La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, el proyecto ferroviario que incluye el cruce subterráneo bajo el cauce del Canal de Panamá, alcanzó un nuevo hito con el primer recorrido de prueba del monorriel entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro.

La circulación inicial de los trenes marca un avance visible en una obra que busca transformar la movilidad de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste, una de las zonas más afectadas por la congestión vehicular en el país.

El ensayo técnico, realizado la tarde del lunes 13 de abril, forma parte de la fase de validación operativa del sistema, en la que se evalúa el comportamiento del monorriel en condiciones reales.

Este tipo de pruebas permite ajustar parámetros clave antes de la entrada en servicio, al tiempo que refleja el progreso sostenido del proyecto hacia una infraestructura de transporte más segura, eficiente y confiable.

La Línea 3 tendrá una extensión de 25 kilómetros y contará con 11 estaciones, conectando directamente a Panamá Oeste con la capital. A la fecha, el tramo elevado registra un avance del 85%, mientras que el segmento soterrado alcanza el 57%.

Cada tren tendrá capacidad para transportar cerca de 1,000 pasajeros, con una velocidad comercial de 80 kilómetros por hora y una máxima de 90 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir de forma significativa los tiempos de traslado y mejorar la productividad diaria de miles de usuarios.

Uno de los hitos más relevantes del proyecto fue la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá, una obra sin precedentes en la ingeniería local.

La tuneladora Panamá logró completar el primer tramo tras excavar más de 3.1 kilómetros, instalar 1,560 anillos de concreto y remover más de 800 mil metros cúbicos de material, lo que evidencia la complejidad técnica y la escala de la construcción.

Este componente subterráneo no formaba parte del diseño original. En sus inicios, la Línea 3 contemplaba cruzar el Canal a través del cuarto puente, pero en 2020 el proyecto fue modificado para incorporar un túnel, debido a los retrasos en esa infraestructura.

El cambio implicó rediseños estructurales, nuevos estudios geotécnicos y ajustes contractuales, además de la incorporación de tecnología especializada para la excavación.

Como resultado, el costo total del proyecto aumentó de forma significativa. La inversión pasó de unos 2,800 millones de dólares a más de 4,400 millones de dólares, impulsada por los sistemas adicionales requeridos para el tramo subterráneo, como ventilación, drenaje, seguridad y monitoreo estructural.

Este incremento ha convertido a la Línea 3 en una de las obras más costosas en la historia reciente del país.

Las proyecciones oficiales indican que la parte elevada estaría lista en 2027, mientras que el túnel se completaría en 2028, lo que ha generado un desfase en el cronograma original y ha obligado a replantear fases de implementación.

El proyecto es desarrollado por el consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, y financiado principalmente mediante préstamos concesionales del Gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este respaldo internacional ha sido clave para sostener el avance de una obra de alta complejidad técnica.

El inicio de las pruebas con trenes introduce una señal concreta de avance para los usuarios, en una zona donde el tráfico representa una de las principales limitaciones diarias. El recorrido entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro muestra que el proyecto comienza a entrar en una etapa distinta, en la que la infraestructura deja de ser solo obra civil y empieza a convertirse en un sistema operativo real.

Más allá del avance técnico, la Línea 3 representa una apuesta estructural para mejorar la calidad de vida, al reducir tiempos de traslado, aumentar la eficiencia del transporte público y ofrecer una alternativa moderna a la congestión.

El desarrollo del monorriel consolida al Metro de Panamá como uno de los pilares de la movilidad urbana y del crecimiento ordenado en el país.

Panamá logró salir de la lista de preocupación significativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de seguridad de pasajeros en tránsito, tras validar un sistema que hoy permite mantener la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen sin afectar su modelo de conexiones.

El anuncio, calificado como un hito para la aviación panameña, marca el cierre de una observación que se arrastraba por más de una década y que había sido notificada formalmente a decenas de países con vuelos hacia el país.

El elemento clave de esta mejora es la implementación del sistema OSS (One Stop Security), que en términos simples consiste en que Panamá verifica y valida los controles de seguridad de otros países antes de permitir que los pasajeros en tránsito conecten sin pasar por una segunda revisión.

Este modelo implica auditorías periódicas, inspecciones y validaciones cada 24 meses, lo que permite garantizar que los estándares de seguridad sean equivalentes a los aplicados en el país.

Actualmente, Panamá ha logrado validar a 25 países, además de Europa como bloque, lo que representa cerca del 95% de cumplimiento del sistema OSS. Esto permite que la mayoría de los pasajeros en tránsito no requieran controles adicionales al llegar a Tocumen, agilizando las conexiones.

Sin embargo, se mantiene una doble revisión obligatoria para vuelos procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, considerados como no validados por preocupaciones en sus sistemas de seguridad.

En estos casos, los pasajeros pasan por una sala de inspección rápida al descender del avión, un proceso que toma aproximadamente entre tres y cuatro minutos por persona, antes de continuar hacia su destino final.

Este mecanismo permite mantener la seguridad sin sacrificar la velocidad del hub, uno de los principales atributos competitivos del aeropuerto panameño en la región.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, explicó que de no haberse implementado este modelo, Panamá habría tenido que instalar puntos de control adicionales en múltiples puertas de embarque, lo que habría afectado directamente la operatividad del centro de conexiones.

“Eso hubiese encarecido la operación y reducido la eficiencia del hub”, indicó, al tiempo que destacó que el sistema actual permite mantener el flujo de pasajeros sin interrupciones.

La eliminación de esta alerta también evita que otros países apliquen medidas más estrictas a pasajeros procedentes de Panamá, como revisiones adicionales o controles más exhaustivos en aeropuertos de destino.

Durante el tiempo en que estuvo vigente la observación, existía el riesgo de que aerolíneas y autoridades extranjeras adoptaran protocolos más severos, lo que podía afectar la percepción internacional del aeropuerto panameño.

Desde Tocumen, su gerente José Ruiz destacó que este avance es fundamental para sostener el crecimiento del tráfico aéreo, que mantiene una expansión cercana al 9% anual.

La terminal proyecta alcanzar los 30 millones de pasajeros para 2030, una meta que depende directamente de la eficiencia del sistema de conexiones y de mantener estándares internacionales de seguridad.

El modelo OSS también incorpora un sistema de inspecciones aleatorias y generación de estadísticas de seguridad, que permite identificar objetos prohibidos, analizar tendencias por país y reforzar controles en rutas específicas.

Esta capacidad de monitoreo ha sido clave para consolidar un sistema considerado robusto, dinámico y adaptable, que puede ajustarse ante cambios en el entorno internacional.

Las autoridades subrayan que este logro no es permanente, ya que el sistema requiere actualizaciones constantes, validaciones periódicas y supervisión técnica continua.

De no mantenerse estos procesos, Panamá podría volver a enfrentar observaciones internacionales que impacten la operación del aeropuerto. Por ello, se insiste en que el OSS debe ser entendido como un modelo vivo, que exige inversión, coordinación institucional y seguimiento permanente.

Además del impacto en la seguridad, la salida de la lista de la OACI fortalece la posición de Panamá como hub regional, en un contexto de alta competencia con otros centros de conexión en América Latina. La capacidad de garantizar seguridad sin afectar los tiempos de tránsito se convierte en un factor determinante para aerolíneas y pasajeros al momento de elegir rutas.

Con este paso, Panamá no solo mejora su imagen internacional, sino que también se posiciona como un referente en la implementación del sistema OSS, un modelo que ya ha despertado interés en otros países que buscan replicarlo.

Para las autoridades, el desafío ahora será sostener este nivel de cumplimiento y aprovecharlo como una ventaja estratégica en el crecimiento del sector aéreo.

El centro histórico de Ciudad de Panamá se revela a través de un entramado de nombres urbanos cargados de historia y mitología colectiva, donde espacios como la bajada del ñopo, la calle Sal Si Puedes, el parque de Santa Ana y el llamado parque de los Aburridos constituyen una geografía marcada por relatos orales y episodios documentados que han modelado la identidad nacional desde el siglo XVII, según una crónica de la agencia EFE.

Uno de estos lugares es la pendiente conocida como la bajada del ñopo, que conecta la avenida B con el antiguo mercado público. El investigador Vladimir Berrio identifica que hacia finales del siglo XIX residía en esta zona un comerciante de origen español, descrito como rubio y de ojos azules, atributos por los que recibió en Panamá el apodo de «ñopo».

Aunque su existencia no aparece en registros oficiales, Berrio menciona que este tendero entregaba a los niños caramelos —en algunas versiones, con forma de pez— como obsequio adicional en sus compras, lo que originó la expresión popular «la ñapa del ñopo». Este gesto es recordado como el origen de una costumbre local de añadir un pequeño regalo a la venta.

Muy cerca, la calle Sal Si Puedes permanece en el imaginario panameño desde hace siglos, ligada en el siglo XIX al ambiente de excesos —juego, alcohol, prostitución— que surgió tras la llegada masiva de trabajadores extranjeros por la construcción del ferrocarril de Panamá. La comerciante Librada María Batista, con cuarenta y cuatro años en el barrio, declaró a EFE: “Era la entrada al arrabal donde estaban todos los vicios y todo tipo de negocios, ilícitos y no ilícitos”. Batista asegura que quienes cruzaban la zona desde la avenida Central a menudo quedaban atrapados por los vicios o sufrían percances que les impedían regresar.

Estudios consultados por Berrio ofrecen otra versión y señalan un origen más antiguo, señalando: “Existen planos del siglo XVII que ya registran la denominación, lo que sugiere un origen más antiguo. Algunos historiadores apuntan a que podría estar relacionado con el trazado irregular de las calles extramuros, donde orientarse y encontrar la salida no era tarea sencilla”.

Santa Ana y el Café Coca Cola: escenarios de transformación social y cultural desde la Colonia

El parque de Santa Ana, epicentro del arrabal desde el siglo XVII, fue reconocido, según la crónica de EFE, como la zona extramuros habitada por sectores populares. Este espacio, tras la independencia de España en 1821, se convirtió en eje de movilización social: aquí se gestaron movimientos separatistas de Colombia y tuvieron lugar protestas relevantes, como las de 1903 tras el fusilamiento del líder indígena Victoriano Lorenzo.

En 1925, durante el Movimiento Inquilinario, tropas de Estados Unidos ocuparon el área para sofocar disturbios sociales, episodio que refuerza el papel del parque en los conflictos urbanos y sociales del periodo. En la actualidad aún es un sitio de reunión tradicional, conocido como el «parque de los viejitos». Conserva su proximidad a la iglesia de Santa Ana y a la calle Sal Si Puedes.

Muy cerca, se encuentra el Café Coca Cola, fundado en 1875 y considerado el café más antiguo de la ciudad. Según Berrio, este establecimiento de estilo retro es el único en el mundo autorizado formalmente por la empresa Coca-Cola para usar su nombre: “En sus inicios fue uno de los pocos negocios privados que utilizaba el nombre de una marca registrada”, explicó el investigador. Desde su fundación, la multinacional trató de modificar la denominación, sin éxito. El café logró mantener ese nexo con la marca y ha persistido como referente urbano.

Parque de los Aburridos: memoria, juego y canciones en El Chorrillo

Otro enclave característico es el llamado Parque de los Aburridos, oficialmente parque Antonio Gordón, situado en El Chorrillo. Este espacio pequeño recibe cada día a decenas de panameños, en su mayoría personas mayores, dedicados al dominó.

Un visitante habitual relató a EFE que el apodo se adoptó después de que un transeúnte señalara: “Mira dónde están todos los aburridos”. La frase tuvo rápida difusión en la cultura popular, desplazando el nombre original, dedicado a un reconocido beisbolista local.

Hoy, la concurrencia ha disminuido al considerarse una zona peligrosa; “ya las personas mayores, ya muy poco vienen” al parque, comentó el cronista. No obstante, el lugar no ha perdido su relevancia dentro de la cultura panameña. Melómanos citados por EFE subrayan que, además del juego y la charla, el sitio inspiró a Rubén Blades y Willie Colón, quienes lo homenajearon en el álbum de 1981 Canciones del solar de los aburridos, que incluyó temas como ‘Madame Kalalú’, ‘Ligia Elena’ y ‘Tiburón’, enlazando la tradición local a la memoria musical de la región.

Las autoridades panameñas continúan intensificando su lucha contra el narcotráfico, con una serie de operaciones recientes que dejaron como resultado la incautación de más de mil paquetes de presunta droga, además de aprehensiones y decomisos de embarcaciones.

Estos hechos reflejan el aumento sostenido de las acciones operativas en puntos estratégicos del país, tanto en zonas marítimas como en terminales portuarias.

En una de las intervenciones más relevantes, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) incautaron 1,048 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendieron a tres personas, durante una operación desarrollada al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se activó tras la detección de una embarcación en actitud sospechosa, lo que permitió ubicar sacos con presunta droga en su interior y proceder de inmediato con la retención de la tripulación.

La operación incluyó la coordinación directa con la Fiscalía de Drogas de Panamá, que instruyó el traslado de los aprehendidos y la lancha artesanal hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

En ese punto se contabilizaron 21 sacos con un total de 1,048 paquetes, cuyo contenido permanece bajo verificación pericial para determinar el tipo exacto de sustancia incautada.

Este operativo se suma a otro decomiso reciente realizado en la zona portuaria del Pacífico, donde unidades aeronavales de la sección de Inteligencia Portuaria detectaron cuatro paquetes de sustancia ilícita ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor.

La carga tenía como origen el puerto de Valparaíso, Chile, con trasbordo en Panamá y destino final en Melbourne, Australia, lo que evidencia la utilización del país como punto logístico dentro de rutas internacionales del narcotráfico.

Las autoridades indicaron que esta incautación fue posible gracias a la aplicación de protocolos de verificación física y tecnológica, lo que permitió identificar la alteración estructural del contenedor.

Posteriormente, se activaron los procedimientos legales correspondientes, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, para ejecutar las diligencias de allanamiento y registro.

Los resultados acumulados en lo que va de 2026 reflejan un incremento significativo en las incautaciones. Según cifras oficiales, las autoridades han decomisado alrededor de 20.5 toneladas de drogas hasta marzo, superando ampliamente los registros del mismo periodo de 2025.

De hecho, a inicios de febrero de este año, el SENAN ya había alcanzado más de 10.2 toneladas incautadas, en contraste con las cerca de cuatro toneladas reportadas en ese mismo lapso del año anterior.

Solo en enero de 2026, se contabilizaron 11,387 paquetes de droga, lo que representa una variación positiva superior a 3.8 toneladas en comparación con enero de 2025.

Estas cifras evidencian no solo el aumento en la actividad delictiva, sino también la mayor capacidad operativa y de respuesta de los estamentos de seguridad.

Las incautaciones recientes también confirman que las rutas marítimas y el transporte en contenedores continúan siendo los principales mecanismos utilizados por las organizaciones criminales internacionales.

Operativos en zonas como Playa Bongo (Isla del Rey), Santa Isabel, Turtle Cay, Miramar (Costa Arriba de Colón) y el Puerto de Balboa han sido clave para interceptar cargamentos ilícitos y desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El comportamiento de estos delitos mantiene una tendencia al alza si se compara con el cierre de 2025, cuando Panamá registró un decomiso total de 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos.

Este contexto ha llevado a las autoridades a reforzar los patrullajes, la vigilancia y las estrategias de inteligencia, con énfasis en la interdicción marítima y el control portuario.

Especialistas de Costa Rica, Colombia, Argentina y Panamá analizan en la capital istmeña las alternativas que ofrece la agricultura vertical como una vía sostenible para la producción intensiva de cultivos, fortaleciendo la competitividad y la seguridad alimentaria.

La iniciativa también contempla validar tecnologías, analizar su viabilidad económica y fortalecer capacidades en la región, con una próxima capacitación en la Universidad de Las Américas (UDELAS), en la ciudad de Panamá.

El proyecto también busca maximizar la producción alimentaria mediante la optimización del espacio cultivable, promoviendo el cultivo intensivo y el uso efectivo del agua, lo que garantiza alimentos frescos y seguros para la población.

A través de una evaluación integral de los sistemas de agricultura vertical, se espera establecer una base sólida para el desarrollo de este enfoque en la región, mejorando así la competitividad y la resiliencia del sector agrícola.

En Panamá, el Instituto de Innovación Agropecuaria (IDIAP) lidera la implementación del proyecto, trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA – Argentina), el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA - Costa Rica), así como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), como co-ejecutores.

“Ante el rápido crecimiento poblacional, es crucial desarrollar soluciones agrícolas innovadoras y sostenibles que respondan a los desafíos del sector. La agricultura vertical se establece como una alternativa viable, no solo para asegurar la producción de alimentos, sino también para contribuir a la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe”, apuntó Eugenia Saini, secretaria ejecutiva de Fontagro.

Fontagro es un fondo de inversión y cofinanciamiento estratégico, creado por los ministros de finanzas de sus países miembros, y único en su tipo a nivel mundial. Su misión es facilitar alianzas estratégicas y redes multi país, multi actor y multidisciplinarias para impulsar el financiamiento sostenible de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) agropecuaria.

Además, actúa como un foro de referencia en innovación tecnológica, promoviendo el diálogo regional para aumentar la competitividad del sector agroalimentario, reducir la pobreza y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales.

La agricultura vertical es de suma importancia en América Latina y el Caribe, donde la dependencia de la importación de fertilizantes es muy alta.

Una potencia agroalimentaria global como Brasil, por ejemplo, importa más del 80% de sus fertilizantes.

“Los insumos, en general, tienen una incidencia en los costos de producción agrícola que puede llegar al 70% en los sistemas mecanizados. En consecuencia, el modelo productivo define la vulnerabilidad: a mayor dependencia de insumos estratégicos importados hay mayor exposición a shocks externos”, dijo en su momento Muhammad Ibrahim, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La agricultura de las Américas, región que es el más importante exportador neto de alimentos del mundo y es responsable del 22% de la producción global, aunque curiosamente el 28% de la población de la región enfrenta inseguridad alimentaria, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

En opinión de Ibrahim los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe van a reducir sus vulnerabilidades estructurales mediante una transformación de sus fundamentos, que incremente su productividad y reduzca su dependencia de insumos estratégicos externos.

Eso, a su vez, se traducirá en mejores ingresos para los agricultores y mayor disponibilidad de alimentos accesibles y nutritivos para todos, acotó.

Ante el escenario actual, consideró de todas maneras que la competitividad y la resiliencia no dependen de un solo factor, sino de la forma en que interactúen productividad, insumos, diversificación y logística.

Un préstamo con Citibank, N.A., por un monto de hasta 1,975 millones de francos suizos, que desembolsados en su equivalente en dólares serían unos $2,519 millones, contrató el Ministerio de Economía y Finanzas.

La deuda sería para diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

La operación tiene un plazo de 3 años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2.39%, lo cual representa un ahorro de 1.66% frente a alternativas comparables en el mercado de dólares estadounidenses.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% este 17 de abril de 2026 (PANOTA 3.75% 4/17/26), por un monto de $1,325 millones, informó la entidad gubernamental.

De igual manera, la nueva deuda está dirigida a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La denominación en francos suizos contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas.

En una nota de prensa reafirma su compromiso con una gestión de deuda prudente y responsable, enfocada en optimizar el costo del financiamiento, fortalecer el perfil de vencimientos y mantener condiciones financieras sostenibles, aun en un entorno de volatilidad de los mercados de capitales internacionales.

Al cierre de 2025 la deuda pública de Panamá cerró en $59,349.28 millones, un incremento de $5,612.54 millones, 10.44%, al compararla con el 2024.

Ya a febrero de este 2026 se encontraba en $60,059 millones.

La deuda pública durante la vigencia fiscal 2025 se situó en 65.6% del Producto Interno Bruto, con mejoras en los indicadores de riesgo y en los costos de financiamiento, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional para dar a conocer del informe de la Cuenta General del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2025, sostuvo que el país avanza hacia una consolidación fiscal histórica.

Esto, se refleja en la reducción del déficit, un aumento del 9% en los ingresos tributarios y una disminución del 5.9% en el gasto del Gobierno Central.

En el periodo descrito también se ha logrado, dijo Chapman, una mejora significativa en el balance primario y una reducción en las cuentas por pagar.

La inversión pública superó los $3,600 millones, enfocada en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

En su intervención, destacó que Panamá mantiene un desempeño económico superior a las proyecciones internacionales, consolidándose como uno de los países con mayor crecimiento en la región.

El informe señala que más del 80% del crecimiento económico provino del sector privado, con actividades como el Canal de Panamá, el transporte y el turismo liderando la dinámica económica.

También se registró un superávit en la cuenta de servicios equivalente al 18% del PIB y un crecimiento del 48.3% en las exportaciones nacionales.

Advirtió que para evitar un déficit fiscal, existen dos opciones: aplicar un frenazo súbito para eliminarlo y generar superávit. A corto plazo la única forma de lograrlo es mediante una reducción drástica del gasto público. Explicó que algunos países han implementado este tipo de medidas, recurriendo, por ejemplo, a despidos masivos, al ser esta la vía más rápida.

Chapman se preguntó que si para evitar que aumente la deuda ¿dejamos de subsidiar el gas para cocinar?, ¿eliminamos los programas de transferencias monetarias?, o ¿dejamos de otorgar alivios en el transporte público, la electricidad y los medicamentos?”.

Un grupo de hacker denominado The Gentleman tuvo contacto con el gobierno panameño para exigir un pago, luego de que supuestamente fueran los responsables de vulnerar la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República, por espacio de unos 20 minutos.

La información fue dada a conocer por Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), quien agregó que en lo que va del año se han registrado al menos cinco ataques de alto impacto contra los sistemas gubernamentales.

Respecto a la exigencia del grupo mencionado, dijo en el noticiero de Telemetro que ningún gobierno puede emitir un pago como estos.

Hizo alusión al caso del gobierno tico, cuando el 12 de marzo la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, informara que cibercriminales habrían vulnerado sistemas del Instituto Costarricense de Electricidad para robar información y realizar labores de ciberespionaje.

En Panamá, este domingo la Contraloría General de la República informó a la ciudadanía que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros ajenos a esta entidad.

Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de Informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido, mencionó la entidad.

Los intentos de los ciberataques han sido significativos, aunque las autoridades señalan que han logrado contener sus efectos.

“En este momento, la posibilidad de que se dé otro incidente existe todavía”, manifestó Fábrega, aduciendo que “tenemos una carrera contra los atacantes para ver que logremos cerrar las puertas y las ventanas antes de que se meta otro atacante”.

Reportes de ataques a la estructura digital del gobierno se han dado hasta el momento en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Trabajo Desarrollo Laboral.

Fábrega explicó que cuando entró a la administración no había visibilidad alguna sobre la vulnerabilidad que existía en las diferentes plataformas, por lo que se creó un plan tendiente a ser preventivos.

“Nuestro enfoque son los sistemas de gobierno, donde está la data del ciudadano. Estamos atacándolo con una estrategia muy fuerte preventiva y considero que antes que termine este año estemos en mejor posición”.

La Autoridad para la Innovación Gubernamental participó en un diálogo de alto nivel sobre políticas de ciberseguridad e infraestructura segura de conectividad, en París, Francia.

En el mismo se abordaron estrategias orientadas a implementar los compromisos políticos establecidos en el marco de la Alianza Digital entre América Latina y la Unión Europea.

En este contexto se destacaron las oportunidades de cooperación y el acceso a herramientas y recursos disponibles dentro del ecosistema europeo para fortalecer las capacidades digitales de los países participantes.

Uno de los puntos clave del diálogo fue el análisis de casos reales que evidencian cómo los incidentes de ciberseguridad pueden trascender fronteras y generar impactos regionales.

Este enfoque permitió resaltar la importancia de consolidar mecanismos de colaboración internacional para robustecer la seguridad digital y garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental detalló que en casos donde se utilizan plataformas externas, el gobierno panameño trabaja de la mano con proveedores tecnológicos.

A manera de ejemplo, sostuvo que en situaciones vinculadas a redes sociales la empresa Meta le ha brindado un apoyo directo, y agregó que en situaciones como la de la Contraloría, donde intervienen sistemas de terceros, la coordinación con estos actores es clave.

Las Cámaras de Comercio italianas de América Latina, que representan a más de 5,000 empresas que facturan 600 millones de euros, se reunieron en Panamá con miras a reforzar nuevas oportunidades de inversión y cooperación empresarial en la región.

Astrid Ábrego, ministra de Comercio e Industrias encargada, manifestó que la Reunión de Área de las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior (CCIE) – América Latina 2026 son espacios que no solo fortalecen la relación bilateral, sino que también abren oportunidades concretas de inversión, empleo y transferencia de conocimiento para el país.

El encuentro en Panamá reflejó el peso de esta red empresarial en la región, que une a entre 5,000 a 6,000 empresas vinculadas, generando aproximadamente cerca de 300,000 empleos y con flujos de inversión en América Latina cifrados entre 500 y 600 millones de euros anuales en proyectos nuevos o de expansión. 1 euro= 1,17 dólares.

“Panamá es un hub logístico y un punto estratégico para el comercio internacional, así como una sede natural para encuentros económicos y empresariales de alto nivel”, señaló el presidente de la Cámara Ítalo-Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura (CAMIP), Vittorio De Sanctis.

La Cámara Ítalo-Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura busca impulsar nuevas oportunidades de intercambio comercial e industrial entre empresas italianas y panameñas, además de agrupar a empresas italianas establecidas en Panamá y a empresas panameñas que comercializan productos italianos, inspirando sinergias para alcanzar intereses comunes.

Una de sus metas es promover la internacionalización de empresas italo-panameñas, facilitando su expansión hacia nuevos mercados y fomentar la creación de nuevas empresas italo-panameñas, tanto en Italia como en Panamá.

Para De Sanctis, el encuentro en Panamá representó una oportunidad para que Panamá mostrara sus bondades al mundo.

La ministra panameña de Comercio e Industrias, por su parte, dijo que la solidez del vínculo económico entre Italia y Panamá queda demostrada en el intercambio comercial entre ambos países, que supera los $180 millones.

En 2025 Italia exportó 96.4 millones de euros e importó desde Panamá 9,2 millones de euros, lo que dio como resultado un balance comercial positivo para Italia.

Existe una relación dinámica, que proyectamos en seguir fortaleciéndola mediante la atracción de inversión de calidad y el impulso de sectores de alto valor agregado, dijo la funcionaria.

La Reunión de Área de las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior (CCIE) – América Latina 2026 reunió a líderes del empresariado italiano en América Latina, posicionando a Panamá dentro de las decisiones del denominado “Sistema Italia”, una red global que impulsa la internacionalización de sus empresas.

En sus intervenciones, los representantes de las distintas cámaras coincidieron en destacar la relevancia del país como sede, destacando su papel como punto estratégico para el comercio con Centro y Suramérica, así como su capacidad para albergar eventos de alto nivel.

A su vez, valoraron la hospitalidad recibida y las condiciones que consolidan al país como un destino idóneo para este tipo de espacios internacionales, se informó desde el Ministerio de Comercio e Industrias.

La agenda incluyó sesiones de trabajo, espacios de intercambio y una visita técnica y cultural, orientada a fortalecer los vínculos entre los participantes y el conocimiento del entorno local.

El encuentro en la capital panameña reunió a representantes de la red cameral italiana en la región, entre ellos Giovanni Musella y Jorge Luis Fittipaldi, presidentes, respectivamente, de la Cámara de Comercio Italiana en Guatemala y de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, Argentina, junto a Mario Pozza, organización que agrupa a las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior.

Un sargento segundo de la Policía Nacional de Panamá murió el domingo en horas de la noche impactado por disparos propinados por delincuentes, mientras formaba parte de un operativo policial en el corregimiento de El Chorrillo, en la ciudad capital.

El agente, de nombre Albis Espinoza, recibió disparos en la cara y el pecho, según informó una fuente policial, mientras que una femenina perteneciente a la institución resultó herida.

Catalogado por las autoridades como zona roja, de alta peligrosidad, El Chorrillo es un barrio popular donde residían los obreros afroantillanos que trabajaban en la construcción del Canal de Panamá en 1914.

Posteriormente, era conocido por panameños y extranjeros por ser un sitio de venta de pescado frito y refrescos, además de las visitas que regularmente antes hacían figuras destacadas de la música salsa, entre ellos Ismael Rivera.

Durante la intervención de Estados Unidos a Panamá en 1989, El Chorrillo fue uno de los barrios más afectados, y hoy día es un sector donde operan al menos nueve pandillas que mantienen la zozobra entre los residentes.

Albis Espinoza, quien se desempeñaba en el servicio regular, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada, aunque pese a los esfuerzos de los galenos se confirmó su deceso, señaló la Policía en un comunicado.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del miembro fallecido, resaltando su valentía, entrega y compromiso con la seguridad ciudadana.

En el comunicado, la entidad policial indicó que ha intensificado las operaciones operativas para dar con los responsables de este hecho, que calificó de “cobarde y criminal, reiterando que no habrá impunidad”.

Se conoció que un sujeto conocido con el alias de “Yamir” fue aprehendido y es señalado como presunto responsable del homicidio de Espinosa.

En diciembre de 2025 otro miembro de la Policía cayó a manos de la delincuencia, cuando en Calzada Larga, Caimitillo, sector de Chilibre, fue abatido el teniente José Izasa Melo, capitán post mortem, además de un trabajador comunitario.

Los reportes de ese momento indican que el hecho se originó después de que las unidades policiales recibieran una alerta sobre dos sujetos en moto que realizaban detonaciones en el área de Calzada Larga.

En un momento dado, haciendo caso omiso a la voz de alto dada por Izasa Melo, quien trató de interceptarlos, los agresores lo impactaron con armas de fuego, al igual que al trabajador de la Junta Comunal, causándoles a ambos la muerte.

En las últimas semanas la violencia ha rebrotado en la capital panameña, y en lo que va del año ha dejado 77 homicidios, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, generando cuestionamientos de la comunidad hacia los estamentos de seguridad.

Los hechos policiales de este fin de semana también registran que mediante un operativo policial en El Hueco, sector 5 de Samaria, Sinaí, en el distrito de San Miguelito, dio como saldo una persona abatida y dos aprehendidas.

La situación se produjo luego de que la Policía atendieran una alerta ciudadana que daba cuenta de supuestas detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al sitio los policías ubicaron a tres sujetos que presuntamente portaban armas de fuego, procediendo de inmediato a su intercepción, lo que provocó un intercambio de disparos.

Producto de este hecho uno de los sospechosos falleció en el lugar, mientras que en la escena fue recuperada un arma de fuego tipo pistola calibre 45.

Las dos personas aprehendidas fueron trasladadas ante las autoridades correspondientes para los trámites pertinentes, se informó desde la Policía Nacional.

Las autoridades de Salud gestionan un modelo de atención donde padres y sus niños con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) puedan tener citas conjuntas en instalaciones de salud cercanas a sus residencias, por lo que han iniciado el proceso de descentralización de los pacientes que se atienden en el Hospital del Niño.

Esto, en vías de impactar a estas familias, en cuanto a su economía y mejora de la adherencia al tratamiento antirretroviral.

La región de Salud ubicada al este de la ciudad capital cuenta con tres clínicas de tratamiento antirretroviral, las cuales brindan atención y tratamiento gratuito, a las personas adultas con VIH.

De igual manera, en el Centro de Salud de Pacora se adelanta el Plan de Expansión de la Atención Pediátrica del VIH.

En 2025 la situación del VIH en Panamá registraba más de 31,000 personas diagnosticadas, de las cuales 21,034 reciben tratamiento antirretroviral.

Para el Ministerio de Salud continúan las barreras económicas para el acceso al tratamiento, estigmas y dificultades de acceso.

El VIH y el SIDA continúan representando un desafío para los sistemas de salud, ya que los procesos, de diagnóstico, control, tratamiento y seguimiento de las personas que viven con VIH y SIDA deben integrarse a un proceso de atención y vigilancia epidemiológica.

Para lograr avances las autoridades han elaborado un plan para la reducción de la incidencia del VIH, a través de la prevención combinada 2023- 2030.

El enfoque está dirigido a garantizar la atención, considerando cualquier amenaza y condiciones de riesgo en el país, que puedan afectar el acceso a los servicios.

La situación del VIH en Panamá es un desafío, señala el Ministerio de Salud, a pesar de los esfuerzos por controlar la epidemia, puestos que los riesgos de aumento de su prevalencia son significativos ante los contextos de emergencia o amenaza al sistema de salud.

En un recuento desde el inicio de la epidemia de VIH en Panamá en 1984 hasta el 2023 las cifras oficiales identificaban a 28,388 personas viviendo con VIH/SIDA en el país, donde la prevalencia del VIH era aproximadamente el dobleen hombres en comparación con mujeres.

En cuanto a la mortalidad asociada al SIDA, en el periodo antes descrito la tasa se redujo de 13.6 por 100,000 habitantes en 2010 a 7.1 por 100,000 habitantes en 2021, lo que representaba una disminución del 48%.

Para el Ministerio de Salud, en ese momento este descenso era un reflejo del avance en el acceso a tratamientos antirretrovirales que mejoraron la calidad y la esperanza de vida de las personas infectadas.

Otro factor que contribuyó a esa reducción incluía a los programas de atención integral que abordaban no solo el tratamiento médico, sino también el apoyo psicosocial y la reducción del estigma asociado al VIH.

En 2020 el país implementó un Plan Estratégico Multisectorial en VIH, con una vigencia de 5 años, con el objetivo de definir las acciones y metas a desarrollar para el cuidado y protección de las personas que viven con el VIH.

El panorama de nuevos diagnósticos muestra una tendencia al alza, impulsada por una mayor capacidad de diagnóstico y acceso a pruebas, especialmente en las áreas donde la epidemia está más concentrada.

Las poblaciones clave, como los hombres que tienen sexo con hombres, las personas transgénero y los trabajadores sexuales, presentan prevalencias superiores al 1%.

En el 2023 se identificaron 1,974 nuevos diagnósticos de VIH, siendo las regiones Metropolitana, Ngäbe Buglé y Panamá Oeste la que mayor proporción de casos nuevos reportaron.

El servicio de encomiendas a nivel nacional en Panamá parece haber emergido como una de las modalidades de trasegar droga localmente. Los Correos Nacionales tienen enlistadas a unas 39 empresas prestadoras de este servicio en el país.

Para ser consideradas como tal, a estas empresas se les reconoce la cobertura, tiempo de entrega, tipos de envío, seguimiento y seguridad, y servicios adicionales que preste, como mudanzas, casillero internacional, transporte multimodal y logística para e-commerce.

Esta semana en el puesto de control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, un vehículo tipo panel de una empresa de encomiendas llevaba 19 bolsas con presunta droga.

Días atrás, un astuto perro se mostró inquieto ante un equipaje que viajaba como encomienda en un bus de la ruta Panamá- Darién, provincia fronteriza con Colombia.

Al ser verificado por la policía del puesto de Agua Fría, detectaron 114.72 paquetes con presunta cocaína, que estaban ocultos entre cinco sacos de harina de pan y paquetes de café, entre otros productos.

El vehículo fue retenido como parte de las acciones de la Operación “Escudo de Acero Fase 3” que adelanta la Policía Nacional y luego de la coordinación de los fronterizos con personal de la Fiscalía de Drogas de Darién.

Este caso vuelve a poner en evidencia las estrategias de las estructuras criminales para evadir la vigilancia, incorporando métodos cada vez más ingeniosos para el traslado de sustancias prohibidas.

Todos los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, entidad encargada de continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el origen o destino de la sustancia.

La droga más incautada en Panamá es la cocaína, y los paquetes de sustancias ilícitas suelen pesar alrededor de un kilogramo cada uno, de acuerdo con las autoridades de Policía.

El país continúa siendo utilizado como ruta de tránsito para la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa.

Igualmente, alguna de las pandillas que operan localmente, unas 180 identificadas por las autoridades, son utilizadas para mover los estupefacientes, por los cuales en muchas ocasiones reciben drogas en pago a sus servicios, alegan las autoridades.

Han advertido que la aparición de drogas sintéticas y nuevos narcóticos también pasan por Panamá.

Las estadísticas de la Policía Nacional registran que en 2025 decomisaron 44,795 paquetes con droga, cerca de 44 toneladas, en diferentes operativos realizados a nivel nacional.

La mayoría de los decomisos de sustancias ilícitas se dieron en vehículos con doble fondo y contenedores en puertos ubicados en el Atlántico y el Pacífico panameño.

Hasta marzo de este 2026, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) indicó que ha decomisado 20.5 toneladas de presuntas sustancias ilícitas en 24 operaciones, una cifra que confirma que Panamá sigue bajo fuerte presión de las redes del narcotráfico.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, aseguró que actualmente se ha decomisado un 80% más de droga, al compararlo con igual periodo de la administración anterior.

“Somos altamente eficientes en la lucha contra el narcotráfico internacional, pero no lo somos en la misma medida en la criminalidad que golpea a la población”, dijo el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, según reportes de prensa.

La diferencia, en su opinión, radica en la falta de continuidad y coherencia en la política criminal.

Aunque reconoce que Panamá cuenta con una estrategia formal contra el delito, advirtió que su aplicación depende demasiado de los cambios de mando.

“En los estamentos de policía hay oficiales altamente preparados, con planes claros para ser más eficientes, pero muchas veces su voz no se escucha cuando llegan nuevas autoridades con otra visión”, aportó González.

El programa “Armas por Comida”, que consiste en que los ciudadanos entreguen a las autoridades las armas de fuego y municiones que tengan en su poder a cambio de incentivos como bonos de comida, medicinas y electrodomésticos, vuelve a tratar de disminuir la circulación de armamento en las calles panameñas.

La Plaza 5 de mayo, en el centro de la ciudad capital, será el escenario este lunes del intercambio, cuyo proceso de entrega se realizará sin cuestionamientos sobre el origen de las armas.

De esta manera, las autoridades indican que se fomenta la confiabilidad y la participación ciudadana en el programa.

En septiembre de 2025 el programa logró recolectar 5,934 municiones, 39 armas de fuego y 48 artefactos explosivos.

Durante ese periodo la iniciativa de la Policía Nacional junto a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública y la Gobernación de Panamá, entregó $7,715.00 a través de bonos canjeables.

Un informe policial detalló que las armas entregadas consistieron en 14 rifles, ocho pistolas, cinco revólveres, tres escopetas, siete pelet, uno de fabricación casera, adicional, 13 proveedores y siete accesorios.

“Armas por Comida”, forma parte de las estrategias enfocadas en fortalecer la seguridad y la convivencia pacífica en el país.

“Tenemos personas que conocen de estos equipos y catalogarán de forma correcta el valor de estas, estén o no funcionando”, señaló la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, quien en 2023 implementó este programa.

“La persona entrega el arma y de inmediato esta se inhabilita, se corta el cañón, las correderas, los revólveres se parte por la mitad y finalmente todo el grupo recolectado es destruido”, explicó Juan Antonio Herrera, jefe de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública.

Hasta el momento se han realizado 19 jornadas del programa “Armas por Comida”, de las que seis han sido en el distrito de San Miguelito, considerado área roja, igual que en Panamá Este, cinco en la provincia de Colón y dos en la provincia de Panamá Oeste.

En total, según la información oficial, se han retirado 1,165 armas y 96,824 municiones.

En marzo de este año en la Asamblea Nacional se discutió y se aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Actualmente, el proyecto espera la sanción o veto del Órgano Ejecutivo.

En su articulado, se señala que el canje no se hará en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de los productos y enseres establecidos.

Esto, dijeron los proponentes de la medida, busca que los beneficiarios no desvíen el dinero a recibir para otros menesteres, que no sea la alimentación, la compra de medicinas y útiles escolares.

Las jornadas de recepción de armas, siempre según el texto del Proyecto de Ley, deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de Gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, y en las mismas se debe contar con participación de representantes del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional.

Mostrando su interés por Panamá, el Consorcio de Universidades Canadienses para América Latina y el Caribe (CALDO) presentó su estructura y las capacidades de cada universidad que la integran, así como los programas y modalidades de cooperación que ofrecen, a fin de identificar intereses y posibles iniciativas conjuntas.

Funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias, de las áreas de Comercio Exterior, Comercio Interior e Industrias, junto con representantes de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales y de la Unidad de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales Internacionales expusieron en este encuentro con CALDO las áreas de interés para fortalecer capacidades institucionales y explorar sinergias, incluyendo inglés técnico comercial e inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos.

Los representantes gubernamentales reafirmaron durante el encuentro el interés de Panamá en desarrollar sectores relativos a los semiconductores, energías renovables, y en iniciativas que faciliten cómo hacer negocios conCanadá, buscando generar un impacto positivo en los sectores productivos locales.

Este primer acercamiento, según una nota de prensa ministerial, sienta las bases para futuras colaboraciones con Canadá, que impulsen la innovación, competitividad y desarrollo sostenible, alineadas con la agenda económica y tecnológica de Panamá.

Uno de los objetivos de este encuentro fue conocer la oferta académica y técnica, y explorar posibles áreas de colaboración en Inteligencia Artificial y semiconductores, alineadas con las prioridades de la nación.

El consorcio es un grupo de universidades canadienses que ofrecen programas de posgrado en inglés y francés a estudiantes de todo el mundo. Este consorcio tiene como objetivo formar recursos humanos con competencias especializadas en áreas de investigación e innovación.

Canadá presenta una serie de oportunidades para desarrollar programas en conjunto. Su gobierno ofrece, a través de su convocatoria EMI, por ejemplo, apoyo a programas de internacionalización, como el fortalecimiento del idioma inglés o francés durante un año previo a la estancia académica.

La beca ELAP, por su parte, también es una subvención del gobierno canadiense, disponible para estudiantes de pregrado interesados en realizar estudios de maestría y doctorados científicos en las universidades canadienses puedan movilizarse con los gastos cubiertos.

Se espera que la vinculación de este tipo de oportunidades contribuya a aumentar el número de movilizaciones de estudiantes panameños a Canadá, principalmente para el desarrollo de proyectos de investigación y colaboración conjunta que beneficien al país.

Esto, no solo a través de becas, sino también con actividades de internacionalización en casa y pasantías cortas académicas y de investigación.

La presencia de CALDO en entidades e instituciones educativas panameñas no es nueva. Ya en noviembre de 2022 realizó acercamientos con profesionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para la ejecución de proyectos de educación superior en áreas de mutuo interés.

La finalidad, según se informó en esa oportunidad, era la de promover la movilización de estudiantes y profesores de postgrado y desarrollar proyectos de colaboración en áreas prioritarias panameñas y canadienses.

CALDO mantiene un convenio de colaboración con el Instituto para del Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), para realizar convocatorias de becas.

Estas subvenciones están dirigidas a estudiantes panameños interesados en realizar estudios de maestrías de investigación o doctorados en áreas de ciencia, tecnología e innovación en centros de educación canadienses, pertenecientes al consorcio.

Profesionales de la Universidad Tecnológica de Panamá han cursado programas de maestrías y/o doctorados en universidades de Canadá, facilitadas por el Consorcio de Universidades Canadienses para América Latina y el Caribe.

Unos 482 mil 33 niños y niñas viven en la pobreza, cifras frías que revelan la vulnerabilidad de una gran parte de la niñez panameña.

La estadística del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social fue expuesta por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la celebración de la 54° Cita Eucarística, al exhortar a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

Llamó a todos los sectores del país a enfrentar la pobreza infantil, comenzando por los tres órganos del Estado, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las diversas comunidades de fe.

“Todos debemos trabajar unidos para que nadie quede al margen en Panamá”, clámó

“Hermanos, hermanas, las llagas del resucitado tienen como origen la corrupción, la impunidad que roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”, indicó el prelado ante cientos de asistentes al evento eucarístico.

“No podemos aceptar que la geografía o el origen determine el destino de una vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.

En medio de aplausos de los asistentes al encuentro religioso, monseñor fue enfático al señalar que “nadie puede quedar al margen. Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”.

El líder de la iglesia católica hizo una comparación entre los niveles de crecimiento y desarrollo macroeconómicos de Panamá, y los sectores que quedan abandonados.

Ulloa recordó que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. y señaló que esto adquiere una gran relevancia al saber que la primera infancia (en edades de 0 a 6 años) define el desarrollo integral de la persona.

Permitir que niños crezcan con marcada pobreza es perpetuar la desigualdad, reiteró.

En esta celebración de la 54° Cita Eucarística, se exhortó a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

En esta ocasión la Eucaristía se celebró en el Anfiteatro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, donde miles de fieles provenientes de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá se congregaron desde tempranas horas junto a sus familias y comunidades, en el marco del centenario arquidiocesano, apunta el semanario Panorama Católico.

Durante el cierre de la recién pasada Semana Santa en Panamá, monseñor Ulloa señaló que Panamá no puede continuar atrapado en la corrupción, la violencia, la desesperanza y la indiferencia, como si la resurrección de Cristo no tuviera consecuencias reales en la vida nacional.

La fe, manifestó en esa ocasión, no puede reducirse a una tradición ni a un discurso vacío, sino que debe traducirse en decisiones concretas que transformen la sociedad.

Cuestionó abiertamente “los sepulcros” que hoy mantienen paralizado al país: la exclusión de los más pobres, la pérdida de valores, la impunidad, el miedo al cambio y la división social.

“Si Cristo ha resucitado, nada puede seguir igual”, advirtió el conductor de la grey católica, subrayando que Panamá necesita hombres y mujeres capaces de actuar con coherencia, de no negociar la verdad y de asumir con valentía el compromiso de hacer el bien, incluso cuando cueste.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, expresó su rechazo a la utilización del estrecho de Ormuz con fines geopolíticos, luego de que Irán decidiera cerrar ese paso estratégico como medida de presión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel a finales de febrero. El funcionario subrayó que el conflicto ha provocado un aumento global en el precio de la energía, aunque Panamá no enfrenta problemas de abastecimiento gracias a sus importaciones desde Estados Unidos.

El diplomático panameño destacó que el Gobierno ha optado por subsidios parciales a los combustibles para reducir el impacto en los consumidores locales. Martínez-Acha explicó que, aunque el país está protegido ante una posible escasez, la subida en los precios internacionales afecta a toda la economía nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá considera que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para la navegación libre y segura de todos los buques. Según la Organización Marítima Internacional, por esa vía transita el 20 % del petróleo mundial, junto a una fracción importante de productos químicos, fertilizantes y automóviles. En entrevista con EFE, Martínez-Acha afirmó que utilizar puntos clave del comercio internacional como instrumentos de presión política genera consecuencias que trascienden las fronteras regionales.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán. El canciller se mostró confiado en que este acuerdo permita restablecer un tránsito marítimo seguro y sin restricciones por el estrecho de Ormuz, considerado una vía crítica para el comercio internacional.

El canciller fue enfático al afirmar: “Eso no puede permitirse”, en referencia a la utilización del estrecho con propósitos geopolíticos. Añadió que espera una solución permanente, basada en condiciones de seguridad para todas las partes involucradas, que garantice la libre navegación.

Relación de Panamá con el Mercosur y desafíos en el comercio marítimo

En el plano regional, Panamá continúa fortaleciendo su relación con el Mercosur. Desde diciembre de 2024, el país es socio pleno del bloque, siendo la primera nación no sudamericana en integrar la alianza fundada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El canciller resaltó que la reciente visita de trabajo a Paraguay permitió avanzar en propuestas de cooperación bilateral, especialmente en el intercambio de experiencias productivas y la promoción de inversiones recíprocas.

El diplomático enfatizó la capacidad de conexión logística de Panamá, gracias a su puerto y al Canal, mientras destacó el potencial productivo de Paraguay. Aseguró que ambos países pueden complementarse en sectores como la agroindustria y la industria manufacturera.

Panamá exige garantías para la libre circulación de sus buques en China

El canciller panameño reiteró la necesidad de que se respete la “soberanía jurídica” del país, en respuesta al aumento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. Esta situación surgió tras una decisión del Supremo de Panamá, que anuló la concesión a una empresa de Hong Kong para operar dos terminales cercanas al canal.

Agregó que de cada cuatro buques panameños que arriban a puertos de China, tres son objeto de inspección por parte de las autoridades portuarias. Estas inspecciones no implican la confiscación de las embarcaciones ni de sus cargas, pero sí provocan demoras en las salidas y revisiones adicionales.

El Gobierno de Panamá ha reconocido el incremento de estas medidas y de la posibilidad de que respondan a motivaciones políticas y no a criterios técnicos. En declaraciones a EFE, Martínez-Acha expresó que la aspiración de Panamá es que se restablezca una relación bilateral basada en el respeto.

Aunque las autoridades chinas no han emitido notificaciones oficiales sobre estas detenciones, Panamá ha recibido información del fenómeno a través de los canales de comunicación de su propia marina mercante.

El sistema integrado de transporte en el área de la ciudad de Panamá se moderniza al implementar las opciones de pago sin contacto, que incluye el uso de tarjetas bancarias y de pagos con QR.

Las 65 estaciones del Metro de Panamá y las 18 zonas pagas de MiBus contarán progresivamente con este sistema, tendiente a complementar las tarjetas prepago que actualmente se utilizan.

Los nuevos validadores a implementar por el sistema masivo de transporte panameño buscan estar acorde con las tendencias que facilitan el pago de los usuarios, según dio a conocer la empresa SONDA.

Desde hace más de 14 años esta empresa administra el sistema de pago del transporte público masivo de la ciudad de Panamá, y bajo la nueva plataforma tecnológica intenta facilitar la integración de distintos modos de transporte.

La tecnología permitirá evolucionar hacia un sistema de recaudo más digital, con capacidades que simplifiquen las recargas.

Con el aumento en los precios de los combustibles, que obligó a MiBus a ajustar sus rutas, se ha reportado un aumento significativo en la demanda del Metro de Panamá, con 40 mil pasajeros adicionales diarios.

En marzo de este año había reportado el traslado de 13.4 millones de pasajeros, superando los 10.9 millones registrados en marzo de 2025, cifra que representa un incremento de 2,4 millones de pasajeros en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este comportamiento, de acuerdo con la empresa, se mantenía en el acumulado del primer trimestre del año.

Entre enero y marzo de 2026, MiBus movilizó 35,7 millones de pasajeros, en comparación con los 31,5 millones registrados el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 4,2 millones de pasajeros adicionales, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento en la demanda del servicio.

En cuanto a la operación, la empresa informó que los despachos ejecutados presentaron un incremento del 9%, con 23,7 viajes adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, fortaleciendo la disponibilidad del servicio.

Asimismo, los kilómetros comerciales mostraron un crecimiento cercano al 17% en comparación con 2025, como resultado de una operación ajustada y enfocada en atender los tramos de mayor demanda.

El crecimiento del transporte público urbano en Panamá permitió la incorporación en marzo de este año de 74 nuevos trabajadores, entre ellos operadores, que son capacitados de manera teórica, incluyendo su salida a la operación en campo como parte de su entrenamiento.

En marzo la operación de MiBus incorporó ajustes puntuales en determinados horarios, en línea con una estrategia orientada a optimizar recursos y sostener la eficiencia del servicio ante el incremento sostenido en los costos del combustible a nivel internacional.

Como parte de este enfoque, se promovió la integración con el Metro de Panamá como alternativa complementaria en horarios de menor demanda, fortaleciendo así el funcionamiento del sistema de transporte de manera articulada.

En 2025 el Metro de Panamá transportó a 114.9 millones de pasajeros, mientras que MiBus movilizó 139,8 millones de pasajeros frente a los 126,9 millones de pasajeros en 2024, lo que representó un incremento aproximado de 12,8 millones pasajeros, equivalente a un crecimiento del 10% interanual.

La línea ferroviaria y el sistema de buses transportaron en su conjunto un total aproximado de 254 millones de pasajero ese año.

Respecto a los nuevos validadores para el pago de los usuarios, Víctor Betancourt, de la empresa SONDA, dijo a los medios que representan un paso importante hacia un sistema más moderno, eficiente y centrado en las necesidades de las personas que utilizan el sistema complementario de transporte público.

El Museo del Canal de Panamá presentó FARO Vol. 1, una publicación que recoge las dos primeras residencias artísticas del programa FARO, en una apuesta por documentar procesos creativos que abordan la historia desde ángulos menos explorados.

Más que un libro, el volumen funciona como una extensión de las investigaciones desarrolladas dentro del museo, permitiendo que los proyectos trasciendan la sala de exhibición y se conviertan en material de consulta y reflexión.

La iniciativa surge como parte de una estrategia del museo para vincular el arte contemporáneo con la memoria histórica, un ejercicio que, según su directora general, Ana Elizabeth González, busca ampliar la manera en que se interpretan los relatos asociados al Canal de Panamá.

FARO, explicó, no se limita a mostrar obras terminadas, sino que pone en valor los procesos de investigación, diálogo e intercambio conceptual que acompañan a los artistas durante su residencia.

El libro compila los trabajos de Giana De Dier y Alfredo Martís, quienes abordaron temas vinculados a la antigua zona del Canal desde perspectivas distintas, pero complementarias.

Mientras una exploró la vida de la mujer afrocaribeña más allá del relato centrado en el trabajo, el otro se adentró en la problemática de las municiones no detonadas que permanecen en antiguos polígonos militares utilizados por Estados Unidos.

En el caso de Giana De Dier, su investigación se enfocó en el concepto de ocio y descanso dentro de las comunidades afrocaribeñas, una mirada que busca contrarrestar el enfoque histórico dominante centrado en la productividad y la construcción del Canal.

La artista plantea que la historia también debe contemplar los espacios de vida cotidiana, interacción social y humanidad, elementos que han sido relegados en los relatos tradicionales.

Su paso por la residencia, que incluyó meses de trabajo en archivo y contacto con investigadores, le permitió desarrollar una propuesta que no solo dialoga con el pasado, sino que también conecta con debates contemporáneos sobre identidad, migración y representación.

Según explicó, el proyecto ha despertado interés más allá del ámbito artístico, siendo retomado por académicos e investigadores que ven en esta línea de trabajo una forma de replantear la narrativa histórica.

Por su parte, el artista Alfredo Martís llevó al espacio del museo una investigación sobre las bombas no detonadas que quedaron en territorios revertidos a Panamá tras la salida de las fuerzas estadounidenses.

Su proyecto no solo aborda un problema ambiental, sino también un tema político y diplomático que continúa siendo parte de la discusión sobre la relación entre Panamá y Estados Unidos.

Martís explicó que durante los años previos a la reversión del Canal existieron conversaciones para la limpieza de estos terrenos, pero finalmente el país recibió áreas que aún presentan riesgos para la seguridad y la salud pública. Su trabajo propone visibilizar esta realidad desde el arte, incorporando al debate temas que no suelen formar parte del discurso público o educativo.

La directora del museo destacó que la publicación de FARO Vol. 1 permite extender la vida de estas investigaciones, dándoles continuidad más allá de la intervención en sala. Según señaló, el libro no solo documenta lo ocurrido, sino que abre nuevas posibilidades de lectura y análisis, convirtiéndose en una herramienta para entender cómo el arte puede dialogar con la historia de manera crítica y contemporánea.

El programa FARO nació en 2022 como un piloto y desde entonces ha desarrollado tres ediciones con artistas distintos, con una cuarta convocatoria prevista para este año.

El próximo eje temático estará centrado en la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, un tema que, según el museo, sigue presente en la memoria colectiva y requiere nuevas formas de exploración desde el arte.

Uno de los aspectos que ha marcado el desarrollo del programa es su capacidad para proyectar las obras fuera del país. Tanto el trabajo de Giana De Dier como el de Alfredo Martís han sido exhibidos en ciudades como Londres, España y Madrid, mientras que otras residencias han comenzado a circular en espacios internacionales, ampliando el alcance del arte panameño y posicionando estas investigaciones en circuitos globales.

El lanzamiento de FARO Vol. 1 se presenta así como un punto de consolidación para el programa, pero también como una invitación a repensar el papel de los museos. Más allá de ser espacios de conservación, iniciativas como esta plantean al museo como un lugar de producción de conocimiento, donde el arte se convierte en una herramienta para cuestionar, reinterpretar y ampliar las narrativas que forman parte de la identidad del país.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre opera al 50% de su capacidad tras una incidencia eléctrica registrada en una de las estaciones de bombeo de agua tratada, según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La situación, reportada en la tarde de este 11 de abril de 2026, mantiene en alerta el sistema de abastecimiento en la ciudad de Panamá y San Miguelito, debido a la relevancia de esta infraestructura dentro de la red de distribución.

De acuerdo con el comunicado oficial, la falla se originó por un evento eléctrico interno, lo que obligó a reducir la operación de la planta mientras se realiza un diagnóstico técnico preliminar para determinar la causa exacta y los trabajos necesarios para restablecer el servicio al 100%.

El IDAAN indicó que sus especialistas se encuentran evaluando el sistema para lograr una recuperación en el menor tiempo posible.

La reducción al 50% implica una presión adicional sobre el sistema de distribución, especialmente en sectores donde el suministro depende de la capacidad total de la planta.

Las autoridades advirtieron que podrían registrarse variaciones en el servicio, baja presión o interrupciones parciales, principalmente en áreas altas o alejadas de la red, donde el impacto de este tipo de fallas suele ser más inmediato.

Este nuevo evento ocurre apenas semanas después de una situación similar registrada el 24 de marzo de 2026, cuando la planta operó al 90% de su capacidad tras detectarse una falla en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada.

En ese momento, el IDAAN activó un plan de reparación que incluía el reemplazo de equipos clave para sostener la operación del sistema.

Durante ese episodio, las autoridades advirtieron que las reparaciones tomarían varios días, mientras se mantenía la operación parcial para evitar una afectación mayor en el suministro. La planta, considerada la más importante del país, continuó funcionando con capacidad reducida, lo que ya había generado presiones sobre la red y alertas en distintos sectores del área metropolitana.

Los antecedentes recientes evidencian que no se trata de un hecho aislado. En 2025, la potabilizadora también registró interrupciones por fallas eléctricas y averías en equipos de bombeo, lo que obligó a operar por debajo de su capacidad durante varios días. Estas situaciones han puesto en evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en Panamá.

La planta de Chilibre cumple un rol estratégico dentro del sistema hídrico nacional, ya que abastece a una parte significativa de la población urbana. Su operación depende del procesamiento de agua cruda proveniente del Lago Alajuela, que luego es distribuida a través de una extensa red de tuberías hacia distintos sectores de la capital y San Miguelito.

Cualquier reducción en su capacidad tiene efectos inmediatos en el suministro, desde disminución de presión hasta interrupciones temporales en zonas específicas. Por ello, el IDAAN reiteró el llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, con el objetivo de facilitar una distribución más equitativa mientras se resuelve la incidencia.

El restablecimiento total del sistema dependerá del resultado del diagnóstico técnico en curso y de la ejecución de los trabajos requeridos. Mientras tanto, la operación al 50% se mantiene como una medida de contingencia para sostener el servicio en la mayor cantidad de sectores posible, en un escenario que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema de producción de agua potable en el país.

Las apuestas brutas en juegos de suerte y azar en Panamá alcanzaron $501.9 millones entre enero y febrero de 2026, reflejando un crecimiento de 15.6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se ubicaron en $434.4 millones.

Este resultado confirma la expansión sostenida de la actividad, impulsada principalmente por el aumento en el uso de máquinas tragamonedas y el crecimiento de las plataformas digitales de apuestas.

El desglose de las cifras muestra que enero concentró $259.3 millones en apuestas, mientras que febrero registró $242.6 millones, lo que implica una disminución mensual de $16.7 millones entre ambos meses.

A pesar de esta caída, el nivel general se mantiene por encima del registrado en 2025, lo que evidencia un comportamiento dinámico en el inicio del año.

Dentro del total acumulado, las máquinas tragamonedas tipo “A” continúan siendo el principal motor del negocio, con apuestas por $359.2 millones en el primer bimestre, lo que representa más del 70% del total del mercado.

Este segmento creció 7.5% frente al año anterior, consolidándose como la actividad dominante dentro de los centros de juego en el país. Estas máquinas permiten múltiples jugadas con una sola apuesta.

Otro componente relevante es el de las apuestas a través de Internet, que alcanzaron $107.4 millones entre enero y febrero, con un incremento de 57.7% interanual, el mayor crecimiento dentro de todas las categorías.

Este comportamiento refleja el avance de los canales digitales y su creciente participación dentro del mercado de juegos de azar en Panamá. Dentro de esta categoría se incluye la lotería electrónica y otras plataformas digitales, lo que evidencia un cambio estructural en los hábitos de consumo.

El resto de las categorías mantiene participaciones menores dentro del total. Las salas de apuestas deportivas generaron $2.8 millones, mientras que los juegos instantáneos sumaron $484 mil.

En tanto, las mesas de juego, como blackjack o ruleta, registraron $26.5 millones, y los bingos alcanzaron $1.0 millón, mostrando variaciones moderadas dentro de un mercado concentrado en tragamonedas y plataformas digitales.

Las mesas de apuestas en Panamá solo están autorizadas a operar en casinos completos, y en el caso de la ciudad capital, los casinos que operan dentro de hoteles deben contar con más de 300 habitaciones, una restricción que limita su expansión territorial y concentra la actividad en establecimientos de gran escala.

La estructura del negocio se sostiene sobre una red de casinos, salas de máquinas, bingos y centros de apuestas deportivas, además del crecimiento de los operadores en línea. La provincia de Panamá concentra 76 salas, seguida por Chiriquí con 6, Colón con 6, Coclé con 5, Herrera con 5 y Veraguas con 4, para un total general de102 salas en el país.

En términos de concesiones, existen 22 casinos completos, 31 locales de máquinas tragamonedas, 45 salas de apuestas deportivas, 3 salas de bingo y 1 hipódromo, según el listado oficial de operaciones.

Además de las máquinas tipo “A”, el país cuenta con máquinas tragamonedas tipo “C”, que operan en locales más pequeños y solo permiten una jugada por cada moneda o apuesta, a diferencia de las múltiples combinaciones de las tipo “A”.

Este formato está presente en establecimientos de menor escala distribuidos en distintos puntos del territorio, ampliando el alcance geográfico del negocio. No existe una estadística sobre las apuestas realizadas en estos locales, por lo que el monto reportado por la Junta de Control de Juegos a la Contraloría General ofrece una fotografía incompleta del negocio de juegos de azar en el país.

Ventas de la lotería

De forma separada, las ventas brutas de la Lotería Nacional alcanzaron $127.6 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una disminución de 5.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento contrasta con el crecimiento observado en los juegos de azar operados por privados, marcando una diferencia en la dinámica de ambos segmentos.

En el detalle mensual, enero registró $64.0 millones en ventas, mientras que febrero sumó $63.6 millones, mostrando una variación mínima entre ambos meses. A diferencia de las apuestas en casinos y plataformas digitales, la lotería mantiene un comportamiento más estable, con menor volatilidad en sus resultados.

Las ventas de lotería corresponden principalmente a la emisión de billetes y chances, lo que representa un modelo distinto al de las apuestas en juegos de azar. Mientras que los casinos y operadores privados dependen del volumen de apuestas realizadas por los jugadores, la lotería se basa en la comercialización de números predefinidos con sorteos periódicos.

En conjunto, las ventas brutas de la lotería y las apuestas brutas en juegos de suerte y azar sumaron $629.6 millones entre enero y febrero de 2026, frente a $569.6 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de $60 millones en un año.

Este comportamiento sugiere que, pese al contexto económico del país, una parte importante del dinero que circula en Panamá sigue destinándose a juegos vinculados con la posibilidad de obtener premios o ganancias por azar.

Sin embargo, este avance económico tiene un ángulo social que no puede ignorarse. El aumento sostenido del mercado de juegos de azar ha venido acompañado de un incremento en los casos de ludopatía en el país, según especialistas y organizaciones que atienden adicciones conductuales.

La mayor disponibilidad, la digitalización y la amplia variedad de juegos amplifican el riesgo, especialmente en entornos urbanos de alta concentración.

Panamá empezó a mover en Argentina y Paraguay una agenda enfocada en comercio, logística y apertura de mercados, en medio de su nueva etapa como Estado Asociado del Mercosur.

Las gestiones incluyen, por un lado, la llegada de café panameño al mercado argentino y, por otro, conversaciones en Asunción para que exportadores paraguayos utilicen la infraestructura panameña como punto de conexión hacia Centroamérica, el Caribe y Asia.

Se trata de dos movimientos distintos, pero ligados por un mismo objetivo: ampliar el alcance comercial de Panamá dentro del bloque sudamericano.

En Buenos Aires, la visita oficial del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dejó como resultado una alianza con Cabrales S.A., empresa reconocida del sector en Argentina, para la importación y comercialización de café panameño.

El acuerdo contempla la incorporación de grano de Santuario Estate Coffee, una finca ubicada en Boquete, provincia de Chiriquí, especializada en café de altura. El paso se produce mientras la firma argentina avanza en la diversificación de su portafolio con cafés de origen y suma a Panamá como nuevo proveedor.

El movimiento ocurre sobre una relación comercial que hasta ahora ha sido limitada y desigual. Las exportaciones panameñas hacia Argentina han sido modestas en volumen y concentradas en pocos rubros.

Entre los productos colocados en ese mercado figuran cacao y preparaciones de cacao, con cerca de $159,000 en 2024, además de productos químicos, instrumentos médicos y ópticos y algunas manufacturas de hierro o acero.

Del otro lado, las ventas argentinas a Panamá alcanzaron alrededor de $271 millones en 2024, impulsadas sobre todo por vehículos, petróleo crudo y aceite de soja.

Ese contraste explica por qué la apuesta oficial no se limita al café. Las autoridades panameñas han identificado espacio para ampliar la oferta hacia Argentina en rubros como pescados, crustáceos, cerveza, preparaciones alimenticias y también en servicios logísticos y financieros.

La intención es que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado no quede reducida a un gesto político, sino que abra rutas concretas para productos y servicios con mayor valor agregado, en un mercado donde hasta ahora la presencia panameña ha sido reducida.

En Paraguay, la agenda tomó otro rumbo. Allí el foco estuvo en la posibilidad de utilizar a Panamá como plataforma para exportar y reexportar mercancías. Durante una reunión en Asunción, la Unión de Industriales de Paraguay (UIP) expresó interés en aprovechar la conectividad global panameña y su infraestructura logística.

El encuentro se dio en el marco de la visita del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, quien también se reunió con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para revisar la agenda bilateral.

Tras esos encuentros, ambos cancilleres suscribieron un comunicado conjunto en el que destacaron las fortalezas de los dos países. El texto reconoce a Panamá como centro de logística, comercio y conectividad, mientras subraya la capacidad productiva de Paraguay.

Además, plantea la intención de generar mejores condiciones para aumentar y diversificar el intercambio comercial, con una participación más activa del sector privado. La propuesta panameña incluyó incluso la posibilidad de que exportadores paraguayos cuenten con una zona franca en territorio panameño.

La reunión con la UIP tuvo un peso particular por el alcance del gremio, que agrupa a 100 organizaciones y 1,500 empresas de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia.

En ese encuentro, Martínez-Acha puso sobre la mesa la opción de construir una alianza empresarial que permita canalizar productos paraguayos hacia otros mercados desde Panamá. Entre las posibilidades mencionadas aparecen centros de acopio y frigoríficos, pensados para acelerar la reexportación de mercancías y reducir tiempos logísticos.

El interés paraguayo no surge en el vacío. Ese país ha fortalecido su perfil exportador durante la última década y figura entre los principales productores mundiales de soya, carne vacuna, arroz, químicos industriales y bioenergía.

Según lo planteado durante la visita, los industriales paraguayos han identificado 24 sectores estratégicos con potencial de exportación. En ese contexto, la ventaja panameña no está en competir en producción agroindustrial, sino en ofrecer una red de puertos, zonas francas, conectividad marítima y aérea, además de acceso a mercados regionales.

Las cifras del intercambio también muestran diferencias frente al caso argentino. Las exportaciones de Panamá hacia Paraguay sumaron aproximadamente $21.7 millones en 2024.

La canasta estuvo encabezada por petróleo refinado, con $7.34 millones, seguido de amino-resinas y plásticos, manufacturas de madera y medicamentos.

A su vez, Paraguay mantiene una presencia importante en el mercado panameño con bienes vinculados a su sector agropecuario, como maíz, soja y carne bovina, en una relación más complementaria que la observada con Argentina.

El programa Panamá Stopover de la aerolínea Copa Airlines, permitirá a partir de 2026 extender la estadía de los viajeros de 7 a 15 días, en una modificación que busca aumentar el tiempo de permanencia de los turistas que utilizan el país como punto de conexión.

La medida aplica para pasajeros en tránsito que deciden detener su viaje en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea, dentro de una estrategia enfocada en elevar el gasto turístico y la permanencia promedio de visitantes.

El cambio se da en un contexto en el que el programa ha ganado peso dentro de la actividad turística. En 2025, el Panamá Stopover registró más de 215 mil visitantes, lo que representó un aumento de 25% frente al año anterior.

Para 2026, la proyección apunta a alcanzar los 250 mil turistas, en una dinámica que ha ido creciendo con el uso de la conectividad aérea del país.

Durante los primeros meses de 2026, el comportamiento del programa muestra una aceleración. Los registros reflejan un aumento de 31% en enero, 31% en febrero y 42% en marzo, en comparación con los mismos meses del año previo.

Estas cifras indican que el Stopover no solo mantiene su crecimiento, sino que gana participación dentro del total de visitantes que llegan al país.

El esquema funciona bajo una lógica específica: los pasajeros que hacen escala en Panamá pueden detener su itinerario antes de continuar hacia su destino final.

Este mecanismo ha permitido que rutas originalmente diseñadas para conexión comiencen a generar flujo turístico, incorporando al país dentro del recorrido de viajeros que no lo tenían como destino principal.

Uno de los efectos más visibles del programa ha sido la diversificación de los destinos dentro del país. Zonas como David, en la provincia de Chiriquí, han registrado un aumento en la llegada de pasajeros.

Actualmente, cerca del 25% de los viajeros que llegan a este destino provienen de conexiones internacionales, lo que refleja un cambio en la distribución del turismo más allá de la capital.

Este movimiento ha estado acompañado por un incremento en la capacidad aérea. La operación hacia David contempla tres vuelos diarios y hasta cuatro en fines de semana, lo que ha permitido aumentar en aproximadamente 40% la disponibilidad de asientos. Esto facilita la movilidad interna de visitantes que inicialmente llegan al país por vía aérea internacional.

El impacto del Stopover también se vincula con el volumen total de visitantes que recibe Panamá. En 2025, el país superó los 3 millones de turistas, con un crecimiento de 8% frente al año anterior.

Dentro de ese total, el programa representa una vía adicional para captar viajeros que, de otra forma, solo habrían transitado por el aeropuerto sin generar actividad económica.

A nivel operativo, el programa se apoya en la red de conexiones del Hub de las Américas®, que permite enlazar decenas de destinos en el continente. Este modelo facilita que pasajeros provenientes de distintos países incorporen una escala en Panamá sin alterar significativamente su ruta original, lo que amplía el alcance del turismo sin depender exclusivamente de viajeros cuyo destino final sea el país.

En 2026 Copa estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El ajuste de 7 a 15 días introduce un cambio en la dinámica del programa, al permitir estadías más largas. Esto abre la posibilidad de que los visitantes recorran más destinos dentro del país y distribuyan su gasto en distintos sectores, desde alojamiento hasta transporte y actividades turísticas.

La recaudación acumulada de Panamá entre enero y febrero de 2026 alcanzó los $1,132 millones, superando la meta presupuestada en $65.8 millones, lo que refleja un desempeño positivo frente a lo planificado por el Estado.

Sin embargo, este resultado no logra superar lo recaudado en el mismo periodo de 2025, cuando los ingresos sumaron $1,149 millones, lo que implica una caída interanual de $17 millones o 1.5%.

En términos prácticos, esto significa que, aunque el gobierno está recaudando más de lo esperado para 2026, todavía no logra igualar el ritmo de ingresos del año anterior.

Dentro de este total, los ingresos tributarios —es decir, los impuestos que pagan ciudadanos y empresas— sumaron $893.7 millones, lo que representa cerca del 79% de la recaudación total.

Aquí se incluyen tributos como el impuesto sobre la renta, el ITBMS en compras y servicios, así como impuestos vinculados a la importación y al consumo de combustibles.

Este segmento registró un aumento de $36.5 millones frente a 2025, mostrando que la base tributaria mantiene crecimiento, aunque no suficiente para compensar otras caídas.

Por otro lado, los ingresos no tributarios —que no provienen de impuestos— alcanzaron $237.1 millones, superando ampliamente lo presupuestado con un excedente de $65 millones.

En esta categoría se incluyen recursos como tasas, derechos, concesiones, servicios del Canal, así como aportes de empresas estatales o entidades públicas.

A pesar de superar la meta, estos ingresos registraron una disminución de $50.5 millones frente al año anterior, lo que explica en gran medida por qué el total acumulado no logra superar el nivel de 2025.

Al observar el comportamiento mes a mes, enero fue el periodo con mayor recaudación, con $606.2 millones, mientras que febrero cerró con $525.8 millones, lo que representa una caída de $80.4 millones entre ambos meses.

Esta reducción mensual muestra que el flujo de ingresos no es uniforme y puede variar dependiendo de factores como el calendario de pagos, la actividad económica y la ejecución de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Aun así, el mes de febrero mostró una mejora frente al mismo mes de 2025. Los ingresos corrientes crecieron $13.4 millones, equivalente a un aumento de 2.6% interanual, impulsados principalmente por el desempeño de la recaudación tributaria.

Esto indica que, aunque hubo una caída respecto a enero, el sistema tributario mantiene una tendencia de crecimiento moderado cuando se compara con el año anterior.

En el detalle de febrero, los ingresos tributarios sumaron $420.8 millones, con un aumento de $20.6 millones frente a febrero de 2025, reflejando un crecimiento de 5.1%.

Este incremento estuvo impulsado por los impuestos indirectos, como el ITBMS, que crecieron 6.8%, así como por los impuestos directos, que aumentaron 3.5%, lo que sugiere un mayor dinamismo en el consumo y en la actividad económica.

En contraste, los ingresos no tributarios de febrero alcanzaron $104.9 millones, superando la meta en $8.7 millones, pero con una caída de $5.6 millones frente al mismo mes del año anterior. Dentro de este grupo, las tasas, derechos y otros ingresos representaron la mayor parte, consolidándose como el principal componente de este tipo de recursos.

Otro elemento que incide en la recaudación es el uso de documentos fiscales, que son mecanismos como créditos o compensaciones que el Estado reconoce a contribuyentes.

En enero se registraron $12.4 millones y en febrero $9.9 millones, para un total de $22.3 millones en el acumulado. Al incluir estos instrumentos, los ingresos totales ascienden a $1,154.3 millones, ampliando el monto efectivo que maneja el Estado.

En conjunto, las cifras reflejan un inicio de año en el que la recaudación supera lo previsto en el presupuesto, pero no alcanza los niveles del año anterior. La diferencia entre ambos resultados está marcada por la caída en los ingresos no tributarios, mientras que los ingresos por impuestos muestran una evolución más estable.

Esto deja un escenario mixto, donde el cumplimiento de metas convive con una menor captación frente a 2025, en un contexto de ajustes en la dinámica fiscal del país.

Mientras calificadoras y organismos internacionales consideran que Panamá debe ampliar su base impositiva para fortalecer la recaudación, el gobierno panameño ha descartado por ahora cualquier aumento de impuestos.

El Parque Nacional Darién concentra la mayor población del Águila Harpía en Panamá y Centroamérica, con estimaciones que sitúan entre 200 y 230 parejas en todo el país, la mayoría ubicadas en esta región selvática.

Este dato posiciona a Panamá como el territorio con mayor presencia de esta especie en Centroamérica, gracias a la disponibilidad de bosques continuos y a las medidas de protección ambiental impulsadas a nivel nacional.

La harpía, declarada Ave Nacional en 2002, también se encuentra en el Parque Nacional Chagres y el Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro, aunque con menor concentración.

El Águila Harpía (Harpia harpyja) es una de las rapaces más grandes del mundo, con una altura que puede alcanzar un metro y una envergadura superior a los dos metros. Su distintiva cresta de plumas, que se eleva cuando está en alerta, y sus garras poderosas, comparables con las de un oso, la convierten en un depredador dominante dentro del dosel del bosque tropical.

Este aspecto ha generado confusión frecuente, ya que muchas personas sobreestiman su capacidad, llegando a creer que puede levantar humanos, lo cual no es posible pese a su tamaño.

En cuanto a su comportamiento, la harpía es una especie monógama, formando parejas estables durante años. Su ciclo reproductivo es lento, con una puesta de uno o dos huevos, aunque generalmente solo sobrevive un polluelo.

Además, la reproducción ocurre cada dos o tres años, lo que limita el crecimiento de la población. Los nidos, ubicados a más de 50 metros de altura, incrementan el riesgo durante los primeros meses de vida, cuando las crías desarrollan habilidades como el vuelo.

La alimentación de esta rapaz se basa en especies arborícolas como perezosos, monos, iguanas y otros animales del bosque. Su capacidad de maniobra entre árboles y su fuerza de agarre la convierten en una cazadora altamente eficiente.

Sin embargo, enfrenta amenazas como la deforestación, especialmente fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), así como la cacería motivada por mitos sobre su comportamiento.

En los últimos años, el Ministerio de Ambiente ha reportado una disminución en los casos de águilas heridas, lo que refleja avances en las acciones de conservación, vigilancia y educación ambiental. Según explicó Erick Núñez, jefe del departamento de Biodiversidad, la participación de las comunidades ha sido clave en este proceso.

En zonas como Sambú, Cémaco y Taimatí, grupos locales han asumido funciones de vigilancia del bosque y desarrollo de iniciativas sostenibles que combinan la protección de la especie con oportunidades económicas.

La entidad mantiene la coordinación de esfuerzos de investigación, junto con especialistas nacionales, y desarrolla programas de educación ambiental orientados a reforzar el conocimiento sobre la especie.

Además, da seguimiento a las infracciones contra la vida silvestre, mediante la apertura de procesos administrativos conforme al marco normativo vigente. Estas acciones buscan reducir los impactos negativos sobre la población de harpías y garantizar su permanencia en el país.

El marco legal que protege a la especie incluye la Ley 24 de 1995, sobre vida silvestre, y la Ley 18 de 2002, que declara al Águila Harpía como Ave Nacional de Panamá.

También está incluida en la lista de especies amenazadas mediante la Resolución N° DM-0657-2016, lo que refuerza las restricciones frente a actividades que puedan afectar su supervivencia.

A pesar de los avances, persisten desafíos importantes como la pérdida de hábitat, los mitos sobre el águila y la necesidad de seguir fortaleciendo la conciencia en comunidades locales.

Las autoridades también advierten que la observación del ave en su entorno natural puede representar una oportunidad económica, pero debe realizarse de forma responsable, evitando interferir en su ciclo biológico. En este contexto, el Águila Harpía se mantiene como un indicador clave del estado de los ecosistemas boscosos en Panamá.

Caso sin resolver

La protección del Águila Harpía en Panamá no ha estado libre de controversias. Uno de los casos que más atención generó fue la desaparición de “La Colonensa”, una hembra subadulta que se encontraba en proceso de rehabilitación en el Parque Municipal Summit, en la ciudad de Panamá.

El ave había sido rescatada en enero de 2019 en la provincia de Colón, luego de presentar heridas de bala, y permanecía bajo observación en un área de cuarentena.

La harpía desapareció entre el mediodía del sábado 29 y el mediodía del domingo 30 de junio de 2019. Las autoridades descartaron que se tratara del ejemplar conocido como “Panamá” y centraron la atención en esta otra ave, cuya salida del recinto levantó sospechas de un posible hurto.

Tanto el Ministerio de Ambiente como los estamentos de seguridad manejaron la hipótesis de que pudo haber sido extraída por una red vinculada al tráfico ilegal de fauna, tomando en cuenta el alto valor que puede alcanzar un águila harpía en el mercado negro, donde se estimaba un precio de entre $250,000 y $1 millón.

La desaparición provocó indignación entre organizaciones ambientalistas y volvió a poner sobre la mesa las debilidades en la vigilancia y custodia de especies amenazadas. La Ley 18 de 2002, que declara al Águila Harpía como Ave Nacional, establece multas de $5,000 para quienes la dañen o sustraigan, pero en este caso no hubo resultados concluyentes ni se conoció el paradero del ejemplar.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

Una nueva muerte por influenza en Panamá eleva a 32 el total de defunciones en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), que advierte sobre el impacto de las enfermedades respiratorias en la población más vulnerable.

El reporte señala que la mayoría de los fallecimientos se concentra en personas de 65 años o más y en menores de un año, grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

El análisis también revela un dato crítico: el 90.9% de las personas fallecidas no contaba con la vacuna contra la influenza, mientras que el 75.8% presentaba factores de riesgo, como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Esta combinación incrementa significativamente la probabilidad de que el virus evolucione hacia cuadros severos, como neumonía o insuficiencia respiratoria, que pueden resultar letales.

La influenza es una infección viral que afecta las vías respiratorias y cuyos síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado común. Entre los signos más frecuentes están la fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga extrema y dolores musculares, pero la diferencia clave es su rapidez de evolución y su capacidad de generar complicaciones en personas vulnerables.

A diferencia de otros virus respiratorios, la influenza puede volverse potencialmente mortal cuando progresa hacia infecciones pulmonares graves, especialmente en pacientes no vacunados o con condiciones preexistentes.

Mientras un resfriado común suele resolverse en pocos días, la influenza puede desencadenar hospitalizaciones y, en casos extremos, la muerte, lo que la convierte en una enfermedad de mayor impacto en salud pública.

El informe del Minsa también reporta un aumento en los casos de leishmaniasis, con 537 casos acumulados en lo que va del año, lo que refleja una tendencia al alza en esta enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de insectos.

La leishmaniasis es causada por parásitos del género Leishmania y se manifiesta principalmente en la piel, generando úlceras que pueden dejar cicatrices permanentes. Sin embargo, en su forma más grave, conocida como leishmaniasis visceral, puede afectar órganos internos como el hígado y el bazo, comprometiendo la vida del paciente si no se trata a tiempo.

En paralelo, el país también registra un incremento en los casos de malaria, con 2,578 casos acumulados en 2026, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Esta enfermedad, transmitida por mosquitos infectados, puede provocar fiebre, escalofríos, sudoración intensa y anemia, y en casos severos puede afectar el sistema nervioso y provocar complicaciones mortales.

A nivel regional, organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas en América Latina, impulsado por factores como el cambio climático, la movilidad humana y las brechas en cobertura de salud. Enfermedades como la malaria, el dengue y la leishmaniasis siguen siendo problemas persistentes en zonas tropicales, donde las condiciones favorecen la transmisión.

En Panamá, el informe epidemiológico también detalla que se han registrado 1,670 casos de dengue, incluyendo algunos con signos de alarma y casos graves, lo que evidencia la circulación activa de enfermedades transmitidas por vectores en el país.

El documento además menciona otros eventos de vigilancia, como casos aislados de virus Oropouche, hantavirus y leptospirosis, lo que refleja la diversidad de amenazas sanitarias que enfrenta el sistema de salud. Aunque algunos de estos reportes son bajos en número, su presencia mantiene activo el monitoreo epidemiológico en distintas regiones.

Las autoridades insisten en que el autocuidado y la prevención son claves para reducir el impacto de estas enfermedades. Medidas como la vacunación, el lavado frecuente de manos, el uso de repelentes y la eliminación de criaderos de mosquitos son fundamentales para cortar las cadenas de transmisión y evitar nuevos contagios.

Vacunas disponibles

Desde este miércoles 8 de abril, Panamá inició la aplicación de la nueva vacuna contra la influenza, la cual protege contra las cepas AH1N1, AH3N2 y B/Victoria que actualmente circulan en el país.

Las autoridades sanitarias destacaron que la inmunización está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados, como parte de la estrategia nacional para reducir complicaciones y muertes asociadas al virus.

Cada año, el virus de la influenza muta con frecuencia, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza la composición de la vacuna para adaptarla a las variantes predominantes. a

En ese sentido, el Minsa reiteró que la dosis aplicada en años anteriores no protege completamente frente a las nuevas cepas, por lo que es necesario vacunarse nuevamente. La vacuna trivalente utilizada en Panamá contiene dos cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y una cepa de influenza B (Victoria), lo que permite una cobertura más efectiva frente a los virus en circulación.

Para este año, el país cuenta con un primer lote de 384 mil dosis, como parte de un total de 1.2 millones de vacunas adquiridas para cubrir la demanda nacional. Las autoridades hicieron un llamado especial a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños menores de 5 años, a acudir a los centros de salud.

Además, se han desplegado jornadas de vacunación en asilos, guarderías, CAIPI y centros de atención, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir la propagación del virus en la comunidad.

La provincia de Los Santos, en el corazón de Panamá, vivió entre la tarde del miércoles 8 de abril y la mañana de ayer jueves 9, uno de los episodios más angustiantes de su historia reciente.

La desaparición de Javieris Hurtado, una niña de apenas siete años, activó no solo los protocolos tecnológicos de la Alerta Amber, sino también un motor de solidaridad y furia ciudadana que estuvo a punto de desbordar la capacidad de las autoridades.

No obstante, la incertidumbre terminó el día de ayer, donde la Policía Nacional de Panamá confirmó que, gracias a la ampliación de los dispositivos de búsqueda tras la alerta, Javieris fue ubicada. “Gracias a Dios damos con la ubicación de esta menor en compañía de una persona adulta”, informó una fuente oficial de la policía.

Sin embargo, el alivio vino acompañado de indignación. El hombre que acompañaba a la menor fue identificado como un sujeto “presumiblemente conocido por familiares de la niña” y mayor de edad. Este detalle que el presunto captor fuera alguien del entorno o del área encendió la chispa de la violencia civil.

En las afueras del cuartel de la Policía en La Villa, la escena era caótica. Videos en redes sociales mostraron a una multitud enardecida exigiendo que se les entregara al detenido.

La tensión fue tal que las autoridades tuvieron que redoblar la seguridad del recinto. “Por motivos de seguridad, le corresponde a la policía preservar su integridad”, explicaron las autoridades, refiriéndose al captor, quien ya está a órdenes de la Personería para iniciar el proceso de investigación.

La última vez que se vio a la menor fue a las 4:30 p.m. del miércoles en el sector de La Rueda, en La Villa de Los Santos. Desde ese instante, el tiempo se convirtió en el peor enemigo.

Mientras el sistema oficial de protocolo difundía su rostro en los celulares de miles de panameños, en el barrio la respuesta fue orgánica y desesperada.

“Desde que no supimos dónde estaba, cinco carros con todas las personas de ahí mismo del barrio fuimos a las playas, fuimos a la represa, a Chitré, a todos los recovecos habidos y por haber”, relató uno de los voluntarios que participó en la búsqueda.

La comunidad no esperó el amanecer. Durante toda la noche, bajo la oscuridad de las zonas rurales de Los Santos, vecinos y familiares rastrearon cada rincón.

“Aquí en Los Santos desde ayer estamos que no hemos dormido nada”, sentenció otro allegado, reflejando el agotamiento físico y mental de un pueblo que se negaba a aceptar una tragedia.

Investigación en curso

Actualmente, Hurtado está bajo custodia de las autoridades sanitarias y judiciales. “Ahorita estamos viendo para si le están haciendo exámenes, para ver si salió bien”, comentaron familiares en el sitio, mientras esperan los resultados de Medicina Forense.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Aunque la niña está “sana y salva” físicamente, el impacto psicológico y la ruptura de la paz social en Los Santos dejan una marca profunda.

Panamá celebra el regreso de una de sus hijas, pero el grito de justicia que se escuchó frente al cuartel de La Villa es un recordatorio de que la ciudadanía exige penas ejemplares para quienes atentan contra la inocencia.

El caso de Javieris en Panamá guarda un paralelismo escalofriante con lo ocurrido recientemente con el niño Patrick en la región centroamericana.

Patrick, quien fue secuestrado y posteriormente rescatado en Honduras, también movilizó a las fuerzas de seguridad bajo un esquema de cooperación y alerta masiva.

Cuatro días después de la explosión registrada debajo del Puente de las Américas, este viernes 10 de abril se realizó la inspección técnica a la estructura por parte de ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en coordinación con especialistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La revisión busca determinar si el incendio provocado por el siniestro dejó daños, vulnerabilidades o afectaciones que obliguen a mantener o ajustar las restricciones vigentes sobre una de las principales conexiones viales del país.

La evaluación se desarrolla luego del accidente ocurrido el pasado lunes, cuando la explosión e incendio de camiones cisterna obligó a suspender el uso del puente por casi 24 horas y alteró la movilidad de miles de usuarios.

Desde entonces, las autoridades panameñas han mantenido una operación restringida, permitiendo únicamente el paso de vehículos livianos y limitando la carga a un máximo de 10 toneladas, mientras se avanza en el diagnóstico estructural.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, explicó que la presencia del equipo técnico responde a una solicitud formal del gobierno panameño, tramitada tras el incidente.

Según indicó, los especialistas llegaron al país en menos de 24 horas después de aprobada la petición y permanecerán en Panamá hasta el martes, trabajando junto a los ingenieros del MOP en la revisión de la estructura.

Cabrera adelantó que el lunes podría estar listo un resultado preliminar o evaluación final, que será entregado al MOP y al presidente José Raúl Mulino para que las autoridades adopten las decisiones que correspondan.

El diplomático señaló que el análisis contempla inspecciones en sitio y, si resulta necesario, el envío de muestras a laboratorios en Estados Unidos, aunque aclaró que esa decisión dependerá de lo que encuentren los especialistas en esta fase inicial.

El embajador también recordó que el Puente de las Américas fue construido entre 1959 y 1962, por lo que Estados Unidos conserva los planos originales de la estructura.

Esa documentación, según explicó, ya fue compartida con las autoridades panameñas y permite que el equipo técnico cuente con una base adicional para identificar posibles fracturas, debilidades o alteraciones provocadas por la explosión y el fuego.

Mientras se completa esa revisión, el tránsito por el puente sigue limitado a sedanes, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras permanece prohibido el paso de camiones de carga, transporte pesado y vehículos de gran tamaño, salvo unidades de emergencia.

La medida se adoptó como precaución ante la necesidad de evitar una sobrecarga sobre la estructura hasta que se conozca con mayor precisión el efecto del incendio en el puente.

La explosión del lunes no solo obligó al cierre temporal de la vía, sino que también volvió a exponer la importancia estratégica de esta infraestructura, utilizada diariamente por más de 80 mil personas para entrar o salir de la capital.

Con el Puente Centenario como única alternativa de desvío para buena parte del tráfico restringido, cualquier afectación prolongada en el Puente de las Américas tiene consecuencias directas sobre la movilidad, la logística y el transporte entre Panamá y el interior del país.

En sus declaraciones, Cabrera vinculó además esta evaluación con la necesidad de estar preparados ante cualquier evento que comprometa infraestructuras críticas asociadas a la operación del país y del Canal de Panamá.

El embajador sostuvo que la defensa y protección de estos activos no solo implica prepararse ante amenazas deliberadas, sino también ante accidentes que puedan generar daños graves en puntos neurálgicos de conexión y tránsito.

Sobre una eventual ayuda adicional, el diplomático señaló que primero debe conocerse el contenido de la evaluación técnica. No descartó que Estados Unidos pueda considerar algún tipo de apoyo futuro, pero insistió en que por ahora el trabajo está centrado en determinar el estado real del puente y entregar al gobierno panameño una base técnica que le permita definir los siguientes pasos.

El informe esperado entre el lunes y el martes será clave para establecer si las restricciones actuales se mantienen, se flexibilizan o incluso se refuerzan. Por ahora, la prioridad sigue siendo garantizar que el Puente de las Américas continúe operando sin poner en riesgo a los usuarios, mientras las autoridades esperan el resultado de una inspección que definirá el alcance real de los daños causados por la explosión.

El rechazo a la actuación de funcionarios de la Contraloría General de la República escaló en las últimas horas, luego de que gremios como el Colegio Nacional de Abogados de Panamá y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestionaran la intervención de auditores en diligencias del Ministerio Público, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado vinculada a un exvicepresidente de la República.

El Colegio Nacional de Abogados calificó los hechos como una grave afectación al principio de separación de poderes, al considerar que la irrupción de funcionarios de la Contraloría en una diligencia penal constituye una intromisión en funciones exclusivas del Ministerio Público.

El gremio advirtió que este tipo de acciones no solo comprometen la legalidad del proceso, sino que también pueden debilitar la confianza en el sistema de justicia.

En la misma línea, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, sostuvo que la actuación de los auditores representa una obstrucción a la justicia y una señal preocupante para la institucionalidad democrática.

La organización señaló que interrumpir diligencias judiciales y limitar el trabajo de los fiscales afecta directamente la capacidad del Estado para investigar casos de corrupción de alto perfil.

Los hechos se originaron en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde funcionarios de la Contraloría habrían ingresado en medio de una diligencia en la que se realizaban entrevistas a auditores de la propia institución, vinculados a una investigación por enriquecimiento injustificado. Según lo informado, esta intervención habría impedido la culminación del acto investigativo.

Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación confirmó el inicio de una investigación penal para esclarecer lo ocurrido. En su comunicado, la entidad indicó que la actuación de los funcionarios de la Contraloría interrumpió una diligencia clave dentro de una causa en curso, lo que motivó la apertura de un proceso para determinar posibles responsabilidades.

La Procuraduría explicó que los auditores involucrados estaban siendo requeridos por autoridad competente en el marco de una investigación relacionada con el presunto enriquecimiento injustificado de un exvicepresidente, identificado como José Gabriel “Gaby” Carrizo.

Estos funcionarios habrían participado en auditorías vinculadas al caso, lo que los convierte en piezas relevantes dentro del proceso.

En este contexto, se ha mencionado la presencia del contralor general, Anel Flores, en las instalaciones del Ministerio Público durante los hechos. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya tenido participación directa en la decisión de retirar a los funcionarios ni en la interrupción de la diligencia, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance de su involucramiento.

Los gremios han insistido en que más allá de la participación individual de funcionarios, lo ocurrido refleja un problema institucional de mayor alcance. Tanto el Colegio de Abogados como la Fundación señalaron que cualquier intento de interferir en investigaciones penales socava la independencia del sistema judicial y debilita los mecanismos de control contra la corrupción.

Además, recordaron que los auditores, en su condición de peritos dentro de procesos judiciales, tienen el deber de colaborar con las autoridades, responder a requerimientos legales y facilitar el esclarecimiento de los hechos, independientemente de la institución a la que pertenezcan.

Cualquier acción que limite esa colaboración puede interpretarse como un incumplimiento de sus obligaciones legales.

Aunque la entidad tiene funciones de control y fiscalización del uso de los recursos públicos, su intervención en diligencias judiciales debe respetar el marco legal y la competencia exclusiva del Ministerio Público en la persecución penal.

La Procuraduría, por su parte, reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones de forma objetiva, independiente y respetando el debido proceso, al tiempo que rechazó cualquier tipo de presión externa.

La entidad enfatizó que garantizar la integridad de las investigaciones es fundamental para proteger el interés público y la confianza ciudadana en las instituciones.

Mientras avanzan las indagaciones, el caso se perfila como un nuevo punto de tensión entre instituciones del Estado, en un momento en el que la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad se mantienen como temas centrales en la agenda pública panameña.

Este nuevo episodio se suma a una serie de diferencias previas entre el contralor general, Anel Flores, y el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, quienes en el pasado han mantenido posturas encontradas sobre el alcance y uso de las auditorías realizadas por la Contraloría.

Las discrepancias han girado en torno a la validez, oportunidad y manejo de estos informes dentro de procesos penales, lo que ha evidenciado tensiones institucionales sobre los límites de cada entidad en la lucha contra la corrupción.

La Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto de ley 570, una iniciativa que busca modificar la Ley 46 de 2013 para agilizar los procesos de adopción en Panamá, en medio de cuestionamientos sobre la lentitud del sistema y el tiempo que niños y adolescentes permanecen en albergues sin acceso a una familia permanente.

La propuesta fue analizada en una mesa técnica liderada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Durante la jornada participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF), el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes revisaron los cambios planteados para fortalecer el marco legal y garantizar el interés superior del menor.

El debate se centró en cómo hacer más eficientes y transparentes los procedimientos sin debilitar los controles.

El propio documento legislativo reconoce una de las principales fallas del sistema: los procesos de adopción en Panamá son “largos y tediosos” debido a la burocracia y cuellos de botella administrativos, lo que retrasa la integración de los menores a un entorno familiar .

Esta situación ha sido señalada de forma reiterada por autoridades y especialistas como uno de los factores que desincentiva a potenciales adoptantes.

Las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con datos oficiales citados en la exposición de motivos, en 2025 había 52 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, de los cuales 31 presentaban alguna discapacidad.

Este último grupo enfrenta mayores dificultades para ser adoptado, lo que prolonga su permanencia en centros de acogida o en modalidades de cuidado alternativo.

Aunque el número de menores declarados adoptables es relativamente bajo, el sistema enfrenta otro desafío: la cantidad de niños que permanecen en albergues a la espera de procesos administrativos o judiciales es significativamente mayor.

Diversos reportes institucionales han señalado que cientos de menores viven bajo protección del Estado, muchos de ellos sin haber sido declarados formalmente en condición de adoptabilidad, lo que retrasa aún más su posibilidad de integración familiar.

En los últimos años, las adopciones en Panamá han mantenido un ritmo limitado. Las estadísticas públicas reflejan que el país registra decenas de adopciones anuales, una cifra baja en comparación con la cantidad de menores en el sistema de protección.

Este desfase evidencia que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de niños adoptables, sino en la estructura del proceso y su duración.

El proyecto de ley 570 plantea cambios concretos para enfrentar estas limitaciones. Entre ellos, establece la obligación de reportar en un plazo de 24 horas los casos de menores en posible situación de abandono o sin acceso a familia, con el fin de activar de manera más rápida la intervención de la SENIAF.

Además, busca acelerar la declaratoria de adoptabilidad, reduciendo tiempos en etapas clave del proceso.

Otro de los ajustes propone que, en casos de niños con padres desconocidos, el expediente administrativo y la solicitud judicial se tramiten en un plazo máximo de 60 días, lo que representa un intento por evitar demoras prolongadas en la definición del estatus legal del menor.

Estas medidas apuntan a recortar tiempos críticos que actualmente pueden extenderse por años.

El proyecto también refuerza la prioridad del reencuentro familiar cuando sea posible, así como la búsqueda de familiares biológicos o extendidos antes de proceder con la adopción.

Este enfoque mantiene el equilibrio entre la protección del menor y el respeto a sus vínculos familiares, alineándose con estándares internacionales en materia de niñez.

Sin embargo, expertos coinciden en que la lentitud del sistema no responde a un solo factor. Entre las principales causas se encuentran la fragmentación institucional, la falta de coordinación entre entidades, los procesos judiciales extensos y la limitada capacidad operativa para evaluar a los adoptantes.

A esto se suma la preferencia de muchas familias por adoptar niños pequeños, lo que deja en desventaja a adolescentes o menores con condiciones especiales.

El resultado es un sistema donde, pese a la existencia de normas claras, la ejecución enfrenta obstáculos estructurales que afectan directamente a los menores.

En este contexto, la discusión del proyecto de ley busca no solo actualizar la legislación, sino también generar un marco que permita procesos más ágiles, efectivos y centrados en el bienestar del niño.

La iniciativa se mantiene en fase de análisis legislativo y deberá pasar por los debates correspondientes en la Asamblea Nacional.

Su aprobación dependerá de lograr consensos entre los distintos actores del sistema, en un tema donde el principal desafío sigue siendo reducir los tiempos sin comprometer la seguridad jurídica y la protección integral de los menores.

La discusión de este proyecto de ley se da en un contexto en el que el ojo público vuelve a centrarse en la situación de los albergues en Panamá, tras nuevas denuncias de presunto maltrato, abuso y condiciones inadecuadas en centros bajo supervisión estatal, particularmente aquellos vinculados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Estas alertas no son recientes: desde 2021 se han documentado denuncias por abusos sexuales y maltrato contra menores en albergues, muchas de ellas reiteradas sin una respuesta estructural definitiva por parte del Estado.

Las autoridades de la Caja de Seguro Social detectaron mediante una investigación simulaciones que algunos funcionarios hacían para que de sus salarios se les descontaran pensiones alimenticias que en realidad iban a evitar el pago a mueblerías.

Los fondos descontados no tenían como destino real el cumplimiento de la supuesta responsabilidad familiar, sino más bien era una fachada para no seguir pagando sus compromisos.

En Panamá las pensiones alimenticias están regidas por la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, y para autorizar el monto hay que pasar por un proceso judicial ante un juez, que es quien determina la cantidad a descontar del salario.

Las pensiones alimenticias, según la norma legal vigente, se basan en principios de interés superior del menor, igualdad de derechos y obligaciones, proporcionalidad entre ingresos y necesidades, y preferencia de la obligación alimentaria sobre otras deudas.

El mecanismo utilizado en esta oportunidad por los funcionarios, indicó la entidad gubernamental, habría servido como fachada fraudulenta para no pagar deudas particulares, usando indebidamente la planilla de la institución.

Esta conducta, siempre según la entidad, es una falta grave y una clara violación a la ley, así como a los principios de transparencia que rigen la institución.

Ante esta situación la institución manifestó que adoptó medidas disciplinarias contra los involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se determinen las responsabilidades.

La entidad de seguridad social reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y advirtió que no tolerará este tipo de acciones. Asimismo, aseguró que continuará reforzando sus controles internos para prevenir y sancionar cualquier irregularidad.

Esta no es la primera vez que la entidad de seguridad social se ve involucrada en esquemas fraudulentos.

En enero de este año, la Caja de Seguro Social informó que presentó denuncias penales ante el Ministerio Público después de detectar un esquema fraudulento que involucra la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales.

Esto derivó en la aprobación de hasta ese momento de 52 pensiones irregulares, con un impacto económico estimado en más de $10 millones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares internas realizadas por la actual administración, entre $3 millones y $4 millones ya se habían pagado en concepto de pensiones, como resultado de manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la institución.

Dino Mon Vásquez, director general de la entidad, explicó en su momento que los hallazgos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía y sugiere posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir del proceso investigativo.

La Caja de Seguro Social solicitó formalmente al Ministerio Público que se realicen peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.

Asimismo, la institución destacó que existieron alertas en administraciones anteriores sobre este tipo de irregularidades, que no fueron atendidas con seriedad, permitiendo la continuidad de estas prácticas.

La Caja de Seguro Social reiteró en esa oportunidad que continuará fortaleciendo los controles internos y los sistemas tecnológicos para evitar que hechos como estos se repitan.

La Procuraduría General de la Nación logró una condena de 48 años de prisión contra un hombre por violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad, en un caso ocurrido en el corregimiento de Alcalde Díaz que se extendió por casi una década.

El fallo fue emitido tras un juicio oral realizado en abril de 2026, donde el Ministerio Público sustentó su teoría del caso con pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado ante un tribunal.

Durante el proceso, la Fiscalía expuso que los hechos ocurrieron de manera reiterada entre 2009 y 2018, cuando la víctima tenía entre 8 y 17 años de edad. El condenado, quien era el padre biológico de la menor, cometía las agresiones dentro del entorno familiar, aprovechando la convivencia diaria y la relación de confianza.

Este elemento, sumado a la prolongación en el tiempo de los hechos, fue determinante para establecer la gravedad del delito y la imposición de una pena elevada.

El tribunal estableció una sanción que incluye 20 años por violación agravada, 8 años por actos libidinosos agravados y 20 años por corrupción de menores, para un total de 48 años de prisión.

Además, se dictó una pena accesoria de inhabilitación que prohíbe al sentenciado ejercer cargos, oficios o profesiones en espacios donde haya presencia de menores, como centros educativos, parques y áreas deportivas, con el objetivo de reducir riesgos futuros.

Este caso se enmarca dentro de los delitos que contemplan las penas más severas del Código Penal panameño, especialmente cuando existe vínculo familiar o una relación directa de autoridad sobre la víctima.

Las autoridades han insistido en que estos procesos requieren una actuación rigurosa del sistema judicial, debido al impacto que generan en la integridad física y emocional de las víctimas.

En un segundo caso, la Procuraduría General de la Nación logró que un juez de garantías ordenara la detención provisional de un hombre de 44 años, imputado por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de una menor de edad, en la provincia de Veraguas.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía Regional a través de su sección especializada, que argumentó la existencia de riesgos procesales y peligrosidad del imputado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el año 2018, en el corregimiento de Las Cruces, distrito de Cañazas. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, luego de que la menor comenzara a manifestar alteraciones emocionales, incluyendo episodios de pesadillas, y posteriormente relatara lo sucedido.

Este tipo de manifestaciones suele ser considerado un indicador relevante en procesos de investigación relacionados con delitos sexuales.

Un aspecto que influyó en la decisión judicial fue que el imputado mantiene antecedentes penales por al menos tres casos de delitos sexuales, lo que incrementa la valoración de riesgo.

El juez determinó que la detención provisional era necesaria para evitar la afectación de pruebas, proteger a la víctima y garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal. La medida responde también a la naturaleza grave del delito investigado.

En un tercer caso, un hombre de 38 años fue detenido provisionalmente por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, tras una investigación desarrollada en la provincia de Panamá Oeste.

La acción fue ejecutada por la Fiscalía Regional, que logró acreditar la comisión del hecho durante una audiencia de solicitudes múltiples ante un juez de garantías.

El caso se originó a partir de una diligencia de allanamiento y registro realizada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, en coordinación con la Policía Nacional.

Durante el procedimiento, se incautó un equipo telefónico que, tras su análisis, permitió identificar más de 390 archivos, entre imágenes y videos, con contenido de carácter sexual que involucraba a menores de edad.

Estos elementos fueron determinantes para que el tribunal ordenara la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la imposición de la medida cautelar.

El Ministerio Público argumentó que existe un riesgo de manipulación de evidencia, así como un peligro para la comunidad, considerando la naturaleza del material encontrado y el impacto que este tipo de delitos tiene en la protección de la niñez.

Un solo puñetazo en el cuello bastó para que Emilio Miranda Herrera, de 22 años, matara a su hermano mientras libaban licor en el corregimiento de Las Delicias, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

Luego de que la Fiscalía lograra acreditar el fratricidio de su hermano Sebastián Miranda Herrera, de 19 años, Emilio Miranda Herrera quedó bajo detención provisional.

Reportes de prensa reseñan que el día del suceso, mientras el alcohol hacía su efecto, surgió de pronto una disputa entre los hermanos, la cual fue subiendo de tono hasta que decidieron irse a los puños, llevándose Sebastián la peor parte.

Fue tal el golpe que Emilio le propinó a Sebastián en el cuello, que este cayó al suelo, se golpeó la frente y esto le provocó una hemorragia interna que le causó la muerte.

Emilio se entregó a las autoridades y este jueves fue presentado ante un juez de garantías que, tras analizar los elementos de convicción que acreditan la conducta penal presentada por la Fiscalía, decidió imputarle cargo por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones con resultado de muerte, y aplicar la medida cautelar más severa, relata el diario Critica.

En otro hecho, una balacera en la Calle 11 ½ de Río Abajo provocó la muerte de la conductora de una plataforma de transporte, Karina Torreglosa, de unos 25 años.

En el percance también murió uno de los pistoleros, mientras que al menos 10 personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad, uno de los cuales está delicado.

Los reportes indican que eran las 9:00 p.m. cuando Torreglosa y las personas que resultaron heridas quedaron en medio del intercambio de disparos.

Torreglosa y los demás heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital San Miguel Arcángel, pero ella lamentablemente no sobrevivió. De los heridos, un menor de 2 años fue alcanzado por una de las balas en una mejilla y le salió por la otra.

Este miércoles también en Río Abajo, Calle 13, dos hombres fueron asesinados a balazos a eso de las 4:35 de la tarde cuando se encontraban en una barraca.

Hombres armados llegaron en un taxi y les dispararon, narraron testigos, que agregaron que en el ataque otras dos personas resultaron heridas y se encuentran estables en un centro hospitalario, reportó el diario El Siglo.

Añade que los residentes de Río Abajo se encuentran temerosos, sobre todo porque en menos de cinco días se han producido cuatro homicidios, en tanto que la Policía Nacional informó que no hay detenidos por estos crímenes y se mantienen las investigaciones.

La ola de violencia en varios barrios de la ciudad capital también alcanzó a un hombre que se encontraba dentro de un inmueble en el sector de Santa Cruz, donde recibió múltiples disparos, en medio de un presunto intercambio de disparos.

En tanto, un hombre fue condenado a 48 años de prisión luego de ser declarado culpable de abusos múltiples contra su hija menor de edad.

El total de la sentencia de 48 años de prisión es producto de la suma de 20 años por el delito de violación agravada, 8 años por actos libidinosos agravados y otros 20 años por corrupción de personas menores de edad agravada.

Por los delitos de violación sexual agravada y hurto también dos adolescentes de 15 años fueron privados de su libertad por la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito.

Copa Airlines prevé operar 88 destinos con 420 vuelos diarios en 2026, impulsada por la expansión de su flota y proyectando una contribución de USD 1,400 millones a la economía panameña, según un comunicado difundido este jueves.

Como parte del plan de crecimiento, la compañía espera contar con 121 aeronaves a finales de 2026 y tiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX hasta 2029. Estos recursos permitirán fortalecer la oferta de asientos, mejorar la conectividad regional y transportar 20.900.000 pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, conocido como el “hub de las Américas”, un centro aeroportuario de referencia para conexiones en el continente.

Además, Copa Airlines calcula crear cerca de 400 nuevos empleos directos en Panamá, integrando pagos a proveedores, impuestos y salarios en el aporte económico total.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea, afirmó: “Seguimos enfocados en fortalecer los pilares que sostienen nuestra operación: una red de rutas sólida, una flota moderna y el desarrollo del talento que requiere una operación en expansión”.

Expansión de flota y proyecciones económicas

Este 2026, el programa Panamá Stopover permitirá a los viajeros una estadía de hasta quince días sin costo adicional, con el objetivo de atraer 250,000 visitantes y promover destinos fuera de la capital, como la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

De cara a este año, la empresa proyecta ser la primera aerolínea en Latinoamérica en ofrecer internet de alta velocidad en vuelo con tecnología Starlink, que posibilitará acceso a transmisiones en tiempo real, videojuegos y herramientas en la nube para los pasajeros.

La compañía, filial de Copa Holdings, opera actualmente con Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX 9 en rutas hacia Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, según informó la agencia internacional de noticias EFE.

Copa Airlines planea sumar más de 350 pilotos y amplía el acceso a la formación con becas y convenios

En la actualidad, Copa Airlines cuenta con más de 1,445 pilotos activos y proyecta incorporar más de 350 profesionales adicionales en los próximos tres años. La empresa articula este crecimiento con un programa sostenido de inversión en formación, orientado a minimizar la dependencia del mercado de trabajo internacional y a consolidar una flota capaz de sostener sus operaciones en crecimiento continuo.

La expansión está respaldada por una infraestructura moderna y altos índices de puntualidad, que consolidan el Hub de las Américas® como uno de los principales nodos de conexión aérea en el continente.

El acceso a la carrera de piloto se ha democratizado en Panamá mediante alianzas estratégicas y programas de financiación. Copa Airlines, a través de ALAS, ha establecido acuerdos con instituciones como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y bancos locales, además de otorgar becas para nuevos talentos. Estas iniciativas buscan ampliar la base de aspirantes y asegurar que la demanda interna de capital humano se cubra con personal nacional debidamente capacitado.

Este esfuerzo se enmarca en el objetivo estratégico de mantener la expansión de la aerolínea, la cual opera alrededor de 395 vuelos diarios hacia 85 destinos y prevé una incorporación sustancial de personal en los próximos años, en un momento en el que el sector enfrenta una escasez global de profesionales en cabina.

La iniciativa pretende garantizar la viabilidad futura de la compañía, en un entorno donde las aerolíneas latinoamericanas compiten contra mercados emergentes como Asia y Medio Oriente por el talento humano especializado.

Panamá ha transmitido a las autoridades diplomáticas de China su preocupación por los casos de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país, afirmó el presidente José Raúl Mulino.

“Espero y tengo la confianza de que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución y en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ‘ad infinitum’, porque más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial que, obviamente, sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo, y que en alguna medida perjudica también la carga china”, dijo el mandatario.

Durante un recorrido por el puerto de Balboa, que en estos momentos opera bajo una concesión temporal de 18 meses otorgada a la naviera Maersk, mientras se licita una concesión definitiva, Mulino se reunió con miembros de su directiva.

Posteriormente, recorrió el patio de contenedores y la zona de carga y descarga y tuvo un breve encuentro con un grupo de trabajadores, a los que felicitó por su dedicación, informa una nota de prensa oficial.

Cabe destacar que la concesión temporal del puerto de Balboa se tomó luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión dada a la filial local de CK Hutchison Panamá Ports Company (PPC), lo que provocó la reacción de China.

Tras felicitar a un grupo de trabajadores portuarios, manifestó que esta “es una demostración de que cuando se trabaja y planifica, las cosas acontecen para bien. Hoy los puertos están funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”.

Aseguró que “esto ha demostrado al mundo entero que los panameños podemos hacer las cosas en grande y bien. El 100% del personal que está trabajando aquí es panameño”.

En este sentido, reiteró que se preparan dos nuevas concesiones para los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, cuyos términos serán en beneficio y defensa de los intereses nacionales, para que dejen mejores dividendos que le permitan al país construir escuelas, hospitales y carreteras, y aporten al sostenimiento de programas sociales.

También reveló que se está elaborando un pliego para la nueva concesión del puerto de Margarita.

Cuestionado sobre la reciente explosión de tres tanques cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas, indicó que este accidente pone de manifiesto la importancia de proteger la interconectividad del país.

Acotó que la investigación de este hecho está en manos de la Procuraduría General de la Nación, y los temas administrativos asociados al accidente están siendo investigados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El paso por el Puente de las Américas está limitado a vehículos particulares y autobuses pequeños, mientras se mantienen las evaluaciones a cargo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Cuerpo de Bomberos, el SINAPROC, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá.

Luego de ser sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Puente de las Américas será inspeccionado por ingenieros de la Armada de Estados Unidos (U.S. Army).

Construido por Estados Unidos, el Puente de las Américas fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, y en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo.

La corrupción es el desafío “transversal” que enfrenta Panamá, ya que “podemos hablar de inversión, pero si no resolvemos esto, todo lo demás se debilita. Como sector empresarial, tenemos la responsabilidad de actuar con ética y transparencia”, afirmó el empresario Aurelio Barría Pino, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el periodo 2026-2027.

Dijo que el país enfrenta grandes retos, entre los que citó la minería, asegurar el agua, la educación, dinamizar la economía y el turismo, temas que requieren de un análisis objetivo, con políticas públicas y decisiones que prioricen el beneficio de la mayoría de los panameños.

Barría Pino, presidente número 74 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, expresó que “estamos en medio de un río que no se detiene, que no tiene orillas y que nos exige claridad, firmeza y sentido de dirección”.

Se comprometió a promover, conectar y defender al sector privado con un plan de trabajo centrado en pilares concretos y medibles.

La medición, indicó en una nota de prensa del gremio, se hará en cuatro ejes principales, como la implementación de la ley de pasantías, el emprendimiento, misiones comerciales y fortalecer el valor para la membresía del gremio que preside.

En cuanto a la ley de pasantías aseguró que se impulsará una implementación robusta y medible, para abrir oportunidades reales a los jóvenes, mediante guías de buenas prácticas y capacitación para las empresas.

Respecto al emprendimiento, manifestó que dado a que en el país el 96% de las empresas son micro, medianas y pequeñas, la Cámara de Comercio facilitará el camino hacia la formalización.

Aunado eso, organizará el IV Congreso de Emprendimiento, a fin de construir un ecosistema de apoyo, y evitar que emprender sea “un salto al vacío”, en vez de un camino acompañado con mentorías, capacitaciones y conexiones, subrayó el empresario.

El nuevo presidente del gremio empresarial reiteró que durante su gestión potenciará las plataformas de exposición, motores clave que este año generaron transacciones por $165 millones.

Un hito fundamental, afirmó, será cuando en octubre próximo Panamá sea sede del World of Coffee, consolidando al país como el referente regional en turismo de convenciones.

A través de misiones comerciales estratégicas, Barría Pino destacó que la el gremio que ahora dirige seguirá abriendo puertas para sus miembros, apalancándose en cuatro décadas de experiencia y posicionando a Panamá como el punto de conexión global por excelencia.

Concerniente al fortalecimiento de las empresas miembros, el recién estrenado presidente gremial sostuvo que se buscará que los más de 1,800 miembros perciban mayores herramientas de conexión y más oportunidades de representación.

“Nuestra aspiración es que la Cámara siga siendo ese espacio donde se construyen relaciones, se generen ideas y se impulse al país”, comentó.

Sobre el desempeño de la actual administración del presidente José Raúl Mulino, quien se encontraba en el acto de toma de posesión, el empresario reconoció como positivos los pasos estructurales que se han dado en materia de disciplina fiscal, en la reforma a la Caja de Seguro Social y el manejo del Presupuesto General del Estado.

Según el líder gremial, estas medidas generan una atmósfera de credibilidad indispensable: “Ordenar la casa es complejo, pero es un paso hacia la inversión y mejores oportunidades de financiamiento”, puntualizó.

La junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de está conformada directores y suplentes de los 15 grupos que representan los principales sectores de la economía nacional, cuyas empresas emplean a más de 340,000 colaboradores.

El dengue continúa afectando a la población panameña registrándose hasta el momento 1,670 casos acumulados a nivel nacional, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

El último informe del Ministerio de Salud, correspondiente del 15 al 21 de marzo del año en curso, manifiesta que del total de casos acumulados unos 1,466 casos son sin signos de alarma, mientras que 194 presentan signos de alarma y se reporta 10 casos de dengue grave.

Al detallar los lugares con mayor impacto de la enfermedad, se indica que la Región Metropolitana encabeza la lista con 415 casos, seguido por la provincia de Colón con 232 casos, San Miguelito con 176 casos, Bocas del Toro 164 casos, Panamá Oeste con 153 casos y Panamá Este con 136 casos.

De igual manera, la provincia de Herrera registra 102 casos, Panamá Norte 78, Chiriquí con 69 casos, Los Santos 45 casos, la comarca Kuna Yala 32, la provincia de Veraguas con 29 casos; Coclé 22, Darién 12 casos y la comarca Ngäbe-Buglé con 5 casos.

Los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

Al referirse a las hospitalizaciones y defunciones, el informe del Ministerio de Salud explica que se presentan un total de 197 hospitalizados, y se registra un acumulado de seis defunciones correspondientes a las regiones de Bocas del Toro con 3, Los Santos con 2 y Coclé con un caso.

La tasa de incidencia nacional correspondiente a la semana epidemiológica analizada es de 35.4 casos por 100 mil habitantes.

En cuanto a los corregimientos con más casos, se tiene que hasta la semana de referencia estos son Tocumen (85 casos), 24 de Diciembre (74 casos), Belisario Frías (64 casos) en San Miguelito, Las Garzas en Panamá Este (57 casos), Cristóbal en Colón (48 casos) y Veracruz (43 casos).

Las tasas de incidencia demuestran de igual manera, aunque es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, en Panamá el grupo más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 47.8 casos por 100 000 habitantes

El Ministerio de Salud asegura que continúa intensificando los operativos en todo el país durante este año, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Asimismo, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros.), tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

Las autoridades de Salud recomiendan a la población no automedicarse y acudir oportunamente a los centros de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.

El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Panamá y Argentina suscribieron los Términos de Referencia para lanzar la negociación de un Acuerdo Comercial bilateral, que se negociará en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Los Términos de Referencia (TDRs) están dirigidos a potenciar una mayor densidad comercial de intercambios entre Panamá y Argentina.

Son un instrumento que establece la base técnica y política para avanzar en conversaciones bilaterales flexibles, progresiva y orientada a fortalecer el comercio preferencial, la cooperación, la facilitación del comercio y la promoción de inversiones.

En este caso, el acuerdo permitirá profundizar la relación económica y ampliar el comercio de bienes, abordando también áreas clave como acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación y promoción del comercio, defensa comercial y solución de controversias, entre otros aspectos.

El diseño de este instrumento, suscrito por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, presenta un enfoque pragmático y orientado a resultados, priorizando la facilitación del comercio real y la reducción de costos y obstáculos para las empresas, con el objetivo de incrementar las exportaciones a Panamá en torno al 20%, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

Además, el acuerdo reviste un carácter estratégico, dado que Panamá no sólo es una de las principales economías de Centroamérica, sino también un centro financiero y un hub logístico y de distribución, que cuenta con una amplia red de Acuerdos de Libre Comercio que abren nuevas perspectivas para la inserción internacional de las empresas argentinas y facilitan su acceso a terceros mercados.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina reafirma su compromiso con una política comercial activa, orientada a generar crecimiento, empleo y ampliar mercados, en un contexto global que exige mayor integración, competitividad y reglas claras para el comercio.

“Este es un paso que ambos países construimos con responsabilidad”, afirmó por su parte el ministro panameño Moltó durante la firma de los documentos.

Agregó que “Panamá participa consciente de su rol como hub, para acercar al comercio de distintos destinos, aportando mayor fluidez en las relaciones comerciales”.

Al referirse a los pasos iniciales para un acuerdo, el ministro argentino, Pablo Quirno destacó el interés de “alcanzar mayor densidad comercial” entre ambos países.

“Estos Términos de Referencia nos enfocan en el objetivo de lograr un intercambio beneficioso para ambos países. Son el punto de partida para que empresas argentinas accedan a más mercados”.

La visita del ministro de Comercio e Industrias panameño a Buenos Aires, Argentina, incluye reuniones con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo es posicionar a Panamá como plataforma regional para comercio, servicios, logística e inversión e identificar oportunidades concretas de inversión y establecimiento de operaciones argentinas en Panamá.

Esta misión forma parte de la nueva etapa de relacionamiento económico que Panamá impulsa con los Estados parte del Mercosur, luego de su entrada en el bloque comercial. La meta se enfoca en abrir una nueva etapa de integración práctica y complementaria, en la que Panamá actúe como facilitador de la internacionalización de empresas argentinas hacia Centroamérica, el Caribe y otros mercados de la región.

Durante el periodo enero de 2025 al mismo mes de 2026, las exportaciones panameñas hacia Argentina crecieron 51.1% en términos mensuales comparativos, pasando de $31,300 a $47,300. Las importaciones desde Argentina superan los $13 millones mensuales, impulsadas principalmente por camiones, aceite de soja y medicamentos.

En Panamá, la desaparición de mujeres concentra la atención tras la reciente publicación de cifras oficiales que revelan la magnitud del fenómeno: durante las últimas semanas las autoridades han recibido al menos dos denuncias diarias por presuntas desapariciones, una dinámica que activa de inmediato protocolos judiciales y policiales. Aunque la mayoría de los casosconcluye con la ubicación de las víctimas, la frecuencia de reportes así como la diversidad de factores involucrados mantienen en alerta a especialistas y fuerzas de seguridad.

Según informó el Ministerio Público a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, en el último año se registraron 1,093 desapariciones de mujeres en territorio panameño. De ese total 1,046 fueron localizadas, una cifra que representa la resolución del 95% de los reportes, aunque la fiscalía no detalla en qué condiciones fueron halladas las personas. Esta tasa de resolución, aunque elevada en comparación con otros países de la región, no elimina la preocupación por los riesgos asociados a cada caso abierto.

En lo que va de 2026, el balance más actualizado de la Unidad Especializada indica que 191 mujeres han sido reportadas como desaparecidas. De ellas, 153 ya fueron localizadas, mientras que 38 aún se encuentran bajo búsqueda activa. “Las autoridades detallan que cada denuncia activa estrictos protocolos de investigación y búsqueda con el objetivo de determinar lo ocurrido así como dar con el paradero de la persona lo antes posible”, puntualizó Gustavo Barragán Ching, jefe de la unidad especializada, en diálogo con el Ministerio Público. Los datos muestran que las edades de las mujeres desaparecidas abarcan desde niñas dedos años hasta octogenarias.

El fenómeno de las desapariciones involucra denuncias diarias ante las autoridades panameñas, que en la mayoría de los casos logra localizar a las víctimas mediante la acción coordinada de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, cerca del 5 % de las denuncias permanece abierta, de forma paralela las autoridades señalaron que continúa la investigación de la muerte de una menor de edad. Las autoridades, encabezadas por el fiscal superior Barragán, insisten en que la denuncia inmediata es crucial para el éxito de las pesquisas y advierten a las familias sobre la importancia de no esperar 24 horas antes de reportar una desaparición.

2 mujeres desaparecidas cada día

En los anuncios difundidos por la Procuraduría panameña a través de plataformas digitales figuran víctimas que van desde la infancia temprana hasta mujeres octogenarias. Una vez que se formaliza una denuncia, el caso se remite a la fiscalía correspondiente según la jurisdicción para iniciar el trámite de investigación. El fiscal Barragán enfatizó que “el Ministerio Público cuenta con oficinas en todo el país. Apenas no logre comunicarse con su familiar, puede presentar la denuncia”, y agregó que las oficinas del organismo operan las 24 horas del día en toda Panamá.

El Ministerio Público destaca la urgencia de denunciar cualquier desaparición apenas se detecte. Este protocolo es necesario porque, según explican sus funcionarios, la eficacia de la búsqueda depende muchas veces de las imágenes de cámaras de videovigilancia, cuyos registros pueden ser eliminados tras lapsos breves.

Factores que influyen en las desapariciones en Panamá

Para analizar las causas de este fenómeno, el criminólogo Tirso Castillo De Lemos, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, explicó al medio Panamá América que las desapariciones de mujeres suelen responder a dos grandes factores. El primero corresponde a decisiones personales, ya que en algunos casos las mujeres deciden abandonar su hogar “porque no quiere estar con su familia, su pareja o sus hijos. Desea tener otra vida, otra pareja”, describió el especialista.

El segundo factor está relacionado con la acción del crimen organizado. Castillo De Lemos detalló que, en toda América Latina, redes criminales se dedican a la trata de personas y la explotación sexual, afectando principalmente a mujeres y jóvenes. “El crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico. También opera en modalidades criminales como la trata de personas, la prostitución y la explotación sexual, incluso infantil”, enfatizó el criminólogo al medio panameño.

Castillo De Lemos alertó sobre la existencia de redes que capturan a mujeres y adolescentes para su traslado y explotación en otros países de la región, lo que agrava el potencial riesgo que implica toda desaparición reportada.

El presidente José Raúl Mulino subrayó durante un acto en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá realizado el miércoles, los avances recientes en sectores clave como la economía, el turismo y la logística, detalló el sitio web del gobierno.

En el evento, Mulino mencionó que la economía panameña ha registrado un crecimiento anual del 4.4%, mientras que el turismo experimentó una expansión del 9%.

El mandatario atribuyó estos resultados a una administración que, según sus palabras, se mantiene alejada de la corrupción y prioriza la inversión eficiente de los recursos públicos.

La intervención de Mulino destacó la generación de empleo y la recuperación de proyectos públicos previamente abandonados. El mandatario afirmó que la unidad de los sectores productivos y la apuesta por una cultura de trabajo han sido fundamentales para alcanzar estos logros.

Enfatizó la necesidad de mantener la transparencia y evitar que las inversiones públicas queden inconclusas, ya que esto puede traducirse en la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Uno de los puntos centrales del discurso fue el avance en infraestructura. Mulino sostuvo que la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá pasó del 0% al 30% de avance y que la tuneladora Panamá ya logró cruzar por debajo del Canal hasta Balboa. También mencionó la recuperación de la carretera Interamericana, tanto hacia el Este como hacia el Oeste, como parte de los proyectos prioritarios.

El presidente resaltó además el manejo responsable de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde se preservaron aproximadamente 7 mil empleos directos. Según Mulino, la gestión evitó la improvisación y permitió que estos puertos continúen operados por empresas internacionales que emplean mano de obra panameña.

Necesidad de reformas y visión a futuro

Mulino instó a mirar hacia adelante y aprender de los errores pasados. Insistió en que la justicia debe actuar para sancionar irregularidades, mientras que el Ejecutivo debe enfocarse en gestionar y sentar las bases del desarrollo nacional.

El mandatario propuso que Panamá continúe siendo sede de foros internacionales y eventos de clase mundial como EXPOCOMER, y manifestó su rechazo a las interrupciones de vías, que afectan la dinámica productiva.

Consultado sobre el estado actual de la economía panameña por varios medios locales, el presidente Mulino aseguró que el país muestra signos de crecimiento sostenido en sectores estratégicos, como el turismo, la logística y la infraestructura, gracias a una administración orientada a la transparencia y a la eficiencia en la inversión pública.

Sobre la educación, Mulino planteó la “necesidad de una nueva ley de educación” para combatir la desigualdad. Expresó que la brecha entre la educación pública y la privada debe cerrarse elevando el nivel de la primera, con el objetivo de equiparar las oportunidades para toda la población.

Nueva directiva en la Cámara de Comercio y agenda del sector privado

El acto también incluyó la toma de posesión de Aurelio Barría Pino como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para el periodo 2026-2027. Su antecesor, Juan Arias, ofreció un mensaje de despedida antes de la juramentación.

Durante su intervención, Barría resaltó la colaboración entre el sector privado y el gobierno. Anunció que su gestión se centrará en cuatro pilares: el impulso de una ley de pasantías para jóvenes, la formalización de emprendimientos, la promoción de plataformas para la exposición internacional de Panamá y el fortalecimiento del turismo de eventos.

Barría también reconoció avances del gobierno en materia fiscal, en las reformas a la Caja de Seguro Social y en la administración del presupuesto nacional.

No obstante, advirtió que retos como la minería, el acceso al agua y la mejora educativa requerirán decisiones de política pública que prioricen el interés colectivo.

Las autoridades y representantes empresariales coincidieron en la importancia de mantener una agenda conjunta a favor del desarrollo económico, social y educativo de Panamá, subrayando la responsabilidad compartida en la consolidación de un país más justo y competitivo.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, fue escogida como nueva Defensora del Pueblo de Panamá para el periodo 2026-2031, con una votación de 31 a 37 en la Asamblea Nacional, en una sesión que terminó cerca de la medianoche.

Previo a un candente debate entre los diputados, mediante una votación en el pleno se retomó y superó un informe de minoría que volvía a dar la oportunidad a Russo de participar en la contienda, pues había sido excluida de una lista previa en la Comisión de Gobierno del ente legislativo.

Desde hace unas semanas ya se rumoraba que Russo era la ungida del Ejecutivo.

El 4 de enero de 2016 Russo fue nombrada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta el 2025.

Durante su trayectoria, ejerció en importantes responsabilidades institucionales, entre ellas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Sala Primera de lo Civil, coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

También fue miembro de la Comisión de Alto Nivel de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, desde donde según una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, promovió acciones y lineamientos dirigidos a la igualdad de género, la protección de los derechos humanos y la atención oportuna de personas en condición de vulnerabilidad.

Russo llegó a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia nominada por el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), aunque en esta oportunidad corrió apoyada por la bancada gubernamental del partido Realizando Metas, del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado por supuestos actos de corrupción y asilado en Colombia desde el 10 de mayo de 2024, gracias a un salvoconducto otorgado por el actual presidente José Raúl Mulino.

Mulino llegó a la presidencia de la República de la mano de Martinelli, con 34% de los votos del electorado, bajo el slogan “Mulino es Martinelli y Martinelli es Mulino”.

Faltando horas para el debate y la votación en la Asamblea Nacional, el hasta hace poco Defensor del Pueblo y candidato a mantenerse en el cargo, Eduardo Leblanc, envió una carta pública desistiendo de su candidatura.

“Por este medio informo al país que, tras una profunda reflexión personal, familiar e institucional, he tomado la decisión de retirar mi candidatura al cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031, convencido de que la institución debe estar siempre por encima de cualquier interés individual”, manifiesta Leblanc.

“Declino la candidatura”, se lee en el documento, “con la tranquilidad del deber cumplido, orgulloso del trabajo realizado junto a un equipo comprometido, y satisfecho de haber contribuido a consolidar una Defensoría más fuerte, cercana y respetada, capaz de acompañar al país en momentos complejos”.

Leblanc manifestó que su decisión busca evitar que la Defensoría del Pueblo se vea envuelta en controversias que puedan afectar su rol como garante de los derechos humanos en el país.

El Vigésimo Sexto Período Ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) reunió en Ciudad de Panamá a representantes de varios países del continente, con el objetivo de reforzar la lucha regional contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento fue escenario para debatir sobre los principales desafíos que enfrentan los Estados en la prevención y detección de estas amenazas.

Durante la sesión plenaria, se destacó la necesidad de una coordinación más estrecha entre organismos nacionales y el sector privado para identificar y frenar operaciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.

Según el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Iván Marques, el fortalecimiento de los sistemas financieros y comerciales frente a estas amenazas es esencial para la seguridad no solo regional, sino también internacional.

¿Qué sucedió en la reunión? Delegaciones de países como Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y Venezuela compartieron experiencias y acordaron estrategias para hacer frente al financiamiento ilícito.

El encuentro enfatizó el compromiso de los Estados miembros de mejorar la cooperación interinstitucional y de aplicar estándares internacionales para cerrar brechas de vulnerabilidad en la región.

Evaluación de riesgos y nuevas tecnologías

Uno de los temas centrales fue la relevancia de realizar evaluaciones de riesgos y de supervisar el uso de nuevas tecnologías y criptoactivos, capaces de ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

Estos aspectos fueron señalados como prioritarios en la detección de amenazas emergentes y para fortalecer la capacidad de respuesta de los países participantes.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, Isabel Vecchio, quien también preside el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), advirtió que ninguna nación está libre del riesgo y que solo un enfoque integral, con la participación activa del sector público y privado, puede ofrecer resultados efectivos.

En el acto inaugural, el ministro de Relaciones Exteriores encargado de Panamá, Carlos A. Hoyos, remarcó que “Panamá protege su territorio al tiempo que contribuye a la seguridad regional y global, entendiendo que el terrorismo es un problema que trasciende fronteras y requiere una respuesta conjunta y coordinada”, en mensaje reproducido por mire.gob.pa.

Compromiso regional y cooperación internacional

El viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos A. Hoyos, sostuvo durante la apertura que Panamá contribuye a la seguridad regional y global al asumir el papel de presidente pro tempore del CICTE en el año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, símbolo histórico de diálogo y cooperación en América Latina.

El foro reafirmó la voluntad colectiva de los Estados de promover políticas públicas más robustas y de intercambiar información para anticipar desafíos vinculados a la evolución de los métodos de financiamiento del terrorismo. Las conclusiones apuntaron a que la colaboración internacional y regional es imprescindible para reducir los riesgos asociados y garantizar una respuesta eficaz frente a este fenómeno que trasciende fronteras.

El Vigésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) concluye este el 9 de abril en la Ciudad de Panamá.

La reunión ratificó el compromiso de los Estados miembros de la OEA con la cooperación regional y la acción coordinada frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad hemisférica.

La venta de viviendas nuevas en Panamá proyecta un crecimiento sustancial para 2026, según estimaciones del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, que anticipa la comercialización de 5,530 unidades el próximo año, es decir, un aumento del 38 % respecto a 2025. Esta expansión podría marcar un punto de inflexión en el sector construcción y su influencia en la economía nacional, de acuerdo con el informe anual presentado por Convivienda, principal gremio del sector en Panamá, y reportado por medios locales.

En 2025, Convivienda informó la entrega de 4,020 viviendas nuevas, con un rango de precios entre USD 40,000 y USD 60,000. El 81 % de estas ventas se realizó bajo el programa de interés preferencial, orientado a facilitar el acceso a la vivienda para los sectores de menores ingresos. A pesar de la implementación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2 % a la primera vivienda, la medida no logró incrementar la recaudación fiscal.

El estudio econométrico en el informe anual determinó que la recaudación estimada por ITBI sería de USD 37 millones, pero las pérdidas en ITBMS e ISR alcanzaron los USD 131.5 millones, generando un déficit fiscal neto de 94.5 millones, como consignó La Estrella de Panamá.

La aplicación del ITBI a la primera vivienda también tuvo efectos económicos negativos: la baja total fue de USD 1,288 millones, lo que representó el 1.6 % del PIB en 2025, según el análisis citado por Centroamérica 360.

El impuesto del ITBI no cumple el objetivo fiscal y reduce el acceso a vivienda

El estudio presentado por Convivienda concluyó que la carga tributaria sobre la adquisición de la primera vivienda afecta a los segmentos sociales más vulnerables. La directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez, precisó a La Estrella de Panamá que, debido a este tipo de normativa, “se excluye a miles de familias del acceso habitacional y se reduce el efecto multiplicador de la construcción”.

El gremio planteó que existen mecanismos alternativos de recaudación tributaria que no impactan la adquisición de hogares por primera vez. Según su postura, la reactivación del sector construcción es esencial para dinamizar la economía, ya que —además de su incidencia directa en el producto interno bruto— contribuye a la generación de empleos de calidad.

El ITBI, conforme al informe, fue diseñado como una herramienta de recaudación, pero sus efectos reales derivaron en pérdidas fiscales y exclusión social, sin lograr el estímulo esperado para los ingresos del Estado. El reporte subraya que la recaudación objetivo de USD 37 millones contrastó con “una pérdida fiscal neta de USD 94.5 millones”.

El sector construcción y la economía panameña en 2026

De acuerdo con las previsiones de Convivienda y la interpretación de analistas citados por La Estrella de Panamá, 2026 podría representar un año de recuperación para la industria, impulsado por un crecimiento sostenido de la demanda habitacional y el impulso de la minería del cobre, que anticipa un avance nacional del 5.57 %. Los datos del gremio remarcan que, en términos de impacto económico, cada dólar invertido en la construcción fortalece tanto el producto interno bruto como los ingresos fiscales, apoyando así la recomendación de enfocar los incentivos tributarios en la reactivación del sector.

Las proyecciones y el análisis subrayan la relevancia que tendrá el mercado de vivienda nueva en la economía panameña el próximo año, mientras el debate sobre la política tributaria persiste, con el sector privado exhortando a revisar el gravamen al acceso a la vivienda para equilibrar crecimiento económico y recaudación.

La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC) organizó una conferencia para analizar el constitucionalismo comparado entre Estados Unidos y Panamá, como parte del proceso de reforma constitucional en el país. La actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, con la presencia de funcionarios del Ministerio de la Presidencia y representantes de varias entidades estatales. El evento contó con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y la participación del Dr. Christian González – Rivera, catedrático de Derecho Constitucional de la St. Thomas University, de Miami, Florida.

Durante la jornada, el Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de SEPRESAC, remarcó la urgencia de actualizar la Constitución panameña para responder a las demandas ciudadanas y fortalecer las instituciones. Según declaraciones recogidas en el evento, Bernal señaló: “Estamos frente a un estatuto fundamental impuesto, estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI no se le puede llamar constitución a un documento impuesto”. Añadió que el país atraviesa una urgencia constitucional y que el proceso debe involucrar la participación de todos los sectores.

Por parte de la Embajada de Estados Unidos, el ministro encargado Darby Parliament destacó el esfuerzo de SEPRESAC por generar espacios de debate sobre la gobernanza democrática y la reforma constitucional. Parliament subrayó la importancia de que “los gobiernos sirvan de manera eficiente y responsable, con instituciones ágiles y transparentes, donde la soberanía reside en el pueblo”. También remarcó que el proceso constitucional representa una conversación nacional sobre identidad y gobernanza.

La ponencia principal, a cargo del Dr. González – Rivera, llevó por título “250 Años de Democracia y Constitucionalismo: el proceso constitutivo estadounidense”. En su intervención, el académico abordó temas como la longevidad del constitucionalismo estadounidense, la estructura de los procesos legales y la cultura democrática. Entre los puntos destacados de su exposición se incluyó el análisis de los atributos del ordenamiento jurídico y político de Estados Unidos, considerados por el expositor como un referente del que Panamá puede aprender en su propio proceso de reforma.

El ciclo de conferencias organizado por SEPRESAC busca fortalecer el proceso de alfabetización constitucional en Panamá y fomentar la discusión sobre el diseño de una nueva Carta Magna. Las actividades cuentan con la colaboración de expertos internacionales y el respaldo de organismos diplomáticos.

Las reformas a la constitución

La Constitución de Panamá ha sido objeto de sucesivas reformas desde su promulgación en 1972, impulsando la transición hacia un sistema democrático y pluripartidista. los procesos de reforma adoptados por el país han buscado eliminar disposiciones originadas durante el régimen militar y afianzar instituciones autónomas, como el Tribunal Electoral.

Las reformas de 1978, 1983, 1994 y 2004 marcaron hitos en la historia política panameña. La enmienda de 2004 introdujo cambios en materia electoral, fortaleciendo el papel del Tribunal Electoral y promoviendo mayor transparencia en los procesos políticos. Los mecanismos de modificación constitucional han incluido la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la realización de un referéndum popular.

La reforma de 1992 consolidó de un sistema civil, al establecer la reducción del poder de las fuerzas armadas, la obligatoriedad de la educación, la independencia del Tribunal Electoral y la prohibición de la tortura. Estos avances respondieron a las demandas sociales tras el fin del régimen militar.

Panamá y Paraguay pueden ser los grandes puentes de América Latina, aseguró en su gira por la nación sudamericana el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Para lograrlo, el canciller panameño dijo que Paraguay cuenta con su fuerza productiva, su capacidad agroindustrial, su energía limpia y su proyección hacia el Atlántico a través de la hidrovía Paraguay–Paraná, mientras que Panamá tiene su Canal, su plataforma logística, su conectividad global y su vocación de servicio al comercio mundial.

“Juntos, podemos articular algo más grande que la suma de nuestras capacidades: una plataforma logística integrada que conecte Centroamérica y Sudamérica con el mundo. Esa es nuestra ventaja estratégica. Y es también nuestra responsabilidad histórica”, precisó.

Martínez-Acha Vásquez planteó que Panamá ofrece algo complementario: una plataforma logística global, una puerta de entrada a los mercados internacionales, un hub confiable en tiempos donde la confiabilidad vale más que la eficiencia.

Durante su intervención ante senadores paraguayos, dijo que “imaginemos por un momento: productos paraguayos transitando por el Canal de Panamá hacia Asia, empresas panameñas invirtiendo en cadenas de valor agroindustriales en Paraguay, y ambos países generando riqueza, empleo y desarrollo compartido. Eso no es una aspiración. Es una oportunidad concreta”.

De visita oficial en la capital paraguaya, Asunción, el ministro de Relaciones Exteriores panameño planteó que el mundo vive tiempos complejos, atraviesa un reordenamiento geopolítico profundo, donde la estabilidad ya no puede darse por sentada.

La confianza, añadió, se ha convertido en el activo más valioso, y donde la cooperación entre países que creen en el derecho internacional y en la democracia es más necesaria que nunca.

“En ese contexto, Paraguay y Panamá no son espectadores. Somos actores responsables”, puntualizó

Mostrándose creyente del Estado de Derecho, no como discurso, sino como práctica, manifestó que “defendemos la soberanía, no como consigna, sino como principio irrenunciable. Y apostamos por un multilateralismo útil, que produzca resultados concretos para nuestros ciudadanos”.

Martínez-Acha Vásquez expuso ante el pleno del Senado de la nación sudamericana su visión del Paraguay, corazón de Sudamérica, y de Panamá, como puente del mundo, donde propuso cuatro ideas que en su opinión resumen el espíritu de su visita oficial.

“Primero, Panamá y Paraguay pueden ser puentes entre Centroamérica y Sudamérica. Segundo, la seguridad, la logística y la energía son los pilares de nuestra alianza. Tercero, creemos en un multilateralismo útil, no en discursos vacíos. Cuarto, nuestra cooperación debe traducirse en resultados medibles y rápidos”, enumeró, según una nota de prensa oficial.

Convencido de que el momento actual es propicio porque existe convergencia política, complementariedad económica y alineación en materia de seguridad, el ministro Martínez-Acha Vásquez recalcó que es debe pasarse del diálogo a la implementación, de convertir las ideas en acciones, los acuerdos en resultados, y la amistad en una alianza estratégica estructural.

En una reunión ampliada entre ambas delegaciones, los cancilleres de Panamá y Paraguay revisaron la agenda bilateral en temas como democracia, respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho y políticas de seguridad ante los desafíos regionales.

Ambos ministros coincidieron en que los dos países están en un momento de plena expansión económica y de oportunidades para el comercio exterior. Panamá como plataforma del comercio de Paraguay hacia Centroamérica y el Caribe y Paraguay como corredor logístico para Panamá en el corazón de Sudamérica.“Es el momento de alianzas estratégicas que beneficien a ambos países”, destacó el canciller Martínez-Acha Vásquez.

En ese sentido, destacaron la importancia de que Panamá se haya adherido al Mercosur como Estado asociado lo que abre oportunidades de exportación y de integración comercial con las economías sudamericanas.

Luego de ser sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Puente de las Américas será inspeccionado en los próximos días por ingenieros de la Armada de Estados Unidos (U.S. Army).

Se conoció que la inspección, que podría darse entre el viernes o el sábado, no acarreará ningún costo para el gobierno panameño, ya que la misma será de manera voluntaria, y estará a cargo de dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo.

Construido por Estados Unidos, el Puente de las Américas fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo, registra la revista El Faro, de la Autoridad del Canal de Panamá.

El tramo principal del puente, que cruza el Canal, tiene 344 metros de longitud, colocándolo entre los puentes colgantes de gran tamaño. La estructura cuenta con dos carriles de tráfico en cada dirección, con capacidad para manejar más de 9,500 vehículos diarios en sus primerosaños.

Esta semana parte del puente fue afectada por la explosión de tres camiones cisterna que realizaban una operación de trasiego de combustible en depósitos ubicados debajo de la estructura, en la entrada pacífica del Canal de Panamá.

La explosión provocó la muerte de un ciudadano de nacionalidad nicaragüense y al menos dos bomberos heridos con quemaduras de segundo grado, entre otros heridos de menor consideración.

El incendio obligó a que la estructura, que comunica a la ciudad capital con el interior del país, fuera cerrada, y el martes concluyeron las pruebas técnicas realizadas por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

Las pruebas técnicas concluyeron este martes, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre sobre su reapertura.

Los trabajos incluyeron una inspección detallada en la parte inferior del puente, donde especialistas descendieron para analizar el impacto directo de la explosión sobre los elementos estructurales, especialmente en las zonas cercanas al punto del incidente.

De acuerdo con los técnicos, se buscaba determinar si el evento comprometió la estabilidad, resistencia o integridad del acero y las bases del puente, considerando la intensidad del fuego generado tras el accidente.

Posterior a la inspección técnica, el puente fue abierto el martes, aunque solo para el tránsito de motos, autos sedanes, pick ups, camionetas, microbuses y coasters. Se restringió el paso de buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia, informó un comunicado del Ministerio de Obras Públicas.

La estructura, que se extiende sobre la entrada Pacífica del Canal de Panamá, representa la conexión entre América del Norte y del Sur, unión que hasta el momento no es posible debido a la selva del tapón del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia.

El puente fue concebido en un momento en donde el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, había interrumpido la conexión terrestre en el istmo.

La existencia del Canal de Panamá, indica la revista de referencia, también trajo consigo un desafío logístico para el tránsito terrestre: la única forma de cruzar de un lado a otro era a través de los transbordadores que operaban en las esclusas del Canal. Esto complicaba el tráfico y limitaba la comunicación directa entre el norte y el sur.

Antes de la construcción del puente, quienes necesitaban cruzar el Canal debían depender de un sistema de transbordadores o ferry, que no solo era ineficiente, sino que también presentaba serios retos logísticos, especialmente para el transporte de grandes volúmenes de mercancías.

La 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Panamá del 22 al 24 de junio próximo, en el país, se verá engalanada con la selección de unas 60 obras de artistas panameños que se encuentran en el Museo de Arte de las Américas, en Washington, Estados Unidos.

La propuesta de traer las obras de artes de artistas panameños se dio durante la visita al país de la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, y de la directora del Museo de Arte de las Américas, Adriana Ospina, quienes recorrieron la Ciudad de las Artes como parte de la agenda preparatoria de la Asamblea General.

Gil destacó el valor de la Ciudad de las Artes como referente regional en formación artística, señalando que “es un ejemplo a nivel latinoamericano”.

En la galería de arte de la OEA han expuesto artistas de la plástica panameña que han contribuido al desarrollo de pintura local, con proyección internacional.

Entre ellos destacan Alfredo Sinclair Ballesteros (1914-2014), considerado el primer panameño en explorar el expresionismo abstracto, y Mario Calvit (1933-2021), pintor y escultor asociado con el realismo y el neorealismo, conocido por sus paisajes, figuras humanas y caballos salvajes.

También han expuesto sus obras Manuel Chong Neto, Antonio Alvarado y Alberto Dutary, así como Luis Aguilar Ponce y Guillermo Trujillo.

En esta oportunidad la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cobra un significado mayor al coincidir con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar.

Aquel encuentro pionero sembró las semillas del multilateralismo americano, promoviendo la unidad, la paz, la soberanía y la cooperación entre las naciones del continente, ideales fundamentales de la OEA.

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución declarando el 2026 como el “Año conmemorativo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”, lo que convierte esta cita en una oportunidad única para reflexionar sobre el legado bolivariano y reafirmar el compromiso colectivo con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la integración regional.

En la agenda cultural del país el Ministerio de Cultura anunció la apertura de la segunda convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026.

La convocatoria, publicada en la Gaceta Oficial, invita a directores y directoras de trayectoria nacional e internacional a formar parte de un proceso competitivo que posiciona a Panamá como un referente cultural en la región.

La convocatoria exige formación académica en dirección orquestal, experiencia comprobada en escenarios nacionales e internacionales, una hoja de vida artística actualizada y la presentación de un proyecto artístico que plantee su visión para el desarrollo de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El repertorio del concurso incluirá obras emblemáticas de grandes compositores universales como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Johannes Brahms y Claude Debussy, lo que garantizará un alto nivel técnico y artístico en cada etapa del certamen.

Los participantes serán evaluados por un jurado integrado por tres especialistas: un representante nacional y dos jurados internacionales, asegurando un proceso transparente, riguroso y de alto nivel.

Con esta convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026, el Ministerio de Cultura señaló que continúa impulsando iniciativas que fortalecen la institucionalidad cultural, promueven el talento y consolidan a la Sinfónica como un referente artístico dentro y fuera del país.

Cincuenta años después de que Panamá jugara su primer partido para la eliminatoria de Argentina 1978, el país se prepara para jugar su segunda Copa del Mundo, mientras que a nivel juvenil ha pisado la cancha en varios mundiales con sus equipos Sub 17 y Sub 20.

Ese 4 de abril de 1976 fue un domingo soleado. El partido estaba pactado para jugarse a las 11 de la mañana en el entonces estadio Revolución, hoy Rommel Fernández.

Concentrados, los jugadores durmieron en un local al que llamaban dormitorio y que quedaba en las instalaciones de la piscina Patria, que hoy forma parte de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, contigua al estadio Rommel Fernández, en donde se concentraba a los deportistas nacionales, cuenta el periodista Campo Elías Estrada, estudioso del fútbol panameño.

Allí, apretujados en unos camarotes, el primero en levantarse fue Luis Ernesto Cascarita Tapia, el único legionario y jugador más representativo del seleccionado nacional que dirigía el chileno Renato Panay, rememoró el jugador Nivaldo Acuña.

Unos minutos más tarde todos estaban desayunando en el comedor de las instalaciones de la piscina Patria, hoy llamada Eileen Coparropa.

En su columna “Tiro a gol y algo más”, Estrada registra que mientras se acercaban las 11 de la mañana, la hora del partido, los jugadores, uno a uno, o en pequeños grupos, comenzaron a salir caminando casi que en el anonimato para cualquier transeúnte que se los topara por la acera, pasaron por la parte frontal del estadio hasta dirigirse a la entrada que queda frente al hipódromo, donde estaban los camerinos.

El jugador Virgilio Villín Vásquez recordó que la federación les dio unos tacos a cada jugador y todos calentaron uniformados en un pasillo del estadio. Cada integrante del equipo contaba con un solo uniforme.

Esta realidad contrastaba con la de los jugadores en Costa Rica, donde ya se jugaba fútbol profesional. Por Panamá solo Cascarita Tapia ya era reconocido en El Salvador, por lo que era el jugador referente de los panameños.

El partido terminó 3-2 a favor de Panamá, los ticos se adelantaron 0-1 en el primer tiempo, pero los de casa remontaron en el segundo tiempo con goles de Cascarita Tapia, Federico Ponce y Muquita Sánchez. Sobre el final la visita marcó el segundo tanto.

Panamá jugó con un 4-2-4, con Edilberto Toro Aguirre, Normando Chichi Navarro, Nivaldo Acuña, Manlio Bernal, Elías Robot Morales, Virgilio Villín Vásquez, Luis Curvo Ortega; Simeón Grillo Escobar, Luis Ernesto Cascarita Tapia, Néstor Hernández y Agustín Muquita Sánchez. En el segundo tiempo, Héctor Ávila ingresó por Néstor Hernández y Federico Ponce por Grillo Escobar, indicó “Tiro a gol y algo más”.

El entrenador fue el chileno Renato Panay, y al partido asistieron cerca de 10 mil aficionados.

Desde aquella vez, hace 50 años, cuando el sueño de asistir a un Mundial se desvaneció, Panamá finalmente logró un pase al Mundial de Rusia al vencer el 10 de octubre de 2017, por ironías del destino a Costa Rica por un marcador de 2 a 1, en partido jugado en el estadio Rommel Fernández.

Luego de esa primera incursión en un Mundial, una nueva camada de jugadores, legionarios en gran medida, se prepara hoy día para participar en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, a realizarse simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá.

Panamá será uno de los países que en esa justa deportiva representará a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 15 servidores públicos tras comprobar faltas graves relacionadas con nepotismo, conflictos de interés y otras violaciones al Código de Ética, en una decisión que vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento interno de las instituciones del Estado panameño y la conducta de quienes ejercen funciones públicas.

Las sanciones derivan de expedientes administrativos recientes, en los que se documentaron prácticas que contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. Entre los casos analizados figuran situaciones de nepotismo, donde se comprobaron vínculos familiares dentro de estructuras institucionales, así como incumplimientos de requisitos para ocupar cargos y uso indebido del tiempo laboral.

Uno de los elementos más relevantes es la persistencia del nepotismo como práctica detectada en múltiples instituciones públicas.

Este tipo de conducta está prohibido en Panamá por el Código de Ética de los Servidores Públicos, que establece la obligación de actuar con objetividad, independencia y sin favorecer intereses personales o familiares, principios que han sido reiteradamente vulnerados en los casos investigados.

La normativa panameña considera el nepotismo como una forma de conflicto de interés, en la que un servidor público beneficia directa o indirectamente a familiares dentro de la administración.

Estas prácticas pueden derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de los hechos y del nivel de responsabilidad del funcionario involucrado.

Entre los casos documentados, la ANTAI identificó irregularidades en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, donde se comprobó que una Directora Nacional mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, configurando una relación incompatible con los principios de imparcialidad y transparencia.

Esta situación fue considerada una falta grave, al generar un claro conflicto de interés dentro de la estructura institucional.

En la Universidad de Panamá, específicamente en la extensión de Veraguas, se detectó que dos servidores públicos con vínculo conyugal laboraban en la misma unidad administrativa, lo que comprometía la objetividad en el desempeño de sus funciones.

Además, en la sede ubicada en la provincia de Panamá, se confirmaron casos de nepotismo relacionados con vínculos de familiaridad, lo que derivó en sanciones conforme a la normativa vigente.

Otro de los hallazgos se registró en el Municipio de Colón, donde se comprobaron actos de nepotismo por parte de dos funcionarias públicas.

Tras el análisis de los expedientes, se recomendó la destitución de una de ellas, mientras que la otra recibió una sanción económica, en función del grado de responsabilidad y participación en las irregularidades detectadas.

Las investigaciones también abarcaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde se sancionó a un funcionario por el uso inadecuado del tiempo destinado a sus labores, evidenciando incumplimientos en sus funciones.

De igual forma, en el Ministerio de Comercio e Industrias, se penalizó a una servidora pública que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, afectando los principios de idoneidad y correcta administración del recurso humano en el Estado.

Los casos recientes no son aislados. En enero de 2026, la entidad ya había sancionado a 11 funcionarios públicos por faltas similares, incluyendo nepotismo, incumplimiento de funciones y conflictos de interés, lo que evidencia una tendencia sostenida en la detección de irregularidades dentro del aparato estatal.

Además, registros oficiales muestran que durante 2025 también se impusieron sanciones a 13 servidores públicos por violaciones al Código de Ética, mientras que investigaciones en universidades y entidades públicas han detectado múltiples casos de nepotismo, confirmando que se trata de un problema recurrente en distintas instituciones del país.

En otros procesos recientes, incluso se han documentado situaciones más amplias. Por ejemplo, investigaciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí derivaron en sanciones contra 29 funcionarios, con medidas económicas y administrativas vinculadas a prácticas de nepotismo, además de decenas de expedientes adicionales en trámite, lo que refleja la magnitud del problema.

Las cifras acumuladas también permiten dimensionar el fenómeno. Entre 2023 y 2024, al menos 16 servidores públicos fueron sancionados por faltas que incluyen nepotismo y conflictos de interés, a lo que se suman otros casos posteriores, lo que mantiene activo el debate sobre la transparencia en la gestión pública y la eficacia de los mecanismos de control.

El impacto de estas prácticas va más allá de lo administrativo. Expertos coinciden en que el nepotismo debilita la institucionalidad, afecta la meritocracia y reduce la confianza ciudadana en el Estado, al generar percepciones de que los cargos públicos pueden ser ocupados por relaciones personales y no por capacidades profesionales.

Frente a este panorama, la ANTAI ha reiterado que continuará con procesos de investigación y sanción, con el objetivo de reforzar una cultura basada en la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia. La entidad sostiene que el servicio público no es un privilegio personal, sino una responsabilidad que debe ejercerse en beneficio de toda la ciudadanía.

Panamá registra un nuevo caso importado de malaria, en un miembro de una estamento de seguridad pública apostado en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, quien se trasladó a la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, donde se le detectó la enfermedad.

A lo primero se creía que era dengue, pero luego de los exámenes correspondientes se le detectó malaria, indicó el director regional del Ministerio de Salud en Bocas del Toro, Daryl Padmore. El paciente estuvo hospitalizado y luego fue dado de alta.

Las últimas cifras oficiales dan cuenta de 49 nuevos casos de malaria a nivel nacional, para un acumulado en lo que va del año de 2,196 casos, mientras que en la misma semana del 2025 se notificaron 107 casos y un acumulado de 2,557 casos.

La malaria (o paludismo) es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.

Solo el género anófeles del mosquito transmite la malaria, apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre los síntomas de esta enfermedad, explica que estos pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza.

La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

Las muestras de sangre son examinadas con un microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos. Las pruebas de diagnóstico rápido, anota la OMS, son usadas para diagnosticar la malaria en áreas remotas en donde el microscopio no puede ser utilizado.

Los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos. De todos estos, la infección adquirida por P. falciparum es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.

La Cloroquina fue el tratamiento de elección para la malaria y es aún usado en la mayoría de los países para el tratamiento de P. vivax, sin embargo, el parásito P. falciparum ha desarrollado una muy diseminada resistencia a este medicamento, y actualmente se recomienda una terapia de combinación basada en la Artemisinina, como tratamiento principal contra este parásito, dice la OMS.

Entre las medidas preventivas se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas; sus funciones consisten en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos.

Por otro lado, las estadísticas del Ministerio de Salud reflejan que se han registrado 1,523 casos acumulados de dengue a nivel nacional, y de esa cifra 1,336 casos son sin signos de alarma, mientras que 178 presentan signos de alarma y se reporta 9 casos de dengue grave.

De chikungunya se notificó el primer caso del año, así como 58 casos de leishmaniasis para un acumulado de 464 casos.

El ministerio reveló que respecto a la influenza no se notificaron defunciones por influenza, en tanto que el acumulado anual se mantiene en 31 defunciones.

Destaca que la mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (54.8%), seguido por los menores de 1 año.

Al detallar los antecedentes, el ente gubernamental da a conocer que el 90.3% de quienes fallecieron no contaban con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 74.2% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

El repunte del sarampión en la región de las Américas mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Panamá, aunque hasta el momento los casos sospechosos detectados en el país han sido descartados tras las investigaciones epidemiológicas, según explicó el jefe nacional de Epidemiología, Dr. Pablo González.

El especialista advirtió que el contexto regional obliga a mantener una vigilancia activa, debido al riesgo permanente de introducción del virus en el país.

El escenario regional es el principal factor de preocupación. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron más de 14 mil casos de sarampión en las Américas, una cifra muy superior al promedio histórico de entre 400 y 500 casos anuales. +

En lo que va de 2026, ya se contabilizan más de 11 mil casos, lo que confirma un aumento sostenido de la enfermedad en el continente.

Panamá, que eliminó el sarampión en 1995 con su último caso autóctono, se mantiene libre de transmisión local, pero no está exento de riesgo.

La condición del país como hub de conexiones aéreas, marítimas y terrestres incrementa la probabilidad de que se registren casos importados, especialmente por el flujo constante de viajeros provenientes de países donde el virus sigue circulando activamente.E

El Dr. González explicó que el sistema de salud mantiene una vigilancia epidemiológica altamente sensible, capaz de detectar de inmediato cualquier caso sospechoso.

Ante síntomas como fiebre acompañada de erupciones en la piel (exantema), se activa un protocolo que incluye la investigación de campo, el seguimiento de contactos y la aplicación de medidas de contención para evitar la propagación del virus.

Una de las claves del sistema panameño es que las acciones no dependen del resultado de laboratorio. Según detalló el especialista, los equipos de respuesta actúan desde la sospecha clínica, implementando lo que se conoce como bloqueo vacunal o perifoco, que consiste en inmunizar a las personas cercanas al caso sospechoso y cortar posibles cadenas de transmisión.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y por contacto directo con secreciones respiratorias.

Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas, y puede evolucionar hacia complicaciones graves si no se controla a tiempo, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados o sin vacunación completa.

El riesgo aumenta en determinados grupos poblacionales. El Dr. González advirtió los menores de un año son particularmente vulnerables, ya que aún no han recibido la vacuna, lo que los expone a desarrollar formas más severas de la enfermedad.

En estos casos, el sarampión puede derivar en complicaciones como neumonía, encefalitis o incluso la muerte, lo que lo convierte en una amenaza significativa de salud pública.

En el contexto regional, varios países reportan transmisión activa. Estados Unidos, México y Canadá han registrado incrementos importantes, mientras que en Centroamérica destaca el caso de Guatemala, con miles de contagios acumulados.

En Suramérica, países como Brasil, Argentina y Bolivia mantienen circulación del virus, y naciones cercanas como Colombia y Costa Rica han reportado casos importados, lo que incrementa la presión epidemiológica sobre Panamá.

Vacunas

Frente a este panorama, la principal herramienta de prevención sigue siendo la vacunación. Panamá cuenta con un esquema que incluye la vacuna triple viral (MMR) aplicada a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses, además de dosis adicionales en etapas posteriores. Las autoridades insisten en que mantener altas coberturas es fundamental para evitar la reintroducción del virus.

El Ministerio de Salud también anunció el desarrollo de la Semana de Vacunación en las Américas, que se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 30 de mayo, con el objetivo de reforzar la inmunización en todo el país. Durante este periodo se habilitarán puntos de vacunación en instalaciones de salud y espacios públicos, facilitando el acceso a la población.

El sistema sanitario panameño cuenta además con el respaldo del Instituto Conmemorativo Gorgas, laboratorio de referencia nacional con capacidad para confirmar casos en corto tiempo.

Sin embargo, las autoridades reiteran que la estrategia no depende exclusivamente del diagnóstico, sino de la capacidad de actuar con rapidez desde la sospecha para contener cualquier posible brote.

El mensaje de las autoridades es claro: aunque Panamá no registra actualmente casos confirmados de sarampión, el riesgo sigue latente debido al entorno regional y a la alta movilidad internacional.

En este contexto, la vigilancia, la vacunación y la respuesta oportuna se convierten en los principales pilares para evitar que una enfermedad ya eliminada vuelva a establecerse en el país.

La pobreza infantil en Panamá sigue siendo uno de los problemas sociales más severos del país, con cifras que muestran que el crecimiento económico no ha logrado traducirse en bienestar para una parte importante de la niñez.

El más reciente informe de UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social concluye que el 34.5% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras que el 16% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a decir que uno de cada tres menores crece en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El estudio deja claro que la pobreza afecta con mayor fuerza a la infancia que al resto de la población. Mientras la pobreza monetaria en la población general ronda el 22.2%, en la niñez y adolescencia sube a 34.5%.

La diferencia también se repite en la pobreza extrema: 9.4% en la población total frente a 16% entre niños, niñas y adolescentes. El contraste confirma que la niñez panameña enfrenta una vulnerabilidad mayor, y que las políticas públicas no han logrado compensar esa desventaja con la velocidad ni con la focalización necesarias.

En términos absolutos, el informe “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, estima que alrededor de 482 mil niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres en Panamá, y que casi 224 mil sobreviven en condiciones de pobreza extrema. No se trata solo de un indicador estadístico: detrás de esas cifras hay hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada, acceso estable a bienes esenciales ni condiciones mínimas para el desarrollo de sus hijos.

El estudio advierte que esta realidad limita oportunidades desde las primeras etapas de la vida y alimenta un ciclo de desigualdad que luego se traslada a la adultez.

Uno de los hallazgos más fuertes del reporte es su dimensión territorial. La pobreza infantil no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra con mucha más fuerza en zonas rurales y comarcas indígenas, donde los indicadores alcanzan niveles alarmantes.

En las comarcas, el 83% de la niñez vive en pobreza y el 55% en pobreza extrema, cifras que retratan una exclusión mucho más profunda que la observada en el promedio nacional. En otras palabras, nacer en determinados territorios de Panamá sigue siendo casi una condena estadística a crecer en privación.

La situación más crítica se registra en la comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza infantil total alcanza el 91.2% y la pobreza extrema llega al 69.7%. En la comarca Emberá, la pobreza infantil asciende a 80.8%, y en Guna Yala a 76.8%.

El informe añade que en Ngäbe Buglé el ingreso mensual per cápita promedio de los hogares con niños apenas llega a $68.8, una cifra que exhibe con crudeza la restricción material en la que vive buena parte de la infancia indígena.

Pero las desigualdades no solo se observan entre provincias y comarcas. El estudio muestra que también existen brechas profundas dentro de una misma provincia, algo que se vuelve evidente al analizar distritos y corregimientos.

En Veraguas, por ejemplo, la pobreza infantil varía de 15.7% en Santiago a 78.7% en Santa Fe. Esa distancia de más de 60 puntos porcentuales desmonta cualquier lectura superficial del promedio provincial y revela que en Panamá conviven, dentro del mismo mapa administrativo, realidades completamente opuestas.

El informe también identifica a la primera infancia como el grupo etario más golpeado. Entre los niños de 0 a 6 años, la pobreza total alcanza el 37.2% y la pobreza extrema el 19.1%, por encima del promedio infantil nacional.

El dato tiene un peso especial, porque esa etapa es decisiva para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Las privaciones en esos primeros años no solo afectan el presente del niño, sino que condicionan su rendimiento escolar, su inserción futura en el mercado laboral y su capacidad de romper el ciclo de pobreza.

Otro factor que incrementa el riesgo es la composición del hogar. La pobreza infantil se eleva a medida que aumenta el número de niños en una familia.

El informe señala que en hogares con dos niños la pobreza afecta al 21.2%, pero en familias con cuatro niños sube a 50.3%. Además, la situación tiende a agravarse en hogares monoparentales liderados por mujeres, donde la capacidad de generación de ingresos suele ser menor y la carga de cuidados recae sobre una sola persona adulta.

Aunque Panamá logró avances en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, el estudio advierte que esos progresos han sido frágiles. La trayectoria descendente se interrumpió con la pandemia, y la recuperación posterior ha sido más lenta en la población infantil que en el conjunto de la población.

El informe resalta que, incluso después del rebote económico, los niveles de pobreza en niños y adolescentes no han regresado completamente a los mínimos previos a la crisis, lo que sugiere que la niñez sigue siendo uno de los grupos más expuestos a los choques económicos.

Más allá del ingreso, el reporte insiste en que la pobreza infantil reduce el acceso a educación, salud, nutrición y protección, y por tanto golpea directamente la formación del capital humano del país.

Esa es una de las conclusiones más importantes del documento: la pobreza en la niñez no solo es una deuda social, sino también un obstáculo para la productividad futura y para el crecimiento económico sostenible. Cuando un país no logra proteger a sus niños, lo que hace en realidad es comprometer su propia capacidad de desarrollarse con equidad.

Frente a este panorama, UNICEF, el Banco Mundial y el MIDES plantean la necesidad de fortalecer las transferencias monetarias, mejorar la focalización del gasto social, expandir los servicios de desarrollo infantil temprano y dirigir con mayor precisión la inversión pública hacia los territorios con mayores brechas.

El informe también destaca herramientas como el Registro Social de Hogares y la ampliación de servicios para la primera infancia, aunque advierte que el reto no es solo sostener programas, sino hacerlos más eficaces y sensibles a la realidad territorial.

La conclusión del estudio es directa: erradicar la pobreza infantil no es solo un imperativo moral, sino una inversión estratégica para Panamá. El país ha avanzado, sí, pero no al ritmo que exige la magnitud del problema, y mucho menos en los territorios donde la pobreza se ha vuelto casi estructural.

La evidencia presentada por el informe apunta a que, sin políticas más focalizadas, mejor financiadas y sostenidas en el tiempo, Panamá seguirá creciendo con una fractura de origen: la de miles de niños que empiezan su vida con menos oportunidades que el resto.

Un hombre de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales contra una menor de edad en Panamá, en un caso que vuelve a poner en evidencia la gravedad de este tipo de crímenes en el país.

La sentencia se logró mediante un acuerdo de pena validado por un tribunal, tras comprobarse que el agresor incurrió en actos libidinosos agravados y corrupción de menores, en hechos ocurridos en el sector de La Siesta, en Tocumen.

De acuerdo con la investigación, el condenado realizó tocamientos indebidos a una niña de 11 años y la obligó a presenciar actos de naturaleza sexual, utilizando amenazas contra la madre de la víctima para asegurar el silencio.

La gravedad del caso se agrava por un elemento clave: el agresor ya había sido condenado anteriormente por delitos similares cometidos entre 2013 y 2017 contra su propia hija, lo que lo convierte en un reincidente en este tipo de conductas.

El caso no es aislado. En los últimos días, el Ministerio Público ha reportado nuevos procesos judiciales por delitos sexuales contra menores en distintas provincias, lo que evidencia un patrón preocupante.

En Panamá Oeste, un hombre de 32 años fue detenido por violación agravada contra una menor de 6 años, delito que habría cometido en reiteradas ocasiones aprovechando su cercanía familiar como primo de la víctima.

A este hecho se suma otro caso registrado en la provincia de Bocas del Toro, donde un hombre fue imputado por violación agravada y robo en perjuicio de una menor, tras un hecho ocurrido en marzo de 2026.

Según la fiscalía, el agresor utilizó violencia e intimidación para cometer el delito y despojar a la víctima de sus pertenencias, lo que llevó a que se le impusiera detención provisional mientras avanza el proceso.

Estos casos recientes ocurren en un contexto donde las cifras oficiales muestran la alta incidencia de delitos sexuales en Panamá, especialmente contra niños, niñas y adolescentes.

Según el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que confirma la magnitud del problema en el país.

Del total de casos, 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que otros 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de las denuncias involucran conductas de alto impacto sobre las víctimas.

Las cifras reflejan una problemática que no solo es persistente, sino que también se mantiene extendida en todo el territorio nacional.

En el detalle de los delitos, se registraron 131 casos de violación en los primeros dos meses del año, además de 58 denuncias por actos libidinosos y 156 por acceso sexual con menores de edad, lo que muestra la diversidad y gravedad de las conductas investigadas.

También se reportaron casos vinculados a pornografía infantil y corrupción de menores, delitos que afectan directamente a la población más vulnerable.

El informe también revela que la mayor concentración de denuncias se ubica en el Primer Distrito Judicial, que incluye Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas, con un total de 426 casos.

Esta distribución evidencia que el problema tiene una fuerte presencia en áreas urbanas y de alta densidad poblacional, aunque también se extiende a regiones del interior del país.

A pesar de que el reporte indica una disminución del 15% en comparación con el mismo periodo de 2025, las autoridades advierten que esto no implica una reducción estructural del problema, sino que puede responder a variaciones en la denuncia o en los procesos investigativos.

La persistencia de casos graves, como los recientemente judicializados, confirma que la violencia sexual sigue siendo una amenaza constante para la niñez.

Otro aspecto preocupante es que varios de los casos involucran agresores con vínculos cercanos a las víctimas, como familiares o personas de confianza, lo que dificulta la denuncia y prolonga los abusos en el tiempo.

Este patrón, identificado en múltiples investigaciones, refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y protección de menores.

La recurrencia de estos delitos y su impacto en las víctimas plantean la urgencia de acciones más efectivas para prevenir, sancionar y reducir la violencia sexual en el país.

El tránsito por el Puente de las Américas en Panamá estará limitado a vehículos que no superen las 10 toneladas, tras la evaluación realizada por una comisión interinstitucional de expertos luego de la explosión e incendio de tres camiones cisterna ocurridos el lunes.

La medida, anunciada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), busca garantizar la seguridad estructural de la vía mientras se desarrollan inspecciones técnicas más profundas sobre el estado del puente.

El incidente, registrado la tarde del lunes en las cercanías de uno de los pilares, provocó una explosión seguida de un incendio de gran magnitud, lo que obligó a las autoridades a cerrar completamente el paso vehicular por casi 24 horas.

Esta situación generó un fuerte impacto en la movilidad, afectando a más de 80 mil personas que diariamente utilizan esta infraestructura clave para entrar o salir de la provincia de Panamá hacia el interior del país.

Tras el siniestro, equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el MOP acudieron al sitio para controlar las llamas y evaluar posibles daños.

Aunque en una primera inspección se indicó que la estructura no presentaba afectaciones visibles de gran magnitud, las autoridades optaron por aplicar un enfoque preventivo, restringiendo la carga vehicular mientras se completan pruebas técnicas más detalladas.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la decisión de limitar el tránsito responde a la necesidad de evitar sobrecargas en la estructura, mientras se monitorea su comportamiento en condiciones controladas.

En este sentido, detalló que el puente será sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos, con el objetivo de confirmar que no existen daños ocultos derivados de las altas temperaturas generadas por el incendio.

Como parte de estas medidas, el tránsito fue reabierto de forma parcial, permitiendo únicamente la circulación de vehículos livianos como sedanes, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras se mantiene la prohibición para camiones de carga, transporte pesado y buses de pasajeros conocidos como “diablo rojo”, identificados por ser antiguos autobuses escolares adaptados para el transporte público.

Este tipo de vehículos pesados deberá utilizar la ruta del puente Centenario para entrar o salir de la ciudad capital.

Solo los vehículos de emergencia tienen autorización para transitar sin restricciones adicionales en esta fase.

La restricción de peso a 10 toneladas no es menor, ya que el Puente de las Américas es una de las principales arterias de conexión entre la capital y el interior del país, utilizada tanto por transporte de carga como por miles de trabajadores y usuarios del sistema de transporte público. La limitación ha obligado a desviar parte del flujo vehicular hacia el Puente Centenario, generando congestión adicional en esa ruta alterna.

El MOP informó que el monitoreo del puente se mantendrá durante al menos siete días, periodo en el que se evaluará cómo responde la estructura ante las cargas permitidas. Posteriormente, se tomará una decisión sobre si se amplían, mantienen o ajustan las restricciones actuales, dependiendo de los resultados de los análisis técnicos.

En paralelo, la Autoridad del Canal de Panamá mantiene en marcha un proyecto de evaluación integral de la estructura del puente, que permitirá definir futuras intervenciones de mantenimiento o reparación. Este proceso forma parte de un plan más amplio para garantizar la operatividad y seguridad de esta infraestructura estratégica, que tiene más de seis décadas de funcionamiento.

El Puente de las Américas, una de las infraestructuras más emblemáticas de Panamá, fue inaugurado en 1962 como parte del sistema vial que conecta la capital con el interior del país a través del Canal de Panamá. La obra, construida por Estados Unidos, tiene una longitud aproximada de 1,654 metros y durante décadas fue el único paso terrestre sobre el canal.

Actualmente, junto con el Puente Centenario, constituye una de las dos principales vías de conexión para ingresar o salir de la ciudad de Panamá, soportando diariamente el tránsito de miles de vehículos particulares, transporte público y carga.

Ante la creciente demanda vehicular, el país avanza en la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una megaobra paralela al Puente de las Américas cuyo costo supera los $1,500 millones.

Aunque el proyecto fue licitado en 2018, ha enfrentado retrasos en su ejecución, lo que ha extendido su cronograma. Las autoridades estiman que esta nueva infraestructura, clave para mejorar la conectividad y reducir la congestión, estaría lista para el año 2028, tras una serie de ajustes técnicos y financieros que han impactado su desarrollo.

El Municipio de Panamá puso en marcha un plan que permitirá utilizar agua tratada para el riego de áreas verdes, marcando un cambio en la forma en que la ciudad gestiona sus recursos hídricos.

La iniciativa, que involucra al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), y el Programa de Saneamiento, busca aprovechar agua que tradicionalmente era descargada en la bahía, incorporándola a un modelo de economía circular que reduce el uso de agua potable y optimiza el ciclo del recurso.

El proyecto se sustenta en la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz, una infraestructura clave dentro del Programa de Saneamiento de Panamá, que durante décadas ha tenido como objetivo canalizar y tratar las aguas residuales de la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Esta planta procesa más de 270 millones de litros diarios provenientes de más de 236 barrios, contribuyendo a disminuir la carga contaminante que llega a la Bahía de Panamá, uno de los ecosistemas más sensibles del país.

Durante años, el agua tratada generada por este sistema ha sido descargada al mar tras cumplir con los estándares establecidos. Sin embargo, el nuevo enfoque plantea reutilizar ese recurso en actividades urbanas, especialmente en el riego de parques, jardines y espacios públicos.

Este cambio representa una evolución en la gestión del saneamiento, al pasar de un modelo lineal a uno donde el agua es recuperada y reincorporada al entorno urbano.

El convenio de cooperación técnica firmado entre las instituciones establece los lineamientos para asegurar que el uso de esta agua se realice bajo criterios técnicos y sanitarios.

En este proceso, los laboratorios de calidad de agua de MiAMBIENTE, ubicados en Altos de Curundú y Divisa, cumplen un rol clave al verificar parámetros físicos, químicos y biológicos que determinan la seguridad del recurso antes de su reutilización.

Entre los análisis que se realizan se incluyen mediciones de pH, turbiedad, sólidos suspendidos y disueltos, oxígeno disuelto, nutrientes y bacterias, así como la evaluación de la demanda bioquímica y química de oxígeno, indicadores fundamentales para determinar la calidad del agua.

Estos estudios permiten confirmar que el líquido tratado cumple con las condiciones necesarias para su uso en actividades como el riego, sin representar riesgos para la salud ni para el ambiente.

El uso de agua tratada en áreas verdes estará regulado por normativas como el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 24-99, que establece los parámetros para su reutilización. De acuerdo con las autoridades, este marco garantiza que el agua utilizada cumpla con estándares específicos antes de ser aplicada en espacios públicos, lo que es fundamental para evitar impactos negativos en la población o en los ecosistemas urbanos.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que se trata de agua que ha sido tratada bajo los procesos del saneamiento de la Bahía de Panamá, y que, tras cumplir con los estándares establecidos, puede ser utilizada de forma segura.

Además, destacó que esta medida permitirá ahorrar agua potable, especialmente en periodos de alta demanda, como la temporada seca, cuando el recurso se vuelve más limitado.

Se estima que el plan permitirá reutilizar más de un millón quinientos mil galones de agua tratada por temporada seca, una cifra que refleja el potencial de esta estrategia para reducir la presión sobre las fuentes tradicionales de abastecimiento.

Este volumen será destinado principalmente al mantenimiento de áreas verdes municipales, contribuyendo también al embellecimiento urbano y a la sostenibilidad ambiental.

Más allá del impacto inmediato, la iniciativa abre la puerta a una transformación en la forma en que Panamá gestiona sus aguas residuales.

El proyecto de saneamiento, que comenzó hace más de tres décadas, ha logrado avances significativos en la reducción de la contaminación, pero ahora enfrenta el reto de maximizar el valor del agua tratada, integrándola a nuevos usos que generen beneficios económicos y ambientales.

En ese sentido, el enfoque de economía circular cobra relevancia, al promover el aprovechamiento de recursos que anteriormente se consideraban desechos. La reutilización del agua tratada no solo reduce la demanda de agua potable, sino que también contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del sistema hídrico en su conjunto.

Las autoridades han señalado que este es solo el primer paso, y que en el futuro podrían evaluarse otros usos para el agua tratada, siempre que se garantice el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales. La experiencia en el Municipio de Panamá servirá como base para determinar la viabilidad de ampliar este modelo a otras regiones del país.

Con esta iniciativa, Panamá avanza hacia un modelo más integrado de gestión del agua, donde el saneamiento no solo se enfoca en eliminar la contaminación, sino también en recuperar y reutilizar el recurso, cerrando el ciclo y reduciendo el impacto ambiental en la Bahía de Panamá.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá presentó el martes su proyección de crecimiento para los próximos años, con la meta de alcanzar un movimiento de 30 millones de pasajeros en 2030 a través del denominado “Hub de las Américas”. El anuncio lo realizó José Antonio Ruiz Blanco, gerente general de la terminal aérea, durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Las Garzas tras el Consejo de Gabinete.

Según detalles en base a lo expuesto por las autoridades, Tocumen registró en 2025 un tráfico cercano a 21 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Para 2026, las previsiones oficiales ubican el flujo de viajeros por encima de los 22 millones, marcando una tendencia que la administración busca sostener con diversas inversiones y ampliaciones.

Ruiz Blanco explicó que para alcanzar el objetivo de 30 millones, el aeropuerto impulsa una serie de proyectos claves. Entre ellos, sobresale la reparación de las pistas, obra adjudicada en 2025 y que inició en enero de 2026. “Hasta abril de este año, los trabajos de reparación de pista avanzan sin afectar las operaciones habituales de la terminal”, indicó el gerente ante los medios, según datos recogidos en la conferencia.

En la misma línea, el funcionario anunció el lanzamiento de una licitación por 220 millones de dólares destinada a expandir la terminal 2 mediante la construcción de diez nuevas puertas de abordaje y la ampliación de calles de rodaje. “Se trata de una inversión estratégica que permitirá absorber el crecimiento del tráfico aéreo y mejorar la experiencia de los usuarios”, afirmó Ruiz Blanco.

De acuerdo con la información difundida, el plan de modernización de Tocumen contempla además un aumento en la capacidad operativa. En coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil (ACC), se prevé incrementar el número de operaciones por hora, pasando de 35 a 65 en los próximos años.

El gerente recordó que al asumir la administración del aeropuerto, encontró ocho puertas cerradas en la terminal 2. Tras realizar las gestiones necesarias, todas fueron rehabilitadas durante el primer mes de gestión. “Esto representaba una pérdida de ingresos para el aeropuerto”, subrayó el directivo.

En cuanto a los reconocimientos internacionales, Tocumen fue destacado recientemente como el aeropuerto mediano más puntual del mundo por segundo año consecutivo y, en 2026, alcanzó la mayor puntualidad global en todas las categorías, con un índice del 93,64%. “Subimos nuestra calificación respecto al año anterior, convirtiéndonos en el aeropuerto más puntual del mundo en cualquier segmento”, puntualizó Ruiz Blanco.

El proceso de ampliación y modernización del principal aeropuerto panameño se apoya en una combinación de recursos públicos y privados, con el objetivo de consolidar a Tocumen como un punto estratégico para la conectividad aérea en el continente.

Tocumen compite directamente con los aeropuertos de São Paulo-Guarulhos y El Dorado en Bogotá por su relevancia en el transporte aéreo latinoamericano. Además, se consolida como la principal puerta de entrada a Panamá, gestionando diariamente un flujo considerable de pasajeros en tránsito.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.

Una importación de 1.8 millones de quintales de arroz que pretendía traer al país la industria molinera fue rechazada por los productores del grano, quienes aseguran que hay suficiente arroz hasta el 9 de octubre próximo.

El dirigente Omar Spiegel señaló que el abastecimiento está garantizado, y que mientras entra la nueva cosecha en julio, no hay necesidad deimportar el grano, toda vez que existe un colchón de tres meses.

Para llegar a esta conclusión, los productores manejan cifras del inventario oficial, mientras que los industriales, agrupados en la Asociación Nacional de Molineros (ANALMO) manejan sus propios números.

Al rechazar la importación, a la industria molinera no le queda otra vía, toda vez que el productor detalló que para importar arroz a Panamá solo existen dos maneras: mediante un contingente pactado en los tratados comerciales suscritos por el país, o por un contingente por desabastecimiento, y hoy día no existen ninguna de las dos condiciones.

Cabe destacar que los contingentes arancelarios establecidos en el marco del Tratado de Promoción Comercial y la Organización Mundial de Comercio ascienden, en conjunto, aproximadamente a 940.000 quintales anuales, volumen que Panamá está obligada a importar conforme a los compromisos adquiridos en dichos acuerdos.

Un análisis realizado por Spiegel evidencia que con un consumo mensual promedio de 719.000 quintales y un nivel de abastecimiento superior al promedio histórico al 7 de febrero, el mercado puede atender la demanda interna sin requerir importaciones adicionales por desabastecimiento.

Cada panameño consume un promedio anual de 162 libras (73.48 kilogramos) del grano, uno de los consumos más altos de la región.

El empalme entre el abastecimiento disponible y la entrada de la cosecha nacional se mantiene técnicamente adecuado, aseguró el productor.

Este comportamiento, agregó, confirma que la planificación actual de inventarios permite una transición ordenada entre ciclos productivos, reduciendo el riesgo de interrupciones en el suministro y evitando presiones innecesarias sobre el mercado.

Generalmente, las importaciones de arroz al país se realizaron de manera regular hasta el 2024, aunque en 2025, a pesar de haber sido un año típico en términos de producción nacional, se presentaron diversas distorsiones en el mercado, debido a la realización de importaciones que no fueron consensuadas a lo largo de la cadena agroalimentaria.

El dirigente arrocero anotó que las distorsiones observadas en 2025 evidencian que decisiones de importación no alineadas con la realidad productiva afectarán negativamente el mercado arrocero, particularmente al precio recibido por el productor nacional.

En Panamá el arroz constituye el principal producto de la canasta básica alimentaria y desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria y en la economía agrícola nacional.

“Su mercado presenta una alta sensibilidad a factores productivos, comerciales y de política pública, los cuales inciden directamente en el abastecimiento interno y en la formación de precios, particularmente al nivel del productor”, puntualizó Spiegel.

Arnulfo Morales, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de arroz de Panamá, declaró que históricamente el país siempre ha estado abastecido del cereal y nunca va a estar desabastecido, ya sea por la producción nacional o por las importaciones “cuando sea necesario”.

Dijo que los productores están en toda la disposición de seguir produciendo, pues la producción nacional es la que garantiza el abastecimiento de todos los panameños.

En estos momentos los arroceros están en la etapa de preparación de suelos y tienen la promesa de un apoyo gubernamental, pero hasta el momento nada se ha concretado.

Los productores, comentó, experimentan un alza de 20% en el precio del combustible y están monitoreando los aumentos en los precios de los fertilizantes.

El gobierno prometió el apoyo a los productores en fertilizantes donados por el Reino de Marrruecos, que según Morales sería beneficiosa, “si se llega a concretar”.

Una resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias autorizó la remoción del material que aún se encuentra en la clausurada mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, cuya exposición a condiciones climáticas representa, según las autoridades, un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada.

La minera canadiense First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá mantiene almacenadas alrededor de 38 millones de toneladas de roca mineralizada, extraída antes de la suspensión de operaciones.

A partir de ese material, la compañía estima que podrían producirse unas 70,000 toneladas de cobre, un volumen que, valorado a precios recientes del metal, equivaldría a cerca de $892 millones en concentrado, aunque el monto final dependerá del precio efectivo de venta y de las condiciones de comercialización al momento de exportar.

La decisión gubernamental se basó en evaluaciones técnicas, ambientales y legales que identificaron riesgos, sustentadas en los resultados de la auditoría integral independiente realizada en el área, de acuerdo con las autoridades.

En el aspecto legal, para tomar la medida, el comunicado oficial manifiesta que se basaron en el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, en la Resolución 45 de 2025 del Ministerio de Comercio e Industrias, así como en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá y su Anexo Técnico.

Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas.

En consecuencia, indica la resolución ministerial, se ha dispuesto la implementación de acciones específicas para garantizar el manejo seguro de estos materiales, bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad claramente definidos.

La empresa será responsable de cubrir en su totalidad todos los costos y gastos asociados a la ejecución de las actividades establecidas en la resolución, sin que esto represente erogación alguna para el Estado.

Asimismo, y en línea con lo aplicado en 2025, una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de ser comercializado, este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado.

El documento oficial manifiesta que es importante reiterar que esta decisión no implica la reactivación de la mina, sino que corresponde a una medida preventiva y controlada para evitar daños al ambiente y garantizar la estabilidad del área.

El proceso contará con la supervisión permanente del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente y demás entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y de las obligaciones de seguimiento e informes que se establecen en la resolución.

Hasta la paralización de labores, Cobre Panamá fue uno de los proyectos mineros más relevantes del hemisferio occidental por escala de producción y por su peso en la economía panameña.

Su “último año completo” de operación, en 2022, cerró con ingresos atribuidos a la unidad de Cobre Panamá por $2,959 millones, según los estados financieros consolidados de la empresa.

En 2023, año en que las operaciones se interrumpieron, la cifra bajó a $2,513 millones, diferencia refleja el impacto de una operación parcialmente afectada por la crisis social y regulatoria que derivó en el cierre, y que desde entonces mantiene a la mina bajo un esquema de mantenimiento y control para evitar deterioros mayores del sitio.

Un Centro de Referencia en Citopatología Diagnóstica (CERCID) comenzó a operar en Panamá, para procesar las pruebas de Papanicolau provenientes de todas las regiones de salud del país.

Con esta instalación, que opera en el Policentro de San Isidro, distrito de San Miguelito, el Ministerio de Salud impulsa acciones de prevención, tamizaje y vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), con la meta de aumentar la cobertura de la prueba de Papanicolaou del 15 % al 90% en 3 años.

Con esta acción también se pretende reducir significativamente la entrega de resultados, permitiendo un diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano de cáncer cervicouterino.

Anualmente, el cáncer cérvico uterino se mantiene como la segunda causa de muerte más común entre las mujeres panameñas, mientras que a nivel mundial es la cuarta causa de las defunciones.

En Panamá las regiones más afectadas por la incidencia de este tipo de cáncer son Panamá Oeste, Chiriquí y la región de Azuero.

El Centro de Referencia en Citopatología Diagnóstica (CERCID) ofrecerá servicios como lectura de citologías, digitalización de resultados, inteligencia artificial, control de calidad de muestras y funcionará como centro de formación de nuevos citotecnólogos, reveló el Ministerio de Salud.

De igual manera, se incorporan a esta instalación sanitaria nuevos servicios de salud como oftalmología y otorrinolaringología, así como la clínica de curación de heridas y pie diabético, ampliando la atención especializada para la población.

Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud, adelantó que con la apertura del Centro de Referencia en Citopatología se reducirá la mora quirúrgica y realizarán prediagnósticos mediante el envío remoto de información a especialistas.

“Esto facilitará la obtención de diagnósticos moleculares tempranos y la programación de evaluaciones posteriores, de modo que los pacientes puedan recibir tratamiento de manera oportuna”, dijo.

“Con la incorporación de esta tecnología, el Ministerio de Salud refuerza su estrategia para eliminar el cáncer cérvico uterino como problema de salud pública en el 2029”, señaló el viceministro Zambrano Chang.

En el Policentro de San Isidro de igual manera funcionará la Sala de Estimulación para potenciar el desarrollo integral de la primera infancia y fortalecer la atención de salud de esta instalación.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que el cáncer cérvico uterino es prevenible, y agrega que este es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres de América Latina y el Caribe.

Su principal causa es el virus del papiloma humano (VPH) y la vacuna contra el VPH y el tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas pueden prevenirlo.

El organismo internacional de Salud pública establece que la elevada carga de la enfermedad del cáncer cérvico uterino en las Américas representa un problema de salud pública de primer orden, que debe ser abordado mediante una estrategia integral e interprogramática (salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control del cáncer cérvico uterino).

El cáncer cérvico uterino, mencionó la OPS es una enfermedad con una larga historia natural, por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer, mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria, junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.

Esta enfermedad afecta generalmente a mujeres que están en edad productiva, por lo que además de la pérdida para sus familias, causa un impacto en la economía de sus países, afirma el organismo internacional de Salud pública, al tiempo que sostiene que las mujeres deben informarse y tomar el control sobre su salud, realizándose las pruebas de tamizaje cuando corresponda.

Instalado en el puerto pesquero internacional de Vacamonte, Panamá cuenta desde este mes con un recién inaugurado centro de seguimiento pesquero y vigilancia satelital, para garantizar el monitoreo y fiscalización constante de todas las actividades de la flota de pesca nacional.

Con tecnología de punta, este centro de monitoreo operará durante las 24 horas del día, con tres turnos y 18 funcionarios dedicadas a esta labor, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Desde el puerto internacional de Vacamonte, donde se ubica el centro de seguimiento pesquero y vigilancia satelital, se exportan productos del mar de alta calidad hacia Estados Unidos y Europa.

Panamá posee una flota pesquera compuesta por aproximadamente 500 embarcaciones que operan principalmente en las aguas de la ribera del Pacífico, y en menor medida en la del Atlántico.

Tiene unas 320 embarcaciones de palangre, que consiste en la pesca a través de anzuelos que se colocan en una línea de 1 a 2 kilómetros de largo, y cuyo 80% de la producción se destina para la exportación de especies como el atún y dorado.

El centro de seguimiento pesquero y vigilancia satelital reafirma la vocación del país de mejorar la fiscalización pesquera y avanzar firmemente hacia la trazabilidad total de las capturas, un elemento crucial para fortalecer las exportaciones de productos delmar, sostuvo el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla.

El funcionario manifestó que todas las embarcaciones de la flota industrial del país cuentan con un dispositivo satelital conocido como VMS, por sus siglas en inglés, el cual transmite señales en tiempo real que son monitoreadas a través de una plataforma tecnológica.

Esto, añadió Carrasquilla, permite un control preciso sobre posiciones, velocidades y comportamiento de la actividad pesquera, tecnología que ayuda a prevenir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, el respeto a las zonas restringidas y la certificación de capturas dentro del marco de la legalidad.

No obstante, investigaciones periodísticas revelaron que a julio del año pasado solo el 14% de la flota palangrera cuenta con monitoreo satelital o VMS, pese a que el Decreto Ejecutivo 126 de 2017 lo ordene para todo tipo de embarcaciones palangreras.

Carrasquilla dijo que la entidad que dirige mantiene una interacción permanente con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Ambiente, instituciones con las que se trabaja de manera coordinada, intercambiando información estratégica.

El objetivo es garantizar la protección de los recursos marinos y asegurar que las capturas comerciales cumplan con todos los requisitos legales y de trazabilidad necesarios para acceder a los mercados internacionales, puntualizó el administrador general de la ARAP.

En su momento, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Pesquera Panameña, Tomás Villa, dijo que el centro de monitoreo ubicado en Vacamonte pondrá al país en una posición muy sólida.

Para Zuleyka Pinzón, de la Fundación Pacífico, combatir la pesca ilegal no es solo una lucha de una institución, por lo que el nuevo centro pesquero de Vacamonte es un paso importante que da la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, en cuanto al monitoreo en las aguas nacionales.

En cuanto a la seguridad marítima, días atrás profesionales del sector provenientes de más de una docena de países culminaron el taller regional sobre la implementación y revisión del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS).

Este código establece estándares para la gestión segura de los buques y la prevención de la contaminación marina, además de promover medidas destinadas a proteger la vida humana en el mar.

Un ciudadano venezolano de 24 años fue enviado a detención provisional por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, tras una audiencia realizada en la provincia de Colón, donde el Tribunal de Garantías avaló la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación presentada por la Fiscalía Regional.

El caso se remonta al 4 de abril de 2026, cuando el imputado ingresó por la fuerza a las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), donde además de sustraer equipos electrónicos, cometió un ataque violento contra una funcionaria, a quien despojó de sus pertenencias y agredió sexualmente.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre forzó el acceso a una oficina administrativa dentro del edificio ubicado en el corregimiento de Barrio Sur, apropiándose de tres computadoras portátiles.

Posteriormente, se dirigió a un área interna donde, utilizando un arma blanca, intimidó a una colaboradora de salud, a quien además de causarle lesiones físicas, le robó objetos personales y atentó contra su libertad sexual, en un hecho que ha generado fuerte rechazo institucional y social.

El Ministerio de Salud condenó el hecho y confirmó que la víctima recibió atención médica integral inmediata, así como acompañamiento psicológico especializado. La entidad activó sus protocolos de protección a víctimas de violencia y anunció la revisión de las medidas de seguridad en todas sus instalaciones en Colón.

Además, reiteró que se garantizará el acompañamiento laboral, legal y sanitario a la funcionaria afectada, mientras avanzan las investigaciones judiciales correspondientes.

Este caso se suma a otros hechos recientes relacionados con violencia de género y delitos contra la integridad personal registrados en el país. El 1 de abril de 2026, un hombre de 39 años fue detenido en Panamá Oeste tras ser imputado por ejercer violencia psicológica y física contra su hijastra de 22 años, a quien además golpeó durante un episodio de agresión.

En otro caso ocurrido el 7 de abril en la provincia de Coclé, una mujer fue enviada a detención provisional luego de atacar con un arma blanca a su padre, causándole heridas que le generaron incapacidad.

Las cifras oficiales reflejan que estos delitos mantienen una presencia significativa en el país. Según el informe estadístico del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, lo que evidencia la alta incidencia de este tipo de conductas en el sistema penal acusatorio

Dentro de ese total, se contabilizan 294 casos de violación, así como 345 denuncias por acceso sexual con personas entre 14 y 18 años, además de 133 casos de actos libidinosos, lo que muestra la diversidad de tipificaciones dentro de este grupo de delitos. A esto se suman otros casos vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y pornografía infantil, que aunque en menor número, mantienen una tendencia preocupante en distintas regiones del país.

El mismo informe también indica que, aunque existe una disminución del 15% en las denuncias en comparación con el mismo periodo de 2025, algunas categorías presentan comportamientos opuestos.

Por ejemplo, los casos relacionados con pornografía infantil aumentaron de forma significativa, mientras que otros delitos como la violación registraron una reducción relativa, lo que sugiere cambios en los patrones de denuncia o en la dinámica de estos delitos.

Por otro lado, los casos relacionados con violencia doméstica también reflejan una alta incidencia en el país durante los primeros meses del año. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 2,995 denuncias por este delito, dentro de un total de 4,069 casos vinculados al orden jurídico familiar, lo que confirma que este tipo de violencia continúa siendo uno de los principales problemas sociales y judiciales en Panamá .

Los datos muestran que solo en enero se contabilizaron 1,601 denuncias por violencia doméstica, mientras que en febrero se reportaron 1,394 casos, evidenciando una persistencia sostenida del problema en el tiempo.

Además, estos delitos superan ampliamente otras categorías como el maltrato a menores (668 casos) o el maltrato al adulto mayor (235 casos), lo que pone en evidencia el peso específico que tiene la violencia intrafamiliar dentro del sistema penal acusatorio .

El informe también revela un incremento del 16.1% en los casos de violencia doméstica en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que el total de delitos contra el entorno familiar creció 17.7%, lo que refleja una tendencia al alza preocupante.

Regiones como Panamá Oeste, San Miguelito y la provincia de Panamá concentran una parte importante de los casos, lo que evidencia la necesidad de reforzar políticas de prevención, atención a víctimas y control institucional frente a este tipo de violencia.

Apenas un 13% de los productores agropecuarios han asegurado hasta el momento sus cultivos en el estatal Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), un porcentaje muy bajo frente a los 275,143 productores que mantiene en sus registros el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Esta situación se da pese a que en los próximos meses se prevé la ocurrencia del fenómeno atmosférico de El Niño, que sin duda afectará la producción de los cultivos, entre los que destacan el arroz y el maíz, estimó Ariel Espino, gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

Con toda la información que ha surgido sobre las proyecciones climáticas se espera que un mayor número de productores opte por alguna de las pólizas que aseguren sus inversiones, indicó Espino.

Explicó que institucionalmente se preparan para enfrentar las contingencias y repercusiones directas ante la disminución de las lluvias o sequías en los meses venideros, según las proyecciones del Instituto de Meteorología de Panamá.

No obstante, productores consultados en la productiva provincia de Chiriquí, conocida como el granero del país, manifestaron que el ISA no les ofrece las garantías necesarias para mantener asegurados sus cultivos.

En febrero de 2025 el presidente José Raúl Mulino dijo que estaba evaluando la labor que realizaba el ISA, entre otras entidades del sector agropecuario, aunque más nada se ha conocido hasta el momento.

El Instituto de Meteorología de Panamá informó que el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se encuentra en fase neutral, aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha emitido una alerta por el fenómeno de La Niña.

Igualmente, el instituto panameño afirma que en las últimas semanas se ha observado que lentamente están emergiendo masas de aguas más cálidas de lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, principalmente frente a las costas de Ecuador y Perú.

Sin embargo, este calentamiento no se ha expandido dentro de toda la zona de monitoreo, por lo cual un alto porcentaje de los modelos internacionales de pronóstico coinciden en que lo más probable es que la fase neutral se mantenga durante el trimestre de abril, mayo, junio de este año, con una probabilidad de 65%.

No obstante, las probabilidades de desarrollo de El Niño aumentan entre un 60% y 70% para el trimestre de mayo, junio y julio próximo.

En este contexto, la entidad manifiesta que el gobierno del Perú ha emitido una declaratoria nacional de alerta por El Niño Costero, un fenómeno que se desarrolla de manera localizada frente a las costas de Ecuador y Perú y que en ese país genera un aumento significativo de las lluvias con potencial de inundaciones y otros impactos.

Es importante recordar que para que se declare oficialmente el desarrollo de El Niño es necesario que el nivel de calentamiento sea igual o mayor a +0.5 °C y con un acople con la atmosfera (diferencias de presión atmosférica) se mantenga de forma persistente durante al menos cinco meses consecutivos.

Un alto porcentaje de los modelos internacionales de pronóstico coinciden en anomalías neutras entre abril y julio de este año.

En su publicación del 19 de marzo el International Research Institute for Climate and Society indicó que una alta probabilidad de condiciones neutrales de ENSO se prevé durante marzo y mayo de 2026 (91% de probabilidad).

Entre junio y agosto es probable que surja El Niño (con una probabilidad del 62%) y que persista al menos hasta finales de 2026, apunta el Instituto de Meteorología de Panamá.

Las pruebas técnicas realizadas al Puente de las Américas concluyeron este martes, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre sobre su reapertura, luego de la explosión de tres camiones cisterna que realizaban una operación de trasiego de combustible en depósitos ubicados debajo de la estructura, en la entrada pacífica del Canal de Panamá.

A pesar de que los expertos ya completaron las evaluaciones, el puente permanece cerrado, a la espera de una decisión oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los trabajos incluyeron una inspección detallada en la parte inferior del puente, donde especialistas descendieron para analizar el impacto directo de la explosión sobre los elementos estructurales, especialmente en las zonas cercanas al punto del incidente.

De acuerdo con los técnicos, se buscaba determinar si el evento comprometió la estabilidad, resistencia o integridad del acero y las bases del puente, considerando la intensidad del fuego generado tras el accidente.

Según los informes preliminares compartidos por los equipos de evaluación, no se detectaron fallas estructurales visibles de carácter crítico, aunque sí se identificaron afectaciones puntuales que requieren un análisis más profundo antes de permitir el tránsito vehicular.

Este tipo de infraestructura, por su antigüedad y relevancia estratégica, exige criterios estrictos de seguridad, lo que explica la cautela en la toma de decisiones sobre su reapertura. El Puente de Las Américas fue inaugurado en 1962 y es una de las dos entradas a la ciudad capital desde el interior del país.

Actualmente, todo el flujo vehicular se canaliza a través del puente Centenario, ubicado a unos 15 kilómetros de la zona de la explosión.

El accidente, que dejó una persona fallecida y varias afectadas, ocurrió cuando una empresa realizaba una operación de transferencia de combustible en áreas concesionadas bajo el puente.

En su comunicado, la empresa Panamá Oil Terminals S.A. indicó que el evento se dio en el contexto de actividades operadas por un concesionario externo, subrayando que mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas, dentro de la concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

La empresa también aseguró que activó de inmediato sus protocolos de emergencia, coordinando con los cuerpos de socorro y autoridades correspondientes para atender la situación. Además, reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, al tiempo que expresó su compromiso con la seguridad operativa y el apoyo a las familias afectadas por el incidente.

Mientras tanto, el cierre del Puente de las Américas sigue generando un fuerte impacto en la movilidad diaria, afectando a más de 80 mil personas que utilizan esta vía para trasladarse entre la provincia de Panamá Oeste y la ciudad capital. La interrupción ha provocado congestionamientos severos, desvíos prolongados y un aumento en los tiempos de traslado, especialmente en horas pico.

Las autoridades han insistido en que la prioridad es garantizar que la estructura no represente ningún riesgo para los usuarios, por lo que la reapertura dependerá de un dictamen técnico final que certifique su seguridad.

El MOP será la entidad encargada de evaluar los resultados de las inspecciones y definir si el puente puede volver a operar con normalidad o si requerirá intervenciones adicionales.

Panamá aprobó un nuevo protocolo de actuación en puestos de controles migratorios terrestres, una herramienta que busca ordenar, estandarizar y fortalecer los procedimientos que aplican las autoridades frente al ingreso, tránsito y permanencia irregular de personas en el país, en un contexto marcado por el aumento de flujos migratorios por rutas como Darién.

El documento fija como objetivo principal uniformar los procedimientos en campo, reducir la discrecionalidad de los agentes y garantizar trazabilidad en cada intervención, obligando a que todo caso sea tratado bajo criterios técnicos, administrativos y legales previamente definidos, lo que fortalece el control y disminuye errores operativos.

Uno de los puntos más importantes es que el protocolo establece un procedimiento paso a paso cuando un funcionario detecta a una persona sin estatus migratorio regular, iniciando con la interceptación, identificación inmediata y verificación documental, seguido de la consulta en bases de datos nacionales e internacionales para confirmar identidad, alertas o antecedentes.

Tras esta verificación, el funcionario está obligado a realizar un registro formal del caso, que incluye la toma de datos personales, biometría y levantamiento de un informe administrativo, lo que permite que cada intervención quede documentada y pueda ser auditada posteriormente por las autoridades.

El protocolo también establece que, una vez confirmada la irregularidad, se debe proceder con la notificación formal al migrante sobre su estatus y las medidas que podrían aplicarse, garantizando el debido proceso administrativo, lo que incluye el derecho a conocer la falta y las posibles consecuencias.

En cuanto a sanciones, el documento no fija nuevos montos, sino que deja claro que los funcionarios deben aplicar las multas establecidas en la legislación migratoria vigente en Panamá, las cuales dependen del tipo de infracción, como permanencia vencida, ingreso irregular o reincidencia, evitando así interpretaciones arbitrarias en campo.

Estas multas forman parte de un esquema que busca desincentivar la permanencia irregular, pero el protocolo enfatiza que su aplicación debe estar debidamente sustentada en el expediente administrativo levantado por el funcionario, lo que introduce un mayor nivel de control institucional sobre las decisiones.

En los casos más graves, el protocolo detalla que los funcionarios deben iniciar el proceso administrativo para la deportación o expulsión del país, especialmente cuando se trata de personas que ingresaron evadiendo controles, representan un riesgo o reinciden en faltas migratorias, activando procedimientos más estrictos.

Este proceso incluye la remisión del caso a las instancias competentes dentro del Servicio Nacional de Migración, donde se evalúa la medida a aplicar, garantizando que la decisión no quede únicamente en el punto de control, sino que pase por un proceso administrativo estructurado

El protocolo también define la obligación de los funcionarios de coordinar con otras entidades de seguridad, como el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, especialmente en situaciones donde se detecten posibles delitos, lo que refuerza el enfoque interinstitucional del control migratorio.

Otro elemento clave es que se incorporan lineamientos para el manejo de poblaciones vulnerables, obligando a los funcionarios a activar protocolos diferenciados en casos de menores de edad, mujeres embarazadas o personas en condición de riesgo, evitando actuaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales.

Además, se establece que toda actuación debe cumplir con criterios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, lo que limita el margen de actuación de los agentes y reduce riesgos de abusos o procedimientos incorrectos en terreno.

El protocolo también introduce una mejora relevante en términos de inteligencia migratoria, ya que obliga a la sistematización de la información recolectada, lo que permitirá identificar patrones, rutas y comportamientos, fortaleciendo la toma de decisiones a nivel estratégico.

En términos operativos, el cambio más importante es que se elimina la improvisación: ahora los funcionarios deben seguir una ruta clara de actuación desde la detección hasta la resolución del caso, lo que convierte el control migratorio terrestre en un proceso más técnico y menos reactivo.

Con esta medida, Panamá busca fortalecer su capacidad de control en puntos terrestres clave, alineando su actuación con estándares internacionales, pero también respondiendo a una realidad local donde el país se ha convertido en un corredor migratorio de alta presión en la región.

¿Qué dicen los números?

Durante el año 2025, Panamá registró un total de 1,349 extranjeros detenidos por infracciones a la legislación migratoria, evidenciando un flujo constante de casos a lo largo de los doce meses, con picos como 186 detenciones en enero y 139 en marzo, lo que refleja una presión sostenida sobre los sistemas de control en puntos terrestres y operativos internos.

Al analizar las causales, el principal motivo de detención fue la condición de indocumentado o irregular, con 476 casos, seguido por estadía vencida con 400 registros y el ingreso irregular al país con 335 casos, lo que confirma que el fenómeno migratorio en Panamá no solo responde al tránsito, sino también a permanencias fuera del marco legal .

En cuanto a las nacionalidades, los datos muestran una clara concentración en países de la región, encabezados por Colombia con 677 personas detenidas, seguido por Nicaragua con 170 casos y Venezuela con 108, mientras que también se registran flujos más pequeños pero relevantes desde países extracontinentales como Camerún, Nepal e India, lo que evidencia la diversidad del perfil migratorio .

Otro elemento clave es la distribución por género, donde el 84% de los detenidos fueron hombres frente a un 16% de mujeres, así como la concentración por edades, con mayor incidencia en los rangos de 28 a 37 años (481 casos) y 18 a 27 años (394 casos), lo que indica que se trata principalmente de población en edad productiva .

Para el año 2026, aunque las cifras corresponden únicamente a los primeros dos meses, ya se contabilizan 222 extranjeros detenidos, con una fuerte concentración en enero con 147 casos, lo que sugiere que la dinámica migratoria se mantiene activa desde el inicio del año, sin señales de reducción significativa .

En este período, la principal causal cambia ligeramente, destacando la rebaja de pena con 102 casos, seguida por el ingreso irregular al país con 46 registros y la estadía vencida con 45 casos, lo que introduce un componente distinto vinculado a personas que ya estaban dentro del sistema penal o administrativo .

En cuanto a las nacionalidades en 2026, se mantiene la tendencia regional con Colombia liderando con 143 casos, seguido por Nicaragua con 29 y Venezuela con 28, lo que confirma la continuidad de los principales países de origen observados el año anterior, aunque con volúmenes menores por tratarse de un periodo parcial .

Finalmente, la composición demográfica también se mantiene estable, con un predominio de hombres que representan el 85% de los casos frente a un 15% de mujeres, y una mayor concentración en edades entre 28 y 47 años, lo que refuerza el perfil de población adulta joven que caracteriza los flujos migratorios detectados en el país.

Panamá será la sede del Maritime Convention of the Americas 2026, un foro internacional que convocará a representantes de más de 30 países los días 7 y 8 de mayo para analizar el futuro del sector marítimo y logístico en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre en las cadenas de suministro. La cita pondrá a la ciudad como epicentro de los debates sobre la resiliencia y adaptación del comercio internacional.

El evento surge en un escenario donde la guerra en Europa del Este, los ataques a embarcaciones en Medio Oriente y las crecientes disputas en Asia han elevado los costos operativos y generan nuevas amenazas sobre la estabilidad del transporte marítimo, según análisis de expertos. Este panorama ha incrementado los tiempos de tránsito en rutas claves, agudizando la incertidumbre en los mercados más dependientes del comercio exterior.

Actualmente, Panamá cuenta con un registro marítimo líder a nivel mundial, con más de 8,500 embarcaciones inscritas y alberga a más de 50 líneas navieras internacionales en sus puertos. El sector marítimo y logístico aporta aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto nacional, posicionando al país como el centro logístico más relevante de Latinoamérica, según el Banco Mundial.

En el encuentro participarán destacados referentes internacionales. El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la mayor asociación global del sector, ha confirmado la asistencia de sus ejecutivos David Loosley y Paul Pathy. Además, Arsenio Domínguez, Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), institución especializada de Naciones Unidas, encabezará parte de la agenda técnica y regulatoria: su presencia garantiza el abordaje de desafíos actuales de la gobernanza marítima global.

El Maritime Convention of the Americas 2026 congregará armadoras, puertos, operadores logísticos, inversores, aseguradoras y empresas tecnológicas, en un programa que abordará la reconfiguración de rutas frente a escenarios bélicos, la seguridad marítima, la transición energética en el transporte, digitalización de las cadenas logísticas y las oportunidades de inversión en infraestructura portuaria latinoamericana, según detallaron los organizadores.

La agenda contempla conferencias de alto nivel y paneles técnicos, así como sesiones de matchmaking comercial orientadas a propiciar acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas entre los diferentes actores del sector.

Panamá, gracias a su ubicación y al Canal, articula una plataforma logística integrada que enlaza las principales rutas del comercio mundial. El país ha desarrollado una Estrategia Marítima Nacional de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector durante los próximos 25 años, según datos oficiales.

El ecosistema local combina puertos, terminales y servicios logísticos en un centro de operaciones único, lo que facilita la operación de firmas internacionales y refuerza su posición como eje logístico del continente. La combinación de infraestructura avanzada y políticas orientadas al desarrollo del sector han permitido que la nación se consolide como referente regional y global en materia portuaria y logística.

El Maritime Convention of the Americas 2026 se proyecta como una de las mayores plataformas para el análisis técnico y la cooperación internacional del sector marítimo. En medio de un entorno global volátil, la iniciativa busca promover el intercambio de perspectivas y modelos de gestión que contribuyan a mantener la estabilidad logística indispensable para la economía mundial.

En Panamá una comisión será la encargada de coordinar, planificar, ejecutar y supervisar todas las acciones necesarias para la reorganización integral de la Academia Panameña de la Historia.

La medida se toma en momentos en que el país se apresta a la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, evento que reunirá a representantes de otras academias de la historia, particularmente de los países bolivarianos.

La comisión de rescate estará presidida por Omar Jaén Suárez y Alfredo Castillero, dos sobrevivientes de la Academia, quienes estarán acompañados por representantes técnicos del Ministerio de Cultura.

Esta tiene la potestad de poder aprobar nuevos estatutos, elegir miembros y autoridades, así como la celebración de la asamblea de reactivación y la protocolización e inscripción en el Registro Público.

A la comisión le corresponderá elaborar un informe detallado que describa el estado actual de la Academia, incluyendo la situación legal vigente y la revisión del estatuto de 1944.

De igual manera, tendrá entre sus funciones redactar un nuevo cuerpo normativo que será sometido a la consideración de los miembros de número, quienes tienen la potestad exclusiva de su reorganización.

Deben brindar apoyo a los académicos titulares o numerarios sobrevivientes en el proceso de elección de nuevos miembros titulares.

Fundada el 16 de mayo de 1921 como una corporación científica dedicada al estudio riguroso y sistemático de la historia nacional, en los últimos años la desaparición de la mayoría de sus miembros, frente a la indolencia gubernamental en nombrar sus reemplazos, ha dejado casi en el olvido a una entidad llamada a preservar la historia de Panamá.

La Ley 65 de 9 de junio de 1941 estableció su personalidad jurídica pública, sus funciones y su adscripción administrativa al entonces Departamento de Bellas Artes del Ministerio de Educación.

“La Academia se ha convertido, en realidad, en una especie de cementerio, en donde la mayoría de los sillones están vacíos porque nunca se pudieron llenar esos cupos, debido a que nunca se llamó para realizar esas elecciones”, dijo en 2024 uno de los sobrevivientes, Omar Jaén Suárez.

En 1826 en la sala capitular del Convento de San Francisco, a orillas del océano Pacífico, se realizó en el país el Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar.

La historia registra que al Congreso Anfictiónico de Panamá asistieron representantes de la Gran Colombia, Centro América, Perú y los Estados Unidos Mexicanos.

Después de celebrar diez sesiones, suscribieron varios acuerdos, siendo el más importante de todos ellos el “Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua”, firmado el 15 de julio de 1826.

Los acuerdos tenían que ser ratificados por las Repúblicas que los suscribieron, y los instrumentos de ratificación estaba previsto que se canjearan en el plazo de ocho meses en la Villa de Tacubaya, México, donde hubieran debido continuar las sesiones del Congreso de Panamá.

Pero, por diversas circunstancias históricas el Congreso no pudo seguir funcionando en Tacubaya como se había contemplado y fue disuelto, en tanto, de los países que los habían firmado sólo Colombia ratificó en septiembre de 1827 los convenios que se habían alcanzado en Panamá, apunta Juan Carlos Pérsico, especialista en relaciones internacionales y docente.

Manifiesta que la razón por la que el Congreso Anfictiónico de 1826 se realizó en Panamá se encuentra en la carta de invitación remitida por Bolívar, donde se lee: “Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá, sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por la otra África y Europa”.

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) anunció que inició un proceso de análisis técnico y científico tras la reciente Decisión 47 COM 7B.39 de la UNESCO, que evalúa el posible impacto del proyecto Puerto Barú sobre el Parque Nacional Coiba, un sitio declarado Patrimonio Mundial por su alto valor ecológico y su relevancia para la biodiversidad marina del Pacífico oriental.

La entidad indicó que, tras la recepción formal del pronunciamiento del Comité de Patrimonio Mundial, se activaron evaluaciones internas para determinar las implicaciones para el país y definir las acciones necesarias para salvaguardar el Valor Universal Excepcional (VUE) del área protegida.

Según el comunicado oficial, el ministerio emitirá un pronunciamiento definitivo una vez concluyan los análisis especializados, alineados con las recomendaciones internacionales.

Como parte de este proceso, MiAMBIENTE solicitó una misión de asesoramiento técnico al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la aplicación de la Guía y herramientas de evaluación de impacto en contextos de sitios protegidos.

Esta misión, prevista para mediados de 2026, busca asegurar que cualquier decisión futura se base en estándares internacionales rigurosos y en una gestión ambiental integral.

El pronunciamiento de la UNESCO pone énfasis en la necesidad de que Panamá revise la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA) del proyecto portuario, considerando no solo los impactos directos, sino también los efectos acumulativos, como el aumento del tráfico marítimo y el riesgo de contaminación.

El organismo internacional advierte que cualquier decisión debe evitar afectaciones irreversibles sobre el ecosistema de Coiba y su zona especial de protección marina.

En paralelo, la empresa responsable de Puerto Barú en David rechazó las afirmaciones sobre posibles impactos al parque, señalando que “carecen de sustento científico” y que no reflejan los resultados de los estudios técnicos aprobados por las autoridades panameñas.

La compañía sostiene que su Estudio de Impacto Ambiental categoría III, avalado por MiAMBIENTE, incluye análisis oceanográficos que descartan cualquier afectación por sedimentación hacia Coiba.

Según la empresa, las corrientes marinas en el área del proyecto no se dirigen hacia el parque, lo que elimina la posibilidad de que los materiales suspendidos lleguen a sus ecosistemas.

Además, recordó que en una comunicación oficial de mayo de 2024, el propio Ministerio de Ambiente concluyó que el proyecto no generaría impactos directos ni indirectos sobre el área protegida, ni representaría un riesgo ambiental significativo.

En su página de internet la empresa indica que: Puerto Barú en David se desarrolla en terrenos 100% privados y titulados, fuera de las áreas protegidas. Estamos cerca de un ecosistema de manglares, que están esparcidos por la costa de Chiriquí. Por ley, los manglares están protegidos y dentro de nuestro Plan de Manejo Ambiental, se plantea su conservación y fiscalización.

El desarrollo de Puerto Barú ha estado rodeado de controversias adicionales, incluyendo tensiones con organizaciones ambientales que han cuestionado tanto el proceso de aprobación como los posibles efectos sobre los ecosistemas marinos y costeros.

Más de 60 organizaciones han expresado su rechazo al proyecto y han denunciado presiones legales por parte de la empresa promotora.

Por su parte, la UNESCO ha insistido en que Panamá debe fortalecer la regulación pesquera, ampliar las zonas de veda total y mejorar los mecanismos de monitoreo y control en la región de Coiba.

Estas recomendaciones responden a preocupaciones históricas sobre la presión pesquera, la presencia de especies invasoras y la necesidad de garantizar la conservación a largo plazo del área.

El ministerio subrayó que el objetivo es lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental, especialmente en una zona que se proyecta como polo de ecoturismo sostenible en el sur de Veraguas.

El Estado panameño deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2026 un informe actualizado sobre el estado de conservación del sitio y las acciones adoptadas, lo que será evaluado en la próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial.

Este plazo se convierte en un punto clave para definir el futuro del proyecto y su compatibilidad con la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de la región.

La aplicación de 384 mil dosis de la vacuna contra la influenza comenzó este lunes en Panamá, mientras que en los próximos días llegarán tres lotes más hasta completar 1,200,000 dosis.

Este primer lote de vacuna será aplicado desde este miércoles 8 de abril a los grupos prioritarios, entre los que se cuentan los adultos mayores de 60 años de edad, embarazadas, niños menores de 5 años, con especial atención a los menores de 1 año.

Igual serán vacunados los pacientes con enfermedades crónicas, personas con sistemas inmunocomprometidos o con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas o anemia falciforme; así como funcionarios y estudiantes de ciencias de la salud, y trabajadores esenciales y de alto riesgo.

Las 384 mil dosis de vacunas contra la influenza estará disponible en todas las instalaciones del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y los hospitales privados, donde se iniciará la vacunación a nivel nacional.

El Ministerio de Salud informó que para este año Panamá ha adquirido un total de 1,200,000 dosis de la vacuna contra la influenza y en los próximos días llegarán los tres lotes restantes, que completarán la compra realizada por el país para inmunizar a la población.

Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que desde el Jueves Santo se inició la distribución de las vacunas en áreas de difícil acceso como las provincias de Darién, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste, así como en las regiones de Panamá Este, Panamá Norte y en las comarcas indígenas de Kuna Yala y Ngäbe Buglé.

“Hoy se distribuyen las vacunas en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, el área metropolitana y San Miguelito. Este martes se estarán distribuyendo en todos los hospitales nacionales, públicos y privados, clínicas del Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud”, señaló de Hewitt.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población para que acuda a todas las instalaciones de salud para colocarse la vacuna contra la influenza.

Hasta el momento en Panamá se han registrado 31 defunciones por influenza, de acuerdo con el último informe emitido por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se indica que la mayoría de los fallecidos no estaban vacunados.

Este año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los países a mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud.

Vacunarse cada año contra la influenza, afirma la OPS, es fundamental, ya que este virus cambia constantemente, lo que hace necesario actualizar las vacunas anualmente para brindar una mejor protección a la población.

A nivel global, la circulación de influenza ha aumentado de forma sostenida desde octubre de 2025, con predominio de influenza A(H3N2) y señales de inicio temprano en varios países del hemisferio norte. En paralelo, se observan señales de aumento progresivo de la circulación del VSR.

En las Américas, la positividad por influenza se mantiene por encima del 10% en el hemisferio norte, con incrementos sostenidos en América del Norte y América Central, y niveles cercanos al 20% en el Caribe, donde predomina la circulación de influenza A(H3N2).

Según la OPS, el aumento progresivo de la circulación del VSR podría amplificar la presión sobre los sistemas de salud, por lo que se requiere un seguimiento estrecho y continuo de la situación para ajustar oportunamente los planes de respuesta de los servicios de salud.

Durante el periodo 2025-2025 la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sumó 480 nuevos miembros, para un total de 1,800 empresas de todos los tamaños, representativas de 15diferentes sectores de la economía panameña.

Juan Arias, presidente saliente del gremio más representativo del sector privado panameño, señaló que en el periodo de referencia la Cámara firmó una treintena de acuerdos de cooperación con sus similares de distintas partes del mundo, así como con instituciones nacionales e internacionales, para promover el intercambio comercial, de información y conocimiento a favor de sus miembros y del país.

Al hacer un resumen de su gestión, manifestó que las exposiciones realizadas por el gremio representaron a más de 800 empresas, más de 30 países, produjeron más de 19 mil contactos de negocio y generaron más de $165 millones en oportunidades.

“Eso es Panamá en acción”, dijo, a la vez que recordó que para tener un país en constante crecimiento económico se debe mejorar la educación de cerca de 900 mil estudiantes que hoy día se encuentran en el sistema, pues si no son bien preparados “todo lo demás se queda corto”.

Por eso, afirmó que el sector empresarial va a seguir presente, acercando puntos de vista por una reforma educativa a favor del futuro de los panameños.

Arias aseguró que Panamá lo tiene todo: ubicación, talento y gente que no se rinde. “Lo que necesitamos es seguir haciendo lo correcto, sumando y empujando en la misma dirección”.

El panameño, agregó, quiere trabajar, avanzar y salir adelante, por lo que participamos en debates importantes como el de la mina de cobre y el de Río Indio con responsabilidad y apertura.

“No nos quedamos en posiciones cómodas ni en extremos fáciles. Promovimos espacios de diálogo, escuchamos a todos los sectores —comunidades, expertos, empresa privada y autoridades— y abordamos estos temas como lo que son: decisiones complejas que impactan el presente y el futuro del país. Porque sabemos que Panamá necesita avanzar con seriedad, tomando decisiones basadas en información, con visión de largo plazo y pensando siempre en el bienestar de la gente”, apuntó Arias.

Comentó que los empresarios salieron a abrir puertas mediante misiones comerciales a Brasil, Corea y Japón, “entendiendo que Panamá tiene que jugar en grande. Hoy vemos señales positivas, resultados de estas misiones, que reafirman que cuando se hacen las cosas bien, el país gana”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha cuestionado algunas iniciativas, entre ellas últimamente la del etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, aduciendo que no hay consenso en el mundo sobre cómo esto debe ser.

“Cada país ha tomado caminos distintos, y muchos siguen ajustando sus modelos porque el tema no es tan simple como poner un símbolo en un empaque. Por eso, antes de imponer un sistema único en Panamá, vale la pena hacer una pausa”, comentó el gremio.

Los empresarios sostienen que cuando se habla de etiquetado frontal, se habla de simplificar, de reducir la información a una advertencia visible. Puede parecer práctico, pero también puede ser limitado, porque la salud no se resume en un símbolo, sentenciaron.

Sus voceros detallaron que “cuando una política se queda corta en información, alguien termina pagando esa simplificación y ese alguien es usualmente el consumidor”.

La Cámara insistió en que cambiar empaques, reformular productos y ajustar líneas de producción “todo eso cuesta”, por lo que en un mercado como el de Panamá esos costos no los absorbe el sistema, y al final, quien paga es el panameño que acude a comprar en una tienda o en un supermercado.

Un muerto y dos bomberos heridos con quemaduras de segundo grado es el saldo preliminar de un incendio registrado este lunes debajo del puente de Las Américas, en las riberas del Canal de Panamá, estructura que comunica a la ciudad capital con el interior del país.

El incendio de grandes proporciones se originó en el área de La Boca, donde operan empresas dedicadas al negocio del combustible, y donde se ubican tanques de almacenamiento.

Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que una vez controlado el incendio se había dado la apertura del puente de Las Américas, que permaneció cerrado por una hora, pero luego fue cerrado nuevamente hasta mañana para que el Ministerio de Obras Públicas haga las evaluaciones correspondientes y determine la afectación o no que haya sufrido la estructura.

“Ya todo está retornando a la normalidad”, agregó Delgado, quien explicó que para lograr apagar el incendio utilizaron unos carros a los que llaman “monitor”, que utilizan un gran caudal de agua para la extinción, además de materiales químicos para el enfriamiento de al menos tres cisternas que estaban incendiados.

Delgado no descartó que las altas temperaturas hayan contribuido al fuego, aunque aclaró que hay que esperar que los expertos investigadores del Cuerpo de Bomberos hagan su trabajo sobre el sitio.

Aunque no entró en detalles, dijo que se presume que unos trabajadores estaban trasegando combustible en un cisterna cuando se escuchó una explosión, una situación que fue grabada. Los cisternas tienen una capacidad estimada de entre 5,000 a 10,000 galones.

“Ya ha bajado el nivel de intensidad del fuego, totalmente. La situación está bajo control y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando hasta que tengamos el control total de la escena y así poder declarar el área segura”, manifestó.

Comentó que se cree que la persona desaparecida se encuentre en uno de los cisternas incendiados. Al igual que los cisternas, también se vio afectada la maquinaria y el material que tenía la empresa que opera en el lugar del siniestro.

Inaugurado el 12 de octubre de 1962, el puente de Las Américas tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo, registra la revista El Faro, de la Autoridad del Canal de Panamá.

El tramo principal del puente, que cruza el Canal, tiene 344 metros de longitud, colocándolo entre los puentes colgantes de gran tamaño. La estructura cuenta con dos carriles de tráfico en cada dirección, con capacidad para manejar más de 9,500 vehículos diarios en sus primeros años.

La estructura que se extiende sobre la entrada Pacífica del Canal de Panamá, y este puente representa la conexión entre América del Norte y del Sur, unión que hasta el momento no es posible debido a la selva del tapón del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia.

El puente fue concebido en un momento en donde el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, había interrumpido la conexión terrestre en el istmo.

La existencia del Canal de Panamá, indica la revista de referencia, también trajo consigo un desafío logístico para el tránsito terrestre: la única forma de cruzar de un lado a otro era a través de los transbordadores que operaban en las esclusas del Canal. Esto complicaba el tráfico y limitaba la comunicación directa entre el norte y el sur.

Antes de la construcción del puente, quienes necesitaban cruzar el Canal debían depender de un sistema de transbordadores o ferry, que no solo era ineficiente, sino que también presentaba serios retos logísticos, especialmente para el transporte de grandes volúmenes de mercancías.

Con datos estancados en algunos casos desde hace 15 años, el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo de Panamá se encuentra desactualizado en un 80%, enturbiando la transparencia que como un derecho tienen los ciudadanos para vigilar la rendición de cuentas de los gobiernos.

El nodo de transparencia debe servir para que las entidades públicas registren datos sobre la con­tra­ta­ción y desig­na­ción de fun­cio­na­rios, así como de la pla­ni­lla y gas­tos de repre­sen­ta­ción, además de los cos­tos de via­jes, emo­lu­men­tos o pagos en con­cepto de viá­ti­cos.

De 70 entidades gubernamentales registradas, solo 15 tie­nen la pla­ni­lla actualizada a marzo de 2026, revela una información del diario La Estrella de Panamá, suscrita por la periodista de investigación Mary Triny Zea.

Entidades como el Banco de Desa­rro­llo Agro­pe­cua­rio y la Asamblea Nacional, por ejem­plo, registran información “actualizada” hasta el 2011, mientras que el Sis­tema Nacio­nal de Pro­tec­ción Civil (SINAPROC) lo hizo en 2012, el Regis­tro Público en 2013 y el Minis­te­rio de Obras Públi­cas, así como el Órgano Judi­cial repor­ta­ron sus datos por última vez en 2016, según la publicación, basada en el por­tal del nodo de transparencia.

La Ley 6 de 2002 de transparencia en la gestión pública y hábeas data manifiesta que es deber de la administración pública exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos.

De igual manera, obliga a los servidores públicos a responsabilizarse individualmente de sus actos en el ejercicio de sus funciones y en la comunicación de los resultados de su gestión ante la sociedad. Esta obligación de rendir cuentas, añade, también les corresponde a los cuerpos directivos colegiados de las instituciones públicas.

La legislación también sostiene que toda la información que emana de la administración pública es de carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través delos distintos medios de comunicación social y/o de Internet.

El artículo 11 de la Ley 6 de 2002 de transparencia en la gestión pública y hábeas data manifiesta que será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas.

Eduardo Leblanc, actual defensor del pueblo y quien aspira a relegirse en el cargo, ya que a finales de marzo se le venció su periodo, se mostró en primera instancia sorprendido de la revelación del medio impreso, negando que los datos estuvieran desactualizados desde el 2011.

“De 2011 jamás, puede ser que haya un problema de sistema”, declaró Leblanc.

Aclaró que la información aportada por las entidades gubernamentales a la Defensoría del Pueblo es “voluntaria”.

Se conoció que en algún momento la información transparentada que ofrecía la Defensoría del Pueblo fue elogiada por autoridades de la región, a tal punto que la iniciativa fue adoptada en el manual de buenas prácticas institucionales de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica.

Para la activista de derechos humanos y miembro de Alianza Ciudadana, Magaly Castillo, el nodo de transparencia “se ha dejado a un lado, como muchos otros”, por lo que “no hay excusa para que nosotros tengamos esa página así”, desfasada.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca reactivar y ampliar las escuelas nocturnas en Panamá, una iniciativa que apunta a atender a jóvenes y adultos que no culminaron su formación académica y que ahora esperan una segunda oportunidad dentro del sistema educativo formal.

La propuesta, impulsada por la diputada Graciela Hernández, establece la apertura y promoción de centros educativos nocturnos en cada corregimiento del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a personas que trabajan, desertaron o enfrentaron barreras económicas y sociales que les impidieron completar sus estudios en su momento.

Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde será debatido por la totalidad de los diputados, quienes podrán presentar modificaciones, cuestionamientos o propuestas adicionales antes de su eventual aprobación en segundo y tercer debate, etapas necesarias para su entrada en vigencia.

El contenido del proyecto plantea que el Ministerio de Educación (MEDUCA) será el encargado de implementar y coordinar la expansión de las escuelas nocturnas, incluyendo la adecuación de infraestructuras existentes, la asignación de docentes y el desarrollo de programas flexibles que respondan a la realidad de estudiantes adultos, muchos de los cuales combinan trabajo y responsabilidades familiares.

Según lo discutido en la comisión, la iniciativa fue consensuada con autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector, lo que busca evitar fallas de ejecución y asegurar que el modelo responda a necesidades reales del sistema educativo panameño, especialmente en zonas rurales y áreas de difícil acceso donde la oferta educativa es limitada.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de una problemática estructural en Panamá: la deserción escolar y el bajo nivel de escolaridad en ciertos segmentos de la población, una situación que afecta la empleabilidad, la productividad y la movilidad social de miles de ciudadanos que no lograron culminar la educación básica o media.

Datos del propio sistema educativo han reflejado que existe un grupo significativo de personas que no completaron la secundaria, particularmente en áreas vulnerables, lo que ha llevado a que programas de educación para adultos se mantengan activos, pero con cobertura limitada y sin una estrategia nacional robusta y sostenida como la que plantea esta iniciativa.

El proyecto también busca formalizar y fortalecer los programas de educación nocturna existentes, muchos de los cuales han operado de forma parcial o con recursos limitados, proponiendo una estructura más organizada, con metas claras, seguimiento institucional y mayor alcance territorial en todo el país.

Además, se contempla la implementación de programas educativos adaptados, que incluyan metodologías flexibles, contenidos pertinentes y horarios compatibles con la jornada laboral, reconociendo que el perfil del estudiante adulto es distinto al del sistema tradicional y requiere un enfoque diferenciado.

Durante la discusión en comisión, se destacó que la iniciativa no solo tiene un impacto educativo, sino también un efecto directo en la inclusión social y económica, al permitir que más ciudadanos puedan acceder a mejores oportunidades laborales, continuar estudios superiores o capacitarse en áreas técnicas.

El avance del proyecto ocurre en un contexto en el que el sistema educativo panameño enfrenta retos históricos en cobertura, calidad y permanencia escolar, lo que ha generado presión para desarrollar políticas públicas que reduzcan las brechas educativas y amplíen las oportunidades de formación para toda la población.

De ser aprobado en el pleno legislativo, el proyecto obligaría al Estado a garantizar la presencia de oferta educativa nocturna en todos los corregimientos, lo que representaría un cambio significativo frente al modelo actual, donde la disponibilidad de estos programas depende en gran medida de la demanda local y de la capacidad operativa de cada región.

La discusión en segundo debate será clave para definir aspectos como el financiamiento, los criterios de implementación y los mecanismos de evaluación, elementos que determinarán si la iniciativa logra convertirse en una política pública efectiva o si enfrenta limitaciones similares a programas anteriores.

Con este paso, el proyecto entra en una fase decisiva dentro del proceso legislativo, mientras el país mantiene el desafío de mejorar los niveles de escolaridad y ofrecer alternativas reales a quienes quedaron fuera del sistema educativo tradicional.

Al menos ocho países —Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú— han expresado su respaldo a Panamá ante las recientes inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China, en un contexto que ha elevado la preocupación sobre la estabilidad del comercio marítimo internacional y el respeto a la libertad de navegación.

Los pronunciamientos coinciden en señalar que estas acciones generan riesgos para las cadenas de suministro globales, afectan la confianza en el sistema comercial internacional y pueden traducirse en mayores costos logísticos para empresas y consumidores.

Además, subrayan la importancia de respetar la soberanía de Panamá como Estado de abanderamiento y su papel dentro del comercio marítimo mundial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advirtido que las medidas aplicadas contra buques panameños generan preocupación por el uso de instrumentos económicos que podrían afectar el Estado de Derecho y la estabilidad del comercio.

Según indicó, las detenciones, retrasos y obstáculos operativos tienen impacto directo en la eficiencia de las rutas comerciales y en la confianza global en el sistema logístico.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sostuvo que la aplicación de normas marítimas debe mantenerse en un plano técnico, objetivo y libre de presiones políticas, mientras que Ucrania reiteró su respaldo a Panamá en la defensa de su soberanía y su capacidad de tomar decisiones dentro del marco del derecho internacional.

Los gobiernos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú también manifestaron su apoyo, destacando la necesidad de preservar un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas internacionales.

En particular, se hizo referencia a la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) como pilares del orden marítimo global.

Las inspecciones y retenciones de embarcaciones panameñas se registran semanas después de la toma de control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, anteriormente operadas por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison.

Estas terminales pasaron a ser operadas por APM Terminals, del grupo Maersk, en el Pacífico, y por TiL de Mediterranean Shipping Company (MSC) en el Atlántico, en un movimiento que reconfiguró el mapa portuario del país.

En ese contexto, autoridades chinas habían advertido previamente sobre posibles consecuencias económicas si Panamá avanzaba con el proceso de transición en los puertos. Aunque no existe un pronunciamiento oficial que vincule directamente las inspecciones actuales con esa decisión, la coincidencia temporal ha sido observada por distintos actores del sector marítimo y diplomático.

Desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos, calificándolas de infundadas y señalando que distorsionan la realidad.

La vocera sostuvo que los comentarios estadounidenses reflejan intereses propios y afirmó que China defenderá sus derechos e intereses legítimos, al tiempo que reiteró su posición sobre los asuntos relacionados con Panamá.

El registro marítimo panameño, considerado el más grande del mundo, cerró 2025 con más de 8.000 buques inscritos, lo que representa una parte significativa de la flota mercante global.

Este posicionamiento convierte a Panamá en un actor clave dentro del sistema logístico internacional, donde cualquier alteración en el tránsito de sus embarcaciones puede tener efectos amplificados.

En los últimos meses, operadores del sector han reportado casos de demoras prolongadas en puertos chinos para buques con bandera panameña, incluyendo inspecciones adicionales y tiempos de espera superiores a los habituales.

Estas situaciones, aunque no generalizadas, han generado preocupación en la industria por su posible impacto en la eficiencia operativa y en la planificación de rutas comerciales.

El Gobierno panameño ha sostenido que el respeto a su registro de naves y a su condición de Estado de abanderamiento es un elemento esencial para el funcionamiento del comercio internacional. En ese sentido, los respaldos internacionales han reforzado su posición en medio de un escenario donde confluyen factores logísticos, comerciales y geopolíticos.

La evolución de esta situación se mantiene bajo seguimiento por parte de autoridades, navieras y organismos internacionales, en un momento en que la estabilidad de las cadenas de suministro continúa siendo un factor crítico para la economía global.

Mientras tanto, el tránsito de buques panameños en puertos internacionales sigue siendo observado como un indicador clave del comportamiento del comercio marítimo en un entorno cada vez más tensionado.

Las advertencias por alta radiación solar y elevadas temperaturas marcan el inicio de una semana crítica en Panamá, con condiciones que combinan índices UV-B extremos y sensación térmica elevada, según los avisos emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología.

Las advertencias por alta radiación solar y elevadas temperaturas estarán vigentes desde el 6 de abril hasta el 9 de abril de 2026, en horarios que van aproximadamente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para el calor y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. para la radiación UV-B, según los avisos emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante este periodo, se prevé la combinación de índices UV-B en niveles extremos y sensación térmica elevada, lo que configura un escenario de riesgo para la población en gran parte del país.

Las autoridades advierten que los niveles de radiación alcanzarán categorías de alto a extremo, mientras que el calor se intensificará en gran parte del territorio nacional, elevando los riesgos para la salud de la población.

De acuerdo con los reportes oficiales, los índices de radiación ultravioleta tipo B podrían alcanzar valores de hasta 15, lo que se ubica en el rango de riesgo extremo.

Estas condiciones responden a un escenario atmosférico favorable para la alta incidencia de radiación solar, acompañado de una capa de ozono relativamente delgada en la región, lo que permite una mayor penetración de los rayos solares hacia la superficie.

El aviso también señala que tanto la vertiente del Caribe como del Pacífico registrarán niveles elevados de radiación. Provincias como Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá y Colón, así como comarcas indígenas, estarán expuestas a estos niveles extremos, donde incluso una exposición corta al sol puede provocar quemaduras, irritación en la piel y daños acumulativos.

A la par de la radiación, el país enfrenta un episodio de altas temperaturas y elevada sensación térmica, con máximas previstas entre 31°C y 37°C, pero con percepción de calor que podría alcanzar entre 34°C y 42°C debido a la humedad.

Este fenómeno será más intenso en regiones del Pacífico panameño, donde confluyen factores como poca nubosidad, ausencia de lluvias y alta radiación solar.

El informe advierte que estas condiciones pueden escalar a niveles de “precaución extrema” y “peligro”, aumentando el riesgo de insolación, golpes de calor, deshidratación y calambres, especialmente en personas expuestas por largos periodos o que realizan actividad física al aire libre.

Los grupos más vulnerables incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El contexto climático explica por qué abril es considerado uno de los meses más calurosos del año en Panamá. Según el boletín climático del IMHPA, durante este mes los rayos solares inciden de forma casi perpendicular sobre el país, lo que incrementa significativamente la intensidad del calor.

Además, se registra un debilitamiento de los vientos alisios y un predominio de vientos cálidos y húmedos del sur, lo que eleva la temperatura ambiental.

A esto se suma un patrón climático regional donde se observan anomalías cálidas en la temperatura superficial del mar, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, con incrementos que oscilan entre 0.2°C y 1.0°C, lo que contribuye a un ambiente más cálido y húmedo en el país. Este tipo de condiciones favorece la acumulación de calor y limita el enfriamiento natural.

Para los meses siguientes, el pronóstico indica cambios graduales. En mayo, se espera el inicio más consistente de la temporada lluviosa, lo que podría moderar parcialmente las temperaturas, aunque manteniendo episodios de calor.

En junio, las lluvias tenderán a ubicarse entre niveles normales o ligeramente por debajo, con aguaceros en horas de la tarde debido a la entrada de humedad del Pacífico, pero sin descartar periodos secos dentro del mes.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan limitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., utilizar protector solar, ropa adecuada e hidratación constante, así como evitar actividades físicas intensas en horas de mayor radiación.

La combinación de radiación extrema y calor elevado no solo incrementa el malestar, sino que representa un riesgo real para la salud si no se toman medidas preventivas.

El llamado es claro: las condiciones actuales no son normales en intensidad, y la exposición prolongada sin protección puede generar efectos inmediatos y acumulativos en el organismo. En un contexto donde el clima se vuelve cada vez más extremo, la prevención deja de ser opcional y pasa a ser una necesidad.

El decomiso de 80 paquetes de presunta droga con destino a Thessaloniki, Grecia, marcó uno de los resultados más recientes de las operaciones contra el narcotráfico en Panamá, en un contexto en el que las autoridades refuerzan sus estrategias tanto en puertos como en comunidades.

La carga, detectada en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, transitaba en un buque mercante procedente de Posorja, Ecuador, y fue interceptada tras labores de inteligencia que identificaron irregularidades en dos contenedores.

La operación fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria del Servicio Nacional Aeronaval, que mediante procesos de perfilamiento y verificación detectaron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, lo que activó los protocolos de inspección.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se realizó el allanamiento que permitió ubicar los paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de la estructura del contenedor, evidenciando un método sofisticado de contaminación de carga.

Este decomiso se suma a un volumen acumulado significativo en lo que va del año. Según datos oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga en 25 operaciones a nivel nacional, lo que refleja la presión constante sobre las rutas del narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito.

Estas cifras también evidencian que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que buscan movilizar sustancias hacia Europa.

Sin embargo, mientras las grandes incautaciones en rutas internacionales captan la atención, las autoridades mantienen un enfoque paralelo en el combate al microtráfico, una modalidad de delito que ocurre a menor escala pero con impacto directo en las comunidades.

El microtráfico se refiere a la venta, distribución y almacenamiento de drogas en pequeñas cantidades, generalmente dentro de barrios o distritos específicos, y suele estar vinculado a redes locales que abastecen el consumo interno.

En la provincia de Chiriquí, la Operación “Nómada”, desarrollada durante el mes de marzo bajo el Plan Firmeza 2026, permitió avanzar en la identificación y desarticulación de personas dedicadas a esta actividad.

Como resultado, se logró la judicialización de 14 operaciones y la aprehensión de 13 personas, varias de ellas con antecedentes judiciales, lo que evidencia una participación reiterada en delitos relacionados con sustancias ilícitas. Las acciones incluyeron seguimiento, inteligencia y diligencias operativas en distintos distritos.

En otro caso, en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un centro de venta de drogas mediante un allanamiento.

Durante la intervención se aprehendió a cuatro personas, a quienes se les decomisaron dos bolsas de presunta cocaína, una pesa digital, bolsitas plásticas vacías, un triturador metálico y varios teléfonos celulares, elementos comúnmente asociados a la distribución al detal.

Asimismo, en el marco de la Operación Eco, también en la provincia de Los Santos, se logró la aprehensión de un ciudadano de 33 años, quien mantenía en su poder tres bolsas con presunta marihuana, dinero en efectivo, una pesa digital y un teléfono celular.

En una acción paralela, fue detenido un hombre de 28 años requerido por un juzgado de garantías, lo que refuerza la línea de trabajo coordinado entre unidades operativas y el sistema judicial.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca atacar no solo la estructura del narcotráfico a gran escala, sino también su base operativa en comunidades, donde el microtráfico se convierte en un factor que alimenta otros delitos como el hurto, la violencia y la inseguridad local.

La auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, operado por Minera Panamá S.A., subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, alcanzó un avance acumulado de 84,83% al cierre del quinto informe mensual, pero el documento deja claro que la revisión aún no ha concluido y que los resultados consolidados, la matriz de riesgos y el cuadro definitivo de hallazgos serán presentados en el informe final.

El reporte, entregado el 13 de marzo de 2026, establece que el proceso sigue en fase de validación integral, mientras el Estado mantiene suspendida la explotación de la concesión minera.

En el componente ambiental, el informe precisa que, de un universo de 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el equipo auditor había analizado 147 compromisos a la fecha de corte.

Al mismo tiempo, identifica 223 compromisos pendientes de incorporación documental y cierre de validación dentro del proceso auditor. El propio documento añade que parte de lo ya revisado todavía no ha sido incorporado plenamente al informe porque permanece en fase final de validación integral con los distintos especialistas de la auditoría.

Eso significa que el informe 5 no contiene todavía un inventario final y cerrado de incumplimientos globales por parte de la empresa, pero sí expone que la auditoría avanza sobre una base todavía incompleta y que los hallazgos consolidados no han sido emitidos.

El capítulo de hallazgos relevantes y matriz de riesgos indica expresamente que el equipo auditor está en etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los hallazgos, mientras la matriz de riesgos continúa en estructuración para clasificar la relevancia, el impacto potencial y el nivel de exposición de cada observación.

Uno de los puntos más delicados del informe aparece en la recomendación preliminar sobre la potencial generación de drenaje ácido de rocas (DAR). La auditoría identifica la presencia de material extraído de mediana y baja ley que todavía no ha sido procesado y que se mantiene expuesto a aire, agua y condiciones climáticas.

El documento advierte que, por la presencia de minerales sulfurosos, esa exposición puede generar drenaje ácido y elevar la concentración de metales en aguas superficiales y subterráneas, con un riesgo que se agrava mientras el material permanezca en sitio sin remoción ni tratamiento.

La advertencia no se queda en una formulación general. En el análisis del compromiso 13260, la auditoría señala que la permanencia prolongada de estos materiales incrementa su potencial de generación de DAR y menciona como medidas de mitigación la remoción oportuna del material, el manejo adecuado de drenajes y la implementación de mecanismos de protección y neutralización.

Más adelante, en el capítulo de recomendaciones finales preliminares, SGS vuelve a insistir en que el manejo del material acopiado, incluido su eventual tratamiento, remoción o procesamiento, podría constituir una medida técnicamente viable para mitigar o eliminar esos riesgos, sujeto a evaluaciones técnicas y regulatorias.

First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá, en Donoso (Colón), mantiene almacenadas alrededor de38 millones de toneladas e roca mineralizada extraída antes de la suspensión de operaciones.

En biodiversidad, el informe también documenta vacíos que pesan sobre la evaluación del cumplimiento. En la revisión del compromiso 13228, la auditoría reconoce que hubo acciones de reforestación por compensación ecológica y de rescate de flora, pero señala que estas se desarrollan de manera fragmentada, concentradas en parcelas reducidas y sitios específicos, sin que se evidencie una estrategia integral de compensación orientada de forma explícita al mantenimiento del nivel de biodiversidad de la ecorregión.

El reporte añade que no se identifican indicadores consolidados para medir efectos sobre conectividad ecológica, recuperación funcional de ecosistemas, estabilidad de poblaciones prioritarias ni beneficios sociales y económicos asociados.

A partir de esa revisión, el propio informe concluye que la información presentada por la empresa no permite verificar de manera integral el cumplimiento del compromiso relacionado con el mantenimiento del nivel de biodiversidad mediante compensaciones ambientales con impacto ecológico, económico y social suficiente.

Esa frase tiene peso técnico, porque ya no se trata solo de una recomendación de mejora, sino de una limitación expresa de la auditoría para confirmar el cumplimiento integral en uno de los componentes más sensibles del proyecto.

En el área de reforestación y educación ambiental, la auditoría encontró otra debilidad. Aunque reconoce que el personal del proyecto mantiene capacidades técnicas y que se han desarrollado actividades de difusión y capacitación, el informe indica que estas acciones se han ejecutado de manera puntual y asociadas a distintas iniciativas, sin un esquema estructurado, homogéneo y trazable que garantice su implementación como componente específico en cada proyecto de reforestación.

Además, el documento subraya que no se identifican lineamientos definidos, criterios mínimos ni mecanismos de planificación que permitan asegurar la aplicación sistemática de estas acciones y su seguimiento con parámetros estandarizados.

Otro hallazgo relevante aparece en el compromiso 13273, vinculado a la transparencia y la divulgación pública de resultados socioambientales. Allí la auditoría establece que, para el período evaluado con corte a 2023, no se evidenció la publicación de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos por el compromiso.

Aunque la empresa mantuvo boletines, contenidos en medios y acciones de comunicación con comunidades y público general, el informe precisa que esas iniciativas no equivalen a la publicación formal de reportes anuales, por lo que limitan el cumplimiento integral del componente de transparencia establecido en esa obligación.

En el componente social también aparecen observaciones de ejecución incompleta. Al revisar el compromiso 13325, la auditoría señala que la empresa mantiene coordinación con instituciones como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN, y reconoce acciones concretas, como una gira médica en Los Molejones en febrero de 2025.

Sin embargo, el mismo apartado añade que aún no se evidencia la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, una conclusión que deja abierto un frente de revisión sobre el cumplimiento pleno de las medidas sociales comprometidas por el proyecto.

El informe 5 también reitera, en numerosos subprocesos operativos y de soporte, que las observaciones sobre aspectos legales, laborales, tributarios, técnicos y operacionales se mantienen en análisis multidisciplinario y contraste integral para el informe final, lo mismo que la identificación de riesgos y oportunidades de mejora.

La auditoría trabajará con rangos que van desde “Cumplimiento/Optimizado” hasta “No cumple/Inexistente”, pasando por categorías intermedias como “Cumplimiento mayor/Gestionado”, “Cumplimiento parcial/Definido” y “Cumplimiento inicial/Ad hoc”.

Aunque el informe aclara que los ejemplos incluidos en esa tabla son meramente ilustrativos y no constituyen resultados, la estructura muestra que el cierre de la auditoría no será binario, sino que podrá ubicar cada subproceso o compromiso en distintos grados de madurez y cumplimiento.

El resultado de esta auditoría es uno de los elementos que espera el gobierno de José Raúl Mulino para decidir sobre el futuro de la operación minera. La concesión permanece detenida desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo unánime de sus nueve magistrados, declarara inconstitucional el contrato aprobado en octubre de 2023 por considerar que violaba múltiples artículos de la Constitución.

El propio informe explica que los resultados de la auditoría serán un insumo para la toma de decisiones estratégicas del Estado panameño y recalca que el informe final deberá ser una herramienta sólida, clara, coherente, trazable e imparcial.

En esa misma línea, el capítulo 13 indica de forma expresa que los resultados de la Auditoría Integral se presentarán en el informe final, mientras la sección de riesgos confirma que la matriz general y su escala de valoración quedarán para el Informe Mensual No. 6.

En términos concretos, el quinto informe deja tres hechos centrales sobre la mesa. El primero es que la auditoría ya superó el 84% de avance, pero todavía no está cerrada. El segundo es que solo 147 de 370 compromisos habían sido analizados a la fecha de corte, mientras 223 seguían pendientes de incorporación documental y validación.

El tercero es que, aun sin presentar todavía los hallazgos finales consolidados, el documento ya registra observaciones sensibles sobre riesgo de drenaje ácido, debilidades en compensación de biodiversidad, falta de trazabilidad estructurada en reforestación, vacíos en transparencia socioambiental y planes de compensación social incompletos.

Panamá liberó más de 340 mil tortugas marinas en 2025, con registros que reflejan un esfuerzo sostenido en ambos litorales del país: 17,321 ejemplares en el Caribe y 327,525 en el Pacífico, cifras que evidencian un avance significativo en las acciones de protección, conservación y manejo de estas especies. E

ste resultado se logró a través de intervenciones coordinadas en 21 playas de anidación a nivel nacional, donde equipos técnicos, voluntarios y comunidades participaron en monitoreos, rescates y liberaciones controladas.

Además, el alcance del programa incluyó a 2,882 personas impactadas, entre estudiantes, técnicos y residentes, quienes formaron parte de procesos de sensibilización y educación ambiental.

Estos resultados sirven como punto de partida para el Plan de Trabajo para la Conservación de las Tortugas Marinas de Panamá 2026, impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), que busca fortalecer y ampliar las acciones ejecutadas en años anteriores.

El plan incorpora una estrategia nacional con cobertura en diversas provincias y comarcas, asegurando una intervención más estructurada y continua.

La iniciativa articula esfuerzos científicos, comunitarios e institucionales, con el objetivo de garantizar la protección de especies migratorias que dependen de las costas panameñas para su reproducción.

Dentro de las acciones contempladas para este nuevo periodo se incluyen monitoreos nocturnos en playas de anidación, control y vigilancia ambiental, limpieza de costas y programas educativos, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas en comunidades.

También se contempla la rehabilitación de viveros y el monitoreo térmico de nidos, una herramienta clave para evaluar condiciones que influyen en el desarrollo de las crías.

Estas medidas buscan reducir amenazas como la depredación, la contaminación y la alteración del hábitat, factores que afectan directamente la supervivencia de las tortugas marinas.

El plan está estructurado en seis ejes fundamentales que abarcan todo el ciclo de conservación, desde el monitoreo científico hasta la intervención directa y la sostenibilidad a largo plazo.

Entre estos ejes se incluyen la investigación, la educación ambiental, la gobernanza y la participación comunitaria, elementos considerados esenciales para lograr resultados sostenibles.

Las autoridades han enfatizado que la conservación no puede depender únicamente del Estado, sino que requiere la integración de actores locales y organizaciones especializadas.

Uno de los componentes centrales del programa es su enfoque comunitario, que incluye la realización de jornadas de limpieza, ferias ambientales, capacitaciones y programas de acción local.

La participación de las comunidades costeras ha sido identificada como un factor determinante, ya que son estas poblaciones las que interactúan directamente con los ecosistemas donde anidan las tortugas.

El modelo busca empoderar a los residentes como guardianes de su entorno, promoviendo prácticas sostenibles y la vigilancia activa de las playas.

En Panamá anidan al menos cinco especies de tortugas marinas, entre ellas la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la carey (Eretmochelys imbricata), la verde (Chelonia mydas), la golfina (Lepidochelys olivacea) y la cabezona (Caretta caretta), todas con distintos niveles de amenaza.

Varias de estas especies se encuentran en peligro de extinción, lo que refuerza la necesidad de mantener programas de conservación permanentes. El país es considerado un punto estratégico en las rutas migratorias del Pacífico y el Caribe, lo que incrementa su responsabilidad en la protección de estos animales.

Las autoridades también han destacado la importancia de fortalecer la gobernanza ambiental, mediante la creación de un comité nacional, la actualización de diagnósticos y el ajuste del marco normativo.

Estas acciones buscan asegurar la continuidad de los esfuerzos y mejorar la coordinación interinstitucional, evitando la fragmentación de iniciativas. El plan contempla además más de 40 actividades extraordinarias para 2026, orientadas a reforzar la presencia institucional y el trabajo en territorio.

Ejemplar desorientado

Un caso reciente registrado en la comunidad de Piña, en la Costa Abajo de Colón, refleja los desafíos que aún enfrentan estas especies. Moradores reportaron el hallazgo de una tortuga laúd que aparentemente intentó anidar, pero terminó desorientándose hacia la desembocadura del río cercano.

El animal fue asistido por residentes que colaboraban en la limpieza de la playa, logrando su retorno al mar sin mayores complicaciones. Este tipo de eventos evidencia la importancia de la intervención humana adecuada, cuando se realiza bajo criterios informados.

De acuerdo con especialistas de MiAMBIENTE, el caso observado corresponde a un intento de anidación fallido, un comportamiento documentado en tortugas marinas durante la fase de oviposición. Factores como la presencia humana, la iluminación artificial, depredadores o condiciones inadecuadas del sustrato pueden influir en la decisión de la hembra de no desovar.

Estos elementos siguen representando riesgos constantes para las poblaciones, especialmente en zonas donde la presión humana es más intensa.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la necesidad de reportar cualquier avistamiento de fauna marina a través de los canales oficiales, incluyendo la línea 311 y las plataformas digitales de la institución.

La participación ciudadana continúa siendo un componente clave en la estrategia nacional, ya que permite una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones que puedan comprometer la vida silvestre. El desafío ahora no es solo mantener los avances alcanzados, sino asegurar que estos esfuerzos se traduzcan en una recuperación sostenida de las especies en el largo plazo.

En Panamá las actividades pesqueras y acuícolas han contribuido con alrededor del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y 4% del empleo nacional en los últimos años.

Las últimas cifras oficiales disponibles indican que entre enero y diciembre de 2024 las empresas acuícolas reportaron una producción total de 17,403 toneladas, cifra que muestra un incremento de 27.9 % respecto al 2023.

El vicepresidente de la Asociación Panameña de Acuicultores (ASPAC), Javier Visuetti, informó recientemente que luego de reuniones sostenidas el año pasado y en lo que va del presente con las autoridades del sector uno de los puntos más relevantes abordados fue la presentación ante los comisionados de la reglamentación de la nueva Ley de Acuicultura.

Esta ley, agregó, trata sobre la regulación de los cánones de arrendamiento, las concesiones, definiciones técnicas e incentivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento ordenado y sostenible de la actividad acuícola del país.

Dijo que el sector acuícola se consolida como uno de los más dinámicos en materia de exportaciones, generando divisas frescas para el país y contribuyendo significativamente a la generación de empleo y estabilidad social en diversas comunidades.

La acuicultura en Panamá se inició formalmente en los primeros años de la década de 1970, y estuvo dirigida a las áreas marginadas mediante proyectos comunitarios con el propósito de atender sus necesidades nutricionales. Esta acción se vio complementada por la incursión de la empresa privada en el ámbito del cultivo de camarones, asegura la ASPAC.

Los productos obtenidos a través de la acuicultura han brindado en los últimos años una importante fuente de proteína para la población, además de posicionarse como una alternativa a los productores que buscan incursionar en el mercado nacional e internacional.

Los recursos acuáticos producto del cultivo que comprenden las especies camarón de cultivo, bójala, cobia y pámpano produjeron en el país un total de 17,403 toneladas reportadas entre los meses de enero a diciembre del 2024, con un incremento del 27.9% que significaron 3,798 toneladas adicionales reportadas con respecto al mismo periodo para el año 2023.

Dentro de este sector históricamente se le ha dado un mayor enfoque a la captura de camarones y a la exportación de pescados como corvina y pargos, así como moluscos como caracoles y almejas, los cuales representan nichos de mercado internacional importante, con potencial para generar divisas al país.

Sin embargo, para los acuicultores el crecimiento sostenido de esta industria enfrenta graves limitaciones por insuficiencia de infraestructura necesaria.

Para su pleno desarrollo se requiere de una renovada red de frigoríficos, plantas procesadoras, astilleros y terminales especializados con capacidad instalada para darle un mayor valor agregado a la creciente producción acuícola y a los desembarcos pesqueros que el país puede aprovechar de forma sostenible.

Estas restricciones en la cadena de frío, el procesamiento y la logística limitan la rentabilidad del sector e imposibilitan satisfacer cuotas internas y externas más.

Actualmente, la inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitado en la región, lo que representa un desafío para lograr un incremento responsable, estratégico y sostenible, aduce la FAO.

Para incrementar la inversión en los sistemas alimentarios acuáticos se requiere de una serie de factores que deben ser puestos en marcha como son: elaborar estrategias y acuerdos que impulsen el desarrollo sostenible, aumentar la colaboración entre los gobiernos y el sector privado para facilitar el desarrollo de planes de inversión sostenibles e inclusivos.

También se requiere contar con estrategias que apoyen y promuevan proyectos con prácticas sostenibles que mejoren la resiliencia de las comunidades y facilitan el acceso al mercado, además de promover un entorno propicio para la inversión que fomente la innovación.

La gimnasta panameña Hillary Heron volvió a posesionarse como una de las mejores de la región al conquistar la medalla de plata en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos realizada en El Cairo, Egipto.

Con una ejecución casi perfecta donde sumó 13.499 puntos en la final de salto, Heron quedó a pocos puntos de la medalla de oro ganada por la española Laia Font, quien alcanzó 13.533 puntos.

La medalla de bronce fue para la atleta china Linmin Yu que con una puntuación de 13.349 demostró lo cerrado de la competencia.

Ya Heron ya había mostrado señales claras en la clasificación, donde avanzó con el segundo mejor puntaje de 13.449. Esa consistencia fue clave para llegar a la final como una de las principales candidatas, señala la información dada a conocer.

La medalla de plata obtenida en la competencia en El Cairo la posiciona como una de las atletas más prometedoras y le abre las puertas a nuevos compromisos, con la mira puesta a la próxima cita olímpica.

En octubre de 2023 Heron hizo historia al hacer una secuencia que solo Simone Biles había hecho en un Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística, que consistió en rondada, dos mortales extendidos hacia atrás, según reporta el sitio olympics.com.

Esta ejecución es conocida en el Código de Puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia como “Biles I2”, que la estadounidense patentó hace 10 años en ese mismo escenario, el Sportpaleis de Amberes.

“Allí donde Simone Biles empezó a escribir su leyenda, Hillary Heron se confirmó como la nueva estrella de la gimnasia panameña y obtuvo una cuota nominal para los Juegos Olímpicos de París 2024”, manifiesta la publicación.

En esos Juegos Olímpicos, con 20 años a cuestas, Heron comenzó su participación en el salto, donde intentó dos veces para lograr la clasificación a la final. Su primer salto fue un giro y medio extendido y el segundo un Yurchenko, que le valieron una puntuación de 13.65.

Luego, Heron se enfrentó a las barras asimétricas, destacándose con una actuación segura que le dio una calificación de 11.766.

Finalmente, en la barra de equilibrio, mostró su temple y recibió una valoración de 12.160, de acuerdo con reportes de prensa.

Hillary Heron ejecutó por primera vez el “Biles I” de suelo en competición oficial durante el Campeonato Sudamericano de 2023, unas semanas antes del Mundial, agrega el sitio consultado.

En ese momento, comentó que se sintió tan segura que decidió llevarlo al Campeonato del Mundo, algo que ninguna otra gimnasta, a excepción de la propia Biles, había hecho.

“Es increíble. Crecí viéndola, así que es alucinante. Recuerdo verla cuando creó este movimiento y fue como, ‘Dios mío, ¿cómo es posible?”, dijo en declaraciones a la Federación Internacional de Gimnasia. “Estoy muy contenta de poder hacerlo –el primer ‘Biles I’ y con Simone Biles aquí”.

En una entrevista con Deportes RPC, recogida por el sitio olímpico, Heron dijo que se enamoró de la gimnasia artística a los cuatro años de edad, viendo por televisión la competición de Beijing 2008.

“Inicié a muy temprana edad. Mi familia está muy vinculada al deporte, así que mis papás me tenían desde temprano en varios deportes. Pero en el 2008, viendo los Juegos Olímpicos, pasaron la gimnasia artística por televisión e inmediatamente me enamoré de este deporte“, contó.

Aquella niña hiperactiva empezó a “volar por toda la casa“, saltando por los sofás. “Fue amor a primera vista”, diría después a la Federación Internacional de Gimnasia.

El Sábado Santo en la comunidad de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, en Panamá, una joven de 22 años de edad murió luego de un incidente ocurrido durante un retiro espiritual que se desarrollaba en el área con la participación de numerosas personas.

Datos preliminares indican que la joven se metió a un chorro del lugar y al momento de realizar un clavado sufrió un golpe fuerte que provocó que no saliera a flote, por lo que quienes estaban cerca reaccionaron y lograron sacarla, pero pese a los intentos realizados no lograron reanimarla.

Miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y de la Policía acudieron al lugar a atender la emergencia, dando aviso al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver e inicio de las diligencias correspondientes. Los lugareños comentaron sobre los riesgos de meterse a ríos sin conocerlos y no faltó quienes cuestionaron este tipo de retiros espirituales en áreas con acceso a chorros, carentes de medidas de seguridad.

Este no es el primer incidente que se da teniendo como protagonistas a quienes asisten a retiros espirituales. En febrero, más de 2 mil miembros de iglesias evangélicas fueron sorprendidos por fuertes aguaceros que se registraron en el sector de Madroño, al este de la ciudad capital. Los aguaceros inundaron los apartados terrenos donde se encontraban los campistas, cuyas carpas se inundaron y tuvieron que ser auxiliados por los estamentos de seguridad pública.

Durante esos días en que se celebraba el Carnaval, en Río Grande, ubicado en Penonomé, la corriente arrastró un puente improvisado, dejando incomunicados en una isleta a unas 50 personas de un total de 1,400 que también participaban en un retiro espiritual.

Cuatro menores fueron rescatados en Bocas del Toro

En la caribeña provincia de Bocas del Toro cuatro menores fueron rescatados mientras se encontraban en el río Teribe, en el lugar conocido como El Silencio, donde fueron sorprendidos por fuertes corrientes, producto de las lluvias que cayeron en el lugar.

Luego del incidente las autoridades de protección civil colocaron en el sitio una bandera amarilla, que significa que se puede entrar a las aguas del río, pero con precaución.

Ante estos sucesos los cuerpos de seguridad volvieron a hacer un llamado a los ciudadanos a actuar con responsabilidad, conciencia y prevención al momento de trasladarse hacia playas, ríos y balnearios en todo el país.

Recomendaron a la población cuidar sus hábitos durante las actividades al aire libre, incluyendo una adecuada alimentación que permita una correcta digestión antes de ingresar al agua. De igual manera, exhortaron a evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que estas pueden comprometer la seguridad personal y la capacidad de reacción ante emergencias.

Otras emergencias en días de vacaciones

En otros hechos ocurridos en esta Semana Santa, Esteban Gómez Arauz, de 31 años de edad, fue asesinado mientras se encontraba en el sector de Patio Limoso, ubicado en La Paz, Mano de Piedra, distrito de San Miguelito.

Los primeros informes de este crimen, citados por el diario Crítica, revelan que Gómez se encontraba en una vereda próxima a un minisúper cuando fue interceptado por un sujeto armado que le disparó varias veces y luego escapó corriendo del lugar.

Cuatro de las balas alcanzaron a Gómez en la cabeza, por lo que, pese a que fue auxiliado por unidades de la Policía Nacional y trasladado de urgencia al Hospital San Miguel Arcángel, este falleció.

Unidades de la Policía Nacional efectuaron operativos en el área, pero por el momento no se ha reportado la captura de ningún sospechoso vinculado con este crimen.

Panamá no puede continuar atrapado en la corrupción, la violencia, la desesperanza y la indiferencia, como si la resurrección de Cristo no tuviera consecuencias reales en la vida nacional, aseguró hoy en su homilía del Domingo de Resurrección el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.

La fe no puede reducirse a una tradición ni a un discurso vacío, sino que debe traducirse en decisiones concretas que transformen la sociedad, cuestionando abiertamente “los sepulcros” que hoy mantienen paralizado al país: la exclusión de los más pobres, la pérdida de valores, la impunidad, el miedo al cambio y la división social, manifestó monseñor durante la celebración de la Pascua del Señor realizada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en la ciudad capital.

“Si Cristo ha resucitado, nada puede seguir igual”, advirtió, subrayando que Panamá necesita hombres y mujeres capaces de actuar con coherencia, de no negociar la verdad y de asumir con valentía el compromiso de hacer el bien, incluso cuando cuesta.

Ulloa Mendieta insistió en que la Resurrección no es un hecho del pasado, sino una fuerza viva que exige abrir las piedras que cierran el futuro del país, recordando que no hay realidad que Dios no pueda transformar, pero también que ese cambio pasa por la decisión personal de cada ciudadano.

“La fe no es un adorno, es un criterio de vida”, afirmó con contundencia, llamando tanto a creyentes como a las personas de buena voluntad a reconstruir el país desde la ética, la responsabilidad y el bien común, porque Panamá no está condenado a la división ni al desencanto, sino llamado a levantarse, a renacer y a escribir una historia distinta desde la fuerza de Cristo vivo.

El arzobispo panameño dejó un mensaje que trasciende lo religioso y se convierte en un llamado nacional: si Cristo vive, la historia no está cerrada, el país no está perdido y siempre es posible comenzar de nuevo.

Al concluir la celebración eucarística, en medio de un ambiente de profunda alegría y esperanza entre los asistentes a la misa de Resurrección, frente a la Catedral Basílica Santa María la Antigua se vivió uno de los momentos más esperados de la Pascua en el Casco Antiguo de la ciudad capital, como fue el encuentro entre la Virgen de la Alegría y Jesucristo Resucitado.

Ambas imágenes, llevadas en andas y acompañadas por miembros de las hermandades, avanzaron entre el fervor del pueblo, en un clima que contrastaba con el silencio y el dolor vividos durante los días de la Pasión.

Este gesto, profundamente simbólico para la comunidad católica panameña, se convirtió en una auténtica catequesis del paso definitivo hacia la alegría pascual. Al encontrarse las imágenes, los fieles asistentes respondieron con aplausos, cantos y rostros iluminados, proclamando que la vida ha vencido a la muerte, señaló la Arquidiócesis de Panamá.

Uniéndose al júbilo del pueblo congregado en la plaza, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., manifestó que recibió ese momento con recogimiento y alegría, mientras pétalos de flores caían como signo festivo que envolvía la escena en solemnidad y belleza.

Así, según una publicación de la Arquidiócesis de Panamá, este encuentro simbólico expresó con fuerza que la Pascua no es solo una verdad anunciada, sino una experiencia viva que se celebra en comunidad y que renueva la esperanza de todo un pueblo.

Aunque un 44.7% de los panameños no considera el tipo de plástico al momento de comprar productos alimenticios, un 47.8% prefiere el vidrio, un 25,9% el plástico y 24.6% el cartón, mientras que solo el 1,7% opta por recipientes de aluminio.

Se identificó que más de la mitad (50.3%) ha escuchado sobre los símbolos de clasificación, pero pocos logran reconocerlos adecuadamente, lo que les impide advertir los riesgos que para la salud tiene el uso de algunos plásticos.

Los datos surgen de una encuesta aplicada a un sector de la población por un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, pertenecientes al Grupo de investigación, innovación y Desarrollo en Química Aplicada.

El análisis indica que en Panamá los envases plásticos destinados a conservar alimentos son importados, y muchos de estos productos no declaran su origen o el tipo de polímero con el que fueron elaborados, lo que representa un riesgo para la seguridad alimentaria, debido a la migración de compuestos y otros aditivos al ser expuestos a condiciones que puedan promover estas migraciones.

Los resultados revelaron que el 36% de los envases carecía de información sobre el tipo de material utilizado y que solo el 2% de los plásticos analizados presentó discrepancias respecto a lo declarado por los fabricantes.

Dentro de la legislación panameña sobre este tipo de productos se cuenta con la Ley 187 de 2 de diciembre de 2020 y con el Decreto Ejecutivo No.9 de 6 de mayo de 2022, cuyo fin en conjunto es promover e incentivar de manera transversal el desarrollo sostenible del país, reduciendo y reemplazando progresivamente los materiales plásticos por alternativas menos nocivas para el ambiente y la salud.

El artículo 15 de la Ley 187 de 2020 establece que la Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente son las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de las normas.

No obstante, el estudio afirma que la legislación no especifica el protocolo de análisis para esta fiscalización, lo que permite el ingreso al país de materiales poliméricos sin etiquetado ni instrucciones de uso adecuado.

A los encuestados se les preguntó directamente acerca de la frecuencia con la que compran productos en envases plásticos, revelando que el 34.1% realiza estas compran de manera quincenal, seguido por el 23.5% que lo hace semanalmente y un 17.2% las efectúa mensualmente. Mientras, en menor medida un 16.7% compra rara vez y únicamente un 8.5% lo hace diariamente.

Desde la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA) se indicó que definitivamente a Panamá no debe entrar ningún tipo de plástico o de vidrio que no se deban usar, “eso debe estar descartado”, dijo su presidente Pedro Acosta Insturain.

Para el envasado de alimentos, señalaron que es mejor el vidrio, pero su costo es un freno para que sea favorecido por los consumidores, por lo que poco a poco se está introduciendo el uso de utensilios de derivados de la cáscara de plátano, de corteza de árboles y de otros productos orgánicos.

No obstante, la unión de consumidores hace la observación de que estos son productos más caros, incluso que el cartón, aunque sostienen que esto se justifica por ser iniciativas de largo plazo.

El uso del plástico es hasta cultural, afirmó Acosta Insturaín, pues “nada es más rápido que poner los productos en un cartucho de plástico”.

Pese a ello, insistió en que el país se rige por normas internacionales y por la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT), “que deben cumplirse”.

Un turista francés, de 70 años de edad, se encuentra desaparecido en la playa El Estero, en Panamá, al tiempo que cuatro personas fueron rescatadas en medio de corrientes peligrosas, entre ellos dos menores de edad. Ese fue el saldo dejado el Sábado Santo en las playas del litoral Pacífico panameño.

El turista fue reportado como desaparecido después de entrar a la playa El Estero, en Soná, provincia de Veraguas, mientras que los dos menores fueron rescatados en el sector de La Ensenada, en San Carlos, al oeste del país, tras hacer caso omiso de una bandera roja colocada por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, una advertencia que invita a no entrar al mar.

Las otras dos personas fueron rescatadas en Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste, cuando se encontraban en el mar, pese a los fuertes oleajes que se están dando en gran parte del litoral Pacífico.

Los oleajes y las corrientes peligrosas alcanzaron las playas de la provincia de Coclé, donde el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) cerró las playas de Juan Hombrón y Santa Clara.

El reporte del SINAPROC detalla que más de una veintena de bañistas que se encontraban en playa La Angosta, en la Costa Arriba de la provincia de Colón, tuvieron que retirarse luego de que se colocó la bandera roja para evitar alguna situación.

La entidad de seguridad pública había advertido de un evento de mar de fondo que estará afectando el litoral del Pacífico panameño.

El mar de fondo, que se presentará hasta este domingo 5 de abril a la medianoche es de intensidad moderada a fuerte, genera oleajes con fuerte energía, corrientes de resaca y rompientes, lo que representa riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas, especialmente durante periodos de marea alta.

Estas condiciones, según SINAPROC, podrían además incrementar la posibilidad de inundaciones en zonas costeras y playas, por lo que se recomienda a la población evitar introducirse al mar si observa fuertes oleajes o corrientes inusuales.

De igual manera, se invita a extremar la vigilancia de niños y bañistas en áreas costeras, y se recomienda a las embarcaciones pequeñas navegar con precaución y atender los avisos de las autoridades marítimas.

En cuanto a la prevención durante la Semana Santa el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante la presencia de enjambres de abejas, conocidas comúnmente como africanizadas, que pueden representar un riesgo si no se manejan con precaución.

Estas colonias suelen instalarse en diversos espacios como lotes baldíos, techos de viviendas, vehículos abandonados y otras estructuras poco transitadas, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a su entorno y evitar cualquier tipo de contacto.

Entre las principales recomendaciones se destaca mantener la calma, no acercarse a los enjambres, evitar lanzar objetos o sustancias para intentar dispersarlos y no generar ruidos fuertes que puedan alterarlos, ya que esto incrementa el riesgo de ataques.

El Viernes Santo un ataque de abejas africanizadas afectó a más de un centenar de personas de la parroquia San Martín de Porres, en Penonomé, a dos horas de la ciudad capital, cuando realizaban el vía crucis y ascendían al cerro El Encanto.

Unidades de los estamentos de emergencia y seguridad brindaron primeros auxilios y coordinaron los traslados de los afectados. El Cuerpo de bomberos informó que debido a la cantidad de afectados los primeros heridos fueron llevados al Hospital Aquilino Tejeira, mientras que otros fueron derivados a la Policlínica Manuel Paulino Ocaña y al Centro Materno Infantil de la comunidad de Antón.

De noviembre 2024 a octubre 2025 las Casas de Valores establecidas en Panamá realizaron transacciones por un monto de $169,687 millones, lo que representa un incremento de 19% con relación a similar periodo del año previo, es decir, $26,567 millones adicionales.

La información de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) indica que con relación a los montos transados se mantiene la tendencia de una participación del 89% en el mercado internacional, el 9% en el mercado local, y el 2% en el mercado OTC, o fuera de bolsa.

El 91% de las transacciones se dieron en el mercado secundario manteniendo la tendencia de los últimos años, señala el ente regulador y supervisor del mercado de valores panameño.

De los montos transados por las casas de valores, se menciona que el 63% corresponde a la cartera de clientes, mientras que el 37% a la cartera y obligaciones propias de las casas.

Los bonos, por su parte, continúan siendo el instrumento financiero con mayor demanda dentro de los títulos valores, representando el 59% del total transado del periodo, seguido por las acciones comunes y letras del tesoro los cuales representan el 16% y 11%, respectivamente y los otros títulos de renta fija y renta variable representan el 14% de los montos transados.

Al referirse a la cartera administrada por las casas de valores, se manifiesta que la misma fue de 48,930 clientes, el 96% de ellos procedentes de Latinoamérica. El portafolio total ascendió a $75,811 millones, con un crecimiento del 22% respecto a 2024.

En cuanto a los emisores, se tiene que durante el periodo de referencia se registraron emisiones por un monto de $2,440 millones.

En trámite de registro se mantienen 16 emisiones por un monto de $4,670 millones, distribuidas en diversos sectores de la economía proporcionándole a los inversionistas una amplia gama de títulos valores en los que puedan invertir.

En lo que respecta a los asesores de inversión, los 54 autorizados en la plaza administraron un portafolio de 6,526 clientes, de los cuales 4,549 son personas naturales y 1,977 jurídicas.

A octubre de 2025, el monto administrado alcanzó los $14,406 millones, con un incremento del 23% respecto al año anterior. El 71% del portafolio corresponde a clientes jurídicos y el 29% restante corresponde a clientes naturales.

El informe de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá agrega que los fondos de pensiones privados reportaron al cierre de octubre 2025, un total de 95,507 afiliados, con un incremento de 10,204 nuevos participantes respecto a octubre del año anterior.

Se explica que la distribución etaria fue de 13% menores de 30 años, 42% entre 30 y 44, 36% entre 45 y 59, y 9% mayores de 60 años. El salario promedio de los afiliados fue de $2,570mensuales. Los fondos administrados por estos vehículos alcanzaron los $875 millones, con un crecimiento del 13% respecto al año previo.

Se añade que las inversiones se destinaron principalmente a instituciones financieras (57%), instituciones no financieras (9%) y otros instrumentos de renta fija y variable (34%). El rendimiento promedio de los fondos básicos fue del 7.6% al cierre del período.

Respecto a las sociedades de inversión, al cierre de octubre de 2025 se encontraban registradas 63, de las cuales 27 operan como sociedades inmobiliarias.

El total de activos netos administrados ascendió a $6,869 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 25%, reflejo del dinamismo en la demanda por vehículos de inversión colectiva.

Los jubilados y pensionados a quienes entre 1972 y 1983 se les retuvo la partida del décimo tercer mes se aprestan a inscribirse en una plataforma digital que para tal fin debe habilitar este abril el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que así puedan cobrar los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim).

Los certificados, cuyo monto total a pagar supera los $2 millones, serán cobrados por los jubilados y pensionados en junio de este año, una vez validados sus datos, reiteró el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sobre la disponibilidad de los fondos para el pago del certificado, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el Estado cuenta con los recursos necesarios para cumplir con este compromiso y garantizó que se mantiene una administración prudente, responsable y disciplinada de las finanzas públicas.

“Pueden estar seguros de que los recursos van a estar ahí. La fecha se mantiene. Todo va a ser por medio de cita para que sea de una manera ordenada y no existan aglomeraciones porque estamos trabajando con personas adultas y lo menos que queremos es que se sientan incómodos”, enfatizó recientemente el titular de Economía y Finanzas.

El funcionario reiteró el llamado a los beneficiarios para que una vez se informe que la plataforma digital esté habilitada, ingresen y completen el proceso de inscripción, requisito indispensable para recibir el desembolso previsto para junio.

“Lo que les recomiendo es que estén pendientes de la información que se publique en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde ya existe un procedimiento para que se registren. Este proceso está caminando bien”, reiteró.

La Contraloría General de la República será la responsable de emitir los Cepanim, que serán nominativos, podrán transferirse mediante endoso, no estarán sujetos a impuestos, no podrán ser embargados y reconocerán como beneficiario legítimo al tenedor del certificado.

Si el jubilado beneficiario ha fallecido, el pago deberá ser recibido por sus herederos siguiendo un orden de prelación: primero el cónyuge, luego la persona con la que mantuvo una unión de hecho, después los hijos y, en ausencia de estos, otros familiares mediante el proceso de sucesión correspondiente.

La Ley 506, sancionada el 15 de enero de 2026, establece el pago de los intereses por mora generados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período 1972-1983.

Esta medida beneficia tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado que laboraron durante esos años.

En 2022 la Asamblea Nacional aprobó la ley que otorga este beneficio a jubilados y pensionados, aunque inicialmente fue devuelta por el Ejecutivo de la administración anterior de Laurentino Cortizo (2019-2024), alegando razones de inconveniencia.

Una vez revisadas las objeciones, los diputados de la Asamblea Nacional la aprobaron por insistencia en tercer debate el 26 de octubre de 2022, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia recibió una objeción de inexequibilidad, la cual fue desestimada el 25 de agosto del año pasado.

De acuerdo con la legislación panameña, el décimo tercer mes es una bonificación laboral equivalente a un salario adicional, pagado en tres partes durante el año, que constituye un derecho legal de todos los trabajadores panameños.

La administración de José Raúl Mulino agradeció las muestras de respaldo expresadas por varios gobiernos y organismos internacionales en defensa de la flota mercante panameña, luego de las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China.

Un comunicado emitido este sábado por la Cancillería panameña destaca que los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Perú y Paraguay han calificado esas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Esos pronunciamientos, agrega el documento, defienden el respeto a la soberanía de Panamá y a su registro de naves como una condición no negociable para el mantenimiento del comercio exterior.

Afirma que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado que esas tácticas buscan socavar la confianza en el sistema comercial internacional.

El comunicado oficial señala, citando a Rubio, que “las recientes medidas de China contra los buques con bandera panameña generan gran preocupación por el uso de instrumentos económicos para socavar el Estado de Derecho en Panamá, una nación soberana y socio fundamental para el comercio mundial”.

“Las detenciones, los retrasos u otros obstáculos a la circulación de los buques socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y merman la confianza en el sistema comercial internacional”, añadió Rubio, según la Cancillería panameña.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recoge los pronunciamientos de varios gobiernos.

Entre ellos el del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien dijo que “Israel respalda la clara postura de Panamá. La aplicación de la ley en el ámbito marítimo debe ser justa, técnica y libre de presiones políticas”.

“Las detenciones desproporcionadas generan riesgos en el comercio legal, los costos y la confianza. La defensa del Estado de Derecho y la libertad de navegación interesa a todos”, señaló.

En su oportunidad, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostuvo que “Ucrania se mantiene firmemente junto a Panamá en la defensa de su soberanía y del derecho a tomar decisiones judiciales independientes”.

“Cualquier intento de ejercer presión económica sobre embarcaciones con bandera panameña socava la estabilidad del comercio global. La libertad de navegación y el Estado de Derecho deben ser protegidos”, resaltó Sybiha.

“El gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la más firme condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá, debido a las demoras e inspecciones arbitrarias e injustas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial”.

“Costa Rica reitera el respaldo irrestricto al Derecho Internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, señala el pronunciamiento del gobierno tico citado por las autoridades de Relaciones Exteriores panameñas.

“Costa Rica reitera su apoyo y solidaridad incondicional con el hermano pueblo y gobierno de la República de Panamá”, concluye.

Al mismo tiempo, “la República de Honduras expresa su respaldo a la República de Panamá y reitera su compromiso con la soberanía de los Estados, la libertad de navegación, el comercio internacional basado en reglas y la aplicación objetiva y no discriminatorio de las normas marítimas internacionales”.

“Paraguay expresa su más firme condena al hostigamiento comercial de China a Panamá. Las demoras y retenciones arbitrarias a buques panameños en puertos chinos son inaceptables, representan una clara presión y ponen en riesgo el comercio mundial. Paraguay reitera su solidaridad y apoyo a la hermana República de Panamá ante estas medidas perjudiciales e injustificadas”, destacó el gobierno de la nación sureña.

Mientras, el gobierno de Perú dijo que “aboga por el fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional”.

El Perú “respalda a Panamá, como Estado de abanderamiento responsable, en su esfuerzo por garantizar la observancia del derecho internacional y los principios de una práctica marítima justa, reafirmando la importancia del diálogo y la cooperación regional”, añadió.

Desde este Viernes Santo los precios de las gasolinas en Panamá rozan los $5 por galón, con excepción del diésel bajo en azufre que alcanzó los $5.14 por galón.

Hasta el próximo 17 de abril los panameños tendrán que pagar $4.75 por el galón de la gasolina de 95 octanos, $4.42 por el de la gasolina de 91 octanos y $5.14 por el galón de diésel.

En detalle, la gasolina de 95 octanos experimentó un incremento de 0.42 centavos por galón, la de 91 octanos de 0.39 centavos y el diésel 0.56 centavos por galón.

Panamá fija los precios de los combustibles cada 14 días, en función de las variaciones que experimenten los precios de paridad de importación respectivos y de la estimación de los costos de fletes y márgenes razonables de comercialización para cada combustible, según la Secretaría Nacional de Energía.

Los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.

El alto costo del galón de los combustibles, sobre todo del diésel, activó al sector transporte que esta semana se reunió con representantes del gobierno de José Raúl Mulino para establecer los procedimientos y controles que se utilizarán para que el transporte público de pasajeros, sea colectivo, selectivo, colegiales, turismo, transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal, accedan a una estabilización temporal de los precios.

Los transportistas ya habían amenazado con subirle el pasaje a los usuarios si el gobierno no tomaba medidas tendientes a mantener accesible el precio de los combustibles.

Ante esta situación, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a afinar los procedimientos y acciones presupuestarias y financieras necesarias para estabilizar temporalmente en $3.33 el precio por galón o su equivalente en 0.88 centavos el litro de la gasolina de 91 octanos y en $3.41 o su equivalente en 0.90 centavos el litro de diésel bajo en azufre para uso del transporte público de pasajeros.

La medida también beneficia al trasporte colectivo, selectivo, colegiales, turismo, así como al transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal.

El subsidio al sector transporte será de hasta $10 millones por un periodo de 10 meses, sujeto a las condiciones del mercado, de acuerdo con la información oficial.

“Esta es una medida temporal ante una situación ajena a nuestro país, pero que nos afecta. La vigencia podría ser de hasta 10 meses, aunque se podría suspender de forma anticipada si mejoran las condiciones del mercado global de energía. Esta medida implica un aporte extra de los recursos del Estado panameño de $15 millones mensuales, sin afectar el presupuesto de inversión, puesto que la inversión o gasto de capital no serán detenidas”, explicó en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Insistió en que se mantiene el subsidio al Metro y al Metrobús, y que se agrega un apoyo o subsidio a las embarcaciones de pesca artesanal, como también la tarifa de electricidad y el gas de cocina, conocido como el tanquecito de 25 libras, cuyo precio oscila entre $4.37 y $6.90, dependiendo de la región del país.

Quedó establecido que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, en coordinación con los ministerios de Gobierno, de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecerán los procedimientos y controles para hacer efectiva la medida gubernamental que beneficia al transporte.

Un modular para la atención médica de atletas, delegados y asistentes a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a realizarse en Panamá del 12 al 25 de abril, será instalado por las autoridades de Salud en playa Venao, donde se llevarán a cabo las competencias de surf del encuentro deportivo.

El dispositivo en playa Venao, localizada en Pedasí, provincia de Los Santos, contará con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, paramédicos, enfermeras y técnicos de enfermería, quienes estarán brindando la atención necesaria ante cualquier eventualidad de salud que se presente entre los atletas, delegaciones y asistentes a esta justa deportiva internacional, aseguró el Ministerio de Salud.

Para garantizar la capacidad de traslado y soporte vital, se han dispuesto dos unidades de emergencia: una ambulancia de soporte vital avanzado para casos críticos y una unidad 4x4 de soporte básico de vida, adecuada para el acceso a las zonas de playa.

Este equipo técnico y humano, bajo la supervisión de la unidad regional del Ministerio de Salud en la provincia de Los Santos, aplicará los protocolos de atención prehospitalaria necesarios para salvaguardar la integridad de todo el personal técnico y deportivo presente en la costa pedasieña.

El objetivo primordial, agrega la información oficial, es consolidar una red de protección robusta donde la prevención y la rapidez de respuesta del equipo médico garanticen un entorno seguro para esta competencia de alto nivel.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se realizarán mediante una inversión de $25 millones y una derrama económica para el país estimada en $75 millones.

El evento deportivo es titulado “Nuestra Identidad, A Otro Nivel” y tiene como mascota una rana dorada con el nombre Antón, mientras que las medallas de oro, plata y bronce llevan el diseño de una mariposa.

La antorcha, que recorre el país como símbolo de estos juegos juveniles, llegó a playa Venao en manos de Verónica Correa, destacada bodyboarder y multimedallista.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 reunirán a 2 mil jóvenes atletas de 15 países, en edades comprendidas entre 14 a 17 años, miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), quienes competirán en 23 disciplinas deportivas.

Esta será la primera vez que Panamá albergue una edición de los Juegos Suramericanos, anteriormente, en 1973 el país fue sede de los Juegos Bolivarianos y subsede de los Juegos Centroamericanos en 2010.

Para recibir a los atletas y delegados ya están listas las diversas instalaciones deportivas, entre ellas la Ciudad Deportiva Irving Saladino, complejo que abarca el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la arena Roberto Durán, el centro de combate, el campo de tiro con arco y el estadio Emilio Royo.

También se cuenta con el Centro de Alto Rendimiento, el Club de Golf Santa María y el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera, entre otras instalaciones deportivas.

La participación de Panamá en estos Juegos Suramericanos de la Juventud ha colgado hasta el momento en el medallero 30 preseas, de las cuales ocho son de oro, nueve de plata y 13 de bronce.

Los juegos fueron instituidos oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada 4 años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Su primera edición, según la organización, se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes, y más allá de la competencia se insiste en que se busca inspirar a nuevas generaciones de atletas y fortalecer la cultura deportiva de la región.

Fue en 2017 cuando los hongos Colletotrichum gloesporioides, Pestalotia heterocornis y Lasidioploidía theobromae se hicieron presente con mayor intensidad en las tierras panameñas, y casi acaban con la producción de marañón.

Alentados por el cambio climático, estos microorganismos atacaron sin piedad los árboles de la también conocida “fruta de la memoria”, muy popular durante la época de Semana Santa, donde su pulpa y su pepita (semilla) eran utilizadas para elaborar dulces.

La tarea de los hongos fue efectiva: empezaron afectando la copa, bajaron por el tronco y sin miramientos se posicionaron de la fruta, provocando lo que los investigadores agrícolas llaman una “muerte descendente”.

Esta provocó el manchado de las hojas, flores, ramas, y en algunos casos debilitaron las plantas, al limitar su área fotosintética.

Para hacerle frente y recuperar el terreno perdido, investigadores panameños unen ahora esfuerzos con sus pares brasileños para rescatar la producción nacional de marañón, concentrándose principalmente en las zonas del llamado Arco Seco.

El Arco Seco panameño es una región ubicada en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, donde se presenta la precipitación anual más baja del país, con apenas 1,600 milímetros durante la temporada lluviosa, que antes de ser afectada por el cambio climático iba de mayo a noviembre.

Los árboles de marañón abundaban en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico panameño, en las provincias de Coclé y Veraguas, así como en la atlántica provincia de Bocas del Toro, a donde curiosamente no llegó el efecto destructivo de los hongos.

Hoy día se anunció que funcionarios del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), en asocio con su pares de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), impulsan la selección de materiales promisorios y la implementación de prácticas de manejo agronómico de precisión.

Esto, con el objetivo de transformar un sistema tradicional en un modelo productivo más eficiente y sostenible para el cultivo.

A través de esta colaboración estratégica IDIAP–EMBRAPA y el trabajo conjunto IDIAP–MIDA se busca fortalecer las capacidades del productor y devolver competitividad a este cultivo clave del país, mediante soluciones adaptadas a las condiciones locales.

Pero, el acercamiento con la contraparte brasileña no es nuevo, ya que en 2023 existía un programa para traer semillas de marañón de la nación suramericana, de donde es originaria la fruta, para precisamente enfrentar a los hongos, pero del cual nada se supo.

Las últimas estadísticas disponibles revelan que en 2024 había en Panamá 963 mil 253 plantas de marañón, distribuidas en 406 hectáreas comerciales y huertos de traspatio.

Aunque se creía que el marañón era una especie con muy pocos problemas sanitarios, con excepción de tipos endémicos como la antracnosis en la etapa de floración, el ataque de los hongos también fue detectado en Cuba, en León, Nicaragua, y en Brasil, según reporta un estudio realizado por investigadores del IDIAP.

Para su cultivo, de acuerdo con el análisis, se suelen utilizar materiales genéticos criollos, sin manejo de copa, sanitario y nutrición, sólo se realiza la cosecha del pseudofruto para elaboración de jugos y dulces y la recolecta del fruto (nuez) para el consumo de su almendra.

Cuando los investigadores identificaron los hongos asociados a la “muerte descendente” del marañón se encontraron con que los causantes eran los patógenos Colletotrichum gloesporioides, Pestalotia heterocornis y Lasidioploidía theobromae, con una prevalencia del 60%, 30% y 3%, respectivamente. Estos venían afectando hojas, ramas, flores y frutos en los árboles de marañón, siempre de acuerdo con el registro presentado por los profesionales agrícolas.

Un presunto enriquecimiento injustificado por $1.9 millones en perjuicio del Estado panameño mantiene bajo arresto domiciliario con impedimento de salida del país al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, a quien la Corte Suprema de Justicia le rechazó una advertencia de inconstitucionalidad.

Mediante un edicto, la máxima corporación de justicia negó los cuestionamientos que de los artículos 39 y 44 del Código Penal hiciera la defensa legal de Carrizo, el abogado Pedro Meilán, señalando que la advertencia no cumplía con los requisitos para su admisión.

El artículo 39 del Código Penal panameño establece que no es culpable quien, conociendo las condiciones o las circunstancias del hecho que integran la conducta, por error invencible ignora su ilicitud.

Según el Ministerio Público, lo anterior significa que si una persona no puede comprender la licitud de su acción debido a un error invencible, no será considerado culpable de este hecho.

Por su parte, el artículo 44 del Código Penal señala que nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley vigente al tiempo de su comisión.

El Ministerio Público explica que ello significa que solo se pueden castigar conductas que estén claramente definidas en la ley penal panameña. Además, el artículo menciona que las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y faltas, y que la ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y en otros lugares sujetos a la jurisdicción del Estado.

El proceso penal al exvicepresidente José Gabriel Carrizo tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta $1.3 millones, en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.

Posteriormente, la Contraloría remitió el expediente al Ministerio Público, elevando el caso a la esfera penal al detectar un supuesto incremento patrimonial no justificado que asciende a $1.9 millones.

Carrizo fue aprehendido el pasado 27 de enero a su regreso a Panamá procedente de Guatemala, en cumplimiento a una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde tenía previsto ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), acto que finalmente nunca se realizó.

Fue llevado a una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, donde se legalizó su aprehensión, se le imputaron cargos y se le impusieron las medidas cautelares que hoy cumple, y que también fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Apelaciones.

José Gabriel Carrizo llegó a ocupar la vicepresidencia de la República de la mano de su mentor el expresidente Laurentino Cortizo durante el periodo 2019 al 2024.

Posteriormente, fue candidato a presidente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, adjudicándose tan solo el 5.88% de los votos del electorado, quedando de sexto entre ocho candidatos.

El ganador de las elecciones con un 34,23% de los votos fue el hoy presidente, José Raúl Mulino, cercano al expresidente Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia.

La pérdida electoral de Carrizo fue catalogada como un “descalabro” para las aspiraciones de la vuelta al poder del PRD, partido fundado por el general Omar Torrijos Herrera en 1979.

En esa elección de 2024 participó Martín Torrijos, hijo del extinto militar, quien había sido presidente de 2004 a 2009 por el PRD, aunque en esta oportunidad corrió bajo la bandera del Partido Popular, de tendencia demócrata cristiana, en otrora acérrimo opositor a su padre.

Más de 2,600 atenciones médicas, dos fallecidos y más de 100 personas atendidas por un ataque de abejas es el balance hasta este viernes de la Semana Santa en Panamá, de acuerdo con el Informe Preliminar de la Operación Guardianes Fase III, que adelantan las autoridades de Salud y de seguridad pública.

Del total de las atenciones médicas, el Ministerio de Salud informó que 1,447 fueron en la red hospitalaria y 1,161 en atención primaria, reportándose 131 traumas, 32 intoxicaciones alimentarias, seis quemaduras y siete accidentes automovilísticos.

La Caja de Seguro Social (CSS) da cuenta de 2,302 pacientes atendidos y 272 casos de trauma.

Los accidentes vehiculares dejaron una persona fallecida, en tanto que la otra muerte se dio por una presunta inmersión, por lo que las autoridades dijeron investigan este caso.

El Informe Preliminar N.° 2 de la Operación Guardianes Fase III detalla que en Penonomé, a unas dos horas de la ciudad capital, más de 100 personas fueron atendidas luego de verse afectadas por un ataque de abejas.

Respecto a la movilización de personas, las autoridades informaron que 16,693 lo han hecho por vía marítima, con un movimiento de 1,736 naves, al tiempo que se registraron 61,385 entradas al país y 55,917 salidas.

Hasta el momento 70,746 autos se han movilizado hacia el interior del país, revelan registros del punto de control ubicado en la comunidad de Sajalices.

Las estadísticas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá contabilizan 19 atenciones por incendios de masa vegetal, mientras que el Ministerio de Salud reveló que se han dado 149 traslados hospitalarios.

En cuanto a la afluencia a las playas se tiene el acceso de 404 personas, de las cuales 310 estuvieron en áreas vigiladas. Entre estas playas se encuentran Las Lajas, Juan Hombrón, Estero Rico, Punta Róbalo, Santa Clara, Arrimadero, La Playita de Carenero, El Palmar, La Barqueta y El Uverito.