El dengue parece ceder en Panamá y hasta la semana epidemiológica No. 25, que corresponde del 21 al 27 de junio de 2026, se han registrado 3,596 casos acumulados de la enfermedad a nivel nacional. Del total, 3,145 casos son sin signos de alarma, mientras que 428 presentan signos de alarma y se reporta 23 casos de dengue grave.

El informe del Ministerio de Salud menciona que hasta la fecha se presenta un total de 446 hospitalizados, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado 576, cifra equivalente a una reducción del 23%.

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.

El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al detallar los casos se indica que la Región Metropolitana encabeza la lista con 912 casos, seguido por las provincias de Colón con 712 casos, Panamá Oeste con 359 casos, Bocas del Toro 333 y el distrito de San Miguelito con 303 casos.

Igualmente, la provincia de Chiriquí registra 242 casos, Panamá Este con 226 casos, Panamá Norte 161 casos, Herrera con 130 casos, Veraguas con 63 casos; Los Santos con 57 casos, la comarca Kuna Yala 39, Coclé 29 casos, Darién 18 casos y la comarca indígena Ngäbe-Buglé presenta 11 casos, y también se presenta un caso extranjero.

Hasta la semana 24 se mantienen 10 defunciones, que se reportan en las provincias de Bocas del Toro y Los Santos con tres defunciones cada una, mientras que las provincias de Coclé, Colón, Veraguas y la región de Panamá registran un caso cada una.

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No. 25 es de 76.2 casos por 100 mil habitantes.

Entre los corregimientos con más de 100 casos se encuentran: Veracruz (228 casos), Tocumen (188 casos), Puerto Pilón (169 casos) y 24 de Diciembre (107 casos).

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 113.6 casos por 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas. A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Salud enfatizan la necesidad de no bajar la guardia.

Una carta de entendimiento para la atención de emergencias fronterizas en Paso Canoas, región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, firmaron los Cuerpos de Bomberos de ambos países.

El acuerdo busca mantener canales de comunicación activos y constantes, protocolos conjuntos de respuesta de emergencias, así como entrenamientos en ambas zonas limítrofes, mecanismos de respuestas compartidas en fronteras.

“Centroamérica tiene una particularidad que tenemos que convertirnos en uno solo en materia de emergencias y la región no conoce fronteras”, dijo el viceministro de Gobierno panameño, Juan Francisco Borrell.

Víctor Raúl Álvarez, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá resaltó la necesidad de normar y formalizar las acciones que se puedan dar dentro de la zona fronteriza.

Mientras, Héctor Chaves León, director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dijo que esta carta de entendimiento puede servir para que otros cuerpos de bomberos que comparten fronteras también puedan generar estos mecanismos.

La firma del convenio tuvo lugar durante la XXXV Sesión de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano (CCBICA), como parte de las actividades a realizarse el Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, que este año tuvo como sede la ciudad de Panamá.

Borrell agregó que este encuentro contribuirá a conciliar nuevos acuerdos, fortalecer los lazos de cooperación entre nuestros países y permitirá continuar avanzando hacia un servicio bomberil cada vez más profesional, moderno y preparado para responder a los desafíos del presente y del futuro.

Durante la plenaria del encuentro se presentaron los logros y las propuestas para el próximo año que incluye la realización de varios congresos enfocados en el fortalecimiento de las academias e instructores centroamericanos, rescates vehiculares y el encuentro de las brigadas forestales de Centroamérica y el Departamento Forestal y Protección contra Incendios de California.

Panamá fue electa para ocupar la vicepresidencia de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y el Caribe (CCBICA), un logro que de acuerdo con el sector bomberil fortalece el liderazgo del país en la región y refleja la confianza depositada por los organismos afines en el trabajo que desarrolla el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Esta designación representa un importante reconocimiento al compromiso institucional con la capacitación, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias, consolidando a Panamá como un referente regional en materia bomberil.

En el marco de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y el Caribe, el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, coronel Víctor Raúl Álvarez Villalobos, y el mayor Cristian Ramírez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Salinas, República del Ecuador, igualmente suscribieron una carta de intención de cooperación entre ambas instituciones de seguridad.

El acuerdo, según se informó, tiene como propósito fortalecer los lazos de colaboración mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de capacitación, prevención, atención de emergencias y fortalecimiento institucional.

Para los bomberos este instrumento reafirma el compromiso de Panamá y Ecuador de impulsar la cooperación internacional bomberil, promoviendo la preparación, profesionalización y capacidad de respuesta de sus equipos ante los retos actuales en materia de seguridad y emergencias.

El Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026 reunió a más de 600 participantes de 18 países y posicionó a Panamá como un referente regional en capacitación, innovación, cooperación e intercambio de conocimientos para los servicios de emergencia.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que, a través de su Comité Ejecutivo, decidió darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina.

En un comunicado, la Federación Panameña de Fútbol informa que llegó a un acuerdo con Thomas Christiansen, donde se establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será electo en diciembre venidero, “pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la federación”.

El documento señala que en los próximos días los representantes legales de la Federación Panameña de Fútbol y de Thomas Christiansen iniciarán el proceso de redacción del respectivo contrato.

“La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando y brindando alegrías a nuestro país, creando también mejores condiciones para todos los miembros del ecosistema, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y de fútbol aficionado (a través de sus ligas provinciales y de corregimiento), entre otros”, sostiene el comunicado dado a conocer en la tarde de este lunes.

“La FPF agradece a Thomas Christiansen su buena disposición durante este proceso de conversaciones, el cual se formalizará con la firma del contrato en las próximas semanas para dar inicio a la nueva etapa desde el 1 de agosto del 2026 hasta finalizar el proceso mundialista 2030”, concluye.

Durante una conferencia de prensa el viernes, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, confirmó que tanto el contrato de Christiansen como los de sus asistentes Javier Sánchez Jara y Cristian Vera expiraron el 30 de junio.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta a una renovación, la Federación había reiterado que el entrenador formaba parte de la lista de candidatos que en ese momento evaluaba para dirigir el siguiente proceso.

Thomas Christiansen asumió la selección panameña en julio de 2020 y, durante seis años, dirigió el periodo más exitoso de la historia reciente del fútbol nacional.

En total estuvo al frente de 94 partidos, con un balance de 45 victorias, 22 empates y 27 derrotas, para una efectividad del 55.7%, la más alta entre los entrenadores que más encuentros han dirigido a la selección panameña.

Bajo su conducción, Panamá consiguió la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, apenas la segunda Copa del Mundo de su historia después de Rusia 2018.

También llevó al equipo a disputar la final de la Copa Oro 2023, alcanzó dos ediciones consecutivas del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y clasificó a la Copa América 2024, torneo en el que la selección avanzó por primera vez a los cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos en la fase de grupos.

El único punto negro de su gestión llegó precisamente en la Copa del Mundo de 2026, donde Panamá no logró superar la fase de grupos, perdió sus tres compromisos y terminó su participación sin marcar goles.

Pese a ello, la valoración interna de la Federación continuó siendo positiva.

El director deportivo de la FPF, Jaime Penedo, aseguró en su momento que desde el área técnica existe satisfacción con el trabajo realizado por Christiansen.

“Sí estamos conformes con los resultados que ha arrojado Thomas", afirmó, aunque precisó en esa ocasión que la comisión técnica recomendó introducir algunos ajustes, principalmente relacionados con el fortalecimiento del trabajo en las categorías inferiores.

La panameña Marie Claire González murió este domingo a los 39 años. Su muerte tomó estado público por su perfil como empresaria, escritora, excongresista e influencer motivacional y por el mensaje de despedida que dejó programado antes de fallecer, en el que habló de años de depresión y de presunta violencia psicológica de una expareja.

González era madre de dos hijos y había construido una comunidad de más de 150.000 seguidores en redes sociales. Según Listín Diario, las informaciones preliminares apuntan a la hipótesis de un suicidio, aunque las autoridades panameñas no habían difundido aún el informe forense y la investigación seguía abierta.

La noticia se propagó con rapidez en internet y provocó mensajes de pesar en Panamá. Su exposición pública también se apoyaba en los proyectos digitales y sociales que difundía en sus plataformas.

En 2025, la revista Forbes la incorporó a la lista de las 50 mujeres poderosas e influyentes de Centroamérica. Ese reconocimiento se vinculó a su trabajo profesional y a las iniciativas que impulsó en el entorno digital y en causas sociales.

La despedida

“Hay golpes que no se ven, hay heridas que nunca sanan, hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuantas veces los rompan. No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme“, inició en el mensaje.

El texto de despedida que dejó programado estuvo dirigido a sus hijos y describió el deterioro de su salud mental. De acuerdo con la publicación, González sostuvo que durante años fue víctima de violencia psicológica por parte de una expareja y que ese proceso la afectó de forma grave.

En uno de los fragmentos, escribió: "Espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra, valgan la pena todo lo que has hecho. Espero que cada dólar te rinda, y que tu descendencia y la descendencia de tu descendencia viva con el karma de tus actos (...) Regatear mis derechos y los derechos de mis hijos es de gente miserable".

El contenido del mensaje

González relató que el trauma de su divorcio marcó el intento de rehacer su vida y que la relación que eligió después derivó en agresiones verbales y psicológicas.

La excongresista también vinculó su dolor con los efectos sobre sus hijos. “Creo que lo que más te ofendió fue que te desenmascaré públicamente... me quitaste las ganas de vivir, de confiar, y de creer en las buenas intenciones de los demás, le quitaste su mamá a mis hijos y espero que tu descendencia y la descendencia de tu familia cargue con eso, porque a diferencia de ustedes que creen en la brujería, yo sí creo en Dios, y Dios entiende mi dolor y sé que me recibe con amor”, concluyó.

La Embajada de Israel en Panamá lamentó su muerte en un comunicado público y recordó que González visitó Israel en 2025 por invitación de esa representación diplomática, como parte de la Conferencia de Mujeres Líderes de la agencia de cooperación internacional para el desarrollo MASHAV. La sede diplomática indicó además que había apoyado distintas ediciones del concurso Techprendedores.

En ese mensaje, la embajada la definió como gerente exitosa, pionera en el ámbito tecnológico, defensora de los derechos de la mujer, oradora y figura de influencia y liderazgo. En la última publicación de la empresaria se acumularon miles de comentarios de personas que destacaron su huella en el mundo empresarial panameño.

Una delegación de la Asociación de Navieros de Japón manifestó su interés en reforzar la cooperación con Panamá en diversos aspectos relacionados con el sector marítimo, de importancia para la economía de ambas naciones, clave para las relaciones bilaterales.

Hitoshi Nagasawa, presidente de los navieros nipones, reconoció la importancia que reviste Panamá para su seguridad económica, señala una nota de prensa de la presidencia de la República.

Solo en 2025, agrega, un total de 1,072 buques japoneses hicieron tránsitos por el Canal de Panamá, muchos de ellos con carga de gas.

El empresario puso de manifiesto que para su gremio y para Japón el proyecto del gasoducto y el de Río Indio que se proyectan en Panamá son importantes para garantizar la operación eficiente de la vía interoceánica.

Manifestó tener la expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar desafíos comunes de la industria.

La delegación de la Asociación de Navieros de Japón se reunió con el mandatario, José Raúl Mulino, quien sostuvo que “a Panamá le interesa un mayor acercamiento con las grandes navieras japonesas en cuanto a cooperación técnica y colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el fin de que un mayor número de marinos panameños obtengan puestos de trabajo en la flota de buques de Japón”.

También hizo un repaso al portafolio de megaproyectos que el Canal de Panamá está preparando, con miras a licitar a partir del próximo año.

Entre estos figuran la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, cuyo fin es producir agua para consumo humano y para tránsitos por la vía interoceánica.

La nota de prensa recuerda que el encuentro tuvo lugar una semana después de que Mulino recibiera a miembros de la Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la principal organización del sector privado nipón.

De igual manera, es el segundo encuentro con la directiva del gremio naviero japonés, dado que, en septiembre de 2025, durante la visita oficial del mandatario a Tokio, conversaron sobre la modernización del registro de buques panameño.

La delegación nipona estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Navieros de Japón, Hitoshi Nagasawa, quien estuvo acompañado por los directivos Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima.

En la reunión con la delegación de empresarios navieros japoneses estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; además del embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

La presidencia panameña también informó que Mulino viajará este martes a México atendiendo una invitación oficial de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Añade que ambos sostendrán el miércoles una reunión de trabajo en el Palacio Nacional para abordar temas de la agenda bilateral, entre ellos el intercambio comercial, inversiones, agro, seguridad, aduanas y cooperación.

Las exportaciones de México a Panamá en abril 2026 fueron por el orden de los $121 millones, las importaciones alcanzaron $4.21M, lo que indica una balanza comercial a favor de la nación azteca de $117 millones, según la Secretaría de Economía mexicana.

Durante el encuentro, ambos mandatarios suscribirán nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

La agenda del presidente panameño, de acuerdo con la nota presidencial, incluye un encuentro con 23 importantes empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios para acceder a otros mercados de la región.

La comisión interinstitucional de alto nivel que revisa los informes técnicos y ambientales sobre la apertura o no de la mina de cobre de Donoso advirtió que cualquier decisión que tomen estará sustentada en evidencia técnica, respetará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del contrato que amparaba la mina, y priorizará los intereses del país.

Nombrada en junio de 2024 por el presidente, José Raúl Mulino, la comisión tiene la tarea de revisar los resultados de una auditoría relacionada con el proyecto minero y presentar recomendaciones clave para la apertura o no de la mina.

“No podemos tomar una decisión apresurada, son decisiones difíciles”, reconoció el ministro Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien junto a sus colegas de las carteras de Comercio e Industrias y de Ambiente, Julio Moltó y Juan Carlos Navarro, respectivamente, forma parte de la comisión revisora.

“Lo que esta comisión está haciendo es examinar de forma exhaustiva, sin prisas, pero sin pausas, el estado real de la mina. Aún no estamos anunciando soluciones definitivas, porque estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia", señaló Chapman.

La comisión analiza una auditoría técnica realizada por la firma suiza SGS, que concluyó que la operación mantiene un nivel general de cumplimiento superior al 87%.

No obstante, una revisión detallada de los más de 15 tomos del informe revela que los principales hallazgos se concentran en las áreas más sensibles: la expansión de la huella intervenida, biodiversidad, conservación de flora, reforestación y riesgos ambientales.

La evaluación abarcó un total de 370 compromisos ambientales, legales, laborales, fiscales y operativos vinculados al proyecto minero ubicado entre las provincias de Colón y Coclé.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, manifestó en su oportunidad que la auditoría reflejó nueve deficiencias ambientales, entre las que destacan la deforestación de 45.7 hectáreas de bosques, así como el desmonte de 322 hectáreas adicionales a las 2,100 establecidas originalmente.

Afirmó que actualmente se están realizando pruebas ambientales de agua, vegetación y suelo para corroborar la presencia de elementos nocivos para los seres vivos.

En palabras del ministro Moltó, el Ejecutivo no contempla retomar el esquema anterior utilizado para la operación de mina, señalando que tal como existía es inconstitucional, como lo declaró en 2023 la Corte Suprema de Justicia.

Insistió en que se deben evaluar las consecuencias económicas y sociales que dejó el cese de operaciones.

Sobre este aspecto, el funcionario detalló que con el cierre minero unos 40,800 trabajadores perdieron directa e indirectamente sus empleos, mientras que más de 170,000 resultaron afectados al considerar a sus dependientes, al tiempo que el desempleo en la provincia de Coclé, contigua al sitio de extracción minera, pasó de 4% a 13%.

Añadió que las estadísticas demuestran que 76% de los proveedores redujeron personal y aseguró que un 42% de las empresas proveedoras cerrará si la situación no cambia.

Las cifras dadas por Moltó indican que más de 2,000 empresas panameñas proveían bienes y servicios a la operación minera, de las cuales el 70 % son pequeñas y medianas empresas. “Esto no le pasó a una empresa, esto le pasó a Panamá“, aseveró.

El ministro aseguró que cualquier alternativa que adopte el gobierno respecto a la mina estará bajo el control del Estado, y se evitará que una eventual solución represente una carga económica para las finanzas públicas. Estos principios no son negociables, apuntó.

Panamá y Guatemala aumentaron el gasto en seguridad y defensa entre 2020 y 2026, según el informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)“. En ambos casos subieron los recursos destinados al sector, con resultados dispares en la reducción de la violencia.

En 2024, Panamá destinó USD 1,029 millones al Ministerio de Seguridad Pública, equivalentes al 5.62% del gasto del Gobierno Central y al 1.19% del PIB corriente.

Para 2025, el presupuesto aprobado fue de USD 1,032 millones, un 0.28% más que el año anterior, y para 2026 se preveía una reducción del 4.62%, hasta USD 985 millones.

De acuerdo con el informe, cerca de la mitad del presupuesto fue para la Policía Nacional, seguida por el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, que en conjunto sumaron más de 27,700 efectivos.

¿Cómo se distribuyó el gasto en Panamá?

Entre 2020 y 2024, el gasto de capital representó en promedio el 7.66% del total anual ejecutado por la cartera, y alcanzó su nivel más alto en 2024 con 8,20%. Desde 2025, ese componente comenzó a bajar hasta ubicarse en 4.24% para 2026.

El informe citado por Infobae señala que la Policía Nacional absorbió entre el 49.22% y el 52.45% de los fondos entre 2020 y 2024. El Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras recibieron, respectivamente, entre 12% y 15% y entre 11% y 13% del presupuesto en ese período. Otros rubros, como migración, pensiones y servicios de emergencia 9-1-1, representaron porcentajes menores.

El aumento del presupuesto de seguridad en Guatemala

En Guatemala, el Ministerio de Gobernación ejecutó USD 910.17 millones en 2024, equivalentes al 5,84% del presupuesto del Gobierno Central y al 0.80% del PIB corriente. El gasto en seguridad creció 37.80% entre 2020 y 2024 y se aceleró desde 2023.

Para 2025 y 2026, los presupuestos aprobados fueron de USD 1,077 millones y USD 1.272 millones, respectivamente, con incrementos interanuales superiores al 18%. Según el informe citado por Infobae, el gasto siguió orientado sobre todo a sostener y expandir el aparato operativo existente.

Guatemala contaba con la fuerza policial más numerosa de Centroamérica, con aproximadamente 42.000 efectivos en 2024. La mayor parte del presupuesto se destinó al programa Servicio de seguridad a las personas y su patrimonio, que absorbió más del 80% de los fondos.

El documento indica que el aumento del gasto permitió incrementar el número de policías y fortalecer el despliegue operativo, pero la falta de formación suficiente, la corrupción y las debilidades institucionales limitaron su impacto en la mejora de la seguridad.

El gasto en defensa y los resultados sobre la violencia

En defensa, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala aumentó su presupuesto ejecutado un 39,51% entre 2020 y 2024, al pasar de USD 325 millones a USD 453 millones.

Para 2025 y 2026, los incrementos previstos eran de 10.83% y 25.13%, con una proyección de USD 502 millones y USD 628 millones. El 87% del contingente militar correspondió al Ejército, el 8% a la Armada y el 5% a la Fuerza Aérea.

Según el informe consultado por Infobae, el gasto militar quedó como un componente estructural del esfuerzo fiscal en seguridad, asociado al apoyo a la seguridad interna y al despliegue territorial.

En Panamá, la tasa de homicidios pasó de 11.6 a 12.9 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2024. En Guatemala, se mantuvo en 16.1 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. El informe atribuye estos resultados a la expansión del crimen organizado, la sofisticación de las redes ilícitas y las deficiencias institucionales.

Panamá continúa implementado el proceso BIOFIN, a través de la Dirección de Biodiversidad y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta iniciativa, de acuerdo con las autoridades de Ambiente, tiene como norte fortalecer la planificación, movilización y uso eficiente de recursos financieros destinados a la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.

BIOFIN es la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad que acompaña a los países en la identificación de necesidades, brechas y oportunidades de financiamiento mediante herramientas técnicas que vinculan las prioridades de conservación con las decisiones de política pública, la planificación presupuestaria, la inversión y la cooperación.

Tres son los componentes técnicos fundamentales que Panamá ya ha desarrollado como parte de este proceso.

Estos procesos, según se informó, corresponden a: el Análisis de Políticas e Instituciones (PIR), a la Revisión del Gasto en Biodiversidad (BER) y a el análisis de subsidios e incentivos con incidencia en la biodiversidad.

Estos instrumentos generan una base de evidencia que permite comprender el entorno institucional, analizar el comportamiento del gasto público e identificar oportunidades para alinear los instrumentos económicos y financieros con los objetivos ambientales del país.

Al detallarlos, se tiene que el PIR permite examinar el marco de políticas, instituciones, actores, instrumentos y mecanismos relacionados con la gestión y el financiamiento de la biodiversidad.

Desde este análisis se identifican oportunidades para fortalecer la coordinación institucional, mejorar la coherencia entre los instrumentos de planificación y financiamiento, y orientar las siguientes fases del proceso BIOFIN.

Por su parte, se indica que el BER contribuye a estimar y analizar el gasto público destinado a la biodiversidad, generando una línea base que permite conocer cómo se han asignado los recursos a acciones de conservación, restauración y uso sostenible.

Esta información una vez recopilada constituye un insumo importante para orientar futuras decisiones de planificación financiera y priorización de inversiones.

Otro de los componentes desarrollados durante la iniciativa corresponde al análisis de subsidios e incentivos, el cual revisa instrumentos económicos y fiscales que pueden generar efectos directos o indirectos sobre la biodiversidad.

Este ejercicio, afirman los desarrolladores, también permite identificar oportunidades para fortalecer su alineación con objetivos ambientales, productivos y sociales, promoviendo incentivos positivos, transiciones graduales y soluciones sostenibles.

Durante esta etapa las autoridades de Ambiente indicaron que realizaron talleres y espacios técnicos para validar los hallazgos del BER y del análisis de subsidios e incentivos. La misma contó con la participación de representantes del sector público, de instituciones vinculadas a la planificación y las finanzas, sectores productivos y de otros aliados estratégicos.

Estos encuentros permitieron contrastar información, recoger aportes técnicos y fortalecer la comprensión compartida de los retos y oportunidades del financiamiento para la biodiversidad en Panamá.

Los avances alcanzados servirán de base para las siguientes fases del proceso BIOFIN, entre ellas el Análisis de Necesidades Financieras y la formulación del Plan Financiero de Biodiversidad.

Estas etapas permitirán estimar las necesidades de financiamiento asociadas a las prioridades nacionales e identificar soluciones financieras viables para movilizar recursos públicos, privados y de cooperación.

Con este trabajo, BIOFIN también fortalece las capacidades de la Dirección de Biodiversidad en el desarrollo de herramientas que orienten la toma de decisiones sobre el financiamiento para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales del país, en consonancia con la agenda nacional de naturaleza, clima y financiamiento sostenible.

Los documentos técnicos elaborados durante esta etapa del proceso serán publicados próximamente y servirán como referencia para apoyar la toma de decisiones y fortalecer el diseño de políticas e instrumentos financieros orientados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Panamá, añaden los datos oficiales.

En noviembre pasado fue sancionada la modificación de la Ley 244 de 2021, que por primera vez permite hacer público en Panamá el Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

En papel, la norma facilita el acceso de la población a información actualizada sobre personas condenadas por delitos sexuales, aunque hasta el momento la plataforma no está disponible.

De acuerdo con la ley el sistema quedó bajo la responsabilidad de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que debe garantizar la seguridad y actualización permanente de la base de datos.

No obstante, hasta este julio el registro aún no ha sido puesto en funcionamiento para el acceso general, a la espera de su reglamentación y de los procedimientos técnicos necesarios para su implementación.

La demora en la aplicación pública del Registro Oficial de Ofensores Sexuales mantiene en el debate la efectividad de las políticas de prevención y la protección de la ciudadanía frente a delitos de índole sexual, mientras las cifras de denuncias siguen en aumento y la demanda social por mayor transparencia persiste.

Hasta mayo de 2026, la provincia de Panamá encabeza los registros con 550 denuncias, frente a las 432 reportadas en el mismo período de 2025.

Le siguen las provincias de Chiriquí, con 406 casos este año, comparados con 327 del año anterior; Panamá Oeste, que pasó de 303 a 340 denuncias; y la comarca Ngäbe Buglé, donde los reportes aumentaron de 278 a 299 casos. Estas regiones concentran la mayor cantidad de denuncias por este tipo de delitos en el país, de acuerdo con TVN Noticias.

Uno de los principales obstáculos para la puesta en marcha del registro público es la preocupación por su constitucionalidad.

El artículo 28 de la Constitución establece que el sistema penitenciario debe basarse en la rehabilitación, lo que abre el debate sobre si la publicación de los nombres de ofensores representa una carga adicional o un estigma perpetuo.

La Corte Suprema de Justicia debería decidir si la medida constituye una protección legítima para la sociedad o si vulnera derechos fundamentales de las personas condenadas, reportó el diario La Prensa.

El proyecto de ley también ha recibido críticas porque su alcance se limita a las agresiones contra menores, excluyendo a otros grupos vulnerables como mujeres adultas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y población penitenciaria.

La eficacia del registro podría verse afectada por la falta de datos sobre reincidencia y la posibilidad de que ofensores eludan los controles al operar fuera del ámbito laboral formal, han advertido conocedores del tema.

En la región, países como Guatemala han complementado sus registros con mecanismos de seguimiento y apoyo a las víctimas, mientras que en Panamá la discusión se centra en el acceso público y la protección de datos personales.

Organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales coinciden en la necesidad de acompañar el registro con políticas de sensibilización y capacitación para evitar el subregistro de agresiones y la revictimización de quienes denuncian.

La Ley 244 de 2021 fue diseñada para centralizar información sobre personas condenadas por delitos sexuales, aunque los artículos 14 y 15 de la normativa blindan el listado, impidiendo que la ciudadanía acceda a datos sobre ofensores sexuales.

Estos artículos establecen que el registro sea de uso exclusivo para operadores de justicia, lo que ha generado cuestionamientos sobre su efectividad como herramienta de prevención.

“El registro público de agresores sexuales es una herramienta que empodera a la ciudadanía permitiendo conocer a nuestras familias y saber con quién convivimos en nuestras comunidades”, afirmó la diputada Paulette Thomas, promotora de la reforma legal, durante una sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Según datos aportados por la diputada, solo en los primeros siete meses de 2025 se presentaron más de 3.300 denuncias por delitos sexuales, lo que equivale a 16 denuncias diarias.

A finales de 1982 fue cuando en Panamá se tuvo conocimiento del impacto del fenómeno atmosférico de El Niño, que produjo una fuerte sequía.

Desde ese año el evento climático se venía registrando en la nación canalera cada siete años, tiempo que ahora ha pasado a presentarse en intervalos de dos a tres años.

Este cambio ha intensificado el impacto social y económico de cada episodio, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Desde ese año hasta la fecha los registros indican que se han identificado en el país al menos 12 eventos Niño, siendo los más severos los de 1982-1983, 1997-1998, 2014-2016, 2018-2019 y 2023-2024.

El evento de 1982-1983 fue considerado un “Meganiño” por la magnitud de la sequía y la primera gran crisis en los embalses del Canal de Panamá.

Los datos apuntan a que esa fue la primera vez en la historia en que la vía interoceánica se vio obligada a limitar el número de tránsitos diarios, debido a los bajos niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela, esenciales para el funcionamiento de las esclusas.

Entre 1997 a 1998 la falta de lluvias generó pérdidas agrícolas y afectó cultivos esenciales, mientras que en 2014-2016 el gobierno de ese entonces declaró un estado de emergencia nacional ante la prolongada escasez de las lluvias.

Generalmente, en Panamá el periodo de lluvias va de mayo a noviembre.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la NOAA reafirman que antes de 2010 Panamá experimentaba episodios fuertes de El Niño aproximadamente cada 10 o 15 años, con notables impactos en el suministro de agua y en la salud pública.

El episodio de 2023-2024 se destacó por provocar una de las peores sequías en más de setenta años. Octubre de 2023 fue el mes más seco registrado en el país desde 1950, con una reducción del 40% de las lluvias en la cuenca del Canal de Panamá.

Actualmente, el IMHPA informó que el déficit de lluvias en el segundo semestre de 2026 podría alcanzar hasta el 55 % en todo el país, lo que está obligando a tomar medidas para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Panamá y en otras regiones.

La entidad declaró oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en el país el 12 de mayo de este año.

De acuerdo con la directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, confirmó que Panamá enfrentará entre julio y diciembre un déficit de lluvias de hasta el 55 % en todo el territorio, acompañado de un aumento de temperaturas del aire de entre uno y tres grados Celsius.

La alerta se mantiene activa, ya que más del 95 % de los modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Ocilación del Sur) prevén que El Niño persistirá durante los próximos meses.

Recientemente las autoridades de IMHPA presentaron ante el Ejecutivo panameño un informe en donde identifica a 1997, 2002 y 2023 como análogos al patrón atmosférico observado en 2026.

En esos años los episodios de El Niño alcanzaron intensidad fuerte a muy fuerte entre septiembre y noviembre, con efectos notables en la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas.

La directora del IMHPA subrayó que, aunque el fenómeno no implica ausencia total de lluvias, sí modifica la distribución y genera periodos prolongados de sequía, especialmente en la vertiente del Pacífico, mientras que algunas regiones del Caribe panameño.

El instituto, en coordinación con entidades agrícolas y energéticas, desarrolla pronósticos de largo plazo y estrategias para mitigar los impactos en el abastecimiento de agua y la generación hidroeléctrica, que representa entre el 60% y 68% de la matriz energética nacional.

Advirtió la entidad que, por la naturaleza cambiante del fenómeno, Panamá debe mantener la atención sobre los pronósticos y prepararse para escenarios de lluvias por debajo de lo normal y temperaturas superiores a los registros históricos.

En algunos trabajos se ha hecho costumbre que los empleadores demanden respuestas de sus trabajadores, aunque estos estén en su tiempo libre, fuera de la jornada laboral. El asedio trae en muchos casos un estrés laboral que le resta al empleado tiempo de su descanso, sin ser remunerado.

Ahora, una propuesta podría acabar en Panamá con esta situación, gracias a un anteproyecto legislativa que impulsa prohibir esta práctica, que va en detrimento de los trabajadores.

“En la actualidad, resulta cada vez más frecuente que trabajadores reciban comunicaciones, instrucciones o requerimientos laborales fuera de su jornada ordinaria de trabajo, durante períodos de descanso, vacaciones, licencias o incapacidades, creando en muchos casos una expectativa permanente de disponibilidad que puede traducirse en cargas laborales adicionales no reconocidas formalmente como tiempo extraordinario”, señala en la exposición el anteproyecto propuesto por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado.

Añade que esta situación se intensificó especialmente a partir de la pandemia ocasionada por el COVID-19, debido al incremento del teletrabajo, el trabajo híbrido y el uso masivo de herramientas digitales de comunicación laboral.

La hiperconectividad laboral ha sido identificada internacionalmente como un factor asociado al agotamiento laboral, estrés, ansiedad, fatiga digital y otros riesgos psicosociales que impactan la salud física y mental de los trabajadores. Diversos estudios internacionales han advertido sobre el aumento del “burnout” o síndrome de agotamiento laboral relacionado con la conectividad constante y la dificultad de separar los espacios de trabajo y descanso.

En su propuesta, Cedeño recuerda que la legislación panameña ya reconoce parcialmente este principio en materia de teletrabajo. El Decreto Ejecutivo No. 133 de 2020, que reglamenta la Ley de Teletrabajo, establece el derecho de desconexión del teletrabajador como garantía para el disfrute efectivo de sus períodos de descanso y vacaciones.

Sin embargo, alega que actualmente dicho reconocimiento se encuentra limitado principalmente a esta modalidad laboral, pese a que la realidad demuestra que las comunicaciones digitales fuera de horario afectan también a trabajadores presenciales y de modalidades mixtas.

Aclara que la iniciativa no pretende impedir el uso de herramientas tecnológicas ni limitar la competitividad empresarial, sino establecer parámetros razonables que permitan proteger el tiempo de descanso del trabajador y prevenir jornadas encubiertas mediante medios digitales. Asimismo, reconoce que existen sectores y actividades que, por su naturaleza, requieren disponibilidad especial o atención de emergencias, por lo que se contemplan excepciones justificadas conforme a la ley.

El derecho a la desconexión digital ya ha sido reconocido en diversas legislaciones comparadas. Países como Francia, España, Portugal, Colombia, Chile y Argentina han incorporado mecanismos legales destinados a garantizar el respeto al tiempo de descanso y limitar la conectividad laboral permanente fuera de la jornada de trabajo.

Señala que la propuesta legislativa procura fortalecer la protección de los trabajadores frente a los desafíos derivados de la transformación digital del empleo, promoviendo relaciones laborales más saludables, equilibradas y acordes con las nuevas dinámicas tecnológicas de la sociedad contemporánea.

De acuerdo con el proponente, el avance acelerado de las tecnologías de la información y comunicación ha transformado profundamente las relaciones laborales, permitiendo una conectividad permanente entre empleadores y trabajadores mediante correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, llamadas telefónicas, plataformas digitales y otros medios tecnológicos.

“Si bien estas herramientas han contribuido al aumento de la productividad, la eficiencia y la continuidad de las actividades económicas, también han generado nuevas dinámicas laborales que han desdibujado los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, afectando el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores”.

Panamá se posiciona nuevamente como una nación líder ambiental global con la designación oficial de la ciudad como sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales, a realizarse del 7 al 15 de junio de 2028.

La Convención de Ramsar sobre la Conservación de los Humedales es un tratado intergubernamental adoptado en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso racional de los humedales a nivel mundial. Cuenta con 172 países miembros y más de 2,500 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional.

La Conferencia de las Partes (COP) se celebra cada tres años en distintas partes del mundo y reúne a gobiernos, organizaciones y expertos para evaluar avances y definir prioridades en la protección de estos ecosistemas.

Musonda Mumba, secretaria general de la Convención RAMSAR, estuvo presente en la firma del acuerdo junto al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, estableciendo formalmente a Panamá como sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales.

Este convenio, de acuerdo a la información oficial, marca una estrecha colaboración para preparar uno de los encuentros ambientales más importantes del mundo, que reunirá en nuestro país a unos 1,500 representantes de más de 170 países junto a científicos, especialistas en humedales, pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas y el sector privado.

Panamá es parte de la Convención desde 1989 y cuenta con seis sitios Ramsar reconocidos oficialmente como humedales de importancia internacional: la Bahía de Panamá, ubicada al este de la ciudad de Panamá; el Golfo de Montijo, situado en la provincia de Veraguas; San San Pond Sak, localizado en Bocas del Toro; Punta Patiño, en la provincia de Darién; Damani-Guariviara, ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé; y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, ubicado en Darién.

Los seis sitios RAMSAR de Panamá conectan biodiversidad entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y actúan como corredores naturales únicos para especies migratorias; son áreas irremplazables de reproducción para peces y aves; y regulan procesos hídricos costeros de enorme valor social y económico.

Panamá posee una gran variedad de humedales que reúnen manglares, estuarios, marismas, lagunas costeras y humedales de agua dulce. Su ubicación entre dos océanos hace posible que estos cumplan con funciones ambientales vitales como proteger las costas, capturar carbono, regular el agua y conservar la biodiversidad, en otros.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro expresó que la designación de Panamá como sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales reconoce años de trabajo del país en la protección de humedales y ofrece la oportunidad de mostrar al mundo soluciones panameñas innovadoras basadas en la naturaleza.

“Nuestros manglares y humedales son ecosistemas únicos y majestuosos que ocupan una proporción importante del litoral panameño y proporcionan valor económico irremplazable a nuestras comunidades costeras. Los estamos cuidando de la mano de esas mismas comunidades, fortaleciendo la conservación de las áreas protegidas costeras y los corredores biológicos y humedales de los que dependemos tantos panameños para nuestra alimentación y bienestar,” manifestó el funcionario

Entre los temas prioritarios de este encuentro internacional está lograr acuerdos globales para la protección y el uso sostenible de humedales, ecosistemas esenciales para la vida humana y la biodiversidad planetaria.

Panamá ve el evento del COP 16 de RAMSAR como un momento propicio para crear alianzas regionales, atraer inversión en conservación y dar voz a los territorios tropicales en las decisiones internacionales sobre manejo de humedales.

La única unidad quirúrgica extrahospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional continúa realizando cirugías ambulatorias en pacientes que, por su condición clínica, pueden regresar a sus hogares pocas horas después del procedimiento.

Actualmente, la unidad cuenta con un quirófano donde diariamente se realizan entre tres y cinco procedimientos, dependiendo de su complejidad, atendiendo semanalmente a decenas de pacientes que reciben una alternativa quirúrgica eficiente, segura y con atención especializada.

Entre las especialidades que se ofrecen en la unidad quirúrgica extrahospitalaria se encuentran cirugía general, ginecología, urología y oftalmología, mediante un trabajo coordinado con especialistas provenientes de distintos centros de salud y policentros ubicados en la Región Metropolitana.

En ginecología, uno de los procedimientos más solicitados es la salpingectomía como método permanente de planificación familiar.

Jorge Benítez, director del Centro de Cirugía Ambulatoria, explicó que las pacientes que solicitan salpingectomía solo requieren cumplir con los criterios establecidos y una referencia del especialista para ingresar al proceso quirúrgico.

Dijo que actualmente los tiempos de espera para este procedimiento se han reducido considerablemente, permitiendo que muchas pacientes sean intervenidas en un período aproximado de tres semanas.

El Centro de Cirugía Ambulatoria también contribuye al diagnóstico temprano del cáncer de mama. El galeno hizo un llamado a las mujeres para practicarse el autoexamen de las mamas y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier anomalía.

Benitez explicó que la Región Metropolitana cuenta con un esquema de atención que permite realizar biopsias en corto tiempo cuando existe una lesión sospechosa, facilitando un diagnóstico oportuno y, de ser necesario, la referencia temprana al Instituto Oncológico Nacional para iniciar el tratamiento correspondiente.

Por otra parte, Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud, le recordó a la ciudadanía mantener una adecuada hidratación mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de algodón, así como permanecer en lugares frescos y ventilados cuando sea posible.

Esto, debido al Análisis de la Situación de Salud Pública ante el evento climático El Niño (2026-2027) elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advierte que los efectos sobre la salud varían entre países y comunidades de acuerdo con los niveles de exposición, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Iglesias reiteró la importancia de reconocer oportunamente los signos de agotamiento por calor. En caso de presentar mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, confusión, debilidad o desmayos, recomendó acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica.

Ante este escenario, el organismo internacional señala por su parte que resulta fundamental fortalecer las acciones preventivas, la vigilancia en salud pública y la coordinación interinstitucional para reducir el impacto del fenómeno sobre la población.

En Panamá el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el desarrollo del fenómeno atmosférico de El Niño influirá significativamente en las condiciones climáticas del país durante el segundo semestre de 2026.

Entre los meses de julio y diciembre, indica el instituto, se prevé un déficit de lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañado por un aumento de las temperaturas del aire y una mayor sensación térmica, condiciones que podrían incrementar el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Ante la extensión del fenómeno climático, el incremento de las temperaturas y la sensación térmica en el país, las autoridades sanitarias refuerzan las recomendaciones a la población para prevenir afectaciones a la salud asociadas al calor extremo.

Una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba fue interceptada en medio de los operativos de vigilancia marítima intensivos que ejecutan guardaparques y el Servicio Nacional Aeronaval.

A quienes se encontraban a bordo del yate se les ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente.

En medio de la acción, igualmente se inspeccionaron otras tres embarcaciones pesqueras cuya documentación y permisos estaban vigentes.

El operativo, ejecutado en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la organización EARTHRACE, se llevó a cabo a bordo del buque M/Y MODOC de esta organización conservacionista internacional.

El buque M/Y MODOC, que participó en el patrullaje junto a la organización EARTHRACE, es una embarcación especializada en operaciones de conservación marina.

Dispone de autonomía para navegar hasta 30 días en altamar, helipuerto para drones y aeronaves ligeras, sistemas de visión térmica, grúa de carga y equipos destinados a la vigilancia, monitoreo e inspección marítima, capacidades utilizadas en misiones de protección de áreas marinas y atención de actividades ilícitas.

Durante el operativo se recorrieron 246 millas náuticas, cubriendo sectores de alto valor ecológico como Banco Hannibal, Isla Montuosa, Isla Jicarón, Isla Contreras, Isla Uva, Isla Brincanco, Punta Anegada y el sector 12 de Octubre.

Los patrullajes intensivos en estas zonas protegidas se realizan desde febrero del presente año, en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución para combatir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino y costero del país.

El parque nacional Coiba, que cuenta con 25 guardaparques que realizan labores de custodia las 24 horas del día, los siete días de la semana, posee el arrecife de coral más extenso de Centroamérica, con al menos 13 especies de corales formadores de colonias, y más de 800 especies de peces. Allí se reportan al menos 15 especies de cetáceos.

Creado en julio de 2004, el sitio y su zona especial de protección marina fue declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2005. Posee invaluables ecosistemas de manglares, arrecifes de coral, bosques, playas, ríos, así como especies de fauna y flora únicas en el planeta, además de sitios históricos, fuentes de riqueza incomparables.

Los patrullajes incrementan la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino, dijeron las autoridades.

En los patrullajes intensivos de largo alcance participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con tres unidades del Servicio Nacional Aeronaval encargadas de abordajes e inspecciones.

Se explicó que en cada detención de lanchas de pesca se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.

De manera paralela, la información indica que el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino dio seguimiento a alertas generadas por sus plataformas satelitales, manteniendo comunicación encriptada permanente con las unidades desplegadas en los patrullajes intensivos a bordo del MODOC en el océano, en coordinación con Centro Regional de Operaciones Aeronavales del Senan.

A través del Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, las autoridades de Ambiente indican que Panamá se ha convertido en un referente internacional en esta materia, con medidas como esta que ayudan a reducir delitos transfronterizos ligados a la pesca ilícita y otras infracciones a la normativa ambiental que amenazan la biodiversidad marina de la región.

Las autoridades de Panamá interceptaron una embarcación pesquera al sur de Punta Coco, en el litoral Pacífico, donde hallaron 571 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en 20 bultos. En la operación, fueron capturadas tres personas que viajaban en el navío. El operativo fue coordinado entre la Fiscalía panameña y unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), responsables de la vigilancia en rutas marítimas que suelen emplearse para el tráfico internacional de drogas.

Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde se determinará la legalidad de la detención, la formulación de cargos y la posible aplicación de medidas cautelares. Las autoridades no precisaron el peso total de la droga, aunque en decomisos similares en Panamá, los paquetes suelen tener aproximadamente un kilogramo, siendo la cocaína la sustancia más comúnmente encontrada en este tipo de casos.

La agencia EFE reportó que el pasado 26 de mayo, las autoridades panameñas incautaron un cargamento de 1,096 paquetes de droga en aguas del Pacífico, cerca de la frontera con Costa Rica, también en una acción conjunta entre agentes del Senan y la fiscalía antidrogas de Panamá. Estos operativos se inscriben dentro de los esfuerzos institucionales para controlar el movimiento de sustancias ilícitas a través del territorio panameño.

Vigilancia y cifras recientes de decomisos

De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las autoridades lograron retirar del circuito ilegal 47,040 toneladas de drogas. De ese total, 15,925 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron detectados en contenedores marítimos. El 69 % de las operaciones de incautación se realizó en zonas portuarias, lo que indica que la red portuaria panameña es un punto relevante en las rutas utilizadas para el transporte de droga hacia mercados internacionales, como Norteamérica y Europa.

Durante los primeros seis meses del año, 2,246 personas fueron arrestadas por delitos relacionados con drogas. De ese total, el 90.9 % corresponde a hombres y el 9.1 % a mujeres. En ese mismo periodo, las autoridades judiciales emitieron 1,652 sentencias condenatorias por narcotráfico y delitos conexos, lo que refleja la capacidad del sistema judicial panameño para llevar los procesos hasta su resolución final.

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, la provincia de Colón encabeza las estadísticas nacionales de decomisos, seguida por Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. La cocaína representa cerca del 60 % de todas las sustancias ilícitas incautadas, mientras que la marihuana abarca alrededor del 39 %. También se han detectado otras drogas en cantidades menores, como metanfetaminas, THC, MDMA y compuestos sintéticos.

El comportamiento registrado mantiene la tendencia de años recientes. En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos, según cifras del Ministerio Público citados por EFE, lo que indica una continuidad en los controles y la vigilancia sobre el tráfico de sustancias ilícitas en el país.

La posición de Panamá, entre los países productores sudamericanos y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, determina la necesidad de mantener una vigilancia constante en costas, puertos, aeropuertos y fronteras. Las acciones recientes forman parte de un esfuerzo conjunto entre fiscalías especializadas y fuerzas de seguridad para evitar que el país sea utilizado como corredor para el tráfico de drogas.

Las autoridades de Panamá imputaron este domingo a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta participación en una red que manipulaba el sistema tributario estatal para eliminar registros de cuentas millonarias ya saldadas por contribuyentes, según informó la agencia de noticias EFE, con base en datos del Ministerio Público panameño. El caso llamado Operación Pandora expone uno de los esquemas de corrupción de los últimos años en la administración fiscal del país centroamericano.

De acuerdo con el reporte de EFE, la investigación señala que los implicados, en su mayoría vinculados a la Dirección General de Ingresos (DGI), alteraban el sistema electrónico de gestión tributaria para hacer desaparecer pagos realizados por grandes contribuyentes. Esta acción permitía que los créditos fiscales quedaran como pagos no aplicados, lo que abría la posibilidad de venderlos posteriormente a una entidad crediticia local y obtener beneficios económicos ilegítimos.

El Ministerio Público destacó que 13 de los detenidos permanecen bajo detención provisional, mientras que los tres restantes continúan en arresto domiciliario. Los delitos atribuidos incluyen crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. EFE detalló que la investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.

La operación incluyó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde las autoridades incautaron equipos tecnológicos y documentación para las pesquisas. La Fiscalía explicó que la estructura utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para borrar registros de obligaciones fiscales ya canceladas. Al quedar los montos como pagos pendientes dentro del sistema, estos créditos podían ser comercializados a entidades financieras, generando un circuito de ganancias ilegítimas.

Cómo operaba la red

Según la nota de EFE, la red estaba integrada tanto por funcionarios actuales como por particulares. Las pesquisas apuntan a que algunos de los involucrados recibían pagos adicionales a sus salarios a cambio de realizar los ajustes internos requeridos para concretar la manipulación. Las autoridades panameñas subrayaron que la operación responde a una estrategia de largo plazo para combatir el uso indebido del sistema tributario y el desvío de recursos públicos.

El caso, conocido como Operación Pandora, se suma a una serie de investigaciones que tienen bajo escrutinio a la DGI desde hace tres años. Según información del propio Ministerio Público, la manipulación informática en el sistema E-Tax no solo permitía eliminar registros de pagos, sino también trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, aumentando el potencial de perjuicio para el Estado.

El impacto económico y los antecedentes

El impacto económico del fraude ha sido evaluado en auditorías internas con un rango estimado de entre USD 40 y USD 80 millones, una cifra que supera ampliamente los primeros cálculos oficiales. EFE subrayó que, aunque la denuncia inicial surgió en 2024, las investigaciones sobre la administración tributaria panameña han derivado en otros operativos, como la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, ambas enfocadas en la creación y cesión irregular de créditos fiscales.

Las autoridades mantienen la investigación bajo reserva mientras continúan el análisis de la evidencia tecnológica y documental recopilada en los allanamientos. De acuerdo con EFE, la Fiscalía evalúa nuevas líneas de indagación que podrían incluir a empresas intermediarias y familiares de los implicados. El Ministerio Público reiteró que el caso es parte de un esfuerzo para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión tributaria del país.

Panamá reúne condiciones únicas para convertirse en un centro regional de inversión y comercio gracias a su plataforma logística, su conectividad aérea y marítima, su centro financiero y su ubicación estratégica.

No obstante, esas fortalezas deben traducirse en una política de Estado que permita atraer inversión de mayor valor agregado e integrarse con mayor fuerza a las nuevas cadenas globales de valor.

La advertencia parte de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), en un reciente conversatorio sobre Panamá como hub logístico y plataforma de comercio e inversión en el marco del Mercosur.

“El contexto internacional está cambiando rápidamente y Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como un puente entre regiones, siempre que actúe con visión estratégica y fortalezca su competitividad”, señaló Giulia De Sanctis, presidenta del gremio.

Durante el conversatorio, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, señaló que la adhesión al bloque amplía el horizonte económico de Panamá, históricamente orientado hacia Estados Unidos y Europa, y fortalece la integración con América del Sur.

Explicó que el siguiente paso debe ser atraer empresas del Mercosur para que establezcan operaciones en el país, aprovechen su conectividad y utilicen a Panamá como plataforma para atender otros mercados.

Desde 2024 Panamá mantiene la condición de Estado Asociado del Mercosur, que en determinados casos puede representar un paso previo hacia una eventual incorporación como miembro pleno.

Al convertirse en Estado Asociado del bloque comercial y económico del Mercosur, al país se le abren grandes oportunidades comerciales para atraer inversión, fortalecer la producción nacional y ampliar el acceso a un mercado de 271 millones de habitantes.

Se trata del primer país fuera de la región de Suramérica en adquirir la condición de Estado Asociado del Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que juntos representan la quinta economía más grande del mundo con un mercado de 271 millones de habitantes. El Mercosur fue creado en 1991 por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

“Nuestro reto es convertir esta integración en inversión, producción y empleo”, señaló Hoyos, al destacar que Panamá debe aumentar su participación en las cadenas regionales y globales de valor mediante el fortalecimiento de su capacidad industrial y productiva.

El viceministro recordó que en 2025 las exportaciones panameñas de servicios alcanzaron $20,194 millones, un crecimiento interanual de 9.8%, mientras que las exportaciones de bienes sumaron $1,292.6 millones.

De igual manera, destacó que Panamá es el mayor exportador de servicios per cápita del continente americano y el cuarto país de América Latina en exportaciones totales de servicios, solo por detrás de Chile, Brasil y México.

El conversatorio, informó la Apede, forma parte de la agenda preparatoria de la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, que el gremio celebrará próximamente y que contará con la conferencia magistral de Nicolás Albertoni, investigador del Georgetown University Americas Institute.

Albertoni analizará cómo los cambios geopolíticos están redefiniendo el comercio internacional y las oportunidades que estos representan para Panamá en su relación con el Mercosur.

La posición geográfica de Panamá, sumada a su conectividad aérea, marítima y logística, le permite convertirse en un actor clave dentro de la integración regional y en una plataforma ideal para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro internacionales, había dicho con anterioridad Ricardo Partal, exasesor del Mercosur y presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, durante un conversatorio organizado por la Apede en mayo pasado.

Partal detalló ventajas competitivas del país, como el Canal de Panamá, el hub aéreo de Tocumen, los servicios logísticos y financieros, además de regímenes especiales como SEM y EMMA, herramientas que, según dijo, fortalecen el posicionamiento del país como destino atractivo para empresas internacionales.

El fortalecimiento de la Zona Libre de Colón es una tarea de múltiples instituciones, una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado.

Esto lo afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, luego de que un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), señalara supuestas vulnerabilidades del país frente al comercio ilícito.

Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, manifestó esta semana que Panamá ha mostrado avances respecto al índice anterior y que actualmente figura como el segundo país de mejor desempeño en Centroamérica en materia de resiliencia frente al comercio ilícito.

No obstante, advirtió que aún persisten importantes vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías, el comercio electrónico y el movimiento de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

La regulación de las zonas francas, añadió Hardy, continúa siendo una de las principales debilidades detectadas por la organización en Centroamérica y sostuvo que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en el comercio internacional, debe continuar fortaleciendo sus controles, la gestión de riesgos y la cooperación entre el sector público y privado.

Ante este planteamiento, las autoridades nacionales rechazaron “categóricamente” cualquier intento de presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que esa narrativa “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional".

El planteamiento gubernamental fue más allá al señalar que las incidencias de actividades ilícitas representan apenas el 0,00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de $25.000 millones anuales, por lo que, a su juicio, se trata de casos aislados y no de una práctica sistemática.

Por su parte, la Cámara de Comercio recuerda que la Zona Libre de Colón es uno de los principales activos estratégicos de Panamá. Su capacidad histórica de casi ocho décadas para conectar mercados, generar empleo y atraer inversión la convierte en una pieza esencial de nuestra plataforma logística y comercial.

En su publicación semanal, avalada por su presidente Aurelio Barría Pino, el organismo empresarial sostiene que para lograr su competitividad la institución avanza en acciones concretas, entre las que cita la creación de la primera Oficina de Cumplimiento, la certificación de auditores BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001, la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas, que aduce unen la gobernanza, la transparencia, la trazabilidad y la mejora continua.

El gremio de los comerciantes también menciona la coordinación permanente con la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Ingresos y otras entidades, lo que fortalece la seguridad y la confianza.

A ello, agrega, se suman el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, los sistemas inteligentes de control y la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para impulsar la capacidad de inspección mediante tecnología de última generación.

“La actualización que hoy experimenta la Zona Libre de Colón la moderniza, la diversifica y la conecta con las nuevas demandas del comercio global. Al mismo tiempo, amplía las oportunidades para aprovechar la integración económica regional y fortalecer las relaciones comerciales con mercados estratégicos, incluyendo los países del Mercosur", anota.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá puntualiza que continuará siendo una aliada permanente de esta transformación, alegando que la ruta es clara: inversión, tecnología, institucionalidad y trabajo conjunto.

De abril a junio del año en curso en Panamá se ha frenado la entrada de un total de 1,097 insectos y otras plagas asociadas al movimiento de mercancías importadas.

La labor, a cargo de Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se ha desarrollado en los puertos, aeropuertos, fronteras y otros puntos de ingreso del país.

Durante el período de referencia se analizaron 4,828 muestras de productos destinados al consumo, 3,293 muestras de otros productos y subproductos no destinados al consumo, según la información oficial.

Se detalla que se registraron 988 intercepciones de insectos en muestras de productos para consumo, 49 intercepciones en muestras de productos no destinados al consumo, y 60 intercepciones en artículos reglamentados, lo cual incluye principalmente a los contenedores y embalajes de madera.

También fueron analizadas otras 1,072 muestras, las cuales procedían de trampas colocadas dentro del área de vigilancia que está establecida en la Zona de Protección Fitozoosanitaria.

Entre las detecciones de mayor relevancia registradas durante este trimestre se reportó una especie de trips, procedente de Ecuador, considerada una plaga cuarentenaria de categoría A1.

La categoría A1 suele utilizarse para identificar plagas cuarentenarias no presentes en el país.

Los trips son insectos pequeños de cuerpo alargado que pueden alimentarse de tejidos vegetales y transmitir virus fitopatógenos, por lo que muchas especies del grupo tienen importancia económica directa e indirecta.

Pueden afectar una amplia gama de cultivos hortícolas, florícolas y frutales, provocando daños directos por alimentación e indirectos por transmisión de virus.

Si la plaga encontrara condiciones favorables en Panamá y se estableciera sin un control efectivo, podría traducirse en pérdidas de rendimiento y en un incremento en el uso agroquímicos, y eventualmente en restricciones de acceso a ciertos mercados internacionales para productos sensibles o provenientes de zonas afectadas.

En total, las cifras oficiales reflejan la magnitud del flujo de comercio de productos agropecuarios que regularmente ingresan a Panamá, y al mismo tiempo ponen en evidencia el alto volumen de trabajo que diariamente desarrollan las autoridades de Cuarentena para garantizar la protección fitosanitaria nacional.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario aclara que la mayoría de los organismos detectados no correspondieron a plagas categorizadas como de interés cuarentenario.

Esto, entendiendo que las plagas cuarentenarias son aquellas que no están presentes en el país, o cuya distribución es limitada, y que pueden ocasionar importantes pérdidas económicas, restricciones comerciales o impactos significativos en la producción agrícola, en el caso de que estas logren establecerse en el territorio nacional.

Por esta razón, su detección temprana constituye una prioridad para los sistemas de vigilancia fitosanitaria.

Desde el ángulo técnico, la detección de una plaga cuarentenaria A1 exige una cadena de decisiones que va desde el manejo inmediato de la mercancía interceptada hasta la revisión de los protocolos de inspección para determinados productos.

Por ejemplo, si la especie de trips está asociada a material de propagación vegetal (como esquejes, plantas en maceta o semillas), podría plantearse la necesidad de intensificar las inspecciones de este tipo de mercancías, aumentar el tamaño de las muestras o incluir herramientas de diagnóstico molecular para confirmar la identidad de los organismos.

Pero si el hallazgo se vincula a productos agrícolas frescos, los ajustes podrían orientarse a requisitos de tratamiento previo, certificaciones fitosanitarias más estrictas o incluso restricciones temporales sobre la importación de determinados rubros.

La Alcaldía del distrito de Panamá modificó el pliego de cargos de la licitación para el servicio de alumbrado navideño de 2026, introduciendo cambios que flexibilizan algunos de los requisitos financieros y operativos exigidos a las empresas interesadas en participar.

Las modificaciones fueron incorporadas mediante una adenda al acto público de mejor valor para el proyecto, cuyo precio de referencia asciende a 3.3 millones de dólares y contempla la iluminación y ambientación de 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito de Panamá.

Los ajustes se producen pocas semanas después de que la Alcaldía publicara la licitación, cuyo presupuesto representa un incremento de 500.000 dólares respecto al contrato adjudicado en 2025 por 2,8 millones de dólares a la empresa Disaroca Group, S.A., equivalente a un aumento cercano al 18 %.

Uno de los cambios más relevantes modifica la forma en que los proponentes podrán demostrar su solvencia económica. El pliego original exigía una referencia bancaria que acreditara depósitos en cuentas corrientes, de ahorro o depósitos con un saldo mínimo de seis cifras.

Con la adenda, la Alcaldía amplió ese requisito y ahora también aceptará que las empresas acrediten ese respaldo mediante líneas de crédito, siempre que estas sean emitidas por bancos reconocidos por la Superintendencia de Bancos o por entidades financieras reguladas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En la práctica, el cambio abre la posibilidad de participar a empresas que cuentan con respaldo financiero a través de instrumentos crediticios y no necesariamente mantienen elevados saldos líquidos en cuentas bancarias.

La segunda modificación también reduce una de las principales barreras operativas del proceso. Inicialmente, el pliego establecía que todos los vehículos requeridos para ejecutar el contrato debían ser propiedad del proponente, quien debía demostrarlo mediante la presentación del Registro Único Vehicular.

Con la adenda, ese requisito fue ampliado. Ahora las empresas podrán utilizar vehículos propios, alquilados o adquiridos mediante contratos de leasing, siempre que presenten la documentación que respalde esas modalidades.

La flexibilización alcanza a toda la flota mínima exigida para ejecutar el proyecto, integrada por tres grúas tipo canasta, seis vehículos pick-up y un camión con dimensiones mínimas de 20 pies de largo.

Como consecuencia de este cambio, la Alcaldía también modificó el formulario oficial de disponibilidad de vehículos para incorporar las nuevas modalidades de acreditación, sustituyendo la obligación de declarar exclusivamente equipos propios por la posibilidad de presentar contratos de arrendamiento o leasing.

La licitación busca ampliar significativamente la cobertura del alumbrado navideño respecto al año anterior. El proyecto contempla la iluminación de treinta y cinco espacios públicos, incluyendo parques, avenidas, rotondas, isletas y áreas emblemáticas distribuidas en los 26 corregimientos del distrito capital.

Entre los sitios incluidos figuran Plaza Catedral, Parque Santa Ana, Parque Porras, Parque Urracá, las cuatro zonas de la Cinta Costera, la Cinta Norteña, la Avenida 12 de Octubre, la Rotonda de Chanis y el edificio Hatillo, donde se instalará el árbol principal de Navidad.

La programación oficial establece que los trabajos deberán comenzar en octubre de este año, mientras que el encendido general está previsto para el 29 de noviembre. La iluminación permanecerá operativa hasta el 31 de enero de 2027.

El contrato también exige el diseño, alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos decorativos, además de la colocación de al menos veinte estructuras tridimensionales con una altura mínima de cinco metros.

Durante la etapa de homologación participaron Disaroca Group, S.A., empresa que ejecutó el alumbrado navideño de 2025, y Rieva Group, que también manifestó interés en competir por el contrato.

La adjudicación se realizará bajo el criterio de mejor valor, por lo que la evaluación no dependerá únicamente del precio ofertado. El pliego establece que los participantes deberán acreditar experiencia en proyectos de iluminación decorativa de gran escala, capacidad financiera, personal especializado, equipos y cumplimiento de los requisitos técnicos, mientras que la propuesta económica representará cuarenta puntos dentro de una evaluación total de 100.

Con el presupuesto previsto para este año, la inversión municipal destinada al alumbrado navideño entre 2022 y 2026 alcanzaría aproximadamente 12.29 millones de dólares, sin incluir 2024, cuando la decoración fue financiada mediante patrocinio privado.

Cambiar de trabajo parece haberse convertido en una práctica cada vez más frecuente en Panamá. Solo en mayo, 9.831 trabajadores presentaron su renuncia, la cifra mensual más alta registrada en lo que va de 2026, mientras que, al mismo tiempo, las empresas mantuvieron un ritmo sostenido de contrataciones superior al observado durante el año pasado.

Las estadísticas preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran un mercado laboral más dinámico que el de hace un año.

Entre enero y mayo se contabilizaron 45.014 renuncias a nivel nacional, pero en ese mismo período también se registraron 77.083 nuevos contratos de trabajo, más de 12.000 adicionales respecto a los primeros cinco meses de 2025.

Aunque los datos no permiten conocer cuántos trabajadores que renunciaron consiguieron inmediatamente otro empleo, el comportamiento conjunto de ambos indicadores apunta a una mayor rotación laboral, impulsada por personas que dejan voluntariamente un puesto mientras otras ingresan al mercado formal.

El aumento de las renuncias se hizo especialmente evidente durante mayo. Después de una caída registrada en abril, cuando se notificaron 8.316 dimisiones, el indicador volvió a subir hasta alcanzar 9.831, superando incluso las 9.500 registradas en marzo.

Panamá Oeste concentra la mayor movilidad La distribución territorial muestra que la movilidad laboral no se concentra únicamente en la capital.

La zona Oeste lidera ampliamente el país con 7.420 renuncias acumuladas entre enero y mayo, seguida por Panamá Este, con 5.004, y San Miguelito, con 4.147. Más atrás aparecen Chiriquí (2.857), Panamá Norte (2.261) y Colón (2.100).

Solo esas seis regiones concentran cerca de la mitad de todas las renuncias registradas durante el año.

El comportamiento de mayo mantiene prácticamente el mismo patrón. Panamá Oeste volvió a encabezar las dimisiones con 1.707, seguida por Panamá Este (1.232), San Miguelito (1.181), Panamá Norte (622), Chiriquí (534) y Colón (502).

Para especialistas en mercado laboral, este tipo de movimientos suele estar asociado a zonas donde existe una mayor concentración de actividades comerciales, logísticas, industriales y de servicios, sectores que generan una oferta constante de vacantes y facilitan que los trabajadores cambien de empleador.

Las cifras también reflejan una diferencia por sexo. Los hombres representaron 25.559 renuncias, equivalentes al 56,8% del total, mientras que las mujeres acumularon 19.455.

Las contrataciones también aumentan A primera vista, el incremento de las renuncias podría interpretarse como una señal de deterioro del empleo. Sin embargo, las cifras del Mitradel muestran un comportamiento distinto.

Entre enero y mayo se formalizaron 77.083 contratos de trabajo, frente a los 64.829 registrados durante el mismo período de 2025, un crecimiento cercano al diecinueve por ciento. En términos absolutos, fueron 12.254 contratos adicionales respecto al año pasado.

El mayor volumen de nuevas contrataciones se registró en marzo, con 17.147 contratos, seguido muy de cerca por abril (17.138) y mayo (16.067), manteniendo un ritmo superior al observado durante los primeros meses del año.

Otro dato relevante es el crecimiento de los contratos por obra determinada. Esta modalidad pasó de 9.597 contratos entre enero y mayo de 2025 a 14.670 durante el mismo período de este año, un incremento superior al cincuenta y dos por ciento, el mayor entre los tres tipos de contratación registrados por el Mitradel.

Los contratos definidos aumentaron de 33.964 a 39.561, mientras que los indefinidos crecieron de 21.268 a 22.852. Los hombres también concentraron la mayor parte de las nuevas contrataciones, con 50.005 contratos, frente a 27.078 correspondientes a mujeres.

Aunque las estadísticas oficiales no permiten determinar cuántas contrataciones corresponden a nuevos puestos y cuántas obedecen al reemplazo de trabajadores que renunciaron, el comportamiento conjunto de ambos indicadores refleja un mercado laboral con mayor movimiento que el observado hace un año.

Por un lado, miles de trabajadores están optando por cambiar voluntariamente de empleo, especialmente en las provincias y regiones con mayor actividad económica.

Por otro, las empresas continúan contratando a un ritmo superior al de 2025, una combinación que apunta a una mayor movilidad dentro del empleo formal más que a una desaceleración del mercado laboral.

Las cifras preliminares de los primeros cinco meses del año sugieren así un escenario de transición para el mercado de trabajo panameño, donde la rotación de personal gana protagonismo al mismo tiempo que las empresas mantienen abierta la incorporación de nuevos trabajadores.

La ofensiva judicial contra exfuncionarios de la administración del expresidente Laurentino Cortizo sumó un nuevo capítulo, cuando una jueza de garantías ordenó la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.

La decisión fue adoptada por la jueza Irene Cedeño durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde concluyó que la privación de libertad era la medida cautelar más adecuada debido a la gravedad del delito investigado y a la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga y la posible desatención del proceso.

Antes de resolver sobre la medida cautelar, la jueza legalizó la aprehensión y una diligencia de vigilancia y seguimiento, además de admitir la formulación de cargos presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del exfuncionario anunció recurso de apelación, cuya audiencia fue fijada para el próximo veintidós de julio.

Una auditoría detectó un patrimonio sin justificar La investigación comenzó el 30 de marzo de 2026, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República detectara un presunto incremento patrimonial injustificado de 1.322.234,38 dólares, correspondiente al período en que Araúz dirigió la Autoridad Marítima de Panamá, entre julio de 2019 y junio de 2024.

De acuerdo con las pesquisas divulgadas previamente por las autoridades, los auditores concluyeron que el exadministrador habría manejado más de 2.35 millones de dólares entre inversiones, cuentas bancarias, desembolsos y otros activos, mientras que los ingresos legalmente sustentados ascendían a poco más de un millón de dólares, diferencia que dio origen al proceso penal.

La captura se produjo el pasado 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando Araúz regresaba al país procedente de Asunción, Paraguay, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el cuatro de junio por la Fiscalía Anticorrupción.

Como parte de la investigación también fueron decretadas medidas cautelares de secuestro sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, depósitos y otros activos hasta por el monto de la presunta lesión patrimonial, con el propósito de garantizar una eventual recuperación de recursos públicos.

Aunque el proceso penal está relacionado exclusivamente con un supuesto enriquecimiento injustificado, la gestión de Araúz al frente de la AMP permanecía bajo escrutinio público desde mucho antes.

Durante su administración, la entidad reconoció la extensión automática de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión generó fuertes cuestionamientos porque el acto administrativo fue reconocido sin el refrendo previo de la Contraloría General, requisito previsto por la legislación panameña para este tipo de contratos.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la prórroga al concluir que el procedimiento utilizado incumplió las exigencias legales, convirtiéndose en uno de los casos administrativos más controvertidos del gobierno de Laurentino Cortizo.

Si bien esa controversia no forma parte del expediente por enriquecimiento injustificado, volvió a colocar el nombre de Araúz en el centro del debate público por el manejo de uno de los activos logísticos más estratégicos del país.

Más exfuncionarios bajo investigación

La decisión judicial coincide con una nueva comunicación de la Contraloría General de la República, que esta semana informó que continúa remitiendo al Ministerio Público denuncias penales derivadas de auditorías practicadas a instituciones públicas.

Entre los casos enviados a la Fiscalía figura precisamente el de Noriel Araúz, correspondiente a una auditoría cuyo informe fue concluido en abril de este año.

La lista también incluye a Publio De Gracia, quien se desempeñó como director general de Ingresos, investigado tras una auditoría concluida en mayo; y a Nadya Ríos, quien

ocupó el cargo de secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia de la República durante la administración Cortizo, cuyo expediente también fue remitido al Ministerio Público.

Asimismo, la Contraloría reportó denuncias relacionadas con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la empresa FCC Construcción, S.A., y el proyecto del mercado de mariscos de Puerto Armuelles, entre otros casos.

Según explicó la entidad fiscalizadora, las denuncias corresponden a hallazgos detectados durante auditorías realizadas en ejercicio de sus funciones constitucionales de control posterior y fiscalización del uso de los recursos públicos.

Con la decisión de la jueza de garantías, Araúz permanecerá detenido mientras avanza la investigación, salvo que un tribunal superior modifique la medida cautelar durante la audiencia de apelación programada para el próximo 22 de julio.

El proceso buscará determinar si el incremento patrimonial atribuido al exadministrador de la Autoridad Marítima tiene una justificación legal o constituye un caso de enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.

Las reacciones al informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) sobre las vulnerabilidades de Panamá frente al comercio ilícito siguen escalando.

Luego de que el organismo internacional pusiera bajo la lupa a la Zona Libre de Colón (ZLC) y señalara que el país aún enfrenta importantes desafíos para combatir el contrabando, la falsificación y otros delitos transnacionales, el Gobierno panameño y la administración del principal centro logístico del país respondieron con contundencia, rechazando las afirmaciones y defendiendo los avances alcanzados en materia de seguridad y fiscalización.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno aseguró que Panamá rechaza “categóricamente” cualquier intento de presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado y sostuvo que esa narrativa “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional".

La Cancillería defendió que la Zona Libre constituye “un activo estratégico del Estado panameño" y uno de los principales motores económicos de la región, cuyo prestigio internacional se sustenta en el comercio legítimo, la transparencia y el cumplimiento de estándares cada vez más rigurosos

Como parte de esa defensa, el Gobierno destacó que la actual administración fortaleció significativamente los controles de seguridad mediante la incorporación de tecnología de punta, cientos de cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y nuevos mecanismos de supervisión y trazabilidad.

También afirmó que las incidencias de actividades ilícitas representan apenas el 0,00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de 25.000 millones de dólares anuales, por lo que, a juicio de las autoridades, se trata de casos aislados y no de una práctica sistemática.

El comunicado añade que la responsabilidad sobre el control de las mercancías que ingresan o salen hacia los puertos o el territorio nacional corresponde legalmente a la Autoridad Nacional de Aduanas y no a la administración de la Zona Libre, al tiempo que reiteró que Panamá mantiene una política de “tolerancia cero” contra el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra manifestación del crimen organizado.

La respuesta oficial se produjo después de la presentación del informe regional elaborado por TRACIT, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en el que participaron autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Durante esa presentación, el director general de TRACIT, Jeffrey Hardy, reconoció que Panamá ha mostrado avances respecto al índice anterior y que actualmente figura como el segundo país de mejor desempeño en Centroamérica en materia de resiliencia frente al comercio ilícito.

Sin embargo, advirtió que aún persisten importantes vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías, el comercio electrónico y el movimiento de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

Hardy señaló que la regulación de las zonas francas continúa siendo una de las principales debilidades detectadas por la organización en Centroamérica y sostuvo que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en el comercio internacional, debe continuar fortaleciendo sus controles, la gestión de riesgos y la cooperación entre el sector público y privado.

El representante de TRACIT también destacó los avances observados recientemente en Colón, incluyendo la instalación de escáneres financiados por Estados Unidos y una mayor colaboración con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Incluso adelantó que durante su visita tenía previsto reunirse con la gerente de la Zona Libre para conocer de primera mano las medidas implementadas y explorar nuevas formas de cooperación.

No obstante, el informe mantiene observaciones sobre algunos mercados ilícitos. Hardy afirmó que el contrabando de cigarrillos continúa siendo uno de los mayores desafíos para Panamá y aseguró que, según los datos analizados por la organización, hasta el noventa y seis por ciento de algunos productos de tabaco comercializados ilegalmente transitan por redes vinculadas al comercio ilícito, muchas con destino a otros países de Sudamérica.

Otra preocupación expuesta por la organización fue el crecimiento del comercio de mercancías falsificadas mediante plataformas digitales y el ingreso de pequeños paquetes desde Asia, un fenómeno que, según explicó, dificulta la labor de las autoridades aduaneras debido al enorme volumen de envíos y a la necesidad de contar con más tecnología y personal especializado para inspeccionarlos.

La Gerencia General de la Zona Libre de Colón también emitió su propio pronunciamiento. En él calificó de “excesivas, falsas e infundadas" las publicaciones que atribuyen a la ZLC la facilitación de actividades ilícitas y aseguró que dichas afirmaciones provocan un grave daño a la economía nacional.

La administración del complejo comercial informó además que sostuvo una reunión con Jeffrey Hardy y la directora ejecutiva de Philip Morris International, Gabriela Rivas, en compañía de funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, durante la cual —según la entidad— quedó en evidencia que parte de las conclusiones presentadas por TRACIT se basaban en información desactualizada, correspondiente a hechos ocurridos hace más de dos años y que ya han sido superados por la actual administración.

Asimismo, reiteró que las salidas de mercancías desde la Zona Libre hacia los puertos o el territorio nacional son competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Aduanas y no de la administración de la ZLC, por lo que rechazó cualquier intento de responsabilizar directamente al complejo comercial por esos controles.

Mientras ambas partes defienden sus posiciones, el debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos para Panamá: preservar la reputación internacional de la Zona Libre de Colón, uno de los mayores centros logísticos y de redistribución comercial del hemisferio, sin dejar de fortalecer los mecanismos de control frente a un fenómeno que evoluciona constantemente y que trasciende las fronteras nacionales.

El programa panameño que permite a extranjeros obtener residencia permanente mediante inversiones registró un nuevo salto durante el último año, impulsado principalmente por la compra de bienes inmuebles y la digitalización de los trámites.

Entre julio de 2025 y junio de 2026, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) otorgó 268 certificados de Inversionista Calificado, respaldados por inversiones que alcanzaron los 113,6 millones de dólares.

La cifra representa 75 certificaciones más que las 193 emitidas entre julio de 2024 y junio de 2025, equivalentes a un crecimiento cercano al 39%. En términos de capital, el aumento fue superior a 23,4 millones de dólares frente a los 90,1 millones registrados durante el período anterior.

El programa fue creado en 2020 como una subcategoría de residencia permanente por razones económicas. Su objetivo es atraer fondos extranjeros ofreciendo a los solicitantes y sus dependientes la posibilidad de establecerse legalmente en Panamá mediante un procedimiento migratorio especial.

No se trata, sin embargo, de una residencia gratuita ni automática. Los aspirantes deben demostrar que el dinero utilizado tiene una fuente extranjera lícita, cumplir con la inversión mínima establecida, acreditar antecedentes penales y condiciones de salud, además de presentar la documentación mediante un apoderado legal.

¿Quiénes pueden aplicar? La categoría está dirigida a personas extranjeras que realicen una inversión a título personal o mediante una persona jurídica en la que aparezcan como beneficiarios finales. La normativa vigente fija un monto mínimo general de 300.000 dólares provenientes del extranjero y mantiene distintas exigencias según la modalidad escogida.

La alternativa más accesible y utilizada es la inversión inmobiliaria. El extranjero debe aportar al menos 300.000 dólares líquidos para adquirir una propiedad en Panamá, que debe estar libre de gravámenes. Cuando el inmueble supera ese valor, el excedente puede financiarse mediante una hipoteca concedida por un banco local.

También se permite aplicar mediante una promesa de compraventa. En estos casos, el dinero puede ser administrado a través de un fideicomiso o pagado al promotor bajo condiciones adicionales de protección, incluyendo una garantía bancaria cuando la propiedad todavía no ha sido construida, segregada o inscrita en el Registro Público.

Otra opción consiste en invertir al menos 500.000 dólares en títulos valores a través de una casa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores. El compromiso debe mantenerse durante un mínimo de cinco años.

La tercera modalidad exige abrir uno o varios depósitos a plazo fijo por un mínimo de 750.000 dólares en un banco con licencia general en Panamá. El depósito también debe mantenerse durante cinco años y permanecer libre de gravámenes.

La compra de propiedades continúa dominando ampliamente el programa. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el 87,3% de las certificaciones correspondió a inversiones inmobiliarias. Los depósitos a plazo fijo representaron el 7,5% y las inversiones en valores el 5,2%.

La tendencia se fortaleció frente al período anterior, cuando los inmuebles concentraban el 85,5% de los certificados, mientras que los depósitos bancarios y los valores alcanzaban el 8,3% y el 6,2%, respectivamente.

Los solicitantes procedieron de países de América, Europa y Asia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China.

¿Qué beneficios reciben? El principal beneficio es la obtención de la residencia permanente en Panamá, sin necesidad de pasar primero por un permiso provisional. El solicitante puede incluir a su cónyuge, hijos menores de edad y, bajo determinadas condiciones, hijos solteros de entre 18 y 25 años que estudien a tiempo completo.

El trámite también exige pagos de 5.000 dólares al Tesoro Nacional y otros 5.000 dólares al Servicio Nacional de Migración por el solicitante principal. Por cada dependiente se deben pagar 1.000 dólares a cada institución, además de presentar documentos que acrediten el parentesco.

El MICI sostiene que la nueva plataforma digital ha reducido pasos, mejorado la trazabilidad y permitido duplicar la cantidad mensual de certificados. Desde la creación del régimen hasta diciembre de 2025 se habían aprobado 613 solicitudes, asociadas a inversiones acumuladas por 309,8 millones de dólares.

Aunque el Gobierno presenta el programa como una vía para captar inversión extranjera, su mayor efecto sigue concentrándose en el mercado inmobiliario. La volución reciente plantea así un doble reto: mantener controles estrictos sobre el origen y permanencia de los fondos y garantizar que la residencia por inversión produzca beneficios económicos más amplios que la sola adquisición de propiedades.

Más de dos semanas después de que dos potentes terremotos sacudieran el centro-norte de Venezuela, el país sigue enfrentando una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente.

La cifra oficial de fallecidos ya supera las cuatro mil personas, mientras miles continúan desaparecidas bajo toneladas de escombros, más de dieciséis mil personas resultaron heridas y decenas de miles perdieron sus hogares. La magnitud del desastre mantiene en incertidumbre el inicio de una recuperación que podría extenderse durante años.

Las imágenes de edificios colapsados, barrios enteros reducidos a escombros y hospitales operando al límite no solo han movilizado a la comunidad internacional. También han encendido las alarmas entre especialistas en ingeniería sísmica de América Latina, quienes consideran que la tragedia venezolana deja lecciones que países como Panamá no pueden ignorar.

Ese fue precisamente el eje de la Jornada de Ingeniería Sísmica: Avances y Desafíos en la Región, organizada por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), donde expertos de Costa Rica, México y Panamá analizaron qué aprendizajes deja el desastre y cómo pueden incorporarse a las normativas nacionales antes de que ocurra un evento similar.

Para Luis Pinzón, director de Investigación de la USMA y miembro del Comité Consultivo Permanente para el Reglamento de Diseño Estructural Panameño, el principal desafío consiste en transformar el conocimiento científico en ciudades realmente resilientes.

Durante la jornada explicó que los recientes terremotos recuerdan que el riesgo sísmico continúa siendo uno de los mayores desafíos para América Latina y que, aunque la ingeniería sísmica ha avanzado considerablemente durante las últimas décadas, todavía existe una brecha entre la existencia de reglamentos y su aplicación efectiva.

Pinzón sostuvo que el terremoto de Venezuela demuestra que no basta con disponer de buenos códigos de diseño, sino que es indispensable garantizar su cumplimiento mediante inspecciones rigurosas durante las obras, programas permanentes de evaluación de edificaciones existentes y una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes.

También insistió en que hospitales, escuelas y demás infraestructura crítica deben diseñarse para mantenerse operativos después de un gran sismo.

Una de las experiencias que más llamó la atención fue la presentada por el ingeniero Diego Hidalgo, de la Universidad de Costa Rica, quien explicó que el éxito de su país no depende únicamente de un código moderno, sino de que ese reglamento tiene fuerza de ley nacional.

En Costa Rica ninguna construcción puede obtener permisos municipales sin la aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y sin que exista un profesional responsable que asuma civilmente cualquier falla estructural. Esa obligación legal, explicó, ha contribuido a mantener relativamente bajo el porcentaje de construcciones informales frente a otros países latinoamericanos.

Hidalgo destacó además que la comisión encargada de redactar el Código Sísmico costarricense funciona de manera independiente de intereses políticos, empresariales o gremiales. Está integrada por especialistas con perfil técnico y académico, lo que facilita que los avances científicos lleguen rápidamente a la normativa utilizada por el sector de la construcción.

Desde México, el doctor Miguel Mánica, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó otro enfoque basado en tecnología.

Explicó que la Ciudad de México dispone de un sistema digital que, utilizando las coordenadas exactas del terreno donde se levantará una edificación, genera automáticamente el espectro sísmico de diseño más adecuado para ese sitio.

El investigador señaló que esa metodología permite considerar las características particulares del suelo y reducir incertidumbres que pueden afectar el comportamiento de una estructura durante un terremoto, gracias a la extensa red acelerográfica desarrollada por México tras los devastadores sismos de 1985 y 2017.

Las conclusiones de la jornada coincidieron en tres aspectos considerados fundamentales para el futuro de la ingeniería sísmica regional: continuar fortaleciendo el conocimiento sobre las amenazas sísmicas y actualizar permanentemente los reglamentos; incorporar con mayor rigor las condiciones del terreno y los efectos de sitio en el diseño estructural; y garantizar construcciones de calidad mediante el cumplimiento efectivo de las normas técnicas.

La advertencia cobra especial relevancia mientras Venezuela enfrenta una reconstrucción monumental. Según estimaciones de Naciones Unidas, los daños físicos en edificios e infraestructura ascienden a unos treinta y siete mil millones de dólares, mientras más de un millón de personas requerirán asistencia humanitaria en los próximos meses.

La remoción de escombros continúa en numerosas zonas afectadas y cientos de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Para los especialistas reunidos en Panamá, la mayor enseñanza del desastre venezolano es clara: la prevención comienza mucho antes de que ocurra un terremoto. Empieza con reglamentos sólidos, pero sobre todo con la decisión de hacerlos cumplir.

Panamá comenzó la instalación de una red geodésica de alta precisión que se extenderá a más de 20 puertos menores del país, un proyecto que busca transformar la forma en que se planifican, diseñan y ejecutan las obras marítimas y portuarias mediante el uso de referencias geográficas estandarizadas.

La iniciativa permitirá contar con mediciones más precisas para futuros proyectos de expansión, construcción de muelles, levantamientos topográficos y estudios del fondo marino, elementos clave para fortalecer la competitividad logística del país.

El primer punto de la Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de los Puertos Nacionales fue instalado en el embarcadero de Juan Díaz por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, adscrito a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

A partir de este punto comenzará la expansión progresiva de la red hacia otras terminales marítimas. Aunque se trata de una infraestructura poco visible para el ciudadano común, su impacto es determinante para el desarrollo de proyectos de ingeniería.

La geodesia es la ciencia encargada de medir con precisión la forma y dimensiones de la Tierra, así como la posición exacta de puntos sobre su superficie. Esa información sirve de base para elaborar mapas, definir coordenadas oficiales y garantizar que todas las mediciones se realicen bajo un mismo sistema de referencia.

En términos prácticos, un punto geodésico funciona como una “marca oficial” desde la cual pueden realizarse mediciones exactas. Ingenieros, topógrafos, arquitectos y constructores utilizan estas referencias para que los planos, diseños y obras coincidan con precisión, evitando diferencias que puedan generar errores durante la ejecución de un proyecto determinado.

En el sector marítimo, esta tecnología cobra especial importancia porque permite desarrollar levantamientos topográficos y batimétricos —estos últimos destinados a medir la profundidad y el relieve del fondo marino—, además de calcular con exactitud los calados disponibles para las embarcaciones.

También facilita el diseño de nuevos puertos, ampliaciones de muelles, dragados, accesos viales y otras infraestructuras vinculadas a la actividad logística.

La instalación de esta red forma parte de un acuerdo de cooperación suscrito entre la AMP y el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, con una vigencia inicial de cinco años, prorrogables.

Durante ese período se irán incorporando nuevos puntos geodésicos en distintos puertos del país para conformar una base técnica uniforme que respalde los proyectos marítimos nacionales.

Tomás Álvarez, del Departamento de Ingeniería Portuaria de la AMP, explicó que esta herramienta permitirá disponer de información técnica confiable para apoyar la planificación y ejecución de proyectos en puertos, muelles, accesos terrestres y demás infraestructuras relacionadas con el sistema logístico panameño.

Uno de los principales beneficios de la iniciativa es que la información generada estará disponible no solo para las instituciones públicas, sino también para empresas constructoras, desarrolladores, consultoras, operadores logísticos e inversionistas que requieran datos geoespaciales de alta precisión para diseñar o ejecutar proyectos.

La existencia de una red oficial de referencia permitirá además que los estudios realizados por diferentes entidades sean compatibles entre sí, reduciendo discrepancias en las mediciones, optimizando tiempos de diseño y disminuyendo costos asociados a la corrección de errores técnicos.

El proyecto también tendrá un componente estratégico para la administración del territorio marítimo panameño. Como parte del convenio, la AMP, la ANATI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) trabajarán de manera conjunta en el mantenimiento de los monumentos geodésicos que conforman la línea base del mar territorial de Panamá.

Estas referencias son fundamentales para sustentar técnicamente las mediciones oficiales del espacio marítimo nacional y garantizar que la delimitación del mar territorial se apoye en parámetros verificables y estandarizados, de acuerdo con los estándares internacionales.

Durante el acto de instalación del primer punto geodésico, la subadministradora general de la ANATI y directora del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, Rosario Cárdenas, destacó que la implementación de esta red representa un avance en la modernización tecnológica del Estado, al facilitar el acceso a información especializada sobre cartografía, niveles de marea y calados de embarcaciones, variables indispensables para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura marítima.

La iniciativa comenzó en el embarcadero de Juan Díaz, pero el objetivo es extender la red a más de 20 puertos menores del país, creando una infraestructura geoespacial que respalde el crecimiento del sistema portuario panameño y fortalezca la posición de Panamá como uno de los principales centros logísticos de América Latina.

En una ciudad marcada por rascacielos, avenidas y un acelerado crecimiento urbano, Panamá acaba de sumar un nuevo espacio dedicado a la conservación de la naturaleza.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Patronato del Parque Natural Metropolitano inauguraron el Refugio del Bosque Tropical, un complejo ambiental que fortalecerá la protección de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental en pleno corazón de la capital panameña.

La inauguración coincide con la conmemoración del 41.º aniversario del Parque Natural Metropolitano, considerado uno de los principales pulmones verdes de la Ciudad de Panamá y reconocido por ser el único parque natural ubicado dentro de una urbe metropolitana en América Latina, una característica que lo convierte en un referente regional para la conservación de ecosistemas en entornos urbanos.

El nuevo complejo fue construido gracias a un aporte de $80.000 provenientes de la Unidad de Fideicomisos e Inversiones (UFISI) de MiAMBIENTE, al que se sumó una contrapartida de $12.702,19 por parte del Patronato del Parque Natural Metropolitano. Los acabados finales serán financiados con recursos propios del Patronato.

La nueva infraestructura integra tres componentes principales. El primero es el vivero “Las Heliconias”, diseñado para incrementar la producción de especies vegetales nativas destinadas a proyectos de restauración ecológica y paisajismo.

El segundo corresponde a un moderno invernadero hidropónico, concebido para la propagación de plantas bajo condiciones controladas y como laboratorio para actividades de investigación y capacitación.

El tercer elemento es el mariposario “Alas del Bosque”, un espacio donde los visitantes podrán conocer de cerca algunas de las especies más representativas del parque, entre ellas la morfo azul, la mariposa búho y la polidama, además de aprender sobre el papel que desempeñan los polinizadores en el equilibrio de los ecosistemas tropicales.

El proyecto también incluyó la ampliación del vivero existente, la rehabilitación integral del mariposario, la adecuación de senderos accesibles, áreas de manejo y nuevos espacios destinados a la propagación de especies, la investigación y las actividades de educación ambiental.

La obra responde al crecimiento de los programas de conservación desarrollados por el parque y al aumento de ciudadanos interesados en participar en jornadas de reforestación, rescate de flora y actividades educativas, lo que hizo necesaria la modernización de la infraestructura existente.

Más allá de esta nueva inversión, el Parque Natural Metropolitano representa uno de los activos ambientales más importantes del país. Ubicado en Ancón, a pocos minutos del centro financiero de la capital, protege más de 232 hectáreas de bosque húmedo y bosque seco tropical, un ecosistema que ha desaparecido en gran parte del territorio panameño debido al desarrollo urbano y agrícola.

Su cercanía con el área metropolitana convierte al parque en un caso poco común en la región. Mientras muchas ciudades latinoamericanas cuentan con parques urbanos, pocas conservan un bosque tropical protegido de estas dimensiones prácticamente rodeado por la ciudad, permitiendo que miles de personas tengan acceso directo a la naturaleza sin salir de la capital.

La riqueza biológica del parque también explica su importancia. De acuerdo con datos oficiales, alberga más de 630 especies de plantas y alrededor de 418 especies de vertebrados, además de ser un punto privilegiado para la observación de aves, mamíferos, reptiles e insectos.

Entre la fauna que puede encontrarse destacan perezosos, monos tití, ñeques, tucanes, trogones, gavilanes, iguanas y una gran diversidad de mariposas y otros polinizadores.

Estas condiciones han convertido al Parque Natural Metropolitano en un laboratorio vivo para universidades, científicos nacionales e internacionales, así como en un escenario permanente para investigaciones sobre biodiversidad, cambio climático, restauración ecológica y educación ambiental.

Durante los últimos años también ha cobrado relevancia como espacio para el turismo de naturaleza dentro de la propia ciudad, ofreciendo senderos interpretativos, miradores con vistas al perfil urbano de Panamá y programas de voluntariado y reforestación que involucran a estudiantes, familias y empresas.

Las autoridades consideran que el nuevo Refugio del Bosque Tropical ampliará precisamente esas oportunidades de participación ciudadana, al ofrecer instalaciones especializadas para la producción de plantas nativas, el rescate de especies vegetales y la divulgación científica dirigida a escolares, investigadores y visitantes.

El nuevo complejo abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo 15 de agosto de 2026, incorporando una nueva experiencia para quienes visitan el Parque Natural Metropolitano y reforzando el papel de esta área protegida como uno de los principales símbolos de convivencia entre desarrollo urbano y conservación ambiental en Panamá.

El 10 de julio de 1987 quedó grabado como uno de los días más oscuros de la historia contemporánea de Panamá.

Lo que comenzó como una manifestación pacífica de miles de ciudadanos vestidos de blanco terminó en una de las represiones más violentas ejecutadas por el régimen militar de Manuel Antonio Noriega, un episodio que pasó a la historia como el Viernes Negro y que, para muchos historiadores, marcó el inicio del fin de la dictadura.

Treinta y nueve años después, la fecha vuelve a coincidir con un viernes y continúa siendo recordada como un símbolo de la resistencia ciudadana frente al autoritarismo.

Aquella jornada dejó centenares de heridos, cientos de detenidos, la suspensión de las garantías constitucionales, un toque de queda y un apagón nacional que profundizó el clima de miedo en el país.

En 1987 Panamá vivía bajo el control del general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa y verdadero poder detrás del gobierno del entonces presidente Eric Arturo Delvalle.

Aunque Noriega ejercía el control desde hacía varios años, la crisis estalló un mes antes del Viernes Negro. El 6 de junio de 1987, el coronel retirado Roberto Díaz Herrera, antiguo aliado del régimen, rompió el silencio y denunció públicamente fraude electoral, corrupción, vínculos con el narcotráfico y la participación de Noriega en el asesinato del médico y opositor Hugo Spadafora.

Las declaraciones provocaron una ola de indignación nacional y dieron origen a la Cruzada Civilista Nacional, un movimiento integrado por empresarios, profesionales, estudiantes, organizaciones civiles y ciudadanos que exigían la renuncia del jefe militar y el restablecimiento de la democracia.

Un mes después, la Cruzada Civilista convocó la denominada Gran Cruzada Blanca, una movilización pacífica prevista para el viernes 10 de julio de 1987.

Miles de personas comenzaron a concentrarse frente a la Iglesia del Carmen, en la vía España. Muchos llevaban pañuelos y banderas blancas como símbolo de una protesta sin violencia.

Sin embargo, antes de que la marcha pudiera avanzar, las Fuerzas de Defensa desplegaron a la unidad antimotines conocida como los Dobermans, considerada el cuerpo de choque del régimen.

La respuesta fue inmediata y contundente. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos, disparos con perdigones, bastones y golpes para dispersar a los manifestantes. Las escenas de ciudadanos ensangrentados, mujeres golpeadas y personas detenidas dieron la vuelta al mundo y evidenciaron el nivel de represión que ejercía el régimen militar.

La jornada fue bautizada por los propios opositores como Viernes Negro debido a la violencia con la que fue reprimida la protesta y a las medidas extraordinarias que adoptó el régimen esa misma noche.

Tras la manifestación, el gobierno suspendió las garantías constitucionales, impuso un toque de queda y provocó un apagón nacional que dejó al país prácticamente paralizado.

El nombre también reflejaba el sentimiento de oscuridad política que vivía Panamá, donde la represión reemplazó al diálogo y el miedo se convirtió en un mecanismo de control social.

Las cifras del Viernes Negro continúan siendo una referencia de la magnitud de la represión.

Las reconstrucciones históricas estiman que unas 600 personas resultaron heridas, de ellas alrededor de 150 por impactos de perdigones, mientras entre 630 y 700 ciudadanos fueron detenidos durante y después de las manifestaciones.

Diversos testimonios también denunciaron golpizas, humillaciones y malos tratos contra quienes fueron arrestados por las Fuerzas de Defensa.

Aunque Noriega permaneció en el poder durante dos años más, el Viernes Negro modificó definitivamente la relación entre el régimen y la sociedad panameña.

La represión fortaleció a la Cruzada Civilista, aumentó las protestas y deterioró la imagen internacional del gobierno militar. La oposición logró articularse como nunca antes y mantuvo la presión en las calles pese a las restricciones impuestas por el régimen.

Los acontecimientos de 1987 también incrementaron el aislamiento diplomático de Panamá y prepararon el escenario para la crisis política y económica que culminaría el 20 de diciembre de 1989 con la invasión estadounidense denominada Operación Causa Justa, que puso fin al régimen de Noriega.

El exgeneral fue capturado semanas después y posteriormente condonado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Treinta y nueve años después, el Viernes Negro continúa siendo uno de los episodios más recordados de la lucha por la democracia en Panamá.

Cada aniversario sirve para recordar el costo que tuvo la recuperación de las libertades civiles y el papel que desempeñó la movilización ciudadana frente a uno de los momentos de mayor tensión política del país.

Para historiadores y protagonistas de aquella época, el 10 de julio de 1987 no fue únicamente un día de represión. Fue el momento en que una protesta pacífica evidenció el desgaste de la dictadura y abrió el camino hacia el cambio político que Panamá viviría dos años después.

Tres jóvenes permanecen desaparecidos tras dos incidentes ocurridos en las últimas horas en Panamá, específicamente, en playas del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde los equipos de emergencia mantienen operativos para tratar de localizarlos.

Los hechos se registran en momentos en que Panamá atraviesa condiciones meteorológicas adversas y permanece bajo vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleajes peligrosos, ante la influencia de sistemas de baja presión y el desplazamiento de una nueva onda tropical.

Las autoridades advirtieron que la inestabilidad podría mantenerse durante los próximos días, con especial atención sobre las zonas costeras y las áreas propensas a inundaciones.

Las labores de búsqueda se concentran en Punta Chame y Playa Canadian, en Gorgona, con la participación de unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Policía Nacional y embarcaciones particulares.

El primer caso ocurrió la tarde del jueves en Punta Chame, cuando dos hombres salieron a pescar a bordo de una panga. De acuerdo con el relato del capitán de la embarcación, entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. el manubrio del motor presentó una falla, lo que provocó que la lancha girara a gran velocidad y ambos ocupantes cayeran al agua.

Uno de ellos fue rescatado por otra embarcación que se encontraba cerca, pero Juan David Torrero Barría, de 18 años, no pudo ser localizado. Familiares y pescadores de la zona se incorporaron a la búsqueda desde que se conoció el accidente.

El segundo incidente se produjo la mañana del viernes 10 de julio en Playa Canadian, en Gorgona. Dos jóvenes, de aproximadamente 22 años, desaparecieron mientras se bañaban en el mar y, según los primeros reportes, habrían sido arrastrados por las olas.

Hasta la tarde del viernes, los equipos de rescate continuaban desplegados por mar y tierra en ambas zonas, sin que se confirmara la ubicación de los tres desaparecidos.

Los operativos en Panamá Oeste coinciden con una serie de emergencias provocadas por las lluvias y los fuertes vientos registrados entre el jueves y el viernes en distintas regiones del país.

En la provincia de Bocas del Toro, más de 65 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en la barriada Aeropuerto, ubicada en el distrito de Almirante. De acuerdo con la evaluación preliminar, el nivel del agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias, principalmente en viviendas de una sola planta.

Personal de Sinaproc se trasladó al sector para verificar los daños, recopilar información sobre las necesidades de las familias perjudicadas y coordinar las acciones de asistencia.

Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por áreas inundadas y reportar cualquier situación de emergencia, debido al riesgo de corrientes, huecos ocultos, alcantarillas abiertas o cables eléctricos caídos.

El Centro de Operaciones de Emergencias también reportó 28 incidentes ocasionados por las lluvias y los vientos durante la tarde y noche del jueves.

El balance incluyó 10 viviendas afectadas por árboles caídos, siete casas con desprendimientos de techos, cinco árboles sobre vías públicas, dos sobre vehículos, dos sobre muros perimetrales, uno sobre el tendido eléctrico y el colapso de una estructura comercial.

Al menos 38 personas resultaron afectadas, principalmente por árboles que cayeron sobre sus residencias y por los daños ocasionados por las ráfagas de viento.

La provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito concentraron la mayor cantidad de reportes. Entre los sectores impactados figuraron El Mirador, Villa Grecia, Tocumen, Alcalde Díaz, San Joaquín, Nuevo Veranillo, Monte Oscuro, Santa Marta, Barrio Boy y Pan de Azúcar.

También se registró el colapso de un letrero comercial en Tocumen y árboles caídos sobre vehículos en Coco del Mar y en las inmediaciones del estadio nacional Rod Carew.

Pronóstico mantiene lluvias y riesgo marítimo

Para los próximos días se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Azuero, Coclé y Chiriquí.

En la vertiente del Caribe se prevén episodios nubosos con lluvias aisladas en Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.

Las autoridades mantienen además una advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca en el Caribe, por lo que recomendaron suspender las actividades marítimas cuando las condiciones representen peligro.

Sinaproc pidió a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas, conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Mientras continúan las labores para encontrar a los tres jóvenes en las costas de Chame, los organismos de emergencia insistieron en evitar el ingreso al mar durante condiciones adversas, debido a que las corrientes pueden cambiar rápidamente y dificultar cualquier intento de rescate.

Las autoridades panameñas capturaron a tres hombres presuntamente vinculados con delitos sexuales durante la operación “Alba”, desarrollada en las últimas horas en Panamá Oeste, en un contexto en el que las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual mantienen una tendencia al alza en el país.

La Procuraduría General de la Nación informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en los distritos de Arraiján y La Chorrera, donde fueron aprehendidos tres ciudadanos investigados por los presuntos delitos de violación y corrupción de personas menores de edad. Durante las diligencias también fueron ubicados indicios que serán incorporados a las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los hechos que se investigan ocurrieron entre los años 2021 y 2026. Según las pesquisas, los ahora aprehendidos mantenían algún tipo de relación o cercanía con las víctimas, un patrón que suele repetirse en este tipo de investigaciones y que dificulta tanto la denuncia como el proceso judicial.

En las próximas horas los tres hombres deberán comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones.

La Policía Nacional precisó que uno de los operativos permitió además la aprehensión de un joven de 19 años al que se le decomisaron presuntas sustancias ilícitas, caso que será investigado por separado.

Las acciones judiciales por delitos sexuales también alcanzaron recientemente a la provincia de Herrera. Allí, la Personería Municipal de Ocú obtuvo la validación de un acuerdo de pena mediante el cual un ciudadano fue condenado a 110 meses de prisión —equivalentes a nueve años y dos meses— por los delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

Durante la audiencia, el sentenciado aceptó su responsabilidad, lo que permitió la validación del acuerdo por parte del juez de garantías.

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025 en el distrito de Ocú, cuando el condenado, aprovechándose de su condición de padrastro, cometió los delitos en perjuicio de una menor de edad.

Más de 2.600 denuncias en cinco meses

Las estadísticas oficiales reflejan que los delitos sexuales continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades.

Entre enero y mayo de 2026 se presentaron 2.665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá, un incremento del 14 % respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 2.339 casos.

El delito con mayor cantidad de denuncias fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1.006 casos, cifra que representa un aumento del 30 % frente al año anterior.

Le siguieron las denuncias por violación, con 887 casos, y los actos libidinosos, con 415 investigaciones. También se contabilizaron 156 denuncias por corrupción de personas menores de edad.

Las cifras muestran además incrementos preocupantes en algunas modalidades específicas. Las denuncias por corrupción de menores crecieron 32 % en comparación con 2025, mientras que las relacionadas con pornografía infantil aumentaron 52 %, según el informe estadístico del Ministerio Público.

El informe estadístico ubica a Panamá Oeste entre las áreas con mayor cantidad de denuncias acumuladas durante los primeros cinco meses del año, con 340 casos, solo por detrás de Panamá (550), Chiriquí (406) y Bocas del Toro (258). Además, la provincia registró un incremento del 12 % respecto al mismo período de 2025.

Los datos también reflejan que el Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala y Emberá, concentró 1.233 denuncias, casi la mitad de todos los casos reportados a nivel nacional.

Ante este panorama, el Ministerio Público reiteró que mantiene investigaciones activas para perseguir los delitos sexuales y reafirmó su compromiso de ejercer la acción penal con objetividad, especialmente en aquellos casos que afectan a niños, niñas y adolescentes, considerados una prioridad dentro del sistema de justicia panameño.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) inició oficialmente la transición hacia un nuevo ciclo mundialista con un mensaje claro: el proyecto deportivo debe mantenerse por encima de los cambios dirigenciales.

Tras el vencimiento del contrato del seleccionador Thomas Christiansen el pasado 30 de junio, la dirigencia confirmó que trabaja en la contratación del próximo entrenador de la selección absoluta, aunque dejó establecido que su continuidad dependerá de la decisión que adopte la nueva junta directiva que será elegida en diciembre.

La aclaración busca poner fin a las versiones que circulaban sobre una eventual continuidad automática del técnico hispano-danés o la designación de un entrenador interino para los próximos compromisos internacionales.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, confirmó que tanto el contrato de Christiansen como los de sus asistentes Javier Sánchez Jara y Cristian Vera expiraron el 30 de junio.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta a una renovación, la Federación reiteró que el entrenador forma parte de la lista de candidatos que actualmente evalúa para dirigir el siguiente proceso.

“La Federación se encuentra en un proceso de evaluación de quién debe ser ese candidato, pero debe hacer lo que es bueno para la Federación, tanto deportiva como administrativamente“, explicó Arias.

El elemento más llamativo del anuncio no fue la salida contractual de Christiansen, sino la fórmula que plantea la Federación para garantizar la continuidad del modelo deportivo sin limitar las decisiones de la administración que asumirá funciones tras las elecciones federativas previstas para diciembre.

Arias explicó que el nuevo entrenador será contratado pensando en un proyecto institucional de largo plazo, pero dejó claro que el futuro Comité Ejecutivo tendrá la potestad de ratificar o poner fin a ese vínculo si considera que debe tomar otro rumbo.

La razón, explicó, responde a un principio de gobernanza institucional. La actual administración no quiere comprometer financieramente a la próxima dirigencia ni imponerle decisiones deportivas que no compartan.

“La nueva junta directiva tendrá la decisión de escoger continuar con él o buscar otro camino", señaló Arias.

En otras palabras, la Federación no habla de un técnico interino, sino de un entrenador contratado bajo un proyecto institucional que podrá ser confirmado o reemplazado cuando cambien las autoridades.

El legado de Christiansen

Thomas Christiansen asumió la selección panameña en julio de 2020 y, durante seis años, dirigió el periodo más exitoso de la historia reciente del fútbol nacional.

En total estuvo al frente de 94 partidos, con un balance de 45 victorias, 22 empates y 27 derrotas, para una efectividad del 55.7%, la más alta entre los entrenadores que más encuentros han dirigido a la selección panameña.

Bajo su conducción, Panamá consiguió la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, apenas la segunda Copa del Mundo de su historia después de Rusia 2018.

También llevó al equipo a disputar la final de la Copa Oro 2023, alcanzó dos ediciones consecutivas del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y clasificó a la Copa América 2024, torneo en el que la selección avanzó por primera vez a los cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos en la fase de grupos.

El único lunar de su gestión llegó precisamente en la Copa del Mundo de 2026, dlonde Panamá no logró superar la fase de grupos, perdió sus tres compromisos y terminó su participación sin marcar goles.

Pese a ello, la valoración interna de la Federación continúa siendo positiva.

El director deportivo de la FPF, Jaime Penedo, aseguró que desde el área técnica existe satisfacción con el trabajo realizado por Christiansen.

“Sí estamos conformes con los resultados que ha arrojado Thomas", afirmó, aunque precisó que la comisión técnica recomendó introducir algunos ajustes, principalmente relacionados con el fortalecimiento del trabajo en las categorías inferiores.

Penedo explicó que uno de los principales activos construidos durante estos años ha sido la identidad futbolística de la selección panameña.

Recordó que, antes de contratar a Christiansen, la Federación definió primero un modelo de juego acorde con las características del futbolista panameño y posteriormente buscó al entrenador que mejor encajara con esa filosofía.

Por ello, aseguró que, independientemente del nombre del próximo seleccionador, la intención es preservar ese estilo de juego y esa metodología de trabajo.

La decisión aún tomará tiempo

Aunque la Federación reconoce la necesidad de definir al nuevo entrenador antes de los próximos compromisos oficiales, Arias descartó apresurar el proceso.

Explicó que, además del aspecto deportivo, la negociación incluye temas contractuales, financieros y comerciales que deberán quedar claramente establecidos.

Asimismo, insistió en que la institución cuenta con los recursos suficientes para contratar al técnico que considere adecuado sin afectar los programas de desarrollo del fútbol nacional, como las ligas juveniles, el fútbol base y el futsal.

Mientras avanzan las conversaciones con Christiansen y otros candidatos, la Federación intenta equilibrar dos objetivos: mantener la estabilidad deportiva alcanzada durante los últimos seis años y, al mismo tiempo, respetar el margen de decisión de la dirigencia que asumirá el control del fútbol panameño a partir de diciembre.

Panamá tiene pactado juegos amistosos para la última parte del año, por lo cual, se espera que el nuevo seleccionador ya este en su puesto para ese momento.

La decisión final definirá no solo quién dirigirá a la selección en el inicio del nuevo proceso mundialista, sino también si el proyecto más exitoso del fútbol panameño en la última década tendrá continuidad o comenzará una nueva etapa bajo otro liderazgo.

Panamá está convirtiendo una de sus mayores fortalezas —su conectividad aérea— en un motor cada vez más importante para el turismo.

El programa Panamá Stopover, impulsado por Copa Airlines junto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, cerró el primer semestre de 2026 con más de 132 mil visitantes, un crecimiento de 38% respecto al mismo periodo del año pasado, consolidándose como una de las principales herramientas para atraer viajeros internacionales que originalmente solo utilizarían el país como punto de conexión.

El resultado representa el mejor desempeño semestral desde la creación del programa en 2019 y mantiene a la iniciativa encaminada a superar la meta de 250 mil visitantes al cierre de 2026. Solo en mayo, cerca de 24 mil pasajeros optaron por hacer una parada en Panamá, el mayor registro mensual alcanzado desde el lanzamiento del programa.

El crecimiento coincide con el buen momento que vive la industria turística panameña. Entre enero y abril de este año ingresaron al país 1,285,525 visitantes internacionales, un aumento de 16.4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,104,550.

En apenas cuatro meses, Panamá recibió 180,975 visitantes adicionales, mientras que los ingresos turísticos ascendieron a 2,636.6 millones de dólares, 15% más que un año antes.

Aunque la ATP no desagrega cuánto de ese crecimiento corresponde directamente al Stopover, el comportamiento del programa confirma que se ha convertido en uno de los principales impulsores del turismo receptivo, aprovechando el enorme flujo de pasajeros que diariamente conecta a través del Hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Convertir una conexión en unas vacaciones

El Panamá Stopover funciona bajo un concepto sencillo: permite que cualquier pasajero que viaje con Copa Airlines a través de Panamá interrumpa su itinerario para permanecer en el país antes de continuar hacia su destino final, sin pagar un cargo adicional en la tarifa aérea.

En lugar de permanecer apenas unas horas dentro del aeropuerto esperando otro vuelo, el viajero puede salir, hospedarse en Panamá, recorrer el país y luego continuar su viaje utilizando el mismo boleto.

El beneficio aplica para pasajeros de toda la red de Copa Airlines, que conecta más de 80 destinos en América a través de Ciudad de Panamá. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, aseguró que el crecimiento del Stopover confirma que el país deja de ser únicamente un punto de conexión para consolidarse como un destino turístico.

Hasta hace poco la estadía máxima permitida era de siete días. Sin embargo, desde este año la aerolínea amplió ese período a 15 días, ofreciendo mayor flexibilidad para quienes desean combinar Panamá con otro destino dentro de un mismo viaje.

La medida busca aumentar la permanencia promedio de los visitantes y, con ello, el gasto que realizan en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y actividades turísticas.

El programa no solo beneficia a los pasajeros, quienes pueden conocer un destino adicional sin incrementar el costo de su boleto, sino también a la economía panameña.

Cada visitante internacional permanece actualmente un promedio de ocho días en Panamá y gasta alrededor de 2,051 dólares durante toda su estadía, equivalentes a unos 256 dólares diarios, según cifras de la Autoridad de Turismo.

Ese gasto se distribuye entre hospedaje, alimentación, compras, transporte, excursiones y entretenimiento, beneficiando a miles de empresas vinculadas con la actividad turística.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó que el verdadero valor del programa consiste en transformar la conectividad aérea del país en visitantes que permanecen y consumen dentro de Panamá.

“Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito“, señaló el ejecutivo.

Por su parte, la administradora de la ATP, Gloria De León, afirmó que el crecimiento del 38% confirma que Panamá está dejando de ser únicamente un centro de conexiones para convertirse en un destino turístico por derecho propio.

Uno de los cambios más importantes que ha generado el programa es la diversificación de los destinos turísticos.

Si bien el Canal de Panamá, el Casco Antiguo y las compras continúan entre los principales atractivos, cada vez más viajeros aprovechan la parada para visitar playas, destinos de naturaleza, experiencias gastronómicas y provincias del interior.

Uno de los casos más visibles es David, donde aproximadamente una cuarta parte de los pasajeros que llegan actualmente provienen de conexiones internacionales realizadas a través del Stopover, favorecidas además por el incremento de vuelos domésticos.

El programa también cuenta con una red de más de 80 comercios aliados, entre hoteles, restaurantes y operadores turísticos, que ofrecen beneficios exclusivos para los pasajeros que deciden permanecer en Panamá.

A ello se suma la reciente apertura de la Sala Panamá, una exhibición permanente ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen que ya ha recibido más de 80 mil visitas y busca despertar el interés de los viajeros por la cultura, la biodiversidad, la gastronomía y los atractivos turísticos del país incluso antes de salir de la terminal aérea.

Con la ampliación de la estadía permitida, una mayor oferta turística y el crecimiento sostenido de la conectividad del Hub de las Américas, Panamá apuesta a que cada vez más pasajeros dejen de ver al país como una simple escala y lo conviertan en una parte esencial de su viaje.

La transformación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en una empresa pública moderna, con autonomía administrativa, financiera y operativa, es la principal propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar uno de los mayores desafíos de Panamá: garantizar un suministro de agua potable confiable para una población que crece más rápido que la infraestructura encargada de abastecerla.

La propuesta fue presentada durante una sesión de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), donde especialistas del BID plantearon que el país necesita un cambio estructural en la forma de administrar el recurso hídrico, más allá de construir nuevas plantas potabilizadoras o ampliar las redes de distribución.

Actualmente, Panamá enfrenta una paradoja. Aunque posee una de las mayores disponibilidades de agua dulce de la región y alberga la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, la más grande del país, miles de familias continúan sufriendo interrupciones frecuentes del servicio, baja presión o ausencia total de agua potable, incluso en comunidades ubicadas a pocos kilómetros de esa instalación.

Sectores de Panamá Norte, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y otras zonas metropolitanas experimentan cortes recurrentes, mientras que el acelerado crecimiento urbano ha superado la capacidad de una red de distribución que, en muchos casos, supera varias décadas de antigüedad.

A ello se suman otros problemas estructurales como elevadas pérdidas de agua por fugas, conexiones clandestinas, una importante morosidad en el pago del servicio, limitaciones presupuestarias y una fragmentación institucional que dificulta la planificación de largo plazo.

Frente a ese panorama, el BID propone crear una empresa nacional de agua potable y saneamiento, de propiedad 100% estatal, pero con un modelo de gestión similar al utilizado por empresas públicas exitosas de otros países.

La entidad mantendría el carácter público del servicio, aunque contaría con mayor independencia para tomar decisiones técnicas, ejecutar inversiones, contratar personal especializado e incorporar innovación tecnológica.

La propuesta también contempla la adopción de estándares de gobierno corporativo, mecanismos de transparencia y sistemas de evaluación de desempeño que permitan mejorar la eficiencia operativa y financiera, alejando la gestión de los ciclos políticos y garantizando una planificación de largo plazo.

Durante la presentación, María Eugenia De la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID en Panamá, explicó que el nuevo modelo permitiría eliminar muchas de las restricciones que actualmente limitan la capacidad operativa del Idaan, fortaleciendo la prestación de los servicios tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

La especialista señaló que la transformación debe realizarse de manera gradual, mediante una hoja de ruta consensuada entre el Gobierno, la Asamblea Nacional y los distintos actores del sector, sin que ello implique una privatización del servicio, sino una modernización de su administración.

El planteamiento del BID coincide con el diagnóstico realizado por el presidente José Raúl Mulino durante su informe a la Nación del pasado 1 de julio.

El mandatario reconoció que la gestión inicial del agua “no estuvo acorde con las necesidades" del país y admitió que hubo retrasos en la ejecución de proyectos, por lo que decidió relanzar la estrategia para acelerar las inversiones.

Mulino anunció que actualmente se desarrollan 21 obras de agua potable, la culminación del Anillo Hidráulico Este, que beneficiará a cerca de medio millón de personas, la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en Barú y Panamá Este, así como la ampliación y rehabilitación de plantas existentes en ocho provincias.

El mandatario también destacó el avance de las plantas de Arraiján y Sabanitas, el desarrollo de nuevas plantas desalinizadoras y el programa Panamá sin Fugas, orientado a modernizar las redes de distribución y reducir las pérdidas de agua que afectan la presión del servicio en numerosos barrios.

Sin embargo, para los especialistas del BID, las inversiones en infraestructura deberán ir acompañadas de una reforma institucional profunda. La organización considera que Panamá necesita fortalecer la gobernanza del sector para responder a un escenario marcado por el crecimiento demográfico, la expansión inmobiliaria, el cambio climático y una demanda cada vez mayor de agua potable.

Durante el encuentro también se advirtió que la seguridad hídrica dejó de ser únicamente un desafío de infraestructura para convertirse en un factor determinante para la competitividad económica, la salud pública, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible del país.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, sostuvo que el agua debe abordarse como una política de Estado y destacó que el diálogo entre el sector público, la empresa privada y los organismos internacionales resulta indispensable para construir consensos sobre uno de los temas más sensibles para el futuro de Panamá.

Aunque la propuesta del BID requerirá un amplio debate político y técnico antes de materializarse, el organismo sostiene que el país ya no solo necesita producir más agua, sino contar con una institución capaz de administrarla con criterios modernos, sostenibles y eficientes para responder a una demanda que seguirá creciendo durante las próximas décadas.

Panamá fue escogido como sede de la XIII Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que se celebrará en 2028, una designación que reconoce el papel del país como uno de los principales refugios para estas especies en el continente, en momentos en que persisten amenazas como el saqueo de nidos, la pesca incidental, la contaminación y el cambio climático.

El anuncio se realizó durante la XII Conferencia de las Partes (COP12), celebrada entre el 30 de junio y el 3 de julio de este año en Lima, Perú, donde además se conmemoraron los 25 años de la Convención Interamericana.

Antes de la cita panameña, los países miembros volverán a reunirse en 2027 en una reunión intersesional de carácter técnico para dar seguimiento a los acuerdos adoptados y preparar las decisiones que serán sometidas a la COP13.

Durante la reunión en Perú, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que la designación “se convierte en un reconocimiento al liderazgo ecológico de Panamá en la región", mientras que la delegación panameña destacó que el encuentro permitirá fortalecer la cooperación científica y el intercambio de experiencias para enfrentar los desafíos que amenazan la supervivencia de estos reptiles marinos.

Entre los temas que serán discutidos figuran la efectividad de las políticas de conservación, el impacto del cambio climático, la pesca incidental, las enfermedades emergentes y la contaminación de las costas.

La elección no es casual. Panamá alberga cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el planeta: la baula o canal, la carey, la verde, la lora o golfina y la caguama.

Cada año miles de ejemplares regresan a playas del Caribe y del Pacífico para depositar sus huevos, convirtiendo al país en uno de los corredores biológicos más importantes de la región para estas especies migratorias.

Sitios como Isla Cañas, Playa La Marinera, Armila, Punta Chame, Playa La Barqueta, Lajas y Playa Bluff forman parte de las principales áreas de anidación del país.

Precisamente en Playa Bluff, en Bocas del Toro, técnicos del Ministerio de Ambiente reubicaron recientemente 119 huevos de tortuga carey decomisados por la Policía Nacional durante un operativo en el sector de Paunch, Isla Colón.

Según informó MiAmbiente, los huevos eran transportados ilegalmente por un ciudadano y, tras ser certificados por especialistas de la Sección de Costas y Mares, fueron sembrados nuevamente en un sitio seguro para favorecer su incubación natural y aumentar las posibilidades de supervivencia de la especie.

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) está catalogada como especie en peligro crítico de extinción a nivel mundial. En Playa Bluff también anidan la tortuga baula (Dermochelys coriacea) y la tortuga verde (Chelonia mydas), lo que convierte a esta zona en uno de los puntos más importantes para la reproducción de tortugas marinas en el Caribe panameño.

Los especialistas advierten que la extracción de huevos continúa siendo una de las principales amenazas para estas poblaciones, ya que reduce directamente el éxito reproductivo de las especies.

A ello se suman la captura incidental en actividades pesqueras, el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, la iluminación artificial en las playas, el aumento del nivel del mar y la erosión provocada por el cambio climático, factores que afectan tanto a las hembras durante la anidación como a las crías recién nacidas.

En Panamá, la protección se ha fortalecido durante los últimos años. La Ley 371 de 2023, que establece la conservación y protección de las tortugas marinas y sus hábitats, prohíbe expresamente la extracción, captura, caza, pesca intencional, comercialización, transporte, procesamiento o posesión de tortugas marinas, así como de sus huevos, carne, caparazones y cualquier otro derivado.

La legislación también reconoce el derecho de las tortugas marinas a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación y de tráfico ilegal, mientras que el Ministerio de Ambiente puede imponer sanciones administrativas de acuerdo con la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan cuando se configure un delito ambiental.

Adicionalmente, Panamá mantiene vigente la Ley 8 de 2008, mediante la cual aprobó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, así como el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2017, que establece multas por la tenencia, posesión, comercialización o consumo de productos y subproductos de tortugas marinas, incluidos los huevos y artículos elaborados con carey.

Para las autoridades ambientales, ser sede de la COP13 representará mucho más que albergar una conferencia internacional.

Será una oportunidad para mostrar los avances del país en materia de conservación, promover nuevas alianzas científicas y reforzar el compromiso regional para proteger especies que, pese a haber sobrevivido más de 100 millones de años de evolución, enfrentan hoy algunas de las mayores amenazas provocadas por la actividad humana.

En ese escenario, el combate al tráfico ilegal de huevos y la protección de las playas de anidación seguirán siendo algunas de las tareas más urgentes para garantizar la supervivencia de estos emblemáticos habitantes de los océanos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la subasta de Letras del Tesoro a 12 meses registró una demanda total de $297.07 millones, equivalente a más de dos veces el monto adjudicado en la primera vuelta.

La República de Panamá adjudicó $179.65 millones a un precio de 95.29%, compuesto por $139.77 millones en ofertas competitivas y no competitivas, en adición a $39.877 millones por el reconocimiento de intereses preferenciales.

La entidad gubernamental detalló que la operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada, con una participación diversificada de inversionistas y condiciones consistentes con el entorno de mercado.

El rendimiento de corte de la subasta cerró en 4.921% y un Rendimiento Promedio Ponderado de 4.89%.

Estos resultados, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, reflejan una adecuada recepción del mercado y una ejecución prudente de la estrategia de financiamiento de corto plazo gubernamental.

Frente a la subasta anterior, el movimiento en el Rendimiento Promedio Ponderado se mantuvo alineado con la evolución observada en los mercados internacionales y en los instrumentos de referencia de la República, preservando condiciones relativas de financiamiento estables.

El resultado, siempre de acuerdo con la entidad estatal, confirma el interés de los inversionistas por los instrumentos locales del Estado y contribuye al fortalecimiento de la curva de rendimientos doméstica. Asimismo, permite al Ministerio de Economía y Finanzas continuar gestionando de manera activa la liquidez, el calendario de vencimientos y los riesgos de refinanciamiento.

Con esta operación, el gobierno panameño reafirma su compromiso con una gestión responsable de la deuda pública, orientada a mantener acceso oportuno al mercado, optimizar el costo financiero y preservar la flexibilidad fiscal del Estado.

Por otro lado, una propuesta de ley para que la tasa de descuento por concepto de cambio anticipado del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), emitidos por el Estado no exceda del 10%, será discutida en los próximos días, una vez se instalen las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

La iniciativa permitirá proteger el patrimonio económico de los jubilados y pensionados, reduciendo la especulación financiera alrededor de dichos certificados.

Según el proponente, Javier Sucre, la medida busca garantizar tasas cambio más justas al momento de la conversión de estos certificados negociable, por parte de los beneficiarios, estableciendo un límite máximo al porcentaje de descuento de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) y Cepanim, fijándolo en un máximo del 10% de su valor.

En junio las tasas de descuento anuales establecidas por el Banco Nacional de Panamá oscilarán entre el 4.33% y el 5.00%, según el plazo de vencimiento de cada certificado negociable.

El anteproyecto estipula que el Banco Nacional de Panamá, como entidad pagadora, podrá establecer programas de redescuento, financiamiento, compra o liquidez para estos certificados, con propósito de reducir el costo financiero que asuman los beneficiarios.

Igualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá incorporar dentro del Presupuesto General del Estado los recursos necesarios para subsidiar total o parcialmente el costo financiero derivado de la negociación de estos certificados, procurando que el descuento efectivo sea el establecido en esta ley.

También, las entidades bancarias, comercios locales, casa de valores, cooperativas de ahorro y crédito y de servicios múltiples, financieras, personas jurídicas y empresas legalmente autorizadas para negociar estos certificados, deberán informar por escrito el valor efectivo que recibirá el beneficiario y el porcentaje de descuento aplicado.

Los dos primeros anteproyectos de ley que buscan reactivar la construcción e incrementar la generación de empleos fueron presentados a diversos sectores empresariales y obreros.

Una de las propuestas sugiere la modificación de la Ley 93 de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público Privado para el Desarrollo, como incentivo a la inversión privada, mientras que la segunda iniciativa de ley propone modificar algunos artículos de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.

En la búsqueda de reactivar el sector de la construcción también se está a la espera de las otras iniciativas legislativas que surjan de la Submesa Técnica de Economía e Inversión, y de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, de la Asamblea Nacional.

Mientras, las dos propuestas ya presentadas serán llevadas a consultas con las respectivas organizaciones empresariales y obreras, al igual que a las diversas instituciones gubernamentales vinculadas al tema. De recibir el aval, se les dará el trámite respectivo en materia legislativa.

“Lo importante es el avance que se ha tenido con estas sub mesas para sacar los proyectos que puedan solucionar los problemas que tiene el país y potenciar sus fortalezas, pero a través de iniciativas consensuadas”, dijo Luis Eduardo Camacho, quien lidera la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, avalada por la Asamblea Nacional.

La industria de la construcción en Panamá ha evidenciado en 2026 una recuperación que se refleja tanto en el valor de los permisos autorizados como en la superficie edificada, aunque el sector todavía no logra igualar los niveles previos a la desaceleración de los últimos años.

Según cifras de la Contraloría General de la República, el primer cuatrimestre cerró con un aumento del 43,5% en el valor de los permisos de construcción, alcanzando los $417,2 millones, un repunte que contrasta con las caídas registradas en los mismos períodos de 2024 y 2025.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha señalado que este comportamiento constituye una señal de reactivación para el sector, aunque matiza que la actividad aún se mantiene por debajo de los registros históricos de 2023.

La distribución de la recuperación muestra matices. El segmento residencial concentró el 60% del valor total de los permisos aprobados hasta abril, mientras que las construcciones no residenciales —impulsadas principalmente por proyectos comerciales, industriales y de servicios— experimentaron el mayor ritmo de crecimiento porcentual, con un avance de 104,8% respecto al primer trimestre de 2025.

La ciudad de Panamá sigue liderando la inversión, con permisos por $213,6 millones, equivalentes a más del 70% del total nacional, según detalló la Contraloría.

Otras regiones como Arraiján y los municipios de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago también reportaron incrementos, mientras que la provincia de Colón registró una caída de 18,6% en el valor de permisos.

El área total planificada para construcción aumentó 31,7% entre enero y abril, con un alza de 27,7% en proyectos residenciales y 39% en los no residenciales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Sin embargo, la producción de insumos clave como el cemento mostró una tendencia inversa. En el primer trimestre de 2026, la fabricación de cemento cayó 37,9% respecto al mismo lapso de 2025, situándose en 198.000 toneladas, el nivel más bajo desde la pandemia.

Este dato sugiere que una parte significativa de los proyectos aprobados aún no ha iniciado su ejecución efectiva, ya que la venta de cemento y el despacho de concreto premezclado también registraron descensos de 35,4% y 38,9%, respectivamente.

La Capac estima que cada dólar invertido en construcción genera 2,34 dólares en actividad económica futura, lo que refuerza el papel del sector como motor inmediato de generación de empleo formal y dinamización local. La organización proyecta para 2026 un crecimiento de entre 4% y 5% en el PIB de la construcción, impulsado por más de $11.000 millones en inversiones públicas programadas a ejecutarse en diversas regiones del país.

Cuatro cachorras de cacería fueron encontradas colgadas y sin vida en la comunidad de El Carate, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, causando consternación entre los moradores.

Conocido el hecho, policías se trasladaron al lugar junto a la juez comunitaria de paz de El Carate, donde se emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal, iniciándose las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho.

De manera preliminar, la Policía informó que existe una persona que figura como presunta sospechosa y que, según los datos recabados durante las investigaciones, sería reincidente en este tipo de casos, por lo que las autoridades desarrollan las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la Ley.

Las autoridades panameñas han registrado 683 denuncias de maltrato animal entre enero de 2025 y mayo de 2026, según datos del Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá.

Este fenómeno refleja la persistencia de situaciones de crueldad y abandono hacia animales domésticos en diferentes puntos del país, mientras la legislación nacional establece sanciones que buscan erradicar estas prácticas. Organizaciones y entes públicos insisten en la importancia de la denuncia y la protección efectiva de los derechos de los animales.

De acuerdo con el reporte publicado por la Alcaldía de Panamá, los corregimientos de Pacora y Alcalde Díaz concentran la mayor cantidad de informes sobre maltrato animal. Los casos más frecuentes incluyen animales amarrados de forma permanente, sin acceso a agua, alimento o refugio, así como situaciones de abandono, falta de atención veterinaria y condiciones insalubres.

El maltrato físico y el uso de animales para peleas también figuran entre las denuncias recibidas. El municipio detalla que las alertas provienen de ciudadanos, rescatistas independientes y fundaciones, quienes pueden canalizarlas a través de WhatsApp, correo electrónico o líneas telefónicas específicas.

La acción institucional incluye operativos recientes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Ambiente, que en julio de 2025 llevó a cabo la reubicación de más de 70 gatos encontrados en condiciones deplorables en áreas de Campo Lindbergh, Arraiján y Hato Pintado.

Durante el procedimiento, dos personas fueron detenidas y se les impusieron medidas cautelares por el delito de maltrato a animales domésticos.

En total, se rescataron más de 200 gatos y 18 perros, varios de los cuales presentaban graves problemas de salud o murieron por el abandono. La Fiscalía subrayó su compromiso de ejercer acción penal en estos casos, invitando a la ciudadanía a continuar presentando denuncias.

La Ley 70 de 2012 y su modificación por la Ley 133 de 2020 constituyen el principal marco legal para la protección de los animales domésticos en Panamá.

Según el texto legal, se sancionan conductas como el abandono, la crueldad, la zoofilia, la omisión de asistencia veterinaria, el mantenimiento en condiciones higiénicas inadecuadas y la falta de alimento o agua.

La normativa prohíbe las peleas de perros, las carreras entre animales y las lidias de toros, con excepción de actividades reguladas por leyes especiales.

El comercio de animales solo se permite bajo condiciones adecuadas y con controles sanitarios. La ley establece que toda persona debe denunciar hechos que vulneren los derechos de los animales, y las sanciones varían entre $100 y $1.000, trabajo comunitario, y en casos graves, penas de prisión de hasta 24 meses.

El artículo 15 de la Ley 70 tipifica como faltas causar lesiones o la muerte a un animal doméstico, abandonar a un animal, no proveerle alimento, mantenerlo en lugares insalubres o no brindarle atención veterinaria.

Marea Verde junto a The Ocean Cleanup programan reducir la contaminación por residuos sólidos en los ríos Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tapia y Cabra, ubicados en la ciudad capital, para interceptar los residuos que desembocan en la Bahía de Panamá.

La tarea consiste en la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de interceptación de desechos, complementados con acciones de educación ambiental y participación comunitaria para lograr la reducción de los residuos sólidos.

El impacto de la contaminación en los ríos urbanos de Panamá se manifiesta en la disminución de la calidad del agua, la proliferación de residuos y el aumento de enfermedades de transmisión hídrica.

En la ciudad, las autoridades recomiendan evitar el baño en la bahía y en áreas urbanas, debido a la presencia de contaminantes, situación verificada por organismos internacionales.

La ciudad de Panamá enfrenta un deterioro creciente en la calidad de los ríos urbanos a causa de la contaminación y la degradación de los suelos, fenómeno que compromete la seguridad hídrica y el equilibrio ambiental de la región.

Datos recientes del Ministerio de Ambiente revelan que la deforestación y las quemas agrícolas han reducido la cobertura boscosa nacional a menos del 50 %, acentuando la erosión y la sedimentación en cuencas hidrográficas estratégicas, como la del Canal de Panamá.

El acuerdo permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones para contribuir a la protección de los recursos hídricos y mejorar la calidad ambiental de las cuencas hidrográficas urbanas, promoviendo una gestión integral de los residuos antes de que estos lleguen a la bahía de Panamá y al océano.

El convenio también contempla la implementación de programas de educación ambiental dirigidos a estudiantes, organizaciones comunitarias y residentes de las áreas de influencia, con el propósito de fortalecer la cultura ambiental, fomentar la correcta disposición de los residuos y promover la corresponsabilidad ciudadana en la conservación de los ríos urbanos.

Por su parte, Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde resaltó que la alianza permitirá ampliar el impacto del proyecto Siete Cuencas y consolidar un modelo de gestión que no solo intercepta residuos antes de que lleguen al mar, sino que también genera información científica, promueve cambios de comportamiento y moviliza a las comunidades para convertirse en parte de la solución frente a la contaminación por desechos sólidos.

“La mejor manera de proteger nuestros ríos y mares es evitar que la basura llegue a ellos. Este convenio demuestra que cuando el Estado, las organizaciones ambientales, las autoridades locales y la ciudadanía trabaja de manera coordinada, es posible generar soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida de la población y fortalezcan la protección de nuestros recursos naturales.

Con el proyecto Siete Cuencas damos vamos hacia un Panamá más limpio y resiliente”, indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

En este contexto, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la gestión ambiental surgen como prioridades para garantizar la seguridad hídrica de Panamá y la salud de sus habitantes. Las acciones implementadas buscan revertir el deterioro del entorno y asegurar la sostenibilidad de los ríos urbanos ante el crecimiento de la ciudad y los desafíos del cambio climático.

La acción representa un paso estratégico para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas urbanas del país, reduciendo la contaminación de los ríos que desembocan en la bahía de Panamá. Actualmente se han intervenido tres de los siete ríos, a saber: Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández.

El ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios en Panamá no es nada nuevo. Las requisas realizadas en las cárceles dan cuenta de ello: drogas, celulares, armas blancas, e incluso de fuego, son encontradas con regularidad.

Además, las autoridades han declarado que desde las prisiones se dan las órdenes para fuera de esas estructuras cometer ilícitos e incluso atentar contra la vida de personas.

Ante esta realidad, el presidente José Raúl Mulino denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios, señalando que estos elementos entran por complicidad interna o mediante drones.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó.

El objetivo, según dijo, es impedir que desde áreas cercanas se utilicen drones para transportar o arrojar droga en las cárceles. Sobre la telefonía, explicó que se trabaja en un sistema técnico para bloquear señales en un radio determinado.

“Toda esa droga, todas esas armas, que entran a las cárceles, pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodia o sea Policía Nacional, alguien permite que eso entre, y la que cae por dron, pero también hemos elaborado y estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, reiteró.

Sobre el nombramiento de Chanan Singh, como nuevo director del Sistema Penitenciario, dijo que este cuenta con experiencia para enfrentar la crisis de organización y corrupción que hay en las cárceles.

Singh se ha desempeñado como jefe nacional de seguridad del Banco Nacional de Panamá, asesor de inteligencia de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Ricardo de la Espriella (1982-1984) y director encargado de la creación del cuerpo de seguridad de la Universidad de Panamá.

“Espero que limpie eso. Ese es un sistema que colapsó no solo por organización, sino también por corrupción”, afirmó el mandatario.

Recientemente, 195 privados de libertad protagonizaron la primera fuga masiva en el país, al evadirse del centro penitenciario La Joyita. “Alguien también dejó la puerta abierta”, apuntó Mulino.

Las declaraciones del presidente se dieron durante una visita a la atlántica provincia de Bocas del Toro donde también recorrió las instalaciones de la empresa bananera Chiquita, que de acuerdo a la nota divulgada por la Presidencia de la República se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año.

Durante la recorrido, se dijo que el mandatario constató la actividad productiva de la Finca 12, plantación de 200 hectáreas, una de las 20 zonas que se trabajan en la actualidad.

Mulino también inauguró una instalación deportiva que en esta primera fase cuenta con una Arena Multipropósito, con el edificio del Centro de Alto Rendimiento para deportes de combate, gimnasia artística y un gimnasio de pesas, así como con una piscina olímpica techada con especificaciones internacionales y capacidad para 500 personas, también cuenta con estacionamientos y obras complementarias, de acuerdo con una nota de prensa oficial.

El plan maestro, según la información, proyecta también un estadio de fútbol con capacidad para 3,000 aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías, fondas y otros espacios destinados al desarrollo integral del deporte y la convivencia comunitaria.

De igual manera, Mulino también entregó unos 125 títulos de propiedad de tierras, que benefician a 500 personas, además de 80 soluciones habitacionales.

La reciente cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Buenos Aires, dejó para Panamá mucho más que una participación protocolar.

El Gobierno aprovechó su condición de Estado asociado para sostener reuniones bilaterales con socios estratégicos, abrir formalmente las negociaciones comerciales con Brasil y promover al país como centro logístico para empresas interesadas en expandirse hacia América Latina.

El ministro Julio Moltó, quien acompañó al canciller en representación del presidente José Raúl Mulino, calificó el encuentro muy productivo y destacó que ocupar un asiento dentro del bloque regional permite a Panamá participar directamente en las discusiones económicas comerciales de una de las zonas de integración más importantes del continente.

Estar sentado en esa mesa le permite a Panamá tener voz, tener acceso a muchísima información, sobre todo de un área tan poderosa como es el Mercado Común del Sur", afirmó el ministro.

Panamá fue aceptado como Estado asociado del Mercosur en diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en alcanzar ese estatus. La reunión realizada en Brasil correspondió al segundo encuentro del bloque al que asiste el país bajo esta nueva condición.

La primera participación estuvo encabezada por el presidente Mulino, mientras que en esta ocasión la representación oficial recayó en la Cancillería y el Ministerio de Comercio e Industrias.

El Mercosur está integrado como miembros plenos por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, mientras que Panamá comparte la categoría de Estado asociado con países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.

Aunque los asociados no participan en la unión aduanera ni en el arancel externo común, sí pueden asistir a las reuniones, desarrollar acuerdos comerciales y fortalecer la cooperación económica con el bloque.

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Moltó fue el inicio formal de las negociaciones comerciales con Brasil, la mayor economía de América Latina.

El ministro explicó que el siguiente paso será trabajar junto con el sector privado y los productores nacionales para identificar los bienes con mayor potencial de exportación que podrían incorporarse a un futuro acuerdo.

“Anunciamos el lanzamiento formal de las negociaciones con Brasil y comenzaremos a trabajar de la mano de la empresa privada y del sector productivo para definir qué productos podemos incluir dentro de estos acuerdos", señaló.

Brasil representa un mercado de más de 210 millones de consumidores y constituye uno de los principales socios comerciales de Panamá dentro de Sudamérica.

La agenda panameña también incluyó encuentros con autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Paraguay. Según Moltó, los representantes emiratíes manifestaron interés en explorar oportunidades de inversión relacionadas con los proyectos estratégicos que impulsa el Canal de Panamá, así como otras iniciativas de infraestructura nacional.

“Hemos hablado con Emiratos de diferentes rubros. Están muy interesados en las inversiones, sobre todo en los proyectos que tiene el Canal de Panamá y en proyectos de infraestructura“, explicó.

El ministro añadió que también sostuvo conversaciones con su homólogo paraguayo como parte de la estrategia para estrechar los vínculos económicos entre Panamá y los países del Mercosur.

Más allá de los futuros acuerdos comerciales, el objetivo del Gobierno consiste en aprovechar la posición geográfica y logística del país para atraer empresas del Cono Sur interesadas en establecer centros regionales de distribución.

Moltó explicó que la participación en el Mercosur permite presentar directamente las ventajas competitivas del país ante gobiernos e inversionistas.

“Estas reuniones van acercando a las empresas y nos permiten exponer las bondades que tiene Panamá para que sea utilizado como plataforma y complemento para que compañías del Mercado Común del Sur se establezcan en nuestro país“, sostuvo.

Panamá busca capitalizar activos como el Canal, la Zona Libre de Colón, los puertos en ambos océanos, el centro bancario internacional y la conectividad aérea para consolidarse como un centro regional de comercio y servicios.

Durante su intervención, Moltó recordó que Panamá también mantiene avances con Argentina. Aunque el ministro no detalló los sectores específicos que formarán parte de las negociaciones, indicó que la definición se realizará conjuntamente con el sector privado, priorizando aquellas actividades con mayor potencial exportador y capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece uno de los bloques económicos más relevantes del hemisferio.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que la incorporación de Panamá como Estado asociado del Mercosur trascienda el ámbito diplomático y se traduzca en nuevos acuerdos comerciales, mayores inversiones y una utilización más intensiva de la plataforma logística panameña por parte de empresas sudamericanas.

En lo que va del año se han acelerado las quejas contra las agencias de autos nuevos y usados, sumando 146, por una cuantía de $2,067,149.90.

De la totalidad de las quejas 93 corresponden a agencias de autos nuevos, por un monto reclamado de $1,677,749.06.

El incumplimiento de garantía continúa siendo el principal motivo de las reclamaciones, con 73 casos, lo que según la entidad gubernamental representa el 78.5% del total de las quejas de vehículos nuevos, con una cuantía de $1,426,385.08.

La falta de información con ocho casos, vicio oculto con siete, incumplimiento de servicio con 3 y la devolución de dinero con un caso, así como cobro indebido, estuvieron en la vía de los reclamos presentados por los consumidores.

En cuanto a la comercialización de autos usados, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) indica en su informe que recibió 53 quejas, por un monto total de $389,400.84.

Al igual que en los vehículos nuevos, el incumplimiento de garantía encabezó las reclamaciones con 33 casos, equivalentes al 62.3% del total, por una cuantía de $290,393.28.

Le siguieron la falta de información (15 casos), incumplimiento de contrato (2), una por cláusula abusiva, al igual que por devolución de dinero y vicio oculto.

De acuerdo con la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la Acodeco solo puede atender quejas relacionadas con la venta de vehículos usados cuando estas son presentadas contra agentes económicos dedicados formalmente a esta actividad, y no en transacciones realizadas entre particulares.

Ante las quejas la entidad recomienda a los consumidores leer cuidadosamente el contrato de compra, exigir información clara sobre las condiciones de la garantía y conservar toda la documentación relacionada con la transacción, incluyendo facturas, contratos y comprobantes de pago.

Asimismo, recuerda que los consumidores pueden presentar sus reclamos a través de los canales oficiales de la institución cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.

La institución recuerda que, conforme a la Ley 45 de 2007, los proveedores de vehículos nuevos deben otorgar una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero, la cual debe constar por escrito. Si la garantía del fabricante resulta más favorable, el proveedor está obligado a respetarla.

En el caso de los vehículos usados, la normativa panameña establece una garantía mínima de seis meses o 15 mil kilómetros, también por escrito, y cualquier garantía adicional ofrecida por el agente económico debe quedar debidamente documentada.

Por otro lado, se tiene que las cláusulas abusivas en los contratos de compraventa continúan siendo el principal motivo de reclamación de los consumidores contra las empresas inmobiliarias.

Entre enero de 2020 y mayo de 2026, la entidad recibió 3,348 quejas contra este sector, por una cuantía total de $205,270,281.59, una cifra que refleja la importancia de que los compradores conozcan sus derechos antes de firmar cualquier documento.

De acuerdo con las estadísticas institucionales, las cláusulas abusivas encabezan la lista de reclamaciones, con 885 quejas y una cuantía de $119,613,791.10. Le siguen las solicitudes de devolución de dinero (765 quejas), la falta de información (643), los vicios ocultos (405), el incumplimiento de contrato (306) y el incumplimiento de garantía (225).

Para la entidad, estos resultados evidencian que muchos conflictos podrían prevenirse si los consumidores revisan cuidadosamente las condiciones contractuales, solicitan toda la información sobre el proyecto inmobiliario y aclaran cualquier duda antes de asumir un compromiso económico que, en la mayoría de los casos, representa la inversión más importante de su vida.

Las estadísticas también muestran que las inmobiliarias mantienen un lugar entre las actividades económicas con mayor número de reclamaciones.

Panamá mantiene reforzada la vigilancia epidemiológica por tosferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede parecer al inicio un resfriado común, pero que en bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas vulnerables puede evolucionar hacia cuadros graves, hospitalización e incluso la muerte.

Hasta el 6 de julio de 2026, el Ministerio de Salud confirmó 49 casos de tosferina en nueve de las quince regiones sanitarias del país.

La mayor cantidad se reporta en Panamá Metro, con 14 casos; Comarca Ngäbe Buglé, con 13; Panamá Oeste, con 7; Colón, con 6; Chiriquí y San Miguelito, con 3 cada una; mientras que Comarca Guna Yala, Panamá Norte y Panamá Este registran un caso cada una.

La doctora Yadira de Moltó, médico encargada de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas, advirtió que este año se reportó una defunción en un menor de un año, asociada a la falta de protección vacunal completa. Por ello, insistió en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para evitar complicaciones.

La tosferina, también conocida como pertussis, es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar cerca de otras personas

El problema es que muchos adultos pueden tener síntomas leves o una tos prolongada sin saber que están infectados, y transmitir la bacteria a bebés que todavía no han completado su esquema de vacunación.

La enfermedad suele comenzar con una fase parecida a un catarro: secreción nasal, fiebre leve, malestar y tos. Después de dos o tres semanas, puede aparecer una tos seca, persistente y en episodios intensos, conocida como tos paroxística.

En algunos casos, la persona termina el ataque de tos con un silbido o sonido agudo, tradicionalmente llamado “canto de gallo”, aunque la especialista explicó que ese signo ya no siempre aparece por los cambios en la presentación clínica de la enfermedad.

En adultos, la tos puede durar semanas o incluso meses. Puede provocar vómitos después de los episodios, dificultad para dormir e incluso pérdida involuntaria de orina por el esfuerzo repetido de toser. Aunque en una persona joven y sana puede pasar como una enfermedad molesta pero no necesariamente grave, el riesgo cambia por completo cuando el contagio llega a un bebé.

En los niños pequeños, la tos ferina puede causar pausas respiratorias, labios morados, vómitos, agotamiento, dificultad para alimentarse y complicaciones pulmonares. De Moltó advirtió que en menores muy pequeños no se debe esperar a que la tos dure 14 días para buscar atención médica.

Si el bebé tose, vomita, se pone morado o presenta dificultad respiratoria, debe ser evaluado de inmediato.

El Minsa recomienda que toda persona con tos persistente por más de 14 días acuda a una instalación de salud para recibir evaluación médica y, si corresponde, realizar pruebas diagnósticas. La especialista recordó que muchas personas atribuyen estos síntomas a alergias o resfriados mal curados, cuando en realidad podrían estar cursando tos ferina y transmitiéndola a personas de alto riesgo.

Para las autoridades sanitarias, un solo caso de tos ferina ya representa un brote, porque se trata de una enfermedad prevenible por vacuna. El objetivo de los programas de inmunización es evitar completamente su circulación.

Cuando se confirma un caso, los equipos de salud investigan contactos cercanos y familiares, aplican vacunación cuando corresponde y administran antibióticos para cortar la cadena de transmisión.

El esquema nacional de vacunación contempla la inmunización desde el embarazo. Las mujeres deben recibir la vacuna Tdap durante el último trimestre de gestación para transmitir anticuerpos al bebé antes del nacimiento. Luego, los niños reciben dosis a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 18 meses, 4 años y 10 años.

La lógica es clara: proteger al bebé antes de que pueda desarrollar defensas propias. Como los recién nacidos no reciben su primera dosis hasta los dos meses, dependen inicialmente de la inmunidad transferida por la madre durante el embarazo y de que las personas a su alrededor no los expongan a la bacteria.

Además de la vacunación, el Minsa reiteró la importancia de aplicar medidas de etiqueta respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con bebés, menores de cinco años, adultos mayores o personas vulnerables cuando se tiene tos permanente.

El aumento de casos no significa que Panamá haya perdido el control de la enfermedad, pero sí confirma un riesgo evidente: cuando bajan las coberturas de vacunación o se relaja la vigilancia, enfermedades que parecían casi desaparecidas vuelven a circular.

Un paciente de 89 años, con padecimientos de cáncer de riñón, fue intervenido mediante un procedimiento que permitió extirpar el tumor y preservar el órgano afectado.

La intervención se dio mediante el uso de la cirugía robótica para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad, en la Caja de Seguro Social (CSS).

Elías Bodden, jefe de Urología y coordinador de Cirugía Robótica de la Ciudad de la Salud, explicó que al paciente se le practicó una nefrectomía parcial laparoscópica asistida por el sistema robótico, una técnica que consiste en retirar únicamente el tumor y conservar la mayor cantidad posible de tejido renal sano.

Detalló que la idea es no quitar todo el riñón, sino extirpar únicamente la parte afectada por el tumor y preservar la mayor cantidad de nefronas posible para mantener una función renal adecuada.

El especialista destacó que la plataforma robótica ofrece una visión ampliada y movimientos de alta precisión, lo que facilita una disección más exacta y contribuye a mejores resultados quirúrgicos.

Entre sus beneficios indicó que se produce un menor sangrado, menos dolor postoperatorio, una menor necesidad de analgésicos y una recuperación más rápida, permitiendo al paciente reincorporarse antes a sus actividades habituales.

La Caja de Seguro Social ha incorporado tecnología de última generación para brindar una atención más segura, precisa y de mayor calidad a los pacientes, precisaron fuentes de la entidad.

En Panamá la cirugía robótica está disponible en la Ciudad de la Salud y en la occidental provincia de Chiriquí. La entidad planea incorporar próximamente un tercer sistema robótico en la ciudad de Chitré, para ampliar el acceso a cirugías de alta complejidad.

En octubre de 2025 la entidad de salud realizó en la Ciudad de la Salud la primera telecirugía robótica del país, avance que permite que un cirujano pueda operar a distancia a un paciente, utilizando un sistema robótico de alta precisión.

Durante el procedimiento, el robot quirúrgico y el paciente estuvieron ubicados en un quirófano del bloque operatorio de la Ciudad de la Salud.

A una distancia de aproximadamente 1,000 metros, en el Centro de Simulación Avanzada, se encontraban los cirujanos que controlaban el robot mediante una consola especializada, en comunicación directa y continua con el equipo dentro del quirófano.

Se realizó una prostatectomía radical robótica, mediante la cual se extirpó la próstata a un paciente de 61 años diagnosticado con cáncer.

Gracias a esta técnica mínimamente invasiva, se informó que se proyectaba que el paciente presentara un menor riesgo de incontinencia urinaria y que pudiera recibir el alta médica en menos de 24 horas, libre de cáncer, tras una cirugía más precisa y con una recuperación más rápida.

En esa ocasión la intervención estuvo dirigida por el médico Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, y su colega Vipul Patel, de Estados Unidos, reconocido como uno de los urólogos más destacados del mundo, quien estuvo de visita en Panamá para participar en ese procedimiento.

Este revolucionario avance tecnológico en el uso de robot, manifestaron fuentes de la institución de salud, marcaron y marcan el inicio de un proyecto nacional de telecirugía, con el cual la Caja de Seguro Social busca que, en un futuro cercano, especialistas ubicados en la capital puedan operar a pacientes en hospitales del interior del país, ampliando el acceso a procedimientos de alta complejidad y garantizando igualdad en la atención médica para todos los asegurados.

La captura de dos personas que figuraban entre las más buscadas por las autoridades panameñas marcó una nueva jornada de operativos policiales dirigidos a ubicar a prófugos vinculados con delitos de alto impacto. Los procedimientos realizados provincias de Panamá y Chiriquí, forman parte de la estrategia de la Policía Nacional para localizar personas requeridas por homicidio otros delitos graves.

Uno de los casos corresponde a Abraham Antolín Andrade Morales, quien fue aprehendido en el sector de Los Cántaros, corregimiento de 24 de Diciembre. El hombre era uno de los más buscados por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.

Según informó la Policía Nacional Andrade Morales era requerido por un hecho ocurrido agosto de 2024, en el que perdió la vida un menor edad Las investigaciones lo señalan como el principal sospechoso del crimen.

Tras su captura fue puesto disposición de la Fiscalía Homicidio y Femicidio del distrito de San Miguelito para continuar diligencias correspondientes.

La segunda captura se produjo en los predios de la Personería San Lorenzo en Horconcito, provincia de Chiriquí, donde unidades policiales aprehendieron a un ciudadano de 34 años que también figuraba en la lista de los más buscados.

En este caso, el hombre era requerido por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto pecuario y mantenía orden de captura y conducción emitida por la Personería Municipal.

Las autoridades indicaron que el sospechoso estaba directamente vinculado a investigaciones abiertas por el robo ganado uno de los delitos que continúa afectando a productores agropecuarios en distintas regiones del país.

A estas capturas se sumó otro caso registrado en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Luego de reportarse un homicidio cometido con arma blanca, la Policía Nacional activó diversos operativos de búsqueda e investigación para ubicar al presunto responsable.

Como resultado de estas acciones, la persona presuntamente involucrada se entregó voluntariamente a las autoridades y posteriormente fue aprehendida para quedar a órdenes del Ministerio Público.

La institución no reveló la identidad sospechoso ni mayores detalles sobre las circunstancias crimen al señalar que las investigaciones continúan bajo la dirección de las autoridades judiciales.

En otra acción desarrollada en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid unidades policiales capturaron a un ciudadano que mantenía condena vigente de 12 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado y robo agravado.

La aprehensión se produjo durante labores de seguimiento dirigidas a ubicar personas condenadas que permanecían fuera del alcance justicia.

El hombre fue remitido autoridades competentes para hacer efectiva sentencia impuesta por los tribunales.

Mientras continúan las capturas de personas requeridas por homicidio, el Sistema Penal Acusatorio también registró una nueva condena en la provincia de Chiriquí.

El juez de garantías Erick Javier Polanco González validó un acuerdo de pena mediante cual un ciudadano de 25 años fue condenado veinte años de prisión por homicidio agravado y robo agravado.

La sentencia establece una pena de 14 años por el delito homicidio y seis años por robo agravado. Además, el condenado tendrá prohibido portar armas durante cinco años una vez cumpla pena principal.

La causa se originó por un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2021 en la barriada Loma Colorada distrito de David.

De acuerdo con la investigación Ministerio Público, la víctima fue atacada con arma fuego frente a su residencia y posteriormente despojada bolso que contenía dinero en efectivo y billetes lotería premiados.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta de la Sección de Homicidios, Lourdes Sánchez representó al Ministerio Público, mientras que el sancionado estuvo asistido por su defensor particular.

Continúa la búsqueda de los fugados de La Joyita

Las capturas ocurren mientras las autoridades mantienen activos los operativos para localizar a los 10 privados libertad que aún permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada el 1 de junio en el centro penitenciario La Joyita uno de los episodios más graves ocurridos en el sistema carcelario panameño en los últimos años.

En aquella fuga escaparon 195 reclusos, de los cuales la mayoría ha sido recapturada. Sin embargo, la operación también dejó tres privados de libertad muertos durante los operativos búsqueda y desencadenó fuertes cuestionamientos sobre las fallas seguridad que permitieron la evasión masiva.

Hasta la fecha, las autoridades no han explicado con claridad cómo fue posible que se produjera una fuga de esa magnitud.

La crisis derivó además en cambios dentro del Sistema Penitenciario Nacional. El entonces director Jorge Torregroza dejó el cargo y fue reemplazado por Chanan Singh quien asumió la dirección con la misión de fortalecer seguridad en los centros penitenciarios.

Singh, con experiencia en el ámbito militar y de seguridad, ha anunciado una reorganización sistema penitenciario enfocada en recuperar el control de las cárceles reforzar los protocolos de vigilancia y restringir las actividades ilícitas dentro de los penales.

El Ministerio de Gobierno modificó el pliego de cargos de la licitación para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas, uno de los proyectos penitenciarios más ambiciosos del Ejecutivo, cuyo precio de referencia asciende a $85 millones.

La adenda número uno cambia la fecha de presentación y apertura de propuestas originalmente estaba fijada para el 14 de julio de 2026 a las 10:00 a.m.

Con la modificación, el acto público fue trasladado para el 28 de julio de 2026 a la misma hora, dando a las empresas interesadas dos semanas adicionales para ajustar sus ofertas a los nuevos requisitos incorporados al pliego.

El aplazamiento responde una serie de observaciones planteadas durante la reunión previa y de homologación, en la que participaron doce empresas interesadas en competir por el contrato. Las consultas se concentraron en los requisitos financieros, la experiencia técnica, el personal profesional, el diseño arquitectónico, alcance obra y las especificaciones del futuro complejo penitenciario.

Uno de los primeros cambios aparece estados financieros exigidos a los proponentes. El pliego mantiene la obligación de presentar estados financieros de los años 2023, 2024 y 2025, auditados por contador público autorizado, pero introduce una precisión importante: cuando estos documentos hayan sido auditados en el extranjero, deberán ser verificados por un contador público autorizado con idoneidad vigente para ejercer en Panamá.

Además, se exige certificación apostillada legalizada que demuestre que el auditor extranjero está habilitado en su país de origen.

La adenda también ajusta el requisito financiamiento. El pliego había establecido la presentación de una carta de intención de financiamiento bancario por el monto total de la obra.

La nueva redacción precisa carta debe estar dirigida al Ministerio de Gobierno y ser emitida con fecha posterior a la publicación del pliego por un banco o institución financiera homologada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, o por una entidad regulada organismo correspondiente en su país de origen.

En materia de experiencia empresarial, el cambio es más sustancial. El pliego original exigía tres cartas de experiencia que demostraran capacidad técnica en proyectos similares. La adenda amplía ese requisito a seis cartas de experiencia en diseño y construcción, con al menos tres relacionadas proyectos similares de alta complejidad.

También introduce una definición más amplia de obras comparables: centros penitenciarios y correccionales, proyectos de alta seguridad, edificios comerciales, institucionales, aeroportuarios, centros educativos, hospitales, centros comerciales, observatorios proyectos que incorporen tecnología y sistemas operativos especializados.

El documento aclara además que no aceptarán certificaciones en las que el proponente haya ejecutado únicamente el proyecto como subcontratista. En el caso de consorcios o asociaciones accidentales, el requisito podrá ser cumplido por uno de sus miembros, pero se mantiene la exigencia acreditar experiencia real y verificable.

Otro bloque relevante modificaciones recae sobre el personal técnico. El Ministerio ajustó los perfiles del diseñador arquitectónico, profesional de cálculo o diseño estructural, gerente de proyectos y profesional residente.

Para estos cargos exige experiencia en el sector público o privado durante los últimos quince años y participación en proyectos similares como centros penitenciarios, centros de alta seguridad, hospitales, centros educativos, policiales, comerciales, institucionales, oficinas, bibliotecas, estadios aeropuertos nacionales e internacionales.

La adenda también incorpora validaciones adicionales. Los profesionales deberán presentar copia de idoneidad emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, títulos universitarios, cartas de responsabilidad y documentos que certifiquen participación en obras previas. Para extranjeros residentes, se exige carné vigente.

En el componente técnico, Ministerio modificó el apartado sobre diseño arquitectónico y planes. La propuesta deberá incluir un anteproyecto arquitectónico que contemple dormitorio, cocina, comedor, talleres, aulas, áreas deportivas, salud, administración, servicios generales y otros espacios. El complejo está concebido para atender miles de preliberados, custodios y personal administrativo.

El documento también precisa criterios circulación, accesibilidad universal, sistemas constructivos, materiales, eficiencia energética, ventilación natural, iluminación LED y soluciones pasivas para ventilación e iluminación. Además, se exige entregar memorias descriptivas del proyecto, del sistema constructivo, de los sistemas y del equipamiento, junto con planos, elevaciones, secciones, ampliaciones y renders.

El centro estará ubicado en Las Garzas, distrito de Panamá, provincia de Panamá, dentro del polígono penitenciario donde actualmente funcionan La Joya, La Joyita y Nueva Joya. También se indica que el acceso principal será preferiblemente por una vía existente que comunica con la cárcel de mujeres, aunque el contratista deberá evaluar una ubicación más conveniente.

El proyecto contempla edificios residenciales para preliberados de hasta tres niveles, edificio administrativo y de control, áreas educativas y de formación técnica, espacios deportivos recreación, salud y terapia, además de instalaciones para custodios y servicios generales.

En cuanto equipamiento operación, pliego ajustado establece que el área de alimentación deberá contar con cocina industrial central y comedor colectivo para atender 2,500 personas en tres turnos. También redefine áreas deportivas culturales, incluyendo canchas multiuso techadas, cancha sintética, áreas de gimnasio, oración y servicios sanitarios.

La licitación sigue siendo clave en medio de la presión que enfrenta el sistema penitenciario panameño, marcado por el hacinamiento y por la necesidad de avanzar hacia modelos de resocialización menos centrados en el encierro tradicional y más orientados la formación, trabajo y la reinserción.

El Gobierno de Panamá comenzó una nueva etapa en el análisis sobre el futuro de la mina Cobre Panamá al incorporar a las autoridades locales de las comunidades más impactadas por el cierre de la operación.

La Comisión de Alto Nivel que evalúa los resultados de la auditoría integral sostuvo su primera reunión con los alcaldes de los distritos donde se ubica el proyecto minero, con el objetivo de conocer de primera mano el impacto económico y social que dejó la suspensión de actividades.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el encuentro reunió a la alcaldesa de La Pintada y a los alcaldes de Donoso y Omar Torrijos, además de los presidentes de los concejos municipales, como parte de un proceso de consultas que continuará en las próximas semanas antes de entregar un informe al presidente José Raúl Mulino.

“Escucharlos para nosotros fue vital y de suma importancia”, afirmó Moltó, al señalar que las reuniones forman parte de la recopilación de información que servirá de base para la decisión que adopte el Ejecutivo sobre el proyecto minero. El ministro adelantó que la comisión también visitará cada uno de los municipios para conocer directamente la realidad de las comunidades.

Según explicó, el objetivo es que, una vez concluido este proceso de consultas técnicas y sociales, la comisión entregue al mandatario un informe que permita tomar una decisión sustentada en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades municipales expusieron el impacto que produjo el cierre de la mina, luego de que la actividad económica se detuviera de forma repentina tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión.

“Básicamente hubo una suspensión de una actividad económica de un día para otro. Hay lugares que dependían muchísimo de esa actividad“, explicó Moltó.

De acuerdo con el ministro, los alcaldes manifestaron la necesidad de que exista una mayor atención estatal hacia estas comunidades y que cualquier actividad económica futura genere una mayor derrama de beneficios para la población local.

El funcionario indicó que también se abordaron proyectos anunciados previamente por el presidente Mulino para fortalecer la inversión pública en esas zonas, particularmente en infraestructura, salud, educación, agua potable y caminos de penetración.

Antes del cierre de la operación, los distritos de Donoso y Omar Torrijos, ubicados en el área de influencia de Cobre Panamá, tenían derecho a recibir el 15% de las regalías que el Estado percibía de la actividad minera, recursos destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo local e infraestructura.

El contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, establecía además el pago de una regalía equivalente al 2% de las ganancias brutas generadas por la explotación del cobre.

Las consultas forman parte del trabajo que desarrolla la Comisión de Alto Nivel integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El grupo analiza la auditoría integral elaborada por la firma SGS Panamá Control Services, entregada al Gobierno el pasado 19 de junio, la cual evaluó 370 compromisos ambientales, legales, laborales, fiscales y operativos asociados al proyecto minero.

El informe otorgó una calificación general de cumplimiento de 87.73%, equivalente a un nivel “Conforme – Cumplimiento Mayor/Gestionado”. Sin embargo, la revisión detallada identificó nueve compromisos clasificados como “No Conformes”, concentrados principalmente en áreas sensibles como biodiversidad, conservación de flora, restauración ecológica y reforestación.

Entre los principales hallazgos figura que la huella intervenida por la mina alcanzó aproximadamente 2,432 hectáreas, unas 330 hectáreas por encima del límite de 2,100 hectáreas contemplado en los compromisos ambientales. Asimismo, los programas de reforestación obtuvieron apenas un 45.7% de cumplimiento, la calificación más baja de toda la auditoría.

Otro aspecto señalado por los auditores fue la existencia de aproximadamente 38 millones de toneladas de material mineralizado expuesto que, bajo determinadas condiciones, podría generar drenaje ácido de roca, un fenómeno que requiere monitoreo y manejo permanente para evitar afectaciones a las aguas superficiales y subterráneas.

Pese a estos hallazgos, Moltó ha insistido en que la auditoría no representa una decisión sobre el futuro de la mina, sino un insumo técnico para ordenar el debate nacional.

“Panamá enfrenta una decisión con alcance histórico, una decisión que no se puede tomar en base a percepciones o consignas. Se tiene que tomar con datos y rigor técnico", afirmó el ministro durante la entrega oficial del informe.

La mina Cobre Panamá permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.

La decisión puso fin a la operación de una de las minas de cobre más grandes de América Latina, responsable de más del 1% de la producción mundial del metal y generadora de miles de empleos directos e indirectos, además de representar una de las principales exportaciones del país.

El fallo judicial llegó después de semanas de protestas masivas en todo el territorio nacional, impulsadas por organizaciones ambientales, movimientos ciudadanos, gremios y comunidades indígenas, que cuestionaban tanto la constitucionalidad del contrato como los posibles impactos ambientales del proyecto.

Desde entonces, el futuro de la mina continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda nacional. Mientras sectores empresariales y trabajadores defienden una eventual reactivación bajo nuevas condiciones, grupos ambientalistas mantienen su posición de que el cierre debe ser definitivo.

La comisión gubernamental continuará ahora con la ronda de consultas a especialistas, autoridades locales y otros actores vinculados al proyecto antes de presentar al presidente Mulino las recomendaciones que servirán de base para una de las decisiones económicas, ambientales y sociales más trascendentales que deberá adoptar el país.

La Autoridad del Canal de Panamá realizará pruebas para aumentar la capacidad operativa de las esclusas Neopanamax mediante una modificación que permitiría el tránsito de buques más anchos, una estrategia con la que busca incrementar la competitividad de la vía interoceánica justo cuando el fenómeno de El Niño obligará nuevamente a restringir el calado permitido de los barcos por la escasez de agua.

El anuncio fue realizado por la subadministradora y administradora designada del Canal, Ilya Espino de Marotta, quien explicó que la institución trabaja en el reemplazo de las defensas flotantes instaladas en las esclusas ampliadas con el objetivo de evaluar si es posible aumentar la manga máxima para las embarcaciones que utilizan esta ruta.

Actualmente, las esclusas Neopanamax admiten buques de hasta 51,25 metros de ancho. Con las nuevas defensas, la Autoridad del Canal espera realizar pruebas técnicas para verificar si es viable elevar ese límite hasta los 53 metros.

“Estamos haciendo un cambio de defensas flotantes en las esclusas Neopanamax para ver si podemos pasar un buque con una manga de 53 metros de ancho. Hoy en día permitimos un buque de 51,25 metros y esto responde a una solicitud directa de la industria marítima internacional“, explicó Espino de Marotta.

La futura administradora indicó que, antes de modificar permanentemente los parámetros operativos, el Canal debe comprobar mediante simulaciones que la maniobra puede realizarse con seguridad.

“Una vez terminemos ese proyecto podremos hacer una prueba, porque antes de aumentar el tamaño del buque se hacen verificaciones para asegurar la factibilidad de implementarlo de manera permanente", añadió.

La medida forma parte de la estrategia de innovación constante que ha seguido el Canal desde la inauguración de la ampliación hace diez años.

Cuando el proyecto fue diseñado, entre 2002 y 2005, los estudios estimaban que el mayor portacontenedores del mundo tendría capacidad para unos 12.000 contenedores. Sin embargo, la realidad del comercio marítimo superó ampliamente esas previsiones.

Según Espino de Marotta, gracias a la experiencia adquirida por el personal operativo y a diversos ajustes realizados durante estos años, el Canal ya ha recibido embarcaciones modernas de más de 17.000 contenedores, muy por encima de las proyecciones originales.

“Vemos cómo sobrepasamos lo que habíamos anticipado originalmente en el tamaño del buque y el tonelaje que planeábamos transportar“, señaló.

El proyecto para admitir buques más anchos avanza firmemente en un contexto complejo. La misma administración del Canal confirmó que la sequía asociada al fenómeno de El Niño obligó nuevamente a restringir el calado de las escluas Neopanamax, tal como ocurrió durante la crisis hídrica de 2023.

Espino de Marotta explicó que junio registró precipitaciones significativamente inferiores al promedio histórico, una situación especialmente preocupante porque tradicionalmente es uno de los meses más lluviosos del año.

Ante ese escenario, el Canal comenzó a aplicar restricciones mucho antes que hace tres años. Desde el 3 de julio, el calado máximo permitido para los buques Neopanamax pasó de 50 a 49,5 pies, mientras que el próximo 23 de julio disminuirá a 49 pies.

“Sabemos que vamos a seguir con restricciones de calado, pero queremos minimizar el impacto para no tener que reducir el número total de tránsitos", afirmó la futura administradora.

La proyección más exigente contempla que durante el verano de 2027 el Canal vuelva a operar con un calado máximo de 44 pies en las esclusas Neopanamax, el mismo límite que alcanzó durante la crisis de 2023 y que la industria considera el mínimo aceptable económicamente competitivo para utilizar la ruta panameña.

“Pensamos que vamos a tener que llegar a un calado de 44 pies para el verano del 2027”, sostuvo Espino de Marotta, quien aclaró que, por ahora, no se prevé reducir el tráfico de tránsitos diarios.

Las esclusas Neopanamax representan actualmente el principal motor económico del Canal de Panamá. Más del 50% de los ingresos de la vía provienen hoy de estas esclusas, pese a que el incremento en el número de tránsitos registrados desde la ampliación ha sido cercano al 25%.

Según datos presentados por la administración, el volumen movilizado pasó de aproximadamente 268 millones de toneladas antes de la ampliación a más de 511 millones de toneladas, lo que prácticamente duplicó la carga.

Por ello, ampliar ahora las dimensiones permitidas para los buques se considera una evolución natural de un proyecto que continúa adaptándose a las necesidades del comercio marítimo mundial.

La estrategia busca compensar parcialmente el impacto que tendrán las futuras restricciones de calado provocadas por la falta de agua. Mientras las embarcaciones deberán navegar con menos carga durante los periodos de sequía, el Canal apuesta por permitir el tránsito de buques de mayor capacidad volumétrica, preservando así su competitividad frente a otras rutas internacionales.

Paralelamente, la Autoridad del Canal mantiene en ejecución medidas de ahorro de agua, mejoras operativas y el proyecto del embalse de Río Indio, considerado la principal solución de largo plazo para garantizar la seguridad hídrica de la vía interoceánica y del abastecimiento de agua potable para más de dos millones de ciudadanos.

Las autoridades panameñas instalaron la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes (CNTCE).

Esta instancia dio paso igualmente a la formalización de la Subcomisión de Inteligencia Artificial (IA), creadas ambas mediante el Decreto Ejecutivo N°36 de 7 de mayo de 2026.

Se informó que estas instancias se crean para coordinar acciones que permitan al país desarrollar, adoptar y aprovechar de manera responsable las tecnologías que están transformando el mundo.

Es una estrategia gubernamental de Estado para que el país, además de jugar su rol en la región y el mundo con las ventajas logísticas y competitivas que le permite su posición geográfica, pueda estar acorde a los cambios tecnológicos globales, señaló el ministro Juan Carlos Orillac, según una nota de prensa de la Presidencia de la República.

Agrega la información que la instalación de la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes no es un trámite protocolar: es la decisión deliberada de un país que ha resuelto no quedarse a observar cómo el mundo se transforma, sino tomar parte activa en esa transformación, ya que hoy la tecnología ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un asunto de Estado.

Indicó que tecnologías como los semiconductores, biotecnología, energías renovables, la IA, computación cuántica, robótica y la ciberseguridad, entre otros, no solo definen industrias: definen la soberanía, la seguridad y la prosperidad de las naciones.

“La evidencia más concreta de esa decisión es nuestro avance en el esfuerzo para establecer en Panamá la industria de semiconductores, hoy ya respaldada por decreto y con acciones concretas. Panamá cuenta con activos que pocos países de la región pueden ofrecer juntos”.

Oficializada esta Comisión, se procedió a la instalación de la Subcomisión de Inteligencia Artificial, y dieron a conocer los representantes de las diversas entidades que la integrarán.

El ministro Orillac presidirá la CNTCE; mientras que la citada Subcomisión estará presidida por el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría.

Ortega Barría destacó el respaldo que se le ha brindado a los esfuerzos que se realizan en el país en pro de la educación, la juventud y las oportunidades para ellos, mismas que se buscan generar con el abordaje de los temas tecnológicos mencionados.

La Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes también está conformada por Lucy Molinar, ministra de Educación; Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Frank Ábrego, ministro del Seguridad; y Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores.

En tanto, la nota informativa detalla que la Subcomisión de Inteligencia Artificial la integrarán representantes de la Universidad de Panamá (UP); la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG); la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Igualmente, la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec); la ), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Secretaría Nacional de Energía; el Centro Nacional de Competitividad (CNC); la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), además de los titulares del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comercio e Industrias.

La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, actúo como testigo de honor, indica la nota oficial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que Panamá pierde cerca de 20.000 hectáreas de suelos fértiles cada año por malas prácticas agrícolas y ganaderas, lo que impacta directamente en la producción de alimentos básicos.

La pérdida de fertilidad y la compactación de los suelos disminuyen el rendimiento de los cultivos y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante sequías y lluvias intensas.

Ante esta situación, el país actualiza las cifras sobre la degradación de los suelos, cuyo porcentaje fue de 12.2% en 2015, de 16.0% en 2019 y de 15.8% en 2023, cifras que revelan la necesidad de impulsar estrategias de conservación y restauración en el territorio nacional.

Diversos estudios oficiales advierten que más del 40 % del territorio presenta actualmente algún grado de deterioro físico, químico o biológico, lo que afecta tanto la capacidad productiva como la seguridad alimentaria y la biodiversidad del país.

Los procesos de erosión, compactación, salinización y pérdida de materia orgánica se aceleran por el uso inadecuado de la tierra, el avance de la frontera agrícola, los incendios forestales y la deforestación en regiones de las provincias de Darién, Veraguas y Coclé, han señalado expertos del sector oficial.

El informe “Estado de los Recursos Naturales en Panamá”, elaborado por el Ministerio de Ambiente, destaca que la deforestación y las quemas agrícolas han reducido la cobertura boscosa a menos del 50 % del territorio, lo que agrava los procesos de erosión e incrementa la sedimentación en cuencas hidrográficas estratégicas como la del Canal de Panamá.

El documento advierte que la degradación del suelo también incrementa los riesgos de desastres naturales y limita la capacidad de mitigación ante el cambio climático.

Cada acción orientada a conservar los suelos fortalece la capacidad de las cuencas hidrográficas para producir y almacenar agua, señaló la directora nacional de Seguridad Hídrica, Betzabé Atencio.

Una forma de proteger el suelo es mediante la siembra de hierba y la reforestación con árboles, arbustos y otros tipos de vegetación en las zonas descubiertas de jardines o huertos.

El follaje de las plantas absorbe el exceso de agua y protege la capa superior del suelo de la lluvia y de los vientos fuertes. Además, las raíces ayudan a fijar el suelo una vez que se establecen, previniendo la erosión y la escorrentía.

Los suelos saludables constituyen la primera barrera natural para proteger el agua. Su capacidad para infiltrar, almacenar y filtrar el recurso hídrico contribuye a mantener los caudales de ríos y quebradas, disminuir la erosión, reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el abastecimiento de agua para las comunidades.

Atencio, directora nacional de Seguridad Hídrica de MiAmbiente, explicó que actualmente se trabaja en la actualización de esta información mediante sistemas de información geográfica y procesos de validación en campo, con el propósito de verificar las cifras preliminares más recientes sobre el estado de los suelos en Panamá.

Esta información será presentada durante la próxima Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que se celebrará en Mongolia el próximo año.

Como parte de este trabajo, la entidad desarrolla programas de restauración de áreas degradadas, conservación de suelos, manejo integrado de cuencas hidrográficas, reforestación con especies nativas, monitoreo ambiental y promoción de prácticas sostenibles, en coordinación con productores, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, comités de cuencas hidrográficas y otras instituciones.

La funcionaria aseguró que proteger el suelo constituye una inversión directa para la seguridad hídrica y alimentaria del país.

Panamá mantiene uno de sus mejores niveles exportadores de los últimos 16 años, con el segundo mayor valor de exportaciones registrado para un período enero-mayo desde 2010.

El Ministerio de Comercio e Industrias informó, a través del más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial, que las exportaciones registradas alcanzaron $435.4 millones durante los primeros cinco meses de 2026.

En ese mismo período, las exportaciones totales sumaron $581.9 millones, impulsadas por un crecimiento de 16.4% en las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.

No obstante, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), se indica que las exportaciones registradas reflejaron una disminución de $3.3 millones (0.8%) frente al mismo período de 2025, cuando totalizaron $438.7 millones.

Este resultado, indica la información oficial, se acompaña de un crecimiento en otros componentes del comercio exterior, como las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.

Estos resultados, siempre según la institución oficial, se enmarcan en la estrategia para fortalecer la competitividad del país y generar mejores condiciones para la internacionalización de las empresas panameñas.

Agrega que el Ministerio de Comercio e Industrias impulsan acciones de promoción comercial, inteligencia de mercados, facilitación del comercio, aprovechamiento de acuerdos comerciales y acompañamiento al sector exportador, con el objetivo de ampliar las oportunidades para los productos nacionales en los mercados internacionales.

Al referirse a la composición de la oferta exportable, se indica que esta también muestra una evolución en los productos que Panamá coloca en el exterior.

A nivel de subpartidas arancelarias (código internacional estandarizado del Sistema Armonizado a seis dígitos), los camarones congelados continúan liderando las exportaciones a mayo, seguidos por los bananos, que ascienden del tercer al segundo lugar registrado el mes anterior.

Completan el Top 10 la teca, el aceite de palma, el azúcar, los medicamentos, los desperdicios metálicos, las sandías y el café sin tostar ni descafeinar. En conjunto, estas diez subpartidas representan el 55% de las exportaciones registradas del país.

Al desgranar los capítulos del Sistema Armonizado, se tiene que los principales grupos de productos exportados fueron: pescados y crustáceos (19.7%), frutas (13.2%), madera y manufacturas de madera (7.8%), grasas y aceites (7.6%), fundición, hierro y acero (6.7%), azúcares (5.0%), productos farmacéuticos (4.9%), perlas finas y piedras preciosas (4.1%), carnes y despojos comestibles (3.0%) y café (2.8%).

Esta estructura refleja una composición distinta a la observada hace un año, con las frutas consolidándose como el segundo capítulo de exportación, lo que evidencia una oferta nacional más diversificada y con participación de distintos sectores productivos.

Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de productos panameños, con una participación de 18.7%, seguido por Taiwán (13.3%), Zona Libre de Colón (8.4%), India (7.9%), Países Bajos (5.9%) y Costa Rica (5.2%).

Los destinos lo completan México (3.4%), China Continental (2.8%), Tailandia (2.7%) y Colombia (2.1%), que desplaza al Reino Unido. En conjunto, estos diez mercados concentraron el 70.4% de las exportaciones registradas panameñas.

Cabe destacar, manifiesta la información oficial, que Estados Unidos también ocupó el primer lugar como destino de las exportaciones nacionales durante el acumulado de 2023, 2024 y 2025.

Las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales alcanzaron $146.5 millones, frente a $125.9 millones registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento de 16.4%.

Se asegura que este comportamiento contribuyó a que las exportaciones totales pasaran de $564.6 millones en los primeros cinco meses de 2025 a $581.9 millones en igual período de 2026, un aumento de $17.3 millones, equivalente a un crecimiento de 3.1%.

Los viajes por carretera continúan ganando protagonismo entre los costarricenses.

Durante el último año, más de 228,000 nacionales salieron del país por vía terrestre con destino principalmente a Nicaragua y Panamá, una cifra que refleja la importancia que mantienen los pasos fronterizos para el turismo, las visitas familiares y las actividades comerciales en la región.

El movimiento constante de viajeros ha llevado a las empresas de transporte internacional a insistir en la necesidad de planificar cada desplazamiento con suficiente anticipación, especialmente ante los cambios que pueden experimentar las disposiciones migratorias y sanitarias de los países centroamericanos.

En ese contexto, Tica Bus emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tienen previsto cruzar alguna frontera terrestre durante las próximas semanas, con el objetivo de evitar inconvenientes que puedan retrasar el ingreso o incluso impedir el viaje.

La empresa señala que el primer aspecto que debe verificar cualquier pasajero es que su pasaporte se encuentre vigente y en buen estado, además de confirmar si el país de destino exige visa o algún permiso especial de ingreso, requisito que puede variar dependiendo de la nacionalidad del viajero.

Otro punto fundamental corresponde a los requisitos sanitarios. Algunos países pueden solicitar certificados específicos de vacunación, como el de fiebre amarilla para personas que provengan o hayan transitado por zonas consideradas de riesgo. Estas disposiciones no son permanentes y pueden modificarse conforme evolucionen las condiciones epidemiológicas de cada nación.

Asimismo, la compañía recomienda revisar con anticipación las políticas migratorias relacionadas con el tiempo máximo de permanencia autorizado, la demostración de solvencia económica o la presentación de boletos de salida cuando estas condiciones sean exigidas por las autoridades migratorias.

Otro aspecto que suele generar inconvenientes en los puestos fronterizos está relacionado con el equipaje. Antes de iniciar el recorrido es importante conocer cuáles son las dimensiones y el peso permitido, así como los artículos restringidos o prohibidos para el transporte internacional, con el fin de evitar inspecciones adicionales o demoras innecesarias.

Tica Bus también aconseja mantener toda la documentación organizada antes de llegar al puesto migratorio. Tener a mano el pasaporte y demás documentos facilita el proceso de revisión por parte de las autoridades y contribuye a reducir los tiempos de espera durante el cruce de la frontera.

La empresa recuerda además que los requisitos pueden cambiar dependiendo del país al que se viaje. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, existen diferentes categorías y procedimientos de ingreso que pueden implicar exigencias particulares para determinados viajeros, razón por la cual recomienda consultar siempre la información oficial vigente antes de salir del país.

En ese sentido, la recomendación es verificar directamente con las embajadas, consulados o autoridades migratorias correspondientes cuáles son los documentos y trámites necesarios para cada caso específico, debido a que las disposiciones pueden modificarse sin previo aviso.

"Una buena planificación permite que el viajero disfrute de una experiencia mucho más tranquila. Revisar los requisitos antes de salir evita contratiempos en frontera y ayuda a que el recorrido sea más seguro y eficiente“, señaló Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Mobility ADO, empresa propietaria de la marca Tica Bus.

El crecimiento de los desplazamientos terrestres refleja que esta modalidad continúa siendo una alternativa competitiva frente al transporte aéreo para miles de personas que se movilizan dentro de Centroamérica.

La posibilidad de conectar ciudades de Costa Rica con destinos en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá e incluso el sur de México mantiene vigente este tipo de servicio para viajeros de distintos perfiles.

Con más de seis décadas de operación en la región, Tica Bus sostiene que una adecuada preparación sigue siendo el principal aliado para quienes deciden recorrer Centroamérica por carretera. La empresa enfatiza que verificar con tiempo la documentación, los requisitos migratorios y las condiciones sanitarias no solo agiliza el paso por las fronteras, sino que también permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad y seguridad.

La aprobación de un proyecto de ley que promueve un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados cuyo monto sea inferior a $600, es una de las aspiraciones en la que insiste este movimiento.

El dirigente Héctor Ávila instó a las autoridades para que adopten esta medida, que según dijo será de provecho para miles de jubilados que ya no pueden vivir con bajas pensiones.

De 363,595 jubilados y pensionados que hay en Panamá, se estima que unos 95 mil reciben menos de $600 al mes.

Ávila indicó que en la actualidad hay jubilados y pensionados que cobran aproximadamente entre $120 a $180, los cuales no les alcanza para medicamentos, alimentación transporte y otras necesidades.

Para poder enfrentar los gastos básicos, en Panamá una persona necesita al menos un ingreso de $1.064 mensuales, indica un estudio del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

Desde hace más de 2 años un grupo de jubilados asiste periódicamente a la Asamblea Nacional y desde las gradas muestran su apoyo y respaldo al Proyecto de Ley 491.

El proyecto plantea la creación de un fondo económico especial para cubrir la diferencia entre las pensiones actuales y el umbral de $600.

Esta propuesta legislativa formó parte de las iniciativas que se tenían al final del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional para su aprobación en tercer debate, sin embargo, fue pospuesta a fin de introducir elementos que supuestamente fortalecerán su viabilidad económica.

Según el texto de la iniciativa, el financiamiento de este fondo provendría de partidas presupuestarias asignadas anualmente y de otras fuentes que determine el órgano Ejecutivo.

La discusión sobre este fondo ha generado diversas posturas dentro del órgano legislativo, ya que algunos diputados consideran que debe establecerse un mecanismo de fiscalización estricto para asegurar la transparencia en el uso de los recursos.

Se informó que la reanudación del debate sobre esta ley depende de la aprobación previa del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, proceso que de acuerdo a los últimos informes se encuentra en su etapa final.

El reglamento establecerá nuevas reglas para la gestión interna del parlamento, lo que permitiría ordenar la agenda legislativa y priorizar temas de alto impacto social, según diversos medios de comunicación.

La discusión del Proyecto 491 ha generado interés en organizaciones de jubilados, quienes han manifestado su respaldo a la medida y solicitado que el debate avance sin más dilaciones. Según reportó La Prensa, estas agrupaciones han solicitado a los diputados que el fondo se gestione con criterios de equidad y que su alcance incluya a todos los beneficiarios cuyos ingresos se encuentren por debajo del umbral propuesto de $600.

Los jubilados reiteraron que el siguiente paso en el proceso legislativo es la aprobación definitiva del Reglamento Interno, tras lo cual la Asamblea Nacional podrá retomar la discusión del proyecto de ley para su segundo y tercer debate. La expectativa es que, si el reglamento se aprueba sin modificaciones sustanciales, el tema de la equiparación de jubilaciones podría volver a la agenda en las próximas semanas.

“Nosotros tenemos años de estar jubilados y no hemos recibido nada, mientras la canasta básica está por el cielo, mientras el costo de vida está por el cielo, pero unos cuantos sí reciben y reciben buenos aumentos. Muchos abuelos ya se fueron a descansar, quedamos unos cuantos que no sabemos cuándo nos vamos”, manifestó en su oportunidad Martín Miranda, vocero de jubilados y pensionados de la provincia de Bocas del Toro.

En su totalidad fue vetado el proyecto de ley 571 que proponía modificar la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados.

El veto corrió a cargo del presidente José Raúl Mulino, mientras que el proyecto había sido presentado por Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Robinson es diputado por la provincia de Bocas del Toro, donde casualmente se identificó un arrecife fósil con más de 7,000 años, evidencia de cambios pasados en las condiciones ambientales que permiten comprender la situación actual.

Mediante una nota, Mulino devolvió la iniciativa sin sancionarla, bajo la premisa de que las disposiciones que contiene son inconvenientes e inexequibles.

El mandatario señaló que debilitan el régimen de protección ambiental vigente y vulneran principios establecidos en la Constitución.

La pretendida norma debilitaba lo referente a la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas en el país, factor que había sido denunciado por grupos ambientalistas

El nuevo elemento colocaba en el Ministerio de Ambiente la responsabilidad de liderar la elaboración de un plan de acción, incluyendo las acciones priorizadas, bajo el supuesto de proteger, evitar el daño ambiental, conservar y restaurar los ecosistemas de arrecifes de coral, sus ecosistemas y especies asociadas, así como promover la investigación científica en beneficio de estos ecosistemas.

No obstante, se pasaba de una prohibición expresa de construcciones y afectaciones —directas e indirectas— sobre corales y pastos marinos, a un modelo en el que estas intervenciones podrían ser evaluadas y eventualmente aprobadas por el Ministerio de Ambiente.

La iniciativa, según el veto presidencial, no es clara en cuanto a qué actividades se podrían permitir, cuáles permanecerán prohibidas, qué requisitos ambientales deberán cumplirse ni cuáles serán las medidas mínimas de prevención, mitigación o compensación.

Según el Ejecutivo, dejar esos aspectos a una reglamentación posterior otorga un amplio margen de discrecionalidad administrativa y puede afectar tanto la seguridad jurídica como la protección efectiva de estos ecosistemas.

En Panamá los arrecifes de coral enfrentan desde hace años múltiples presiones, entre ellas el aumento de la temperatura del mar, la acidificación oceánica, la contaminación costera, la sedimentación, la sobrepesca, pesca destructiva y el crecimiento no regulado del turismo.

En los últimos años en el país se han reportado eventos de blanqueamiento coralino en diversas zonas, incluyendo el Parque Nacional Portobelo, el archipiélago de Las Perlas, Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y en el Parque Nacional Coiba. Especies del género Pocillopora han sido especialmente afectadas.

La mayor concentración de corales se encuentra en el Caribe, en la comarca indígena Guna Yala, con un 81% del total, seguida por zonas clave como las provincias de Colón y Bocas del Toro.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá indica que los arrecifes coralinos son ecosistemas altamente productivos y diversos que cumplen funciones importantes en el mantenimiento de la zona costera, beneficiando directamente a los asentamientos humanos adyacentes y a las economías de muchas naciones, al igual que la producción de alimentos, la utilización de corales para medicamentos y el turismo recreativo, entre otros.

El manejo inadecuado de la zona litoral y la deforestación de áreas adyacentes, agrega, han incrementado la destrucción de todos los arrecifes a nivel local, mientras el país se prepara para un desarrollo que contempla entre otros planes, el uso recreativo de la zona costera, particularmente los arrecifes de coral.

Panamá mejoró su posición en el Índice Global de Comercio Ilícito y se consolidó como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en el combate contra este fenómeno.

Sin embargo, el país enfrenta nuevos desafíos que van mucho más allá del tradicional contrabando de mercancías: el crecimiento acelerado del comercio electrónico, el ingreso masivo de pequeños paquetes, el auge del oro ilegal y el fortalecimiento de redes criminales transnacionales obligan a replantear la estrategia de control.

Ese fue el principal mensaje del informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, y representantes del sector privado y organismos internacionales.

El estudio ubica a Panamá con 49.6 puntos en el Índice de Comercio Ilícito, en la posición 81 entre 158 economías, solo por detrás de Costa Rica en Centroamérica.

El país mejoró 13 posiciones percentiles respecto a la evaluación anterior, gracias principalmente al fortalecimiento de su capacidad aduanera y de los mecanismos de control.

Pero el informe deja claro que el avance no significa que el problema esté resuelto.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, recordó que el comercio internacional de productos falsificados y pirateados representa aproximadamente el 2.3% del comercio mundial, equivalente a unos 460 mil millones de dólares al año, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Advirtió, además, que esa cifra ni siquiera incorpora otras modalidades como el contrabando, la evasión tributaria, la subvaloración aduanera o el comercio informal, por lo que el impacto económico real es considerablemente mayor.

“Cuando la ilegalidad resulta más rentable que la formalidad, toda la sociedad pierde”, afirmó Barría, quien señaló que el comercio ilícito reduce la inversión, destruye empleos, afecta la recaudación fiscal y debilita la confianza en las instituciones.

Aunque Panamá ocupa una posición favorable dentro de Centroamérica, TRACIT mantiene al país dentro de la categoría de riesgo moderadamente alto.

El informe identifica como principales vulnerabilidades la supervisión insuficiente de la cadena logística, la regulación de la Zona Libre de Colón, la persistencia de la economía informal y la presencia de organizaciones criminales que aprovechan la plataforma logística panameña para mover mercancías ilegales hacia otros mercados.

Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, explicó que Panamá posee capacidades regulatorias y aduaneras relativamente sólidas, pero estas aún se ven limitadas por brechas en el monitoreo de la cadena de suministro.

“La Zona Libre de Colón continúa siendo una puerta de entrada para la redistribución de productos ilícitos hacia toda la región", señaló.

El problema ya no llega en grandes contenedores

Uno de los cambios más importantes identificados por el estudio es la transformación de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

Durante años, la principal preocupación eran los grandes contenedores marítimos. Hoy el fenómeno está migrando hacia miles de pequeños paquetes enviados por comercio electrónico.

Hardy explicó que el crecimiento de las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones móviles ha facilitado la distribución de productos falsificados directamente al consumidor.

Como ejemplo, relató que durante una visita anterior a Panamá observó cómo era posible pedir productos falsificados y vapeadores ilegales desde una aplicación y recibirlos pocos minutos después en el restaurante donde se encontraba.

Según indicó, el enorme volumen de pequeños envíos supera la capacidad operativa de muchas aduanas latinoamericanas, que no cuentan con suficiente personal, tecnología ni entrenamiento para inspeccionarlos adecuadamente.

El director de TRACIT advirtió que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en uno de los principales puntos de ingreso de estos pequeños paquetes.

Mientras las inversiones en escáneres han fortalecido el control sobre los contenedores marítimos en la Zona Libre de Colón, el comercio ilícito se está desplazando hacia el transporte aéreo.

Por ello, anunció que TRACIT trabaja junto con la Unión Postal Universal para desarrollar programas de capacitación dirigidos a fortalecer la capacidad de detección de mercancías falsificadas en los servicios postales y de mensajería.

El auge del oro ilícito

El informe también incorpora una amenaza que empieza a ganar importancia en América Latina: el comercio ilegal de oro.

Hardy explicó que el problema trasciende el valor económico del mineral. Las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de oro sirven para financiar las mismas organizaciones criminales que participan en el contrabando de cigarrillos, alcohol, mercancías falsificadas y otras actividades ilegales.

“Es un círculo vicioso”, indicó, al advertir que estos recursos fortalecen estructuras del crimen organizado y generan flujos financieros ilícitos que terminan afectando las economías nacionales y la explotación legal de los recursos naturales.

Otro de los sectores que más preocupa a TRACIT es el comercio ilegal de cigarrillos. Hardy señaló que algunos segmentos del mercado presentan niveles de hasta 96% de productos de contrabando, situación que convierte a Panamá en un punto estratégico para la redistribución regional.

Según explicó, buena parte del tabaco ilegal que pasa por la Zona Libre de Colón no está destinado al mercado panameño, sino a otros países de Sudamérica, por lo que mejorar los controles tendría efectos positivos para toda la región.

Gobierno destaca avances

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que combatir el comercio ilícito constituye una política de Estado.

Recordó que estas actividades reducen recursos para hospitales, escuelas y programas sociales, afectan a las empresas formales y financian organizaciones criminales transnacionales.

Moltó, sostuvo que el comercio ilícito “no es un delito sin víctimas”. “Le roba al Estado recursos para construir hospitales, escuelas y generar empleos; golpea a los comerciantes formales, engaña a los consumidores y financia redes de crimen organizado nacional y transnacional”, afirmó durante la presentación del informe.

Por su parte, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, destacó que la institución ha fortalecido la trazabilidad de productos derivados del tabaco en coordinación con la Zona Libre de Colón, incorporado tecnología de inspección no intrusiva, desarrollado nuevos sistemas de gestión de riesgos y ampliado la cooperación internacional para reforzar los controles fronterizos.

También anunció que el proyecto para modernizar la legislación penal aduanera, vigente desde 1984 y con escasas modificaciones, ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentra en revisión final por parte del Ministerio Público.

La funcionaria no explicó los puntos que atacará la nueva normativa y se retiró del evento sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Uno de los aspectos que más contribuyó al avance de Panamá fue el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Aduanas. TRACIT destaca que el país aumentó ocho puntos en el componente relacionado con gestión aduanera, como resultado de inversiones en inspección, análisis de riesgo, digitalización y cooperación internacional.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones formuladas por TRACIT figuran fortalecer la regulación de las zonas francas, ampliar la inspección aduanera basada en análisis de riesgo, reforzar las medidas contra la corrupción y el lavado de activos, y establecer un marco regulatorio específico para el comercio electrónico y los servicios postales.

El informe concluye que Panamá ha demostrado avances importantes en los últimos años, pero advierte que el comercio ilícito evoluciona con rapidez y exige controles cada vez más sofisticados. La batalla ya no se libra únicamente en los puertos y los grandes contenedores: ahora también pasa por los teléfonos móviles, las plataformas digitales y miles de pequeños paquetes que cruzan las fronteras cada día.

Un problema regional

El estudio concluye que el comercio ilícito atraviesa prácticamente todos los sectores económicos de Centroamérica y que la región, en conjunto, continúa por debajo del promedio mundial en capacidad para enfrentar este fenómeno.

Costa Rica lidera el ranking regional con 51.2 puntos, seguida por Panamá (49.6), El Salvador (45.8), Belice (43.9), Guatemala (43.1), Honduras (39.3) y Nicaragua (33.3).

Para Hardy, el avance de Panamá demuestra que es posible mejorar cuando existe coordinación entre el sector público y privado.

Moltó sostuvo que facilitar el comercio legítimo y perseguir el ilegal no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. “Cada contenedor que se inspecciona, cada mercancía que se decomisa y cada red criminal que se desmantela envía un mensaje claro: Panamá apuesta por el comercio que construye y no por el comercio que destruye”, afirmó.

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en el precio de los combustibles. A partir de las 6:00 a.m. del viernes 10 de julio y hasta las 5:59 a.m. del 24 de julio, entrarán en vigor nuevos precios máximos de venta con reducciones en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre, informó la Secretaría Nacional de Energía.

Se trata de la tercera disminución consecutiva en los precios de los combustibles en Panamá, resultado de la caída registrada en las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados durante las últimas semanas, luego de que disminuyera la tensión en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo provisional de cese de hostilidades alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de $1.173 por litro, equivalente a $4.44 por galón, tras una reducción de $0.005 por litro, es decir, cerca de $0.02 por galón.

La gasolina de 91 octanos pasará a costar $1.107 por litro, equivalente a $4.19 por galón, luego de disminuir $0.003 por litro, alrededor de $0.01 por galón.

Por su parte, el diésel bajo en azufre registrará la mayor rebaja del período. Su precio máximo será de $1.088 por litro, equivalente a $4.12 por galón, tras una reducción de $0.016 por litro, aproximadamente $0.06 por galón.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde al comportamiento de los precios internacionales de referencia, los cuales registraron nuevas disminuciones durante el período de evaluación comprendido entre el 24 de junio y el 7 de julio.

Los indicadores oficiales muestran que el diésel fue el combustible que experimentó la mayor caída internacional, con una variación de 1.60%, seguido por la gasolina de 95 octanos (0.64%) y la gasolina de 91 (0.15%).

En Panamá, los precios de los combustibles se revisan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma como referencia las cotizaciones internacionales de los productos refinados, los costos de importación, transporte, almacenamiento y distribución. Por ello, las variaciones internacionales suelen reflejarse en el mercado local con un desfase cercano a dos semanas.

Sin embargo, este escenario favorable podría cambiar en la próxima actualización.

El mismo día en que Panamá anunció las nuevas rebajas, Estados Unidos dio por terminado el acuerdo provisional de tregua con Irán y reanudó las acciones militares, un hecho que volvió a incrementar la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo.

Los mercados energéticos reaccionan con especial sensibilidad a cualquier tensión en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores petroleros más importantes del planeta.

Por esa vía marítima transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier amenaza a la navegación suele traducirse en aumentos de los precios internacionales del crudo.

Aunque la reciente caída de los combustibles refleja un mercado que aún incorporaba el efecto de la tregua temporal y la reducción del riesgo geopolítico, el nuevo escenario podría impulsar nuevamente las cotizaciones internacionales durante los próximos días.

De mantenerse esa tendencia, el impacto comenzaría a reflejarse en la próxima revisión quincenal de precios en Panamá, prevista para finales de julio, debido al mecanismo utilizado por la Secretaría Nacional de Energía para calcular los precios máximos de venta al consumidor.

Por ahora, los consumidores podrán beneficiarse de una nueva reducción en las estaciones de servicio, especialmente quienes utilizan diésel, combustible que registró el mayor ajuste de este período. No obstante, la evolución del conflicto en Medio Oriente volverá a ser un factor determinante para definir si la racha de tres rebajas consecutivas llega a su fin o si los precios retoman la senda alcista en las próximas semanas.

Panamá figura entre los países de Centroamérica con marcos regulatorios más integrados a Basilea III, junto con Costa Rica, según un análisis de Moody’s Local, que advierte que la región avanza de forma gradual, pero desigual, en la adopción de estándares internacionales de capital y liquidez.

El informe señala que los reguladores han priorizado elevar la calidad del capital bancario, definir niveles mínimos de patrimonio e introducir métricas de liquidez de corto plazo.

En el caso panameño, el país mantiene un requisito mínimo de adecuación patrimonial del 8%, en línea con el estándar internacional, e incorpora colchones de conservación, provisiones contracíclicas y exigencias adicionales para bancos de importancia sistémica.

Basilea III es un conjunto de normas internacionales creadas después de la crisis financiera global de 2008 para fortalecer a los bancos y reducir el riesgo de nuevas crisis. En palabras simples, busca que las entidades financieras tengan suficiente capital propio para absorber pérdidas y suficiente liquidez para responder en momentos de tensión, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema ni los depósitos de los clientes.

Estas reglas fueron diseñadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, integrado por autoridades financieras de distintas economías. Su nombre proviene de la ciudad suiza de Basilea, donde tiene sede el Banco de Pagos Internacionales, institución que ha servido como punto de encuentro para los principales debates regulatorios del sistema financiero mundial.

La lógica de Basilea III parte de una lección clara: cuando un banco asume demasiados riesgos con poco capital, cualquier pérdida fuerte puede convertirse en un problema sistémico.

Por eso, el marco exige más capital de buena calidad, límites al apalancamiento, reservas adicionales para enfrentar ciclos económicos adversos y mejores indicadores de liquidez.

Uno de sus elementos centrales son los llamados colchones de capital. Estos funcionan como reservas adicionales que los bancos deben acumular en tiempos normales para utilizarlas cuando la economía se deteriora.

También existen requerimientos especiales para bancos de importancia sistémica, es decir, entidades cuyo tamaño o conexión con el resto del sistema financiero podría generar un impacto mayor si enfrentan problemas.

En Panamá, Moody’s Local destaca que la regulación incorpora la definición de capital primario ordinario y capital primario adicional, conocidos internacionalmente como CET1 y AT1. Esto permite distinguir mejor la calidad del capital bancario y fortalece la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades financieras.

Otro componente clave es la liquidez. Basilea III introdujo indicadores como el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR), que mide si un banco tiene activos líquidos de alta calidad suficientes para cubrir salidas de efectivo durante 30 días en un escenario de estrés.

En Panamá, este indicador fue incorporado como requerimiento obligatorio y para los bancos de importancia sistémica doméstica se exige un cumplimiento del 100%.

Sin embargo, la adopción todavía no es completa. El informe señala que Panamá, al igual que Guatemala, Honduras y Nicaragua, ha priorizado la gestión de liquidez de corto plazo, pero aún no implementa plenamente el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (NSFR), que busca garantizar fuentes de financiamiento más estables para el largo plazo.

El impacto para los bancos es directo: deberán administrar con mayor prudencia su crecimiento, sus riesgos y su estructura de capital. Esto puede limitar decisiones agresivas de expansión crediticia, pero también reduce la probabilidad de crisis bancarias. Para decirlo sin maquillaje: Basilea III no está hecho para que los bancos ganen más rápido, sino para que no se caigan más fácil.

Para los clientes, el efecto no siempre se ve de inmediato, pero es importante. Un sistema bancario con más capital y liquidez ofrece mayor seguridad para los depósitos, mejora la confianza de inversionistas y reduce el riesgo de interrupciones en el crédito durante períodos de volatilidad económica.

Moody’s Local evalúa como positivo el fortalecimiento gradual de los marcos de capital y liquidez en la región, aunque advierte que persisten brechas de implementación y diferencias regulatorias entre países. La efectividad de Basilea III dependerá de la calidad de la supervisión, la disciplina en el cumplimiento de los indicadores y la capacidad de los bancos para construir reservas sin afectar su rentabilidad ni limitar su función de intermediación financiera.

En el caso panameño, la adopción de Basilea III refuerza el posicionamiento del centro bancario como una plaza financiera que busca alinearse con estándares internacionales. En un entorno global marcado por tasas altas, incertidumbre geopolítica y episodios recientes de tensión bancaria, contar con entidades más capitalizadas y líquidas no es un lujo regulatorio: es una condición para sostener la confianza.

La creación de un Registro Nacional de Deudores para quienes no cumplan con el pago de las pensiones alimenticias, adelanta un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional

Mediante esta iniciativa se modifican artículos de la Ley 42 de 7 de agosto de 2012 que adopta medidas integrales para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.

El anteproyecto de ley plantea que el Registro Nacional de Deudores funcione como una herramienta pública y digital, donde se inscriban los nombres de quienes mantengan deudas por pensiones alimenticias.

Este listado será accesible para instituciones gubernamentales y privadas, con el objetivo de restringir trámites y beneficios a quienes figuren como morosos.

Entre las restricciones previstas se encuentran la imposibilidad de realizar ciertos trámites migratorios, obtener licencias de conducir o acceder a créditos bancarios mientras permanezca la deuda.

Según el proponente, el diputado Jairo Salazar, se trata de fortalecer las actuales medidas actuales contempladas en la Ley 42 que en su mayoría son insuficientes para garantizar el pago de alimentación a los menores.

Por ello, indica que a estos padres irresponsables se les debe imponer restricciones administrativas, económicas y patrimoniales tendientes a incentivar el cumplimiento de sus obligaciones.

Según la iniciativa, toda persona que mantenga mora por pensión alimenticia superior a dos cuotas consecutivas o tres alternas, será inscrita en dicho Registro.

El anteproyecto también contempla sanciones adicionales para quienes reincidan en el incumplimiento, entre ellas la restricción temporal de pasaportes y la publicación periódica de los nombres de los deudores persistentes.

Asimismo, mientras permanezca inscrito en este sistema, el deudor podrá quedar sujeto de acuerdo a la Constitución y esta ley a algunas restricciones establecidas en este documento, entre ellas: prohibición para contratar con el Estado o participar como proveedor, para ocupar cargos públicos o para ser designado como directivo de empresas estatales.

De igual forma, no podrán obtener paz y salvo exigidos por entidades públicas, ni acceso a recibir incentivos económicos por parte del gobierno, ni a ciertos programas de vivienda promovidos por el Estado.

El documento también contempla que la inscripción a este Registro Nacional de Deudores cesará una vez el moroso cancele la deuda en su totalidad o cumpla con un acuerdo judicial.

Las autoridades podrán solicitar la retención de ingresos y el embargo de cuentas bancarias para garantizar el pago efectivo de la pensión alimenticia, según detalla el documento legislativo.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio Salazar durante la presentación del anteproyecto, más de 20.000 personas en Panamá mantienen deudas por pensiones alimenticias, cifra que ha crecido en los últimos años a pesar de los mecanismos judiciales existentes.

El legislador subrayó que “la falta de pago de pensión alimenticia afecta gravemente la calidad de vida de miles de niños y adolescentes”, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación. El proyecto también busca agilizar los procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a los fondos de manera más rápida ante el incumplimiento.

La reforma promueve la colaboración entre distintas entidades del Estado, como el Órgano Judicial, el Registro Civil y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que deberán cruzar información sobre los deudores para aplicar las restricciones establecidas.

El acceso al Registro Nacional de Deudores será regulado, permitiendo a los afectados y a las autoridades consultar el estatus de las obligaciones alimentarias.

La creación de este registro se suma a otras iniciativas en la región orientadas a combatir el incumplimiento de las pensiones alimenticias. Países como Chile y México han implementado sistemas similares en los últimos años, con resultados positivos en la reducción de la morosidad.

Los juegos de suerte y azar mantienen un crecimiento sostenido en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, los operadores regulados movilizaron $1,328.8 millones en apuestas brutas, un aumento de 16.2% frente al mismo período de 2025, cuando el monto fue de $1,143.7 millones, según cifras de la Contraloría General de la República con datos de la Junta de Control de Juegos.

El principal motor del sector sigue siendo el de las máquinas tragamonedas tipo “A”, que registraron $932.4 millones en apuestas durante los primeros cinco meses del año. Este segmento representó poco más del 70% del total reportado por los operadores de juegos de suerte y azar y creció 7.3% en comparación con igual período de 2025.

Estas máquinas pueden operar tanto en casinos completos como en salas especializadas de tragamonedas o establecimientos autorizados para este tipo de actividad.

A diferencia de los casinos completos, no necesariamente incorporan mesas de juego, ya que pueden funcionar bajo formatos dedicados exclusivamente a máquinas tipo “A”, siempre dentro del régimen regulado por la Junta de Control de Juegos.

El segundo segmento de mayor peso fue el de los juegos de suerte y azar a través de internet, que continúa siendo el de crecimiento más acelerado. Las apuestas digitales alcanzaron $299.6 millones entre enero y mayo, un incremento de 57% respecto al mismo período del año anterior.

La expansión de las plataformas en línea confirma un cambio en los hábitos de los jugadores, que cada vez utilizan más canales digitales para realizar apuestas. Este comportamiento también muestra cómo la industria regulada se ha diversificado más allá de los espacios físicos tradicionales.

En tercer lugar se ubicaron las mesas de juego, con $74.3 millones en apuestas, lo que representó un aumento de 23% frente a enero-mayo de 2025. Estas modalidades incluyen juegos como blackjack, ruleta, baccarat y póker, y operan en los casinos completos, que en Panamá están vinculados a hoteles con más de 300 habitaciones y deben cumplir requisitos específicos de infraestructura, capacidad y oferta de entretenimiento.

El resto de los segmentos mostró resultados mixtos. Las apuestas en el Hipódromo Presidente Remón sumaron $11.4 millones, una caída de 6.1%; las salas de apuestas deportivas sumaron $7.2 millones, con una disminución de 7.5%; las salas de bingo alcanzaron $2.8 millones, con crecimiento de 6.4%; y los juegos instantáneos registraron $1.1 millones, una reducción de 18.8%.

Aunque las cifras oficiales reflejan un volumen importante, no abarcan todo el universo de apuestas existente en el país. El informe incluye casinos, hipódromo, salas de bingo, apuestas deportivas, plataformas digitales, juegos instantáneos y tragamonedas tipo “A”, pero no incorpora las máquinas tragamonedas tipo “C”.

Estas máquinas tipo “C” funcionan bajo una regulación distinta y suelen estar ubicadas en bares, restaurantes y comercios ubicados en áreas alejadas del centro de la ciudad.

A diferencia de las tipo “A”, solo permiten una apuesta por jugada. Al no estar incluidas en el reporte económico mensual de la Contraloría, el volumen real apostado en Panamá podría ser superior al reflejado en las estadísticas oficiales.

La Lotería repunta en mayo

El comportamiento de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) debe analizarse por separado, porque sus ventas no forman parte del total de apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar.

Entre enero y mayo de 2026, las ventas brutas de la LNB alcanzaron $344.2 millones, una leve disminución de 0.6% frente a los $346.2 millones registrados en igual período de 2025.

Sin embargo, mayo marcó un cambio relevante. Ese mes, la Lotería registró ventas brutas por $75.3 millones, un crecimiento de 8% frente a mayo del año anterior. Fue el primer aumento mensual significativo del año, luego de un arranque débil.

En enero, las ventas de la LNB habían caído 10.2%; en febrero retrocedieron 0.4%; en marzo apenas crecieron 0.2%; y en abril volvieron a bajar 0.3%. El resultado de mayo permitió moderar la caída acumulada y mostró una recuperación puntual en la venta de billetes y chances.

Este desempeño se produce en un momento de ajustes para la Lotería, después del fin de productos electrónicos como Lotto y Pega 3, cuyos últimos sorteos se realizaron el 21 de abril tras la decisión judicial que dejó sin sustento la adenda que permitía su operación.

Mientras la Lotería busca recuperar dinamismo en sus productos tradicionales, los operadores privados de juegos de suerte y azar mantienen una expansión de doble dígito, impulsada principalmente por las tragamonedas tipo “A” y las apuestas por internet, dos segmentos que hoy concentran la mayor parte del movimiento regulado en el mercado panameño.

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue aprehendido la mañana del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como parte de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, en un nuevo caso que surge de auditorías practicadas por la Contraloría General de la República a exfuncionarios de la pasada administración.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 4 de junio de 2026.

Araúz llegó al país procedente de Asunción, Paraguay, y fue interceptado por las autoridades en la terminal aérea. En las próximas horas deberá comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público sustentará los elementos que dieron origen a la investigación y solicitará la legalización de la aprehensión, así como la formulación de cargos.

La investigación se originó luego de que la Contraloría General de la República remitiera al Ministerio Público, el 9 de abril de 2026, un informe de auditoría con presuntos hallazgos de un incremento patrimonial que no habría podido ser justificado con los ingresos conocidos del exfuncionario.

Según las investigaciones, durante el análisis de sus movimientos financieros se determinó que Araúz habría manejado recursos por 2,355,670.77 dólares, entre inversiones, desembolsos, cuentas bancarias y otros activos.

Sin embargo, los auditores establecieron que las fuentes legítimas de ingresos documentadas alcanzaban únicamente 1,035,686.35 dólares, lo que dejó una diferencia patrimonial de 1,319,984.42 dólares, monto que sustenta la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Como consecuencia de esos hallazgos, la Contraloría ordenó en marzo de este año medidas cautelares de secuestro sobre bienes del exadministrador de la AMP hasta por el monto de la supuesta lesión patrimonial.

Las medidas incluyeron bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, tarjetas de crédito y cuentas por cobrar al Estado, con el propósito de garantizar una eventual recuperación de recursos públicos en caso de que el proceso concluya con una condena.

El Ministerio Público abrió formalmente la investigación tras recibir el informe de auditoría y realizar verificaciones adicionales sobre la evolución patrimonial del exfuncionario durante el período en que ocupó la dirección de la Autoridad Marítima de Panamá.

La orden de captura fue emitida hace poco más de un mes, el 4 de junio, aunque fue ejecutada este miércoles tras el arribo de Araúz al país.

Una gestión marcada por la polémica de Panama Ports

Noriel Araúz dirigió la Autoridad Marítima de Panamá durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), período en el que la entidad estuvo involucrada en una de las decisiones administrativas más controvertidas de los últimos años.

Durante su gestión, la AMP validó la extensión automática de la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión generó fuertes cuestionamientos debido a que la prórroga fue reconocida sin contar con el refrendo previo de la Contraloría General de la República, requisito contemplado en la normativa panameña para este tipo de actos administrativos.

El tema llegó posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la extensión de la concesión al concluir que el procedimiento utilizado incumplió las exigencias establecidas por la legislación panameña.

Aunque esa controversia administrativa es independiente del proceso penal por enriquecimiento injustificado, la actuación de Araúz al frente de la AMP permaneció bajo escrutinio público desde entonces, especialmente por el impacto que tuvo el contrato portuario en el debate nacional sobre la administración de activos estratégicos del Estado.

La captura del exadministrador de la AMP se produce en momentos en que la Contraloría General y el Ministerio Público han intensificado las auditorías y procesos penales relacionados con el manejo de fondos públicos durante administraciones anteriores.

En los últimos meses ambas instituciones han impulsado investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado, peculado y otras irregularidades administrativas que han derivado en medidas cautelares, secuestros de bienes y aprehensiones de exfuncionarios de alto perfil.

Ahora corresponderá al Ministerio Público presentar los elementos de convicción ante un juez de garantías, mientras la defensa del exfuncionario tendrá la oportunidad de controvertir las acusaciones dentro del proceso penal, que busca determinar si el incremento patrimonial detectado por la auditoría tiene o no una justificación legal.

Una nueva investigación por presunta corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) escaló este miércoles con el desarrollo de la Operación Pandora, un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada para desarticular una supuesta organización criminal integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener millonarios beneficios económicos.

La diligencia representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el uso irregular de la principal plataforma de administración tributaria del país, aunque en esta ocasión las autoridades apuntan a un mecanismo distinto al investigado en el caso de los créditos fiscales fraudulentos.

Como parte del operativo, el Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, en busca de evidencia tecnológica y documental relacionada con la presunta red.

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, participó en las diligencias junto a fiscales especializados y unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, la investigación involucra aproximadamente 19 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares, contra quienes se han girado órdenes de aprehensión por su presunta participación en la estructura.

Cómo operaba la presunta red

Según la Fiscalía, el grupo utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones fiscales.

Al desaparecer esos registros, los montos quedaban clasificados dentro de la plataforma como pagos no aplicados, condición que posteriormente permitía comercializarlos por su valor real a una entidad crediticia establecida en Panamá.

Las investigaciones también apuntan a que algunos funcionarios habrían recibido pagos ilícitos adicionales a sus salarios a cambio de realizar ajustes internos dentro del sistema tributario.

La Fiscalía explicó que la manipulación informática permitía trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, generando un beneficio económico para la organización investigada.

Durante los allanamientos fueron decomisados equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentación que ahora será sometida a análisis pericial para reconstruir la operación de la presunta red.

La Operación Pandora se suma a una serie de investigaciones que desde hace tres años mantienen bajo la lupa a la DGI por presuntas irregularidades relacionadas con el sistema E-Tax 2.0.

En paralelo continúa avanzando la investigación que inició en abril de 2023 luego de una denuncia presentada por la propia Dirección General de Ingresos tras detectar anomalías en el reconocimiento y cesión de créditos fiscales relacionados con la compra e instalación de equipos fiscales.

Ese expediente, inicialmente investigado por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que mediante resoluciones presuntamente falsas se generaban créditos fiscales sin respaldo comercial, que posteriormente eran cedidos a empresas intermediarias y finalmente transferidos a otras compañías o aseguradoras para obtener beneficios tributarios indebidos.

Las pesquisas han derivado en múltiples operativos, entre ellos la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, además de nuevas aprehensiones ejecutadas durante 2026.

La semana pasada, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción capturó en Las Uvas de San Carlos a otra persona presuntamente vinculada con delitos contra la fe pública y peculado doloso dentro de esa investigación.

Con el paso de los años, las cifras asociadas al presunto fraude tributario también han aumentado.

Mientras las primeras investigaciones hablaban de un perjuicio cercano a 934 mil dólares, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron el posible impacto económico para el Estado a entre 40 y 80 millones de dólares, de acuerdo con documentos y auditorías internas citados dentro del expediente.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que varios de los investigados ocupaban cargos dentro de la propia Dirección General de Ingresos, lo que les habría permitido acceder a herramientas y procedimientos internos reservados.

Las investigaciones también alcanzan a particulares, empresas intermediarias e incluso familiares de algunos de los implicados, según la información divulgada previamente por el Ministerio Público.

Aunque ambos expedientes giran alrededor del sistema E-Tax, las autoridades manejan líneas de investigación diferentes.

El caso de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la creación y cesión irregular de créditos fiscales, mientras que la Operación Pandora, dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, investiga la presunta eliminación de cuentas tributarias ya pagadas para convertir esos montos en pagos no aplicados y posteriormente obtener ganancias mediante su comercialización.

Las pesquisas permanecen bajo reserva mientras continúan los allanamientos, el análisis de la evidencia tecnológica y la ejecución de las órdenes de captura.

Con esta nueva operación, el Ministerio Público amplía uno de los mayores casos de presunta corrupción vinculados a la administración tributaria panameña, un expediente que ya involucra a exfuncionarios, servidores públicos en funciones y particulares, y que continúa revelando nuevas modalidades de manipulación del sistema digital encargado de administrar los impuestos del país.

Los consumidores panameños comenzarán a encontrar una nueva señalización en los supermercados y comercios del país tras la entrada en vigor de una nueva ley que obligará a diferenciar claramente los productos alimenticios originales, los sucedáneos y las imitaciones, una medida que busca fortalecer el derecho a una compra informada y reducir las prácticas que puedan inducir a error.

La disposición fue promulgada mediante la Ley 543 del 7 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y establece nuevas obligaciones para fabricantes, importadores y establecimientos comerciales respecto a la forma en que estos productos deberán ser identificados y exhibidos al público.

El objetivo principal de la norma es que el consumidor pueda reconocer con facilidad qué tipo de alimento está adquiriendo y cuál es su verdadero origen, especialmente en categorías donde existen productos que, por su apariencia o presentación, pueden confundirse con otros tradicionales.

¿Qué es un producto sucedáneo?

La ley define como producto sucedáneo aquel alimento elaborado con la finalidad de sustituir a otro de origen natural o tradicional, imitando parcialmente sus características, presentación o uso, pero cuya composición nutricional o ingredientes no son exactamente los mismos.

En los supermercados estos productos son cada vez más comunes. Algunos ejemplos incluyen preparados que sustituyen parcialmente al queso elaborado con leche, productos que reemplazan la mantequilla con grasas vegetales, bebidas que buscan ocupar el lugar de la leche o alimentos procesados que utilizan mezclas de ingredientes diferentes a los del producto tradicional.

Esto no significa que sean productos prohibidos ni necesariamente perjudiciales para la salud. Su calidad nutricional depende de cada formulación, por lo que algunos pueden contener mayores cantidades de sodio, azúcares o grasas, mientras que otros ofrecen alternativas para personas con determinadas necesidades alimentarias.

Precisamente por esa diversidad, la nueva legislación pone el énfasis en que el consumidor tenga información clara antes de tomar una decisión de compra.

Diferenciación obligatoria

La nueva legislación establece que todos los productos alimenticios deberán identificarse claramente como nacionales o importados y, cuando se trate de sucedáneos o imitaciones, los comercios estarán obligados a colocar avisos visibles que permitan al consumidor distinguirlos fácilmente de los productos originales.

Entre otras disposiciones, la ley exige que estos avisos indiquen expresamente que se trata de un “producto sucedáneo” o una “imitación”, además del nombre del producto, el país de origen y si corresponde a un alimento nacional o importado.

También regula el tamaño mínimo de los letreros, los colores que deberán utilizarse y su ubicación dentro de góndolas, anaqueles y refrigeradores para garantizar que la información sea visible antes de la compra.

Otra medida busca evitar que los sucedáneos se exhiban mezclados con los productos originales de la misma categoría cuando esa disposición pueda generar confusión entre los consumidores. La intención es que el comprador pueda diferenciarlos de manera inmediata al recorrer los pasillos del supermercado.

La ley también regula la presentación de los alimentos importados, estableciendo que deberán mantener la información que permita identificar su origen y evitar prácticas que puedan inducir a error respecto a su naturaleza o procedencia.

En el caso de productos cárnicos congelados, por ejemplo, se prohíbe descongelarlos o trocearlos para ofrecerlos como si fueran carne fresca nacional.

Además de las nuevas reglas para el comercio, la normativa ordena desarrollar campañas nacionales de educación y divulgación para explicar a la población las diferencias entre productos originales, sucedáneos e imitaciones, promover el consumo informado y fortalecer la educación alimentaria. Estas campañas deberán realizarse al menos dos veces al año.

Fiscalización y multas

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la ley recaerá sobre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que podrá realizar inspecciones y aplicar sanciones cuando detecte incumplimientos.

Las multas previstas van desde 1.000 hasta 5.000 dólares para las primeras infracciones y pueden alcanzar entre 5.001 y 25.000 dólares en casos de reincidencia. La norma también establece que las infracciones serán consideradas fraude alimentario y podrán ser sancionadas conforme a la legislación vigente.

No obstante, los comercios tendrán un período de adaptación antes de que las nuevas exigencias sean obligatorias. La ley dispone que comenzará a regir un año después de su promulgación, tiempo durante el cual fabricantes, importadores y establecimientos deberán adecuar su rotulación, señalización y sistemas de exhibición para cumplir con las nuevas disposiciones.

Con esta legislación, Panamá se suma a la tendencia de varios países que han reforzado las normas de etiquetado e identificación de alimentos para fortalecer la transparencia en el mercado y garantizar que los consumidores puedan distinguir con claridad entre un producto original y aquellos elaborados como sustitutos o imitaciones antes de decidir qué llevar a su mesa.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dará este jueves 9 de julio un paso clave en uno de los proyectos de infraestructura logística más ambiciosos de su historia reciente al recibir la documentación de las empresas interesadas en precalificar para la construcción y operación de dos nuevas terminales portuarias de contenedores: Corozal, en la ribera Pacífica del Canal, y Telfers, en la provincia de Colón, sobre el Atlántico.

La recepción de credenciales marca el cierre de la primera fase del proceso de precalificación, tras varios meses de consultas técnicas con potenciales inversionistas internacionales y la publicación de tres enmiendas al pliego original, mediante las cuales la ACP amplió plazos, aclaró requisitos y ajustó diversos aspectos documentales para facilitar la participación de operadores portuarios y fondos de inversión.

Estas dos terminales forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, que busca ampliar las fuentes de ingresos de la vía interoceánica más allá del cobro por el tránsito de buques, fortaleciendo el negocio logístico y portuario del país.

La inversión estimada para ambos desarrollos asciende a unos 2,600 millones de dólares, con un período de construcción previsto de aproximadamente 42 meses. Una vez en operación, las nuevas terminales añadirían cerca de cinco millones de TEU de capacidad al sistema portuario panameño, reforzando la posición del país como principal centro regional de trasbordo de contenedores.

Tras recibir la documentación, la ACP iniciará el proceso de evaluación conforme a los criterios establecidos en los pliegos de precalificación. Posteriormente publicará el listado de empresas y consorcios que superen esta etapa y únicamente esas compañías podrán participar en la futura licitación para la adjudicación de las concesiones.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que una vez concluida la evaluación continuará el diálogo técnico con las empresas precalificadas para terminar de definir el modelo de concesión, el diseño definitivo de los proyectos y las condiciones contractuales antes de abrir la fase de presentación de propuestas.

Icaza confirmó que las dos terminales serán licitadas de forma independiente y no como un solo paquete, una decisión que ya fue comunicada previamente a la industria durante las reuniones sostenidas con potenciales participantes.

La ACP considera que ambas terminales permitirán aliviar restricciones de capacidad en el sistema portuario nacional y atender el crecimiento esperado del movimiento de contenedores asociado al Canal ampliado, además de fortalecer la conectividad marítima de Panamá.

Las modificaciones introducidas recientemente mediante la Enmienda No. 3 también aclararon aspectos relacionados con la experiencia mínima exigida a los operadores, los volúmenes de carga que deberán demostrar, la participación de consorcios e inversionistas institucionales y las condiciones bajo las cuales podrán modificarse esas asociaciones durante el proceso.

Uno de los cambios más relevantes establece que los interesados deberán acreditar control efectivo sobre la operación y administración de terminales de contenedores y no únicamente una participación accionaria pasiva, con el propósito de garantizar experiencia comprobada en la gestión portuaria.

Cautela sobre la participación de empresas chinas

Uno de los temas que surgió durante la conferencia fue la eventual participación de compañías chinas en la precalificación, en medio de las tensiones generadas tras la salida de Panama Ports Company, subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison, del manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Consultado sobre si existiría algún tipo de restricción para firmas procedentes de China, Icaza evitó hacer valoraciones políticas y respondió que todas las condiciones de participación están contenidas en el pliego de precalificación.

“Las condiciones están definidas claramente en el pliego de precalificación”, señaló el ministro, quien recordó que precisamente las adendas emitidas durante los últimos meses buscaron responder las consultas formuladas por los potenciales interesados y otorgar mayor claridad al proceso.

Su respuesta fue interpretada como una postura prudente, evitando anticipar escenarios sobre posibles participantes mientras la ACP mantiene abierto un proceso competitivo de carácter internacional.

Otro megaproyecto sigue su curso

Aunque este jueves concluye la recepción de documentos para las terminales portuarias, la ACP mantiene abierto otro proceso de precalificación correspondiente al Corredor Energético Interoceánico, cuya fecha límite permanece fijada para el 23 de julio.

Ese proyecto contempla la construcción de un sistema para transportar propano, butano y etano entre ambas costas del país mediante un ducto de aproximadamente 76 kilómetros, además de terminales especializadas en ambos extremos del Canal.

La inversión estimada oscila entre 4,000 y 8,000 millones de dólares, dependiendo del diseño definitivo y de las instalaciones complementarias que finalmente sean incorporadas.

Icaza explicó que, una vez concluya esa etapa de precalificación, la ACP también evaluará las propuestas recibidas, publicará la lista de empresas calificadas y continuará el proceso de definición técnica y contractual antes de abrir la licitación definitiva.

Ambos proyectos, junto con la futura extensión del corredor logístico terrestre y el desarrollo del proyecto hídrico de Río Indio, forman parte de la estrategia con la que la Autoridad del Canal busca transformar su modelo de negocios durante la próxima década,兵 ampliando el papel de Panamá como plataforma logística, energética y marítima de alcance global.

Condiciones climáticas como déficit de lluvias a nivel nacional, así como el aumento de las temperaturas del aire y la elevación de la sensación térmica podrían reflejarse en Panamá entre julio a diciembre de 2026.

La información la dio la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, durante un informe presentado al Consejo de Gabinete en referencia al estado actual del fenómeno de El Niño.

En el informe de perspectiva climática, una nota de prensa oficial detalla que actualmente se mantiene la alerta de El Niño y que la mayoría de los modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se puedan mantener en los próximos meses.

Actualmente, se pronostica para julio a diciembre de 2026 el predominio de déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones de hasta 55%.

Además, entre julio y principios de agosto podrían presentarse períodos secos asociados con calor y, donde la mayoría de los modelos estadísticos estiman que las temperaturas del aire presentarán un aumento entre 1 a 3 grados centígrados.

De Calzadilla detalló que los años que han presentado un comportamiento similar en los patrones climáticos durante los meses de enero a junio de 2026 son 1997, 2002, 2023. En estos años, denominados análogos, los episodios de El Niño se declararon en el trimestre de abril-mayo-junio, alcanzando una intensidad de fuerte a muy fuerte durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

El IMHPA declaró el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026. La NOAA lo declaró el 12 de junio del presente año.

El fenómeno atmosférico de El Niño cambia el clima en muchas regiones del planeta generando sequías en algunas zonas mientras que en otras provoca lluvias fuertes e inundaciones, así como el aumento de la temperatura global y el calor extremo.

La nota de prensa también señala que el Consejo de Gabinete autorizó la Resolución 55-26, que aprueba a la Zona Libre de Colón (ZLC) la contratación para la renovación de la infraestructura tecnológica y la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de sus sistemas de misión crítica: la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE) y Colón Puerto Libre (CPL).

Luisa Napolitano, gerente de la zona franca, sustentó, siempre de acuerdo a la información oficial, la solicitud de aprobación del procedimiento excepcional para celebrar este contrato con la empresa Sonda S.A., por la suma de $4,441,830.82.

Con una actividad comercial que supera los $25 mil millones anuales, la Zona Libre de Colón depende de plataformas tecnológicas que permiten la trazabilidad, control, validación y gestión de los movimientos comerciales que realizan las empresas usuarias dentro del área segregada, por lo que la continuidad, disponibilidad, seguridad y confiabilidad de dichos sistemas constituye un componente esencial para la prestación ininterrumpida de los servicios institucionales.

Napolitano indicó que el reemplazo de esta infraestructura tecnológica es urgente e indispensable para el futuro comercial de la ZLC, debido a que el sistema actual acumula 10 años de operación, carece de soporte del fabricante, es incompatible con las nuevas versiones del DMCE y resulta vulnerable a ciberataques.

Desde el 2007 la ZLC opera el sistema DMCE, una plataforma que automatiza y controla las importaciones, exportaciones, reexportaciones, traspasos y otras operaciones propias de las empresas usuarias, bajo un esquema de alta disponibilidad las 24 horas del día.

El Consejo de Gabinete de igual manera autorizó dos resoluciones que aprueban fondos a favor del Ministerio de Seguridad para fortalecer la lucha contra el crimen. La primera está destinada a la reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional, y la segunda, a la actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

Cuando en Panamá ocurre una muerte por atropello provocada por un conductor en estado de ebriedad o bajo efectos de algún alucinógeno se aplica la detención del infractor, mientras que los familiares de las víctimas quedan desamparados.

Esta situación podría cambiar con el anteproyecto presentado por el diputado José Pérez Barboni, que plantea la necesidad de castigar de manera rigurosa la irresponsabilidad del conductor cuando atropelle a padres de familia.

El proyecto de ley busca exigir que los conductores que causen accidentes fatales asuman el pago de pensiones alimenticia para los hijos de las víctimas.

La propuesta promueve en sus articulados que el juez penal o civil competente esté obligado a imponer, como medida de reparación integral, el pago de una pensión alimentaria a favor del menor de edad que haya quedado en estado de desprotección, luego de ser declarado por un juez como responsable del accidente por estar bajo efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes.

También establece en su articulado que el juez determinará una cantidad a pagarse mensualmente al menor por, cuyo padre o madre o ambos hayan fallecido a causa del accidente, hasta cumplir 19 o 25 años de edad, si está en carrera universitaria, debidamente comprobado.

Pérez Barboni explicó a EcoTV que el problema se agrava cuando por esta situación un menor de edad pierde a uno o ambos padres de familia, lo que conlleva la pérdida de los medios de subsistencia, dejándolo en situación de vulnerabilidad económica, desmejora su calidad de vida, quedando al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares, lo que representa una carga injusta.

La iniciativa, de acuerdo con el diputado, busca que estos responsables puedan hacerse cargo de los gastos que quedan sin cubrir tras la pérdida de uno de los progenitores, quien lamentablemente ya no podrá brindar ese apoyo económico y familiar.

El diputado detalló que la propuesta surge tras evaluar una legislación similar vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, la cual ha mostrado resultados positivos en la reducción de siniestros viales causados por el consumo de alcohol o drogas.

En 2022, Tennessee promulgó una ley que obliga a los conductores condenados por homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol a pagar una pensión alimenticia a los hijos menores de las víctimas.

Esta legislación es conocida como “Ethan’s, Hailey’s, and Bentley’s Law”, en honor a los hijos de un oficial de policía local que falleció tras ser atropellado por un conductor ebrio.

El texto de esa norma establece que la persona condenada debe pagar manutención a cada hijo menor de la víctima hasta que cumpla 18 años y termine la educación secundaria.

El monto de la pensión se determina considerando las necesidades económicas del menor y las posibilidades tanto del tutor sobreviviente como del propio condenado. Si el responsable se encuentra en prisión, dispone de un año tras su liberación para iniciar los pagos.

Según Barboni, el texto de Tennessee fue analizado y adaptado a la realidad nacional para ser presentado ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir conductas irresponsables y generar mayor conciencia al volante.

“Espero que esta ley pueda tomar el impulso necesario para que todo el país conozca sus alcances y genere conciencia“, aseguró el diputado en una entrevista en el programa Radiografía de Eco TV.

De acuerdo con el parlamentario, la normativa no afectará a quienes sufran accidentes en condiciones de sobriedad, ya que se reconoce que los siniestros viales pueden ocurrir por otros factores no negligentes.

La economía de Panamá recibe un nuevo impulso tras el anuncio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sobre la ampliación de una Línea Global de Crédito (LGC) por US$58 millones destinada al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA). El primer desembolso, que asciende a US$40 millones, se orienta a fortalecer el acceso al financiamiento para empresas del sector productivo panameño, según detalló el comunicado oficial. Esta medida busca estimular la inversión, la creación de empleo y la competitividad en sectores clave.

De acuerdo con el comunicado institucional, la inyección inicial de capital se dirigirá a compañías que operan en comercio, manufactura, almacenamiento y transporte, consideradas motores de la economía nacional. El BCIE informó que este desembolso permitirá fortalecer la estructura de capital de más de 29 empresas panameñas y acompañar sus planes de expansión en un contexto que exige mayor resiliencia y adaptabilidad.

El financiamiento canalizado a través del BICSA responde a una estrategia regional del BCIE enfocada en impulsar soluciones financieras adaptadas a las necesidades de los sectores productivos. Según lo expresado por la entidad, el objetivo es que los recursos lleguen de forma ágil a las empresas, facilitando inversiones estratégicas y promoviendo cadenas de valor que impacten de manera directa en la economía real.

La decisión de ampliar la Línea Global de Crédito se inscribe en el marco de los esfuerzos del BCIE para estimular el dinamismo empresarial y fomentar la recuperación económica tras períodos de volatilidad e incertidumbre. El banco multilateral destacó que, al robustecer el acceso a capital, se favorece la generación de empleo y la consolidación de empresas que lideran la transformación productiva del país.

En declaraciones recogidas en el comunicado oficial, el BCIE subrayó que la medida busca “seguir promoviendo economías más competitivas, resilientes e inclusivas”, una premisa que ha guiado su intervención en los países miembros. El desembolso inicial de US$40 millones representa un paso concreto en esa dirección, permitiendo acelerar proyectos de inversión y desarrollo, así como respaldar el crecimiento de empresas que forman parte del tejido empresarial de Panamá.

La nueva ronda de financiamiento se produce en un contexto donde el sector privado panameño demanda alternativas de crédito para sostener operaciones, incorporar tecnología y acceder a mercados internacionales. El BICSA, como agente intermediario, desempeñará un papel clave en la canalización de estos fondos y en la supervisión del destino de los recursos, asegurando su impacto en áreas consideradas estratégicas.

El Banco Centroamericano de Integración Económica reiteró que su compromiso es acompañar al sector productivo panameño mediante instrumentos financieros orientados al desarrollo sostenible y la creación de oportunidades. La institución mantiene como prioridad la generación de empleo y el fortalecimiento de empresas que contribuyan al crecimiento económico de la región.

A finales de junio, la Asamblea de Gobernadores del BCIE aprobó un aumento de capital de USD 3,000 millones y una reforma de gobernanza que eleva el capital autorizado a USD 10,000 millones. La decisión busca ampliar la capacidad del organismo para financiar proyectos en los países miembros. Se trata de su noveno incremento de capital y que la medida permitirá pasar de USD 7,000 millones a USD 10,000 millones en fondos disponibles para apoyar iniciativas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice.

La piña panameña ya se encuentra disponible en las tiendas Costco de Toronto, fortaleciendo la presencia de la oferta exportable nacional en el mercado canadiense.

La embajada de Panamá en Canadá informó en sus redes sociales que ya se han enviado siete contenedores de piña panameña y el volumen de exportación continúa en crecimiento, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias.

Agrega que actualmente se despachan tres contenedores por semana y se proyecta ampliar la distribución hacia más tiendas, además de extender los envíos al oeste de Canadá en los próximos meses.

Este resultado es fruto de una gestión coordinada que inició cuando un comprador canadiense manifestó a la embajada de Panamá en Canadá su interés en adquirir frutas panameñas y en respuesta las autoridades locales articularon esfuerzos para identificar productores con capacidad exportadora y facilitar el acercamiento comercial que hoy se traduce en la presencia de la piña panameña en una de las principales cadenas minoristas de ese país, explicó Eric Dormoi, director Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias.

El comprador también mostró interés en incorporar otras frutas panameñas, lo que abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta exportable nacional, fortalecer los encadenamientos productivos y ampliar la presencia de la oferta panameña en el mercado canadiense, agregó Dormoi, citado en una nota de prensa.

“Este avance cobra un significado especial en el año en que Panamá y Canadá celebran 65 años de relaciones diplomáticas, reafirmando una relación de cooperación que continúa generando oportunidades”, se indica.

En 2024 y 2025 los principales destinos de la piña panameña fueron Estados Unidos, que absorbió cerca del 60% de las exportaciones, y países de la Unión Europea como Países Bajos, Francia, Bélgica y Libia.

Aunque el mercado estadounidense continúa siendo el más grande, la rentabilidad suele ser mayor en Europa, donde se valoran calibres y grados de madurez específicos. Panamá exportó 11.526.186 kilogramos de piña en 2024, con ingresos cercanos a los $7,7 millones, según cifras oficiales.

Datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, citados por News in America, señalan que Panamá Oeste contabilizó 1.776 hectáreas sembradas de piña en el cierre del ciclo agrícola 2023-2024, con la participación de 123 productores formales.

Especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP) determinaron que el corregimiento de Herrera, dentro de esta provincia, concentra el 79,6% de la producción nacional, principalmente destinada tanto al mercado local como a la exportación.

La variedad más cultivada es la MD2, reconocida por su dulzura y larga vida postcosecha, lo que facilita su comercialización internacional.

Según información publicada por FreshFruitPortal, la expansión de la superficie cultivada también ha ido acompañada de mejoras en infraestructura y sistemas de empaque, lo que ha permitido a empresas como Ananas Panama SA aumentar su producción en un 15% en 2026 y atender la demanda creciente, especialmente en Europa, donde los embarques semanales han crecido un 60% respecto a 2025.

La coyuntura regional también ha favorecido a Panamá. FreshPlaza reportó que la caída temporal en la oferta de piña de Costa Rica, principal competidor en Centroamérica, abrió una oportunidad para que empresas panameñas fortalecieran su presencia en los mercados de Canadá, España, Países Bajos y Reino Unido.

El gerente general de Panama Squash Co., Danis Santana, explicó que la producción nacional creció entre 30% y 40% anual en los últimos dos años, consolidando una mayor visibilidad internacional, además de permitir exportaciones semanales de hasta cinco contenedores desde 25 hectáreas de cultivo.

El auge exportador está vinculado a la aplicación de estándares internacionales de calidad y a la búsqueda de una mayor sostenibilidad ambiental. De acuerdo con la fuente informativa, los recientes acuerdos comerciales y la implementación de certificaciones han permitido asegurar unas 300 hectáreas bajo sistemas de producción sostenible, alineando el crecimiento económico con la responsabilidad ambiental y social.

Médicos, enfermeras y farmacéuticos de las entidades oficiales de salud y de hospitales privados participaron en una jornada sobre el uso racional de medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que más del 50% de los medicamentos en el mundo se prescriben, dispensan o utilizan de forma inadecuada.

Esta estimación, difundida en las últimas revisiones técnicas del organismo, plantea uno de los mayores desafíos actuales para los sistemas de salud globales.

La entidad también alertó que cerca de la mitad de los pacientes no emplean los fármacos según las indicaciones médicas, lo cual incrementa los riesgos de complicaciones y reduce la efectividad de los tratamientos.

Es fundamental que todos los profesionales de la salud se involucren activamente en el uso racional de los medicamentos y guíen a los pacientes en el día a día a través de la consejería y la orientación, manifestó el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang.

Por ello, agregó que la jornada pretende que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible.

“Cada medicamento correctamente utilizado representa una oportunidad para mejorar la salud y salvar vidas; cada medicamento utilizado de manera inadecuada representa un riesgo para el paciente y un desafío para el sistema de salud”, señaló la representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Panamá (OPS/OMS), Zohra Abaakouk.

Abbakouk señaló que los medicamentos son una de las intervenciones más costo-efectivas en salud. Sin embargo, su impacto depende de que cada persona reciba el medicamento adecuado, en la dosis correcta, durante el tiempo indicado y con la información necesaria para utilizarlo de forma segura.

Según informó la OMS, el uso inapropiado de medicamentos implica prácticas como la automedicación, la prescripción excesiva, el abandono prematuro de tratamientos o la utilización de dosis incorrectas. Estas conductas afectan tanto a países de ingresos altos como bajos, y se presentan en hospitales, clínicas y farmacias de todo el mundo.

En América Latina, el desafío es aún mayor debido a la venta libre de medicamentos y la falta de control en algunas regiones.

Expertos citados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, explicaron que la educación sanitaria y el acceso a la información son claves para revertir la tendencia.

“La única manera de reducir los daños asociados al mal uso de medicamentos es a través de una estrategia multidisciplinaria que involucre a gobiernos, médicos, farmacéuticos y ciudadanos”, señaló la OPS.

De acuerdo con un informe citado por Reuters, el mal uso de fármacos puede provocar resistencia a los antibióticos, reacciones adversas graves y un aumento en los costos sanitarios.

La organización internacional de salud señala que la falta de seguimiento médico, la presión de la industria farmacéutica y el acceso sin receta a ciertos medicamentos contribuyen al problema. En países con sistemas de control menos estrictos, la automedicación se volvió una práctica habitual.

“El uso irracional de fármacos representa una amenaza para la salud pública, especialmente ante el avance de bacterias resistentes”, indicó la OMS en un reciente reporte técnico.

Según la entidad, cada año se pierden millones de dólares por hospitalizaciones evitables y complicaciones tratables que derivan del uso indebido de medicamentos.

Estudios recientes citados destacan que la falta de información clara y la escasa comunicación entre profesionales de la salud y pacientes agravan el panorama.

Al menos 55 personas en Panamá han sido afectadas por larvas del gusano barrenador del ganado en lo que va de 2026, según reportes recientes de autoridades sanitarias y organismos científicos.

El brote ha reavivado la preocupación en la región centroamericana por una plaga que, tradicionalmente asociada al sector pecuario, también impacta la salud humana y requiere respuestas urgentes de los sistemas de salud pública.

La cifra coloca a Panamá en el centro de la atención regional por su alta incidencia, tanto en animales como en personas.

De acuerdo con datos recopilados, la miasis causada por el gusano barrenador del ganado se origina cuando la mosca parasitaria deposita sus huevos en heridas abiertas de animales o seres humanos.

Las larvas emergen y penetran el tejido vivo, alimentándose de la carne y generando lesiones que pueden derivar en infecciones severas si no se tratan a tiempo.

En los seres humanos se han detectado síntomas como dolor intenso, inflamación local, secreción purulenta y, en casos avanzados, necrosis del tejido afectado.

La epidemia de gusano barrenador tiene presencia en toda Centroamérica. Según las últimas estimaciones, Panamá registra cada año entre 1.300 y 2.000 casos de infestación en humanos, con una incidencia de 40 a 65 casos por cada 100.000 habitantes.

En países vecinos como Costa Rica los casos anuales oscilan entre 500 y 600, con una incidencia de 11 a 15 por cada 100.000 habitantes. Las cifras reflejan el carácter persistente y expansivo de la plaga en la región.

La mosca del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) representa un riesgo biológico prioritario para la región, tanto por el daño económico que ocasiona en la ganadería como por su impacto en la salud pública.

La larva no transmite enfermedades a través de alimentos ni de persona a persona, pero sí puede causar daños severos en heridas abiertas, lo que obliga a una atención médica oportuna, reportó Clarín.

En México, hasta donde ha llegado la plaga, la situación es igualmente preocupante. Hidalgo, por ejemplo, acumula más de 900 casos en ganado y 14 en humanos, según reportó Excélsior. En Guanajuato, Milenio confirmó más de 400 casos en animales. A escala nacional se estima más de 30.000 casos, con los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz entre los más afectados.

Las autoridades mexicanas han intensificado la vigilancia epidemiológica y la capacitación de personal sanitario, además de promover el uso de barreras biológicas, como la liberación de moscas estériles para controlar la población de la plaga.

En el contexto panameño, el Ministerio de Salud mantiene activa una campaña de prevención y control. El énfasis está puesto en la detección temprana de lesiones cutáneas en humanos y animales, así como en la pronta atención médica.

Las autoridades exhortan a la población a evitar la automedicación y a acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha de infestación, especialmente tras el reporte de los 55 casos recientes en el país.

El brote de gusano barrenador no ha provocado muertes humanas en Panamá, aunque sí complicaciones severas en pacientes con heridas crónicas o condiciones preexistentes. Voceros del Ministerio de Salud subrayaron la necesidad de fortalecer la educación sanitaria y la vigilancia en zonas rurales, donde el contacto con la fauna ganadera favorece la transmisión.

La expansión del gusano barrenador en Centroamérica ha reactivado la cooperación regional para combatir la plaga.

Aunque la información de la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG) es escasa, Panamá lidera iniciativas para garantizar el acceso a sueros y tratamientos, así como la coordinación con organismos internacionales para contener el avance de la larva en países limítrofes.

Panamá se mantiene bajo vigilancia meteorológica por condiciones ventosas y aumento del oleaje en el Caribe, en momentos en que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene activa la alerta por el posible endurecimiento del fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

El primer aviso corresponde a condiciones ventosas y estará vigente desde las 12:01 a.m. del 7 de julio hasta el 8 de julio. Las áreas bajo vigilancia incluyen la Cordillera Central, Colón, costas de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos.

De acuerdo con el Imhpa, sistemas de alta presión en el Atlántico y el golfo de México están acelerando los vientos alisios sobre el mar Caribe, generando condiciones ventosas principalmente durante la tarde y la noche.

El pronóstico advierte vientos de componente norte con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en el golfo de Panamá y sectores de Los Santos, además de vientos de hasta 35 kilómetros por hora en zonas marítimas del Caribe panameño, el sector montañoso de Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y las costas de Panamá.

Las ráfagas podrían alcanzar 60 kilómetros por hora en Panamá Oeste, Coclé, Costa Abajo de Colón, Herrera, Los Santos, sectores de la Cordillera Central y el golfo de Panamá.

El segundo aviso está relacionado con el oleaje en el Caribe y estará vigente hasta el 9 de julio. En el Caribe Occidental, que incluye Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas, se esperan olas entre 1.4 y 2.0 metros.

En el Caribe Central, principalmente Colón Costa Abajo y Centro, el oleaje podría alcanzar 2.2 metros, mientras que en el Caribe Oriental, entre Costa Arriba de Colón y Guna Yala, las olas podrían llegar hasta 2.5 metros.

Las condiciones marítimas fueron clasificadas con precaución para bañistas y embarcaciones pequeñas. El Imhpa advirtió que los vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe favorecerán periodos frecuentes de oleaje alto, por lo que recomendó a residentes de zonas costeras vulnerables, pescadores artesanales y operadores de embarcaciones menores atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

El boletín diario también anticipa nublados dispersos y lluvias ocasionales en sectores del Caribe, especialmente desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro. En el Pacífico no se descartan chubascos aislados moderados en Chiriquí, Panamá Oeste y episodios puntualmente fuertes en Darién y la comarca Emberá Sambú.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, mientras que en la Cordillera Central podrían ubicarse alrededor de 24 °C.

El contexto climático más amplio preocupa a las autoridades. En su boletín de pronóstico climático para julio y agosto, el Imhpa indicó que el país se encuentra bajo alerta de El Niño, luego de observar condiciones asociadas al fenómeno y una alta probabilidad de que continúen durante los próximos meses.

El documento señala que el calentamiento del Pacífico ecuatorial se ha expandido dentro de las zonas de monitoreo y que modelos internacionales estiman una probabilidad de hasta 98% de desarrollo de El Niño para el trimestre mayo-julio de 2026.

El organismo recordó que El Niño puede alterar los patrones de lluvia y temperatura. Para julio, el pronóstico estacional prevé una disminución de los acumulados de lluvia en gran parte del país, con valores cercanos o por debajo de lo normal, salvo sectores de Bocas del Toro y el norte de Veraguas, donde podrían registrarse lluvias por encima del promedio.

El boletín también señala que en julio suele presentarse la canícula, un periodo seco asociado al fortalecimiento de los vientos alisios.

Para agosto, el Imhpa espera condiciones cercanas o por debajo de lo normal en buena parte de la vertiente del Pacífico, mientras que algunos sectores de Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y Panamá Este podrían registrar lluvias superiores al promedio.

La entidad advirtió que, aunque los pronósticos climáticos son proyecciones de mediano plazo, pueden presentarse eventos puntuales de fuerte intensidad y corta duración.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan precaución por posibles caídas de árboles, desprendimiento de objetos mal instalados, oleaje elevado y radiación ultravioleta entre muy alta y extrema. El llamado es claro: seguir los avisos oficiales, evitar actividades marítimas riesgosas y atender las recomendaciones de Sinaproc durante los días de vigilancia.

Las recientes elecciones para escoger al nuevo rector de la Universidad de Panamá, dejó a diez mujeres liderando posiciones estratégicas del gobierno universitario para el periodo 2026-2031, lo que representa un avance en la participación femenina dentro de los espacios de toma de decisiones de la institución.

Para el Instituto de la Mujer de la entidad, los resultados también reflejan la confianza depositada por la comunidad universitaria en sus propuestas, trayectoria académica y capacidad de gestión, así como la evolución de la participación de las mujeres en la educación superior panameña.

A lo largo de la gestión universitaria las mujeres han fortalecido su presencia como docentes, investigadoras, administrativas y autoridades universitarias.

Respecto a la participación de las mujeres en la actividad laboral del país, un estudio de la institución revela que a nivel nacional todavía existe un rezago en su inserción laboral.Final del formulario

Los resultados del más reciente informe universitario de inserción laboral, correspondiente a egresados durante el período 2017-2025, junto con una encuesta aplicada durante el primer trimestre de 2026, destaca una brecha de género.

Se indica que el 75.9% de los hombres graduados se encuentra empleado, frente al 58% de las mujeres.

Asimismo, los egresados del campus central registran una inserción laboral de 72.1%, mientras que los de los centros regionales alcanzan un 51.8%.

La encuesta evaluó a 850 graduados de todo el país, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados muestran una tasa general de inserción laboral de 62.6%.

Eduardo Valdebenito, jefe del Observatorio Ocupacional de la institución, defendió el aporte de la Universidad de Panamá al desarrollo del país y aseguró que las conclusiones se sustentan en estadísticas oficiales recopiladas por el Departamento de Estadística Universitario.

Por nivel académico, se manifiesta que las licenciaturas reportan una tasa de inserción de 63.5%, superior al 52.5% observado en las carreras técnicas.

Las áreas con mejores resultados son ciencias de la salud, con 69.2%; ciencias administrativas y económicas, 63.8%; ciencias humanísticas y sociales, 60.2%; y ciencias naturales y tecnología, 59.3%.

El informe también señala que la empleabilidad de los graduados mantiene una estrecha relación con el desempeño de la economía nacional.

Los niveles más altos de inserción se registraron en 2017 (83.7%) y en 2022 (80.3%), tras la recuperación pospandemia. La tendencia reciente refleja una desaceleración acorde con el comportamiento económico del país.

Valdebenito destacó que el Observatorio Ocupacional Universitario se ha convertido en una referencia técnica nacional y que sus estudios están disponibles al público a través de plataformas digitales de la institución.

Sobre el tema, el mercado laboral en Panamá muestra una paradoja: un crecimiento económico superior al 4%, pero con un desempleo estancado en el 10.4%.

La informalidad ronda el 47% y la disparidad entre la oferta y la demanda de habilidades técnicas frenan el desarrollo social, según la Iniciativa Panamá Sin Pobreza.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, el rezago laboral en 2025 se reflejó en una tasa de desempleo cerrada en 9.5%, con la posibilidad de escalar hasta el 10%.

Este aumento se debe, según la entidad, a varios factores, incluyendo la pérdida de empleo en la provincia de Bocas del Toro y a efectos colaterales en sectores estratégicos como el turismo y la logística.

A pesar de la dificultad, se indicó que se registraron 284,125 contratos laborales, de los cuales 71,798 fueron indefinidos, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, sostuvo que los jóvenes y los mayores de 40 años son los grupos más afectados por el desempleo, aunque se han implementado programas de inserción laboral para ayudar a estos grupos, recoge el Ministerio de Economía y Finanzas.

Panamá mantiene una de las economías más abiertas de América Latina, pero también una fuerte dependencia de las mercancías provenientes del exterior.

Entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026, los registros de la Autoridad Nacional de Aduanas reflejan operaciones de importación por $7.882,2 millones, en valor CIF, y exportaciones por $923,8 millones, en valor FOB, lo que arroja un déficit comercial de mercancías de $6.958,4 millones.

Las cifras corresponden a operaciones aduaneras registradas durante ese período, por lo que incluyen declaraciones de exportación tramitadas ante Aduanas y no son directamente comparables con las estadísticas de exportaciones nacionales que posteriormente consolida y publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo bajo su propia metodología.

Aun así, los registros ofrecen una radiografía clara de los bienes que ingresan y salen del país, así como de la dinámica comercial que sostiene una economía cuyo principal motor continúa siendo la prestación de servicios.

El déficit comercial no representa una novedad para Panamá. A diferencia de otras economías de la región, el país importa buena parte de los bienes que consume y utiliza para su actividad productiva, mientras genera una porción importante de sus ingresos mediante servicios como el Canal de Panamá, el sistema portuario, la Zona Libre de Colón, el centro bancario internacional, la aviación, las telecomunicaciones y el turismo.

No obstante, las cifras aduaneras muestran la magnitud del desequilibrio. Entre enero y el 25 de junio, las importaciones registradas por Aduanas fueron 8.5 veces mayores que las exportaciones: por cada $1 en mercancías enviadas al exterior, ingresaron al país $8.5 en bienes importados.

Esa relación refleja el peso del consumo interno, la actividad logística y la dependencia de insumos externos en una economía altamente integrada al comercio internacional.

Entre los principales productos importados destacan combustibles derivados del petróleo, vehículos, maquinaria industrial, equipos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, medicamentos, productos farmacéuticos, plásticos, productos químicos, fertilizantes, materiales para la construcción, carnes, lácteos, cereales y diversas preparaciones alimenticias.

La composición de las importaciones refleja la dependencia del país de insumos destinados al comercio, la construcción, la industria, el transporte y la logística, además del abastecimiento de bienes de consumo para el mercado interno.

Estados Unidos se mantiene como uno de los principales proveedores de Panamá, seguido por China, México, Brasil, Colombia y otros mercados de América, Europa y Asia que abastecen al país de mercancías de alto valor agregado, materias primas y productos terminados.

Las operaciones de exportación muestran una canasta más reducida, aunque con señales de diversificación. Entre los principales bienes enviados al exterior sobresalen camarones, cables eléctricos, envases de aluminio, banano, madera de teca, harina y aceite de pescado, chatarra metálica, sandía, azúcar y café, además de otros productos agrícolas, pesqueros e industriales.

Los registros también incluyen operaciones vinculadas a metales preciosos, pero estas deben leerse como movimientos aduaneros y no necesariamente como producción minera nacional, tomando en cuenta que Panamá no mantiene actualmente una actividad de minería metálica activa.

La precisión es importante porque la base analizada corresponde a registros operativos de Aduanas y puede incluir operaciones de exportación, reexportación, mercancías previamente importadas o movimientos bajo regímenes especiales.

Por ello, el monto de $923.8 millones no debe interpretarse automáticamente como exportaciones nacionales netas, sino como el total de operaciones aduaneras de salida registradas durante el período.

Estados Unidos figura nuevamente entre los principales destinos de las mercancías panameñas, junto con mercados como Costa Rica, Países Bajos, India, España, Cuba y otros países de Centroamérica, Europa, Asia y el Caribe.

Aunque la diferencia entre importaciones y exportaciones de mercancías supera los $6.900 millones, especialistas suelen advertir que ese indicador debe analizarse junto con la balanza de servicios. Panamá obtiene miles de millones de dólares cada año gracias a actividades como el Canal, los puertos, la logística, la aviación, el sistema financiero y la Zona Libre de Colón, ingresos que compensan parcialmente el déficit registrado en el intercambio físico de bienes.

Sin embargo, las cifras también muestran uno de los principales retos de la economía nacional: aumentar el valor agregado de la producción destinada a los mercados internacionales.

En los últimos años, el país ha impulsado estrategias para fortalecer la agroindustria, ampliar la oferta exportable, abrir nuevos mercados y facilitar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas.

El objetivo es reducir gradualmente la dependencia de las importaciones y generar una mayor participación de productos nacionales en el comercio mundial.

Otro aspecto que revelan los registros aduaneros es el papel de Panamá como plataforma regional de distribución. Una parte importante de las mercancías que ingresan al país no está destinada exclusivamente al consumo nacional, sino que alimenta cadenas logísticas, procesos industriales y operaciones comerciales vinculadas con la redistribución hacia otros mercados, aprovechando la infraestructura portuaria y la conectividad que ofrece el Canal de Panamá.

Con un comercio exterior que supera los $8.800 millones en operaciones aduaneras durante el primer semestre, la economía panameña mantiene su vocación comercial y logística.

El desafío sigue siendo el mismo: transformar esa posición estratégica en una mayor capacidad para producir y exportar bienes con mayor valor agregado, fortaleciendo así uno de los componentes pendientes de su crecimiento económico.

Los buques de guerra de Estados Unidos continúan pagando por transitar el Canal de Panamá, pese a las presiones que en su momento ejerció la administración de Donald Trump para obtener el paso gratuito por la vía interoceánica.

Así lo confirmó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, al asegurar que las conversaciones con Washington se dieron, pero que no modificaron el régimen de peajes vigente.

“Todos los buques de guerra de los Estados Unidos siguen pagando conforme a lo que establece el artículo 76 de la Ley Orgánica del Canal de Panamá y conforme al Tratado de 1977”, afirmó Icaza durante un conversatorio con medios nacionales e internacionales realizado en el marco de los diez años del Canal ampliado.

La respuesta del ministro llega después de más de un año de tensiones diplomáticas provocadas por las declaraciones de Trump sobre la vía interoceánica.

Desde finales de 2024 y durante 2025, el mandatario estadounidense elevó el tono contra Panamá, acusó al país de cobrar tarifas excesivas, sugirió que Estados Unidos debía “recuperar” el Canal y afirmó, sin pruebas, que China controlaba o tenía influencia operativa sobre la ruta marítima.

El tema escaló en febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que Panamá había aceptado permitir el tránsito gratuito de embarcaciones gubernamentales estadounidenses.

La Autoridad del Canal de Panamá lo desmintió de inmediato y aclaró que no había realizado ningún ajuste a los peajes ni a los derechos de tránsito.

La controversia abrió uno de los momentos más delicados de la relación bilateral reciente. Trump llegó a negarse a descartar el uso de la fuerza para retomar el Canal, mientras su gobierno insistía en que la presencia de empresas chinas en puertos cercanos a la vía representaba un riesgo para la neutralidad del paso interoceánico.

Panamá rechazó de forma reiterada esas afirmaciones. El presidente José Raúl Mulino sostuvo entonces que el Canal es panameño, que no estaba bajo control chino y que no había tropas extranjeras operando la vía.

La propia Autoridad del Canal también negó que China administrara o controlara sus operaciones, aunque reconoció la existencia de concesiones portuarias en áreas cercanas, una situación distinta al manejo de la ruta acuática.

Icaza sostuvo que el ambiente actual es distinto. Según el ministro, la retórica de Trump sobre el Canal ha cambiado en sus declaraciones más recientes. “Cuando uno ve las declaraciones recientes de Trump, él empieza a cambiar el lenguaje y ya no hace referencia a tomar el Canal de Panamá de nuevo. Creo que eso es un paso importante”, señaló.

El funcionario aseguró además que la relación con Estados Unidos atraviesa un momento positivo. “La relación hoy en día con Estados Unidos mejor no puede estar”, dijo, al mencionar el fortalecimiento de la cooperación bilateral y el trabajo realizado por el Gobierno panameño, con liderazgo de la Cancillería, para aclarar las diferencias surgidas durante el periodo de mayor tensión.

Sin embargo, Trump volvió a colocar el tema en la agenda pública el 1 de julio de 2026, cuando afirmó que Estados Unidos no permitiría que China tomara el control del Canal de Panamá. Aunque ya no habló expresamente de “recuperar” la vía, mantuvo la advertencia sobre la influencia china en torno a una infraestructura considerada estratégica para el comercio mundial.

El Canal de Panamá es administrado por una entidad autónoma panameña y opera bajo el principio de neutralidad establecido tras los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que permitieron la transferencia plena de la vía a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, el país ha defendido que la ruta está abierta al comercio mundial bajo reglas iguales para todos los usuarios.

Para Panamá, el cambio de tono resulta clave. La discusión sobre peajes, buques militares y supuesta influencia china puso a prueba la soberanía nacional sobre su principal activo estratégico. Ahora, el mensaje oficial busca cerrar ese capítulo: los barcos estadounidenses siguen pagando, el Canal mantiene sus reglas y la relación con Washington, según Icaza, volvió a un punto de cooperación.

Los crecientes desafíos relacionados con la prestación del servicio de agua potable, el aumento de la demanda, los efectos de la variabilidad climática y las necesidades de inversión en infraestructura, dieron pie a la reactivación del Comité Intergremial del Agua en Panamá.

La iniciativa surge como una plataforma de trabajo conjunta que reúne a representantes del sector público, gremios empresariales, la academia, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Su objetivo es diseñar y promover soluciones sostenibles para la gestión del recurso hídrico, un tema estratégico para el país, debido a la importancia del agua en el desarrollo económico y la operación del Canal de Panamá.

Frente a esta realidad, los gremios consideran indispensable avanzar en soluciones técnicas, sostenibles y de impacto inmediato, sin perder de vista las reformas estructurales que requiere el sector.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señaló la necesidad de fortalecer la gestión del agua y garantizar su uso eficiente, por lo que el comité busca crear una hoja de ruta que permita enfrentar retos como el abastecimiento de agua para consumo humano y el funcionamiento de la vía interoceánica en las próximas décadas.

El comité se inscribe en una tradición de instancias interinstitucionales y multisectoriales para la gestión del agua en el país.

Panamá ha creado en el pasado otros organismos como el Comité de Alto Nivel de Seguridad Hídrica, que estuvo conformado por ministros y autoridades clave para garantizar la seguridad hídrica nacional, y el Comité Interinstitucional de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, establecido en 1990, que marcó un precedente en la coordinación de políticas públicas relacionadas con el recurso hídrico.

La historia de la gestión del agua en Panamá muestra una evolución institucional desde la creación de acueductos en el inicio del siglo XX, la fundación de instituciones como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en 1961, y la promulgación de marcos legales que regulan el uso y administración del agua en el país.

Las acciones recientes y los llamados a reactivar el Comité Intergremial del Agua reflejan la continuidad de estos esfuerzos y la importancia creciente de la colaboración intergremial para enfrentar los desafíos hídricos en Panamá, dijeron fuentes del sector.

Ahora, la instalación del Comité da continuidad al compromiso expresado por estas organizaciones desde mayo de este año, cuando manifestaron públicamente su preocupación por la situación hídrica nacional y su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que garanticen una gestión más eficiente, transparente y sostenible del agua.

El Comité está integrado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (Api), y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

También participan miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (Ipaur), del Sindicato de Industriales de Panamá (Sip) y de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia).

Durante su primera sesión de trabajo, los gremios acordaron desarrollar una agenda basada en dos prioridades: impulsar respuestas inmediatas a los problemas que afectan el suministro y la gestión del agua y, promover acciones de mediano plazo orientadas a fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la sostenibilidad del recurso hídrico en Panamá.

Los gremios reiteraron que el acceso al agua potable y al saneamiento debe constituir una prioridad nacional y una política de Estado, dada su importancia para la salud pública, la calidad de vida de la población, la competitividad y el desarrollo económico del país.

El Canal de Panamá se prepara para enfrentar un nuevo periodo de restricciones hídricas.

La subadministradora y administradora designada de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, advirtió que, de mantenerse los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño, el calado máximo permitido para los buques que transitan por las esclusas Neopanamax podría reducirse hasta 44 pies durante el verano de 2027, el límite que la propia industria naviera considera financieramente viable para seguir utilizando la ruta panameña.

El anuncio supone el primer horizonte claro sobre el escenario que proyecta la administración del Canal para los próximos meses y recuerda las restricciones implementadas durante la crisis hídrica de 2023, cuando la disminución de las lluvias obligó a reducir tanto el calado como el número de tránsitos diarios.

“Pensamos que vamos a tener que llegar a un calado de 44 pies para el verano del 2027, tal cual como tuvimos que hacer en el verano del 2023”, afirmó Ilya Espino de Marotta, subadministradora y administradora designada del Canal de Panamá, durante un conversatorio con medios nacionales e internacionales realizado en el marco de la conmemoración de los 10 años del Canal ampliado.

La ingeniera explicó que junio, tradicionalmente uno de los meses más lluviosos del año, cerró con un 17% menos de precipitaciones respecto al promedio histórico, una señal que ha llevado al Canal a anticar medidas de conservación de agua mucho antes de lo ocurrido hace tres años.

Como parte de esa estrategia, la Autoridad del Canal ya redujo el calado máximo de las esclusas Neopanamax de 50 pies a 49,5 pies desde el 3 de julio y tiene previsto disminuirlo a 49 pies a partir del 23 de julio. La entidad evalúa anunciar con mayor anticipación las siguientes reducciones para que las líneas navieras puedan planificar sus itinerarios y cargas.

“Sabemos que vamos a seguir con restricciones de calado, pero queremos minimizar el impacto para no tener que reducir el número de tránsitos", sostuvo la futura administradora del Canal.

Aunque el escenario climático genera preocupación, Espino de Marotta destacó una diferencia importante respecto a 2023: el Canal comenzó a prepararse con mucha mayor anticipación.

Tras la sequía de ese año, la institución implementó nuevas medidas operativas para optimizar el uso del agua en las esclusas, fortalecer los sistemas de ahorro y mejorar la administración de los lagos que abastecen tanto a la navegación como al consumo humano.

“Estamos tomando medidas más agresivas de conservación de agua para poder mitigarlo", afirmó. “Esperamos tener el menor impacto posible para la industria".

Por ahora, la administración descarta reducir el número de tránsitos diarios.

Durante la crisis de 2023, el Canal llegó a proyectar una disminución hasta 18 tránsitos diarios, aunque finalmente logró mantener 24 gracias a las medidas de ahorro implementadas.

Ahora, la meta es sostener el flujo de embarcaciones y limitar los ajustes únicamente al calado.

La vía interoceánica ya opera nuevamente con 37 buques diarios, después de que hace algunas semanas alcanzara entre 40 y 41 tránsitos por día debido al incremento temporal de la demanda generado por la tensión en el estrecho de Ormuz.

Según Espino de Marotta, el retorno a niveles cercanos a la operación normal resulta favorable considerando las reservas de agua disponibles.

“Nos conviene regresar a la normalidad en vista del Niño que tenemos enfrente", indicó, al explicar que la capacidad sostenible del Canal continúa siendo de 36 tránsitos diarios.

Uno de los proyectos llamados a reducir la vulnerabilidad hídrica del Canal es el embalse de Río Indio, considerado por la administración como una obra estratégica para garantizar agua tanto a la operación de la vía como al abastecimiento de más de dos millones de personas.

Consultada por Infobae sobre la posibilidad de acelerar el cronograma de ejecución ante la recurrencia de eventos secos, Espino de Marotta respondió que existen limitaciones técnicas difíciles de modificar.

“Acortar fechas va a ser complicado porque la presa toma cuatro años de construcción. El proyecto se va a hacer lo más rápido posible, definitivamente no queremos que haya atrasos, pero hay tiempos que no pueden reducirse, como la construcción de la presa, el llenado del lago y los procesos de reasentamiento", explicó.

No obstante, aseguró que el Canal mantiene el proyecto como una prioridad absoluta y que trabaja para evitar cualquier retraso.

Actualmente, la Autoridad del Canal concluyó el marco de compensación acordado con 423 familias que residen en el área donde se desarrollará el futuro lago, inició las negociaciones individuales con los residentes y avanza en los avalúos de los terrenos donde serán reasentadas las comunidades en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Coclé.

También desarrolla obras de infraestructura comunitaria y prepara la construcción de viviendas modelo para las familias que serán reubicadas.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, añadió que la institución también trabaja junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para reforzar la captación de agua cruda de la planta potabilizadora de Chilibre, una medida destinada a garantizar el suministro de agua potable durante los periodos de sequía.

La futura administradora del Canal también señaló que el posible impacto económico de estas restricciones ya forma parte de la planificación institucional. Explicó que la Autoridad del Canal prepara el presupuesto de 2027 bajo un escenario que contempla las limitaciones de calado previstas para el próximo verano, incorporando desde ahora los efectos que podría tener El Niño sobre los ingresos de la vía interoceánica.

“Estamos haciendo el presupuesto con ese escenario”, indicó, al destacar que la estrategia busca evitar sorpresas financieras y dar certidumbre tanto a la institución como a la industria marítima.

Con un fenómeno de El Niño que amenaza con repetir o incluso superar las condiciones de 2023, el Canal de Panamá busca adelantarse a la crisis mediante una combinación de restricciones graduales, mejoras operativas y proyectos de largo plazo que le permitan preservar la competitividad de una de las rutas marítimas más importantes del mundo sin comprometer la seguridad hídrica del país.

La Ley 59 nació en Panamá para evitar que una enfermedad crónica se convirtiera en un motivo de despido, pero dos décadas después enfrenta cuestionamientos por un vacío que, según pacientes y diputados, sigue afectando a cientos de trabajadores: conservar el empleo no siempre significa conservar el salario.

Ese es el eje de una propuesta de reforma que comenzó a discutirse en la Asamblea Nacional.

La iniciativa es impulsada por el despacho de la diputada Paulette Thomas, que organizó un conversatorio con pacientes, especialistas y representantes de distintos sectores para recoger propuestas que permitan actualizar la legislación vigente y fortalecer la protección laboral de quienes padecen enfermedades crónicas, degenerativas o involutivas.

Thomas explicó que uno de los principales problemas detectados es que la Ley 59 del 28 de diciembre de 2005 garantiza la permanencia en el puesto de trabajo, pero no protege adecuadamente a los colaboradores cuyos ingresos dependen en gran medida de comisiones, bonos, incentivos, cumplimiento de metas o indicadores de gestión.

Según la diputada, muchos trabajadores que deben someterse a tratamientos prolongados, cirugías o asistir periódicamente a citas médicas logran conservar su empleo, pero ven reducidos significativamente sus ingresos porque no pueden cumplir las metas exigidas para acceder a esos pagos variables.

“Ese es uno de los vacíos que queremos corregir", sostuvo la diputada, quien indicó que las reformas buscan adaptar una ley aprobada hace casi veinte años a las nuevas realidades del mercado laboral.

La propuesta también pretende establecer procedimientos más claros para la aplicación de la norma.

Entre los aspectos que buscan incorporarse figuran reglas específicas sobre cómo el trabajador debe acreditar su condición médica, qué documentos mínimos deberá presentar, cuáles serán los plazos para que el empleador evalúe la solicitud y cuáles serán las obligaciones de ambas partes durante el proceso.

La Ley 59, que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas que produzcan discapacidad laboral, establece que ningún trabajador podrá ser despedido por esa condición siempre que pueda desempeñar funciones compatibles con su estado de salud.

También prohíbe cualquier forma de discriminación o presión para inducir al colaborador a renunciar y exige autorización judicial previa antes de proceder con un despido.

La legislación incluso define cuáles enfermedades están comprendidas dentro de su alcance.

En el caso de las enfermedades crónicas, señala que son aquellas cuyo tratamiento se prolonga por más de tres meses y tiene un carácter paliativo, no curativo. Como ejemplos menciona la diabetes mellitus, las lesiones tumorales malignas (cáncer), la hipertensión arterial y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida).

También incluye enfermedades involutivas, como la esclerosis múltiple, y enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide, la osteoartritis y diversas patologías del sistema nervioso central y periférico.

La discusión sobre una eventual reforma cobra relevancia en un momento en que las enfermedades crónicas representan uno de los principales problemas de salud pública en Panamá.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, el 42% de la población panameña padece hipertensión arterial, mientras que aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años vive con diabetes, dos de las enfermedades expresamente protegidas por la Ley 59.

La Caja de Seguro Social también ha advertido que más de la mitad de la población panameña presenta al menos una enfermedad crónica, una realidad que impacta tanto al sistema sanitario como al mercado laboral y que aumenta la necesidad de contar con normas que garanticen la estabilidad de los trabajadores durante sus tratamientos.

Al conversatorio asistieron pacientes oncológicos, entre ellos Michel Despaigne y Louris Higueral, quienes compartieron las dificultades que enfrentaron tras recibir un diagnóstico de cáncer mientras mantenían una relación laboral.

Los participantes coincidieron en que la protección no debe limitarse a impedir el despido, sino que también debe contemplar mecanismos que eviten afectaciones económicas derivadas de las ausencias justificadas por tratamientos médicos o recuperaciones postoperatorias.

Otro de los puntos planteados durante la jornada fue la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, mediante procedimientos claramente establecidos que reduzcan conflictos y eviten interpretaciones distintas sobre la aplicación de la ley.

Las propuestas recogidas durante el conversatorio servirán de base para la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en la Asamblea Nacional.

La intención, según Thomas, es actualizar una norma que durante dos décadas ha protegido el derecho al trabajo de miles de personas, pero que ahora requiere ajustes para responder a las nuevas formas de remuneración y a las necesidades de quienes enfrentan enfermedades de larga duración sin renunciar a su vida laboral.

El diputado Ernesto Cedeño anunció la presentación de una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra el Acuerdo No. 184 del Municipio de Panamá, la normativa que autoriza la colocación de dispositivos inmovilizadores, conocidos popularmente como “botas”, a los vehículos mal estacionados.

A su juicio, la medida vulnera el principio de legalidad al establecer lo que considera una doble sanción por un mismo hecho.

“Hoy presenté una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Acuerdo 184, que establece unas botas mecánicas a los vehículos mal estacionados, específicamente porque a mi juicio es ilegal, porque está estableciendo doble sanción", afirmó el diputado al explicar los motivos de la acción presentada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso busca que se deje sin efecto el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Panamá y publicado recientemente en la Gaceta Oficial, el cual faculta al Municipio a inmovilizar temporalmente vehículos que obstruyan aceras, servidumbres públicas, áreas verdes, cruces peatonales, rampas para personas con discapacidad y otros espacios de dominio público.

La normativa establece que, para retirar el inmovilizador, el propietario del vehículo deberá pagar una tasa administrativa de 75 dólares, monto que, según el Municipio, cubre exclusivamente los costos de instalación, control, custodia y remoción del dispositivo.

El acuerdo aclara además que ese cobro no constituye una multa de tránsito, sino una medida administrativa de carácter preventivo y correctivo.

Sin embargo, ese es precisamente el punto que cuestiona Cedeño. El diputado sostiene que, aunque el Municipio denomine el cobro como una tasa administrativa, en la práctica termina castigando dos veces la misma conducta cuando interviene también la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

“No puede ser que en un Estado de derecho el Consejo Municipal se reúna y, además de la multa que puede poner la autoridad del tránsito y además la posibilidad de que se lleven con grúa los vehículos, entonces el Municipio también establezca una sanción que le llaman tasa de 75 dólares. A mi juicio es ilegal", manifestó.

La legislación vigente ya contempla sanciones para quienes estacionen indebidamente sus vehículos. La infracción número 64 del Reglamento de Tránsito establece una multa de 10 dólares y el descuento de dos puntos en la licencia de conducir cuando un conductor se estaciona en lugares prohibidos.

El Acuerdo No. 184 no elimina esa facultad de la ATTT. Por el contrario, señala expresamente que la actuación municipal no limita ni sustituye las competencias de la autoridad de tránsito cuando exista una infracción.

Esa coexistencia de ambos procedimientos es uno de los principales argumentos jurídicos expuestos por Cedeño. Según su interpretación, el conductor podría verse obligado a enfrentar simultáneamente la sanción impuesta por la ATTT y el pago de los 75 dólares para recuperar su vehículo, pese a que ambas medidas derivan del mismo hecho: estacionarse en un lugar prohibido.

El diputado recordó que esta no es la primera vez que cuestiona regulaciones municipales relacionadas con el tránsito.

Explicó que anteriormente presentó otra demanda contra un decreto alcaldicio que establecía un sistema similar, precisamente porque consideraba que imponía una multa adicional a la ya prevista en la legislación nacional.

“No es que yo quiera el desorden; lo que quiero es que se respete el orden establecido y el Estado de derecho. La Autoridad del Tránsito debe jugar su papel, pero el Municipio no puede arrogarse competencias que corresponden a otra institución", afirmó.

Desde la perspectiva del Municipio de Panamá, el objetivo de la regulación es diferente.

La administración municipal sostiene que la inmovilización busca proteger el derecho de los peatones y garantizar la accesibilidad universal, especialmente en aceras, cruces peatonales, rampas y otros espacios destinados al uso colectivo que con frecuencia son ocupados por vehículos estacionados de forma indebida.

El procedimiento quedó reglamentado. Antes de colocar el dispositivo, el funcionario deberá documentar la actuación mediante fotografías o videos, identificar plenamente el vehículo, dejar constancia de la fecha, hora y lugar de la intervención y colocar un aviso visible con las instrucciones para solicitar la remoción del inmovilizador.

Una vez acreditado el pago de los derechos correspondientes, el Municipio dispone de un plazo máximo de seis horas para retirar la “bota”. La normativa también reconoce al propietario del vehículo el derecho de presentar un recurso de reconsideración dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Ahora corresponderá a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo analizar los argumentos presentados por Cedeño y determinar si el acuerdo municipal se ajusta al marco legal vigente o si, como sostiene el diputado, invade competencias reservadas a la autoridad nacional de tránsito y termina imponiendo una doble consecuencia jurídica por una misma infracción.

La justicia panameña volvió a imponer la pena máxima contemplada en la legislación penal. Un hombre fue condenado a 50 años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio por un crimen ocurrido en la provincia de Colón, en un fallo que se suma a otras sentencias de igual magnitud dictadas durante 2026 contra responsables de hechos de extrema violencia.

La condena fue obtenida por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, luego de que un Tribunal de Juicio declarara de forma unánime la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral.

Además de la pena principal, el sentenciado deberá cumplir una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 10 años una vez recupere su libertad.

En Panamá 50 años de prisión constituyen la pena máxima efectiva que puede cumplir una persona, de acuerdo con el Código Penal. Aunque en los últimos años algunos tribunales han impuesto condenas acumulativas de hasta 80 años por múltiples homicidios y otros delitos graves, la legislación establece que el tiempo efectivo de privación de libertad no puede exceder los 50 años.

Durante lo que va de 2026, los tribunales panameños han impuesto al menos seis condenas de 50 años de prisión en distintos procesos por homicidios agravados, femicidios y otros delitos de alta gravedad, reflejando una tendencia a aplicar las sanciones más severas previstas por la ley cuando la gravedad de los hechos y las pruebas así lo ameritan.

El caso que motivó la más reciente sentencia ocurrió el 5 de noviembre de 2023 en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, el hoy condenado actuó junto a otros individuos cuando realizaron múltiples disparos contra un grupo de personas.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

Tras la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, el Tribunal concluyó que existían suficientes elementos para emitir un fallo condenatorio.

La reciente sentencia se conoce pocos días después de otra decisión relevante del sistema judicial panameño, esta vez en la provincia de Chiriquí, donde un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de femicidio.

En ese proceso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró demostrar durante el juicio oral que el condenado fue responsable de la muerte de una mujer de 36 años, quien recibió un disparo en la cabeza el 9 de noviembre de 2024, cerca del antiguo hospital Obaldía, en el distrito de David.

El Tribunal de Juicio declaró culpable al acusado de manera unánime luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, peritajes y evidencia documental, permitiendo la imposición de la condena por uno de los delitos que mayor impacto genera en el país.

Investigaciones en proceso

Mientras continúan los juicios por homicidio, el Ministerio Público también mantiene abiertas varias investigaciones por tentativa de homicidio, consideradas entre los delitos de mayor gravedad dentro del sistema penal.

Uno de esos casos se desarrolla en la provincia de Panamá Oeste, donde el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de un hombre acusado de intentar asesinar a otra persona en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando el imputado presuntamente atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca a la víctima, causándole heridas en el cuello. Los magistrados respaldaron de forma unánime la medida cautelar al considerar que persistían los riesgos procesales.

En Colón, otro proceso involucra a un hombre de 20 años conocido con el alias de “Mataperro”, quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades. Durante una audiencia de control de garantías, un juez ordenó su detención provisional tras ser imputado por una tentativa de homicidio ocurrida el 17 de junio de este año.

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La investigación señala que el imputado llegó junto con otro hombre hasta un edificio ubicado en el sector de La Feria, en Cristóbal Este, donde presuntamente realizaron varios disparos con arma de fuego que dejaron tres personas heridas. La Fiscalía logró además la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos.

Otro caso reciente ocurrió en la provincia de Veraguas, donde un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por homicidio doloso agravado. El crimen se registró la noche del 7 de junio de 2026 en la barriada Corozal, distrito de Cañazas. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría atacado a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole una herida en el cuello que le ocasionó la muerte tras afectar la vena yugular.

El tribunal acogió todas las solicitudes presentadas por la Fiscalía al considerar acreditados los elementos de convicción y los riesgos procesales.

Panamá mantiene una intensa ofensiva contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades lograron decomisar 47,04 toneladas de sustancias ilícitas, una cifra que confirma al país como uno de los principales frentes de combate contra las organizaciones criminales que utilizan el istmo como ruta para el tráfico internacional de drogas.

Las estadísticas divulgadas por la Procuraduría General de la Nación muestran que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, ejecutaron múltiples operaciones que derivaron en importantes incautaciones, miles de aprehensiones y un elevado número de condenas.

El dato que más llama la atención es la concentración de las incautaciones en la red portuaria panameña. En los puertos ubicados tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico fueron decomisados 15.925,25 kilogramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 15,92 toneladas.

Aunque esa cantidad representa cerca del 34% del total decomisado durante el semestre, las autoridades precisan que las zonas portuarias concentran aproximadamente el 69% de las operaciones de incautación, lo que evidencia que los puertos continúan siendo el principal objetivo de las organizaciones criminales para contaminar contenedores con destino a mercados internacionales, especialmente Norteamérica y Europa.

Panamá posee uno de los sistemas portuarios más importantes de América Latina y su posición geográfica, junto con la conectividad marítima que ofrece el Canal de Panamá, la convierten en un punto estratégico para el comercio mundial, pero también en un territorio permanentemente vigilado por las redes dedicadas al narcotráfico.

Las cifras del Ministerio Público también reflejan la dimensión de la actividad investigativa desarrollada durante los primeros seis meses del año.

En ese periodo fueron aprehendidas 2.246 personas por delitos relacionados con drogas. De ellas, 2.042 son hombres, equivalentes al 90,9%, mientras que 204 corresponden a mujeres, es decir, el 9,1% del total.

El comportamiento mensual mostró variaciones moderadas. Febrero registró el mayor número de capturas con 445 personas aprehendidas, mientras que junio cerró con 294, lo que representa una disminución respecto a los primeros meses del año.

Esa reducción puede responder tanto a cambios en la dinámica de las organizaciones criminales como a la planificación operativa de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Otro indicador relevante corresponde a la respuesta judicial. Durante el semestre se emitieron 1.652 sentencias condenatorias, un volumen que refleja el avance de los procesos penales iniciados por las fiscalías especializadas y el nivel de judicialización alcanzado en este tipo de delitos.

Las autoridades consideran que la relación entre personas aprehendidas y condenas evidencia una capacidad sostenida para llevar las investigaciones hasta etapas de decisión judicial, fortaleciendo la persecución penal contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, Colón continúa encabezando la lista de provincias con mayor cantidad de droga decomisada, seguida por Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

Los resultados publicados por el Laboratorio de Sustancias Controladas de la Subdirección de Criminalística muestran además que la cocaína sigue siendo la droga predominante en los decomisos realizados en el país.

De las más de 47 toneladas incautadas, alrededor de 28,47 toneladas corresponden a cocaína, equivalente a poco más del 60% del total, mientras que la marihuana representa cerca del 39%, con aproximadamente 18,45 toneladas decomisadas.

En menores cantidades también fueron detectadas otras sustancias ilícitas, entre ellas metanfetaminas, THC, MDMA o éxtasis y otros compuestos sintéticos, lo que confirma que las organizaciones criminales diversifican cada vez más los tipos de drogas que movilizan por el territorio panameño.

La ubicación geográfica de Panamá continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. El país se encuentra entre las zonas productoras de cocaína de Suramérica y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, condición que obliga a mantener operaciones permanentes en costas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

La Procuraduría General de la Nación destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y los distintos estamentos de la Fuerza Pública, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer las investigaciones, judicializar a las organizaciones criminales y combatir el narcotráfico conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución y la legislación panameña.

Más de $48.1 millones en infraestructura sanitaria invertirá el Ministerio de Salud, tarea que beneficiará a más de 225 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste, anunció la entidad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo inspeccionó las obras del Minsa-CAPSI de Puerto Caimito, en el sector oeste, abandonadas por más de 10 años.

Se trata de una infraestructura largamente anhelada por esta comunidad y que fue postergada con el pasar de los años y hoy día se encuentra en ruinas.

Para la recuperación de esta instalación sanitaria se destinarán aproximadamente $11.8 millones y se proyecta que los trabajos inicien a finales de este año, lo que beneficiará a más de 47 mil residentes de la comunidad.

Durante su recorrido por los terrenos donde se construirá el nuevo Centro de Salud de Arraiján, Boyd Galindo dijo que esta es una obra estimada en más de $25 millones, que será de provecho para más de 150 mil residentes de 110 comunidades.

Otra de las obras que el Ministerio de Salud construirá en Panamá Oeste es el nuevo Centro de Salud Rosa Tasón, ubicado en la comunidad de Chame, mediante un contrato adjudicado por más de $11.3 millones, inversión que beneficiará a más de 28 mil personas.

Mientras, el gobierno recibió la donación de un nuevo camión del programa Amor sobre Ruedas, entregado por la embajada de la República de Corea en Panamá, una unidad tendiente a fortalecer la atención preventiva en todo el país mediante la prestación de servicios especializados de salud dirigidos principalmente a las mujeres.

El programa Amor sobre Ruedas ha superado los 150 mil exámenes preventivos realizados durante los últimos dos años.

Se explicó que el vehículo incorpora equipos especializados que permitirán llevar servicios de tamizaje y diagnóstico oportuno a las áreas de difícil acceso, contribuyendo al objetivo de que Panamá logre la eliminación del cáncer cervicouterino para el 2029.

Esta enfermedad es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y produce más de 300 mil muertes.

Entre los años 2015 al 2024, en Panamá el Instituto Oncológico Nacional registró el ingreso de 3,695 mujeres con diagnóstico de cáncer cérvico uterino, entre edades de 20 a 80 años y más, siendo este tipo de cáncer la segunda causa de muerte en mujeres.

A pesar de que se trata de un tumor cien por ciento curable con su detección temprana, normativas vigentes con la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y en las campañas de concienciación a la población, la infección por el VPH sigue produciendo lesiones en el cérvix lo suficientemente importantes para degenerar en cáncer.

Se ha demostrado que el estudio de la muestra que se toma en el cérvix o cuello de la matriz, conocida como Papanicolaou (PAP), permite la detección temprana y el tratamiento oportuno y eficaz de éste. Se trata de un estudio sencillo y económico accesible a la población y forma parte de un examen ginecológico.

Panamá ha sido el pionero en la vacunación contra el VPH en niñas de 10 años desde el 2009, incluyéndose a los niños posteriormente; siendo esta estrategia altamente efectiva en la prevención de infecciones por este virus, por lo que permitir que vacunemos a nuestros niños es regalarle vida.

Las autoridades invitaron a las mujeres a aprovechar estos servicios gratuitos cuando las clínicas móviles visiten sus comunidades, recordando que las unidades permanecen generalmente dos días en cada sector y recorren las diferentes provincias del país como parte de las caravanas de atención integral.

La clínica móvil también permitirá realizar mamografías, Papanicolaou, ultrasonidos y otros servicios preventivos en comunidades de difícil acceso.

El presidente José Raúl Mulino anunció este lunes que el teleférico urbano de San Miguelito avanzó a una nueva etapa con la publicación de los pliegos de contratación, reactivación para un proyecto de movilidad pensado para conectar zonas con acceso limitado y complementar la Línea 2 del Metro, después de que en mayo la licitación quedara desierta por falta de financiamiento.

Ese revés se produjo el 28 de mayo de 2026, cuando ninguno de los dos consorcios precalificados presentó oferta económica y técnica dentro del plazo fijado por Metro de Panamá, según informó Infobae. La entidad atribuyó el resultado a que no fue posible alcanzar la “bancarización” del proyecto, estructurar el respaldo financiero exigido para ejecutar la obra bajo el esquema planteado.

“El Teleférico de San Miguelito va. Se han subido los pliegos para los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del Proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito, con opción de mantenimiento”, publicó Mulino en su red social X.

La obra prevé un sistema de transporte por cable de 6.6 kilómetros con seis estaciones entre los distritos de Panamá y San Miguelito. La capacidad inicial proyectada es de entre 2,800 pasajeros por hora y 3,600 por hora en cada sentido, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

El trazado principal unirá Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. Las cabinas tendrán capacidad para entre 10 y 12 pasajeros y contarán con condiciones de accesibilidad.

La licitación anterior fracasó por la falta de cierre financiero

La licitación internacional se desarrolla bajo la modalidad de mejor valor. Antes del nuevo anuncio presidencial, dos consorcios habían superado la precalificación: el Consorcio Teleférico SPE, con empresas de Panamá, República Dominicana y México, y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por compañías de España y Austria.

De acuerdo con Centroamérica360 y con la información oficial, el proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la movilidad urbana en Panamá y busca mejorar el traslado en sectores con calles estrechas y pendientes pronunciadas, reducir la congestión vehicular en áreas con alta concentración de población y sostener su ejecución con estudios ambientales y coordinación territorial.

En la etapa anterior, Metro de Panamá introdujo al menos 10 adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas. El acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad ajustaba condiciones para intentar aumentar la viabilidad económica y atraer financiamiento, consignó el medio.

Una de las últimas modificaciones fue la Adenda No. 10, que reestructuró garantías económicas y condiciones contractuales. El cambio consistió en que la fianza de propuesta dejó de calcularse sobre el valor total de la oferta y pasó a medirse únicamente sobre la inversión inicial requerida para desarrollar el proyecto.

Esa adenda diferenció dos componentes económicos: el Componente A, correspondiente a la inversión inicial para diseñar, financiar y construir el teleférico, y el Componente B, asociado a los pagos por operación y mantenimiento una vez entre en funcionamiento. También incorporó una Fianza de Cumplimiento de Inversión para asegurar la ejecución de los desembolsos comprometidos en la fase preoperativa.

El proyecto busca enlazar San Miguelito con la Línea 2 del Metro

El teleférico fue concebido como una alternativa para aliviar los tiempos de traslado en San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, y reforzar la conexión con otras zonas de la capital. La conexión prevista en Cincuentenario permitiría articular el nuevo sistema con la Línea 2 del Metro.

La revisión del proyecto no quedó cerrada tras la licitación desierta. Metro de Panamá había anticipado que evaluaría de forma integral las condiciones financieras, la distribución de riesgos entre el Estado y el futuro operador privado, así como la viabilidad contractual de la iniciativa, incluidas posibles modificaciones al esquema de concesión o a la estructura financiera.

Panamá avanza en la puesta en marcha de la Estrategia de Género del proyecto Fortalecimiento del Marco Nacional de Transparencia Climática de Panamá (CBIT II), articulada con el Plan de Acción de Género y Ambiente (PAGA) 2025–2030.

Esta es una herramienta orientada a fortalecer el sistema nacional de transparencia climática mediante la incorporación del enfoque de género en la generación, gestión y análisis de la información sobre cambio climático.

El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como agencia implementadora internacional responsable de la supervisión técnica y financiera del proyecto.

Se ejecuta entre febrero de 2025 y septiembre de 2028 y forma parte del compromiso de Panamá con la implementación del Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de París.

Selene María Orozco, coordinadora del Proyecto CBIT II y encargada de la implementación del Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), destacó que la transparencia climática y la igualdad de género son elementos complementarios para construir políticas públicas más inclusivas y eficaces.

Explicó que la Meta 29 del Nature Pledge establece salvaguardas ambientales y sociales que promueven la incorporación de las diferentes realidades de mujeres, pueblos indígenas y comunidades vulnerables en la gestión de la información climática, de manera que las decisiones respondan de forma más equitativa a los impactos del cambio climático.

De igual manera se aborda cómo las desigualdades de género, etnia e ingresos influyen en el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático.

En este contexto, Carol Simon, especialista en Género y Acción Climática, destacó que las políticas públicas deben reconocer las distintas realidades territoriales y culturales para garantizar una acción climática verdaderamente inclusiva.

El PAGA 2025–2030 fue presentado por Ednadeliz Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de la Dirección de Cambio Climático de MiAMBIENTE, quien explicó que este instrumento fue construido mediante un amplio proceso participativo que incluyó 25 sesiones de consulta con la participación de 744 personas: 439 mujeres y 305 hombres.

Flores destacó que el proceso incorporó una consulta específica con personas con discapacidad mediante lengua de señas, espacios dirigidos a mujeres en situación de riesgo social y jornadas de trabajo en la comunidad Emberá de Ipetí, con servicios de cuidado infantil para facilitar la participación de las mujeres.

Con ello, Panamá avanza en la integración del enfoque de género en la implementación de las tres Convenciones de Río, una práctica que pocos países de la región han formalizado mediante un plan sectorial.

Se indicó que los avances generados por el Proyecto CBIT II fortalecerán la Plataforma Nacional de Transparencia Climática (PNTC), el portal del Ministerio de Ambiente, que concentra los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, las acciones de mitigación y adaptación, el financiamiento climático y el seguimiento de los compromisos asumidos por Panamá en el Acuerdo de París, el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la Neutralidad de la Degradación de las Tierras.

Como parte del proyecto, la plataforma incorporará nuevos módulos que permitirán contar con información actualizada y desagregada por sexo, etnia y territorio, fortaleciendo la calidad de los datos para la formulación de políticas públicas y el seguimiento de los compromisos internacionales del país.

Como siguiente paso, la entidad gubernamental y el Proyecto CBIT II establecerán un mecanismo de coordinación para integrar los indicadores del proyecto al sistema de seguimiento del PAGA, asegurando que los avances alcanzados permanezcan institucionalizados más allá del período de financiamiento.

Representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático, mostraron su interés en firmar un acuerdo de asociación con Panamá, además de invertir y financiar los megaproyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

El Keidanren agrupa a más de 1,600 de las mayores empresas japonesas y a más de 150 asociaciones industriales y organizaciones sectoriales.

Es el principal interlocutor del sector privado con el Gobierno japonés, siendo de gran influencia en la toma de decisiones económicas de interés nacional.

Esta reunión, dijo el gobierno, abre el compás para una nueva era de relaciones comerciales que dará impulso a grandes proyectos de infraestructura y generará miles de nuevos empleos.

Las partes coincidieron en comenzar a impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Panamá-Japón, e igualmente los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de Río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos, indica una nota de prensa oficial.

La información agrega que otras megaobras que despertaron el interés de la delegación visitante fueron la extensión de la Línea 3 hasta el área de Costa Verde, al oeste de la ciudad capital, y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá. También expresaron interés en el proyecto de modernización del vertedero de Cerro Patacón.

Se planteó, agrega la comunicación oficial, el tema de impulsar a Panamá como “hub” tecnológico, haciendo al país más atractivo para establecer centros de datos y empresas dedicadas a desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial.

Los líderes que participaron en la reunión representan a gigantes industriales, financieros, logísticos y tecnológicos nipones, entre ellos: Sojitz Corporation, la aerolínea ANA, Sanrio Company, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, MUFG Bank, Itochu, Nippon Koei y Panasonic.

Fujimoto Masayoshi, jefe de la delegación y quien preside el Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren, y es presidente de Sojitz Corporation, reconoció que Panamá juega un papel vital en la cadena de suministros global, y es de suma importancia para la seguridad económica de Japón, tercer país con mayor volumen de carga por el Canal.

Ponderó además que Panamá ha tenido uno de los crecimientos económicos más estables de América Central y América del Sur, y que, gracias a su transparencia, a sus incentivos fiscales y a una mano de obra joven y calificada, más de 40 empresas japonesas han establecido operaciones en suelo istmeño.

En este contexto, Masayoshi solicitó al presidente panameño que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral.

Mulino indicó que este acuerdo también es de interés para el país, y dio instrucciones a sus ministros para iniciar el proceso hacia ese fin.

Masayoshi de igual manera agradeció a Panamá haber aceptado la invitación para ir a Japón en septiembre del próximo año a participar del Yokohama Green Expo 2027, exposición que impulsa el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

En tanto, Mulino celebró la reciente firma de un acuerdo entre las entidades regentes de aeronáutica civil de ambas naciones, que establece un marco de entendimiento para habilitar la futura operación de vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio.

“Esto va a ser una confirmación del puente de encuentro en la integración logística entre ustedes y nosotros”, dijo, al tiempo que invitó a los empresarios japoneses a explorar lo que Panamá tiene que ofrecer.

Una de cada tres órdenes de restaurantes registradas en Panamá incluye pollo, situando al país en el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con mayor consumo de esta proteína, siendo los sábados los días de mayor demanda.

Los panameños preparan el pollo de diferentes maneras, ya sea en un típico plato de sancocho, en nuggets y en presas de pollo frito, entre otras opciones.

En el país el consumo de pollo per cápita anual es 115 libras, unas 52.1 kilos, mientras que la producción en 2025 fue de 529 millones de libras, y ese año se importaron 12,471,361 kilogramos de carne de pollo procedente de Estados Unidos, registran los datos de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip).

Panamá se consolida como uno de los mayores consumidores de carne de pollo en América Latina, superando ampliamente a otros países de la región y relegando a la carne de res a un segundo plano en la dieta local.

De acuerdo con datos de la Anavip, este indicador se ha mantenido en ascenso durante los últimos cinco años, ubicando al país entre los líderes en consumo per cápita de esta proteína, junto a Perú.

La preferencia por la carne de pollo responde tanto a factores económicos como nutricionales. Según el portal agrícola Cátedra Avícola Latam, Panamá y Perú lideran el ranking latinoamericano, seguidos por Argentina, Bolivia y República Dominicana, todos con consumos superiores a los 40 kilos por persona.

En contraste, el promedio regional se sitúa en torno a los 41 kilos anuales por habitante, de acuerdo con el último informe del Instituto Latinoamericano del Pollo (ILP/ALA).

El reporte de ILP/ALA también subraya que la producción latinoamericana de carne de pollo alcanzó 29,9 millones de toneladas en 2025, con más de 26 millones de toneladas consumidas localmente y un crecimiento acumulado de más del 9% en cinco años.

El crecimiento de la producción local, sumado a la exportación hacia mercados vecinos como Costa Rica, Guatemala y Honduras, ha fortalecido el sector, aunque persisten desafíos asociados a la competencia internacional y la volatilidad de los insumos.

El fenómeno del pollo como proteína preferida se extiende por toda la región. El ILP/ALA subrayó que el Día Latinoamericano del Pollo, celebrado el primer viernes de julio, destaca la importancia de este producto en la seguridad alimentaria y la economía de América Latina, que genera tres de cada diez kilos de pollo a nivel global.

La proteína aviar cubre más del 70% del consumo nacional en países como Perú, consolidando su papel en la dieta regional.

Entre los acompañamientos más frecuentes elegidos por los consumidores en Panamá destacan las mollejas, la chicha de fruta natural y las tortillitas rellenas, demostrando cómo los sabores locales continúan ocupando un lugar importante dentro de los hábitos de consumo de los panameños, señaló Cristan Tello, Head de Marketing de la plataforma Pedidos Ya.

Este comportamiento también se refleja en la evolución de la categoría, que registró un crecimiento de 18.61% entre julio de 2025 y junio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

“Vemos como convive en propuestas tradicionales y también en nuevas tendencias gastronómicas, especialmente en ocasiones de consumo como eventos deportivos”, señaló Tello.

Según los datos analizados por la plataforma de tecnología líder en delivery y quick-commerce en América Latina, durante los eventos deportivos de alta convocatoria, los pedidos que incluyen esta proteína pueden llegar a representar cerca de tres de cada diez órdenes realizadas.

De acuerdo con la Anavip, la producción nacional de pollo llegó a los 229 millones de kilogramos en 2024, lo que representó un incremento del 4,5% respecto al año anterior. En total, se producen alrededor de 112 millones de pollos enteros para el consumo local.

Un total de 3,345 casos acumulados de dengue se han registrado en Panamá hasta la semana epidemiológica No. 24, que corresponde del 14 al 20 de junio del año en curso.

Del total, 2,919 casos son sin signos de alarma, mientras que 406 presentan signos de alarma y se reporta 20 casos de dengue grave, indicaron las autoridades de salud, quienes reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al desglosar la información se tiene que la Región Metropolitana encabeza la lista con 824 casos, seguido de la provincia de Colón con 661 casos, Panamá Oeste con 329 casos, Bocas del Toro 320, San Miguelito con 290 casos y Panamá Este con 219 casos.

A estos les sigue la provincia de Chiriquí con 208 casos, Panamá Norte 157 casos, Herrera con 127 casos, Los Santos con 57 casos, Veraguas 55 casos, la comarca Kuna Yala 39; Coclé 29 casos, Darién 18 casos y la comarca Ngäbe-Buglé con 11 casos.

El informe oficial registra que en lo que va del año se presentan 425 hospitalizados, en comparación al mismo periodo 2025 se habían reportado 550.

Respecto a las defunciones por dengue se informó que se mantiene en 10, hasta la semana de referencia. Estas defunciones se reportan en las provincias de Bocas del Toro y Los Santos con tres defunciones cada una, mientras que Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas registran un caso cada una.

En los últimos años el país experimentaba un aumento de casos, que se vinculan directamente a la temporada de lluvias y a la proliferación de criaderos en zonas urbanas y rurales.

Las autoridades de salud han reforzado las campañas de fumigación y la eliminación de criaderos, pero el ciclo reactivo de respuesta ante brotes se repite en la región. La fumigación pierde eficacia cada año por la resistencia del mosquito, por lo que recomiendan priorizar la eliminación de recipientes con agua estancada y residuos acumulados.

Fuentes consultadas advierten que los registros oficiales pueden subestimar la magnitud real del problema, ya que muchas personas no acuden a los servicios médicos y los sistemas de vigilancia solo capturan una fracción de los contagios.

En países como Brasil, Colombia y Nicaragua, los casos reales podrían ser entre 10 y 25 veces más altos que los reportados oficialmente, tendencia que también podría replicarse en Panamá.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaba que Panamá experimentaba un incremento sostenido de casos de dengue, en el marco de un ciclo regional que aún afecta a toda América Latina.

Según datos de fuentes científicas y organismos sanitarios, el país registraba entre 1.300 y 2.000 casos anuales, lo cual representa una de las tasas de incidencia más altas en Centroamérica, con rangos que oscilan entre 40 y 65 casos por cada 100.000 habitantes.

A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de no bajar la guardia. Se insta a la población a mantener de forma permanente la eliminación de criaderos inservibles del mosquito Aedes aegypti dentro y alrededor de los hogares, así como el tratamiento adecuado de los depósitos de agua útil.

Ante síntomas sospechosos como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, se recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica oportuna y prevenir complicaciones asociadas a los signos de alarma de la enfermedad.

Panamá incorporó, para su aplicación nacional, una alternativa que permitirá que los alimentos preenvasados que ingresen al país con su etiqueta original en inglés puedan poner a disposición de los consumidores la información complementaria en español.

Esto se haría mediante herramientas tecnológicas, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias.

La propuesta panameña se incorpora al nuevo Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de Alimentos Preenvasados, y la misma se dio durante la reciente reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).

El Comieco es el órgano rector del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, integrado por los ministros responsables de los asuntos de integración económica de cada uno de los países de la región. Su función principal es coordinar, armonizar y unificar las políticas económicas entre los Estados parte.

Constituye el máximo órgano de decisión del Mercado Común Centroamericano y actúa bajo el marco del Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana.

Entre sus funciones está el ejecutar las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes en materia de integración económica, además de aprobar reglamentos y actos administrativos aplicables a los países del Subsistema Económico, y formular propuestas de políticas generales y directrices fundamentales para la integración regional.

También le toca dirigir y administrar el régimen arancelario y aduanero centroamericano, y supervisar la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos de la integración y dar seguimiento a las políticas institucionales del proceso.

Se explicó que la posición de Panamá de incorporar la propuesta nacional sobre el etiquetado general de alimentos fue construida en el Subcomité de Etiquetado de los Alimentos, que forma parte del Comité Nacional de Tecnología de los Alimentos, un espacio de trabajo liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias.

En él participan representantes de instituciones públicas, la academia, organizaciones de consumidores y el sector privado. El consenso alcanzado en este espacio permitió sustentar la posición presentada por Panamá durante la negociación regional.

La aprobación, señala el Ministerio de Comercio e Industria, representa un paso importante para el país al reflejar una posición nacional construida mediante el diálogo, el consenso y la coordinación interinstitucional, fortaleciendo la participación de Panamá en los procesos de integración económica regional.

“La competitividad de un país también se construye defendiendo sus intereses en los espacios donde se toman las decisiones. Este resultado demuestra que, cuando el sector público, la academia, las organizaciones de consumidores y el sector privado trabajan de manera coordinada, Panamá puede construir consensos y alcanzar acuerdos que responden a las necesidades del país, sin perder de vista el derecho de los consumidores a contar con información clara sobre los productos que adquieren”, manifestó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El Ministerio de Comercio e Industrias reafirmó en una nota de prensa su compromiso de continuar impulsando procesos de reglamentación técnica construidos con la participación de todos los sectores involucrados, promoviendo un marco regulatorio moderno, transparente y acorde con las necesidades del país y de sus consumidores.

Sobre el tema, el Ministerio de Salud de Panamá subrayó la importancia del registro sanitario obligatorio y el cumplimiento del etiquetado como requisito esencial para garantizar información transparente al consumidor.

Entre los incumplimientos más frecuentes figuran la ausencia de datos básicos sobre el origen, la composición y las características del producto. Las autoridades realizan operativos donde productos sin registro o etiquetado inadecuado resultan decomisados, lo que evidencia una fiscalización activa del cumplimiento normativo.

La entrada en vigor de la Ley 1 de 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno en comercios, ha consolidado a Panamá como uno de los países pioneros de la región en la lucha contra la contaminación por plásticos.

Esta legislación, que comenzó a aplicarse el 20 de julio de 2019, se ha convertido en un referente en el contexto del Día Internacional sin Bolsas Plásticas, fecha que impulsa campañas y acciones orientadas a reducir el consumo de plásticos desechables, según destacó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La normativa establece la prohibición de entregar bolsas plásticas con polietileno en supermercados, farmacias y comercios minoristas.

Desde enero de 2020 la restricción también alcanza a los almacenes mayoristas. La ley busca reemplazar estos productos por alternativas menos contaminantes como bolsas biodegradables, de cartón, de tela o de hilo.

Organizaciones civiles y gubernamentales han impulsado campañas para informar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir el uso de plásticos.

El país genera cerca de 1.2 kilogramos de basura diaria por persona, la mayoría compuesta por residuos plásticos, según datos de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), mientras que la contaminación afecta tanto a la fauna marina como a la salud humana, debido a la presencia de microplásticos en los peces que forman parte de la cadena alimentaria.

La ley contempla excepciones para alimentos e insumos húmedos elaborados o preelaborados, donde este tipo de empaque sigue permitido.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, las bolsas negras diseñadas para residuos y desechos continúan permitidas, mientras que la prohibición se enfoca en las bolsas fabricadas con polietileno.

El objetivo es fomentar el uso de bolsas reutilizables, cuyo precio debe ser regulado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), y bolsas biodegradables, cuyo precio no está sujeto a regulación.

La ley resulta favorable tanto para el medio ambiente como para la economía familiar, pues las bolsas reutilizables pueden fabricarse en casa a partir de materiales reciclados.

Kirving Lañas, ingeniero de verificación del desempeño ambiental, explicó a los medios que la normativa constituye el primer paso hacia una sociedad de consumo sostenible. El funcionario precisó que la población dispone de dos opciones principales: adquirir bolsas reutilizables en los establecimientos, a precio de costo, o comprar bolsas biodegradables.

La fabricación, transporte y distribución de bolsas plásticas convencionales implica el uso de derivados del petróleo y genera una huella ambiental considerable.

Un estudio con apoyo de la Universidad Nacional de Panamá indica que el 20% de los desechos generados en el país son plásticos, una proporción significativa corresponde a bolsasde polietileno.

La población puede denunciar el incumplimiento de la ley a través de canales habilitados por la Acodeco, entidad gubernamental que supervisa la correcta aplicación de la normativa.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente recomienda reducir el consumo de plásticos de un solo uso y adoptar hábitos sustentables como parte de la estrategia nacional para avanzar hacia un modelo ambiental más responsable.

En el marco de la conmemoración internacional, el país reforzó su llamado a la ciudadanía para migrar hacia alternativas reutilizables y biodegradables, y así contribuir con la reducción de la contaminación de ecosistemas terrestres y marinos. La ley vigente constituye un paso inicial en el proceso de transformación hacia un consumo más sostenible en la región.

En la comarca indígena de Guna Yala se realizó una jornada de sensibilización ambiental y limpieza comunitaria, con el objetivo de promover la reducción del uso de plásticos de un solo uso y fortalecer el compromiso ciudadano con la protección del ambiente.

En Panamá, la informalidad le resta recursos fundamentales al Estado para resolver crisis históricas como el suministro de agua potable o el desabastecimiento de medicamentos, además de erosionar los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal.

Además, genera una competencia desleal para las empresas que cumplen con la ley. El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata, pero para que el país dé el salto definitivo al desarrollo, necesitamos transformarlo en empleo formal y productivo.

Estos planteamientos surgen de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), cuya presidenta Giulia De Sanctis señaló que el lanzamiento del recién anunciado programa gubernamental “Panamá pa’ Ti” marca una hoja de ruta oportuna y necesaria para atender las demandas más sensibles de la población: empleo, salud, canasta básica y agua.

Cumplidos dos años en el poder, este 1 de julio el presidente José Raúl Mulino anunció que “Panamá Pa’ Ti” será el nombre de una nueva estrategia que entre sus componentes tendrá la generación de 80,000 nuevos empleos privados a través de una estrecha alianza con el sector productivo. No serán plazas estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos, aseguró el gobernante.

Para potenciar el impacto de este plan y garantizar que la confianza se arraigue con fuerza en el hogar de cada panameño, De Sanctis manifestó que la meta de generar 80,000 empleos privados debe complementarse con una estrategia paralela contra el obstáculo estructural más grande de nuestro mercado: la informalidad laboral, que hoy abarca a más de la mitad de la fuerza de trabajo.

La Apede registra las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondientes a septiembre de 2025, que evidencian que la informalidad continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de Panamá. El 47.1% de los trabajadores ocupados no agrícolas, unas 784,990 personas, laboran en la informalidad.

En la voz de su presidenta, el gremio manifiesta que el esfuerzo por ordenar las finanzas públicas y recuperar la credibilidad internacional constituye un cimiento indispensable; no hay bienestar sostenible sobre cuentas desordenadas.

Aún sin que empiece su ejecución, la Apede indica que “el gran mérito de esta iniciativa es que traduce esa estabilidad fiscal en compromisos concretos, devolviendo la mirada a las urgencias diarias del ciudadano”.

“Celebramos la visión y el ordenamiento planteados por el Ejecutivo. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será únicamente la cantidad de empleos creados, sino su capacidad para reducir la informalidad laboral. Mientras casi cinco de cada diez trabajadores permanezcan fuera del empleo formal y de la protección social, Panamá seguirá enfrentando un freno para elevar su productividad, fortalecer sus finanzas públicas y generar un crecimiento más inclusivo“, pondera la asociación.

La buena noticia, agrega el gremio, es que la región ofrece experiencias exitosas donde la informalidad se ha reducido de manera paulatina pero sostenida mediante programas específicos de incentivos.

La Apede hace referencia al modelo del “Monotributo” en Uruguay, que según dice es un ejemplo claro de que al simplificar y unificar los impuestos y la seguridad social en un solo pago muy bajo, lograron bajar la informalidad del 42.8% en 2001 a 21% en 2022, ofreciendo a los micro emprendedores ventajas reales en salud y jubilación.

Detalla que Colombia, por su parte, logró reducirla en un rango de 3 a 7 puntos porcentuales al aliviar de forma agresiva los costos no salariales de contratación, facilitando que las pequeñas empresas dieran el paso hacia la legalidad.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, implementó un sistema para garantizar la trazabilidad de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras el doble terremoto que azotó ese país el pasado 24 de junio. Según declaraciones recogidas por la agencia EFE, Mizrachi aseguró que utiliza dispositivos electrónicos para rastrear el destino de los insumos recolectados y enviados por los ciudadanos panameños, con el objetivo de rendir cuentas sobre el uso y la entrega de la ayuda.

La Alcaldía de Panamá coordinó una recolección ciudadana que logró reunir cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales más de la mitad ya fue enviada a Venezuela. Esta campaña se sumó a los esfuerzos del Gobierno nacional y de otras entidades públicas panameñas, que también canalizaron donaciones hacia las zonas afectadas por el desastre natural, informó EFE.

Para garantizar la transparencia en la entrega, Mizrachi optó por colocar AirTags, pequeños dispositivos de rastreo, en diferentes paquetes. El alcalde explicó a EFE que estos dispositivos se ocultaron dentro de objetos cotidianos como pañales, botellas de agua o detergente. “Se van en diferentes palets, en diferentes vuelos, y yo puedo siempre responder a mis ciudadanos en qué vuelo fue y si ya llegó a Venezuela”, detalló.

Actualmente, según el registro del propio Mizrachi, “hay cuatro AirTags que están en La Guaira y uno que no está en La Guaira, que está en Maturín”, la capital del estado Monagas, a unos 416 kilómetros de Caracas. Esta información, recabada en tiempo real mediante los dispositivos, permite a la Alcaldía monitorear la dispersión de la ayuda y responder a inquietudes sobre posibles desvíos o demoras.

El alcalde admitió no contar con conocimientos sobre la geografía venezolana y expresó cautela ante la interpretación de los datos de localización. “Desde hace un día y medio, no hemos visto nada de actividad con ese ‘tag’ que quedó en Maturín”, señaló Mizrachi a EFE, al tiempo que prefirió no especular sobre el motivo. “Quizás está una persona desplazada, que no tiene hogar, alguien le dio la caja y terminó con un familiar allá en Maturín. Yo quiero pensar bien, siempre voy a optar por eso”, añadió.

La noche del sábado, partió hacia Venezuela un nuevo avión con 16 toneladas de ayuda humanitaria repartidas en 68 palets, lo que constituye el décimo vuelo despachado desde Panamá hacia el país sudamericano. “Si no pensara bien, no estuviéramos mandando otro avión con 18 toneladas el día martes”, afirmó el alcalde, quien insistió en la necesidad de mantener la confianza en el proceso, según informó EFE.

El impacto del terremoto en Venezuela

El impacto del doble terremoto —con magnitudes de 7,2 y 7,5— ha sido devastador en Venezuela, principalmente en la región de La Guaira, una zona costera contigua a Caracas. Según el balance oficial difundido por el Gobierno venezolano y citado por EFE, al menos tres mil 342 personas murieron, 16,740 resultaron heridas y 17,345 perdieron sus viviendas. Las autoridades no han detallado cifras de desaparecidos hasta el momento.

El desastre golpeó especialmente a La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron total o parcialmente. Esta localidad tiene antecedentes de catástrofes naturales: en 1999 sufrió un deslave que provocó miles de muertes en la llamada “tragedia de Vargas”, recordó EFE.

Mizrachi reconoció que existen distintas interpretaciones sobre la información que aportan los dispositivos de rastreo y que, en el ámbito político, “siempre hay conspiración”. Expresó su preferencia por buscar “el razonamiento más lógico, el más benevolente”. El alcalde insistió en la importancia de mantener la transparencia y la responsabilidad frente a la ciudadanía que “en un esfuerzo” realizó donaciones para los damnificados.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participó en la Eucaristía ofrecida este domingo en Panamá en la Catedral Basílica Santa María la Antigua por las víctimas del reciente terremoto en Venezuela.

“Hoy es un momento en que nos estamos encontrando los venezolanos con profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará. Lo único que quiero decir hoy es mi agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca y este dolor nos ha unido en un solo espíritu", dijo Machado citada por medios locales.

"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política, quien insistió en que su retorno es “inaplazable” para enfrentar la crisis junto a sus compatriotas, reportó TVN.

La televisora añadió que el pasado viernes la líder venezolana había señalado que “esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños. Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita”.

También dijo que estará agradecida con el gobierno de los Estados Unidos por las gestiones logísticas enfocadas en canalizar apoyo humanitario de emergencia hacia las familias afectadas y por sus esfuerzos históricos en favor de una transición democrática.

Este domingo la Catedral panameña permaneció completamente llena de fieles locales y venezolanos que acudieron para unirse en oración por quienes perdieron la vida, los heridos, las familias damnificadas y todos los afectados por el reciente terremoto.

“A Venezuela le han podido quitar muchas cosas durante estos años, pero no le han podido quitar su esperanza”, sostuvo por su parte, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., teniendo como marco las banderas de Panamá y Venezuela, junto a la imagen de Nuestra Señora de Coromoto.

El Arzobispado informó que, dirigiéndose directamente a los venezolanos, Ulloa Mendieta les pidió no permitir que el cansancio se convierta en resignación ni que las heridas apaguen sus sueños.

“La Iglesia cree en ustedes. Panamá cree en ustedes. Y, sobre todo, Cristo cree en ustedes”, afirmó, asegurándoles que la Iglesia Arquidiocesana de Panamá no quiere que se sientan simplemente acogidos, sino verdaderamente parte de una familia. “Cuando ustedes lloran, nosotros lloramos con ustedes; cuando ustedes esperan, nosotros esperamos con ustedes”, añadió.

Los fondos de la colecta nacional realizada este domingo en todas las parroquias del país serán canalizados por Cáritas Nacional Panamá, en coordinación con Cáritas Venezuela, para atender a las familias afectadas, indicó Ulloa Mendieta.

Al concluir la celebración, los fieles encomendaron al pueblo venezolano a la protección de Nuestra Señora de Coromoto y de Santa María la Antigua, renovando el compromiso de seguir acompañando con la oración y la solidaridad a quienes hoy sufren esta tragedia.

Como recordó monseñor Ulloa Mendieta en el cierre de su homilía, cada vez que Cristo dice “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados”, también invita a sus discípulos a convertirse en un lugar de descanso, consuelo y esperanza para los demás.

La celebración fue solemnizada por el Coro Polifónico de Panamá, que conmemora un nuevo aniversario de servicio al país y la Iglesia, cuya interpretación de la música sacra contribuyó al profundo ambiente de oración y recogimiento que se vivió durante toda la Eucaristía.

Activar y potenciar sectores internos clave para la generación de empleo, será fundamental para reactivar la economía y el bienestar de miles de familias panameñas, asegura la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

El planteamiento de los empresarios surge en torno al reciente informe a la nación dado por el presidente José Raúl Mulino el 1 de julio al iniciar su tercer mandato, de un periodo de cinco años.

Para el gremio empresarial panameño en estos momentos se hace necesario pasar a la acción y revitalizar la construcción, el turismo, el agro y el comercio, sectores que afirma tienen un impacto directo en la economía.

De igual manera, instan al desarrollo de programas acelerados de capacitación técnica, que aseguran serán esenciales para preparar a los trabajadores que demandarán las grandes obras de infraestructura que están previstas para el 2027.

“Anticiparnos a esas necesidades permitirá conectar mejor la inversión pública y privada con oportunidades reales de empleo”, comentan los empresarios en su mensaje dominical, que lleva la firma de su presidente, Aurelio Barría Pino.

El tercer año de gobierno, sostienen, abre una etapa clave, toda vez que el país debe convertir los avances alcanzados en resultados visibles para la ciudadanía, el sector productivo y las comunidades.

“Panamá necesita acelerar la ejecución de proyectos, simplificar trámites, modernizar los servicios públicos y fortalecer sectores estratégicos. Cada mejora en estas áreas impacta directamente en la productividad, la inversión y el empleo”, manifiesta.

También, añade, “debemos mantener como prioridades la educación, la salud, el acceso al agua, la seguridad, la infraestructura y la formalización laboral. Estos temas no solo responden a necesidades sociales; también sostienen la competitividad del país”.

Los comerciantes indican que el 1 de julio de 2026 marcó el cierre del segundo año de gobierno y el inicio del tercer año de la administración Mulino, por lo que hay que valorar los avances alcanzados, “ordenar prioridades y mirar hacia adelante con sentido de país”.

Para lograr resultados, los comerciantes adelantan que Panamá requiere de la coordinación entre el órgano Ejecutivo y el órgano Legislativo.

El país necesita diálogo, consensos responsables y sentido de urgencia para tomar decisiones que beneficien a todos, destaca el gremio.

Manifiesta que esa coordinación debe darse siempre con respeto a la separación de poderes y a la independencia de cada órgano del Estado. “La democracia se fortalece cuando el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo debate y legisla con responsabilidad, y las instituciones cumplen su rol con altura en beneficio de la mayoría”.

El 1 de julio fue electa como nueva presidenta del Legislativo la diputada Shirley Castañedas, del partido oficialista Realizando Metas.

Desde la Cámara de Comercio, los empresarios reiteran su disposición a acompañar toda iniciativa que promueva crecimiento económico, inversión, empleo, competitividad y bienestar.

Panamá, recalcan, tiene talento, posición estratégica y capacidad productiva. El inicio del tercer año de gobierno debe servir para consolidar la confianza, acelerar resultados y fortalecer la institucionalidad, no dudan en afirmar.

“El país tiene con qué avanzar. Este año clave demanda visión compartida, ejecución y compromiso con Panamá”, adujo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Recientemente, la entidad empresarial sostuvo que el futuro del país está en integrar Canal, puertos, registro marítimo, logística, zonas francas y bunkering verde como una sola plataforma internacional de servicios.

“Desde la Cámara seguiremos impulsando una agenda país que convierta nuestras ventajas en resultados. Panamá tiene conectividad, ubicación y reputación. Ahora corresponde transformar esos activos en inversión concreta, alianzas estratégicas y crecimiento sostenible”, acotó.

Especialistas en el cuidado de las áreas protegidas de Panamá, América Latina y Estados Unidos intercambiarán experiencias para fortalecer sus capacidades técnicas y adquirir herramientas innovadoras para enfrentar los desafíos globales en materia de conservación, desde un enfoque integral y colaborativo.

Al Trigésimo Segundo Seminario Internacional de Manejo de Áreas Protegidas, a realizarse en la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, asistirán 14 jefes y coordinadores de las áreas protegidas de Panamá.

La actividad contempla cinco sesiones virtuales y 25 días de formación presencial en el estado de Colorado y está diseñado para proporcionar conocimientos actualizados en tecnología, gestión administrativa y estrategias de conservación, incorporando una visión que promueve el trabajo conjunto con comunidades locales, pueblos indígenas y diversos actores sociales.

Entre los principales temas que se abordarán destacan la planificación estratégica, el pensamiento sistémico, la construcción de alianzas para la conservación y el liderazgo aplicado a la gestión de áreas protegidas.

De igual manera, el programa busca fomentar el intercambio de experiencias con profesionales de la región que comparten el compromiso de preservar la biodiversidad y proteger los recursos naturales.

Según Luis Carles, coordinador nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), estos avances forman parte de una visión institucional de largo plazo.

“Este proceso tiene raíces que se remontan a octubre de 2024, cuando se sentaron las bases para fortalecer la gestión de nuestras áreas protegidas. Hoy, esa visión se traduce en resultados concretos, impulsados por el compromiso de elevar nuestros parques a estándares de primer nivel”, manifestó

La capacitación del talento humano ha sido clave en esta transformación: “por primera vez en la historia, contamos con 27 jefes y directores de parque del SINAP formados en seguridad pública, lo que refuerza significativamente la protección y gestión de nuestras áreas naturales”, afirmó el coordinador nacional del SINAP.

Insistió en el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, señalando que en los últimos años se ha consolidado un verdadero espíritu de cuerpo, reflejando una nueva etapa de compromiso, identidad y vocación de servicio.

“Este curso, reconocido como uno de los más prestigiosos de América Latina en administración de parques, les brindará herramientas adicionales para desempeñar su labor con mayor eficacia, visión y compromiso”, añadió.

El Seminario Internacional de Manejo de Áreas Protegidas es reconocido como uno de los más prestigiosos de América Latina en administración de parques, les brindará herramientas adicionales para desempeñar su labor con mayor eficacia, visión y compromiso, indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Frente a los cambios climáticos, el Ministerio de Ambiente señala que estas áreas protegen a las comunidades contra las inundaciones, sequías y otros desastres, además de suministrar agua a las ciudades y pueblos.

Son importantes para la educación ambiental e investigación científica, debido a que los parque cuenten con recursos valiosos para el sector salud.

Igualmente, protegen los hábitat necesarios para la conservación de especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, protegen y mantienen paisajes terrestres costeros y marinos importantes, así como al entorno cultural asociado a estos.

Estos lugares poseen recursos naturales invaluables, cuya conservación estimularía la entrega de ingresos financieros al país.

Este valor económico, señala el ente gubernamental, comprende los beneficios recibidos de manera directa e indirecta por la sociedad, como resultado de los bienes y servicios producidos de manera natural por los ecosistemas contenidos en estos espacios.

Actualmente, 15 de los 18 parques nacionales poseen una valoración económica de bienes y servicios ambientales que se estiman en $199.48 millones anuales, entre todos los parques.

Panamá fue reconocida al proponer un convenio regional para fortalecer la producción, sostenibilidad y distribución de sueros antiofídicos, antiescorpiónicos, anti venenos y otros antídotos.

La iniciativa responde a la escasez de estos insumos en la región, toda vez que no existe una iniciativa que garantice la obtención oportuna del suero antiofídico, situación que está causando letalidades en la población, principalmente en las áreas agrícolas, rurales y de escasos recursos.

Cifras disponibles sobre personas afectadas anualmente por mordeduras de serpiente en Centroamérica muestran una importante variabilidad entre países y reflejan problemas de subregistro en algunos casos.

El número total de envenenamientos ofídicos en la región centroamericana puede oscilar extraoficialmente entre 4.500 y 5.000 casos por año, aunque las cifras reales probablemente sean mayores, debido a la falta de registro de casos en zonas rurales o apartadas.

Según estimaciones de fuentes científicas y organismos sanitarios, Panamá presenta aproximadamente 1.300 a 2.000 casos por año, una de las tasas de incidencia más altas de la región, entre 40 y 65 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Costa Rica se presentan alrededor de 500 a 600 casos anuales, con una incidencia de 11 a 15 casos por cada 100.000 habitantes.

En Nicaragua la cifra es cercana a los 700 casos al año, en Honduras entre 500 y 600 casos por año, Guatemala entre 500 y 600 casos por año y en El Salvador y Belice la incidencia es menor y no suele superar los 100 a 200 casos anuales en cada país.

La propuesta panameña tiene como objetivo central crear un mecanismo regional que asegure el abastecimiento continuo de sueros para el tratamiento de mordeduras de serpientes y picaduras de animales ponzoñosos.

En su momento, la medida surgió tras reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que advertían sobre el impacto sanitario y social de la escasez de antivenenos en la región, donde cada año miles de personas sufren accidentes ofídicos sin acceso a tratamientos.

“El poder trabajar con otros países y contar con un centro logístico que permita la adquisición y distribución oportuna de estos sueros fortalecerá la respuesta de nuestros servicios de salud. Este trabajo posiciona a Panamá como un referente en la parte normativa y regulatoria”, manifestó la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill. Resaltó que este logro fortalece el liderazgo de Panamá en materia regulatoria y de cooperación internacional.

Lourdes Bermúdez, de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Salud, destacó que el recién finalizado Primer Seminario de Derecho Comunitario de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), realizado en El Salvador, permitió confirmar que la falta de estos sueros constituye una problemática compartida por todos los países de la región.

En ese encuentro, además de Bermúdez, fueron reconocidos los funcionarios del Ministerio de Salud de Panamá, Genevieve Epailly Silvestri, Jorge Aguirre y Guillermo Santamaría, quienes participaron en la elaboración de la propuesta de convenio regional para fortalecer la producción, sostenibilidad y distribución de sueros antiofídicos, antiescorpiónicos, anti venenos y otros antídotos.

Con anterioridad, Panamá había presentado la creación de un fondo común regional, coordinado por COMISCA y con el respaldo técnico de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este fondo permitiría realizar compras consolidadas y negociaciones directas con laboratorios productores, a fin de reducir costos y asegurar la calidad y eficacia de los anti venenos.

Además, el plan incluía la implementación de una red logística para la distribución rápida en casos de emergencia, así como la capacitación del personal sanitario en el uso y manejo adecuado de estos productos.

La escasez de sueros anti venenos en la región no solo responde a problemas de producción, sino también a limitaciones legales y administrativas que dificultan la importación y registro rápido de los insumos en cada país.

Panamá volvió a convertirse en un laboratorio natural para la ciencia espacial. La NASA concluyó la segunda campaña del proyecto AVUELO (Experimento Unificado de Validación Aerotransportada: Tierra a Océano), una misión desarrollada junto con el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales (STRI) para estudiar la estructura y la biodiversidad de los bosques tropicales mediante tecnología aérea de última generación.

A diferencia de la primera campaña, realizada en febrero de 2025, esta nueva etapa utilizó un sistema de radar que permitió superar uno de los principales obstáculos para investigar los bosques tropicales: la permanente nubosidad.

La campaña de 2026 empleó una aeronave Gulfstream III de la NASA equipada con el UAVSAR (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar), un radar de apertura sintética capaz de penetrar las nubes y operar tanto de día como de noche, independientemente de la luz solar.

Esta tecnología permitió recopilar información detallada sobre la estructura de los bosques, la altura de los árboles, la biomasa y el contenido de agua de la vegetación, aspectos fundamentales para funcionan estos ecosistemas y cómo responden al cambio climático.

Los científicos explicaron que la señal del radar interactúa con la vegetación de distintas formas según el tamaño de los árboles, la densidad del bosque y la humedad presente en las plantas, generando una radiografía tridimensional del bosque imposible de obtener mediante imágenes convencionales.

Durante la misión, los investigadores concentraron sus trabajos en el Parque Natural Metropolitano, los sitios de monitoreo de ForestGEO y varios ecosistemas de manglares, considerados uno de los ambientes menos estudiados dentro de la red internacional de parcelas forestales del Smithsonian.

El objetivo fue llenar un vacío de información sobre estos ecosistemas costeros, fundamentales para el almacenamiento de carbono, la protección del litoral y la conservación de la biodiversidad, señala el documento escrito por Rosannette Quesada-Hidalgo y publicado por el Smithsonian.

Sin embargo, los sobrevuelos fueron solo una parte del trabajo. Paralelamente, equipos científicos del STRI realizaron mediciones en tierra, identificando árboles, registrando sus dimensiones y recopilando información sobre la composición del bosque para validar los datos obtenidos desde el aire.

Esa combinación de observaciones terrestres y tecnología de percepción remota permitirá desarrollar modelos mucho más precisos sobre la biodiversidad, la estructura forestal y la cantidad de carbono almacenado en los bosques tropicales.

La campaña representa la continuación de un trabajo iniciado en 2025, cuando la NASA utilizó en Panamá el avanzado sensor hiperespectral AVIRIS-3, capaz de analizar la luz reflejada por la vegetación para conocer la química de las hojas, la actividad fotosintética y el estado de salud del bosque.

Sin embargo, aquella misión dependía de cielos despejados para obtener imágenes de calidad, una condición difícil de cumplir en los trópicos debido a la frecuente presencia de nubes y lluvias. Precisamente por esa razón, la NASA decidió regresar este año con tecnología de radar, menos sensible a las condiciones meteorológicas.

Según explicó Erika Podest, científica panameña del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA e investigadora principal del proyecto, la información obtenida no se limitará a Panamá.

“Ahora tenemos en órbita un satélite que lanzamos recientemente al espacio, llamado NISAR. Es un satélite de la NASA que lleva un instrumento de radar similar al sensor UAVSAR que estamos usando para la campaña AVUELO. Al vincular estas observaciones aéreas con mediciones satelitales, podemos extrapolar lo que aprendemos en Panamá a los bosques tropicales de todo el mundo", señaló.

Esto significa que los datos obtenidos en territorio panameño servirán para calibrar y validar la información generada desde el espacio, permitiendo monitorear de forma más precisa los cambios que experimentan los bosques tropicales a escala global.

Para Helene Muller-Landau, científica del STRI y una de las investigadoras principales del proyecto, Panamá ofrece una ventaja científica difícil de encontrar en otros países.

Explicó que el Smithsonian mantiene desde 1980 una extensa base de datos sobre los bosques panameños mediante la red ForestGEO, con millones de mediciones de árboles recopiladas durante más de cuatro décadas.

“Una de las grandes ventajas para la NASA de realizar esta campaña en Panamá es el acceso a nuestra amplia base de datos forestales terrestres, que permite validar la información obtenida por el radar y comprender mejor la salud, estructura y biomasa de los bosques", indicó.

Tras concluir los sobrevuelos de 2026, científicos, estudiantes y especialistas de instituciones como el Centro Goddard y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el STRI, la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad Estatal de Montana, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) e INDICATIC participaron en una reunión para analizar los primeros resultados y definir nuevas líneas de investigación.

Entre los estudios presentados figuran modelos para mapear la presencia de lianas, mejorar el conocimiento sobre la diversidad de los ecosistemas tropicales y comprender cómo la información obtenida mediante sensores remotos puede aportar al estudio de los ciclos del carbono y del nitrógeno.

Para los investigadores, esta colaboración también busca reducir una importante brecha científica. Gran parte del conocimiento disponible sobre bosques proviene de ecosistemas templados de Norteamérica y Europa, mientras que los bosques tropicales —que concentran una enorme proporción de la biodiversidad del planeta y almacenan grandes cantidades de carbono— siguen siendo insuficientemente estudiados.

La campaña AVUELO pretende cambiar ese panorama utilizando a Panamá como uno de los principales centros mundiales para comprender cómo evolucionan los bosques tropicales y cómo protegerlos frente a los efectos del cambio climático.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una nueva unidad especializada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que utilizará drones para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La nueva unidad forma parte del Plan Firmeza, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar el control territorial en áreas consideradas vulnerables por su ubicación geográfica, difícil acceso y uso por parte de redes criminales transnacionales.

De acuerdo con la información oficial, la Coant incorporará aeronaves no tripuladas para mejorar el monitoreo de rutas, detectar movimientos ilícitos con mayor rapidez y apoyar la toma de decisiones en operaciones de seguridad.

El Minseg no informó cuántos drones integrarán la nueva compañía, qué modelos serán utilizados ni el monto de la inversión. Tampoco detalló si las aeronaves estarán equipadas con sensores térmicos, cámaras de visión nocturna u otros sistemas especializados.

Por ahora, la comunicación oficial se ha centrado en el objetivo operativo de la unidad: ampliar la vigilancia estratégica y apoyar las acciones de Senafront en zonas fronterizas.

La Coant estará adscrita al Servicio Nacional de Fronteras, institución encargada de la seguridad terrestre en áreas limítrofes, especialmente en la frontera con Colombia, donde confluyen desafíos vinculados al narcotráfico, la migración irregular, el tráfico de armas, la trata de personas y otras economías ilícitas.

El uso de drones permitiría cubrir áreas selváticas, fluviales o de difícil acceso donde el despliegue terrestre suele ser más lento, costoso y riesgoso para los agentes.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, señaló que la incorporación de estas herramientas busca dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología de vanguardia para proteger la soberanía nacional, consolidar el control territorial y mantener una respuesta firme frente a las amenazas del crimen organizado.

La creación de esta unidad se da pocos días después de que el presidente José Raúl Mulino colocara la seguridad como uno de los temas centrales de su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio.

En su discurso, el mandatario aseguró que el narcotráfico sigue siendo “el principal factor que alimenta la inseguridad” en el país y advirtió que el objetivo del Estado no debe limitarse a incautar más droga, sino a impedir que el territorio panameño sea utilizado como ruta de tránsito.

“Hoy tenemos muchas más incautaciones, es decir, el tráfico aumentó. Aquí el tema no es incautar más, es que no pase droga por nuestro país”, afirmó Mulino durante su intervención.

El mandatario también anunció que el Gobierno aumentará la cantidad de efectivos en las calles e incorporará cámaras corporales, drones y mayor presencia en los barrios. Además, adelantó que Panamá convocará a países de la región para impulsar un plan integral de lucha contra el narcotráfico, al considerar que se trata de un problema que no puede enfrentarse de manera aislada.

La apuesta por aeronaves no tripuladas responde a una tendencia creciente en materia de seguridad. Los drones permiten obtener imágenes aéreas, dar seguimiento a movimientos sospechosos, ubicar posibles rutas clandestinas y reducir la exposición del personal en zonas de riesgo.

En territorios como Darién, donde la selva, los ríos y la ausencia de infraestructura vial dificultan los patrullajes tradicionales, estas herramientas pueden convertirse en un multiplicador de fuerza para las unidades en campo.

Sin embargo, el uso de drones en tareas de seguridad también abre interrogantes sobre protocolos, resguardo de información, límites de vigilancia y mecanismos de rendición de cuentas. La información pública disponible aún no detalla cómo se almacenarán las imágenes captadas, qué criterios regirán los sobrevuelos ni qué controles existirán para evitar usos indebidos en comunidades fronterizas o zonas habitadas.

El contexto regional aumenta la relevancia de esta decisión. Panamá es un punto estratégico para el tránsito de mercancías, personas y también para redes criminales que utilizan corredores terrestres, marítimos y portuarios.

Mulino ha insistido en que parte de la droga que llega a Europa sale desde puertos panameños, con complicidad de distintos actores, por lo que anunció más controles junto con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Con la Coant, el Gobierno suma un componente tecnológico al Plan Firmeza y refuerza el papel de Senafront en la vigilancia de las fronteras. El desafío será demostrar que la nueva unidad no solo mejora la capacidad de observación del Estado, sino que también produce resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La búsqueda de una menor de 12 años desaparecida tras un deslizamiento de tierra en la barriada El Bambú, en Finca 4, distrito de Changuinola, terminó este sábado con un desenlace fatal.

Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y rescatistas del municipio localizaron el cuerpo de la niña, luego de reanudar las labores que habían sido suspendidas durante la noche por las condiciones climáticas y el riesgo de nuevos derrumbes.

La víctima quedó sepultada junto a su perro cuando un deslizamiento impactó una vivienda la tarde del viernes. Dos personas lograron ser rescatadas con vida, mientras que la menor permaneció desaparecida durante varias horas hasta que fue ubicada sin signos vitales.

El hecho ocurrió en medio de un episodio de lluvias intensas que mantiene bajo presión a los organismos de emergencia en varias regiones del país.

Desde el viernes, el Sinaproc mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta el próximo 6 de julio, tras los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que advirtió sobre la influencia de sistemas atmosféricos y el ingreso de la onda tropical número 9, condiciones que favorecen precipitaciones de moderadas a fuertes, actividad eléctrica y acumulados significativos de lluvia.

Las autoridades han reiterado que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y afectaciones a la infraestructura, por lo que recomendaron evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantenerse alejados de laderas inestables y seguir únicamente la información emitida por los organismos oficiales.

Bocas del Toro concentra las mayores afectaciones

De acuerdo con el balance preliminar divulgado por el Sinaproc, Bocas del Toro continúa siendo la provincia con el mayor impacto de las lluvias.

Hasta la mañana de este sábado se habían contabilizado un deslizamiento de roca, cinco deslizamientos de tierra, siete árboles caídos, 57 viviendas afectadas y 253 personas perjudicadas por las condiciones meteorológicas.

Como parte de la respuesta humanitaria, las autoridades habilitaron seis albergues temporales, cinco de ellos en centros educativos y uno en una casa comunal, para atender a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Entre los puntos más comprometidos se encuentran Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria, San Juan y sectores de la comarca Naso Tjër Di, donde varios deslizamientos han obstaculizado las vías de acceso y dificultado la movilidad de los residentes.

Aunque Bocas del Toro concentra la situación más crítica, las lluvias también provocaron incidentes en distintos sectores de la provincia de Panamá.

San Miguelito registró la mayor cantidad de emergencias, principalmente en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, donde se reportaron colapsos parciales de estructuras, árboles caídos sobre viviendas, afectaciones en quebradas, daños en cercas y desprendimientos de techos en Nueva Libia.

En Belisario Frías también se registraron árboles caídos sobre viviendas y tendido eléctrico, mientras que en Arnulfo Arias Madrid se atendieron desprendimientos de techo y árboles sobre líneas eléctricas. En Belisario Porras, específicamente en Torrijos Carter, otro techo resultó afectado por los fuertes vientos.

Las emergencias alcanzaron igualmente al corregimiento de Juan Díaz. En San Joaquín, Villa Isabela, un árbol cayó sobre una vivienda, mientras que en Alcalde Díaz, sector de Santa Librada, se produjo un deslizamiento de tierra que obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

Ante el pronóstico de continuidad de las lluvias durante los próximos días, el Sinaproc insistió en que la prevención será determinante para evitar nuevas tragedias.

La institución recordó a la población que no debe intentar cruzar ríos o quebradas crecidas, caminar por las orillas de los cauces ni permanecer en zonas propensas a deslizamientos. También recomendó mantener bajo vigilancia a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse con el viento y permanecer atentos a los boletines oficiales del IMHPA y del Sinaproc.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y no descartan que el número de afectaciones aumente si continúan registrándose las lluvias previstas durante el fin de semana.

Un estudio realizado en nueve países de América Latina encontró un alto nivel de conocimiento sobre el virus entre los panameños, pero también evidenció una amplia disposición a buscar información y vacunarse por recomendación médica. El VPH está asociado a casi todos los casos de cáncer cervicouterino.

El 87% de los padres y madres panameños consultados manifestó preocupación porque sus hijos puedan contraer el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual relacionada con diversos tipos de cáncer y considerada uno de los principales desafíos de salud pública para las mujeres en la región.

Así lo revela una encuesta regional realizada por la empresa SightX por encargo del laboratorio MSD, que evaluó el nivel de conocimiento sobre el virus, las enfermedades asociadas y la disposición de la población a adoptar medidas preventivas.

El estudio consultó a 7,114 adultos usuarios de servicios de salud privados de nueve países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Del total de participantes, el 70% eran padres de familia y el objetivo fue conocer qué tanto saben sobre el VPH, cómo perciben sus riesgos y cuál es su disposición frente a la prevención.

Los resultados muestran que Panamá se encuentra entre los países con mayor nivel de conocimiento sobre esta infección. El 95% de las mujeres y el 87% de los hombres afirmaron saber qué es el VPH, mientras que el 93% de las mujeres y el 90% de los hombres identificaron correctamente que se trata de una infección de transmisión sexual.

La encuesta también reveló que la principal fuente de información sobre el virus para los panameños fue la escuela, por encima de los medios de comunicación, aunque a nivel regional ambos canales fueron señalados por cerca del 70% de los encuestados como sus principales vías para conocer sobre la enfermedad. Además, la mayoría de los participantes coincidió en que tanto hombres como mujeres pueden contraer el virus.

El estudio indagó además sobre las enfermedades asociadas al VPH. En Panamá, el 72% de los consultados relacionó el virus con el cáncer cervicouterino, convirtiéndolo en la enfermedad más vinculada a la infección.

Le siguieron las verrugas genitales (52%), el cáncer vulvar (51%) y el cáncer anal (41%). Entre quienes conocían el virus, el 53% de las mujeres y el 51% de los hombres también sabían que puede causar verrugas genitales.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el cambio de percepción luego de que los participantes recibieran información básica sobre el VPH y sus consecuencias. En Panamá, el 91% aseguró que probablemente buscaría más información y consultaría a un profesional de la salud sobre las formas de prevenir la infección, reflejando una alta disposición a tomar medidas preventivas.

La investigación también analizó el conocimiento sobre la vacunación. En promedio, el 86% de las mujeres de la región dijo conocer la vacuna contra el VPH y, en siete de los nueve países evaluados, los hombres reconocieron que la inmunización está dirigida tanto a mujeres como a hombres.

Sin embargo, Panamá apareció junto con Colombia y Argentina entre los países donde existe la mayor diferencia entre hombres y mujeres respecto a la vacunación, con una brecha superior a los 23 puntos porcentuales.

Además, el 83% de los encuestados indicó que decidió vacunarse por recomendación médica y alrededor del 90% aseguró que probablemente aceptaría la vacuna si un profesional de la salud se la recomendara.

El Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que casi todas las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de su vida, generalmente sin presentar síntomas.

Aunque en la mayoría de los casos el organismo elimina el virus de forma natural, cuando la infección persiste puede provocar distintos tipos de cáncer, entre ellos el cervicouterino, anal, vaginal, vulvar y de pene, además de verrugas genitales. Existen más de 200 tipos de VPH y más de 40 afectan la región genital.

En América Latina, la enfermedad continúa representando un importante problema sanitario. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 más de 78,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicouterino en la región y más de 40,000 fallecieron por esta causa, una mortalidad que triplica la registrada en Norteamérica.

En Panamá, las autoridades sanitarias también mantienen la enfermedad entre sus principales prioridades. En abril de este año, el Ministerio de Salud y la OPS informaron que el cáncer cervicouterino constituye el segundo tumor maligno con mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres panameñas, especialmente en edad productiva.

Como parte de la estrategia nacional, el país incorporó la vacuna nonavalente contra el VPH, actualizó la norma de tamizaje y avanza hacia la implementación de pruebas moleculares para fortalecer la detección temprana de lesiones precancerosas.

Estos avances forman parte del Plan Integrado hacia la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, impulsado por Panamá con apoyo de la OPS, que busca reducir la incidencia de una enfermedad considerada altamente prevenible mediante tres pilares: vacunación, tamizaje oportuno y tratamiento efectivo.

El equipo panameño de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR-PAN11) tiene previsto regresar este domingo a Panamá, tras concluir una semana de intensas operaciones en Venezuela para apoyar las labores de respuesta al terremoto que sacudió ese país el pasado 24 de junio. La llegada del contingente está programada para las 7:21 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Durante la misión, integrada por 35 rescatistas y dos unidades caninas K-9, los especialistas panameños evaluaron 170 estructuras, entre edificios multifamiliares y residenciales, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo.

Las inspecciones permitieron identificar riesgos estructurales, establecer prioridades para las intervenciones y apoyar la búsqueda de posibles sobrevivientes en coordinación con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que los rescatistas trabajaron divididos en cuatro grupos para ampliar la cobertura operativa. En las últimas jornadas recorrieron siete avenidas con edificaciones dañadas, donde también brindaron atención médica a personas afectadas por la emergencia.

Uno de los momentos más significativos de la misión ocurrió cuando el equipo panameño logró recuperar el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros del edificio Marina Place, ocho días después del terremoto.

La operación comenzó tras recibir información de residentes sobre la posible ubicación de una víctima en la estructura colapsada. Los rescatistas, apoyados por las unidades caninas, realizaron más de cinco horas continuas de remoción de escombros hasta localizar el cuerpo, que ya no presentaba signos vitales.

Aunque el desenlace fue lamentable, las autoridades destacaron que este tipo de operaciones permite ofrecer respuestas a las familias de las víctimas y completar las labores humanitarias en escenarios de desastre.

Además de esa intervención, los especialistas panameños inspeccionaron todos los puntos donde familiares y residentes reportaron posibles personas atrapadas, utilizando equipos especializados de búsqueda, herramientas de evaluación estructural y perros entrenados para la localización de personas bajo estructuras colapsadas.

Las evaluaciones técnicas realizadas durante la misión también sirvieron para determinar el nivel de riesgo de las edificaciones afectadas, establecer áreas seguras para el ingreso de los rescatistas y facilitar la coordinación de las operaciones con los organismos venezolanos de protección civil.

El contingente mantuvo operaciones ininterrumpidas durante toda su permanencia en Venezuela, respaldado por especialistas en búsqueda y rescate, personal técnico y las unidades caninas.

Según Sinaproc, la misión se desarrolló con el objetivo de contribuir a la salvaguarda de la vida y brindar apoyo a las comunidades afectadas por uno de los desastres naturales más severos registrados recientemente en la región.

Como parte del cierre de las operaciones, el Gobierno de Venezuela realizó este viernes un acto de reconocimiento al equipo USAR-PAN11 por su participación en las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades venezolanas agradecieron la cooperación brindada por Panamá durante la emergencia, destacando la experiencia y capacidad técnica del contingente desplazado al país sudamericano.

La participación de Panamá forma parte de los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria que permiten movilizar equipos especializados cuando un país solicita apoyo tras una catástrofe.

Los equipos USAR están entrenados para intervenir durante las primeras horas y días posteriores a terremotos, explosiones o colapsos estructurales, cuando aumenta la probabilidad de localizar sobrevivientes entre los escombros.

Entretanto, las autoridades venezolanas continúan actualizando el balance de la tragedia. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 2,645, mientras que los heridos alcanzan los 12,666.

Además, 15,050 personas quedaron sin vivienda como consecuencia del desastre y unas 86,117 familias han recibido algún tipo de asistencia humanitaria desde que ocurrió el terremoto.

El reporte oficial también indica que fueron rescatadas con vida 6,462 personas, mientras que 885 edificios sufrieron daños de distinta magnitud y 189 colapsaron por completo. Para atender a la población afectada, las autoridades habilitaron 59 campamentos temporales donde permanecen miles de damnificados mientras avanzan las labores de recuperación.

Con el retorno previsto para este domingo, Panamá concluye una misión que combinó operaciones de búsqueda, evaluaciones estructurales y asistencia humanitaria, reafirmando la capacidad de respuesta de su equipo USAR y su participación en acciones internacionales de apoyo ante desastres.

Panamá dio un nuevo paso en su estrategia para concretar una conexión aérea directa con Japón. En la Embajada de Panamá en Tokio, las autoridades aeronáuticas de ambos países firmaron el Record of Discussions (RoD), un acuerdo que establece el marco de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en materia de aviación civil y habilitar la futura operación de vuelos regulares de pasajeros y carga entre ambos mercados.

El documento también permitirá la designación de aerolíneas panameñas y japonesas para operar estas rutas, además de facilitar acuerdos de código compartido, incluso con compañías de terceros países, ampliando las posibilidades de conectividad entre Asia, América Latina y el Caribe.

La ceremonia fue presidida por el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen, mientras que el acuerdo fue suscrito por Rieko Nakayama, directora de Aviación Internacional del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, y por el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Rafael Bárcenas Chiari.

Tras conocerse la firma, el presidente José Raúl Mulino destacó el avance mediante un mensaje publicado en la red social X.

“Avance en el vuelo Panamá-Tokio. Las autoridades de aeronáutica de Panamá y Japón firmaron un acuerdo que permite vuelos entre ambos países. Este logro es fruto del trabajo realizado en la Misión Oficial de 2025 y del apoyo del equipo de la Autoridad Aeronáutica Civil", escribió el mandatario.

La referencia de Mulino apunta a la visita oficial que realizó a Japón del 2 al 7 de septiembre de 2025, cuando sostuvo una reunión con el entonces primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Durante ese encuentro, ambos gobiernos abordaron la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Tokio y Ciudad de Panamá como parte del fortalecimiento de la relación bilateral. El gobierno japonés confirmó posteriormente que la propuesta sería evaluada por sus autoridades aeronáuticas.

El acuerdo firmado esta semana representa uno de los avances más concretos desde entonces, ya que proporciona el marco regulatorio necesario para que las autoridades y las aerolíneas puedan continuar con las evaluaciones comerciales y operativas requeridas antes de abrir una nueva ruta internacional.

Otro hito ocurrió en mayo pasado, cuando ejecutivos de All Nippon Airways (ANA), la mayor aerolínea japonesa, junto con especialistas de The Boeing Company, realizaron una inspección técnica en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Durante la visita evaluaron la longitud de las pistas, su resistencia, las zonas de seguridad y otros parámetros necesarios para determinar la viabilidad de operar aeronaves de ultra largo alcance, como el Boeing 787 Dreamliner o el Boeing 777, modelos utilizados por ANA en sus rutas intercontinentales.

La revisión también contempló los posibles ajustes que podrían requerirse en los extremos de la pista para cumplir con los estándares internacionales de seguridad operacional en vuelos de muy larga distancia.

Actualmente, Japón no mantiene vuelos directos hacia América Latina continental, más allá de conexiones mediante terceros países, por lo que Panamá aparece como una alternativa estratégica gracias a la posición geográfica de Tocumen y su red de conexiones hacia más de 80 destinos en el continente.

Además, ANA forma parte de Star Alliance, la misma alianza global a la que pertenece Copa Airlines. Esta coincidencia facilitaría futuros acuerdos de código compartido, permitiendo que los pasajeros procedentes de Tokio puedan conectar desde Panamá con decenas de destinos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe mediante un solo itinerario.

El interés por fortalecer la conectividad aérea también responde a una relación económica cada vez más estrecha entre ambos países.

Japón es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá para el tránsito de mercancías entre Asia y la costa este de Estados Unidos, mientras que empresas japonesas mantienen presencia en el país bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), especialmente en sectores vinculados al transporte, la industria automotriz y la logística.

Durante la visita presidencial de 2025 también se abordó el interés de inversionistas japoneses por desarrollar proyectos relacionados con el sector marítimo y logístico, incluido un centro de mantenimiento naval en Puerto Armuelles, reforzando una agenda bilateral que trasciende la conectividad aérea.

Aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de un vuelo directo entre Panamá y Tokio, la firma del RoD representa un requisito indispensable para avanzar hacia ese objetivo. A partir de este acuerdo, corresponderá a las autoridades aeronáuticas y a las aerolíneas completar los análisis comerciales, técnicos y regulatorios que determinarán la viabilidad definitiva de la ruta.

De concretarse, Panamá no solo incorporaría una conexión inédita con Japón, sino que consolidaría aún más su posición como el principal centro de conexiones aéreas entre América Latina y Asia, ampliando las oportunidades para el turismo, el comercio, la inversión y el transporte de carga.

La venta de autos nuevos en Panamá mantiene su ritmo de crecimiento en 2026 y consolida al segmento de las SUV como el principal motor del mercado automotriz. Entre enero y mayo se inscribieron 26,689 vehículos nuevos, un aumento de 12.7% frente a las 23,679 unidades registradas en el mismo periodo de 2025, según cifras preliminares de la Contraloría General.

El resultado confirma que la industria avanza por encima de la proyección inicial de crecimiento que manejaba el sector para este año. La expectativa preliminar apuntaba a un aumento cercano al 5% y a un cierre de alrededor de 63 mil unidades, pero el comportamiento observado hasta mayo sugiere que esa meta podría ser superada si la demanda mantiene el impulso durante el segundo semestre.

En 2025, el mercado cerró con 60,233 autos nuevos vendidos, un crecimiento de 10.8% frente a 2024, cuando se comercializaron 54,384 unidades. De sostenerse la tendencia acumulada hasta mayo, 2026 podría convertirse en otro año de expansión para una actividad que viene recuperándose de forma sostenida tras la pandemia, apoyada en mayor oferta de modelos, competencia de precios, nuevas marcas y acceso al crédito.

El crecimiento no ha sido uniforme durante el año. Marzo fue el mes de mayor dinamismo, con 6,473 autos nuevos inscritos, un salto de 42.5% frente al mismo mes de 2025. Abril moderó el ritmo con 5,312 unidades y un incremento de 4.1%, mientras que mayo cerró con 4,972 vehículos, 7.4% más que en igual mes del año anterior.

El liderazgo del mercado sigue concentrado en las SUV, que se han convertido en el modelo preferido por los consumidores panameños. Entre enero y mayo se inscribieron 14,987 SUV, lo que representa 56.2% del total de autos nuevos vendidos en el país. Este segmento creció 12.8% frente a las 13,283 unidades registradas en el mismo periodo de 2025.

La preferencia por las SUV responde a una combinación de factores: mayor sensación de seguridad, espacio interior, altura de manejo, versatilidad familiar y una oferta cada vez más amplia en versiones compactas, medianas y grandes.

Otro de los factores que continúa transformando el mercado automotriz panameño es la consolidación de las marcas chinas. La mayor disponibilidad de modelos, una estrategia de precios más competitiva y una oferta cada vez más amplia de tecnología y equipamiento han permitido que estos fabricantes ganen terreno frente a las marcas tradicionales.

De acuerdo con estimaciones de la industria, las marcas de origen chino ya representan cerca del 30% de las ventas de vehículos nuevos en Panamá, una participación que ha venido aumentando de forma sostenida en los últimos años.

Este cambio ha intensificado la competencia entre distribuidores y ha ampliado las opciones para los consumidores, especialmente en el segmento de las SUV, donde se concentra buena parte de la oferta de fabricantes chinos. No obstante, las marcas japonesas continúan liderando el mercado, con Toyota manteniendo la primera posición en ventas, respaldada por su red de distribución, servicio posventa y trayectoria en el país.

Después de las SUV, los automóviles regulares ocuparon el segundo lugar del mercado con 5,282 unidades, un crecimiento de 23.9%, el mayor avance entre los segmentos de alto volumen. Esta categoría incluye sedanes, coupés, camionetas y hatchbacks.

Le siguieron los pick ups, con 3,663 unidades, un aumento de 11.6%, impulsados por la demanda comercial, agropecuaria y de usuarios que buscan vehículos de trabajo con doble propósito.

El segmento de autos de lujo mostró un avance más moderado, con 975 unidades inscritas hasta mayo, apenas 1.5% más que en el mismo periodo de 2025. Aunque el crecimiento es bajo, mantiene una tendencia positiva en una categoría que durante varios años tuvo un comportamiento más débil por el encarecimiento del financiamiento y la cautela en el consumo de mayor valor.

No todos los segmentos crecieron. Las minivans cayeron 18.5%, al pasar de 367 a 299 unidades; los buses bajaron 25.7%, con 211 unidades; y los camiones retrocedieron 4.7%, hasta 785 unidades. Estos descensos muestran que la recuperación está más concentrada en vehículos de uso particular y en segmentos de alta preferencia familiar.

Hacia adelante, voces de la industria prevén que el desempeño dependerá de tres factores principales: disponibilidad de inventario, condiciones de crédito y confianza del consumidor. El financiamiento seguirá siendo clave, porque una parte importante de las compras de autos nuevos se realiza mediante préstamos bancarios o planes ofrecidos por financieras vinculadas a las agencias.

Si el ritmo actual se mantiene, Panamá podría cerrar 2026 por encima de las 63 mil unidades estimadas inicialmente y consolidar otro año de crecimiento para uno de los sectores más visibles del consumo interno.

La elección de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú comenzó a marcar la agenda diplomática y comercial entre Lima y Ciudad de Panamá.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo una videollamada con la mandataria electa, en la que ambos coincidieron en que es un momento oportuno para dar un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, vigente desde hace más de 14 años, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y la cooperación bilateral.

La conversación tuvo lugar luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta presidencial. La candidata de Fuerza Popular obtuvo 9,223,396 votos (50.135%), mientras que su contendor, Roberto Sánchez, alcanzó 9,173,755 sufragios (49.865%), una diferencia de apenas 49,641 votos, equivalente a 0.27 puntos porcentuales.

La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 28 de julio, coincidiendo con las celebraciones por la independencia peruana.

Durante la videollamada, Fujimori extendió una invitación a Mulino para asistir a la ceremonia de juramentación en Lima. El mandatario panameño confirmó su participación y, a su vez, invitó a la presidenta electa a visitar Panamá en enero de 2027 para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Según informó la Presidencia de Panamá, ambos gobernantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el Tratado de Libre Comercio para ampliar las oportunidades de negocios entre ambos mercados. El acuerdo fue firmado el 25 de mayo de 2011 y entró en vigor el 1 de mayo de 2012.

“Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho", manifestó Mulino, según el comunicado oficial difundido por la Presidencia panameña.

Fujimori respondió destacando el desempeño económico de Panamá y su papel como centro logístico, comercial y turístico de la región. “Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad", expresó la presidenta electa.

El anuncio de ambos mandatarios llega en un momento en que la relación comercial entre Panamá y Perú mantiene un importante margen de crecimiento.

De acuerdo con la Ficha País: Perú, elaborada por el Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá mantiene un déficit comercial con Perú desde hace dos décadas.

En 2024, las exportaciones panameñas hacia ese mercado alcanzaron 10.6 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 118.1 millones de dólares, lo que dejó un saldo negativo superior a 107.5 millones de dólares.

El informe también señala que, pese a que el TLC tiene más de trece años de vigencia, Panamá solo ha utilizado las preferencias arancelarias del acuerdo para exportar en siete de esos años.

Entre los principales productos que Panamá exporta a Perú destacan los medicamentos, que representaron más de la mitad del valor exportado en 2024, seguidos por conservas de carne, leche concentrada, bebidas alcohólicas, pescado congelado y cacao.

En sentido contrario, Perú exporta a Panamá principalmente uvas frescas o secas, libros e impresos, cítricos, productos de panadería y galletería, conservas de pescado, láminas y envases plásticos, alimentos para animales, pastas alimenticias y medicamentos, productos que reflejan la diversidad de la oferta peruana en el mercado panameño.

El intercambio comercial también tiene un peso importante a través de la Zona Libre de Colón. Durante 2024, Panamá reexportó hacia Perú mercancías por 396.7 millones de dólares, principalmente teléfonos celulares, cables eléctricos, medicamentos, perfumes y equipos tecnológicos, consolidando a la zona franca como uno de los principales canales del comercio bilateral.

Más allá del comercio, Panamá y Perú mantienen relaciones diplomáticas desde 1908 y han suscrito numerosos acuerdos de cooperación en materia de turismo, cultura, educación, transporte aéreo, medio ambiente, asistencia judicial, lucha contra el narcotráfico y facilitación del comercio.

La conversación entre Mulino y Fujimori constituye el primer contacto oficial entre ambos mandatarios tras la elección presidencial peruana y anticipa que el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio será uno de los principales ejes de la relación bilateral durante el próximo gobierno de Perú.