a la Argentina Week en Nueva York, mostrando la articulación entre poder sindical, empresas y gobierno provincial en la promoción del desarrollo energético.

“Chubut tiene una larga historia vinculada al desarrollo energético y al trabajo de miles de familias. Venir a estos espacios a mostrar el potencial de nuestra cuenca y de nuestra industria es fundamental para atraer inversiones que sostengan y amplíen la actividad”, sostuvo Ávila al finalizar el evento en Estados Unidos.

Además, en aquel momento, el dirigente enfatizó que la provincia cuenta con infraestructura energética consolidada y recursos humanos calificados, lo que la convierte en un destino atractivo para proyectos vinculados tanto a la energía tradicional como a nuevas tecnologías.

El presidente Javier Milei autorizó a un pedido del jefe de Gabinete para que pueda convocar y encabezar la próxima reunión de Gabinete, fechada para este lunes 6 de abril, a las 12 del mediodía, en Casa Rosada. El ministro coordinador buscará imprimir así un nuevo aire para la semana entrante, luego de días complejos por las denuncias por enriquecimiento ilícito contra que dispararon investigaciones sobre su patrimonio.

El Gabinete no se reúne desde el 24 de febrero pasado. Aunque no se conoce con exactitud si asistirán todos los habituales integrantes de esta mesa, en el entorno del ministro coordinador esperan la presencia a prácticamente todos los miembros. Eso sí, el Presidente ya indicó que no podrá estar en el encuentro, pero fue él quien le sugirió que “tome el mando y convoque”.

En el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas hecho esta mañana solo hubo dos ausencias: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Solamente en este último caso se debió a que el área de protocolo presidencial, manejado por Karina Milei, le denegó la invitación. Tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, pero son contadas las veces a las que suele estar presentes en actos institucionales.

Esta reunión se enmarca en la intención de Adorni por reactivar su agenda en el gobierno, algo que ya se había conversado en la mañana de este miércoles con el Presidente, quien lo convocó a la Quinta de Olivos para conversar sobre asuntos ligados a la gestión y, en paralelo, brindar un apoyo simbólico en medio de los cuestionamientos públicos de las últimas semanas.

En el resumen del encuentro comunicado por Presidencia se dejó en claro que ambos integrantes hablaron sobre la diagramación de la “segunda etapa de la gestión” con vistas al 2026 y al 2027; iniciando así una ronde de reuniones con Ministros y sus equipos técnicos para “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras”.

Junto a eso, en el comunicado se informa que Adorni se reunirá el lunes con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el martes con el ministro de Salud, Mario Lugones; y el miércoles con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Lo curioso es que con los primeros dos ya había mantenido un encuentro de similares características la semana pasada. “Reactivaremos las gestiones dos veces de ser necesario”, bromeaba un funcionario.

En el entorno de los Milei creen que deben mostrar proactividad interna para que la figura del otrora vocero presidencial no se degrade más. A pesar de que la semana pasada se comunicó la intención de hacerlo, ayer el Gobierno se vio impedido de hacer una segunda conferencia de prensa para que Adorni aclare su situación. Impedida su función de vocero, consideran que Adorni debe enfatizar la coordinación de gestión para justificar su permanencia en el cargo.

En el Gobierno afirman que será clave lo que suceda la próxima semana en materia de conversación pública para analizar la sobrevida que pueda tener el jefe de Gabinete. Presidencia comunicó la agenda de Adorni hasta el miércoles, mismo día en el que declarará ante el juez Ariel Lijo su escribana Adriana Nechevenko, que deberá explicar el marco de la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa adquirieron un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Visto la repercusión que puede tener el resultado de estas declaraciones, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará que la Cámara de Diputados trate en sesión ese mismo miércoles la modificación de la Ley de Glaciares, que el Ejecutivo interpreta como un asunto que tiene movimiento en la agenda mediática.

En tanto, muchos de los altos mandos del Gobierno apuestan por una continuidad del jefe de Gabinete. Quien salió públicamente a sostenerlo es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, afrimó en diálogo con La Nación+. El mensaje fue reposteado en las historias del ministro coordinador, así como una foto del abrazado a Milei y publicada por el Presidente y un dibujo que dice “nunca se dejen psicopatear por los kirchneristas”.

Durante su paso por el estudio, De la Torre dialogó con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, y remarcó: “Si no tenemos buenos jueces, la seguridad jurídica no llega”. Explicó que la propuesta de la Corte, impulsada por los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz, busca corregir debilidades históricas del sistema de selección y reducir la discrecionalidad política en la designación de magistrados.

La Corte y el Consejo: el debate por el futuro de la justicia

“No hay manera de sostener una medida económica en el tiempo si no hay seguridad jurídica”, enfatizó Jimena de la Torre, quien sostuvo que el servicio de justicia atraviesa todas las dimensiones de la vida diaria y de la economía argentina. “Se enojan los jueces porque no les gusta el traslado y te meten una cautelar, te frenan una reforma laboral que te impacta directo en la economía”, ejemplificó.

La consejera trazó una línea directa entre la selección de magistrados y la calidad institucional: “Cuando naturalizamos que los jueces deciden según lo que les gusta, estamos viendo que no tenemos jueces imparciales”. Destacó que la imparcialidad nace en cómo se elige a los jueces y cuestionó la falta de transparencia: “No estamos garantizando que lleguen los mejores, no estamos garantizando que lleguen los más idóneos”.

La reforma propuesta por la Corte llega en un contexto de crisis judicial, donde más de 330 juzgados permanecen vacantes y el sistema enfrenta presiones políticas y corporativas. “La Constitución creó el Consejo de la Magistratura para restringir la discrecionalidad del Ejecutivo, pero los mecanismos actuales no alcanzan”, advirtió.

Cómo es el proceso de selección y qué busca cambiar la Corte

De la Torre detalló que el concurso para seleccionar jueces se compone de tres etapas: examen escrito, evaluación de antecedentes y entrevista personal. “Hoy el examen lo redactan y corrigen jurados sorteados, pero ni el anonimato ni la transparencia están garantizados”, señaló. “Vemos que exámenes sobresalientes sacan baja nota y otros no tan buenos obtienen calificaciones altas. Además, los exámenes corregidos no se publican”, denunció.

Sobre la puntuación de antecedentes, remarcó: “Deberíamos tener un sistema automático de puntaje, pero hoy los consejeros asignan notas distintas a un mismo postulante. Eso abre la puerta a arbitrariedades”.

Respecto de la entrevista, indicó: “Hoy podemos entrevistar a 25 para un cargo que necesita seis. Tenemos amplia facultad para subir o bajar candidatos en el orden de mérito sin justificación objetiva”. Resaltó que la Corte propuso que la entrevista tenga puntaje y criterios claros para limitar la discrecionalidad.

“La Corte plantea fortalecer el anonimato en los exámenes, crear un banco público de preguntas, sumar un examen de opción múltiple y tabular los antecedentes para igualar oportunidades entre abogados y funcionarios judiciales”, precisó. También valoró la idea del concurso anticipado: “Permite cubrir vacantes de manera más ágil y reduce la influencia de los poderes locales sobre el proceso”.

Las resistencias políticas y la urgencia de avanzar

De la Torre reconoció que la reforma enfrenta resistencias internas y externas: “Desde que entré al Consejo presenté siete proyectos de reforma, pero ni siquiera logré que se voten propuestas básicas como publicar los exámenes”. Subrayó la importancia de aprobar sin cambios la acordada de la Corte: “Es perfectible, pero lo que proponen es mucho mejor de lo que tenemos hoy. Hay que avanzar y después seguir mejorando”.

Sobre la influencia de la política y los intereses sectoriales, alertó: “En el Consejo hay listas que funcionan como partidos dentro del Poder Judicial. Cada juez que logran poner es un voto el día de mañana”. Señaló que la reforma busca minimizar esa lógica y garantizar que lleguen “personas idóneas, independientes e imparciales, no por amiguismo”.

De la Torre concluyó: “Ojalá que aprobemos rápido este reglamento y sigamos trabajando en las mejoras necesarias para garantizar independencia judicial. Lo que está en juego es la estabilidad jurídica y, en definitiva, la vida cotidiana de todos”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas fue el contexto para que el peronismo empezara a materializar el armado opositor al gobierno nacional. Por eso, gobernadores, diputados y senadores nacionales, funcionarios provinciales e intendentes se trasladaron este miércoles a la provincia de Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas en Río Grande y del acto central y oficial en la capital fueguina, Ushuaia. Las jornadas combinaron actividades protocolares con conversaciones políticas entre los principales dirigentes del PJ.

Los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Buenos Aires, Axel Kicillof, fueron los mandatarios provinciales invitados por su par Gustavo Melella, que fue anfitrión en la estadía. Este jueves por la noche, Quintela y Kicillof participaron de la vigilia en la carpa de la Dignidad que se realizó en la ciudad de Río Grande, considerada la capital nacional de la Vigilia. En el mediodía de este viernes, la comitiva se trasladó hasta Ushuaia para participar del acto oficial en la capital fueguina.

En el medio hubo otras actividades y algunos dirigentes aprovecharon para desplegar un mensaje federal y dar muestras de que buscarán estar en la construcción política hacia 2027. Kicillof fue uno de los más activos en este asunto. Primero se reunió con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, con quien firmó el primer convenio federal del programa “Puentes”. Su llegada en la noche del jueves y el recibimiento en la vigilia fueron como si se tratara de una campaña.

También hubo referentes del cristinismo. En principio, los enviados de CFK mantuvieron cierta distancia de la comitiva encabezada por los gobernadores, algunos legisladores nacionales y funcionarios provinciales de Buenos Aires y La Rioja. De hecho, mientras Kicillof y Quintela estaban en Río Grande, a 200 kilómetros, en Ushuaia, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza, mantenía un encuentro con el intendente de la capital fueguina, Walter Vuoto. “Es fundamental seguir fortaleciendo el diálogo y la articulación entre quienes sentimos el dolor de la injusticia, para construir, entre todos y todas, volver a ser un país normal”, planteó Mendoza. De esa reunión también participó el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina. Todos dirigentes que referencian su conducción en la ex presidenta Cristina Kirchner.

Pero este viernes todos los sectores del peronismo coincidieron en el acto central. Los dirigentes realizaron la tradicional entrega de flores al cenotafio de Ushuaia; un acto en el que también hubo representantes de La Libertad Avanza, como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; quien fue ubicado en primera fila junto a Melella, Kicillof y Quintela, además de las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz, entre otros nombres.

En diálogo con la prensa, Kicillof cuestionó al gobierno nacional por su posicionamiento en la causa Malvinas. El bonaerense planteó que “el Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía de muchas maneras: nuestras islas no son un tema del pasado, tienen que ver con el presente, con el futuro y con los recursos que están en juego”.

“No vamos a olvidar a cada uno de los soldados que dieron la vida ni dejaremos de acompañar a los sobrevivientes mientras nuestras islas sigan usurpadas: quienes nos reunimos, tanto ayer como hoy, en Tierra del Fuego, somos dirigentes que soñamos con una Patria justa, libre y soberana”, agregó.

En tanto, que el gobernador riojano -que fue acompañado por la vicegobernadora su provincia, Teresita Madera y la senadora nacional Florencia López- enfatizó, en la misma línea que Kicillof, que “Malvinas es una causa que nos duele, pero también nos une y nos marca un camino. No podemos hablar de soberanía si no construimos un país más justo, más federal, donde cada argentino y argentina tenga oportunidades”.

La Cámpora también se hizo presente este jueves en el acto central que se llevó adelante en la Plaza Islas Malvinas de la capital provincial y contó con la presencia de veteranos de guerra y familiares de combatientes. Además de Mayra Mendoza, el intendente Vuoto fue una de las figuras centrales que integran la organización que conduce Máximo Kirchner, quien no viajó al sur pero este mediodía participó de un acto en el barrio porteño de Paternal, donde se inauguró un mural. Según se informó en comunicado se trató de las actividades que se realizan junto a la militancia para homenajear a quienes defendieron la soberanía argentina. En su discurso envió un mensaje a la discusión del peronismo: “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, dijo.

En su discurso como jefe comunal de la capital de Tierra del Fuego, Vuoto remarcó: “Malvinas es tripa, corazón, coraje, memoria, respeto y soberanía. Es todos los días cuando nos levantamos, recibimos a los queridos combatientes, los acompañamos, los atendemos y nos sentimos parte de esa familia fueguina. Todos tienen ese compromiso ineludible con la causa que no tiene partidos políticos. Que gracias a los combatientes eternos se mantiene viva. Que no son ‘los chicos de Malvinas’, son combatientes”. Luego, Vuoto, Kicillof, Quintela y Melella compartieron una foto.

El viaje de Kicillof -que fue acompañado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Trabajo, Walter Correa; de Gobierno, Carlos Bianco y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel- es el primero que realiza este año por fuera de la provincia de Buenos Aires y en pos de la construcción de una alternativa política hacia las elecciones del 2027.

Días atrás, Kicillof había sido invitado a dar una charla en Montevideo, Uruguay, donde compartió reuniones con el ex ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad y se mostró con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Si bien en su entorno se encargaron de remarcar que la presencia del bonaerense en Tierra del Fuego estuvo atada meramente a la histórica fecha, la conversación política en la provincia más austral del país se impuso.

Cecilia Goyeneche está ubicada cuarta en el orden de mérito provisorio del concurso que realiza el Consejo de la Magistratura para el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital entrerriana. Este Tribunal está en proceso de renovación total. Dos de sus integrantes, Roberto López Arango y Lilia Graciela Carnero, ya se jubilaron. La restante, Noemí Berros, está próxima a los 75 años. Al alcanzar esa edad, deberá ser ratificada por el Senado a instancias del Poder Ejecutivo.

El TOF de Paraná ha llevado adelante juicios importantes en materia de derechos humanos y de narcotráfico. Su jurisdicción abarca los procesos de la capital provincial y de los juzgados de primera instancia de Victoria y Concordia.

La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos logró llegar a 149,10 puntos en las dos etapas iniciales del proceso de selección. Se trata del examen de oposición y de la evaluación de antecedentes. Aún resta dilucidar qué pasará con algunas impugnaciones que deberán analizarse. Luego, quedarán por asignar 20 puntos de la entrevista personal.

El plenario para cerrar el proceso debía reunirse el pasado 3 de febrero. Pero el Jurado pidió una prórroga. A cargo del concurso están el integrante de Casación Penal Federal, Juan Carlos Geminiani; José Luis Ortiz; Claudio Contreras y Carolina Martínez Andújar.

Geminiani es coprovinciano de Goyeneche. Es un personaje controvertido dentro de Comodoro Py. Por un mensaje de contenido misógino estuvo a punto de ser sancionado por el Consejo de la Magistratura. Se le iba a aplicar una multa. Pero la decisión no reunió los dos tercios necesarios y quedó descartada.

Si su nombre permanece en los primeros lugares y pasa a integrar la terna final, deberá definir dónde continuar su carrera: si en los estrados provinciales o en el fuero federal.

Qué rol ocupa Goyeneche hoy

La funcionaria judicial fue repuesta en el cargo de Procuradora Adjunta semanas atrás. La medida llegó luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial anulara el proceso por el que había sido destituida. La determinación se tomó a instancias de la Corte Suprema (CSJN).

El máximo tribunal anuló el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso su remoción por mal desempeño. La decisión estribó en una cuestión formal y no de fondo. El Jury había decidido correr a todos los fiscales entrerrianos de la acusación en el proceso. Para cumplir ese rol, citó a un abogado que integraba la lista de conjueces. La CSJN decidió que ese paso violó el debido proceso y echó todo por tierra.

La resolución del STJ habilitó al Procurador General, Jorge García, a reintegrarla a las funciones de las que había sido sacada en 2021.

Sin embargo, Goyeneche no podrá volver a ocupar el rol de fiscal anticorrupción. Ella llegó a ese lugar por una medida administrativa de García ante la falta de reglamentación legislativa de ese cargo creado por la Constitución de 2008.

En el ínterin en que estuvo fuera del cargo, la Legislatura entrerriana sancionó la ley correspondiente. Y dispuso que la titularidad de esa fiscalía solo podía ser ocupada a través de un concurso del Consejo de la Magistratura. La norma obtura, de manera explícita, la posibilidad de que el cargo sea subrogado.

Las causas

El caso de Goyeneche cobró relevancia nacional debido a que se trató de la remoción de una fiscal que había llevado adelante varias de las causas de corrupción más importantes de Entre Ríos.

Algunas de ellas son las que terminaron con la condena que recibió el exgobernador justicialista Sergio Urribarri.

El Jury al que se la sometió tuvo características peculiares. En primer lugar, fue impulsado por dos abogados radicales (Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto). Ambos fueron los denunciantes de los casos que luego Goyeneche llevó hasta las últimas consecuencias.

Además, las acusaciones tuvieron como centro la actuación en la investigación de los desvíos de fondos de la Legislatura a través de contratos fraudulentos. Se le achacó que no avanzó contra los responsables políticos y que solo había apuntado a los escalones medios y bajos de la organización. En este sentido, también se le reprochó la relación que ella y su esposo mantenían con uno de los principales imputados.

La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.

La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.

El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.

La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.

El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.

Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.

El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.

La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.

En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.

El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.

Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.

La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.

En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.

En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.

El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.

En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.

El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.

La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.

El canciller israelí Gideon Sa’ar manifestó públicamente su apoyo a la determinación del gobierno argentino de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, y de exigir su salida del país en un plazo de 48 horas. Este gesto, celebrado por el gobierno de Israel, intensifica el aislamiento diplomático de Teherán y refuerza la posición argentina en el escenario global.

La medida fue oficializada por la Cancillería argentina a través de un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y replicado por el presidente Javier Milei, quienes informaron que la resolución se adoptó “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, mecanismo legal que habilita a un Estado a expulsar a un representante extranjero sin mayores explicaciones. El trasfondo inmediato de la decisión responde a un comunicado iraní que, tras la declaración argentina de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, advirtió sobre una supuesta “responsabilidad internacional” del Estado argentino y lanzó cuestionamientos directos a las autoridades locales.

En este contexto, el canciller israelí utilizó sus redes sociales para expresar: “Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”. Sa’ar remarcó su agradecimiento a Pablo Quirno y elogió la postura del gobierno de Milei, a quien calificó como referente en la defensa de la libertad y en el combate contra el terrorismo.

La declaración argentina argumenta que la expulsión de Soltani Tehrani responde a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”, así como al “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”. El comunicado oficial denuncia, además, el reiterado incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables señalados por la justicia argentina.

La decisión argentina se inscribe en una escalada que se aceleró tras la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de organizaciones terroristas, una medida que ya había sido adoptada por Estados Unidos y que habilita sanciones financieras y restricciones operativas. El gobierno argentino sostiene que existen antecedentes judiciales y de inteligencia que vinculan directamente a altos funcionarios iraníes con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, hechos que dejaron más de 100 víctimas fatales y cientos de heridos.

En la respuesta de Irán, difundida por su Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen condenó “enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El texto advirtió que la medida “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino” y atribuyó la iniciativa a la influencia de “Estados Unidos y el régimen sionista ocupante”, en referencia a Israel.

Argentina fundamentó la expulsión de Soltani Tehrani como reacción a lo que consideró “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”, y como respuesta a lo que definió como “una inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país. La Cancillería subrayó que la declaración de persona non grata se justifica, además, por la negativa iraní a colaborar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA y por la “designación en cargos de alta responsabilidad del CGRI de personas requeridas por la Justicia argentina”.

En palabras del canciller israelí, el régimen iraní constituye “la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales”. Sa’ar sostuvo que “el régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; no es legítimo”. Agradeció explícitamente al presidente Milei y al canciller Quirno por la “valiente e inspiradora decisión”, y destacó que la Argentina, bajo la actual administración, “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.

La secuencia de acontecimientos diplomáticos se aceleró en apenas 48 horas: primero, la declaración argentina sobre la Guardia Revolucionaria; luego, la reacción iraní con advertencias y acusaciones, y finalmente, la expulsión del principal representante diplomático iraní en Buenos Aires.

En el plano internacional, la crisis se produce en un contexto de ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Ahí viene”, se le vio decir a uno de los ministros que formaba junto a sus pares a metros del Cenotafio por los Caídos en Malvinas. La alusión no era en referencia al presidente Javier Milei, que llegaría después, sino por el arribo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue ratificado en su cargo ayer luego de una reunión en la Quinta de Olivos, pero sobre el que no terminan de cesar las noticias acerca de sus diferentes frentes judiciales.

Adorni llegó y saludó primero al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Dos integrantes del círculo de funcionarios que responde a Karina Milei. Luego se apresuró a saludar al resto de ministros que estaban allí: Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Luis Caputo, Mario Lugones y al secretario Leonardo Cifelli. Cuando terminó, se quedó hablando a espaldas del sector en donde se ubicaba la prensa que cubría el acto.

Y es que se trata de la primera ocasión en la que Adorni se muestra en vivo desde que el viernes pasado lo hiciera en el Centro de Formación de Capital Humano, donde Milei habló por primera vez sobre el fallo de YPF y, además, aprovechó para respaldar a su ministro coordinador. Las gestualidades en el acto de hoy tampoco fueron escasas.

El Presidente encabezó el acto por la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza General San Martín, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Como es usual, fue el último en llegar, haciéndolo acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En momentos de cuestionamientos hacia funcionarios libertarios, el “abrazómetro” frente a las cámaras se convierte en un indicador de apoyo o de soltada de mano. Con un contundente abrazo de varios segundos, Milei buscó reflejar el apoyo que -junto a su hermana- le siguen confiriendo al ministro coordinador. Aunque no se vio nítidamente en la transmisión oficial, Karina también lo hizo de la misma manera.

Un dato curioso: Milei llegó con su hermana pero no se fue con ella. En cambio, al tener que retirarse del acto, el único de los funcionarios que fue autorizado a acompañarlo hasta la puerta del coche oficial fue el mismo Adorni. Segundos después de que saliera despedida la comitiva presidencial, el jefe de Gabinete hizo lo mismo. Fueron los dos primeros funcionarios en retirarse del acto.

Quienes han hablado en los últimos días con el ministro coordinador marcan que se encuentra notablemente golpeado por la situación mediática y judicial que lo comprometió en las últimas semanas. Marca que las críticas son injustas y que no se valoran las contribuciones que incorporó a la dinámica política y administrativa del Gabinete. Por lo pronto, relegó la gran mayoría de sus contactos con la prensa a su segundo, al secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y marca que está en un “aislamiento periodístico”.

Al igual que Milei, Adorni no tiene otro evento en agenda por el resto de Semana Santa. Espera al lunes para iniciar un raid de una reunión por día con distintos ministros. Todo como una forma de mostrar reactivación en la gestión. El lunes se mostrará con Alejandra Monteoliva (Seguridad), el martes con Mario Lugones (Salud) y el miércoles con Carlos Presti (Defensa). Lo curioso es que una semana atrás había mantenido reuniones con el mismo pretexto con los dos primeros funcionarios. “Nos enteramos de las reuniones con el comunicado de Presidencia”, confesaron ayer desde uno de los ministerios.

A excepción de la novedad de la aparición de Adorni, el acto por Malvinas no tuvo ningún elemento por fuera de lo protocolar. Milei saludó de manera adusta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien no recibió el mismo trato de parte de ministros como Luis Caputo (Economía), con quien se quedó hablando por unos segundos al llegar al acto.

La primera en llegar al cenotafio fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; seguida por la ministra Monteoliva. Casi como en un scrum arribaron más tarde Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Caputo, Pablo Quirno (Cancillería) y Mario Lugones. Mahiques y Menem fueron de los últimos integrantes del Gobierno en presentarse en las cercanías del cenotafio.

Las únicas figuras que suelen aparecer en las reuniones de Gabinete y que no aparecieron en el acto fueron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. No es usual que se muestre en este tipo de eventos, pero tampoco estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo.

Uno de los más activos en los saludos fue el diputado salteño por La Libertad Avanza, Carlos Zapata, quien es uno de los integrantes del bloque que más en contacto suele estar con estos temas. “El acto tuvo la sobriedad y respeto que merece la memoria de los que dejaron la vida y la consideración a los veteranos”, marcó a Infobae. También fue uno de los que dejó brevemente su lugar en la formación del acto para saludar específicamente al jefe de Gabinete y brindarle su apoyo.

Milei destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado. En su intervención del 2 de abril, Milei puso énfasis en brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras en la región.

Se trata de gestualidades ante el fuerte malestar por la situación salarial que acucia tanto a la Armada, al Ejército y a la Fuerza Aérea; así como la precaria situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

Pese a todo, el acto tuvo un gran componente simbólico. Hubo fracciones de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería. La Fanfarria Militar del Alto Perú fue la que musicalizó la jornada, tanto con el Himno Nacional Argentino como con la Marcha de Malvinas. Seguramente quede como una deuda que más de la mitad del Gabinete no no cantó la Marcha porque no se sabían la letra. También que Milei, Adorni y la mayoría de miembros del Gabinete no saludaron a los Veteranos de Malvinas.

En la previa del inicio del acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas que se celebró en el barrio de Retiro, el Presidente saludó uno por uno a los funcionarios presentes, pero al ministro coordinador le dio un abrazo sentido que fue registrado por las cámaras.

En otro contexto, el saludo con Adorni podría haber sido un gesto de cordialidad que no daría para mayores interpretaciones. Sin embargo, en este momento no es un gesto inocente, sino una decisión de mostrar públicamente su respaldo a un hombre que lleva semanas en el centro de la escena y cuya continuidad es puesta en duda a diario.

Esta fue la segunda actividad que Milei y Adorni compartieron en las últimas 24 horas: el presidente convocó ayer al jefe de Gabinete a una reunión a solas en la Quinta de Olivos y duró algo más de horas; fue otra señal para despejar los rumores de salida del funcionario.

Cerca de los hermanos Milei no había otra lectura posible: iba a ser un encuentro para dar una muestra de apoyo a uno de sus funcionarios más allegados en la administración libertaria. Son sólo ellos, Javier y Karina, quienes decidirán cuál es la sobrevida de Adorni en el cargo.

Después del acto, Milei se acercó a darle un beso al Jefe de Gabinete y saludó (como en la previa del evento) al resto de los integrantes del gobierno nacional que estaban en el lugar: Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno, Martín Menem, María Ibarzábal y Mario Lugones. Un dato extra de color: esta vez el Presidente también saludó de modo cordial a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, al que había ignorado notoriamente en el Tedeum de 2025.

Homenaje y anuncio

Durante la ceremonia que se realizó en el barrio porteño de Retiro, Milei pronunció un breve discurso en el que confirmó que, a través de un decreto, la Secretaría General de la Presidencia organizará para 2027 un homenaje y entregará distinciones a los veteranos de la guerra, coincidiendo con el 45º aniversario del conflicto. El objetivo de esta medida es reconocer a quienes participaron en la guerra y fortalecer la centralidad de las Fuerzas Armadas.

El mandatario también confirmó que el gobierno destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer el sistema de defensa nacional.

A 44 del inicio de la guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei encabezó el acto conmemorativo y pronunció un discurso centrado en el reconocimiento a los veteranos, el valor de las Fuerzas Armadas y el reclamo de soberanía nacional. El mandatario destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado.

En su intervención del 2 de abril, Milei puso énfasis en brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras en la región.

“Como Gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República”, afirmó Milei en la apertura de su mensaje. El mandatario subrayó la “deuda histórica” con las Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos.

“El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”, declaró Milei.

A continuación, señaló que “no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra Patria”. Para ello, afirmó que es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas, e indicó: “Se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

Respecto a la situación salarial, Milei reconoció: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas. Un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda”.

El Presidente reafirmó el compromiso de “llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas”. Expresó que “es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”. Además, anunció: “Destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional”. Agregó que la reconstrucción de capacidades militares “tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo de acuerdo con el interés nacional. En otras palabras, debe ser una política de Estado”.

“Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó Milei. Recordó que “el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”.

El mandatario agradeció los “reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios”. Aseguró que ese respaldo internacional “reafirma la legitimidad de nuestro reclamo y acompaña el llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva”.

En relación con la explotación de recursos en la cuenca Malvinas Norte, Milei advirtió: “Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”. Asimismo, remarcó: “Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas en el yacimiento Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

Al finalizar, el jefe de Estado evocó la memoria de los héroes y reafirmó el vínculo inalterable entre el pueblo argentino y las Malvinas, resaltando la centralidad del reclamo de soberanía y la defensa nacional en la identidad del país.

A raíz de esta situación, el ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Claudio Alvarado, reclamó en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei realice los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, se indicó en un comunicado.

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.

En conferencia de prensa, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna, señaló: “Hoy (por ayer) se emitió por parte de la Policía Federal Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Apablaza. Estamos coordinados entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, Alejandro Del Río, y también a través de nuestra sede en Interpol, para poder articular y gestionar”.

“Esto es algo que se estaba preparando desde que Apablaza perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente, no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos los esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y tener la extradición respectiva”.

Y completó: “Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para el tiempo más breve posible, materializar la detención del prófugo de la justicia”.

Por otro lado, ayer, el canciller Pablo Quirno recibió copia de cartas credenciales del Embajador designado de Chile ante la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo.

“Yo te diría que cada día que avanza es un día menos que nos falta para volver”, expresó al referirse a la cuestión Malvinas, y agregó que se trata de “un objetivo inclaudicable” que figura en la Constitución Nacional.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Presti recordó cómo vivió el 2 de abril de 1982. “Fue un día muy particular. Yo estaba estudiando, como todos los jóvenes de dieciséis años, en el secundario. Esa madrugada me desperté con la noticia”, relató. Ante la consulta sobre qué sintió en ese momento, respondió: “Una profunda emoción”.

El funcionario explicó que en ese entonces aún no había decidido su futuro profesional. “No, todavía no. Recién cuando pasé a quinto año del secundario tenía varias carreras que me gustaban y opté por la carrera militar”, señaló. Y agregó: “Malvinas influyó en querer también revalorizar las Fuerzas Armadas, en ser parte del Ejército”.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto tuvo un impacto personal decisivo. “Profundamente me marcó y me llevó a poder realizarme como oficial del Ejército”, afirmó.

Al referirse al recuerdo de los caídos, indicó: “Los tenemos que recordar con profunda emoción. Ellos dieron todo por la Patria, dieron su vida. Y aquellos que regresaron también vienen a dar testimonio de esta situación inclaudicable, que es el cariño, el amor que tenemos por nuestras islas”.

Consultado sobre episodios que lo marcaron, mencionó la operación del 2 de abril de 1982. “Se desarrolló la operación Rosario, que fue una operación en la cual se buscó recuperar las islas sin causar bajas al enemigo inglés. Se llevó a cabo de esta manera y mostraron las Fuerzas Armadas el profesionalismo que tuvieron para recuperar las islas”, describió.

También recordó la muerte del capitán de corbeta Pedro Giachino, el primer caído del conflicto. “Es el primer caído en Malvinas”, afirmó al mencionar las primeras horas del desembarco.

Presti destacó además su experiencia posterior junto a veteranos. “Ingresé en el Ejército en 1984 y me tocó convivir con muchos de los veteranos de guerra. He tenido instructores que habían estado combatiendo en las islas”, explicó. Según detalló, esos oficiales eran destinados a institutos de formación para transmitir sus experiencias. “No todos los países tienen experiencias de guerra. Y muchos menos también héroes”, señaló.

Entre los relatos que más lo impactaron, mencionó el del teniente Roberto Estévez. “A mí lo que me conmovió fue la historia de vida, de liderazgo y de muerte del teniente Estévez”, afirmó. Describió su accionar durante los combates en Darwin. “Él recibe impactos de bala, cae en su trinchera y le dice al cabo que estaba con él que siga mandando y dando las órdenes de combate”, relató.

En ese contexto, agregó: “Herido y todo se preocupaba por la vida de su gente”. Y recordó una de sus frases en medio del combate: “Colóquense el casco, que están disparando”.

El ministro también se refirió al modo en que se denomina a quienes combatieron. “El término ‘chicos de la guerra’ no es adecuado. Fueron jóvenes soldados que combatieron de la misma manera”, sostuvo. Y explicó: “Todos los ejércitos del mundo pelean con gente joven. Ellos tenían dieciocho, veinte años. No eran chicos, eran soldados que cumplían con un servicio a la Patria”.

En cuanto al reconocimiento a las distintas fuerzas, detalló cifras del conflicto. “Estamos hablando de 649 hombres que fallecieron. Alrededor de 323 en el ARA Belgrano. La Armada perdió aproximadamente 390 hombres, el Ejército 196 y la Fuerza Aérea alrededor de 55”, precisó.

También mencionó el rol de otras áreas. “Han tenido sus bajas en combate la Gendarmería, la Prefectura Naval. El escuadrón Alacrán formó parte de una organización de comandos que combatieron heroicamente”, indicó. Además, destacó la participación de civiles: “Mujeres, enfermeras, acompañaron a las tropas y dieron apoyo a los heridos”.

Sobre el vínculo actual con los excombatientes, afirmó: “Tenemos una organización dentro del ministerio que se preocupa por las cuestiones propias de todos los veteranos”. Y agregó: “Todos los días que salgo de mi oficina tengo la lista de los 649 hombres que perdieron la vida en este conflicto”.

Presti también aclaró los criterios de reconocimiento oficial. “El Estado Nacional reconoce veteranos de guerra de Malvinas a aquellos que combatieron en las islas. Los que estuvieron en el continente no, salvo aquellos que participaron en sistemas de armas”, explicó.

Finalmente, al dirigirse a las nuevas generaciones, remarcó: “Es un sentimiento nacional que nos une. Nuestro objetivo es la recuperación de las islas. Es legítimo e inclaudicable”.

El régimen teocrático de Irán reaccionó con su habitual retórica confrontativa a la decisión del Gobierno argentino de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Teherán y por una creciente polarización geopolítica.

A través de un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores -que fue difundido por su embajada en Uruguay-, el gobierno iraní condenó la medida adoptada por la administración de Javier Milei y la calificó como una acción “ilegal e injustificada”. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

El documento no se limita a una condena formal; también introduce una advertencia directa al Estado argentino: “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señala el comunicado, en una formulación que forma parte del repertorio diplomático habitual del régimen cuando responde a sanciones o medidas internacionales.

La reacción se produjo luego de que la Casa Rosada formalizara la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas.

En el comunicado oficial argentino, el Gobierno fundamentó la decisión en base a antecedentes judiciales y de inteligencia. Allí se sostiene que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Esos atentados —los más graves en la historia argentina— dejaron más de 100 muertos y centenares de heridos, y derivaron en pedidos de captura internacional contra ex funcionarios iraníes. Esa línea de investigación ha sido sostenida por la Justicia argentina durante décadas y constituye el núcleo de la acusación estatal contra Irán.

El comunicado iraní, sin embargo, evita cualquier referencia a esos hechos. No menciona la AMIA ni la Embajada de Israel, ni responde a los señalamientos judiciales. El silencio sobre ese punto resulta consistente con la posición histórica del régimen, que ha negado sistemáticamente cualquier responsabilidad en esos ataques.

En cambio, el texto desplaza el eje hacia una lectura geopolítica. Allí sostiene que la decisión argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y la vincula directamente con el contexto internacional: afirma que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán.

La referencia no es menor. La medida del Gobierno argentino ocurre en momentos en que Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar contra objetivos iraníes, con ataques sobre infraestructura estratégica y contra mandos de la estructura militar del régimen. Ese escenario amplifica el impacto político de la decisión argentina y explica el encuadre que propone Teherán.

En esa línea, el comunicado iraní sostiene que la decisión “viola los principios fundamentales del derecho internacional” y constituye “una intervención en los asuntos internos” de Irán. Se trata de un argumento recurrente en la diplomacia iraní, que combina la invocación a la soberanía con la denuncia de injerencia extranjera.

El texto también escala el tono político al señalar que el presidente argentino y su canciller, al acompañar a Estados Unidos e Israel, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”. La formulación responde a la lógica ideológica del régimen, que estructura su política exterior en términos de confrontación con Occidente.

En paralelo, el comunicado reivindica a la Guardia Revolucionaria. La define como “defensora de la seguridad nacional” y asegura que es “la fuerza más efectiva contra el terrorismo de ISIS”, en una narrativa que omite las acusaciones internacionales sobre su rol en operaciones encubiertas y en el apoyo a organizaciones armadas en distintos escenarios.

Esa caracterización contrasta con el creciente aislamiento internacional de la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos ya la ha designado como organización terrorista y otros países han avanzado en sanciones y restricciones, en base a informes que la vinculan con actividades de financiamiento, entrenamiento y apoyo a grupos como Hezbollah.

En el caso argentino, la decisión se inscribe en una política más amplia. El Gobierno ya había incluido en el RePET a Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds —el brazo externo de la Guardia Revolucionaria— en una estrategia orientada a reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel y a endurecer su posición frente al terrorismo internacional.

Pero el trasfondo local resulta determinante. La persistencia de las causas por los atentados de los años 90 sigue condicionando la política exterior argentina. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial no solo tiene implicancias operativas, sino también simbólicas: reafirma la posición del Estado argentino sobre la responsabilidad iraní en esos ataques.

La respuesta de Teherán, en ese contexto, vuelve a exhibir un patrón conocido. El régimen rechaza las acusaciones, evita responder sobre los hechos que originan las medidas y recurre a una narrativa que combina denuncia de injerencia, victimización y confrontación ideológica.

El cruce entre ambos gobiernos expone, así, dos posiciones irreconciliables. Por un lado, la Argentina sostiene su decisión en base a fallos judiciales, investigaciones y antecedentes históricos. Por el otro, Irán niega esas acusaciones, defiende a su principal estructura militar y responde con advertencias diplomáticas.

La tensión no es nueva, pero se profundiza en un escenario internacional marcado por la guerra. Y anticipa un deterioro mayor en la relación bilateral, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido, de manera explícita, alinearse con los actores que confrontan directamente con el régimen iraní.

En el cierre de otra semana corta, el presidente Javier Milei se volverá a mostrar este jueves junto a Manuel Adorni en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en lo que será otra muestra de respaldo hacia el funcionario, que por el momento se mantiene firme en el cargo.

Será la primera vez en días que el jefe de Gabinete aparezca públicamente, luego de otra actividad oficial que también compartió con el mandatario el viernes pasado, cuando juntos visitaron un centro de formación del Ministerio de Capital Humano.

Esta vez, la convocatoria será en la Plaza San Martín, situada en el barrio porteño de Retiro, alrededor de las 10:00, donde dejarán una ofrenda floral en memoria de los fallecidos durante el conflicto en el Atlántico Sur.

Previamente, el jefe de Estado brindará un discurso en el que se espera que no hable de la polémica en torno a Adorni, sino que se limite a reafirmar el reclamo de la Argentina por la soberanía del archipiélago.

De acuerdo con lo que anticiparon a Infobae fuentes oficiales, para este homenaje se invitó a “un grupo mucho más grande de veteranos que el año pasado” y se espera que sea “más abierto que en otras oportunidades”.

Se prevé que entre el público estén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y los ministros Alejandra Monteaoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Diego Santilli (Interior), entre otros.

Por su parte, el jefe de Gabinete iba a encabezar una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada este miércoles, como parte de una estrategia comunicacional de mostrar más al funcionario y así tratar de superar los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Sin embargo, el encuentro frente a los periodistas se suspendió y, en cambio, Adorni se trasladó hasta la Quinta de Olivos para tener una conversación a solas con el Presidente, quien le preparó una agenda de reuniones y así despejar las dudas sobre su continuidad, al menos por una semana más.

En un breve comunicado que salió luego, se precisó que ambos “repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

“Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027″, se detalló.

Los encuentros comenzarán el lunes, con Alejandra Monteoliva, en la sede de Seguridad; seguirán el martes, con Mario Lugones, en Salud, y terminarán el miércoles, a las 10, con un cónclave con Presti en el Edificio Libertador.

No obstante el anuncio, cuando recién se conoció la decisión, en algunas de estas carteras no estaban al tanto de que tenían que recibir al funcionario y, además, preparar una lista de objetivos para los próximos dos años.

De hecho, en el entorno de uno de los ministros señalaron que las proyecciones ya fueron presentadas durante los encuentros que mantuvieron con el propio Adorni algunos días atrás.

Otra de ellas, sin embargo, cuando se enteró preparó las propuestas: “Van a ser varios avances en gestion y proyectos de leyes en los que se trabajaron y se están trabajando”, precisaron.

Efectivamente, podo después de que comenzara la polémica por sus presuntas propiedades y viajes al exterior, el jefe de Gabinete incluso se fotografió con Karina Milei, Logines, Monteoliva, Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Pablo Quirno (Cancillería) y Luis Caputo (Economía), aunque también tuvo otros encuentros que no se difundieron.

Recientemente, la Justicia citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que fue la que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito que el ministro coordinador adquirió por unos 230 mil dólares.

Según trascendió, la mujer ya habría estado involucrada en otra causa por la que fueron condenados dos narcotraficantes y el portal Letra P reveló que meses atrás visitó al funcionario en Casa Rosada.

La vivienda se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos jubilada que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

El fiscal Gerardo Pollicita es quien tiene en su poder la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario, un expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo y en la que se sumaron también los viajes privados hacia y desde Puta del Este, que fueron abonados, según las facturas, por el periodista Marcelo Grandio -amigo de Adorni- y una productora vinculada a él.

Mientras siguen las sospechas, en el Gobierno insisten en que el jefe de Gabinete sigue firme en su lugar y que no va a renunciar ni va a ser echado. Quienes suenan para un eventual reemplazo, también continúan negando categóricamente haber recibido una propuesta para sucederlo.

A tan solo cuatro horas de que el mundo viera despegar a Artemis II, el segundo cohete que la NASA envió rumbo a la Luna, el Gobierno argentino confirmó la recepción exitosa de señales y datos de telemetría del microsatélite ATENEA, que fue desarrollado en el país y lanzado como parte del programa espacial. “Hoy, la historia nos encuentra siendo parte en primera persona”, destacaron.

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación, las autoridades informaron que las estaciones terrestres de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en Córdoba y Tierra del Fuego lograron captar la información del satélite. Así, se consolidó la cooperación tecnológica entre la Argentina, Estados Unidos y la comunidad internacional.

En línea con esto, el presidente, Javier Milei, apuntó que se trató de “un hito en materia espacial de la República Argentina”. De la misma manera, hizo hincapié en el nivel de involucramiento, tras señalar que el día que el hombre llegó a la Luna los argentinos solo eran espectadores.

“Hoy, la historia nos encuentra siendo parte en primera persona del programa Artemis de la NASA, con un microsatélite que integra una de las misiones lunares más ambiciosas de la era moderna”, destacó el mandatario sobre la tecnología que fue desarrollada por científicos nacionales.

En este sentido, Milei sostuvo que “esta operación representa un salto cualitativo en capacidades de diseño, procesamiento y control de misiones espaciales por parte de la República Argentina”. Y enfatizó: “La Argentina vuelve a estar entre el grupo de las Naciones que hacen historia y esto no es casualidad. Es el resultado de un cambio de paradigma”.

“Hoy es un nuevo día para la ciencia, el talento profesional y la vanguardia tecnológica”, continuó al destacar el trabajo realizado por la CONAE y los especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa argentina VENG S.A.

Según está previsto en el programa de la NASA, el microsatélite ATENEA, de tipo CubeSat 12U, tendrá la tarea de medir los niveles de radiación desde la órbita baja hasta el espacio profundo. Además, evaluará el rendimiento de componentes electrónicos en entornos con alta energía solar y analizará señales de navegación global, incluyendo los sistemas GPS, GLONASS y Galileo, en regiones donde el acceso a estos servicios resulta limitado.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, el programa SARE, impulsado por la CONAE y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, busca fomentar el desarrollo de satélites pequeños, de bajo costo y alta eficiencia para observación terrestre y exploración espacial.

Esta política apuntaría a aumentar la madurez tecnológica de los subsistemas y a facilitar la producción de satélites nacionales más complejos y competitivos. Para el ingeniero Fernando Filippetti, director del Proyecto ASTAR de la FIUBA, la experiencia puede atraer inversiones, generar empleo calificado y consolidar a la Argentina como proveedor de la nueva economía espacial.

Por su parte, Alejandro Martínez, decano de la FIUBA, explicó a este medio que, aunque 61 países firmaron el convenio con la NASA en 2023, solo cuatro propuestas fueron seleccionadas para ocupar los 14 espacios disponibles en el cohete. El proceso exigió cumplir estrictos estándares de seguridad para cargas útiles, dada la naturaleza tripulada de la misión.

En este sentido, la participación de Atenea permitirá validar tecnologías en condiciones extremas, enfocándose en sistemas de comunicación de largo alcance, medición de radiación en órbitas altas, recopilación de datos GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) y evaluación de componentes espaciales avanzados.

El despliegue del satélite ocurrirá durante las primeras fases del vuelo, cuando la nave Orión cruce los 70.000 kilómetros de distancia respecto de la Tierra, una marca inédita para un desarrollo argentino. Por esto, la comunicación directa con las estaciones de la CONAE pondrá a prueba la solidez de los enlaces y la gestión remota de datos bajo exigencias técnicas singulares.

Martínez detalló que el microsatélite operará a 72.000 kilómetros de altura, una órbita en la que no existen otros satélites. Actualmente, los más lejanos se encuentran en órbitas geoestacionarias a 36.000 kilómetros. Por este motivo, Atenea permitirá mediciones inéditas de radiación y navegación por GPS. También se probarán tecnologías que podrían migrar a aplicaciones en vehículos terrestres.

El despliegue de Atenea será seguido por una activación autónoma y la verificación de todos los subsistemas, habilitando la transmisión de telemetría a estaciones terrestres y el procesamiento de datos en tiempo real. Durante el viaje, que dura cerca de diez días, el satélite ganará impulso en distintas etapas hasta abandonar la atracción gravitatoria terrestre y continuar hacia la Luna.

Diversos bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo senatorial avanzaron en los últimos días con un nuevo proyecto para un tema delicado: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

La iniciativa original fue empujada por una radical Carolina Losada (Santa Fe) y fue casi prioritaria en su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

El último despacho -ahora, en foja cero- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Otro artículo establecía: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

Meses atrás, uno de los que acompañó fue el exmacrista y actual violáceo “con reparos” Luis Juez (Córdoba), quien consideró: “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”.

Un experimentado legislador que siguió de cerca el asunto denostó la idea que empujaban, en aquella ocasión, el tándem Losada-Pagotto. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, expresó a este medio.

“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, analizó este miércoles una legisladora. Además, deslizó a Infobae que un nuevo articulado ya circula entre bloques. Incluso, no se descarta que la semana próxima o la siguiente se analice en la comisión de Asuntos, hoy en manos del discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta).

Con perfil más bajo y menos pomposidad que Losada o Pagotto, Guzmán Coraita se acerca a un mejor entendimiento con otras bancadas y, en principio, lograría mantener el esqueleto de la última versión. Siempre, avalado por la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. De esa manera, se evitaría un desastre en el recinto por un tema que, sin dudas, generará fuertes cruces con el kirchnerismo e incluso algunos aliados.

“Durísima derrota judicial a mano de Servini”. Con inusual crudeza, un importante dirigente del PRO graficó, ante la consulta de Infobae, los últimos movimientos en Córdoba, provincia clave y estratégica para la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. En las últimas horas, la Justicia electoral declaró nula la intervención dispuesta desde la oficina nacional de la calle Balcarce, al tiempo que la Justicia provincial ratificó la validez de las elecciones internas que se realizaron el pasado fin de semana, donde se designó al nuevo presidente, que reemplazará al diputado Oscar Agost Carreño, y que encabezó una lista que acompañaron dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de un conflicto que lleva años. “Es un desastre”, reconoció un colaborador cercano al expresidente. La jueza federal María Servini, especializada en materia electoral, declaró la nulidad de las intervenciones y remarcó la falta de fundamentos para una medida de esa magnitud. “La inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida”, señaló en el fallo.

Además, subrayó que la intervención “es un remedio para circunstancias graves, que debe aplicarse de forma restrictiva y conforme a la carta orgánica, con el fin de proteger la autonomía distrital frente a la intromisión del gobierno central”.

Tras el fallo, los dirigentes locales avanzaron en la normalización partidaria. “Todavía falta el escrutinio definitivo que se está haciendo hoy o se hace mañana. Con eso se hace el acta de proclamación, eso se publica, se eleva al juzgado y el juzgado tiene que revisar todo y aprobarlo. Es un tramite que lleva quince días, más o menos, y tengo que terminarlo. Pero el tema está cerrado”, sostuvo a Infobae el exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, actual presidente del partido en Córdoba y enfrentado de manera directa con Macri y la dirigencia nacional.

Durante la interna, la Junta Electoral resolvió 97 reclamos presentados por el sector alineado con el jefe del PRO y solo admitió uno de ellos, la oficialización de la lista porque la habían presentado veinte minutos fuera de hora.

Sin embargo, el acta de la Junta Electoral indica que la lista Somos PRO, identificada con el expresidente y encabezada por Hernán Cornejo, con aval de la exdiputada y actual concejal Soher El Sukaria, no presentó fiscales ni boletas en toda la provincia. “La ausencia de boletas en las mesas de votación y la falta de fiscales en los centros de sufragio de toda la provincia obedecen exclusivamente a una decisión voluntaria y deliberada de sus responsables, quienes decidieron no participar del proceso electoral”, se indicó.

Por otro lado, Oscar Tamis, exintendente de Oliva, encabezó la lista Córdoba Amarilla, respaldada por Agost Carreño y la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, muy cercana a Bullrich, y que acompañan dirigentes que en su momento apoyaron a Rodríguez Larreta, como el propio Tamis. De no mediar imprevistos, asumirá la conducción partidaria el próximo 19 de abril.

“Toda esta historia, las tres intervenciones, tuvieron un contenido político y no partidario, por eso no prosperan. El único motivo que hubo es manejar las listas o las alianzas. De hecho, no tenían ningún asidero porque la jueza en la última instancia, la Cámara Nacional Electoral, dijo que no son válida, que no había razones válidas. Es más, otras provincias, en las mismas circunstancias, no las intervinieron”, señaló a este medio Rodríguez Machado.

Otro dirigente de la lista opositora a la conducción nacional comparó la situación de Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, con Santa Fe y el rol de Gisela Scaglia como presidenta del partido pero, al mismo tiempo, titular de la bancada Provincias Unidas en Diputados. “Siguiendo el mismo criterio, ¿por qué a ella no la intervinieron?“, se preguntó.

Además de Córdoba, donde la conducción nacional apeló y espera una resolución de la Cámara Nacional Electoral, según supo Infobae, bajo la conducción de Macri se mantienen las intervenciones en Salta, Tucumán, Corrientes, La Rioja y Santa Cruz, todas por diversas irregularidades.

“Lo que a nosotros no nos gusta es que decidan por nosotros, porque inclusive Macri no dice que no hagamos nunca una alianza con LLA, es más, hay acuerdos en el Congreso, en CABA, en Buenos Aires. Estamos en contra de que nos pongan en una negociación nacional, como un paquete más, como moneda de cambio. Nosotros, los cordobeses, vamos a decidir qué miércoles hacemos en el 2027. Los cordobeses con nuestra asamblea”, sostuvo uno de los armadores de la lista opositora.

Y finalizó sobre la nueva conducción provincial del PRO: “Algunos son ‘patricistas’, aunque ella ahora esté afiliada a otro partido. Hay otros que son de Larreta o que lo apoyaron en la interna con Bullrich. Y hay algunos independientes que no son de ninguno de los dos espacios, pero que estaban ya muy cansados de que nos intervengan cada vez que se les ocurría”.

Novelli fundó, en 2019, junto a Jeremías Walsh, la consultora N&W Professional Traders, y es considerado el nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la polémica criptomoneda $Libra. En la causa judicial que investigan el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano hay documentación que acredita que el experto en criptoactivos visitó al menos diez veces la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos desde que el mandatario asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2023.

La relación entre Milei y Novelli no es nueva: el mandatario fue parte del staff de capacitadores en N&W Professional Traders. En ese entonces, Milei, que dos años después, el 10 de diciembre de 2021, juraría como diputado nacional por La Libertad Avanza, realizó videos promocionales de los cursos de N&W Professional Traders. El mandatario recibía pagos mensuales, en concepto de “sueldo”, que se depositaban en la cuenta de su hermana Karina Milei, la actual secretaria general de la Presidencia.

“Ojala que, por el bien de la libertad, las criptomonedas logren derrotar a los malditos bancos centrales, funcionales a los políticos ladrones”, dijo Milei en una de sus clases magistrales en Traders. Fue en 2001, ya lanzado a la arena política para conquistar una banca y de allí saltar a la Casa Rosada apenas 24 meses después.

También como parte del staff docente formaba parte el fundador de la Fundación Libre, el politólogo y escritor Agustín Laje. Además, el influencer Emanuel Dannan, cuyo nombre real es Manuel Jorge Gorostiaga, colaboraba con la difusión de la sociedad.

En su página de internet, Novelli y Walsh presentan a la sociedad como “un instituto de trading profesional dedicado a capacitar usuarios para operar en la bolsa de EE.UU. y con criptomonedas. Buscamos transmitir nuestro expertise y conocimiento para que nuestros alumnos puedan educarse para convertirse en traders profesionales y rentables”.

Eso es lo que parece realizar el joven empresario al responder, el 23 de diciembre de 2019, la consulta que su amigo le hace a través de un audio de WhatsApp, quien le asegura que tiene un “muy buen negocio”, pero que le preocupa el tema impositivo. “A mí lo que me preocupa más que nada es el tema impositivo. O sea, vos cómo te manejás con todo lo que es los controles impositivos. Onda con— si tenés control del IRS (en referencia al Internal Revenue Service, es decir, la agencia del gobierno de EE.UU. encargada de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes fiscales) ahí en Estados Unidos, y con AFIP acá”, inquiere “Kiwi”.

“En manera de evadir hay tres mil millones”

El intercambio de mensajes fue el 23 de diciembre de 2019. En su respuesta, Novelli plantea una lógica directa: primero generar ingresos y después —eventualmente— analizar cómo declararlos.

“Para llegar a preocuparte por lo impositivo, primero tenés que saber ganar guita”, afirma. Y agrega: “Si es que lo declarás, también podés no declararlo, como hace un montón de gente”.

A lo largo de la conversación, detalla mecanismos concretos:

• Uso de PayPal para transferencias internacionales. Se trata de una plataforma de pagos digitales que permite enviar y recibir dinero por internet de forma rápida y segura.

• Ingreso de fondos al país mediante billeteras virtuales como Nubi.

• Consumo directo con tarjetas de crédito para evitar declarar ingresos.

“En manera de evadir hay tres mil millones, boludo. No es un problema”, resume en otro de los tramos.

También menciona alternativas dentro del circuito formal, como transferencias y operaciones bursátiles para obtener mejores tipos de cambio, aunque el eje del mensaje es claro: la evasión aparece como una práctica extendida y accesible.

La respuesta textual del “profesor” en evasiones tiene una duración de un minuto y cincuenta y cinco segundos y ya fue incorporada al expediente. La desgrabación textual es la siguiente:

“Mira, boludo, te digo posta ya. Tema impositivo, tipo, no te preocupes, boludo. Posta no es importante. Sí es importante, pero para esto no. Tipo, para llegar a preocuparte por lo impositivo, primero tenés que saber ganar plata. Cuando sepas ganar plata, ahí te preocupás por lo, por lo impositivo. Te lo explico igual por las dudas. Suponiendo que ya supieras ganar plata y ganes plata, es así el tema. Vos tenés que superar el límite de los dos millones de pesos equivalente en dólares afuera para empezar a pagar el dos coma cinco por ciento de lo que tengas en el exterior. Si es que lo declarás, también podés no declararlo como hace un montón de gente. Manera de pasar esa plata para Argentina, en el caso que vos quisieras, lo pasás por PayPal y después en Nuvi lo mandás a una cuenta bancaria de acá, en caso que quieras hacerlo, ¿entendés? O de PayPal lo cargás a favor de una tarjeta de crédito que tengas y con esa tarjeta de crédito consumís o hacés lo que se te canten las pelotas, ¿entendés? O sea, en manera de evadir hay tres mil millones, boludo. O sea, no es un problema. Lo difícil es saber ganar guita, eso es lo complicado, ¿entendés? Eh, así que nada, boludo, es, es así, chabón. Eh, mismo si quisieras hacerlo por la moneda convencional, declararlo y todo, primero tenés que ganarte los dos palos. Después de que ganaste los dos palos, eso lo podés transferir a Argentina, lo transferís a Argentina y te lo traen en dólares, ¿entendés? Vamos a poner el peor de los casos, que te transfieran supuestamente en pesos, cosa que no es así hoy. Después agarrás, yo te abro la cuenta en un bróker, lo comprás por bróker y en vez de pagarlo a ochenta y pico, lo comprás a setenta, ¿entendés? O sea, olvídate. O sea, pero tu main focus, tu focus tiene que estar en saber ganar plata, ¿entendés? El curso lo que explica es eso. Después, si querés saber lo impositivo, preguntame, hacé lo que quieras, no hay problema con eso, porque es una pelotudez. Pero nada, eso".

Una causa que escala

La aparición de este audio se suma a un expediente en expansión, que ya incluye:

-Peritajes de dispositivos electrónicos.

-Seguimiento de movimientos financieros.

-Testimonios de inversores damnificados.

-Análisis de operaciones en plataformas cripto.

-Miles de mensajes de textos y de audio como el que publica Infobae.

El objetivo judicial es reconstruir el circuito completo del dinero y determinar si existió una estructura organizada para captar fondos, ocultarlos y eventualmente blanquearlos.

En ese contexto, los audios y chats de Novelli y del resto de los involucrados, podrían convertirse en prueba central, no solo por lo que describen, sino por lo que revelan: una operatoria donde se mezclan negocios financieros, evasión y vínculos políticos en los niveles más altos del poder.

Los malos días de Manuel Adorni -con impacto en continuado sobre el Gobierno- ya suman más de tres semanas. Desde Olivos repiten que Javier Milei y su hermana, Karina, sostienen al jefe de Gabinete, pero hay un cambio en la desbordada línea para tratar de contener el daño: la exposición del funcionario pasó a ser más medida, en tiempo y forma. Fue descartada una nueva conferencia de prensa, después de la realizada hace una semana con frustrado sentido de relanzamiento. Tampoco fueron difundidas fotos significativas, aunque eso en parte podría ser revisado este jueves, en la ceremonia por el 2 de Abril. Y el mensaje resulta paradójico porque son necesarios gestos de apoyo día a día, mientras se pretende escenificar normalidad y trabajo a largo plazo.

El cuidado para evitar al menos esta semana una presentación ante los medios no tiene que ver exclusivamente con lo ocurrido el miércoles anterior, sino además con el registro en redes sociales. El mensaje de Adorni sobre los números de la pobreza en el 2025 generó una reacción que desdibujó por completo el tema y mostró rechazo extendido al funcionario. Las redes sociales exhiben un dato parcial, agrietado en extremo, aunque muy atendido en el circuito violeta. Las encuestas tradicionales dicen cosas parecidas. Y la reacción de Olivos deja a la vista la magnitud del problema.

El tema del jefe de Gabinete -viajes y patrimonio-, con el agregado del caso $LIBRA y la reactivación de la causa del área de discapacidad, atrapa la atención en el frente judicial. Es un foco que crece, con el añadido de especulaciones de otra naturaleza. Y la preocupación se extiende al Congreso. Allí, resulta incierto el plan de LLA para “recuperar la iniciativa”. Lo único firme es el trámite ahora otra vez acelerado para reformar la ley de glaciares. En la otra vereda, se ven movimientos fuertes pero por ahora desacoplados frente al caso de Adorni. De todos modos, el desafío tiene una fecha que suena lejana ante el desgaste de estos días, pero está agendada: el informe de gestión del jefe de Gabinete ante Diputados, el 29 de este mes. Son dos carriles diferentes.

El informe de gestión llegaría precedido por varias señales llamativas. El lunes quedó cerrado el capítulo de la presentación de preguntas para el funcionario, cuyo número superaría por mucho las marcas anteriores y treparía por encima de las cuatro mil. Resulta un dato nada menor que haya quedado por delante casi un mes hasta el miércoles 29: una mala apuesta inicial a que el paso del tiempo diluya el tema, cuando en cualquier caso lo potenciaría. El camino, por lo demás, es de mínima árido y demasiado largo. Para completar, se agregó un componente de suspicacias internas, según circula en el Congreso.

En principio, se suponía que Adorni iba a tener que presentarse ante el Senado. La explicación: el último informe había sido ante Diputados, pero entonces en boca de Guillermo Francos. El oficialismo prefirió interpretar que el próximo no sería una continuidad, sino el primer informe de una nueva gestión en la jefatura de Gabinete y optó por la Cámara baja. Circularon entonces versiones sobre el arrastre de desconfianzas domésticas en el oficialismo. Otra vez, con referencias directas a Karina Milei. Se habría privilegiado así la Cámara que preside Martín Menem por sobre el manejo de Patricia Bullrich en la otra ala del Congreso.

Como sea, falta mucho, tal vez demasiado, frente al desarrollo de los acontecimientos. Diferentes espacios de la oposición plantearon en Diputados la alternativa de impulsar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar diferentes iniciativas, que arrancan desde el piso de una interpelación. Esa comisión está a cargo de un violeta disciplinado, Nicolás Mayoraz. No parece un camino sencillo. Y el peronismo/kirchnerismo -con pasado propio y denso en materia de corrupción- buscaría motorizar una sesión en el recinto, aunque de momento asoma complicado reunir 129 diputados detrás de ese objetivo.

Se verá cómo sigue, es decir, cómo va impactando el tema en espacios dialoguistas y cómo se mueve la oposición No K. Desde esa heterogénea franja partieron las principales denuncias contra el funcionario, que ya tienen recorrido judicial: desde la exLLA Marcela Pagano a Maximiano Ferraro, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Por lo pronto, el oficialismo acaricia la posibilidad de coronar la reforma de la ley de glaciares. A mediados de la semana próxima, lograría dictamen de comisión y de inmediato buscaría sancionar el proyecto, con respaldo activo de los “gobernadores mineros”.

En cambio, más complicado resulta para el Gobierno asegurar proyectos que le permitan recuperar, en escala menor, el manejo de la actividad legislativa. Por supuesto, no se trata ya de sesiones extraordinarias, con agenda determinada sólo por el Ejecutivo. Pero el problema mayor es el clima alimentado por el caso Adorni, también por $LIBRA.

Por supuesto, se agrega que las negociaciones con gobernadores de diferentes espacios estarán marcadas por la situación financiera de las provincias, más delicada incluso que la de fines del año pasado. Ese es un tema para Diego Santilli, atado a la vez a la lapicera de Luis Caputo. La recaudación nacional cayó en marzo por octavo mes consecutivo -con impacto directo en la coparticipación y además, en los fondos discrecionales- y también se deteriora la recaudación local en la mayoría de los distritos.

Antes, en la escala de preocupaciones, el foco de Olivos está puesto en la marcha de los casos que involucran a Adorni y en las novedades del criptogate. Eso mismo motorizó, en simultáneo, especulaciones de tensiones en el fuero federal a partir del desenlace en el Ministerio de Justicia, es decir, a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques. Es un momento especial, marcado también por el envío de pliegos para ocupar más de sesenta vacantes en el Poder Judicial. Es el inicio de una movida para completar una lista aún mayor.

La mirada restringida a disputas de esa naturaleza tiene base real, aunque parcial. Algunos problemas que enfrenta el oficialismo podrían ser explicados por decisiones legislativas que permitían imaginar estribaciones ríspidas. Por ejemplo, la advertencia de Cámara para que el Gobierno aplique la ley de financiamiento universitario. También, los amparos otorgados sobre decenas de artículos de la reforma laboral.

Milei encabezará este jueves el acto central por el 2 de Abril. Las miradas apuntarán al lugar de Adorni en la ceremonia, después de la cita en Olivos que buscó vestirlo con tareas para proyectar “el período 2026/2027”. En lo inmediato, esta noche, el Gobierno debería prestar atención al mensaje de la Iglesia Católica sobre el deterioro presupuestario en el área de discapacidad. Llegará desde Mendoza, en la celebración de Jueves Santo, y estará a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

Desde la tarde de este miércoles, la atención del peronismo se trasladó a la provincia de Tierra del Fuego. Pasadas las 17 horas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue el último dirigente opositor al gobierno de Javier Milei en llegar al Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. El mandatario de Buenos Aires se sumó a la comitiva peronista que participó en la noche del miércoles de la vigilia en homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años de aquel conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. Una comitiva también integrada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el fueguino, Gustavo Melella, además de funcionarios de las tres provincias.

Kicillof llegó a Tierra del Fuego al caer la tarde. Fue recibido por Quintela, Melella; quien además mantuvo reuniones con el propio Quintela; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madeira; la senadora nacional por La Rioja, Florencia López; el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Levandoski; las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, Gabriela Pedrali, Graciela Parola, Paula Penacca, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Natalia Zaracho; además de los diputados Luis Basterra, Juan Marino, Agustín Tita, Juan Carlos Molina, Hugo Moyano (h) y Hugo Yasky.

“El 2 de abril es una fecha para recordar, para hablar de soberanía. La industria radicada en Tierra del Fuego también es un tema de soberanía. Era una política soberana la de poblar la zona más austral de Argentina. Hoy la industria en la provincia está destruida por la política económica de Javier Milei”, planteó Kicillof desde Río Grande en declaraciones a C5N.

Además, desplegando ya un discurso federal y por fuera de lo que hace a su gestión en la provincia de Buenos Aires, el mandatario bonaerense consideró: “Tenemos 10 mil familias, 10 mil laburantes que se han quedado sin trabajo solo acá, en Río Grande. El 55% de la maquinaria en desuso por culpa e irresponsabilidad de un gobierno criminal”.

Cerca del mandatario bonaerense aseguraron a Infobae que el viaje de Kicillof se circunscribe solo a la cuestión Malvinas, que la defensa de la soberanía es un punto crítico del modelo anti Milei, pero que es difícil no dejarse atravesar por la coyuntura. En definitiva, las actividades en el sur del país son también un terreno para testear la posible conformación de un gran frente federal que permita ser oferta electoral contra el gobierno nacional en las elecciones del año que viene.

“Es un punto de encuentro para los argentinos y una oportunidad para reconstruir una unidad amplia y construir una alternativa política que devuelva esperanza, con más trabajo, industria y mejores salarios”, planteó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; una de las encargadas de impulsar este armado federal peronista para confrontar con Milei.

Cómo todos los años, la vigilia central se desarrolló en la ciudad de Río Grande. También se llevó adelante una conmemoración en Ushuaia. No solo hubo representantes del peronismo. La Libertad Avanza también envió diputados y senadores nacionales. El presidente Javier Milei no viajó. Tampoco lo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, como sí había sucedido en años anteriores. El acto oficial es el jueves en la capital fueguina.

Kicillof también pasó por la localidad de Tolhuin. Allí firmó un convenio con el intendente de esa localidad, Daniel Harrington. Se trata del primer convenio federal del programa Puentes. Tras ese acto llegó a Río Grande y este jueves estará en el acto oficial que se desarrolla en Ushuaia. La capital fueguina es gobernada por el camporista Walter Vuoto. El cristinismo bonaerense también dijo presente en las distintas actividades en la provincia más austral del país. La diputada provincial de Buenos Aires e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, llegó este miércoles a Ushuaia. Se reunió con Vuoto y estará en el acto central. Allí, es probable que se cruce con Kicillof.

Las diferencias del peronismo también se materializan en Tierra del Fuego. Con distintos argumentos, el intendente de Río Grande, Martín Pérez y el de Usuahia están distanciados políticamente del gobernador Melella. El jefe comunal de la capital fuegina viene cuestionando el recorte de fondos de parte del gobierno provincial a su administración. Todo un síntoma de época en las dinámicas entre las provincias y los municipios por un lado y las provincias y el gobierno nacional por el otro.

A las 00:00 de este jueves sonó la sirena en la carpa de la Dignidad y se dio inicio al acto oficial en Río Grande. “Esta noche la ciudad de Río Grande se dispone a recibir el 2 de abril con un profundo y arraigado sentimiento malvinero, haciendo efectiva la leyenda que reza en el monumento en el que hoy nos encontramos reunidos y dice: ‘un pueblo ajamás debe olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos’”, dijo la locutora oficial del acto en Río Grande.

“No tenemos la maquinita de hacer plata”, dijo el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete, al momento de justificar la medida. Es la segunda población de Entre Ríos que entra en crisis por la caída de fondos. Sin embargo, el Gobierno provincial aseguró que no hubo pedido de asistencia.

El mandatario explicó que “para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los sueldos”, se llevó de $30 mil a $50 mil un adicional que cobraban los municipales. Es ese monto el que se integrará “en comestibles, ticket o bonos, como quieran llamarle”, expresó en declaraciones a un medio local.

Alderete, que tiene como oficio ser chofer profesional, subrayó que los $20 mil que se suman en mercadería al sueldo “supera la inflación” si se toma la remuneración de la categoría 10, una de las más bajas del escalafón.

“Es un bono comestible para paliar la situación actual”, redondeó. En este sentido, deslizó que durante el mes en curso habrá instancias a fin de evitar que esta forma de pago continúe. Además, confesó que mantiene “la ilusión de que esto mejore”.

Los bonos se podrán utilizar en el comercio local. “Se convocó a negocios de la ciudad que nos puedan dar a pagar con plazo para paliar esta situación económica”, detalló. En este contexto, la liquidación de haberes comenzó el miércoles 1° y culminará el martes 7.

“No tenemos la maquinita de hacer plata”

El intendente reclamó consideración a la planta de personal. “El empleado tiene que estar a la altura de las circunstancias. No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en materia de coparticipación y (la distribución de) ATN”, los aportes del Tesoro Nacional para desequilibrios, acotó.

“La coparticipación, que es casi el único recurso que tenemos, ha disminuido mucho”, adujo. En esa línea, trajo a colación el documento que rubricaron los intendentes de las principales ciudades argentinas el martes. Allí se expone la grave crisis financiera de los gobiernos locales. “En las comunidades chicas es peor”, graficó.

“En mi gestión se ha priorizado el aumento de sueldo a los empleados, acorde a los índices inflacionarios”, expuso. “Llevamos un 300%” de incremento de haberes, subrayó.

Alderete es el primer intendente peronista en la localidad desde la recuperación de la democracia. Ganó los comicios en 2023 y lleva dos años de gobierno. Sauce de Luna es una ciudad de apenas 3.300 habitantes. Está ubicada en la zona centro-norte de Entre Ríos, dentro del departamento Federal.

Respuesta del Gobierno

Lo ocurrido tomó por sorpresa a la administración provincial. Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que ni Alderete ni ninguno de sus funcionarios tramitó ayuda financiera para atender los pagos de haberes.

“Estamos en contacto permanente con todos los intendentes de la provincia y no hay ningún otro municipio atravesando una situación de estas características. Es un caso aislado”, aseguró a este medio un funcionario con despacho cercano al gobernador Rogelio Frigerio.

Con cierto fastidio, agregó: “En términos generales, los municipios han logrado sostener sus cuentas en equilibrio. No estamos viendo una situación de crisis extendida en los gobiernos locales”.

Luego, consignó: “La semana que viene vamos a recibir a la Liga de Intendentes del PJ. No hubo ningún planteo previo ni del presidente Adrián Fuertes ni de otros mandatarios locales. No es un tema que aparezca como preocupación general del sector”, resaltó.

Antecedentes

Sauce de Luna es la segunda localidad de Entre Ríos que entró en crisis por la falta de recursos. Semanas atrás, La Providencia cerró sus puertas durante cinco días. “Se informa a la población que la Comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios”, notificó el presidente comunal Edgardo Schneider.

“Desde que comenzó el 2026 estamos sin fondos. Esperemos sepan comprender la situación”, completó el titular del gobierno local.

La administración provincial aclaró que lo ocurrido se debía a una cuestión organizativa. “La situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre”, el ministerio de Gobierno entrerriano.

“En relación puntual a La Providencia, la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial”, aclaró la cartera. La explicación es que se necesita “completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción”.

El Gobierno de Santa Fe informó una baja abrupta en la cantidad de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026, con un total de 35 casos registrados en toda la provincia. Este descenso, según el informe oficial, representa una caída de más del 70 % respecto a los períodos de mayor violencia de los últimos años, como 2020 y 2023, cuando se contabilizaron 124 y 121 homicidios respectivamente. El dato fue presentado como un punto de inflexión en la política de seguridad local.

El recorte corresponde al primer trimestre de 2026 y destaca que hubo una baja notable en relación a los años 2020 y 2023, considerados entre los más violentos. En comparación con 2025, año que hasta ahora había tenido el mejor desempeño en materia de seguridad, la reducción es también sustancial. Según el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, en los primeros tres meses del año pasado se habían reportado 61 homicidios, lo que implica que la baja actual supera el 40%.

Las estadísticas oficiales muestran que el departamento Rosario sigue siendo el área con mayor concentración de hechos, aunque la tendencia descendente es clara: se registraron 23 homicidios en este primer trimestre, frente a 81 en el mismo período de 2023 y 38 en 2025. En La Capital, los casos fueron 7, mientras que el resto de la provincia sumó 5 homicidios dolosos.

El fenómeno de la reducción de homicidios fue calificado por las autoridades como “sin precedentes”. Santantino señaló que, si se compara con 2014, año en que se alcanzó el registro más alto de homicidios en un primer trimestre (135 casos), la diferencia es de 100 crímenes menos en solo tres meses.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, el análisis histórico subraya la magnitud del descenso. En 2022, la provincia había superado los 400 homicidios anuales, lo que da cuenta de la magnitud del desafío que enfrentaban las autoridades para revertir la tendencia. La caída actual fue atribuida a la continuidad y profundización de un plan de seguridad integral, que incluye diversas medidas y reformas implementadas desde el inicio de la gestión.

En la provincia de Santa Fe, la reducción de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 fue del 70 %, alcanzando así el valor más bajo en los registros históricos. Las autoridades atribuyen este resultado al refuerzo del plan de seguridad, el endurecimiento de controles en las cárceles, y la inversión en tecnología y equipamiento policial. El descenso fue particularmente notorio en los departamentos Rosario y La Capital, donde los indicadores de violencia han mostrado una tendencia sostenida a la baja.

El gobierno provincial destacó el impacto de las acciones orientadas al control de los denominados “presos de alto perfil” en las cárceles, decisión que, según fuentes oficiales, resultó clave para frenar la metodología de ordenar crímenes desde los establecimientos penitenciarios. Uno de los ejes centrales del operativo fue el avance en la construcción de infraestructura carcelaria, con el objetivo de sumar 1.152 plazas nuevas para presos de alta peligrosidad en la unidad penitenciaria “El Infierno”, ubicada en Piñero, junto a la Unidad Penitenciaria 11.

En relación a los medios empleados en los homicidios, el informe oficial señala que las armas de fuego continúan siendo el principal recurso utilizado, con una incidencia del 77,1 % a nivel provincial y del 82,6 % en el departamento Rosario. En La Capital, todos los homicidios dolosos registrados en el trimestre fueron cometidos con este tipo de armas.

El plan de seguridad puesto en marcha desde el inicio de la actual gestión incluyó la incorporación de patrulleros, camionetas, motos y equipamiento nuevo tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. Además, se implementó un régimen de detención especial para internos de alto perfil y se avanzó en la tecnologización del sistema de vigilancia, que ahora cuenta con la plataforma de inteligencia artificial “Lince” para el monitoreo de cámaras de seguridad.

El Ministerio de Justicia y Seguridad también resaltó la importancia del trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y federal, y la aplicación de reformas como la desfederalización del narcomenudeo, la modificación del Código Procesal Penal y la creación de un área específica de Inteligencia provincial. Se sumó la implementación de un sistema de recompensas para quienes colaboren con información relevante sobre los delincuentes más buscados.

Desde el gobierno de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificaron las instrucciones para mantener y profundizar todas las medidas adoptadas hasta el momento. El objetivo, según el Ejecutivo, es sostener la tendencia a la baja y replicar las políticas exitosas en otras áreas sensibles de la provincia.

El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.

El Senado de la Nación volverá a sesionar la próxima semana con una agenda en donde las cuestiones de privilegio podrían llegar a romper la monotonía del debate. La intención del oficialismo es avanzar en el tratamiento de los pliegos del mundo judicial, de las fuerzas armadas y de Lucila Crexell, la exsenadora que es propuesta como embajadora argentina en Canadá.

“Aún resta definir si se sesiona el miércoles o jueves y se está estudiando la posibilidad de ampliar el temario pero, en principio, es solo pliegos”, explicó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. Cuando se refiere a los pliegos es que habrá dos partes diferentes. Una, que seguramente será la primera parte, que será la votación a mano alzada para aceptar los 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

En este caso, lo destacable de este paquete de pliegos que envió el Ejecutivo y que forma parte de los 300 que aseguró el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que enviará en el corto plazo; es que se incluyó la postulación de Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, quien es propuesto para un tribunal federal de juicio con asiento en la ciudad de Santa Fe. También concentra la atención el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini.

Se especulaba que en esta tanda también ingresara Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA, pero desde Justicia aseguran que será en el próximo envío de pliegos. Este es un trámite simple ya que no incluye un debate sobre cada uno de los casos sino simplemente darle entrada para su tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales.

La segunda parte de la sesión podría implicar algún tipo de debate y es en la que el oficialismo buscará sancionar los ascensos militares y a Crexell como embajadora. La semana pasada la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), dictaminó de manera favorable doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), los cuales tomaron estado parlamentario en la sesión ordinaria del pasado 18 de marzo. Entre ellos se encuentran diez pliegos de promoción de jerarquía en las Fuerzas Armadas que incluyen la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente; la designación de las autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado del Ministerio de Economía; y el pliego que propone a la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Canadá.

En la Comisión firmaron de manera conjunta oficialistas y dialoguistas por lo que se espera que eso mismo se repita en el recinto. Lo mismo sucedió a la hora de firmar el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras endilgándoles violencia de género y “sororidad demagógica”.

La posición del kirchnerismo ya la adelantó Juliana Di Tullio quien en el debate en la comisión dijo que “esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó Di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos.

Respecto al pliego de Crexell, que es señalada porque cambió su posicionamiento en la Ley Bases y su voto fue el que permitió al oficialismo empatar con la oposición y habilitó a que Victoria Villarruel defina a favor del gobierno, la riojana María Florencia López del bloque K expresó que “si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo -por el pliego de Crexell- hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Massot remarcó: “Hoy está toda la sociedad mirando al presidente, que dijo en campaña y siempre que iba a ser implacable con la corrupción y en cuatro casos de corrupción flagrantes y sonantes, que recién repasaban: el narcoescándalo de Espert, el caso Libra, las coimas de ANDIS y está el caso Adorni”. El diputado sostuvo que la responsabilidad última recae sobre el mandatario: “Me parece que hablar de Adorni a esta altura es circunstancial”.

El 29 de abril y la expectativa por la interpelación a Adorni

Massot anticipó que la visita del jefe de Gabinete al Congreso será un hito institucional, dado que “nunca hubo tanta atención puesta sobre una visita de un jefe de Gabinete como la que está fechada para el 29 de abril”. A pesar del respaldo presidencial, el diputado subrayó que “si llega Adorni como jefe de Gabinete al 29 de abril, habla muy mal del presidente”.

El legislador destacó que la figura de Adorni se ha convertido en un símbolo de la falta de legitimidad: “Él ya no goza de legitimidad. ¿De qué te sirve un jefe de Gabinete sin legitimidad? La legitimidad es prestada, es del presidente, total”. En ese contexto, la sociedad y los diputados esperan explicaciones claras sobre el origen de los bienes del funcionario y el modo en que se adquirieron propiedades con valores que no se condicen con sus ingresos declarados.

Massot resaltó que “no es solamente que podría haber alguna, llamémosle avivada típica del argentino promedio”, y puntualizó: “Estamos ante un caso de severa inconsistencia patrimonial, donde el jefe de Gabinete no puede explicar el origen de su patrimonio ni tampoco puede explicar cómo adquirió lo que tiene”.

Corrupción, legitimidad y la respuesta que espera el Congreso

La discusión en el estudio giró en torno a la cultura política argentina y el verticalismo que suele caracterizar a los liderazgos, como remarcó Gonzalo Aziz: “Siempre nos gustan los tipos fuertes. Los tipos que no claudican, los que se bancan la parada”. Massot, sin embargo, remarcó que el argumento de que “antes era peor” no puede justificar las irregularidades actuales: “No hay que normalizar. O sea, yo nunca estuve de acuerdo cuando él dijo que era un héroe el que no pagaba impuestos. Me pareció una aberración. Ahora, si vivimos así y hacemos eso carne y normalizamos que las principales autoridades del país se normalicen con el loco que sí se desloma y que solamente puede hacer un mango evadiendo impuestos, bueno, estamos en el mundo del revés”.

Sobre la posibilidad de una moción de censura en el Congreso, Massot confirmó que “es una posibilidad constitucional sobre el jefe de Gabinete”, aunque aclaró que “necesita mayorías agravadas”, lo que dificulta su aprobación si el oficialismo y sus aliados mantienen el apoyo.

El impacto social y político del caso Adorni

El caso Adorni generó un fuerte impacto negativo en la imagen del jefe de Gabinete, según lo reflejaron dos trabajos recientes sobre la percepción pública. Pese a la controversia, el presidente mantuvo su respaldo y delineó la agenda junto al funcionario en la Quinta de Olivos. Massot insistió en que “la dilación en comunicar no hace más que perjudicar al presidente”, y que la falta de explicaciones alimenta la desconfianza social.

En la mesa de Infobae al Regreso se debatió la necesidad de transparencia y de que los funcionarios puedan justificar su nivel de vida: “Todos los ciudadanos, pero sobre todo los servidores públicos, tienen que estar en perfectas condiciones de explicar y tener la predisposición de explicar cómo formaste tu patrimonio, cómo sostenés tu nivel de vida, de dónde proceden tus ingresos”, sostuvo Massot.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

A pesar de que lo había hecho trascender en privado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debió declinar en sus planes de hacer una conferencia de prensa este miércoles en Casa Rosada para pasar de página con los escándalos mediáticos-judiciales que se vienen desarrollando en las últimas semanas y lo involucran. La trama se ramificó con otros episodios que aún no tienen explicación oficial mientras avanzan nuevos pedidos de información e investigación por parte de la Justicia.

Es decir, la semana pasada se pensaba que podía haber una caída en la conversación pública sobre Adorni. No sucedió. Incluso con sucesos positivos para la administración libertaria como el fallo por YPF y el indicador de pobreza de 28,3% revelado por INDEC, el más bajo desde 2018. Aquello trajo, inevitablemente, preguntas sobre qué decisiones podían tomarse para mitigar el impacto.

El presidente Javier Milei convocó a Adorni a una reunión a solas a las 10 de la mañana en la Quinta de Olivos. El encuentro duró algo más de dos horas y, como indicó Infobae, cerca de los hermanos Milei no había otra lectura posible: iba a ser para dar una muestra de apoyo a uno de sus funcionarios más conocidos de la administración libertaria. Son solo ellos dos quienes tendrán la capacidad de decir cuál es su sobrevida en el cargo.

Adorni ya había tenido otro encuentro para recibir el apoyo de Milei el pasado 19 de marzo. En esa oportunidad, la reunión se comunicó con una foto publicada por el ministro coordinador y que ironizaba con su supuesta renuncia: “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”.

En esta ocasión no hubo foto. Porque no se consideró oportuno o porque no se quiso. En cambio, Presidencia tomó las riendas de la narrativa del encuentro y comunicó que el encuentro fue para “trazar la segunda etapa de la gestión” con vistas hacia el próximo año. Se habló de “optimizar la gestión” y de “iniciar una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos”.

Se trata de uno de los recursos que utiliza el jefe de Gabinete cada vez que busca mostrar dinamismo en la coordinación de la gestión. En rigor, eso ya había sido decidido a comienzos de la semana pasada.

Entre el 25 y 26 de marzo se fotografió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; así como los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería) y Luis Caputo (Economía). Esos encuentros se llegaron a extender hasta con la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, con quien compite en las aspiraciones por la Jefatura de Gobierno porteño.

Como parte del plan que busca mostrar gestión, Adorni volverá a reunirse por segunda vez en medio mes con Monteoliva y Lugones el 6 y el 7 de abril, respectivamente. También se mostrará con el ministro de Defensa, Carlos Presti, el 8 del mismo mes.

Así las cosas, el Gobierno dio una agenda con un horizonte de una semana en la sobrevida de Adorni. Una integrante del Ejecutivo indicó que será clave que las noticias por las causas judiciales del jefe de Gabinete aminoren con el fin de semana largo por Semana Santa. Creen varios de ellos que solo a partir de ahí es que el también vocero presidencial tiene margen como para prepararse para el 29 de abril, cuando deba comparecer en su Informe de Gestión ante la Cámara de Diputados, la cual le formuló un total de 4800 preguntas.

Quienes más sostienen a Adorni ya se imaginan, incluso, cómo va a ser esa jornada. “Que Javier [Milei] haya dicho que va a estar ahí no es menor. Creo que eso va a aplacar a algunos legisladores, pero va a hacer que otros quieran lucirse más. Los Grabois y los troskos de la vida”, analizaba un importante libertario que camina por el Palacio del Congreso.

El temor de varios integrantes del Gobierno es que no saben qué más pueda emerger de las investigaciones judiciales. “Hace un mes que es toda la estrategia que se eligió desde el Gobierno es muy desprolija”, se queja un estratega libertario. Otra voz escuchada en Casa Rosada afirma: “Estoy diciendo desde el minuto cero que tiene que presentarse a declarar voluntariamente. Es mejor estar adentro del expediente para conocerlo que mirarlo desde afuera mientras te desgastan”.

Mientras tanto, ninguno de los altos referentes del Gobierno está habilitado a salir a los medios. Tampoco quieren. “Las primeras diez preguntas que me van a hacer va a ser sobre este caso. Es imposible”, afirma un ministro en diálogo con Infobae.

En ese contexto, ¿cómo están los apoyos al jefe de Gabinete internamente? Las primeras y segundas líneas del Gobierno tratan de no desmarcarse al no pedir un desplazamiento o corrimiento. Otros colaboradores se sinceran más: “Creo que habría habido una respuesta más rápida de no ser por la magnitud de Adorni. No solo es jefe de Gabinete, es el vocero desde que Milei es Presidente”. “También influye en que internamente está todo estallado. Todo se pone en la dicotomía de la interna. No se toman decisiones por arriba de eso”, explica otra fuente en estricta reserva.

El caso atravesó de manera transversal a los diferentes sectores del Gobierno. Hay quienes reconocen que la perpetuidad del caso está haciendo daño a la imagen del Gobierno y que la cúpula decisoria del Ejecutivo tiene que dar decisiones contundentes. Otros creen que existe el margen para que baje la marea.

El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados va a querer sobreponerse en la agenda mediática al intentar sesionar la semana que viene para sancionar la Ley de Glaciares, una de las iniciativas más controvertidas que ha tenido el Gobierno en materia mediática. Se apuntaría a conseguir el dictamen de comisión y la sanción en la misma semana. “Tenemos que empezar nosotros a ser los que marquen la agenda”, afirman.

“¿Qué mensaje estaríamos dando puertas adentro si le soltamos la mano a la primera de cambio? No pasó con LIBRA y no estaría bueno hacerlo ahora", justifica un integrante del Gobierno que busca sostener a Adorni a como dé lugar.

Adorni ingresó minutos antes de las 10 a la Residencia Presidencial de Olivos y una vez iniciado el encuentro con el Presidente comenzaron a circular rumores de una eventual renuncia, algo que no había estado en discusión por parte de los hermanos Milei. “No hay que consumir desde donde la información siempre termina siendo incorrecta”, se quejaba una figura libertaria. Aquello también fue algo mirado en clave interna, aunque suelen apuntar a aquellos sectores que se ven beneficiados con la disminución de Adorni.

En particular, Karina Milei defiende al jefe de Gabinete por ser uno de sus principales laderos desde el comienzo del Gobierno, a la vez que oficia como su principal vocero ante la esfera pública. En el sector vinculado a Santiago Caputo marcan que con Adorni tienen una dinámica más o menos establecida y que aquellos les garantiza cierta previsibilidad a la hora de tratar con el entorno de la hermana presidencial. Mejor que bueno por conocer.

A diferencia de los dos primeros días de la semana, los pasillos de Casa Rosada mostraron algo más de movimiento que otros días aunque esto no sea precisamente un indicador de algo. El asesor presidencial Santiago Caputo permaneció con sus alfiles en los despachos del Salón Martín Fierro, ubicado sobre uno de los extremos del edificio. En el otro, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem también permaneció con los suyos, aunque se lo divisó al ministro del Interior, Diego Santilli, ingresando a su despacho para mantener un almuerzo.

Argentina conmemora un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas con el análisis de Jorge Argüello, exembajador y referente en política exterior, quien remarcó en una entrevista exclusiva por Infobae en vivo que el reclamo de soberanía sigue vigente y requiere una política de Estado sostenida y alianzas estratégicas.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Fede Mayol y Andrei Serbin Pont, Argüello recordó: “62 años después, el alegato Ruda sigue siendo una referencia central. Malvinas no es solo memoria, es Atlántico Sur, recursos, rutas marítimas y proyección hacia la Antártida. En un mundo que vuelve a mirar esta región con interés estratégico, la Argentina necesita una política de Estado sostenida, sin ceder a acuerdos circunstanciales que debiliten su posición histórica”.

El reclamo de Argentina y la estrategia internacional

Argüello explicó que la postura argentina mantiene una “línea de trabajo bastante clara, con muchas continuidades”. Subrayó la vigencia de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a la negociación entre Argentina y el Reino Unido. “No hemos logrado que las dos partes se sienten en la mesa de negociación. Hay una frase que se nos atribuye a los argentinos, que se usa mucho en el mundo, que dice: ‘It takes two to tango’. Aquí lo que no hemos conseguido todavía es el compañero para bailar ese tango”, sostuvo.

El exembajador diferenció dos enfoques históricos en la estrategia nacional: “Las gestiones de Menem, Macri y Milei están centradas en la búsqueda de un acuerdo bilateral directo. En cambio, los Kirchner y Fernández orientaron sus acciones a generar una masa crítica en el espacio multilateral, porque está claro que si dependemos de la voluntad de Gran Bretaña para sentarse a negociar, no se van a sentar nunca”.

Consultado sobre los acuerdos rubricados durante los gobiernos de Menem y Macri, Argüello consideró: “Yo no diría nocivos, diría intrascendentes al interés nacional. A la vuelta de un tiempo pudimos comprobar que no sirvieron para nada”.

El Atlántico Sur y el escenario geopolítico actual

Argüello advirtió que el escenario global cambió: “El orden que se concibió después de la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo. Hay un proceso de gestación de un nuevo orden que todavía no terminamos de conocer”. Sobre la política exterior argentina reciente, fue categórico: “Argentina sigue una política de alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel. Ese alineamiento nos va a terminar resultando perjudicial. La contraparte en la disputa de soberanía forma parte de la entente a la cual nosotros estamos subordinando nuestra política exterior”.

Recordó también el rol de Estados Unidos en la guerra de 1982: “Estados Unidos ya decidió de qué lado jugar y apoyó a las fuerzas británicas en la guerra de Malvinas. Hay algo que se llama la relación especial: Washington, Londres. La principal alianza en el mundo de Estados Unidos es Inglaterra. Más allá de las diferencias que hoy aparecen, va a mantener esa alianza estratégica especial y preferencial con Londres”.

En cuanto al valor actual de la región, Argüello remarcó: “El Atlántico Sur está teniendo una importancia que no conocíamos en la geopolítica planetaria. Esto tiene que ver con rutas marítimas, recursos y la inteligencia que se puede aplicar. Ya no es tan importante tener el territorio en sí mismo cuanto lo que uno puede ver y observar desde ese territorio”.

Alianzas regionales, autodeterminación y las perspectivas del reclamo

El exembajador señaló que la estrategia para el futuro debe incluir alianzas con países de intereses concretos: “Necesitamos socios, necesitamos juntarnos con países que tienen intereses, no afinidades ideológicas”.

Sobre la posición del actual gobierno, Argüello alertó sobre el riesgo de habilitar el principio de autodeterminación: “Si el gobierno emite una señal que dice: ‘Voy a trabajar para que los habitantes de las islas quieran ser argentinos’, los habitantes pueden querer ser argentinos o británicos. Para la comunidad internacional no es relevante lo que piensen. Hay que considerar los intereses de los isleños, dice la resolución de Naciones Unidas, pero no su voluntad”.

Argüello compartió su experiencia como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas: “Entramos en contacto con el Parlamento inglés e invitamos a una delegación de parlamentarios británicos a trabajar sobre el diferendo. Fue una experiencia muy buena. Ellos dijeron: ‘Hemos observado en este país algo que no vemos en el nuestro. En todos los barrios y plazas hay un cartel que dice: las Malvinas son argentinas’. Ese nivel de identificación no existe en su país. Pero el razonamiento de ellos es: hubo una guerra, ganamos la guerra, no hay más nada que hablar”.

En el cierre, Argüello advirtió sobre el riesgo de abandonar la estrategia persistente: “Tenemos 61 años de trabajar en una dirección coherente, sin resultados, es verdad. Pero antes de abortar ese camino, tengamos el otro, porque si no estamos dinamitando lo que hemos hecho con sesenta años. La coherencia de una misma posición y una misma prédica vale en política internacional”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.

El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general".

“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.

De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva".

“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.

El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, para evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

En concreto, el primer inciso del artículo, al detallar las actividades que deberán mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: “El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

En la última versión del proyecto se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y se incluyó que las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

En rigor, el artículo que reglamenta el derecho de huelga en los servicios esenciales ya estaba comprendido en el fallo que dictó el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que este lunes suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

El viernes pasado, como anticipó Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos.

El dato más reciente del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025, informó que la pobreza descendió al 28,2 %, el índice más bajo desde 2018. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires creció la preocupación y visibilidad sobre la cantidad de personas que viven en la calle, muchas de ellas provenientes de la provincia. El gobierno porteño sostiene que, de las 4.000 personas alojadas en paradores, 2.327 serían bonaerenses.

Según la nota oficial enviada por la Ciudad a la provincia, “cada una de estas personas que viene desde la provincia de Buenos Aires le representa a los porteños $1.163.075 por mes. El total asciende a más de $27.000 millones mensuales por este grupo”.

La respuesta de la provincia y el marco legal

El tema escaló cuando Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, respondió a Macri en redes sociales: “En la provincia duplicamos los centros de integración social que operan en el área metropolitana y en el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad”. También señaló que el principal reclamo debía dirigirse al Gobierno nacional y no a la provincia.

El gobierno porteño fundamenta su reclamo en el decreto nacional 373/2025, que indica que cada jurisdicción debe hacerse responsable de las personas en situación de calle. El ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, señaló en Infobae en Vivo: “Hay una ley nacional que indica que cada jurisdicción tiene que hacerse cargo”, y agregó que la provincia de Buenos Aires “debería disponer de un sistema de atención y, además, existe una ley provincial de 2008 todavía más taxativa”.

Mraida remarcó: “No solo tienen que dar alojamiento. Deben tener una línea de teléfono, un censo, y conocer quiénes son las personas. Ninguna de esas condiciones se cumplen en la provincia”.

El operativo de asistencia en la ciudad y la demanda a la provincia

En la Ciudad de Buenos Aires, según Mraida, hay un sistema activo basado en el teléfono 108, que atiende las 24 horas y despliega casi cien móviles para identificar y asistir personas en calle. Además, existen “71 centros donde las personas pueden dormir, bañarse, comer, y recibir asistencia psicológica”. Mraida resaltó: “La provincia no tiene nada de todo eso”.

El funcionario aportó un caso reciente: “Antes de ayer, una mamá de Rafael Castillo llegó a la ciudad con su hijo para instalarse en una esquina. Respondimos con atención médica inmediata y los llevamos a un parador para familias. Lo ideal para ese chico sería poder seguir con su escolaridad y su vida en la provincia, no recurrir a un refugio porteño”.

Sobre la capacidad de la provincia, el ministro porteño cuestionó la veracidad de la información difundida por la administración bonaerense: “Antes figuraban 13 centros en toda la provincia y hoy, tras la nota formal de la ciudad, aseguran tener 58. Sin embargo, no hay pruebas concretas de esa infraestructura ni respuesta efectiva para personas que lo requieren. Muchas veces, quienes llaman a líneas de la provincia son derivados a la Ciudad de Buenos Aires”.

La estadística de personas en situación de calle

Gabriel Mraida explicó que en la Ciudad de Buenos Aires se realizan dos censos anuales. El último, en noviembre, reflejó que había 1.500 personas en vía pública y casi 4.000 en paradores. Además, señaló que el subsidio habitacional cubre hoy a 12.000 personas dentro del distrito. El funcionario remarcó: “De los 4.000 en paradores, 2.300 son bonaerenses. En los dispositivos diurnos, el 70% de las personas asistidas proviene de la provincia”.

El crecimiento de la demanda es notorio. Mraida informó: “En el último año, la cantidad de personas en situación de calle aumentó un 25%. Casi todo ese aumento fue absorbido por el sistema social de la ciudad, sobre todo por el incremento de personas en paradores”. El fenómeno, añadió, también está vinculado al agravamiento de los problemas sociales y económicos desde 2017, especialmente desde la pandemia y con el impacto de la ley de salud mental, que impide intervenciones compulsivas.

Reclamos y límites del sistema de contención

Respecto a la articulación con la provincia, Mraida afirmó: “No tenemos diálogo directo y regular con Larroque. Hicimos un reclamo formal y respuestas informales a diario, pero no hay solución de fondo si no se prioriza políticamente el tema”.

El ministro subrayó dos propuestas concretas: “Si la provincia no tiene prioridad para ampliar la atención, puede al menos contribuir al financiamiento que hoy absorbe la ciudad. La otra opción es coordinar un trabajo conjunto para que las 2.723 personas identificadas como bonaerenses sean reinsertadas en su comunidad y que los niños puedan regresar a su escolaridad”.

Sobre la estadística general y el cruce con el contexto nacional, Mraida sostuvo: “Siempre que una estadística evidencia una mejora es una buena noticia. Pero la fragilidad social estructural no está reflejada completamente en los indicadores oficiales. El esfuerzo de la clase media y los adultos mayores no aparece. La situación general sigue siendo de mucha fragilidad”.

Finalmente, Mraida aclaró que la función del Ministerio de Desarrollo Humano porteño abarca no solo la asistencia a quienes llegan desde la provincia, sino también la atención individualizada de vecinos de la ciudad en casos de emergencia, como el reciente colapso en un edificio de Parque Patricios.

“Tenemos presencia constante y acompañamiento caso por caso a las familias afectadas, y la empresa constructora cubre la estadía en hoteles”, precisó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El próximo 11 de abril, en un nuevo gesto de acercamiento geopolítico con los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le dará la orden de zarpada a la Fragata Libertad que, en el marco de un nuevo viaje de instrucción, participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país, donde se encontrará con flotas de guerra de todas partes del mundo.

El evento central se desarrollará en Nueva York, por lo que el buque escuela tiene la misión de llegar hasta ese puerto antes del próximo 4 de julio, fecha en la que se realizan las celebraciones, aunque también recorrerá otras cuatro ciudades norteamericanas.

En ese lugar se hará el denominado “Sail 250″, una regata en la que varios navíos de diferentes nacionalidades mostrarán sus capacidades y estarán abiertas al público.

El histórico barco, que presta servicio desde 1963 de manera ininterrumpida, partirá esta vez al mando del Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, quien estará secundado por el Capitán de Fragata Juan Cruz Granja.

A bordo estarán más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados especiales de otras fuerzas, y también del sector civil, y los guardamarinas en comisión, que son los estudiantes de la Armada que estarán durante todo el viaje siendo evaluados y, si culminan con éxito las tareas asignadas, se graduarán.

Pero, además, Armada Argentina anunció un sorteo para acompañar la zarpada de la fragata ARA “Libertad”. La iniciativa busca acercar a la comunidad a las actividades de la Institución y brindar la posibilidad de participar de uno de los momentos más significativos del calendario naval: la partida del Buque Escuela hacia su nueva navegación de instrucción.

Quienes deseen participar deberán seguir la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina @ArmadaArgentinaOf, indicar “me gusta” en la publicación del sorteo https://www.instagram.com/p/DWloX6VlTPV/ y etiquetar a la persona con la que desearían compartir la experiencia. Ambos usuarios deberán cumplir con la condición de seguir la cuenta institucional.

Aunque los alumnos son el centro de los entrenamientos, dentro del barco todo el personal trabaja constantemente y en diversas tareas: el cocinero puede ser el mismo que luego vaya a izar las velas o a utilizar los cañones y cada uno debe lavar su propia ropa y hacer su cama diariamente.

Aunque tienen sus espacios separados y con mayores comodidades, los oficiales y suboficiales también van alternando tareas para garantizar la operación durante la navegación, si bien en estos casos es común que tengan especialidades.

En cuanto a los estudiantes, en esta oportunidad son un total de 45, provenientes de las promociones 155° del Escalafón Comando Naval (que se centran en la navegación), 90° de Infantería de Marina (focalizado en el manejo de las armas) y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia (abocados más a las cuestiones administrativas, de suministro y contabilidad)

El grupo fue dividido en dos facciones: mientras una recibe clases académicas (con materias como Introducción al Planeamiento Naval; Reglamentación y Doctrina Naval; Comunicaciones Navales; y Ética Pública y Transparencia Institucional), la otra transita por los distintos cargos de la unidad; luego se intercambiarán los roles.

La Fragata Libertad zarpa desde Buenos Aires el 11 de abril y tiene previsto un extenso itinerario internaciona, el cual tiene como primer destino la ciudad de Fortaleza, en Brasil, donde hará escala del 1 al 5 de mayo.

Luego, el buque escuela visitará varios puertos de Estados Unidos: New Orleans del 28 de mayo al 1 de junio, Norfolk del 19 al 24 de junio, Baltimore del 25 de junio al 1 de julio, New York -donde se harán los festejos independentistas- del 4 al 8 de julio y Boston del 11 al 16 de julio.

El recorrido continúa en Kingston, Jamaica, del 1 al 5 de agosto, seguido por San Juan, Puerto Rico, del 9 al 13 de agosto y Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 10 de septiembre. La travesía concluye con una parada en Rada La Plata los días 17 y 18 de septiembre y el regreso a Buenos Aires el 19 de septiembre.

En cada parada, las autoridades de la fragata ofrecerán un servicio de almuerzo o cena para los representantes diplomáticos locales, en los que se ofrecen productos nacionales como dulce de leche o vino.

Algunas historias de los guardamarinas que se embarcarán en este viaje

Thamara Kendia Polo accedió a la Escuela Naval Militar de la Argentina tras obtener una beca luego de haber sido el promedio más alto de su promoción en Haití y cumplir con los requisitos establecidos.

La adaptación al idioma español fue un paso clave en su integración, pero es un área que sigue perfeccionando constantemente: “Estoy aprendiendo con mis compañeros, que me ayudan bastante. Antes, durante mi formación en Haití, tuve formación también en la escuela, donde tenemos a este idioma como materia y allí había algunos mexicanos, pero con mis compañeros aprendí más”, explicó.

En cuanto a su experiencia en la Argentina, Polo destacó el impacto de la vida cotidiana y la cultura local y destacó haber “visitado muchas provincias como Salta, Misiones” durante su paso por este país, que remarcó que le “gustó mucho”.

“Lo que me brinda la escuela, más que nada es la camaradería, la paciencia que uno tiene que tener, el coraje. Yo soy infante de marina y es fundamental el coraje que uno tiene que tener frente a diversas situaciones o desafíos”, sostuvo. Además, resaltó la actitud de sus colegas: “Por más que las cosas vayan bien o vayan mal, siempre tienen una actitud alegre, eso sí”.

Por su parte, la guardamarina en comisión Milagros García, de 22 años y oriunda de Puerto Madryn, Chubut, se prepara para embarcarse con entusiasmo y sentido de responsabilidad, luego de haber superado los primeros cuatro años en la Escuela Naval Militar.

“Estamos esperando y organizando todo para ya zarpar el 11 de abril. Es una experiencia única. Es el tiempo más largo que voy a estar tan lejos de mi familia. Lo más lejos que nos vamos a ir es a Estados Unidos y el viaje dura aproximadamente cinco o seis meses. Así que sí, es la primera vez que nos vamos tanto tiempo”, compartió.

El grupo de aspirantes, integrado por 45 personas, ha desarrollado un fuerte vínculo tras convivir durante toda la carrera. “Vivimos juntos, comemos, dormimos, así que nos conocemos un montón”, describió García.

La tripulación también cuenta con invitados de otras fuerzas y diferentes escalafones, lo que convierte esta travesía en una instancia de integración profesional. “Durante los cinco meses se va a ir haciendo ese trabajo en equipo, que es muy importante”, puntualizó.

La futura oficial naval tiene claros sus objetivos a bordo: “Nuestra misión es terminar de afianzar todos los conocimientos que tenemos en la escuela, la materia de navegación es la más importante. En el buque vamos a cubrir guardia en el puente, trabajar en la carta náutica como un oficial, ser comandante de guardia y pasar por los distintos departamentos”.

Respecto a sus aspiraciones personales, manifestó: “Una vez que me egrese, me gustaría hacer el curso de aviadora naval. Si por alguna razón eso no se da, mi sueño siempre fue navegar. Yo soy de Puerto Madryn, una ciudad costera, y siempre me gustó el mar. Es una de las razones por las que entré. Aparte acá un día no es igual al otro, se hacen actividades siempre distintas y esa fue una de las razones por las que entré”.

*Fotos: Maximiliano Luna

Pese a cumplirse más de un mes desde que es protagonista de la agenda política por diferentes episodios adversos para el Gobierno, en la Casa Rosada cierran filas y aseguran que la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no está en duda.

Este posicionamiento viene impartido, principalmente, por la cúpula del Poder Ejecutivo, que no está dispuesta a ceder en su apoyo al ministro coordinador, a pesar de los diferentes frentes judiciales que se abrieron en las últimas semanas.

Como parte de esa gestualidad, el presidente Javier Milei convocó a Adorni a una reunión a las 10 de la mañana en la Quinta de Olivos, la cual duró algo más de dos horas. En el entorno del jefe de Gabinete y vocero presidencial habían afirmado en la previa que el encuentro iba a ser mano a mano y que iban a “hacer un repaso de la agenda”.

Una vez finalizado el encuentro, Presidencia publicó un comunicado desmitificando el runrún que se había generado al respecto de que iba a haber una renuncia presentada por Adorni. Se informó que se reunieron para seguir la agenda legislativa y que “delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno”.

“Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027″, anoticiaron, informando tres encuentros: en el Ministerio de Seguridad, de Salud y de Defensa a realizarse el 6, 7 y 8 de abril, respectivamente.

Hace dos semanas, Milei y Adorni mantuvieron una reunión de similares características, que también tuvo como objetivo mostrar el respaldo presidencial a la figura del ministro coordinador. Quien se encargó de publicar la selfie entre ambos fue el mismo Adorni. “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, escribió en ese momento.

Desde entonces, la compleja situación mediática del jefe de la administración del Estado ha persistido, pero con la gravedad de que el escenario judicial se agudizó. Como última novedad, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Además, según fuentes judiciales con las que dialogó Infobae, podría trascender en las próximas horas detalles de otros supuestos viajes realizados por el funcionario nacional.

Por lo pronto, cerca de los hermanos Milei cierran filas y afirman que no cederán ante “presiones mediáticas y judiciales”. Ellos son los principales sostenes del ministro coordinador. De hecho, Javier Milei reposteó ayer un mensaje en X del filósofo Alejandro Rozitchner que culpaba a los medios de comunicación de los escándalos de las últimas semanas: “Creo que es evidente que la corrupción está en los medios y no en Adorni”.

De manera preventiva, el jefe de Gabinete decidió no hacer una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada durante este miércoles. La realización de ese acto había sido divulgada por parte del entorno del vocero presidencial hacia finales de la semana pasada, cuando los descubrimientos de las causas judiciales tenían un matiz menor. Como nunca se confirmó de manera oficial, en la Jefatura avisan que no hubo cancelación de la conferencia.

Integrantes del ala comunicacional del Gobierno consideraron que la ronda de preguntas hecha la semana pasada no tuvo un saldo positivo. En ese entonces, el funcionario se limitó a responder al respecto de la incorporación de su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial en Estados Unidos, así como de la forma en la que se pudo haber costeado el viaje con su familia y su amigo, Marcelo Grandio, a Punta del Este.

Sobre este último episodio, Adorni dijo que lo había pagado de su bolsillo, aunque no dio mayores explicaciones y dijo que toda la documentación la presentará oportunamente en la Justicia. En los dos días siguientes, el juez Ariel Lijo recibió dos declaraciones por parte de los responsables de la empresa de vuelos privados en las que se aseguró que el pago había sido hecho por Grandio.

Durante la conferencia, Adorni buscó terminar con las especulaciones sobre dónde vive: reconoció que se encuentra en un departamento en el barrio de Caballito y que ya no estaba más en el domicilio de Parque Chacabuco que declaró al momento de asumir en la función pública. Sin dar más detalles sobre otras propiedades a su nombre o al de su mujer Bettina Angeletti, quien escrituró una casa a finales de 2024 como titular del 100 % en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, abrió nuevos interrogantes sobre cómo compró ese departamento.

En días posteriores surgió la información de que el bien inmueble fue adquirido a USD 230.000 cuando una propiedad de esas características en el barrio de Caballito tiene la posibilidad de superar los USD 400.000. La forma de fondeo para la compra se hizo a través de un préstamo hipotecario no bancario, sin vender ninguna de sus propiedades, de USD 200.000 realizado por las anteriores dueñas que aparecen en la inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble. La familia Adorni colocó solo USD 30.000, algo más del 10 % del valor total de la transacción.

Hasta el momento no está prevista una aparición pública del jefe de Gabinete en los medios. En su agenda inmediata figura la asistencia al acto por la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a realizarse en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí volverá a estar el Presidente junto a su hermana.

Las sensaciones puertas adentro del Gobierno

La postura que se impuso en el entorno presidencial es la de no dar mayores detalles hasta la convocatoria de la Justicia. Fuentes de Comodoro Py consideran que tienen material suficiente para llamar a indagatoria al funcionario nacional, pero que esto no se producirá hasta que declare su escribana. Así las cosas, el escenario judicial-mediático prevé continuar varias semanas más, cumplimentando un mes de desgaste sobre la figura del ministro coordinador.

Quienes no pertenecen al círculo de Adorni pero integran el Gobierno opinan que las próximas dos semanas serán una frontera clave. “Semana Santa es clave para ver si el tema puede bajar. Pero notamos un encono importante de diferentes actores que, en conjunto, están conspirando contra la sostenibilidad de Manuel [Adorni]. Es la Justicia, son los periodistas, es la oposición y somos un poco nosotros mismos que tampoco nos hemos matado en apoyarlo”, afirman.

Hay quienes creen que ese período se extiende hasta el 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete deba ir a la Cámara de Diputados a responder las 4800 preguntas que le hicieron los legisladores sobre las gestión nacional pero, sobre todas las cosas, sobre su situación particular.

Un sector del Gobierno afirma que remover a Adorni sin ningún tipo de acusación de la Justicia resultaría un mal precedente. “¿Quiénes somos si no bancamos a los nuestros? Fijate el caso ANDIS. Si no se fue nadie en ese momento, ahora tampoco. Karina sostiene a los suyos", dice una persona que integra el entorno de la hermanísima.

El vocero presidencial también es visto como una persona que ya es conocido por todos los actores del Gobierno y que, en la actualidad, configura una suerte de equilibrio entre todas las huestes libertarias: si bien es del riñón de la secretaria general de la Presidencia, en el sector de Santiago Caputo consideran que pueden trabajar junto a él y que la llegada de otro integrante del karinismo podría desequilibrar la precaria estabilidad interna actual.

Quienes azuzan su partida son actores del oficialismo que tienen un particular interés por los puestos que dejaría vacante una eventual partida: tanto por su puesto de coordinador de ministros, así como por el camino llano que dejaría de cara a la disputa por la Jefatura de Gobierno porteño. Por lo pronto, no son más que escenarios que son lejanos para los Milei.

El éxito de las conferencias de Adorni hacia el comienzo de la gestión de Milei hizo que su proyección política creciera de manera exponencial en un momento corto de tiempo. Este fenómeno estuvo acompañado por la legitimidad social que el Gobierno tenía para realizar esos tipos de acciones comunicacionales, pero la frecuencia de las ruedas de prensa fue bajando en la medida que este recurso se fue agotando y el vocero fue ganando posiciones políticas. “Nuestro inconveniente es que no sabemos cuando vamos a poder retomar las conferencias. Nos la jugamos al poner como fusible al relator de nuestras políticas. Por ahora, ni los ministros pueden hablar en los medios“, afirma un integrante de la mesa política.

“Después de muchos años de esfuerzo, nuestro puerto ha demostrado su capacidad para consolidarse como un nodo logístico estratégico para Misiones y la región”, consignó. En ese sentido, detalló que la terminal fluvial maneja “volúmenes crecientes que ya superan las 36.000 toneladas transportadas”. Además, es un puntal para impulsar “exportaciones de productos misioneros como madera, té y yerba mate”.

“Con una operatoria en manos privadas, el Puerto de Posadas seguirá siendo de todos los misioneros y al mismo tiempo podrá multiplicar por diez su capacidad”, auguró. Asimismo, dijo que la central portuaria ampliará su escala y fortalecerá “nuestra presencia en los mercados nacionales e internacionales”.

El pase a manos privadas permitirá “reducir costos logísticos y de producción”, argumentó el mandatario. Passalacqua adelantó que la medida beneficiará “directamente a quienes invierten, producen y generan empleo”. En esta línea anotó a ”pequeñas, medianas y grandes empresas”. “En definitiva: a toda la provincia de Misiones”, redondeó.

Tras una convocatoria a participar lanzada en redes a los actores interesados, el Gobernador anticipó que el llamado a licitación se publicará los días 9, 10 y 11 de abril. A partir de entonces estarán disponibles los pliegos correspondientes.

Qué se busca

Misiones enfrenta un escenario de estrechez económica y financiera. Concesionar el puerto de Posadas le permitirá redirigir recursos y generar ingresos a través del canon. El proceso no fue dejado al azar. Ya hay contactos con probables inversores.

Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que la embajada de una nación europea mostró interés en el puerto. Asimismo, un grupo de empresas chilenas adelantaron que comprarán el pliego para evaluar las condiciones. En la misma sintonía, altos funcionarios del Ejecutivo provincial tomaron contacto con empresarios argentinos ligados al negocio del transporte y la logística. Aquí también hay intención de participar en la puja.

La medida se enmarca en una serie de decisiones que fue tomando el Gobierno provincial para enfrentar la crisis. A fin de año desdobló el pago de aguinaldos. Además, congeló las contrataciones de personal temporario. También canceló la compra de vehículos. En paralelo, lanzó una moratoria para recuperar parte de los saldos impagos del impuesto automotor.

Lo que sigue, comentan en los pasillos del poder en Posadas, es la venta de MisioPharma. La empresa fue creada en 2020, es una sociedad del Estado y, su fin, es la producción de cannabis medicinal. El esquema completaba todo el circuito, desde el cultivo hasta la elaboración de aceite.

En paralelo, el Estado misionero retrocederá posiciones de incentivo a empresas privadas que se han formado en el último tiempo y que tienen al subsidio público como su principal ventaja comparativa.

Cuáles son las consecuencias

Detrás de toda medida administrativa hay una decisión política. Con esta batería de acciones, Passalacqua quiere mostrar que recuperó el control.

El mandatario misionero pasó un 2025 complicado por motivos de salud. Buena parte del año estuvo fuera a raíz de los cuidados médicos que requería. Esta situación derivó en que la dinámica de su gestión sea la interrupción.

El Frente Renovador, el oficialismo misionero, tiene una mecánica particular. El Gobernador se encarga de administrar. La política y la estrategia están en manos del hombre fuerte del espacio: Carlos Rovira. El esquema tiene 20 años de vigencia.

Passalacqua se siente ahora en plenitud física. Y para demostrarlo avanzó en cambios que dejaron en claro cuál es su rango de acción. La decisión de concesionar el puerto de Posadas, por caso, es un recorte a la influencia de su vice, Lucas Romero. La terminal está bajo su égida y manejada por gente de su confianza.

Otro caso fue el desplazamiento del subsecretario de Seguridad, Milton Astroza. El exfuncionario era uno de los protegidos de Ramiro Rovira, el hijo del mandamás de la Renovación. En su lugar ingresó Víctor Maj, un excomisario de la Policía misionera.

Referentes de distintos sectores del peronismo se reunirán este miércoles por la noche en Tierra del Fuego para conmemorar la vigilia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El gobernador fueguino Gustavo Melella encabezará el evento e invitó a sus pares de La Rioja, Ricardo Quintela y Buenos Aires, Axel Kicillof; quienes arribarán en horas de la tarde al territorio patagónico.

Se espera que la vigilia también sirva para componer una foto que sustente el armado opositor nacional de cara al 2027. Un espacio que por el momento comparte conversaciones cruzadas, diagnósticos diversos y agrupa nombres ya conocidos: Miguel Pichetto, Sergio Massa, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Guillermo Moreno.

Los sectores del Partido Justicialista buscaban señales de cohesión en torno al acto del 2 de abril en Río Grande. La vicepresidenta Victoria Villarruel no participará de la vigilia, aunque sí del acto oficial el jueves 2 de abril en Usuahia, como ocurrió en otras oportunidades. La decisión de no estar en la vigilia descomprimió al interior del peronismo, ya que la figura de la vicepresidenta —hoy fuera del esquema de Milei— es considerada por algunos referentes peronistas.

En tanto que la presencia de Axel Kicillof es leída como el punto de partida de su propia construcción federal, con recorridas por fuera de la provincia de Buenos Aires. Si bien en su entorno admiten que eso sucederá luego del Mundial 2026, que empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio, este miércoles por la noche el mandatario bonaerense estará en el centro de la escena. De hecho, ya encabezó un primer acto por fuera del territorio que gobierna: lanzó su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado MDF Ciudad, cuyo armado es del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Como adelantó Infobae, días atrás, cuando Kicillof confirmó su presencia en Tierra del Fuego, también criticó la gestión de Javier Milei. “El Gobierno le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional. Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo”. El bonaerense irá escoltado funcionarios cercanos como el ministro de Seguridad, Javier Alonso o el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

En la vigilia de Río Grande, antesala del acto oficial previsto en Ushuaia, la lista de invitados incluye a la diputada Victoria Tolosa Paz, promotora de un armado peronista federal, las legisladoras cercanas a Massa Cecilia Moreau y Sabrina Selva, el sindicalista Hugo Moyano (hijo) alineado con Kicillof y Hugo Yasky; también del MDF. Además habrá presencia cristinista con la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora y Natalia Zaracho, vinculada a Juan Grabois.

La amplitud en la convocatoria refuerza la imagen de recomposición entre espacios que, en los últimos meses, buscaron superar tensiones pasadas, como lo evidenció el acercamiento del gobernador Ricardo Quintela a Cristina Kirchner tras diferencias en la conducción del PJ.

La foto de hoy podría empezar a ordenar el espacio que vive atravesado por la interna entre el kirchnerismo y Kicillof, que tiene intenciones de ser candidato en 2027. Cómo ordenar el escenario es parte de esa discusión. Sectores del peronismo consideran que Cristina Kirchner podría impulsar una candidatura alternativa a la de Kicillof, como la del exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien ha elevado su perfil nacional en las últimas semanas. La vigilia empieza a las 20 horas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigió hoy al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a $27.000 millones de pesos por la atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense que reciben asistencia en CABA.

La normativa nacional y provincial establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus residentes, pero desde el gobierno porteño sostienen que la Provincia no cumple con esa obligación. En este sentido, el reclamo se apoya en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, y en la Ley 13.956 bonaerense, que creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle. De acuerdo con datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires en sus Centros de Inclusión Social.

Macri utilizó sus redes para pronunciarse con un mensaje directo a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, manifestó.

El Gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, cifra calculada sobre insumos, recursos humanos y servicios provistos. Esto representa un gasto total de $27.066.151.450 de pesos desde la entrada en vigencia del decreto nacional en febrero de 2025. Este monto, según argumentan desde la sede de gobierno de la calle Uspallata, genera desbalance financiero para la Ciudad, ya que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de otros servicios locales.

En una nota enviada al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, solicitaron de manera formal “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”.

El pedido, se informó, recalca la vigencia tanto del Decreto 373/2025 como de la Ley 13.956, y reclama que la Provincia cumpla con su responsabilidad legal respecto a sus ciudadanos asistidos en la Ciudad.

“El cumplimiento de la ley y la adecuada distribución de responsabilidades entre jurisdicciones resultan fundamentales para garantizar una respuesta sostenible y equitativa frente a la problemática”, detallaron desde el gobierno porteño.

Según información oficial, CABA cuenta con 61 Centros de Inclusión Social en los que se asiste a 4.626 personas durante las 24 horas. Estos espacios ofrecen alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico, capacitación educativa y laboral, así como intermediación para la inserción laboral. Existen, además, centros destinados especialmente a familias, mujeres víctimas de violencia, personas con problemas de salud mental, personas en tratamiento por adicciones y hombres que conviven con mascotas.

“La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de calle. Kicillof no lo está cumpliendo”, sostuvo Mraida en sus redes. Y completó: “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”.

La respuesta del gabinete de Kicillof

Desde la provincia de Buenos Aires hubo una rápida respuesta al reclamo de Jorge Macri. “El nivel de cinismo es total. Por si no está al tanto, la Ciudad de Buenos Aires no es una isla, sino que forma parte del AMBA, una región donde viven 17 millones de personas que trabajan, producen, consumen y aportan una parte importante de la riqueza del país. La mayoría de esos 17 millones de argentinos está padeciendo el desastre que generan las políticas económicas de Milei y el abandono del Gobierno nacional”, planteó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

En esta línea, el funcionario provincial agregó: “Hay más de 3 millones de personas que habitan y proyectan su futuro en la Ciudad de Buenos Aires, quienes además tienen que soportar la deserción de Jorge Macri y del Gobierno de la Ciudad. En CABA no hay una sola política seria para apoyar la producción, el acceso a la vivienda, el desarrollo de emprendedores, el transporte, el sistema de salud, la educación o la cultura, lo que profundiza aún más el deterioro generalizado de las condiciones de vida de sus habitantes”.

Y completó: “En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir”.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Otermín relató que “cuando recorrés los barrios populares de Lomas de Zamora, ves que la realidad es otra: antes había progreso, construcción, asado en las casas; hoy la situación es mucho más difícil”. El intendente explicó que, si bien las estadísticas oficiales muestran una baja al 28% en la pobreza, “esos datos son muy fríos, son una foto de un momento que ya quedó atrás”.

“Lo que vemos en la provincia de Buenos Aires es un deterioro constante”, aseguró Otermín. Para el jefe comunal, “las cosas no están bien, ni en términos generales ni en lo cotidiano”. Relató que, pese a los anuncios de baja en la pobreza, “en los barrios populares ya no se ve el humo del asado, ni la construcción o los programas que antes estaban presentes”.

Al ser consultado sobre los índices oficiales, Otermín enfatizó: “No hay que enamorarse del dato duro, porque si no uno también se aleja de la realidad”. Para el intendente, “el dato que muestran hoy es una foto de diciembre; la situación se fue deteriorando y el ajuste después de las elecciones fue muy fuerte, con consecuencias directas en el consumo y la vida de las familias”.

Recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “había progreso, se veía obra pública y programas sociales en los barrios”, mientras que en la actualidad “sobrevivir se volvió muy caro en Argentina”. Otermín remarcó: “Lo que no puede ser tan caro en Argentina es sobrevivir”.

Otermín reconoció que la derrota electoral del peronismo y el triunfo de La Libertad Avanza “fue consecuencia del fracaso del sistema político”. Según su análisis, “la gente eligió la novedad porque ni el candidato del peronismo ni los del establishment lograron representar la demanda social”. Admitió: “No pudimos cumplir nuestro contrato electoral, no generamos las condiciones para que nuestra gente viva bien”.

El intendente profundizó sobre la falta de propuestas alternativas de la oposición: “Creo que las ideas del peronismo están claras: defender la producción y la soberanía nacional, pero también tenemos que hacer una autocrítica colectiva de cómo viene el país y hacia dónde va”. Consideró que “no es momento de hablar de candidaturas para 2027, pero sí de reconstruir una expectativa y una esperanza”.

“El gobierno nacional sostiene que Milei va a reelegir, pero no veo que haya certezas de cara al 2027; la legitimidad política se construye día a día y la sociedad no da cheques en blanco”, analizó.

Al referirse a la situación interna del peronismo, Otermín admitió: “Las tensiones existen, son legítimas y más aún después de lo que pasó con el gobierno anterior y el impacto del ajuste de Milei”. Describió la situación de Cristina Kirchner como “triste”, señalando que “la metieron presa para que no sea candidata” y que “la proscripción judicial sería un escándalo en cualquier otro país”.

Sobre la conducción partidaria, sostuvo: “Institucionalmente, Cristina sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista y mucha gente se siente identificada con ella, aunque el tiempo de su gobierno parece lejano para las nuevas generaciones”. Otermín apuntó que “el peronismo está unido por una contraseña universal, el compañerismo, aunque haya diferencias de matiz”.

En cuanto a propuestas para el futuro, resaltó: “El peronismo tiene que repensar la idea de comunidad, potenciar la inversión privada y recuperar la capacidad de conversar con todos los sectores”. Consideró que “la centralidad no puede estar solo en el Estado” y que “hay que amigarse con la industria y el campo”.

Finalmente, sobre su propio futuro político, Otermín negó buscar una candidatura a gobernador bonaerense: “Hoy tengo una responsabilidad institucional y me interesa aportar para hacer las cosas bien. La clave está en escuchar a los vecinos y aplicar nuevas tecnologías para mejorar la gestión”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Al Gobierno se le está acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno estaba obligado a decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura final que se decidió es la de presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema con la perspectiva (no muy optimista) de que puedan considerarlo y tratar el caso en particular.

Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están terminando de redactar la presentación ante el Máximo Tribunal. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.

En rigor, la Casa Rosada ya informó que, a pesar de la judicialización que hará en los próximos días, comenzará a aplicar las partidas correspondientes que están establecidas por Ley. Debe haber una recomposición de las transferencias de 2024 y 2025, así como de las becas universitarias.

En la Casa Rosada cayó particularmente mal que tanto Fernández y Morán ponderaran el argumento que habían utilizado los jueces de primera instancia acerca de que un gasto de 0,23% del PBI no es un impacto significativo. “Ahora se ve que la Justicia se dedica a decir cuánto es mucho y cuánto es poco”, se quejaba esta mañana una fuente que participa de las reuniones de Gabinete.

Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.

Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.

Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023″, informan.

Por el otro lado, el Gobierno alega a que los fondos disponibles durante los últimos años eran suficientes y que eran las mismas casas de estudios las que debían optimizar sus gastos. En el oficialismo habían anunciado propuestas de auditorías sobre las Universidades Nacionales a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero hasta diciembre del año pasado, la cúpula del organismo permanecía prácticamente acéfala. Es que, de los siete auditores generales que deben conformar el cuerpo principal del organismo, solo hay uno con mandato vigente. Se trata de Juan Manuel Olmos, su presidente.

La decisión judicial ratificada por la Cámara impone la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que estipulan la actualización salarial de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción, en septiembre de 2025. También dispone que se repongan todos los programas de becas para estudiantes universitarios. El fallo descarta que la aplicación de la ley pueda afectar los fondos públicos de modo relevante. En palabras de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el impacto fiscal de la cautelar “es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público”, enfatizando que está en juego “un derecho central de la Constitución como la educación superior pública”.

La controversia judicial comenzó cuando el juez federal Enrique Cormick -a instancias de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas- ordenó que se aplique la ley y calificó de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” al Decreto 759/2025. Este decreto, firmado por el Ejecutivo, había suspendido la ejecución de la norma argumentando que primero debían determinarse fuentes de financiamiento específicas, lo que según el Estado correspondía al ámbito exclusivo del Congreso.

El Poder Ejecutivo calificó en reiteradas ocasiones de “arbitraria” la decisión judicial y sostuvo que no podía aplicar la ley sin definir previamente las partidas presupuestarias y sus fuentes de financiamiento, advirtiendo supuestos riesgos sobre el equilibrio fiscal. Para la Cámara, estos planteos resultan “poco serios”. El tribunal enfatizó que la previsión legal ya era imperativa y que las cautelares ordenadas no pueden considerarse sentencias definitivas encubiertas.

A 24 horas de una inédita protesta convocada por redes sociales, el Gobierno oficializó el pago de un bono de $40.000 por única vez a miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales. El refuerzo económico tendrá, además, sumas adicionales de hasta $300.000, según el cargo jerárquico de los agentes.

La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 216/2026, en la antesala del fin de semana largo por Semana Santa y la conmemoración de los veteranos de las Islas Malvinas.

El pago apunta a mejorar los ingresos de los agentes frente al creciente malestar interno de las fuerzas de seguridad, y el deterioro del poder adquisitivo con la aceleración de la inflación durante el verano. Este jueves a las 11, se espera una manifestación frente al edificio Centinela, en la sede central de Gendarmería. La protesta se convocó por redes sociales y busca reclamar “un salario digno”, junto a otros pedidos por la situación de la obra social.

En ese marco, desde la Casa Rosada se implementó el decreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El monto base de $40.000 que se otorgará es fijo, no remunerativo y no bonificable, y la suma extraordinaria se abonará con los haberes correspondientes al mes de abril de 2026. Esto significa que no genera aportes para jubilación ni se integra al sueldo básico. La suma incluye también a los alumnos en formación de la Gendarmería y la Prefectura Naval.

Además, los montos oscilan entre $100.000 y $300.000 según la jerarquía, siendo los grados más altos -como Comisario General y Comisario Mayor de la PFA- exceptuados de este beneficio. Para el personal operativo y subalterno, los valores se incrementan, alcanzando los $300.000 para agentes, cabos y sargentos. La misma lógica se aplica para el resto de las fuerzas, con montos equivalentes según el grado funcional.

Detrás de la convocatoria para el “abrazo simbólico” de este jueves hay semanas de tensión acumulada al interior de las fuerzas. Según el flyer, que circuló en grupos de Whatsapp, se espera la participación de efectivos, familiares, amigos y personal retirado en pleno feriado del 2 de abril. El reclamo no se limita a la cuestión salarial. También aparece con fuerza el deterioro de la cobertura médica y la situación de las obras sociales vinculadas al personal.

La manifestación pondrá a prueba a la gestión de Alejandra Monteoliva, que enfrentará por primera vez una protesta de este tipo desde que desembarcó en el Ministerio de Seguridad nacional.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo justificó que el pago responde a la necesidad de mantener una adecuada jerarquización y de impactar directa y positivamente en la capacidad adquisitiva del personal. Según la norma, se busca reconocer la capacidad, responsabilidad y dedicación de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, frente a la inflación y la pérdida de poder de compra de los salarios.

La resolución cita la Ley de Presupuesto del Estado nacional y varias leyes específicas de las fuerzas federales como sustento legal de la disposición.

El artículo 4 del decreto precisa que el gasto no implicará una partida adicional, sino que se atenderá con recursos ya otorgados en el Presupuesto y que los fondos saldrán de los créditos asignados al propio Ministerio de Seguridad Nacional.

Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.

A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.

De una guerrilla a un Ejército Montonero

Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.

En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.

Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante [...] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.

Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.

En un mes, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entrará en vigencia de manera provisional. Se trata de un convenio que, según estimaciones de los países que integran ambos bloques regionales, creará un mercado abierto que representará a más de 700 millones de personas, el 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. En cuanto a la Argentina, se prevé que el bloque europeo elimine los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgue acceso preferencial para otro 7,5%.

En una entrevista con Infobae, la eurodiputada por Austria Evelyn Regner, titular de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur, destacó la importancia de consolidar la vinculación comercial y política entre ambos bloques, sobre todo, para limitar la influencia de China. “China está omnipresente, incluso sin ningún acuerdo comercial”, remarcó.

La legisladora, que se encuentra en el país junto a una delegación europea que representa a diversos partidos políticos, planteó esta mirada ante el canciller Pablo Quirno, y un grupo de diputados nacionales encabezados por Martín Menem. La agenda de los parlamentarios de la UE incluyó, además, una visita a Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz y recorrer la sede de dos empresas dedicadas a la extracción de litio, un sector que Europa mira con atención.

—¿Qué balance hace de las reuniones que mantuvo en Argentina?

—El tema principal fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y con autoridades del Congreso para evaluar cómo avanza la entrada en vigor provisoria del acuerdo y los pasos que siguen en Europa, donde aún resta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la posterior votación en el Parlamento Europeo. Este es un momento muy delicado. El ministro fue muy franco y respondió con precisión a todas las preguntas.

—¿Cuál es el impacto concreto de la puesta en vigencia provisoria del acuerdo a partir de mayo?

El impacto, por supuesto, se va a ver primero en el comercio. Las empresas tienen que empezar a comerciar, y esto va a mostrar que funciona al mundo, ¿sí? Tanto para Europa como para Argentina. Lo que no es parte de esta aplicación en mayo son las implicaciones políticas. Todo lo que es cooperación en seguridad y narcotráfico va a tener que esperar, pero tenemos una delegación que se está ocupando de analizar todo este tema para luego poder votar esa parte. Yo creo que lo que va a pasar es que esto va a mostrar, incluso a los que son detractores del acuerdo, como el sector agrícola, que no es tan grave, que sus preocupaciones no son fundadas. Esto pasó con Canadá, por ejemplo, donde hubo muchas protestas, pero después eso no se condijo con la realidad. La realidad mostró otra cosa cuando se aplicó el acuerdo con Canadá. Hay un aspecto que es el de los indicadores geográficos, y que estén protegidos es parte muy importante del acuerdo.

- Varios países se opusieron al acuerdo, Irlanda, Hungría, Austria o Francia, ¿las protestas podrían replicarse cuando comience a funcionar?

Una respuesta personal. Los agricultores protestan siempre. Pero esto es una historia europea, no tiene nada que ver con Argentina en este momento. Ahora mismo estamos antes de nuestras negociaciones sobre el presupuesto para el marco plurianual del próximo año y, sin duda, hay agricultores manifestándose en las calles. Así que se trata más bien de un problema interno de nuestra política agrícola dentro de la Unión Europea.

A nivel general, con respecto a las preguntas que se hicieron dentro de todo el espectro que nosotros representamos, los ecológicos, los de más centro derecha, etcétera, se habló con Quirno y los miembros de la Cámara de Diputados sobre, por ejemplo, la aplicación de los convenios de la OIT, el respeto por el Acuerdo de París y otros temas que son muy importantes para la UE. (El Canciller) fue muy firme al decir que van a aplicar el Acuerdo de París y mencionó que en el acuerdo con el Mercosur se van a aplicar los convenios de la OIT.

- ¿Hay algún plazo estipulado para la aprobación definitiva?

No hay un plazo estipulado, pero tenemos que seguir las leyes europeas y tenemos que esperar a que decida el Tribunal de Justicia, que no tiene tiempo estipulado. Sí podemos hacer ciertas comparaciones, por ejemplo, cuando se abordó el tema del acuerdo de Singapur, que llevó entre uno y dos años. Esos son más o menos los tiempos que se manejan, pero no lo podemos saber. Y esto lo lamento. Es lamentable que se demore el tema de la cooperación política, porque es muy importante cooperar en términos políticos de sostenibilidad, de lucha contra la pobreza, contra la pobreza infantil y otros temas de ese tipo.

- ¿Cómo imagina que el acuerdo modificará la inserción de la región en las cadenas globales de valor y la competencia con China?

Eso es algo importante. Nuestro enfoque en la Unión Europea es que necesitamos socios globales, tanto en el ámbito económico como en el político. Los países del Mercosur muchas veces han mirado hacia Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido una cierta visión con respecto a ellos. Sabemos que ha considerado a América Latina, en décadas anteriores, como su “patio trasero”.

Sobre China, es muy importante que contemos con esta estrecha cooperación entre dos grandes bloques, el Mercosur por un lado y la Unión Europea por otro, porque China está omnipresente, incluso sin ningún acuerdo comercial. Necesitamos pilares políticos sólidos porque ellos están ahí comprándolo todo, comprando terrenos y construyendo puentes, y haciendo caminos a través del país y construyendo infraestructuras. Es importante para Argentina, pero también lo es para nosotros en la Unión Europea. Lo necesitamos absolutamente. De lo contrario, todos dependemos mucho más de China. Y reducir la dependencia de China es importante. Lo mismo pasa con el Petróleo que viene del Golfo. Depender nunca es bueno.

- ¿Cómo analiza el conflicto en Medio Oriente en términos de seguridad regional, presión inflacionaria y energía, y qué rol puede ocupar Argentina en esta reconfiguración?

Solamente un miembro de la izquierda de nuestro grupo planteó esa pregunta. Por ahora no viene siendo parte de nuestras conversaciones. Pero por supuesto, no podemos negarlo, ¿no? Tenemos Irán, tenemos los bombardeos, tenemos lo que sucede en Palestina, Putin y Ucrania, pero queda claro que el mundo está en llamas, y qué mejor que tener pilares estables y democráticos, y qué mejor que tener un acuerdo con nuestros socios comerciales en un contexto geopolítico tan incierto. Por otra parte, nosotros somos un sistema basado en reglas, no como China; nosotros somos muy adeptos a las reglas y a los principios.

- ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la estrategia de inversiones de la Unión Europea y qué sectores prestan atención?

Bueno, hay muchísimos sectores. Tengamos en cuenta que en Alemania hasta los verdes están a favor del acuerdo. El sector agrícola, por supuesto; el sector de los bioquímicos. En términos de cooperación, estamos buscando cómo cooperar con respecto al litio y las baterías. Y sé que hay muchas empresas medianas y pequeñas también interesadas.

La sentencia fue recibida por las universidades como una decisión positiva. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, afirmó: “Acabamos de recibir el fallo. La Cámara confirma lo dispuesto en primera instancia respecto de la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Ordena la aplicación y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, tal como lo venimos reclamando”.

Y agregó: “Una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando”.

El fallo también provocó repercusiones en la Universidad de Buenos Aires. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, expresó en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Cuando escuchamos la noticia todos sentimos alivio, porque es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”. Yacobitti detalló que el Gobierno “hizo lo imposible por derogar la ley” luego de las elecciones de diciembre, pero solo logró trabar su aplicación por vías judiciales.

La respuesta del Gobierno nacional y el contexto presupuestario

Yacobitti explicó que el argumento central del Gobierno es la supuesta inexistencia de fondos para cumplir la ley. “El Gobierno se para en una mentira. Estuvimos años sin presupuesto y cada ley que salía decía que el jefe de gabinete debía readecuar partidas para eso”.

El vicerrector señaló que, pese a la retórica oficial a favor del déficit cero, desde la asunción de la nueva gestión se redujeron impuestos para sectores de altos ingresos, con el resultado de que podrían estar cubiertos no solo los fondos universitarios, sino otros programas como el de discapacidad.

Según el vicerrector, los salarios docentes universitarios siguen perdiendo poder adquisitivo. “Mostraban gráficos de salarios que perdieron el 50% de su valor. Solo el titular con dedicación exclusiva, la máxima categoría, está cien mil pesos por encima de la canasta básica”. Yacobitti precisó que este monto apenas permite superar la línea de pobreza, y que incluso así no refleja una canasta básica real.

“Muchos profesores bajan sus dedicaciones, dejan horas para buscar otras actividades, dar clases particulares o trabajar en plataformas. Son los responsables del sistema universitario”, enfatizó. Cuando se le consultó si hay docentes que recurren a aplicaciones para complementar el sueldo, Yacobitti aseguró: “No tenga ninguna duda que es así”.

El impacto en las condiciones laborales y en la oferta académica

Yacobitti se refirió a la situación de los colegios universitarios: “Cuando el gobierno de Milei comenzó, la hora docente se pagaba aproximadamente un 30% más que en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy eso es entre un 27% y un 32% menos”. Esto obliga a los docentes a dejar horas en la universidad o buscar otros trabajos ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

El vicerrector señaló que la cantidad de cátedras no bajó, pero sí se perdieron docentes de mucha experiencia. “En algunos colegios, se necesita más personal porque dedican menos horas. Vemos una realidad en la que, si el problema no se resuelve, la calidad educativa se va a perder en poco tiempo”.

Frente a la pregunta sobre la deserción de profesores por bajos salarios, Yacobitti reiteró: “No tenga ninguna duda”. Además, describió una situación crítica en la que “los docentes con dedicación exclusiva no pueden llegar a mitad de mes”. La universidad intenta compensar la reducción de horas, pero muchas veces no logra cubrir los cargos necesarios.

Medidas de fuerza y perspectivas para el ciclo lectivo

Consultado sobre la continuidad de las medidas de fuerza, el vicerrector confirmó: “Seguramente las medidas de fuerza continúen. Desde la conducción de la universidad hacemos todo el esfuerzo para que no compliquen el funcionamiento de las clases. Al 100% no se va a poder, pero garantizamos que los chicos más chicos tengan clase todos los días y cumplan el calendario anual”.

Yacobitti criticó la política salarial del Gobierno nacional. Indicó que, con los actuales salarios, el sistema universitario público enfrenta graves dificultades para sostener su calidad y funcionamiento: “Lo que el Gobierno está haciendo, a través de la aniquilación de los salarios, es intentar terminar con el sistema público de universidades. No se trata de ajuste ni de algo que mejorar. Hay que discutir planes de estudio nuevos, carreras, tecnología, pero también sentar al Gobierno a negociar sobre el futuro desarrollo de la Argentina”.

Para finalizar, remarcó una preocupación generalizada: “Hoy la educación está ausente en el debate público”. El fallo judicial representa un paso importante, pero la situación de los docentes y la continuidad de las clases depende de la voluntad política de cumplir la ley y garantizar los fondos correspondientes.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Solo habían pasado ocho días desde que Javier Milei había asumido como diputado nacional, cuando subió una publicación a su cuenta de Instagram.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió Milei el 18 de diciembre de 2021. Allí se lo ve, tanto en una foto como en un video, con Juan Manuel Malaspina, el fundador y CEO de CoinX World.

Por entonces, Milei ya se perfilaba como el principal influencer y capacitador de N&W Professional Traders, la empresa fundada por Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, por lo que recibía pagos mensuales, en concepto de “sueldo”, que se depositaban en la cuenta de su hermana. Porque como suele repetir el ahora presidente, “nada es gratis”.

Pero CoinX World no era otra cosa más que un esquema Ponzi que prometía alta rentabilidad y como tal, al poco tiempo llovieron las denuncias por incumplimiento en los pagos de las utilidades, que eran altas, como en todos los de este tipo. La cuenta en Instagram de la empresa desapareció y un informe elaborado tres meses después por la Inspección General de Justicia, reveló que CoinX operaba con una trama de varias sociedades: Digital Pelicanoy SA, Fin American World SA, SF Centro Integral de Estética SA y LH Construcciones del Sur SA, entre otras que fueron puestas bajo la lupa. Razones no faltaban: hubo reclamos concretos por parte de quienes invirtieron su patrimonio en la plataforma y se sintieron engañadas.

Más tarde, el 28 de junio de 2022, Milei concurrió a una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, donde al ser consultado por el tema por el colega Jairo Straccia, se desligó del caso diciendo que los responsables no quisieron hacer cambios en el negocio, al tiempo que negó que los inversores hayan sido estafados y admitió que se le paga por sus opiniones.

Los misteriosos documentos en el celular de Novelli

Pero el celular de Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en el escándalo de $LIBRA, es una caja de Pandora.

Entre los 104.624 archivos que contiene el peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, hay tres referidos a “Digital Pelicanoy SA” y una curiosa referencia: en dos de ellos, aparece la empresa registrada en Centroamérica, concretamente, en El Salvador.

La compañía fue creada en Argentina el 19 de agosto de 2021, según consta en el Boletín Oficial, dedicada a servicios de informática. Su capital social se determinó en $300.000. Sus socios: Maximiliano Cena Castro y Luis Gastón Arteaga.

El primer documento hallado entre los archivos de Novelli fue justamente la inscripción de la misma ante la AFIP

El segundo documento es una declaración para el pago de impuestos con fecha del 12 de enero de 2022 y da cuenta que la sociedad estaba registrada en El Salvador desde 2021.

Y el tercero, una actualización de dirección para recibir notificaciones, tiene la misma fecha que el anterior.

La elección de esta jurisdicción no fue caprichosa. El Salvador fue el primer país en otorgar a una criptomoneda (el Bitcoin) el estatus de moneda de curso legal en 2021, impulsado por el presidente Nayib Bukele. Cuatro años más tarde, en 2025, en el marco de un acuerdo con el FMI, se derogó la obligatoriedad de los comercios para aceptar Bitcoin, haciéndolo voluntario.

La investigación del caso y el nexo con El Salvador

Una resolución de la Inspección General de Justicia del 22 de mayo de 2023, revela que Digital Pelicanoy SA no cumplió con la presentación de los balances correspondientes a 2021 y 2022, reportándose que adeudaba el pago de tasas. Cuando dos meses antes la IGJ efectuó una visita de inspección a su domicilio fiscal registrado en CABA (Rivadavia 4975), resultó que en dicho lugar existía una galería, sin evidencia alguna de que exista una sociedad funcionando en ese lugar. Tampoco hallaron rastros de la sede comercial de CoinX World.

La citada resolución contiene también una explicación del por qué hay documentos que revelan una sociedad espejo en El Salvador. El presidente de la misma, Maximiliano Cena Castro, se presentó ante la IGJ a brindar aclaraciones y dijo que “la sociedad se creó frente a la posibilidad de obtener una franquicia de una sociedad homónima constituida en El Salvador, para brindar cursos y programas de Trading, negocio que finalmente no se concluyó, motivo por el cual la sociedad no ha tenido movimientos desde su creación”.

La misma resolución indica que el 4 de Julio de 2022, se intimó a “Digital Pelicanoy S.A”, a fin de que informe si tiene vinculación jurídica, comercial o de alguna otra naturaleza con la plataforma web CoinX World, y si opera con criptomonedas, entre otros requerimientos, pero casi un año después no hubo respuesta. La plataforma Web ya no existe.

“En consecuencia resulta irrefutable que nos encontramos sin lugar a dudas ante una sociedad fantasma”, es la conclusión.

La investigación de CoinX quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12 que lidera Ariel Lijo. Como parte de estas actuaciones la Policía Federal allanó más de 20 domicilios en CABA y en la capital de Santa Fe, derivando con cuatro detenidos.

Al año siguiente, un fallo de la sala 2 de la Cámara Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del 16 de mayo de 2024, referida a la inhibición de bienes de varias personas involucradas, reveló que “las víctimas suscribieron contratos de mutuo con personas que se presentaban como responsables del negocio y entregaron (en efectivo o por vía bancaria) el capital comprometido. Meses después, comenzaron a tener problemas para cobrar los intereses prometidos; sus reclamos fueron contestados primero con evasivas. Posteriormente, la “empresa” desapareció, dejando de responder los mensajes y llamados”.

En vinculación a “CoinX” se investiga un entramado empresarial conformado por sociedades anónimas constituidas con una diferencia menor a un mes (entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021) y con actividades de diverso tenor, como las anteriormente citadas, a las que se sumaron otras como “Xinergias”, “DyD accesorios46” y “Gis Cambio”.

La investigación judicial buscó formular una trazabilidad de la ruta del dinero, así como establecer las condiciones en que se convenció a los inversores a embarcarse en el emprendimiento, entre otros objetivos.

De la lectura del documento surge que “conforme informaron entidades financieras, en tiempos concomitantes a las fechas que habrían involucrado a las estafas, las cuentas de las empresas involucradas comenzaron a recibir y extraer grandes sumas de dinero”.

“Digital Pelicanoy SA, ingresó en seis días un total de $197.044.981 en concepto de créditos y exactamente la misma cifra en concepto de débitos”, se lee en el escrito.

Los hallazgos no aportan luz sobre por qué Mauricio Novelli tenía en su celular los tres archivos de esta empresa. Pero es una información imposible de pasar por alto, ya que expone el mismo parámetro de comportamiento de los siguientes emprendimientos promocionados por Milei y N&W, Vulcano y $LIBRA, que también resultaron un fracaso.

Como parte del fortalecimiento del vínculo entre Argentina e Israel, el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, anunció la apertura de una ruta aérea directa que conectará a ambos países. Aunque no se dieron a conocer detalles del servicio, el diplomático precisó que el vuelo inaugural podría concretarse antes de fin de año.

La decisión fue informada oficialmente por Wahnish por medio de una publicación en su perfil en la red social X. “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. Argentina e Israel tendrán vuelo directo, y esperamos poder inaugurarlo muy pronto, este mismo año”, destacó.

“Es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel, y de una inversión que el gobierno israelí decidió realizar en respuesta a esa relación”, apuntó el embajador argentino al asegurar que será “un hito que abre una nueva era entre nuestros países”. Y agregó: “Es un hito que abre una nueva era entre nuestros países. Más comercio. Más inversiones. Más turismo. Más cultura. Más lazos entre nuestros pueblos. El liderazgo de Javier Milei genera beneficios. Y este es uno de ellos”.

El diplomático agradeció al “constante respaldo de nuestro Canciller” Pablo Quirno, al equipo de El Al Israel Airlines -la línea de bandera nacional- como así también a los directivos de la empresa: Levi HaLevi (CEO) y Shlomo Zafrani, (VP del área comercial).

De esta manera, la apertura de la ruta respondería a una iniciativa conjunta de los gobiernos de ambos países, que buscará reforzar los lazos económicos y diplomáticos. Además, consideraron que será la clave para facilitar el intercambio en áreas como turismo, comercio, inversiones y cultura.

El diplomático con sede en la capital israelí ya había sostenido en agosto del año pasado que esta nueva conexión aérea reducirá el tiempo de viaje a aproximadamente 15 o 16 horas. Y también ratificado que los vuelos estarán a cargo de la aerolínea citada. El convenio “es una demostración simbólica de la unión entre los dos pueblos”, enfatizó por entonces.

La aerolínea israelí El Al Israel Airlines es la principal candidata para operar el trayecto, aunque todavía resta la confirmación oficial y la definición de aspectos técnicos y comerciales. De acuerdo con Israel National News, la compañía evaluaría la viabilidad de la ruta, considerando las ayudas económicas y el contexto de alta demanda para conectar América del Sur y Medio Oriente.

Hasta el momento, una de las rutas más populares para viajar desde Buenos Aires hacia Tel Aviv consistía en abordar un vuelo con escala en Madrid (España), Roma (Italia) y Miami (Estados Unidos). Según el sitio de Aerolíneas Argentinas, estaba disponible la posibilidad de conectar cualquiera de esos tres destinos con la capital israelí, bajo la operación de El Al Israel Airlines.

A su vez, en diciembre del año pasado, el gobierno de Israel informó que analiza la implementación de un subsidio para líneas aéreas con el objetivo de establecer vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, lo que a su vez implica intensificar las conexiones entre Israel y Sudamérica.

El Ministerio de Finanzas israelí planea destinar 20 millones de shekels (USD 6.200.000 aproximadamente) para incentivar a las aerolíneas que establezcan vuelos directos entre el Aeropuerto Ben Gurión y Ezeiza en Buenos Aires, según informaron medios israelíes citados por la agencia AJN.

La propuesta contempla que, a lo largo del año próximo, se asignen el monto mencionado dentro del presupuesto excedente originalmente destinado a la industria de la aviación. Este fondo se utilizará para crear un mecanismo de incentivos dirigido a las aerolíneas que operen la ruta entre 2026 y 2028.

A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.

En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys".

Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.

La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

La investigación judicial de la paliza que una patota sindical le dio a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros en las instalaciones de la empresa de recolección de residuos Urbasur sigue avanzando: la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires identificó a 2 personas más como partícipes del violento episodio y ya llegan a 9 los imputados en la causa, que ya fueron indagados y próximamente se requerirá su elevación a juicio, acusados de los delitos de lesiones y amenazas.

La fiscal Celsa Ramírez dispuso también medidas restrictivas que consisten en la “abstención de contacto” de los 9 imputados con la víctima del ataque y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía.

La importancia de este caso no es menor: entre los imputados, que se encuentran representados por la Defensoría Oficial, se encuentra José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el 20 de enero pasado el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en Urbasur, en José A. Cortejarena 1822, en esta capital, con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video filmado tras la agresión, Ferreyra dijo: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

En diálogo con Infobae, el agredido contó que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto en noviembre pasado debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? Ferreyra admitió que tenían una mala relación: “No comparto su forma violenta de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

A otros 6 de los imputados, la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, afirmó a este medio el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hubo policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo".

En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur.

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados por las irregularidades detectadas.

Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, los Moyano se reconciliaron y la fiscal Celsa Ramírez avanza con la causa que podría derivar en penas de 1 a 6 años de prisión para “El Teta”, el dirigente de confianza del líder de Camioneros, y los otros 8 responsables de la paliza contra Ferreyra.

La medida será definida luego de las nuevas declaraciones indagatorias que comenzarán a tomarse a partir de abril. En una primera etapa, los sospechosos habían sido interrogados por 20 muertes, pero la magnitud de la tragedia sanitaria llevó a sumar 91 víctimas fatales más, además de 49 sobrevivientes con secuelas y nuevas pruebas incorporadas al expediente.

En todos los casos, Kreplak los consideró “prima facie” responsables de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Las imágenes exclusivas que reproduce este medio fueron grabadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso de las dos plantas de producción. Allí se observa a la comisión judicial en el ingreso y salida de los laboratorios responsables de elaborar el medicamente adulterado con bacterias resistentes a antibióticos.

Según consta en el expediente, el principal señalado es el empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo. Entre los otros 13 procesados figuran su madre, Nilda Furfaro, integrante del directorio, y su hermano, Diego García, también directivo de los laboratorios.

La nómina incluye además a directores técnicos y responsables del control de calidad, es decir, los encargados de supervisar los medicamentos producidos en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal ya dispuso un embargo récord de un billón de pesos sobre García Furfaro como garantía ante eventuales responsabilidades civiles y penales.

En su primera resolución, de 401 fojas, Kreplak analizó el rol de cada integrante de la cadena de producción y control del medicamento adulterado, que estaba contaminado con bacterias multirresistentes. Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, estos microorganismos provocaron la muerte de pacientes o aceleraron su fallecimiento tras la administración del potente anestésico.

Los embargos millonarios

El magistrado también dispuso los siguientes embargos:

• Diego Hernán García: $500.000.000.000
• Nilda Furfaro: $500.000.000.000
• Javier Martín Tchukrán: $500.000.000.000
• Damián Roberto García: $500.000.000.000
• Carolina Ansaldi: $100.000.000.000
• José Antonio Maiorano: $100.000.000.000
• Adriana Iúdica: $100.000.000.000
• Wilson Daniel Pons: $50.000.000.000
• María Victoria García: $50.000.000.000
• Edgardo Gerardo Antonio Sclafani: $50.000.000.000
• Eduardo Darchuk: $50.000.000.000
• Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar: $10.000.000.000
• Rocío del Cielo Garay: $10.000.000.000

Tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá definir si mantiene, aumenta o reduce estas cifras en los próximos procesamientos.

El mayor desastre sanitario reciente

La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario de la historia argentina reciente, y se la ubica en el mismo nivel de impacto que episodios como el Tragedia de Once y el incendio del boliche Tragedia de Cromañón.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas de fentanilo contaminadas.

El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios del Instituto Malbrán, que detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

Hasta el momento, el análisis de las historias clínicas realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó que, en al menos 111 casos, existió una infección asociada al fentanilo adulterado. Además, se comprobó que la exposición a estas bacterias incrementó significativamente el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres se prepara para liderar su primer viaje de intrucción de la Fragata Libertad, durante un que lo llevará por Brasil, Puerto Rico y Jamaica, con una escala clave en los Estados Unidos, donde participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país.

En diálogo con Infobae, el militar explicó cómo es la vida en el mar, especialmente para los 45 aspirantes a oficiales de la Armada que estarán realizando la prueba final a lo largo de toda la travesía.

El uniformado, que recibió a este medio en su oficina dentro del navío, remarca que “el que crea que lo que se hace en estas misiones es un viaje de egresados se equivoca”, porque el ritmo de trabajo “es bastante intenso”.

En la cámara del comandante, el capitán está rodeado de banderas argentinas, cuadros de sus antecesores y premios que recibió el barco durante estos casi 63 años de existencia, como el Boston Teapot, reconocimiento que se le da a aquella fragata de instrucción que recorra la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.

La Fragata Libertad es actualmente la campeona de esa competencia y acumula un total de 10 trofeos, récord que iguala solamente España, por lo que Cáceres está decidido a revalidar el título, no solo para que la Argentina quede sola en la cima, sino también para que sea la primera vez en la historia que lo consigue en dos años seguidos.

-¿Cuánto tiempo lleva como comandante de la Fragata Libertad?

-Hace cuatro meses que soy comandante de la Fragata Libertad. Desde el día 16 de diciembre del 2025.

-¿Este es su primer viaje de instrucción?

-Este sería mi tercer viaje de instrucción. Hice el viaje en el año 1998 como guardiamarina en comisión, en el año 2017 como jefe del departamento de cubierta y ahora en este año, 2026, como comandante.

-¿Cómo lo afronta?

-Es un desafío profesional de los más importantes en la carrera. Es un buque muy representativo de la Armada y de la Nación. Conlleva mucha responsabilidad. Somos doscientas ochenta personas de tripulación a bordo, con una misión muy importante, que es terminar de formar a nuestros guardiamarinas y cumplir la función de embajadora con la fragata. Hay muchos desafíos y nos preparamos para cumplirlos.

-¿Cuál es la importancia de esta misión?

-Son dos los objetivos principales de la fragata. El primero, terminar de formar a nuestros guardiamarinas en comisión, que hicieron cuatro años de escuela naval en Río Santiago y su quinto año lo completan a bordo de la Fragata Libertad. Los formamos en la aptitud militar y profesional para su futura vida como oficiales de marina. Y luego, representamos al país en cada puerto, mostrando nuestra cultura, geografía y productos. Por ejemplo, la carne que llevamos y consumimos durante el viaje es siempre argentina.

-¿Cómo es la vida en el mar durante tantos meses?

-El viaje tiene cinco meses y ocho días de duración, aproximadamente. Los guardiamarinas necesitan más de cien días de navegación, y el resto son días de puerto para escalas logísticas y de abastecimiento. Cada año egresan guardiamarinas y deben cumplir esos días de navegación.

Es bastante intenso. Los guardamarinas se dividen en dos grupos: uno estudia las últimas materias y el otro trabaja y realiza guardias de navegación, y luego se intercambian los roles. Los vamos distribuyendo en diferentes departamentos, como máquinas, cubierta, abastecimiento, y así se van formando en lo que harán como oficiales de marina.

-Se suele decir que esto no es un viaje de egresados. ¿Qué puede decir al respecto?

-No, no es un viaje de egresados. Acá se trabaja y se estudia. Si lo comparamos con una carrera universitaria, la tesis se rinde acá. El examen final se toma en esta cámara (la oficina del comandante), con el comandante, segundo comandante y los jefes de departamento. No todos aprueban. Lo normal es que uno o dos oficiales no aprueben el curso. Con lo cual, la parte esa de que sería como un viaje de egresados, yo te puedo asegurar que no, el que crea eso se equivoca.

-¿Cómo se maneja un grupo tan grande, no solo de estudiantes sino también de oficiales y suboficiales?

-El buque está perfectamente estructurado: comandante, segundo comandante, cinco jefes de departamento, jefes de cargo, suboficiales y cabos. Todo el personal está seleccionado bajo requisitos de la Armada, lo que facilita el trabajo. Todos están comprometidos con la misión de representar a la Armada y al país.

-¿Cómo es representar al país en el exterior? ¿Qué responsabilidad implica y cómo se prepara?

-Uno trata de hacer su trabajo y comportarse de la mejor manera, e inculcar lo mismo a los guardiamarinas y cabos recién egresados. Lo importante es la buena conducta en el exterior y ser buenas personas. Representamos al país mostrando nuestras particularidades. En este viaje participaremos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos junto a otros grandes veleros, cada uno con la misión de representar a su país y formar futuros oficiales.

-Este viaje se da en un momento en el que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son buenas. ¿Eso influye en la misión?

-Sí, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Visitaremos cinco puertos estadounidenses como parte de la regata Sail 250, que arranca en New Orleans y termina en Boston. Todos los buques participan y muestran su embarcación en cada puerto.

-Quiero volver a cómo es la vida diaria a bordo, ¿qué rutinas se siguen?

-El día comienza a las seis y media o siete de la mañana, con diana y aseo personal. Después del desayuno y la formación, se trabaja hasta las doce treinta. Luego el almuerzo y de nuevo trabajo hasta las diecisiete. Luego hay actividades deportivas, estudio y descanso. La cena es a las veinte, y a las veintidós, descanso. ¿Se pueden ver películas? Sí, es posible, en los camarotes, en algún tiempo libre, a la noche, pero la rutina es muy organizada.

-¿Cómo se maneja el uso de celulares y la comunicación a bordo?

-Ese es todo un tema. La comunicación no es tan abierta como a veces se quiere, pero es parte también de lo que se tiene que enseñar. Las comunicaciones deben ser sí o sí a través del comando. Los guardiamarinas pueden comunicarse con sus familias por WhatsApp, pero está organizado por grupos y horarios. Se limita el uso de redes sociales por cuestiones técnicas y educativas, para que el personal esté concentrado en el trabajo, ya que hay riesgos de accidentes y es importante mantener la atención. Las redes sociales tratamos de que no se usen, porque conllevan mucho gasto, serían 280 celulares conectados. Nosotros necesitamos que el personal esté abocado al trabajo y no al celular con Facebook, con Instagram y esas cuestiones. Cualquier accidente puede modificar la misión. El objetivo va a estar cumplido para mí cuando regresemos todos los que salimos y con los 10 dedos de la mano. Esa es la prioridad, la seguridad.

-¿Cómo asume la responsabilidad de formar a tantos futuros oficiales?

-El proceso de aprendizaje continúa incluso después de egresar de la fragata. El oficial pasa siete años como alumno, formándose y aprendiendo en la flota de mar. Solo después de ese tiempo se le exige como oficial pleno. El proceso de formación lleva su tiempo.

-¿Por qué se usa esta fragata para la prueba final y no un buque de guerra?

-Bueno, en primer lugar, porque es volver a las raíces, a lo más básico, porque a vela se navegó desde siempre, desde el inicio de la historia. Además, porque ya van a tener tiempo de instruirse en un “buque gris” y esto es, de todas formas, una fragata militar, tenemos artillería y también tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, como piratas o intentos de posesión. Todo el viaje está calculado, pero hay que estar listos.

*Fotos: Maximiliano Luna

“¿Hay más?”, le preguntaron a Manuel Adorni hace exactamente una semana en Casa Rosada. Su respuesta fue tajante: “No”. Mintió. El lunes por la tarde se conoció que dos jubiladas le vendieron un departamento tasado en 230 mil dólares en la mejor zona de Caballito. Cada una le prestó 100 mil para que se los comprara. Adorni ocultó esa información a sus jefes. En realidad, a “El Jefe”, Karina Milei, hoy su principal -y quizás único- sostén para estar en el cargo. Mientras la Justicia citaba a la escribana que escrituró la vivienda, organizaciones sociales hacían un escrache en la puerta del barrio cerrado de Exaltación de la Cruz donde Adorni se compró una casa de fin de semana. En Caballito, mientras tanto, docentes de la Universidad de Buenos Aires hicieron una clase pública. Demasiada exposición para un Gobierno que quiere detener una avalancha judicial y de información que aparece minuto a minuto. Este mediodía Adorni iba a dar una nueva conferencia de prensa. La idea era mostrar iniciativa para cerrar el escándalo. Los nuevos datos publicados hicieron que haya un cambio de planes. El próximo 29 de abril el jefe de gabinete debe ir a realizar el informe de gestión al Congreso. Ya se anotaron más de 4900 preguntas de los diputados. Apenas unos diputados. ¿Llega?

Por encima del escándalo Adorni, la causa Libra sigue siendo para los hermanos Milei el gran agújero que impacta en el corazón del poder. El domingo pasado, una extensa investigación de Mariel Fitz Patrick en Infobae consignó que una hora antes del posteo que publicó el Presidente promocionando una estafa, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre el broker Mauricio Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei. Después, y hasta la medianoche del mismo día, hay 13 llamadas más: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo. Los llamados no frenaron. Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei.

En uno de los tantos audios, el 2 de noviembre del 2024, tres meses antes del escándalo, Novelli habla de un pago mensual a “Kari”: ““Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo”.

Un funcionario de Casa Rosada dialogaba con este cronista cuando miró su celular y observó el dato de la baja en la pobreza. La comparación de la agenda fue inmediata: “Baja la pobreza pero se habla de Adorni”, reconoció. El dato del INDEC le dio un nuevo aire al Presidente. La pobreza cerró el año en 28,2%. La comparación es con el registro del segundo semestre de 2024, que había sido de 38,1%. Se trata del nivel más bajo desde el primer semestre de 2018 (27,3%, durante el gobierno de Mauricio Macri). El dato duro contrasta con testimonios de primera línea. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, contó en Infobae en Vivo que en su municipio hay 600 comedores. En total son 400 familias las que buscan un bolsón de comida por día. Además, reconoció el problema de presupuesto: “Tenemos un retraso de 8 meses en el pago a proveedores”. ¿Y la provincia de Buenos Aires auxilia a los distritos? Desde La Plata se transfiere el pago para alimentos en escuelas, por un lado, y a través de Desarrollo de la Comunidad (a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque y Santiago Fidanza). ¿Podría haber más? Según el gobierno de Axel Kicillof, es imposible por el recorte de fondos de Nación. Estiman una deuda de más de 12 billones de pesos. La provincia recurrió a la Corte Suprema, ya hubo una audiencia en marzo y el tribunal fijó otra para el 21 de abril, focalizada en la deuda de la ANSeS con el sistema jubilatorio provincial.

Dentro de los sectores que están perdiendo con el nuevo modelo macroeconómico la preocupación de la actividad se trasladó al temor -creciente- por el estiramiento en la cadena de pagos. Sin estar rota, lo cual sería aún más preocupante, el pago diferido de cheques y el pedido de prórroga para abonar a proveedores comenzó a ser tema de conversación. Una financiera que tiene como clientes a este tipo de PYMES lo explicó a Infobae: “Aparecen cada vez más empresarios con cheques a 30 o 60 días que no los pueden aguantar. Algún proveedor no paga, otro lo estira y la empresa tiene que salir a ‘reventar’ el cheque en alguna cueva”. ¿Qué tasa de interés se paga por estos días? Uno de ellos le contó a este medio que abonó 0,37% por día, lo que le dió una tasa del 11,1% al mes. “Es cierto que es lo que se cobra. Pero el riesgo de que el cheque esté sin fondos lo corremos nosotros”, aclaró un tomador de cheques. “Reventas el cheque y con esa tasa que te cobran el margen se va a cualquier lado. No es sostenible mucho tiempo, a menos que repunte la actividad”, agregó otro.

Más allá de la excelente noticia que fue el fallo de Estados Unidos por YPF, vale ir al detalle de la “célebre página 50”. Allí la justicia de Estados Unidos aclara que la Argentina violó el estatuto de YPF aunque la ley local esté por encima. Dice el texto: “En definitiva, ninguna de las partes involucradas en estos dos casos discute que la República violó los Estatutos de YPF. La República lo hizo tras limitar su margen de maniobra con un requisito de oferta pública de adquisición y promocionar repetidamente estas protecciones en su folleto de salida a bolsa y en los documentos presentados ante la SEC en la década de 1990. Petersen II, 895 F.3d en 200. Su razón para hacerlo era, claramente, asegurar a los inversores privados —muchos de ellos radicados en Estados Unidos— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas del país si las circunstancias económicas y políticas cambiaban, como ocurrió a principios de la década de 2010. Es muy probable que la República no hubiera podido recaudar 1.100 millones de dólares con los ADR de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York sin estas protecciones para los inversores. Y su negativa a respetar esas protecciones dos décadas después de haberlas establecido genera dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país en general”.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, resumió ante este medio: “Eso será analizado por años y terminará perjudicando a Argentina en el largo plazo. No inmediatamente, pero es muy importante la conclusión de los jueces”.

Este martes por la noche, el Gobierno oficializó la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Se trata de una medida que tendrá impacto directo en el plano judicial, diplomático y de seguridad.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

“El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, destacaron las autoridades a través de un comunicado.

Acto seguido, ratificaron que la decisión buscará que “la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

La decisión del Gobierno argentino responde a un doble contexto: por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.

Ese antecedente otorgó a la decisión del Gobierno un componente específico: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una medida que se vincula con causas judiciales abiertas en Argentina y con un reclamo histórico de justicia.

La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales, según pudo confirmar Infobae. Además, la medida fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

Impacto de la medida en la política y la seguridad argentinas

Desde el punto de vista operativo, la incorporación al RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar activos y bloquear operaciones vinculadas a la organización en el país. También habilita a los organismos de seguridad a profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional, en línea con estándares internacionales y con el contexto global actual.

En el caso argentino, la medida adquiere una dimensión propia: la de dos atentados que siguen marcando la agenda judicial y política del país, y que colocan a la Guardia Revolucionaria —de manera directa o indirecta— dentro de ese entramado de responsabilidades que aún se intenta esclarecer.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Vega Terra remarcó la gravedad del conflicto: “Por segunda vez, como bien señalabas vos, en septiembre el Congreso ratificó, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el 70% de los diputados y el 80% de los senadores ratificaron esta ley que el Gobierno había vetado”. Explicó que, tras la ratificación parlamentaria y dos fallos judiciales, “al día de hoy, todavía los docentes universitarios, los trabajadores universitarios y las universidades seguimos sin contar con el presupuesto que la ley indica que tenemos que tener”.

El impacto del incumplimiento: salarios docentes y fuga de profesionales

Vega Terra detalló la magnitud del deterioro salarial: “En enero la inflación fue de 3,7%, el aumento que el Gobierno dio de manera unilateral sin convocar a paritaria fue del 2,8. Al mes siguiente la inflación fue del 2,9 y el aumento fue del 2,2. Y este mes se dio un aumento del 2% cuando se espera una inflación, todavía no está el número para marzo, del 3%”. Subrayó que, desde diciembre de 2023, los salarios docentes “llevaron perdido casi un tercio del poder adquisitivo. Para quedar empatados a los salarios reales que teníamos en diciembre del 2023 los trabajadores universitarios, tendría que haber un aumento que a este mes es superior al 50% del sueldo que cobramos hoy”.

El director del CBC aportó cifras concretas: “Por las tres horas que trabajo en el Nacional de Buenos Aires, cobro un sueldo de 146 mil pesos”. Para un cargo inicial de jefe de trabajos prácticos (JTP), “hay una garantía de 260 mil pesos en mano por una dedicación simple”. En casos de dedicación exclusiva, un docente puede alcanzar “aproximadamente 1.350.000 pesos”, aunque señaló: “Es bastante por debajo de la línea de pobreza”.

Alertó que la situación genera una “fuga de profesionales”: “Tenemos muchos profesores, sobre todo estos profesores con dedicación exclusiva… Son personas con formaciones de posgrado, de doctorado, de posdoctorado o, en las carreras profesionales, personas que tienen una actuación muy destacada en sus campos profesionales y laborales. Es un recurso humano muy deseado por universidades privadas, por institutos de investigación, por el exterior”.

Fallo judicial y respuesta política: el derecho a la educación en juego

El reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal subrayó la obligación del Gobierno de cumplir la ley y actualizar salarios y becas, además de remarcar el bajo impacto fiscal. “En diciembre, un juez de primera instancia le indicó al Gobierno, con una medida cautelar, que es obligada por un juez federal a implementarla, y al día de hoy, todavía los docentes universitarios, los trabajadores universitarios y las universidades seguimos sin contar con el presupuesto que la ley indica que tenemos que tener”, insistió Vega Terra.

Consultado sobre el destino de los docentes que abandonan la universidad pública, el director explicó: “Tenés distintos niveles de destinos del éxodo, pero realmente es contundente. Ya van dos años y medio de este conflicto y cada vez empeora, porque cada mes que pasa con una pauta salarial por debajo de la inflación, esa brecha aumenta cada vez más”.

La justicia también cuestionó el intento del Ejecutivo de frenar la norma por decreto y recalcó que está en juego un derecho clave como la educación pública. Vega Terra remarcó: “Una ley que resolvería el problema de la urgencia presupuestaria, tanto de los gastos de funcionamiento de las facultades… permitiría arreglar muchas de esas cosas que señalabas, o mejorar y profundizar otras que andan muy bien”.

Pluralidad en la UBA y el pedido de “cumplir la ley”

Vega Terra defendió el carácter plural de la Universidad de Buenos Aires y su rol estratégico en la sociedad: “En la Universidad de Buenos Aires dan clase Alejandro Finochiaro, que es diputado del PRO, aliado de Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, que es diputada del PRO, aliada de Libertad Avanza… El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es profesor adjunto a cargo de una cátedra de Ciencia Política en el CBC, colega… Para decir gente que está ahora en la actividad política”.

El académico insistió en que el problema trasciende la disputa partidaria: “Esto es algo que trasciende la cuestión partidaria. Es importante que cuidemos algo que funciona bien y estos nombres que le di se podrían sumar una muy larga lista de funcionarios de este gobierno, de gobiernos universitarios”.

Sobre la relación institucional con el Gobierno, señaló: “En relación a este tema no hay, no hay relación. La UBA hizo lo que dice la Constitución que tiene que hacer, que es darle la rendición de cuentas a la AGN. Y un juez de primera instancia, que en diciembre del 2024 le dijo al Gobierno: ‘Tiene razón la universidad y no el Gobierno’”.

Vega Terra concluyó: “Le pedimos al Gobierno que aproveche esta oportunidad que tiene. Le cuesta a veces cambiar el rumbo en algunas cosas, pero que aproveche y que haga algo muy sencillo: cumplir la ley y lo que dijo la justicia”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron este martes un acuerdo histórico mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se compromete a saldar una deuda de más de 48 mil millones de pesos con la caja previsional de la provincia. El entendimiento, concretado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pone fin a una disputa de años que impactaba en la sustentabilidad del sistema previsional local.

La firma del convenio se desarrolló en la sede del Ministerio de Capital Humano y sella el compromiso del Estado nacional de transferir los fondos adeudados a Chubut en concepto de financiamiento previsional. La resolución de este conflicto fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el gobierno provincial, sumadas a la demanda presentada por Chubut ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de la deuda.

El acuerdo implica un reconocimiento formal de la obligación nacional de financiar la caja previsional chubutense, luego de años de reclamos desoídos por gestiones anteriores.

“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, sostuvo Torres tras la rúbrica. El mandatario remarcó que la provincia asume desde el primer día la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales en defensa de los derechos de los jubilados.

El origen de la deuda se remonta a la falta de transferencia de fondos que la Nación debe girar en concepto de financiamiento previsional a las provincias que, como Chubut, no transfirieron su caja al régimen nacional. El monto total, superior a los 48 mil millones de pesos, había sido motivo de reiterados reclamos institucionales y judiciales por parte del gobierno chubutense y de los propios jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto negativo del déficit en la calidad y continuidad de las prestaciones.

Según los términos del acuerdo, la ANSES transferirá los fondos en plazos y condiciones que garanticen la regularización de la situación financiera de la caja previsional chubutense. El cumplimiento efectivo de este compromiso permitirá a la provincia mejorar la capacidad de pago de haberes y asegurar la sustentabilidad del sistema a mediano plazo.

Torres destacó que la resolución es el fruto de un “trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”.

“Nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”, resaltó.

El gobernador subrayó la importancia de haber sostenido el reclamo y de haber articulado con los centros de jubilados y otras entidades sociales para visibilizar la problemática. “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, afirmó.

En el plano judicial, la presentación de la demanda ante la Corte Suprema fue un punto de inflexión en la estrategia provincial, ya que visibilizó la magnitud del conflicto y sumó presión institucional sobre el Estado nacional para avanzar en una solución negociada. El acuerdo firmado constituye una respuesta concreta a ese reclamo histórico y marca un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan situaciones similares con la ANSES.

La regularización de la deuda previsional entre Nación y Chubut tiene impacto directo en la sustentabilidad fiscal de la provincia y fortalece el federalismo fiscal, al reconocer la autonomía y las obligaciones recíprocas entre los distintos niveles de gobierno.

La recuperación de los fondos permitirá a Chubut cumplir con sus obligaciones y planificar una gestión previsional basada en la previsibilidad, la equidad y el respeto por los derechos de los jubilados. La resolución del conflicto también sienta un precedente para el abordaje de otras deudas históricas de Nación con las provincias y refuerza la importancia del diálogo institucional y la defensa de los intereses locales en el marco del federalismo argentino.

Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron desde las 10 de la mañana una jornada de clases públicas frente al edificio donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, barrio de Caballito. La actividad, que se desarrolló durante todo el día, buscó visibilizar la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades públicas y evidenciar el contraste entre la situación salarial de docentes y la situación patrimonial del funcionario.

El inmueble donde vive Adorni, adquirido en noviembre de 2025, se encuentra a escasas cuadras de la sede de Filosofía y Letras de la UBA, lo que facilitó la presencia de cátedras completas que habitualmente dictan clases en Puán. En el lugar se congregaron estudiantes, docentes, vecinos y jubilados que, según describió Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), participan habitualmente de movilizaciones en defensa de la educación pública.

El evento se inscribe en el marco de un paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a federaciones como Conadu y Conadu Histórica. La protesta recibió el respaldo de sindicatos y agrupaciones de izquierda, y se desarrolló mientras continúan las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y bajo análisis por la adquisición de propiedades y vuelos privados.

Durante la jornada, las clases públicas abordaron temas como la reciente orden judicial que obliga al Gobierno Nacional a aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto de modificación de la ley de glaciares y el aniversario del inicio de la última dictadura militar. Se sumaron trabajadores de FATE y vecinos del barrio, quienes manifestaron su apoyo a los reclamos por mejores condiciones laborales y mayor presupuesto para el sector.

La protesta frente al departamento de Adorni fue impulsada “no sólo por la exigencia de la recomposición salarial, sino en defensa de la universidad pública y en acompañamiento a los trabajadores docentes y no docentes”, indicó Bonfante en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Las consignas más reiteradas señalaron el marcado contraste entre los 228.095 pesos netos que percibe un ayudante de primera en la UBA y el nivel de vida del jefe de Gabinete desde que asumió el cargo, situación que ha generado críticas y denuncias de diversos sectores. Según informaron los organizadores, la elección del lugar no fue casual: se buscó “dejar en evidencia la precariedad salarial frente a un funcionario investigado por su crecimiento patrimonial”.

El departamento de Adorni, situado en una de las zonas más exclusivas de Caballito, fue adquirido por USD 230.000 mediante una hipoteca no bancaria otorgada por las anteriores propietarias, según un documento obtenido por el diario La Nación. No obstante, una gran cantidad de publicaciones del rubro inmobiliario indican que el precio actual de mercado de propiedades similares en edificios de la zona es superior a lo declarado por el funcionario.

La polémica patrimonial involucra además la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y viajes al exterior, entre ellos un vuelo privado a Punta del Este en Carnaval y un viaje a Nueva York como parte de la comitiva presidencial. El funcionario reconoció públicamente que vive en el barrio de Caballito, pero evitó dar detalles sobre otras propiedades o el origen de los fondos para la compra de inmuebles.

La última declaración jurada de Adorni presentada ante la Oficina Anticorrupción corresponde a 2024, ya que el plazo para la del año siguiente vence a mitad de este año. En ese documento figura sólo un departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata, ambos adquiridos antes de llegar a la jefatura de Gabinete. El inmueble de Caballito, adquirido en noviembre de 2025, aún no aparece en la documentación oficial.

El fiscal federal Gerardo Pollicita concentra las denuncias promovidas por diputados nacionales, quienes aportaron documentación sobre el pago de expensas y solicitaron la citación de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias. El funcionario y su esposa también figuran como deudores ante la AGIP por cuotas impagas del impuesto inmobiliario correspondientes a 2025 y 2026.

Con duras críticas al gobierno nacional, este martes hubo una reunión de intendentes de las principales ciudades del país en Paraná, Entre Ríos.

“El gobierno nacional busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes, cuando en realidad somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”, indicó el documento firmado sobre el mediodía.

El escrito fue rubricado por el COFEIN (Consejo Federal de Intendentes). El órgano agrupa a los mandatarios de los principales centros urbanos. No hay que confundirlo con la FAM (Federación Argentina de Municipios), donde participan todos.

A tono con el clima político caliente que se vivió en los debates, la capital provincial recibió a los visitantes con más de 30° de sensación térmica por la mañana. La leve brisa del río que se colaba por los ventanales ayudó a bajar la temperatura en los salones municipales donde se concretó la convocatoria.

La tónica fue de cuestionamiento al gobierno nacional. Los intendentes puntualizaron que debían hacerse cargo “de más atención social, mayor demanda en salud y jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI”. A esto sumaron que también tenían que atender “programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+”.

Quiénes firmaron

De la cumbre participaron de manera presencial la anfitriona, Rosario Romero; el titular del Ejecutivo de la vecina Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

A ellos se sumaron los mandatarios de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; y de La Plata, Julio Alak. También formaron parte del encuentro los intendentes de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Manuel Castro; y de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Vía teleconferencia dieron el presente Raúl Jorge (Jujuy); Emilio Durand (Salta); Norma Fuentes (Santiago del Estero); Guillermo de Rivas (Río Cuarto); y Ulpiano Suárez (Mendoza).

Asimismo, las ciudades de Formosa y Posadas participaron a través de funcionarios del gabinete municipal. Por otro lado, se sumaron al encuentro intendentes de localidades menores de Entre Ríos.

Colectivos y fondos

Otro ítem en la agenda de reclamo fue el transporte público. Este fue el punto de amalgama de los centros urbanos tras la suspensión de los subsidios federales. “Fue el primer tema que nos convocó. Pero luego siguieron otros. Hoy hablamos mucho de los recursos de coparticipación”, puntualizó Romero tras finalizar las deliberaciones. “Es ínfimo lo que recibimos”, graficó la intendenta de Paraná.

Los mandatarios pusieron sobre la mesa que deben atender este servicio “sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA. Solo en 2025, el gobierno nacional retuvo $120 mil millones que corresponden al interior”, denunciaron en el documento.

También hubo quejas por la distribución de recursos. “Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos”.

A renglón seguido, contrastaron esta situación con la actitud de las autoridades nacionales que luego critican a los municipios “por el cobro de tasas que solo representan el 3% del costo fiscal”.

Qué propusieron los intendentes

“Dijimos basta”, sintetizó Passerini en rueda de prensa. “No podemos seguir aceptando una Argentina donde los números cierran pero la gente queda afuera. Estamos ante un gobierno nacional que confunde orden fiscal con abandono social, y que ha decidido retirar al Estado de sus responsabilidades más elementales. Los municipios no somos una variable de ajuste; somos la red que evita que el país se desmorone”, alertó el mandatario cordobés.

Asimismo, indicó que la presidenta de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Carolina Basualdo, se sumó al cónclave y se comprometió a llevar el reclamo. “Pedimos audiencias al ministro del Interior (Diego Santilli) y al presidente de la Cámara (Martín Menem) porque la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley”, agregó.

“Queremos que el Presidente (Javier) Milei nos escuche”, acotó Alak. El intendente de La Plata atribuyó el ahogo financiero a “las políticas que se han implementado y que provocaron un ‘industricidio’. Estos 2 años cerraron 22 mil empresas, 290 mil personas perdieron el empleo y se ha derrumbado el consumo”.

En la conferencia de prensa, Chahla definió: “La gestión tiene que estar centrada en las personas”. La intendenta tucumana resumió en tres puntos los reclamos al gobierno nacional. El primero, que los municipios paguen 10,5% de IVA. Segundo, la coparticipación del impuesto a los combustibles: “Nos la quitaron”, se quejó. Tercero, que se distribuyan los saldos de ATN.

“Si estos planteos no se solucionan por vía de la comunicación formal, será por vía judicial”, anticipó.

Tiempo de rosca

Antes y después del acto formal, los intendentes tuvieron tiempo de conversar de política.

En la noche previa al encuentro hubo una cena en la que se dieron cita un grupo de mandatarios que arribaron con anticipación para pernoctar en Paraná. Dio la casualidad que todos eran justicialistas, aunque respondían a distintas tribus y alineamientos.

La comida se concretó en un lujoso hotel de la zona del parque Urquiza de la capital entrerriana. Participaron la anfitriona, Rosario Romero, y parte de su equipo. También estuvieron el cordobés Passerini, la tucumana Chahla y el riojano Molina. Julio Alak se sumó más tarde.

Un testigo presencial contó a Infobae que en un momento de la noche la charla derivó hacia la interna peronista. A pesar de las diferencias de matices, hubo una coincidencia absoluta: para superar su crisis actual, el PJ debe dar vuelta la página con Cristina Kirchner. Muchos mantuvieron y mantienen vínculo personal con la ex presidenta, pero evalúan que lo que viene requiere un nuevo comienzo.

En la balanza estuvo que CFK tiene un piso alto de intención de voto, pero que su techo está ahí nomás. Y que el tope es inflexible. Su figura no atrae votantes de otras filiaciones.

Al cierre de las deliberaciones y mientras algunos ya se habían abalanzado sobre los fiambres, quesos, ensaladas y empanadas que se servían en un salón lindante, apareció el gobernador local, Rogelio Frigerio.

El mandatario entrerriano fue invitado por Romero en persona. La titular del ejecutivo paranaense tiene un diálogo fluido con él. Y consideró que, habiendo intendentes de su espacio político, debía participar aunque más no sea de manera informal.

Frigerio llegó acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. Saludó uno por uno a los presentes. Los intendentes formaron un semicírculo con él y Romero en el centro. Fotógrafos y camarógrafos aprovecharon para hacer imágenes.

Tras el paso protocolar, el gobernador y algunos de los mandatarios locales se acomodaron en un sofá y sillones ubicados en un rincón del salón. Formaron un círculo. En el medio había una mesa ratona que fue cargada de sánguches, empanadas, agua mineral y gaseosa de pomelo.

Frigerio quedó en el centro del sofá cercado por peronistas. Alak se sentó a su derecha y Romero a su izquierda. En el ala derecha, en un asiento individual, se acomodó la diputada Basualdo. Frente a ella y a la izquierda de Alak, se arrimaron Passerini y Javkin. La tucumana Chahla, Colello y el santafesino Poletti se ubicaron en sillas enfrentadas a Frigerio.

Según narró a este medio un testigo presencial, la charla giró sobre asuntos impositivos. El intercambio tuvo como idea central impulsar un nuevo esquema. Sería una suerte de esfuerzo compartido. La consigna pasó por aceptar que los municipios rebajen o cancelen tasas como plantea la Nación. En contrapartida, exigirían que el Estado central elimine retenciones y otras cargas que no se coparticipan.

Frigerio fue el que más habló. Todos hicieron preguntas, realizaron aportes o comentarios a la idea. La charla se extendió durante unos 40 minutos. La salida de Chahla generó un primer corte y, casi de inmediato, partieron los demás.

La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.

El último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

La motivación central del litigio radica en que el Gobierno modificó unilateralmente el mecanismo de actualización: en vez de aplicar la inflación real (IPC), utilizó estimaciones presupuestarias, lo cual —según Buenos Aires— provocó una pérdida sustancial de fondos.

La estrategia judicial estuvo a cargo del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

El expediente está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y la normativa vigente, que fija la obligatoriedad de los acuerdos interjurisdiccionales y prohíbe su modificación o incumplimiento unilateral por parte de la Nación.

La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.

El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires", detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.

“Cuando hicimos la primera audiencia fue el responsable de ANSES y al día siguiente lo echan”, recordó el mandatario este lunes en conferencia de prensa. Hacía referencia a la renuncia de Fernando Bearzi, quien dejó su cargo como Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 17 de marzo. Bearzi había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. “No sé si habrá tenido que ver su presencia”, se preguntó el mandatario bonaerense.

Mensaje a los intendentes

El ejecutivo bonaerense también vio en este reclamo por los fondos jubilatorios la posibilidad de capitalizarlo políticamente. La semana pasada el gobernador convocó a los 135 intendentes a un encuentro en La Plata. Allí, desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, intentó contener la demanda financiera de los municipios que, producto de la caída en la recaudación, sufrieron una merma en los fondos coparticipables que envía la Provincia. Un diagnóstico complejo al que también se le suma el último aumento en combustible, que tiene un fuerte impacto en las intendencias.

Kicillof prometió que si el Ejecutivo bonaerense consigue recuperar parte de los fondos adeudados de parte de la Nación, coparticipará con las intendencias el 16% del total. Según la Provincia, la deuda por fondos asciende a $14,7 billones. Un número que asciende a $22,2 billones si se suma la paralización de obras. Lo prometido por el gobernador fue un leve aliciente para las finanzas locales que están por demás contraídas . “Esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”, planteó, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en declaraciones a Radio Provincia.

A cambio, el mandatario solicitó acciones en los distintos concejos deliberantes. Pidió a los jefes comunales que generen ordenanzas donde se adhiera al Fondo de Recupero, que fue creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Es decir que los municipios que ingresen a ese fondo, al que podrían transferirse los fondos adeudados, deberán explicitarlo mediante normativa propia.

Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aseguraron que no convocarán a una movilización para el próximo 21 de abril como sugerieron algunos intendentes como muestra de acompañamiento a la posición de la provincia de Buenos Aires. Sí está previsto que a ese encuentro concurra el propio gobernador bonaerense.

El bloque de La Libertad Avanza presentará hoy un pedido para que el proyecto de Ley de Hojarasca, que ingresó hace unos días, tenga giro a una sola de las comisiones con el fin de acelerar los procesos y encaminar un pedido de sesión para la semana que viene.

La intención del bloque del oficialismo es dictaminar la Ley de Glaciares y Hojarasca los primeros días de la semana que viene y avanzar en un pedido de sesión para el próximo miércoles 8 de abril con los dos temas habilitados.

Para que esto suceda, el primer paso se realizará hoy, en donde LLA pedirá que el proyecto que elimina diferentes leyes no repita el camino anterior y se restrinja su giro a las comisiones con el fin de acelerar los plazos.

La primera vez que entró al Congreso el proyecto denominado Hojarasca, la presidencia de la Cámara lo giró a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Ahora los libertarios pedirán a la presidencia acotar el giro para que, en una sola reunión de comisión, se dictamine el proyecto y esté listo para ir la semana que viene al recinto.

“Hoy se va a hacer una presentación para que Hojarasca sea girado sólo a la comisión de Legislación general”, explicó una alta fuente de la Cámara baja. La intención es citar a la comisión el próximo martes 7 de abril y dictaminar ese mismo día.

Legislación General tiene 32 miembros y es presidida por el libertario Santiago Santurio. El oficialismo tiene 12 firmas pero que si se suman los socios del PRO, UCR, Independencia e Innovación llega a 17. Unión por la Patria también tiene 12, Provincias Unidas 2 y la Coalición Cívica 1.

El proyecto, que ya había ingresado pero que perdió estado parlamentario por eso fue enviado nuevamente, tendría que tener giro a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda; como fue en el caso anterior.

El segundo tema que el bloque de La Libertad Avanza tiene previsto llevar al recinto es la modificación de la Ley de Glaciares. Luego de las dos jornadas de audiencias públicas que estuvieron plagadas de denuncias por la falta de espacio para que expongan todos los que se anotaron.

La intención del oficialismo es citar al plenario de comisiones de asuntos constitucionales y recursos naturales y tener una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras o con posibilidades de implementar la minería. Y en el mismo llamado hacer circular el dictamen para la firma.

El oficialismo cuenta con el número necesario para poder tener el dictamen de mayoría y llevar el proyecto al recinto el día siguiente - en Diputados el reglamento lo permite. Asimismo, si apura un llamado a sesión como señalan las fuentes consultadas para el día siguiente, es porque también cuenta con los votos necesarios para aprobar sin modificaciones, tal y como es la intención de ls Casa Rosada, el proyecto de ley que ya llegó con media sanción del Senado.

“Cuando se votó la ley en la Cámara Alta el oficialismo no sólo contó con el apoyo de los bloques aliados como la UCR y el PRO sino que también sumó votos del bloque del peronismo”, recordó una fuente.

En la votación en general el proyecto de ley obtuvo media sanción con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención que fue la neuquina Julieta Corroza. Cuando se llevó adelante la votación en particular el resultado fue el mismo.

Entre los 40 favorables se contabilizaron los votos de los senadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci, ex gobernadores de San Juan y Catamarca, dos provincias mineras.

“Efectivamente, sí vivo en vivo en el barrio de Caballito”, reconoció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que dio la semana pasada para intentar despejar los interrogantes sobre su capacidad económica para adquirir inmuebles desde que llegó a la función pública y su escapada en Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado.

Esa afirmación, sin más detalles sobre otras propiedades a su nombre o al de su mujer Bettina Angeletti, quien escrituró una casa a finales de 2024 como titular del 100% en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, no sólo no dio por terminada la especulación sobre su vivienda actual, sino que abrió nuevos interrogantes sobre cómo compró ese departamento en la zona más exclusiva de Caballito.

Su sueldo como funcionario durante 2024 y 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano. Recién a principios de este año, Javier Milei autorizó una suba en las remuneraciones de los empleados jerárquicos del Gabinete.

Ante las dudas sobre el incremento de sus bienes, afirmó que su situación patrimonial es pública. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, se limitó a decir. Sin embargo, su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, que debe presentar desde que es funcionario jerárquico, corresponde al período 2024, ya que aún no venció el plazo para presentar la de 2025.

En esa presentación, no figura el departamento de Caballito ya que su adquisición ocurrió en 2025 y debería aparecer en la declaración jurada cuyo plazo vence a mitad de año, aunque los funcionarios pueden presentarla antes, una vez cerrado el período fiscal anterior. No está claro, ya que Adorni no lo explicó, si la casa de fin de semana en el country Indio Cuá a nombre de su mujer y adquirida en 2024, fue incluida o no en el Anexo reservado de la declaración jurada de jefe de Gabinete.

A partir de la reforma de 2013, promovida durante el gobierno de Cristina Kirchner, los bienes de los cónyuges y trabajos anteriores en el sector privado de los funcionarios, no aparecen más en el formulario de acceso público que se publica en la web de la OA. Las expensas de la casa de Indio Cuá están a nombre de Angeletti, y ascienden a $700.000, según reveló Clarín. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro hicieron una presentación para incorporar el comprobante de esas expensas a la causa judicial que investiga el patrimonio de Adorni.

La mujer del jefe de Gabinete es licenciada en administración de empresas, especializada en “coach ejecutivo y de vida”. El mismo año que escritura la casa en el country de Exaltación De la Cruz, funda su consultora en coaching ontológico, a la que llamó +Be.

En la DDJJ de 2024, cuando era Secretario de Comunicación, solo aparece un departamento en Parque Chacabuco en la calle Asamblea al 1100, de 115 m2 según informó, del cual es titular en un 50% con su esposa, y otro en La Plata, que declaró haberlo recibido como donación familiar. También informó tener USD 42.500 en efectivo en el país, de un préstamo.

En total, su patrimonio al cierre de 2024 era de $107,9 millones y, al mismo tiempo, deudas por $85,5 millones. Estas acreencias correspondían a un préstamo de su madre y otra mujer ya fallecida por USd 42.500, y otros USD 50.000 correspondientes a dos deudas hipotecarias: una con una jubilada de 68 años que trabajó en la Policía Federal y se dedica a servicios inmobiliarios y otra con una joven de 34 años, que actualmente también es empleada en esa fuerza de seguridad.

El jefe de Gabinete escrituró su nueva vivienda en Caballito, ubicada en la calle Miró al 500, el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, según reveló el diario La Nación. Para esa operación no vendió su anterior departamento en Parque Chacabuco.

La propiedad sigue publicada en USD 289.000 en una web de ofertas inmobiliarias, donde se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete seguiría pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer.

Pero ese no es el único dato que llama la atención. La adquisición del semipiso de 200m2 con cochera en Caballito, en un edificio de categoría con amenities, lo compró con un préstamo hipotecario no bancario, sin vender ninguna de sus propiedades. Para concretar la operación, dos mujeres jubiladas -que eran las anteriores dueñas en la inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble -, le prestaron USD 200.000. Se trató de una hipoteca no bancaria por casi el 90% del valor declarado en la operación: USD 230.000.

Un departamento en ese barrio con esa cantidad de metros cuadrados y cochera no baja los USD 400.000 y se acerca, según su categoría, a los USD 500.000. De hecho, el metro cuadrado del departamento que tiene en venta en Parque Chacabuco está valuado en USD 2.100, mientras que por el de Caballito, ubicado en una zona mucho más cara de la Ciudad, lo pagó USD 2100 el metro cuadrado cubierto.

Según corroboró Infobae, Adorni debe ante la AGIP las dos cuotas del impuesto municipal de 2026, correspondientes a enero y febrero, por un total de $78.000. También está impaga la cuota correspondiente a octubre del 2025, lo que eleva la deuda acumulada a $117.458.

Antes de asumir como jefe de Gabinete, y siendo vocero presidencial, Adorni había sido electo legislador porteño, pero nunca llegó a asumir. El funcionario, de estrecha confianza de los hermanos Javier y Karina Milei - quien lo vienen respaldando en forma sistemática pese a las polémicas sobre su patrimonio -, es uno de los nombres fuertes de La Libertad Avanza para disputarle la Jefatura de Gobierno porteña al PRO.

La investigación judicial

El fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo sobre el presunto enriquecimiento ilícito y el vuelo privado de Adorni a Punta del Este, ya solicitó al Registro de la Propiedad el detalle de los inmuebles en CABA y la Provincia de Buenos Aires a nombre de Adorni y de su esposa, así como la escritura del departamento donde vive actualmente en Caballito, revelada ayer por La Nación.

Desde esta semana, el expediente concentra las denuncias de los diputados Paulón, Ferraro y Frade por un lado, y de Marcela Pagano, por el otro. La diputada - que se fue de La Libertada Avanza - es quien fue la que reveló la existencia de la casa en el country de golf de Indio Cuá.

Pollicita también requirió todos los viajes al exterior de Adorni desde 2023, su esposa y de su amigo y periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado su vuelo privado a Punta del Este.

Paulón, Juliano y Ferraro ampliaron ayer la denuncia que hicieron sobre el incremento patrimonial de Adorni.

Pidieron que la Fiscalía cite como testigo a la escribana que intervino en la hipoteca del departamento de Caballito y la escritura de la casa en Indio Cuá, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, para que dé precisiones sobre las compras de esas propiedades realizadas por Adorni y su mujer. También “por la inscripción unipersonal a nombre de Angeletti, siendo un bien ganancial”, según agregó Paulón en diálogo con Infobae.

Pollicita avanzó con esa medida esta mediodía y la escribana deberá presentarse en la Fiscalía el próximo 8 de abril, con toda la documentación de las dos operaciones inmobiliarias en su poder.

En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que se está llevando adelante un “plan de ordenamiento patrimonial destinado a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos”. Este proceso se desarrolla con el objetivo de organizar los activos de la institución bajo los nuevos lineamientos operativos.

Según el texto, el proceso técnico contempla el “relevamiento e inventario de bienes muebles”, así como su posterior “transferencia programada a la nueva estructura”.

Estas acciones se realizan en comunicación constante y “en coordinación con las Fuerzas Armadas”, asegurando que el traspaso de los elementos operativos se realice de manera ordenada entre ambas entidades.

Respecto a la propiedad de los activos de mayor envergadura, el Ministerio ha definido una postura clara: los “bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa”.

Esta decisión tiene como fin el “resguardando su función institucional y su carácter estratégico”, integrándose en una política que “garantiza su permanencia dentro de la órbita del propio Ministerio”.

Un punto central de la transición, que comenzó el 5 de febrero del presente año conforme a lo dispuesto por el “DNU 88/2026”, es la situación de las unidades de turismo. Los establecimientos hoteleros que actualmente administra el IOSFA “están siendo incorporados a la OSFA” como parte de este reordenamiento.

El futuro de estos complejos quedará en manos de la conducción de la nueva obra social. El propio directorio de OSFA, que cuenta con “representantes de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, será el organismo que tendrá un “rol decisivo en el destino futuro y modalidad de gestión de esos establecimientos”.

El Ministerio de Defensa subrayó que el plan de transición mantiene la “prioridad puesta en la cobertura de salud de los afiliados”. Bajo esta premisa, las autoridades competentes analizan distintas alternativas para “optimizar el funcionamiento de los hoteles, garantizar su uso y promover una gestión más eficiente y sustentable”.

Finalmente, el organismo aclaró que no se han tomado determinaciones definitivas sobre los modelos de explotación de estos servicios, ya que las “definiciones finales surgirán de los estudios en curso”. Los resultados de estos análisis técnicos y operativos “serán comunicados oportunamente” a través de las vías oficiales de la institución.

Pablo Semán, sociólogo y antropólogo especialista en culturas populares y religión, analizó en Infobae en Vivo Al Mediodía que el uso político de la religión se apoya en ideas que no siempre reflejan la sociedad real. Según Semán, la creencia en un Estado completamente laico en Occidente “nunca fue así”, y en Argentina las conexiones entre política y religión tienen una larga historia. “Siempre fue una mentira donde se presumía que había un foso. En realidad, había miles de túneles de conexiones”, sostuvo.

El especialista ofreció una perspectiva sobre el agotamiento de los marcos tradicionales de representación política. “Los grupos políticos de la Argentina, a esta altura también Milei, han hecho fracking hasta secar las fuentes de representación política”, afirmó. En este contexto, recurre a la idea de que la religión es vista desde una mirada externa e incompleta, asumiendo que “los grupos religiosos son manadas”. Lo refutó con claridad: “No hay voto confesional en la Argentina”.

Ante la consulta sobre la identificación política con demandas católicas o evangélicas, Semán señaló que “los grupos religiosos no tienen comportamientos de manada, ni siquiera en esas cuestiones”. Destacó la diversidad interna: “Tienen debates, distintos niveles y tipos de debate”.

Movilización, votantes y diferencias entre católicos y evangélicos

La movilización social en torno a temas religiosos, como la interrupción legal del embarazo, aporta matices al análisis. Según Semán, en esas acciones públicas los evangélicos lograron representar a sectores del cristianismo opuestos a la ley, mientras que dentro del catolicismo la posibilidad de asumir liderazgos en ese contexto resultó limitada por los escándalos institucionales.

“El catolicismo es piramidal, vertical, se hace lo que dice el papa y si no, no se hace nada”, expresó. En cuanto a la votación, mencionó: “Muchos evangélicos votaron en su momento a Macri, a pesar de que él fue el que inició el debate”, y subrayó que también “votaron al peronismo, porque la gente evalúa, compone, calcula, calibra, como la gente de cualquier grupo. La gente que es religiosa no es subnormal.”

La percepción externa sobre los grupos religiosos suele estar sesgada, según Semán. Apuntó a la mirada de quienes “creen que los evangélicos son de derecha” y advirtió que esta clasificación no corresponde con la realidad heterogénea de los fieles y sus liderazgos en diferentes regiones.

En cuanto al vínculo de la política con las iglesias, puntualizó: “En la Capital Federal políticos apelan a la identidad evangélica, pero todos los intendentes del conurbano bonaerense dialogan con los pastores evangélicos y no les piden permiso ni a ustedes, ni a mí, ni a la agrupación progresista de moral y buenas costumbres que se constituya en el país”.

Estrategias políticas, identificación religiosa y el caso de Dante Gebel

Para Semán, la utilización de símbolos y discursos religiosos por parte de dirigentes políticos responde a diferentes estrategias. Explicó que “hay un uso político de la religión en la creencia de que si yo me pongo con tal emblema, produzco algo”. Destacó los intentos de dirigentes como Javier Milei de buscar legitimidad en colectivos religiosos, y afirmó: “En la provincia del Chaco, donde él hizo eso, hubo candidatos evangélicos que no movilizaron ni el 5% de los evangélicos”.

Sobre otros casos, comparó los posicionamientos de dirigentes como Guillermo Moreno o Juan Grabois y su relación con la religiosidad y el catolicismo nacionalista. Recordó que “en los movimientos de la economía popular, de desocupados y de esta forma de diferenciar católicos y evangélicos que nosotros tenemos no funciona. Los dirigentes de la economía popular saben que están llenos de evangélicos. Y no le andan preguntando a la gente de qué religión es”.

En la actualidad, surge el nombre de Dante Gebel, pastor evangélico radicado en Estados Unidos, como figura capaz de atraer multitudes desde una propuesta que fusiona religiosidad y espectáculo. Semán describió: “Hace ya casi cuarenta años que estudio grupos evangélicos. Dante Gebel era muy periférico e intentaba hacer una cosa que siguió haciendo y que le va saliendo cada vez mejor, que es el cruce entre cultura masiva y mundo evangélico. Y construir congregación desde un mensaje evangélico cruzado con el de los medios masivos de comunicación”.

Gebel reunió seguidores cristianos y no cristianos, católicos y evangélicos: “Es una combinación de Dolina, de Rolón y de Landrisina”. Sobre la posibilidad de una proyección política, el especialista advirtió: “Siempre que se ha intentado se dice: ‘Sí, va a pasar’, y después no, no termina pasando”.

Posibles escenarios futuros y la figura del outsider

La emergencia de outsiders en la política argentina se asocia al agotamiento de las representaciones tradicionales. Según Semán, figuras como Javier Milei y, en potencial, Dante Gebel, corresponden más al perfil de insiders sociales capaces de conectar transversalmente.

Explicó: “Milei fue un piedrazo en el espejo de las ilusiones de la clase política argentina que creía que tenía todo controlado. Esos outsiders de la política probablemente siguen siendo insiders de la sociedad. Y yo creo que Dante Gebel en parte es un insider de la sociedad”.

En cuanto al futuro electoral y la posibilidad de candidaturas surgidas desde el mundo religioso, el especialista consideró: “Me parece que Dante Gebel deja que se haga, empieza a hacer algunas tareas que hay que hacer unos años antes y después él verá qué es lo que pasa con la situación política, qué cabida tiene su oferta de representación política, si es que se decide a lanzarla”.

Así, la interacción entre religiosidad y política en Argentina continúa generando interrogantes sobre el impacto real de estos discursos, la heterogeneidad interna de los sectores religiosos y el alcance de figuras carismáticas en el escenario político nacional.

El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.

A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.

Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.

La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.

El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.

El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.

Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.

El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.

María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.

La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.

Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.

La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.

“Papelón histórico”

La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.

Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.

“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.

Otros casos

No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.

Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.

El panorama para el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sigue complicando. Mientras el Gobierno busca mostrarse seguro respecto de la continuidad del jefe de los ministros, desde la oposición se preparan para ponerlo en mayores aprietos.

En medio del escándalo por la compra de propiedades que hasta ahora Adorni no puede explicar y por las que se le van acumulando presentaciones en los Tribunales, el funcionario tiene previsto presentarse el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para realizar el informe de gestión de la Administración Nacional.

En tan solo 48 horas, plazo que comenzó el pasado jueves a las 09:00 de la mañana, los 19 bloques que contienen a los 257 diputados que conforman la Cámara presentaron 4.800 consultas para que responda el jefe de gabinete. En promedio, durante dos días, los diputados ingresaron en el sistema 100 preguntas por hora para que responda por escrito el funcionario a cargo de la administración del Ejecutivo.

El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.

Además de las consultas que recibió por escrito, Adorni deberá responder en el recinto los requerimientos de los legisladores que quieran sumarse, por lo que se espera que muchos de los cuestionamientos respecto de sus ingresos en general y sus propiedades en particular se concentren en el ambiente de la Cámara Baja.

En medio de la tormenta que atraviesa el Poder Ejecutivo por los cuestionamientos a los ingresos del Jefe de Gabinete, la jornada del 29 de abril también tendrá un condimento político de alto voltaje. Por lo menos así se espera que sea hasta ahora.

Luego de que Adorni anunciara que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un acuerdo transversal

Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta.

“Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo", explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla. No tenemos que ser “cabeza de tacho” y tener una buena estrategia conjunta”, agregó.

El informe llegará con una demora de diez días y con una denuncia de parte de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, al cuestionar su ausencia en el Congreso durante marzo, que se suma a las denuncias que afronta Manuel Adorni por el crecimiento patrimonial que muestra desde que llegó a la administración pública.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo que reúne a las economías más grandes del mundo, publicó un informe en el que recomienda al Gobierno que adopte, “con carácter urgente”, medidas para investigar los delitos de cohecho internacional. Es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros.

Así lo consignó el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, publicado este martes. El relevamiento, que presenta una evaluación crítica y recomendaciones sobre la implementación del convenio, también destaca que Argentina “ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional”, al detectar que hubo mejoras en materia de cooperación e investigación judicial.

Ese reconocimiento dio pie a que el canciller, Pablo Quirno, celebre el reporte como un hecho positivo y “un paso relevante hacia el acceso a la OCDE, en línea con las reformas y la estrategia de inserción internacional impulsadas por el Presidente Milei”.

Sin embargo, el organismo remarcó la persistencia de un déficit de Argentina y del Gobierno para afrontar este tipo de delitos vinculados a la corrupción. En concreto, señaló que el país aún enfrenta “barreras estructurales”.

Uno de los puntos señalados es que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos (los “whistleblowers”). Además, el informe remarca que las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que “plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción. De hecho, los casos que involucran en delitos complejos a empresas son inexistentes.

“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción”, indica la OCDE en un comunicado. Solo existe una aplicación concreta de acuerdos de colaboración en casos de corrupción doméstica, dice el reporte.

Incluso, el grupo deslizó comentarios que contrastan con la prédica de la moral del Gobierno y la batalla cultural libertaria: señaló que el periodismo de investigación es la principal vía de detección de casos de este tipo y llamó la atención que el reporte de denuncias de soborno transnacional por parte de funcionarios públicos “sigue siendo mínima, y no se han detectado casos a través de canales contables, de auditoría o fiscales”.

Los avances que consigna la OCDE, con base en París, se contrastan en relación a la última evaluación realizada hace casi una década, realizada en el año 2017. Desde ese momento, se identificaron 17 nuevas denuncias por cohecho vinculados a causas argentinas en el exterior y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.

El balance sobre este aspecto sabe a poco, teniendo en cuenta la corrupción endémica en el país. El único fallo con condena fue para un responsable de una firma tecnológica (Technological Services) que buscó obtener contratos en El Salvador: recibió una pena en suspenso de un año, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de donar 2 millones de pesos a una entidad de bien público. Otro de los procesados alcanzó un acuerdo en un juicio abreviado.

En concreto, la única sanción aplicada fue de alcance mínimo, sin sentar un precedente relevante. “La indulgencia de las sanciones -en particular, la pena condicional en el extremo más bajo del rango previsto por el artículo 258bis (de uno a seis años de prisión) y el acuerdo de suspensión de juicio- genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio”, señala el reporte, que recomienda transparentar los criterios para acuerdos no judiciales y sanciones.

Otra mención llamativa es el uso creciente de la Unidad de Información Financiera (UIF) como fuente de detección de sobornos transnacionales, con cuatro casos identificados por lavado de dinero. Es algo visto como una “buena práctica” frente a otros países de la región, pero el propio informe advierte que la calidad y el origen de los reportes siguen muy concentrados en el sistema financiero y que la integración plena de profesiones “clave” (como abogados y síndicos) recién empieza

El grupo internacional ponderó positivamente la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), esta última conocida por realizar escuchas judiciales y realizar relevamientos de redes sociales, correos electrónicos y geolocalización.

Según el análisis, ambos organismos judiciales “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional”.

Pablo Quirno destacó esa mención de la OCDE, al consignar que el organismo identificó “más coordinación interinstitucional, mejor articulación en las investigaciones y uso efectivo de la cooperación internacional para investigar y sancionar”. “Un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Cancillería como punto focal”, subrayó el canciller en sus redes sociales, al calificarlo como “buenas noticias”.

Como recomendaciones, además de la aprobación urgente de un “marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado”, la OCDE instó a acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes. Algo sobre el aspecto judicial se hizo esta semana: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. La OCDE también planteó elevar las exigencias de las licitaciones públicas.

La fase final del análisis del grupo de trabajo anti sobornos se realizó entre el 16 y el 19 de marzo, en la capital francesa. Una delegación argentina ejerció la defensa en el plenario. Entre septiembre y octubre del año pasado, los expertos del organismos habían visitado el país para recabar opiniones de las partes interesadas del sector público, la sociedad civil y el mundo académico.

Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por 46 países firmantes de la convención internacional. Argentina adhirió en 2001 a este compromiso, que se considera como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.

Cumplir con estos estándares es fundamental para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su objetivo de ingresar al selecto grupo de naciones con mayor poder económico. En noviembre de 2025, el canciller Quirno presentó un memorándum para adherir al grupo internacional.

La OCDE es una entidad de gobernanza global cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembro, pero que acatar sus recomendaciones y prácticas sirven a los fines de “soft power” global, como un sello de calidad para atraer inversiones.

Argentina presenta una historia reciente con casos reconocidos que incluyeron sobornos internacionales. El más relevante fue el de la empresa alemana Siemens, que salió a la luz por un contrato de licitación en 1996 para emitir DNI y construir un sistema de control fronterizo. Entre 1996 y 2001, la firma pagó aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos, miembros de la oposición y candidatos a ocupar cargos durante el gobierno de Carlos Menem.

La otra causa fue la de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó pagos ilegales superiores a 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, distribuyendo el dinero a intermediarios con la intención de hacerle llegar a funcionarios del gobierno kirchnerista. Las coimas tuvieron alcance regional e involucró a 14 países de América Latina.

Son casos excepcionales. La evaluación del Grupo de la OCDE consigna que el promedio de duración de las investigaciones puede extenderse, en promedio, a los 8 años, y algunas superan la década. Hay 8 investigaciones cerradas y 8 en curso, con varios procesos cerca de prescribir o con riesgo de pérdida de pruebas.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

La palabra de Yacobitti

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.

Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.

A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.