Un sismo de magnitud 7.7 sacudió el sur de Panamá el 9 de octubre, con epicentro en Tonosí, y dejó hasta ahora 27 heridos sin víctimas fatales. El Gobierno respondió con la apertura de un formulario en línea para que los vecinos informen daños en sus viviendas y comunidades.

El trámite se concentra en el sitio Panamaconecta.gob.pa y no exige la creación de una cuenta previa.

Las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro y Darién registran afectaciones. Las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala también sumaron denuncias de daños.

Cómo informar daños en Panamá Conecta

El formulario digital de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) permite a cualquier residente notificar perjuicios en su hogar, en su calle o en su comunidad. Basta con ingresar a Panamaconecta.gob.pa y completar los datos solicitados, sin registro previo ni contraseña.

La plataforma busca construir un mapa de daños que respalde la asignación de recursos. Ese dato es clave en Tonosí, la localidad más golpeada por el sismo, donde la emergencia continúa alterando la vida cotidiana de sus habitantes.

Según la Presidencia de la República, la revisión estructural contabilizó 426 residencias con daños, desde leves hasta totales, en las que viven 2.130 personas. A esto se suman 419 centros educativos y 21 centros de salud afectados, de acuerdo con el ministro de la Presidencia, José Ramón Icaza.

Emergencia nacional con USD 100 millones aprobados

El Gabinete aprobó la Resolución N.° 108 del 10 de octubre, que declara el Estado de Emergencia Nacional. La norma habilita hasta USD 100 millones para contrataciones especiales de bienes, servicios y obras destinadas a atender la crisis.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los daños y adelantó que, si se requieren préstamos adicionales, serán en condiciones favorables con el respaldo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF y el Fondo Monetario Internacional.

El presidente José Raúl Mulino recorrió una de las zonas afectadas y destacó el saldo sin fallecidos. “Lo material lo vamos a resolver, pero lo importante es que no hay víctimas y eso es un milagro”, afirmó.

El sismo también interrumpió el suministro de agua en buena parte del país. Fallas eléctricas en varias plantas potabilizadoras, entre ellas la de Chilibre, que llegó a operar al 20% de su capacidad, dejaron a numerosas comunidades sin el servicio durante los primeros días tras el terremoto.

Ayuda internacional en las zonas afectadas

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, informó que su país movilizó USD 5 millones en ayuda humanitaria, además de helicópteros, personal militar y equipos de emergencia. “Es un inicio”, señaló el diplomático.

Colombia, Guatemala, México y Chile también ofrecieron apoyo inmediato. Las autoridades panameñas trasladaron por vía aérea más de 63.000 libras de ayuda humanitaria a Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, y sumaron otras 250 toneladas de asistencia por vía terrestre.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a las empresas inspeccionar sus edificios y activar los protocolos de evacuación, y solicitó flexibilidad laboral para que los trabajadores puedan atender las necesidades de sus familias.

Réplicas en descenso tras el sismo principal

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, explicó que tanto la magnitud como la frecuencia de las réplicas disminuyeron en los días posteriores al sismo. Luque indicó que estos movimientos podrían volverse imperceptibles con el paso del tiempo.

El Instituto de Geociencias registró más de 100 réplicas tras el terremoto, con picos de magnitud 6,2, 6,6 y 6,9 en las horas inmediatas. Ese ritmo bajó de forma progresiva hasta estabilizarse en movimientos de magnitud dos y tres.

Servicios afectados y medidas en vigencia

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió operaciones durante varias horas antes de reanudarlas. El Metro de Panamá retomó el servicio en sus líneas 1 y 2 el domingo 11 de octubre, tras cuatro días de suspensión. El Canal de Panamá nunca interrumpió su funcionamiento.

La Universidad Tecnológica de Panamá mantuvo suspendidas las clases presenciales en Coclé, Azuero, Veraguas y Aguadulce el lunes 12 de octubre. La Caja de Seguro Social anunció nuevas medidas de aforo en sus hospitales e instalaciones de salud en cumplimiento del Estado de Emergencia.

Cerca del epicentro del terremoto de magnitud 7.5 que afectó a Panamá, un bebé nació durante la madrugada de este lunes en medio de las carpas instaladas para atender a los pacientes en la emergencia en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré, en la provincia de Herrera.

El parto ocurrió cerca de las 2:00 de la madrugada, en un momento en que el centro médico sostiene buena parte de sus servicios fuera del edificio principal. La infraestructura hospitalaria continúa bajo evaluación tras el sismo, por lo que pacientes, personal sanitario y familiares fueron trasladados a espacios temporales dentro del predio.

La madre quedó internada en una de las carpas modulares habilitadas por las autoridades. El nacimiento tuvo lugar durante la tercera noche de atención de emergencia en el hospital, donde médicos, enfermeros y otros trabajadores reorganizaron los servicios para atender a los pacientes afectados por la situación.

Según informó Telemetro Reporta, la mujer permanecía en una carpa con aire acondicionado, junto a otra persona hospitalizada. La climatización forma parte de los cambios introducidos durante las últimas horas en las estructuras temporales, ante las temperaturas de la región de Azuero y la necesidad de mantener condiciones adecuadas para pacientes internados y recién nacidos.

Tres módulos reemplazan las carpas iniciales del hospital

El Hospital Dr. Cecilio Castillero cuenta con tres carpas modulares que sustituyen parte de las tiendas de campaña instaladas durante las primeras horas posteriores al terremoto. Estos nuevos espacios reciben a pacientes mientras continúan las revisiones sobre las condiciones del edificio hospitalario.

Al momento del reporte, había 23 personas hospitalizadas en el centro médico. Parte de los pacientes fue trasladada a los módulos que ya están operativos, mientras otra de las estructuras todavía se encontraba en proceso de acondicionamiento.

Las carpas iniciales comenzaron a desmontarse a medida que se habilitaron los módulos. Las nuevas instalaciones disponen de mayor capacidad para camas y áreas de atención, además de sistemas de aire acondicionado en algunos sectores.

Valentín Nieto Arena, familiar de una paciente con una afección pulmonar, indicó que su hija había pasado una mejor noche tras su traslado a uno de los espacios acondicionados. También señaló que la lluvia registrada en la zona no afectó de forma grave el mobiliario y los equipos, debido a que el proceso de traslado ya estaba en marcha.

La atención obstétrica sigue en espacios provisionales

El nacimiento de este lunes se suma a otros casos atendidos desde el inicio de la emergencia. TVN había informado que el hospital registró cinco partos con resultados favorables, entre ellos los de dos bebés prematuros que permanecían estables.

La atención de ginecología y obstetricia continúa en áreas temporales. Los partos se realizan en una carpa destinada a ese servicio, mientras que las pacientes que requieren una cesárea de urgencia son trasladadas al quirófano. La recuperación posterior se cumple en otro espacio instalado de manera provisoria.

El personal sanitario también recibe consultas habituales de ginecología y obstetricia. Los equipos realizan un proceso de clasificación previo para establecer la prioridad de cada paciente y determinar el lugar en el que recibirá atención.

El Sistema Nacional de Protección Civil y otras entidades ya revisaron el hospital, aunque las evaluaciones siguen en curso. Las autoridades mantienen los servicios en carpas y módulos hasta que exista una confirmación sobre la seguridad de las instalaciones principales.

Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes se registraron 96 réplicas del terremoto que afectó a Panamá el viernes 9 de octubre, de acuerdo con el balance presentado por la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, en Telemetro Reporta. El Instituto de Geociencias reportaba más de 350 movimientos desde el sismo de magnitud 7.5.

Rivera indicó que una de las réplicas se percibió en Ciudad de Panamá y señaló que los registros del Instituto de Geociencias reflejan una disminución en la magnitud de los movimientos. La funcionaria diferenció ese indicador de la intensidad, que corresponde a cómo las personas sienten el sismo en cada lugar.

El balance de Sinaproc incluye más de 1,200 viviendas evaluadas y trabajos con el Ministerio de Obras Públicas para rehabilitar parcialmente las vías con mayores afectaciones. Rivera explicó que algunos caminos permiten el ingreso de cargas pequeñas, aunque los daños todavía impiden el tránsito de vehículos pesados o con alto tonelaje.

La subdirectora señaló que la asistencia llega en camiones hasta los puntos a los que todavía se puede acceder. Desde allí, los suministros se reparten en vehículos más pequeños, con base en las recomendaciones de los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, para evitar sobrecargas en las rutas afectadas.

Las réplicas y los daños condicionan la llegada de ayuda

Por vía aérea, las instituciones han trasladado más de 28.6 toneladas de carga (63,000 libras) hacia distintos sectores del país, principalmente en Los Santos, Herrera y Veraguas. Rivera dijo que ya había una planificación para definir los destinos de los envíos previstos para este lunes.

La operación cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, que aporta ingenieros y aeronaves, además de la logística del Servicio Nacional Aeronaval. Por tierra, según el reporte de Sinaproc, se han transportado más de 250 toneladas de ayuda hacia las zonas que pueden ser atendidas por esa vía.

Las condiciones meteorológicas impidieron parte de las operaciones planificadas durante el domingo. Rivera explicó que algunos vuelos hacia comunidades afectadas no pudieron realizarse entre el mediodía y la tarde debido al clima, mientras que el aumento del caudal de los ríos también restringió el acceso acuático en determinados sectores.

La funcionaria sostuvo que todavía hay comunidades a las que no se ha podido llegar. Añadió que, en otros casos, la información sobre el nivel de afectación continúa incompleta, pese a que ya habían pasado más de 48 horas desde el terremoto.

Rivera señaló que durante la noche del domingo llegaron nuevos videos y reportes desde la comarca Ngäbe-Buglé. Agradeció el apoyo de comunidades, medios de comunicación, gobiernos locales y personas que han ayudado a trasladar información desde zonas con problemas de conectividad.

Sinaproc pidió que los reportes incluyan el nombre de la comunidad, el número de personas afectadas y las necesidades identificadas. Rivera también solicitó que se especifique si hay personas con discapacidad, pacientes que requieren medicamentos especializados o familias que necesitan artículos como pañales y bolsas recolectoras.

La entidad requiere, además, información sobre la accesibilidad de cada comunidad por tierra, mar o aire. Rivera explicó que los reportes deben considerar las condiciones climáticas, ya que la situación puede variar entre las zonas costeras, insulares y urbanas.

Las personas pueden remitir información al teléfono 520-4427, así como a través de los canales oficiales de WhatsApp y las redes sociales de Sinaproc. La subdirectora pidió que los mensajes incluyan datos completos, porque algunas solicitudes de ayuda no precisan la ubicación ni las necesidades de las familias.

Viviendas, hospitales y cuarteles entre las estructuras afectadas

Rivera afirmó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Gobierno Nacional evalúan alternativas para las personas que perdieron sus casas. La funcionaria explicó que los daños en los caminos dificultan tanto el traslado de ayuda hacia las comunidades como la evacuación de familias hacia lugares más seguros.

La subdirectora sostuvo que hay personas que requieren un espacio con techo y paredes que las protejan de las lluvias. También mencionó que hay pacientes hospitalarios y personal de salud que permanecen a la intemperie, mientras las instituciones buscan soluciones para atender esas situaciones.

El capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Ángel Delgado, explicó en otra entrevista con Telemetro Reporta que la entidad se incorporó desde el primer día a las coordinaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Delgado señaló que la participación de Bomberos se concentra en búsqueda y rescate, inspecciones y apoyo a las instituciones que deben retomar sus servicios. La institución trasladó personal especializado hacia las zonas afectadas para reforzar los equipos ubicados en puntos específicos.

Los bomberos realizan inspecciones visibles para identificar daños en edificaciones y determinar si pueden ser habitadas. Delgado aclaró que la institución revisa sistemas eléctricos y de gas, pero esas evaluaciones no incluyen pruebas de hermeticidad.

“El Cuerpo de Bomberos no puede hacer la prueba de hermeticidad”, afirmó el capitán.

Delgado indicó que las pruebas de hermeticidad deben ser coordinadas por las administraciones de propiedad horizontal con las empresas que habitualmente prestan el servicio. También señaló que las compañías con ingenieros civiles o personal de infraestructura pueden efectuar revisiones de sus propias instalaciones.

Delgado informó que los cuarteles de La Villa, Macaracas y Soná resultaron afectados por el terremoto. En el caso de Soná, indicó que aproximadamente la mitad de la estructura sufrió daños, por lo que la Dirección General activó planes de contingencia y trasladó recursos desde zonas menos afectadas.

El Cuerpo de Bomberos mantuvo la respuesta a emergencias regulares mientras desplegaba equipos por el sismo. Durante las últimas 72 horas, atendió 52 situaciones por enjambres de abejas africanizadas y cerca de ocho incendios estructurales en el interior del país y en Ciudad de Panamá.

Según Delgado, se sumaron 881 unidades adicionales al servicio activo. El capitán estimó que entre 1,400 y 1,600 bomberos fueron activados a escala nacional para atender las operaciones relacionadas con el terremoto y las emergencias habituales.

Inspecciones en edificios, hospitales y servicios esenciales

Delgado informó que las regionales de Herrera, Los Santos y Coclé no mantendrán durante 48 horas la atención ordinaria de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, incluidos algunos trámites de certificación eléctrica. En Veraguas, la atención continuará desde el cuartel central de bomberos.

El capitán recomendó a los residentes de edificios mantener comunicación con las administraciones de las propiedades horizontales y observar si aparecieron fisuras u otras condiciones que no estaban presentes antes del sismo. Esos hallazgos deben ser reportados para que se realicen las evaluaciones correspondientes.

Bomberos apoya a Sinaproc en las revisiones estructurales y recibe respaldo de especialistas de instituciones panameñas, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá. Delgado no precisó la identidad de otra entidad que, según mencionó, también se había sumado a esas inspecciones.

Hasta el momento de la entrevista, el capitán señaló que no se habían encontrado daños de gran magnitud en las estructuras revisadas. Sin embargo, advirtió que las réplicas pueden afectar construcciones debilitadas y mencionó casos en el interior donde edificios que resistieron el primer movimiento colapsaron posteriormente.

El Cuerpo de Bomberos realizó una inspección en el Metro de Panamá y priorizó la revisión de hospitales y otras infraestructuras que prestan servicios esenciales. Delgado mencionó el trabajo conjunto con el área de infraestructura de la Caja de Seguro Social para abarcar la mayor cantidad posible de instalaciones.

La institución ha efectuado alrededor de 482 inspecciones en edificios e instalaciones. Delgado indicó que, si una estructura no presenta daños visibles y ya fue evaluada, la administración puede coordinar con la empresa proveedora del servicio para revisar la restitución del gas.

Ante una posible fuga de gas, el capitán recomendó cerrar la llave de gas del apartamento y comunicar el caso al Cuerpo de Bomberos. También pidió a la población mantener preparada una mochila para 72 horas con ropa, documentos personales, medicamentos y alimentos, mientras continúan las réplicas y las evaluaciones en las zonas afectadas.

La antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, construido en 1956 en ciudad de Panamá, resultó afectada por el movimiento telúrico de 7.5 grados del 9 de octubre, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ordenó la evacuación del área como medida preventiva.

En esta sección se encontraban 66 pacientes: 13 de psiquiatría, 41 de Salas Especiales y 12 de neumología, según un informe oficial.

Por ello, se coordinaron reubicaciones temporales dentro del complejo hospitalario.

Los pacientes de psiquiatría fueron trasladados temporalmente a la sala de Quemados del hospital.

De igual manera, 32 pacientes fueron reubicados en otras salas del centro hospitalario y 21 permanecen en el edificio de Consulta Externa.

La información indica que se evalúa la condición clínica de los pacientes para determinar posibles egresos médicos, lo que permitiría disponer de mayor capacidad para recibir a quienes requieran atención.

De igual manera, el Hospital Santo Tomás mantiene coordinaciones con el Hospital San Miguel Arcángel para evaluar la posibilidad de trasladar pacientes de psiquiatría a esta instalación, con el fin de facilitar la reorganización de los servicios y mantener la capacidad de atención.

Por precaución en las instalaciones sanitarias, solo 405 pacientes renales que se atienden en el Santo Tomás podrán tener sus sesiones de hemodiálisis hoy lunes y mañana martes, en otro pabellón del mismo hospital que no fue afectado por el sismo del 9 de octubre.

Panamá registra 2,857 pacientes en terapia de sustitución renal, de ellos 2,366 en hemodiálisis y 491 en diálisis peritoneal.

En el país se estima que alrededor de 150.000 personas presentan algún grado de afectación en la función renal, situando este padecimiento entre las prioridades del sistema sanitario.

Respecto al estado de las instalaciones de dicho hospital, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó que “ya empiezan a regresar a la normalidad”.

De igual manera, en el Hospital San Miguel Arcángel, ubicado en ciudad de Panamá, el ministro conoció las medidas de contingencia implementadas para proteger a los pacientes hospitalizados en las salas ubicadas en los niveles superiores.

Como parte de estas acciones, los pacientes fueron reubicados temporalmente en el área de espera de Consulta Externa, mientras se da seguimiento a las condiciones de la infraestructura.

El ministro Boyd Galindo indicó que el Ministerio de Salud coordina acciones para garantizar la atención hospitalaria tras el sismo y recibió una donación de 16 carpas por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Se indicó que las carpas serán habilitadas para ampliar la capacidad de atención hospitalaria en las zonas afectadas.

De estas, dos serán destinadas al Hospital San Miguel Arcángel, tres al Hospital de San Félix, en la provincia de Chiriquí, y las 11 restantes se distribuirán entre las instalaciones de salud de las provincias de Herrera y Los Santos.

Boyd Galindo realizó un recorrido por instalaciones hospitalarias del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito y la ciudad de Panamá, con el propósito de conocer las condiciones de infraestructura y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios de salud tras el sismo registrado el 9 de octubre.

Por su parte, Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), señaló que en la mayoría de las instalaciones de salud de la institución solo se descubrieron afectaciones mínimas, mientras que los equipos técnicos recomiendan volver para poder atender a la población asegurada.

“Quiero hablarle a los pacientes y a sus familiares, que entendemos su miedo, pero quiero pedirles que no permitamos que ese miedo tome decisiones por nosotros”, sostuvo.

Agregó que “cuando ese hospital ha sido inspeccionado por profesionales y sus áreas han sido declaradas seguras o parte de ellas han sido habilitadas, nuestros pacientes estarán mejor protegidos adentro, recibiendo la atención que necesitan”.

Hasta el momento, las instalaciones de la CSS que se mantiene cerradas hasta nuevo aviso son la Policlínica Presidente Remón, en la ciudad de Panamá, el Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Los Pozos, en la provincia de Herrera, la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de Tonosí, en la provincia de Los Santos) y la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, ubicada en Chitré, provincia de Herrera.

En las provincias de Herrera y Los Santos está suspendida la consulta externa este lunes y los servicios de urgencias se mantienen para quienes requieran atención inmediata.

La CSS solicitó a la población hacer un uso responsable de las instalaciones de salud y acudir a los servicios de urgencias solo en caso de una necesidad médica inmediata.

Un día después de la publicación en la Gaceta Oficial de la resolución que contempla solicitar una dispensa fiscal para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,5, el Gobierno de Panamá aclaró, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no recurrirá a ese mecanismo y mantendrá la meta de déficit fiscal del 3,5% del producto interno bruto (PIB) establecida para 2026.

La aclaración se produjo este domingo 11 de octubre, luego de que la Resolución de Gabinete N.º 108, del 10 de octubre, facultara al MEF para solicitar a la Asamblea Nacional una suspensión temporal de los límites fiscales.

Aunque la disposición abrió la posibilidad de flexibilizar las restricciones presupuestarias ante la emergencia, el ministerio sostuvo que esa autorización no constituye una obligación y que los gastos derivados del terremoto pueden atenderse sin modificar el techo vigente.

Una dispensa fiscal es un mecanismo excepcional que permite al Gobierno flexibilizar temporalmente los límites de déficit establecidos por ley, generalmente ante desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.

El déficit se produce cuando los gastos del Estado superan sus ingresos durante un período determinado. Para 2026, Panamá tiene establecido un límite equivalente al 3,5% del PIB, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

La solicitud contemplada en la resolución habría permitido ampliar temporalmente el margen de gasto público para financiar las necesidades derivadas del terremoto, siempre que recibiera la aprobación de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el MEF aseguró que la meta fiscal de este año permanece intacta, por lo que no considera necesario activar esa excepción, a pesar de que todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

El Consejo de Gabinete también autorizó hasta $100 millones en contrataciones especiales para atender los daños provocados por el terremoto, principalmente en infraestructura y servicios esenciales.

No obstante, el ministerio aclaró que esa cantidad representa un límite máximo y no un gasto automático. Los recursos se utilizarán únicamente para necesidades comprobadas, a medida que las instituciones concluyan las evaluaciones de viviendas, carreteras, hospitales, escuelas y otras instalaciones afectadas.

En cuanto al financiamiento, el Gobierno priorizará las coberturas de seguros, las donaciones y los recursos no reembolsables, antes de considerar la contratación de nuevos préstamos.

El MEF precisó que solamente acudirá al endeudamiento si resulta indispensable, dando preferencia a condiciones concesionales propias de situaciones de crisis. Los fondos serán administrados mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, con refrendo de la Contraloría y mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Entre los primeros respaldos internacionales anunciados figura CAF, que ofreció una donación de $250.000 y una línea de financiamiento por $50 millones para contribuir a la respuesta y recuperación.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición hasta $300 millones en financiamiento contingente, además de $500.000 en cooperación no reembolsable destinada a asistencia técnica y evaluación de los daños.

En conjunto, CAF y el BID han anunciado hasta $350 millones en opciones de financiamiento y $750.000 en recursos no reembolsables. Sin embargo, las líneas de crédito no representan desembolsos ejecutados ni obligaciones de deuda ya contratadas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también mencionó el respaldo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sin precisar nuevos montos de financiamiento de esas instituciones.

El terremoto del 9 de octubre, con epicentro en la zona de Tonosí, en la provincia de Los Santos, dejó daños en viviendas, centros educativos, carreteras, puentes y otras infraestructuras, principalmente en las provincias centrales de Panamá.

Mientras continúan las inspecciones y la distribución de ayuda humanitaria, el Gobierno sostiene que la atención a las comunidades damnificadas será prioritaria, aunque todavía está pendiente determinar el costo total de la recuperación y reconstrucción.

La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este domingo su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país el viernes y dejó cerca de 30 heridos leves, además de daños en más de 1,400 estructuras. El organismo deseó una “recuperación plena y rápida” para las personas afectadas por el sismo.

En un comunicado, Caricom sostuvo que Panamá y sus Estados miembros mantienen una relación histórica. “Panamá y los Estados miembros de la Caricom comparten una historia profundamente entrelazada que abarca muchas generaciones de ciudadanos que han contribuido al desarrollo del Caribe”, indicó la organización.

El bloque regional también reconoció “la destrucción y el desplazamiento causados por los desastres naturales” y manifestó su deseo de que las personas lesionadas se recuperen pronto y las comunidades afectadas puedan recuperar la normalidad.

Solidaridad con raíces históricas

Caricom está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

El Gobierno de Panamá declaró la emergencia nacional

Según el último informe de las autoridades panameñas, no se registraron fallecidos ni personas desaparecidas como consecuencia del terremoto. La cifra de heridos se acerca a los 30 y corresponde, en su mayoría, a lesiones leves.

Las inspecciones posteriores al sismo elevaron el número de edificaciones afectadas a más de 1,400. El recuento incluye 840 residencias y edificios de viviendas, 419 escuelas, más de 60 inmuebles gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

El Gobierno aún no informó una estimación de las pérdidas materiales. No obstante, declaró el estado de emergencia nacional para habilitar hasta USD 100 millones destinados a la atención de la crisis, las reparaciones y la reconstrucción de las zonas golpeadas.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que entre el sábado y este domingo distribuyó por vía aérea cerca de 26 toneladas de ayuda humanitaria en las áreas con mayores daños. Los envíos incluyeron agua embotellada, alimentos y artículos de primera necesidad.

Actividad tectónica en una región menos expuesta que el resto del Pacífico

El terremoto del viernes tuvo su epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia central de Herrera, y se sintió en gran parte del territorio panameño, incluida la capital. El movimiento principal estuvo acompañado por una sucesión de réplicas, entre ellas un sismo de magnitud 6,6, según los registros divulgados por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Aunque Panamá registra menos terremotos destructivos que otros países de la costa del Pacífico americano, su territorio está expuesto a la interacción de las placas de Cocos, Nazca y Caribe. La actividad sísmica suele concentrarse en el occidente, cerca de la frontera con Costa Rica, y en áreas del litoral del Pacífico.

El antecedente más grave de las últimas décadas ocurrió el 22 de abril de 1991. Un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en Costa Rica, causó daños en la región panameña de Bocas del Toro. El episodio dejó 23 muertos, 559 heridos y miles de personas sin vivienda, de acuerdo con datos recogidos por Associated Press, agencia de noticias estadounidense.

Las autoridades continúan con las inspecciones estructurales en escuelas, viviendas, centros sanitarios e instalaciones públicas para determinar el alcance de los daños y definir las prioridades de asistencia.

Las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen no presentan daños visibles tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, según las inspecciones realizadas por los equipos técnicos de la terminal aérea.

Las revisiones tampoco identificaron objetos extraños sobre las superficies de aterrizaje y despegue, mientras que los puentes de abordaje inspeccionados se mantienen operativos, informó este domingo la administración aeroportuaria.

A pesar de estos resultados, Tocumen mantiene activos sus protocolos de seguridad debido a las réplicas que continúan registrándose después del movimiento sísmico. Cuando las condiciones lo requieren, las operaciones se suspenden temporalmente para efectuar nuevas verificaciones de las instalaciones.

La actividad aérea solamente se reanuda después de comprobar que existen condiciones seguras, una medida preventiva que puede ocasionar modificaciones adicionales en los itinerarios.

El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias informó que los vuelos comenzaron a ajustarse nuevamente a la programación habitual de los bancos de conexiones, aunque todavía persisten retrasos derivados de las interrupciones acumuladas desde el viernes.

En redes sociales, algunos pasajeros han expresado inconformidad por las demoras, cancelaciones y cambios de itinerarios, mientras las aerolíneas reorganizan sus operaciones para atender a los viajeros afectados.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, aseguró que la administración mantiene una coordinación permanente con las compañías aéreas para agilizar las reprogramaciones y facilitar la salida de los pasajeros que no han podido continuar sus viajes.

El funcionario explicó que se están utilizando los recursos operativos disponibles para recuperar la normalidad, sin comprometer las medidas de seguridad establecidas después del terremoto. Los horarios estimados se actualizan en las pantallas informativas de ambas terminales

Ante las afectaciones, Copa Airlines amplió su política de flexibilidad para pasajeros con boletos emitidos hasta el 9 de octubre, cuyos viajes estuvieran programados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026.

La compañía permite reprogramar vuelos sin cargos por cambio ni diferencias de tarifa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y el nuevo itinerario se realice hasta el 31 de octubre. Las medidas abarcan las rutas de su red, incluidos los pasajeros que realizan conexiones en Panamá.

La aerolínea también informó que los viajeros que decidan no utilizar sus boletos pueden conservar su valor como crédito para un viaje posterior, sin penalidad por cambio durante la vigencia correspondiente.

Además, habilitó la posibilidad de solicitar reembolsos por boletos no utilizados o por trayectos pendientes, incluso cuando se trate de tarifas originalmente no reembolsables, conforme a las condiciones anunciadas. Copa recomendó verificar el estado de cada vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, debido a la posibilidad de nuevas modificaciones.

La recuperación de las operaciones aeroportuarias continúa condicionada por la actividad sísmica posterior al terremoto, que ha provocado numerosas réplicas en distintas zonas de Panamá. Aunque las inspecciones realizadas hasta ahora no han detectado daños visibles en las pistas, Tocumen advirtió que mantendrá las suspensiones preventivas cuando sea necesario efectuar nuevas revisiones.

La administración solicitó a los pasajeros permanecer en contacto con sus aerolíneas para confirmar sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.

El terremoto de magnitud 7,5, registrado el 9 de octubre con epicentro en la zona de Tonosí, en la provincia de Los Santos, dejó daños en viviendas, centros educativos, establecimientos comerciales, carreteras y puentes de distintas comunidades de Panamá.

Las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas figuran entre las más afectadas, con poblaciones que han enfrentado interrupciones en los servicios de agua y electricidad, además de dificultades para recibir asistencia humanitaria. Mientras continúan las evaluaciones de infraestructura, las numerosas réplicas mantienen activos los protocolos de seguridady las operaciones de emergencia en las zonas impactadas.

La desesperación por la falta de alimentos, agua y asistencia humanitaria comienza a provocar protestas en comunidades rurales de Panamá afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre.

En Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, moradores cerraron la principal vía de acceso para reclamar ayuda de las autoridades, después de permanecer aislados por los daños en la carretera.

Los residentes aseguran que los suministros no han llegado a sus hogares, pese a los operativos anunciados por el Gobierno desde el sábado.

La situación de Torio refleja las dificultades que enfrentan poblaciones alejadas de las cabeceras provinciales, donde los daños en carreteras y puentes han complicado tanto la movilidad como el traslado de mercancías.

Los moradores afectados sostienen en redes sociales que la asistencia se concentra en los principales poblados y centros de distribución, mientras comunidades más pequeñas continúan esperando alimentos, agua potable y materiales para proteger sus viviendas.

Los reclamos también se extienden a Macaracas y Tonosí, en Los Santos, así como a Los Pozos y Pesé, en Herrera, donde residentes han solicitado una intervención más rápida de las instituciones.

A través de las redes sociales, habitantes de estos sectores aseguran que hasta la mañana del domingo 11 de octubre no habían recibido visitas de funcionarios ni entregas de ayuda en algunos poblados apartados.

En Pesé, provincia de Herrera, las imágenes difundidas por residentes muestran viviendas con grietas, paredes desprendidas y otros daños considerables, mientras continúan las evaluaciones de las estructuras. Moradores de algunas localidades sostienen que más de la mitad de las casas de sus comunidades presentan afectaciones importantes.

El balance preliminar más reciente divulgado por el Centro de Operaciones de Emergencias y el Sistema Nacional de Protección Civil elevó a 840 las viviendas afectadas en todo el país, además de 419 centros educativos con daños.

El informe, presentado la noche del sábado 10 de octubre, también contabilizó más de 1.200 personas directamente impactadas por el terremoto. Las autoridades mantienen las evaluaciones, por lo que las cifras pueden aumentar a medida que los equipos lleguen a las zonas rurales.

En Veraguas, el Ministerio de Obras Públicas identificó entre cuatro y cinco kilómetros de carreteras con deterioro considerable en el área de Torio, según informó el ministro José Luis Andrade durante una inspección realizada este domingo.

La institución coordina el ingreso de maquinaria y personal para rehabilitar los tramos afectados. La Policía Nacional también reportó operaciones en Torio y Malena, destinadas a facilitar el traslado de equipo pesado y mejorar las condiciones de acceso.

La situación vial también es complicada en Los Santos, donde el Ministerio de Obras Públicas inspeccionó cinco puentes y varios tramos carreteros afectados por el terremoto. Una evaluación preliminar determinó el cierre del puente sobre el río Oria, en Oria Arriba, distrito de Pedasí, debido a daños estructurales.

El paso de vehículos quedó prohibido hasta nuevo aviso, mientras se coordinan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes utilizan esa ruta.

Para ingresar a Tonosí, el MOP estableció como alternativa el recorrido Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí, exclusivamente para vehículos livianos. La restricción complica el traslado de grandes volúmenes de mercancías hacia uno de los distritos más afectados.

En el puente sobre el río Tonosí se detectaron daños en la losa que requieren reparación, mientras que otras dos estructuras del corregimiento de Cañas presentan deterioro en sus losas y hundimientos en los accesos.

Las inspecciones también abarcan el puente sobre el río Quema, en Bajo de Güera, donde la evaluación oficial no identificó afectaciones graves, aunque otros tramos de la red vial continúan bajo seguimiento. En el corregimiento de Flores se atendió un derrumbe de tierra, mientras que en Búcaro se identificaron hundimientos.

También se reportaron obstrucciones parciales y deslizamientos en sectores de Macaracas, lo que obliga a los conductores a utilizar rutas alternas y circular con precaución.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció que los daños en las carreteras han retrasado el traslado de alimentos hacia las comunidades más apartadas, pero aseguró que las entregas comenzaron a realizarse desde el sábado.

El mandatario explicó que algunos caminos quedaron prácticamente intransitables y que el transporte terrestre resulta indispensable para movilizar suministros en grandes cantidades, mientras las aeronaves permiten alcanzar temporalmente los lugares con mayores problemas de acceso.

Durante una visita a Chitré, Mulino señaló que helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval transportaron agua y alimentos secos hacia Tonosí, donde familias afectadas permanecían reunidas en una cancha y bajo carpas.

El presidente sostuvo que la ayuda continuará llegando conforme se habiliten las carreteras. También destacó que hasta ese momento no se habían registrado víctimas mortales, aunque reconoció los importantes daños materiales provocados por el terremoto.

El operativo humanitario incluye la preparación y distribución de más de 6.000 bolsas de alimentos por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario, destinadas a familias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Los paquetes contienen arroz, aceite, granos, productos enlatados, pasta y otros alimentos básicos.

Estados Unidos también puso helicópteros militares a disposición de Panamá y anunció $5 millones de asistencia inicial, con el propósito de reforzar el transporte de suministros hacia las áreas afectadas.

Mientras persisten los reclamos de las comunidades rurales, el Ministerio de Seguridad Pública informó que un total de 57.440 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a unas 26 toneladas, fueron trasladadas mediante un puente aéreo hacia las zonas afectadas por el terremoto.

Las operaciones, coordinadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se desarrollaron entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con el transporte de alimentos, agua embotellada y otros artículos de primera necesidad.

Del total movilizado, 47.940 libras de suministros fueron transportadas durante el sábado y otras 9.500 libras el domingo, según el balance oficial.

La magnitud de la emergencia también se refleja en los 1.783 casos relacionados con el terremoto atendidos por el Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 128 correspondieron a afectaciones en infraestructuras. Estas solicitudes formaron parte de un total de 4.936 reportes recibidos a través de la línea 104, que permanece habilitada para canalizar alertas ciudadanas y coordinar la intervención de los organismos de seguridad.

Las labores de asistencia también incluyen el traslado de suministros desde Panamá Pacífico, el centro de acopio de los Bingos Nacionales y el Parque Omar, con destino a las zonas afectadas.

El Servicio Nacional de Migración informó que sus unidades participan en la distribución de agua, alimentos y artículos de higiene, además de la instalación de carpas de apoyo en los hospitales Joaquín Pablo Franco, en Los Santos, y Nelson Collado, en Herrera. Pese al volumen de mercancías movilizadas, las cifras oficiales no detallan cuánta asistencia ha recibido cada comunidad rural que denuncia demoras en las entregas.

Frente a una iglesia con daños estructurales, los habitantes de Tonosí volvieron a reunirse este domingo para rezar después del terremoto que sacudió a Panamá. El pueblo cercano al epicentro del terremoto en Panamá amanece orando a la espera de ayuda, mientras continúa sin servicios básicos de agua y energía eléctrica por tiempo indefinido.

La comunidad, ubicada en la península de Azuero y considerada la más próxima al punto donde se originó el sismo de magnitud 7.5, enfrenta además el temor por las réplicas. Muchos vecinos pasaron las últimas noches en parques, patios y calles, ante el riesgo de que sus viviendas sufran nuevos daños.

La información fue retomada de EFE, que recorrió las zonas afectadas y constató que en Tonosí aún no se había restablecido el suministro de agua ni de luz. La agencia también verificó la presencia de la Cruz Roja, maquinaria para despejar caminos y autoridades locales que entregaban botellas de agua a los residentes.

La iglesia quedó cerrada por daños tras el sismo

La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde los habitantes suelen asistir a misa los domingos, no pudo abrir sus puertas debido a las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico. La celebración religiosa se trasladó al exterior del templo, donde se congregaron familias, adultos mayores y niños.

El padre Edvin Cumes, responsable de esa parroquia y de otras 32 comunidades cercanas, encabezó la eucaristía improvisada. “Sentí que era preciso mostrar una acción de gracias a Dios porque, como dije en la misa, después de todo lo que hemos pasado sin ver víctimas de pérdida de vida aquí nos tiene Dios”, afirmó el sacerdote.

El terremoto tuvo una profundidad menor a 10 kilómetros y golpeó con mayor fuerza a localidades rurales de Azuero, una región donde predominan la agricultura y la ganadería. Aunque no se registraron fallecidos ni personas desaparecidas, las autoridades informaron que hubo menos de 30 heridos leves y daños en viviendas, centros educativos, iglesias y edificios públicos.

Más de 1,400 construcciones resultaron afectadas en Panamá

El informe oficial más reciente indicó que más de 1,400 edificaciones sufrieron daños en todo el país. La lista incluye unas 840 viviendas y edificios residenciales, 419 escuelas, más de 60 sedes gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

En Tonosí, los daños son visibles en varias construcciones del casco urbano. Algunas iglesias presentan campanarios caídos y grietas que elevan el riesgo de colapso. El templo principal del pueblo no se derrumbó, pero permanece afectado por el sismo.

“Habremos perdido muchas cosas, como bienes materiales, pero creo que lo más importante y es irreparable es la vida misma (…) aquí nos tiene con vida, quizá algunos golpeados y otros sin saber qué hacer, pero al final aquí nos tiene Dios con vida, que es lo que nos debe interesar ahora mismo”, señaló Cumes.

Los accesos dañados dificultan la llegada de asistencia

Las rutas hacia Tonosí también presentan daños. Uno de los caminos quedó bloqueado por deslizamientos de tierra, mientras que otro fue despejado parcialmente, aunque conserva grietas, piedras y árboles caídos.

El aislamiento agrava la situación en una localidad que ya se encuentra a más de 300 kilómetros de Ciudad de Panamá y a casi 130 kilómetros de la carretera Panamericana. Las autoridades trabajan en la limpieza de los accesos y las empresas eléctricas intentan restablecer el servicio en las áreas afectadas.

Mientras esperan la recuperación de la luz y el agua, los vecinos de Tonosí permanecen atentos a las réplicas y continúan fuera de sus viviendas durante la noche.

Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria inicial de $5 millones para Panamá y mantiene desplegados helicópteros y personal militar para transportar alimentos, agua y otros suministros hacia las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del pasado viernes 9 de octubre.

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien explicó que los recursos y equipos destinados originalmente a programas de cooperación en seguridad están siendo utilizados para responder a la emergencia.

El diplomático señaló que el presidente Donald Trump autorizó los $5 millones para atender las necesidades inmediatas de la población y puso a disposición del Gobierno de José Raúl Mulino los recursos estadounidenses presentes en el país.

La asistencia incluye helicópteros militares, personal especializado y apoyo logístico para movilizar mercancías hacia localidades de difícil acceso, especialmente en las provincias centrales, donde el movimiento sísmico provocó daños en carreteras, viviendas y edificios públicos.

Uno de los principales recursos utilizados es un helicóptero militar Chinook CH-47 de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que ya se encontraba en Panamá participando en actividades de entrenamiento cuando ocurrió el terremoto.

La aeronave comenzó el sábado 10 de octubre a transportar carpas, suministros y personal desde Panamá Pacífico hacia las regiones afectadas, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según explicó Cabrera, los helicópteros estadounidenses ya han trasladado miles de libras de agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad. El operativo también utiliza aeronaves vinculadas a programas de cooperación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) con el Senan.

El embajador anunció recorridos por distintos puntos de Veraguas para entregar suministros recolectados en la ciudad de Panamá y conocer las necesidades de las comunidades.

El Chinook cuenta con capacidad aproximada para transportar 10.000 libras de carga o 24 pasajeros, lo que permite movilizar volúmenes importantes de asistencia en trayectos donde el transporte terrestre enfrenta dificultades.

Las operaciones aéreas forman parte de una respuesta coordinada entre las autoridades panameñas y estadounidenses, que también contempla el envío de especialistas en búsqueda, rescate y evaluación estructural para apoyar las inspecciones de edificaciones afectadas.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que movilizó fuerzas militares por instrucciones de su comandante, el general Francis L. Donovan, para apoyar las operaciones humanitarias dirigidas por el Departamento de Estado.

El despliegue comprende aeronaves de ala rotatoria, personal de cooperación en seguridad y transporte de equipos esenciales. La misión incluye asistencia para evaluar daños, localizar personas lesionadas y facilitar la entrega de recursos, de acuerdo con las necesidades identificadas por las instituciones panameñas.

Mientras continúa la movilización internacional, habitantes de comunidades rurales de Herrera, Los Santos y Veraguas han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda. Entre los lugares mencionados figuran Soná, Mariato, Torio, Los Pozos, Macaracas y Tonosí, donde residentes de sectores alejados de las cabeceras distritales aseguran que todavía no han recibido alimentos, agua u otros suministros oficiales.

Estos reclamos reflejan las dificultades para alcanzar poblaciones dispersas, aunque no permiten establecer que todos los sectores de esos distritos permanezcan sin asistencia.

El presidente José Raúl Mulino reconoció las dificultades para llevar suministros a las áreas más apartadas de Azuero, pero aseguró que la distribución comenzó a avanzar durante el sábado. Explicó que varias carreteras quedaron dañadas e impedían el paso de vehículos con mercancías. u

La recuperación de las vías resulta fundamental para trasladar grandes cantidades de alimentos por tierra, mientras los helicópteros permiten atender temporalmente a las comunidades con problemas de acceso.

Durante una visita al Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, Mulino indicó que aeronaves del Senan habían transportado agua y alimentos secos hacia Tonosí, donde numerosas familias permanecían en espacios abiertos y bajo carpas.

El mandatario sostuvo que la asistencia se ampliará conforme se restablezca la circulación por las carreteras afectadas y destacó que, pese a la magnitud del terremoto, hasta ese momento no se habían reportado víctimas mortales.

A la operación se sumó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que informó este domingo 11 de octubre que prepara y distribuye más de 6.000 bolsas de alimentos secos.

Las labores se desarrollan desde sus sedes regionales en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, con destino a albergues, hospitales y comunidades afectadas. La institución organiza la asistencia en combos de dos bolsas, con productos de primera necesidad para las familias damnificadas.

Cada combo incluye 10 libras de arroz, una botella de aceite, atún, sardinas, jamonilla, lentejas y frijoles, además de otros productos enlatados. También contiene pasta, crema de maíz, azúcar y sal, entre los artículos destinados a cubrir las necesidades alimentarias inmediatas.

El IMA informó que mantiene activos sus equipos de empaque y distribución, aunque no precisó cuántas bolsas habían llegado efectivamente a las familias hasta la publicación de su comunicado.

El terremoto también obligó a reorganizar la atención sanitaria en hospitales de las provincias centrales, donde varios centros mantienen pacientes en carpas mientras se completan las evaluaciones de seguridad.

En Chitré, Mulino informó que se estaban instalando carpas refrigeradas con aire acondicionado en el Hospital Cecilio A. Castillero, para reducir la exposición de los pacientes al calor y la humedad. Las autoridades también continúan revisando escuelas, viviendas, carreteras y otras infraestructuras dañadas.

La asistencia humanitaria se desarrolla mientras las réplicas y los daños en las vías mantienen dificultades para numerosas comunidades, particularmente en sectores rurales de Azuero y Veraguas.

Aunque el Gobierno asegura que los suministros ya comenzaron a llegar y Estados Unidos amplió su apoyo logístico y financiero, la distribución efectiva de alimentos, agua y refugio hacia los poblados más aislados sigue siendo uno de los principales desafíos de la respuesta al terremoto.

Una barbería móvil con aire acondicionado se convirtió en un refugio temporal para recién nacidos en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, después del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

Ante la evacuación del Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, médicos y enfermeras trasladaron equipos y pacientes a espacios exteriores, donde debieron continuar la atención bajo el calor.

El propietario de la unidad, identificado en redes sociales como @boss__barberr, ofreció el vehículo para proteger a los bebés mientras persistían las réplicas.

La escena en Chitré refleja las condiciones extraordinarias en las que el personal médico ha tenido que trabajar desde el terremoto, ocurrido a las 12:56 de la tarde.

En distintos hospitales de las provincias centrales, los estacionamientos y las carpas se transformaron en espacios provisionales de atención, ante la necesidad de mantener los servicios sin exponer a pacientes y trabajadores a posibles riesgos dentro de las edificaciones. También se reportaron partos atendidos en áreas improvisadas, mientras continuaban las inspecciones.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que cuatro hospitales mantienen la atención de pacientes en carpas habilitadas en sus áreas exteriores, mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

En el Hospital de Ocú, provincia de Herrera, los servicios fueron trasladados al Minsa-Capsi del distrito como medida preventiva. El Gobierno ha contabilizado 21 instalaciones sanitarias afectadas por el terremoto, aunque las autoridades mantienen las inspecciones para determinar el alcance de los daños y las condiciones de funcionamiento de cada establecimiento.

Durante un recorrido por Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, constató las afectaciones y coordinó medidas para mantener los servicios médicos. El funcionario anunció que se están trasladando hospitales modulares desde otras regiones para reforzar la capacidad de atención.

Las unidades temporales permitirán recibir pacientes mientras se completan los inventarios de necesidades, se evalúan las estructuras y se determina qué áreas pueden volver a utilizarse.

En Penonomé, provincia de Coclé, el Hospital Aquilino Tejeira presenta afectaciones leves y permanece a la espera del informe técnico de evaluación, según el Minsa. Durante la emergencia, decenas de pacientes recibieron atención en espacios exteriores mientras se reorganizaban los servicios.

En Herrera, el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero continúa pendiente de evaluación, una situación que obligó al personal sanitario a adaptar las áreas disponibles para atender a personas evacuadas, entre ellas madres y recién nacidos.

La situación es especialmente delicada en Tonosí, distrito cercano al epicentro del terremoto, donde el hospital rural presenta afectaciones estructurales que comprometen el funcionamiento de sus instalaciones.

Durante su visita, Boyd Galindo anunció la construcción de un nuevo centro hospitalario con una inversión estimada de $30 millones y un plazo proyectado de ejecución de 18 meses. El ministro explicó que se trabaja en la formalización del contrato, que deberá remitirse a la Contraloría General de la República para su refrendo antes de emitir la orden de proceder.

En la provincia de Los Santos, el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en Las Tablas, registra afectaciones leves y permanece pendiente de evaluación. El establecimiento figura entre los centros que requieren seguimiento técnico después del movimiento sísmico.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en áreas de urgencias y atención de pacientes que no pueden esperar a que concluyan las inspecciones.

En Veraguas, el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, ubicado en Santiago, atendió pacientes en módulos y pasillos mientras se evaluaban sus instalaciones. Posteriormente, la Universidad Tecnológica de Panamá certificó que las estructuras del centro hospitalario son seguras, por lo que el Minsa anunció que se procederá al restablecimiento normal de los servicios dentro del edificio.

La decisión permitirá retirar progresivamente las medidas provisionales utilizadas durante las primeras horas de la emergencia.

La respuesta sanitaria también incluye el despliegue de 203 funcionarios del Ministerio de Salud para atender las necesidades provocadas por el terremoto, coordinar recursos y reforzar la atención en las regiones afectadas.

El ministro Boyd Galindo explicó que la institución realiza un inventario de equipos, suministros e infraestructura necesaria para sostener los servicios, mientras se determina qué establecimientos requieren reparaciones, instalaciones temporales o intervenciones de mayor alcance.

El Gobierno de Panamá también habilitó centros de acopio para canalizar donaciones hacia las comunidades que sufrieron daños en viviendas e instalaciones públicas. Entre los artículos más necesarios figuran agua embotellada, alimentos no perecederos, fórmulas infantiles, pañales, productos de higiene, colchonetas y frazadas.

La asistencia resulta especialmente importante para las familias con niños pequeños y personas que necesitan atención médica continua, en momentos en que numerosas comunidades todavía enfrentan dificultades de acceso y servicios básicos.

Más allá de los daños materiales, la emergencia ha dejado imágenes de médicos, enfermeras y ciudadanos buscando soluciones para proteger a los pacientes, incluso mediante espacios tan inesperados como una barbería móvil.

El Ministerio de Salud informó que no se habían reportado fallecimientos a nivel nacional como consecuencia del terremoto, mientras continuaban las evaluaciones de infraestructura y las acciones para restablecer los servicios en condiciones seguras.

Las noches transcurren entre sillas plegables, colchones y hamacas en parques de Panamá, donde cientos de personas permanecen fuera de sus hogares después de que un terremoto dañara viviendas y edificios en varias provincias del centro del país. El temor a nuevas sacudidas y el estado de las construcciones impiden que muchas familias vuelvan a entrar.

En Chitré, a 250 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, vecinos instalaron espacios improvisados para pasar la noche. Algunos duermen sobre colchones en el parque; otros permanecen sentados, atentos a cualquier movimiento. “Pasamos aquí toda la noche, muchos no dormimos, ya estamos instalados, de aquí no nos vamos”, dijo Gloria Gutiérrez, de 67 años, en declaraciones a AFP.

El terremoto de magnitud 7.5 ocurrió el viernes, dejó una treintena de heridos y provocó daños en viviendas, escuelas, hospitales, iglesias, edificios públicos, puentes y carreteras. Las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas concentran las mayores afectaciones, mientras las autoridades registraron más de 200 réplicas.

Los daños en las viviendas frenan el regreso de las familias

En Chitré, una ciudad de más de 60,000 habitantes, el sismo derribó techos y paredes de decenas de casas, además de causar daños en vehículos. Para algunos residentes, el problema no se limita a encontrar dónde dormir: también deben resolver cómo repararán viviendas que ya no consideran seguras.

Desireth Villarreal, de 29 años, pasó la noche a la intemperie después de que el movimiento derribara el cielo raso de la casa que alquila. La maquilladora señaló los daños y preguntó: “¿Quién va a reparar eso?”. Durante la entrevista, una nueva réplica la obligó a salir de la vivienda.

La situación se repite en Macaracas, en la provincia de Herrera, donde hay casas destruidas y escombros dentro de las propiedades. Javier Jiménez, jubilado de 68 años, tuvo que trasladarse a un colegio para pasar la noche. En la entrada de su vivienda quedaron acumuladas las tejas que cayeron durante el terremoto.

“Nosotros no podemos habitar esto”, afirmó Jiménez. El hombre explicó que los movimientos continúan y que el miedo condiciona cualquier intento de regresar: “Todo el mundo está con temor porque los sismos son constantes, no nos atrevemos a venir”.

¿Cuándo bajará la actividad sísmica?

En Tonosí, en la provincia de Los Santos, parte de sus cerca de 9,000 habitantes permanece en parques, jardines, toldos y tiendas de campaña. Algunas personas optaron por descansar en hamacas, mientras en el pueblo persisten los daños en casas y comercios.

Las viviendas de una planta presentan paredes caídas, tabiques desprendidos, cristales rotos y techos de láminas de cinc en el suelo. En varios negocios, las estanterías y la mercancía permanecen esparcidas tras el terremoto.

El profesor Eduard Melgar, de 45 años, aseguró que su casa sufrió daños que impiden una reparación inmediata. “La casa es una pérdida, no hay forma de reconstruir porque las paredes están comprometidas, estamos esperando que las réplicas bajen un poco para poder entrar y rescatar las cosas personales”, señaló.

Melgar indicó que su esposa y sus dos hijos se trasladaron de forma temporal a otra vivienda. También sostuvo que aún no recibió la visita de autoridades. “Es una tristeza muy grande saber que algo que tú has creado con esfuerzo y con sacrificio en unos minutos lo ves en el suelo”, agregó.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que no hay fallecidos ni desaparecidos y decretó el estado de emergencia. La medida permitirá agilizar recursos por $100 millones para asistencia humanitaria, reparación de carreteras, hospitales, escuelas y viviendas. Mientras continúan las evaluaciones, la ayuda comenzó a llegar a algunas de las zonas afectadas.

La emergencia que sacudió a Panamá también alcanzó al calendario deportivo. El segundo amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, previsto para el 13 de octubre, fue cancelado debido a las consecuencias del terremoto registrado el viernes en el país centroamericano.

La decisión se suma a la suspensión del primer partido de la serie, que debía disputarse el sábado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ese encuentro fue cancelado como medida preventiva ante los movimientos sísmicos que afectaron distintas zonas del país y obligaron a las autoridades a priorizar la atención de la emergencia.

Según informó EFE, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó que el encuentro del martes, programado para las para las 8:30 de la noche, tampoco se llevará a cabo tras evaluar la situación con las instituciones involucradas en la organización.

La federación priorizó la seguridad de las delegaciones

La FPF indicó que la cancelación se resolvió después de conversaciones y una revisión conjunta de las condiciones en el país. La entidad señaló que la medida apunta a proteger a las futbolistas, los cuerpos técnicos, los aficionados y el personal que debía participar en la realización del partido.

Con la suspensión definitiva de la serie, la delegación de Nueva Zelanda adelantará su regreso a su país. La federación panameña también informó que las personas que compraron entradas para el segundo amistoso podrán solicitar el reembolso correspondiente.

El encuentro formaba parte de la preparación internacional de ambas selecciones femeninas. Sin embargo, la situación provocada por el sismo modificó la agenda deportiva y llevó a las autoridades a dejar sin efecto los dos compromisos previstos en Ciudad de Panamá.

El sismo obligó a suspender clases y afectó servicios

El terremoto ocurrió el viernes a las 12:56 hora local y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó inicialmente una magnitud de 7.7, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ajustó posteriormente la medición a 7.5.

El movimiento se sintió en varias regiones del país y generó daños en viviendas, escuelas y carreteras del interior. El reporte oficial más reciente consignó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, y afectaciones de distinto nivel en 700 edificaciones afectadas donde residen 2,130 personas.

Las autoridades también suspendieron las clases como parte de las medidas adoptadas tras el sismo. La interrupción alcanzó a centros educativos de distintas zonas, mientras continuaban las inspecciones para determinar el estado de los edificios y las condiciones de seguridad para el retorno de los estudiantes.

La emergencia provocó además cortes de energía en diversos sectores. Los servicios fueron restablecidos de forma gradual, aunque las autoridades mantuvieron monitoreos en las áreas afectadas y pidieron a la población seguir las indicaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Las dos líneas del Metro retomaron sus operaciones

El sistema de Metro de Panamá reanudó las operaciones de sus dos líneas luego de dos días de suspensión. La paralización formó parte de las acciones preventivas aplicadas después del terremoto, mientras se revisaban estaciones, vías y equipos.

La recuperación del servicio permitió restablecer uno de los principales medios de transporte de la capital. Aun así, la cancelación de los amistosos refleja que la situación continúa bajo evaluación y que las actividades públicas dependen de las condiciones de seguridad en cada zona del país.

El terremoto de magnitud 7,5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre, a las 12:56 de la tarde, ha estado acompañado de una intensa actividad sísmica que mantiene en alerta a las comunidades afectadas.

Un recuento preliminar identifica más de 230 movimientos en la región desde el evento principal, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, una cifra estimada que cambia constantemente conforme se incorporan y revisan nuevos datos.

Hasta las 7:11 de la mañana del domingo 11 de octubre, el catálogo del Instituto de Geociencias registraba aproximadamente 85 movimientos posteriores al terremoto en los alrededores de Tonosí, localidad cercana al epicentro del sismo principal de magnitud 7,5.

Otros 56 eventos fueron referenciados a Soná y 39 a la isla Coiba, según un recuento preliminar de los registros, cuyas cifras pueden variar conforme se actualiza la información.

También aparecen eventos localizados respecto de Santiago, Las Tablas y Chitré. La frecuencia promedio calculada ronda un movimiento cada 11 minutos, aunque los intervalos son irregulares y algunos temblores ocurren con apenas segundos de diferencia.

La persistencia de las sacudidas ha llevado a familias de las comunidades más afectadas a permanecer fuera de sus viviendas, particularmente donde existen grietas, desprendimientos y daños estructurales.

La preocupación se extiende durante la noche, cuando el temor a nuevas réplicas dificulta que los residentes regresen a dormir bajo techo, mientras esperan evaluaciones que permitan determinar las condiciones de seguridad de sus casas.

La emergencia también ha dejado daños en más de 700 viviendas y afectaciones reportadas en 419 centros educativos, además de carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

Los problemas se concentran en distintos sectores de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde el deterioro de las vías y las interrupciones de agua y electricidad complican la atención de las familias. El balance continúa sujeto a modificaciones conforme avanzan las inspecciones oficiales.

Entre las localidades afectadas figuran Macaracas, en Los Santos, y Los Pozos, en Herrera, donde también se reportan importantes daños, especialmente en comunidades rurales alejadas de las cabeceras de distrito.

En estos sectores, las dificultades de acceso representan un obstáculo adicional para evaluar las viviendas y distribuir asistencia, por lo que el alcance de las afectaciones podría variar a medida que los equipos de emergencia lleguen a los poblados más apartados.

Otro elemento de la secuencia es la escasa profundidad de numerosos movimientos sísmicos registrados desde el viernes. Cerca del 90% de los eventos del recuento preliminar ocurrió a 10 kilómetros o menos, con registros frecuentes a esa profundidad y otros a cinco, cuatro, tres y dos kilómetros.

Los sismos superficiales pueden generar sacudidas intensas cerca de su epicentro, aunque sus efectos también dependen de la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que las réplicas ocurren cuando un terremoto modifica las tensiones acumuladas en la corteza terrestre, provocando nuevas rupturas en sectores próximos a la falla activada. La concentración de movimientos en profundidades similares puede responder a esa redistribución de esfuerzos.

La elevada frecuencia inicial también es un comportamiento conocido de las secuencias sísmicas, que generalmente disminuyen con el paso del tiempo sin que sea posible predecir cada evento.

Mientras continúan las labores de asistencia, las autoridades mantienen las inspecciones de viviendas, escuelas, carreteras y otras infraestructuras afectadas, con especial atención a las comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

La combinación de daños materiales y movimientos persistentes mantiene la incertidumbre entre las familias de Azuero, mientras el Instituto de Geociencias continúa actualizando un registro cuya cantidad de eventos y localizaciones todavía puede cambiar.

El Metro de Panamá reanudó durante la mañana de este domingo 11 de octubre las operaciones comerciales de sus líneas 1 y 2, después de permanecer suspendidas desde el viernes 9 de octubre por el terremoto de magnitud 7,5 registrado a las 12:56 de la tarde.

El restablecimiento del servicio se produjo tras las inspecciones técnicas y las pruebas de seguridad realizadas en ambas líneas durante el fin de semana.

La empresa había adelantado en sus redes sociales que el servicio comenzaría en breve, tras completar las verificaciones de seguridad necesarias para permitir nuevamente el ingreso de pasajeros.

La reapertura se produce después de dos jornadas de suspensión preventiva del principal sistema ferroviario de transporte público de la capital panameña, mientras los equipos técnicos evaluaban las condiciones de sus instalaciones.

Durante el sábado, las inspecciones abarcaron estaciones, túneles, viaductos y otros componentes de la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de comprobar que las estructuras y los sistemas operativos estuvieran en condiciones de recibir usuarios.

En un comunicado divulgado el sábado 10 de octubre, el Metro anunció la realización de marchas en blanco en ambas líneas, mediante la circulación consecutiva de trenes sin pasajeros para verificar el funcionamiento de los sistemas.

La empresa explicó que el restablecimiento del servicio comercial dependería del cumplimiento de las condiciones de seguridad, y anticipó que la operación dominical se desarrollaría en su horario regular.

La Línea 1, inaugurada en abril de 2014, tiene una extensión aproximada de 16 kilómetros entre Albrook y San Isidro, con 14 estaciones distribuidas en tramos elevados y subterráneos.

Su recorrido incluye aproximadamente 7,2 kilómetros bajo tierra, con estaciones construidas a profundidades cercanas a los 20 metros, entre ellas 5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás, Iglesia del Carmen y Vía Argentina.

Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, cuenta con 21 kilómetros de recorrido completamente elevado y 16 estaciones, desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen. Su infraestructura atraviesa sectores del este de la ciudad, como Villa Lucre, Don Bosco y la 24 de Diciembre.

Los viaductos, las columnas de soporte y las estaciones elevadas forman parte de las estructuras que requieren evaluaciones después de un movimiento sísmico de gran magnitud.

La suspensión afectó a uno de los principales medios de transporte de Panamá, que moviliza alrededor de 420.000 pasajeros diarios y ha alcanzado jornadas de hasta 450.000 viajes. Las dos líneas conectan importantes zonas residenciales, comerciales y laborales de la capital y San Miguelito, por lo que su paralización durante el viernes y el sábado alteró la movilidad de miles de usuarios, que debieron recurrir a otras alternativas de transporte.

El cierre de las dos líneas durante el viernes y el sábado obligó a los usuarios a recurrir a otras alternativas de movilidad, mientras continuaban las revisiones y se registraban numerosas réplicas del terremoto.

El movimiento sísmico también dejó daños en más de 700 viviendas y afectaciones reportadas en 419 centros educativos, además de carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

Las consecuencias se concentran especialmente en Los Santos, Herrera y Veraguas, donde las autoridades mantienen las inspecciones y la atención de las comunidades afectadas, mientras el país continúa registrando movimientos posteriores al terremoto principal.

El Gobierno de Panamá solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal para suspender temporalmente los límites financieros establecidos en la legislación panameña, como parte de las medidas extraordinarias adoptadas tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre.

La decisión está contemplada en la declaratoria de emergencia nacional, que también autoriza hasta $100 millones para atender los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

La disposición aparece en el artículo 6 de la Resolución de Gabinete del 10 de octubre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar la suspensión de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Una dispensa fiscal es un mecanismo excepcional que permite al Gobierno apartarse temporalmente de los límites de déficit establecidos por ley, generalmente ante situaciones extraordinarias como desastres naturales.

En términos prácticos, otorga mayor flexibilidad para realizar gastos que superen los ingresos del Estado, sin incumplir las restricciones habituales, siempre que la excepción sea aprobada conforme a los procedimientos legales.

Para 2026, Panamá tiene establecido un límite de déficit fiscal equivalente al 3,5% del producto interno bruto (PIB), según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, modificada en 2024. Este porcentaje representa el máximo permitido para el Sector Público No Financiero.

Si la Asamblea Nacional aprueba la dispensa solicitada por el Gobierno, ese techo podría elevarse temporalmente para cubrir los gastos extraordinarios derivados del terremoto, aunque todavía no se ha definido hasta qué porcentaje.

Aunque el ministro Felipe Chapman participó en la conferencia donde se anunciaron las medidas, no hizo referencia directa a la solicitud de dispensa fiscal.

La solicitud se fundamentará en el artículo 11 de la Ley 34 de 2008, que contempla excepciones ante situaciones extraordinarias, como desastres naturales y emergencias nacionales.

La legislación permite flexibilizar temporalmente las restricciones fiscales bajo determinadas condiciones, pero la suspensión deberá recibir la aprobación de la Asamblea Nacional antes de entrar en vigor.

El alcance de la dispensa dependerá de los límites y condiciones que el Ejecutivo presente ante los diputados, debido a que la resolución no establece un nuevo techo de déficit fiscal.

La medida permitiría al Gobierno contar con mayor margen para atender las necesidades derivadas del terremoto, aunque no supone la eliminación permanente de las reglas de responsabilidad fiscal ni determina por sí misma cuánto dinero adicional podrá utilizarse.

Otra de las decisiones adoptadas es la autorización de hasta $100 millones para contrataciones especiales destinadas a atender la emergencia. Estos recursos podrán utilizarse para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras necesarias para restablecer la infraestructura afectada.

Las contrataciones podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Consejo de Gabinete podrá modificar el monto autorizado y su vigencia.

La resolución también establece procedimientos excepcionales para agilizar las adquisiciones y contrataciones de las instituciones públicas, sin necesidad de obtener determinadas autorizaciones previas.

Cada entidad deberá justificar los precios y las necesidades correspondientes, mientras los pagos se canalizarán mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, sujeto a los controles y mecanismos de rendición de cuentas establecidos.

Durante la conferencia de prensa, Chapman aseguró que Panamá dispone de los recursos necesarios para enfrentar los daños y atender las necesidades inmediatas de la población.

Sin embargo, reconoció que todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas, debido a que las instituciones continúan levantando información sobre viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y otras infraestructuras afectadas por el terremoto.

El ministro explicó que cada institución deberá documentar sus necesidades y presentar las solicitudes de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, donde serán evaluadas antes de autorizar los desembolsos correspondientes.

Chapman sostuvo que el proceso se desarrollará bajo criterios de rigurosidad y disciplina, mientras las autoridades determinan el costo de la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

En materia de financiamiento internacional, Chapman destacó la posibilidad de acceder a donaciones y préstamos en condiciones financieras favorables, con costos inferiores a los disponibles en circunstancias ordinarias.

Aclaró que estos créditos no necesariamente serán utilizados y que su contratación dependerá de las necesidades identificadas. El funcionario mencionó el respaldo del BID, CAF, Banco Mundial, FMI y BCIE, además de otros organismos y gobiernos.

Entre los primeros apoyos anunciados, CAF ofreció una donación de $250,000 y una línea de financiamiento por $50 millones para contribuir a la atención de la emergencia y la recuperación. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció hasta $300 millones en financiamiento contingente, además de $500,000 en cooperación no reembolsable para asistencia técnica y evaluación de los daños.

En conjunto, los anuncios de ambas instituciones representan hasta $350 millones en opciones de financiamiento y $750,000 en recursos no reembolsables. Estas cantidades no equivalen a desembolsos ejecutados ni a nuevas obligaciones de deuda ya contratadas.

El Gobierno deberá definir cuánto financiamiento utilizará realmente, una vez que las instituciones completen sus evaluaciones y determinen las necesidades presupuestarias.a

La declaratoria de emergencia nacional también contempla la atención prioritaria de las comunidades afectadas y la recuperación de los servicios esenciales, especialmente en las provincias centrales.

Mientras avanzan las inspecciones y la distribución de asistencia humanitaria, el impacto económico del terremoto continúa sin una cuantificación definitiva, situación que determinará el alcance de las medidas fiscales y financieras que adopte el Ejecutivo.

A medida que las autoridades logran ingresar a las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5, registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, aumenta el número de viviendas, hospitales, escuelas y carreteras con daños reportados.

El movimiento sísmico ha dejado cientos de familias afectadas y comunidades incomunicadas, aunque hasta el último balance oficial no se registraban víctimas fatales.

El informe más reciente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabiliza más de 700 residencias afectadas en distintas provincias, además de cientos de personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Los Santos, Herrera y Veraguas concentran parte importante de los daños, especialmente en comunidades rurales donde las dificultades de acceso han retrasado las evaluaciones y la distribución de asistencia humanitaria.

En Los Santos, una de las provincias más cercanas al epicentro del terremoto, se reportan 182 familias afectadas, equivalentes a 721 personas. Los daños alcanzan viviendas, instalaciones médicas y establecimientos comerciales, mientras cinco comunidades permanecen incomunicadas por derrumbes y afectaciones en puentes y carreteras.

Las autoridades mantienen operativos para llegar a las poblaciones que todavía presentan dificultades de acceso.

La situación es particularmente complicada en Tonosí y otras comunidades del sur de la península de Azuero, donde el terremoto provocó interrupciones de servicios esenciales.

El acueducto rural de Tonosí permanece fuera de servicio y se reporta falta de electricidad. La carretera que conecta Pedasí con Tonosí continúa inhabilitada, mientras avanzan los trabajos para restablecer la circulación.

El balance provincial también registra cuatro hospitales con afectaciones parciales, cinco hoteles dañados y seis personas con lesiones menores. A estas cifras se suman 71 centros educativos, dos iglesias y 28 edificios gubernamentales afectados.

Dos puentes y tres puntos de infraestructura vial presentan daños, lo que complica el traslado de personal de emergencia y suministros.

En Herrera, las autoridades contabilizan 206 residencias afectadas y una persona con lesiones menores, además de daños parciales en tres instalaciones de salud. El reporte incluye 51 centros educativos, cinco iglesias y seis edificios gubernamentales comprometidos.

También se registran 32 deslizamientos de tierra y cuatro puntos de infraestructura vial afectados, mientras una comunidad permanece incomunicada en el distrito de Las Minas.

Veraguas presenta 202 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud afectados y 38 instalaciones educativas comprometidas. Las mayores dificultades se concentran en Soná y Mariato, donde se identificaron nueve puentes y nueve puntos de infraestructura vial con afectaciones.

También se reportan daños en acueductos rurales, interrupciones eléctricas y dificultades para acceder a comunidades apartadas.

En Mariato fueron habilitados dos albergues que atienden aproximadamente a 255 personas, mientras continúan las labores de asistencia. El informe también registra daños en tres iglesias, siete edificios gubernamentales y 15 infraestructuras privadas.

Las autoridades mantienen las inspecciones en comunidades rurales e insulares, donde todavía se evalúa la magnitud de las pérdidas.

En Coclé se contabilizan 149 residencias afectadas y 17 personas con lesiones menores, junto con daños considerables en seis hoteles. También presentan afectaciones dos hospitales, 12 centros educativos, ocho iglesias y nueve edificios gubernamentales.

Un albergue habilitado en el IFARHU de Penonomé recibe a 12 personas, mientras continúan las evaluaciones de infraestructura pública y privada.

En Chiriquí, el balance identifica 49 residencias afectadas, diez de ellas con daños totales, además de dos centros médicos y 80 instalaciones educativas comprometidas. En Colón se reportan cinco viviendas unifamiliares y 13 caserones dañados, con más de 40 familias y 201 personas afectadas, así como daños en el Hospital San Juan y otras infraestructuras.

Las afectaciones también alcanzan Panamá Oeste, con 21 residencias dañadas y dos personas lesionadas, y Bocas del Toro, donde se contabilizan ocho viviendas afectadas y 28 personas impactadas.

Darién registra una residencia y ocho centros educativos con daños, mientras en Panamá se reportan afectaciones en edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas.

El Ministerio de Educación confirmó que 419 centros educativos oficiales presentan afectaciones a escala nacional, mientras el sector sanitario ha reforzado su capacidad mediante la instalación de seis hospitales de campaña.

Sinaproc mantiene las inspecciones y el monitoreo de las zonas comprometidas, advirtiendo que las cifras son preliminares y podrían aumentar conforme los equipos de emergencia completen las evaluaciones.

Para este lunes 12 de octubre, las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, como medida preventiva tras el terremoto de magnitud 7,5.

Por su parte, la Universidad de Panamá desarrollará sus actividades académicas de manera virtual, modalidad que también será implementada por otros centros de enseñanza superior, mientras continúan las inspecciones de las instalaciones educativaspara determinar las condiciones de seguridad antes del retorno a las aulas.

El Metro de Panamá podría reanudar este domingo 11 de octubre el servicio comercial de las Líneas 1 y 2, siempre que las pruebas operativas y las verificaciones de seguridad confirmen que existen condiciones para volver a transportar pasajeros.

Según un comunicado de la empresa, publicado este sábado 10 de octubre, los trenes circularán sin usuarios durante las denominadas “marchas en blanco”. La medida busca revisar de forma consecutiva el funcionamiento de los sistemas y las condiciones de operación antes de habilitar el servicio.

El documento precisa que, si las revisiones resultan satisfactorias, el sistema retomará sus operaciones en el horario habitual, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. La confirmación definitiva quedará sujeta al resultado de las pruebas técnicas.

Las líneas permanecieron cerradas por las réplicas del terremoto

La suspensión del transporte ferroviario comenzó el viernes 9 de octubre, después del terremoto que sacudió a Panamá y de las réplicas posteriores. El Metro mantuvo cerradas sus dos líneas durante el sábado mientras técnicos de la entidad y empresas contratistas revisaban estaciones, viaductos, túneles, vías y equipos.

La interrupción afectó a uno de los principales medios de movilidad de la capital panameña. El sistema moviliza a más de 425,000 pasajeros diarios.

Las evaluaciones se concentraron en la seguridad de la Línea 1, que combina tramos subterráneos y elevados entre Albrook y San Isidro, y de la Línea 2, que opera sobre viaductos entre San Miguelito y Nuevo Tocumen.

El anuncio del Metro no implica una reapertura automática. La empresa condicionó el regreso del servicio comercial a la comprobación de los requisitos de seguridad tras las marchas en blanco.

Sismo en Panamá dejó más de 1,100 viviendas afectadas

Hasta el momento, el sismo que afectó a Panamá dejó más de 1,100 viviendas dañadas, 419 centros educativos con afectaciones y perjuicios en hospitales, caminos, puentes e instalaciones públicas, de acuerdo con el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las provincias con mayores daños fueron Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé. En Los Santos, 182 familias, equivalentes a 721 personas, resultaron afectadas. Cinco comunidades quedaron incomunicadas por daños en carreteras, puentes y deslizamientos, mientras que la vía entre Pedasí y Tonosí permanecía inhabilitada.

Según Sinaproc, unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Caña por el aumento del nivel del mar. Además, el acueducto rural de Tonosí quedó fuera de servicio y el distrito registró interrupciones eléctricas.

En Veraguas, se contabilizaron 202 viviendas afectadas, nueve puentes dañados y 38 escuelas con perjuicios. Dos albergues habilitados en Mariato recibían a unas 255 personas. Coclé informó daños en 149 residencias, seis hoteles, dos hospitales y 12 escuelas.

Herrera registró 206 casas afectadas, 32 deslizamientos y una comunidad aislada en Las Minas. En Panamá Oeste hubo 21 viviendas con daños parciales, mientras que Bocas del Toro informó ocho residencias afectadas y 28 personas impactadas.

Sinaproc indicó que no había personas desaparecidas. Las autoridades instalaron seis hospitales de campaña, habilitaron albergues y reactivaron plantas potabilizadoras. El organismo aclaró que las cifras corresponden a una evaluación preliminar y pueden variar con el avance de las inspecciones.

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó que envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Chitré con dispositivos AirTag para rastrear los suministros destinados a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,5 que sacudió al país el viernes 9 de octubre.

Según declaró a Telemetro, la carga llegó a un centro de acopio en Chitré, provincia de Herrera, aunque su distribución todavía no había comenzado. El municipio prevé entregar los insumos con turnos asignados a hospitales, organizaciones sociales, alcaldes y representantes locales.

“Se le está asignando una cita a cada organización, hospital, representante, alcalde”, sostuvo Mizrachi. El funcionario señaló que cada entrega tendrá un horario y una cantidad determinada, con el objetivo de registrar el destino de los materiales.

El alcalde aseguró que los cargamentos incorporan dispositivos AirTag para controlar el traslado de la ayuda humanitaria. “Yo, personalmente, estoy traqueando con los AirTags cada una de estas órdenes”, dijo durante la entrevista.

El centro de acopio de El Hatillo retomará la recepción de donaciones

El punto de recepción habilitado en El Hatillo, en la capital panameña, cerró la recepción de donaciones al final de la jornada, aunque los equipos continuaban con la clasificación y el embalaje de los insumos.

La actividad se reanudará este domingo a las 9.00, de acuerdo con la información difundida por Telemetro. Mizrachi indicó que más de 300 personas, entre trabajadores municipales y voluntarios, participaron en las tareas de asistencia.

Entre los productos requeridos mencionó agua potable, alimentos enlatados, catres, camillas, colchones, baños portátiles y generadores eléctricos. El alcalde afirmó que hay zonas donde hospitales y comunidades enfrentan cortes de electricidad, falta de agua y problemas de comunicación.

“Hay lugares que no tienen luz y no tienen agua, no tienen comunicación”, expresó Mizrachi.

La Alcaldía de Panamá gestiona baterías de Tesla y terminales de SpaceX

El funcionario también informó que inició gestiones con Tesla para obtener sistemas de baterías portátiles que puedan utilizarse en las áreas sin suministro eléctrico. Según explicó, la empresa podría despachar equipos desde Florida el lunes 12 de octubre, una vez que abra su depósito.

Mizrachi sostuvo que estas baterías podrían ofrecer una alternativa a los generadores convencionales para atender necesidades en hospitales y otros sitios afectados por los cortes de energía.

Además, señaló que la Alcaldía coordina con SpaceX la eventual entrega de terminales para habilitar conexión a internet en comunidades que aún carecen de señal o de acceso a comunicaciones satelitales.

La distribución de las 100 toneladas enviadas a Chitré dependerá de la coordinación con autoridades locales y de la asignación de turnos a los destinatarios que soliciten asistencia.

La Universidad de Panamá dispondrá que las clases de lunes y martes se desarrollen de manera virtual en todas sus unidades académicas, mientras equipos técnicos inspeccionan facultades e infraestructuras para verificar posibles daños tras el sismo que afectó al país el viernes 9 de octubre.

La medida regirá como prevención para estudiantes, docentes y personal administrativo. El rector José Emilio Moreno Ramos encabezó este sábado 10 de octubre una jornada de revisión en distintas áreas del campus, acompañado por autoridades universitarias y responsables de dependencias técnicas y administrativas.

La decisión se produce mientras Panamá se encuentra bajo estado de emergencia nacional, declarado por el Gobierno para atender las consecuencias del terremoto registrado en la península de Azuero. El Consejo de Gabinete autorizó recursos de hasta USD 100 millones para las tareas de asistencia, evaluación de daños y reparación de infraestructuras afectadas.

Ingeniería y Arquitectura continuará las evaluaciones el lunes y martes

La inspección universitaria incluyó la participación de representantes de las direcciones de Planificación y Evaluación Universitaria, Protección Universitaria, Ingeniería y Arquitectura y Asesoría Legal. También participaron autoridades de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

La Dirección de Ingeniería y Arquitectura evaluó durante el sábado el estado de las estructuras de diferentes facultades. El objetivo consistió en identificar eventuales afectaciones vinculadas con el movimiento telúrico y establecer si son necesarias reparaciones o intervenciones adicionales.

Las verificaciones continuarán los próximos dos días, en paralelo con el dictado de las clases a distancia. La institución informó que mantendrá comunicación con los directores de los Centros Regionales Universitarios para conocer la situación de las instalaciones fuera de la ciudad de Panamá.

El rector pidió a los vicerrectores, al secretario general, a los decanos y a los directores de centros regionales, extensiones universitarias, institutos y unidades administrativas que organicen la presencia del personal indispensable para las tareas urgentes.

Ese personal deberá atender inspecciones técnicas, labores administrativas prioritarias y eventuales reparaciones que se determinen después de las evaluaciones. La disposición busca evitar la interrupción de los procesos esenciales de la universidad mientras se completa la revisión de los edificios.

“Agradecemos a todos los decanos y directivos que han participado de esta jornada por estar pendiente en todo lo relacionado a la seguridad de nuestra comunidad universitaria”, manifestó Moreno Ramos, según informó la casa de estudios.

El estado de emergencia responde a daños en escuelas, viviendas y centros de salud

La suspensión presencial en la Universidad de Panamá se da en un escenario de emergencia para el sistema educativo y la infraestructura pública del país. Las autoridades nacionales informaron que el sismo dejó afectaciones en 419 centros educativos, además de daños en viviendas, instalaciones de salud y carreteras.

El Gobierno declaró el estado de emergencia el sábado 10 de octubre, un día después del terremoto de 7.6 que tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Las autoridades reportaron 27 personas lesionadas, 21 instalaciones de salud afectadas y más de 426 viviendas con daños, de acuerdo con los balances divulgados tras la reunión del Consejo de Gabinete.

José Raúl Mulino confirmó que habló por teléfono con Delcy Rodríguez, quien se puso a su disposición con la experiencia venezolana en gestión de terremotos, apenas un día después de que un sismo de magnitud 7.7 sacudiera el centro de Panamá, según detalló la agencia EFE. El gesto llama la atención porque el Gobierno panameño nunca reconoció a la mandataria interina venezolana.

“Hoy tuve una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que me puso a disposición por toda la experiencia”, declaró el presidente panameño este sábado durante un recorrido por las zonas del interior golpeadas por el movimiento telúrico, destacó EFE.

Fue la primera vez que el mandatario informó públicamente de un contacto con la vicepresidenta y excanciller del depuesto Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero pasado.

El terremoto dejó daños materiales pero ninguna víctima fatal

El sismo de magnitud 7.7 azotó Panamá el viernes 9 de octubre y provocó el colapso de una iglesia colonial y de un hotel en la región central del país. Las autoridades informaron 27 heridos, ninguno de gravedad, y descartaron muertes.

El daño se concentró en tres de las diez provincias panameñas, todas cercanas al epicentro, ubicado junto a la localidad de Pitaloza Arriba, en Herrera. El reporte oficial más reciente contabilizó 426 viviendas afectadas, donde habitan 2,130 personas, además de 419 escuelas y varios tramos de carretera dañados.

El Gobierno panameño decretó el estado de emergencia nacional y habilitó hasta USD 100 millones para atender la crisis. Por el momento no existe una cifra oficial de pérdidas materiales totales.

Venezuela enfrentó en junio su propia tragedia sísmica

La oferta de Rodríguez remite a un antecedente reciente y mucho más letal. El 24 de junio pasado, un doblete sísmico de magnitud 7.2 y 7.5 devastó el litoral central venezolano y dejó, según cifras del propio Gobierno de Rodríguez, al menos 6,509 muertos, 14,239 viviendas con daños moderados y 11,001 con afectaciones graves.

El Ejecutivo venezolano no entregó cifras consolidadas de desaparecidos y recibió fuertes cuestionamientos por su manejo de la emergencia.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela denunció más de 29,000 personas en paradero desconocido tras el episodio.

Esa experiencia, con todo lo controvertido de su gestión, es la que ahora Caracas pone sobre la mesa para asistir a Panamá.

Una llamada inédita en medio de una relación diplomática congelada

Rodríguez asumió la presidencia interina el 5 de enero, dos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar en Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano la designó para cubrir la “ausencia forzosa” del mandatario, mientras Maduro y Flores enfrentan en Nueva York cargos por narcoterrorismo, de los que se declararon no culpables.

Panamá nunca reconoció ese gobierno interino. Por eso, la conversación revelada por Mulino marca un giro en el vínculo bilateral, aunque el mandatario no detalló si la llamada implica algún tipo de acercamiento político más allá de la asistencia humanitaria.

Rodríguez, al frente del país tras la captura de Maduro, gestionó en junio un sismo doble que dejó miles de muertos, y esa experiencia reciente —aunque muy cuestionada— fue lo que trasladó en su llamada con Mulino.

La región y Estados Unidos se volcaron a asistir a Panamá

Mulino detalló que también conversó por teléfono con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y que el viernes recibió mensajes de apoyo del presidente de Israel, Isaac Herzog, y de Donald Trump, canalizados a través de sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth. Según el mandatario, también se comunicaron “todos los presidentes del área centroamericana”.

“Lo importante aquí es que vamos a trabajar. Los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de Chile, que son países pues que pueden poner a disposición nuestra, y rápido, la ayuda”, afirmó Mulino ante los periodistas.

El presidente agregó que varios organismos multilaterales “han ayudado y que van a seguir ayudando financieramente al Estado” panameño, sin precisar montos ni nombres de esas entidades.

Las réplicas no cesan y la alerta de tsunami ya fue levantada

El sismo del viernes generó más de 100 réplicas, según el Instituto de Geociencias de Panamá, incluidas varias de magnitud superior a 5.5.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos había emitido una alerta para las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, que fue desactivada horas después al no confirmarse riesgo real de olas destructivas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió brevemente sus operaciones por protocolo de seguridad y las retomó una vez verificadas las condiciones de las instalaciones.

El Canal de Panamá, por su parte, mantuvo su funcionamiento con normalidad mientras equipos técnicos inspeccionaban la infraestructura.

Los sismos de Venezuela y Panamá tuvieron magnitudes similares, pero sus efectos no pueden compararse solo con esa cifra: el terreno, la distancia al epicentro, la ruptura de la falla y la vulnerabilidad de las construcciones determinan el nivel de daño. Mientras Venezuela registró dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en una zona densamente poblada, Panamá enfrentó un único evento de magnitud 7,5 en un área no urbana, con daños reportados en 188 estructuras y sin víctimas fatales hasta el momento, según La Prensa.

El terremoto panameño, ocurrido el viernes 9 de octubre, estuvo seguido por más de 100 réplicas. En Venezuela, los movimientos dejaron 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11 mil con daños graves, en sectores donde los suelos blandos pueden intensificar la sacudida que llega a los edificios.

Las diferencias fueron abordadas un mes antes del sismo panameño por los ingenieros e investigadores Óscar Ramírez y Ramiro Vargas durante el foro Ingeniería y Riesgo Sísmico: Construyendo un Panamá Resiliente, organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá.

Ramírez explicó que la magnitud y la distancia al epicentro no alcanzan para anticipar las consecuencias de un terremoto. La profundidad del foco, la forma en que se rompe una falla, la propagación de las ondas, el tipo de suelo y las propiedades de cada edificio intervienen en la intensidad percibida y en los daños.

Vargas distinguió entre amenaza y vulnerabilidad. La primera depende de la actividad sísmica de un territorio; la segunda expresa la propensión de una estructura a sufrir daños y puede reducirse con intervenciones de ingeniería.

El suelo y la respuesta particular de cada edificio

Las ondas sísmicas viajan por la roca y atraviesan los depósitos de suelo antes de alcanzar una construcción. Las propiedades de esos materiales pueden modificar y amplificar el movimiento que recibe la estructura.

Ramírez comparó sectores como Paitilla y Punta Pacífica, donde la roca se encuentra cerca de la superficie, con Costa del Este y Santa María, asentados sobre depósitos de arcillas compresibles. Una misma solución estructural no necesariamente funciona de igual manera en ambos tipos de terreno.

La clasificación del suelo tampoco basta por sí sola. La respuesta final depende de cómo interactúa con la masa, la rigidez y la capacidad de amortiguamiento de cada edificio, por lo que dos construcciones ubicadas en un mismo lugar pueden moverse de forma diferente.

Las personas también pueden experimentar el sismo de manera distinta según el piso en el que se encuentren. Cada estructura tiene características propias de vibración, y esa condición puede coincidir con la del terreno.

Ese fenómeno se conoce como resonancia: ocurre cuando las vibraciones del suelo y del edificio se aproximan y el desplazamiento aumenta. Ramírez lo resumió así: “Cuando usted monta una estructura flexible sobre un suelo blando, la estructura va a amplificar su desplazamiento, pero sustancialmente”.

La altura de una construcción no define por sí sola su vulnerabilidad. Un edificio bajo puede registrar aceleraciones mayores que una torre, mientras que una estructura alta y flexible puede sufrir desplazamientos importantes bajo determinadas condiciones del terreno.

Los edificios más altos de Panamá se cimentan sobre roca mediante pilotes o excavaciones profundas. Esas fundaciones deben calcularse para soportar tanto las cargas verticales, como el mobiliario y las personas, como los esfuerzos laterales que provoca un terremoto.

El diseño sismorresistente no busca que una construcción permanezca intacta frente a cualquier sacudida. Su objetivo es que pueda deformarse, disipar energía y conservar su estabilidad.

La ductilidad permite que algunos elementos superen su comportamiento elástico y concentren daños previstos en zonas determinadas. Para lograrlo se requieren confinamiento del concreto, anclajes del acero y conexiones adecuadas entre vigas y columnas; una mayor cantidad de refuerzo no garantiza, por sí misma, un desempeño seguro.

Viviendas, laderas y estudios del terreno

La vivienda unifamiliar concentra una parte importante de la exposición sísmica en Panamá. De acuerdo con el Censo de 2023, estas construcciones superan el millón de unidades y representan cerca del 86% del total habitacional.

Las remodelaciones y ampliaciones pueden debilitar una casa cuando faltan vigas y columnas que unan las paredes, hay conexiones mal ejecutadas o la distribución de los muros es deficiente. Las paredes deben actuar como un conjunto integrado, con amarres continuos, disposición en ambas direcciones y refuerzos anclados a las cimentaciones.

El área metropolitana expandida, integrada por Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, reúne cerca de 2,2 millones de habitantes. Si se incluyen sectores del occidente del país, más del 55% de la población panameña vive en zonas de alta amenaza sísmica, estimó Vargas.

Las construcciones en laderas inestables constituyen otro foco de riesgo. El ingeniero mencionó zonas de San Miguelito, Arraiján y Chiriquí, donde los deslizamientos durante la estación lluviosa revelan condiciones que también deben analizarse ante un terremoto.

Un movimiento sísmico puede alterar la estabilidad y la resistencia de un terreno inclinado, con consecuencias directas para las viviendas levantadas sobre él. También puede provocar licuefacción en suelos arenosos con alto contenido de agua, un fenómeno que reduce su capacidad de soporte.

Vargas recordó que la licuefacción se manifestó en El Empalme, en Changuinola, durante el terremoto de 1991. Cuestionó que en áreas donde se había identificado ese peligro se desarrollaran posteriormente proyectos habitacionales.

Los estudios geotécnicos permiten determinar la resistencia del suelo y estimar posibles asentamientos. Frente a la idea de que encarecen una obra, Vargas advirtió: “Más caro es cuando se muere la gente, más caro es venir a reparar”.

El distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, permanece sin electricidad ni agua potable, con varias comunidades incomunicadas y dificultades para acceder a alimentos e insumos básicos, después del terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

El movimiento, de magnitud 7.5, tuvo su epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno.

La Alcaldía de Tonosí informó este sábado que las carreteras de acceso desde Las Tablas y Pedasí permanecen inhabilitadas, por lo que la única ruta disponible hacia el distrito es a través de Macaracas. Las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución debido a los daños en la infraestructura vial y las dificultades de movilidad que persisten en la región.

El municipio también advirtió que varias comunidades continúan incomunicadas y existe escasez de alimentos y suministros esenciales. Aunque el Hospital Rural de Tonosí sigue funcionando dentro de sus capacidades, la falta de servicios básicos complica la situación de los residentes, mientras las autoridades trabajan para atender las necesidades más urgentes.

Tonosí se encuentra en el área donde se concentró buena parte de la actividad sísmica posterior al terremoto. Más de 150 movimientos fueron registrados en Azuero y zonas cercanas durante las horas siguientes, incluidos varios de magnitud superior a 6. Las constantes réplicas han mantenido en alerta a la población y dificultan las labores de evaluación de viviendas, comercios y otras estructuras afectadas.

Ante esta situación, el alcalde Aníbal Domínguez solicitó apoyo para conseguir agua embotellada, alimentos enlatados y secos, leche y pañales para bebés y adultos. La lista de necesidades prioritarias también incluye medicamentos e insumos médicos. El llamado fue respaldado por organizaciones que promueven la recolección de donaciones para las familias damnificadas.

La Alcaldía anunció además la suspensión del Festival del Campesino 2026 y de las festividades previstas para el 14 de noviembre, debido a los daños ocasionados por el terremoto y la continuidad de las réplicas. La administración municipal explicó que los esfuerzos estarán concentrados en atender a las familias afectadas, garantizar la seguridad y avanzar en la recuperación del distrito.

El impacto del terremoto se extiende a otras regiones de Panamá. Según el balance oficial presentado este sábado, 426 viviendas, 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y nueve puentes registraron afectaciones. Las autoridades también reportaron 27 personas lesionadas y ninguna víctima mortal confirmada hasta ese momento, mientras continúan las inspecciones y el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades más perjudicadas. }

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que la asistencia humanitaria tendrá como prioridad las comunidades más afectadas por el terremoto, especialmente aquellas que enfrentan dificultades de acceso y daños en sus servicios básicos.

El mandatario dispuso que su equipo de ministros mantenga presencia en las zonas impactadas, con el propósito de coordinar directamente la atención de las familias, evaluar los daños y agilizar la distribución de los recursos necesarios para la recuperación.

Las operaciones de ayuda incluyen el despliegue de helicópteros, personal de seguridad y equipos de emergencia para transportar alimentos, agua, medicamentos y otros suministros hacia las comunidades afectadas.

En estas labores también ha participado Estados Unidos, mediante el apoyo de aeronaves destinadas al traslado de asistencia humanitaria, en coordinación con las autoridades panameñas. Los esfuerzos se concentran en atender a las poblaciones que permanecen incomunicadas y facilitar el acceso a las áreas donde las carreteras y puentes sufrieron daños.

María Corina Machado visitó un centro de acopio en El Hatillo para expresar su respaldo a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá, según declaró durante una entrevista con Telemetro.

La dirigente venezolana afirmó que buscó acompañar las tareas de recolección de agua, alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a las zonas con mayores necesidades, en particular la región de Azuero, de acuerdo con lo informado por el canal panameño.

Machado destacó la participación de venezolanos en las donaciones

Durante su visita al centro de acopio, María Corina Machado dijo que se encontró con ciudadanos venezolanos que colaboraban con la recepción y descarga de aportes.

“Muchas de las personas que vienen a traer insumos son venezolanos”, señaló la dirigente en declaraciones recogidas por Telemetro Reporta. “Les estamos profundamente agradecidos a este país y yo me lo llevo en el alma”.

Machado sostuvo que la comunidad venezolana en Panamá mantiene una estructura activa y organizada. Indicó que desde el día anterior se había comunicado con compatriotas residentes en el país para conocer su situación después del sismo.

“Se necesita mucho apoyo”, afirmó al pedir que continúen las donaciones para las zonas damnificadas.

La dirigente recordó la solidaridad panameña con Venezuela

La referente opositora también evocó la ayuda que, según relató, recibió Venezuela desde Panamá tras los terremotos del 24 de junio. Mencionó el acompañamiento de ciudadanos, instituciones, autoridades gubernamentales y locales.

“Lo que se movilizó en este gran país para apoyar a los venezolanos fue impresionante”, expresó Machado.

El centro de acopio de El Hatillo continuó recibiendo botellas de agua y otros artículos de primera necesidad, según las imágenes y el reporte emitido por Telemetro.

Habilitaron centros de acopio en Panamá tras el terremoto de magnitud 7,5

Distintas instituciones y organizaciones habilitaron centros de acopio para asistir a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que se registró el viernes 9 de octubre en Panamá.

El sismo causó daños estructurales en la provincia de Veraguas, la península de Azuero y Coclé. También se informaron afectaciones en viviendas y centros educativos de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

La Alcaldía de Panamá abrió un punto de recolección en la planta baja del edificio Hatillo. El centro funcionará este sábado 10 de octubre hasta las 18:00.

La Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) recibirá donaciones los días 12, 13 y 14 de octubre en el gimnasio de su campus, entre las 9:00 y las 16:00.

Las donaciones se destinarán a familias y hospitales del interior

También habrá un punto de recolección en el parque de barrio Vega, desde las 19:00, con ayuda dirigida a centros hospitalarios del interior del país.

El Domo del Parque Omar recibirá donaciones el domingo 11 de octubre, de 9:00 a 16:00. A su vez, la cadena Riba Smith habilitó un centro para reunir asistencia destinada a los damnificados de la península de Azuero.

Plaza La Cabima se sumó a la campaña y recibirá artículos hasta las 22:00.

Agua, alimentos y artículos de higiene figuran entre los insumos requeridos

Las entidades solicitaron principalmente agua embotellada, alimentos secos y no perecederos, mantas y toallas limpias. La lista incluye además productos de cuidado personal e higiene, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, e insumos médicos básicos.

Las donaciones buscan atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas por el terremoto. Se recomienda confirmar el horario y las condiciones de recepción de cada centro antes de trasladar los artículos.

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) dispuso la suspensión de clases en todos los centros educativos oficiales y particulares del país el lunes 12 de octubre, como medida preventiva después del sismo de magnitud 7.5 y las réplicas que continúan en el territorio.

La decisión busca permitir inspecciones en las instalaciones escolares para determinar las condiciones de seguridad antes del regreso de estudiantes, docentes y personal administrativo. El comunicado difundido por Meduca indicó que la prioridad es “salvaguardar la integridad física” de quienes integran la comunidad educativa.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que las primeras evaluaciones identificaron 219 centros educativos afectados. De ese total, 24 escuelas requerirían una reconstrucción a causa de los daños atribuidos al movimiento telúrico.

“Hay 24 escuelas que vamos a tener que hacer nuevas por el tema del sismo”, afirmó el funcionario. Añadió que la entidad mantiene una revisión en las regiones educativas para determinar el alcance de las afectaciones en materia de infraestructura.

Las autoridades aún evalúan el estado de las escuelas afectadas

Vega aclaró que el número de planteles con daños no es definitivo. Según indicó, los equipos del Ministerio de Educación reciben reportes de las distintas regiones educativas del país y transmiten la información al Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El ministro señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) será el organismo encargado de consolidar y comunicar el balance oficial sobre las consecuencias del sismo. “No es la cifra definitiva”, respondió al ser consultado sobre si podrían aumentar las escuelas afectadas.

La suspensión de las actividades académicas abarca tanto a los colegios públicos como a los privados. Meduca explicó que la jornada sin clases permitirá extender las revisiones técnicas hasta el lunes y adoptar decisiones posteriores sobre el uso de cada edificio escolar.

El Gobierno prometió alternativas para garantizar la continuidad educativa

El titular de Educación sostuvo que los estudiantes recibirán clases pese a los daños detectados en algunos inmuebles. “Los estudiantes van a recibir la educación bajo cualquier instancia”, afirmó durante sus declaraciones.

Entre las opciones planteadas, Vega mencionó la posibilidad de instalar módulos temporales en aquellos centros que no puedan ser utilizados de inmediato. La medida busca evitar una interrupción prolongada del ciclo lectivo, que se encuentra en su etapa final.

“El presidente de la República, con este ministro de Educación, tiene la responsabilidad de salvaguardar las vidas humanas de la comunidad educativa”, sostuvo. El funcionario también aludió a la preocupación de padres, alumnos y trabajadores del sistema educativo tras el sismo.

De acuerdo con sus declaraciones, el sistema educativo panameño cuenta con 54,620 educadores y alrededor de 70 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo. El ministro indicó además que la comunidad educativa reúne a más de 800,000 estudiantes.

Vega aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no había reportes de muertes vinculadas con el terremoto. “Gracias a Dios, no tenemos afectación de vidas humanas”, dijo.

La suspensión de clases regirá durante todo el lunes 12 de octubre de 2026. Las autoridades definirán ese día los pasos siguientes, según los resultados de las evaluaciones estructurales en los planteles educativos.

Copa Airlines anunció la ampliación de su política de cambios, créditos y reembolsos para los pasajeros afectados por las interrupciones de vuelos ocasionadas por el terremoto del viernes 9 de octubre en Panamá.

La medida se produce mientras el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa aplicando suspensiones temporales de sus operaciones cada vez que se perciben nuevas réplicas.

La aerolínea informó este sábado 10 de octubre que todavía enfrenta demoras prolongadas, cancelaciones y modificaciones de itinerarios, como consecuencia de los cierres preventivos del principal aeropuerto del país.

Estas interrupciones han afectado tanto a los viajeros con destino a Panamá como a quienes utilizan el Hub de las Américas para conectar con otros países.

La nueva política de flexibilidad aplica a boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026 y cubre los viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre, en cualquiera de las rutas operadas por Copa Airlines. Los pasajeros podrán modificar sus reservas sin pagar cargos por cambios ni diferencias tarifarias.

Según las condiciones anunciadas, los vuelos podrán reprogramarse para viajar hasta el 31 de octubre de 2026. Las gestiones estarán disponibles mediante los canales de atención de la compañía y las agencias de viajes, con el objetivo de facilitar alternativas a quienes no pudieron completar sus desplazamientos según lo previsto.

La empresa también estableció que los pasajeros que decidan no viajar podrán conservar el valor de sus boletos como crédito para utilizarlos posteriormente. Esta alternativa estará disponible durante la vigencia del pasaje, sin aplicar cargos por cambio mientras se cumplan las condiciones de la política extraordinaria.

Otra de las medidas permite solicitar el reembolso de boletos que no hayan sido utilizados, así como de la parte correspondiente a trayectos pendientes en pasajes parcialmente utilizados. La posibilidad se extiende incluso a tarifas que normalmente no permiten devoluciones.

Copa Airlines indicó que continúa proporcionando alojamiento a pasajeros afectados cuando corresponde y existe disponibilidad. También gestiona opciones de traslado mediante otras compañías aéreas cuando es posible, mientras sus equipos trabajan para restablecer progresivamente los itinerarios nacionales e internacionales.

Estas medidas se producen en un momento en que la ciudad de Panamá registra una alta ocupación hotelera, una circunstancia que puede dificultar la búsqueda de alojamiento para viajeros cuyos vuelos fueron reprogramados. La aerolínea aclaró que la asistencia con hospedaje está sujeta a la disponibilidad de habitaciones.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen explicó que sus operaciones continúan, pero los despegues y aterrizajes se suspenden temporalmente cuando se percibe una réplica. El procedimiento permite inspeccionar pistas, calles de rodaje, plataformas y otras instalaciones antes de autorizar nuevamente los movimientos de aeronaves.

La administración aeroportuaria precisó que cada nuevo movimiento sísmico percibido obliga a repetir las verificaciones de seguridad, lo que puede provocar retrasos adicionales y cambios en los horarios. Los equipos técnicos mantienen estas revisiones en coordinación con las aerolíneas para garantizar la continuidad de las operaciones en condiciones seguras.

El impacto también ha alcanzado al sector turístico. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, informó que las interrupciones aéreas ocasionaron desvíos, reprogramaciones y dificultades para los visitantes, especialmente entre los pasajeros de Copa Airlines que utilizan Tocumen como punto de conexión.

De León explicó que las autoridades turísticas coordinan alternativas de alojamiento para visitantes que quedaron varados debido a las interrupciones. También señaló que las primeras evaluaciones no habían identificado daños estructurales en los principales hoteles de la capital, aunque continuaban las inspecciones en establecimientos de otras regiones.

Entre los establecimientos mencionados durante el balance oficial figuraron el hotel Dos Continentes, en Coclé; Mykonos, en Santiago; y alojamientos de Playa Venao y El Sitio, en Pedasí. Las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones y las condiciones de seguridad de las instalaciones turísticas.

El terremoto de magnitud 7.5 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero, y provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y vías de comunicación. El balance oficial divulgado este sábado contabilizaba 27 personas lesionadas y ninguna víctima mortal reportada.

Mientras continúan las labores de recuperación, Copa Airlines recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto. La consulta puede realizarse mediante su página web o aplicación móvil, debido a que podrían registrarse nuevas demoras y ajustes de itinerarios conforme continúe la actividad sísmica.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) suspendió el III Simulacro Nacional de Evacuación, previsto para el lunes 12 de octubre a las 10:00 a. m., después de que Panamá fuera sacudido por un terremoto de magnitud 7.5, uno de los más fuertes sentidos en el país en su historia reciente.

La decisión fue anunciada este sábado 10 de octubre, cuando los organismos de emergencia continuaban atendiendo las consecuencias del movimiento sísmico ocurrido el viernes. Las labores incluyen la evaluación de viviendas y edificios públicos, el traslado de ayuda humanitaria y la atención de comunidades afectadas por daños en carreteras y puentes.

Mediante su comunicado oficial número cuatro, Sinaproc informó que también quedan suspendidas todas las actividades preparatorias del simulacro hasta nuevo aviso. La medida comprende a instituciones públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y otras organizaciones que participarían en el ejercicio nacional.

La institución explicó que la prioridad es mantener los recursos disponibles para proteger a la población, continuar el monitoreo de la actividad sísmica y evaluar las afectaciones. Una nueva fecha para el simulacro será comunicada posteriormente a través de los canales oficiales de Protección Civil.

La suspensión ocurre en un contexto de especial preocupación, debido a que las réplicas del terremoto han continuado durante el sábado y numerosas familias permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevos movimientos. Las autoridades mantienen las inspecciones para determinar qué edificaciones pueden ser ocupadas de manera segura.

A esta situación se suma un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas, emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). La advertencia está vigente desde las 11:00 a. m. del sábado 10 hasta la 1:00 p. m. del lunes 12 de octubre.

El aviso comprende la vertiente del Caribe, Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, además de Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. Varias de estas regiones también figuran entre las más afectadas por el terremoto, lo que añade dificultades a las operaciones de asistencia.

Para la tarde del sábado, el IMHPA pronosticó aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, principalmente en sectores del Pacífico próximos a la cordillera Central y en las áreas montañosas de la península de Azuero.

El pronóstico advierte que el domingo 11 de octubre aumentará la inestabilidad atmosférica por la activación de la vaguada monzónica y la interacción de flujos de viento. Estas condiciones podrían producir lluvias generalizadas hasta las primeras horas del lunes, con mayor incidencia en el oriente del país.

Los acumulados previstos oscilan entre 120 y 200 milímetros de lluvia en parte de la vertiente del Caribe, Darién, el sur de Veraguas, las montañas de Azuero y las costas de Chiriquí. En sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé podrían alcanzar entre 201 y 280 milímetros.

El organismo meteorológico también advirtió que la saturación del suelo se encuentra entre el 65% y el 90% en sectores del occidente y centro del país. Esta condición aumenta la probabilidad de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente donde las precipitaciones sean persistentes.

La advertencia adquiere relevancia porque el terremoto ya ocasionó afectaciones en carreteras y puentes de varias provincias. Las lluvias podrían complicar el acceso a comunidades que requieren alimentos, agua, asistencia médica y evaluaciones de seguridad de sus infraestructuras.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, alrededor de las 12:56 p. m., con epicentro próximo a Tonosí, en la península de Azuero. Su magnitud fue establecida en 7.5 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó en 7.7.

Según el balance oficial divulgado este sábado, al menos 27 personas resultaron lesionadas, con heridas de leves a moderadas. Las autoridades no habían reportado fallecidos ni desaparecidos, aunque las evaluaciones continuaban en distintas regiones del territorio nacional.

El informe también identificó 426 viviendas con afectaciones, 419 centros educativos dañados y 21 instalaciones de salud comprometidas. A ello se suman nueve puentes con daños en las zonas afectadas, además de iglesias, edificios gubernamentales y otras estructuras que requieren inspecciones para determinar sus condiciones de seguridad.

El Gobierno declaró estado de emergencia y autorizó disponer de hasta $100 millones para atender las consecuencias del desastre. Los recursos permitirán financiar asistencia humanitaria y trabajos urgentes de recuperación, mientras las instituciones completan el levantamiento de los daños.

En medio de estas operaciones, Sinaproc pidió evitar las áreas inundadas y los lugares propensos a deslizamientos, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantener despejados los desagües. También recomendó preparar una mochila de emergencia y seguir exclusivamente las indicaciones de las autoridades competentes.

El terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre provocó 8.630 llamadas al Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911), mientras los organismos de seguridad desplegaron personal y recursos para atender a las comunidades afectadas. La emergencia también dejó daños en más de 27 cuarteles de la Policía Nacional, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), el Centro de Despacho de Emergencias movilizó 178 recursos y efectuó 99 coordinaciones interinstitucionales desde el momento del sismo. Las operaciones abarcaron distintas regiones del país y estuvieron dirigidas a responder a solicitudes de asistencia y facilitar la atención de emergencias.

La institución recordó que la línea 911 debe utilizarse exclusivamente para reportar emergencias reales, con el propósito de evitar la saturación del sistema y permitir que ambulancias, personal médico y otros equipos puedan atender oportunamente a las personas que necesitan ayuda.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que más de 27 instalaciones policiales resultaron afectadas por el terremoto. Explicó que se realizan evaluaciones de los cuarteles y verificaciones sobre las condiciones del personal, sin interrumpir las labores de vigilancia y protección ciudadana.

Fernández señaló que las unidades policiales fueron desplegadas en todo el territorio nacional mediante un operativo de respuesta. La institución mantiene presencia en centros comerciales, comunidades y puntos estratégicos, mientras la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito desarrolla labores de vigilancia vial.

Durante un recorrido por Santiago de Veraguas, el funcionario explicó que las inspecciones continuarían hacia Los Santos y Chitré, donde se realizarían coordinaciones con las autoridades locales. El objetivo es comprobar las condiciones de las instalaciones policiales y reforzar el apoyo a las poblaciones afectadas.

En materia de tránsito, las autoridades reportaron 94 accidentes registrados después del terremoto. La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito mantiene dispositivos de prevención y vigilancia en diferentes carreteras, con el propósito de reducir los riesgos para conductores y peatones.

Por su parte, el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis Degracia, informó que realizó recorridos por Tonosí, la península de Azuero y Santiago, acompañado por el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith. Ambos funcionarios evaluaron las necesidades de las comunidades y conversaron con autoridades locales.

Degracia explicó que la respuesta comenzó inmediatamente después del terremoto, siguiendo las instrucciones del presidente de la República y del ministro de Seguridad Pública. Durante las visitas, los equipos trasladaron alimentos enlatados, agua y otros artículos de primera necesidad destinados a los residentes afectados.

El Senan también estableció un puente aéreo humanitario hacia la península de Azuero, mediante el cual se han efectuado más de diez asistencias, incluidos traslados aeromédicos de pacientes hacia centros hospitalarios de La Villa de Los Santos, Santiago y la ciudad de Panamá.

Como parte de estas operaciones, helicópteros del Programa de Aviación INL-SENAN despegaron hacia Las Tablas, en la provincia de Los Santos, con cargamentos de alimentos y suministros. Las aeronaves permiten acelerar la entrega de ayuda en comunidades que requieren atención.

En tierra, la Policía Nacional mantiene operativos de verificación y monitoreo en Veraguas y Los Santos, en coordinación con los organismos de protección civil. En el distrito de Mariato, los equipos trabajan para facilitar la habilitación de vías en Malena y Torio, afectadas por las consecuencias del sismo.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) también participa en las operaciones, con 400 efectivos desplegados en zonas afectadas de Los Santos, Herrera y Coclé. Su personal desarrolla tareas de asistencia y apoyo logístico para facilitar la llegada de recursos a las comunidades.

Estas acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual el Ministerio de Seguridad Pública coordina la respuesta de sus distintos estamentos. Las autoridades mantienen activos los operativos de atención médica, transporte de suministros y seguridad, mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.

Tanto Degracia como Fernández solicitaron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos competentes. Los funcionarios indicaron que los recorridos y las labores de asistencia continuarán conforme se identifiquen nuevas necesidades en las áreas afectadas por el movimiento sísmico.

Al menos 161 movimientos sísmicos se han registrado en Azuero y zonas cercanas desde el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, según un recuento actualizado de los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Del total, cinco alcanzaron magnitudes de entre 6.0 y 6.9, otros 33 estuvieron entre 5.0 y 5.9, mientras que 105 se ubicaron entre 4.0 y 4.9 y 18 entre 3.0 y 3.9.

El movimiento principal ocurrió a las 12:56 p. m. del viernes, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero, y una profundidad de cuatro kilómetros.

La sucesión de temblores ha mantenido en alerta a miles de residentes, especialmente en Herrera, Los Santos y Veraguas, donde numerosas familias pasaron la noche fuera de sus viviendas por temor a nuevos movimientos.

Entre los eventos posteriores de mayor intensidad sobresalió un sismo de magnitud 6.9 registrado a las 3:25 p. m. del viernes, en las proximidades de Coiba. Otros cuatro movimientos alcanzaron magnitudes superiores a 6 durante esa jornada, mientras las réplicas continuaron durante el sábado, prolongando la incertidumbre en las comunidades afectadas.

El registro del Instituto de Geociencias muestra que la actividad sísmica persistió durante la mañana y las primeras horas de la tarde del sábado. Entre los movimientos más recientes figuran uno de magnitud 4.6, a las 2:24 p. m., al noroeste de Tonosí, y otro de magnitud 4.2, a las 2:44 p. m., al sur de Santiago.

El balance de las autoridades da cuenta de daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, carreteras y edificios públicos. El Gobierno informó que 419 escuelas resultaron afectadas, mientras los equipos de emergencia continúan las evaluaciones estructurales para determinar cuáles inmuebles pueden utilizarse sin representar riesgos para sus ocupantes.

Las afectaciones se concentran principalmente en Herrera, Los Santos, Veraguas y sectores de Coclé, entre ellos Penonomé. En distintas comunidades, las imágenes difundidas en redes sociales muestran paredes agrietadas, techos desprendidos y estructuras parcialmente colapsadas, aunque todavía no existe una evaluación definitiva que permita establecer el alcance total de los daños.

En la provincia de Herrera, las iglesias de Parita y Los Pozos figuran entre los inmuebles históricos afectados. En Parita, el templo colonial perdió parte de su campanario, mientras que en Los Pozos la caída de la torre y parte de la fachada principal se convirtió en una de las imágenes más representativas de la destrucción provocada por el terremoto.

La situación también alcanza a hospitales y otras instalaciones de atención médica, donde los movimientos obligaron a adoptar medidas preventivas y reorganizar temporalmente algunos servicios. En Aguadulce, provincia de Coclé, se reportó que varios nacimientos fueron atendidos en espacios improvisados, mientras el personal sanitario procuraba mantener la asistencia a los pacientes en medio de la emergencia.

En Veraguas, videos difundidos en redes sociales muestran daños considerables en cementerios, donde algunos nichos habrían quedado destruidos y dejaron expuestos los ataúdes. Las imágenes reflejan posibles afectaciones en estructuras funerarias, aunque se requiere una inspección oficial para determinar la cantidad de sepulturas dañadas y las condiciones de seguridad de estos recintos.

El terremoto también provocó interrupciones preventivas en servicios e instalaciones públicas, mientras especialistas revisaban posibles afectaciones estructurales. Las autoridades han insistido en la necesidad de evitar el ingreso a edificios que presenten grietas, desprendimientos o daños visibles, hasta que personal técnico determine si reúnen las condiciones necesarias de seguridad.

Ante la magnitud de la emergencia, Estados Unidos se sumó a las acciones de apoyo a Panamá mediante la coordinación con las autoridades nacionales. Entre los recursos movilizados figuran aeronaves de transporte para distribuir asistencia humanitaria, destinadas a respaldar las labores de atención en las comunidades afectadas.

El apoyo estadounidense se desarrolla en coordinación con las autoridades de seguridad y emergencia de Panamá, mientras se contempla la participación de especialistas en evaluación de estructuras. La asistencia busca fortalecer la capacidad de respuesta ante los daños, particularmente en las zonas donde el acceso y las inspecciones representan mayores dificultades.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, numerosas familias permanecieron en patios, calles y espacios abiertos, utilizando colchones, frazadas y toldas para resguardarse. La continuidad de los movimientos impidió que muchos residentes pudieran dormir, mientras seguían atentos a los boletines del Instituto de Geociencias y a las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Más de un día después del terremoto, el principal desafío continúa siendo determinar la magnitud real de los daños y garantizar la seguridad de la población. Mientras avanzan las inspecciones en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, la persistencia de los movimientos sísmicos mantiene la incertidumbre entre quienes todavía no saben cuándo podrán regresar con tranquilidad a sus hogares.

Unas 2.130 personas resultaron afectadas por los daños registrados en 426 viviendas tras el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, mientras que nueve puentes presentan afectaciones en las zonas más golpeadas por el movimiento sísmico.

Las cifras forman parte del balance preliminar presentado este sábado por el Gobierno, que mantiene las evaluaciones de infraestructura y las operaciones de asistencia a la población.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que las 426 viviendas censadas presentan daños de distinta gravedad, desde afectaciones menores hasta estructuras que podrían requerir una reconstrucción completa.

La estimación de 2.130 personas afectadas corresponde a las familias incluidas en ese registro, que todavía puede aumentar conforme los equipos técnicos lleguen a otras comunidades.

Las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé concentran las mayores afectaciones habitacionales, según el Ministerio de Vivienda, que reforzó sus oficinas regionales con trabajadores sociales, ingenieros y personal especializado. Las inspecciones buscan determinar cuáles inmuebles pueden volver a ocuparse y cuáles deberán ser reparados o sustituidos por nuevas construcciones.

Jované indicó que las viviendas con daños menores deberán recibir una certificación de seguridad, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), antes de que sus ocupantes puedan regresar. También solicitó a las familias afectadas acercarse a las direcciones regionales del ministerio para incorporar sus casos al censo nacional.

La situación de la infraestructura vial representa otro de los principales desafíos. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que nueve puentes presentan daños en los sectores afectados de la península de Azuero, entre ellos el ubicado sobre el río Torio, cuya estructura registra afectaciones de mayor consideración.

El Ministerio de Obras Públicas trabaja para restablecer la circulación hacia Torio, Quebro, Arenas y Tonosí, inicialmente mediante pasos que permitan el tránsito de vehículos livianos. Andrade explicó que también se han registrado numerosos derrumbes que dificultan la conectividad, por lo que maquinaria y equipos especializados participan en la remoción de materiales y la rehabilitación de caminos.

El funcionario advirtió que todavía no ha concluido la identificación de todos los daños, por lo que podrían incorporarse nuevas afectaciones al balance. La prioridad es garantizar el acceso a las comunidades que permanecen con dificultades de comunicación y facilitar el traslado de alimentos, medicamentos y personal de emergencia.

En materia de recursos, el Gobierno reiteró que la declaratoria de estado de emergencia contempla hasta $100 millones para atender las consecuencias del terremoto. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá cuenta con capacidad financiera para responder tanto a los daños materiales como a las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

Chapman aclaró que todavía no se ha definido cuánto dinero será necesario utilizar, debido a que los ministerios continúan levantando los inventarios de daños. Cada institución deberá presentar sus solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas, acompañadas de la documentación que justifique las intervenciones y los recursos requeridos.

El titular de Economía también confirmó que organismos financieros internacionales y gobiernos extranjeros han ofrecido asistencia. Entre ellos mencionó al Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Estados Unidos, además de ministros de Finanzas de otros países latinoamericanos.

Según Chapman, las alternativas incluyen donaciones no reembolsables y préstamos en condiciones financieras favorables, que solo serían utilizados si resultan necesarios. Explicó que la declaratoria de emergencia constituye un requisito para acceder a determinados mecanismos internacionales de asistencia, mientras se establece el costo real de la recuperación.

El ministro aseguró que la actividad económica del país continuará funcionando pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto. También indicó que las instituciones responsables de salud, educación, vivienda y obras públicas deberán concluir sus evaluaciones para establecer las necesidades presupuestarias de cada sector.

En el ámbito educativo, el ministro Ventura Vega informó que 419 centros escolares presentan afectaciones y que el Gobierno evalúa si las clases podrán reanudarse el lunes 12 de octubre. La decisión podría adoptarse a escala nacional o por regiones, dependiendo de los resultados de las inspecciones y de las condiciones de seguridad de los planteles.

Vega recordó que las clases y las actividades administrativas fueron suspendidas inmediatamente después del terremoto, como medida de protección para estudiantes y funcionarios. El Ministerio de Educación anunciará su decisión entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, mientras continúa recopilando información mediante el Centro de Operaciones de Emergencia.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, detalló que ocho helicópteros y cuatro aeronaves fueron puestos a disposición de las operaciones de emergencia para transportar personal especializado y asistencia humanitaria. También informó que 15 paramédicos y técnicos de urgencias médicas reforzaron los hospitales de Penonomé y Aguadulce.

Ábrego señaló que 400 unidades del Servicio Nacional de Fronteras fueron movilizadas hacia Penonomé, con equipamiento especializado para apoyar las labores de recuperación y seguridad. Paralelamente, efectivos de la Policía Nacional fueron desplazados hacia Tonosí y Las Tablas, mientras unidades aeronavales trabajan en Mariato y Arenas de Quebro.

La cooperación internacional también comenzó a materializarse mediante dos aeronaves de Estados Unidos destinadas al traslado de ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas. El dispositivo de seguridad incluye además vigilancia preventiva para evitar que personas aprovechen la emergencia para cometer delitos, según explicó el ministro.

En el sector turístico, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, informó que las principales afectaciones se concentran en zonas rurales del interior. En la capital, el impacto más significativo estuvo relacionado con las alteraciones de las operaciones aéreas en Tocumen, debido al desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de la región.

La funcionaria explicó que estas interrupciones provocaron congestión y reprogramaciones, especialmente en las operaciones de Copa Airlines. La Autoridad de Turismo y PROMTUR trabajan con las aerolíneas y el sector hotelero para facilitar alojamiento y asistencia a los pasajeros afectados por las modificaciones de sus itinerarios.

De León indicó que no se reportan daños estructurales en los principales hoteles de la ciudad de Panamá. Sin embargo, existen informes preliminares de afectaciones en el hotel Dos Continentes, en Coclé; el hotel Mykonos, en Santiago; y Playa Venao y El Sitio, en Pedasí, establecimientos que deberán someterse a evaluaciones.

La Autoridad de Turismo también mantiene comunicación con organizadores de congresos, convenciones y grandes eventos, para verificar las condiciones de las instalaciones y determinar si pueden continuar sus actividades. Paralelamente, PROMTUR trabaja en informar a aerolíneas, operadores y mercados internacionales sobre la situación del país.

Respecto a las personas que perdieron sus viviendas, las autoridades anunciaron gestiones para habilitar instalaciones deportivas abiertas como albergues temporales. Para ello se solicitará la colaboración de Pandeportes y se recibirán donaciones de carpas, con el propósito de ofrecer espacios de resguardo a las familias damnificadas.

El Gobierno también pidió que las personas no regresen a viviendas o apartamentos con posibles daños estructurales hasta contar con una inspección que confirme su seguridad. El Cuerpo de Bomberos informó que desplegó 20 equipos de trabajo con personal técnico y voluntarios para evaluar hospitales, residencias y edificios de altura.

Las revisiones incluyen instalaciones hospitalarias donde las constantes réplicas obligaron a efectuar evacuaciones preventivas. Sinaproc explicó que el propio Centro de Operaciones de Emergencia tuvo que ser evacuado 14 veces durante la jornada del viernes, mientras sus funcionarios continuaban coordinando la respuesta nacional.

Las autoridades también se refirieron a las dificultades de movilidad registradas en la ciudad de Panamá. Andrade aclaró que las inspecciones no encontraron motivos para cerrar los puentes de las Américas y Centenario, y atribuyó parte de la congestión a informaciones falsas difundidas en redes sociales sobre supuestos daños en esas estructuras.

El ministro sostuvo que la circulación vehicular comenzó a normalizarse durante la tarde del viernes y que hacia las 7:00 p. m. el tránsito había recuperado sus condiciones habituales. La paralización del Metro y la salida simultánea de trabajadores también contribuyeron a la congestión de las principales vías.

En cuanto al suministro de agua potable, el Gobierno informó que la mayoría de las plantas potabilizadoras había recuperado sus operaciones. La instalación de Chilibre funcionaba al 100%, mientras que las plantas Roberto Reyna y Rufina, en Herrera, no presentaban afectaciones de consideración. Persistían problemas puntuales asociados al suministro eléctrico y daños menores en otras instalaciones.

La conferencia también abordó la organización de las donaciones para las familias afectadas. Chapman indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas divulgará los mecanismos y las cuentas bancarias habilitadas para recibir aportes, incluidos los electrónicos, una vez se establezcan los procedimientos oficiales para canalizar esos recursos.

Por su parte, Sinaproc señaló que la decisión sobre el simulacro previsto para el lunes será comunicada oficialmente por el Gabinete de Gestión de Riesgo. Las autoridades insistieron en que la población debe mantenerse atenta a los canales institucionales, especialmente ante la circulación de rumores e información no verificada.

Mientras continúa el levantamiento de daños, el Gobierno mantiene activada la coordinación entre ministerios, organismos de seguridad y equipos de emergencia para atender a las comunidades afectadas. El balance de viviendas, puentes, escuelas y establecimientos públicos seguirá actualizándose conforme avancen las inspecciones y se determine el costo de la reconstrucción.

Como parte de las acciones de asistencia humanitaria, el Gobierno habilitó el Parque Omar, ubicado en la ciudad de Panamá, como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

En el resto del país, las gobernaciones de cada provincia funcionarán como puntos de recepción, donde la ciudadanía podrá entregar alimentos, agua, artículos de primera necesidad y otros insumos que serán distribuidos entre las comunidades damnificadas por el movimiento sísmico.

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,5 y llevó a evacuar por precaución a pacientes de instalaciones públicas y privadas. Mulino realizó un recorrido por la provincia de Los Santos, donde constató una reducción de la concentración de personas en un centro de atención médica.

El mandatario explicó que el director del Seguro habilitó el hospital ubicado junto al centro visitado para trasladar progresivamente a los pacientes. Según dijo durante declaraciones a Telemetro, la afluencia ya no representaba un hacinamiento como el observado anteriormente.

Recursos para salud, rutas y puentes dañados

La respuesta estatal comenzó con la canalización de los fondos aprobados por el Gabinete. Mulino señaló que las autoridades atienden las necesidades sanitarias y los daños reportados en vías y puentes de la zona.

El ministro del MOP trabaja en las infraestructuras afectadas, mientras el secretario de Meta coordina las tareas junto con el ministro de la Presidencia. El objetivo, indicó, es mantener informada a la población sobre la evolución diaria de la emergencia.

El presidente se dirigió luego hacia Tonosí, una de las localidades que integran su recorrido. Allí afirmó que la ayuda gubernamental apenas comenzaba y aseguró que llegará a las personas afectadas.

La asistencia también incluye ofrecimientos internacionales. Mulino mencionó contactos con el presidente de Israel, Isaac Herzog; autoridades de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado y secretario de Guerra; y los gobiernos de Centroamérica.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció apoyo a Panamá durante una conversación con Mulino. El mandatario también citó la disposición de Ecuador, Colombia, Chile y Costa Rica, cuya presidenta, Laura Fernández, habló con él esa mañana.

La Comunidad Europea, la banca internacional y organismos financieros aliados del Estado panameño también expresaron su respaldo. Mulino sostuvo que esas entidades han ayudado y continuarán aportando recursos financieros.

Transporte urbano y operaciones sin paralización

Las réplicas obligaron a interrumpir temporalmente el servicio del Metro para revisar líneas y equipos cada vez que se registra un movimiento fuerte. El Metrobús enfrenta el mismo protocolo de seguridad, por lo que el presidente pidió paciencia ante eventuales demoras en el tránsito y los servicios.

El Gobierno esperaba que, para el lunes, el transporte urbano que moviliza a un millón de personas al día entre el Este, el Oeste y el Centro funcionara de manera relativamente ordenada. Mulino descartó que la emergencia implique detener la actividad nacional: “El país no se va a parar”.

El Canal mantuvo sus operaciones, aunque con las medidas de seguridad correspondientes. “Cero problema con el canal”, afirmó el presidente, quien sostuvo que la vía no había paralizado su actividad.

Mulino dijo no tener conocimiento personal de fallecimientos tras el sismo, luego de que un reportero señalara que no había heridos graves ni muertos en el país. También destacó la resistencia de los edificios de gran altura de la ciudad de Panamá, donde, según afirmó, los residentes permanecían en sus viviendas dentro de parámetros normales para una situación irregular.

El mandatario recordó que Panamá no tiene una cultura marcada por este tipo de fenómenos. El último sismo de características comparables que mencionó ocurrió en Bocas del Toro durante la década de 1990 y tuvo un impacto localizado.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó desde el Centro de Operaciones de Emergencia que su cartera desplegó psicólogas para atender llamadas de personas con estrés, depresión, tristeza, ansiedad o ideación relacionada con el impacto del sismo.

La línea 147 dispone de psicólogos para responder estas consultas y cuenta con intérpretes de lengua de señas. El ministerio también participa en la atención de albergues instalados en las provincias junto con el Ministerio de Gobierno y Sinaproc.

Carles indicó que los centros de acopio serán definidos, previsiblemente, a través de las gobernaciones. La ministra pidió mantener la calma mientras continúan las revisiones estructurales para garantizar la seguridad de la población.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete, mientras las autoridades elevaron a 419 el número de centros educativos afectados, reportaron 27 personas lesionadas y confirmaron daños en 21 instalaciones de salud y más de 426 viviendas.

La declaratoria de estado de emergencia permitirá al Gobierno de Panamá disponer de $100 millones para atender las necesidades surgidas a raíz del terremoto. Estos recursos estarán destinados a financiar la asistencia a las familias damnificadas, responder a las afectaciones en las comunidades y ejecutar trabajos urgentes de reparación y recuperación de infraestructuras, especialmente en las provincias que registran mayores daños.

El anuncio se realizó este sábado durante una conferencia de prensa en la que participaron ministros y representantes de los organismos de emergencia.

La declaratoria fue adoptada por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, luego de recibir los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de las distintas instituciones que trabajan en las comunidades afectadas.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la prioridad será atender a las familias damnificadas, garantizar la disponibilidad de recursos institucionales y coordinar las acciones necesarias para responder a los daños.

El mandatario instruyó a los ministros a mantenerse activos en las zonas afectadas y poner a disposición los recursos de sus respectivas instituciones para asistir a la población.

Durante la conferencia se anunció la creación de una comisión de alto nivel para coordinar la asistencia y la recuperación, integrada por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Este equipo también tendrá participación en la planificación de las reparaciones y la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por el terremoto.

Como parte de la respuesta, el Ejecutivo habilitó el Parque Omar, en el corregimiento de San Francisco de la ciudad de Panamá, como centro de acopio para recibir donaciones. Las gobernaciones provinciales también funcionarán como puntos de recepción de alimentos, agua, artículos de primera necesidad y otros insumos destinados a las comunidades que requieren asistencia humanitaria.

La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá es Malitzie Rivera, informó que hasta el momento no se registran víctimas fatales como consecuencia del terremoto. Sin embargo, las autoridades contabilizan 27 personas lesionadas, con heridas de leves a moderadas, quienes fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

El informe presentado por Sinaproc también establece que 21 instalaciones de salud resultaron afectadas, por lo que ingenieros y arquitectos especializados en estructuras realizan inspecciones para determinar sus condiciones.

Paralelamente, los equipos de emergencia han evaluado más de 426 viviendas con distintos niveles de daños, desde afectaciones leves hasta pérdidas totales de algunas residencias.

En materia educativa, el ministro de Educación, Ventura Vega, informó que 419 centros escolares presentan afectaciones relacionadas con el terremoto. El funcionario recordó que, inmediatamente después del movimiento sísmico, se ordenó la suspensión de clases y de las actividades administrativas del sistema educativo público como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal.

Vega adelantó que este domingo 11 de octubre se anunciará si las clases se reanudarán normalmente el lunes 12 de octubre en todo el territorio nacional. La decisión dependerá de las evaluaciones de seguridad y del estado de las instalaciones escolares, especialmente en las provincias donde se han identificado daños estructurales.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Herrera, Los Santos y Veraguas, provincias donde se concentra una parte importante de las viviendas dañadas. Las autoridades también reportaron situaciones que requieren atención en comunidades insulares y áreas de difícil acceso, donde el traslado de ayuda humanitaria representa un desafío adicional.

Una de las situaciones más delicadas se produjo en isla de Cañas, donde 300 personas tuvieron que ser evacuadas debido al incremento del nivel del agua asociado al evento sísmico.

Según Sinaproc, los residentes se encuentran resguardados y reciben asistencia, mientras continúan las gestiones para garantizar el suministro de medicamentos, alimentos y otros artículos esenciales.

Rivera indicó que también se han registrado afectaciones en Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá, principalmente en centros educativos y algunas viviendas.

Por esta razón, las operaciones de respuesta no se limitan a la península de Azuero, sino que abarcan distintas regiones del territorio nacional.

Las labores de seguridad cuentan además con el apoyo de 419 integrantes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desplegados en operaciones relacionadas con la emergencia en Penonomé, la ciudad de Panamá, Tonosí y Las Tablas. Su participación forma parte del dispositivo de seguridad y apoyo institucional activado tras el terremoto y las constantes réplicas.

Sinaproc señaló que desde las primeras horas posteriores al terremoto comenzaron los operativos de asistencia humanitaria, con el traslado de agua, alimentos y enseres de primera necesidad. Estas tareas se desarrollan en coordinación con los estamentos de seguridad y emergencia, que también participan en la evaluación de estructuras y la atención de las comunidades.

La respuesta incluye acompañamiento psicológico para las personas afectadas, mediante profesionales que trabajan con las familias que han experimentado situaciones de temor, pérdidas materiales y desplazamientos temporales. Asimismo, se habilitó un mecanismo de atención para personas con discapacidad auditiva, con intérpretes de lengua de señas que facilitan la comunicación de emergencias a las instituciones correspondientes.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la comisión gubernamental trabajará en dos frentes simultáneos: la coordinación de las donaciones y ayudas que se reciban de la ciudadanía, y la preparación de las intervenciones necesarias para recuperar las infraestructuras afectadas.

La emergencia se produce después del fuerte movimiento sísmico registrado a las 12:56 p. m. del viernes 9 de octubre, con epicentro en la península de Azuero. Las numerosas réplicas posteriores han mantenido en alerta a las comunidades, mientras las autoridades continúan actualizando el balance de daños y evaluando las condiciones de seguridad de las instalaciones públicas y privadas.

El Gobierno aseguró que mantendrá informada a la población sobre las acciones de respuesta, los resultados de las inspecciones y las medidas que se adopten durante los próximos días. La prioridad inmediata sigue siendo la atención de las personas afectadas, mientras se determina el alcance de los daños y los recursos necesarios para la recuperación.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición de Panamá un financiamiento contingente de hasta USD 300 millones y USD 500,000 en fondos no reembolsables para atender la emergencia tras el devastador sismo de magnitud 7.7 que sacudió el país ayer 9 de octubre.

La asistencia financiera internacional busca respaldar las labores de rescate, la evaluación técnica de daños y la atención prioritaria de miles de personas afectadas en las regiones golpeadas del territorio panameño.

El apoyo económico del organismo multilateral proviene del Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública que el país centroamericano mantiene suscrito con la institución.

La cobertura contempla de manera explícita la respuesta ante eventos telúricos, mientras que los recursos no reembolsables canalizados como cooperación técnica permitirán adquirir suministros esenciales de asistencia humanitaria, realizar análisis de infraestructura en las zonas vulnerables y estructurar el plan de recuperación a mediano plazo.

“El Grupo BID está con el pueblo panameño en este momento difícil. Estos recursos permitirán al Gobierno atender con rapidez a las familias afectadas y planificar la recuperación. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades en cada etapa de la respuesta”, afirmó el presidente de la entidad multilateral, Ilan Goldfajn, al ratificar el compromiso institucional alineado con el programa regional Preparados y Resilientes en las Américas.

Ante la magnitud de los estragos provocados por el sismo y las decenas de réplicas registradas en el territorio nacional, el Gobierno de Panamá procedió a decretar el estado de emergencia oficial. En esa línea, el Ejecutivo destinó un fondo inicial de USD 100 millones para la atención directa e inmediata de la crisis, según confirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Los informes preliminares recabados por los organismos de socorro señalan la presencia de 426 viviendas con daños graves, moderados o sencillos, lo que representa un total aproximado de 2,130 personas damnificadas.

Las inspecciones de campo son ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entidades que verifican las condiciones de seguridad en las estructuras para determinar si los inmuebles pueden ser habitados nuevamente.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que las distintas dependencias estatales, entre ellas las carteras de Salud y Educación, presentarán sus requerimientos presupuestarios para su revisión técnica. Asimismo, el funcionario indicó que el equipo económico evalúa la habilitación de mecanismos bancarios internacionales y plataformas electrónicas para recibir donaciones en efectivo destinadas a los damnificados.

La CAF donó USD 250,000 y activó una línea de financiamiento por USD 50 millones

A la respuesta económica multilateral se sumó la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, institución que aprobó una donación inmediata de USD 250,000 en fondos no reembolsables destinados a la asistencia humanitaria de urgencia. Este aporte financiero directo busca garantizar el suministro de agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Adicionalmente, el organismo bancario puso a disposición una línea de crédito contingente por un monto de hasta USD 50 millones de dólares para financiar la reconstrucción de infraestructura pública destruida o deteriorada. Esta herramienta financiera permitirá al Estado encarar la reparación de carreteras, puentes, centros escolares e instalaciones hospitalarias dañadas por el movimiento telúrico.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos formalizó el envío de ayuda logística, personal consular y apoyo operativo en el terreno tras la solicitud de las autoridades panameñas.

El despliegue norteamericano incluye el apoyo de un helicóptero de largo alcance del Comando Sur, equipado para realizar traslados aéreos de emergencia, labores de rescate y transporte de insumos médicos en la región de Azuero y áreas de difícil acceso.

El dirigente Anel Bolo Flores exhortó al Ministerio de Educación de Panamá y al Instituto Panameño de Deportes a poner sus instalaciones a disposición de las familias afectadas por el terremoto que sacudió la costa del Pacífico sur de Panamá. Su planteamiento no constituye una orden, sino un llamado a que ambas entidades evalúen la habilitación de espacios de apoyo y centros de acopio temporales.

“Exhorto al Meduca y a Pandeportes a habilitar sus instalaciones como espacios de apoyo y centros de acopio para asistir a las familias afectadas. Es momento de unir esfuerzos y poner al Estado al servicio de quienes más lo necesitan”, expresó Flores en sus redes sociales.

En otro mensaje, señaló que la propuesta apunta a que escuelas, gimnasios y otras infraestructuras públicas puedan recibir a personas damnificadas si las autoridades lo consideran necesario. También planteó que esos lugares funcionen para recibir, organizar y distribuir donaciones hacia las comunidades con mayores necesidades.

El pronunciamiento se produjo después del sismo registrado a las 12:56 hora local del 9 de octubre, que se sintió en gran parte del país, incluida la Ciudad de Panamá, y en zonas de la vecina Costa Rica. Las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar los daños y las consecuencias en las áreas cercanas al epicentro.

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) informó que al menos 419 centros educativos resultaron afectados por el sismo. Su titular, Ventura Vega Osorio, dispuso la suspensión de las clases durante el fin de semana para realizar inspecciones estructurales antes de definir las condiciones para un regreso seguro a las aulas.

La afectación de escuelas añade presión a la respuesta estatal, ya que los establecimientos pueden requerir reparaciones y, al mismo tiempo, ser considerados como lugares de apoyo para las comunidades damnificadas. En ese escenario, Flores sugirió que Meduca y el Instituto Panameño de Deportes evalúen qué instalaciones podrían destinarse a tareas de asistencia sin comprometer las revisiones de seguridad.

Unicef advierte sobre los riesgos para niños y familias

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su solidaridad con los niños, adolescentes y familias afectados por el terremoto. El organismo indicó que aún era prematuro determinar la dimensión de los daños, aunque expresó preocupación por la situación de la población que vive en las zonas próximas al epicentro.

La agencia recordó que los terremotos pueden provocar lesiones, separaciones familiares y pérdida de acceso a servicios esenciales. Entre ellos, mencionó la falta de refugio, agua potable, atención médica y continuidad escolar.

“Unicef está listo para apoyar la respuesta del Gobierno de Panamá si fuera necesario”, sostuvo el organismo. Además, pidió a las familias de las zonas costeras panameñas y de los países vecinos que cumplan las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

El llamado de Flores coincide con esa preocupación por la atención de las familias y el mantenimiento de servicios básicos para niños y adolescentes. La eventual apertura de instalaciones educativas o deportivas como refugios temporales podría ofrecer un punto de asistencia mientras avanzan los relevamientos oficiales, aunque esa decisión corresponde a las autoridades competentes.

Mientras continúan las inspecciones en las zonas impactadas, Unicef reiteró que la prioridad debe centrarse en la protección de los niños y las familias, mientras que el planteamiento de Anel Bolo Flores propone ampliar la capacidad de apoyo mediante el uso eventual de instalaciones públicas.

Las islas Leones, Cébaco y Gobernadora, en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, registraron viviendas dañadas, embarcaciones hundidas y problemas de abastecimiento tras el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre. La suspensión de los zarpes mantiene incomunicadas a comunidades insulares, según informó el alcalde Alberto Melamed a Telemetro Reporta.

El alcalde señaló que la mayor preocupación se concentra en las islas, donde la población depende de pequeñas tiendas y de la pesca. “No hay entrada, no hay salida; necesitamos comida, necesitamos agua”, afirmó al describir la situación posterior al sismo.

Melamed indicó que el municipio coordina un recorrido con el Servicio Nacional Aeronaval para evaluar los daños y llevar suministros. Las autoridades locales buscaban obtener 50 cajas de agua y otros insumos para atender las necesidades inmediatas de los habitantes.

La afectación de lanchas y motores agrava la situación en el área insular. Melamed indicó que hay embarcaciones hundidas y equipos dañados, un problema que impacta tanto en la movilidad como en la actividad pesquera, fuente de ingresos de muchas familias de la zona.

El alcalde mencionó además que Coiba también registró afectaciones, aunque señaló que la isla cuenta con poca infraestructura. Las comunidades de Leones, Gobernadora y Cébaco se encuentran cerca del área donde se produjo el mayor impacto del terremoto, en el Pacífico panameño.

El sismo principal ocurrió a las 12:56 del viernes 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a unos 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y registró una magnitud de 7.7 y una profundidad de 12.6 kilómetros.

Tras el movimiento inicial, se produjeron réplicas de distinta intensidad. Entre ellas, el USGS registró una de magnitud 6.6 cerca de Río Grande y otras superiores a magnitud cinco. El terremoto se sintió en distintos puntos de Panamá, así como en Costa Rica y Colombia.

Las autoridades panameñas concentraron la evaluación de daños en las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. La alerta inicial por posible tsunami en el Pacífico fue levantada, aunque las tareas de inspección y asistencia continuaban este sábado 10 de octubre.

Daños registrados en la ciudad de Montijo

En la cabecera de Montijo, una inspección junto al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) determinó que cinco viviendas no pueden ser habitadas porque presentan daños que comprometen su estructura. El alcalde añadió que hay otras 55 casas afectadas por grietas, vidrios rotos y desperfectos en puertas y ventanas.

También resultó afectado un comercio del distrito, donde las autoridades deberán emitir recomendaciones antes de que pueda reanudar sus actividades. El censo de afectados todavía no ha concluido, ya que faltan por evaluar comunidades aledañas y sectores costeros del golfo de Montijo.

“Todavía exactamente no podemos dar una cifra exacta de cuántos afectados hay”, explicó Melamed. El funcionario precisó que no había heridos ni muertes confirmadas dentro del distrito hasta el momento de la entrevista.

Parte de la población se concentró en el complejo deportivo de Montijo, donde se instalaron carpas. Según el alcalde, varias familias prefieren permanecer allí por temor a volver a inmuebles que podrían haber sufrido daños durante el movimiento telúrico y sus réplicas.

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El Gobierno de Bolivia afirmó este sábado que, hasta el momento, no hay ciudadanos bolivianos afectados en su integridad física o su salud por el terremoto en Panamá, de acuerdo con reportes preliminares de su red diplomática y consular en la región.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que mantiene un monitoreo permanente de la situación luego del sismo que sacudió el viernes el sur y el centro del país centroamericano. También pidió a los bolivianos que residen o se encuentran de tránsito en las áreas afectadas que conserven la calma, adopten precauciones y sigan las indicaciones de las autoridades locales.

El Ejecutivo expresó su solidaridad con la población panameña y con las comunidades de Colombia y Costa Rica, donde también se percibió el movimiento telúrico. Las oficinas consulares bolivianas activaron protocolos de emergencia y canales de atención para asistir a la comunidad en el exterior si fuera necesario.

El terremoto de magnitud 7.7 ocurrió el viernes a las 12:56 hora local, con epicentro a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El organismo situó el foco a 12.6 kilómetros de profundidad.

Las autoridades de Panamá informaron que el sismo dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y afectaciones en más de 400 edificaciones. Hasta el último informe oficial no se habían confirmado muertes.

El recuento preliminar incluyó daños en 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles y nueve puentes. También se registraron deterioros en vías y plantas potabilizadoras.

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas concentraron parte de las afectaciones. En Penonomé se informaron daños en una iglesia, un hotel y dependencias de la gobernación. En Tonosí, localidad cercana a la zona del epicentro, hubo viviendas con grietas y problemas de acceso por carretera.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió de forma temporal sus operaciones para revisar sus instalaciones. La Autoridad del Canal de Panamá comunicó que el tránsito marítimo por esa vía continuó con normalidad, mientras equipos técnicos evaluaban la infraestructura.

Más de un centenar de réplicas mantuvo la alerta en el país

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró más de 100 réplicas durante las primeras horas posteriores al terremoto. Una de ellas superó la magnitud 6.0 mientras que el USGS notificó movimientos de magnitud 5.8 y 5.5 cerca del área afectada.

Las diferencias iniciales entre las mediciones se explican por la revisión de datos que realizan los organismos sismológicos tras un evento de gran escala. El instituto panameño estimó inicialmente una magnitud de 7.2 y luego la elevó a 7.5, mientras que el USGS actualizó su cálculo hasta 7.7.

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para sectores de la costa del Pacífico de Panamá y otros países de la región. Horas después, la canceló al determinar que no existía amenaza de tsunami.

Panamá se encuentra en una zona de actividad tectónica vinculada a la interacción de las placas de Cocos, Nazca y Caribe. Los especialistas analizan si el terremoto estuvo relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná, una estructura activa que atraviesa parte del sur del país.

Las autoridades panameñas mantenían las inspecciones en edificios, escuelas, centros de salud, rutas y acueductos, mientras las comunidades próximas al epicentro seguían bajo vigilancia ante la continuidad de las réplicas.

Cerca de 70 pacientes reciben atención médica en carpas y estructuras modulares en la ciudad de Penonomé, luego de que un terremoto de magnitud 7,5 provocó severos daños en la infraestructura del Hospital Aquilino Tejeira.

El evento telúrico, registrado a las 12:56 p. m. de ayer viernes 9 de octubre con epicentro en el distrito de Tonosí, causó importantes afectaciones en viviendas, edificios públicos e instalaciones sanitarias en distintas provincias de Panamá.

Frente al deterioro de la sede hospitalaria, el Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el traslado e instalación urgente de unidades modulares provenientes de sectores como Panamá Este para reforzar la capacidad de respuesta asistencial en la provincia de Coclé.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acudió a la zona siniestrada para coordinar la logística de abastecimiento de insumos y supervisar las operaciones de evacuación. Durante la inspección, la autoridad explicó que los pabellones provisionales albergaban a las personas convalecientes mientras culminaba la habilitación de las estructuras modulares equipadas con sistemas de aire acondicionado.

A pesar de las severas afectaciones en la vieja sede del Hospital Aquilino Tejeira, las autoridades confirmaron que las construcciones de los nuevos hospitales no sufrieron daños en su estructura.

El titular del Minsa precisó que el nuevo edificio hospitalario que se edifica en las afueras de Penonomé no presentó fisuras ni fallas estructurales, por lo que su construcción avanza hacia la fase final. De la misma manera, las inspecciones técnicas realizadas en la obra del nuevo Hospital del Niño en la capital del país arrojaron resultados favorables al constatar que la edificación se mantiene en óptimas condiciones.

El impacto del movimiento telúrico también afectó la red de atención primaria en comunidades rurales de la provincia. Reportes sanitarios señalaron daños en los centros de salud de El Valle de Antón y El Tambo, en el distrito de La Pintada.

El plan de trabajo trazado por la cartera de Salud contempla recorridos continuos de supervisión por parte de los funcionarios nacionales hacia las localidades de Chitré, Las Tablas, Soná y Santiago. El objetivo central de estos desplazamientos radica en verificar el estado operativo de los puestos médicos y acelerar el envío de insumos esenciales. Hasta el momento, los organismos de socorro no han reportado víctimas fatales asociadas de forma directa al sismo.

La Caja de Seguro Social inspecciona hospitales y reactivó los servicios de hemodiálisis

En paralelo a los esfuerzos desplegados por las autoridades del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un protocolo de verificación en sus instalaciones de la red pública.

El director general de la institución, Dino Mon, encabezó este sábado una visita técnica de supervisión al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en la ciudad de Chitré. Durante la jornada, la máxima autoridad de la entidad examinó de forma minuciosa la firmeza de la infraestructura en la sala de urgencias, el bloque quirúrgico y las unidades de diálisis para autorizar la reanudación segura de la atención a los pacientes.

Respecto a la continuidad de los tratamientos de sustitución renal, la Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal formalizó el reinicio de operaciones en la mayoría de las salas del país a partir del sábado 10 de octubre de 2026. La apertura de cada módulo requirió una certificación previa de las condiciones del edificio, así como la verificación del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y máquinas de ósmosis, elementos clave que no pueden trasladarse con facilidad.

Según el informe oficial, la unidad de hemodiálisis de Soná fue la más afectada por el sismo y requerirá intervenciones de reparación durante la jornada dominical previa a decidir su eventual apertura. Las autoridades sanitarias mantendrán un monitoreo constante sobre la infraestructura hospitalaria ante la eventual ocurrencia de réplicas sísmicas.

El fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre en Panamá dejó tras de sí un panorama de devastación estructural en múltiples regiones del país. Sin embargo, la imagen más impactante del desastre se concentró en la provincia de Veraguas, específicamente en la vía que conduce al distrito de Mariato.

Impresionantes fotografías y videos mostraron una carretera completamente destruida, atravesada por enormes grietas, severos hundimientos y grandes bloques de asfalto desprendidos como si se tratara de un frágil rompecabezas de cartón.

Inicialmente, la magnitud de la fractura en el pavimento fue tan inverosímil que miles de usuarios en redes sociales especularon que las imágenes habían sido generadas mediante Inteligencia Artificial. No obstante, la realidad superó cualquier ficción tecnológica: la vía sucumbió por completo ante la fuerza del movimiento telúrico, dejando al descubierto la vulnerabilidad del terreno ante sismos de gran escala.

La veracidad de la emergencia se confirmó cuando el propio alcalde de Mariato, Ángel Batista, grabó un video directamente sobre la carretera colapsada. En la grabación, transmitida a nivel nacional, la autoridad local mostró el abismo vial provocado por el temblor e hizo un llamado urgente al Gobierno central.

Batista enfatizó que, aunque la reconstrucción de la arteria vehicular requerirá un trabajo paulatino y de alta ingeniería para garantizar que la vía sea segura a largo plazo y evitar que las comunidades queden aisladas de forma prolongada, la prioridad absoluta e inmediata debe ser la atención a las familias damnificadas.

El equipo del Ministerio de Obras Públicas, acudió esta mañana para trabajar en el distrito de Mariato, y así atender los puntos afectados por el sismo y evaluar las condiciones de las vías e infraestructuras afectadas como el de esta vía.

De igual manera, las autoridades locales y los equipos de protección civil trabajan a contrarreloj para habilitar pasos provisionales y coordinar el envío de asistencia humanitaria a los sectores rurales golpeados. De momento, las autoridades no reportan víctimas mortales, pero sí al menos 26 personas lesionadas.

Destrozos en Playa Venao, Tonosí y la península de Azuero

La emergencia provocada por el sismo no se limitó a Veraguas. A medida que avanzaban las horas, los reportes oficiales confirmaron que el movimiento telúrico resintió la infraestructura del centro y sur del territorio panameño.

En la provincia de Los Santos, una de las zonas costeras más turísticas sufrió pérdidas considerables: en Playa Venao, un reconocido hostal sufrió el colapso parcial de sus instalaciones, obligando a turistas y trabajadores a evacuar de emergencia mientras la estructura sucumbía ante la sacudida.

En esa misma provincia, la localidad de Tonosí, muy cercana al epicentro sísmico, quedó incomunicada de forma temporal debido a los múltiples derrumbes y fisuras que obstaculizaron sus principales caminos de acceso.

Asimismo, en Penonomé, provincia de Coclé, las réplicas y la sacudida inicial causaron graves afectaciones patrimoniales e infraestructurales. Se registró el colapso y desprendimiento de estructuras en la icónica Catedral de San Juan Bautista, así como daños de consideración en la sede de la Gobernación y edificaciones del sector hotelero.

Por su parte, hacia el Caribe panameño, en la zona de Miguel de la Borda (provincia de Colón), se informaron afectaciones específicas en puentes y tramos carreteros que conectan a las poblaciones de la costa abajo.

A lo largo del país, las grietas, deslizamientos de tierra y fragmentaciones de concreto evidencian un reto logístico masivo para el Gobierno panameño. Mientras la evaluación de daños continúa, la solidaridad comunitaria y la respuesta institucional se concentran en resguardar vidas antes de iniciar las complejas obras de reconstrucción vial.

El impacto de un desastre natural trasciende el choque geológico; sacude la estabilidad cotidiana y conmueve la fibra sensible de toda una sociedad. Tras el potente terremoto de magnitud 7.7 registrado en el sureste de Panamá el día de ayer, 9 de octubre de 2026, las comunidades de las provincias centrales se encontraron de pronto frente al desasosiego y la incertidumbre.

Diversas figuras del arte y la música latina han levantado la voz no solo desde la vitrina pública. El legendario cantautor panameño Rubén Blades recurrió a sus plataformas digitales para enviar un cálido abrazo a sus compatriotas. Más allá del mensaje afectuoso, elevó sus votos por la pronta recuperación del interior del país y remarcó, con la cercanía habitual que lo caracteriza, su total disposición formal para colaborar activamente con la nación ante este complejo escenario.

A esta corriente solidaria se sumó el exponente urbano Sech, quien desde el primer momento pidió protección para el país que lo vio nacer. Su pronunciamiento ha trascendido las palabras de apoyo, enfocado en la estructuración de iniciativas logísticas y la articulación de esfuerzos para canalizar ayuda humanitaria directa hacia los sectores golpeados donde sea necesario.

El eco de esta movilización también resonó con fuerza en el ámbito internacional. Desde Puerto Rico, Farruko expresó de manera transparente que la solidaridad hacia Panamá, país con el que guarda una estrecha relación afectiva, está por encima de cualquier compromiso profesional.

El boricua aseguró mantenerse en oración constante y en absoluta atención a los requerimientos del pueblo panameño para aportar en la medida de sus posibilidades. En esa misma línea, la intérprete puertorriqueña Olga Tañón reaccionó de forma inmediata compartiendo un emotivo mensaje en video, centrado en transmitir bendiciones, serenidad y la fortaleza necesaria para sobrellevar la contingencia.

Estas manifestaciones se entrelazan con el sentir de amplios sectores sociales que velan por la estabilidad de las comunidades afectadas, demostrando que en el contexto de una emergencia, la cultura y la fraternidad se transforman en canales fundamentales de resiliencia colectiva.

Muestras de apoyo internacional e instituciones volcadas a la ayuda

La respuesta inmediata no ha provenido únicamente de figuras del espectáculo; la comunidad internacional e instituciones gubernamentales y multilaterales activaron de inmediato sus mecanismos de auxilio y cooperación.

Diversos gobiernos de la región extendieron de inmediato sus manos hacia el pueblo e istmo panameño. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y en estrecha coordinación con las autoridades locales, confirmó el despliegue de ayuda logística, personal consular y el apoyo directo del Comando Sur para tareas críticas de rescate y traslado aéreo en las zonas de difícil acceso.

A nivel multilateral e institucional, la respuesta técnica y económica se ha puesto en marcha para garantizar un respaldo integral durante la etapa de emergencia y en el posterior proceso de reconstrucción:

• Organismos Financieros Multilaterales: Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) iniciaron coordinaciones de emergencia. En particular, la CAF dispuso de inmediato fondos no reembolsables directos para la atención primaria de la crisis, abriendo además líneas de crédito contingentes para la posterior reconstrucción de infraestructura pública.
• Sistema de Protección Civil y Emergencias (SINAPROC y COEN): A nivel interno, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) coordina la evaluación del terreno y el rescate técnico junto al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), movilizando insumos hacia el epicentro y las provincias más vulnerables.
• Alcaldía de Panamá y Gobiernos Locales: Han habilitado centros de acopio en diversos puntos estratégicos, como la sede de la Alcaldía de Panamá, convocando la recolección de agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad destinados a las familias del interior.

Un helicóptero militar Chinook CH-47 de Estados Unidos inició este sábado 10 de octubre misiones de transporte de ayuda humanitaria hacia las provincias centrales de Panamá, después del terremoto que sacudió el país el viernes.

La operación, coordinada con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), busca llevar suministros de primera necesidad a las comunidades afectadas, especialmente en la región de Azuero.

La aeronave pertenece a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos y ya se encontraba en territorio panameño participando en entrenamientos y ejercicios.

Según explicó un representante estadounidense durante el inicio de las operaciones, el helicóptero tiene capacidad para transportar aproximadamente 10.000 libras de carga o 24 pasajeros, características que permiten movilizar equipos y suministros hacia zonas de difícil acceso.

Desde Panamá Pacífico, personal militar estadounidense y equipos del Senan comenzaron las misiones aéreas para trasladar carpas y otros artículos esenciales destinados a las personas afectadas.

El operativo se desarrolla en coordinación con las instituciones panameñas encargadas de atender la emergencia, mientras las autoridades identifican las comunidades que requieren asistencia prioritaria por los daños en viviendas, carreteras y puentes.

El apoyo estadounidense también contempla la llegada de 20 especialistas en búsqueda, rescate y evaluación de estructuras procedentes de Virginia y California. Estos equipos contribuirán a las labores de inspección y respuesta en las áreas afectadas, donde numerosas edificaciones presentan daños y algunas comunidades permanecen incomunicadas debido a las afectaciones en la infraestructura vial.

El representante estadounidense explicó que la asistencia fue coordinada con la autorización de los gobiernos de José Raúl Mulino y Donald Trump, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata a la emergencia.

También destacó que las misiones se desarrollarán según las necesidades identificadas por Sinaproc y las autoridades panameñas, para evitar duplicar esfuerzos y concentrar los recursos donde sean necesarios.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval mantiene operaciones de reconocimiento y apoyo logístico aéreo para facilitar el traslado de personal y suministros. Estas misiones resultan especialmente importantes en sectores de Veraguas, Herrera y Los Santos, donde los daños en carreteras, puentes y deslizamientos de tierra dificultan el acceso terrestre a varias comunidades.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, aproximadamente a las 12:56 p. m., con epicentro en la región de Azuero y una magnitud de 7,5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento dejó personas lesionadas y afectaciones en viviendas, hospitales, edificios gubernamentales y centros educativos. El segundo informe de Sinaproc contabilizó daños en 188 escuelas a escala nacional, mientras continuaban las evaluaciones de infraestructura.

La emergencia se prolongó durante la noche y la mañana del sábado, con más de 150 réplicas registradas después del terremoto principal, algunas de magnitud superior a 6. Los movimientos llevaron a numerosas familias a permanecer fuera de sus viviendas, mientras las autoridades mantenían las operaciones de asistencia, inspección y vigilancia. Hasta el segundo balance oficial de Sinaproc no se habían reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas.

Sábanas, frazadas, colchones inflables se veían por los patios de cientos de familias que se vieron obligadas a dormir a la intemperie, debido a las constantes réplicas que este viernes produjo el movimiento sísmico.

Un recuento de Infobae indica que desde la medianoche del viernes hasta las 3:44 a. m. de este sábado se dieron 23 réplicas con magnitudes de entre 4.3 y 5.5, según datos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

“El terremoto me robó el sueño”, se quejaba Ambrosio Pérez, un octogenario que, envuelto en unas sábanas colocadas en el patio de su casa, no encontraba el descanso.

Comentó que era la primera vez que experimentaba algo así. “En mi vida he sentido uno que otro temblor, pero nada comparable con esto”, dijo.

“No hemos podido dormir, y cuando llegue el día creo que tampoco, pues no sabemos lo que nos espera”, comentó desde la comunidad de Parita, provincia de Herrera, Noris Ávila.

En Parita, la iglesia colonial del lugar, que data de 1656, se vio afectada con la pérdida de la parte superior de su campanario.

La noche fue de sobresaltos. Los vecinos se agrupaban en las calles cada vez que sentían el movimiento, buscando lugares lejos de los tendidos eléctricos.

A cada instante el Instituto de Geociencias de la Universidad emitía un boletín con los movimientos sísmicos, que compartían grandes y chicos.

“Hasta cuándo va a parar esto”, se preguntaba Rubén González, quien repetía que “hay que estar atento”.

En Los Pozos, otra comunidad de la provincia de Herrera, la madrugada del sábado 10 de octubre transcurrió entre nuevos movimientos y el temor de regresar a las casas. El terremoto había dejado múltiples viviendas afectadas, mientras que la iglesia del poblado sufrió daños considerables, con la caída de su torre y parte de la fachada principal.

Emilda De Hernández contó a Infobae que las réplicas se sintieron durante toda la noche y que su familia decidió permanecer fuera de la vivienda por precaución. El paso de las horas no consiguió devolverles la tranquilidad, pues cada nuevo temblor renovaba el miedo que había comenzado con el terremoto del viernes.

“Cada cinco minutos sentíamos las réplicas. Decidimos permanecer fuera de la vivienda toda la madrugada y no fue hasta el amanecer que decidimos entrar, pero fue una noche larga y con mucho temor”, relató.

La incertidumbre también alcanzó a los centros hospitalarios de Azuero y Coclé, donde las constantes réplicas obligaron a trasladar parte de la atención médica hacia espacios exteriores o áreas habilitadas provisionalmente. Pacientes y personal sanitario tuvieron que adaptarse a condiciones extraordinarias mientras continuaban los movimientos.

En el hospital de Aguadulce, según los reportes recogidos para esta crónica, varios bebés nacieron en áreas improvisadas después del terremoto. En medio de la emergencia, la atención de los partos continuó fuera de los espacios habituales, mientras las familias enfrentaban la preocupación por los temblores.

El sismo principal ocurrió a las 12:56 p. m. del viernes 9 de octubre, con una magnitud de 7.5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro fue ubicado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero, y tuvo una profundidad de cuatro kilómetros.

Para cuando llegó la noche, el Instituto ya había informado de más de un centenar de réplicas, concentradas principalmente en las zonas de Azuero y Soná. La sucesión de movimientos mantuvo en alerta a las comunidades, incluso después de que el temblor principal había terminado hacía varias horas.

El terremoto también dejó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y edificios públicos de distintas provincias. Las autoridades iniciaron inspecciones para determinar la seguridad de las estructuras, mientras numerosas familias preferían permanecer al aire libre ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Con las primeras luces del sábado, la noche de sobresaltos llegaba a su fin, pero no la incertidumbre. En los patios donde habían pasado horas entre colchones y frazadas, las familias seguían pendientes de cualquier vibración del suelo, sin saber cuándo podrían volver a dormir tranquilas.

El crujido no vino desde el cielo, sino desde las entrañas de la tierra. A las 12:56 de la tarde de ayer, viernes 9 de octubre, el reloj se detuvo para millones de panameños. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió el país con una furia implacable, dejando tras de sí un rastro de pánico, colapsos en la movilidad y una incertidumbre que se extendió durante la noche y se instaló en el amanecer.

Tras el sismo principal, más de un centenar de réplicas continúan sacudiendo el suelo, transformando la rutina habitual en una larga jornada de supervivencia, solidaridad y refugios improvisados al aire libre.

En la capital, la noche no se vivió entre cuatro paredes. En el área de San Francisco, donde las altas torres de apartamentos suelen recortar el horizonte, la altura se convirtió en una amenaza. Centenares de vecinos prefirieron descender decenas de pisos por las escaleras para buscar refugio en el Parque Omar.

Lo que es un espacio de esparcimiento se transformó de pronto en un campamento improvisado repleto de tiendas de acampar, colchonetas, mantas y maletas preparadas a toda prisa.

Para muchos, la recomendación del personal de emergencia y la cercanía de las estaciones del metro cerradas los empujó a buscar ese aire puro que, más que frescura, les devolvía una sensación de seguridad que el hormigón les había arrebatado.

Para otros, la valentía consistió en resistir en la altura o aferrarse a la fe. «Yo vivo en un piso treinta y cuatro y fue bastante fuerte lo que se sintió», relataba una residente del sector mientras caminaba al amanecer para despejar la mente. «En la noche me quedé tranquila, en las manos de Dios».

El eco del sismo en las provincias centrales

Si en la capital la incertidumbre se tradujo en parques llenos y sistemas de transporte colapsados, en el interior del país el impacto muestra su cara más severa. Provincias como Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé sufrieron la fuerza del sismo con dureza.

En distritos como Pesé, los daños en la arquitectura tradicional y las viviendas de mampostería dejan al descubierto la vulnerabilidad de sus habitantes. En barrios y corregimientos como Rincón Hondo, Sabana Grande o El Ciruelo, el sonido de las tejas al caer y las paredes al rajarse sorprendió a muchos en medio de la siesta.

A la destrucción material se sumó la suspensión del suministro eléctrico durante varias horas y el cierre temprano de los comercios. En medio de la oscuridad, la primera línea de respuesta comunitaria tuvo que multiplicar esfuerzos sin suficientes carpas ni insumos.

Las autoridades locales y los propios vecinos se convirtieron en la cara visible de un auxilio que clamaba por ayuda central para abastecer de agua, comida y refugios seguros a decenas de familias que lo perdieron todo.

La emergencia no dio tregua ni siquiera a los centros de salud. Ante el riesgo estructural y la persistencia de las réplicas, personal médico en distintos puntos del país tuvo que evacuar a los pacientes hacia las afueras de los hospitales. Camillas, sueros y monitores se desplegaron en patios, estacionamientos y pasillos abiertos para garantizar la atención médica sin exponer a los enfermos al colapso de los edificios.

Con la llegada de este día, la ciudad intenta recobrar un pulso debilitado. A la angustia de las pérdidas se sumó el caos logístico: con las líneas del metro fuera de servicio y los metrobuses desbordados, miles de trabajadores caminan largas distancias buscando la manera de reincorporarse a sus labores o regresar a evaluar los daños en sus hogares.

A pesar del miedo acumulado y la fatiga tras una noche en blanco, el balance oficial hasta el momento no registra víctimas fatales, un aliento de alivio en medio de la contingencia. Mientras los especialistas recuerdan la importancia de cuidar la salud mental y respirar profundo tras el trauma, los panameños continúan recogiendo sus pertenencias, levantando carpas y apoyándose unos a otros, demostrando que ante la fuerza de la naturaleza, la mayor fortaleza radica en la unión de su gente.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen aplica revisiones preventivas en sus pistas, calles de rodaje, plataformas e instalaciones cada vez que percibe una nueva réplica del terremoto que sacudió Panamá este 9 de octubre. La terminal informó que las operaciones aéreas continúan, aunque las verificaciones pueden causar retrasos y modificaciones en los horarios de vuelos.

La administración aeroportuaria indicó que detiene de forma temporal los despegues y aterrizajes cuando se registra un movimiento sísmico perceptible dentro del complejo. Los equipos técnicos inspeccionan las áreas operativas antes de autorizar la reanudación de las actividades.

“Una vez concluidas estas revisiones y verificadas las condiciones de seguridad, se reanudan las operaciones”, señaló el aeropuerto en un aviso dirigido a los pasajeros. El procedimiento se repite ante cada nueva réplica que se sienta en las instalaciones.

El aviso recomendó a los viajeros mantener la calma, atender las indicaciones del personal aeroportuario y comunicarse con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos. Tocumen explicó que coordina con las compañías aéreas la reorganización de los itinerarios afectados por las pausas operativas.

La medida busca comprobar que no existan daños o condiciones que comprometan la seguridad de las aeronaves, los pasajeros y los trabajadores. Las revisiones abarcan las pistas de aterrizaje, las calles de rodaje, las plataformas y otras infraestructuras aeroportuarias.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen no informó sobre daños estructurales ni sobre una suspensión prolongada de sus operaciones. Sí advirtió que las interrupciones preventivas ante las réplicas pueden provocar nuevas demoras y cambios de horario.

“Cada una de estas medidas tiene un mismo propósito: proteger la seguridad de todos”, afirmó la terminal aérea. El comunicado se difundió después de una jornada de actividad sísmica que llevó a distintas instituciones panameñas a evaluar sus instalaciones y aplicar protocolos de emergencia.

Tocumen es el principal centro de conexiones aéreas de Panamá y uno de los nodos de tránsito internacional de Centroamérica. Por esa condición, cualquier interrupción, incluso de pocos minutos, puede repercutir en las conexiones de vuelos regionales e internacionales.

El sismo principal tuvo epicentro cerca de Tonosí

El terremoto ocurrió a las 12:56 del mediodía, hora local, del viernes 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fijó la magnitud final del movimiento en 7.7, después de varias actualizaciones iniciales. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó una magnitud de 7.5.

El epicentro se ubicó cerca de Tonosí, en el sur del país, en un área próxima a las provincias de Los Santos y Herrera. Los datos del USGS situaron el foco a una profundidad de unos 10 kilómetros, una característica que contribuyó a que el temblor se sintiera en amplias zonas del territorio panameño, incluida la capital.

La sacudida motivó evacuaciones preventivas en edificios de Ciudad de Panamá y revisiones en infraestructuras de varias provincias. También se percibió en sectores de Colombia, de acuerdo con reportes difundidos durante la jornada.

Tras el terremoto principal, el país registró una secuencia de réplicas. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá contabilizó más de 100 movimientos posteriores, algunos con magnitudes superiores a 6.0. Entre ellos figuraron sismos de 6.1, 6.0 y 5.3, según reportes recogidos por medios locales e internacionales.

La continuidad de las réplicas mantuvo activados los protocolos de evaluación en distintas zonas del país. En el caso de Tocumen, el mecanismo contempla detener momentáneamente las operaciones de vuelo, examinar las condiciones de las áreas críticas y retomar los aterrizajes y despegues solo después de la autorización técnica.

La terminal pidió a los pasajeros que verifiquen directamente con sus aerolíneas cualquier cambio en las salidas o llegadas programadas, debido a que el procedimiento continuará si se perciben nuevas réplicas.

El Metro de Panamá mantiene suspendidas este sábado 10 de octubre las operaciones comerciales de sus líneas 1 y 2, debido a las nuevas réplicas del terremoto que sacudió el país el viernes.

La empresa confirmó que las inspecciones técnicas de sus instalaciones continuaron durante la mañana, sin anunciar una fecha u hora para restablecer el transporte de pasajeros.

Mediante un nuevo comunicado oficial, la entidad informó que las evaluaciones comenzaron durante la noche del viernes y se extendieron hasta la mañana del sábado, con la participación de personal técnico de la institución y empresas contratistas.

Sin embargo, la persistencia de los movimientos sísmicos obligó a mantener suspendido el servicio como medida preventiva, mientras se desarrollan las revisiones correspondientes.

La suspensión afecta uno de los principales medios de transporte de la capital panameña, que moviliza a más de 425.000 pasajeros diariamente, según referencias de demanda divulgadas en 2026.

Las dos líneas conectan sectores residenciales, comerciales y laborales, por lo que su paralización tiene consecuencias para la movilidad de miles de personas que dependen del sistema ferroviario.

La Línea 1, inaugurada en abril de 2014, tiene una extensión cercana a 16 kilómetros y conecta las estaciones de Albrook y San Isidro, mediante un recorrido que combina infraestructura elevada y subterránea. Cuenta con 14 estaciones, de las cuales ocho son subterráneas y seis elevadas, según la información técnica de la empresa.

En su configuración original, el tramo subterráneo de la Línea 1 comprendía aproximadamente 7,15 kilómetros, mientras las estaciones bajo tierra fueron construidas a profundidades cercanas a 20 metros.

Esta infraestructura atraviesa sectores céntricos de la capital, como 5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás, Iglesia del Carmen y Vía Argentina, antes de continuar hacia el norte.

Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, se extiende por 21 kilómetros de infraestructura completamente elevada, desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen. Dispone de 16 estaciones y recorre importantes sectores del este de la capital, incluyendo Villa Lucre, Don Bosco, Las Mañanitas, la 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen.

Las características de ambas líneas hacen necesarias evaluaciones diferenciadas de túneles, estaciones subterráneas, viaductos, estructuras elevadas y sistemas ferroviarios después de un movimiento de gran intensidad.

Las inspecciones buscan establecer si existen condiciones seguras para operar, aunque la suspensión preventiva no significa necesariamente que se hayan detectado daños estructurales en las instalaciones.

El terremoto ocurrió aproximadamente a las 12:56 p. m. del viernes, con epicentro en la región de Azuero y una magnitud estimada entre 7,5 y 7,7, según las actualizaciones de organismos especializados.

El movimiento provocó afectaciones en viviendas, hospitales, carreteras y centros educativos, mientras las numerosas réplicas prolongaron las medidas de precaución durante la noche y la mañana del sábado.

El sistema ferroviario panameño también se encuentra en expansión mediante la construcción de la Línea 3, que conectará Albrook con Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste.

Este proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 26,7 kilómetros, incluyendo un tramo soterrado de unos seis kilómetros que permitirá cruzar por debajo del Canal de Panamá.

La infraestructura subterránea de esta tercera línea constituye uno de los mayores desafíos técnicos del proyecto, debido a que el túnel alcanza aproximadamente 65 metros de profundidad bajo el cauce de navegación del Canal.

En febrero de 2026, la tuneladora Panamá completó la excavación de 3,1 kilómetros y culminó el cruce bajo la vía interoceánica, antes de continuar con las siguientes etapas constructivas.

El Metro de Panamá reiteró que las decisiones relacionadas con la reanudación de las operaciones serán comunicadas mediante sus canales oficiales, una vez concluyan las evaluaciones correspondientes.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que un sismo de magnitud 7,5, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y a cuatro kilómetros de profundidad, causó daños en viviendas, escuelas, hospitales, puentes y carreteras de varias provincias panameñas. El balance preliminar, elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional al corte de las 20:00 del viernes, no registraba personas desaparecidas.

Las afectaciones alcanzaron a 188 centros escolares en todo el país, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Los equipos de seguridad y emergencia continuaban con las evaluaciones, la atención de damnificados y el monitoreo de las zonas golpeadas, incluidas áreas costeras ante la variación del nivel del mar.

En Veraguas, se contabilizaron 18 residencias con daños parciales o totales y una persona rescatada con lesiones menores. Ocho centros de salud, 35 centros educativos, tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos viales y tres puentes presentaron daños, principalmente en Mariato y Soná.

Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro quedaron incomunicados tras colapsos en las carreteras. La provincia también reportó interrupciones de electricidad, agua potable e internet.

Coclé registró 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración y 17 personas con lesiones menores. El sismo también afectó dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias, cuatro edificios gubernamentales y un puente peatonal en Penonomé.

Ocho familias fueron trasladadas a un albergue habilitado en la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Penonomé. El organismo de protección civil precisó que esa medida fue adoptada para atender a los damnificados de la provincia.

Los Santos reportó 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales, además de seis personas con lesiones menores. Cuatro hospitales, 22 centros educativos, dos iglesias, 18 edificios gubernamentales, tres tramos viales, cuatro puentes, dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional sufrieron daños.

Unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Cañas hacia la comunidad de Cañas por el incremento del nivel del mar. Cinco comunidades permanecían aisladas debido a daños en puentes y carreteras, además de deslizamientos de tierra.

Viviendas, hospitales y vías afectadas en otras provincias

Herrera contabilizó 30 viviendas con daños parciales y dos con destrucción total, junto con una persona lesionada. Los hospitales Nelson Collado y Cecilio Castillero presentaron afectaciones parciales, mientras que 48 escuelas, tres iglesias y la carretera hacia Las Minas registraron daños.

Un deslizamiento bloqueó la vía entre Chitré y Las Minas y dejó a una comunidad incomunicada. Al momento del recuento, la provincia no registraba víctimas mortales.

En Chiriquí, 15 residencias tuvieron daños parciales y una quedó destruida. También resultaron afectados un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de infraestructura vial, además de un tanque de agua que colapsó y una planta potabilizadora que presentó una fisura.

La provincia de Panamá mantuvo reportes de daños menores en la infraestructura de cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas. Hospitales y centros de salud fueron evacuados mientras continuaba la vigilancia sobre los niveles del mar.

En Colón, una vivienda unifamiliar, ocho caserones, el Hospital San Juan y el Mercado Municipal registraron afectaciones. También hubo daños en infraestructura vial y un puente de Miguel de la Borda, sin personas lesionadas.

Panamá Oeste reportó tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud con daños parciales y un edificio gubernamental impactado. El SINAPROC pidió a la población mantener la calma y seguir las cuentas oficiales; para emergencias, habilitó el número 520-4429.

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) recomendó realizar inspecciones técnicas en edificios y otras construcciones después del terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

El gremio advirtió que las evaluaciones deben estar a cargo de profesionales idóneos, incluso cuando las estructuras no presenten daños visibles, debido a los riesgos asociados con los movimientos sísmicos y sus réplicas.

En un comunicado, la organización señaló que la revisión de las edificaciones debe realizarse conforme al Reglamento Estructural Panameño 2021 (REP-2021), aprobado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Esta normativa establece criterios técnicos para el diseño y evaluación de estructuras, por lo que su aplicación resulta fundamental para determinar las condiciones de seguridad después de un evento de esta magnitud.

La SPIA recomendó a administradores de propiedades horizontales, juntas directivas y propietarios contratar profesionales calificados para realizar revisiones integrales, aun cuando no se observen grietas o desprendimientos.

Las inspecciones deben considerar elementos estructurales y no estructurales, incluyendo fachadas, escaleras, juntas, tanques e instalaciones, con resultados documentados que permitan identificar posibles riesgos.

El gremio también pidió prestar especial atención a edificios antiguos, construcciones de gran altura y estructuras que presenten daños visibles. Entre las señales de alerta mencionó grietas, desprendimientos, inclinaciones y deterioros en columnas, vigas, muros, escaleras o losas, condiciones ante las cuales los ocupantes deben evacuar y evitar regresar hasta obtener una evaluación profesional.

La organización explicó que la ausencia de daños aparentes no sustituye una inspección técnica, particularmente después de un terremoto seguido de numerosas réplicas.

Por ello, exhortó a los profesionales agremiados a colaborar de manera coordinada con las autoridades en las evaluaciones y reparaciones, priorizando las solicitudes relacionadas con edificaciones potencialmente comprometidas.

Las recomendaciones surgen después del terremoto registrado a las 12:56 p. m. del viernes, con epicentro en la región de Azuero, que provocó daños en distintas provincias. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá actualizó la magnitud del evento a 7.5, mientras los movimientos posteriores mantuvieron a numerosos residentes fuera de sus viviendas durante la noche.

Según el segundo balance del Sistema Nacional de Protección Civil, 188 centros educativos registraron afectaciones en todo el país, junto con daños en viviendas, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, carreteras y puentes.

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé concentraron numerosas incidencias, mientras continuaban las inspecciones para determinar el alcance de los deterioros.

La revisión de infraestructura también alcanzó los puentes de las Américas y Centenario, dos conexiones fundamentales entre la capital y Panamá Oeste. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que las evaluaciones iniciales no identificaron daños estructurales que justificaran el cierre de ambas vías, por lo que permanecieron habilitadas para el tránsito vehicular.

Andrade desmintió las versiones que circularon sobre un supuesto cierre preventivo o colapso de estas estructuras después del terremoto. El Ministerio de Obras Públicas también mantiene evaluaciones en carreteras y puentes de otras provincias, especialmente en Mariato, Veraguas, y Tonosí, Los Santos, donde se registraron daños que dificultaron la circulación hacia varias comunidades.

El titular de Obras Públicas confirmó además que los trabajos del cuarto puente sobre el Canal de Panamá no sufrieron afectaciones por el movimiento sísmico.

La continuidad de las inspecciones resulta especialmente importante en las provincias centrales, donde varios puentes y tramos de carretera presentan daños y algunas comunidades permanecen incomunicadas.

La SPIA recordó que, durante las réplicas, las personas deben protegerse bajo mobiliario resistente, mantenerse alejadas de ventanas y fachadas y evacuar ordenadamente cuando termine el movimiento. También recomendó evitar el uso de interruptores ante posibles fugas de gas o daños eléctricos y comunicar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

El gremio reiteró que la evaluación profesional constituye una medida esencial para reducir riesgos y determinar si una edificación puede ocuparse con seguridad.

Mientras continúan las inspecciones oficiales, la responsabilidad de propietarios y administradores incluye verificar las condiciones de sus inmuebles, especialmente aquellos sometidos a movimientos intensos o que presentan señales de deterioro.

El terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre dejó al menos 26 personas con lesiones menores, daños en 188 centros educativos y numerosas viviendas, hospitales, puentes y carreteras afectadas, según el segundo informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La emergencia se prolongó durante la noche, cuando familias de Los Santos, Herrera y Veraguas decidieron permanecer fuera de sus residencias ante la continuidad de las réplicas.

El nuevo balance representa un incremento respecto al primer informe oficial, que identificaba al menos 15 estudiantes lesionados y daños en instalaciones de emergencia.

La actualización amplía el inventario de infraestructuras comprometidas, aunque todavía no establece una cifra definitiva de edificaciones afectadas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni personas desaparecidas, mientras continúan las inspecciones en las comunidades.

La actividad sísmica tampoco dio tregua durante la noche. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá había contabilizado más de 150 réplicas, algunas superiores a magnitud 6, después del movimiento principal ocurrido al mediodía.

Los temblores posteriores mantuvieron a numerosas familias en espacios abiertos, ante el temor de regresar a viviendas que continuaban experimentando sacudidas.

En la ciudad de Panamá, el Parque Recreativo Omar permaneció abierto durante toda la noche del viernes para recibir a quienes prefirieran permanecer fuera de sus residencias.

El Despacho de la Primera Dama habilitó también la Casa Club del parque, mientras residentes de edificios de apartamentos buscaron espacios abiertos ante la persistencia de los movimientos sísmicos.

Los Santos figura entre las provincias con mayores afectaciones. Sinaproc contabilizó 14 residencias y cinco hoteles con daños parciales, seis personas lesionadas, cuatro hospitales afectados, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales comprometidos. Además, cuatro puentes y tres tramos de infraestructura vial presentaron daños, junto con instalaciones de bomberos y la Policía Nacional.

La emergencia también alteró la atención sanitaria en esta provincia. Hospitales de Los Santos continuaron atendiendo pacientes en áreas exteriores durante la noche, como medida preventiva ante las réplicas y las afectaciones registradas en sus instalaciones. La situación obligó a mantener parte de los servicios médicos fuera de los edificios, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

En Isla Cañas, aproximadamente 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas debido al incremento del nivel del mar. El informe también identifica cinco comunidades incomunicadas por daños en puentes, carreteras y deslizamientos, una situación que complica el traslado de asistencia y las evaluaciones de infraestructura.

En Herrera, 30 viviendas presentaron daños parciales y otras dos daños totales, mientras una persona sufrió lesiones menores. La provincia registra afectaciones en dos hospitales, 48 centros educativos y tres iglesias. También se reportó un deslizamiento en la carretera Chitré-Las Minas y una comunidad incomunicada, sin víctimas mortales notificadas.

Veraguas contabiliza 18 residencias afectadas y una persona rescatada con lesiones menores, además de daños en ocho centros de salud, 35 escuelas, tres iglesias y tres edificios gubernamentales. Las afectaciones alcanzan tres carreteras y tres puentes, mientras Arena, Cacao y Quebro permanecen incomunicados por colapsos en las vías de acceso.

En esta provincia, la atención de pacientes también continuó fuera de instalaciones hospitalarias durante la noche, ante la necesidad de mantener medidas preventivas por las réplicas.

Los servicios de salud enfrentaron además dificultades derivadas de los daños en infraestructura y las interrupciones de servicios básicos, mientras los equipos de emergencia mantenían las evaluaciones.

En Coclé, el segundo informe identifica 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños considerables y 17 personas lesionadas, además de dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales comprometidos.

Las autoridades reportaron también un puente peatonal afectado en Penonomé y habilitaron un albergue para ocho familias en instalaciones del Ifarhu.

Chiriquí presenta 15 residencias con afectaciones parciales y una con daños totales, junto con un centro de salud, 20 escuelas, tres iglesias y un tramo vial comprometido. El reporte incluye el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora, lo que incorpora los servicios básicos entre las preocupaciones.

En Colón se notificaron daños en viviendas, ocho caserones, el Hospital San Juan y el mercado municipal, además de una carretera y un puente en Miguel de la Borda. Panamá Oeste registró tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud comprometidos y daños parciales en un edificio gubernamental.

En la capital se mantienen reportes de afectaciones menores en cuatro propiedades horizontales, comercios y residencias del archipiélago de Las Perlas. Las autoridades también realizaron evacuaciones preventivas de instalaciones sanitarias y mantienen vigilancia sobre las condiciones de las edificaciones y el comportamiento del mar.

El terremoto principal, registrado a las 12:56 p. m., fue actualizado a magnitud 7.5 por el Instituto de Geociencias, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó en 7.7.

La continuidad de las réplicas mantiene las labores de evaluación y asistencia, con comunidades incomunicadas y familias que todavía temen regresar a sus viviendas.

Hasta el último balance oficial citado, las autoridades no habían reportado fallecidos ni personas desaparecidas. Sin embargo, la magnitud de los daños y las dificultades para acceder a algunas comunidades mantienen abierto el proceso de evaluación, mientras los organismos de emergencia trabajan para determinar el alcance definitivo del terremoto.

Las primeras imágenes y reportes que circulan en redes sociales muestran un panorama de severas afectaciones estructurales en varias provincias del interior del país:

• Penonomé (Coclé): Se reportaron daños de consideración en la sede de la Gobernación y en la iglesia local, donde el desprendimiento de fachada y mampostería provocó momentos de zozobra entre los transeúntes.
• Zona del Epicentro (Los Santos): En las cercanías de Tonosí, las autoridades investigan e inspeccionan el colapso parcial de una estructura hotelera y viviendas colindantes.
• Vehículos y vía pública: Múltiples automóviles resultaron aplastados o dañados por la caída de escombros de techos y cornisas.

Emergencia en Penonomé: Colapsos en la catedral y Gobernación

El fuerte movimiento telúrico causó estragos en la cabecera de la provincia de Coclé, dejando un saldo preliminar de infraestructuras emblemáticas destruidas y movilización de los cuerpos de socorro.

• Colapso en la Iglesia San Juan Bautista: La torre del templo colapsó por completo, cayendo gran cantidad de mampostería sobre un vehículo estacionado en los alrededores.
• Afectaciones en la Gobernación: El edificio gubernamental sufrió severos daños estrepitosos, visibilizándose directamente el área del despacho del gobernador. Los funcionarios lograron evacuar a tiempo, evitando víctimas fatales en el sitio.
• Daños en el Hotel Dos Continentes: Reportes preliminares indican afectaciones críticas e inspección por posible derrumbe en la estructura de este importante hotel.
• Primer reporte de heridos y acciones del Sinaproc: Se confirmó la atención de una persona lesionada en el área del mercado tras ser golpeada por el colapso de una estructura, siendo trasladada a un centro médico. El Sinaproc ha convocado a su personal voluntario, pidió calma a la población, recomendó alejarse de cables e infraestructura inestable y precisó que las redes de comunicación se están restableciendo gradualmente.

Falla en las comunicaciones y evacuaciones masivas en la capital

El remezón causó una fuerte saturación e interrupción en las redes de telefonía móvil e internet de varios operadores a nivel nacional. Cuadrillas técnicas trabajan a contrarreloj en las centrales telefónicas para restablecer el servicio en las zonas aisladas.

En la Ciudad de Panamá, aunque no se registraron colapsos mayores, la población evacuó preventivamente decenas de rascacielos y torres del centro financiero. Asimismo, el Metro de Panamá suspendió temporalmente el servicio en sus líneas para efectuar revisiones de seguridad en las vías y estructuras elevadas.

El Instituto de Geociencias reportó al menos 13 réplicas en los primeros 30 minutos posteriores al evento principal, destacando un fuerte réplica de magnitud 6.0 al norte de Tonosí.

Hasta el momento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos continúan evaluando las zonas afectadas en el interior del país y no han emitido un balance oficial de víctimas mortales.

El sismo provocó la emisión de alertas por variaciones en el nivel del mar para las costas del Pacífico centroamericano.

Una familia de Soná rescató a un niño atrapado bajo una cama tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió Panamá y dejó su vivienda reducida a escombros. El menor no respondía a los llamados hasta que logró decir: “Mamá, papá, estoy aquí”.

La casa era habitada por 10 personas, que quedaron sin un lugar donde pasar la noche. La zona también permanecía sin agua ni electricidad, en medio de la oscuridad posterior al movimiento telúrico.

La madre contó que su hijo quedó bajo una cama junto a otros familiares y que, cuando la intensidad del temblor disminuyó, el padre y varios vecinos lograron retirarlo de entre los restos de la vivienda. “Fue un milagro de Dios para nosotros encontrar a nuestro hijo con vida”, relató a Telemetro.

Sin agua ni luz, las familias damnificadas de Soná

El padre se abrió paso entre los escombros cuando su esposa le alertó que el niño estaba atrapado. Explicó que lo llamó repetidamente sin obtener respuesta, hasta que pudo escuchar su voz desde debajo de la cama.

Los vecinos se sumaron al rescate y consiguieron sacar al menor junto a los familiares que estaban con él. El hombre describió el daño en su hogar como una “pérdida total en todo”.

La destrucción alcanzó otras viviendas del sector. Varias casas sufrieron rajaduras, algunas perdieron parte de sus paredes y los habitantes de inmuebles cercanos también registraron daños graves, según el relato de los afectados.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil y del cuerpo de bomberos realizó recorridos para revisar las condiciones de las viviendas dañadas y elaborar un informe sobre las afectaciones, informó la periodista en Telemetro.

Soná fue identificado como uno de los puntos más golpeados por el sismo. Durante la transmisión también se mencionaron afectaciones en Penonomé, Tonosí, La Villa de Los Santos, Pedasí y Santiago de Veraguas.

materiales en Tonosí, donde se ubicó el epicentro, sin registro de víctimas por el momento, según informó la agencia EFE. El sismo ocurrió a las 12:56 hora local, a 12 kilómetros de esa localidad y a 10 kilómetros de profundidad.

“Hay miedo en Tonosí”, dijo a la agencia el residente José Domingo González, quien describió réplicas cada cinco minutos y explicó que los habitantes permanecían en los patios, alejados de los tendidos eléctricos y las paredes. El ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló al canal nacional SertV que el poblado quedó “desconectado completamente por vía terrestre”.

González reportó casas derrumbadas o con grietas, personas golpeadas y una mujer con un brazo fracturado. En un hotel, cuatro personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas por los bomberos; solo sufrieron golpes y raspones, según el residente. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo a la agencia que esperaba llegar a Tonosí este sábado tras recorrer Penonomé, otra de las zonas afectadas.

El movimiento de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, con epicentro en las cercanías de Tonosí, reabrió una duda frecuente durante este tipo de emergencias: ¿debe llamarse sismo, temblor o terremoto?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el evento ocurrió a las 12:56 y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. En las horas posteriores, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los organismos de monitoreo registraron decenas de réplicas, mientras continuaban las evaluaciones por daños y las evacuaciones preventivas en varias provincias.

Aunque en las conversaciones cotidianas cada palabra suele asociarse con una intensidad diferente, los tres términos describen el mismo fenómeno: el movimiento de la corteza terrestre a partir de una liberación súbita de energía en el interior del planeta. Según información de La Estrella de Panamá.

Sismo es el término técnico para cualquier movimiento de la Tierra

Un sismo es una sacudida de la superficie terrestre que se produce por la liberación de energía acumulada en las rocas. El término se emplea en los informes científicos y oficiales, sin importar que el evento haya sido percibido por la población o que haya causado daños.

Por esa razón, un movimiento de baja magnitud que solo detectan los instrumentos y otro que provoca afectaciones materiales pueden ser definidos como sismos.

Temblor es una expresión de uso cotidiano

La palabra temblor suele utilizarse para nombrar movimientos que las personas sienten. En algunos países se la vincula con episodios de menor intensidad, pero esa distinción no responde a una clasificación científica universal.

La magnitud, la profundidad, la distancia respecto del epicentro y las características del suelo influyen en la percepción de un evento. Un sismo moderado y superficial puede sentirse con fuerza en zonas cercanas, mientras que otro de mayor magnitud puede generar menos efectos en áreas alejadas.

Terremoto suele asociarse con daños, aunque no existe un límite único

El término terremoto también refiere a un movimiento sísmico. En el uso habitual se aplica a eventos que tienen una percepción amplia, causan daños o activan protocolos de emergencia, como ocurrió tras el sismo del 9 de octubre en Panamá.

No obstante, no hay una regla internacional que establezca desde qué magnitud un sismo pasa a denominarse terremoto. La descripción precisa depende de los datos técnicos y de las consecuencias confirmadas en el área afectada.

En este caso, el Instituto de Geociencias ubicó el foco principal en la zona de Tonosí, en la península de Azuero. Los registros posteriores incluyeron réplicas de distinta magnitud en Los Santos, Veraguas, Herrera y Panamá Oeste.

Magnitud, epicentro y profundidad permiten describir mejor el evento

Para informar sobre un episodio de este tipo, el término elegido resulta menos relevante que los datos verificables. Las autoridades y los especialistas toman en cuenta la magnitud, el lugar del epicentro, la profundidad, la intensidad percibida y las afectaciones en infraestructura o servicios.

El seguimiento de las réplicas también forma parte de esa evaluación. Tras el movimiento principal, Sinaproc recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, revisar las condiciones de las viviendas antes de regresar a ellas y alejarse de estructuras que presenten daños.

La actividad sísmica posterior puede prolongarse durante días, aunque suele disminuir de forma gradual. Las autoridades panameñas mantienen el monitoreo y pidieron evitar la difusión de información sin confirmar.

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció este viernes una donación de USD 250,000 y puso a disposición de Panamá una línea de financiamiento por USD 50 millones para respaldar la respuesta oficial ante el terremoto magnitud 7.5 registrado el viernes.

La contribución no reembolsable estará destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas afectadas por el movimiento sísmico. El financiamiento adicional, en tanto, podrá ser utilizado por el Estado panameño para las tareas de recuperación en las zonas que sufrieron las consecuencias de la emergencia.

La entidad señaló que los recursos forman parte de su mecanismo de financiamiento para desastres naturales, diseñado para facilitar el acceso a fondos ante situaciones que requieren una respuesta rápida de los gobiernos. El apoyo será coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

Los recursos apuntan a la atención inmediata y la recuperación

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, afirmó que el organismo acompañará al país en las distintas etapas posteriores al sismo.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, expresó Díaz-Granados Guida.

El organismo indicó que la donación de USD 250,000 permitirá apoyar la respuesta humanitaria inicial, mientras que los USD 50 millones disponibles a través de la línea de desastres naturales ofrecerán al Gobierno una herramienta financiera para avanzar en la rehabilitación de las áreas afectadas.

La activación de este tipo de mecanismos busca evitar demoras administrativas durante una emergencia y permitir que las autoridades nacionales dispongan de recursos para organizar la asistencia, evaluar daños y atender las necesidades que surjan en los días posteriores al terremoto.

Mulino agradeció la ayuda y aseguró que será destinada a los damnificados

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció la asistencia anunciada por CAF. “Agradezco a la CAF por la pronta ayuda que nos están brindando. Todos los recursos serán destinados para apoyar a las personas damnificadas”, manifestó el mandatario.

El Jefe de Estado también destacó los mensajes de solidaridad que recibió su Gobierno tras el movimiento sísmico. En una declaración, agradeció el respaldo de mandatarios y autoridades de Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador y Honduras.

Mulino incluyó en su mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, además de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que expresaron su apoyo a Panamá. “Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos”, sostuvo.

Naciones Unidas pidió seguir las instrucciones de las autoridades

El Sistema de las Naciones Unidas en Panamá difundió un comunicado en el que expresó solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y pidió a la población mantener la calma, actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones oficiales.

La organización informó que se mantiene en contacto con el Gobierno panameño y que sigue la evolución de la situación. También reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos de las autoridades y sus aliados durante los próximos días.

El anuncio de CAF se suma así a las expresiones de respaldo internacional al país, mientras las instituciones panameñas continúan con la atención de la emergencia y la evaluación de las necesidades en las zonas alcanzadas por el sismo.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) reprogramó los partidos previstos para este viernes 9 de octubre por la Jornada 12 de la primera división, la Liga PROM y la Liga Juvenil, a raíz de los recientes movimientos sísmicos registrados en Panamá.

La organización informó que la decisión tiene carácter preventivo y busca resguardar a los futbolistas, sus familias, los cuerpos técnicos y el resto de las personas vinculadas con las competencias.

La medida alcanza a tres torneos organizados por la LPF

La suspensión afecta los compromisos programados para la fecha en la Liga Panameña de Fútbol, la Liga PROM y la Liga Juvenil. La entidad no detalló la cantidad de partidos alcanzados ni los escenarios que iban a recibir los encuentros.

En su comunicado oficial, la LPF expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por los sismos. “Esperamos que todos se encuentren a salvo y puedan afrontar esta situación con tranquilidad”, señaló la organización.

La Liga Panameña de Fútbol anunciará las nuevas fechas

La institución indicó que próximamente comunicará la reprogramación de los encuentros correspondientes a la Jornada 12.

La LPF agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, entrenadores, aficionados y demás integrantes de la comunidad futbolística ante la modificación del calendario.

Anteriormente las autoridades confirmaron que no había estadios con daños estructurales, pero el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) suspendieron las actividades físicas e iniciaron revisiones técnicas en los principales recintos deportivos. Las inspecciones incluyen las tribunas, las torres de iluminación y la integridad general de las estructuras.

La suspensión afecta partidos programados en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, incluido el duelo entre San Francisco FC y CD Universitario, además de los encuentros de las categorías PROM y Juvenil. La Federación Panameña de Baloncesto también paralizó sus actividades, mientras la LPF informó que anunciará próximamente las nuevas fechas.

El sismo activó los protocolos ante una posible amenaza de tsunami

El movimiento telúrico generó la movilización de los organismos de socorro y la activación de los protocolos de emergencia ante una posible amenaza de tsunami en la costa del Pacífico. Las autoridades deberán completar las inspecciones técnicas para determinar las condiciones estructurales de los edificios afectados y definir las medidas de resguardo.

Por otra pate, en imágenes evidencian los daños que sufrió la estación Mayor Alberto Martinelli, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, luego del fuerte sismo que se registró este viernes en Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó el Centro de Operaciones de Emergencia nacional y las instancias provinciales tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en la región de Azuero, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.

Las autoridades iniciaron la coordinación con las juntas técnicas para evaluar los daños, atender los reportes y asistir a las personas lesionadas o afectadas por el movimiento telúrico.

El Canal de Panamá informó este viernes que sus operaciones continuaron con normalidad tras el sismo y las réplicas registradas este viernes 9 de octubre, destacando que las inspecciones iniciales detectaron daños menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico y afectaciones en estructuras de acero de la Planta de Agua de Monte Esperanza, en Colón.

La administración de la vía interoceánica precisó que los hallazgos no tuvieron impacto sobre el tránsito de buques. Las esclusas, las presas y otras áreas esenciales quedaron bajo revisión técnica como parte de los protocolos activados después del movimiento telúrico.

“El Canal de Panamá informa que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad”, indicó la entidad en una actualización difundida durante la tarde. El comunicado agregó que el personal técnico mantendrá las inspecciones en sus instalaciones mientras se recopilan nuevos datos sobre los daños.

El sismo se sintió en varias zonas del país a las 12:56, hora local. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) lo ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una magnitud de 7.2 y una profundidad de cuatro kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el evento con una magnitud de 7.6 y una profundidad de 10 kilómetros, cerca de Pitaloza Arriba.

No obstante, el último reporte del IGC corrigió la magnitud del terremoto a 7.5.

Cuatro edificios de oficinas presentaron afectaciones menores

Según el reporte del Canal de Panamá, las inspecciones realizadas hasta el momento identificaron daños menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico. La entidad no detalló el tipo de afectación ni precisó cuáles fueron las estructuras revisadas, aunque aclaró que el hallazgo no alteró la navegación por la ruta marítima.

El tránsito de embarcaciones es una de las áreas que concentra atención tras cualquier evento sísmico, debido a la necesidad de verificar el estado de esclusas, compuertas, presas, canales de navegación y sistemas operativos. La administración del canal señaló que sus equipos continuaban con la evaluación de estas infraestructuras esenciales.

La información difundida no reportó interrupciones en las operaciones ni cierres preventivos de las esclusas. Tampoco indicó cambios en la programación del paso de buques.

La Planta de Agua de Monte Esperanza mantendrá el suministro

El comunicado también informó daños en algunas estructuras de acero de los tanques elevados de la Planta de Agua de Monte Esperanza, situada en la provincia de Colón. Los especialistas evalúan el alcance de las afectaciones para definir las reparaciones necesarias.

Mientras se llevan a cabo esas revisiones, la planta continuará bombeando agua de manera directa hacia la red de distribución. La medida busca sostener el abastecimiento mientras avanzan las evaluaciones sobre los tanques.

La administración de la vía interoceánica destacó la intervención de su personal, que activó los procedimientos posteriores al sismo para comprobar el estado de sus instalaciones y mantener la seguridad operacional.

El Canal de Panamá indicó que continuará divulgando actualizaciones conforme concluya las revisiones y cuente con información adicional sobre el estado de sus instalaciones.

El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre dejó al menos 15 estudiantes con lesiones menores, daños en seis estaciones de bomberos y afectaciones en cuatro propiedades horizontales, según el primer balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El informe también identifica un hotel parcialmente colapsado, viviendas destruidas, instalaciones hospitalarias afectadas y daños en carreteras, escuelas e iglesias, principalmente en las provincias centrales del país.

Aunque las autoridades confirmaron afectaciones en numerosas infraestructuras, todavía no existe una cifra nacional consolidada de inmuebles dañados o destruidos. El reporte permite identificar seis estaciones de bomberos con daños individualizados, cuatro propiedades horizontales con afectaciones menores y dos hospitales con deterioros leves.

Tampoco se ha establecido el número total de personas lesionadas, aunque el documento confirma 15 estudiantes afectados en Coclé. Hasta la emisión del comunicado no se reportaban fallecidos ni desaparecidos.

En el sector educativo, el Ministerio de Educación informó inicialmente sobre siete centros afectados, pero la relación incluida en el comunicado de Sinaproc menciona once planteles en Chiriquí.

A estos se suma el Centro Educativo de Zapayal, en Darién, donde se reportaron daños menores. La diferencia entre el total anunciado y la lista de escuelas identificadas impide establecer una cifra definitiva, mientras continúan las inspecciones de las instalaciones escolares.

El movimiento sísmico ocurrió aproximadamente a las 12:56 p. m., con epicentro a unos 39 kilómetros de Tonosí, en Los Santos, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. La institución estableció una magnitud de 7.2, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos presentó una estimación superior.

Sinaproc contabilizaba más de 80 réplicas al momento de publicar su primer informe, en medio de un operativo nacional para evaluar los daños y atender a la población. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha publicado replicas que superan los 4 y hasta 6 grados desde el evento inicial.

En Coclé, el Hotel Dos Continentes, ubicado en Penonomé, sufrió un colapso parcial, sin personas heridas reportadas dentro del establecimiento. La provincia también registró desprendimientos de fachadas comerciales, afectaciones en iglesias y daños en carreteras. Quince estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga fueron evacuados con lesiones menores, mientras una persona fue rescatada en las instalaciones del mercado municipal de Aguadulce.

Las afectaciones alcanzaron además edificios religiosos y establecimientos comerciales del centro de Penonomé, donde se observaron daños en paredes, techos y elementos arquitectónicos.

Las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas en hospitales para comprobar las condiciones de sus instalaciones. La estación de bomberos de Penonomé también presentó deterioros, entre ellos desprendimientos de elementos del techo, de acuerdo con el balance de los organismos de emergencia.

En Los Santos, Sinaproc confirmó el colapso de residencias y daños en edificaciones gubernamentales y religiosas, además de afectaciones en la red vial. El reporte identificó deterioros estructurales en dos instalaciones utilizadas por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Los hospitales de Tonosí y Pedasí registraron afectaciones menores, mientras en Isla Cañas se reportó un incremento del oleaje que motivó vigilancia preventiva.

La situación también fue compleja en Veraguas, donde gran parte de la estación de bomberos de Soná se desplomó, dejando atrapados entre los escombros vehículos de emergencia y una embarcación Zodiac.

En Santiago, otra instalación presentó desprendimientos de losas y rajaduras. Los daños en carreteras dificultaron la movilidad en distintas comunidades, especialmente en sectores rurales donde el acceso de los equipos de respuesta resultó más complicado.

Entre esas comunidades figura Torio, en el distrito de Mariato, donde se reportaron fracturas y daños considerables en la carretera de acceso. La situación complicó la circulación hacia el área y generó preocupación por el traslado de asistencia.

Las autoridades mantenían las inspecciones en comunidades alejadas del epicentro, debido a que el balance inicial podía ampliarse conforme se recuperaran las comunicaciones y se verificaran las condiciones de viviendas y servicios.

En Herrera, la Catedral de Chitré presentó afectaciones leves, mientras otras edificaciones registraron rajaduras y baldosas levantadas. En Panamá Oeste, la estación de bomberos de La Chorrera reportó desprendimientos de losas y grietas en el salón de oficiales, y la de Veracruz presentó rajaduras en sus paredes.

Estos incidentes se sumaron a los registrados en las estaciones de Soná, Santiago, Penonomé y David, para un total de seis instalaciones bomberiles con daños descritos en el comunicado.

En la provincia de Panamá, cuatro propiedades horizontales reportaron afectaciones menores en su infraestructura, sin que las autoridades precisaran cuántos apartamentos resultaron comprometidos. También se realizaron evacuaciones preventivas de hospitales y centros de salud.

En el archipiélago de Las Perlas se notificaron daños en comercios y residencias, mientras los equipos de emergencia mantenían el seguimiento de las condiciones marítimas.

En Chiriquí, el informe identificó daños leves en viviendas, establecimientos comerciales y centros educativos. Entre los planteles mencionados figuran Victoriano Lorenzo, Instituto Profesional Técnico Chiriquí Oriente, Cuervito, El María, San Vicente, Los Planes, Paso Canoas Internacional, Antonio Anguizola, La Guinea, Bilingüe Doleguita y Las Lajas de San Félix. La estación central de bomberos de David también presentó rajaduras, mientras las demás instalaciones permanecían bajo evaluación.

En Darién, el Centro Educativo de Zapayal registró daños menores, mientras que las estaciones de bomberos de Colón no reportaron afectaciones estructurales. Tampoco se notificaron novedades en las instalaciones de emergencia de Bocas del Toro, Panamá Este y Bugaba.

Las inspecciones continuaban en diferentes regiones del país, por lo que las autoridades advirtieron que el reporte no debía interpretarse como un inventario definitivo de todas las estructuras afectadas.

Uno de los efectos más importantes del terremoto fue la afectación de las infraestructuras de producción de agua potable. Sinaproc informó que varias plantas potabilizadoras registraron daños y que la planta Federico Guardia Conte, en Chilibre, operaba al 70% de su capacidad al momento del reporte.

Esta reducción comprometía el suministro hacia sectores de Panamá y San Miguelito, mientras se realizaban trabajos para recuperar el funcionamiento de las instalaciones.

El terremoto también provocó interrupciones temporales en servicios de transporte e instalaciones estratégicas. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones para inspeccionar sus instalaciones y posteriormente reanudó los vuelos.

El Metro de Panamá interrumpió temporalmente el servicio en sus dos líneas, mientras el Canal de Panamá mantuvo el tránsito de embarcaciones con normalidad, después de activar sus protocolos de emergencia y realizar las verificaciones correspondientes.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que los organismos de emergencia permanecerían desplegados para atender las afectaciones, mientras la subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, informó sobre el avance de las inspecciones.

El Gobierno pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los equipos de respuesta. La ausencia de fallecidos y desaparecidos corresponde al balance preliminar, sujeto a actualización conforme se obtenga información de las comunidades afectadas.

Las autoridades reiteraron que las viviendas y edificaciones con grietas, desprendimientos o daños visibles deben ser evaluadas antes de volver a ocuparse. La continuidad de las réplicas y las dificultades de acceso a algunas comunidades mantienen abiertas las labores de inspección.

El número definitivo de lesionados, estructuras destruidas y servicios comprometidos dependerá de las evaluaciones técnicas, especialmente en Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas.

El Gobierno de Panamá inició gestiones ante cinco organismos financieros internacionales para obtener recursos destinados a enfrentar las consecuencias del terremoto que sacudió el país este viernes 9 de octubre.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que contactó personalmente a las instituciones multilaterales con las que mantiene relaciones la República, con el propósito de conseguir respaldo económico para atender a los damnificados y cubrir las necesidades más urgentes.

En un mensaje dirigido a la población, Chapman expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas ya trabaja en la respuesta a la emergencia. “Panameñas y panameños, espero que estén bien.

Sus familiares, sus seres queridos, hogares afectados, no están solos”, manifestó el funcionario, quien también confirmó que ya había mantenido comunicación con el presidente José Raúl Mulino para coordinar las acciones gubernamentales frente a la situación.

El ministro detalló que estableció contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También incluyó en las gestiones al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI), entidades con las que Panamá mantiene vínculos financieros. Chapman explicó que el objetivo es conseguir los recursos necesarios para afrontar la crisis, ayudar a los afectados y atender las necesidades más apremiantes de la población.

El anuncio constituye el primer acercamiento del Gobierno a sus principales socios multilaterales para financiar la respuesta económica al desastre. Chapman no precisó los montos que Panamá solicitará, las modalidades de financiamiento ni los plazos en que podrían estar disponibles los fondos.

La búsqueda de recursos se produce después de que el terremoto causara daños en edificios públicos, centros educativos, instalaciones sanitarias, iglesias y carreteras, particularmente en las provincias centrales.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó inicialmente una magnitud de 7.2, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos la situó en 7.7. Las autoridades también reportaron interrupciones eléctricas, dificultades en el abastecimiento de agua potable y numerosas réplicas, factores que complican las labores de inspección y atención de las comunidades afectadas.

La respuesta internacional comenzó a tomar forma con el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó la movilización de recursos y personal para asistir a Panamá. El funcionario explicó que la medida se produce a solicitud del Gobierno panameño y aseguró que Washington sigue de cerca los informes sobre el terremoto.

Además, el Departamento de Estado mantiene disponibles sus líneas de asistencia consular las 24 horas para ciudadanos estadounidenses afectados, mediante los números +1-202-501-4444 desde el extranjero y +1-888-407-4747 desde Estados Unidos y Canadá.

Otros países de la región también manifestaron su disposición a colaborar. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció la asistencia que Panamá considere necesaria, mientras el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, conversó con Mulino para transmitirle su respaldo y poner a disposición apoyos de emergencia.

México expresó su solidaridad mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Chile ofreció capacidades operativas para contribuir a la atención de la crisis. A estos pronunciamientos se sumó la representación diplomática de Türkiye, aunque no todos los ofrecimientos implican el envío inmediato de equipos o suministros.

El movimiento provocó daños en la Catedral de Santiago, el edificio municipal de esa ciudad y construcciones históricas de Penonomé, además de afectaciones en carreteras de Veraguas y la península de Azuero. Las autoridades mantienen las inspecciones en las zonas más afectadas, mientras las réplicas continúan y todavía no se conoce el alcance definitivo de las pérdidas materiales.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que sus policlínicas y hospitales mantendrán la atención de urgencias durante las 24 horas luego del terremoto que afectó distintas zonas de Panamá, con daños reportados principalmente en Tonosí y otras localidades del interior del país.

El director de la CSS, Dino Mon, explicó en entrevistas con Telemetro que la institución atendió hasta el momento a personas con crisis de ansiedad y a adultos mayores que sufrieron caídas al intentar evacuar durante el sismo. “Nada grave, nada de temas mayores”, aseguró sobre los casos registrados en las instalaciones de la entidad.

Mon indicó que las policlínicas con servicios de urgencias y quirófanos recibieron la instrucción de ampliar su funcionamiento, al igual que los hospitales de la red. La medida incluye laboratorios, estudios especiales y equipos rotativos para responder ante eventuales réplicas o nuevas emergencias.

La principal restricción anunciada por la institución afecta los tratamientos de hemodiálisis y otras terapias de sustitución renal en todo el país. El funcionario explicó que la reducción del suministro de agua en la capital y problemas en sistemas de respaldo de algunos hospitales del interior obligaron a detener esos servicios.

“Todo este tratamiento requiere grandes cantidades de agua y además agua tratada de calidad”, señaló Mon. La CSS espera reiniciar las terapias el domingo, una vez que concluya la revisión de las plantas de agua y se garantice la seguridad operativa de los centros médicos.

También se habilitaron carpas en los hospitales para trasladar de forma preventiva a pacientes hospitalizados si ocurren nuevas réplicas. Mon indicó que estos espacios permitirán evacuar áreas internas y mantener la atención de las personas que requieran cuidados médicos.

Las inspecciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continuaban en varias instalaciones. Entre ellas, el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce; el Hospital de Zona; una policlínica de Penonomé y la sede de la CSS en Tonosí.

De acuerdo con el director, Tonosí concentró las afectaciones más importantes debido a su cercanía con el epicentro. También mencionó daños en la Caja de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Los Pozos. “La única entidad importante que registra afectaciones de carácter mayor es Tonosí”, afirmó.

Mon adelantó que realizará un recorrido por las provincias centrales, Veraguas y Tonosí para evaluar las instalaciones y definir las acciones necesarias para restablecer el funcionamiento total de los servicios. La atención de urgencias se mantendrá abierta durante todo el fin de semana para asegurados y personas sin cobertura.

El terremoto fue el más fuerte sentido en Ciudad de Panamá en los últimos 20 años

El terremoto que sacudió varias regiones de Panamá este viernes fue el más fuerte sentido en la ciudad de Panamá durante los últimos 20 años, afirmó el director general del Cuerpo de Bomberos, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, en entrevista con Meridiano Blu, de BLU Radio.

El epicentro se ubicó en Tonosí, en la provincia de Los Santos, y el movimiento se percibió con mayor intensidad en la península de Azuero, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

El Cuerpo de Bomberos trabajaba desde 2014 en ejercicios de preparación y evacuación. El mismo viernes había realizado una práctica interna en sus estaciones como parte de los preparativos para un simulacro nacional previsto para el martes siguiente, lo que permitió probar los protocolos de respuesta y evacuar las instalaciones.

Las autoridades reportaban daños materiales, pero todavía no tenían información confirmada sobre víctimas mortales. En Penonomé, algunos hoteles y supermercados presentaban afectaciones en sus estructuras, mientras los equipos de emergencia recorrían las zonas para evaluar los daños y comprobar la seguridad de las edificaciones.

Álvarez recomendó desalojar las construcciones, permanecer en espacios abiertos, evitar los tendidos eléctricos y permitir el trabajo de los organismos de socorro. Hospitales, centros educativos y otras edificaciones fueron evacuados, mientras los equipos revisaban instalaciones con alta concentración de personas en Ciudad de Panamá, incluidos hospitales, escuelas y edificios gubernamentales.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá alertó sobre olas anómalas de entre uno y tres metros en Isla Cañas y el sur de Los Santos, luego del sismo de magnitud 7.2 que sacudió al país. El director de la entidad, Néstor Luque, indicó que ya se registró ingreso de agua en viviendas ubicadas cerca de la costa.

Luque explicó en entrevista con Telemetro que la advertencia surgió de la información entregada por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, conocido como PTWC por sus siglas en inglés. El organismo emitió productos gráficos que incluyeron una proyección de impacto local en el litoral panameño más próximo a la zona del movimiento telúrico.

“El modelo numérico computacional del Centro de Alerta del Pacífico” prevé para ese sector costero olas de entre uno y un máximo de tres metros de altura, afirmó el especialista. Aclaró que no se trata de un único impacto, sino de una sucesión de olas que podría afectar durante varias horas las áreas cercanas al epicentro.

El director del Instituto de Geociencias señaló que la información fue comunicada a Protección Civil, cuyos equipos reportaron afectaciones iniciales en Isla Cañas. “En algunas viviendas ya ha habido penetración de oleaje anómalo hacia las casas que están muy cerca de la costa”, sostuvo.

Ante ese escenario, Luque pidió a la población mantener distancia del mar en las áreas bajo aviso. “Por previsión, la gente debe alejarse de la costa en esa área”, remarcó durante la entrevista televisiva.

El científico sostuvo que el alcance del fenómeno sería acotado. Según las proyecciones compartidas por el centro de monitoreo del Pacífico, fuera de Isla Cañas y del sur de Los Santos las olas no superarían los 30 centímetros en otras regiones de Panamá.

“Es muy local el impacto” porque la zona se encuentra cerca del punto donde ocurrió el terremoto principal, explicó. Luque añadió que el movimiento sísmico tuvo poca profundidad, una condición que contribuye a que la sacudida y las réplicas se perciban con mayor intensidad en el área del epicentro.

Consultado por el estado del mar en la bahía de Panamá y el Corredor Sur, Luque descartó que las olas puedan provocar el ingreso de agua en la ciudad o en sectores próximos. “No, no, ni tampoco va a generar olas espectaculares. Son olas anómalas, nada más”, dijo.

La recomendación para el resto del país fue seguir la información de las entidades oficiales y de los medios de comunicación ante la circulación de mensajes en redes sociales. El Instituto de Geociencias continúa el seguimiento del evento con sus estaciones y con el intercambio de datos con redes de monitoreo de la región.

Luque informó que, hasta el momento de la entrevista, los equipos habían identificado más de 86 réplicas. La mayoría tuvo magnitudes cercanas a dos o inferiores, aunque también se registró una réplica de magnitud cinco.

“Todas son inferiores al evento principal”, indicó el director. Atribuyó esa actividad al reacomodamiento de los bloques geológicos alrededor del sistema de fallas de la península de Azuero.

El funcionario pidió a los habitantes de las zonas más afectadas que mantengan la calma y permanezcan fuera de estructuras que puedan presentar daños. También señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil, conocido como Sinaproc, la Junta Técnica y personal de ingeniería civil evaluaban inmuebles en el terreno.

Geociencias prevé mediciones de campo sobre la falla

El Instituto de Geociencias planea enviar equipos de sismología y geología para medir los desplazamientos asociados a la falla y analizar su comportamiento. Luque explicó que esas tareas dependerán de la disponibilidad de recursos para los traslados, aunque expresó su expectativa de que las misiones comiencen la próxima semana.

El organismo también espera utilizar imágenes satelitales y tecnologías apoyadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para estudiar el desplazamiento generado por el sismo.

Luque vinculó el episodio con la importancia de los simulacros y de los protocolos de evacuación. “Esto ya dice que efectivamente sí lo necesitamos, sí hay que aprender cómo evacuar”, afirmó. El director sostuvo que la población debe conocer las rutas de salida, los puntos de reunión y las indicaciones de los organismos de emergencia ante futuros eventos.

De manera preliminar, las autoridades panameñas únicamente han confirmado personas lesionadas y no reportan víctimas mortales como consecuencia del terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre.

Sin embargo, este balance podría cambiar a medida que los equipos de emergencia logren ingresar a las comunidades más afectadas, especialmente en sectores de difícil acceso de Veraguas y Los Santos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran carreteras destruidas, profundas grietas en terrenos y daños considerables en distintas edificaciones, mientras se contabilizan más de 50 réplicas posteriores al movimiento principal.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, pidió calma a la población y aseguró que los equipos de emergencia están desplegados a nivel nacional para atender las situaciones reportadas. La funcionaria reconoció que existen afectaciones en centros educativos, instalaciones sanitarias y otras infraestructuras, por lo que las inspecciones continuarán durante la jornada.

El Gobierno también ordenó el cierre de las oficinas públicas, mientras bomberos, policías y personal de protección civil participan en las labores de evaluación y asistencia. Montalvo aseguró que las autoridades procurarán llegar a todos los puntos donde se registren emergencias.

En las provincias centrales, Penonomé figura entre las ciudades con mayores daños visibles, después de reportarse afectaciones en la Catedral de San Juan Bautista, el Hotel Dos Continentes y el edificio de la Gobernación de Coclé.

En Los Santos se registraron daños en la iglesia de San Atanasio, mientras en Atalaya, Veraguas, se desprendió parte de la torre de la Basílica Menor. También se reportaron deterioros en cuarteles de bomberos, establecimientos comerciales, centros de salud y otras edificaciones.

Las autoridades identificaron afectaciones adicionales en Herrera, donde continúan las evaluaciones para establecer el alcance de los daños materiales.

La situación es especialmente preocupante en algunas comunidades rurales, donde los daños en la red vial han dificultado el acceso y las comunicaciones. En Torio, provincia de Veraguas, se reportó que la comunidad quedó incomunicada por las graves afectaciones de la carretera, mientras imágenes difundidas muestran grietas y fracturas de considerable tamaño en distintos terrenos.

Todavía son limitados los informes procedentes de Tonosí y otras localidades de Los Santos, cercanas a la zona del epicentro, por lo que aún no se conoce el alcance total de las consecuencias del movimiento sísmico.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el terremoto principal a unos 39 kilómetros de Tonosí, con una magnitud de 7.2, registrado aproximadamente a las 12:56 p. m.

La actividad posterior incluyó más de 80 réplicas, entre ellas una de magnitud 6.9 localizada a 32 kilómetros de la isla de Coiba, a una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades advirtieron que los movimientos pueden continuar y recomendaron identificar rutas de evacuación y zonas seguras. También mantienen vigilancia marítima ante reportes de retroceso del mar en sectores insulares y posibles variaciones del oleaje.

Las afectaciones alcanzaron los servicios básicos y la movilidad en distintas regiones del país. Las autoridades reportaron interrupciones eléctricas en Los Santos y Veraguas, además de problemas en varias plantas potabilizadoras.

La instalación Federico Guardia Conte, en Chilibre, operaba al 20% de su capacidad, con posibles consecuencias para el abastecimiento de agua en la capital y San Miguelito. En la ciudad de Panamá, las inspecciones del Puente Centenario provocaron congestionamientos vehiculares, mientras el Puente de las Américas mantenía su circulación normal al momento del informe oficial.

El Canal de Panamá continuó operando y el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus vuelos después de las revisiones preventivas.

En medio de la emergencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington moviliza recursos y personal para asistir a Panamá, a solicitud del Gobierno panameño.

El funcionario expresó su solidaridad con la población y aseguró que mantiene un seguimiento cercano de los informes sobre el terremoto. Además, el Departamento de Estado puso a disposición sus líneas consulares las 24 horas para ciudadanos estadounidenses afectados, mediante los números +1-202-501-4444 desde el extranjero y +1-888-407-4747 desde Estados Unidos y Canadá.

La asistencia internacional se suma al despliegue de los organismos nacionales, que continúan atendiendo los reportes de daños y personas lesionadas.

Un terremoto de magnitud 7.2 fue reportado este viernes 9 de octubre en Panamá, a las 12:56 p. m., hora local, con epicentro ubicado preliminarmente a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes de viviendas y edificios reportaron haber percibido una sacudida prolongada.

En la ciudad de Panamá, se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos. Los primeros testimonios también dan cuenta de objetos que cayeron dentro de algunas viviendas durante el movimiento, aunque todavía no se dispone de un balance oficial sobre posibles daños estructurales o personas afectadas.

La localización preliminar del epicentro sitúa el evento en las proximidades de la península de Azuero, una región del Pacífico panameño donde se registra actividad sísmica. La magnitud de 7,0 y la hora del movimiento corresponden a los primeros reportes conocidos, por lo que deberán ser contrastadas con las mediciones definitivas de los organismos especializados.

En estos casos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables después de un movimiento sísmico. También aconseja verificar las condiciones de seguridad de las viviendas y edificios y seguir las comunicaciones oficiales antes de regresar a instalaciones evacuadas.

Tras el terremoto de magnitud 7.2 reportado inicialmente por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, han trascendido reportes de dos posibles réplicas de magnitudes 6.0 y 3.4 en la zona de Tonosí, provincia de Los Santos. Estos movimientos adicionales están pendientes de confirmación mediante los registros oficiales del organismo.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó inicialmente la magnitud del terremoto en 8.0, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El movimiento sísmico ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, y fue percibido con fuerza en distintos puntos del país.

En redes sociales circulan imágenes de trabajadores concentrados en las calles tras la evacuación de edificios, principalmente en la ciudad de Panamá. También se han difundido fotografías que supuestamente muestran viviendas colapsadas en la península de Azuero, cercana a la zona del epicentro. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado la autenticidad de estas imágenes ni el alcance de los posibles daños materiales.

Noticia en desarrollo...

El Gobierno de Panamá busca establecer un impuesto del 15% sobre los alquileres turísticos de corta estancia realizados en casas, apartamentos, habitaciones y otras propiedades residenciales, independientemente de que se contraten mediante plataformas digitales como Airbnb o directamente con los propietarios.

La medida forma parte de una reforma más amplia para estimular las inversiones turísticas, que permanece pendiente de su discusión en primer debate en la Asamblea Nacional.

El proyecto de Ley 713, presentado el 14 de septiembre, establece que la tarifa del 15% se aplicaría a los servicios de alojamiento temporal ofrecidos con fines turísticos, vacacionales o similares en inmuebles destinados total o parcialmente a uso residencial.

Esto significa que el cobro no dependería de utilizar Airbnb, Booking u otra plataforma, sino de la actividad de hospedaje que se realice.

La disposición también alcanzaría los alquileres turísticos ofrecidos directamente por sus propietarios, mediante páginas propias, redes sociales u otros mecanismos de contratación.

En el caso de apartamentos ubicados en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, el impuesto tampoco significaría una autorización automática para alquilarlos a turistas, porque continuarían aplicándose las restricciones y permisos correspondientes.

El artículo 30 propone modificar el Código Fiscal para establecer una diferencia entre los alojamientos turísticos residenciales y los hoteles registrados. Mientras los primeros quedarían sujetos al 15%, los hoteles y demás establecimientos de alojamiento público turístico debidamente inscritos mantendrían la tarifa del 10% del ITBMS, prevista para ese servicio.

También se excluyen expresamente los contratos de arrendamiento destinados a vivienda habitual o permanente, por lo que una persona que alquile un apartamento para residir en él no estaría comprendida en la tarifa especial.

La distinción busca separar el mercado tradicional de vivienda del hospedaje turístico temporal, aunque ambos puedan desarrollarse en propiedades residenciales.

Cuando la contratación se efectúe mediante una plataforma digital que únicamente actúe como intermediaria, el 15% recaería sobre el valor del alojamiento contratado. La propuesta aclara que este tratamiento no elimina el impuesto que pueda corresponder a las comisiones o cargos cobrados por la plataforma, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables a esos servicios.

Sin embargo, la aprobación del impuesto no resolvería por sí sola la situación legal de estos alojamientos. El documento establece que los propietarios deberán cumplir las normas turísticas, permisos, registros y restricciones de propiedad horizontal.

En consecuencia, un apartamento donde esté prohibida esta actividad no quedaría habilitado simplemente porque se pague el tributo.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que la regulación de los hospedajes digitales requerirá un registro posterior para identificar las propiedades, sus responsables y las condiciones de operación.

La funcionaria señaló que los procedimientos de cobro y fiscalización deberán desarrollarse después de la aprobación legislativa, incluyendo la posibilidad de que las plataformas recauden el impuesto.

Según estimaciones de la ATP divulgadas entonces, en Panamá existen alrededor de 13.000 unidades ofrecidas mediante Airbnb, frente a aproximadamente 25.000 habitaciones disponibles en establecimientos hoteleros.

La comparación refleja la dimensión que ha adquirido este modelo de alojamiento y la necesidad de conocer con mayor precisión cuántas propiedades operan, dónde están ubicadas y bajo qué condiciones reciben visitantes.

La discusión también ha generado posiciones dentro del sector privado. La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) reclamó el 2 de octubre reglas claras y condiciones de competencia comparables para los distintos participantes del mercado.

El gremio considera que los hoteles afrontan obligaciones laborales, tributarias, sanitarias y de seguridad que deben tenerse en cuenta al regular los alquileres turísticos.

APATEL sostiene que el debate no debe plantearse como una confrontación entre hoteles y plataformas digitales, sino como una oportunidad para establecer responsabilidades similares.

También reconoce que los alojamientos de corta estancia pueden ampliar la oferta en regiones con poca infraestructura hotelera, pero insiste en garantizar protección al consumidor, seguridad jurídica y cumplimiento fiscal.

La asociación aclaró, además, que no participó directamente en la elaboración de tarifas, resoluciones o medidas regulatorias y que esas decisiones corresponden a las instituciones públicas.

Su posición es que la regulación debe distinguir entre familias que alquilan ocasionalmente una habitación e inversionistas que administran múltiples propiedades, sin perder de vista las obligaciones derivadas de la actividad económica.

Más allá del impuesto, el proyecto propone reorganizar el régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones turísticas y sustituir la Ley 80 de 2012. El nuevo esquema diferencia los beneficios según la ubicación de los proyectos, con mayores exoneraciones para el Caribe panameño, donde el Gobierno busca estimular la construcción de establecimientos y ampliar la oferta de alojamiento.

En el Caribe, los nuevos proyectos de hospedaje turístico que representen una inversión mínima de $500.000 y estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo podrían recibir 15 años de exoneración del impuesto sobre la renta y del impuesto de inmuebles. Estos beneficios estarían condicionados a que los establecimientos inicien y mantengan sus operaciones comerciales.

Para esas inversiones también se contemplan cinco años de exoneración de impuestos de importación sobre materiales de construcción y diez años para mobiliario, enseres y equipos tecnológicos o de ahorro energético. El proyecto incluye igualmente beneficios para determinados vehículos de transporte turístico con tecnología limpia y para instalaciones como muelles, marinas o aeropuertos construidos por las empresas.

En el resto del país, fuera del distrito de Panamá, los nuevos establecimientos con inversiones desde $500.000, sin contar el terreno, podrían recibir diez años de exoneración sobre la renta y los inmuebles.

También se proponen tres años sin impuestos de importación para materiales de construcción y cinco años para mobiliario y equipos destinados a la operación turística.

Aunque el tratamiento general favorece los proyectos ubicados fuera de la capital, la propuesta abre una oportunidad limitada para nuevas inversiones en la ciudad de Panamá.

Los interesados podrían acogerse a los incentivos del artículo 5 si presentan sus proyectos al Registro Nacional de Turismo durante los primeros tres meses de vigencia de la ley, una vez aprobada y promulgada.

Los hoteles que ya funcionan también tendrían posibilidades de recibir beneficios. Aquellos inscritos en el Registro Nacional de Turismo que realicen inversiones de al menos $1 millón para remodelación, ampliación o modernización podrían obtener exoneraciones de importación sobre materiales y equipos elegibles. El incentivo podría utilizarse hasta dos veces en cada período de cinco años, bajo las condiciones establecidas.

La reforma busca extender los estímulos más allá de la construcción hotelera. Museos interactivos, centros culturales, atracciones temáticas y experiencias turísticas innovadoras podrían acceder a exoneraciones para importar bienes necesarios para su desarrollo.

En estos casos, la inversión mínima propuesta es de $500.000, excluyendo el terreno, y los proyectos deberán recibir aprobación de la ATP.

Las marinas turísticas constituyen otra actividad contemplada. La iniciativa permitiría exonerar durante tres años los impuestos de importación sobre materiales y equipos utilizados en su construcción o modernización. Asimismo, establece diez años de exoneración del impuesto de inmuebles para las instalaciones destinadas exclusivamente a la actividad turística autorizada.

También se incluyen incentivos para atraer congresos, convenciones y reuniones internacionales. Los organizadores registrados que consigan eventos con al menos 300 participantes extranjeros y tres noches de estadía comprobable podrían obtener una exoneración de hasta el 50% del impuesto sobre la renta correspondiente a las utilidades directamente atribuibles al evento, conforme a las condiciones reglamentarias.

Para acceder a los beneficios, los inversionistas deberán registrar sus proyectos ante la ATP y acreditar el financiamiento disponible, además de cumplir los requisitos ambientales y administrativos correspondientes. La propuesta establece un plazo máximo de 60 días hábiles para resolver solicitudes completas y contempla una ventanilla única que facilite los trámites entre las instituciones involucradas.

El otorgamiento de exoneraciones también estaría acompañado de controles. Los nuevos beneficiarios deberán presentar fianzas de cumplimiento, generalmente equivalentes al 2% de la inversión declarada, con un límite de $2 millones. Para proyectos de hasta $1 millón, la garantía sería del 1%, mientras que determinadas remodelaciones de establecimientos existentes quedarían exceptuadas.

Las empresas incentivadas tendrán que iniciar la ejecución de sus proyectos dentro de seis meses y ponerlos en operación, por regla general, en un máximo de tres años. El incumplimiento de las condiciones podría provocar la suspensión o pérdida de los beneficios fiscales, con las consecuencias tributarias correspondientes.

La propuesta también establece que las solicitudes para acogerse al nuevo régimen podrán presentarse hasta noviembre de 2036, mientras que el derecho a solicitar la inscripción vencería en diciembre de ese año. Los incentivos previamente concedidos conservarían su vigencia, y el Ejecutivo tendría 60 días hábiles para reglamentar la nueva legislación después de su promulgación.

La iniciativa permanece pendiente de primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, donde podrían introducirse modificaciones tanto al impuesto del 15% como a los incentivos turísticos antes de una eventual aprobación definitiva.

Tocumen S.A. ya tiene luz verde para iniciar el proceso de selección de un operador privado para los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, luego de que se publicara en la Gaceta Oficial la resolución del Consejo de Gabinete que autoriza la precalificación de las empresas interesadas en administrar ambas terminales.

La autorización quedó formalizada mediante la Resolución de Gabinete 104 del 29 de septiembre de 2026, publicada el 7 de octubre. Con esta decisión, la empresa estatal podrá convocar a los interesados y evaluar su capacidad técnica, financiera, administrativa y legal, antes de avanzar hacia una licitación por mejor valor para contratar la operación, mantenimiento y ejecución de obras en los dos aeropuertos.

El procedimiento tendrá dos etapas para escoger a la empresa que asumirá la administración de las instalaciones. Primero, Tocumen deberá publicar las bases de precalificación en PanamaCompra y verificar que los participantes cumplan los requisitos. Posteriormente, solo las compañías que superen esa evaluación podrán presentar ofertas en la licitación definitiva.

La resolución establece que los interesados deberán demostrar experiencia en administración aeroportuaria, además de capacidad para asumir las obligaciones del contrato.

El Consejo de Gabinete autorizó excepcionalmente esta evaluación previa debido a la complejidad técnica, operativa, financiera y jurídica del proyecto, que comprende dos aeropuertos internacionales en funcionamiento y la ejecución de obras.

El contrato contemplará la operación, mantenimiento y explotación comercial de ambas terminales, junto con el diseño, suministro, construcción, rehabilitación e instalación de infraestructura.

Las obras específicas deberán definirse en el pliego de cargos, mientras Tocumen conservará la propiedad de los aeropuertos y buscará incorporar experiencia internacional para mejorar su desempeño.

La autorización representa un avance respecto al calendario anunciado en septiembre por el gerente general de Tocumen, José Ruiz, quien había adelantado que las propuestas se recibirían en noviembre y que la selección del operador estaba prevista inicialmente para enero de 2027. La resolución no establece fechas definitivas para estas etapas ni precisa el monto de la contratación.

El proyecto ya había despertado el interés de cuatro operadores internacionales: Houston Airports, Avports, Corporación América Airports y Manchester Airports Group.

Estas organizaciones cuentan con experiencia en diferentes mercados aeroportuarios, aunque su participación efectiva dependerá de que cumplan los requisitos establecidos en las bases que publique Tocumen.

Ruiz explicó anteriormente que el modelo inicialmente considerado era una concesión, pero la alternativa fue descartada ante el limitado interés empresarial en asumir instalaciones que generan pérdidas.

La fórmula escogida consiste en un contrato de operación y mantenimiento por diez años, bajo el cual Tocumen mantendría el control de las terminales y continuaría cubriendo sus gastos.

La operación de los aeropuertos regionales representa pérdidas anuales superiores a $6 millones para Tocumen S.A., según las cifras divulgadas por su administración. La incorporación de un operador especializado busca aumentar el tráfico de pasajeros, atraer nuevas aerolíneas y desarrollar ingresos comerciales, con el objetivo de reducir progresivamente esa carga financiera.

El aeropuerto Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, tiene como principal mercado el turismo internacional hacia las playas de Coclé y otros destinos del Pacífico panameño.

La terminal recibe operaciones estacionales desde Canadá y ha incorporado conexiones con otros mercados latinoamericanos, mientras se busca ampliar la llegada directa de visitantes sin necesidad de utilizar el aeropuerto de Tocumen.

En los últimos meses, la terminal ha recibido vuelos chárter de Colombia y Ecuador en un intento de impulsar la llegada de vuelos directos a la zona de playa.

En el caso del aeropuerto Enrique Malek, su ubicación en David lo convierte en una puerta de entrada a Chiriquí, provincia que concentra actividades agrícolas, comerciales y turísticas.

La estrategia contempla fortalecer las conexiones aéreas y aprovechar la demanda de viajeros interesados en destinos como Boquete, Volcán y otras comunidades del occidente panameño.

La resolución también recoge un antecedente administrativo que se remonta a junio de 2012, cuando el Gobierno transfirió gratuitamente a Tocumen la administración de los activos y pasivos de los aeropuertos de David, Río Hato y Colón.

Desde entonces, la empresa estatal ha mantenido responsabilidades sobre estas instalaciones, aunque sus resultados comerciales han sido diferentes.

El aeropuerto Enrique A. Jiménez, en Colón, no forma parte del nuevo proceso de contratación. Tocumen adelanta los trámites para transferirlo a la Zona Libre de Colón, que posteriormente buscaría un operador para reactivar sus instalaciones. Panamá Pacífico también permanecerá fuera del contrato, debido a sus operaciones comerciales y su función como terminal alterna.

La Junta Directiva de Tocumen había autorizado el 20 de agosto de 2026 los trámites para solicitar la precalificación excepcional, según consta en la resolución. El procedimiento se fundamenta en el artículo 65 de la Ley 22 de contratación pública, que permite evaluar previamente a los participantes en proyectos de elevada complejidad antes de convocar la licitación.

Con la publicación de la autorización, Tocumen podrá avanzar hacia la convocatoria formal de las empresas interesadas, que deberán acreditar su experiencia y capacidad para administrar ambas terminales.

La adjudicación dependerá de las propuestas presentadas y de la evaluación de los beneficios operativos, comerciales y económicos que cada participante ofrezca para los aeropuertos regionales de Panamá.

El Canal de Panamá mantiene sus operaciones con normalidad después del terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el país este viernes 9 de octubre, mientras el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus actividades tras una suspensión temporal y la evacuación preventiva de sus instalaciones.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que activó sus protocolos de emergencia y desplegó equipos técnicos para inspeccionar la infraestructura de la vía interoceánica, sin reportar interrupciones en el tránsito de embarcaciones.

La administración canalera explicó que la seguridad de sus trabajadores, los buques y sus tripulaciones constituye una prioridad, al igual que la protección de las comunidades cercanas. Las inspecciones se desarrollan mientras continúan las réplicas del terremoto principal, ocurrido aproximadamente a las 12:56 p. m.

La ACP informó que compartirá actualizaciones conforme avancen las evaluaciones técnicas, para identificar posibles afectaciones en las instalaciones de la ruta marítima.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó la reanudación de sus operaciones aéreas, después de completar inspecciones en las pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y torre de control. Las revisiones no identificaron afectaciones que impidieran retomar las actividades, según el comunicado oficial.

El área comercial también volvió a funcionar y el personal de Migración y Aduanas regresó a sus puestos de atención. Como medida adicional, la administración solicitará una nueva inspección al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que los vuelos de Copa Airlines CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492 y CM416 fueron desviados hacia los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, en Colombia. Otros vuelos, como CM687 y CM335, también fueron dirigidos a terminales alternas, mientras el CM123 fue encaminado hacia El Coco y el CM324 continuó hacia su destino.

La autoridad mantiene la coordinación del tránsito aéreo y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios.

El terremoto, registrado a las 12:56 p. m. con una magnitud de 7.2, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, provocó evacuaciones y la suspensión de distintos servicios públicos. El Metro de Panamá interrumpió temporalmente las operaciones de sus líneas 1 y 2 para realizar inspecciones de seguridad, mientras el Gobierno ordenó el cierre de las oficinas públicas.

En el interior del país se reportaron daños en iglesias históricas, viviendas y otras edificaciones, particularmente en las provincias centrales.

Las consecuencias también alcanzaron el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito, debido a fallas eléctricas que afectaron la producción de varias plantas potabilizadoras.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, operaba al 20% de su capacidad, situación que puede provocar interrupciones y baja presión en los sectores abastecidos por este sistema. La institución pidió a la población tomar previsiones y utilizar responsablemente el agua disponible mientras continúan las evaluaciones.

El fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá comenzó a generar repercusiones en el transporte aéreo de Costa Rica, después de que el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen obligara a desviar vuelos internacionales hacia otras terminales de la región.

La empresa AERIS, encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en Alajuela, informó que se prepara para atender siete vuelos desviados como consecuencia de la suspensión de operaciones aeroportuarias en territorio panameño.

La compañía también advirtió que podrían registrarse demoras en los vuelos programados desde Costa Rica hacia Panamá, debido a las restricciones temporales establecidas en el vecino país.

Pese a esta situación, la administración aeroportuaria aseguró que la principal terminal aérea costarricense continúa funcionando sin interrupciones generales y que dispone de los mecanismos necesarios para atender la llegada de aeronaves adicionales.

“La operación en el Juan Santamaría se desarrolla con total normalidad”, indicó AERIS.

La empresa explicó que trabaja de manera coordinada con los equipos encargados de las operaciones aeroportuarias para recibir los vuelos desviados, manteniendo las condiciones habituales de seguridad y servicio.

El anuncio se produce pocas horas después del terremoto de magnitud 7,7, según la medición revisada del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que sacudió Panamá y fue percibido en diferentes regiones de Costa Rica.

El movimiento ocurrió a las 11:56 de la mañana, hora costarricense, y provocó evacuaciones, inspecciones de infraestructura y suspensiones temporales de servicios en distintas localidades panameñas.

Vuelos desde Costa Rica hacia Panamá podrían sufrir retrasos

Las afectaciones no se limitan a los vuelos que tenían previsto aterrizar en Panamá.

AERIS también confirmó que se esperan demoras en las salidas desde Costa Rica hacia ese país, debido a la situación operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las posibles alteraciones podrían repercutir en los itinerarios de pasajeros que utilizan Panamá como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

El aeropuerto panameño funciona como un importante centro de operaciones de Copa Airlines, una compañía que conecta diferentes ciudades de América mediante su red de vuelos internacionales.

Por ello, la interrupción temporal de sus operaciones puede generar ajustes en los horarios de salida y llegada, así como modificaciones en las conexiones programadas por las aerolíneas.

Las personas que tengan vuelos programados hacia ese destino deben consultar directamente con sus aerolíneas antes de trasladarse a la terminal y revisar cualquier actualización de sus horarios.

Aeropuerto de Tocumen suspendió operaciones por el terremoto

La interrupción de los vuelos en Panamá ocurrió después de que las autoridades aeroportuarias decidieran suspender temporalmente las operaciones en Tocumen como medida preventiva tras el fuerte movimiento sísmico.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, el personal administrativo de la terminal fue evacuado y se iniciaron revisiones para verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura aeroportuaria.

Las inspecciones incluyen las instalaciones utilizadas para las operaciones aéreas y la torre de control, elementos fundamentales para garantizar la seguridad de las aeronaves, los trabajadores y los pasajeros.

Las autoridades panameñas indicaron que la reanudación de las operaciones estaría condicionada a la verificación de las condiciones de seguridad de la terminal.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en la provincia panameña de Herrera, también provocó daños en edificaciones y evacuaciones en diferentes sectores del país.

Las autoridades reportaron afectaciones en inmuebles de Coclé, Herrera y Los Santos, mientras organismos de emergencia realizaban evaluaciones de infraestructura y atendían las consecuencias de los movimientos posteriores.

La suspensión de operaciones aeroportuarias formó parte de las medidas preventivas adoptadas durante la emergencia, que también ocasionó interrupciones temporales en otros servicios públicos.

La segunda operación proyectada de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzaría cerca de $80 millones para completar el plan maestro del campus del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y reforzar la formación técnica en otras provincias.

El financiamiento se sumaría a los $50 millones ya otorgados por CAF. De concretarse ambas etapas, el respaldo de la entidad para la transformación institucional ascendería a cerca de $130 millones.

La nueva operación prevé recursos para finalizar el desarrollo del campus de Tocumen, fortalecer los centros de formación de Colón y Chiriquí e impulsar mejoras académicas, tecnológicas e institucionales. La iniciativa busca ampliar la capacidad del INADEH para atender las demandas de empleo y capacitación del país.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, visitó las instalaciones en construcción para revisar el avance de los proyectos incluidos en la primera fase de financiamiento.

El complejo de Tocumen registra cerca de 55% de avance general, y la obra contempla los Edificios 1 y 2, talleres especializados, un Hotel Escuela, el Almacén Central y el edificio de Transporte.

La infraestructura forma parte del proceso de modernización del INADEH. La institución busca ampliar sus espacios de enseñanza y mejorar el acceso de los estudiantes a equipamiento para la formación técnica.

Los planes para el campus incluyen la construcción de los Edificios 3 y 4 del Centro de Formación Profesional de Tocumen, y el presupuesto previsto para 2027 incorpora esos trabajos entre los proyectos de inversión.

El Hotel Escuela y los talleres técnicos también figuran dentro de las iniciativas que tendrán continuidad, espacios que integran la estrategia para fortalecer la formación vinculada con las necesidades del mercado laboral.

Recientemente el INADEH presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una propuesta presupuestaria de $131,9 millones para la vigencia fiscal 2027, monto que se destinaría principalmente a infraestructura, equipamiento, formación profesional y modernización institucional.

Del total recomendado, $108,1 millones corresponden a inversión, lo que representa el 82% del presupuesto, donde los $23,7 millones restantes se asignarían al funcionamiento de la entidad.

La planificación contempla ampliar la atención en las regiones y ajustar la oferta educativa a las áreas que requieren personal capacitado.

Para 2027, el INADEH proyecta operar 29 centros de formación en todo el país, mediante la programación prevé 7.250 cursos y una atención estimada de 181.250 beneficiarios.

El nuevo centro de formación de Bugaba, en Chiriquí, aparece entre las obras previstas. También se incluye el proyecto INADEH Azul+ en Penonomé, provincia de Coclé.

La propuesta incorpora el primer centro de formación profesional de la institución en la Comarca Ngäbe-Buglé.

El plan de inversión también contempla el fortalecimiento de las granjas didácticas ubicadas en distintas provincias. Estos espacios forman parte de la oferta orientada a la capacitación práctica.

La institución informó que la matrícula nacional pasó de 181.890 participantes en 2024 a 211.377 en 2025. Hasta julio de 2026, el registro acumulaba 115.310 matrículas.

El Programa de Formación y Capacitación recibiría $28,2 millones dentro de la propuesta presupuestaria. La Formación Dual contaría con $5 millones y el manejo de Granjas Didácticas tendría $1 millón.

La programación académica incluye formación bilingüe, atención al cliente y BPO, electricidad, sistemas fotovoltaicos, energías renovables, tecnología y transformación digital. Las áreas responden a las competencias que demanda el mercado laboral.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitty, presentó los resultados institucionales junto con su equipo directivo durante la sustentación ante la Asamblea Nacional. La propuesta para 2027 apunta a mejorar las instalaciones, renovar el equipamiento y extender las oportunidades de capacitación en las distintas regiones del país.

El terremoto de magnitud 7.6 registrado este viernes frente a la provincia panameña de Los Santos tuvo una profundidad menor de 10 kilómetros, una condición que explica la intensidad con la que se percibió en la península de Azuero y otras zonas del país.

El epicentro se localizó a 39 kilómetros al norte-noroeste de Tonosí, informó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, según publicó La Estrella de Panamá. El sismo ocurrió a las 12:56 y activó un sistema de fallas en la península de Azuero, lo que provocó una secuencia de réplicas.

Luque explicó que la escasa profundidad tuvo incidencia directa en el nivel de la sacudida. Cuando un terremoto se origina cerca de la superficie, las ondas sísmicas recorren una distancia menor hasta las edificaciones, carreteras y otras estructuras. Por ese motivo, las comunidades ubicadas cerca del epicentro pueden percibir movimientos más fuertes y afrontar mayores riesgos de daños.

El especialista indicó que las áreas próximas a Tonosí y al resto de la zona sur de la península de Azuero quedaron expuestas a una mayor intensidad. La vibración también se sintió en la ciudad de Panamá y en otros puntos del país, aunque perdió fuerza a medida que aumentó la distancia respecto del lugar donde se produjo la ruptura.

El director de Geociencias que las fallas son fracturas de la corteza terrestre que pueden acumular tensión durante largos períodos. Cuando esa tensión supera la resistencia de las rocas, se libera de forma súbita y genera ondas sísmicas.

De acuerdo con lo informado por La Estrella de Panamá, el Instituto de Geociencias había detectado 46 réplicas al momento de las declaraciones de Luque. Sin embargo, hasta las 3:18 de la tarde las autoridades ya reportaban 95 réplicas, según informó Telemetro.

Las primeras réplicas alcanzaron magnitudes de 6.2 y 6.5. Más tarde se registraron sismos de magnitud cinco y cuatro, mientras que los eventos más recientes se ubicaban entre magnitud tres y dos. Las réplicas son movimientos asociados al reajuste de la zona de falla después del terremoto principal.

Luque precisó que las alertas emitidas tras un evento de esta naturaleza no siempre implican un nuevo sismo. En algunos casos, los sistemas actualizan los datos de localización, profundidad o magnitud de un movimiento que ya había sido detectado. Esas revisiones forman parte del análisis técnico de las estaciones sismográficas.

Panamá se ubica en una zona de interacción tectónica

Panamá se encuentra en una región de interacción entre las placas del Caribe, Cocos, Nazca y Sudamérica. Esa configuración geológica genera actividad sísmica en distintos sectores del país, con mecanismos que pueden variar entre fallas locales y procesos vinculados con el desplazamiento de placas en el Pacífico.

La zona de fractura de Panamá, ubicada frente a la costa pacífica, figura entre las estructuras que concentran actividad tectónica en la región. Los especialistas advierten que la localización de un epicentro no permite, por sí sola, establecer el mecanismo exacto de ruptura; para ello se requieren estudios posteriores de las señales y del desplazamiento de la falla.

El país cuenta con antecedentes de terremotos de relevancia, como el de 1882, asociado a un tsunami que afectó el archipiélago de San Blas, y el ocurrido en 1962 en la zona de fractura de Panamá. Estos episodios permiten analizar el comportamiento geológico del territorio, aunque no posibilitan anticipar con precisión la fecha, el lugar ni la magnitud de un próximo sismo.

Tras un terremoto de gran magnitud, las réplicas pueden extenderse durante días, semanas o más tiempo. Su frecuencia suele reducirse de forma gradual, aunque las autoridades y los organismos técnicos mantienen el monitoreo para evaluar la evolución de la secuencia.

Un intenso movimiento telúrico de magnitud 7.7 sacudió el sur de Panamá este 9 de octubre de 2026, lo que motivó una inmediata ola de solidaridad internacional y la movilización total del gobierno panameño para atender los daños en la infraestructura.

El epicentro se localizó en las cercanías de la localidad de Tonosí, en la península de Azuero, y provocó colapsos de estructuras en diversas zonas del país sin que hasta el momento se registren personas fallecidas.

Ante la gravedad de la emergencia, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó el despliegue inmediato de recursos, personal e insumos de asistencia a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la totalidad de los ministerios e instituciones estatales.

Mulino confirmó que participará de forma personal en las acciones de coordinación operativa y evaluación de daños en las áreas geográficas más golpeadas por la sacudida. Asimismo, el mandatario solicitó a los organismos oficiales divulgar reportes constantes sobre los efectos de la tragedia, con un llamado explícito a mantener la serenidad.

“He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención”, aseveró Mulino, quien añadió que todo el aparato gubernamental se encuentra plenamente movilizado para ofrecer respuestas oportunas a la población.

Varios gobiernos de la región ofrecen asistencia logística y humanitaria a Panamá

La respuesta de la comunidad internacional se manifestó con celeridad tras conocerse la dimensión del evento telúrico. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, remarcó los lazos históricos de hermandad entre ambas naciones e informó la total disposición de su país para brindar la asistencia que resulte requerida.

“Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad”, expresó el mandatario colombiano, tras enfatizar que las dos naciones comparten lazos de amistad que se fortalecen en momentos difíciles y asegurar que la población panameña cuenta con el respaldo colombiano.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo una conversación telefónica directa con Mulino para transmitirle la cercanía de su pueblo y poner a disposición los apoyos de emergencia necesarios. Arévalo confirmó además que la representación diplomática guatemalteca verificó que los ciudadanos de su país residentes en suelo panameño se encuentran a salvo y fuera de peligro.

En esa misma línea de cooperación regional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó su respaldo mediante la embajada mexicana y confirmó el seguimiento permanente de la evolución del evento.

De igual manera, el gobierno de Chile, por intermedio del ministro del Interior, Claudio Alvarado, puso a disposición la capacidad operativa chilena para colaborar en la atención de la emergencia. A estas muestras de apoyo se sumó la Embajada de Türkiye, la cual transmitió un mensaje institucional de tranquilidad y solidaridad dirigido a la sociedad panameña.

El Instituto de Geociencias registra más de 80 réplicas tras el movimiento principal

La actividad telúrica en la península de Azuero continuó con alta frecuencia durante las horas posteriores a la sacudida principal. El director del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, confirmó que las autoridades sismológicas contabilizaron más de 80 réplicas tras el temblor inicial de gran magnitud en Tonosí.

Durante las primeras horas posteriores al evento principal se registraron réplicas de magnitud 6.2 y 6.6, a las cuales le siguieron temblores de intensidad 5,4. Cerca de dos horas después del primer sismo, los medidores sismológicos detectaron un fuerte movimiento secundario que alcanzó la magnitud 6.9, antes de que las réplicas comenzaran a estabilizarse en magnitudes de entre dos y tres grados.

Pese al elevado número de estructuras colapsadas y a los cuantiosos daños materiales en inmuebles e infraestructuras públicas, los informes oficiales de protección civil coinciden en que no hay pérdidas humanas reportadas hasta el momento.

El gobierno nacional mantiene activos los protocolos de inspección en puentes, vías de comunicación y edificaciones estratégicas, al tiempo que insiste en mantener la calma y atender únicamente los comunicados informativos emitidos por las fuentes gubernamentales autorizadas.

Una nueva réplica de magnitud 6.9 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, después del terremoto de 7.2 registrado al mediodía. De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el nuevo movimiento tuvo su epicentro a 32 kilómetros de la isla de Coiba, en el Pacífico panameño, a una profundidad de 10 kilómetros, cerca de la zona donde se originó el primer evento.

El nuevo temblor se produjo en medio de una secuencia de más de 45 réplicas de menor magnitud, que mantienen bajo seguimiento a las autoridades y los organismos especializados. Buena parte de esta actividad se ha localizado en sectores de Veraguas y la península de Azuero, particularmente en las proximidades de Soná, una de las localidades cercanas a la zona de fallamiento Soná-Tonosí.

El terremoto principal ocurrió a las 12:56 p. m. de este viernes, con una magnitud revisada de 7.2, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro fue localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de apenas cuatro kilómetros. El movimiento se sintió en gran parte del territorio nacional y provocó evacuaciones de edificios, comercios y oficinas.

La poca profundidad del terremoto contribuyó a la intensidad con que se percibió en distintas regiones del país, según las explicaciones del Instituto de Geociencias. La energía liberada por el evento generó movimientos que alcanzaron tanto las provincias centrales como la ciudad de Panamá, donde numerosas personas abandonaron edificios de varios pisos como medida preventiva

Entre los movimientos posteriores también se había reportado una réplica de magnitud preliminar 6.0, aproximadamente 26 minutos después del terremoto principal. Otros eventos de menor intensidad se localizaron en las inmediaciones de Tonosí y diferentes sectores de Veraguas. La sucesión de temblores mantiene activa la vigilancia de las estaciones de monitoreo sísmico, cuyos registros permiten actualizar las magnitudes y ubicaciones de cada evento.

Las consecuencias materiales comenzaron a conocerse principalmente en el interior del país, donde al menos cinco iglesias presentan daños, de acuerdo con los reportes recibidos durante la jornada. Varias de estas edificaciones son templos históricos o de origen colonial, por lo que las afectaciones también representan una preocupación para la conservación del patrimonio arquitectónico y religioso de las comunidades.

En Penonomé, provincia de Coclé, se reportaron daños en una iglesia y otras edificaciones del centro de la ciudad. También circularon informes sobre afectaciones en viviendas y estructuras de Herrera, Los Santos y Veraguas. Los organismos de emergencia realizan inspecciones para determinar la gravedad de los daños y establecer cuáles inmuebles pueden continuar ocupados sin representar riesgos para sus habitantes.

Ante la magnitud del terremoto y las réplicas posteriores, el Gobierno panameño ordenó el cierre de las oficinas públicas durante la jornada de este viernes. La medida busca proteger a los funcionarios y facilitar las revisiones de seguridad en las instalaciones estatales. También se suspendieron actividades en diferentes instituciones, mientras las autoridades evalúan las condiciones de los edificios antes de autorizar su funcionamiento habitual.

El Metro de Panamá suspendió temporalmente las operaciones de sus líneas 1 y 2, como parte de los protocolos de seguridad activados después del movimiento sísmico. La interrupción permite realizar inspecciones en estaciones, vías, estructuras y otros componentes del sistema. La empresa deberá verificar las condiciones de la infraestructura antes de reanudar el servicio, utilizado diariamente por miles de pasajeros en la capital.

Las repercusiones también alcanzaron las actividades económicas y el transporte aéreo. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente operaciones mientras se efectuaban revisiones en sus instalaciones. La Zona Libre de Colón también interrumpió sus actividades, en medio de las medidas preventivas adoptadas después del terremoto y ante la continuidad de los movimientos sísmicos.

Otra de las consecuencias del terremoto se registra en el suministro de agua potable de la ciudad de Panamá y sectores aledaños. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que varias plantas potabilizadoras presentan interrupciones o reducciones de producción, debido a fallas eléctricas relacionadas con la situación sísmica que afectaron las operaciones de estas instalaciones.

Entre las plantas afectadas se encuentra la Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, que abastece a una parte importante de la capital y San Miguelito. Según el IDAAN, la instalación opera al 20% de su capacidad de producción, una condición que puede ocasionar irregularidades en el suministro. Aunque algunos sectores todavía cuentan con agua potable, la institución recomendó tomar previsiones y utilizar responsablemente las reservas disponibles.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también registró el terremoto principal, aunque sus estimaciones de magnitud fueron superiores a las divulgadas por el Instituto de Geociencias de Panamá. Las diferencias responden a los procedimientos y datos utilizados por cada institución, que pueden actualizar sus cálculos conforme reciben nuevos registros de las estaciones sísmicas.

El fuerte movimiento también provocó avisos preventivos por la posibilidad de variaciones del nivel del mar en las costas del Pacífico. Las evaluaciones sobre el riesgo de tsunami se desarrollaron paralelamente a las inspecciones de edificios e infraestructura. El terremoto fue percibido incluso fuera de Panamá, mientras los organismos de protección civil mantienen el seguimiento de las condiciones de seguridad.

El presidente José Raúl Mulino pidió calma a la población y llamó a mantenerse informada mediante los canales oficiales. Las autoridades continúan recopilando información sobre daños materiales y posibles personas afectadas, mientras el Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y de las réplicas que siguen registrándose en diferentes puntos del país.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este viernes que varias plantas potabilizadoras del país presentan interrupciones o reducciones en su producción a causa de fallas eléctricas vinculadas al sismo.

Entre las instalaciones afectadas figura la planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, que opera al 20% de su capacidad. La reducción generó irregularidades en el suministro de agua potable en los sectores que dependen de ese sistema, según detalló el IDAAN.

La institución evalúa las condiciones operativas de sus instalaciones a nivel nacional para ofrecer información más precisa conforme avance la revisión.

El organismo pidió además a la población hacer un uso responsable del agua disponible mientras se normaliza el servicio, y se comprometió a continuar informando a través de sus redes sociales oficiales.

Transporte y energía con problemas

Malitzie Rivera, Subdirectora General del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en Panamá destacó que en municipios como Veraguas y Chiriquí el mar retrocedió algunos metros, pero confirmó que se descartó por completo la alerta de tsunami.

El sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá suspendió el servicio en dos líneas de metro y evacuó a los pasajeros de algunas estaciones.

Pese a la magnitud del movimiento, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) confirmó a través de un comunicado publicado en la cuenta de X, que la red de transmisión eléctrica del país se mantiene estable.

Sin embargo, varios usuarios reportaron a medios locales que el sismo provocó afectaciones eléctricas en varias provincias.

Las distribuidoras Naturgy y Ensa confirmaron las afectaciones en sus respectivas zonas de concesión y trabajan en la recuperación del suministro.

El dato más concreto hasta el momento llegó de Ensa: la empresa ya restableció los 17 circuitos que se vieron afectados en la provincia de Colón. Sin embargo, el servicio permanece interrumpido en Costa Abajo de Colón, donde los equipos técnicos continúan las labores de normalización, informó.

Naturgy reporta cortes en seis provincias del interior

La distribuidora Naturgy informó que mantiene afectaciones eléctricas en diversos sectores de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y parte de Panamá Oeste. Se trata de la zona con mayor dispersión geográfica de incidencias reportadas tras el movimiento telúrico.

La empresa precisó que sus equipos técnicos dan seguimiento a la situación. El trabajo de recuperación avanza en coordinación con el Centro Nacional de Despacho, el organismo encargado de gestionar el sistema eléctrico nacional.

Naturgy no detalló cuántos clientes se encuentran sin servicio en cada una de las provincias mencionadas. La compañía solo agradeció la comprensión de sus usuarios mientras continúan las labores para restablecer la electricidad en las zonas afectadas.

Ensa restablece 17 circuitos pero Costa Abajo sigue sin luz

Ensa explicó que realiza una revisión preliminar de la integridad de su infraestructura eléctrica en toda su zona de concesión.

Aunque los 17 circuitos afectados inicialmente en Colón ya quedaron restablecidos, la normalización completa todavía no llegó a Costa Abajo de Colón. Los equipos técnicos de la distribuidora continúan en el terreno para recuperar el servicio en esa zona específica.

La compañía agradeció la paciencia de sus clientes y adelantó que divulgará nuevas actualizaciones a través de sus canales oficiales. Hasta el momento no se precisó un plazo estimado para completar los trabajos pendientes en Costa Abajo.

Evacuaciones y réplicas atendidas por bomberos

El capitán Luis Joseph, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, detalló en el noticiero Telemetro Reporta las acciones desplegadas minutos después del sismo y sus réplicas.

Durante la evacuación de un centro educativo, el personal de rescate atendió a una estudiante que sufrió un desmayo y fue trasladada a un centro hospitalario.

El funcionario insistió en las recomendaciones de seguridad para la población: mantener la calma y dirigirse hacia áreas abiertas. El capitán recordó que el autocuidado resulta fundamental, dado que la propia ciudadanía actúa como primer respondedor ante este tipo de emergencias.

Recorridos de inspección en Parque Lefevre y Río Abajo

El Cuerpo de Bomberos mantiene evaluaciones en diversos edificios y estructuras de la comunidad. Los equipos enfocaron parte de su trabajo en sectores como Parque Lefevre y Río Abajo para descartar daños estructurales. La institución no reportó víctimas fatales asociadas al evento.

El IDAAN y el Cuerpo de Bomberos coincidieron en pedir prudencia mientras continúan las labores de evaluación en distintos puntos del país.

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este viernes el territorio panameño, el epicentro se localizó a 39 kilómetros al nor-nor-noroeste de Tonosí, según precisó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. La profundidad del evento fue de apenas 4 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo somero.

Por una parte, imágenes muestran en el hostal El Sitio, ubicado en Playa Venao, las afectaciones registradas tras el fuerte terremoto . Habitantes del sector aseguran que habría personas atrapadas en el establecimiento.

Esta información es preliminar y aún no cuenta con confirmación oficial. La situación genera preocupación mientras se espera información de los organismos de emergencia sobre posibles víctimas y labores de rescate

Entre los edificios con afectaciones figura la Iglesia de San Atanasio, un templo católico de estilo colonial situado en La Villa de Los Santos. La construcción, fundada en 1569, forma parte del patrimonio histórico de la provincia y será objeto de revisiones para establecer el alcance de los daños.

El Museo de la Nacionalidad registró daños en el techado y las gradas

El Museo de la Nacionalidad, conocido también como la Casa del Cabildo, presentó afectaciones en el techado y las gradas. El edificio fue inaugurado el 10 de noviembre de 1974 y conserva relevancia histórica por su relación con la sesión vinculada al primer grito de independencia de Panamá.

También se informaron daños en otros puntos de interés de la región, entre ellos la Catedral San Juan Bautista y hoteles de relevancia histórica en Penonomé, capital de la provincia de Coclé, fundada en 1581.

El sismo activó los protocolos ante una posible amenaza de tsunami

El movimiento telúrico generó la movilización de los organismos de socorro y la activación de los protocolos de emergencia ante una posible amenaza de tsunami en la costa del Pacífico. Las autoridades deberán completar las inspecciones técnicas para determinar las condiciones estructurales de los edificios afectados y definir las medidas de resguardo.

Por otra pate, en imágenes evidencian los daños que sufrió la estación Mayor Alberto Martinelli, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, luego del fuerte sismo que se registró este viernes en Panamá.

Sinaproc activó centros de emergencia tras sismo con afectaciones en Azuero y provincias centrales

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó el Centro de Operaciones de Emergencia nacional y las instancias provinciales tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en la región de Azuero, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.

Las autoridades iniciaron la coordinación con las juntas técnicas para evaluar los daños, atender los reportes y asistir a las personas lesionadas o afectadas por el movimiento telúrico.

Los mayores reportes se concentran en Azuero y las provincias centrales

René García, vocero de Sinaproc, indicó que los principales avisos recibidos hasta el momento proceden de la península de Azuero y de las provincias centrales. También hubo comunicaciones desde otras zonas del país.

“Exhortamos a la población a mantener la calma. El personal se está dirigiendo a realizar las inspecciones y coordinaciones necesarias para atender a las personas que han hecho reportes”, señaló García.

Ante el sismo que afectó recientemente a diversas regiones del país, la administración de la Zona Libre de Colón emitió un comunicado oficial dirigido a todas las empresas usuarias, colaboradores y visitantes que se encuentran en sus instalaciones.

En dicho documento, la institución solicita de manera formal y preventiva la suspensión temporal de todas las actividades comerciales dentro del recinto. La medida responde al compromiso prioritario de salvaguardar la vida y la integridad física de cada una de las personas que laboran o transitan en esta estratégica plataforma logística.

Asimismo, el comunicado hace un llamado urgente a realizar un desalojo de las instalaciones de forma ordenada, sistemática y en completa calma. Con el objetivo de evitar situaciones de pánico o accidentes durante la evacuación, se exhorta a la comunidad comercial a acatar de manera estricta las indicaciones impartidas por el personal de seguridad y las autoridades competentes en materia de protección civil.

Se enfatiza que las personas deben permanecer reunidas en las zonas de evacuación seguras previamente establecidas hasta que los equipos técnicos evalúen las infraestructuras y confirmen oficialmente que existen las condiciones de seguridad idóneas para retomar las operaciones cotidianas. La reanudación de las jornadas laborales quedará condicionada al monitoreo constante de posibles réplicas y a las revisiones estructurales correspondientes.

Importancia estratégica de la Zona Libre de Colón y la economía local

La relevancia de esta suspensión preventiva radica en la magnitud e impacto económico que tiene Colón para Panamá y la región. En la costa caribeña panameña, el comercio se posiciona como el verdadero motor y pilar de la economía nacional e internacional. Dentro de este engranaje, la Zona Libre de Colón destaca como el centro de zona franca y reexportación más grande de todo el continente americano, conectando rutas globales de suministro.

Este importante polo de desarrollo concentra operaciones de gran escala dedicadas a la importación, el almacenamiento masivo, el embalaje especializado y la distribución al por mayor de mercancías de alto consumo e impacto industrial.

Entre los sectores comerciales de mayor volumen que operan en esta área destacan los productos:

• Electrónicos
• Insumos farmacéuticos y médicos,
• Bebidas y licores
• Industria textil y de confección de ropa
• Maquinaria pesada destinada a abastecer los mercados de Latinoamérica y el Caribe.

El sismo y las consecuentes medidas preventivas también extienden su impacto a los distintos sectores comerciales y logísticos adyacentes que operan en la provincia de Colón:

• Comercio general e importación/exportación: Las actividades comerciales minoristas y mayoristas situadas en el centro de la ciudad de Colón han hecho una pausa operativa.
• Servicios portuarios y cadena logística: La costa caribeña concentra un robusto nodo de transporte marítimo, ferroviario y de carga terrestre. Terminales de clase mundial, como el Puerto de Cristóbal, junto con el constante cruce de buques porta-contenedores, requieren inspecciones técnicas minuciosas en sus muelles, grúas y patios de contenedores para garantizar que la carga internacional continúe movilizándose sin riesgos operativos.
• Sector turístico y recepción de cruceros: La dinamización económica traída por el turismo internacional, que arriba periódicamente a través de instalaciones clave como el Complejo Colón 2000 y el Muelle 6, se mantiene bajo constante revisión de los protocolos de seguridad marítima y terrestre.

En conclusión, el comunicado de la Zona Libre de Colón reafirma que, ante emergencias naturales, la protección de la vida humana y la preparación ante réplicas están por encima de la dinámica comercial. La normalización de las actividades en el puerto y la zona franca se dará de forma paulatina a medida que las autoridades garanticen la seguridad total del área

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. advirtieron sobre la posibilidad de olas potencialmente peligrosas e incremento en las corrientes marinas dentro de las tres horas posteriores al sismo.

Los nueve países bajo alerta son:

1. Panamá (Zona del epicentro e impacto más inmediato)
2. Colombia
3. Costa Rica
4. Ecuador
5. Perú
6. Nicaragua
7. Guatemala
8. El Salvador
9. México.

El sismo fue registrado por el USGS, que publica la información técnica del evento en su página oficial. La magnitud, la profundidad y las alertas pueden cambiar a medida que los organismos de monitoreo procesen nuevos datos.

En distintos sectores se reportaron caída de escombros, daños en fachadas y vehículos afectados, mientras continúan las inspecciones para evaluar el alcance total de las afectaciones. Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales. No obstante, diferentes medios y autoridades de primera respuesta reportan replicas provocando afectaciones estructurales.

Reporte específicos para El Salvador y Guatemala

• Nivel de Amenaza: Moderado en la franja costera nacional de El Salvador.
• Impacto Esperado: Inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, variaciones en el nivel del mar entre 0.3 m y 1.0 m e incremento en corrientes marinas.
• Hora Mínima Estimada de Llegada: 14:37 (2:37 p.m.) del mismo viernes.

• Guatemala (Boletín Oficial de INSIVUMEH):
• • Datos del Evento: Sismo registrado en la región de Panamá, a una profundidad de 33 km y coordinadas 7.5° N, 80.8° O, con una magnitud estimada preliminar de 8.0.
  • Arribo Estimado de Olas: Posible llegada de olas de tsunami a las costas del Pacífico guatemalteco a partir de las 14:36 (2:36 p.m.).

Las autoridades de ambos países aclaran que la alerta representa una medida preventiva para mantener el monitoreo en tiempo real y coordinar a los cuerpos de socorro y población en zonas costeras.

Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) no ha emitido un comunicado sobre el nivel de alerta en el país. No obstante, la amenaza afecta especialmente a las comunidades costeras de Chinandega, León, Managua, Carazo y Rivas, como Corinto, Poneloya, Masachapa, Pochomil y San Juan del Sur.

La costa nicaragüense ya conoce este riesgo. En 1992, un terremoto de la misma magnitud frente a las costas del Pacífico provocó un tsunami destructivo en el país.

Costa Rica descarta peligro de Tsunami

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT), adscrito a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), confirmó a través de sus redes sociales que Costa Rica no enfrenta peligro de tsunami a raíz del potente terremoto registrado en la costa de Panamá.

De acuerdo con SINAMOT, tras analizar los parámetros sísmicos y marinos disponibles, las autoridades descartaron cualquier amenaza para el país tico.

Ante la evolución de la amenaza, las distintas dependencias de protección civil de Centro y Sudamérica continúan evaluando en tiempo real las lecturas de los mareógrafos costeros. Las autoridades de cada región reiteran el llamado a pescadores, embarcaciones y comunidades en zonas de playa a acatar los protocolos de seguridad locales y evitar ingresar al mar hasta que las alertas preventivas sean levantadas oficialmente.

Durante una entrevista con Infobae a la Tarde, Bruno Ruyu relató cómo vivió el temblor, describió los desprendimientos que observó y contó que una chapa cayó a pocos metros de donde se encontraba.

“Estamos acá varados. Nos evacuaron a todos a la pista”, resumió el pasajero, que viajaba junto a un compañero de trabajo y todavía no sabía cuándo podría continuar su recorrido hacia la Argentina.

El sismo se registró a las 12:56, hora local, con un epicentro preliminar ubicado a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia panameña de Los Santos. El movimiento se sintió en distintas regiones del país y provocó evacuaciones preventivas de edificios.

El temblor sorprendió al argentino mientras almorzaba

Ruyu se encontraba en el segundo piso del aeropuerto, en un restaurante, cuando comenzó a sentir el movimiento. Al principio, la sacudida fue leve, pero rápidamente aumentó su intensidad y los objetos empezaron a caer.

“Estaba comiendo y de golpe siento que se empieza a mover la mesa, primero poquito, poquito, y de golpe se empieza a sacudir la mesa, se caen las cosas”, recordó.

La reacción de los pasajeros fue inmediata. Ante el movimiento de la estructura, varias personas comenzaron a correr en busca de refugio, sin saber con certeza qué estaba ocurriendo ni qué sectores podían ser más seguros.

“Todos reaccionamos un poco con pánico. Cada uno salió corriendo para algún lugar distinto”, contó.

Uno de los principales motivos de preocupación fue el estado del cielorraso. Según relató, algunas partes quedaron colgando y los pasajeros temían que se desprendieran sobre quienes todavía estaban dentro del edificio.

“El miedo era que se empiecen a desprender. De hecho, un par quedaron colgando, así que todos nos tratamos de refugiar para que no se nos caiga eso en la cabeza”, explicó.

Después de la primera sacudida, el movimiento se calmó, pero hubo nuevas réplicas. En ese contexto, el personal del aeropuerto comenzó a dar indicaciones para desalojar la planta alta. Primero, pidió a los pasajeros que bajaran a la planta baja y, más tarde, se ordenó la evacuación hacia la pista.

Ruyu también contó que su compañero había advertido sobre una parte de la estructura que había quedado suspendida. “Fue él el que le fue a avisar que había una de esas maderas colgando, que pongan un cono o algo para que nadie pase”, señaló.

Una chapa cayó a pocos metros de los pasajeros

Una vez fuera de la terminal, el argentino describió el movimiento de las mangas de embarque, las estructuras que conectan el edificio con los aviones. Según su testimonio, se balanceaban con fuerza durante el temblor.

“Eso se movía fuertísimo, se bamboleaba de un lado para el otro. Eso fue lo más shockeante, era ver cómo se movía eso”, afirmó.

Aunque desde el sector donde esperaba no observaba daños generalizados en la terminal nueva, mencionó las partes del cielorraso desprendidas y un vidrio que, según creía, también se había roto.

La preocupación aumentó durante la entrevista, cuando advirtió que otro elemento acababa de caer cerca de los pasajeros evacuados. “Se acaba de caer como una chapa de una torre de luz. Me cayó como a siete, ocho metros. No, menos, cinco metros”, dijo.

Ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, decidió alejarse de las estructuras y permanecer en un espacio abierto. Mientras muchos pasajeros buscaban refugiarse del calor bajo las zonas de sombra, Ruyu consideró más prudente mantenerse a distancia de los edificios y otros elementos.

“Me estoy yendo al lugar en medio de la pista. La verdad que todo el mundo se viene a la sombra porque hace mucho calor, pero creo que el mejor lugar es ahí”, explicó.

Sin certezas sobre la reanudación de los vuelos

A la evacuación se sumó la incertidumbre sobre la continuidad de los viajes. Ruyu aseguró que los aviones que debían aterrizar en Panamá estaban siendo desviados y que, en ese momento, no salían vuelos de la terminal.

“No hay aviones, están desviando todos los aviones que tenían que aterrizar acá, así que no está saliendo nadie”, sostuvo.

El pasajero pudo comunicarse con sus familiares para avisar que estaba a salvo, pero todavía no tenía información concreta sobre cuándo podría retomar el recorrido hacia la Argentina. La interrupción de las operaciones también comprometía las conexiones previstas para ese día. “Las conexiones no van a suceder hoy seguro”, anticipó.

Según contó, los pasajeros consultaban periódicamente al personal del aeropuerto, aunque todavía no recibían precisiones sobre los próximos pasos ni sobre cuándo se normalizaría la actividad.

“Cada tanto le preguntamos, pero lo cierto es que ellos tampoco tienen muy claro, me parece. Creo que están todos a la expectativa de información nueva”, relató.

Ante la falta de novedades, Ruyu comenzó a prepararse para pasar la noche en Panamá. Sin una confirmación sobre la reanudación de los vuelos, su regreso quedó supeditado a la información que recibieran durante las próximas horas.

“Yo ya me armé de paciencia. Ya me estoy haciendo la idea que voy a tener que pasar la noche por acá”, concluyó.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones aéreas este viernes y ordenó la evacuación preventiva de pasajeros tras el fuerte sismo que sacudió a Panamá. El cierre temporal de la terminal se activó como parte de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de emergencias.

El movimiento telúrico se registró pasado el mediodía del viernes 9 de octubre. Según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el sismo alcanzó una magnitud de 7,0 y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el evento con una magnitud de 7,6 y el epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con una profundidad de 33 kilómetros. Las discrepancias entre organismos son habituales en las primeras horas tras un sismo, cuando los datos aún se consideran preliminares.

Tocumen evacuó sus áreas administrativas y suspendió vuelos

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la administración aeroportuaria, las áreas administrativas de la terminal fueron evacuadas de inmediato. El personal del aeropuerto quedó encargado de orientar a los pasajeros durante el proceso de desalojo.

La gerencia aclaró que las operaciones aéreas se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad de las instalaciones y, en particular, del servicio de la torre de control. Por el momento no hay un plazo estimado para la reapertura.

El aeropuerto suspendió los vuelos como medida preventiva para inspeccionar la estructura de la terminal y confirmar que la torre de control opera con normalidad antes de autorizar despegues y aterrizajes.

El sismo se sintió con fuerza en la capital panameña

El movimiento telúrico se percibió con intensidad en la ciudad de Panamá y en distintas regiones del país. En la capital se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos.

Los primeros testimonios dieron cuenta de objetos que cayeron dentro de algunas viviendas durante la sacudida. Hasta el momento no existe un balance oficial sobre daños estructurales o personas afectadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población mantenerse alejada de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. El organismo también aconsejó verificar las condiciones de seguridad de viviendas y edificios antes de regresar a instalaciones evacuadas.

Activaron una alerta de tsunami para nueve países

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió un aviso ante la posibilidad de olas peligrosas en las costas de nueve países, según informó France 24, cadena francesa de noticias. La lista incluye a Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

El PTWC advirtió que las primeras olas podrían llegar a los sectores costeros del Pacífico durante las tres horas posteriores al terremoto. France 24 citó a Reuters, agencia británica de noticias, para precisar que el epicentro se localizó frente a la costa sur panameña.

Las autoridades de la región remarcaron que la alerta indica un riesgo posible y no la confirmación de que un tsunami haya tocado tierra en esos territorios. Los organismos de protección civil de los países mencionados quedaron a la espera de nuevas evaluaciones técnicas.

Las autoridades evalúan daños mientras continúa el operativo

La magnitud definitiva del sismo todavía debe contrastarse con las mediciones finales de los organismos especializados, dado que los reportes iniciales difieren entre sí. El Instituto de Geociencias panameño mantiene su reporte en estado preliminar.

El aeropuerto de Tocumen informó que mantendrá actualizados a los usuarios a través de sus canales oficiales sobre la evolución del cierre y la eventual reanudación de los vuelos. Las autoridades panameñas continúan la evaluación de daños en infraestructura crítica, entre ellos la propia terminal aérea, antes de autorizar el regreso a la normalidad operativa.

Un fuerte terremoto registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 se sintió en diferentes regiones de Costa Rica, donde habitantes describieron una sacudida inusualmente prolongada, con movimientos que variaron desde suaves oscilaciones hasta vibraciones fuertes.

El movimiento ocurrió a las 11:56 de la mañana, hora costarricense, cuando numerosas personas se encontraban en sus lugares de trabajo, viviendas y establecimientos comerciales.

Aunque el epicentro se localizó en territorio panameño, las ondas sísmicas alcanzaron distintas regiones del país y provocaron percepciones diferentes dependiendo de la ubicación de las personas.

Se recibieron reportes desde San José, Cartago, Puntarenas y Limón, así como de comunidades del interior del territorio nacional.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la duración percibida del movimiento. A diferencia de los temblores breves que se manifiestan mediante una sacudida repentina, numerosos testimonios coincidieron en describir un fenómeno que se mantuvo durante varios segundos.

En algunos lugares se experimentó como un movimiento suave y persistente, mientras que en otros provocó una sensación de mayor intensidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente sobre un terremoto de magnitud 8,0, aunque posteriormente revisó su estimación a 7,6, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, y una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 4 kilómetros.

¿En qué lugares de Costa Rica se sintió más fuerte?

Los reportes ciudadanos permiten establecer que la percepción del terremoto no fue uniforme en territorio costarricense.

En San José, algunas personas describieron un movimiento suave, pero prolongado. Sin embargo, otros habitantes del centro de la capital y del cantón de Tibás indicaron que la sacudida se sintió con fuerza.

También se reportó la percepción del movimiento en Cartago, Turrialba, San Ramón, Puriscal, Parrita y El Roble de Puntarenas, así como en localidades de Limón y Talamanca.

Mientras tanto, en Turrialba y Talamanca, otros habitantes calificaron el movimiento como fuerte.

La situación también generó comentarios en redes sociales, donde usuarios costarricenses compartieron sus experiencias.

¿Cuánto duró el temblor que se sintió en Costa Rica?

La duración fue una de las características más comentadas por las personas que experimentaron el movimiento.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una medición oficial que establezca cuántos segundos fue percibido el terremoto en territorio costarricense.

Los reportes ciudadanos coinciden en señalar que se trató de un movimiento prolongado, aunque la sensación temporal puede variar según la ubicación de cada persona, la intensidad de las ondas y las características del inmueble donde se encontraba.

Es importante distinguir entre el tiempo durante el cual se produce la ruptura de una falla geológica y el periodo durante el que las personas perciben las vibraciones.

Ambos intervalos no necesariamente son iguales.

Un terremoto libera energía que se propaga mediante diferentes tipos de ondas sísmicas. Algunas llegan primero a las estaciones de monitoreo y otras pueden continuar generando movimientos perceptibles durante un periodo mayor.

Además, las características del terreno y de las edificaciones pueden modificar la forma en que se experimenta el movimiento.

¿Por qué algunas personas sintieron un movimiento de balanceo?

Otra de las particularidades del terremoto fue la sensación de oscilación descrita en varios testimonios.

Este tipo de percepción suele relacionarse con el movimiento horizontal provocado por determinadas ondas sísmicas, capaces de generar desplazamientos de un lado hacia otro.

En edificios de varios pisos, especialmente aquellos con estructuras flexibles, estas oscilaciones pueden ser más perceptibles debido a la respuesta natural de la construcción frente a las ondas que atraviesan el terreno.

La sensación puede asemejarse a un balanceo, mientras que en otras edificaciones las vibraciones pueden experimentarse como sacudidas rápidas.

En los movimientos sísmicos se distinguen comúnmente dos formas de percepción: el movimiento oscilatorio, asociado con desplazamientos laterales, y el trepidatorio, relacionado con sacudidas predominantemente verticales.

No obstante, ambos componentes pueden presentarse simultáneamente durante un terremoto y su intensidad depende de factores geológicos y estructurales.

En el caso del evento de este viernes, los testimonios sobre balanceo son compatibles con una percepción oscilatoria.

La distancia respecto al epicentro también influye en la percepción, ya que las ondas sísmicas modifican sus características mientras se propagan a través de diferentes materiales.

¿Qué se sabe sobre posibles daños en Costa Rica?

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que no se reportan afectaciones luego del sismo reportado este viernes. Por su parte, la Cruz Roja Costarricense reportó caída de objetos menores en localidades como Laurel y Neily en la zona sur del país.

Las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma y a seguir las recomendaciones ante un evento sísmico como este.

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) confirmó este viernes 9 de octubre de 2026 que Costa Rica no enfrenta peligro de tsunami como consecuencia del fuerte terremoto registrado en Panamá, que fue percibido en territorio costarricense y generó preocupación por sus posibles efectos en las costas del Pacífico centroamericano.

La institución científica, adscrita a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), emitió un comunicado oficial después de analizar la información disponible sobre el movimiento sísmico, ocurrido a las 11:56 de la mañana, hora costarricense.

“Basándonos en la información disponible: NO HAY PELIGRO DE TSUNAMI PARA COSTA RICA por el sismo Mw 7.6 en Panamá, a las 11:56am hora de CR hoy 9 de octubre”, indicó el organismo mediante sus plataformas oficiales.

El pronunciamiento permitió aclarar la situación para las comunidades costeras después de que organismos internacionales emitieran evaluaciones de amenaza tras el movimiento de gran magnitud.

En su boletín informativo, SINAMOT reiteró que no existe amenaza de tsunami para el Pacífico de Costa Rica, por lo que el análisis técnico nacional no identificó condiciones que justificaran una advertencia de peligro por este fenómeno.

Fuerte terremoto se sintió en Costa Rica

El terremoto se originó en territorio panameño poco antes del mediodía y fue reportado como percibido en regiones de Costa Rica, principalmente en el sur del país.

La cercanía geográfica entre ambos territorios y la magnitud del fenómeno favorecieron que las ondas sísmicas pudieran propagarse a una distancia considerable del epicentro.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el movimiento a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, una localidad situada en la península de Azuero.

Según el catálogo revisado del organismo panameño, el terremoto alcanzó una magnitud de 7,2, con una profundidad aproximada de 4 kilómetros.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no reportó daños materiales o personas lesionadas en Costa Rica como consecuencia del terremoto.

¿Por qué se habló de una posible amenaza de tsunami?

La preocupación por la posibilidad de un tsunami surgió debido a la considerable magnitud del terremoto y a su localización en una región del Pacífico donde existen estructuras tectónicas capaces de producir movimientos sísmicos importantes.

Después de un terremoto de gran magnitud, los organismos internacionales especializados suelen realizar evaluaciones inmediatas para determinar si existe la posibilidad de desplazamientos significativos del agua del océano.

Estas evaluaciones consideran factores como la ubicación del epicentro, la profundidad del movimiento, el mecanismo de ruptura y las características del fondo marino.

En este caso, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una evaluación regional que incluyó diferentes países de Centroamérica y Sudamérica.

Entre los territorios contemplados en las estimaciones iniciales figuraban Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador y México.

Para Costa Rica, la conclusión de SINAMOT fue que el terremoto de este viernes no representa peligro de tsunami.

¿Qué significa la confirmación de SINAMOT para las costas costarricenses?

El boletín de la institución establece que no existe amenaza de tsunami asociada con este terremoto para el litoral Pacífico del país.

La confirmación resulta especialmente relevante para comunidades costeras de Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur, así como para las personas que desarrollan actividades turísticas, pesqueras y comerciales vinculadas con el océano.

También brinda información a los habitantes de destinos como Golfito, Puerto Jiménez, Quepos, Puntarenas y el Pacífico Norte, donde la vigilancia del comportamiento del mar constituye una parte importante de los protocolos de prevención.

Costa Rica registró otro sismo durante la mañana

El fuerte terremoto ocurrido en Panamá se produjo durante una jornada en la que también se registró actividad sísmica en el norte de Centroamérica.

Horas antes, a las 6:33 de la mañana, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR)había informado sobre un movimiento de magnitud 4,9, localizado a 26 kilómetros al oeste de Rivas, Nicaragua.

El temblor tuvo una profundidad aproximada de 160 kilómetros y fue reportado como sentido en Guanacaste y la Zona Norte de Costa Rica.

Según los especialistas de la Universidad de Costa Rica, su origen estuvo relacionado con la deformación interna de la placa del Coco durante el proceso de subducción bajo Centroamérica.

Aunque ambos movimientos ocurrieron durante el mismo viernes, no existe información científica que permita establecer una relación directa entre ellos.

La coincidencia temporal tampoco significa que se esté produciendo una secuencia sísmica regional de mayor magnitud.

Los especialistas recuerdan que Centroamérica se encuentra sobre una región tectónicamente activa, donde la interacción de diferentes placas puede generar movimientos frecuentes.

Autoridades recomiendan mantenerse informados

Pese a que SINAMOT descartó el peligro de tsunami para Costa Rica, las autoridades de prevención recuerdan la importancia de mantener medidas básicas de preparación ante terremotos y otros fenómenos naturales.

Entre las recomendaciones generales figuran identificar zonas seguras, conocer los planes de evacuación de las comunidades costeras y utilizar fuentes oficiales para confirmar cualquier cambio en las condiciones de riesgo.

Los especialistas también insisten en evitar la difusión de mensajes alarmistas o información no verificada, especialmente después de terremotos de gran magnitud.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impulsa la conciliación como una vía para resolver diferencias entre consumidores y comercios sin extender los conflictos hacia instancias más complejas.

Durante el periodo de enero a agosto de este año, la institución de protección al consumidor registró 1.332 conciliaciones entre clientes y agentes económicos.

Los acuerdos alcanzados involucraron un total de $12.539.194,52.

Estos resultados reflejan que muchas reclamaciones pueden resolverse cuando las empresas escuchan el planteamiento de sus clientes, revisan cada caso y ofrecen una respuesta dentro de sus posibilidades, según la entidad.

La conciliación permite que consumidores y comercios busquen un entendimiento para atender desacuerdos vinculados con compras, servicios u otras relaciones de consumo.

Cuando existe disposición de ambas partes, el proceso puede evitar mayores trámites, costos y demoras.

La institución señaló que una atención responsable también ayuda a preservar la confianza entre quienes venden un producto o servicio y quienes lo adquieren.

Alega que una respuesta oportuna puede impedir que un reclamo sencillo se transforme en una disputa prolongada.

Para la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la voluntad de diálogo por parte de los agentes económicos forma parte de la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

Sostiene que la resolución de un problema no depende únicamente de la intervención institucional, sino también de la actitud que adopte el comercio frente a la situación planteada.

La entidad recomendó a los consumidores conservar las facturas, los comprobantes de pago, los contratos, las garantías y otros documentos relacionados con sus adquisiciones.

Estos respaldos son necesarios para sustentar una reclamación y facilitar la intervención de la institución cuando sea requerida.

Voceros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia manifiestan que continuarán promoviendo relaciones de consumo en las que consumidores y agentes económicos conozcan sus derechos y obligaciones.

Atender un inconveniente cuando existe una solución posible constituye una forma de prevenir conflictos y proteger a ambas partes, aduce la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Durante las actividades que realiza se explica a los proveedores cuáles son sus principales responsabilidades frente a los consumidores, haciendo énfasis en aspectos como precios visibles, información clara y veraz, garantías, condiciones de venta y calidad de los productos ofrecidos.

Se indica que la educación y prevención forman parte de las acciones de protección al consumidor, por lo que continuará fortaleciendo el contacto directo con los agentes económicos en las diferentes provincias del país.

Asimismo, la entidad recuerda a los consumidores que tienen derecho a recibir información clara sobre los productos y servicios que adquieren y que, ante cualquier posible incumplimiento, pueden presentar sus denuncias o quejas a través de los canales oficiales.

A través de sus diferentes administraciones regionales, la institución mantiene de manera permanente las jornadas de orientación y educación dirigidas a los agentes económicos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y prevenir situaciones que puedan generar reclamos o denuncias.

Entre los temas abordados se destaca la necesidad de mantener los precios de los productos claramente visibles para los consumidores, revisar periódicamente las fechas de vencimiento, garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las balanzas, cumplir con las garantías ofrecidas y respetar las demás disposiciones establecidas en la legislación de protección al consumidor.

Como parte de estas acciones preventivas, verificadores de la entidad visitaron en la provincia de Coclé 50 locales comerciales, ubicados en El Copé (27) y Río Grande (23). Durante estas visitas se informó que se brindó orientación a los responsables de los establecimientos sobre aspectos fundamentales de sus obligaciones como proveedores.

Una nueva incautación de drogas en un puerto del Caribe panameño puso de manifiesto la utilización del país como punto de tránsito para cargamentos ilícitos destinados a Europa.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Ministerio Público decomisaron 46 paquetes de presuntas sustancias ilícitas ocultos en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, cuyo destino final era Amberes, Bélgica.

El hallazgo se produjo en una terminal portuaria de la provincia de Colón, durante una inspección realizada como parte de la Operación Escudo Protector.

El contenedor se encontraba en tránsito por Panamá cuando las autoridades detectaron los paquetes sospechosos. La mercancía tenía previsto continuar hacia el puerto belga, uno de los principales centros de distribución marítima de Europa.

La ruta identificada corresponde a uno de los corredores utilizados para trasladar drogas desde Sudamérica hacia los mercados europeos. Los puertos panameños reciben contenedores procedentes de Ecuador, Colombia y otros países, que posteriormente son movilizados mediante conexiones marítimas internacionales.

La magnitud del movimiento comercial facilita las operaciones logísticas, pero también plantea desafíos para detectar cargamentos contaminados por organizaciones criminales.

Bélgica constituye uno de los destinos relevantes del tráfico de cocaína hacia Europa, especialmente por la importancia comercial del puerto de Amberes. Desde allí, las mercancías pueden continuar hacia otros mercados europeos mediante redes de transporte terrestre.

Las autoridades panameñas mantienen controles sobre contenedores en tránsito, aunque en este caso todavía no se ha precisado el tipo de sustancia incautada ni su peso.

En otra operación desarrollada en el Pacífico, el Servicio Nacional Aeronaval decomisó 1,513 paquetes de presunta droga al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí.

La intervención, realizada conjuntamente con el Ministerio Público, permitió aprehender a tres tripulantes y asegurar una embarcación, como parte de las acciones destinadas a interceptar cargamentos transportados por vía marítima.

El Pacífico panameño representa otro corredor estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, debido a su conexión con las costas de Colombia y Ecuador. Las embarcaciones pueden desplazarse hacia Centroamérica utilizando rutas alejadas de los principales puertos comerciales.

Los cargamentos interceptados en estas aguas suelen estar relacionados con redes internacionales, aunque las autoridades no han confirmado el destino específico de la droga decomisada cerca de Punta Burica.

Mientras se desarrollaban estos operativos marítimos, un despliegue conjunto entre Panamá y Colombia permitió detectar a 13 ciudadanos colombianos en el sector de Loma Bandera, ubicado en el cordón fronterizo de Darién.

La intervención fue ejecutada por unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), como parte del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero.

Los agentes realizaban patrullajes de vigilancia y control en Los agentes realizaban patrullajes de vigilancia y control en territorio panameño cuando observaron al grupo y procedieron a darle la voz de alto.

Posteriormente, verificaron la identidad de los ciudadanos, presuntamente vinculados con actividades de minería ilegal, una práctica que puede constituir una fuente de financiamiento para organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Los 13 extranjeros quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación y las posibles responsabilidades correspondientes.

La operación contó con información de inteligencia proporcionada por el Ejército Nacional de Colombia, mediante su Séptima División, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.

Esta coordinación busca prevenir el ingreso de estructuras criminales y combatir actividades ilícitas en la frontera. La zona del Darién presenta dificultades de vigilancia debido a su extensión territorial, vegetación y limitada conectividad terrestre.

A estos procedimientos se suma el hallazgo de 22 paquetes rectangulares con presuntas drogas dentro de una caleta enterrada en el sector de Rialengo, en un área boscosa del corregimiento de Pedregal.

Durante la intervención también fue localizado un proveedor de arma de fuego, mientras que los indicios fueron remitidos a las instancias judiciales para continuar las investigaciones.

Las cuatro intervenciones reflejan la diversidad de modalidades utilizadas para movilizar y ocultar sustancias ilícitas en Panamá, desde contenedores comerciales y embarcaciones hasta escondites en áreas boscosas.

Los procedimientos dejaron 1,581 paquetes de presunta droga incautados, además de tres aprehendidos en el operativo marítimo y 13 ciudadanos colombianos puestos a disposición de las autoridades por el caso fronterizo.

Las investigaciones deberán establecer la composición y el peso de las sustancias decomisadas, así como los posibles vínculos entre los involucrados y organizaciones criminales.

Aunque los operativos se desarrollaron en distintos puntos del país, las autoridades no han informado que formen parte de una misma estructura delictiva ni han precisado el valor comercial de los cargamentos intervenidos.

La justicia panameña condenó a 12 personas a penas de entre cinco y 24 años de prisión por su participación en una organización criminal vinculada al Clan del Golfo, investigada mediante la Operación Fisher.

La sentencia, dictada por el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada, estableció responsabilidades por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, después de un proceso judicial que se extendió durante más de un año.

La pena más elevada, de 24 años de prisión, fue impuesta al identificado como líder de la organización, declarado responsable de ambos delitos. Otros dos integrantes recibieron condenas de 20 años cada uno, mientras que tres personas fueron sentenciadas a 13 años, también por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Las sanciones corresponden a la fase de individualización de penas posterior al fallo condenatorio anunciado en septiembre.

El tribunal también impuso una condena de 10 años de prisión a una persona por asociación ilícita para delinquir. Otras dos recibieron penas de seis años y tres fueron sentenciadas a cinco años, todas estas últimas por blanqueo de capitales.

En conjunto, las 12 condenas representan 140 años de prisión, aunque las penas deberán cumplirse individualmente y estarán sujetas a los recursos judiciales que correspondan.

La decisión incluye el comiso de bienes vinculados con las actividades criminales, entre ellos propiedades, fondos depositados en cuentas bancarias, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

Estas medidas buscan retirar del patrimonio de los condenados los recursos relacionados con los delitos investigados. El decomiso constituye una parte relevante del proceso, debido al volumen de dinero y activos identificados durante las investigaciones.

La sentencia llega después de que el tribunal comunicara el sentido condenatorio del fallo el 9 de septiembre de 2026, cuando se establecieron responsabilidades penales por los delitos investigados.

El juicio oral había comenzado el 23 de julio de 2025, con la participación de fiscales, defensores y procesados, algunos de los cuales intervinieron virtualmente. La audiencia permitió examinar las pruebas recopiladas desde el inicio de la investigación

El proceso judicial estuvo a cargo de un tribunal integrado por los jueces Anabel Varela Lara, Dieter Targanski Gómez y Baloisa Marquínez Morán. Durante el debate se analizaron las operaciones atribuidas a una estructura que presuntamente utilizaba empresas, propiedades y otros bienes para incorporar al circuito económico recursos procedentes del tráfico internacional de drogas.

La Operación Fisher fue ejecutada en diciembre de 2021, después de investigaciones desarrolladas por las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas. Su objetivo era desarticular una organización relacionada con el Clan del Golfo, grupo criminal originario de Colombia, que había establecido operaciones en las costas de la provincia de Colón para facilitar el movimiento de cargamentos hacia otros países.

Según las investigaciones, la organización recibía droga procedente de Colombia mediante embarcaciones que llegaban a sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.

Posteriormente, los cargamentos eran almacenados y trasladados por carretera en vehículos acondicionados con compartimentos ocultos. El destino final de las sustancias era Centroamérica y Estados Unidos, utilizando distintas rutas marítimas y terrestres.

Los investigadores determinaron que los vehículos contaban con estructuras de doble fondo, diseñadas para ocultar las sustancias durante su traslado. También se identificaron mecanismos de almacenamiento en cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.

Estas modalidades permitían movilizar cargamentos sin que fueran detectados fácilmente, mientras la organización coordinaba las operaciones logísticas y financieras.

Como resultado de las acciones desarrolladas, las autoridades incautaron 1.5 toneladas de drogas y $9,979,648.75 en efectivo. También identificaron bienes y otros activos relacionados con la investigación, entre ellos propiedades inmobiliarias, armas de fuego y 38 vehículos de alta gama. El valor de los activos vinculados al expediente fue estimado anteriormente en aproximadamente $20 millones.

El expediente también revela la magnitud de la investigación iniciada el 6 de febrero de 2020, cuando las autoridades identificaron una estructura integrada por panameños y extranjeros.

Durante las distintas etapas del proceso se llegó a imputar a 76 personas naturales, mientras que seis sociedades fueron señaladas como posibles empresas fachada para operaciones de blanqueo de capitales.

Antes de la celebración del juicio, el Ministerio Público consiguió numerosos acuerdos de pena con personas vinculadas a la investigación.

Estos procedimientos permitieron obtener condenas sin necesidad de llevar todos los casos a debate oral. La causa que llegó al tribunal especializado incluyó a 14 acusados, entre ellos dos sociedades jurídicas, sobre quienes se discutieron las responsabilidades correspondientes.

El alcance de Fisher también puede observarse dentro del contexto nacional del narcotráfico. Entre enero y agosto de 2026, Panamá registró la incautación de 69.5 toneladas de drogas, de las cuales 46.2 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana. Estas cifras reflejan la persistencia de las operaciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio panameño.

Durante ese período, Colón encabezó las incautaciones con 18.44 toneladas, equivalentes a aproximadamente el 26.5% del total nacional. Le siguieron Panamá Oeste, con 15.92 toneladas; Panamá, con 13.24 toneladas; y Chiriquí, con 12.91 toneladas. Estas cuatro provincias concentraron cerca del 87% de las drogas decomisadas, aunque los registros corresponden a operaciones distintas de Fisher.

El comportamiento mensual muestra que mayo registró la mayor cantidad de decomisos, con 12.49 toneladas, seguido de febrero, con 10.50 toneladas. En agosto se incautaron 9.46 toneladas, frente a las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025. El incremento interanual fue de aproximadamente 13.2%, según los datos preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

La resolución judicial de Fisher cierra una etapa importante de un expediente iniciado hace más de seis años, que permitió investigar tanto el traslado internacional de drogas como los mecanismos financieros utilizados por la organización.

Las condenas y los comisos ordenados constituyen los resultados más recientes de una causa compleja, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan presentar las partes.

La inauguración de un vivero para tortugas marinas en Playa Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste, amplió las acciones de resguardo de nidos en la costa panameña.

La instalación permitirá trasladar nidos que estén expuestos a amenazas hacia un lugar protegido, donde recibirán seguimiento durante la incubación.

El objetivo es ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de los huevos y elevar las posibilidades de supervivencia de las crías.

El nuevo vivero de Playa Veracruz protegerá nidos de tortugas marinas que enfrenten riesgos en la playa, como la acción de depredadores u otras condiciones que afecten su desarrollo.

El espacio fue creado por la Fundación Mi Voz para Tus Ojos y Tierra Náutica, con apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Esta iniciativa reúne a organizaciones, instituciones públicas, voluntarios y residentes para resguardar las zonas de anidación y acompañar el proceso hasta la liberación de los neonatos.

El proyecto, de acuerdo a lo que se explicó, surgió después de varios años de tareas desarrolladas mediante el Programa Ambiental Tortugas de la City, impulsado por la Fundación Mi Voz para Tus Ojos.

La iniciativa reúne actividades de investigación científica, educación ambiental, capacitación, patrullajes, rescate y reubicación de nidos. También contempla acciones de sensibilización destinadas a la comunidad.

Organizaciones ambientales, entidades estatales, los voluntarios y los residentes de la zona participaron en las labores de conservación en Playa Veracruz.

El trabajo busca proteger tanto a las tortugas como a los ecosistemas marino-costeros donde se reproducen.

“Conservar tortugas marinas no es una tarea que pueda hacer una sola persona o una sola institución”, destacó el subdirector de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Marino Ábrego.

El funcionario agregó que la continuidad de las tareas depende del acompañamiento de quienes trabajan en las playas, de las organizaciones y de las comunidades. Según indicó, esa articulación permite sostener las medidas de protección en cada temporada.

En paralelo a las acciones en Playa Veracruz, MiAmbiente liberó 127 neonatos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola.

El área protegida forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá. La liberación integró las actividades permanentes de protección de especies que utilizan las playas del país como sitios de anidación.

Durante la temporada reproductiva, el personal guardaparque vigila las áreas de reproducción, identifica los nidos y les da seguimiento hasta que ocurre la eclosión. Después, las crías son liberadas bajo medidas de manejo definidas para favorecer su llegada al mar.

Los técnicos evalúan los nidos que se encuentran en lugares expuestos a riesgos. Cuando la situación lo requiere, trasladan los huevos a viveros protegidos y mantienen el seguimiento durante toda la incubación.

Las liberaciones se realizan en las primeras horas del día una vez que nacen las crías. Esa medida busca facilitar su desplazamiento natural hacia el mar y reducir la exposición a posibles amenazas.

MiAmbiente sostuvo que la conservación de las tortugas marinas forma parte de los esfuerzos para proteger la biodiversidad, los sitios de reproducción y el manejo sostenible de los ecosistemas costeros.

Las jornadas de educación ambiental previstas en Playa Veracruz apuntan a promover una mayor participación ciudadana. Estas actividades buscan reforzar el cuidado de las playas que reciben a las tortugas durante sus ciclos reproductivos.

La entidad pidió a la población respetar las zonas de anidación, no manipular huevos ni neonatos y seguir las recomendaciones del personal guardaparque. El resguardo de estas especies contribuye al equilibrio de los ecosistemas marinos y a la protección del patrimonio natural de Panamá.

Panamá permaneció en el Nivel 2 en la evaluación anual de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoció un aumento de las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas durante 2025, aunque advirtió fallas persistentes en la identificación y protección de víctimas.

El informe sostiene que el Gobierno panameño no cumple por completo con los estándares mínimos para erradicar este delito, aunque realiza esfuerzos que el informe considera significativos. La mejora en la respuesta penal permitió que el país conservara su clasificación, tras una condena por trata sexual que puso fin a dos años sin sentencias bajo la legislación específica.

La evaluación también señala que las autoridades comenzaron a adecuar sus protocolos de detección y asistencia a las modificaciones aprobadas en diciembre de 2024. Esos cambios eliminaron el requisito de que hubiera traslado de una persona para configurar el delito de trata, lo que amplió el alcance de la norma frente a hechos de explotación dentro del país.

Investigaciones por trata: de 22 a 27 casos en 2025

Las autoridades panameñas investigaron 27 casos de trata en 2025, frente a los 22 registrados el año anterior. Dos expedientes estuvieron vinculados con trata sexual y otros 25 fueron clasificados como formas no especificadas de explotación. Además, se iniciaron procesos contra tres sospechosos y continuaron causas ya abiertas contra al menos 10 imputados.

El Poder Judicial condenó a un responsable de trata sexual a 12 años de prisión. En 2024 no se habían dictado condenas por este delito. El artículo 456 del Código Penal contempla penas de 15 a 20 años de prisión cuando la víctima es adulta y de 20 a 30 años si se trata de una menor de edad.

Pese a ese avance, el informe observa que algunos acusados de trata sexual fueron imputados por delitos distintos, con sanciones inferiores. También precisa que, aunque la reforma de 2024 habilitó la persecución de casos sin desplazamiento de las víctimas, Panamá no informó investigaciones por trata interna.

Durante el mismo período, las instituciones investigaron 262 casos bajo las normas de explotación sexual infantil. Cuatro fueron clasificados como trata sexual de menores. Hubo 25 acusaciones y 12 condenas por delitos de explotación sexual infantil, aunque el documento indica que no quedó establecido cuántos de esos expedientes encuadraban en la definición internacional de trata de personas.

El Gobierno tampoco informó investigaciones o condenas contra funcionarios públicos que hubieran podido colaborar con redes de explotación. Las autoridades participaron, según publicaciones de prensa citadas por el informe, en una operación coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra prófugos de alta prioridad, entre ellos presuntos traficantes.

Cuatro víctimas identificadas y confirmadas en 2025

La comisión contra la trata identificó y confirmó a cuatro víctimas durante 2025, mientras que otras 12 personas detectadas inicialmente en 2024 obtuvieron luego esa condición. Todas las víctimas confirmadas eran extranjeras.

Entre ellas había siete mujeres explotadas sexualmente; tres hombres y tres mujeres sometidos a trabajo forzoso; y tres mujeres afectadas por formas de trata no especificadas. Procedían de Venezuela, Colombia, China, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.

El modelo estatal prevé una identificación inicial por parte de agentes de primera línea y una posterior evaluación técnica de la comisión. Ese organismo puede otorgar primero un estatus preliminar y luego confirmar a la víctima. El informe advierte que el proceso puede demorar meses y que, en ciertos casos, las personas afectadas esperan aún más tiempo para recibir una definición oficial.

Las autoridades no identificaron a ninguna víctima panameña ni reconocieron formalmente como víctimas de trata a menores cuyos casos se investigaron por explotación sexual. La falta de presencia estatal en las comarcas indígenas también dificultó la detección de hechos en zonas remotas, donde las restricciones de acceso a la justicia y a servicios básicos aumentan la vulnerabilidad de la población.

Sin albergues especializados para víctimas de trata

El Gobierno ofreció servicios a todas las víctimas identificadas en 2025, aunque la mayoría los rechazó. Cinco mujeres explotadas sexualmente recibieron asistencia no especificada. El año anterior, 15 víctimas habían accedido a atención inmediata.

Los recursos disponibles incluyeron atención médica básica, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Algunas personas fueron derivadas a refugios administrados principalmente por organizaciones de la sociedad civil, mientras que otras recibieron alojamiento en hoteles. También hubo repatriaciones con financiamiento de esas organizaciones.

No obstante, Panamá no cuenta con refugios exclusivos para víctimas de trata y la capacidad general de alojamiento es limitada. Las víctimas de explotación laboral, los hombres y quienes viven o fueron explotados en áreas rurales enfrentaron mayores obstáculos para acceder a protección estatal.

La ley reformada en 2024 dispone que determinadas organizaciones civiles puedan obtener certificación para prestar servicios directos de corto plazo. El informe señala que el Gobierno panameño no detalló medidas para ampliar esas alianzas. El fondo especial para víctimas tenía un saldo de USD 10,000 en 2025.

Las víctimas extranjeras pueden obtener una visa humanitaria temporal desde la identificación preliminar. Tras la confirmación formal, pueden solicitar residencia temporal, prorrogable hasta seis años, y permiso de trabajo. Durante 2025, tres víctimas obtuvieron residencia y dos recibieron permisos laborales.

Un tribunal ordenó al condenado por trata sexual indemnizar a dos víctimas, aunque ninguna recibió el dinero durante el año. El documento también cuestiona que la identificación formal dependa de fiscales especializados dentro de causas penales, una situación que puede obligar en los hechos a las víctimas a participar de procesos judiciales para acceder a determinados servicios.

Migrantes, niños y comunidades indígenas, entre los grupos expuestos

El informe describe un escenario en el que traficantes explotan a nacionales y extranjeros en territorio panameño, además de captar a panameños para su explotación en otros países. Las mujeres extranjeras, en especial las procedentes de América del Sur y América Central, aparecen entre las principales víctimas de trata sexual identificadas.

Los niños enfrentan riesgos de trabajo forzoso en tareas domésticas y agrícolas, explotación sexual y actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Las mujeres indígenas de regiones rurales cercanas a la frontera también son vulnerables al trabajo forzoso y la explotación sexual.

Los migrantes venezolanos y nicaragüenses que cruzan el país rumbo a Estados Unidos o de regreso a América del Sur integran otro grupo expuesto. Hombres panameños y extranjeros han sido sometidos a trabajo forzoso en construcción, agricultura, minería, restaurantes y venta ambulante mediante deudas, engaños, restricciones de movimiento y otras formas de coerción.

La evaluación menciona además denuncias sobre ofertas fraudulentas dirigidas a mujeres panameñas de entre 18 y 22 años para programas de formación profesional vinculados a centros de producción de drones militares en Rusia. De acuerdo con publicaciones periodísticas citadas, los trabajadores de esos centros afrontaron vigilancia, condiciones riesgosas, cambios contractuales, incumplimientos salariales y cobros por reclutamiento.

Plan Nacional vigente sin informe de ejecución

El Gobierno mantuvo una comisión interinstitucional y el Plan de Acción Nacional 2022-2027. También desarrolló campañas de sensibilización junto con organismos internacionales y ONG.

No financió una línea telefónica específica para denuncias de trata, aunque operó la línea general de la Policía Nacional y aportó fondos a un portal administrado por una organización civil que recibe reportes anónimos sobre delitos. El informe afirma que las autoridades no realizaron acciones para reducir la demanda de servicios sexuales comerciales.

La norma actualizada obliga a la comisión nacional a presentar un informe anual sobre el avance del plan, una obligación que no se cumplió. El Gobierno reguló las agencias de empleo, aunque no informó sanciones contra empresas por reclutamiento fraudulento. Además, los permisos laborales para extranjeros continúan ligados a un empleador determinado, una condición que puede dificultar la salida de relaciones abusivas.

La planilla del sector público panameño superó la barrera de los 270 mil funcionarios en agosto de 2026, al alcanzar 270,301 trabajadores, según el informe de la Contraloría General de la República.

La cifra representa 17,263 empleados adicionales respecto a enero, cuando el Estado registraba 253,038 servidores, equivalente a un crecimiento de 6.8% durante los primeros ocho meses del año.

El incremento también se reflejó en las comparaciones mensual e interanual. Entre julio y agosto, la nómina estatal aumentó en 1,032 funcionarios, equivalente a 0.4%, mientras que frente a agosto de 2025, cuando había 264,774 trabajadores, el crecimiento fue de 5,527 personas, correspondiente a 2.1%.

La evolución de 2026 muestra un crecimiento durante los primeros meses, con 257,904 funcionarios en febrero, 263,627 en marzo y 265,164 en abril. La planilla alcanzó 269,185 empleados en mayo y 269,997 en junio, antes de retroceder a 269,269 en julio y establecer un nuevo máximo anual en agosto.

Del total de trabajadores contabilizados, 249,839 mantenían una condición permanente y 20,462 eran eventuales. El Gobierno Central concentraba 175,532 funcionarios, mientras el sector descentralizado reunía 94,769. Frente a agosto de 2025, los puestos permanentes aumentaron en 7,365, mientras los eventuales disminuyeron en 1,838.

El crecimiento de agosto estuvo concentrado principalmente en el Gobierno Central, que sumó 1,516 funcionarios respecto a julio, mientras el sector descentralizado registró una reducción de 484 trabajadores. Estas diferencias muestran que la expansión de la nómina pública no fue uniforme entre las instituciones que integran la administración estatal.

El Ministerio de Educación encabezó los aumentos de personal en agosto, con 656 funcionarios adicionales respecto a julio, hasta alcanzar 68,519 trabajadores. Desde enero, cuando contabilizaba 58,476 empleados, la institución incorporó un saldo neto de 10,043 personas, el mayor crecimiento absoluto registrado entre las entidades públicas.

La Asamblea Nacional ocupó la segunda posición, al pasar de 3,284 funcionarios en julio a 3,712 en agosto, un incremento de 428 trabajadores, equivalente a 13%. El movimiento ocurrió durante la presidencia de la diputada Shirley Castañeda, quien asumió la conducción del Legislativo en julio. Frente a enero, cuando tenía 3,144 empleados, el aumento acumulado alcanza 568 personas, equivalente a 18.1%.

En tercer lugar apareció el Ministerio de Gobierno, con 279 funcionarios adicionales en agosto, al elevar su nómina a 4,464 trabajadores. Desde enero, la institución acumula un aumento de 1,233 empleados. Le siguió el Ministerio de Salud, con 222 trabajadores más que en julio, hasta alcanzar 20,708 funcionarios, lo que representa 1,184 adicionales frente al inicio del año.

El Ministerio de la Presidencia ocupó la quinta posición, con un incremento de 119 funcionarios entre julio y agosto, hasta contabilizar 2,322 trabajadores. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sumó 67 empleados durante agosto, alcanzando 939 funcionarios, es decir, 151 más que al comenzar 2026.

La Caja de Seguro Social aumentó su nómina hasta alcanzar 35,187 trabajadores. El Órgano Judicial incorporó un saldo de 37 funcionarios respecto a julio, elevando su planilla a 7,614 personas, con un incremento de 330 trabajadores desde enero.

Las últimas dos posiciones entre las diez entidades con mayores aumentos correspondieron al Ministerio de Ambiente, que sumó 29 funcionarios en agosto, hasta alcanzar 1,774 trabajadores, y a la Lotería Nacional de Beneficencia, que incorporó 27, para llegar a 1,561. Desde enero, Ambiente acumula 367 empleados adicionales, mientras la Lotería registra un crecimiento neto de apenas diez personas.

El aumento de funcionarios estuvo acompañado por un crecimiento del gasto bruto mensual en salarios, que alcanzó $462.6 millones en agosto. La cifra supera en $1.9 millones la registrada en julio y representa un incremento de $11.9 millones frente a agosto de 2025, equivalente a 2.6%.

Durante los primeros ocho meses de 2026, el sueldo bruto acumulado ascendió a $3,603.7 millones, frente a $3,438.9 millones en igual período de 2025. La diferencia fue de $164.8 millones, equivalente a 4.8%, lo que evidencia una expansión del costo salarial de la administración pública durante el período analizado.

Del desembolso mensual de agosto, $438 millones correspondieron a funcionarios permanentes y $24.6 millones a eventuales. Por distribución institucional, el Gobierno Central representó $292 millones, mientras el sector descentralizado acumuló $170.6 millones, manteniendo la mayor concentración del gasto salarial en las entidades centrales.

El informe comprende 96 entidades públicas y excluye la Autoridad del Canal de Panamá y la mayoría de los municipios, entre otras categorías. Tampoco incorpora determinados pagos extraordinarios, por lo que las cifras corresponden al alcance específico de la planilla examinada y no representan la totalidad de las obligaciones laborales del Estado.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) impulsa conexiones empresariales para acercar a jóvenes, pymes y compañías mediante compromisos que podían continuar después del encuentro.

Un reciente encuentro reunió diálogo, intercambio profesional y una dinámica orientada a convertir contactos en reuniones, mentorías, pasantías, cotizaciones y alianzas.

Se planteó que abrir oportunidades también forma parte de la sostenibilidad.

La propuesta pretende vincular al sector empresarial con las pequeñas y medianas empresas y el talento joven, con una mirada que priorizó el aprendizaje y la colaboración.

El vicepresidente de la CCIAP, Ashok Nandwani, convocó a las empresas a incorporar la responsabilidad social empresarial en las decisiones cotidianas y no tratarla como un apartado separado de su actividad.

“La responsabilidad social empresarial tiene que estar intrínsecamente en nuestro ADN”, expresó Nandwani.

El directivo sostuvo que esa mirada debe reflejarse en el trato hacia los equipos, el desarrollo de capacidades y la creación de oportunidades para que otras personas crezcan.

Para el vicepresidente, la sostenibilidad no se limita a la dimensión ambiental. También abarca la construcción de organizaciones que puedan mantenerse en el tiempo, formar a su personal y producir efectos positivos mientras desarrollan sus negocios.

“A veces las grandes oportunidades comienzan con algo muchísimo más sencillo: una conversación”, señaló Nandwani. La Cámara busca promover más instancias de ese tipo entre sus miembros y la comunidad empresarial.

La actividad puso el foco en los jóvenes y las pymes como actores vinculados al futuro de la actividad empresarial.

La CCIAP plantea facilitar el contacto entre quienes buscan sus primeras experiencias laborales y las empresas que requieren perfiles y capacidades específicas.

Nandwani afirmó que la llegada de jóvenes a las compañías no debe interpretarse solo como una responsabilidad corporativa, y también supone una oportunidad para incorporar perspectivas diferentes y una relación distinta con la tecnología.

“El joven que llega a una empresa trae poca experiencia, sí, pero también llega con nuevas preguntas y con otra relación con la tecnología”, sostuvo.

Según el dirigente, esa mirada puede llevar a las organizaciones a revisar la forma en que realizan sus tareas.

La iniciativa se relaciona con los esfuerzos de la Cámara para impulsar pasantías, cuyo propósito es reducir la distancia entre la formación de los jóvenes y las necesidades que tienen las compañías.

La jornada contó con la participación de Karin Sempf, CEO y fundadora de Innova Nation; Nicole Loré, especialista en comunicaciones de Ciudad del Saber; y Luis Quiodettis, CEO de PupiloHubs.

Los especialistas abordaron las razones por las que el talento y las organizaciones no siempre consiguen encontrarse. También analizaron las expectativas de las nuevas generaciones y los desafíos de las primeras experiencias de trabajo.

El diálogo incluyó la incorporación de pasantes y el valor de las redes profesionales. Los panelistas coincidieron en que los contactos pueden superar el intercambio individual cuando se convierten en un entorno que impulse innovación, negocios y nuevas oportunidades.

La conversación planteó la necesidad de construir puentes entre la formación, el talento, las empresas y el emprendimiento. La meta fue promover ámbitos donde las relaciones profesionales deriven en acciones verificables.

Los asistentes usaron el Pasaporte de Conexiones como una herramienta para registrar sus intereses, aportes, contactos relevantes y la acción que seguiría a cada intercambio. El instrumento buscó que las conversaciones no quedaran limitadas al salón.

Entre las alternativas promovidas figuraron reuniones posteriores, presentaciones entre compañías, mentorías, cotizaciones, contactos comerciales, oportunidades de pasantías y acuerdos de colaboración.

En el cierre, el vicepresidente de la Cámara relacionó la consigna del encuentro con su experiencia dentro de una empresa familiar. Planteó el desafío de preservar aquello que permitió crecer a una organización sin dejar de adaptarse a nuevas necesidades.

El Órgano Judicial de Panamá trabaja en la implementación de un registro estadístico de agresores condenados por violencia contra las mujeres, una herramienta cuya creación está contemplada en la Ley 82 de 2013. Casi 13 años después de aprobarse esa legislación, la plataforma permanece en fase de revisión y ajustes, según informó la institución.

La iniciativa es coordinada por Ariadne Maribel García Angulo, magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. La Dirección de Modernización del Órgano Judicial tendrá la responsabilidad de administrar el sistema informático.

El proyecto responde al artículo 33 de la Ley 82, que ordena mantener un registro computarizado basado en condenas por hechos de violencia contra las mujeres. La disposición exige recopilar información sobre las víctimas y los agresores, las características de los casos, las medidas adoptadas y las sanciones impuestas.

Entre los datos que deben registrarse figuran la edad, el estado civil y la ocupación de las personas involucradas, así como el vínculo entre la víctima y el condenado. La legislación también dispone que los juzgados remitan anualmente la información correspondiente para alimentar esta herramienta.

El anuncio actual no constituye el primer avance conocido. En enero de 2026, el Órgano Judicial informó sobre una reunión para revisar el desarrollo de la plataforma. En aquella ocasión, García Angulo planteó incorporar información sobre el cumplimiento de las penas, las indemnizaciones a las víctimas y la duración de los procesos.

También se mencionó la posibilidad de incluir posteriormente información de agresores procesados en la jurisdicción penal de adolescentes. En ese momento, la institución señaló que el sistema debía someterse a aprobación del Pleno de la Corte Suprema, con miras a permitir su consulta pública.

Sin embargo, la comunicación más reciente no establece una fecha para su puesta en funcionamiento, ni precisa cuántas sentencias estarán incorporadas inicialmente. Tampoco detalla el alcance de las consultas ciudadanas o las condiciones de acceso a la información personal contenida en el registro.

La Ley 82 contempla además otras obligaciones institucionales. El Ministerio Público debe consultar el registro de agresores al evaluar medidas de protección, con el propósito de valorar el riesgo que enfrenta una víctima. La normativa también asigna a la Policía Nacional responsabilidades relacionadas con registros y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

Otro registro aprobado desde 2021

Panamá cuenta, además, con una legislación específica para el registro de ofensores sexuales, distinta de la herramienta que desarrolla el Órgano Judicial. La Ley 244 de 2021 creó ese sistema, mientras que la Ley 501 del 24 de noviembre de 2025 autorizó su consulta pública.

El registro de ofensores sexuales corresponde a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y comprende información sobre personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores y trata de personas con fines de explotación sexual.

Aunque la apertura al público fue aprobada en 2025, su implementación todavía atravesaba una etapa técnica en septiembre de 2026. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó entonces que la plataforma ya funcionaba internamente, pero la DIJ continuaba incorporando y validando los registros.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, ha explicado que la consulta ciudadana se habilitaría mediante Panamá Conecta. También anunció la posibilidad de emitir certificados de no ofensor sexual, que podrían ser solicitados por empleadores, y estimó que el servicio estaría disponible antes de finalizar 2026.

Así, Panamá desarrolla dos herramientas diferentes para documentar antecedentes de violencia. Una responde a la legislación de protección de las mujeres y permanece bajo revisión judicial; la otra, centrada en delitos sexuales, ya tiene una plataforma interna y espera completar los procedimientos para abrir su consulta pública.

El Cuerpo de Bomberos mantendrá las certificaciones eléctricas, pruebas de hermeticidad e informes de inspección., aunque busca que organismos de inspección acreditados colaboren en las revisiones de seguridad de los edificios.

La iniciativa no transfiere la facultad de emitir los avales finales, según aclaró el director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Raúl Álvarez.

Los bomberos, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), desempeñan un papel crucial de verificación, certificación y prevención, aunque no siempre de ejecución directa de las pruebas ni de las obras técnicas.

En los últimos años, este sistema se ha visto tensionado por factores económicos, por la complejidad técnica de las instalaciones verticales y por la persistencia de intervenciones informales, lo que explica tanto la insistencia institucional en campañas de prevención como el aumento del escrutinio mediático ante varios casos sucedidos.

La ciudad de Panamá ha experimentado en las últimas décadas un proceso acelerado de verticalización, con un aumento significativo de propiedades horizontales de varios pisos que combinan uso residencial, comercial y en algunos casos institucional.

Este crecimiento en altura y densidad incrementa la complejidad de los sistemas de servicios básicos, como gas y electricidad, que ya no se limitan a instalaciones unifamiliares simples, sino que se articulan en redes compartidas que atraviesan múltiples apartamentos, locales y áreas comunes.

En edificios de este tipo, una fuga de gas o una falla eléctrica deja de ser un problema aislado para convertirse en un riesgo potencial sistémico, capaz de afectar a decenas de unidades, comprometer la estructura del inmueble y generar emergencias que requieren la intervención coordinada de bomberos, empresas proveedoras de servicios y autoridades judiciales

El viceministro de Gobierno y presidente del Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Juan Francisco Borrell, presentó la propuesta ante representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

La medida tiene como objetivo acelerar los trámites vinculados con las condiciones de seguridad, sin modificar el control que ejerce la institución sobre los resultados.

Quienes se incorporen al esquema tendrán tres tareas. La primera será revisar los sistemas de seguridad de las edificaciones nuevas.

La segunda consistirá en inspeccionar o certificar inmuebles que ya cuenten con permisos de ocupación, para verificar que cumplan las normas vigentes. La tercera abarcará la recertificación de los sistemas de seguridad de los edificios.

Borrell sostuvo que la propuesta responde a una necesidad identificada por las autoridades y busca reforzar la seguridad.

También consideró que el mecanismo puede beneficiar a la industria de la construcción y a quienes desarrollan actividades comerciales.

“Va a permitir que se haga más rápido las inspecciones y se entreguen los permisos de ocupación”, afirmó el viceministro.

Álvarez remarcó que los organismos acreditados no sustituirán el trabajo institucional de los bomberos. “No estamos delegando nuestra responsabilidad o el derecho a emitir las certificaciones”, señaló.

El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá añadió que la entidad conservará la potestad de confirmar que las revisiones efectuadas por las empresas sean correctas antes de emitir una certificación.

Las pruebas de hermeticidad en sistemas de gas y las inspecciones eléctricas en edificios de la ciudad de Panamá se han convertido en ejes centrales del debate público sobre seguridad urbana, particularmente después de explosiones y otros incidentes que han dejado víctimas y cuantiosas pérdidas materiales.

La presidenta de la CAPAC, Irene Orillac de Simeone, consideró que el documento puede generar confianza y dinamizar la actividad constructora.

“Sigamos construyendo y no poniendo obstáculos. Podemos agilizar, modernizar y simplificar, pero no perder de vista la seguridad”, expresó Orillac de Simeone.

Un representante de la industria del gas también respaldó la propuesta. Según manifestó, el documento constituye un avance porque las inspecciones pueden ofrecer mayores condiciones de seguridad para la población. La SPIA, por su parte, revisará el proyecto para formular aportes y observaciones.

Los Yankees de Nueva York, con el panameño José Caballero como titular, quedaron eliminados de la postemporada tras perder 4-3 ante los Rays de Tampa Bay en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. La derrota en el Yankee Stadium selló la barrida 3-0 del conjunto de Florida y puso fin a las aspiraciones de campeonato de la franquicia del Bronx.

La eliminación extendió la espera de Nueva York por una Serie Mundial, torneo que no conquista desde 2009. El equipo había llegado a la Serie Divisional luego de superar a los Medias Rojas de Boston en la ronda de Comodines, pero su ofensiva dejó corredores en posición anotadora en momentos decisivos durante los tres partidos ante Tampa Bay.

Caballero ocupó el noveno puesto de la alineación y no conectó imparables en dos turnos al bate. El jugador de Las Tablas se ponchó sin tirarle en la cuarta entrada frente al abridor Nicholas Martínez.

El panameño defendió la tercera base hasta la séptima entrada. En la parte baja de ese episodio, los Yankees lo reemplazaron ofensivamente por el bateador zurdo Jazz Chisholm Jr., en busca de mayor poder.

La interferencia que anuló el empate neoyorquino

El momento decisivo llegó en la sexta entrada, cuando Tampa Bay ganaba 4-2. Anthony Volpe conectó una pelota de 109 metros (357 pies) hacia el jardín izquierdo, en el límite entre el terreno y las gradas, y un aficionado la atrapó por encima del muro.

La jugada fue celebrada inicialmente como un cuadrangular que igualaba el marcador. Sin embargo, los Rays protestaron y la revisión de los árbitros determinó que el espectador había extendido las manos sobre el campo de juego, por lo que se declaró interferencia y se anuló el vuelacercas.

George Lombard Jr. pudo anotar para reducir la diferencia a 4-3, pero Volpe debió permanecer en segunda base. Los Yankees no lograron empatar el encuentro y Tampa Bay completó la barrida.

Los 14 cuadrangulares de Caballero en la campaña

La eliminación cerró la cuarta temporada de Caballero en el béisbol estadounidense. Durante la fase regular conectó 14 cuadrangulares, su cifra más alta en las Grandes Ligas desde que llegó a la organización neoyorquina en julio de 2025, mediante un traspaso desde los Rays.

El movimiento convirtió al pelotero santeño en el primer panameño en vestir el uniforme de los Yankees desde el retiro del lanzador Mariano Rivera en 2013. En su recorrido también sobresale el liderato de bases robadas de la Liga Americana que alcanzó durante la campaña de 2024.

La jornada dejó fuera de competencia a otros dos equipos. Los Angeles Dodgers eliminaron a los Atlanta Braves en cuatro partidos, mientras que los Milwaukee Brewers superaron a los San Diego Padres también en cuatro juegos.

Aaron Judge no participó en la postemporada por un tirón en la pantorrilla derecha, mientras que Giancarlo Stanton se fue de 2-0 como emergente contra los Rays y recibió dos ponches. El manager Aaron Boone admitió que el equipo debe ser más completo en ofensiva, defensa y pitcheo.

“El final es terrible”, dijo Boone. “En este momento del año, un solo equipo va a ir a casa contento”. También señaló: “Al fin y al cabo, no hicimos los swings de lugar en esta serie para avanzar. Al final, no fue suficiente”.

Panamá reportó nueve casos confirmados de COVID-19 durante la semana epidemiológica 38 de 2026.

El registro elevó a 1.023 el acumulado de contagios notificados en el país desde el inicio del año.

Pablo González, jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), informó que la positividad bajó al 1,7%, un resultado inferior al de la semana previa. La reducción coincidió con un escenario de circulación viral limitada.

La situación actual del COVID-19 en Panamá muestra una transmisión baja, con nueve nuevos diagnósticos en la semana epidemiológica 38 y ocho pacientes hospitalizados.

Seis personas permanecen en sala y dos reciben atención en unidades de cuidados intensivos, mientras el Minsa sostiene que el aislamiento de casos positivos y la vacunación ayudaron a reducir los contagios.

El sistema de salud mantiene bajo vigilancia a ocho personas internadas por la enfermedad. De ese total, seis están en salas regulares y dos se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

González atribuyó el descenso de la circulación del virus a las estrategias aplicadas desde el inicio de la emergencia sanitaria. Entre ellas mencionó el aislamiento de las personas con diagnóstico positivo y la vacunación.

El epidemiólogo sostuvo que las prácticas de prevención adoptadas durante la pandemia también pueden limitar la propagación de otras infecciones respiratorias y gastrointestinales.

La recomendación del Minsa incluye el lavado frecuente de manos con agua y jabón. La entidad también aconseja usar mascarilla ante síntomas respiratorios o cuando las condiciones lo requieran, evitar las aglomeraciones y acudir a un centro de salud frente a signos de alarma.

El funcionario señaló que Panamá suscribió hace dos años el Tratado de Prevención, Preparación y Respuesta ante Futuras Pandemias que se encuentra en evaluación para atender las carencias que quedaron expuestas durante la crisis sanitaria.

El especialista explicó que la revisión busca reducir las brechas vinculadas al acceso a medicamentos, vacunas e insumos.

Según el jefe nacional de Epidemiología, esas dificultades afectaron en mayor medida a los países con menores posibilidades para responder ante una pandemia. El análisis también incluye las herramientas de bioseguridad que ayudaron a disminuir la transmisión de varias enfermedades.

Las medidas preventivas adquirieron relevancia durante los períodos de mayor incidencia. La experiencia dejó protocolos de vigilancia, diagnóstico y contención que continúan como parte de la respuesta sanitaria.

La trayectoria oficial del COVID-19 en Panamá comenzó el 9 de marzo de 2020, cuando las autoridades confirmaron el primer caso en una mujer panameña de 40 años que había llegado desde España.

El país atravesó varias olas entre 2020 y 2021, período durante el cual aumentaron tanto los contagios como las muertes asociadas a la enfermedad.

Los registros oficiales del Minsa y del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que el impacto sobre la mortalidad se concentró en esos dos años. El total de defunciones por todas las causas creció de manera marcada frente a 2019.

Solo en 2021 se atribuyeron directamente al COVID-19 al menos 3.510 fallecimientos, cifra que reflejó la presión que la enfermedad ejerció sobre el sistema sanitario en la etapa inicial de la pandemia.

El Estado aplicó desde el primer diagnóstico medidas para contener la transmisión. El aislamiento de los casos positivos y la vacunación formaron parte de esas acciones, junto con otras disposiciones de prevención.

Para 2022 y los primeros meses de 2023, el acumulado de casos confirmados superó el millón. Las defunciones reconocidas oficialmente se ubicaron entonces cerca de 8.600.

La evolución posterior mostró una disminución de la carga de la enfermedad. Los informes epidemiológicos recientes describieron varios miles de diagnósticos anuales y menos de un centenar de muertes por COVID-19 durante 2025.

Hasta el momento, Panamá no registra defunciones por esta causa. El comportamiento actual contrasta con las olas de los primeros años de la emergencia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) acompañaron la respuesta panameña desde el inicio. Los organismos brindaron lineamientos técnicos y apoyo para los protocolos de vigilancia, diagnóstico y contención.

Las provincias de Panamá y Panamá Oeste registraron una reducción conjunta de 20,339 personas ocupadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, pese a que ambas experimentaron una disminución en sus tasas de desempleo.

Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral muestran diferencias importantes entre los dos territorios, que concentran buena parte de la actividad económica del país.

En conjunto, la población ocupada pasó de 1,133,883 a 1,113,544 personas, mientras la cantidad de desocupados disminuyó de 150,150 a 118,744. La tasa de desempleo bajó de 11.7% a 9.6%, aunque esta mejora coincidió con una reducción de la población económicamente activa, que pasó de 1,284,033 a 1,232,288 personas.

La provincia de Panamá presentó la mayor reducción en términos absolutos, con 33,312 ocupados menos durante el período analizado. La cifra pasó de 801,874 a 768,562 trabajadores, mientras el desempleo descendió de 11.2% a 9.4%, según los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

En contraste, Panamá Oeste mostró un incremento de 12,973 personas ocupadas, al pasar de 332,009 a 344,982 trabajadores. La provincia también consiguió reducir su tasa de desempleo de 12.9% a 10.2%, aunque permanece por encima del indicador correspondiente a la provincia de Panamá.

Las cifras reflejan que la disminución del desempleo no necesariamente significa que se hayan creado más puestos de trabajo. En la provincia de Panamá, la población económicamente activa se redujo en 54,500 personas, mientras la cantidad de desocupados disminuyó en 21,188, una combinación que explica parte de la evolución del indicador.

La situación de las mujeres constituye otro de los principales desafíos del mercado laboral. En agosto de 2026, la tasa de desempleo femenino alcanzó 11.4% en Panamá, frente al 7.7% masculino. En Panamá Oeste, la diferencia también fue considerable, con tasas de 12.3% para las mujeres y 8.5% para los hombres.

La provincia de Panamá registró 44,101 mujeres desocupadas, frente a 35,558 hombres. En Panamá Oeste, las cifras fueron de 20,946 mujeres y 18,139 hombres. Estas diferencias muestran que la reducción general del desempleo no ha eliminado las brechas de género en el acceso a las oportunidades laborales.

En las áreas urbanas de ambas provincias, la población ocupada disminuyó de 1,044,549 a 1,019,710 personas, una reducción de 24,839 trabajadores. Sin embargo, en las zonas rurales el empleo aumentó en 4,500 personas, al pasar de 89,334 a 93,834 ocupados durante el mismo período.

En Panamá Oeste, el comportamiento rural fue particularmente favorable, con un aumento de 10,520 trabajadores ocupados, mientras las áreas urbanas incorporaron 2,453 personas. En cambio, la provincia de Panamá perdió 27,292 empleos urbanos y 6,020 rurales, según los datos oficiales.

El panorama provincial contrasta con la evolución general del mercado laboral panameño, que registró 77,231 ocupados adicionales y una reducción del desempleo nacional a 8.5%. Sin embargo, el subempleo por insuficiencia de ingresos prácticamente se duplicó, al pasar de 213,370 a 413,155 trabajadores.

Este último indicador comprende a personas que trabajan 40 horas o más por semana, pero reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo correspondiente. Su participación dentro de la población ocupada aumentó de 10.8% a 20.2%, lo que evidencia dificultades que van más allá de conseguir una ocupación.

Los resultados muestran que Panamá Oeste consiguió ampliar su población ocupada, mientras la provincia de Panamá experimentó una contracción del empleo. Aunque ambas redujeron sus tasas de desocupación, las diferencias territoriales, las brechas de género y el deterioro de los ingresos laborales mantienen importantes desafíos para el mercado de trabajo.

Los bancos de Panamá deberán verificar la identidad del destinatario antes de ejecutar transferencias electrónicas y mostrar a sus clientes información más detallada sobre los créditos que contraten.

Las nuevas obligaciones están contenidas en dos acuerdos aprobados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que establecen cambios en las operaciones digitales y en la transparencia de los préstamos.

El Acuerdo 8-2026, del 22 de septiembre, dispone que las entidades bancarias comprueben que el nombre del beneficiario coincida con los datos registrados en la cuenta receptora.

La medida busca reducir las transferencias enviadas por equivocación o mediante engaños, antes de que el dinero llegue a un destinatario distinto del previsto.

En términos prácticos, cuando una persona intente transferir dinero desde su aplicación bancaria, el sistema deberá confirmar que la cuenta receptora esté habilitada y mostrar quién es su titular. Esta verificación será gratuita y deberá realizarse antes de que el usuario autorice definitivamente el envío de los fondos.

La obligación también comprende transferencias realizadas mediante números de celular, correos electrónicos, nombres de usuario u otros identificadores utilizados por las plataformas bancarias.

Los controles deberán funcionar tanto entre cuentas de una misma institución como entre bancos diferentes, siempre que ambas entidades estén establecidas en territorio panameño.

Antes de confirmar una operación, el cliente deberá visualizar el nombre del banco receptor, el número de cuenta o identificador utilizado, el titular y el monto. Esta información tendrá que presentarse de manera clara y comprensible, para que la persona pueda comprobar a quién está enviando su dinero.

Si el nombre indicado no coincide con la información bancaria, la entidad deberá mostrar una advertencia visible sobre el riesgo de enviar fondos a otra persona. Sin embargo, la regulación no establece una prohibición automática: el cliente podrá decidir si continúa o cancela la transferencia, después de recibir la alerta.

La norma también exige que los bancos conserven registros de las verificaciones, advertencias y autorizaciones efectuadas durante cada operación. Los datos personales consultados solo podrán utilizarse para verificar, ejecutar y auditar las transferencias. Su aplicación comenzará nueve meses después de la promulgación del acuerdo, no inmediatamente.

Estas disposiciones alcanzarán a los bancos oficiales y de licencia general que ofrezcan servicios electrónicos, incluidos banca móvil, banca por internet y monederos digitales. La SBP busca reforzar los controles existentes, aunque la confirmación de los datos no elimina todos los riesgos de fraude.

El segundo cambio corresponde al Acuerdo 9-2026, que modifica la fecha de entrada en vigor de otra regulación bancaria aprobada en julio. Las disposiciones del Acuerdo 6-2026 comenzarán a regir el 31 de marzo de 2027, para permitir que las instituciones adapten sus sistemas y procedimientos.

La modificación también incorpora un modelo de tabla de amortización para explicar cuánto cuesta realmente un préstamo. Este documento permitirá identificar el capital recibido, los intereses aplicables, la cantidad de cuotas y los pagos adicionales, de manera que el cliente pueda conocer cómo se distribuye su deuda.

Por ejemplo, el modelo ilustrativo utiliza un préstamo de $148,500, con plazo de 30 años y 360 cuotas mensuales. Cada pago sería de $843.17 y el desembolso total alcanzaría $303,540. Esto significa que la diferencia entre el capital recibido y el total pagado sería de $155,040.

La tabla también contempla la tasa de interés nominal, la efectiva y la forma de calcular los intereses, además de seguros, comisiones y cargos recurrentes cuando correspondan. Asimismo, deberá indicar cuánto se destina al capital y cómo disminuye el saldo pendiente después de cada pago.

En los préstamos hipotecarios, el documento establece criterios para reflejar determinadas comisiones de renovación cuando sean aplicables. También incluye espacios para el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), cuando corresponda, y otros cargos pactados, con el propósito de evitar que el cliente desconozca componentes relevantes del financiamiento.

El ejemplo incluido por la Superintendencia no fija tasas de interés ni cuotas obligatorias para todos los bancos, sino que sirve de referencia sobre la información mínima que deben presentar. Con ambos acuerdos, los usuarios tendrán más elementos para revisar sus transferencias y comprender las condiciones económicas de sus préstamos.

La Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron 11,886 artículos médicos de marcas presuntamente falsificadas durante un allanamiento en una bodega del corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá.

La diligencia, denominada Operación Estampa, permitió localizar vendas, gasas y otros materiales almacenados para su distribución y comercialización, según informaron las autoridades.

Los productos fueron encontrados en exhibición y dentro de varias cajas, como parte de una investigación por posibles delitos contra la propiedad intelectual relacionados con derechos marcarios. Los artículos serán sometidos a peritajes para determinar su autenticidad, por lo que la incautación todavía no constituye una confirmación definitiva de falsificación.

El hallazgo introduce una preocupación adicional frente a la falsificación de ropa o accesorios: los materiales utilizados en la atención de pacientes requieren condiciones de calidad y seguridad.

En el caso de vendas y gasas, su procedencia y características deben verificarse para determinar si cumplen las especificaciones correspondientes. Las autoridades no han informado que estos artículos hayan causado daños a pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los productos médicos falsificados representan un problema de salud pública internacional, especialmente cuando ingresan a cadenas de suministro sin controles adecuados.

El organismo distingue entre mercancías deliberadamente falsificadas y productos de calidad subestándar, una diferencia importante porque la imitación de una marca no demuestra, por sí sola, un defecto sanitario.

Según las estimaciones de la OMS, al menos uno de cada diez medicamentos en países de ingresos bajos y medianos es de calidad subestándar o está falsificado. La organización calcula que estos mercados destinan alrededor de $30,500 millones anuales a productos de esas características.

La falsificación y distribución irregular de productos sanitarios también tiene antecedentes en Panamá. Durante la operación internacional Pangea XV, desarrollada en 2022, las autoridades panameñas incautaron 275,075 unidades de medicamentos sin registro sanitario, valoradas en $222,195.

Entre los productos detectados figuraban sildenafil, ampicilina y amoxicilina, tras 50 acciones de verificación en establecimientos, contenedores y plataformas digitales.

Más recientemente, el Ministerio de Salud informó que durante 2025 decomisó 25,000 kilogramos de productos falsificados. La institución reforzó en septiembre de 2026 su campaña de prevención, advirtiendo que los medicamentos adulterados pueden contener componentes incorrectos o peligrosos.

El teniente Mario Rumbo informó que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha desarrollado 18 operaciones vinculadas con delitos contra la propiedad intelectual durante 2026. Entre las mercancías decomisadas figuran cigarrillos de contrabando, artículos de marcas imitadas, insumos médicos y repuestos automotrices. El valor conjunto de las incautaciones supera el millón de dólares, según el balance policial.

En enero de 2026, una mujer extranjera fue condenada a 60 meses de prisión por un delito contra la propiedad intelectual, después de un allanamiento en Betania. Durante la diligencia se decomisaron unas 9,000 piezas de mercancía falsificada, valoradas en aproximadamente $95,000, además de dinero en efectivo y equipos informáticos.

El Ministerio Público también informó que en mayo de 2026 fueron destruidos más de 4,000 bultos de calzado deportivo falsificado en Panamá y Colón. Los artículos procedían de decomisos realizados en noviembre y diciembre de 2025, mientras la destrucción fue autorizada judicialmente para impedir su comercialización.

Los antecedentes incluyen un decomiso de mercancía falsificada valorada en aproximadamente $5 millones en la Zona Libre de Colón durante mayo de 2025. En aquella operación fueron intervenidos una tienda y una bodega, donde se localizaron zapatillas, chancletas y miles de bultos. El caso evidenció la dimensión comercial de estas actividades.

En Panamá, la falsificación y comercialización de productos con marcas protegidas puede castigarse con prisión de cuatro a seis años, conforme a las disposiciones del Código Penal sobre propiedad industrial.

La aplicación de la sanción depende de la conducta acreditada y las circunstancias del caso. Las investigaciones sobre insumos médicos también requieren establecer su autenticidad y condiciones sanitarias, antes de determinar posibles responsabilidades.

El nuevo decomiso en Juan Díaz se suma así a una serie de investigaciones sobre mercancías que utilizan marcas presuntamente imitadas, con productos que abarcan desde calzado hasta materiales de uso clínico. La identificación de su origen, proveedores y canales de distribución será fundamental para establecer el alcance de la operación y determinar si existen otras personas involucradas.

Una mujer salvadoreña murió atropellada por un taxi en la vía principal de Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La víctima, de generales hasta el momento desconocidas, caminaba por el área de seguridad de la carretera cuando el vehículo la arrolló.

El conductor permaneció en el lugar hasta la llegada del personal del Ministerio Público y de las unidades de tránsito de la Policía Nacional.

El caso se produjo en una provincia que ya acumula 46 víctimas fatales por accidentes de tránsito en 2026, según los datos disponibles para este año.

La muerte de la mujer se suma a una serie de siniestros que mantienen bajo atención a la provincia de Panamá Oeste, mientras que las autoridades investigan las circunstancias del atropello y las posibles responsabilidades del conductor.

Los registros del Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional muestran que Panamá Oeste contabilizó 7.937 accidentes viales durante 2024.

En 2025, la cifra ascendió a 8.011 casos, con un aumento de 74 sucesos frente al período anterior.

La cantidad de fallecidos también subió, toda vez que la provincia reportó 61 muertes por siniestros viales en 2024 y 63 durante 2025.

Ese resultado ubicó a Panamá Oeste entre las provincias con más decesos por accidentes de tránsito en el país durante el último año.

Por su parte, las cifras preliminares a nivel nacional de 2025 registraron 52.812 accidentes. El total representó un incremento de 8,0% respecto de 2024, con 3.925 hechos adicionales.

Durante ese mismo año se produjeron 360 fallecimientos por accidentes viales, con un promedio de 30 defunciones mensuales.

Los meses con mayor cantidad de accidentes en 2025 fueron diciembre, con 5.050 casos; octubre, con 5.027, y agosto, con 4.806.

La provincia de Panamá encabezó el número de muertes, con 93 casos. Le siguieron Chiriquí, con 65; Panamá Oeste, con 63; Colón, con 33; Veraguas, con 32, y Coclé, con 29. Las demás provincias y comarcas informaron menos de 13 muertes cada una durante 2025.

Panamá atraviesa un período de alta siniestralidad vial durante 2026. Los datos de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional señalan que el país superó los 16.000 accidentes en los primeros seis meses del año, con más de 4.000 personas lesionadas y 172 víctimas fatales.

Los reportes indican que las unidades atienden entre 65 y 75 accidentes por día en todo el territorio nacional. La frecuencia de los hechos mantiene la alerta de las autoridades sobre las conductas de riesgo al volante.

Las cifras del primer semestre de 2026 reflejan una mortalidad similar a la registrada en igual período de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censo contabilizó 24.200 accidentes y 171 fallecidos.

La diferencia entre ambos períodos fue de una víctima fatal. El dato expone que la mortalidad vial se mantiene sin una reducción apreciable, mientras continúan los llamados a reforzar la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito.

El factor humano aparece entre los elementos presentes en la mayor parte de los casos investigados. El exceso de velocidad, las distracciones, la falta de respeto a las señales, los adelantamientos peligrosos y la conducción temeraria figuran entre las infracciones más frecuentes.

La conducción bajo los efectos del alcohol también preocupa a las autoridades. Las unidades de control detectaron a conductores con niveles de alcohol que les impedían mantenerse de pie durante las fiscalizaciones.

Las investigaciones cuentan con el respaldo de cámaras de videovigilancia y grabaciones realizadas por ciudadanos con teléfonos celulares. Ese material permite reconstruir la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

El sector de Costa Verde, en el distrito de La Chorrera, está considerado uno de los puntos críticos de Panamá Oeste.

La configuración de la vía, las pendientes y las curvas que reducen la visibilidad elevan el riesgo de colisiones cuando los conductores realizan maniobras sin precaución.

Aunque algunas áreas presentan dificultades vinculadas con la infraestructura o la señalización, los reportes sostienen que la mayoría de los accidentes se relaciona con el comportamiento de quienes manejan.

El exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, habría recibido $50 mil de un intermediario por facilitar pagos relacionados con la compra de créditos fiscales, según los testimonios presentados por el Ministerio Público durante una audiencia judicial. El exdirectivo permanecerá detenido provisionalmente, mientras avanza la investigación de la operación Pandora.

La jueza de garantías Sandra Castillo legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta corrupción privada y delincuencia organizada durante la audiencia del 6 de octubre. La decisión consideró la gravedad de los hechos, los riesgos de fuga y la posible afectación de pruebas, dentro de un expediente que investiga una lesión patrimonial superior a $40 millones.

Uno de los principales señalamientos provino de Carlos Ferguson, identificado como intermediario en las operaciones investigadas, quien declaró que entregó al exejecutivo $50 mil en dos pagos realizados en estacionamientos de la iglesia El Santuario y de un edificio residencial de El Dorado. El dinero habría sido un agradecimiento por agilizar transacciones relacionadas con créditos fiscales.

La Fiscalía también presentó información de una investigación interna bancaria que permitió detectar la eliminación de 36 correos electrónicos relacionados con las operaciones cuestionadas. Entre las comunicaciones figuraban intercambios con Ferguson y sociedades que vendieron créditos al banco. La destrucción de evidencia fue considerada por la jueza al evaluar los riesgos procesales.

La defensa sostuvo que Salgado no tenía responsabilidad exclusiva sobre la adquisición de esos instrumentos, debido a que las operaciones pasaban por las áreas Legal, Cumplimiento y la Gerencia General. Sus abogados argumentaron que los contratos eran firmados por el gerente general y que las verificaciones se realizaron utilizando información disponible en los registros oficiales de la DGI.

Salgado, quien percibía un salario mensual de $11 mil, ocupó su posición hasta septiembre de 2026. Durante la audiencia también se mencionaron transferencias de dinero desde sus cuentas hacia las de su madre, movimientos que la Fiscalía consideró relevantes para evaluar un eventual riesgo de evasión del proceso.

La operación Pandora investiga una presunta red integrada por funcionarios de la DGI, particulares e intermediarios, que habría manipulado la plataforma e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales. Las investigaciones se remontan a hechos detectados desde 2024, mientras las diligencias del Ministerio Público comenzaron en 2025.

Los créditos fiscales son saldos reconocidos a favor de un contribuyente frente a la administración tributaria, que pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales cuando la normativa lo permite.

En este caso, la presunta organización alteraba registros tributarios para generar o apropiarse de saldos, posteriormente comercializados mediante sociedades intermediarias.

El 8 de julio de 2026, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron más de 25 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Las primeras actuaciones permitieron aprehender a funcionarios y particulares. Para septiembre, el expediente acumulaba 22 personas imputadas, antes de la incorporación del exdirectivo bancario.

En agosto, BAC Panamá decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal, con el propósito de aportar documentos y facilitar la trazabilidad de las operaciones investigadas.

La entidad sostuvo entonces que no había sido acusada penalmente y que su participación buscaba esclarecer las irregularidades detectadas en las certificaciones tributarias.

Tras la captura de Salgado, BAC reiteró que adquirió los créditos fiscales de manera lícita, basándose en certificaciones y validaciones oficiales de la DGI. También aseguró que la investigación no afecta los depósitos, la liquidez ni la solvencia de la institución, y que sus operaciones continúan desarrollándose normalmente.

La defensa del exejecutivo apeló la detención provisional, por lo que el Tribunal Superior de Apelaciones revisará la medida el próximo 27 de octubre. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa examinando la participación de funcionarios, intermediarios y sociedades en una investigación que busca determinar las responsabilidades por el presunto perjuicio millonario al Estado panameño.

El cuerpo calcinado y desmembrado de un joven de 23 años, encontrado dentro de una maleta en el sector de Loma Costa, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, fue identificado como Carlos Zambrano, después de que sus familiares acudieran al Ministerio Público y reconocieran los restos mediante un tatuaje que tenía en uno de sus brazos.

La identificación permitió establecer la identidad de la víctima de uno de los hallazgos más violentos reportados recientemente en esa provincia. Sin embargo, todavía falta esclarecer cuándo ocurrió el homicidio, quiénes participaron y cuáles fueron las circunstancias en las que el cuerpo terminó abandonado en ese sector del distrito de La Chorrera.

El hallazgo ocurrió el domingo 4 de octubre, durante la madrugada, cuando un residente que se dirigía a trabajar observó bolsas abandonadas en una cuneta junto a la carretera. Al acercarse, descubrió que contenían restos humanos parcialmente quemados, por lo que alertó a las unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar.

Durante la inspección, personal de Criminalística encontró una maleta y varias bolsas negras con partes anatómicas. Las diligencias permitieron trasladar los restos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizaron los procedimientos de identificación y las evaluaciones necesarias para determinar la causa de muerte.

Los familiares reconocieron a Zambrano el martes 6 de octubre, mientras la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste continúa las investigaciones. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente desde qué fecha estaba desaparecido el joven, si existía una denuncia por su ausencia ni dónde habría ocurrido el crimen.

Residentes del área señalaron que durante la noche anterior al descubrimiento escucharon detonaciones, aunque todavía no se ha determinado si esos sonidos guardan relación con la muerte del joven. Los investigadores también buscan establecer si el lugar donde aparecieron los restos corresponde a la escena original del homicidio o si fueron trasladados posteriormente.

La identificación se produjo mientras otros episodios de violencia armada fueron reportados en distintos sectores del país. Durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, un ataque cerca de la estación del Metro de San Miguelito dejó un hombre muerto y otros dos heridos, después de una persecución protagonizada por sujetos que viajaban en motocicleta.

Por este último caso, la Policía Nacional aprehendió a un ciudadano venezolano de 25 años, localizado inicialmente en un punto de observación de la vía Transístmica. Según el reporte oficial, el sospechoso desatendió la orden de detenerse y emprendió una huida que terminó en la vía España, donde fue interceptado por los uniformados.

Ese mismo miércoles, una balacera registrada cerca de la escuela de Koskuna, en Veracruz, dejó un hombre herido. El ataque ocurrió alrededor de la hora de salida de los estudiantes, situación que llevó a los docentes a cerrar temporalmente las instalaciones educativas mientras las autoridades atendían la emergencia.

En otro operativo, desarrollado en El Chumical de Arraiján, tres personas fueron aprehendidas durante una intervención policial en una residencia donde se encontraron bolsas con presuntas sustancias ilícitas. Mientras tanto, en Portobelo, provincia de Colón, las autoridades decomisaron 11,402 municiones calibre 5.56, ocultas en siete tanques plásticos.

Estos acontecimientos ocurren cuando Panamá mantiene elevados niveles de violencia homicida. Según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, hasta el 20 de septiembre de 2026 se habían contabilizado 434 homicidios, incluidos 426 intencionales, dos más que durante el mismo período del año anterior.

Las estadísticas muestran que 365 de los homicidios intencionales fueron cometidos con armas de fuego, equivalentes aproximadamente al 86% del total. Los casos vinculados al pandillerismo aumentaron de 41 a 69, un incremento del 68%, mientras los femicidios pasaron de 12 a 19 víctimas.

La provincia de Panamá concentraba 264 homicidios intencionales hasta el 20 de septiembre, seguida por Colón, con 75; Panamá Oeste, con 36; y Chiriquí, con 24. En ese período, La Chorrera acumulaba diez casos, antes del hallazgo de Zambrano y de otros episodios registrados durante octubre.

La investigación sobre la muerte del joven continúa abierta, mientras las autoridades intentan reconstruir sus últimas horas de vida e identificar a los responsables. El caso se suma a los hechos violentos que mantienen bajo atención policial a Panamá Oeste, una de las provincias donde persisten investigaciones por homicidios y ataques armados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Panamá crecerá alrededor del 5% en 2026, impulsada por la recuperación de la actividad productiva, aunque considera necesario profundizar las reformas fiscales, tributarias y estructurales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y lograr que la expansión económica se traduzca en mayores beneficios para la población.

Las estimaciones forman parte de la declaración de la misión del Artículo IV de 2026, realizada entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre. El organismo calcula que el producto interno bruto (PIB) aumentó 4,4% en 2025 y anticipa que la economía panameña mantendrá un ritmo de crecimiento de entre 4% y 5% a mediano plazo.

En materia de precios, el FMI prevé que la inflación aumente temporalmente hasta superar ligeramente el 2%, antes de estabilizarse entre 1% y 2% en los próximos años. También proyecta que el déficit de la cuenta corriente alcance aproximadamente 1,5% del PIB en 2026, en un contexto de incertidumbre económica internacional.

Uno de los principales capítulos del diagnóstico corresponde a las finanzas públicas. El organismo reconoce que Panamá redujo su déficit fiscal al 3,7% del PIB en 2025, por debajo del límite legal del 4%. Además, considera que el Gobierno está encaminado a cumplir la meta de 3,5% en 2026, con reducciones posteriores hasta 3% en 2027 y 1,5% en 2030.

Sin embargo, el FMI advierte que la consolidación fiscal requiere aumentar los ingresos permanentes y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre sus recomendaciones figura modernizar la administración tributaria, fortalecer las auditorías, utilizar información de terceros para detectar incumplimientos y reforzar los controles sobre facturas y créditos fiscales, con el propósito de elevar la recaudación.

Una de las recomendaciones más relevantes consiste en ampliar la base del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (ITBMS), revisar las exenciones tributarias consideradas ineficientes y evaluar su tasa nominal, actualmente del 7%, que el organismo considera muy baja. El FMI plantea que cualquier modificación debe tomar en cuenta sus efectos distributivos sobre la población.

En cuanto al gasto, recomienda reducir las rigideces salariales del sector público, focalizar mejor los subsidios y establecer revisiones sistemáticas del presupuesto. También plantea mejorar la selección y ejecución de inversiones públicas, mientras insiste en que los ingresos extraordinarios provenientes del Canal de Panamá deben destinarse a limitar el endeudamiento, en lugar de financiar nuevos gastos.

El sistema de pensiones constituye otra preocupación. Aunque la reforma aprobada en 2025 permitió atender necesidades inmediatas de financiamiento, el organismo sostiene que serán necesarias nuevas reformas paramétricas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, tomando como referencia la revisión actuarial prevista en la legislación.

Respecto a la deuda pública, el FMI considera sostenible su trayectoria bajo el escenario fiscal previsto, aunque identifica riesgos moderados de tensión soberana. También advierte sobre el crecimiento del endeudamiento denominado en monedas distintas del dólar, por lo que recomienda fortalecer la gestión de riesgos cambiarios y financieros.

En el sector bancario, el organismo reconoce que el sistema panameño mantiene niveles adecuados de capitalización y rentabilidad, aunque solicita mayor vigilancia sobre los créditos vinculados a construcción, bienes inmuebles y consumo. Asimismo, recomienda fortalecer los mecanismos de liquidez, la resolución bancaria y la regulación de criptoactivos, además de mejorar la supervisión de riesgos cibernéticos.

El diagnóstico también señala que el crecimiento del empleo y de los salarios reales ha sido inferior al de la producción, mientras aumenta la informalidad y persisten desigualdades regionales. Por ello, propone fortalecer la formación profesional, las competencias digitales y la preparación para la inteligencia artificial, junto con una reforma educativa que responda mejor a las necesidades laborales.

Finalmente, el FMI identifica riesgos relacionados con Cobre Panamá, las concesiones portuarias, posibles conflictos sociales y una nueva sequía asociada a El Niño.

Frente a estos desafíos, recomienda fortalecer la transparencia institucional, combatir la corrupción, mejorar las estadísticas públicas y garantizar mayor seguridad jurídica, condiciones que considera fundamentales para atraer inversiones y sostener el crecimiento económico.

En el laboratorio de crías del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET) de la Universidad de Panamá, los escorpiones más jóvenes permanecen bajo vigilancia durante meses antes de pasar a otras áreas.

Su fragilidad impide extraerles veneno en esta etapa, por lo que el equipo espera hasta que alcancen un desarrollo adecuado.

El cuidado de estos animales exige protocolos para resguardar al personal y preservar el bienestar de ejemplares que pertenecen a especies de importancia médica en Panamá, informa la revista Hacia La Luz.

La asistente Amy Sánchez está a cargo de los escorpiones recién nacidos. Muchas hembras llegan desde el campo ya preñadas y algunas especies se reproducen por partenogénesis, sin la intervención de un macho.

Las crías, dijo, se distribuyen en “cunas”. Cada caja reúne a una camada de hermanos y mantiene una temperatura ligeramente superior a la de los ejemplares juveniles.

El espacio dentro de esos recintos busca reducir el canibalismo, una conducta frecuente entre los escorpiones panameños. La alimentación incluye grillos diminutos, adaptados al tamaño de los animales.

“Podemos tener hembras que paren tres crías”, explicó Sánchez a la publicación. Añadió que otras pueden tener 30 o más descendientes.

Cada camada permanece bajo observación hasta que los ejemplares tienen el tamaño necesario para separarlos. El proceso demanda un seguimiento constante de su estado y crecimiento.

El ayudante del proyecto, Carlos Morán, indicó que las crías permanecen entre tres y seis meses en esa área. Después son trasladadas a otros laboratorios, cuando superan la fase más delicada de su desarrollo.

“En esta etapa no se les extrae veneno”, afirmó Morán ante la publicación. El equipo aguarda el momento apropiado para evitar riesgos para los animales.

El trabajo del escorpionario comienza antes de que un ejemplar ingrese a una caja individual. Cuando los animales llegan desde el campo, deben atravesar un período de cuarentena.

Maribel Barría, una de las responsables del escorpionario número dos, explicó que ese paso permite controlar las condiciones de los recién llegados antes de incorporarlos al resto de la colección.

Tras esa fase, cada escorpión recibe un recinto propio. Las cajas incluyen algodón humedecido para la hidratación y refugios elaborados con cartones de huevo.

Cada animal también recibe un código único. El registro permite reconstruir su trayectoria desde el lugar de colecta hasta las extracciones de veneno que haya tenido.

La información almacenada incluye especie, sexo, fecha de ingreso y procedencia. El equipo también anota eventos como partos y mudas en documentos físicos y bases de datos digitales.

El escorpionario alberga especies como Tityus jaimei, Tityus cerroazul, Tityus championi, Centruroides panamensis, Centruroides bicolor, Centruroides granulosus y Centruroides limbatus. Todas tienen importancia médica en el país.

La crianza no aplica una fórmula única para todos los animales. La temperatura y la humedad se ajustan de acuerdo con la región de la que procede cada escorpión.

“No todos los escorpiones se cuidan igual”, señaló Barría. La encargada precisó que las condiciones dependen del área donde fueron colectados.

La alimentación también sigue un calendario definido. Los ejemplares comen cada 15 días y reciben grillos o cucarachas según el género al que pertenecen.

El propio CIIMET cría esos insectos en otra de sus áreas. De ese modo, el personal sostiene la disponibilidad de alimento para los escorpiones mantenidos en cautiverio.

La limpieza de los recintos forma parte de la rutina. El personal reemplaza refugios, controla la hidratación y desinfecta las cajas de manera periódica.

Estas tareas buscan mantener condiciones adecuadas y disminuir el estrés de los animales. El cuidado no se limita a la alimentación ni a la extracción de veneno.

La asistente de laboratorio Isabel Lee indicó que nadie manipula escorpiones en solitario. El protocolo requiere la presencia de más de una persona durante las labores diarias.

El uso de guantes, mascarillas, pinzas entomológicas y otros implementos es obligatorio. Las medidas acompañan cada intervención en las cajas y en los espacios de investigación.

Panamá prepara una hoja de ruta para ordenar las acciones de cuidado destinadas a la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

La planificación también contempla a quienes realizan estas tareas de forma remunerada o no remunerada, bajo un enfoque de derechos y corresponsabilidad social.

La nación canalera se convirtió así en el tercer país de América Latina, junto con Uruguay y Chile, que cuenta con una ley sobre sistemas de cuidados.

Los tres países reconocen esta actividad como un componente de la protección social, aunque poseen esquemas institucionales y alcances distintos.

Los sistemas de cuidados de estos países se sostienen sobre leyes marco que reconocen explícitamente el cuidado como un derecho y como un eje estructurante de la protección social, pero lo hacen con diseños institucionales, alcances poblacionales y horizontes de planificación diferenciados.

El antecedente regional más temprano fue el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay, concebido como un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado.

Su atención se concentró en las personas en situación de dependencia y en la reducción de las desigualdades de género.

Chile y Panamá también avanzaron con leyes marco que incorporan el derecho al cuidado dentro de sus políticas sociales. Las diferencias entre los países se relacionan con las instituciones creadas, los grupos alcanzados por las medidas y los plazos definidos para su ejecución.

Panamá, mediante la Ley 431 de 2024, institucionalizó el Sistema Nacional de Cuidados como una ley marco que garantiza el derecho al cuidado, el bienestar y la autonomía de las personas, reconoce los derechos de quienes cuidan y organiza una Comisión y una Dirección Nacional de Cuidados con planes quinquenales y redes territoriales articuladas con gobiernos locales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostiene que los países deben adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado con perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad.

El organismo plantea que estas políticas deben abordar el tiempo disponible para cuidar, los recursos de los hogares, las prestaciones y la existencia de servicios públicos universales y de calidad.

Bajo esta visión, el cuidado excede la atención directa de personas dependientes. Incluye actividades que sostienen la reproducción cotidiana y generacional de la vida, con dimensiones materiales, afectivas y relacionales.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avanzan en la definición de los elementos conceptuales y metodológicos que servirán de base para la formulación del Plan Quinquenal de Cuidados 2026–2031.

En la reunión se presentaron los avances iniciales, se revisaron los principales insumos generados en la primera matriz de trabajo y se analizó la propuesta de estructura para organizar la planificación.

El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Julio Bango, explicó que el plan reunirá medidas dirigidas al cuidado de la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

El especialista indicó que la estrategia también buscará mejorar las condiciones de las trabajadoras de cuidados formales.

En ese grupo están quienes reciben una remuneración por desempeñarse en centros residenciales o en el cuidado domiciliario de pacientes.

Bango sostuvo que la versión definitiva se elaborará después de recibir los aportes de las entidades que integran la Comisión Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá la responsabilidad de coordinar su aplicación en los próximos años.

La directora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Gladys Vallester, destacó que el período de planificación permitirá organizar las acciones para quienes necesitan apoyo y para las personas que realizan labores de cuidado. La consideración abarca tanto el trabajo remunerado como las tareas que se desarrollan sin pago.

La Caja de Seguro Social de Panamá adjudicó 112 plazas de internado médico para profesionales que iniciarán una etapa de práctica supervisada en hospitales de distintas regiones del país.

El internado comenzará el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de dos años. Durante ese período, los médicos completarán requisitos para obtener la idoneidad profesional y reforzarán la atención en las instalaciones de salud que los reciban.

La asignación busca incorporar nuevos médicos a la red pública mientras avanzan en su formación. Los internos trabajarán bajo la supervisión de médicos generales, especialistas y residentes, según explicó el Dr. Paulino Vigil.

La adjudicación de las plazas estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, que interviene en la definición y asignación de los cupos destinados al internado.

Los registros oficiales muestran un aumento sostenido de médicos y enfermeras durante las últimas décadas, crecimiento que no siempre estuvo acompañado por una estrategia que conectara la formación universitaria con la demanda prevista en los servicios de salud.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indicó que en 2024 había 7.515 médicos en ejercicio, además de 7.727 enfermeras y 1.239 odontólogos.

La cantidad de médicos representó un incremento de 2,7% frente al año anterior.

Con esa cifra, el país tenía una densidad aproximada de 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes.

Las áreas urbanas registraban tasas de entre 1,9 y 2,2 profesionales por cada 1.000 habitantes, mientras que las zonas rurales presentaban valores menores.

Los datos disponibles también muestran diferencias entre las fuentes que contabilizan al personal médico. En noviembre de 2025, informes institucionales situaban el total en 10.068 médicos para una población estimada en 4,5 millones de habitantes.

Esa referencia equivaldría a 2,3 médicos por cada 1.000 habitantes.

La distancia frente a la cifra divulgada para 2024 puede responder a metodologías distintas, actualizaciones de las bases de datos o criterios disímiles sobre las categorías profesionales incluidas.

El programa se desarrolla en un sistema sanitario donde conviven el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, patronatos hospitalarios y prestadores privados, estructura que de acuerdo a fuentes del sector ha dificultado la coordinación de políticas de formación, contratación y distribución del personal médico.

Los médicos adjudicados cumplirán su primer año en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L.

Estas instalaciones recibirán a los internos como parte de un modelo que combina aprendizaje clínico y apoyo asistencial. La participación de los nuevos profesionales permitirá ampliar la presencia médica en áreas de atención hospitalaria.

El Dr. Vigil señaló que los internos tienen dos responsabilidades durante esta fase. Por un lado, avanzan en su preparación académica; por otro, colaboran en la atención de pacientes bajo acompañamiento profesional.

La práctica supervisada forma parte del camino obligatorio para que los egresados de medicina alcancen la idoneidad. La etapa también permite que los futuros médicos conozcan la dinámica de los servicios públicos y las necesidades de la población atendida por cada centro.

Durante el segundo año, los médicos serán distribuidos en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera, Colón y Panamá Este.

En Chiriquí, las asignaciones comprenderán las áreas de David y Puerto Armuelles. La distribución territorial busca extender los espacios de formación más allá de los principales hospitales de la capital.

La presencia de internos en esas regiones también acerca recursos humanos en salud a comunidades que enfrentan realidades distintas en materia de acceso a servicios. El proceso pretende preparar a los profesionales para responder a las demandas de una red sanitaria diversa.

La estación remota del río La Villa, en la provincia de Los Santos, será la base de un protocolo destinado a convertir los datos sobre calidad del agua en alertas y respuestas coordinadas en la península de Azuero.

El proyecto forma parte de un intercambio técnico entrePanamá e Israel para reforzar la protección de las fuentes de abastecimiento.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ya opera el equipo de telemetría en la confluencia de los ríos La Villa y Estibaná.

La siguiente etapa consistirá en definir parámetros que permitan detectar variaciones y comunicar posibles riesgos a las instituciones responsables del agua potable y la salud pública.

La cooperación apunta a establecer un Sistema de Alerta Temprana para identificar de forma oportuna cambios en la calidad del recurso hídrico. La iniciativa prevé fijar umbrales, criterios de evaluación y mecanismos de comunicación a partir de la información que produce la infraestructura instalada.

El objetivo es que los registros continuos de la estación no queden limitados al monitoreo. Las autoridades buscan que esos datos sirvan para activar medidas preventivas cuando exista una posible afectación a las fuentes de abastecimiento de la región.

La propuesta involucra a MiAmbiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Salud (MINSA). La coordinación entre las tres entidades busca facilitar una respuesta ante situaciones que puedan comprometer la producción de agua para consumo humano.

La ingeniera Marilyn García, directora de Verificación Ambiental de la institución, afirmó que el trabajo con la Compañía Nacional de Agua de Israel permitirá consolidar la vigilancia sobre las fuentes hídricas de Azuero.

“El siguiente paso es transformar esos datos en una herramienta cada vez más preventiva para la toma de decisiones”, explicó García.

La visita técnica incluyó un recorrido por el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de MiAmbiente, ubicado en Los Canelos. Allí, los especialistas israelíes conocieron las capacidades del centro para el seguimiento científico de los recursos hídricos.

El equipo de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental presentó los procedimientos de monitoreo, análisis y evaluación aplicados en la cuenca del río La Villa. Esa fuente abastece a parte de la población de Azuero.

Durante la jornada, la entidad expuso los resultados de los muestreos microbiológicos y de los análisis de parámetros físicos y químicos realizados en el río. El intercambio contó con la participación de técnicos del IDAAN y del MINSA.

La estación de monitoreo remoto permite obtener información continua sobre variables vinculadas a la calidad del agua. Esa tecnología constituye uno de los elementos que Panamá puso a disposición para diseñar el sistema de alerta.

García sostuvo que el propósito consiste en definir procedimientos que permitan reconocer cambios relevantes y trasladar esa información a las instituciones competentes. Según indicó, el esquema busca dejar atrás una respuesta centrada solo en la reacción ante un evento.

“Buscamos establecer umbrales y protocolos claros que permitan identificar oportunamente cualquier variación significativa en la calidad del agua”, puntualizó la directora ante el planteamiento técnico de la iniciativa.

Los representantes de Panamá e Israel también intercambiaron experiencias sobre sistemas de monitoreo, tratamiento, aprovechamiento y gestión integral del agua. La agenda contempla evaluar herramientas y modelos que puedan ajustarse a las condiciones de Azuero.

El coordinador de proyectos internacionales de Mekorot, Diego Berger, señaló que la primera aproximación permitió revisar la información disponible sobre las fuentes de abastecimiento y sus métodos de medición.

“Este es el primer acercamiento y fue muy productivo”, dijo Berger. El representante de la empresa estatal israelí añadió que el equipo panameño presentó los registros existentes y explicó la forma en que la región recibe el suministro de agua.

La delegación realiza la gira junto con especialistas panameños y funcionarios del MINSA, el IDAAN y MiAmbiente. El grupo analiza las fuentes de abastecimiento, las plantas potabilizadoras y las redes de distribución de agua de la península.

El programa incluye visitas a distintas instalaciones de potabilización de Azuero. Esas recorridas buscan identificar oportunidades de mejora dentro de la cadena que lleva el recurso desde las fuentes hasta la población.