El fenómeno de El Niño ha agudizado la preocupación en el sector agropecuario de Panamá por la escasez de agua y las dificultades que enfrenta la producción rural.

Esta coyuntura se agrava ante la composición envejecida del personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde el 60% está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad.

El propio ministro del ramo, Roberto Linares, ha señalado que contar con funcionarios retirados implica un retraso operativo, ya que muchos deberían realizar tareas en campo y no permanecer en oficinas.

Actualmente, la institución suma 2.409 trabajadores, de los cuales 1.037 son agrónomos y 133 veterinarios.

Según Linares, existen empleados que perciben salarios entre $4.000 y $5.000, además de su pensión, y continúan bajo regímenes especiales.

Y es que este equipo de funcionarios son los llamados a trabajar en primera línea ante la crisis climática, que tiene efectos concretos, como prolongadas sequías, cambios en los patrones de lluvias y temperaturas en aumento.

Estos factores afectan directamente la producción agrícola y ganadera, exigiendo respuestas rápidas y coordinadas para proteger a los trabajadores rurales.

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el fenómeno alcanzará mayor intensidad con déficit de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como en enero, febrero y marzo de 2027.

Sus efectos se extenderán hasta mayo de 2027 con altas temperaturas que podrían impactar a la población, el sector agropecuario y a los recursos hídricos del país.

Esta semana el Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia nacional como consecuencia del comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño.

La medida, dijeron, busca adoptar acciones preventivas de mitigación y de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas, salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes.

Panamá enfrenta en estos meses un riesgo elevado por la baja disponibilidad de agua en las principales cuencas y embalses, como el lago Bayano.

El déficit de precipitaciones podría impactar la generación de energía hidroeléctrica y comprometer el suministro para distintos usos, incluidas las actividades agrícolas y el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

La administración nacional, en colaboración con el Ministerio de Ambiente, la ONU y el Green Climate Fund, lleva adelante el Taller de Validación de la Actualización del Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario, cuyo objetivo es identificar y priorizar medidas para mitigar los riesgos asociados al fenómeno.

Para enfrentar los desafíos derivados del comportamiento climático, el Gobierno ha dispuesto un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de la Presidencia, las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Esto, aseguran, permite realizar contrataciones mediante procedimientos especiales bajo el estado de emergencia nacional.

La medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, plazo durante el cual las instituciones podrán ejecutar acciones destinadas a mitigar los efectos de El Niño y asegurar la continuidad de los servicios afectados por la crisis hídrica.

Esta disposición incluye la vigilancia constante de los niveles de ríos, lagos y embalses, así como la disponibilidad de agua a lo largo de los próximos meses, aspectos críticos para el funcionamiento del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno.

Según el organismo, “El Niño puede reducir la disponibilidad de agua y afectar los rendimientos de determinados productos agropecuarios”.

La vigilancia meteorológica y la publicación de pronósticos buscan guiar la toma de decisiones y anticipar los posibles impactos sobre el abastecimiento de agua, la agricultura, la ganadería y las comunidades más expuestas a la falta de lluvias.

Las autoridades trabajan bajo el supuesto de un escenario prolongado de sequía. La coordinación entre instituciones y el seguimiento técnico, alegan, busca sostener la estabilidad y la seguridad en el sector agropecuario y energético de Panamá ante los efectos del fenómeno climático.

La actividad de cruceros en Panamá ha mostrado un repunte marcado durante los primeros siete meses de 2026.

El Sistema Portuario Nacional reportó una subida del 21,6 % en el flujo de pasajeros, lo que se tradujo en 488.567 personas en operaciones de embarque y desembarque, una cifra que supera en casi 87 mil al periodo equivalente de 2025.

Entre enero y julio, el país recibió 143 arribos de cruceros, lo que implica un incremento del 20,1% respecto al año anterior y evidencia una mayor frecuencia en la llegada de estas embarcaciones.

También se observa un alza en el número de pasajeros de tránsito, que pasó de 196.591 a 216.805, con un crecimiento del 10,2 %.

El movimiento portuario panameño se ha fortalecido por el aumento de los tripulantes que acompañan a estas embarcaciones.

En lo que va de 2026, los tripulantes sumaron 105.021, un 20,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta dinámica reafirma el papel de Panamá como punto clave para la industria de cruceros en la región.

De acuerdo con la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), este desempeño consolida la relevancia del sector de cruceros dentro de la actividad portuaria y marítima nacional.

Ibis Pérez, responsable de la oficina, remarcó que Panamá mantiene su competitividad gracias a la prestación de servicios marítimos auxiliares y a su capacidad para atender las exigencias de la industria internacional.

El crecimiento del sector genera un efecto directo en la economía local. La llegada de más cruceros implica mayor movimiento en las terminales, impulsando tanto el turismo como el comercio en ciudades portuarias.

La tendencia apunta a que el país afianza su posición como un hub estratégico para embarcaciones turísticas en el continente americano.

En síntesis, durante los primeros siete meses de 2026, Panamá experimentó un crecimiento sostenido en el sector de cruceros, reflejado en el aumento de pasajeros, tripulantes y arribos. Esta evolución se atribuye a la consolidación del país como un destino competitivo y a la mejora de su infraestructura portuaria.

Con miras al inicio de la nueva temporada de cruceros en octubre, los puertos concesionados por la AMP intensifican sus preparativos.

La conectividad aérea, la ubicación geográfica y la infraestructura moderna convierten a estos puertos en puntos de referencia para el desarrollo de la industria.

Instalaciones clave como Colón 2000 en el Atlántico y la Terminal de Cruceros de Amador en el Pacífico se alistan para recibir tanto cruceros que hacen escala como aquellos que utilizan el país como puerto base. Estas terminales funcionan como puertas de entrada y plataformas que dinamizan la actividad turística y comercial panameña.

El sector portuario reafirma su rol en la promoción del turismo internacional y en el fortalecimiento de la economía nacional, proyectando a Panamá como protagonista en la industria de cruceros de la región.

Por otra parte, la reciente visita de unos 40 representantes del Consejo Empresarial Logístico (COEL) al proyecto Nuevo Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, marcó un paso clave en los vínculos entre el sector público y privado para el crecimiento portuario y logístico de la región occidental panameña.

En las instalaciones del nuevo muelle, la delegación fue recibida por la directora de la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quien presentó el balance del proyecto y su proyección de desarrollo.

Durante la jornada, el equipo técnico de la AMP compartió los avances logrados en la primera fase del muelle y expuso la visión integral que guía las etapas siguientes. Esta perspectiva contempla, además de la infraestructura portuaria, el diseño de una zona logística destinada a fomentar nuevas actividades productivas y comerciales.

El potencial del puerto para transformarse en un nodo estratégico de movilización de carga y centro de actividades logísticas fue uno de los temas centrales del encuentro. Los representantes del COEL y la AMP coincidieron en que el desarrollo de Puerto Armuelles puede generar oportunidades de inversión y abrir nuevos espacios para la economía de Chiriquí.

Bajo un ambiente de entusiasmo y con el Canal de Panamá como protagonista, la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 abrió sus puertas.

Este año, el evento literario más relevante del país celebra la década desde la ampliación del Canal, resaltando su impacto en la conexión entre continentes y el comercio mundial.

El recinto ferial acoge a escritores nacionales e internacionales, estudiantes, autoridades y visitantes de todas las edades, quienes encuentran en los libros una vía para el encuentro de culturas y el intercambio de ideas.

Durante varios días, la feria ofrecerá más de 600 actividades, incluyendo conferencias, presentaciones de obras, talleres y el tradicional congreso de profesores, que reúne a docentes de diversas regiones del país.

Quienes asistan a la feria podrán descubrir cómo el Canal de Panamá ha inspirado innumerables relatos y se ha consolidado como símbolo de la identidad panameña.

Así lo destacó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, al subrayar que la feria potencia la lectura, el arte y la cultura entre los jóvenes, y permite que Panamá se proyecte internacionalmente.

Herrera recordó que el país será invitado especial en la Feria Internacional del Libro de República Dominicana este año y en México en 2028.

La Cámara Panameña del Libro, presidida por Orit Btesh, coordina el evento desde su fundación en 1997, con el propósito de fortalecer la cultura del libro y la lectura en el país.

Btesh resaltó que la feria ha contado con la presencia de países invitados como Costa Rica, Colombia, Chile, España, Perú, México y la Unión Europea, lo que ha favorecido el diálogo literario internacional.

Cada edición de la feria busca resaltar un aspecto clave de la cultura nacional.

En esta ocasión, la figura del Canal se convierte en el eje temático bajo el lema ‘La Ruta de Miles de Historias’.

La iniciativa reconoce la importancia de una de las obras de ingeniería más relevantes del planeta, que no solo une océanos, sino que también conecta a pueblos y saberes.

La programación invita a reflexionar sobre el papel del Canal como generador de historias y puente para el intercambio de conocimiento. De este modo, la feria se consolida como espacio de encuentro para la memoria, la imaginación y el aprendizaje colectivo.

La Ley 392 de agosto de 2023 reconoce oficialmente la Feria Internacional del Libro de Panamá, estableciendo su celebración anual en el mes de agosto y fijando una contribución mínima de $300.000 por parte del Estado para su realización.

El objetivo es garantizar un espacio de reflexión cultural, educativa y científica, además de fortalecer la industria editorial panameña y promover una sociedad lectora.

Esta norma se alinea con las políticas públicas de apoyo a la cultura y la educación, y permite que la feria mantenga su carácter inclusivo y su proyección internacional.

La organización puede, además, impulsar actividades paralelas en distintas provincias del país, ampliando el alcance del evento.

La Feria Internacional del Libro de Panamá es mucho más que un encuentro literario, representa una ventana para el diálogo, la diversidad y la construcción de puentes entre generaciones.

Estudiantes, educadores y público en general se benefician de una agenda que apuesta por el acceso al conocimiento, la promoción de la lectura y el fortalecimiento de la identidad cultural panameña.

Con la mirada puesta en el futuro y el recuerdo de las historias que han transitado por el Canal de Panamá, la feria del libro reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y educativo del país, consolidándose como referente regional en el mundo del libro. La cita cultural en tierras panameñas cerrará sus puertas el próximo domingo 30 de agosto.

Las acciones sanitarias en centros penitenciarios han adquirido una dimensión estratégica para el Ministerio de Salud (Minsa), que ha intensificado la vigilancia y la atención frente al riesgo de enfermedades transmisibles en estos espacios de alta concentración.

La presencia de clínicas penitenciarias y equipos profesionales responde a la necesidad de prevención y respuesta rápida ante epidemias como la tuberculosis (TB) y el VIH, según confirmaron las autoridades de salud.

El Minsa mantiene clínicas de salud dentro de los recintos, donde equipos multidisciplinarios atienden tanto la medicina general como la odontología y la enfermería, además de organizar jornadas especiales para responder a las demandas específicas de cada centro.

Este dispositivo sanitario se refuerza con áreas de aislamiento, como la implementada en el Complejo Penitenciario La Joya, destinada a contener posibles brotes de tuberculosis y asegurar el seguimiento médico de los pacientes afectados.

Las personas privadas de libertad que viven con VIH cuentan con una clínica especializada en el mismo complejo, mientras que en otras regiones se garantiza la atención a través de clínicas de Terapia Antirretroviral (TAR).

Las autoridades subrayan que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa para detectar y responder oportunamente ante cualquier evento sanitario relevante.

La sobrepoblación carcelaria constituye uno de los mayores desafíos para la gestión sanitaria, ya que facilita la propagación de enfermedades infecciosas.

Por ello, el Minsa ha fortalecido las medidas de prevención y bioseguridad, tanto para las personas privadas de libertad como para el propio personal de salud.

El subdirector general de Salud de la Población, Dr. Pedro Contreras, enfatizó que “este personal está expuesto también a ciertos riesgos”, por lo que resulta esencial que adopten protocolos estrictos durante la atención.

Además del riesgo físico, las autoridades han puesto foco en el bienestar emocional del personal sanitario. Se promueven herramientas de autocuidado y manejo del estrés para reducir el desgaste que implica trabajar en contextos penitenciarios, buscando así un entorno más seguro y eficiente para todos los actores involucrados.

La Dirección General de Salud Pública realiza supervisiones anuales en las clínicas penitenciarias, verificando el cumplimiento de normas y directrices. Estas inspecciones incluyen la preparación para emergencias, la capacitación en vacunación y la respuesta ante desastres, asegurando así una cobertura integral de las necesidades sanitarias.

Durante una jornada nacional de capacitación, desarrollada con la participación de profesionales de varias regiones, se abordaron temas como tuberculosis, VIH, Alzheimer, autocuidado, bioseguridad y desarrollo personal.

Isaías Montilla, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó que “el fortalecimiento de las capacidades de estos profesionales es esencial para garantizar servicios efectivos, oportunos y centrados en las necesidades de la población privada de libertad”.

Montilla precisó que la actualización clínica y la formación en aspectos legales y de autocuidado buscan dotar al personal de “conocimientos, habilidades, herramientas y buenas prácticas” para ofrecer una atención más humana y de calidad. Además, subrayó la importancia de incluir a adolescentes en conflicto con la ley en estas acciones de fortalecimiento.

El Ministerio de Salud ha implementado una red de clínicas y equipos profesionales en los centros penitenciarios, con medidas específicas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles como la tuberculosis y el VIH.

Además, se han adoptado protocolos de bioseguridad y autocuidado, y se desarrollan jornadas de capacitación para fortalecer la capacidad del personal sanitario que atiende a la población privada de libertad.

Las acciones del Minsa buscan no solo garantizar una atención sanitaria oportuna y segura, sino también proteger la dignidad y los derechos de quienes se encuentran bajo custodia del Estado.

El trabajo diario del personal sanitario, reconocido tanto por las autoridades nacionales como internacionales, constituye un pilar para la salud y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

Las cifras más recientes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) indican que la vacunación infantil contra la hepatitis en Panamá ha logrado una cobertura del 93%.

En paralelo, la vacuna hexavalente supera el 80% y la inmunización contra el neumococo alcanza el 90%.

Estos resultados se difundieron en la Jornada de Evaluación y Actualización en Vacunas, un espacio donde autoridades y especialistas analizaron los avances y obstáculos del esquema nacional.

El Ministerio de Salud atribuye este nivel de cobertura a campañas intensivas de inmunización en las que participan médicos y enfermeros, quienes extienden sus labores incluso a los fines de semana.

Según los datos oficiales, la mayoría de los niños panameños ya se encuentran protegidos frente a enfermedades como la hepatitis y el neumococo, lo que responde a la pregunta sobre el estado actual de las campañas de vacunación infantil en el país.

Durante el encuentro, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo que mantener altos niveles de inmunización es esencial para la protección de la población.

En sus palabras, la revisión de coberturas y la adaptación de estrategias tienen un peso que trasciende lo técnico y representan un compromiso con la salud de la sociedad.

La coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, señaló que el año ha estado marcado por retos, como la aparición de casos importados de sarampión, brotes de tosferina y un incremento de virus respiratorios.

Frente a este panorama, el personal sanitario ha reforzado las acciones para asegurar que las vacunas lleguen a todas las regiones.

La jornada incorporó herramientas de georreferenciación para analizar la cobertura en la población infantil. Esta tecnología facilita la identificación de niños que aún no han accedido a las vacunas y permite ajustar las estrategias para llegar a comunidades específicas.

El evento reunió a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de organismos nacionales como la Caja de Seguro Social y la Dirección Nacional de Enfermería. Todos ellos aportaron experiencias y conocimientos para fortalecer la inmunización y avanzar en la erradicación de enfermedades prevenibles.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la actualización constante de metodologías y la cooperación entre instituciones resultan determinantes para sostener y mejorar los niveles de protección de la infancia, un factor clave en la salud pública del país.

Las principales vías de transmisión de la hepatitis son la fecal-oral, por contacto sexual, uso de drogas intravenosas y a través de productos sanguíneos.

Los grupos de riesgo identificados incluyen pacientes con enfermedad hepática crónica, hombres que tienen sexo con hombres, contactos en el hogar con personas infectadas, usuarios de drogas intravenosas, individuos con alto riesgo de infección por VIH, pacientes con desórdenes de coagulación y niños que asisten a guarderías preescolares.

La OPS/OMS ha informado que en las Américas surgen casi 80,000 nuevas infecciones de hepatitis B y C cada año, la mayoría de las cuales pasan desapercibidas.

La OPS trabaja en conjunto con los países de la región para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas contra la hepatitis viral a través del Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio, mecanismos regionales de cooperación técnica para la adquisición conjunta de medicamentos esenciales y suministros sanitarios estratégicos.

Por su parte, la Comisión de Salud de la junta directiva de la Caja de Seguro Social se reunió con padres de niños con espina bífida para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en mayo sobre el abastecimiento de sondas para cateterización, insumo vital para preservar la salud renal y la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

La presidenta de la junta directiva y de esta Comisión, Eusebia Calderón de Copete, destacó que “desde julio logramos parte de la adquisición de las sondas de cateterización con la lubricación necesaria para estos niños en un cincuenta por ciento, las cuales están siendo distribuidas a los padres”.

Actualmente, la Clínica de Espina Bífida del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud atiende a 157 niños.

Diecisiete ciudadanos panameños han regresado sanos y salvos desde países relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del total, 11 retornaron desde territorio ruso y seis desde Ucrania, mediante gestiones diplomáticas y consulares coordinadas por Panamá.

La cifra representa el resultado más concreto de las acciones emprendidas para identificar, asistir y desvincular a los nacionales incorporados a fuerzas militares. La Cancillería mantiene contactos para conocer la situación de otros panameños y procurar su retorno seguro cuando jurídicamente sea posible.

El conflicto también ha dejado al menos dos panameños muertos, ambos originarios de Colón. Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, vinculado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien se habría incorporado a las fuerzas rusas.

Navas habría muerto tras ser alcanzado por un dron cuando intentaba evacuar heridos en el frente de batalla.

Las gestiones del Gobierno incluyen cuatro reuniones de alto nivel con representantes de Rusia y dos encuentros con representantes diplomáticos de Ucrania. En esas conversaciones, Panamá solicitó facilitar la desvinculación de sus ciudadanos y organizar su salida de manera segura y ordenada.

El canciller Javier Martínez-Acha también remitió comunicaciones diplomáticas a las autoridades rusas y ucranianas, apelando a consideraciones humanitarias y a las relaciones bilaterales. El objetivo es facilitar la asistencia y protección de los connacionales que buscan abandonar cualquier compromiso con fuerzas militares.

La Embajada de Panamá en Rusia y la misión diplomática en Polonia, concurrente para Ucrania, mantienen gestiones permanentes para localizar a los panameños, facilitar el contacto con sus familiares y ofrecer asistencia consular de acuerdo con las circunstancias particulares y la legislación de cada país.

La Cancillería aseguró que ha mantenido comunicación abierta con las familias de los involucrados, a quienes brinda información sobre las acciones que puede realizar el Estado. Las posibilidades de intervención, precisó, dependen del marco jurídico y de los compromisos firmados por cada ciudadano en el extranjero.

Dos hombres repatriados desde Ucrania denunciaron que viajaron atraídos por ofertas de hasta $9.000 mensuales y promesas de no combatir, pero al llegar les retiraron teléfonos y pasaportes. También aseguraron que firmaron contratos en ucraniano y fueron presionados para participar en misiones militares.

Los testimonios indican que la captación se realizaba por TikTok, Instagram y WhatsApp, mediante propuestas dirigidas a personas con necesidades económicas. Los traslados, pasaportes y boletos eran gestionados parcialmente por terceros, mientras las condiciones ofrecidas cambiaban después de ingresar al territorio ucraniano.

En Panamá, tres personas quedaron detenidas provisionalmente por su presunta participación en el reclutamiento y traslado de nacionales. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y se desarrollan por la posible comisión de trata de personas con fines de explotación laboral.

Entre los investigados figuran Mario Alberto Irwonds Brooks, taxista de 70 años, y Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, veterano del conflicto ucraniano. Ambos han negado actuar como reclutadores y sostienen que solamente ayudaron o transportaron a personas que habían expresado interés en viajar voluntariamente.

El tercer imputado es un panameño de 23 años, detenido en Tocumen cuando regresaba de Colombia. Una alerta silenciosa de Interpol permitió identificarlo en el aeropuerto, y posteriormente un juez ordenó su detención provisional por su presunta vinculación con la estructura investigada por captar ciudadanos panameños.

La Cancillería reiteró su llamado a no viajar para incorporarse a fuerzas militares relacionadas con la guerra. Advirtió que estas decisiones representan graves riesgos para la vida y pueden generar obstáculos jurídicos que limitan o complican considerablemente la asistencia consular panameña.

La entrada en vigor de un convenio interinstitucional entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá marca un avance tecnológico para la fiscalización vehicular en el país.

La verificación electrónica de pólizas en tiempo real permitirá que las autoridades comprueben en carretera la vigencia del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del seguro de responsabilidad civil, sin necesidad de portar el documento impreso.

La regulación del SOAT y del seguro de responsabilidad civil vehicular constituye uno de los pilares del sistema de seguridad vial y de protección a las víctimas de accidentes de tránsito en la República de Panamá.

Distintas normas han dado como resultado que todo propietario de vehículo a motor o unidad de arrastre está obligado a mantener, en todo momento, una póliza de seguro obligatorio básica de accidentes de tránsito vigente, que garantice, al menos, los montos mínimos de responsabilidad civil fijados en el Reglamento de Tránsito, actualmente de $5,000 por persona y $10,000 por accidente en lesiones corporales, y $5,000 por daños a la propiedad ajena.

El SOAT, sin embargo, no cubre los daños del propio vehículo, sino que se limita a indemnizar a terceros afectados, mientras que la responsabilidad civil puede ampliarse mediante pólizas de cobertura completa u otras modalidades contractuales más allá de la exigencia mínima.

La ATTT se encarga de planificar, dirigir y fiscalizar las operaciones de tránsito, así como de aplicar el Reglamento de Tránsito y controlar que los vehículos que circulan cuenten con el seguro obligatorio vigente.

Por su parte, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) es el ente regulador del mercado asegurador, con facultades para aprobar el modelo de póliza de seguro obligatorio, supervisar a las compañías aseguradoras y emitir normas reglamentarias.

Las aseguradoras, en tanto, tienen la obligación legal de proporcionar a la autoridad competente información sobre los autos asegurados y la vigencia de las pólizas, así como de ajustar sus contratos a los requerimientos legales, incluyendo las disposiciones que favorecen a los terceros afectados.

Esta tríada institucional -ATTT, SSRP y compañías aseguradoras- configura un entramado de cooperación obligatoria para asegurar la efectividad del régimen.

Actualmente, el sistema digital han implementar busca optimizar la revisión vehicular y reforzar la prevención de accidentes.

Con la automatización y el cruce de datos, se agilizarán los controles y se fortalecerá la movilidad segura en las vías panameñas.

El acuerdo, suscrito por Nicolás Brea Kavasila, director general de la ATTT, y Luis Enrique Bandera, superintendente de la SSRP, establece los protocolos de seguridad para el intercambio y consulta electrónica de información.

La alianza interinstitucional responde a la necesidad de implementar estrategias preventivas y herramientas tecnológicas que impacten de manera directa en la reducción de accidentes viales en Panamá.

El objetivo central es disminuir la siniestralidad y avanzar hacia la meta propuesta por la ATTT de “cero muertes por accidentes de tránsito”, una aspiración que, según Brea Kavasila, requiere acciones conjuntas entre fiscalización, educación vial y prevención en colaboración con las aseguradoras.

Mediante este acuerdo, la ATTT y la SSRP podrán compartir datos estadísticos y articular campañas de educación vial orientadas a la prevención.

El intercambio de información permitirá elaborar indicadores de riesgo y analizar factores determinantes de los siniestros, con el propósito de diseñar controles preventivos más eficaces a nivel nacional.

Para los conductores, el cambio representará la posibilidad de prescindir del porte físico de la póliza en el futuro.

Bandera valoró este paso como un avance hacia la modernidad del Estado y destacó que la digitalización facilitará tanto la administración pública como la vida de los asegurados.

El universo empresarial de Panamá presenta una composición donde las microempresas dominan en número, pero tienen un peso reducido en la generación de ingresos y en la contratación de personal.

Según el Directorio de Empresas y Locales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el país existen 75,797 empresas, de las cuales 49,693 se consideran microempresas, ya que facturan hasta $150,000 al año.

Aunque dos de cada tres empresas están en ese segmento, su participación en el empleo es limitada, ya que solo el 12,3 % de los trabajadores del sector empresarial laboran en microempresas, y estas aportan apenas el 1,3% de los ingresos totales, señala la publicación especializada Nexo.

En contraste, aduce que las empresas grandes son responsables de salarios mensuales que duplican a los de las microempresas.

En agosto de 2022, una microempresa panameña pagaba $641 al mes por empleado, mientras que una grande destinaba $1,293.

Las pequeñas y medianas empresas se ubican entre esos extremos, con remuneraciones de $806 y $983, respectivamente. Esta progresión salarial es gradual, sin saltos abruptos entre categorías.

Para Nexos, el fenómeno de las microempresas en Panamá refleja una tendencia regional. Agrega que los estudios sobre América Latina muestran que la mayoría de estas unidades económicas “tienen baja probabilidad de convertirse en pequeñas y muy baja de llegar a medianas”. La dinámica más común es la supervivencia sin crecimiento.

Al analizar la estructura por número de empleados, menciona que el panorama es similar. El 78% de las empresas (59,082) cuenta con cuatro trabajadores o menos. Esta característica se traduce en una economía segmentada, donde la mayor parte de las unidades productivas son de muy reducido tamaño.

Junto a este parque empresarial, existe un grupo numeroso de trabajadores por cuenta propia. En septiembre de 2025, las cifras oficiales indican que 618,190 panameños ejercían actividades independientes, lo que representa el 31,4 % de los ocupados. Estas personas no pertenecen a ninguna de las categorías empresariales tradicionales.

El reconocimiento formal de las microempresas ya tiene un marco establecido en Panamá. El Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) es gratuito y otorga beneficios fiscales, pues exime del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años desde la inscripción y del 1% del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).

Además, este registro, siempre según Nexo, permite acceder a garantías crediticias mayores. Un emprendedor informal puede optar por una garantía de $2,000; una microempresa formalizada, por $25,000; y una pequeña empresa, por $50,000, si supera $150,000 en facturación anual.

En paralelo, la política tributaria diferencia entre quienes pueden utilizar el facturador electrónico gratuito y quienes deben contratar a un proveedor autorizado.

Desde enero, la Dirección General de Ingresos limita el uso gratuito del sistema a quienes facturen hasta $36,000 anuales y emitan un máximo de 100 documentos al mes. Al superar cualquiera de esos umbrales, es obligatorio contratar un proveedor calificado.

Ahora, una propuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras) busca elevar ese límite a $150,000 anuales, alineándolo con la definición legal de microempresa establecida por la Ley 33 de 2000.

En la actualidad, solo el 24% del rango definido por la ley puede acceder a la facturación gratuita. Si prospera la propuesta, todas las microempresas formales estarían cubiertas.

El perfil de las empresas panameñas, de acuerdo con la publicación, se actualizará con la publicación del VII Censo Nacional Económico, que tomó como referencia el 2024 y se realizó entre junio y diciembre de 2025 sobre 39,168 empresas privadas no financieras.

Durante el recién finalizado Primer Congreso MiPyME 360, celebrado en Santiago de Veraguas, se aprobó el Manifiesto para el Impulso de las MiPyME, hoja de ruta que contiene peticiones puntuales a las autoridades, al sector bancario y a las grandes empresas.

Entre ellas, destaca la solicitud a la Dirección General de Ingresos para ampliar el acceso al facturador electrónico gratuito.

El acuerdo entre la Ampyme y Fedecámaras sobre crédito y asistencia técnica, anunciado previamente al congreso, aún no ha sido formalizado por ninguna de las partes.

La estructura empresarial de Panamá está marcada por una mayoría de microempresas y trabajadores por cuenta propia, mientras que el acceso a beneficios y herramientas digitales sigue siendo objeto de debate y actualización normativa.

Panamá registró 57,653 renuncias laborales entre enero y julio de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). El resultado equivale a un promedio mensual de 8,236 salidas voluntarias notificadas en todo el país.

Los hombres concentraron 33,029 renuncias, equivalentes al 57.3% del total, mientras las mujeres registraron 24,624, que representaron el 42.7%. La diferencia muestra una mayor movilidad entre trabajadores masculinos, aunque el informe no identifica ocupaciones, salarios ni actividades económicas.

La mayor cantidad se produjo en marzo, con 9,500 dimisiones notificadas, seguido por enero con 8,866 y febrero con 8,501. Desde abril comenzó un descenso sostenido que llevó el registro hasta 6,857 casos durante julio, el nivel mensual más bajo del periodo.

Entre junio y julio las renuncias disminuyeron en 851, una reducción de 11%. Frente al máximo alcanzado en marzo, la caída fue de 2,643 casos o 27.8%, lo que podría reflejar menor rotación reciente, aunque no permite confirmar una mejora en la estabilidad laboral.

La Sede Central del Mitradel, correspondiente a Ciudad de Panamá, recibió 20,901 notificaciones durante los primeros siete meses, equivalentes al 36.3% del total nacional. Las oficinas regionales atendieron las otras 36,752, por lo que casi dos de cada tres renuncias ocurrieron fuera de esa sede.

Panamá Oeste encabezó los registros regionales con 9,554 casos, seguido por Panamá Este con 6,445 y San Miguelito con 5,429. Chiriquí acumuló 3,704 salidas voluntarias, Panamá Norte reportó 2,865 y Colón alcanzó 2,737 renuncias hasta julio.

La concentración alrededor de la zona metropolitana fue amplia. Al sumar la capital, Panamá Oeste, Este, Norte, San Miguelito y Panamá Pacífico, se obtienen 45,442 renuncias, equivalentes al 78.8% del total, reflejo del peso de estas áreas en el empleo formal y la actividad empresarial.

Durante julio, Ciudad de Panamá volvió a encabezar los registros con 1,837 renuncias, seguida por Panamá Oeste con 1,272, Panamá Este con 869 y San Miguelito con 804. Estas cuatro zonas reunieron 4,782 casos, casi el 70% de las salidas del mes.

Una dimisión puede responder a una mejor oferta, estudios, jubilación, migración, responsabilidades familiares, inconformidad salarial o condiciones laborales deficientes. Por eso, un volumen elevado no significa automáticamente deterioro del empleo, así como una caída tampoco demuestra necesariamente mayor satisfacción entre los trabajadores.

La otra cara del mercado fueron los 206,942 contratos registrados hasta julio, casi cuatro veces las renuncias. De ese total, 111,236 fueron definidos, 49,576 indefinidos y 46,130 por obra determinada. En julio se notificaron 32,559 contrataciones frente a 6,857 dimisiones.

No obstante, la diferencia no equivale a 149,289 empleos netos creados. Los contratos pueden incluir renovaciones, movimientos temporales o varias relaciones laborales de una misma persona, mientras las renuncias constituyen solo una de las formas de terminación laboral y no incorporan despidos ni vencimientos.

El predominio de contratos definidos, que representaron 53.8% de las inscripciones, sugiere que buena parte del movimiento laboral mantiene un componente temporal o sujeto a renovación. Los indefinidos representaron apenas 24%, mientras los contratos por obra determinada concentraron el 22.3% restante.

El mercado laboral panameño cerró 2025 con un desempleo total de 10,4%, mientras el desempleo abierto fue de 6,9%, según la encuesta de septiembre del INEC. Además, la informalidad laboral alcanzó el 47,1% entre los ocupados no agrícolas

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 48, que busca crear un régimen de segunda oportunidad y derecho al olvido penal para personas que hayan cumplido sus condenas.

El prohijamiento solo permite iniciar su discusión legislativa y no lo convierte todavía en ley.

La propuesta fue presentada por el diputado Isaac Mosquera y obtuvo el respaldo de todos los integrantes de la comisión, excepto Alexandra Brenes.

Su objetivo declarado es facilitar la reinserción social de personas condenadas, mediante la cancelación pública de antecedentes penales y registros mantenidos por la Policía Nacional.

El derecho al olvido planteado no elimina la sentencia ni borra la historia judicial. La información continuaría disponible para las autoridades, pero dejaría de aparecer en el récord policivo solicitado por particulares y no podría utilizarse para negar empleos, licencias, permisos u otras oportunidades administrativas y comerciales.

Tampoco obligaría expresamente a medios de comunicación, buscadores de Internet o redes sociales a eliminar publicaciones sobre los hechos. El texto regula principalmente los antecedentes gestionados por instituciones estatales, por lo que no equivale a retirar noticias, fotografías, sentencias o archivos alojados en plataformas digitales privadas.

El régimen general estaría disponible para personas condenadas por delitos considerados de baja lesividad, definidos como aquellos castigados con multa, días multa, trabajo comunitario o penas de prisión no superiores a tres años. Antes de solicitarlo, el interesado tendría que cumplir completamente la sanción principal y las accesorias.

Cuando exista una víctima identificada, también sería obligatorio presentar evidencia de la reparación o indemnización del daño causado. El anteproyecto permite además que las personas condenadas antes de su aprobación soliciten el beneficio, debido a la aplicación retroactiva de la norma más favorable.

La persona interesada debería pedir al tribunal competente una certificación que confirme la extinción de la pena, el cumplimiento de sanciones accesorias y el pago de multas u obligaciones económicas. Posteriormente, mediante un abogado, presentaría la documentación ante la Dirección de Investigación Judicial.

La DIJ tendría 30 días hábiles para verificar los requisitos y comprobar que no exista reincidencia. Si la petición es aprobada, ordenaría la cancelación pública del récord policivo y comunicaría la decisión al Registro Judicial y a las demás bases de datos correspondientes.

Los antecedentes cancelados permanecerían accesibles para fines judiciales, aunque la exposición de motivos también menciona investigaciones penales y seguridad nacional. Esa diferencia revela una inconsistencia que deberá corregirse durante el debate, porque el articulado y la justificación inicial no establecen exactamente el mismo alcance.

El beneficio quedaría prohibido para condenados por homicidio, feminicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, delincuencia organizada y terrorismo. También estarían excluidos los delitos cometidos contra niños y adolescentes, sin importar que la persona haya cumplido completamente la pena impuesta por los tribunales.

La propuesta incluye expresamente a condenados por blanqueo de capitales cuando la cuantía no supere $100,000, no exista relación con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada y la sentencia haya sido cumplida íntegramente. Este apartado provocó el principal cuestionamiento dentro de la comisión legislativa.

Otro artículo permite el beneficio para delitos contra el orden económico de hasta $50,000, siempre que sea la primera condena, hayan transcurrido cinco años y no exista vinculación con corrupción pública. La diferencia entre los límites de $100,000 y $50,000 crea una posible contradicción dentro del propio anteproyecto.

También podrían solicitarlo personas condenadas por estafas o delitos patrimoniales de hasta $10,000, cuando se trate de una primera infracción y el daño haya sido reparado completamente. La ausencia de reincidencia y el cumplimiento de las penas serían igualmente condiciones indispensables para obtener la cancelación.

En casos de posesión de cannabis para consumo personal, el límite sería de 10 gramos, siempre que no existan comercialización, distribución, asociación ilícita o reincidencia.

Brenes votó contra el prohijamiento porque la lista de exclusiones no menciona expresamente los delitos contra la administración pública y permite determinados casos de blanqueo. La diputada sostuvo que no podía respaldar una iniciativa que incluyera conductas vinculadas con la corrupción que afecta al país.

El texto sí excluye la vinculación con corrupción pública para ciertos delitos contra el orden económico, pero no establece una prohibición general para peculado, corrupción de servidores, enriquecimiento injustificado u otros delitos contra el Estado. Ese vacío alimenta la advertencia formulada por la diputada independiente.

Otra diferencia relevante está en los plazos. Los delitos contra el orden económico exigirían esperar cinco años desde la extinción de la pena, mientras que otras categorías podrían solicitar el beneficio inmediatamente después de cumplirla, siempre que satisfagan los demás requisitos y no exista una nueva condena.

Si una persona beneficiada vuelve a ser condenada, perdería automáticamente la protección y la nueva sentencia generaría otro récord policivo. La iniciativa intenta así equilibrar la posibilidad de reconstruir la vida personal y laboral con la conservación de información necesaria para la justicia y la seguridad pública.

El debate de fondo será determinar si la reinserción justifica ocultar determinados antecedentes frente a particulares y qué delitos deben permanecer visibles por interés público. Antes de convertirse en ley, el documento necesita resolver contradicciones, precisar sus límites y cerrar vacíos, especialmente los relacionados con blanqueo de capitales y corrupción estatal.

La planilla del sector público panameño cerró julio de 2026 con 269,269 funcionarios y un salario bruto mensual de $460.7 millones, según el informe de la Contraloría General. En comparación con junio, la cantidad de servidores disminuyó en 728 personas, equivalente a 0.3%.

Del total registrado, 249,251 funcionarios tenían posiciones permanentes y otros 20,018 mantenían contratos eventuales.

El Gobierno Central concentró 174,016 trabajadores, mientras que las entidades descentralizadas sumaron 95,253. Estas últimas representaron más de una tercera parte del empleo estatal contabilizado.

El gasto salarial de julio disminuyó apenas $273,000 respecto de los $460.97 millones pagados en junio, una variación de 0.1%. La reducción estuvo asociada principalmente al personal eventual, mientras las remuneraciones permanentes mantuvieron el mayor peso dentro de la estructura presupuestaria.

Aunque el resultado general fue negativo, varias instituciones incorporaron personal durante julio. La Universidad Tecnológica de Panamá encabezó los aumentos con 272 funcionarios adicionales, seguida por la Universidad de Panamá con 234 y la Universidad Especializada de las Américas con 179.

El Ministerio de Educación agregó 166 trabajadores; el Servicio de Protección Institucional, 125; y la Contraloría General, 107. También aumentaron el Ministerio de Gobierno en 72 funcionarios, el Órgano Judicial en 65, el Ministerio de Ambiente en 54 y el Tribunal Electoral en 27 personas.

La reducción mensual estuvo determinada principalmente por la Asamblea Nacional, cuya planilla bajó de 5,089 empleados en junio a 3,284 en julio.

La diferencia fue de 1,805 funcionarios, equivalente a una contracción de 35.5%, que compensó ampliamente las contrataciones realizadas por otras entidades.

También disminuyeron el Ministerio de Seguridad Pública, con 89 trabajadores menos; la Caja de Seguro Social, con 80; la Caja de Ahorros, con 56; y el Ministerio de Trabajo, con 48. Por ello, las contrataciones institucionales no evitaron la reducción del saldo total.

Frente a julio de 2025, cuando se registraron 264,005 funcionarios, la planilla creció en 5,264 personas o 2%. El salario bruto mensual pasó de $447.52 millones a $460.7 millones, lo que significó un aumento interanual de $13.18 millones o 2.9%.

La comparación con julio de 2024, mes en que comenzó la administración de José Raúl Mulino, muestra una expansión mayor. En aquel momento existían 258,859 funcionarios con remuneraciones mensuales de $423.56 millones, de acuerdo con el informe revisado de la Contraloría correspondiente a ese periodo.

Dos años después, el Estado contabiliza 10,410 servidores públicos adicionales, un incremento de 4%. El gasto mensual en salarios aumentó $37.14 millones, equivalente a 8.8%, por lo que las remuneraciones crecieron más del doble que la cantidad de empleados incorporados desde julio de 2024.

Entre enero y junio de 2026, el Gobierno pagó $2,680.39 millones en salarios brutos, para un promedio mensual de $446.73 millones. Al incluir julio, el acumulado ascendió a $3,141.08 millones, mientras el promedio de los primeros siete meses se ubicó en aproximadamente $448.73 millones.

La planilla comenzó enero con 253,038 funcionarios y alcanzó 269,269 en julio, una diferencia de 16,231 trabajadores o 6.4%. En el mismo periodo, el pago mensual pasó de $424.01 millones a $460.7 millones, con un incremento de $36.69 millones o 8.7%.

El Ministerio de Educación lideró las contrataciones de 2026 al pasar de 58,476 a 67,863 funcionarios. La institución incorporó 9,387 trabajadores entre enero y julio, mientras su desembolso mensual aumentó de $105.43 millones a $117.04 millones, es decir, $11.6 millones adicionales cada mes.

La Universidad Tecnológica de Panamá registró el segundo mayor crecimiento, con 1,514 funcionarios adicionales, al aumentar de 2,953 a 4,467. Su pago mensual avanzó $1.6 millones, desde $6.62 millones en enero hasta $8.21 millones al cierre de julio.

El Ministerio de Seguridad Pública añadió 1,035 trabajadores y elevó su gasto mensual en $1.77 millones, mientras el Ministerio de Salud incorporó 962 personas y aumentó sus remuneraciones en $2.96 millones. Ambas instituciones concentraron una parte importante de la expansión gubernamental.

El Ministerio de Gobierno pasó de 3,231 a 4,185 funcionarios, un incremento de 954 personas, aunque durante el periodo presentó fuertes fluctuaciones. Su gasto salarial mensual creció $800,000 entre enero y julio, al pasar de $3.24 millones a poco más de $4 millones.

El Ministerio de Ambiente sumó 338 empleados y aumentó su nómina mensual en $358,000. El Órgano Judicial incorporó 293 funcionarios y elevó sus remuneraciones en $617,000, mientras el Instituto Panameño de Deportes agregó 259 personas y destinó $281,000 adicionales al pago mensual.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario incorporó 224 trabajadores, con un aumento salarial mensual de $191,000. El Instituto Panameño de Habilitación Especial completó las diez mayores expansiones al sumar 177 funcionarios y $392,000 en remuneraciones, entre enero y julio.

Estas diez instituciones agregaron en conjunto 15,143 funcionarios durante los primeros siete meses del año. La cifra equivale a más del 93% del incremento neto de toda la planilla, aunque otras entidades redujeron personal y compensaron parcialmente el crecimiento registrado por estos organismos.

El informe abarca 96 entidades, divididas entre Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. Sin embargo, excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios —salvo los representantes de corregimiento—, los patronatos y determinados trabajadores vinculados con proyectos de inversión.

Los montos tampoco incluyen horas extras, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones ni pagos correspondientes a vigencias expiradas. Por tanto, los $460.7 millones no representan el costo laboral completo del Estado, sino el salario bruto mensual cubierto por los componentes incluidos en la metodología oficial.

La evolución confirma que la planilla pública continuó expandiéndose durante los primeros dos años de la actual administración. Aunque julio presentó una reducción mensual, el Estado mantiene más funcionarios y un gasto salarial considerablemente superior al de 2024, con Educación como principal responsable de las contrataciones recientes.

Panamá contabilizó 7,007 denuncias o hechos relacionados con lesiones personales entre enero y julio de 2026, frente a los 5,016 registrados durante el mismo periodo del año anterior. La diferencia representa un aumento interanual de 40%, según el Ministerio Público.

El informe utiliza la expresión “noticias criminales” para referirse a hechos que fueron denunciados o llegaron a conocimiento de las fiscalías. Estos registros abren una investigación, pero no significan que el delito haya sido comprobado ni que exista una condena.

La categoría con más reportes fue la violencia psicológica, que acumuló 3,467 casos y representó casi la mitad del total. En los primeros siete meses de 2025 se habían registrado 1,975, por lo que esta modalidad experimentó un crecimiento de 76%.

La violencia psicológica ocurre cuando una persona utiliza amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso para causar afectaciones emocionales o mentales. A diferencia de una agresión física, el daño puede no dejar señales visibles, pero afecta la estabilidad y tranquilidad de la víctima.

Una reforma aprobada en 2026 amplió el alcance del artículo 138-A del Código Penal. La norma anteriormente protegía específicamente a las mujeres, mientras que ahora el delito puede reconocerse sin importar el sexo o la edad de quien sufra la conducta de violencia psicológica.

Las lesiones personales simples ocuparon el segundo lugar, con 2,414 registros entre enero y julio, lo que supuso un aumento de 20%. Esta figura se configura cuando una persona, sin intención de matar, causa deliberadamente un daño físico o psíquico a otra.

Para esta clasificación, la lesión debe ocasionar una incapacidad de entre 30 y 60 días, de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal. La incapacidad es determinada mediante una evaluación médica y no depende únicamente de la apariencia de la herida sufrida.

Las lesiones personales agravadas son diferentes porque producen consecuencias más severas para la víctima. Entre ellas figuran una incapacidad superior a 60 días, una deformidad, la pérdida o debilitamiento de una función corporal o una situación que ponga en peligro la vida.

Esta modalidad disminuyó 22% durante el periodo analizado, al pasar de 152 registros en 2025 a 119 en 2026. Por tanto, el fuerte crecimiento general de las denuncias no estuvo acompañado por un aumento en todas las categorías examinadas por el Ministerio Público.

Las lesiones personales con resultado de muerte alcanzaron 19 casos, frente a ocho contabilizados un año antes. Aunque la variación fue de 138%, el porcentaje se explica parcialmente por la reducida base de comparación y debe analizarse junto con la cantidad absoluta de hechos registrados.

Esta figura se diferencia del homicidio doloso por la intención del agresor. En las lesiones con resultado de muerte, la persona actúa con el propósito de causar daño, pero la víctima termina falleciendo. En el homicidio existe la intención de matar o la aceptación de ese resultado.

Las lesiones culposas simples sumaron 887 registros, un incremento de 23% frente a los 724 del año anterior. En estos casos no existe intención de causar daño; la afectación se produce por imprudencia, negligencia o incumplimiento del deber de cuidado.

Un accidente de tránsito puede investigarse bajo esta modalidad cuando la conducta de una persona provoca lesiones. La diferencia respecto de las lesiones simples está en que el daño no fue ocasionado deliberadamente, sino como consecuencia de una actuación descuidada o contraria a las normas.

El informe registró además 101 lesiones contra servidores de seguridad pública, cifra que representó una disminución interanual de 29%. Esta categoría protege a funcionarios que sean agredidos debido a su trabajo o mientras cumplen funciones relacionadas con la seguridad y la justicia.

La protección incluye a integrantes de la Fuerza Pública y a servidores del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas. Para aplicar esta figura, la agresión debe estar relacionada con las funciones de la víctima y no solamente con su condición de servidor público.

Mayo fue el mes con más reportes, al concentrar 1,190 denuncias por lesiones personales, seguido de julio con 1,153 y junio con 1,132. Febrero presentó la menor cantidad, con 750, mientras que enero había comenzado con 892 registros.

La provincia de Panamá encabezó las estadísticas con 2,765 casos, equivalentes a casi cuatro de cada diez reportes nacionales. Panamá Oeste ocupó la segunda posición con 1,171, seguida por Chiriquí con 826 y San Miguelito con 438 hechos registrados.

Panamá Oeste presentó el mayor crecimiento entre las principales jurisdicciones, al pasar de 697 a 1,171 casos, lo que representó un incremento de 68%. También aumentaron Panamá en 48%, Veraguas en 44% y San Miguelito en 30% frente a 2025.

Copa Airlines presentó ante la Aeronáutica Civil de Colombia una solicitud para operar la ruta Ciudad de Panamá-Montería-Ciudad de Panamá, una conexión que enlazaría al departamento de Córdoba con el Hub de las Américas en Tocumen y ampliaría su acceso a destinos internacionales.

La petición fue radicada el 21 de agosto de 2026, bajo el número 2026190010126833, e incluye servicios de pasajeros, carga y correo. La publicación del documento abre el proceso de evaluación administrativa, pero todavía no representa una autorización definitiva para comenzar las operaciones.

La propuesta contempla tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. Según la información divulgada por el Aeropuerto Internacional Los Garzones, la programación ofrecería cerca de 3,500 asientos mensuales en ambos sentidos, aunque su implementación depende de las aprobaciones aeronáuticas correspondientes.

Copa solicitó operar bajo derechos de tercera y cuarta libertades del aire, que permiten transportar pasajeros, carga y correo entre Panamá, país de origen de la aerolínea, y Colombia. La Aerocivil abrió además un periodo de publicidad de tres días para las partes interesadas.

La solicitud aparece un mes después de que Abelardo de la Espriella, actual mandatario colombiano, prometiera gestionar el restablecimiento de la conexión. Durante un acto con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, aseguró que hablaría con directivos de Copa Airlines y autoridades panameñas.

De la Espriella mencionó específicamente a Stanley Motta y sostuvo que buscaría activar la ruta tras asumir el cargo el 7 de agosto. Copa respondió entonces que la viabilidad comercial y operativa estaba bajo estudio, luego de reuniones previas con el alcalde de Montería y el gobernador de Córdoba.

La petición presidencial no constituye formalmente el origen del trámite empresarial, pero coincide con la gestión pública realizada desde Colombia. La aerolínea ya evaluaba el mercado y, semanas después, presentó la solicitud oficial para incorporar la nueva conexión a su permiso de operación.

El proyecto también está acompañado por un acercamiento diplomático. De la Espriella pidió restablecer el antiguo consulado honorario de Panamá en Montería, y el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció públicamente que impartiría instrucciones para reabrirlo y fortalecer los vínculos con esa región colombiana.

Un consulado honorario suele brindar apoyo básico a ciudadanos, promover relaciones comerciales y culturales y facilitar la coordinación con las autoridades diplomáticas.

Montería es la capital del departamento de Córdoba, situado en el noroeste de Colombia y dentro de la región Caribe. La ciudad se desarrolló a orillas del río Sinú y funciona como centro comercial, sanitario y de servicios para una zona ganadera y agroindustrial de amplia influencia.

La ruta permitiría que los pasajeros de Córdoba accedan directamente a Tocumen y continúen hacia otros destinos de América y Europa sin desplazarse primero a Bogotá, Medellín, Cartagena o Barranquilla. También podría impulsar viajes de negocios, compras, salud y turismo, además del movimiento de carga.

El Aeropuerto Internacional Los Garzones movilizó 1.56 millones de pasajeros durante 2023, según el último ranking detallado disponible de la Aeronáutica Civil. Ese volumen muestra una demanda doméstica importante, pero el reto consiste en convertir parte del tráfico regional en pasajeros capaces de sostener una operación internacional regular.

La precaución no es menor. Aeroregional intentó operar en 2026 el trayecto Quito-Montería-Panamá Pacífico, inicialmente con aviones Boeing 737 y luego con aeronaves más pequeñas. Los vuelos fueron suspendidos el 29 de junio por una ocupación inferior al 47%.

Copa posee una ventaja distinta: su modelo está basado en alimentar conexiones mediante Tocumen, por lo que la demanda no dependería exclusivamente de viajeros cuyo destino final sea Panamá. Aun así, tres frecuencias semanales deberán demostrar ocupación suficiente frente a alternativas disponibles a través de ciudades cercanas.

Entre los atractivos de Montería destaca la Ronda del Sinú, un extenso parque lineal junto al río que integra zonas verdes, senderos, espacios culturales y fauna urbana. También sobresalen el Ecoparque Zenú, el centro histórico, la gastronomía cordobesa y las actividades recreativas vinculadas con el afluente.

La ciudad sirve además como acceso a otros destinos de Córdoba, como Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos y el Parque Nacional Natural Paramillo. La cultura del porro, el sombrero vueltiao y las artesanías elaboradas en caña flecha complementan la oferta turística regional.

Si recibe la autorización, la conexión podría acercar a Panamá con un mercado colombiano de más de un millón de pasajeros aéreos anuales y respaldar la reapertura consular. El paso decisivo será comprobar que el interés político y regional se traduzca en demanda constante, algo que el intento anterior no consiguió.

La recién nacida que fue extraída mediante una cesárea de emergencia, luego de que su madre embarazada fuera asesinada en el sector de Guarumal, en Panamá Norte, murió en el Hospital del Niño, donde permanecía internada en condición crítica.

La bebé era hija de Raiza Díaz, de 29 años, quien perdió la vida la noche del domingo 23 de agosto tras ser alcanzada por un disparo. La mujer tenía ocho meses de embarazo cuando ocurrió el ataque armado contra una residencia del corregimiento de Caimitillo.

Después de resultar gravemente herida, Díaz fue trasladada inicialmente al Policentro de San Isidro y posteriormente al Hospital San Miguel Arcángel. Aunque la mujer no sobrevivió, el personal médico realizó una cesárea de urgencia para intentar salvar a la bebé.

La recién nacida fue extraída sin signos vitales, pero los médicos lograron reanimarla durante el procedimiento. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño, donde permaneció con pronóstico reservado durante varios días.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la menor falleció debido a las complicaciones sufridas después del ataque, según reportaron medios locales. Su muerte eleva a dos el número de víctimas mortales de un hecho que comenzó con varios disparos efectuados contra una vivienda.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 8:30 p. m. del domingo, en el sector de Guarumal. De acuerdo con información preliminar publicada por medios panameños, antes de los disparos se habría producido un altercado entre el presunto agresor y la pareja sentimental de Díaz en una cancha de fútbol.

Tras aquella discusión, la pareja habría regresado a su residencia. El hombre señalado por las autoridades presuntamente llegó posteriormente hasta el inmueble y realizó varias detonaciones. Uno de los proyectiles alcanzó por la espalda a la mujer embarazada y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.

Por este caso, un ciudadano de 31 años permanece bajo detención provisional, luego de ser imputado por la presunta comisión de homicidio doloso agravado, en perjuicio de Díaz, y homicidio en grado de tentativa contra la bebé y otras dos personas.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sandra Castillo. Durante la audiencia, la juzgadora también legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación sustentada por el fiscal Jorge Luis Ferguson.

La jueza fundamentó la detención en la naturaleza y gravedad de los hechos, así como en los riesgos de fuga, afectación de medios de prueba y peligro para la comunidad. También consideró el número de delitos investigados y el riesgo existente para las víctimas, informó el Órgano Judicial.

En la audiencia intervino la defensora pública Beryl Lazarus en representación de las víctimas, mientras que la asistencia legal del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Katrina Campos. El hombre deberá permanecer recluido mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

La imputación fue formulada cuando la recién nacida todavía permanecía con vida en cuidados intensivos. Por esta razón, su fallecimiento introduce una nueva circunstancia dentro del proceso penal y podría llevar a la Fiscalía a solicitar otra audiencia para modificar la calificación jurídica correspondiente a la menor.

Hasta el momento de la comunicación oficial del Órgano Judicial, el investigado enfrentaba un cargo de homicidio consumado y tres tentativas. Cualquier cambio deberá ser solicitado por el Ministerio Público y admitido por un tribunal.

La investigación permanece en desarrollo para determinar el motivo del ataque, reconstruir la secuencia de los disparos y establecer las responsabilidades penales.

El trabajo con parteras empíricas se ha consolidado en Panamá como una pieza fundamental del sistema de salud en zonas de difícil acceso.

Durante más de dos décadas, el Ministerio de Salud (Minsa) ha impulsado iniciativas para integrar sus saberes en la atención primaria, con énfasis en la interculturalidad y la eliminación de barreras para las comunidades rurales y comarcales.

La estrategia incluye capacitaciones periódicas que reconocen y valoran el rol de las parteras tradicionales en la protección materno-infantil.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, participó en una de estas jornadas, donde se destacó la relevancia de su aporte para fortalecer los servicios y el bienestar de madres y recién nacidos en regiones apartadas.

Para responder a la pregunta sobre el alcance de este modelo, puede afirmarse que el Ministerio de Salud de Panamá sostiene un programa institucionalizado de formación y apoyo a parteras empíricas, respaldado por la entrega de materiales, supervisión continua y la colaboración de organismos internacionales.

La integración de estos conocimientos tradicionales busca mejorar la calidad de la atención durante el embarazo y el puerperio, abordando tanto aspectos técnicos como culturales.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que las acciones del Minsa incluyen no solo la capacitación y provisión de insumos, sino también la supervisión y la referencia de casos al sistema de salud formal.

Estas actividades cuentan con el respaldo de entidades como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que refuerza la articulación entre métodos ancestrales y recursos médicos contemporáneos.

Desde 1994, el Manual de la Partera Panameña sirve como base normativa y pedagógica para la formación de parteras en el país.

Este documento recoge la experiencia acumulada de las trabajadoras de la salud y ha sido clave para institucionalizar los procesos de capacitación y los lineamientos del parto con enfoque culturalmente aceptado.

El reciente Taller de Formación de Facilitadores de Diálogos de Saberes, mencionado por Gil, marca un paso inicial hacia el fortalecimiento de la red primaria de salud.

El objetivo declarado es avanzar en una hoja de ruta que garantice atención de calidad, sin barreras y basada en el trabajo conjunto entre la medicina oficial y el conocimiento tradicional.

La presencia de la representante de la OPS en Panamá, Liliane Renau, en la actividad, subraya el respaldo internacional a este modelo de articulación y mejora de la atención materna en áreas rurales.

Las parteras empíricas y tradicionales en Panamá ocupan hoy un lugar estratégico en la intersección entre los sistemas de salud institucionales y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, en un país que enfrenta importantes brechas en mortalidad materna y neonatal, particularmente en las comarcas y territorios de difícil acceso.

En los últimos años se observa un proceso acelerado de reconocimiento y articulación de estas parteras con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Banco Mundial y diversas organizaciones comunitarias, que se traduce en la elaboración de manuales nacionales de capacitación, encuentros nacionales, talleres interculturales y el despliegue de herramientas como la Herramienta de Promoción del Parto Culturalmente Seguro, aplicadas por primera vez en el país.

Al mismo tiempo, iniciativas comunitarias como la Asociación Ngäbe de Agentes de Salud Tradicional y Natural (Asastran) muestran cómo las parteras indígenas se organizan para custodiar plantas medicinales, rituales de parto y prácticas de atención humanizada, en contextos donde su rol es, a menudo, la única opción real de atención materna en comunidades remotas.

Sin embargo, estos avances coexisten con profundas desigualdades, pues las mujeres indígenas tienen hasta seis veces más probabilidad de morir en el parto que las mujeres no indígenas, lo que evidencia que el fortalecimiento de las parteras empíricas no puede desligarse de debates sobre racismo estructural, acceso territorial, financiamiento y transformación del propio modelo de atención obstétrica.

El futuro de la mina de Cobre Panamá enfrenta un escenario complejo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en 2023 declaró inconstitucional la Ley 406, base legal del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A.

Este fallo no significa una prohibición de la minería, sino que pone en duda el procedimiento seguido para su aprobación, según explicó Aresio Valiente López, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Cualquier intento de restablecer la operación minera debe partir de la legalidad, la transparencia y el respeto por los procedimientos constitucionales, incluida la participación ciudadana.

Para Valiente López, citado por el medio de comunicación Universidad, la Asamblea Nacional solo puede aprobar o rechazar proyectos completos, pero no modificarlos sin reiniciar el proceso legal correspondiente. Sin una base jurídica clara, la continuidad de la mina carece de sustento, afirmó.

La sentencia de inconstitucionalidad dejó un vacío legal que obliga a replantear las condiciones bajo las cuales el Estado podría permitir la explotación de recursos minerales, señaló el docente.

Aunque la Constitución no prohíbe la minería, exige que cualquier concesión se ajuste a la legislación vigente y cumpla con estrictas normas ambientales.

Por lo tanto, retomar la actividad no puede ser visto como una mera reactivación de la operación anterior: requeriría corregir los procedimientos, actualizar estudios y replantear los requisitos para garantizar protección ambiental y transparencia.

Esta preocupación también fue resaltada al semanario universitario por Florencio Díaz Pinzón, director interino del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. En su opinión, reactivar la mina sin atender el fallo de la Corte provocaría incertidumbre política y social, afectando la separación de poderes.

Díaz Pinzón advierte sobre los riesgos de abordar el tema desde una óptica exclusivamente económica o de generación de empleo.

El discurso que presenta la minería como una fuente segura de empleo y desarrollo regional es cuestionado desde varios ámbitos, comentó.

Díaz Pinzón señaló que el extractivismo puede entregar beneficios económicos inmediatos, pero deja al Estado y la sociedad a cargo de externalidades como contaminación, deterioro ambiental y altos costos de remediación.

La experiencia negativa de la mina de Petaquilla es citada como ejemplo de los pasivos ambientales que pueden surgir al cierre de la actividad extractiva.

Adicionalmente, Reyes Arturo Valverde Batista, director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía, introdujo el enfoque económico.

Sus cálculos muestran que el sector minero genera aproximadamente 42.6 centavos de actividad adicional por cada dólar invertido y un multiplicador de empleo de 2.2, lo que relativiza su impacto como motor exclusivo de la economía o del empleo.

El economista observa que muchas comunidades cercanas a recursos mineros permanecen con bajos niveles de ingreso, lo que evidencia la necesidad de diseñar estrategias de desarrollo regional más integrales.

Para el catedrático, las políticas deberían incluir educación, salud, infraestructura, capacitación e industrialización, evitando la dependencia de los enclaves mineros.

Frente a este panorama, los expertos coinciden en que la discusión sobre la minería no debe reducirse a una simple dicotomía. El país se enfrenta a la tarea de decidir quién obtiene los beneficios, quién asume los costos y qué modelo de desarrollo quiere construir.

La protección de los recursos hídricos, en un país cuya economía está profundamente ligada al Canal de Panamá, es vista como un objetivo nacional estratégico.

Los especialistas coinciden, desde disciplinas diferentes, en que la discusión no debe reducirse a “mina sí” o “mina no”. El verdadero desafío consiste en determinar quién obtiene los beneficios, quién asume los costos y qué modelo de desarrollo quiere construir Panamá.

Panamá lanzó oficialmente “Panamá, Anfitrión del Mundo”, la estrategia de marca país con la que busca proyectar una identidad unificada y reconocible en los mercados internacionales.

La propuesta fue presentada durante un evento que reunió a autoridades, representantes del sector privado, empresarios y figuras vinculadas a la cultura nacional.

La nueva marca pretende mostrar al país más allá del Canal y de su posición geográfica, incorporando atributos como su diversidad cultural, biodiversidad, talento humano, capacidad productiva y vocación de servicio.

El objetivo es fortalecer la promoción de Panamá como destino para visitar, invertir, vivir y desarrollar negocios.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, sostuvo que la estrategia permitirá que los panameños se vean reflejados en una misma identidad. Explicó que el país ha sido reconocido históricamente por su capacidad de conectar al mundo, pero posee otras fortalezas que no siempre han sido comunicadas adecuadamente.

“Cuando uno no define quién es y qué quiere representar, otros terminan construyendo esa percepción”, advirtió De León. Para la funcionaria, la marca permitirá pasar de ser conocidos por aspectos aislados a construir una reputación diferenciada, sustentada en aquello que Panamá ya posee y puede proyectar internacionalmente.

El vicecanciller Carlos Hoyos aclaró que una marca país no se limita a un logotipo, un eslogan o una campaña publicitaria, sino que representa la expresión organizada de la identidad nacional. Su efectividad, añadió, dependerá de que el sector público, las empresas y los ciudadanos compartan un mensaje consistente.

Hoyos afirmó que esa identidad se expresa en cada compañía que invierte y genera empleos, en los barcos que atraviesan el Canal, en los productos exportados y en los turistas recibidos. También destacó la logística, la banca, los servicios, la conectividad y la estabilidad como atributos capaces de fortalecer la reputación panameña.

El presidente José Raúl Mulino señaló que la marca no pertenece a una administración gubernamental, sino a Panamá y a todos los panameños.

Por ello, anunció que la estrategia será sometida a consideración de la Asamblea Nacional para evaluar su incorporación a una ley que garantice continuidad y evite reiniciar el proceso con cada gobierno.

“Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita”, expresó el mandatario. Mulino planteó que el marco legal deberá permitir revisar y actualizar periódicamente la estrategia sin alterar su esencia, además de mantenerla alejada de intereses partidistas y cambios políticos coyunturales.

El desarrollo fue financiado por el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), institución responsable del mercadeo internacional del país. Su gerente general, Salomón Shamah, había informado que el proceso completo dispondría de un presupuesto de $6.5 millones, destinado a investigación, diseño, implementación y despliegue durante un contrato de dos años.

La construcción de la propuesta incluyó estudios dentro y fuera de Panamá, consultas, recorridos por el territorio y análisis comparativos de otras marcas nacionales.

Según los responsables del proyecto, la investigación permitió identificar cómo es percibido el país, sus oportunidades de posicionamiento y los valores que pueden diferenciarlo dentro de la región y frente a competidores globales.

Shamah sostuvo que Panamá cuenta con una historia auténtica y una gran capacidad para sorprender, pero enfrenta el desafío de lograr que el mundo lo descubra antes de visitarlo. Aseguró que no se trata de una campaña aislada, sino de una plataforma estratégica destinada a articular turismo, exportaciones, inversión y promoción internacional.

Aunque Panamá carecía de una estrategia integral de marca país, ya registraba una posición relevante en mediciones internacionales. En el Global Soft Power Index 2026 de Brand Finance ocupó el puesto 65 entre 193 países y el quinto lugar en América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Chile.

Ese índice no evalúa únicamente la existencia de una identidad gráfica, sino la familiaridad, reputación e influencia de cada nación, junto con aspectos como negocios, gobernanza, cultura, sostenibilidad y relaciones internacionales. Por ello, el desempeño previo de Panamá evidencia que el país ya tenía activos reputacionales, aunque carecía de una narrativa común para administrarlos y comunicarlos.

El reto comenzará después del lanzamiento. Para producir resultados, “Panamá, Anfitrión del Mundo” deberá mantener una aplicación coherente, medible y sostenida en el tiempo, además de ser adoptada por instituciones, empresas y ciudadanos. Sin esa continuidad, la marca correría el riesgo de convertirse en otra campaña temporal; con ella, podría fortalecer la atracción de visitantes, inversiones, talento y oportunidades comerciales.

Las intenciones de negocios generadas en la reciente Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao superan los $17 millones, según informaron fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La iniciativa permitió que 60 empresas panameñas establecieran contacto con compradores y potenciales socios de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten, promoviendo la proyección internacional de la oferta exportable nacional.

Durante las jornadas se concretaron más de 650 citas empresariales, donde los participantes presentaron sus productos y analizaron oportunidades para ingresar a nuevos mercados del Caribe.

Entre los sectores con mayor actividad se encuentran las frutas, los materiales de construcción, los productos de aseo e higiene personal y el sector avícola.

Muchas conversaciones avanzaron hacia acuerdos que podrían traducirse en exportaciones concretas en los próximos meses, señalaron las fuentes ministeriales.

En palabras del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, estos resultados evidencian el valor de la oferta panameña y las posibilidades de ampliar la presencia del país en la región.

Resaltó que “más de $17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe”.

El propósito de la misión responde a los esfuerzos por facilitar el acceso de las empresas panameñas a mercados internacionales y nuevos compradores.

La estrategia se centra en generar redes de contacto que fortalezcan las oportunidades de exportación y abran nuevas perspectivas para la internacionalización, sobre todo en sectores con capacidad de crecimiento en mercados regionales.

Para Panamá, se afirmó que la ampliación de estos vínculos comerciales representa una opción para aumentar las exportaciones, diversificar los destinos de los productos y crear nuevas oportunidades de inversión y empleo relacionadas con la actividad productiva y exportadora.

En paralelo, se reafirmó el compromiso con la recuperación económica nacional al inaugurar la XIV Rueda Internacional de Negocios CAMCHI 2026.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) en el marco de su 75.º aniversario, posiciona a la provincia como un eje estratégico del comercio exterior panameño.

Durante la apertura del evento se subrayó la magnitud del encuentro, calificándolo como la rueda de negocios más grande de Centroamérica.

Se destacó el papel de la Cámara de Comercio chiricana, señalando que “el gran esfuerzo que han hecho los ha destacado como interlocutores entre el sector privado y el sector gubernamental durante estos 75 años”.

Las autoridades anticiparon más de 5,000 citas de negocios, la participación de decenas de empresas compradoras y oferentes y ventas previstas superiores a $20 millones, toda vez que son espacios que dinamizan el comercio, generan empleo y se alinean con los objetivos gubernamentales.

El respaldo a plataformas multisectoriales como CAMCHI incluye rubros de agroindustria, alimentos, turismo, logística, tecnología, construcción, manufactura y servicios. Para el los empresarios estos foros son clave para propiciar oportunidades de negocio, atraer inversiones y reforzar el posicionamiento global de Panamá.

Se advirtió que la visión del ente gubernamental es avanzar junto al sector privado en iniciativas que incrementen la competitividad, fomenten la inversión extranjera directa y conviertan la actividad empresarial en empleos formales y bienestar para las familias panameñas.

En conjunto, las acciones recientes apuntan a fortalecer la internacionalización de las empresas panameñas y consolidar al país como un actor relevante dentro de los mercados regionales y globales.

Mientras, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una ya existente, lo que representa una inversión inicial cercana a los $5.9 millones. Más del 50% de esa inversión, $4.1 millones aproximadamente, corresponde a las nuevas licencias.

Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias otorgadas por el Comité en la reunión de julio.

Las autoridades judiciales de Panamá ordenaron la detención provisional de varios imputados en distintos procesos penales recientes, tras presentarse pruebas contundentes sobre los delitos cometidos y los riesgos procesales asociados.

En el distrito de Bugaba, corregimiento de Sioguí, provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió que un hombre de 48 años permanezca bajo detención provisional, tras ser acusado de violencia doméstica en perjuicio de su padre, un adulto mayor de 72 años.

Según la investigación, el acusado habría agredido físicamente a su progenitor, propinándole golpes en el rostro y la cabeza, para luego lanzarlo al suelo y pisarle el antebrazo.

El relato de los hechos se ve agravado por la condición de abandono en la que vive la víctima, a quien sus familiares mantenían en un gallinero, vulnerando sus derechos y dignidad.

La detención fue respaldada por diversos elementos probatorios, como la denuncia directa de la víctima, un certificado médico-legal que establece una incapacidad de 15 días, informes forenses sobre las lesiones, pruebas de individualización del acusado y testimonios de familiares presentes durante la agresión.

La Fiscalía señaló la gravedad del caso y el riesgo para la víctima, ante lo cual el tribunal accedió a la medida cautelar más severa.

Cualquier persona que conozca situaciones similares puede recurrir a los canales confidenciales dispuestos por el Ministerio Público, que recordó la importancia de denunciar a tiempo hechos de violencia familiar o de género, para evitar desenlaces irreparables. El llamado oficial insta a la comunidad a no permanecer en silencio ante este tipo de hechos.

En otro proceso, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró la legalización de la aprehensión y la detención provisional de un hombre investigado por homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

Los hechos se remontan al 25 de julio en la comunidad de El Sapote, corregimiento de Chepo cabecera, Panamá Este, donde varios sujetos realizaron disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un menor de 15 años, causándole la muerte.

La captura del sospechoso se efectuó el 25 de agosto, como parte de la operación “Polaris”, ejecutada en conjunto con la Policía Nacional.

La Fiscalía argumentó ante el tribunal los riesgos que implicaría su liberación, entre ellos la posible obstrucción de la investigación y la gravedad del delito imputado.

Este caso ilustra cómo, en Panamá, las autoridades actúan con medidas cautelares estrictas cuando existen pruebas suficientes y riesgos procesales, especialmente en delitos que involucran violencia extrema o la participación de grupos organizados.

La respuesta oficial busca garantizar la seguridad de la comunidad y el avance del proceso judicial.

En el ámbito de los delitos contra el patrimonio, el Tribunal Superior de Apelaciones ratificó la detención provisional de un ciudadano acusado de robo agravado en el corregimiento de Belisario Porras, sector de La Turín, Don Bosco.

La medida fue respaldada por el incumplimiento previo del imputado a las restricciones impuestas, constatadas en varias fechas de julio de 2026.

El robo investigado ocurrió el 2 de enero de 2026, alrededor de las 16:00, cuando el acusado, mediante amenazas, despojó a una joven de sus pertenencias.

La defensa solicitó una revisión de la medida cautelar, pero la Fiscalía se opuso, acreditando las faltas cometidas por el imputado respecto a las condiciones impuestas por el juzgado.

La decisión judicial subraya la rigurosidad con la que los tribunales panameños están evaluando el comportamiento procesal de los imputados y priorizando la protección de las víctimas y el correcto desarrollo de los procesos penales.

Las tres investigaciones reflejan la estrategia de las autoridades panameñas para responder con firmeza ante delitos que atentan contra la integridad física, la vida y el patrimonio de las personas, recurriendo a medidas cautelares severas cuando la situación así lo amerita.

Las consecuencias del consumo temprano de sustancias, los problemas de salud mental y la exclusión laboral se entrelazan en la vida de las personas en situación de calle en Panamá, según una investigación desarrollada por el equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá.

Uno de los datos más contundentes fue la prevalencia del consumo temprano de alcohol, el 26% de los participantes comenzó a beber entre los 13 y 17 años.

Esta exposición inicial, según los resultados, guarda una relación negativa con el rendimiento cognitivo, ya que quienes iniciaron el consumo a edades tempranas presentaron un desempeño intelectual más bajo.

Las dificultades cognitivas no son el único desafío. El 27,5% de los casos presentó síntomas de depresión y el 24,4 % mostró ansiedad, aunque solo el 20% tenía un diagnóstico formal previo.

Esta brecha indica un acceso insuficiente a servicios de salud mental, lo que agrava la vulnerabilidad de este grupo.

El estudio, publicado en la revista REDEPSIC, examinó las experiencias de 160 personas que recibieron apoyo en el Centro Juan Pablo II entre 2018 y 2023.

Los investigadores aplicaron entrevistas estructuradas y pruebas de evaluación mental para identificar los principales factores asociados a este fenómeno social.

La investigación también detectó que el 83,2% de las personas evaluadas tenía más de 40 años y apenas el 16,3% había completado estudios universitarios.

En términos laborales, un tercio se empleaba en trabajos no calificados, lo que refleja un círculo de exclusión donde la falta de educación y la precariedad laboral se refuerzan mutuamente.

La dificultad para acceder a un empleo estable aparece como un factor que puede profundizar la vulnerabilidad y limitar las opciones de recuperación social.

Los investigadores observaron que, en el 15% de la muestra, existían alteraciones graves en la capacidad de juicio, y detectaron nexos entre problemas de ánimo, adicción al juego y antecedentes de detenciones.

Estos hallazgos permiten responder por qué la situación de calle en Panamá no puede atribuirse solo a la falta de vivienda.

El fenómeno implica una acumulación de vulnerabilidades que se originan mucho antes del ingreso a la calle y que incluyen adicciones, deterioro cognitivo, problemas de salud mental y exclusión social.

Para los autores del estudio, Miguel Ángel Cañizales Mendoza, Francisco Jesús de León Ojo y Régulo N. Sandoya M., las estrategias de intervención deben dejar de enfocarse únicamente en la asistencia básica y contemplar acciones integrales.

Estos recomiendan combinar atención psicológica, programas de desintoxicación y capacitación laboral para atacar simultáneamente los problemas de adicción, salud mental y reinserción profesional.

Finalmente, la investigación subraya que la situación de calle es resultado de la interacción de múltiples factores psicosociales.

Adicciones, dificultades de acceso a la salud y la educación, deterioro cognitivo y exclusión laboral se combinan y refuerzan, profundizando la vulnerabilidad de quienes atraviesan esta realidad.

A partir de los resultados, los investigadores plantean que las intervenciones deben superar los enfoques exclusivamente asistenciales y contemplar la complejidad de los factores que afectan a esta población.

El estudio recomienda intervenciones integrales que combinen atención en salud mental, programas de desintoxicación y capacitación para el trabajo, con el propósito de abordar simultáneamente las adicciones, las condiciones psicológicas y las dificultades de inclusión laboral.

La investigación aporta así evidencia para comprender la situación de calle desde una perspectiva psicosocial: las adicciones, la salud mental, el deterioro cognitivo y la exclusión educativa y laboral no son dimensiones aisladas, sino factores que pueden interactuar y profundizar las condiciones de vulnerabilidad.

Tres compradores de Asia y el Golfo se quedaron con la mayor parte de los lotes subastados por Hacienda La Esmeralda, la finca panameña que volvió a marcar tendencia en el segmento de café de especialidad.

En la última subasta electrónica privada, la finca colocó 87 kilos de geisha en 12 microlotes, alcanzando un valor total de $499.820.

La cifra refleja el precio promedio más alto jamás pagadopor esta variedad en un evento internacional del sector.

El kilo de geisha promedió $5.745,06, consolidando a la finca ubicada en Boquete, Chiriquí, como referente mundial en la producción de granos de alta gama.

Ningún lote se vendió por debajo de $ 4.049 el kilo, una señal del apetito global por estos cafés exclusivos.

El lote más costoso, Tumaco Carnaval Natural, fue adquirido por The Espresso Lab de Emiratos Árabes Unidos, que pagó $10.253 por kilo en una puja que reunió a compradores de todo el mundo.

En la puja participaron 3.018 ofertas internacionales y la mayoría de los microlotes terminó en manos de compradores de China y Hong Kong, que se adjudicaron nueve de los doce lotes subastados, por un monto conjunto cercano a $321.000. Las empresas Grand Cru y Nanjing Eco Farm Trading destacaron al quedarse con tres lotes cada una.

Estos resultados confirman un dato central para los productores: quienes están dispuestos a pagar los precios más altos por el café panameño están en Asia y el Golfo.

Entre enero y julio de 2026, China pagó un promedio de $63,16 por kilo frente a los $9,46 de Estados Unidos, de acuerdo con registros aduaneros citados por la publicación especializada Nexos.

Aunque el mercado estadounidense concentra el 45 % del volumen exportado, solo representa el 21 % del valor total. Por el contrario, China, con el 10 % de los kilos, aporta el 32 % del dinero.

El perfil de comprador que apuesta por estos cafés exclusivos también se observa en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, donde los precios superan los $90 por kilo, pese a importar menos de seis toneladas cada uno.

Aunque la subasta reciente marcó un récord en el precio promedio, el lote individual más caro sigue siendo el geisha lavado de Hacienda La Esmeralda vendido en 2025 durante el “Best of Panama”, que alcanzó los $30.204 por kilo.

El próximo 23 de septiembre, la subasta internacional volverá a contar con 50 lotes bajo auditoría externa, incluido el geisha lavado de Lamastus Family Estates (premiado con 96,25 puntos) y otro lote de La Esmeralda (tercer lugar con 95,25 puntos). El mercado, según se indica, estará atento a si alguno supera la marca de 2025.

La puntuación de los cafés determina el precio de salida en estos remates, donde solo una mínima fracción de la producción panameña accede a cifras de miles de dólares por kilo. En contraste, el promedio de exportación de café panameño entre enero y junio de 2026 fue de $17,06 por kilo, según cifras oficiales.

El destino del café panameño ha cambiado en los últimos años. En el primer semestre de 2026, añade Nexos, el 53% del valor de las exportaciones de café, té y especias de Panamá tuvo como destino cinco mercados asiáticos: China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Hong Kong. Solo China absorbió el 30% del valor exportado, superando a Estados Unidos, que bajó al 24%.

En 2025, China ya había desplazado a Estados Unidos como principal destino del café de Panamá, con compras por $9,88 millones frente a los $5,86 millones estadounidenses.

Sin embargo, sumando el periodo 2020-2025, ambos países muestran cifras similares, aunque el diferencial está en el valor pagado por kilo: China abona $ 49,68 por el café de especialidad, mientras que Estados Unidos paga $11,52 por volumen.

Las listas de los remates y los registros de aduana envían el mismo mensaje a los productores que evalúan apostar por el geisha de alta gama: el margen está en Asia y el Golfo, donde el mercado paga por calidad y exclusividad, no solo por cantidad.

El lanzamiento en Panamá de “CONECTA: El Hilo” marca un nuevo impulso de la Unión Europea para acercar a la juventud centroamericana a las oportunidades generadas por la cooperación internacional.

La campaña, integrada en la estrategia Global Gateway, prioriza la formación, el emprendimiento, el empleo y la digitalización, proponiendo a los jóvenes como agentes clave del desarrollo regional.

En los últimos años, la brecha entre la preparación de las nuevas generaciones y su acceso a empleos de calidad o proyectos innovadores se ha hecho evidente.

A pesar de contar con más recursos digitales y competencias que generaciones anteriores, la juventud de la región enfrenta numerosas barreras para insertarse en el mercado laboral y acceder a oportunidades económicas reales.

Por ello, se explicó que la campaña destaca proyectos como la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Mercado Eléctrico Regional,

La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana permite que jóvenes exportadores de bienes vendan sus productos en Centroamérica y hacia la Unión Europea, mientras que el proyecto del Mercado Eléctrico Regional apoya la consolidación de una red eléctrica regional con energías limpias, mayor estabilidad y acceso para la población.

Estas iniciativas buscan que el talento y la creatividad de la juventud se traduzcan en crecimiento económico y transformación social.

En palabras de Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, la campaña quiere visibilizar historias e iniciativas que prueban “cómo la cooperación entre la Unión Europea y la región genera oportunidades reales para aprender, emprender, innovar y construir un futuro más sostenible”.

Sobre cómo impacta “CONECTA: El Hilo” en la vida de los jóvenes, la campaña afirma que se propone ser un canal de información y motivación, acercando ejemplos concretos de éxito para que la juventud centroamericana se reconozca como protagonista del desarrollo en sus países.

El eje, de acuerdo con el proyecto, es mostrar que el acceso al conocimiento, la innovación y la cooperación internacional pueden traducirse en caminos reales hacia el empleo, el emprendimiento y la formación.

“CONECTA: El Hilo” se extiende por Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y utiliza el recurso narrativo de un hilo para ilustrar la conexión entre ideas, personas y oportunidades.

Recurre a testimonios y relatos inspirados en experiencias reales, y busca generar conversación entre las audiencias más jóvenes y reforzar su relación con la Unión Europea.

El trasfondo de esta iniciativa, según se informó, es la estrategia europea Global Gateway, presentada en 2021, cuyo propósito es impulsar conexiones inteligentes y limpias en los sectores digital, energético y del transporte.

La estrategia también abarca la mejora de los sistemas de salud, educación e investigación, con la meta de movilizar hasta $349 mil 500 millones en inversiones a través de un enfoque conjunto de la Unión Europea, sus Estados miembros y bancos de desarrollo.

Global Gateway enfatiza inversiones en infraestructuras de calidad, el respeto por las normas sociales y medioambientales, y la promoción de valores europeos como el estado de Derecho y los derechos humanos.

Esta apuesta está alineada con los compromisos del G-7 y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Con “CONECTA: El Hilo”, la Unión Europea tiene como objetivo reforzar el mensaje de que la cooperación y la inversión internacional pueden tener un efecto transformador y tangible en el futuro de la juventud centroamericana, fomentando un desarrollo sostenible y una mayor integración entre Europa y la región.

También responde a la necesidad de comunicar de manera más cercana y accesible el trabajo de la Unión Europea en la región, complementando la información institucional con formatos que faciliten la comprensión y la participación.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26, que crea un nuevo régimen de incentivos fiscales para las inversiones turísticas en Panamá. La propuesta busca unificar normas actualmente dispersas, atraer capital nacional y extranjero, generar empleos y ampliar la oferta de alojamiento y experiencias fuera de los destinos tradicionales.

La aprobación del Ejecutivo no significa que el régimen ya esté vigente. El documento deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional, donde será sometido a los tres debates reglamentarios. Solo después de su aprobación, sanción presidencial y promulgación podrá adquirir fuerza de ley.

La iniciativa sustituirá el esquema de la Ley 80 de 2012, cuyo plazo para inscribir empresas fuera del distrito de Panamá en el Registro Nacional de Turismo venció el 31 de diciembre de 2025. Esa normativa ofrecía exoneraciones tributarias a proyectos nuevos y establecimientos en operación.

Bajo el régimen anterior, los alojamientos ubicados fuera del distrito capital podían recibir 15 años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles.

También se concedían cinco años para importar materiales de construcción y diez para introducir muebles, enseres y equipos destinados exclusivamente al proyecto turístico.

La Ley 80 exigía inversiones mínimas de $250.000 para nuevas construcciones, mientras los proyectos nuevos en áreas indígenas y las remodelaciones o equipamientos requerían al menos $100.000. El nuevo modelo elevará a $1 millón la inversión mínima para modernizar establecimientos existentes.

Uno de los cambios principales será la aplicación diferenciada de los incentivos según el territorio. Los nuevos alojamientos construidos en el Caribe panameño podrán recibir exoneraciones del impuesto sobre la renta y de inmuebles durante 15 años, debido a la mayor brecha de infraestructura turística identificada en esa región.

Estos proyectos también dispondrán de cinco años de exoneración para importar materiales de construcción y diez años para equipamiento. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, explicó que el objetivo es ofrecer mayores estímulos donde existe menor desarrollo y más dificultad para atraer inversiones.

En el resto del país, fuera del distrito de Panamá, los nuevos alojamientos podrán obtener diez años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles. El beneficio para importar materiales de construcción será de tres años, mientras la introducción de equipos quedará exonerada durante cinco años.

El proyecto incorpora incentivos para renovar y modernizar hoteles que ya se encuentran operando. Las inversiones deberán alcanzar como mínimo $1 millón e incluir ampliaciones, sustitución de equipos o modernización tecnológica. Los establecimientos podrán acogerse a estos beneficios hasta dos veces dentro de un periodo de cinco años.

Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, indicó que los establecimientos afiliados a cadenas internacionales suelen renovarse cada siete años para conservar sus estándares.

Según el dirigente empresarial, actualmente existen diez hoteles en proceso de remodelación, lo que implica compras de equipos, contratación de trabajadores y demanda de proveedores nacionales.

A diferencia del modelo anterior, la propuesta no contempla créditos fiscales transferibles para financiar proyectos turísticos. La Ley 122 de 2019 llegó a reconocer como crédito fiscal hasta 100% de determinadas inversiones, beneficio que posteriormente fue reducido a 60% y generó cuestionamientos por su costo para el Estado y los controles aplicados.

La ATP había adelantado que este mecanismo no sería recuperado. El nuevo esquema conserva exoneraciones sobre renta, inmuebles e importaciones, pero elimina la posibilidad de trasladar al impuesto sobre la renta una parte significativa del costo de un proyecto privado, según explicó De León.

La propuesta tampoco estará limitada a los hoteles. Los beneficios podrán extenderse a marinas, turismo náutico, congresos, convenciones y productos especializados, además de museos interactivos, centros de interpretación, atracciones temáticas y experiencias culturales, ambientales o tecnológicas que contribuyan a prolongar la estadía y aumentar el gasto de los visitantes.

La ATP podrá preparar una guía de productos prioritarios para cada región, de acuerdo con sus necesidades y oportunidades. Los proyectos que no aparezcan inicialmente en ese listado podrán solicitar una evaluación, pero deberán demostrar que poseen una naturaleza turística real y no responden únicamente a desarrollos inmobiliarios.

Para impedir abusos, el régimen incorporará fianzas de cumplimiento, evaluaciones periódicas y fiscalización conjunta entre la ATP y el Ministerio de Economía y Finanzas. También exigirá trazabilidad para los bienes importados, separación contable de las actividades beneficiadas y prohibirá recibir incentivos duplicados por una misma inversión.

El proyecto contempla además una Ventanilla Única Turística administrada por la ATP, con participación del MEF, Aduanas, MiAmbiente y el Ministerio de Comercio e Industrias. El mecanismo concentrará permisos, registros, certificaciones y autorizaciones para reducir tiempos y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

De León sostuvo que el régimen anterior contribuyó a construir más de 20.000 habitaciones y a ampliar la planta hotelera, aunque no presentó una proyección concreta sobre la inversión que generaría la nueva propuesta. Su alcance dependerá de los proyectos aprobados y del resultado final de la discusión legislativa.

La iniciativa derogará la Ley 80 de 2012 y varias disposiciones posteriores que modificaron su funcionamiento. Si recibe el respaldo de la Asamblea y es promulgada, el Ejecutivo tendrá 60 días hábiles para reglamentarla, definir los procedimientos técnicos y establecer los controles para conceder los nuevos beneficios fiscales.

La Operación Credenciales 1.0 dejó más de 15 personas aprehendidas en Panamá por su presunta vinculación con una organización dedicada a confeccionar y vender títulos, créditos y diplomas falsos utilizados para obtener cargos dentro del sistema educativo público.

Las autoridades efectuaron más de 21 allanamientos autorizados judicialmente y advirtieron que las diligencias continuaban durante este miércoles.

Las acciones fueron ejecutadas por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial y la inteligencia policial. Los operativos abarcaron Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Durante los allanamientos, los investigadores decomisaron diplomas, facturas y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis. La Fiscalía busca establecer cómo funcionaba la supuesta estructura, quiénes elaboraban los documentos y qué personas pagaron para incorporarlos a sus expedientes profesionales.

La fiscal superior Elizabeth Carrión explicó que la investigación contempla posibles delitos de falsedad, asociación ilícita y otras conductas en perjuicio del Ministerio de Educación. Los detenidos deberán comparecer ante jueces de garantías, que determinarán la legalidad de las aprehensiones y las medidas cautelares.

El caso se originó por denuncias del Meduca relacionadas con irregularidades detectadas en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, conocido como SIARHE. Esta plataforma contiene información utilizada para seleccionar aspirantes durante los concursos de nombramiento y traslado de docentes en el país.

Según la hipótesis preliminar, la organización ofrecía la elaboración expedita de títulos, créditos académicos y diplomas, utilizando sin autorización los nombres de reconocidas universidades. Los documentos habrían permitido aumentar puntuaciones, acreditar estudios inexistentes o competir con ventajas por una plaza educativa.

El problema tiene antecedentes recientes. En abril de 2025, la Dirección Regional de Educación de San Miguelito denunció que varios aspirantes presentaron supuestos diplomas universitarios falsos. Las instituciones consultadas confirmaron que no habían expedido esas credenciales.

Durante febrero de 2026, los controles incorporados al proceso de vacantes permitieron identificar aproximadamente 50 posibles irregularidades relacionadas con diplomas. En abril, el Meduca presentó una denuncia por documentos empleados en concursos, mientras la Fiscalía Anticorrupción inspeccionó las oficinas de la institución.

La revisión adquirió mayores dimensiones en junio, cuando Educación anunció 200 nuevos expedientes y elevó a 401 los casos denunciados. Las pesquisas involucraban a docentes, directores, supervisores y personal administrativo, mientras 30 funcionarios ya habían sido desvinculados, de acuerdo con información institucional.

El Meduca indicó entonces que las inconsistencias fueron detectadas mediante comparaciones entre las credenciales presentadas y los registros universitarios. Los expedientes estaban distribuidos en Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, varias de las zonas intervenidas ahora.

En agosto de 2026, la Universidad de Panamá comunicó que había encontrado 20 diplomas irregulares entre aproximadamente 200 documentos examinados. Algunas personas nunca estuvieron matriculadas, mientras otras cursaron parte de una carrera, pero no completaron los estudios ni obtuvieron el título presentado.

La Universidad de Panamá también reforzó sus controles mediante diplomas electrónicos provistos de códigos QR y firmas digitales. Hasta julio había emitido 10.530 credenciales bajo ese formato, permitiendo que instituciones y empleadores comprueben directamente los datos académicos del graduado.

La posible afectación trasciende la falsificación material. Una credencial fraudulenta puede facilitar nombramientos, ascensos o pagos salariales sin el respaldo académico exigido, además de desplazar a aspirantes legítimos. El Meduca estimó preliminarmente que el perjuicio acumulado podría rondar los US$100 millones.

La Operación Credenciales representa así la primera intervención nacional de gran alcance vinculada con estas denuncias. Sin embargo, las aprehensiones no equivalen a condenas: corresponderá al Ministerio Público acreditar responsabilidades individuales y demostrar cuáles documentos fueron falsificados, vendidos o utilizados conscientemente.

El movimiento migratorio irregular registró un repunte durante las primeras tres semanas de agosto, tanto en los ingresos por la selva del Darién como en el flujo norte-sur. Los informes del Servicio Nacional de Migración también muestran 3,553 deportaciones y expulsiones acumuladas hasta el 23 de agosto de 2026.

El denominado flujo irregular norte-sur aumentó de 5,393 personas el 2 de agosto a 6,079 el día 23, una diferencia de 686 migrantes y un incremento de 12.7% en tres semanas. Durante ese periodo, el acumulado correspondiente únicamente a agosto alcanzó 524 personas.

La evolución no fue uniforme. El reporte del 16 de agosto contabilizaba 5.811 migrantes, por lo que 268 personas se incorporaron al registro durante la semana siguiente. El movimiento mensual pasó de 256 a 524 casos, mientras el dato semanal más reciente alcanzó 228, aunque todavía correspondía a un periodo abierto.

Ese registro supera los 158 casos contabilizados entre el 30 de julio y el 5 de agosto, y los 61 de la semana siguiente. La progresión indica que el desplazamiento irregular hacia el sur volvió a acelerarse, después de varias semanas caracterizadas por oscilaciones importantes.

Los venezolanos representan ampliamente la principal nacionalidad dentro de este movimiento, con 5,540 de las 6,079 personas registradas, equivalentes a 91% del total. También aparecen 222 colombianos, 74 ecuatorianos y 64 menores nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes que viajan irregularmente.

Los reportes muestran igualmente cambios en los puntos de atención utilizados por quienes avanzan hacia el sur. El 2 de agosto había 79 migrantes en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, mientras que el 23 permanecían dos. En Miramar se encontraban tres personas y no había migrantes esperando en Puerto Obaldía.

La reducción en esos lugares no significa necesariamente que haya desaparecido el movimiento. Las cifras representan la cantidad presente al momento de cada corte, por lo que varían conforme las personas son trasladadas o continúan el recorrido. El 16 de agosto, por ejemplo, había 77 migrantes en Darién y 40 en Obaldía.

En sentido contrario, los ingresos irregulares por la selva también aumentaron durante agosto. El acumulado anual pasó de 324 personas el 2 de agosto a 421 el día 23, lo que representa 97 nuevos registros y un crecimiento cercano a 30% en apenas tres semanas.

Agosto se convirtió además en uno de los meses con mayor movimiento de 2026. Hasta el día 23 contabilizaba 101 cruces irregulares, solamente uno menos que junio, cuando se registraron 102. Julio había cerrado con 40, por lo que el dato parcial de agosto ya lo duplicaba ampliamente.

Pese al incremento reciente, el volumen continúa lejos de los niveles alcanzados durante la crisis migratoria. Panamá registró 520.085 cruces por Darién en 2023 y 302.203 durante 2024. En 2025 la cifra cayó a 3.091, mientras el acumulado de 2026 permanecía en 421.

De las personas que habían atravesado la selva durante 2026, 366 eran adultas y 55 menores de edad. Estos últimos representaban aproximadamente 13% del total. El 22 de agosto no se reportaron nuevas llegadas, aunque en jornadas anteriores hubo entre tres y 24 ingresos diarios.

Venezuela también encabezó los cruces por Darién, con 212 personas, equivalentes a la mitad del acumulado anual. Le siguieron Colombia con 71, Ecuador con 54 y Ghana con 12, mientras otras nacionalidades reunieron los 72 casos restantes consignados por Migración.

El tercer componente de los reportes corresponde a la salida obligatoria de extranjeros. Hasta el 23 de agosto, Panamá había ejecutado 2.814 deportaciones y 739 expulsiones, para un total de 3.553. Desde el corte del 2 de agosto, la cifra aumentó en apenas 12 personas.

La mayoría de los casos correspondía a hombres, con 3.037 registros frente a 516 mujeres. Colombia concentró 2.035 salidas, seguida por Ecuador con 480 e India con 237. Las demás nacionalidades sumaron 801 procedimientos dentro de la estadística general de deportados y expulsados.

Dentro del acuerdo migratorio con Estados Unidos fueron trasladadas 3,051 personas, cerca de 86% del total acumulado. Ese grupo estaba compuesto por 2.617 hombres y 434 mujeres, principalmente colombianos y ecuatorianos. El programa también contabilizaba 73 vuelos chárter y 254 operaciones comerciales.

A esos procedimientos se añaden los retornos asistidos de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos mediante acuerdos específicos. Migración mantenía programados nuevos vuelos hacia Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, China y Marruecos, aunque advirtió que las fechas y cantidades podían modificarse a última hora.

Un total de 127 buques permanecía en espera para transitar por el Canal de Panamá, de acuerdo con el reporte actualizado la noche del 25 de agosto. La cifra incluye 109 embarcaciones con reserva confirmada y 18 que llegaron sin haber asegurado previamente una fecha para atravesar la vía interoceánica.

Del total registrado, 96 barcos utilizarán las esclusas Panamax: 82 cuentan con reserva y 14 no la tienen. Otros 31 corresponden a las esclusas Neopanamax, de los cuales 27 poseen un cupo confirmado y cuatro permanecen sin reserva, según el tablero de estadísticas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En condiciones normales, hasta 90 embarcaciones suelen permanecer en espera para atravesar la vía interoceánica. Los 127 buques contabilizados representan 37 más que esa referencia, un incremento de aproximadamente 41%.

Además, la cifra actual está apenas siete barcos por debajo de los 134 registrados durante uno de los momentos más críticos de la sequía de 2023, cuando se formaron extensas filas en las entradas del Atlántico y el Pacífico.

Aunque los 127 barcos aparecen dentro de la estadística de espera, la situación es distinta para las embarcaciones con reserva, debido a que algunas llegan antes del periodo establecido para su tránsito. La presión más fuerte recae sobre los buques sin cupo confirmado, que dependen de la disponibilidad operativa o de las subastas.

El incremento está relacionado con una mayor demanda provocada por las alteraciones en las rutas comerciales internacionales, particularmente las que conectan con Asia. La guerra de Irán ha afectado el movimiento por el estrecho de Ormuz y otras rutas de Medio Oriente, impulsando los embarques energéticos desde Estados Unidos hacia mercados asiáticos a través de Panamá.

Un análisis de BIMCO indicó que, durante los primeros meses de 2026, los tránsitos por el Canal aumentaron 8% interanual, hasta alcanzar un promedio de 38 diarios. Los tiempos de espera también habían crecido 50% y se situaban alrededor de 47 horas, una presión que posteriormente se intensificó con el aumento de la demanda.

La competencia por conseguir espacios alcanzó un nuevo máximo esta semana. La empresa surcoreana SK Gas Ltd. ofreció US$5,3 millones en una subasta para que el G. Spirit, un buque tanque de gas licuado de petróleo, pueda cruzar el Canal en dirección norte el próximo 1 de septiembre.

La cifra, divulgada inicialmente por Bloomberg, superó el récord anterior de US$4,6 millones, registrado también en agosto. Los tiempos de espera pueden llegar hasta 11 días para los barcos que arriban sin reserva, de acuerdo con datos de Argus Media, lo que explica la disposición de algunas navieras a presentar ofertas millonarias.

La ACP ha aclarado que estos montos no representan un incremento de los peajes ni de las tarifas establecidas por el Canal. El precio final surge de la competencia entre los participantes de una subasta voluntaria. La urgencia por cumplir un itinerario puede llevar a una compañía a pagar más que sus competidores para asegurar el paso.

Para las navieras, desembolsar varios millones de dólares puede resultar menos costoso que mantener una embarcación detenida durante días. Los retrasos generan gastos de combustible, tripulación, alquiler y penalizaciones contractuales, además de impedir que el buque llegue a tiempo a su siguiente puerto para recoger o entregar una carga.

Antes de febrero, la mediana pagada por los cupos subastados rondaba los $55.000, según información divulgada por la vía interoceánica. Sin embargo, la fuerte demanda reciente elevó las ofertas a niveles extraordinarios, sin que esos resultados puedan considerarse un nuevo precio promedio o una tarifa fijada por la administración canalera.

La presión comercial coincide con un escenario hidrológico desfavorable. Entre mayo y agosto, las lluvias acumuladas en la cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio histórico, mientras los aportes de agua a los embalses resultaron 44% inferiores.

Como medida preventiva, el Canal limitará desde el 4 de septiembre la capacidad diaria a nueve cupos Neopanamax y 25 Panamax, para un total de 34. A partir del 15 de septiembre, los espacios Panamax disminuirán a 23, por lo que la capacidad máxima quedará reducida a 32 tránsitos diarios.

Las subastas también serán reorganizadas en cuatro grupos para distribuir los cupos entre buques gaseros, graneleros, portacontenedores, transportadores de vehículos, barcos refrigerados y petroleros. Las embarcaciones portacontenedores totalmente cargadas y con mayor capacidad tendrán prioridad dentro del proceso de asignación en las esclusas Neopanamax.

Además, la ACP aplazó hasta el 2 de septiembre la aplicación del calado máximo de 48 pies para los Neopanamax. La siguiente reducción, hasta 47,5 pies, fue pospuesta para el 1 de octubre. Las decisiones buscan conservar agua ante la persistencia de El Niño y proteger las operaciones durante la estación seca de 2027.

El Canal advirtió que la reducción de los cupos podría extender los tiempos de espera de los barcos sin reserva. Por ello, recomendó utilizar el sistema de reservaciones, debido a que una reserva confirmada es el único mecanismo que garantiza una fecha de tránsito en medio de la creciente competencia por atravesar la ruta.

Cuatro hombres fueron aprehendidos durante la operación “Alba 2”, desarrollada en Panamá Oeste, por su presunta vinculación con delitos de violación y actos libidinosos.

Las diligencias se realizaron en Arraiján, La Chorrera y San Carlos, una provincia que ocupa el tercer lugar nacional en denuncias por delitos sexuales.

La operación fue ejecutada por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Dirección de Investigación Judicial. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidas a análisis periciales, incluyendo estudios de comparación genética relacionados con las investigaciones.

Los expedientes corresponden a hechos ocurridos entre 2019 y junio de 2026. Dos investigaciones se relacionan con actos libidinosos cometidos presuntamente por familiares cercanos de las víctimas, mientras otro caso involucra a un conductor de transporte escolar señalado por atacar a varias menores durante diferentes recorridos.

De acuerdo con el Ministerio Público, el conductor habría aprovechado los trayectos dentro del vehículo para cometer los actos, utilizando amenazas contra dos hermanas. El mismo sospechoso también es investigado por otra agresión ocurrida posteriormente contra una estudiante, presuntamente dentro del transporte escolar que conducía.

Otro de los aprehendidos es investigado por presuntamente cometer una violación contra una adolescente de su entorno familiar en La Chorrera. Los cuatro sospechosos deberán comparecer ante un juez de garantías para la legalización de sus aprehensiones, la formulación de cargos y la discusión de las medidas cautelares correspondientes.

La relevancia territorial de la operación queda reflejada en el informe estadístico del Ministerio Público hasta julio de 2026. Panamá Oeste acumuló 524 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, cifra que la colocó solo detrás de Panamá, con 804, y Chiriquí, con 575.

La provincia concentró aproximadamente 13,4% de las 3.922 denuncias registradas en todo el país. Además, sus casos aumentaron 18% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 444, una variación superior al crecimiento nacional de 16% registrado durante el último año.

Panamá Oeste ocupó además el segundo lugar del país en denuncias por violación, con 214 casos, únicamente superada por Chiriquí, que reportó 270. También fue segunda en actos libidinosos, con 110 denuncias, detrás de la provincia de Panamá, que registró 179 expedientes de esta modalidad.

A escala nacional, el delito específico con mayor incidencia fue el acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, con 1.482 denuncias. Le siguieron la violación, con 1.307 casos, y los actos libidinosos, con 633, según las cifras preliminares de la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio.

Entre enero y julio también fueron registradas 226 denuncias por corrupción de personas menores de edad, 150 por violación doblemente agravada y 55 por pornografía infantil. Esta última categoría presentó uno de los mayores incrementos interanuales, al crecer 62% frente al mismo periodo de 2025.

Julio fue el mes con mayor cantidad de denuncias sexuales en Panamá, al acumular 706 casos. Mayo ocupó la segunda posición, con 685, mientras abril registró 539. Los datos pueden variar conforme avancen las investigaciones y se actualice la clasificación jurídica de cada expediente.

Condena

La operación coincidió con una condena obtenida por la misma Fiscalía Regional de Panamá Oeste. Un tribunal impuso 20 años de prisión a un hombre declarado responsable de violación agravada y actos libidinosos agravados contra tres menores, por hechos cometidos en el distrito de Arraiján durante 2022.

El Tribunal de Juicio Oral validó el acuerdo de pena presentado por las partes y emitió la sentencia condenatoria el 24 de agosto de 2026. La investigación acreditó que el responsable atacó primero a dos menores y posteriormente agredió a otra víctima, a quien amenazó con un arma blanca y privó de libertad.

Además de la pena principal, el condenado quedó inhabilitado durante 20 años para desempeñar cargos, oficios o profesiones en escuelas, parques, centros infantiles o cualquier espacio donde se agrupen menores. La restricción busca impedir que, después de cumplir la condena, pueda acceder nuevamente a entornos frecuentados por niños y adolescentes.

El Ministerio Público señala que estos delitos pueden denunciarse en la Sección de Atención Primaria o en la fiscalía regional más cercana. Las víctimas o sus representantes pueden aportar conversaciones, fotografías, testimonios u otros elementos, mientras la atención primaria permanece disponible las 24 horas y durante toda la semana.

Dos ataques armados perpetrados en menos de 48 horas dejaron cuatro personas asesinadas en la provincia de Panamá. Los hechos ocurrieron en Panamá Norte y San Miguelito, donde parejas que se encontraban dentro de vehículos fueron atacadas directamente, en episodios que presentan características de ejecuciones planificadas, aunque los móviles continúan bajo investigación.

El caso más reciente ocurrió la tarde del martes 25 de agosto en Villa Lucre, cuando varios hombres armados se acercaron a un automóvil estacionado en una plaza comercial y dispararon contra sus ocupantes.

El ataque se produjo cerca de una estación del Metro, en un sector transitado por peatones, conductores y repartidores.

El hombre que estaba dentro del vehículo murió inmediatamente en el lugar, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció poco después como consecuencia de las heridas, según los reportes preliminares.

Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación Judicial procesaron la escena y recopilaron indicios balísticos.

Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos para establecer la ruta utilizada por los responsables, identificar el medio empleado para escapar y determinar el móvil del doble homicidio.

El crimen ocurrió durante la vigencia del toque de queda nocturno establecido en San Miguelito, aunque el ataque se produjo alrededor de las 5:00 p.m., antes del horario de inicio de la medida, fijado a las 10:00 p.m. Las autoridades mantienen operativos para ubicar a los pistoleros, quienes permanecían prófugos.

Un día antes, durante la noche del lunes 24 de agosto, otra pareja fue asesinada dentro de una camioneta en el Corredor de los Pobres, cerca de la barriada Mirador del Lago.

Los atacantes se movilizaban en una motocicleta y realizaron múltiples disparos contra el vehículo, antes de escapar del sector.

Dentro de la camioneta también viajaba una bebé de cuatro meses que resultó físicamente ilesa. Agentes de la Policía Nacional la encontraron en la parte trasera, la retiraron de la escena y coordinaron su evaluación médica. Las autoridades recuperaron aproximadamente 14 casquillos, incorporados como evidencia a la investigación.

Los primeros reportes mencionan como posibles líneas investigativas un conflicto personal o un ajuste de cuentas, pero ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente. La Fiscalía deberá establecer por qué las víctimas circulaban por esa ruta y analizar sus comunicaciones y movimientos previos, sin descartar otras motivaciones relacionadas con el doble asesinato.

Los dos episodios refuerzan la preocupación por la repetición de ataques dirigidos contra ocupantes de automóviles. Esta modalidad permite seguir o interceptar al objetivo, efectuar numerosos disparos y escapar rápidamente. En varios casos, los agresores han utilizado motocicletas u otros vehículos, aprovechando el tráfico o la inmovilización de las víctimas.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 11 de mayo en la vía Domingo Díaz, cuando un automóvil en movimiento fue interceptado y atacado con más de 39 disparos. Dos personas murieron, incluido un conductor de plataforma que, según los primeros informes, no era el objetivo de la agresión. Las autoridades recogieron decenas de casquillos.

El 19 de mayo se produjo otro episodio en la vía Ricardo J. Alfaro. Dos hombres que viajaban en una motocicleta interceptaron un automóvil durante el congestionamiento vehicular y dispararon contra el conductor. Los atacantes presuntamente habían seguido a la víctima y aprovecharon la reducción de la velocidad del tránsito para acercar

A estos casos se suma el homicidio ocurrido el domingo 23 de agosto en Guarumal, corregimiento de Caimitillo. Una mujer con ocho meses de embarazo murió tras recibir un disparo durante un conflicto ajeno, de acuerdo con las primeras investigaciones. Los médicos realizaron una cesárea de emergencia y lograron salvar al bebé.

El recién nacido permanece bajo atención especializada y lucha por su vida en cuidados intensivos, mientras un sospechoso quedó bajo detención provisional. Una jueza de garantías legalizó la aprehensión y admitió la imputación por homicidio y tentativa de homicidio, tras considerar los riesgos procesales presentados por la Fiscalía.

Aunque los episodios presentan elementos asociados con ejecuciones por encargo, corresponde al Ministerio Público determinar si jurídicamente constituyen casos de sicariato. Los móviles divulgados hasta ahora son preliminares y deberán sustentarse con peritajes, videos, entrevistas y evidencia digital antes de establecer quiénes ordenaron o ejecutaron los ataques.

Panamá registró 10,031 denuncias por presuntos delitos de hurto entre enero y julio de 2026, según cifras preliminares del Ministerio Público. El resultado representa un aumento de 2% frente a los 9.853 casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025, equivalente a 178 denuncias adicionales.

Julio fue el mes con más reportes, al acumular 1.558, seguido por mayo, con 1,506, y junio, con 1,437. Abril presentó la cantidad más baja del periodo, con 1,345. Los datos reflejan que el segundo trimestre cerró con una tendencia ascendente, pese a las variaciones mensuales.

El hurto agravado encabezó las estadísticas con 4,557 denuncias, equivalentes al 45,4% del total, mientras el hurto simple sumó 4.367. También fueron reportados 526 casos de hurto pecuario, 490 relacionados con vehículos, 47 por tenencia de automóviles o accesorios hurtados y 44 hurtos pecuarios o hidrobiológicos.

La comparación interanual muestra comportamientos diferentes. El hurto simple aumentó 9% y los casos vinculados con vehículos crecieron 4%, mientras el hurto agravado disminuyó 3%. El hurto pecuario cayó 11%, pero la modalidad pecuaria o hidrobiológica avanzó 69%, al pasar de 26 a 44 denuncias.

La provincia de Panamá concentró 5.432 casos, más de la mitad del total nacional, seguida por Panamá Oeste, con 1.053, y Chiriquí, con 1.005. San Miguelito acumuló 626 denuncias. En términos porcentuales, Los Santos registró un aumento de 24%, mientras la comarca Ngäbe Buglé creció 17%.

La legislación panameña diferencia el hurto del robo por la forma utilizada para apoderarse del bien. El artículo 213 del Código Penal define el hurto como tomar una cosa mueble ajena sin que sea indispensable ejercer violencia o intimidación contra una persona. La pena básica contempla prisión de uno a tres años u otras sanciones equivalentes.

El hurto se considera agravado cuando concurren circunstancias que aumentan la gravedad de la conducta. Entre ellas figuran cometerlo con destreza, abuso de confianza, durante la noche en una vivienda o rompiendo obstáculos destinados a proteger personas o propiedades, según el artículo 214 del Código Penal.

También se agrava cuando ocurre en centros educativos, hospitales, oficinas o establecimientos públicos, iglesias y templos religiosos, o cuando afecta a turistas, usuarios del transporte público o bienes destinados a servicios esenciales. En estos supuestos, la sanción puede alcanzar entre cinco y diez años de prisión.

Después de los hurtos, el Ministerio Público contabilizó 2.813 denuncias por presuntos robos durante los primeros siete meses de 2026. La cifra disminuyó 6,7% frente a los 3.016 casos registrados un año antes, lo que representa 203 reportes menos en la comparación interanual.

Los robos agravados fueron mayoría, con 1,528 casos, equivalentes al 54,3% del total, mientras la modalidad contemplada en el artículo 218 acumuló 1,285. Abril registró la mayor incidencia mensual, con 437 denuncias, seguido por enero, con 417, y julio, con 414 expedientes.

La provincia de Panamá volvió a encabezar el registro, con 1.558 robos reportados hasta julio, mientras Panamá Oeste sumó 343 y San Miguelito contabilizó 305. Chiriquí acumuló 217 y Colón 133. Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé presentaron aumentos de 43% frente a 2025.

A diferencia del hurto, el robo implica que el responsable utiliza violencia o intimidación contra la persona para apoderarse de un bien ajeno. El artículo 218 establece para esta conducta una pena de siete a doce años de prisión, considerablemente superior a la prevista para el hurto simple.

El robo se convierte en agravado cuando es cometido con armas, por una persona enmascarada o por dos o más participantes. También recibe esta calificación si afecta la libertad de la víctima, causa lesiones o perjudica a turistas, conductores o usuarios del transporte público, de acuerdo con el artículo 219 del Código Penal.

La reforma aprobada en diciembre de 2024 incorporó además como agravante que el robo ocurra en centros educativos, centros de salud u hospitales, públicos o privados. En cualquiera de las circunstancias señaladas, la pena correspondiente al robo puede aumentarse hasta la mitad, según la Presidencia de Panamá.

La diferencia fundamental, por tanto, no depende solamente del valor del objeto sustraído, sino del mecanismo empleado. Si alguien toma el bien sin enfrentar a la víctima, puede configurarse un hurto; si utiliza violencia o amenazas, la conducta puede ser investigada como robo, sujeto a sanciones más severas.

En conjunto, ambos informes contabilizaron 12.844 noticias criminales relacionadas con hurtos y robos entre enero y julio de 2026. Sin embargo, estas cifras corresponden a denuncias preliminares: no representan automáticamente delitos comprobados ni personas condenadas, pues cada caso debe ser investigado y resuelto por las autoridades judiciales.

El posible ingreso de Mongolia al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá se convirtió en uno de los temas centrales de una reciente conversación virtual entre altas autoridades de ambos países.

Esta iniciativa busca sumar a Mongolia a un marco internacional respaldado por varias naciones de Europa y América Latina, y subraya la apuesta panameña por fortalecer la dimensión global del instrumento.

El Tratado relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, conocido comúnmente como Tratado de Neutralidad, constituye el pilar jurídico que garantiza que esta vía interoceánica se mantenga abierta, segura y disponible para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones, en igualdad de condiciones, tanto en tiempos de paz como de guerra.

Este régimen fue acordado en 1977 entre la República de Panamá y los Estados Unidos como parte de los Tratados Torrijos Carter, y se complementa con un Protocolo abierto a la adhesión de todos los Estados del mundo, aprobado en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Durante el encuentro, Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, expuso ante la ministra Battsetseg Batmunkh la importancia de la adhesión mongola.

El canciller panameño remarcó que la inclusión de Mongolia aportaría “mayor proyección internacional” al tratado.

Desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 1979, cuarenta países han formalizado su apoyo a este régimen de neutralidad mediante la adhesión al Protocolo, mientras que alrededor de 152 Estados permanecen aún sin adherirse, según la lista actualizada por la Cancillería panameña.

En cuanto a la respuesta de Ulán Bator, la ministra de Exteriores indicó que el gobierno de Mongolia analizará en detalle el tratado antes de tomar una decisión.

De acuerdo con lo conversado, la revisión formal se encuentra en marcha y se espera una postura definitiva antes de la próxima Asamblea General de la ONU, prevista para septiembre.

Ambas delegaciones prevén reunirse en Nueva York para profundizar la agenda y cerrar los acuerdos.

El diálogo también permitió avanzar en la posibilidad de exención de visados para ciudadanos mongoles. Panamá ya ofrece acceso libre de visado para los visitantes de Mongolia, y ambas partes exploran un acuerdo recíproco que facilitaría aún más los intercambios.

Uno de los puntos destacados de la conversación fue el interés panameño en la experiencia de Mongolia en materia ferroviaria.

Las autoridades de Panamá identificaron potencial para adaptar conocimientos técnicos mongoles en proyectos locales de infraestructura, abriendo una posible vía de colaboración en el sector.

Ambos gobiernos manifestaron su disposición a compartir experiencias técnicas y mantener una comunicación fluida para impulsar proyectos conjuntos en el futuro cercano.

De forma paralela, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, se reunió con Laura Klarreich, directora de la oficina de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Panamá, y la gerente de proyectos, Ivonne Caballero.

Durante la sesión, Klarreich explicó el modelo de trabajo de la entidad: “la UNOPS gestiona y ejecuta proyectos bajo mandato, sin recibir financiamiento directo de los Estados miembros”, detalló la directora.

En América Latina, la agencia suele administrar recursos para obras públicas y compras gubernamentales, actuando como el “brazo implementador” de la ONU.

Entre los ejemplos presentados, Klarreich mencionó el apoyo al Ministerio de Obras Públicas en la adquisición de materiales para carreteras y puentes, así como la construcción de un laboratorio en la Isla de Coiba y la modernización del campus de Tocumen junto al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).

Las conversaciones sostenidas reflejan el empeño Panamá en consolidar alianzas internacionales orientadas al desarrollo sostenible, combinando la cooperación técnica con estrategias para una gestión de proyectos más eficiente y transparente.

Durante un encuentro regional celebrado en la ciudad de Panamá, familiares de personas migrantes desaparecidas de Sudamérica y Centroamérica volvieron a poner en foco una problemática transfronteriza que afecta a miles de familias en la región.

Según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y TVN, medio panameño, la reunión tuvo como eje principal la exigencia de respuestas estatales y mecanismos efectivos de búsqueda para quienes desaparecieron en rutas migratorias hacia Estados Unidos. El evento fue impulsado por la oficina de la ONU, la Defensoría del Pueblo de Panamá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De acuerdo con un reporte de TVN, los participantes expusieron los rostros y nombres de migrantes originarios de distintos países que no lograron completar su trayecto. Muchas familias, como la de la hondureña Marcia Martínez, compartieron historias de años de incertidumbre y búsqueda.

“Existimos personas que hemos tenido desaparecidos, que hemos tenido respuesta, los hemos encontrado... Nosotros como comité decimos que va a desaparecer nuestro comité hasta que encontremos hasta el último desaparecido que tenemos”, relató Martínez, cuya hermana fue localizada tras 21 años gracias a redes sociales y el activismo, según recogió TVN.

La defensora del pueblo de Panamá, Ángela Russo, subrayó en declaraciones recogidas por TVN que la búsqueda no debe recaer sobre las víctimas ni sus familias, sino que debe ser asumida como una responsabilidad de los Estados. Russo remarcó la necesidad de que los gobiernos, como suscriptores de las convenciones internacionales de derechos humanos, trabajen para que los casos de desaparición no prescriban y se mantengan los esfuerzos de localización con independencia del paso de los años.

Cooperación entre Estados

El evento, informado también por la OACNUDH, tuvo como objetivo “impulsar alianzas y mecanismos efectivos de búsqueda” entre los países involucrados. La oficina recalcó que, dado el carácter transfronterizo de las desapariciones en contexto migratorio, la cooperación internacional resulta indispensable. “Los Estados tienen el deber de coordinarse, compartir información y garantizar respuestas efectivas para que ninguna familia busque sola”, señaló la organización a través de redes sociales.

Carmen Villa, representante del Comité contra las Desapariciones Forzadas, enfatizó que la obligación de buscar corresponde a los Estados y no a los familiares de las víctimas. “Será siempre un desafío. Hay personas que buscan a sus familiares por décadas sin saber qué les pasó. La obligación de buscar no es una obligación de los familiares, es una obligación de los Estados. Los Estados deben buscar a las personas desaparecidas. No se trata de que las familias, las víctimas coordinen al Estado. El Estado tiene que coordinarse para buscar a las personas desaparecidas”, sostuvo Villa durante el encuentro.

El rol de Panamá

En el contexto panameño, la Defensoría del Pueblo recordó que Panamá cumple un rol particular como país de tránsito para miles de migrantes que atraviesan la región rumbo a América del Norte. Las organizaciones participantes insistieron, según TVN, en que los protocolos y acciones estatales deben nutrirse de la experiencia de los familiares, quienes han sostenido la búsqueda pese a la falta de respuestas oficiales en muchos casos.

El evento regional, que reunió a ONG, organismos internacionales y representantes estatales, reiteró la demanda de fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos y reforzar el enfoque de derechos humanos en la atención a la desaparición de migrantes. La exigencia central se concentró en garantizar investigaciones sostenidas en el tiempo y respuestas coordinadas que eviten que los casos queden sin seguimiento.

El sector de muebles en Panamá se ubica en la intersección entre una estructura productiva nacional fragmentada, basada principalmente en pequeñas empresas de alta gama que trabajan madera maciza, y un mercado interno fuertemente abastecido por importaciones provenientes de diversas regiones del mundo.

La información disponible muestra que el país mantiene una balanza comercial deficitaria en muebles, con exportaciones relativamente modestas, del orden de unos $4,36 millones en la categoría de “otros muebles” en 2024, frente a importaciones que superan holgadamente ese monto, tanto en muebles terminados como en partes de muebles no elaboradas en madera.

Esta combinación de producción local de nicho, dependencia de importaciones y progresivo apoyo institucional a los exportadores plantea un escenario complejo, pero también lleno de oportunidades, especialmente en segmentos de alto valor agregado, diseño contemporáneo y aprovechamiento sostenible de recursos maderables como el cedro, el laurel y la teca.

Panamá importó $262.5 millones en el capítulo que agrupa muebles, colchones, luminarias y mobiliario médico en 2025, el máximo de la serie que arranca en 2020. De enero a julio de 2026 lleva $154.3 millones, 8.9% más que en el mismo tramo del año pasado, registra la publicación especializada Nexos.

Ese mercado, agrega, llega repartido: el mayor importador del capítulo, la empresa Tova se quedó con 4.31% en 2025, y los cinco primeros juntos suman 17.5%. Detrás vienen Ace International Hardware, Muebles Jamar y PriceSmart, entre 3.5% y 3.8% cada uno.

Según Nexos, la multinacional sueca IKEA confirmó que en Panamá operará una base logística en Zona Uno, en Costa Sur, que prepara pedidos y sirve como punto de recogida sin abrir al público, así como una primera tienda de formato compacto en Altaplaza, y posteriormente una tienda de formato medio con centro de distribución en Metropark.

La compañía dijo que la llegada será por fases y que al inicio estará disponible una selección del catálogo.

En los registros de Aduana, de acuerdo con la publicación, ya hay movimiento. “Sarton Panamá, franquiciado de la marca, registró ocho importaciones en julio, todas desde Costa Rica y todas de manufacturas de hierro y acero, por $402,062 y 141.5 toneladas. Son sus únicas ocho operaciones en una base que arranca en 2020, y llegaron antes del primer mueble: a nombre de IKEA no hay ninguna”, se indica.

El comercio mundial de muebles se ha expandido de forma sostenida en las últimas décadas, apoyado en el crecimiento de las clases medias, la urbanización y el auge de los sectores de la construcción y el turismo que demandan equipamiento mobiliario tanto residencial como comercial.

Dentro de esta dinámica, los países de menor escala industrial, como Panamá, tienden a especializarse en nichos o a depender en gran medida de importaciones para atender su mercado interno, lo que se observa claramente en la estructura de la oferta de muebles del país.

En el ámbito de categorías específicas, los datos sobre comercio internacional de muebles de dormitorio de madera permiten visualizar la magnitud del segmento maderero dentro del conjunto del mercado global.

En 2024, el comercio mundial de muebles de dormitorio de madera no especificados alcanzó unos $12,2 mil millones, lo que representó un incremento de aproximadamente 7,97% frente a los $11,3 mil millones registrados en 2023.

Este crecimiento indica que, incluso en un escenario de incertidumbre económica, la demanda de productos de mobiliario de cierto nivel de calidad se mantiene dinámica, impulsando a los países con capacidades industriales significativas, pero también abriendo espacios para proveedores de nicho capaces de ofrecer productos diferenciados en diseño, calidad de materiales o sostenibilidad.

Desde la perspectiva de los grandes polos de consumo, Estados Unidos destaca como uno de los mayores importadores de muebles del mundo, con un valor de importaciones de muebles que supera los 25 mil millones de dólares en 2024, impulsado principalmente por las compras desde China y Vietnam.

Panamá y Brasil celebraron el III Mecanismo de Consultas Políticas, lo que permitió realizar un balance de la relación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países de avanzar en una agenda orientada a resultados.

Durante el encuentro, se remarcó la decisión de avanzar en negociaciones comerciales bilaterales con el Mercosur, tras la firma de la declaración conjunta en la Cumbre de Asunción el 30 de junio de 2026.

Las autoridades panameñas destacaron la relevancia de las visitas presidenciales recíprocas de 2025 y 2026, que reflejan la voluntad de fortalecer la asociación estratégica entre los dos países.

El viceministro Carlos A. Hoyos puso énfasis en los históricos lazos de cooperación y amistad, así como en el renovado dinamismo que caracteriza la relación actual.

Uno de los ejes centrales fue el seguimiento del marco comercial bilateral, particularmente tras la firma de los Términos de Referencia en enero de 2026 y el acuerdo inicial alcanzado en mayo.

El proceso de negociación con el Mercosur será flexible y progresivo, con el objetivo de otorgar condiciones preferenciales a productos y sectores de interés nacional para ambas partes, considerando las diferencias económicas existentes.

El Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones, suscrito en 2026, fue señalado como una herramienta clave para atraer nuevos capitales. Este instrumento busca facilitar un flujo más ágil y seguro de inversiones entre los dos países, incentivando el desarrollo de proyectos conjuntos y la integración productiva.

Durante el diálogo, las delegaciones analizaron opciones para ampliar y diversificar el comercio bilateral, facilitar el acceso de productos panameños al mercado brasileño y aprovechar la posición estratégica de Panamá como plataforma logística regional.

Además, se reiteró el interés de ambos gobiernos en demostrar avances en materia de transparencia fiscal y financiera ante la comunidad internacional.

En el ámbito de la cooperación técnica, las autoridades anunciaron avances decisivos hacia una mayor soberanía sanitaria en la región.

Destacaron la alianza estratégica entre Panamá y Brasil para establecer una planta regional de fabricación de vacunas y biofármacos en territorio panameño, respaldada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Bio-Manguinhos/Fiocruz.

El acuerdo contempla que Panamá desarrollará la infraestructura necesaria, mientras Brasil aportará tecnología y conocimiento especializado.

Para concretar este proyecto, ya se ha definido un terreno de entre 130.000 y 200.000 metros cuadrados en colaboración con la Autoridad Nacional de Tierras, y se ha presentado una hoja de ruta técnica.

La Fase Uno del proyecto cuenta con una asistencia técnica de $105.000 otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a financiar estudios de pre-factibilidad. Este respaldo internacional fortalece las probabilidades de éxito en la creación de un polo biotecnológico con alcance regional.

La delegación panameña estuvo liderada por el viceministro Hoyos, acompañado por funcionarios de los sectores agropecuario, ciencia y tecnología, y finanzas públicas.

Por parte de Brasil, la delegación fue encabezada por Gisela Padovan, viceministra para América Latina y Caribe, junto a representantes diplomáticos y técnicos del área económica y comercial.

Panamá y Brasil reiteraron que el proceso de negociación con el Mercosur se desarrollará de modo gradual, priorizando los intereses nacionales y adaptándose a las particularidades de cada economía.

Ambas partes manifestaron su voluntad de continuar con los encuentros de alto nivel para mantener el impulso en los temas prioritarios de la agenda bilateral.

De esta manera, los dos países consolidan una relación orientada al desarrollo compartido, con especial énfasis en la diversificación comercial, la cooperación técnica y la atracción de inversiones estratégicas.

La delegación de Panamá estuvo encabezada por el viceministro Hoyos, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, el responsable de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; y el director de la Dirección General de Ingresos, Camilo A. Valdés.

Después de décadas sin poder ingresar a las aulas, Marcia Guerra decidió retomar su educación a los 74 años. Su avance ha sido notorio: primero aprendió a leer y escribir, y actualmente cursa el cuarto grado.

Esta semana Marcia llegó hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con el objetivo de rendir el examen que le permitirá pasar al quinto grado.

Con cada paso dado, se acerca a su sueño de graduarse junto a sus compañeras, dejando todas atrás una historia de exclusión educativa.

Ella participa en los programas de Alfabetización y “Mi Nueva Meta”, impulsados por la entidad gubernamental. Ahora, dice que la educación que le fue negada en la infancia se ha convertido en una prioridad diaria.

Marcia forma parte de un grupo de 98 mujeres de distintas regiones del país, como Colón, Darién, La Chorrera, San Miguelito, Chepo y Panamá Este, que participan del programa “Mi Nueva Meta”.

Esta iniciativa, desarrollada por el Mides y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), ofrece a quienes completaron la alfabetización la oportunidad de terminar la primaria.

Durante el reciente periodo de exámenes, las participantes enfrentaron pruebas de matemáticas, español, geografía, ciencias sociales y otras materias.

La experiencia estuvo marcada por la emoción, el nerviosismo propio de cualquier estudiante y la determinación de demostrar que nunca es tarde para aprender. Los resultados de estas pruebas reflejan el esfuerzo realizado en las clases y la voluntad de superación que caracteriza al grupo.

Para muchas como Yuleisi Mójica, de 16 años, y Águeda Ábrego, de 71, la diferencia de edad no es obstáculo. Ambas llegaron a la escuela de La Escandalosa, en Buena Vista, Colón, para rendir su examen de grado.

Yuleisi dijo estar “muy contenta porque este programa me da la oportunidad de estudiar y cumplir el sueño de obtener mi certificado de primaria. Esto es solo el comienzo; no quiero parar. Estoy motivada a seguir adelante”.

Las clases se imparten en espacios adaptados por los propios vecinos, como pequeñas iglesias convertidas en aulas. En comunidades como Kuna Nega, Santa Ana y La 24 de Diciembre, las estudiantes viajan hasta la sede central de la entidad para presentar sus exámenes.

En esta labor el acompañamiento docente es fundamental. Graciela Serrano Rodríguez, maestra voluntaria, acompaña a mujeres como Marcia en su trayecto educativo.

Serrano manifestó su orgullo por el empeño y la constancia de sus estudiantes adultas: “todas mis estudiantes son mujeres adultas que quieren alcanzar una meta y yo sé que ellas pueden, porque todos los días demuestran que están aprendiendo”.

La evaluación académica, que se extiende durante dos semanas, es supervisada por personal del Mides y el IPER.

Actualmente, cinco estudiantes están a punto de culminar su educación primaria, lo que según las autoridades representa un avance significativo en la trayectoria del programa. El programa atiende a 112 estudiantes a nivel nacional, de los cuales 98 son mujeres y 14 hombres.

La distribución alcanza regiones como Panamá Centro, Chepo, Colón, Mortí en Darién, Panamá Este, San Miguelito y La Chorrera. Además, “Mi Nueva Meta” opera en comunidades de difícil acceso, como las comarcas Kuna de Wargandí y Guna de Madugandí, donde 38 personas continúan su formación.

La coordinadora, Marijulia Barría, destacó que la iniciativa fortalece la capacidad de los participantes para alcanzar nuevos objetivos personales y familiares.

Barría explicó que, según el grado, los estudiantes presentan hasta cinco exámenes, una exigencia académica que han logrado superar gracias al compromiso demostrado a lo largo del proceso.

La metodología del programa se basa en el modelo “El Maestro en Casa” del IPER, que combina materiales auto instructivos, clases radiales y el apoyo de 34 maestros voluntarios. Actualmente, la matrícula se distribuye en estudiantes de primero a quinto grado.

El Gobierno de Panamá declaró este martes el estado de emergencia nacional para enfrentar los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ya genera impactos tanto por exceso de lluvias como por sequía en distintas regiones del país. Según informó la agencia EFE, la decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete ante un escenario de afectaciones que se prevé se extienda al menos hasta marzo de 2027.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y anticipar acciones de mitigación y atención inmediata a la población. De acuerdo con el comunicado oficial reproducido por EFE, el objetivo es “salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes”, ante los escenarios extremos que plantea El Niño.

Datos oficiales señalan que, entre enero de 2026 y la fecha, las inundaciones han afectado a al menos 15.643 personas en Panamá, de las cuales más del 70% reside en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras que el resto corresponde a las comarcas indígenas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di. EFE detalló que estas cifras reflejan la magnitud del impacto en las regiones afectadas.

En contraste, otras áreas del país enfrentan o enfrentarán déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Un total de 11 cuencas hidrográficas ya se encuentran en situación de “estrés hídrico”, con perspectivas de prolongación de los efectos hasta mayo próximo y temperaturas elevadas.

“Esta situación podría generar sequías en las cuencas hidrográficas y bajos niveles en lagos y embalses, como el de Bayano, además de afectar el tránsito de buques y la disponibilidad de agua para las operaciones del Canal de Panamá. Se prevén afectaciones en la generación de energía hidroeléctrica, lo que comprometería la estabilidad y sostenibilidad de los recursos energéticos nacionales”, alertaron las autoridades panameñas en el comunicado citado por EFE.

El impacto sobre el Canal de Panamá

El impacto sobre el Canal de Panamá, vía para el comercio internacional, es uno de los principales motivos de preocupación. La administración del canal anunció recientemente que, debido a la sequía provocada por El Niño, restringirá a 32 el número de tránsitos diarios de buques, cuando el promedio habitual es de 36. Esta decisión se suma a la reducción del calado que ya se encuentra vigente. EFE recordó que durante el fenómeno El Niño de 2023, el canal enfrentó una congestión significativa, con restricciones que limitaron los cruces a 22 buques diarios en noviembre de ese año.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la declaratoria de emergencia busca anticipar escenarios críticos en todo el territorio nacional, tanto por exceso de lluvias, que podría derivar en inundaciones o deslizamientos de tierra, como por la falta de precipitaciones y la consecuente sequía. “El objetivo es actuar de manera preventiva y garantizar que las instituciones estén preparadas para atender a la población”, subrayó Montalvo en declaraciones recogidas por EFE.

Qué habilita la emergencia nacional

El comunicado oficial destaca que el estado de emergencia permitirá movilizar recursos y agilizar la coordinación interinstitucional, especialmente en áreas como la seguridad ciudadana y la protección de bienes públicos y privados. Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales mientras se implementan las acciones previstas.

Las previsiones del IMHPA indican que la combinación de lluvias intensas y prolongadas sequías podría intensificarse por varios meses debido a la persistencia del fenómeno El Niño. Entre las consecuencias potenciales, mencionaron la disminución de reservas de agua, la alteración de la producción energética y el riesgo de interrupciones en las rutas de comercio internacional que dependen del canal.

La detención provisional de un hombre tras el asesinato de una mujer embarazada en Guarumal, corregimiento de Caimitillo, ha puesto en alerta a la comunidad y a las autoridades.

El ataque ocurrió el 23 de agosto de 2026 y no solo cobró la vida de la mujer, sino que también comprometió la salud de un bebé de ocho meses de gestación, quien permanece bajo cuidados intensivos.

La Fiscalía Metropolitana detalló que los hechos se desencadenaron después de una discusión previa en una cancha de fútbol entre el imputado y la pareja de la víctima.

Los testimonios recogidos por los investigadores señalan que el presunto agresor habría lanzado amenazas durante este primer encuentro. Horas más tarde, según la investigación, el hombre se presentó en la residencia de la pareja y disparó en tres ocasiones, impactando en el tórax de la mujer y causándole la muerte.

Durante la detención, el sospechoso sufrió una fractura mandibular tras una caída y, según trascendió, adoptó una actitud desafiante ante el tribunal.

El proceso judicial avanzó con la legalización de la aprehensión y la imputación formal de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

La situación del recién nacido, que logró sobrevivir y sigue internado, ha generado una profunda preocupación social.

En respuesta a la pregunta sobre lo ocurrido, las autoridades informaron que el hombre permanece bajo detención provisional por su presunta implicación en el homicidio de la mujer embarazada y el atentado contra la vida del bebé.

El proceso penal sigue en curso mientras se esclarecen los detalles del caso y se determina la responsabilidad de los involucrados.

Por otro lado, un hombre fue asesinado a tiros y una mujer embarazada resultó gravemente herida tras un ataque ocurrido en los estacionamientos de una plaza comercial en Villa Lucre la tarde de este martes 25 de agosto.

Las víctimas, según los reportes, se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, quienes realizaron varias detonaciones contra el hombre.

En tanto, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió una condena de 10 años de prisión para un hombre implicado en dos hechos distintos: un robo agravado cometido el 31 de julio de 2025 cerca del Centro de Salud del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, y una tentativa de robo registrada el 7 de agosto de ese mismo año en las inmediaciones de un centro educativo.

En ambos episodios, el condenado actuó con otro individuo y empleó un arma de fuego para intimidar a sus víctimas.

El juzgado de garantías validó un acuerdo de pena presentado por las partes, permitiendo que ambas causas se resolvieran en un solo proceso. La sentencia enfatiza la gravedad de los delitos cometidos y la firme respuesta del sistema judicial ante el uso de armas y la violencia.

En otro caso reportado, la Procuraduría General de la Nación anunció la detención provisional de un hombre de 31 años por violencia doméstica en Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

El 23 de agosto de 2026, las autoridades sorprendieron al agresor en flagrancia mientras cometía el delito contra una joven de 20 años.

La Personería Municipal presentó pruebas y elementos de convicción que permitieron la legalización de la detención, la formulación de cargos y la imposición de la medida cautelar.

Los funcionarios reiteran su compromiso con la protección de las víctimas y el cumplimiento efectivo de las leyes en casos de violencia familiar y delitos contra el patrimonio.

Las investigaciones de estos casos continúan y las autoridades insisten en la importancia de la denuncia, así como en el seguimiento proceso a proceso, para garantizar justicia y seguridad para quienes resultan afectados por la violencia.

El Estado panameño puso en marcha una estructura renovada para enfrentar la problemática de las personas en situación de calle, avanzando en la consolidación de políticas públicas adaptadas a una realidad social compleja.

La Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle celebró su primera sesión ordinaria, en la que se definieron los instrumentos y lineamientos que guiarán su funcionamiento durante el próximo periodo.

Este nuevo paso implica la integración de acciones estatales, reconociendo que la situación de calle responde a causas diversas como factores económicos, familiares, de salud y consumo problemático de sustancias.

La estrategia estatal busca atender el fenómeno desde frentes sociales, sanitarios, habitacionales y de inclusión, con el objetivo de fortalecer la prevención y la recuperación social de quienes atraviesan esta situación.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, presidió la sesión y resaltó la urgencia de coordinar las capacidades estatales. “Este es un fenómeno multicausal que requiere una respuesta integral, humana y coordinada”, afirmó.

Hizo énfasis en la importancia de comprender las razones que llevan a cada persona a la calle y de ofrecer alternativas para recuperar un proyecto de vida digno.

Durante el encuentro se aprobaron documentos clave: la hoja de ruta, la matriz operativa, el plan anual, el plan nacional interinstitucional, el plan de comunicación y el reglamento interno.

Además, se definió que el Ministerio de Salud asumirá la secretaría técnica de la Comisión durante los próximos seis meses, garantizando así una coordinación efectiva entre los distintos organismos.

La Comisión se estructura en siete mesas técnicas de trabajo, cada una enfocada en analizar aspectos específicos de la problemática. Estas mesas permitirán identificar necesidades, coordinar recursos y formular propuestas para reforzar los mecanismos de prevención y atención.

Las acciones ajustadas a las competencias de cada institución buscan, según se dijo, responder a la complejidad de las causas que llevan a las personas a vivir en la calle.

El Gobierno señala que reconoce que factores como la ruptura de vínculos familiares, el desempleo, la falta de vivienda y el abandono pueden incidir en la situación de calle.

Por eso, la Comisión apuesta por respuestas diferenciadas y por la revisión constante de la política pública.

Antes de la creación de la Comisión, el Mides ya ejecutaba acciones como la identificación y acompañamiento de personas en situación de calle, en colaboración con gobiernos locales.

Estos esfuerzos, ahora integrados en una estrategia más amplia, buscan consolidar una respuesta estatal articulada.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de un centro de atención para personas en situación de calle, concebido como la puerta de entrada a los servicios estatales.

La información precisa que este espacio ofrecerá alimentación, aseo, orientación social y acceso a servicios especializados. Su función principal será canalizar a cada persona hacia atención más específica o derivarla a albergues, según sus necesidades.

La ministra Carles de Arango subrayó la importancia de evitar esfuerzos aislados y de garantizar una atención integral.

“Queremos que esta Comisión sea un espacio de trabajo, donde podamos construir respuestas a corto plazo, pero que permanezcan en el tiempo”, sostuvo la funcionaria, añadiendo que su objetivo es que las políticas públicas resultantes sean sostenibles y capaces de adaptarse a la evolución de la problemática.

Las mesas técnicas de trabajo, de acuerdo a lo expuesto, serán el mecanismo clave para coordinar recursos y formular propuestas, permitiendo que la atención estatal se ajuste a las realidades cambiantes de la calle.

La suma de esfuerzos y la estrategia integral impulsada por la Comisión marcan un avance hacia la garantía de los derechos y la dignidad de las personas más vulnerables en Panamá.

La deuda pública de Panamá cerró julio de 2026 en $61,907 millones, después de aumentar $380.5 millones en un solo mes. El incremento estuvo marcado por una operación con Merrill Lynch-Bank of America, que permitió reemplazar préstamos anteriores y obtener recursos adicionales para cubrir las necesidades del Gobierno.

El saldo había terminado junio en $61,526.8 millones y aumentó 0.6% durante julio. Aunque el desembolso procedente de la banca internacional fue considerable, no todo correspondió a deuda nueva, porque una parte importante se destinó a cancelar anticipadamente obligaciones que Panamá ya mantenía con estas entidades financieras.

Durante julio, Merrill Lynch desembolsó $1,859.9 millones al Estado panameño, según el informe de la Dirección de Financiamiento Público. Al mismo tiempo, el Gobierno pagó $1,292 millones del capital adeudado a la banca comercial externa, por lo que la diferencia explica buena parte del aumento mensual registrado en esta categoría.

La transacción se originó en el refinanciamiento de dos préstamos contratados en euros y con vencimientos previstos para 2027. El Gobierno decidió sustituirlos antes de que llegara esa fecha, extender los pagos hasta 2031 y fijar las tasas de interés, evitando quedar expuesto a posibles aumentos en el mercado europeo.

La operación completa comprendió 2,400 millones de euros (aproximadamente $2,784 millones) correspondientes a obligaciones anteriores y otros 500 millones de euros (cerca de $580 millones) en financiamiento adicional. Esta última porción representa los recursos nuevos que el Gobierno podrá utilizar para atender necesidades presupuestarias y fiscales durante 2026.

Merrill Lynch International participó como agente coordinador y prestamista, mientras The Bank of New York Mellon actuó como agente de la facilidad. El acuerdo también modificó la forma de cancelar el capital: Panamá comenzará a realizar pagos semestrales desde el tercer año, en vez de enfrentar un solo desembolso elevado al vencimiento.

Con este movimiento, el saldo de los préstamos directos con bancos internacionales pasó de $9,692.4 millones en junio a $10,302.6 millones en julio. El aumento fue de $610.2 millones, equivalente a 6.3%, y consolidó a la banca comercial como una fuente cada vez más relevante para financiar al Estado.

Si se incorporan los $1,002.9 millones adeudados a bancos oficiales, los compromisos bancarios alcanzaron $11,305.5 millones, poco más del 18% de toda la deuda pública. Los bonos globales todavía representan el componente más grande, con $31,096 millones, pero no registraron nuevas emisiones durante julio.

El Gobierno de José Raúl Mulino ha preferido negociar directamente con bancos antes que regresar al mercado internacional de bonos. La razón principal es el costo: una nueva emisión a cinco años habría pagado alrededor de 5.44%, de acuerdo con los cálculos divulgados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostiene que la estrategia permitió reducir el costo promedio de la deuda de 5.39% a 4.66%. La apuesta consiste en obtener préstamos bajo condiciones negociadas mientras las tasas internacionales permanecen elevadas y regresar al mercado de bonos cuando el financiamiento resulte más favorable para Panamá.

Fitch Ratings reconoce que el país ha recurrido a créditos bancarios para cubrir sus necesidades sin emitir nueva deuda internacional desde febrero de 2024. Durante 2025, Panamá consiguió aproximadamente $5,300 millones mediante préstamos en euros y francos suizos, una práctica que continuó con las operaciones ejecutadas este año.

La calificadora, sin embargo, advierte que los préstamos bancarios normalmente tienen plazos inferiores a los bonos colocados en los mercados internacionales. Esa característica concentró pagos importantes en 2027 y 2028, elevando el riesgo de que el Gobierno tuviera que buscar nuevos recursos en poco tiempo para cancelar obligaciones anteriores.

La renegociación con Merrill Lynch responde directamente a ese problema, porque trasladó los vencimientos hasta 2031. No obstante, la operación no reduce automáticamente el monto que debe Panamá: concede más tiempo, cambia las tasas y distribuye los pagos, mientras incorpora cerca de $580 millones para financiar el presupuesto.

Julio también dejó una fuerte salida de recursos. El Gobierno pagó $2,093.7 millones por capital, intereses y comisiones, de los cuales $1,375 millones fueron destinados a la banca comercial externa. Esa cifra incluye $1,292.3 millones de capital, $60.6 millones en intereses y $22.1 millones correspondientes a comisiones.

Los bonos globales generaron otros $222.5 millones en pagos de intereses, mientras los organismos multilaterales recibieron $106.4 millones. Dentro del país, el Estado desembolsó $345.9 millones por Letras del Tesoro, $40.9 millones por bonos internos y $1.8 millones en intereses correspondientes a los bancos oficiales.

Pese al aumento general, la deuda interna disminuyó $166.2 millones y terminó en $10,013.7 millones, debido principalmente a los pagos de Letras del Tesoro. La deuda externa, en cambio, creció $546.7 millones y alcanzó $51,893.6 millones, impulsada por el nuevo saldo de los préstamos bancarios internacionales.

El cierre de julio muestra así una fotografía con dos movimientos simultáneos: Panamá pagó obligaciones elevadas, pero también contrató recursos para sustituirlas y financiar el presupuesto. La estrategia con Merrill Lynch alivió los vencimientos cercanos, aunque la deuda total continuó creciendo y quedó a solo $92.7 millones de superar la barrera de $62,000 millones.

La selección de Panamá regresará a la cancha el próximo 26 de septiembre frente a India, en el primero de tres compromisos internacionales programados durante la fecha FIFA conjunta de septiembre y octubre.

El amistoso se disputará en territorio indio, aunque todavía falta definir la ciudad y el estadio que recibirán el encuentro.

El partido tendrá un significado especial porque será la primera presentación del combinado mayor después del Mundial de 2026 y el comienzo formal de otro ciclo bajo la dirección de Thomas Christiansen.

El entrenador continuará al frente del equipo con la mirada puesta en la clasificación para la Copa del Mundo de 2030.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó en julio la renovación del contrato de Christiansen por cuatro años, después de evaluar su gestión y los resultados obtenidos durante su primer período.

El nuevo acuerdo comenzó a regir el 1 de agosto y comprende todo el próximo proceso clasificatorio de la Concacaf hacia la cita mundialista.

Christiansen dirige a Panamá desde agosto de 2020 y durante su gestión llevó al equipo a la final de la Copa Oro de 2023, alcanzó el cuarto puesto en la Liga de Naciones y consiguió la clasificación al Mundial de 2026.

Ahora comenzará una etapa enfocada en renovar posiciones sin desmantelar la base competitiva construida durante seis años.

El encuentro también será inédito, debido a que Panamá e India nunca se han enfrentado en categoría absoluta. La diferencia inicial aparece en el escalafón internacional: el equipo centroamericano ocupa la posición 44, mientras los denominados Tigres Azules se encuentran en el puesto 138 de la clasificación de la FIFA, según la última actualización.

India atraviesa un proceso de reconstrucción después de haber vivido uno de sus mejores períodos recientes durante 2023. Ese año conquistó el Torneo de Tres Naciones, levantó la Copa Intercontinental organizada por su federación y ganó el Campeonato de la Federación de Fútbol del Sur de Asia, conocido como SAFF, tras superar a Kuwait en la final.

El título regional fue el noveno conseguido por India desde 1993 y confirmó su dominio histórico dentro del fútbol del sur asiático. Sin embargo, el impulso no se trasladó a las competencias continentales: el equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Asiática de 2024 sin sumar puntos ni marcar goles.

Su rendimiento tampoco mejoró durante las eliminatorias posteriores. India no avanzó a la ronda decisiva rumbo al Mundial de 2026 y luego quedó fuera de la carrera hacia la Copa Asiática de 2027, al finalizar último en su grupo con dos puntos. Esa irregularidad explica su descenso reciente hasta los últimos lugares del ranking mundial.

Pese a ese panorama, el seleccionado asiático prepara una ventana internacional de gran exposición. Después de recibir a Panamá, los Tigres Azules enfrentarán a Brasil el 3 de octubre en Calcuta, un encuentro histórico porque será la primera presentación de la selección brasileña absoluta en India.

Para Panamá, la visita a India será apenas la primera escala de una gira más extensa. La delegación viajará posteriormente a Japón para intervenir en un torneo de cuatro selecciones, donde se medirá el 1 de octubre con Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama. La otra semifinal enfrentará a Japón y Ecuador.

Los ganadores disputarán la final el 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, mientras los derrotados jugarán por el tercer puesto. Los tres compromisos permitirán a Christiansen probar variantes y comenzar la transición posterior al Mundial, antes de regresar a los partidos oficiales de la Concacaf.

El siguiente desafío competitivo llegará en noviembre, cuando Panamá dispute los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 mediante una serie de ida y vuelta. Además de perseguir un lugar en el Final Four, el seleccionado buscará asegurar su clasificación para la Copa Oro de 2027, el primer objetivo del nuevo ciclo.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una asistencia técnica de $105,000 para Panamá, destinada a elaborar el estudio de factibilidad integral de una planta regional de vacunas y biofármacos.

La instalación tendría capacidad para producir hasta 30 millones de dosis anuales dirigidas a Centroamérica y el Caribe.

El apoyo corresponde a la segunda fase del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP), desarrollado en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Los recursos no financiarán todavía la construcción, sino los estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales necesarios para establecer si la planta puede desarrollarse de manera sostenible.

La evaluación también deberá precisar los requerimientos de infraestructura, tecnología, operación y financiamiento. Sus resultados servirán para estructurar el proyecto y presentarlo ante potenciales inversionistas, organismos internacionales y aliados científicos, antes de avanzar hacia el diseño definitivo y la búsqueda de recursos para su construcción.

El CRIVB AIP fue creado en 2022 como una asociación de interés público impulsada por la Senacyt, con la misión de estudiar y desarrollar vacunas candidatas desde el laboratorio hasta la fase clínica. Su trabajo se concentra en enfermedades emergentes, reemergentes y otros problemas prioritarios de salud pública.

El centro contempla laboratorios dedicados a patogénesis microbiana, virología, inmunología de enfermedades infecciosas, biofarmacéutica y bioinformática. Sus plataformas tecnológicas incluyen vacunas de proteínas recombinantes y de ARN mensajero, además de anticuerpos monoclonales y otros productos biológicos orientados a la prevención y el tratamiento de enfermedades.

La iniciativa fue concebida en tres fases. La primera incluye el desarrollo de capacidades científicas y una planta piloto, destinada a producir vacunas para estudios clínicos de fase I y II.

La segunda comprende la factibilidad de la planta regional, mientras la tercera estaría relacionada con la manufactura a mayor escala para abastecer distintos mercados.

Cuando el proyecto fue anunciado en 2022, la Senacyt estimó una inversión global cercana a $100 millones para sus tres fases. En aquel momento se autorizaron $3.5 millones para desarrollar la fase inicial, que incluía infraestructura, equipamiento, formación de investigadores y la puesta en marcha de capacidades nacionales especializadas.

El CRIVB fue inaugurado en 2025 y mantiene una alianza con el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos Bio-Manguinhos, perteneciente a la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.

El memorando de entendimiento suscrito entre las partes busca facilitar conocimiento técnico y ampliar la capacidad regional de producir vacunas y biofarmacéuticos.

El proyecto también cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La cooperación con Fiocruz resulta relevante porque Brasil posee una de las mayores plataformas públicas de producción de inmunobiológicos de América Latina y participa en iniciativas regionales para reducir la dependencia de tecnologías sanitarias importadas.

Centroamérica y el Caribe, con excepción de Cuba, carecen de instituciones industriales dedicadas simultáneamente a la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas, según la información divulgada por la Senacyt. Esta limitación obliga a los países a depender del suministro externo y los expone a interrupciones durante pandemias o aumentos mundiales de demanda.

No existe una cifra pública consolidada y actualizada que permita determinar cuánto gastan exclusivamente los países centroamericanos en vacunas cada año.

Las compras se realizan mediante presupuestos nacionales, negociaciones directas y mecanismos conjuntos, por lo que sumar montos de diferentes ejercicios podría producir una comparación incompleta o metodológicamente incorrecta.

Como referencia regional, los Fondos Rotatorios de la OPS gestionaron durante 2024 más de $800 millones en vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias para América, pero esa suma incluye a numerosos países y otros productos médicos.

La relevancia económica del proyecto radica principalmente en la elevada dependencia regional de proveedores externos. Una planta con capacidad para 30 millones de dosis no eliminaría automáticamente las importaciones, pues la producción dependerá de licencias, transferencia tecnológica, certificaciones sanitarias y acuerdos de compra, pero permitiría responder con mayor rapidez ante futuras emergencias.

En el acto participaron el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; el gerente del BCIE en Panamá, Mauricio Chacón, y la directora del CRIVB AIP, Paulina Franceschi. Las autoridades destacaron la cooperación institucional como condición para desarrollar la iniciativa.

El estudio deberá determinar si existe demanda suficiente, cuáles productos serían prioritarios y qué modelo financiero permitiría mantener la operación. La aprobación de los $105,000 constituye, por ahora, un paso preparatorio y no la autorización para construir la planta, cuyo desarrollo dependerá de los resultados técnicos y de la obtención del financiamiento necesario.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara una licitación estimada en alrededor de $5 millones para restaurar el techo de la Terminal 2, una infraestructura inaugurada completamente hace apenas cuatro años que ya exhibe manchas, decoloración y desgaste en sus estructuras metálicas, en contraste con la imagen moderna del edificio.

El gerente general de Tocumen S.A., José Antonio Ruiz Blanco, informó que la junta directiva aprobó el llamado a licitación para ejecutar las reparaciones. La intervención abarcará las áreas deterioradas del cielo raso y las vigas interiores, cuyo aspecto se ha convertido en uno de los defectos más visibles de la terminal.

“Cuando crearon el techo hicieron muchos tragaluces y todo el deterioro que se ve es por eso”, explicó Ruiz Blanco. El funcionario sostuvo que Tocumen ya selló esos puntos para detener las filtraciones y evitar que, después de restaurar las superficies afectadas, el problema vuelva a presentarse.

La reparación será compleja debido a la altura y las características de la estructura. Según el gerente, será necesario retirar las vigas de manera individual, restaurarlas y volverlas a colocar, un procedimiento que describió como “bien arduo” y que requerirá tiempo, equipos especiales y una planificación que reduzca el impacto sobre las operaciones.

La nueva licitación amplía una primera intervención ejecutada durante 2026 en la Zona 3B del Anillo Central. Esa fase costó $139,000 y permitió recuperar unos 780 metros cuadrados de cielo raso metálico, además de efectuar trabajos sobre aproximadamente 1,400 metros lineales de vigas estructurales.

Las labores iniciales incluyeron el desmontaje y reinstalación de paneles, limpieza profunda, desinfección, tratamiento antihongos, pulido, brillado y sellado. También se aplicó un recubrimiento de poliuretano de alta resistencia, diseñado para proteger las superficies ante la humedad y conservar la estructura expuesta a condiciones ambientales propias de la terminal.

Las evaluaciones técnicas asociaron el daño con la acumulación de humedad causada por filtraciones en los tragaluces. Los trabajos se efectuaron entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., mediante equipos de elevación capaces de alcanzar zonas ubicadas a cerca de 20 metros de altura.

Ruiz Blanco confirmó que Tocumen financiará la nueva restauración, pero anticipó que el costo será incluido en otra demanda contra CNO, antigua Constructora Norberto Odebrecht, responsable de levantar la Terminal 2. “Obviamente esto va a venir con una demanda en su momento, otra demanda más”, advirtió.

La obra fue recibida con observaciones después de múltiples extensiones contractuales. Los registros oficiales confirman que la Terminal 2 posee 116,000 metros cuadrados y 20 puentes de abordaje. Su operación completa comenzó el 22 de junio de 2022.

La terminal fue adjudicada en 2012 por $679 millones, pero su costo terminó cerca de $917 millones después de varias adendas. Al concluir la relación contractual quedaron cientos de pendientes y aparecieron fallas en techos, pisos, sistemas y calles de rodaje, problemas que han obligado al aeropuerto a destinar recursos propios a reparaciones.

Tocumen ya obtuvo un laudo arbitral favorable que ordenó a la constructora pagar una indemnización cercana a $30 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, Ruiz Blanco confirmó que la compañía todavía no ha desembolsado ese dinero, mientras el aeropuerto continúa asumiendo los costos derivados de los defectos detectados.

El desgaste del techo se suma a los hundimientos registrados en la plataforma de rodaje de la T2, que llegaron a comprometer 11 de sus 20 puertas. Aunque todas fueron rehabilitadas para operar nuevamente, los estudios recomendaron una intervención estructural más profunda, que representará otra inversión para la terminal aérea.

La restauración adquiere mayor relevancia ante el crecimiento de Tocumen, que espera movilizar más de 22 millones de pasajeros durante 2026. Para Ruiz Blanco, la T2 constituye “la carta de presentación de Panamá ante el mundo”, por lo que mantenerla en condiciones adecuadas resulta esencial para la seguridad y la experiencia del viajero.

La Procuraduría General de la Nación aprehendió a 15 personas durante la Operación Secuela, una ofensiva desarrollada contra una estructura señalada por presunto pandillerismo y vinculada con homicidios.

Las diligencias se concentraron en distintos sectores de Río Abajo, Pacora y San Miguelito, dentro del área metropolitana de Panamá.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Durante el despliegue, los equipos ejecutaron más de 30 diligencias para localizar a los investigados y reunir indicios relacionados con el expediente.

La investigación comenzó en 2025 y, según el Ministerio Público, permitió identificar a presuntos integrantes de una organización que mantenía control territorial en varias comunidades. Las autoridades también relacionan al grupo con diferentes delitos, entre ellos homicidios, aunque no precisaron cuántos casos serían incorporados a la causa.

Los allanamientos dejaron como resultado la ubicación de dinero en efectivo y equipos tecnológicos, materiales que serán sometidos a análisis para determinar su posible relación con las actividades investigadas. La Fiscalía tampoco informó, en su balance preliminar, el monto del dinero recuperado ni las características de los dispositivos encontrados.

El centro de la investigación se encuentra en Río Abajo, un corregimiento de la capital donde la estructura habría establecido su principal área de influencia y operación. Las diligencias también llegaron a Pacora y al populoso distrito de San Miguelito, lo que refleja el alcance territorial atribuido al grupo por los investigadores.

Las 15 personas deberán ser llevadas ante un tribunal para que la Fiscalía presente los elementos recopilados y solicite las medidas correspondientes. Su aprehensión no supone una declaración de culpabilidad, debido a que todas mantienen la presunción de inocencia mientras el proceso penal avanza ante las autoridades judiciales.

La operación ocurre en momentos en que Panamá enfrenta un aumento de la violencia relacionada con estas organizaciones. Los homicidios asociados con pandillerismo pasaron de 29 a 51 casos hasta el 16 de agosto, un crecimiento interanual de 76%, según datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales publicados por Infobae.

En el mismo período, el país contabilizó 377 homicidios, de los cuales 369 fueron intencionales. Aunque estos últimos aumentaron solamente 2% frente al año anterior, la variación registrada en los casos ligados con pandillas muestra una expansión considerable de esa modalidad de violencia dentro de las estadísticas nacionales.

Río Abajo acumulaba seis homicidios durante 2026, mientras el distrito de Panamá encabezaba el registro nacional con 158. San Miguelito aparecía en segundo lugar con 73 asesinatos y Colón sumaba 57, cifras que ubican a varias zonas alcanzadas por la Operación Secuela entre los principales focos de violencia del país.

El informe del SIEC también señala que 54% de las muertes ocurre entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales, sean organizadas o comunes. La violencia generada por esos enfrentamientos alcanza además a terceros: 12% de las víctimas derivadas de estos conflictos corresponde a personas consideradas inocentes o daño colateral.

Las armas de fuego continúan como el instrumento predominante, con 316 homicidios registrados durante el año. Esa cifra representa cerca del 84% del total contabilizado hasta el 16 de agosto y evidencia la capacidad armada de las estructuras criminales, cuyas disputas suelen relacionarse con territorios, drogas y actividades ilícitas.

La Policía Nacional había identificado recientemente 121 grupos pandilleriles activos, frente a 180 contabilizados anteriormente. La disminución numérica no implica necesariamente una menor amenaza, porque algunas estructuras se fragmentaron en células pequeñas y fortalecieron sus vínculos con organizaciones criminales mayores, según información oficial recogida por Infobae.

Las autoridades sostienen que estos grupos operan como soporte de redes dedicadas al narcotráfico, microtráfico, homicidios, robos y posesión ilegal de armas. Su actividad se concentra principalmente en Panamá, San Miguelito, Colón y sectores periféricos, donde las disputas por rutas y puntos de venta elevan el riesgo para las comunidades.

Con la Operación Secuela, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad individual de los aprehendidos y reconstruir el funcionamiento de la organización. Los equipos tecnológicos y demás indicios serán determinantes para identificar posibles comunicaciones, movimientos financieros y conexiones, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros presuntos integrantes de la estructura.

La Asamblea Nacional de Panamá inició el análisis técnico del proyecto de ley 140, una propuesta que sustituye disposiciones de la Ley 46 de 2013. La iniciativa busca fortalecer los procedimientos administrativos y judiciales, garantizar mayor transparencia y colocar el bienestar de los niños y adolescentes en el centro de cada decisión.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Paulette Thomas, realizó una mesa técnica con asesores legales, funcionarios y representantes de distintas instituciones. El documento, presentado originalmente en septiembre de 2024, permanece pendiente de discusión en primer debate.

Thomas explicó que la propuesta pretende ofrecer respuestas oportunas a los menores privados del derecho a convivir con su familia. En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), encargada de administrar los procedimientos de adopción en Panamá.

El proyecto busca reducir las demoras previas al proceso de adopción mediante plazos para investigar alternativas familiares y resolver la situación jurídica de los menores. Actualmente, la Ley 46 ordena examinar las posibilidades de cuidado dentro de la familia consanguínea, pero no establece un término general para concluir esa investigación.

La reforma dispone que, cuando la Senniaf conozca que un menor se encuentra en peligro o privado del cuidado parental, deberá brindarle atención psicosocial durante las primeras 24 horas. La institución tendrá que abrir el expediente en las siguientes 72 horas e iniciar la búsqueda de familiares que puedan asumir su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendrá una duración máxima de 30 días hábiles. Durante ese periodo, la Senniaf deberá solicitar el árbol genealógico al Registro Civil, localizar posibles familiares y evaluar sus condiciones. Si identifica una alternativa idónea, procederá con la reunificación y el ingreso a programas de fortalecimiento familiar.

Cuando no sea posible encontrar una opción dentro de la familia, la institución tendrá tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el juzgado de niñez y adolescencia. Si existen razones justificadas para continuar las verificaciones, la investigación podrá ampliarse entre 30 y 90 días calendario mediante una resolución motivada.

El proyecto también modifica el procedimiento para declarar la adoptabilidad o determinar la pérdida definitiva de la patria potestad. El juez deberá admitir la demanda en un máximo de dos días hábiles y programar la audiencia oral dentro de los 25 días hábiles siguientes, con participación del Ministerio Público y del defensor del menor.

Sin embargo, la propuesta no reduce todas las etapas del proceso de adopción. La evaluación preadoptiva mantiene un plazo máximo de dos meses, la resolución sobre la idoneidad de los solicitantes deberá emitirse en cinco días hábiles y el acogimiento preadoptivo continuará durante 30 días calendario.

También permanece el Comité de Asignación Familiar en Materia de Adopciones, que deberá reunirse cada 15 días para vincular a los menores declarados adoptables con solicitantes idóneos. Sus decisiones tendrán que responder a las necesidades y características de cada niño, no únicamente a las preferencias expresadas por las personas interesadas en adoptar.

Después del acogimiento preadoptivo, la Senniaf conservará cinco días hábiles para presentar la solicitud judicial. El juez tendrá tres días para admitirla y deberá celebrar la audiencia dentro de los 15 días hábiles posteriores. En esa diligencia deberá pronunciarse sobre la constitución o el rechazo de la adopción.

La reforma establece que la segunda instancia no podrá superar 30 días hábiles. Una vez ejecutoriada la sentencia, el juez remitirá el fallo al Registro Civil en tres días, mientras la entidad tendrá cinco días para inscribirlo y otros cinco para devolver la constancia al juzgado.

Entre las garantías incluidas se encuentra el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes, bajo reglas de confidencialidad. Los padres deberán informarles su condición antes de los siete años, siempre que tengan capacidad de comprensión, y la Senniaf realizará seguimientos cada cuatro meses durante los tres años posteriores.

La iniciativa procura además evitar la separación de hermanos y ordena que sean adoptados por una misma familia cuando resulte posible. Si se autorizan adopciones separadas, los responsables deberán mantener la comunicación entre ellos, salvo que el contacto pueda resultar contrario al interés superior de los niños o adolescentes.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrán solicitar su adopción, siempre que exista declaratoria de adoptabilidad y cumplan los requisitos. En esos casos, serán consideradas como primera opción por el comité, para preservar los vínculos desarrollados durante el periodo de convivencia y cuidado.

El documento también reconoce cuatro semanas de licencia remunerada para la madre adoptante, contadas desde el acogimiento preadoptivo. En una adopción individual, el padre tendría derecho a dos semanas descontadas de sus vacaciones, una diferencia que permanecerá sujeta a la discusión y posibles modificaciones durante el trámite legislativo.

San Miguelito completó los primeros siete días de restricciones nocturnas sin registrar homicidios, según el balance presentado por la alcaldesa Irma Hernández y la Policía Nacional.

Las medidas comenzaron el 17 de agosto en cuatro corregimientos con alta incidencia delictiva y se mantendrán vigentes hasta el próximo 31 de agosto.

“Luego de esta primera semana, no se ha registrado ni un homicidio en nuestro territorio”, afirmó Hernández. La alcaldesa consideró que el resultado representa el logro más importante de la intervención, después de que el distrito acumulara 70 víctimas entre enero y julio de 2026, según las estadísticas oficiales.

La cifra equivalió al 20% de los 351 homicidios contabilizados en todo Panamá durante ese periodo. En los primeros siete meses de 2025, San Miguelito había registrado 63 víctimas, por lo que los asesinatos aumentaron 11% en la comparación interanual, antes de aplicarse las nuevas medidas de seguridad.

La restricción rige en Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos, identificados como sectores prioritarios por sus niveles de violencia. De lunes a jueves funciona entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m., mientras los fines de semana se extiende desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Durante la primera semana de la denominada Operación Enfoque Distrito, la Policía Nacional aprehendió a 565 personas, entre ellas 49 menores, por el presunto incumplimiento del Decreto Alcaldicio 013-2026. El dispositivo contempla la participación de más de 400 agentes de diferentes estamentos de seguridad desplegados en los cuatro corregimientos.

Las autoridades también reportaron la captura de dos personas investigadas por homicidio, quienes figuraban en los listados de los más buscados del país. Además, 51 ciudadanos requeridos mediante diferentes oficios fueron aprehendidos por casos presuntamente relacionados con homicidios, drogas, robos, hurtos y otros delitos.

Hernández destacó que las capturas fueron posibles durante los controles de movilidad instalados en distintos sectores. No obstante, los resultados corresponden únicamente a la primera mitad de una intervención programada durante 15 días, por lo que todavía será necesario comparar la incidencia delictiva al concluir el operativo.

Las unidades policiales decomisaron dos paquetes de presunta droga y 108 carrizos con sustancias ilícitas, además de 26 sobres con marihuana y seis con cocaína. El balance incluyó la incautación de seis armas de fuego sin los permisos correspondientes y un total de 135 municiones recuperadas durante los operativos.

La Policía Nacional efectuó 29,049 verificaciones ciudadanas en los primeros siete días, mediante puntos de control vehicular y peatonal. Los agentes comprobaron la identidad de las personas y las razones de sus desplazamientos durante los horarios restringidos, con el objetivo de localizar requeridos y vigilar el cumplimiento de la normativa.

Las acciones también alcanzaron la circulación vehicular. Hernández informó que 150 conductores fueron sancionados por infracciones de tránsito, mientras más de 40 vehículos fueron retirados con grúas por incumplimientos de los reglamentos de tránsito y seguridad. Estos resultados forman parte de los controles complementarios desplegados durante la operación policial.

El decreto no establece una prohibición absoluta de circular. Personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos puede movilizarse durante los horarios establecidos.

También están exceptuadas las personas que acrediten desplazamientos por razones laborales, educativas o de fuerza mayor, además de los usuarios y prestadores del transporte colectivo.

Los adultos que no puedan justificar su presencia en espacios públicos pueden ser conducidos ante la autoridad correspondiente. El incumplimiento contempla multas municipales que oscilan entre $50 y $500, mientras para los menores continúan vigentes las disposiciones especiales establecidas anteriormente por la Alcaldía para regular su permanencia en las calles durante la noche

Hernández agradeció la participación de las autoridades y la cooperación de los residentes, a quienes atribuyó un papel importante en el desarrollo de la estrategia. “Nos rehusamos a seguir viviendo con el temor y con el miedo”, expresó al asegurar que el municipio continuará trabajando para recuperar la seguridad y la tranquilidad en las comunidades.

Aunque la ausencia de homicidios durante siete días representa una variación frente al comportamiento reciente del distrito, el periodo todavía es limitado para determinar una tendencia sostenida o atribuir el resultado exclusivamente a la restricción. El balance definitivo deberá establecer si la vigilancia reforzada logra mantener la reducción de la violencia más allá del operativo temporal.

Los casos relacionados con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 21% en Panamá entre enero y julio de 2026, al pasar de 347 a 420 frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que la destrucción de los recursos naturales y los hechos contra animales domésticos concentraron la mayoría de las investigaciones.

El informe estadístico contabilizó 227 casos por delitos contra los recursos naturales, equivalentes al 54% del total registrado hasta julio. Otros 154 estuvieron relacionados con delitos contra los animales domésticos, 35 correspondieron a hechos contra la vida silvestre y cuatro con tramitación, aprobación o incumplimiento de normas urbanísticas y ambientales.

La destrucción de los recursos naturales se mantuvo como el delito específico con mayor incidencia, con 151 casos, un incremento de 31% respecto de los 115 reportados durante los primeros siete meses de 2025.

Esta categoría representó más de una tercera parte de todas las investigaciones ambientales abiertas por las autoridades durante el periodo analizado.

El mayor crecimiento porcentual ocurrió en los incendios de masa vegetal, que pasaron de tres casos en 2025 a 12 en 2026, un aumento de 300%. También subieron 40% los hechos relacionados con emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad, mientras los casos vinculados con residuos y materiales contaminantes aumentaron 38%.

Los delitos contra animales domésticos, por su parte, avanzaron de 90 a 154 casos investigados, lo que representó un incremento de 71%. En sentido contrario, la tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas especiales disminuyó 34%, mientras la extracción ilegal de especies protegidas bajó 9% y el tráfico de vida silvestre se redujo a la mitad.

La distribución geográfica muestra aumentos especialmente elevados en varias provincias. Chiriquí pasó de 37 a 77 casos, un crecimiento de 108%, mientras Colón y Panamá Oeste duplicaron sus registros, con 32 y 66, respectivamente. Veraguas acumuló 44 investigaciones, 42% más, y la provincia de Panamá alcanzó 79 casos, con un incremento de 23%.

En la comarca Gunayala, las investigaciones aumentaron de un caso en 2025 a cuatro en 2026, lo que produjo una variación de 300%, aunque sobre una base reducida. La comarca Ngäbe-Buglé pasó de tres a siete casos, un crecimiento de 133%, mientras Coclé registró 28 hechos investigados, cinco más que el año anterior.

Darién presentó un comportamiento diferente: el Ministerio Público registró nueve casos hasta julio, frente a 40 durante el mismo periodo de 2025, lo que significó una disminución de 78%. Sin embargo, dos operativos realizados posteriormente, durante agosto, evidenciaron que la minería ilegal continúa operando en zonas selváticas y fronterizas de difícil acceso.

El 19 de agosto, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendió a 21 ciudadanos colombianos en la cabecera del río Pito, al norte de Darién. En el lugar fueron ubicados campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos presuntamente empleados para extraer oro, como parte de la denominada operación Escudo de Acero.

Las autoridades panameñas han señalado que detrás de esta actividad existe un complejo sistema de economía ilícita, relacionado con el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que obtendría recursos mediante cobros realizados a quienes ingresan a territorio panameño para extraer oro. Posteriormente, parte del valor del mineral sería entregado a la estructura criminal.

Tres días después, unidades de la Primera Brigada Oriental del Senafront capturaron a otros cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Durante el procedimiento fueron decomisados varios gramos de un mineral que se presume es oro, una pesa digital y presunta marihuana. La intervención formó parte del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero.

En conjunto, ambos procedimientos dejaron 26 ciudadanos colombianos aprehendidos por presunta minería ilegal durante agosto, aunque estos hechos no aparecen en las estadísticas analizadas porque el informe tiene como fecha de corte el 31 de julio. Los detenidos y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades encargadas de las investigaciones.

Por meses, enero registró 76 casos relacionados con delitos ambientales, febrero 75, marzo 68 y abril 69. Posteriormente, los registros bajaron a 49 en mayo, 44 en junio y 39 en julio. Pese a esa reducción mensual, el acumulado se mantuvo por encima de 2025, impulsado principalmente por la destrucción ambiental y los delitos contra animales domésticos.

Las cifras del Ministerio Público corresponden a hechos puestos en conocimiento de las autoridades y sometidos a investigación. Por ello, no representan necesariamente delitos comprobados mediante una sentencia, ni abarcan todas las actividades ilícitas que puedan estar ocurriendo en áreas remotas. Los operativos de agosto en Darién muestran la dificultad de medir la dimensión real de la minería ilegal.

El carguero MV Ocean Winner, con bandera de Panamá, naufragó el sábado en la bahía de Bengala, frente a la costa oriental de India. Dos de sus 24 tripulantes fueron rescatados y 22 siguen desaparecidos, mientras las autoridades monitorean un posible impacto ambiental.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), emitió un comunicado confirmando que mantiene contacto estrecho con las autoridades de India y con el operador del MV Ocean Winner. La AMP declaró que el buque ya se considera “pérdida total”, mientras que la prioridad es monitorear cualquier posible impacto ambiental en la región. “Se ha contactado al operador de la nave y a las autoridades locales para monitorear cualquier riesgo potencial de contaminación”, indicó el organismo panameño, según recogió EFE.

La tripulación del MV Ocean Winner estaba compuesta por 20 ciudadanos de China, tres ciudadanos de Myanmar y un ciudadano de Bangladesh. De los 24 tripulantes que se encontraban a bordo, solo dos fueron rescatados por otro buque mercante, según detalló la Guardia Costera de India.

Los dos miembros de la tripulación fueron avistados en balsas salvavidas por un avión de la Armada india el sábado, tras lo cual fueron rescatados por el buque comercial MT AISOPOS. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, concentradas en localizar a los 22 trabajadores desaparecidos.

La empresa operadora del buque, Victory Star Group Co., informó a las autoridades indias de que había perdido la comunicación con el navío hacia el mediodía del sábado, indicaron agencias locales. Todavía se desconocen las causas del siniestro.

EFE subrayó que la Armada y la Guardia Costera de India han desplegado unidades marítimas y aéreas para rastrear la zona del naufragio desde el sábado. Las condiciones meteorológicas y la extensión de la bahía de Bengala han dificultado las tareas de rescate y complican la localización de sobrevivientes.

La investigación y el riesgo ambiental

El carguero partió de Paradip, en el estado de Orisha, y tenía previsto llegar a Singapur el próximo 27 de agosto, según datos de la plataforma Marine Traffic. Transportaba una carga de mineral de hierro, lo que eleva la preocupación sobre un posible derrame y las consecuencias ambientales para la costa oriental de India.

La AMP señaló que su Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos coordinará una investigación bajo los parámetros del Código de Investigación de Siniestros de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de determinar las causas del hundimiento.

El peso de la flota panameña

La comunidad marítima internacional sigue el caso, ya que Panamá cuenta con una de las mayores marinas mercantes del mundo. Según datos publicados por la AMP, el registro panameño abarca 7,831 buques y supera los 200.6 millones de toneladas de registro bruto.

Cómo sigue la búsqueda

Hasta la noche del lunes, las operaciones de búsqueda persistían en la bahía de Bengala, sin que se hayan reportado señales de los desaparecidos. La magnitud de la emergencia mantiene en alerta a los organismos de seguridad marítima tanto de Panamá como de India, quienes continúan vigilando la zona y colaborando para minimizar cualquier impacto ecológico derivado del naufragio.

Panamá necesita empresas que crezcan, pero para lograrlo no basta con reconocer su importancia, pues hay que conectar inversión, financiamiento, conocimiento y oportunidades, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

El organismo empresarial destaca que ese fue el centro del recién primer Congreso Nacional MiPyme 360, organizado por la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), en un encuentro que reunió a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades.

La Fedecámaras es la máxima representación de la empresa privada panameña, que une a la micro, pequeña, mediana y gran empresa debidamente organizadas en gremios de todos los sectores económicos del país; integradas por las Cámaras de Comercio Industrias Agricultura y organizaciones gremiales afines de la República de Panamá.

En Panamá el 96% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura explica que del encuentro de Fedecámaras salió una hoja de ruta que “ahora toca convertirla en resultados”.

“El punto de partida es claro: fortalecer a las empresas que ya producen, invierten y generan empleo”, indica.

Aduce que eso supone ampliar el acceso a financiamiento y educación financiera, acercar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las universidades y centros de innovación, desarrollar capacidad exportadora y vincularlas con empresas de mayor escala.

Insiste en que el objetivo no puede ser administrar empresas pequeñas, ya que “el objetivo es que dejen de ser pequeñas. Que vendan más. Que contraten más. Que innoven. Que compitan”.

Desde la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras) se plantea los encadenamientos productivos.

Esto, detalla, consiste en que cuando una gran empresa compra a proveedores nacionales, capacita a su cadena y genera nuevas oportunidades alrededor de su operación, la inversión deja de tener un solo impacto. Se multiplica. Eso significa más proveedores panameños, más actividad económica y más oportunidades fuera de la capital.

“Panamá necesita conectar mejor su economía”, afirma. Los empresarios sostienen que un tema polémico, como el de la mina de cobre cerrada desde el 2023 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, “también cuenta”.

“En esa conversación entra la mina de Donoso. No solamente por el tamaño de la inversión. También por su capacidad potencial de convertirse en una industria ancla y generar actividad alrededor de transporte, logística, mantenimiento, alimentación, servicios y proveedores nacionales”, manifiestan.

La mina no es únicamente una discusión sobre minería, anotan, pues “también es una discusión sobre empleo, inversión, micro, pequeñas y medianas empresas, y desarrollo territorial.

“Eso no significa un cheque en blanco. Cualquier decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, técnicamente ejecutable, económicamente conveniente y transparente para Panamá”, puntualizan.

Señalan que “no decidir tiene costos”, por lo que “el país necesita una decisión seria, sustentada y pensando en el interés nacional, sin improvisaciones”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá apunta que el Gobierno, empresa privada, academia y organismos financieros tienen responsabilidades distintas.

Pese a ello, no dudan en afirmar que el objetivo debe ser el mismo: crear condiciones para producir más, invertir más y generar más empleo en todo Panamá. “La hoja de ruta está planteada. Ahora corresponde ejecutarla”.

Para el gremio empresarial, el futuro económico de Panamá también se construye desde cada emprendimiento que logra crecer, formalizarse y generar empleo.

“Esa es la apuesta que seguiremos liderando. Es nuestra hoja de ruta que ya está en marcha, con fecha, con aliados y con resultados medibles. Panamá crece cuando sus emprendedores crecen”.

Han señalado que la visión es clara: que emprender en Panamá no sea un salto al vacío, sino un camino acompañado. Mentorías, capacitación, conexión con financiamiento y una ruta ordenada hacia la formalidad. Aclaran que formalizar no debe ser un trámite más, pues debe ser la puerta de entrada a crédito, a clientes corporativos y a mercados internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá presentó una propuesta para transformar el modelo de desarrollo del país y centrar su estrategia en la ciencia, la tecnología y la innovación. El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez dijo, a través de un comunicado, que Panamá debe dejar de depender solo de sus ventajas geográficas y posicionarse como una nación capaz de exportar conocimiento y talento.

Durante su intervención ante la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Martínez-Acha sostuvo que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser consideradas infraestructuras estratégicas, con un peso equivalente al de las carreteras, puertos, hospitales y otras obras físicas. “Un investigador es infraestructura. Un laboratorio es infraestructura. Una patente es infraestructura”, afirmó.

Agregó que la formación de doctores, así como la generación de conocimientos en áreas como inteligencia artificial, biotecnología, robótica, ciberseguridad, energías renovables, gestión del agua, océanos y medicina de precisión, constituyen los cimientos para la economía del siglo XXI.

Becas, investigación y desarrollo

El canciller destacó avances de Panamá en la formación de talento científico, investigación e innovación. Señaló la asignación de 167 nuevas becas en julio de 2026 y la ejecución de 65 proyectos de investigación y desarrollo por 29 instituciones científicas nacionales.

Sostuvo que la inversión en becas e investigación no debe considerarse solo como gasto público, sino como una apuesta productiva a largo plazo. “Las becas no financian solamente estudiantes. Financian posibilidades nacionales”, expresó.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es conectar el conocimiento generado en los laboratorios y centros de investigación con la economía. Martínez-Acha recalcó la importancia de que el país transite “del laboratorio a la empresa, de la tesis a la patente, de la patente al producto, del producto al mercado, del conocimiento al empleo y del talento a la generación de riqueza”.

El PENCYT 2025-2029 y el pacto nacional

El canciller presentó el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2025-2029, que establece una ruta para impulsar áreas como la salud, la digitalización, la alimentación, el medioambiente, la transformación productiva y el desarrollo social e institucional.

Martínez-Acha propuso avanzar hacia un Pacto Nacional por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, basado en cuatro pilares: financiamiento predecible para la investigación, formación y retorno de científicos panameños, una mayor conexión entre investigación, empresa y mercado, y la ejecución de grandes proyectos nacionales en sectores que empleen inteligencia artificial, gestión del agua, océanos, logística y biodiversidad.

La visión sobre el futuro del país

Durante su mensaje, también hizo referencia a la visión del presidente José Raúl Mulino, quien considera que Panamá debe dejar de enfocarse únicamente en administrar sus ventajas heredadas y comenzar a construir las condiciones necesarias para competir en el futuro.

El canciller recordó que, durante más de un siglo, Panamá ha aprovechado su posición geográfica estratégica, pero advirtió que la geografía no puede ser el límite de las aspiraciones nacionales. “Nuestra posición geográfica constituye una ventaja extraordinaria, pero la geografía que recibimos no puede ser el límite de lo que aspiramos a producir”, indicó.

El comunicado oficial señaló que la misión histórica de la SENACYT debe ser contribuir a que Panamá no solo sea el país por donde pasa el futuro, sino una nación capaz de crearlo. “Si el Canal unió mares para transformar al mundo, que SENACYT una mentes para transformar a Panamá”, afirmó Martínez-Acha.

En los últimos años, el asfalto se ha consolidado como un insumo estratégico para la infraestructura vial panameña, tanto desde la perspectiva de producción nacional como desde su uso masivo en obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras urbanas y rurales.

La información disponible muestra que alrededor del 90% de la red vial del país está compuesta por pavimentos asfálticos, frente a una participación minoritaria del concreto.

Esta proporción refleja decisiones históricas de política de infraestructura, en las que el asfalto ha sido preferido por su menor costo inicial, su velocidad de colocación y su capacidad de adaptación a diferentes categorías de tráfico, desde caminos rurales hasta arterias urbanas.

Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en los dos últimos años ha utilizado más de 127 mil toneladas de asfalto a nivel nacional, lo que ha significado un ahorro de $3.15 millones para el Estado.

Entre enero y junio-2026 la producción acumulada asciende a 35,134 toneladas.

Paralelamente, la entidad ha reactivado plantas estatales de producción que habían permanecido años en abandono.

Todo el material producido y suministrado a las direcciones regionales y sus cuadrillas de mantenimiento proviene de las plantas ubicadas en Vacamonte-Panamá Oeste, El Roble-Coclé, San José- Los Santos y El Tejar-Chiriquí.

Igualmente, de todas las plantas trituradoras donde el MOP cuenta con canteras que operan actualmente al 100% de su capacidad.

La demanda de asfalto en Panamá en los últimos años se ha visto impulsada principalmente por programas de mantenimiento vial, esfuerzos de rehabilitación de tramos deteriorados y proyectos de construcción de nuevas carreteras y obras de alto perfil.

El MOP ha informado, por ejemplo, sobre jornadas intensas de reparación de la red vial en el centro del país, en las cuales se han utilizado más de siete mil toneladas de asfalto, lo que da una idea aproximada de la escala de consumo asociada a las actividades de bacheo y mantenimiento rutinario.

En operaciones de menor tamaño, pero igualmente significativas, se han reportado jornadas de parcheo con aplicación de 30 toneladas de asfalto en comunidades específicas como El Roble, en el distrito de Aguadulce, lo que refleja la capilaridad del uso del material en intervenciones puntuales distribuidas a nivel nacional.

Estos datos evidencian una demanda constante de asfalto que no depende únicamente de grandes proyectos, sino también de la necesidad permanente de atender el deterioro natural de los pavimentos por efecto del tránsito y las condiciones climáticas, especialmente la intensa temporada de lluvias.

El uso intensivo de asfalto en Panamá responde a una combinación de factores geográficos, económicos, institucionales y tecnológicos que, en conjunto, han definido la trayectoria de la infraestructura vial del país.

En primer lugar, las características climáticas de Panamá, con una marcada estación lluviosa y temperaturas relativamente altas, exigen pavimentos capaces de resistir ciclos de humedad, erosión superficial y posibles deformaciones por efecto de la temperatura y del tránsito pesado.

De acuerdo con estimaciones de Fortune Business Insights, el tamaño del mercado mundial de asfalto se situó en torno a $69,27 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance aproximadamente $72,8 mil millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta del orden de 4,8% en el periodo de pronóstico 2020-2027.

Este crecimiento se atribuye, en buena medida, a la expansión de infraestructura vial y a la renovación de carreteras en América, Asia y Europa, regiones donde también se ha extendido el uso de asfalto modificado con neumáticos reciclados, por su mayor durabilidad y desempeño mecánico.

Para Panamá, este entorno global significa que la demanda interna de asfalto se inserta en un mercado internacional en expansión, pero también en un escenario de mayor competencia tecnológica y de mayores exigencias en materia de sostenibilidad.

Ante la poca claridad sobre el tema, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que el Gobierno no contempla presentar a corto plazo en la Asamblea Nacional la iniciativa para aplicar el 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) a las compras y servicios contratados mediante plataformas digitales.

Aseguró que la institución analiza el proyecto, tras recibir sugerencias y conocer la opinión de los ciudadanos expresada en redes sociales.

“El Gobierno nacional escucha al pueblo panameño, y yo pasé todo el fin de semana leyendo muchas opiniones (...) Uno no es dueño de la verdad y, uno viendo las distintas opiniones, por supuesto que eso hay que ponerlo a contrapelo de la legítima solicitud de los ciudadanos de reducir la evasión y aumentar la recaudación de impuestos”, expresó.

Con anterioridad, la entidad que dirige había explicado en una nota de prensa que el pago del 7% del ITBMS a las compras y servicios contratados mediante plataformas digitales no es un impuesto nuevo.

“El ITBMS del 7% existe desde hace años y su tarifa no cambia. Lo único que se ajusta es quién debe aplicarlo: se extiende a los servicios digitales del exterior que hoy no lo cobran. No se crea ningún tributo adicional ni se eleva la tasa vigente”, indicó.

Añadió que el ITBMS es el impuesto del 7% que los consumidores ya pagan en la mayoría de sus compras de bienes y servicios en Panamá. Hasta ahora, los comercios establecidos en el país lo aplicaban en cada venta, mientras que varias plataformas digitales que operan desde el exterior, por ejemplo, servicios de streaming o de compras en línea no lo hacían.

La medida, señala la institución, corrige esa diferencia, toda vez que dispone que esas plataformas apliquen el mismo impuesto que ya rige para el comercio nacional.

“La obligación de registrarse, cumplir con las leyes de la República de Panamá y contribuir, recae en las corporaciones transnacionales que prestan servicios digitales en el país. Estas empresas deben inscribirse ante la autoridad tributaria (Dirección General de Ingresos), aplicar el ITBMS y trasladarlo al fisco en las mismas condiciones que ya cumple el comercio nacional. Ninguna empresa que ofrezca servicios en territorio panameño está exenta de este deber”, argumentó.

Al detallar cómo se aplica, se manifestó que el impuesto lo aplica la plataforma sobre el servicio digital, de la misma forma en que cualquier comercio del país lo hace al momento de una venta. El consumidor no realiza ningún trámite adicional. El objetivo es que todos los que venden bienes y servicios en Panamá se rijan por las mismas reglas.

La medida, adujo, forma parte de un ordenamiento tributario más amplio, orientado a un trato equitativo entre los distintos actores económicos y a fortalecer los ingresos que financian los servicios públicos, incluidas políticas de alivio para las familias, como la exoneración del Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de la primera vivienda de hasta $120,000.

Al respecto, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 661, que propone modificar el artículo 4 de la Ley 106 de 1974, relacionado con el Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI).

El proyecto contempla una exoneración del 2% del ITBI para viviendas nuevas cuyo valor sea de hasta $120,000, una medida que, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas pretende facilitar el acceso a una vivienda para las familias de menores ingresos.

Las autoridades tradicionales de la Comarca Kuna de Wargandí dieron su consentimiento a la resolución que da inicio al proceso de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CLPI) en el marco de la pretendida interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá.

Para tal efecto, una delegación de las autoridades tradicionales de la comarca indígena viajó hasta la ciudad de Panamá para entregar formalmente la resolución a la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y al Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno.

El acto marca un hito en el relacionamiento entre el Estado y las comunidades indígenas, indica una nota de prensa oficial.

Agrega que esto es el resultado de un trabajo sostenido de coordinación y diálogo, liderado por la Secretaría Nacional de Energía, que convierte a la Comarca Kuna de Wargandí en la primera de las tres áreas de influencia del proyecto en dar inicio a su consulta.

La resolución, aprobada por la Asamblea General reunida en la comunidad indígena de Morti el 18 de agosto de 2026, formaliza el compromiso de desarrollar la consulta conforme a los estándares nacionales e internacionales, con la participación plena, informada y voluntaria de las comunidades.

Con este paso, la Comarca de Wargandí se coloca por delante de la Comarca Guna Yala y Tierras Colectivas de Alto Bayano, donde la Secretaría Nacional de Energía, con el acompañamiento del Viceministerio de Asuntos Indígenas y el respaldo permanente de otras entidades del Estado, mantiene un acercamiento activo con las autoridades tradicionales y las comunidades comarcales de cara al inicio de sus respectivos procesos.

En 2023 los gobiernos de Colombia y Panamá firmaron un “Memorando de Entendimiento”, a través del cual acordaron promover las acciones necesarias para determinar la viabilidad de la integración energética y formalizaron los grupos de trabajo necesarios para desarrollar el programa previsto.

“El inicio de esta consulta es fruto del respeto y la confianza construidos con la Comarca Kuna de Wargandí. Este proceso no solo abarca la Interconexión Eléctrica, sino que forma parte de un corredor ambiental sostenible que integra la electrificación rural y el desarrollo vial, en beneficio directo de las comunidades. Reafirmamos que avanzaremos de la mano de las comunidades, respetando en cada etapa su autonomía y sus formas propias de decisión”, expresó Rodrigo Rodríguez J., secretario nacional de Energía.

En tanto, la información oficial asegura que para las autoridades de la Comarca de Wargandí este paso reafirma su derecho a decidir sobre su propio territorio.

“Damos este paso desde nuestra autonomía, de frente y con la participación de nuestro pueblo. Lo que buscamos es que este proceso traiga beneficios reales para nuestras comunidades, como la electrificación y los caminos que necesitamos”, expresó el Cacique General de Wargandí, Arnulfo López.

La entrega de la resolución contó con la participación del secretario nacional de Energía; la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, cuyo despacho, de acuerdo con la información, ha cumplido un rol articulador clave entre el Estado y las autoridades tradicionales a lo largo de todo este proceso; así como con representantes de la Oficina de Electrificación Rural (OER) y de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).

El proceso de relacionamiento para la Interconexión Eléctrica, según se explicó, es acompañado por una Mesa Interinstitucional coordinada por el Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría Nacional de Energía, que coordina a las entidades del Estado con competencias en materia energética, ambiental, territorial e indígena.

Entre las entidades involucradas están el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Oficina de Electrificación Rural y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa).

La modernización del muelle multipropósito en Puerto Armuelles abre un escenario inédito para la economía de la provincia de Chiriquí, bajo el supuesto de transformar radicalmente la infraestructura portuaria tradicional de la región.

El avance de la obra ha permitido que el acceso principal esté ya concluido y el edificio administrativo muestre un progreso notable, lo que evidencia la ejecución de la primera etapa del proyecto.

La intervención tiene como eje la ampliación de la capacidad operativa del puerto, buscando que la terminal responda a las exigencias del comercio marítimo internacional y garantice su funcionamiento a largo plazo, informó el Gobierno.

Este enfoque estratégico fue presentado en un encuentro entre autoridades y empresarios, donde Luis Roquebert, responsable de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), afirmó que el rediseño “apunta a generar oportunidades de empleo y desarrollo”, aprovechando tanto la ubicación fronteriza con Costa Rica como el potencial agrícola y los recursos naturales del entorno.

El proyecto, desarrollado en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la provincia de Chiriquí, se apoya en recomendaciones técnicas basadas en estudios oceanográficos y de mareas, con el objetivo de adaptar el muelle a los desafíos contemporáneos del sector.

Uno de los puntos centrales de la modernización es la instalación de una línea específica para la exportación de aceite de palma, junto con la creación de una pasarela para visitantes y otras mejoras estructurales.

Estas obras representan el 20% de la fase inicial y dependen de una inversión complementaria de $10,2 millones, cuyo desembolso está pendiente de aprobación oficial.

Actualmente, el avance global de la primera etapa del muelle ronda el 72%, cifra que da cuenta del ritmo sostenido de las labores y de su impacto en la economía local.

La modernización del puerto de Puerto Armuelles consiste, de acuerdo con la información oficial, en la transformación de una estructura orientada históricamente a la pesca en un polo logístico capaz de captar nuevos flujos comerciales y atraer inversiones.

Esto supone un cambio fundamental para el desarrollo del área, ya que habilita el ingreso de empresas vinculadas a actividades portuarias y logísticas, promoviendo la generación de empleo y la diversificación económica en la región.

De forma paralela a los trabajos de infraestructura, la Autoridad Marítima de Panamá desarrolla un análisis económico y estudia alternativas técnicas para próximas etapas del terminal.

Como parte de la estrategia logística, el organismo ha iniciado conversaciones con una docena de empresas interesadas en operar en el puerto, potenciando así el atractivo de la zona para el sector privado.

El administrador Roquebert subrayó que la creciente atención de inversores nacionales y extranjeros confirma el potencial de la región.

Explicó que la tarea del Gobierno reside en “crear condiciones para transformar ese interés en inversión y beneficios tangibles para la población”.

El objetivo final es que el puerto, otrora dedicado casi exclusivamente a la pesca de bajo calado, se convierta en una plataforma multipropósito, lista para atender las necesidades del comercio global y para servir de motor de desarrollo sostenible en Chiriquí.

Las proyecciones apuntan a la generación de alrededor de 2,000 empleos directos y hasta 6,000 empleos indirectos, creando nuevas oportunidades para las familias de Barú, Puerto Armuelles y otras comunidades ubicadas en la provincia de Chiriquí.

La propia Autoridad Marítima de Panamá ha señalado que el proyecto está concebido como un eje para dinamizar la actividad portuaria, logística y productiva de la región.

Además, empresarios del sur de Costa Rica, así como inversionistas vinculados a la agroindustria, la pesca y el turismo, ya han mostrado interés en las posibilidades comerciales que ofrece el nuevo puerto, reforzando su potencial como puerta logística del occidente de Panamá hacia los mercados internacionales.

La necesidad de actualizar los criterios de representación y de personal en las instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), haciendo hincapié en el equilibrio entre Estados miembros y en la importancia de la meritocracia, la transparencia y la proporcionalidad, fue expuesta por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez.

La posición panameña fue dada a conocer durante la reciente visita de Martínez-Acha Vásquez a El Salvador, donde desarrolló una agenda enfocada en la integración regional y la modernización tecnológica del sector público.

“Las circunstancias actuales demandan algo más que ajustes administrativos. Requieren una modernización institucional de fondo”, remarcó el funcionario, quien reiteró el respaldo de Panamá a la Secretaría General en este proceso.

La delegación panameña planteó una visión de un SICA enfocado en resultados tangibles para los habitantes de la región y apostó por instituciones más modernas y sometidas a mecanismos claros de rendición de cuentas.

Entre los temas abordados figuraron la seguridad regional, la eficiencia institucional y la cooperación internacional.

En el marco de la visita a la nación centroamericana, el canciller panameño se reunió con la secretaria general del SICA, Lina Ajoy Rojas, con quien analizó la participación de Panamá en los procesos regionales y revisaron los principales proyectos en marcha.

Un reciente comunicado oficial de Panamá llama la atención sobre la necesidad de revisar a fondo el funcionamiento interno del SICA.

La nación canalera considera fundamental que la distribución y asignación de personal dentro del organismo refleje criterios de equidad entre los Estados miembros y esté guiada por el mérito, la capacidad y la transparencia.

El texto panameño hace hincapié en que la salud financiera del SICA requiere acciones inmediatas. Para asegurar que el organismo pueda cumplir con sus metas, resulta indispensable que cada país cumpla puntualmente con sus compromisos económicos, generando así los fondos necesarios para sostener sus programas y actividades.

En la declaración, la cancillería panameña reconoce los esfuerzos que ha realizado la Secretaría General para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, advierte que “las circunstancias demandan algo más que ajustes administrativos: requieren una modernización institucional de fondo”.

El SICA se presenta como la principal plataforma de integración para Centroamérica y el Caribe de habla hispana, albergando uno de los proyectos más ambiciosos de cooperación política, económica y social en la región.

La propuesta de Panamá impulsa la apertura de un diálogo profundo entre los Estados miembros. El objetivo es abordar dimensiones clave como la representatividad, la asignación objetiva de responsabilidades y la mejora de los sistemas de gobernanza, junto con la urgencia de fortalecer la sostenibilidad financiera del organismo.

Como parte de este proceso, la nación del istmo hace énfasis en la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos. Además, propone optimizar la estructura institucional para evitar redundancias y mejorar la eficiencia del SICA.

Durante su visita a El Salvador, el canciller panameño también sostuvo un encuentro con Manuel Bello, responsable de la plataforma digital de salud pública Doctor SV.

Esta iniciativa, destacada por su innovación en telemedicina, utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar el acceso gratuito a consultas generales, orientación nutricional y atención en salud mental de forma continua, además de ofrecer recetas digitales y seguimiento a pacientes crónicos.

La experiencia de Doctor SV fue valorada por el ministro panameño como un referente regional en transformación digital, identificando oportunidades concretas para fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas como la innovación pública y la aplicación de inteligencia artificial a servicios esenciales, según una nota de prensa.

Panamá, con esta agenda, reafirma su apuesta por una integración centroamericana basada en la modernización, la eficiencia y la obtención de resultados, mientras consolida con El Salvador una alianza estratégica centrada en la innovación, la conectividad, la seguridad, la inversión y el desarrollo humano, manifestó la cancillería istmeña.

El proceso de evaluación que afrontará Panamá ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exigirá que el país no solo cumpla con la normativa vigente, sino que demuestre con pruebas fehacientes la eficacia de su sistema de prevención y control de delitos financieros.

El nuevo enfoque pone el acento en que Panamá presente estadísticas, resultados y evidencias claras sobre el funcionamiento de sus mecanismos de supervisión, inteligencia financiera, investigación y recuperación de activos.

Esto lo subrayó Isabel Vecchio Arófulo, quien ocupa la presidencia pro tempore del Gafilat y es secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la práctica, la evaluación mutua funciona como un examen internacional en el que especialistas de distintas jurisdicciones revisan tanto el cumplimiento formal de las 40 recomendaciones del GAFI como la capacidad real de las instituciones panameñas para identificar, prevenir, investigar y sancionar el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Panamá deberá evidenciar ante los evaluadores que sus controles no son meros trámites normativos, sino que producen resultados tangibles y se adaptan a los riesgos más relevantes del sistema financiero nacional.

Este reto se convierte, según las autoridades, en una oportunidad para revisar y reforzar los mecanismos institucionales, optimizar la persecución de delitos financieros y avanzar en la alineación con los estándares globales del GAFI.

La Quinta Ronda introduce modificaciones sustanciales en la forma de evaluar los sistemas antilavado de cada país.

Entre los cambios más notables, destaca la valoración independiente tanto del sector financiero como del no financiero, así como un foco renovado en temas como los activos virtuales, la transparencia en la titularidad de las empresas, el control sobre organizaciones sin fines de lucro y la recuperación eficiente de activos.

Según Vecchio, estos elementos obligarán a que todos los actores del sistema nacional -desde organismos públicos hasta empresas y sociedad civil- coordinen esfuerzos y preparen respuestas integrales.

La evaluación, puntualizó, corresponde a la totalidad del Estado panameño y no a una administración específica, por lo que la colaboración interinstitucional y el consenso con el sector privado y organizaciones sociales resultan esenciales.

Entre los aspectos clave de la evaluación destacan la identificación de riesgos, la transparencia y el acceso a la información sobre los verdaderos propietarios de sociedades, la supervisión basada en riesgos, la inteligencia financiera, la cooperación internacional y la recuperación de activos. Un punto sensible es la necesidad de conocer quién controla realmente las empresas y otras estructuras jurídicas.

En este sentido, Panamá puso en marcha el Registro Único de Beneficiarios Finales y reforzó la vigilancia sobre actores no financieros, como abogados y empresas inmobiliarias, además de actualizar en 2025 su Evaluación Nacional de Riesgo para estos sectores.

Se diseñaron también herramientas específicas para monitorear a organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de reducir el riesgo de que sean utilizadas para canalizar fondos hacia el terrorismo.

Las autoridades deberán probar ahora que toda esta información es precisa, actualizada y está disponible de manera oportuna para las investigaciones.

En julio, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) adoptó formalmente las nuevas directrices y procedimientos de la Quinta Ronda, alineados con la metodología internacional y orientados a fortalecer la efectividad de los sistemas antilavado mediante criterios actualizados y centrados en los resultados.

El organismo regional también aprobó instrumentos clave, entre ellos la Primera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación, que constituye un diagnóstico pionero en América Latina y servirá de base para reforzar políticas públicas, estrategias de mitigación y cooperación internacional.

Por otro lado, se estableció la inteligencia artificial como un eje estratégico permanente, definiendo una hoja de ruta regional para realizar estudios especializados y analizar el impacto de esta tecnología tanto en la prevención como en la supervisión de operaciones ilícitas.

Se evaluarán los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial a la detección y control, así como los riesgos asociados a su posible uso por parte de redes criminales.

La revisión y fortalecimiento de estos sistemas permitirá a Panamá y a la región avanzar hacia una mayor transparencia y eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, consolidando la confianza internacional en sus marcos regulatorios.

La búsqueda del cuerpo de Jafeth González, universitario, asesinado durante un presunto robo, mantiene en alerta a las autoridades y equipos de rescate en la provincia de Herrera.

El joven fue privado de libertad y posteriormente asesinado mientras trabajaba como conductor de una plataforma digital en Santiago, provincia de Veraguas, el 11 de agosto de este año.

Según un testigo protegido, sus agresores arrojaron el cadáver al caudalosos río Santa María, en un intento por ocultar el crimen.

Las investigaciones, de acuerdo con las autoridades, apuntan a que el móvil del delito fue el robo del vehículo de González, con la supuesta intención de trasladarlo a la vecina Costa Rica.

De acuerdo con información extraoficial, los atacantes -un grupo compuesto por dos adultos y tres menores de edad- intentaron primero incapacitar al conductor. Sin embargo, las circunstancias derivaron en el supuesto estrangulamiento de la víctima y la posterior disposición del cuerpo en el río.

La Fiscalía Especializada de Adolescentes de Veraguas logró la detención provisional de tres jóvenes, uno de 16 y dos de 17 años, tras la imputación de cargos por homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.

A estos menores se suman dos adultos, de 18 y 19 años, a quienes la Sección de Homicidio y Femicidio también les formuló cargos por los mismos delitos.

Actualmente, cinco personas permanecen vinculadas judicialmente al caso. Un juez de garantías validó la aprehensión y dictó detención provisional para los dos adultos, mientras que el Ministerio Público evalúa la situación jurídica de los menores.

El caso de Jafeth González involucra un ataque cometido por aparentes pasajeros que terminaron siendo los agresores del conductor.

La Fiscalía ha confirmado que los hechos ocurrieron durante la noche, cuando el universitario prestaba el servicio de transporte y recogió a los sospechosos, quienes, según las pesquisas, planearon el robo y la posterior privación de libertad.

El fiscal de Homicidio, Moisés Tuñón, coordina el operativo de búsqueda en las riberas del río Santa María, acompañado por rescatistas y fuerzas policiales. El equipo ha recorrido más de 12 kilómetros del cauce, desde el punto donde, según el testimonio, fue arrojado el cuerpo de González. El área supervisada colinda con localidades como Los Higos y Los Panamaes.

Durante estas labores, los rescatistas han enfrentado riesgos adicionales por la presencia de lagartos de gran tamaño. Esta situación pone en peligro tanto la integridad del equipo como la posibilidad de recuperar el cadáver, ya que existe el riesgo de que estos animales se alimenten de los restos.

Hasta el momento, la búsqueda no ha dado resultado. Las autoridades mantienen el despliegue junto con unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección de Investigación Judicial, peritos forenses, la Policía Nacional y familiares del joven desaparecido.

En otra información, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí, consiguió en audiencia de solicitudes múltiples la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano de 19 años de edad, por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado en perjuicio de un joven de 29 años de edad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción recabados en la investigación inicial, obteniendo que el juez de garantías avalara las solicitudes, entre ellas la detención para el imputado mientras continúan las diligencias que permitan esclarecer en su totalidad este hecho punible y dar con la aprehensión de otro involucrado.

Este hecho se registró en agosto de 2025 en la barriada Los Abanicos, sector Techos de Esperanza, cuando el imputado ingresó de manera violenta a una residencia y se apoderó de diversos bienes materiales. Una vez adentro, le disparó en el área del tórax al propietario del domicilio, ocasionándole la muerte.

El cáncer colorrectal representa una de las principales amenazas para la salud pública en América Latina y el Caribe, según los especialistas reunidos durante el XXX Congreso Centroamericano y del Caribe de Gastroenterología.

La ciudad de Panamá se convirtió en epicentro de la discusión internacional, al recibir a expertos de América Latina, Europa y Estados Unidos para analizar el avance de la enfermedad y las estrategias de respuesta regional.

En 2022, la incidencia del cáncer colorrectal alcanzó 16,9 casos por cada 100.000 habitantes y la mortalidad fue de 8,2 muertes por cada 100.000 en la región.

Aunque América del Norte reporta tasas de incidencia más altas, la mortalidad resulta casi idéntica, lo que señala serias brechas en el acceso al diagnóstico temprano y tratamientos oportunos en los países latinoamericanos.

Durante la inauguración, Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud de Panamá, subrayó la gravedad del escenario: “el cáncer colorrectal es uno de los de mayor impacto en nuestra población y uno de los primeros en mortalidad”, afirmó.

El funcionario defendió la necesidad de fortalecer la prevención y la detección precoz como principales herramientas para reducir la mortalidad.

El congreso se centró en la actualización médica, la prevención y la integración de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico.

También se abordaron temas relacionados con la nutrición, la microbiota intestinal y la salud digestiva infantil, ampliando el campo de discusión hacia una atención integral de las enfermedades gastrointestinales.

El cáncer, solo superado por las enfermedades cardiovasculares en impacto regional, generó más de 4,2 millones de nuevos diagnósticos en las Américas durante 2022, con 1,4 millones de muertes, el 45% de ellas en personas menores de 69 años.

Las proyecciones estiman que para 2045 los casos podrían aumentar a 6,7 millones, lo que refuerza la urgencia de actuar.

Los especialistas insistieron en que un tercio de los casos de cáncer pueden prevenirse mediante la reducción de factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física y una dieta poco saludable.

La detección precoz y el acceso a tratamientos adecuados marcan la diferencia en las posibilidades de curación.

La preocupación por la desigualdad en los sistemas de salud motivó a los participantes a pedir la ampliación de los programas de tamizaje y el aseguramiento de un acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento. La meta es reducir las diferencias que persisten tanto entre países como dentro de ellos.

El Ministerio de Salud de Panamá recalcó que “prevenir, detectar a tiempo y brindar atención de calidad” son acciones clave para mejorar la salud de la población y salvar vidas.

Desde la cartera sanitaria, se valoró la importancia de estos encuentros científicos para fortalecer las competencias del personal médico y facilitar la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías.

Durante las jornadas, los expertos coincidieron en que la educación y la prevención son aún los pilares más sólidos en la lucha contra el cáncer colorrectal y otras enfermedades digestivas.

El llamado fue a sostener un esfuerzo compartido y permanente entre los países para revertir las tendencias actuales y garantizar mejores resultados en salud pública en la región.

La agenda del congreso incluyó, además, los encuentros nacionales de Gastroenterología y Gastropediatría, impulsados por la Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva (Apged), que permitieron profundizar en los desafíos y oportunidades de la especialidad en el contexto latinoamericano.

La Apged es una asociación médico científico-académica, que agrupa a los médicos especialistas en gastroenterología del país y que dirige sus esfuerzos en mejorar y actualizar los conocimientos y habilidades de estos, para beneficios a priori de la sociedad en general. Más de 65 médicos gastroenterólogos son miembros activos de esa asociación.

Las recientes inspecciones realizadas en Isla Contadora, ubicada en al Pacífico panameño, han puesto en evidencia una serie de incumplimientos ambientales vinculados a proyectos de construcción y movimientos de tierra.

Funcionarios técnicos del Ministerio de Ambiente señalaron que la acumulación de estas infracciones afecta especialmente la frágil capacidad del territorio insular para soportar cargas ambientales.

Durante el operativo, las autoridades constataron la disposición inadecuada de escombros y la ausencia de permisos ambientales, lo que derivó en la imposición de sanciones inmediatas por un total de $7.280.

El hallazgo de materiales y residuos de construcción almacenados irregularmente, incluso en áreas próximas al lago de agua dulce que abastece a la comunidad, motivó la decisión de intervenir y reforzar la vigilancia ambiental.

De acuerdo con la directora Nacional de Verificación Ambiental, Marilyn García Paredes, el impacto ambiental en la isla no se limita a las obras individuales, sino que responde a una presión acumulativa generada por la simultaneidad de numerosos proyectos.

La funcionaria advirtió que “Contadora es un territorio insular, por lo que la suma de los impactos de estas actividades incrementa de forma grave los procesos de erosión, escorrentía y arrastre de sedimentos, residuos u otros materiales hacia quebradas, drenajes naturales, áreas costeras y finalmente hacia el medio marino”.

La institución ambiental ha ordenado la vigilancia permanente en el sitio, con la finalidad de garantizar que las actividades de construcción y movimiento de tierra solo se desarrollen bajo autorización previa y en estricto cumplimiento de la normativa.

Los técnicos realizaron verificaciones de campo y monitoreos de calidad ambiental, incluyendo la toma de muestras en cuerpos de agua, para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las medidas correctivas, preventivas o de mitigación necesarias.

Las inspecciones detectaron que el almacenamiento de materiales y la movilización de maquinaria pesada han incrementado la erosión y el riesgo de contaminación en zonas sensibles.

La presión generada por el desarrollo simultáneo de numerosos proyectos representa una amenaza para los recursos hídricos, los bosques secos y los ecosistemas marino-costeros de la isla.

El Ministerio de Ambiente ha enfatizado que no permitirá la utilización de áreas para la disposición de residuos de construcción fuera de la norma, especialmente cuando estas prácticas pongan en peligro cuerpos de agua o comunidades de flora y fauna.

Los responsables de las obras sancionadas deberán cumplir con las medidas ordenadas y asegurar la adecuada disposición de los materiales identificados.

Para responder a la pregunta sobre lo ocurrido en Isla Contadora, las autoridades indicaron que Inspectores ambientales detectaron violaciones a la normativa durante un operativo en la isla, lo que llevó a la imposición de sanciones económicas y a la orden de reforzar la fiscalización.

El objetivo, según se informó, es evitar que el desarrollo constructivo supere la capacidad ambiental del territorio y proteger los recursos naturales de la zona.

Contadora cobró relevancia mundial cuando a mediados de la década de 1970 fue escenario de un encuentro clave entre los entonces presidentes de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Alfonso López Michelsen, Daniel Oduber y Carlos Andrés Pérez, respectivamente, y el general panameño Omar Torrijos Herrera para analizar la política regional y los avances de las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos por la devolución del Canal de Panamá.

De esa cita surgió la llamada “Declaración de Contadora”, un documento que respaldó las aspiraciones de Panamá en el tema del Canal y expresó preocupación por el lento avance de las negociaciones con Estados Unidos.

La relevancia histórica de este territorio se suma ahora al desafío de equilibrar su desarrollo con la protección ambiental.

Las autoridades reiteran que mantendrán una fiscalización activa y un enfoque integral, destinado a asegurar que el crecimiento de la isla sea compatible con la conservación de sus ecosistemas y recursos estratégicos.

La reaparición de la tortuga baula en el Pacífico panameño marca un giro inesperado en la lucha por la preservación de esta especie.

El reciente hallazgo de nidos en la playa El Fondiaderito, cerca de Jaqué, provincia de Darién, rompe una sequía de casi diez años sin registros confirmados de anidación en la región y renueva el interés científico sobre la conservación marina en Panamá.

En lo que va de la temporada, se han detectado tres eventos de anidación en El Fondiaderito, un número que adquiere relevancia ante el drástico descenso de la población en las últimas décadas.

Un operativo conjunto de la comunidad local con organizaciones ambientalistas y el equipo técnico de MiAmbiente permitió trasladar 178 huevos a un vivero de incubación, estrategia destinada a protegerlos de depredadores, saqueos y erosión costera.

Durante casi una década, los investigadores no lograron confirmar la presencia de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) en las costas pacíficas de Panamá.

Aunque la especie sigue anidando en el Caribe panameño, su ausencia en el lado pacífico alertó sobre su estado crítico y aceleró la implementación de medidas de protección.

La tortuga baula enfrenta una combinación de riesgos en el Pacífico panameño: la pesca incidental, el saqueo de nidos, la contaminación por plásticos y luces artificiales y la depredación por fauna silvestre y perros vagabundos.

A esto se suman la erosión costera, el desarrollo sin planificación y los efectos del cambio climático, factores que han reducido drásticamente las áreas seguras de anidación.

La especie, la más grande entre las tortugas marinas, se encuentra catalogada en peligro crítico de extinción.

Según datos compartidos por la Fundación Agua y Tierra, los registros en la última década fueron escasos: solo se reportaron dos nidos en 2014 en Los Santos y otros dos entre 2014 y 2017 en Veraguas.

La población de la tortuga baula en el Pacífico Oriental Tropical ha caído más de un 95% desde la década de 1980. Actualmente, se estima que quedan menos de 500 hembras adultas en toda la región, de acuerdo con el biólogo Marino Ábrego, subdirector de la Dirección de Costas y Mares del ministerio ambiental.

Ante este panorama, las acciones para proteger a la especie se han intensificado. Ábrego señaló que se evalúan diferentes estrategias, entre ellas el Plan de Acción de la Red Laúd del Océano Pacífico Oriental, que propone medidas para reducir la mortalidad y proteger tanto nidos como crías.

En Panamá, proyectos como el liderado por la Fundación Leatherback Project han ampliado el conocimiento sobre las rutas migratorias y sitios de alimentación de la tortuga baula mediante el uso de transmisores satelitales.

Los resultados de este trabajo han impulsado la creación de refugios marinos y la promulgación de leyes que reconocen los Derechos de la Naturaleza para las tortugas marinas.

La temporada de anidación actual en El Fondiaderito representa una señal positiva para la biología de conservación en la región. Los huevos protegidos podrían dar lugar al nacimiento de nuevas tortugas durante los meses de septiembre y octubre, lo que supone una esperanza tangible para la recuperación de la especie en el Pacífico panameño.

Las autoridades y organizaciones involucradas mantienen la vigilancia y el monitoreo en las costas, conscientes de que cada nido confirmado aporta información valiosa y refuerza la urgencia de proteger a la tortuga baula, cuya existencia depende de la acción coordinada entre comunidades, científicos y entidades gubernamentales.

Las cinco especies de tortugas marinas presentes en Panamá: Lora o Golfina (Lepidochelys olivacea), Carey (Eretmochelys imbricata), Canal o baula (Dermochelys coriacea), Caguama o boba (Caretta caretta), Verde o prieta (Chelonia mydas).

Estas especies están en el Apéndice I de la Convención sobre el sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, (CITES) y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN).

Pese a que el país mantiene una percepción positiva en algunos indicadores, como lo muestra el nivel de confianza económica de 8,1 sobre 10 a julio de este año, la cautela comienza a ganar terreno entre el sector empresarial.

Es la observación que hace la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) sobre los recientes datos de la confianza económica en Panamá, que según argumenta invitan a una reflexión sobre el papel de las instituciones en la atracción de inversiones.

Un 22% de las empresas prevé aumentar su plantilla, aunque el porcentaje de quienes esperan crecer en ventas disminuyó en el último mes.

Este contraste evidencia que la decisión de invertir no depende solo de las oportunidades de mercado, sino también del entorno institucional.

Para las empresas que evalúan instalarse o expandirse en Panamá, el atractivo geográfico y la economía dolarizada no bastan, asegura el gremio empresarial, en una nota que lleva la firma de su presidente Alberto López Tom.

Afirma que los ejecutivos se preguntan si las leyes serán estables y si los contratos tendrán respaldo institucional en el futuro próximo. Añade que este tipo de preguntas revela que la confianza en las reglas del juego y en la capacidad de respuesta del Estado es tan relevante como las ventajas logísticas o financieras.

Al analizar el panorama institucional, la Apede sostiene que emergen dos caras. Por un lado, la ubicación estratégica y la plataforma logística posicionan a Panamá como un nodo global, mientras que por el otro lado las debilidades en la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción frenan el potencial de crecimiento.

El Índice de Estado de Derecho 2025 sitúa al país en el puesto 73 de 143 naciones, con una puntuación de 0,52 sobre 1. El mismo informe muestra una disparidad interna: Panamá figura entre los 50 primeros en gobierno abierto, pero cae al 105 en justicia penal.

La respuesta a por qué el país debe fortalecer sus instituciones radica, de acuerdo con el ente gremial, en la necesidad de garantizar seguridad jurídica y reglas predecibles para quienes desean invertir y generar empleo.

“Cuando las instituciones son sólidas, las compañías apuestan por el crecimiento y la reinversión. Si la confianza decae, el capital opta por alternativas más seguras”, puntualiza.

Para la Apede, la administración de justicia destaca como el principal punto débil. En ausencia de mecanismos efectivos para combatir la corrupción y asegurar una aplicación equitativa de las normas, la percepción de riesgo aumenta.

El Índice de Percepción de la Corrupción otorga a Panamá 33 puntos sobre 100, lejos del promedio continental de 42 y de los registros de Uruguay, Chile o Costa Rica.

El gremio ha impulsado la creación del Observatorio de Transparencia Judicial para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia, buscando cerrar la brecha entre las normas y su cumplimiento. El propósito, asegura, es contribuir a una institucionalidad que inspire confianza tanto a ciudadanos como a inversionistas.

Las recientes investigaciones en la Dirección General de Ingresos y los cambios en el Ministerio de Educación ilustran lo que ocurre cuando las instituciones no logran trascender los ciclos políticos. Los controles internos y la rendición de cuentas se convierten en prioridades, no solo para evitar irregularidades, sino para construir un entorno de estabilidad y previsibilidad.

En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá ocupa el puesto 63 entre 184 economías, una caída respecto al año anterior. El Índice de Calidad Institucional refleja una posición intermedia: 57 en instituciones económicas y 75 en políticas.

Estos resultados, manifiesta la Apede, confirman que, aunque el país se mantiene por encima del promedio latinoamericano en calidad institucional y democracia, la brecha con líderes regionales persiste.

La comparación con Uruguay, Chile y Costa Rica refuerza la idea de que la fortaleza institucional es clave para la competitividad. Países con sistemas más transparentes y predecibles atraen más inversiones y logran mejores resultados en innovación y empleo.

La asociación plantea que las instituciones deben ser más fuertes que las personas que las dirigen, impulsando el fortalecimiento del gobierno corporativo y la rendición de cuentas desde su propia estructura.

El país cuenta con bases sólidas, pero requiere instituciones capaces de garantizar continuidad, transparencia y reglas claras que trasciendan los ciclos políticos, de acuerdo con la Apede.

Machete en mano, un hombre arremetió presuntamente contra su madre dejándola mal herida en el sector de Las Brisas, en Changuinola, Bocas del Toro.

Una joven de 16 años que se encontraba en el lugar y que había intervenido para defenderla, también fue atacada por el sujeto, sufriendo heridas de consideración, reportó el diario Critica.

Cometido el hecho, el presunto agresor huyó hacia un área de plantaciones de banano, por lo que las autoridades mantienen la búsqueda para dar con su paradero.

En los últimos años, en Panamá se ha registrado una serie de casos especialmente graves de violencia ejercida por hijos e hijas contra sus madres, que van desde agresiones físicas reiteradas en el marco de la violencia doméstica hasta delitos de femicidio, homicidio doloso agravado y matricidio con extrema crueldad.

Aunque estos hechos continúan siendo minoritarios dentro del conjunto de las denuncias por violencia intrafamiliar, su impacto simbólico y social es muy alto, porque confrontan de forma directa la imagen cultural de la madre como figura de cuidado, protección y autoridad moral.

Además, revelan dinámicas profundas de deterioro de los vínculos familiares, abuso hacia personas mayores y reproducción de patrones violentos en la vida cotidiana.

Paralelamente, las estadísticas oficiales muestran un aumento significativo de las denuncias por violencia doméstica en el país, en las que las mujeres, incluidas las madres adultas mayores, continúan siendo las principales víctimas, y donde los agresores son con frecuencia parejas, exparejas, pero también hijos e hijas.

Un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres mayores en Panamá subraya que buena parte de las agresiones registradas contra mujeres de edad avanzada proviene precisamente de sus hijos e hijas, seguido de parejas y exparejas, y con frecuencia similar por parte de hermanos y hermanas.

Esta constatación coloca a los hijos como actores centrales en la violencia ejercida contra madres que ya se encuentran en una etapa especialmente vulnerable de la vida, donde dependen muchas veces del apoyo económico, afectivo y logístico de sus descendientes.

Al mismo tiempo, numerosos casos judicializados y reseñados en la prensa panameña muestran que las agresiones de hijos contra sus madres no se limitan a episodios de maltrato leve o discusiones familiares, sino que en una proporción relevante de situaciones derivan en lesiones graves, intentos de femicidio, homicidios consumados e incluso actos de extrema crueldad como la desmembración de los cuerpos.

Casos recientes incluyen el ataque perpetrado por Aarón Arracera Sam Wong, de 25 años, quien en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, apuñaló a su madre en cinco ocasiones con una tijera e intentó prenderle fuego, causándole quemaduras severas que la mantuvieron cuatro meses hospitalizada hasta su fallecimiento.

Otro caso fue el de una mujer de 36 años que asesinó a su madre en un apartamento de Residencial Parque del Este, en Juan Díaz, ciudad capital, perforándole los pulmones con un arma punzocortante y luego desmembrando el cuerpo con cuchillos y martillo. La mujer fue condenada a 30 años de prisión por homicidio doloso agravado

Uno de los episodios que impactó profundamente a la opinión pública fue el ocurrido en 2019 con un triple homicidio cometido en El Tecal de Arraiján, en el sector oeste del país, cuando Oscar González Cerrud, de 24 años, mató con un arma blanca a su madre, una reconocida docente universitaria, así como a su abuela de 75 años y a su hermanita de cuatro años.

Estos ejemplos, según fuentes criminalísticas y sociales, ilustran que las agresiones de hijos contra sus madres se sitúan en un rango que va desde la violencia doméstica con lesiones de corta o mediana duración, pasando por maltrato al adulto mayor, hasta el matricidio y el homicidio múltiple.

Para los especialistas, esto obliga a abordar la situación bajo un enfoque integral que combine la mirada penal, la perspectiva de género y la consideración de los factores psicosociales subyacentes.

Las autoridades panameñas aseguran que el Estado no abandonó la vigilancia en la mina Cobre Panamá tras su cierre.

Desde principios de 2024, indican que un equipo de más de doce científicos del Ministerio de Ambiente supervisa de manera permanente el sitio en Donoso, provincia de Colón. El seguimiento combina tecnologías como drones, laboratorios móviles y equipos de medición para controlar la calidad del agua, el suelo, el aire y la vida en los ríos aledaños.

El cierre formal del proyecto minero, decretado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a fines de 2023, intensificó, de acuerdo con el gobierno, la fiscalización y el monitoreo ambiental, publicando más de una docena de informes técnicos desde que inició este nuevo ciclo de vigilancia.

El gobierno continúa evaluando la situación de Cobre Panamá a través de una Comisión Interministerial, que estudia las dimensiones técnicas, económicas y ambientales del sitio.

La supervisión, coordinada desde la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), implica una presencia constante y un control detallado sobre los compromisos adquiridos por la empresa operadora.

Desde la suspensión de operaciones en la mina, el Estado dice haber mantenido un control riguroso para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales pendientes.

El equipo multidisciplinario, manifiesta, verifica en terreno que la compañía subsane los hallazgos detectados durante auditorías, especialmente en materia de reforestación, restauración ecológica y gestión de residuos.

“No basta con que la mina esté cerrada. Nuestra obligación es estar ahí, con ciencia y con rigor, verificando cada compromiso y exigiendo que se corrija lo que haga falta”, sostuvo Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

Enfatizó que la vigilancia no se limita a la revisión documental, sino que implica acciones de campo y el uso de herramientas científicas avanzadas.

La auditoría ambiental, elaborada por el equipo de MiAmbiente y complementada con informes internos de la Societé Generale de Surveillance (SGS) y Dirección Forestal, constató el cumplimiento de una parte significativa de los requerimientos, aunque identificó áreas críticas que requieren acciones correctivas inmediatas.

Según la nota oficial, la institución exige la corrección y verifica la implementación de cada subsanación, manteniendo una comunicación formal y constante con la empresa responsable.

El seguimiento a los compromisos de reforestación detalla que permanecen pendientes 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto y 3,100 hectáreas dentro de la misma. El ministerio demanda su cumplimiento mediante reforestación directa o compensación monetaria, siempre con la conformidad técnica validada en campo.

La restauración ambiental va más allá de plantar árboles. El Estado exige que la empresa demuestre la efectividad de las medidas de control de erosión y sedimentos, la calidad del agua, la recuperación de ecosistemas acuáticos y la creación de corredores para la fauna. Estas acciones deben probarse con indicadores específicos, metas cuantificables y verificaciones periódicas en sitio.

En cuanto a los incumplimientos históricos, se afirma que la vigilancia gubernamental sigue centrada en temas como el manejo del drenaje ácido, la erosión, la disposición de llantas usadas, el sistema de conducción de relaves, las descargas de aguas, la reutilización de aguas tratadas y la capacidad de almacenamiento de pozas de contacto.

Aunque algunos aspectos han sido objeto de procesos administrativos y sanciones, el ministerio reconoce que aún quedan pendientes varias correcciones demostrables.

El trabajo del equipo científico del Ministerio de Ambiente se inscribe en un contexto institucional más amplio, bajo la coordinación de una comisión interministerial creada en junio de 2026.

Dicha comisión, encabezada por el ministro de Comercio e Industrias e integrada por sus homólogos de Ambiente y Economía, concentra sus esfuerzos en analizar los resultados de la auditoría y garantizar la protección ambiental en el área.

Mientras existan obligaciones ambientales pendientes en la mina de Donoso, el Estado panameño menciona que mantendrá una presencia ininterrumpida en el terreno, respaldada por ciencia y tecnología, hasta que todas las correcciones sean efectivas y comprobables.

Las ventas de autos nuevos en Panamá alcanzaron 31.222 unidades durante el primer semestre de 2026, un aumento de 10,6% frente a los 28.230 vehículos inscritos entre enero y junio de 2025.

En términos absolutos, el mercado incorporó 2.992 unidades adicionales en un año, según las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General.

El crecimiento acumulado se mantuvo pese a que junio cerró con 4.533 vehículos nuevos, 0,4% menos que los 4.551 del mismo mes de 2025.

El comportamiento confirma una moderación después del fuerte avance registrado en marzo, cuando las inscripciones alcanzaron 6.473 unidades y aumentaron 42,5% interanual, el mejor resultado mensual del semestre.

Las SUV continúan siendo el segmento dominante del mercado panameño, con 17.500 unidades inscritas hasta junio, frente a 15.671 durante igual periodo de 2025.

El crecimiento fue de 11,7% y significa que aproximadamente 56 de cada 100 vehículos nuevos vendidos en Panamá pertenecen a esta categoría, según las estadísticas oficiales.

Los automóviles regulares —categoría que incluye sedanes, coupés, camionetas y hatchbacks— mostraron el mayor crecimiento entre los segmentos de alto volumen, con un avance de 19,4%.

Las ventas pasaron de 5.218 a 6.228 unidades, mientras los pick ups aumentaron 7,9%, al subir de 3.909 a 4.218 vehículos durante el mismo periodo.

También avanzaron los vehículos de lujo, aunque a un ritmo menor. Entre enero y junio se inscribieron 1.199 unidades, 4,1% más que las 1.152 registradas un año antes.

Los paneles crecieron 9,1%, hasta alcanzar 565 unidades, mientras otros segmentos vinculados al transporte comercial mostraron retrocesos durante el semestre.

Las minivans registraron una caída de 21,5%, al pasar de 441 a 346 unidades, mientras los buses disminuyeron 26,1%, de 341 a 252 vehículos. Los camiones también retrocedieron 6,7%, con 914 unidades, frente a 980 un año antes, lo que evidencia un comportamiento más débil en algunas categorías comerciales frente al dinamismo del consumo particular.

Por marcas, Toyota mantuvo el liderazgo nacional durante el primer semestre. Sin embargo, el avance de los fabricantes chinos sigue modificando la competencia.

Geely, Jetour y Changan aparecen entre las siete marcas con mayores ventas del país, mientras otras firmas de ese origen continúan ampliando su presencia. Al mismo tiempo, Hyundai y Kia conservaron una participación significativa, apoyadas en modelos que figuran entre los más vendidos del semestre.

El mercado había cerrado 2025 con 60.233 vehículos nuevos vendidos, 10,8% más que en 2024, y la industria comenzó 2026 proyectando alrededor de 63.000 unidades para todo el año.

Con un crecimiento de 10,6% al cierre de junio, el desempeño del primer semestre mantiene abierta la posibilidad de superar esa previsión, aunque el ritmo se moderó durante los últimos meses.

Hasta ahora, las cifras muestran que el mercado mantiene una expansión sostenida, con las SUV dominando las preferencias y una competencia cada vez mayor entre fabricantes japoneses, coreanos y chinos.

Las cifras del mercado tradicional no incluyen las ventas de vehículos 100% eléctricos, cuya penetración continúa siendo baja en Panamá frente a otros mercados de la región.

Entre enero y abril de 2026 se comercializaron 283 unidades eléctricas (BEV), equivalentes a alrededor del 1,3% de las ventas reportadas, una participación que se ha mantenido cercana al 1% durante los últimos años. Como referencia regional, en Costa Rica los eléctricos alcanzan alrededor del 17% del mercado, una diferencia que evidencia el rezago que todavía mantiene Panamá en la adopción de esta tecnología.

Hacia adelante, voces dela industria prevén que el desempeño dependerá de tres factores principales: disponibilidad de inventario, condiciones de crédito y confianza del consumidor. El financiamiento seguirá siendo clave, porque una parte importante de las compras de autos nuevos se realiza mediante préstamos bancarios o planes ofrecidos por financieras vinculadas a las agencias.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) emitió una nueva alerta sanitaria relacionada con medicamentos utilizados en tratamientos metabólicos y de control del peso, esta vez por la falsificación de Mounjaro (tirzepatida).

La advertencia se conoce un día después de otra alerta por más de una decena de productos no autorizados, promocionados principalmente por internet y redes sociales para adelgazar o tratar la obesidad.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD) informó que mantiene vigilancia sobre la comercialización de medicamentos en el país tras recibir información sobre la detección de un Mounjaro falsificado.

El producto involucrado corresponde a una solución inyectable de tirzepatida identificada con el lote D881474, con fecha de vencimiento en abril de 2027.

La tirzepatida es el principio activo de Mounjaro y se utiliza bajo prescripción médica para mejorar el control de la glucosa en adultos con diabetes tipo 2. La molécula también se emplea en tratamientos autorizados para el control crónico del peso bajo indicaciones y presentaciones específicas.

En términos farmacéuticos, la alerta describe el producto como una solución parenteral de pequeño volumen, es decir, un medicamento estéril administrado mediante inyección.

La alerta se originó en Brasil, donde la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recibió el reporte del fabricante Eli Lilly do Brasil Ltda. sobre la irregularidad.

Durante la verificación se detectó que el dispositivo falsificado presenta un número de serie que no coincide con el registrado en su cartucho original, una diferencia que permitió identificar el producto como falso.

Farmacia y Drogas precisó que la unidad falsificada incluida específicamente en esta alerta no se encuentra registrada en Panamá. Ante el riesgo de que pueda ser ofrecida por canales irregulares, el Minsa pidió no comprar ni utilizar productos con las características descritas y adquirir medicamentos exclusivamente en establecimientos y mediante distribuidores formalmente autorizados.

La nueva advertencia se conoce apenas un día después de otra alerta sanitaria por productos promocionados para perder peso. En ese caso, Farmacia y Drogas identificó distintas presentaciones de tirzepatida, retatrutida, péptidos y soluciones inyectables que no cuentan con registro sanitario para su comercialización en Panamá, principalmente ofrecidas mediante plataformas digitales.

Entre los productos señalados aparecen Tirzepatide injection 10 mg y diferentes presentaciones de Retatrutide R10, R20 y R30, además de GHK-Cu peptide solution, LIPO-C + B12 y NAD+ 10 mg/mL.

El listado también incorpora DSIP, Selank 10, Semax 10, PT-141 10 e Ipamorelin IPA10, junto con CJC-1295 no DAC10, BPC-157 10, GHK-CU50 y TB-500 10.

Aquella alerta tuvo su origen en Colombia, después de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicara dos advertencias consecutivas, los días 23 y 24 de junio de 2026.

La preocupación estaba relacionada con productos ofrecidos sin garantías sobre su composición, calidad, seguridad o eficacia, una situación que posteriormente llevó a las autoridades panameñas a replicar la advertencia.

Entre las sustancias mencionadas se encuentra la retatrutida, una molécula experimental investigada como posible tratamiento contra la obesidad que actúa sobre tres receptores vinculados con la regulación metabólica: GLP-1, GIP y glucagón.

A diferencia de medicamentos autorizados con tirzepatida, la retatrutida todavía no cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La FDA ha advertido que la retatrutida no forma parte actualmente de ningún medicamento aprobado y que su seguridad y eficacia no han sido establecidas para ninguna enfermedad o condición.

En marzo de 2026, la agencia también tomó medidas contra un vendedor que ofrecía retatrutida por internet, dentro de sus acciones contra la comercialización de medicamentos nuevos no aprobados.

La situación es distinta con la tirzepatida, porque sí existen medicamentos con esta sustancia que cuentan con autorizaciones regulatorias para indicaciones determinadas.

Sin embargo, esa condición no significa que cualquier producto vendido bajo ese nombre sea legítimo, especialmente cuando su procedencia, concentración, fabricación o condiciones de conservación no pueden ser verificadas.

Las dos alertas consecutivas vuelven a poner el foco sobre la comercialización irregular de medicamentos vinculados con diabetes, obesidad y control del peso. Cuando estos productos proceden de canales informales, las autoridades advierten que no existe certeza sobre el ingrediente que contienen, su dosis, esterilidad o condiciones de almacenamiento, factores especialmente relevantes cuando se trata de sustancias inyectables.

El Minsa recomendó por ello adquirir medicamentos únicamente mediante canales formales y autorizados, además de verificar que los productos comercializados cuenten con los permisos correspondientes en Panamá.

La institución también pidió reportar establecimientos, personas o puntos de venta que pudieran estar ofreciendo el Mounjaro falsificado o productos irregulares relacionados con las alertas sanitarias.

Las denuncias sobre la comercialización del producto pueden realizarse a través de la línea 501-0306 habilitada por las autoridades sanitarias. Farmacia y Drogas reiteró que mantiene la vigilancia del mercado para identificar medicamentos falsificados o no autorizados y reducir los riesgos derivados del consumo de productos cuya calidad, seguridad y procedencia no están garantizadas.

Solo dos proponentes presentaron ofertas para construir el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, una obra que el Gobierno de Panamá mantiene en marcha pese al rechazo de residentes y autoridades locales de Santa María, en Herrera.

El proyecto tiene un precio de referencia de $177.2 millones y será desarrollado en el corregimiento de Los Canelos.

La oferta más baja fue presentada por Constructora Rigservices, S.A., por $181,188,813, mientras que el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos propuso $181,629,000.

Las dos propuestas fueron aceptadas durante el acto de apertura y pasaron a la etapa de revisión documental, técnica y financiera.

Entre ambas ofertas existe una diferencia de apenas $440,187, equivalente a alrededor de 0.24%. La propuesta de Rigservices supera el precio de referencia en cerca de $3.99 millones y la del consorcio en aproximadamente $4.43 millones, pero ninguna rebasa el límite de $186.06 millones establecido para considerar una oferta onerosa.

El Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos está integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. y Latinoamericana de Infraestructura, S.A.

La primera ya figuraba entre las empresas que habían participado en las etapas previas de la licitación y había mostrado interés antes de la presentación formal de las propuestas.

De numerosas interesadas a solo dos propuestas

La competencia final contrasta con el interés registrado durante la preparación del acto. Dieciocho empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión previa, entre ellas Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, CTL Ingeniería, Global Delfos International y Constructora de León.

También habían mostrado interés Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance, Negocios Triple RRR, Impex Comercial y Centroequipos, además de Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros.

Sin embargo, cuando venció el plazo el 13 de agosto, la competencia efectiva quedó reducida a dos proponentes, cuyas ofertas fueron presentadas electrónicamente en Panamá Compra.

Antes de la entrega de propuestas, el Ministerio de Gobierno volvió a modificar requisitos financieros, técnicos y de experiencia mediante una segunda adenda.

Uno de los ajustes más relevantes estuvo relacionado con el capital de trabajo que debían acreditar las empresas interesadas, una condición que fue flexibilizada respecto de la versión anterior.

Con la primera adenda, los participantes debían demostrar que la suma del capital de trabajo de 2024 y 2025 alcanzara al menos 50% del precio de referencia, equivalente a unos $88.6 millones. En la versión definitiva, el cálculo quedó limitado al estado financiero de 2025 y el monto mínimo exigido se redujo a $50 millones.

También se modificó la forma de acreditar experiencia obtenida mediante consorcios anteriores. La versión previa exigía que la empresa hubiera mantenido una participación superior al 50% para utilizar un proyecto como experiencia, mientras que el último pliego permitió hacerlo con una participación igual o superior al 50%. La experiencia obtenida como subcontratista quedó excluida.

Los oferentes debían presentar además cinco certificaciones de experiencia empresarial: dos correspondientes a proyectos de alta complejidad por montos iguales o superiores a $100 millones y otras tres relacionadas con infraestructuras de seguridad.

Entre ellas podían incluirse centros penitenciarios, estaciones policiales, centros de detención, instalaciones militares o edificios gubernamentales de acceso restringido.

Otro cambio alcanzó al personal técnico presentado por los participantes. En la versión anterior, arquitectos, diseñadores estructurales, gerentes de proyectos y residentes debían acreditar experiencia dentro de los últimos 10 años.

El documento definitivo amplió ese periodo a 15 años contados desde la obtención de la idoneidad, permitiendo considerar una trayectoria profesional más extensa.

La segunda adenda también precisó cómo debía sustentarse esa experiencia profesional. Se permitió utilizar planos y notas notarizadas emitidas por empresas o empleadores, en las que debía constar el cargo desempeñado, el periodo de participación y el proyecto correspondiente, documentación que formó parte de los requisitos evaluables en las propuestas.

En las referencias comerciales, los participantes debían acreditar líneas de crédito de proveedores equivalentes al menos al 5% del precio de referencia. Aunque ya era posible presentar hasta tres cartas, el último documento precisó que, en caso de consorcios, cualquiera de sus integrantes podía aportar esas referencias para cumplir el requisito.

Una cárcel para 3.000 privados de libertad

El proyecto tendrá un plazo de ejecución estimado de 36 meses desde la orden de proceder. Ese periodo incluye estudios preliminares, anteproyecto, planos, evaluación ambiental, preparación del terreno, movimiento de tierra, construcción, suministro de equipos, puesta en marcha y capacitación del personal que operará las instalaciones.

El complejo tendrá capacidad referencial para hasta 3.000 privados de libertad y contará con áreas de mínima, media y alta seguridad, además de instalaciones administrativas, educativas, médicas, industriales y de custodia.

El diseño incorpora tres anillos de seguridad, videovigilancia, controles biométricos y sistemas de inspección, entre otros componentes.

La licitación avanza mientras residentes y autoridades locales mantienen su rechazo a la construcción del complejo en Los Canelos.

La comunidad ha planteado que una inversión de esa magnitud debería priorizar agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y proyectos productivos, además de advertir sobre el impacto que una cárcel de esta escala podría tener sobre la identidad agrícola y comercial de Santa María.

Pese a esas objeciones, el Gobierno ha continuado con el proceso para desarrollar el nuevo complejo penitenciario. Con las dos ofertas ya recibidas, corresponde ahora verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas antes de una eventual adjudicación de una de las mayores inversiones en infraestructura penitenciaria actualmente previstas en Panamá.

Panamá registró 693 extranjeros detenidos por infringir la legislación nacional entre enero y julio de 2026, según cifras preliminares del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Del total, 580 corresponden a hombres y 113 a mujeres, equivalentes al 84% y 16%, respectivamente, mientras las autoridades mantienen controles en aeropuertos y pasos fronterizos para detectar personas con antecedentes o documentación irregular.

Las principales causas de detención fueron el ingreso irregular al país y la permanencia con estadía vencida, con 223 casos cada una. Otros 195 extranjeros fueron remitidos por cumplimiento de pena, mientras 14 registraron antecedentes penales, nueve quedaron bajo investigación o verificación y siete tenían impedimentos.

También aparecen cinco casos por tráfico de personas y otros 17 asociados a diferentes causales.

El comportamiento mensual muestra que enero registró la mayor cantidad, con 147 extranjeros detenidos, seguido de mayo con 141. Abril y junio contabilizaron 97 cada uno, febrero y julio sumaron 75 respectivamente y marzo registró 61.

Por nacionalidad, los ciudadanos colombianos representan casi la mitad del total, con 342 de los 693 detenidos, equivalentes a aproximadamente 49%. Nicaragua aparece en segundo lugar con 132 casos y Venezuela con 92, mientras Ecuador acumuló 26, El Salvador 16 y República Dominicana 11.

Honduras y México registraron nueve cada uno y otras nacionalidades sumaron 56.

Las estadísticas también muestran una mayor concentración entre adultos jóvenes. El grupo de 28 a 37 años acumuló 252 detenidos, la cifra más alta del periodo, seguido de las personas entre 18 y 27 años, con 166. Otras 145 tenían entre 38 y 47 años, mientras 73 estaban en el rango de 48 a 57 y 34 entre 58 y 67 años.

Los controles migratorios han derivado además durante los últimos días en varias inadmisiones de extranjeros que intentaban entrar o transitar por Panamá.

En uno de los casos más recientes, un ciudadano estadounidense con una condena por un delito sexual cometido contra una persona menor de edad fue detectado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, después de arribar procedente de México.

El Servicio Nacional de Migración informó que al ciudadano estadounidense se le negó el ingreso al territorio panameño tras las verificaciones realizadas por sus inspectores.

Las autoridades ordenaron posteriormente su devolución a Estados Unidos, como parte de los controles aplicados a pasajeros que presentan antecedentes incompatibles con los requisitos establecidos para ingresar al país.

En Tocumen también fueron detectados dos pasajeros de nacionalidad china que intentaron ingresar utilizando documentación fraudulenta. Durante las verificaciones, los inspectores determinaron que los viajeros presentaban documentos de Singapur y Corea que no eran auténticos, por lo que Migración rechazó su entrada y aplicó las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente.

Otro procedimiento realizado en la principal terminal aérea panameña involucró a un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Los inspectores migratorios impidieron que continuara su tránsito después de confirmar que mantenía antecedentes por hurto, de acuerdo con la información divulgada por el Servicio Nacional de Migración.

Los controles no se limitan al Aeropuerto Internacional de Tocumen. En Panamá Pacífico, dos ciudadanos colombianos procedentes de Medellín y Cali fueron inadmitidos recientemente, después de que las verificaciones determinaran que ambos mantenían antecedentes penales por hurto agravado. Migración rechazó su ingreso al territorio nacional y ordenó posteriormente su retorno a Colombia.

En la frontera terrestre con Costa Rica también fue detectado un ciudadano costarricense que mantenía una orden de captura y antecedentes penales. El procedimiento se realizó en el Puente Binacional de Bocas del Toro, donde las unidades migratorias le negaron la entrada y dispusieron su devolución a territorio costarricense, según informó la institución el 21 de agosto.

La estadística revela además que 446 de las 693 detenciones estuvieron relacionadas directamente con ingreso irregular o estadía vencida, lo que representa cerca de dos terceras partes del total.

A estas se suman los extranjeros remitidos para cumplimiento de pena y otras causales, mientras los controles en fronteras y terminales aéreas funcionan como un filtro previo para impedir determinadas entradas al territorio nacional.

Entre enero y julio de 2026, Panamá registró 3.922 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, un incremento de 16% frente a las 3.393 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que 529 casos adicionales fueron reportados en los primeros siete meses del año, con aumentos particularmente elevados en algunos delitos relacionados con menores de edad.

Del total registrado este año, 3.596 denuncias corresponden al capítulo de violación y otros delitos sexuales, mientras otras 326 están relacionadas con corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas.

Solo durante julio ingresaron 706 denuncias, la cifra mensual más alta del periodo analizado, después de las 685 contabilizadas en mayo y las 551 de junio.

La conducta con más denuncias fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1.482 casos hasta julio. Esta categoría registró un aumento de 35% frente a las 1.097 denuncias del mismo periodo de 2025, convirtiéndose además en una de las que más contribuyó al crecimiento observado durante este año.

Las denuncias por violación alcanzaron 1.307 casos, frente a 1.295 reportados un año antes, una variación de 0,9%. Los actos libidinosos aumentaron 13%, al pasar de 561 a 633, mientras la corrupción de personas menores de edad creció 25%, desde 181 denuncias en 2025 hasta 226 en los primeros siete meses de 2026.

Uno de los mayores incrementos porcentuales se produjo en las denuncias por pornografía infantil, que aumentaron 62%, al pasar de 34 a 55.

La exhibición de materiales pornográficos a menores de edad incapaces o con discapacidad pasó de cuatro a seis casos, un crecimiento de 50%, aunque se trata de cantidades considerablemente menores dentro del total nacional.

Por áreas geográficas, Panamá concentró 804 denuncias y registró un aumento de 25% respecto a 2025, cuando acumulaba 641. Le siguieron Chiriquí, con 575 casos; Panamá Oeste, con 524; y la comarca Ngäbe Buglé, con 494. Bocas del Toro contabilizó 381 denuncias y Veraguas otras 250, según el informe estadístico.

Los mayores aumentos porcentuales territoriales aparecen en Guna Yala, donde las denuncias crecieron 89%, de 18 a 34 casos, seguida de Herrera, con un incremento de 40%, y la comarca Ngäbe Buglé, con 31%. Darién registró un alza de 23% y Panamá Oeste de 18%, mientras Los Santos y la comarca Emberá mostraron disminuciones de 8% y 46%, respectivamente.

Condenado a 34 años por atraer a víctimas con falsas ofertas laborales

En medio de estas cifras, un hombre de 18 años fue condenado a 34 años de prisión por robo agravado y delitos sexuales cometidos contra tres víctimas en San Miguelito.

La sentencia se alcanzó mediante un acuerdo de pena gestionado por las secciones Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico y Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, informó el Ministerio Público.

Los tres hechos ocurrieron el 5 y 22 de octubre y el 9 de noviembre de 2025, bajo una modalidad que utilizaba falsas oportunidades de empleo publicadas en internet. Las víctimas eran convocadas en el corregimiento de Victoriano Lorenzo para supuestas entrevistas laborales como saloneras, masajistas y otras actividades afines, de acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación.

Después de encontrarse inicialmente en un lugar público, las víctimas eran conducidas hacia otro sector, donde el ahora condenado actuaba junto con otros sujetos. Mediante el uso de armas de fuego, las despojaban de sus pertenencias y posteriormente eran víctimas de delitos sexuales, según la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público.

La modalidad incorporaba además la grabación de las agresiones sexuales para posteriormente extorsionar a las víctimas. Otros integrantes del grupo registraban los hechos en video y posteriormente las amenazaban con divulgar las imágenes a través de redes sociales si acudían ante las autoridades para presentar las denuncias, según detalló la Procuraduría.

San Miguelito acumula durante 2026 189 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 172 corresponden a violación y otros delitos sexuales y 17 a corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas.

Entre ellas aparecen 75 casos por acceso sexual con personas de entre 14 y 17 años, 51 denuncias por violación y 36 por actos libidinosos.

En comparación con los primeros siete meses de 2025, cuando fueron contabilizados 176 casos, las denuncias en San Miguelito aumentaron 7% hasta alcanzar las 189. El Ministerio Público advierte que las estadísticas de 2026 son preliminares y pueden variar conforme avancen los procesos investigativos desarrollados por los fiscales de la institución.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) aumentó de $20 millones a $25 millones el precio de referencia para la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en Isla Colón, Bocas del Toro.

El ajuste representa un incremento de $5 millones, equivalente al 25%, y fue autorizado por la Junta Directiva mediante la Resolución n.° 046 del 24 de julio de 2026.

La revisión respondió a condiciones técnicas, logísticas y económicas asociadas con la ejecución de las obras. Entre ellas figuran el costo de materiales, la disponibilidad de mano de obra especializada, el traslado marítimo de equipos e insumos y las restricciones operativas de construir dentro de un aeropuerto que deberá continuar funcionando durante los trabajos.

La licitación contempla un plazo de 24 meses para completar una transformación integral del aeródromo, que incluye estudios, diseño, aprobación de planos y construcción.

Las propuestas deberán presentarse el 24 de septiembre y podrán ubicarse hasta 20% por encima del precio oficial de referencia, aunque la adjudicación también estará condicionada por la evaluación técnica establecida en el pliego.

Uno de los principales cambios será la construcción de una nueva terminal aérea de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, que sustituirá las instalaciones existentes.

Contará con áreas de migración y aduanas, facturación, salas de espera y embarque, comercios, cafeterías, recogida de equipajes y espacios para aerolíneas y personal aeroportuario, además de servicios para vuelos nacionales e internacionales.

La nueva infraestructura se levantará en el extremo opuesto a la ubicación de la terminal actual, dentro de los terrenos incorporados previamente para expandir el aeropuerto.

Para disponer del espacio requerido, la AAC gestionó la adquisición por $6 millones de una finca de aproximadamente 13 hectáreas, destinada a incrementar la capacidad instalada y permitir el desarrollo de las nuevas infraestructuras.

La pista, rehabilitada en 2018, tiene actualmente 1.500 metros de longitud y 25 metros de ancho, dimensiones que limitan las operaciones de aeronaves de mayor tamaño. El proyecto establece ampliar 2,5 metros a cada lado para alcanzar 30 metros de ancho, además de adecuar pavimentos y zonas de seguridad para aeronaves como Fokker 50 y Dash 8 Q400.

También se construirán una nueva calle de rodaje y una plataforma para aumentar la capacidad operacional, junto con sistemas PAPI LED y mejoras al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.

El proyecto incorpora además estacionamientos, una nueva vía de acceso, drenajes, planta de tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de agua y cercado perimetral.

La transformación busca igualmente mejorar la articulación entre el transporte aéreo y acuático, un aspecto relevante para un archipiélago donde hoteles, alojamientos y atractivos turísticos están distribuidos entre distintas islas.

El pliego señala que las instalaciones deberán disponer de facilidades para recibir sistemas de transporte aéreo y acuático de mayor magnitud, permitiendo movilizar una mayor cantidad de personas.

Esa característica responde a la dinámica de Bocas del Toro, donde muchos viajeros que aterrizan en Isla Colón continúan posteriormente su recorrido por vía marítima hacia otras zonas del archipiélago.

El documento no identifica expresamente la construcción de un nuevo muelle, pero sí incorpora la conexión con el transporte acuático dentro de los objetivos de la modernización de las instalaciones aeroportuarias.

Las obras deberán desarrollarse sin detener las operaciones regulares del José Ezequiel Hall, lo que supone otro desafío para el contratista. Las excavaciones, rellenos, nivelaciones y demás intervenciones tendrán que coordinarse para reducir las afectaciones al movimiento de aeronaves, pasajeros y servicios aeroportuarios, mientras se ejecutan las distintas etapas del proyecto.

Uno de los problemas que enfrenta actualmente el aeropuerto es el paso de residentes por áreas vinculadas a la pista para desplazarse entre comunidades cercanas. Esta situación se produce por la configuración del aeródromo y su relación con los sectores poblados circundantes, generando un riesgo de seguridad que la reorganización de accesos y el nuevo cerramiento perimetral buscan reducir.

La intervención incluye precisamente un nuevo cercado perimetral, garitas de seguridad y una reorganización de los accesos al aeropuerto. También se prevén mejoras a la torre de control y la demolición de la terminal existente, como parte de una transformación dirigida a cumplir estándares internacionales y avanzar hacia la certificación del aeródromo.

La inversión adquiere especial importancia por el peso del turismo en la economía de Bocas del Toro. Los documentos de la AAC calculan que la provincia recibe aproximadamente 100.000 visitantes anuales y que la actividad genera alrededor de $50 millones cada año, pese a que junio, julio y agosto son considerados meses de temporada baja.

La AAC reconoce que la infraestructura actual resulta insuficiente frente al crecimiento de la demanda turística y al interés por operar aeronaves de mayor capacidad. La nueva terminal estará preparada para atender simultáneamente pasajeros de llegada y salida, mientras la ampliación de pista, plataforma y demás instalaciones busca aumentar la capacidad y seguridad operacional del principal acceso aéreo al archipiélago.

El proyecto también reserva 1.350 metros cuadrados para una futura estación de combustible, una infraestructura relevante para fortalecer la operación del nuevo aeropuerto. El contratista deberá dejar preparada el área con servicios de agua, electricidad, drenajes, sistema sanitario, voz y data, además de iluminación antiexplosiva y medidas especiales de seguridad para el manejo de hidrocarburos.

La planificación contempla igualmente espacios para tanques de combustible y sistemas de separación de hidrocarburos, con el objetivo de reducir riesgos de contaminación y mejorar las condiciones para el abastecimiento de aeronaves en Isla Colón.

Este corresponde al segundo llamado a licitación para la construcción del nuevo aeropuerto, luego de que el primer acto fuera cancelado tras las múltiples solicitudes y observaciones planteadas por las empresas interesadas.

En aquel proceso mostraron interés ocho compañías: Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Toronto Global Holding Corp., Ininco, S.A. y Equibal, S.A., además de Federal Security Services, S.A., Constructora 33, S.A., Empresa Constructora CUMO, S.A. y Constructora Rodsa, S.A., cuyos representantes formularon consultas técnicas, administrativas y financieras sobre el pliego de cargos antes de la etapa prevista para la presentación de propuestas.

Cinco personas vinculadas a la Operación Jericó fueron declaradas penalmente responsables luego de que una jueza validara acuerdos de pena alcanzados entre el Ministerio Público y sus defensas.

Las condenas corresponden a delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, dentro de una de las investigaciones contra el narcotráfico de mayor alcance desarrolladas en Panamá.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, emitió la Sentencia n.° 1505 del 21 de agosto de 2026.

Uno de los condenados, recluido en el centro penitenciario La Joya, recibió 68 meses de prisión, mientras otro, detenido en un centro penitenciario de Chiriquí, fue sentenciado a 62 meses. Ambos deberán pagar además una multa de $250 al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

La defensa del condenado a 68 meses, ejercida por el abogado Antony Cantos, solicitó sustituir la prisión por detención domiciliaria debido a razones de salud. La jueza rechazó la petición porque no se presentó oficialmente un informe médico que la sustentara. La defensa apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 8 de septiembre de 2026, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del edificio Fortuna.

Para los otros tres implicados, los acuerdos establecieron penas principales de 60 meses de prisión y multas de $500, pagaderas al Tesoro Nacional en un año.

Sin embargo, el tribunal sustituyó las condenas de cárcel por trabajo comunitario no remunerado en juntas comunales, que deberán cumplir un día por semana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., además de reportarse los días 15 y 30 de cada mes.

Con estos cinco acuerdos, el expediente continúa para otros 17 imputados que deberán enfrentar la etapa intermedia, entre ellos Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La audiencia intermedia del caso fue reprogramada para febrero de 2027, etapa en la que deberá discutirse la acusación y las pruebas que eventualmente serían llevadas a juicio.

Rico Pineda es una de las figuras de mayor exposición pública dentro de Jericó. La Fiscalía lo vinculó al presunto delito de blanqueo de capitales mediante estructuras empresariales, mientras las investigaciones identificaron sociedades que presuntamente habrían permitido movilizar y estratificar dinero procedente de actividades ilícitas.

Actualmente mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario, después de haber permanecido en detención provisional.

Entre las sociedades investigadas aparece Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que había mantenido contratos con entidades públicas.

Durante las investigaciones, fiscales expusieron que el hijo del diputado contaba con varias empresas y que una de las sociedades habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, uno de los componentes financieros que las autoridades intentan probar dentro del expediente.

La investigación de la Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023, cuando las autoridades identificaron una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Las diligencias posteriores incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, análisis de rutas y pesquisas sobre empresas y bienes, hasta desembocar en allanamientos y capturas en diferentes puntos del territorio nacional.

Los operativos alcanzaron las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos, con más de 50 allanamientos.

Las autoridades reportaron la aprehensión de al menos 31 personas y el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas y más de $300.000 en efectivo, además de vehículos, armas de fuego y otros bienes relacionados con la investigación.

La estructura investigada habría recibido droga procedente de Colombia mediante lanchas rápidas y embarcaciones de pesca artesanal, principalmente por sectores de Guna Yala y Darién.

Posteriormente, cargamentos eran movilizados mediante mochileros hasta puntos de acopio y trasladados en vehículos hacia San Miguelito y Juan Díaz, donde se habrían utilizado automóviles modificados con dobles fondos para continuar el recorrido hacia Chiriquí, Costa Rica y finalmente México.

Otro movimiento reciente dentro del expediente fue la extradición desde Colombia de Néstor Sánchez, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la organización.

Tras su llegada a Panamá quedó detenido provisionalmente después de que se le imputaran cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, reforzando la dimensión internacional de una investigación que ha requerido cooperación con autoridades de otros países.

En la audiencia en la que se validaron los cinco acuerdos participó el fiscal Julio Campines en representación del Ministerio Público, mientras las defensas particulares estuvieron a cargo de Cecilia Ramos, Agustín Martínez, Antony Cantos y Jean Carlos Cerrud.

Con las primeras condenas ya dictadas, el proceso continuará ahora respecto de los restantes acusados, mientras avanzan las actuaciones judiciales derivadas de la investigación iniciada hace más de tres años.

Panamá atraviesa este viernes y sábado un episodio de temperaturas y sensaciones térmicas elevadas, con máximas de entre 32 °C y 36 °C y sensaciones que podrían alcanzar entre 36 °C y 42 °C, según un aviso de vigilancia del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El organismo advierte que las condiciones pueden llegar a categorías de “Precaución Extrema” y “Peligro”, aumentando el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor.

El aviso por altas temperaturas se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este sábado 22 de agosto. Las áreas donde se prevé mayor intensidad comprenden las tierras bajas de Chiriquí, centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, además de Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá. En Colón y la comarca Guna Yala se esperan condiciones de intensidad entre ligera y moderada.

El IMHPA explicó que desde las primeras horas de la mañana las temperaturas pueden alcanzar los 30 °C, aumentando hacia el mediodía.

La combinación del calor con otros factores ambientales favorece sensaciones térmicas de hasta 42 °C, una situación que puede afectar directamente la salud, principalmente cuando existe exposición prolongada al sol o se realizan actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.

El episodio coincide con las perspectivas climáticas presentadas por el IMHPA para agosto, septiembre y octubre de 2026, que anticipaban un trimestre particularmente cálido.

Los modelos climáticos y los años análogos analizados —1997, 2015 y 2023— proyectaban un incremento de la temperatura del aire de entre 2 °C y 3 °C, mientras que en la mayoría de las regiones la sensación térmica podría superar los 38 °C.

Sin embargo, después del calor llegará un nuevo periodo de tiempo húmedo e inestable. Desde las 12:01 a.m. de este sábado 22 y hasta las 11:59 p.m. del lunes 24 de agosto estará vigente otro aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos, asociado al ingreso de la onda tropical número 37 y a la activación y organización de distintos sistemas atmosféricos sobre la región.

La vigilancia comprende las provincias y comarcas ubicadas en las vertientes del Caribe y del Pacífico panameño, así como ambos sectores marítimos del país.

El IMHPA estima acumulados máximos diarios de entre 20 y 93 milímetros de lluvia, mientras que durante los tres días del evento podrían registrarse acumulaciones de entre 60 y 280 milímetros, dependiendo de la zona y de la evolución de los sistemas atmosféricos.

El organismo pidió especial atención en la región del Caribe, donde ya se han registrado incidencias anteriores, una condición que incrementa la vulnerabilidad de algunas comunidades.

Entre los principales riesgos se encuentran crecidas repentinas de ríos, deslizamientos en terrenos saturados e inundaciones urbanas y rurales, además de actividad eléctrica, relámpagos de nube a tierra y algunas ráfagas de viento.

La presencia de lluvias significativas durante varios días no contradice el escenario climático previsto para el trimestre.

La perspectiva del IMHPA establece que entre agosto y octubre existe mayor probabilidad de acumulados entre 20% y 40% por debajo de lo normal en gran parte del territorio, incluyendo sectores de Chiriquí, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, la cuenca del Canal y centro y sur de Veraguas.

En contraste, para Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, zonas montañosas de Chiriquí y el norte de Veraguas, así como el occidente de Costa Abajo de Colón y Guna Yala, la perspectiva contempla lluvias entre 15% y 25% superiores a los valores normales. El pronóstico trimestral muestra así diferencias importantes entre las regiones del Caribe y buena parte de la vertiente del Pacífico.

El comportamiento esperado está condicionado además por El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En la perspectiva divulgada el 29 de julio, Panamá se encontraba bajo Alerta de El Niño, mientras los modelos internacionales utilizados por el IMHPA señalaban una probabilidad superior al 95% de que las condiciones de El Niño se mantuvieran durante los próximos meses.

Los modelos de la NOAA incluidos en esa presentación estimaban, además, una probabilidad superior al 60% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.

Los años 1997, 2015 y 2023, utilizados como referencia para la perspectiva actual, estuvieron caracterizados precisamente por eventos de El Niño fuertes o muy fuertes.

El escenario plantea así un contraste para Panamá: periodos puntuales de lluvias intensas pueden presentarse aun dentro de un trimestre con déficit de precipitación.

El IMHPA también mantiene bajo seguimiento 11 cuencas que presentaban sequía meteorológica y otras nueve con riesgo de entrar en esa condición dentro de tres meses, mientras el calor elevado y la evolución de El Niño continuarán marcando el comportamiento climático durante los próximos meses.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanza hacia una nueva etapa de transformación tecnológica que incluirá reconocimiento facial y un marketplace digital, herramientas con las que busca mejorar la atención de los pasajeros y facilitar su tránsito por las terminales.

El gerente general, José Ruiz Blanco, explicó que estas funciones forman parte de un proceso más amplio para elevar la calidad del servicio y responder al crecimiento sostenido del aeropuerto.

Entre las novedades previstas está el uso de datos biométricos para que el pasajero pueda acceder a su información mediante reconocimiento facial. Ruiz señaló que la persona podrá identificarse con su rostro o con el pase de abordar y consultar información relacionada con su viaje.

La expectativa de Tocumen es incorporar estas funcionalidades durante 2027, como parte de la siguiente fase de desarrollo tecnológico.

El otro componente será un marketplace que permitirá comprar productos de los comercios del aeropuerto desde internet, incluso antes de aterrizar en Panamá. Ruiz puso como ejemplo que un pasajero podría adquirir un perfume mientras viene en el avión y solicitar que el producto lo espere al momento de llegar a la terminal, combinando comodidad para el viajero con nuevas oportunidades comerciales para Tocumen.

Esta posibilidad adquiere mayor relevancia ante la expansión del acceso a internet durante los vuelos que llegan al principal aeropuerto panameño. Copa Airlines comenzó en julio a incorporar WiFi de alta velocidad Starlink en su flota y prevé extender progresivamente el servicio a todas sus aeronaves, proceso que continuará durante 2027.

Ruiz explicó que la estrategia responde a una característica particular de Tocumen: más del 70% de los viajeros utiliza la terminal para realizar conexiones. En ese contexto, disponer de información anticipadamente puede reducir la incertidumbre de pasajeros que aterrizan con poco tiempo para llegar a otra puerta y necesitan conocer rápidamente dónde se encuentran y cuánto tardarán en desplazarse.

Ese objetivo comienza con la nueva plataforma digital presentada por Tocumen, que integra en un mismo entorno los portales comercial, corporativo y de carga.

La herramienta permite consultar vuelos, localizar puertas, revisar conexiones, encontrar restaurantes y comercios, identificar alternativas de transporte y acceder a información relacionada con cada etapa del recorrido por el aeropuerto.

Una de sus principales funcionalidades será la navegación dentro de las terminales mediante una experiencia similar a Google Maps. Ruiz explicó que un pasajero que llegue, por ejemplo, a la puerta 115 y deba dirigirse a la 205 podrá consultar desde su teléfono cuánto tiempo deberá caminar y cuál es la ruta para llegar, reduciendo la ansiedad que generan las conexiones ajustadas.

Como parte de esta evolución tecnológica, la plataforma incorpora Tocumin, un asistente basado en inteligencia artificial diseñado para orientar a los pasajeros y facilitar la búsqueda de información dentro del aeropuerto.

La herramienta permitirá realizar consultas y obtener respuestas sobre servicios, vuelos y necesidades asociadas al recorrido por la terminal, complementando las funciones de navegación y localización disponibles en el nuevo entorno digital.

Tocumen busca ofrecer una atención más inmediata y personalizada, especialmente para los viajeros en conexión que necesitan resolver dudas durante tiempos reducidos de tránsito, dijo el funcionario.

Su diseño está adaptado tanto para computadoras como para teléfonos móviles, permitiendo que la experiencia digital comience antes de que el pasajero llegue físicamente a Tocumen y continúe durante todo su tránsito por la terminal.

El desarrollo fue realizado por personal del propio aeropuerto, a través de su equipo de innovación y tecnología, y tomó aproximadamente un año y medio.

Ruiz estimó que contratar externamente una plataforma de estas características habría podido costar entre $2 millones y $3 millones, por lo que su construcción con recursos internos representó un ahorro importante para Tocumen.

La nueva herramienta llega en momentos en que el aeropuerto mantiene un crecimiento cercano al 10% anual, según Ruiz.

Entre enero y julio de 2026, Tocumen movilizó más de 13.7 millones de pasajeros, 15% por encima del mismo periodo del año anterior, además de registrar 105,770 operaciones de aterrizaje y despegue y 149,987 toneladas métricas de carga.

Las proyecciones obligan a Tocumen a acelerar esta transformación. Ruiz anticipó que el aeropuerto superará los 22 millones de pasajeros durante 2026, mientras las estimaciones apuntan a alcanzar aproximadamente 30 millones para 2030.

Ese aumento representa millones de viajeros adicionales utilizando las mismas terminales y exige herramientas que permitan gestionar mejor los flujos sin depender únicamente de ampliaciones físicas.

El gerente sostuvo que la tecnología será determinante para que Tocumen mantenga su competitividad frente a otros grandes centros de conexión internacionales. La combinación de navegación digital, compras anticipadas, información personalizada y futuros servicios biométricos apunta a construir una experiencia en la que el pasajero pueda planificar y resolver necesidades antes, durante y después de pasar por el aeropuerto.

Para Tocumen, el cambio implica además transformar la relación con un viajero que cada vez permanece más conectado durante su recorrido.

La experiencia aeroportuaria ya no comienza cuando una persona entra a la terminal, sino desde que planifica el viaje o incluso mientras vuela hacia Panamá, escenario en el que la nueva plataforma y las próximas herramientas digitales buscarán acompañarlo hasta completar su conexión o llegar a su destino.

Los tribunales panameños impusieron en las últimas horas penas de hasta 37 años y seis meses de prisión por delitos contra la vida, en procesos relacionados con homicidios ocurridos en El Chorrillo, San Miguelito y Chilibre. Las decisiones judiciales se conocen mientras Panamá acumula 377 homicidios hasta el 16 de agosto de 2026, ocho de ellos clasificados como no intencionales.

Uno de los fallos más recientes corresponde a un hombre de 25 años condenado a 25 años de prisión por homicidio doloso agravado, después de que un Jurado de Conciencia emitiera un veredicto de culpabilidad.

El Tribunal de Juicio dictó la sentencia el 20 de agosto y agregó 10 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena principal.

El crimen ocurrió el 10 de agosto de 2022 en avenida A, entre calles 14 y 15 de El Chorrillo, cuando el condenado realizó múltiples detonaciones con un arma de fuego contra un hombre de 37 años. Las heridas provocadas por los disparos causaron la muerte de la víctima, de acuerdo con la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

El Chorrillo pertenece al sector oeste del distrito capital, donde el SIEC contabiliza 50 homicidios durante 2026. Dentro de esa zona, el corregimiento registra cuatro casos hasta el 16 de agosto, por debajo de Ancón, que acumula ocho, Calidonia con siete y Río Abajo con seis. La provincia de Panamá suma 234 homicidios intencionales, seis más que en igual período de 2025.

Otro fallo fue dictado en San Miguelito contra un hombre declarado culpable del homicidio de una mujer de 77 años, ocurrido el 8 de diciembre de 2024. La víctima se encontraba con sus familiares celebrando el Día de la Madre en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias, cuando recibió un disparo que acabó con su vida.

De acuerdo con las investigaciones, la adulta mayor no era el objetivo del ataque armado. Las pesquisas establecieron que el agresor presuntamente intentaba disparar contra un taxista que se encontraba en el sector, pero uno de los proyectiles alcanzó fatalmente en la cabeza a la mujer.

Durante el juicio, la Fiscalía Regional de San Miguelito presentó las declaraciones de 17 personas como parte del conjunto de pruebas sustentadas ante el tribunal. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un Jurado de Conciencia por homicidio doloso agravado, el responsable fue condenado a 30 años de prisión.

El lugar donde ocurrió ese crimen figura actualmente entre los corregimientos con mayor número de homicidios de San Miguelito. Arnulfo Arias Madrid acumula 13 casos durante 2026, solamente superado por Belisario Frías, con 20, y Omar Torrijos, con 15. En conjunto, San Miguelito registra 73 homicidios, el segundo total distrital más elevado del país.

Condena por secuestro, femicidio y crimen organizado

La pena más alta de estos procesos alcanzó 37 años y seis meses de prisión contra un hombre por secuestro, femicidio, robo agravado y crimen organizado. La condena fue obtenida mediante un acuerdo de colaboración gestionado por la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada durante una audiencia celebrada ante un juez de garantías.

Los delitos están relacionados con un hecho ocurrido el 30 de octubre de 2024 en el corregimiento de Chilibre, en el sector norte de la capital. Esa zona también aparece actualmente entre los principales focos de violencia: Chilibre contabiliza 16 homicidios durante 2026, por encima de Ernesto Córdoba Campos, con 11, y Caimitillo, con siete.

El panorama nacional muestra que 369 de los 377 homicidios registrados hasta el 16 de agosto fueron intencionales, seis más que los 363 contabilizados durante el mismo período de 2025. El aumento equivale al 2%, mientras Panamá, San Miguelito, Colón y Arraiján concentran los mayores números, con 158, 73, 57 y 20 casos, respectivamente.

Las estadísticas también muestran cambios importantes en las circunstancias relacionadas con estos crímenes. Los homicidios vinculados con pandillerismo aumentaron 76%, al pasar de 29 a 51, mientras los clasificados como riñas subieron de 17 a 28 y los femicidios de nueve a 15. En contraste, las rencillas delincuenciales disminuyeron 20%, de 153 a 122 casos.

El informe señala además que 54% de las muertes está relacionado con violencia entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales organizadas o comunes, mientras un 12% de las víctimas corresponde a personas inocentes afectadas como daño colateral. El país mantiene actualmente un promedio aproximado de dos homicidios diarios y uno cada 15 horas.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal y falsificación de una serie de productos farmacéuticos promocionados para controlar el peso o tratar la obesidad. Entre ellos aparecen sustancias como tirzepatida y retatrutida, además de péptidos y soluciones inyectables que no cuentan con registro sanitario en el país.

La advertencia fue emitida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFyD) después de una alerta del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia. El listado incluye Tirzepatide injection 10 mg, Retatrutide 10 mg/mL, Retatrutide R30, R10 y R20, GHK-Cu peptide solution, LIPO-C + B12 y NAD+ 10 mg/mL.

La alerta también comprende DSIP, Selank 10, Semax 10, PT-141 10, Ipamorelin IPA10, CJC-1295 no DAC10 y BPC-157 10, además de GHK-CU50 y TB-500 10. Las autoridades señalan que estos productos son promocionados para controlar el peso o tratar la obesidad, pese a no estar autorizados para su comercialización en Panamá.

El origen de la advertencia está en Colombia, donde el Invima publicó dos alertas consecutivas el 23 y 24 de junio de 2026 sobre esos productos. La autoridad colombiana incluyó específicamente las distintas presentaciones de retatrutida y el grupo de péptidos que ahora aparecen en el comunicado divulgado por las autoridades sanitarias panameñas.

Uno de los nombres que sobresale es retatrutida, un medicamento experimental que actualmente no cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La agencia estadounidense advierte que la sustancia no forma parte de ningún medicamento aprobado y no ha sido determinada como segura y eficaz para ninguna enfermedad o condición.

La retatrutida pertenece a una nueva generación de tratamientos investigados contra la obesidad y actúa sobre tres receptores relacionados con la regulación metabólica: GLP-1, GIP y glucagón.

Precisamente su potencial para reducir peso ha generado interés internacional, pero los productos comercializados actualmente fuera de los ensayos autorizados no deben confundirse con el medicamento experimental que continúa bajo investigación clínica.

Estados Unidos también ha detectado su comercialización irregular. En marzo de 2026, la FDA envió una carta de advertencia a Gram Peptides después de encontrar retatrutida ofrecida por internet, calificando esos productos como medicamentos nuevos no aprobados.

La agencia ya había tomado medidas similares contra otros vendedores que promocionaban retatrutida, semaglutida y tirzepatida a través de plataformas digitales.

La FDA ha sido particularmente explícita sobre la retatrutida: la legislación estadounidense tampoco permite utilizarla para elaborar medicamentos compuestos o preparados en farmacias, porque no integra un fármaco aprobado ni cumple las condiciones establecidas para ese tipo de formulaciones.

La autoridad además ha advertido a compañías de telesalud que promocionaban directamente productos no autorizados con esta sustancia.

La situación es distinta con la tirzepatida como principio activo. Existen medicamentos de tirzepatida aprobados por autoridades regulatorias para indicaciones específicas, pero eso no convierte automáticamente en legítima cualquier presentación vendida con ese nombre.

La alerta panameña se refiere concretamente a “Tirzepatide injection 10 mg” dentro del grupo de productos cuya comercialización no está autorizada en Panamá.

Ese matiz resulta relevante porque el problema señalado por las autoridades no se limita al nombre de una molécula, sino al origen y autorización de los productos ofrecidos.

Cuando un medicamento procede de canales ilegales no existe certeza de que contenga la concentración declarada, el ingrediente anunciado o condiciones adecuadas de fabricación, conservación y esterilidad.

El fenómeno ha trascendido las fronteras de Panamá y Colombia. La FDA mantiene una advertencia específica sobre medicamentos GLP-1 no aprobados ofrecidos para bajar de peso, señalando que estos productos no pasan por la revisión previa de seguridad, efectividad y calidad aplicada a los medicamentos autorizados. La venta por internet y la promoción directa al consumidor figuran entre sus principales preocupaciones.

En Panamá, Farmacia y Drogas pidió expresamente no adquirir ni utilizar ninguno de los productos incluidos en la alerta, especialmente cuando sean ofrecidos mediante redes sociales, páginas web u otros canales no autorizados. La institución advirtió que en esas circunstancias no existe garantía sobre su composición, calidad, seguridad ni eficacia.

La autoridad sanitaria solicitó además que cualquier persona que detecte establecimientos, vendedores o plataformas digitales distribuyendo estos productos lo comunique inmediatamente a Farmacia y Drogas.

El Minsa reiteró que antes de comprar o utilizar un medicamento debe verificarse que cuente con un registro sanitario vigente en Panamá, particularmente ante el crecimiento de ofertas relacionadas con pérdida de peso en canales digitales.

La contratación formal en Panamá mantuvo su crecimiento durante los primeros siete meses de 2026, cuando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró 206,942 nuevos contratos.

De ese total, 111,236 fueron por tiempo definido, 49,576 indefinidos y 46,130 por obra determinada, según cifras preliminares de la institución.

El ritmo observado hasta julio prolonga la recuperación que ya mostraba el mercado laboral durante los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo se contabilizaron 141,595 contratos, 22,671 más que los 118,924 del mismo periodo de 2025, un crecimiento interanual de 19.1%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La modalidad más utilizada este año continúa siendo el contrato por tiempo definido, que representa 53.8% de todas las inscripciones acumuladas hasta julio. Este vínculo establece previamente cuánto durará la relación laboral y, según el Código de Trabajo, su plazo generalmente no puede superar un año, aunque puede extenderse hasta tres cuando los servicios requieren preparación técnica especial.

Los contratos indefinidos, en cambio, no establecen anticipadamente una fecha para finalizar la relación laboral y sumaron 49,576 hasta julio, equivalentes a cerca del 24% del total.

Esta modalidad ofrece una relación de mayor permanencia y el Código también dispone que determinadas contrataciones temporales sucesivas pueden convertirse legalmente en indefinidas cuando encubren puestos de naturaleza permanente.

La tercera categoría corresponde a los contratos por obra determinada, que alcanzaron 46,130 registros, aproximadamente 22.3% de todas las contrataciones realizadas hasta julio.

Su duración está vinculada a la culminación de una obra o fase específica y la modalidad debe quedar expresamente establecida por escrito, siempre que la naturaleza del trabajo permita este tipo de contratación.

El crecimiento de esta última modalidad ya era especialmente visible al cierre de mayo. El MEF informó que los contratos por obra determinada habían aumentado 31.4% frente al mismo periodo de 2025, impulsados principalmente por las oficinas centrales de Ciudad de Panamá.

La institución relacionó ese comportamiento con el dinamismo de las construcciones particulares y los permisos otorgados por el Municipio de Panamá.

La distribución territorial muestra que 114,908 contratos fueron registrados en la sede central de Ciudad de Panamá hasta julio, mientras las direcciones regionales contabilizaron 92,034.

En estas últimas sobresalieron Panamá Oeste con 15,378, Chiriquí con 13,770 y Colón con 10,848, mientras Bocas del Toro acumuló 8,544 nuevas inscripciones laborales.

En Bocas del Toro, la recuperación responde en buena medida a la reactivación de las operaciones y exportaciones de banano, después de la huelga que paralizó la actividad productiva de Chiquita entre abril y junio de 2025.

El Gobierno informó que para mayo de 2026 ya se habían recuperado más de 5,000 empleos formales en el sector, mientras las exportaciones comenzaron a reanudarse posteriormente con destino a mercados de Europa y Estados Unidos.

En la sede central puede hacerse una comparación directa con 2025. Entre enero y julio del año pasado se habían registrado 93,249 contratos, frente a los 114,908 contabilizados en igual periodo de 2026, una diferencia de 21,659 inscripciones que equivale a un aumento de 23.2% en Ciudad de Panamá.

El comportamiento también presenta una marcada diferencia por sexo. De las 206,942 contrataciones registradas nacionalmente este año, 140,431 correspondieron a hombres y 66,511 a mujeres, lo que representa aproximadamente 67.9% y 32.1%, respectivamente.

Solo durante julio se incorporaron 32,559 contratos, de los cuales 22,533 correspondieron a trabajadores hombres y 10,026 a mujeres.

Las cifras de contratación aparecen después de un 2025 en el que Panamá volvió a superar los 300,000 nuevos contratos por primera vez en cinco años. El país cerró con 309,610 inscripciones, 30,748 más que en 2024, equivalente a un crecimiento de 11%.

Los contratos definidos fueron los que más aumentaron, con un avance de 18.2%, según el informe anual del MEF. Sin embargo, el aumento de contratos convive con indicadores que todavía muestran dificultades estructurales en el mercado laboral panameño.

La Encuesta de Mercado Laboral de septiembre de 2025 situó el desempleo total en 10.4%, con 227,302 personas desocupadas, mientras el desempleo abierto se ubicó en 6.9%.

La informalidad también continúa siendo elevada pese a mostrar una ligera mejoría. El empleo informal no agrícola representó 47.1% en septiembre de 2025, frente a 47.7% en octubre de 2024. En actividades como la construcción alcanzó 68.9%, mientras en hoteles y restaurantes llegó a 57.7%, transporte a 57% y comercio a 50.7%.

El crecimiento de las inscripciones durante 2026 constituye así una señal favorable de mayor movimiento dentro del empleo formal, aunque no equivale necesariamente a 206,942 nuevos puestos de trabajo netos, porque los registros corresponden a contratos y una persona puede celebrar más de uno.

La evolución del desempleo y la informalidad determinará si este dinamismo contractual termina reflejándose en una mejora más amplia del mercado laboral.

En Panamá se registró este viernes un nuevo accidente aéreo, el segundo en dos días consecutivos y el tercero durante agosto, luego de que una aeronave que había partido del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, se saliera de la pista durante el despegue. Las tres personas que viajaban a bordo resultaron ilesas, según informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

La aeronave involucrada tiene matrícula HP-1875SK y tenía como destino Isla San Miguel, de acuerdo con el plan de vuelo. A bordo viajaban dos pasajeros y el piloto cuando ocurrió el accidente durante la mañana de este 21 de agosto. El reporte oficial señala que solamente se produjeron daños materiales en la estructura de la aeronave.

Información preliminar recopilada por la AAC establece que el avión presentó problemas con el tren de aterrizaje al momento del despegue, situación tras la cual terminó fuera de la pista. La autoridad todavía no ha establecido oficialmente las causas del accidente, debido a que corresponde a la investigación técnica determinar qué ocurrió y si la falla reportada estuvo directamente relacionada con la salida de pista.

Tras recibir la alerta, la AAC activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y salvamento y movilizó hacia el área personal especializado del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR). Para la operación fue utilizada la aeronave institucional HP-20A, según detalló la entidad en el comunicado divulgado horas después del suceso.

La Unidad de Investigación de Accidentes de la institución también inició las indagaciones técnicas para esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades deberán examinar las condiciones de la aeronave y particularmente el funcionamiento del tren de aterrizaje, señalado preliminarmente como el problema registrado durante la maniobra de despegue.

El accidente ocurrido este viernes constituye el segundo episodio de este tipo registrado en Panamá en apenas 24 horas. El jueves 20 de agosto, otra aeronave que igualmente había partido del Aeropuerto Marcos A. Gelabert sufrió una emergencia cuando se dirigía hacia Darién, aunque sus cuatro ocupantes también resultaron ilesos.

En ese caso se trataba de un Cessna 206 con matrícula HP-1969 que realizaba un vuelo comercial hacia Jaqué, en Darién. Durante el trayecto, el piloto reportó una pérdida de revoluciones en el motor y decidió efectuar un aterrizaje de emergencia en Playa Muerto, una comunidad emberá ubicada en el litoral pacífico de la provincia.

La emergencia del jueves provocó igualmente la movilización de los equipos de búsqueda y salvamento de la AAC hacia Playa Muerto. Personal especializado se trasladó utilizando el helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A, mientras la Unidad de Investigación de Accidentes abrió una investigación para determinar qué provocó la pérdida de revoluciones reportada antes del aterrizaje.

Aunque los accidentes del jueves y viernes ocurrieron en vuelos diferentes y bajo circunstancias preliminares distintas, tienen en común que las aeronaves habían salido del aeropuerto de Albrook. En el primero se reportó un problema relacionado con el motor durante el vuelo, mientras que el segundo ocurrió durante el despegue y la información inicial apunta al tren de aterrizaje.

Tres accidentes durante agosto

La secuencia registrada esta semana eleva a tres los accidentes de pequeñas aeronaves conocidos durante agosto en Panamá. El primero ocurrió el 4 de agosto e involucró un Cessna 172N, matrícula HP-1789, que había partido también del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Achutupu, en la comarca Guna Yala.

Aquella aeronave realizó inicialmente un aterrizaje preventivo en el aeródromo de Wanugandi debido a las condiciones meteorológicas. Posteriormente, cuando el piloto intentó continuar hacia Achutupu, fuertes vientos durante el despegue obligaron a realizar una maniobra que terminó con el avión fuera de la pista hacia el costado derecho.

El Cessna sufrió daños como consecuencia del accidente, aunque su piloto, quien era el único ocupante, resultó ileso. Ese caso también quedó bajo investigación de la AAC, que lo mantiene dentro de los sucesos aéreos investigados durante 2026 para establecer técnicamente las circunstancias que provocaron el incidente.

De esta manera, los tres accidentes registrados durante agosto no han dejado víctimas fatales ni personas heridas, pese a que las aeronaves sufrieron daños. Dos de los casos ocurrieron además entre el 20 y el 21 de agosto, una sucesión que concentra dos emergencias aéreas en días consecutivos y que ahora mantiene abiertas investigaciones técnicas independientes por parte de la autoridad aeronáutica.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen completó las adecuaciones solicitadas por All Nippon Airways (ANA) durante la inspección técnica realizada en mayo para evaluar una eventual ruta directa entre Panamá y Tokio.

Los trabajos se concentraron en el extremo de una de las pistas, donde la aerolínea había identificado condiciones que debían ser atendidas para continuar avanzando en el análisis operativo.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, confirmó que esas intervenciones ya fueron ejecutadas. Entre los trabajos se incluyó la reducción de pequeñas elevaciones de terreno ubicadas al final de la pista, mediante movimientos de tierra que permitieron rebajar esas áreas y mejorar las condiciones operativas de la infraestructura.

Ruiz Blanco explicó que esas elevaciones, a las que se refirió como “cerritos”, tuvieron que ser bajadas como parte de los requerimientos identificados durante la evaluación. Según indicó, los trabajos ya fueron completados y también contribuyen a facilitar el uso de ambas pistas dentro de la operación general del aeropuerto.

Durante la visita técnica de mayo, ejecutivos de ANA y especialistas de The Boeing Company revisaron las condiciones de las pistas de Tocumen, incluyendo longitud, resistencia, márgenes de seguridad y disponibilidad para operaciones de largo alcance.

Uno de los puntos de atención estuvo precisamente en las condiciones existentes en los extremos de la infraestructura, donde posteriormente se ejecutaron las adecuaciones.

La evaluación está vinculada con la posibilidad de operar una ruta de ultra largo alcance entre Tokio y Ciudad de Panamá, que requeriría aeronaves con capacidad para cubrir una distancia considerable y operar bajo parámetros específicos de peso, combustible y seguridad. ANA utiliza en sus rutas intercontinentales modelos como el Boeing 787 Dreamliner y el Boeing 777.

Para vuelos de estas características, aspectos como la distancia disponible para despegues y maniobras, la temperatura, el peso de la aeronave y el combustible requerido adquieren especial importancia.

Por ello, la inspección de ANA y Boeing buscaba determinar si Tocumen podía cumplir con las condiciones técnicas necesarias para una operación intercontinental de gran alcance.

El cumplimiento de esos requerimientos representa un nuevo avance después de que Panamá y Japón firmaran en julio el Record of Discussions (RoD), que establece el marco para desarrollar servicios aéreos entre ambos países.

El acuerdo permite avanzar en la designación de aerolíneas y contempla mecanismos de cooperación y posibles acuerdos de código compartido.

La posibilidad del vuelo tomó impulso durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Japón en septiembre de 2025, cuando el tema fue planteado ante las autoridades japonesas. Posteriormente, la propuesta pasó a una etapa más técnica, con evaluaciones operativas y regulatorias que continúan desarrollándose entre ambos países.

ANA y Copa Airlines pertenecen a Star Alliance, una condición que podría facilitar la conexión de pasajeros procedentes de Japón con la red latinoamericana operada desde Panamá. De concretarse la ruta, Tocumen serviría como punto de distribución hacia destinos de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, reforzando su papel como hub regional.

Con las adecuaciones solicitadas ya ejecutadas y el marco aeronáutico entre ambos países establecido, la decisión de avanzar hacia la apertura de la ruta queda ahora principalmente en manos de All Nippon Airways (ANA), señaló Ruiz Blanco.

Avanza la rehabilitación de las dos pistas

De manera paralela a las adecuaciones requeridas por ANA, Tocumen desarrolla un proyecto independiente de rehabilitación de sus dos pistas de aterrizaje, con una inversión superior a $56 millones. Las obras buscan recuperar y modernizar infraestructura fundamental para las operaciones del aeropuerto, sin interrumpir el movimiento diario de aeronaves.

Ruiz Blanco señaló que los trabajos de reparación de ambas pistas continúan avanzando conforme a la programación establecida. La intervención debe ejecutarse por etapas, debido a que Tocumen necesita mantener disponible su infraestructura para atender las llegadas, salidas y conexiones internacionales que se realizan diariamente.

La rehabilitación comprende las pistas 03R/21L y 03L/21R, cuya recuperación forma parte del plan de fortalecimiento de la capacidad operativa del aeropuerto. Los trabajos se coordinan con ventanas específicas de intervención para permitir que el aeropuerto continúe funcionando mientras se ejecutan las mejoras.

Este proyecto cobra relevancia en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo. Tocumen se mantiene como el principal centro de conexiones internacionales de Panamá y uno de los más importantes de la región, por lo que la renovación de sus resulta clave para sostener la seguridad operacional y la capacidad de recibir aeronaves de mayor alcance.

Ruiz Blanco explicó que los trabajos de rehabilitación de una de las pistas de Tocumen presentan un avance cercano al 75%. Una vez concluya esa intervención y la pista quede nuevamente disponible para las operaciones, los trabajos se trasladarán a la segunda pista, manteniendo una ejecución por etapas para no comprometer la capacidad operativa del aeropuerto.

El café panameño de la variedad geisha fue validado científicamente como genéticamente puro respecto de sus plantas ancestrales de Etiopía.

El hallazgo, presentado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) y divulgado por EFE, refuerza el valor de este grano cultivado en Boquete.

Según informó EFE, dos estudios especializados confirmaron que el geisha panameño conserva intacta la genética original de Etiopía, país donde se originó la variedad.

El análisis, realizado en un laboratorio de Francia, comparó muestras de Panamá con las conservadas en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, institución que resguarda el material genético original de Etiopía.

Christophe Montagnon, director del estudio, declaró a EFE: “La genética es exactamente la misma. Eso es muy interesante porque quiere decir que hasta la fecha se ha guardado el patrimonio genético”.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, destacó ante EFE este hallazgo para la industria cafetera nacional: “Asegurar que la genética que tenemos en Panamá sigue siendo 100% pura es vital para el futuro del país”.

Koyner, quien lidera la casa cafetera Kotowa, señaló que el reto está en preservar esa autenticidad genética, ya que la pureza puede perderse fácilmente por polinización cruzada.

El café geisha de Panamá alcanzó notoriedad internacional después de romper récords de precio en subastas globales, superando los USD 30,000 por kilo en la más reciente. Su perfil sensorial, alejado del café tradicional, destaca por su aroma floral y notas a flor blanca y jazmín, una característica altamente valorada, sobre todo en el mercado asiático.

Según la neurocientífica Fabiana Carvalho, de la Universidad de Campinas en Brasil, quien lideró el segundo estudio citado por EFE, “los geishas panameños presentan una nota distintiva a flor blanca o jazmín muy dulce, similar a la sensación del té de esa flor, atributo altamente cotizado en el mercado global”.

La certificación de la autenticidad del geisha

La pureza genética y la tipicidad sensorial han motivado a la SCAP a diseñar una rueda de sabores exclusiva para la variedad geisha, con el objetivo de certificar la autenticidad del producto en competencias, catas y comercialización internacional. Koyner afirmó ante EFE: “Panamá está marcando la ruta en la definición de calidad. Somos el primer país en aplicar genética a variedades de alto valor y en generar una rueda de sabores que define a un buen geisha”.

Las condiciones de cultivo en Boquete

La zona de Boquete, en las faldas del volcán Barú, ofrece condiciones favorables para el cultivo del geisha. El microclima, la confluencia de vientos procedentes de ambos océanos, la fertilidad del suelo volcánico y la presencia constante de lluvia fina favorecen la expresión de un perfil sensorial distintivo, según los caficultores entrevistados por EFE.

Durante años, el café Geisha ha sido el gran protagonista de la industria cafetalera panameña y el responsable de que el país alcance récords mundiales en las subastas de café de especialidad. Recientemente, el país fue sede de la XXX edición del Best of Panama (BOP) donde quedó demostrada la excelencia del Geisha, pero que también hay otras variedades de café con gran potencial.

El Gobierno de Panamá oficializó la adquisición del 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) que permanecen en manos privadas.

El Consejo de Gabinete autorizó pagar $191.7 millones por 82,000 acciones, operación que llevará al Estado de su participación actual del 59% al control total de la compañía.

El socio privado de la empresa es NIC Holding Corp., compañía dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, con sede en Melville, Nueva York. Además de participar en la asociación con la República de Panamá, la empresa estadounidense desarrolló el proyecto y ha estado a cargo de su administración.

La decisión quedó establecida en el Decreto de Gabinete No. 10 del 11 de agosto de 2026, publicado el 20 de agosto en la Gaceta Oficial. La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ejecutar la adquisición y establece cómo se financiará y pagará la participación privada de Petroterminal.

El precio, que no había sido revelado cuando el Ejecutivo anunció inicialmente la operación, quedó fijado en $191,701,240 por el 41% de la empresa.

Como ese porcentaje está representado por 82,000 acciones, el Estado pagará $2,337.82 por cada una, monto calculado con los estados financieros auditados de PTP correspondientes al cierre de 2025.

El decreto explica que ese precio por acción no fue establecido discrecionalmente por el Gobierno, sino mediante el método contemplado desde hace años en el Contrato de Asociación.

El Estado había comunicado formalmente a los accionistas privados el 17 de julio su decisión de ejercer el derecho contractual para comprar el 41% restante de la sociedad.

La Gaceta también despeja una de las principales interrogantes que dejó aquel anuncio: de dónde saldrán los $191.7 millones necesarios para completar la adquisición.

El MEF fue autorizado a constituir un fideicomiso de administración con el Banco Nacional de Panamá y contratar, mediante esa estructura, una facilidad crediticia de hasta $200 millones.

El financiamiento servirá para cubrir el precio de las acciones, los intereses y comisiones correspondientes al primer año, además de los gastos relacionados con la constitución, estructuración, contratación y administración del mecanismo.

El Banco Nacional actuará como fiduciario y el MEF será responsable de impartir las instrucciones para ejecutar las operaciones financieras.

El plan establece que el crédito será pagado principalmente con los dividendos generados por el propio 41% adquirido. Una vez que Panamá controle todas las acciones, los dividendos correspondientes a esa nueva participación serán dirigidos a una cuenta destinada a cancelar el financiamiento, mientras el 59% que ya pertenece al Estado continuará ingresando al Tesoro Nacional.

Sin embargo, el decreto introduce una precisión relevante frente al anuncio inicial del Ejecutivo, que había señalado que la operación no requeriría recursos del Tesoro Nacional ni implicaría endeudamiento público.

La norma ahora publicada contempla un crédito de hasta $200 millones y establece qué ocurrirá si los dividendos de Petroterminal no son suficientes para atender sus pagos.

En ese escenario, el MEF queda autorizado para aportar al fideicomiso los recursos necesarios para cubrir cualquier insuficiencia. La obligación permanecerá mientras exista deuda derivada del financiamiento.

Por tanto, aunque la fuente prevista para pagar la compra son los dividendos del 41%, el Estado funcionará como respaldo si esos flujos resultan insuficientes.

El pago a los accionistas privados deberá efectuarse dentro de los 45 días calendario posteriores a la notificación de la intención de compra, plazo que, según establece el decreto, vence el 31 de agosto de 2026.

El desembolso será realizado en dólares contra la entrega de los certificados de las acciones debidamente endosados para su traspaso.

La operación se sustenta en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación de Petroterminal, cuyo origen se remonta a 1977 y que posteriormente fue modificado. El Gobierno ha insistido en que la adquisición corresponde al ejercicio de un derecho de compra previamente establecido y aceptado por los accionistas, y no a una expropiación o modificación unilateral.

Hasta ahora, Panamá posee el 59% de Petroterminal y el restante 41% permanece en manos privadas. Una vez concluida la transacción por $191.7 millones, el Estado será propietario de la totalidad de una empresa que administra infraestructura estratégica para el almacenamiento, trasiego y transporte de hidrocarburos entre ambos océanos.

Entre sus principales activos está el Oleoducto Transístmico, de aproximadamente 131 kilómetros, que conecta Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, con Charco Azul, en Chiriquí. Esta infraestructura permite transportar hidrocarburos entre el Caribe y el Pacífico sin necesidad de que los buques atraviesen las esclusas del Canal de Panamá.

La adquisición dejará bajo propiedad estatal el 100% de Petroterminal y los beneficios económicos derivados de sus operaciones. El Gobierno sostiene que busca fortalecer un activo estratégico y generar mayores ingresos para el país, mientras el desafío será mantener la rentabilidad, capacidad de inversión y competitividad internacional de la compañía bajo el nuevo esquema de propiedad.

El Gobierno subrayó que no se trata de una expropiación ni de una modificación unilateral de las condiciones acordadas con los inversionistas, sino de una opción de compra incorporada al contrato desde la creación de la empresa y aceptada por las partes.

La empresa informa que sus terminales poseen una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 14.6 millones de barriles. El oleoducto mueve millones de barriles de crudo cada mes, mientras cientos de buques utilizan anualmente sus instalaciones para transportar petróleo hacia Asia y la costa occidental del continente americano.

Los orígenes de la compañía se remontan a septiembre de 1977, cuando los hermanos Harold y Raymond Bernstein propusieron al Gobierno panameño construir instalaciones para el manejo y almacenamiento de petróleo en la bahía de Charco Azul.

Las primeras operaciones de trasiego comenzaron el 10 de abril de 1979. Un año después se autorizó la construcción del oleoducto y del terminal en la costa atlántica, lo que convirtió el proyecto original en una ruta energética transístmica.

Las Fiscalías Superiores de Adolescentes de Panamá recibieron 3,022 denuncias por hechos delictivos entre enero y julio de 2026, unas 571 más que las 2,451 registradas durante igual periodo de 2025.

El incremento equivale a 23.3% en un año, de acuerdo con cifras preliminares del Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

El aumento se extendió prácticamente por todo el país. Panamá encabezó las denuncias con 787 casos, seguida por Panamá Oeste con 520 y Chiriquí con 457. Bocas del Toro alcanzó 303, Colón 206, San Miguelito 198 y Veraguas 186. Coclé registró 124, Herrera 101, Los Santos 74 y Darién 66 casos durante los primeros siete meses del año.

La comparación interanual revela diferencias importantes. Veraguas experimentó el mayor incremento porcentual, al pasar de 101 a 186 denuncias, un alza de 84.2%.

Bocas del Toro aumentó 37.7%, Herrera 31.2% y Panamá Oeste 29.7%. Panamá, que concentra la mayor cantidad, subió 19.6%, desde 658 hasta 787 casos, mientras Coclé prácticamente se mantuvo sin cambios.

Por tipo de delito, los hechos contra la libertad e integridad sexual continuaron como la principal categoría, con 1,051 denuncias hasta julio de 2026.

Le siguieron los delitos contra la vida y la integridad personal, con 617; contra el patrimonio económico, con 535; y contra la seguridad colectiva, que acumularon 444 casos. Los relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil sumaron 316.

Aunque los delitos sexuales siguieron encabezando la estadística, uno de los mayores cambios ocurrió en los delitos contra la vida y la integridad personal, que pasaron de 399 casos en 2025 a 617 este año, un incremento de 54.6%.

Los delitos contra el orden jurídico familiar crecieron 70.8%, desde 185 hasta 316, mientras los relacionados con el patrimonio económico aumentaron 21.6%.La actividad judicial también aumentó. Entre enero y julio se realizaron 4,930 audiencias, frente a 4,146 en igual periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 18.9%.

Entre las principales estuvieron 1,260 audiencias ante jueces de cumplimiento, 567 innominadas y 533 de formulación de imputación. Además, se efectuaron 359 lecturas de sentencia y 321 audiencias de acuerdos de pena.

En contraste, las medidas cautelares aplicadas disminuyeron de 640 en 2025 a 368 en 2026, una reducción de 42.5%. Sin embargo, las detenciones provisionales aumentaron de 161 a 198, mientras las medidas distintas a la detención cayeron de 479 a 170.

De las detenciones provisionales de este año, 172 correspondieron al Primer Distrito Judicial.Las fiscalías reportaron además 1,946 causas egresadas definitivamente, 15.1% más que las 1,691 del año anterior.

El criterio de oportunidad por resolución del fiscal concentró 1,015 casos, seguido de 346 causas egresadas por sentencia y 335 declinatorias a la esfera administrativa.

Las conciliaciones aumentaron de 50 a 72, mientras las extinciones de la acción penal pasaron de 19 a 45.Otro incremento aparece en las sentencias según procedimiento: se registraron 365 hasta julio de 2026, frente a 275 en 2025, un crecimiento de 32.7%.

Los acuerdos de pena dominaron con 305, seguidos por 33 procesos simplificados y 19 juicios orales. En 2025, los acuerdos de pena habían sumado 229 y los juicios orales 26.Al analizar los fallos, el informe contabiliza 411 sentencias en 2026, de las cuales 408 fueron condenatorias y tres absolutorias.

Un año antes se habían registrado 295: 287 condenatorias y ocho absolutorias. La proporción de fallos condenatorios pasó así de 97% a 99% del total reportado por las fiscalías de adolescentes.

Finalmente, los procedimientos alternos de solución de conflicto penal aumentaron de 1,538 en 2025 a 1,622 en 2026, un crecimiento de 5.5%.

Este año se contabilizaron 1,014 principios de oportunidad, 322 acuerdos de pena, 167 conciliaciones, 97 suspensiones del proceso sujetas a condiciones, 14 mediaciones y ocho desistimientos. Las cifras corresponden a personas y mantienen carácter preliminar, según precisa el Ministerio Público.

El derecho al olvido oncológico recibió un respaldo unánime en la Asamblea Nacional de Panamá, donde 41 diputados votaron a favor del proyecto de Ley 350.

El nuevo marco legal pretende que las personas recuperadas de un cáncer no sufran discriminación al solicitar seguros, productos bancarios o créditos.

El texto establece que, tras un periodo libre de recaídas y con una certificación médica que acredite la recuperación, quienes hayan superado una enfermedad oncológica podrán omitir ese antecedente al realizar trámites financieros o aseguradores.

El derecho al olvido oncológico en Panamá permitirá a los sobrevivientes de cáncer no declarar su antecedente médico una vez cumplido el tiempo requerido sin recaídas, siempre que presenten el aval de una certificación médica especializada.

Esto evitará que las entidades impongan condiciones más costosas, restricciones o exclusiones por motivos de salud ya superados.

Explicada la norma, esta fija un periodo general de 5 años desde la conclusión del tratamiento, siempre que no haya recaídas, como requisito para ejercer este derecho.

Además, contempla una tabla con plazos diferenciados, que pueden ser inferiores a 5 años según el tipo y características del cáncer diagnosticado.

La certificación necesaria será expedida por un comité conformado por las Sociedades de Oncología y Hematología de Panamá, que incorporará especialistas según cada caso.

Este documento oficial confirmará la finalización del tratamiento, el tiempo transcurrido sin recaídas y el periodo específico aplicable.

Según la legislación aprobada, será nula cualquier cláusula que, luego de cumplido el periodo libre de recaída, busque imponer aumentos de primas, restricciones, exclusiones o discriminación por antecedentes oncológicos superados.

Las instituciones deberán respetar este derecho y abstenerse de utilizar la información médica en perjuicio de los solicitantes.

La propuesta, impulsada originalmente por el diputado Jorge Bloise bajo el nombre de Anteproyecto de Ley 123, aún se advierte que debe completar los trámites restantes antes de convertirse en ley.

En Panamá desde la década de 1970 el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte, y la primera en el caso de mortalidad prematura, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Los primeros cinco tumores que afectan a la población son: próstata, mama, cuello uterino, colorrectal y estómago.

El cáncer, señala un informe del Ministerio de Salud, constituye un problema de salud pública en Panamá como en el resto del mundo.

La carga que representa esta patología dentro del país, añade, permite estimar la demanda de servicios necesarios y la distribución de los recursos disponibles. Además de afectar la salud del individuo, esta enfermedad afecta también su economía, la de su familia y la del país.

Esto es así, por los altos costos diagnósticos y de los tratamientos empleados, y por la pérdida de productividad, como resultado de incapacidades y muertes prematuras. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en los últimos años fue $1,160 billones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Panamá, pese a estar clasificado como un país de ingresos altos aún debe hacer frente a distintos desafíos relacionados con la atención a la población infantil y adolescente con cáncer.

En junio de este año La Caja de Seguro Social marcó un importante avance en la medicina pública al realizar por primera vez en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, de la ciudad de Chitré, procedimientos de ablación térmica por microondas, una tecnología de vanguardia utilizada para el tratamiento de tumores.

Esta técnica mínimamente invasiva fue aplicada con éxito en pacientes con nódulos tiroideos benignos y en un paciente diagnosticado con hepatocarcinoma (cáncer de hígado), ampliando las opciones terapéuticas disponibles dentro de la institución.

El procedimiento reunió a un destacado equipo de radiólogos intervencionistas de distintas provincias del país, quienes participaron en la ejecución de estas terapias locorregionales, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario y garantizando atención bajo los más altos estándares de calidad.

De igual manera, se realizaron las primeras cirugías de cáncer ginecológico asistidas con su nuevo robot quirúrgico, un avance que permite ofrecer tratamientos menos invasivos y más precisos a pacientes oncológicas.

La ciudad de Panamá lidera el ranking de ciudades en el país con la mayor cantidad de pedidos de papas fritas, seguida por La Chorrera, Arraiján, David y Chitré, lo que confirma una alta demanda de este producto en distintos puntos del país.

En Panamá la producción de este rubro para el consumo nacional es de 14,3 Kg por habitante por año.

Se cultiva en la provincia de Chiriquí, donde se siembran las variedades de Granola (90%) y Alpha (10%) y se cosechan 402,625 quintales, en 807 hectáreas sembradas por 297 productores, según el informe del cierre agrícola 2023-2024 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La producción de papa impacta en la economía nacional con $11.7 millones en bienes y servicios agropecuarios.

Entre los productos más demandados por los usuarios de delivery en el país se encuentra la papa.

Con múltiples versiones, tamaños y combinaciones, este clásico de la gastronomía ha logrado, según la plataforma de PedidosYa, mantenerse vigente y adaptarse a nuevas preferencias de consumo.

Los datos muestran que las papas fritas continúan siendo una elección recurrente, tanto como acompañamiento de hamburguesas, pollo o sándwiches, como en propuestas diseñadas especialmente para compartir.

Para Cristian Tello, Head de Marketing de PedidosYa, las papas fritas han logrado mantenerse como uno de los productos favoritos de los usuarios gracias a su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintas ocasiones de consumo. Ya sea como acompañamiento o como una opción para compartir, continúan ocupando un lugar destacado dentro de las preferencias de quienes utilizan la plataforma.

En el país una nueva variedad de papa podrá ser cultivada, debido a la investigación del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y a la aprobación del Comité Nacional de Semillas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Se trata del nuevo cultivar comercial del rubro papa, variedad Golden Globe, de origen estadounidense.

La papa Golden Globe, especie Solanum Tuberosum, tiene un rendimiento superior a la Granola, una variedad que hasta el momento se ubica como la número uno en el mercado con un 90% de producción en la provincia de Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

Golden Globe, según el IDIAP, tiene un rendimiento de 40 toneladas por hectáreas, 5 toneladas más que la Granola, un número que amenaza su reinado en el mercado local.

El desgaste de la variedad que actualmente se cultiva, la Granola, cuya producción pasó de 712 quintales a 402 mil quintales entre el 2020 al 2023, caída propiciada por las lluvias frecuentes, incremento en el uso de agroquímicos y aumento del costo de producción, obligó a los productores a demandar el ingreso de nuevas semillas al país.

Fue así como luego de varios estudios e investigación se logró el registro del nuevo cultivar con una alta tolerancia a las enfermedades como el Tizón Tardío y el Pectobacterium sp entre otras, y una buena adaptabilidad a nuestras zonas de cultivo, indica una nota institucional.

La Golden Globe presenta una piel y pulpa amarillas, de aceptación y preferencia de los consumidores, es de consumo fresco, pude almacenarse hasta por dos meses, redonda y ovalada de buen tamaño con una maduración de 110 días.

El visto bueno para esta variedad fue dado por el Comité Nacional de Semillas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que lo aprobó por unanimidad e ingresará a los sistemas productivos en beneficio de productores y consumidores de nuestro país.

Arnulfo Gutiérrez, investigador del IDIAP, fue el encargado de sustentar los resultados obtenidos del trabajo.

Gutiérrez, citado por la nota informativa del IDIAP, señaló que esta nueva papa presenta cualidades deseables en forma y color a la preferida por el mercado nacional, buen comportamiento y adaptabilidad en campo, con un altísimo potencial de producción, constituyéndose en una alternativa buena y nueva para los productores nacionales.

El proyecto del Teleférico del distrito de San Miguelito consiguió finalmente una propuesta. Doppelmayr Panamá Corp. presentó una oferta de $255.163.788,03 para diseñar, construir, equipar y poner en operación el sistema, monto que se encuentra $14,8 millones por debajo del precio de referencia de $270 millones establecido por Metro de Panamá, una diferencia equivalente a aproximadamente 5,5%.

La compañía acompañó su oferta con una fianza por $2,8 millones y el documento registra inicialmente como aceptada la documentación presentada, que deberá continuar ahora con el proceso de evaluación correspondiente.

Doppelmayr Panamá Corp. pertenece al grupo austríaco Doppelmayr, especializado desde hace más de un siglo en sistemas de transporte por cable y con más de 15,000 instalaciones desarrolladas internacionalmente.

Entre sus antecedentes urbanos figuran Mi Teleférico de La Paz y El Alto, en Bolivia, y varias líneas del Cablebús de Ciudad de México, además de proyectos en Bogotá y otras ciudades donde esta tecnología se ha integrado a redes de transporte público masivo.

La participación final contrasta con el interés observado semanas antes. Durante la reunión previa y de homologación del 28 de julio, el acta registró 23 entradas entre posibles proponentes, interesados y sus representantes, vinculados a firmas como Nippon Koei LAC, AZVI, POMA, Cemosa, CAMCE, Sofratesa de Panamá, Deloitte, Briher, Doppelmayr e ITAS, además de consultores y otras organizaciones relacionadas con el proceso.

Sofratesa y CAMCE estuvieron entre las compañías que formularon consultas durante la homologación, pero finalmente no entregaron ofertas. La primera había solicitado extender 120 días hábiles la recepción de propuestas, mientras CAMCE pidió una ampliación de 60 días.

Doppelmayr también realizó numerosas consultas técnicas, contractuales y financieras, pero fue la única que llegó al acto de apertura con una propuesta formal.

El resultado representa un cambio importante respecto al primer intento. El 28 de mayo de 2026 la licitación anterior terminó sin recibir una sola oferta, aunque dos consorcios habían superado previamente la etapa de precalificación: Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y Teleférico San Miguelito-TSM, conformado por Cointer Concesiones y la propia Doppelmayr Panamá Corp.

Metro de Panamá explicó entonces que ninguno de los dos grupos logró alcanzar la “bancarización” necesaria para ejecutar el proyecto bajo el modelo de concesión administrativa.

El proceso había atravesado múltiples modificaciones, diez adendas y cinco fechas distintas para recibir propuestas, pero las condiciones financieras terminaron impidiendo que los dos consorcios precalificados formalizaran sus ofertas.

Después del fracaso, el Gobierno modificó el esquema y lanzó en julio una segunda licitación bajo una contratación por mejor valor y con un precio de referencia de $270 millones.

La nueva convocatoria comprende estudios complementarios, diseño, construcción, suministro, fabricación, instalación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del teleférico, además de una opción de mantenimiento.

El componente financiero también recibió atención especial. Durante la homologación, Doppelmayr consultó sobre la exigencia de estructurar financiamiento respaldado por una Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) y preguntó si los pagos serían asumidos directamente por Metro.

La entidad respondió que el Estado haría frente directamente a los compromisos de pago, aunque posteriormente realizaría aclaraciones sobre las condiciones financieras.

El proyecto contempla un teleférico urbano tipo telecabina monocable desembragable de aproximadamente 6,6 kilómetros, con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El sistema estará diseñado inicialmente para transportar hasta 2.800 pasajeros por hora en cada dirección, mediante cabinas con capacidad para diez personas sentadas.

Las instalaciones incluirán además un garaje próximo a la estación Cincuentenario con capacidad para almacenar todas las cabinas operativas, así como talleres para mantenimiento de vehículos y pinzas, áreas de lavado y almacenes de repuestos.

Las torres serán estructuras metálicas sobre pedestales de concreto, mientras las estaciones deberán incorporar criterios de integración urbana y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Uno de los objetivos centrales es mejorar la movilidad de sectores donde la topografía y la alta densidad urbana dificultan la operación eficiente del transporte terrestre convencional.

El recorrido permitirá conectar comunidades de San Miguelito con la red del Metro y reducir el desplazamiento entre los extremos de la línea a alrededor de 25,6 minutos, según las estimaciones divulgadas para el proyecto.

La presentación de una propuesta no significa todavía que Doppelmayr tenga adjudicado el contrato. La documentación deberá ser revisada y la oferta evaluada conforme a los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales establecidos en el pliego.

Sin embargo, después de que el primer proceso terminara desierto por dificultades de financiamiento, la oferta de $255,1 millones permite que el segundo intento avance por primera vez hacia una posible adjudicación.

La condena de 30 años de prisión para el piloto Bosco Bolívar Barrera marcó el desenlace de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad educativa y a los allegados de la educadora Doris Franco.

El fallo llegó tras dos años de espera, luego de que un Tribunal de Juicio lo hallara responsable de femicidio, al analizar los elementos presentados durante las audiencias.

La sentencia incluyó una inhabilitación adicional: Barrera no podrá ocupar cargos públicos durante cinco años posteriores al cumplimiento de su condena principal.

Así lo detalló el fiscal Moisés Tuñón, quien representó al Ministerio Público, al explicar que el Tribunal consideró suficientes las pruebas para dictar la pena.

En respuesta a la condena, la defensa anunció la interposición de un recurso de anulación, cuya resolución dependerá ahora del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

El fiscal Tuñón indicó que el Ministerio Público se encuentra a la espera de conocer los fundamentos de dicho recurso para, en el momento oportuno, presentar las oposiciones correspondientes. “Esperamos que el Tribunal rechace el recurso que en su momento presente la defensa”, afirmó.

Durante la audiencia de lectura de la sentencia, los familiares de Franco y el abogado querellante, Yairo Fernández, expresaron alivio por el resultado, aunque subrayaron que ninguna decisión judicial podrá devolverles a su ser querido.

Para ellos, el fallo representa el cierre de una etapa judicial tras dos años de incertidumbre y dolor.

Los hechos que desembocaron en la condena ocurrieron el 26 de abril de 2024, cuando la educadora Doris Franco fue apuñalada mortalmente por Barrera en la barriada La Primavera, en Santiago de Veraguas, en un contexto de violencia doméstica.

La resolución del caso de Franco coincidió con el avance de otra investigación en la misma provincia: la desaparición de Jafeth González, un conductor de plataforma digital de 23 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido tras aceptar un servicio el 11 de agosto de 2026.

En el caso de González, la Fiscalía Regional de Homicidios y Femicidio de Veraguas imputó a dos jóvenes, de 18 y 19 años, por los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.

Ambos permanecen bajo detención provisional mientras las pesquisas continúan.

La noche en que González desapareció, según lo expuesto en la audiencia, él recogió a los pasajeros que luego serían señalados como imputados.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias suyas. La investigación reveló que un testigo protegido aportó datos cruciales: habría señalado que el joven fue estrangulado dentro de un vehículo y arrojado al río Santa María, donde las autoridades, con el respaldo del Sistema Nacional de Protección Civil, mantienen las labores de búsqueda.

La audiencia también dejó ver la posible implicación de otros dos menores de edad, estudiantes de secundaria, cuya situación será revisada por un Juzgado de Adolescencia en una audiencia programada para el viernes 21 de agosto.

Mientras tanto, familiares y amigos de González acudieron a las instalaciones judiciales con pancartas y exigencias de justicia, reflejando la preocupación colectiva ante la falta de noticias sobre el paradero del joven desde su desaparición.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y definir la responsabilidad de todos los involucrados, mientras la comunidad de Veraguas sigue atenta a los avances judiciales.

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026, al pasar de nueve víctimas en igual período de 2025 a 13 este año, informó Infobae.

Pero, las estadísticas revelan otro incremento aún mayor: las tentativas de femicidio crecieron 89%, de nueve a 17 víctimas, según el último informe del Ministerio Público.

Las autoridades regionales de Salud podrán presentar directamente ante el Ministerio Público las denuncias cuando detecten posibles conductas delictivas relacionadas con certificados médicos de incapacidad.

Esto, en vías de fortalecer las acciones contra las irregularidades en la emisión de diagnósticos y la comercialización ilícita de expedientes médicos.

Así lo explicó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al referirse al Decreto Ejecutivo No. 29 del 19 de agosto de 2026, publicado esta semana en la Gaceta Oficial No. 30593.

“Esta modificación permite que los directores regionales de salud, cuando detecten una posible irregularidad que pueda constituir un delito, puedan presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público”, explicó el ministro Boyd Galindo.

El certificado médico de incapacidad ocupa un lugar central en la regulación de las relaciones laborales en Panamá porque es el documento que acredita, frente al empleador y frente al sistema de seguridad social, que un trabajador no puede ejecutar temporalmente sus funciones por razones de salud.

En la práctica cotidiana, el certificado de incapacidad cumple un doble rol: por un lado, protege al trabajador enfermo frente a posibles sanciones disciplinarias por no asistir al trabajo; por otro, sirve como base documental para que la Caja de Seguro Social determine si corresponde o no el pago de un subsidio por incapacidad temporal, y eventualmente para sustentar pensiones de invalidez en casos de afectaciones más graves.

Esta doble naturaleza médico-laboral del certificado explica por qué su emisión está estrictamente reservada a médicos y odontólogos idóneos, debidamente registrados ante el Consejo Técnico de Salud y la Dirección General de Salud.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 17, únicamente estos profesionales pueden expedir certificados de incapacidad, los cuales deben reflejar en forma fiel e indudable la atención médica al paciente y estar fundamentados en un diagnóstico real consignado en el expediente clínico.

El diseño del sistema parte del supuesto de que el médico actúa como garante técnico de la veracidad de la incapacidad, de manera que el empleador y las instituciones de seguridad social puedan confiar en la información ofrecida.

Sin embargo, cuando esta confianza se rompe por la compra de certificados, la falsificación de datos o la emisión de incapacidades sin motivo clínico, toda la cadena de protección social se ve comprometida.

Boyd Galindo explicó que la nueva normativa modifica el numeral 8 del artículo 8 y el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que regula el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad.

El titular de Salud destacó que esta medida permitirá fortalecer los mecanismos de control y actuar de manera más oportuna ante posibles irregularidades en la emisión de diagnósticos, así como frente a la falsificación y comercialización ilícita de expedientes médicos.

Boyd Galindo reiteró que el Minsa continuará impulsando acciones para garantizar la transparencia, fortalecer los controles y proteger la integridad de los procesos relacionados con la emisión y verificación de certificados médicos de incapacidad.

El problema de estos certificados es de vieja data. Es un secreto a voces de que algunos trabajadores acuden a “clínicas” que se dedican a la actividad de vender certificados de incapacidad, compran el documento y lo presentan al empleador para justificar una ausencia que no está realmente vinculada a un problema de salud.

En muchas ocasiones el certificado es percibido por ciertos actores como un instrumento susceptible de ser “comercializado” y utilizado estratégicamente para obtener días libres o ventajas laborales, lo que genera tensiones entre la necesidad de garantizar el descanso por enfermedad y la sospecha empresarial frente al posible fraude.

Además de su función laboral, el certificado de incapacidad tiene efectos en otros ámbitos jurídicos, como los procesos judiciales, de allí que la verificación de la autenticidad de estos documentos se haya considerado relevante no solo para la relación empleador-trabajador, sino también para el funcionamiento de la administración de justicia.

La protección de los manglares en el distrito de David, provincia de Chiriquí, se ha fortalecido tras la reciente intervención del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que ratificó su estatus como área protegida desde 2007.

El municipio declaró oficialmente su resguardo mediante el Acuerdo Municipal N.° 21, publicado en la Gaceta Oficial, estableciendo la prioridad de estos ecosistemas por su valor social, económico y ecológico.

La delimitación precisa de la zona protegida ha sido motivo de consulta pública durante julio y agosto. Esta revisión permitirá incluir los manglares de David, Alanje y San Lorenzo bajo una sola figura de manejo, reconociendo la conexión ecológica entre estos territorios, más allá de las fronteras administrativas.

En respuesta a la necesidad de actualizar la protección, la nueva propuesta técnica incorpora la categoría internacional de “Área de Recursos Manejados”, avalada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Con este cambio, se abarcarán unas 66.600 hectáreas de manglares, cubriendo toda la extensión presente en la región.

Panamá refuerza su compromiso con la conservación, ya que la reserva de manglares de David, Alanje y San Lorenzo representará cerca de una de cada diez hectáreas de manglar que existen en el país.

El proceso para formalizar los límites de esta área protegida ha sido extenso e incluyó la participación de pescadores, comunidades, autoridades estatales y otros sectores vinculados al uso de recursos marino-costeros.

En la práctica, la protección propuesta reconoce y regula las actividades tradicionales de las comunidades locales, permitiendo que prácticas como la pesca artesanal y la extracción de concha negra continúen bajo criterios de sostenibilidad.

Según el borrador de la resolución discutida en consulta pública, estas actividades seguirán siendo esenciales para la economía local y se desarrollarán de forma ordenada y compatible con la conservación ambiental.

El Ministerio de Ambiente coordinará con los municipios de David, Alanje y San Lorenzo, la Gobernación de Chiriquí y la Autoridad de los Recursos Acuáticos la supervisión de la zona protegida.

Michele Caballero, directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente, subrayó que “la conservación de los manglares y el uso racional y sostenible de estos recursos serán supervisados por la entidad, coordinadamente y en plena comunicación con otras entidades”.

La ampliación y formalización de la protección de los manglares en Chiriquí garantiza la continuidad de las actividades tradicionales, resguarda la biodiversidad y asegura la base económica de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. El país mantiene desde hace décadas un marco legal que respalda la conservación y el ordenamiento de los manglares y las zonas marino-costeras en todo el territorio nacional.

La institución reitera que el proceso de formalizar los límites del área protegida de los manglares de Chiriquí seguirá construyéndose con la participación plena y en completo respeto a quienes viven, trabajan y dependen de estos ecosistemas.

“La conservación de los manglares del Golfo de Chiriquí representa una responsabilidad compartida entre el Estado y la población, por lo cual se requiere armonizar la protección de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos y el desarrollo de actividades productivas compatibles con el ambiente,” añadió Caballero.

La consulta pública sobre el tema realizada se hizo conforme a la ley. La sociedad, las instituciones y las comunidades locales tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y elevar sus propuestas. Ahora inició la etapa de analizar y evaluar las numerosas opiniones y sugerencias recibidas, antes de tomar una decisión final.

MiAmbiente reiteró que seguirá consultando, escuchando y actuando con transparencia, a fin de que el área protegida de los manglares del distrito de David que existe desde el 2007 sea reforzada, ordenada, ampliada y manejada para su sostenibilidad en el tiempo, junto a las comunidades del área.

En Chiguirí Arriba, un poblado a las afueras de la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, están a la mitad de los trámites para exportar a finales de octubre próximo mariposas hacia Turquía.

Ya en 2022 unas 80 mariposas viajaron hacia el Konya Tropical Butterfly Garden, uno de los mariposarios más grandes de Europa, localizado en tierras turcas, según reportes de prensa.

Este comercio se desarrolla dentro de un marco normativo complejo, marcado por requisitos fitosanitarios estrictos en los países importadores, por regulaciones nacionales sobre el movimiento de organismos vivos y por estándares internacionales de comercio de vida silvestre que buscan minimizar riesgos de plagas invasoras y garantizar la trazabilidad de los ejemplares.

El Konya Tropical Butterfly Garden, cuenta con una colección de 20,000 plantas de más de 100 especies diferentes, donde los visitantes pueden observar más de 5,000 mariposas en su propio hábitat natural, en su mayoría procedentes de Asia, África y Centroamérica.

Según expertos, en Panamá existen entre 9,000 y 16,000 especies de mariposas diurnas y nocturnas, un 10% de la población global.

Las mariposas se han convertido en uno de los grupos más visibles y simbólicos de la fauna panameña, hasta el punto de que algunas narrativas culturales han sugerido que el nombre “Panamá” podría estar asociado a la idea de una “abundancia de mariposas”, especialmente en temporadas de vuelo masivo como agosto.

Ahora, Jaime Navarro, nervio y motor de la iniciativa exportadora, dice que el buen manejo que ha dado a sus finanzas le ha permitido establecer precios competitivos en el mercado de las mariposas.

Sin ser biólogo, afirma que ha logrado aprender a distinguir especies, sexo, edades, características, amenazas, plantas hospederas, flores y frutas que más les agradan a estos insectos de vistosos colores.

Dueño del zoocriadero de mariposas “Alas de esperanza”, Navarro confirmó a Radio Mi Favorita que recibió a personal del mariposario turco, quienes mostraron su interés en exportar mariposas panameñas.

En un diálogo con Mi Favorita, detalló que por un intercambio de conocimientos con científicos y el Mariposario del Cerro La Vieja, ubicado también en Chiguirí Arriba, se propuso a los pobladores capacitarse en la crianza de mariposas como forma de emprendimiento sostenible.

Dirigido por biólogos y emprendedores panameños, en Cerro La Vieja se reproducen y se exhiben unas 40 de las especies más vistosas del país, incluyendo la Gran Mariposa Morpho Azul y la Mariposa Búho.

Navarro explicó que en principio, muchos se interesaron por tener un emprendimiento con las mariposas, pero al tener una limitada instrucción, cometían errores y pocas mariposas nacían, aspecto que los desanimó, y provocó que solo él se interesara en buscar información de manera empírica.

Hasta el momento ha logrado reproducir 25 especies de mariposas, entre las que se encuentran las especies monarca, pavo real, caligo, que incluye varias especies conocidas como “mariposas búho”, parche negro y Actias luna, entre otras.

El emprendedor aclaró a la estación radial que en estos momentos solo se dedica a criarlas para su venta, ya que no es un mariposario.

La transición hacia un enfoque de biocomercio, en el que las mariposas se conciben simultáneamente como objeto de estudio, símbolo turístico y producto exportable marca, según fuentes ambientales consultadas, una fase nueva en la relación entre ciencia, comunidades y mercados, y requiere reexaminar la forma en que se gestiona y utiliza la biodiversidad.

En este sentido indicaron que el caso panameño no puede separarse del contexto regional, donde países como Costa Rica han desarrollado modelos de exportación de pupas de mariposa desde hace décadas, combinando investigación, producción y conservación.

Manifiestan que las mariposas panameñas funcionan como embajadoras de la biodiversidad del país, extendiendo su presencia a ciudades europeas, norteamericanas y asiáticas mediante exhibiciones permanentes o temporales que permiten al público observar la eclosión de pupas y el vuelo de los adultos.

Panamá ha dado un paso pionero en la región al capacitar a sus especialistas aduaneros para fortalecer la detección y el bloqueo de actividades criminales vinculadas al tráfico de armas nucleares o radiológicas.

Este esfuerzo responde a la amenaza de que organizaciones delictivas o grupos terroristas utilicen el país como ruta para trasladar materiales peligrosos con fines destructivos, tanto en territorio panameño como en naciones aliadas.

El país participa en un programa de formación integral que actualiza los conocimientos de sus funcionarios aduaneros.

El objetivo es perfeccionar los sistemas de control en áreas como comercio exterior, logística y regulación internacional, priorizando la lucha contra delitos como el contrabando, la falsificación y el narcotráfico.

Dentro de este marco, la prevención del tráfico de materiales nucleares y radiactivos figura entre las prioridades estratégicas.

El taller especializado fue impartido por instructores del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear, quienes aportaron herramientas y simulaciones de última generación.

Mark Greer, responsable técnico del Proyecto Megapuertos Panamá y líder de la delegación estadounidense, subrayó que “Panamá está a la vanguardia en la región en la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para enfrentar más eficientemente el trasiego de materiales nucleares y radioactivos”.

Por su parte, Carmen Tapia, directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, remarcó uno de los ejes de la actual gestión: “dotar de tecnologías avanzadas a la institución”.

Esta estrategia, dijo, busca optimizar la capacidad de respuesta ante amenazas complejas y proteger tanto la seguridad nacional como el flujo legítimo del comercio.

En paralelo al programa formativo, la Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención de dos contenedores con mercancía bajo sospecha de infringir derechos de propiedad intelectual.

La operación, que tuvo lugar en un puerto de la costa atlántica, derivó de acciones conjuntas de inteligencia y control físico, y se calcula que el valor preliminar de los productos retenidos asciende a $807.500.

Los inspectores, tras la verificación física de los cargamentos, hallaron cigarrillos de marcas reconocidas.

El análisis inicial sugirió indicios de presunto fraude marcario, por lo que la Dirección de Propiedad Intelectual ordenó la retención y custodia inmediata de los contenedores.

Actualmente, los especialistas elaboran un inventario detallado para determinar la cantidad exacta y el valor definitivo de la mercancía.

De acuerdo con los procedimientos, una vez finalizadas las verificaciones, se aplicará el régimen administrativo correspondiente a la legislación de propiedad intelectual. Si se confirma la existencia de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para su investigación formal.

Durante una diligencia de allanamiento en un local dedicado al transporte y recepción de paquetes internacionales, las autoridades detectaron una encomienda que contenía posibles sustancias prohibidas.

Agentes de la Policía Nacional, al llegar al establecimiento, fueron recibidos por el propietario, quien colaboró voluntariamente con la inspección y facilitó el acceso al área de almacenamiento para ubicar la caja señalada.

Como parte de su labor, los funcionarios continúan aplicando controles estrictos en puertos y centros logísticos, tanto para combatir el comercio ilícito como para garantizar la seguridad y la legalidad en el mercado nacional.

Con estas acciones las autoridades aduaneras sostienen que Panamá refuerza sus capacidades aduaneras mediante alianzas internacionales, incorporación de tecnología avanzada y una política de fiscalización permanente, en respuesta a los desafíos del crimen organizado y las nuevas amenazas globales.

Panamá acumula 377 homicidios hasta el 16 de agosto de 2026, de los cuales 369 fueron intencionales y ocho no intencionales, según el más reciente informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los asesinatos intencionales aumentaron en seis casos, equivalente a 2%, mientras la tasa nacional se ubica en 7.9 por cada 100,000 habitantes.

Colón registra la tasa más elevada, con 19.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguida por Panamá con 14.1; ambas aparecen en un nivel moderado que requiere atención.

La provincia de Panamá concentra 234 homicidios intencionales, seis más que los 228 registrados en igual período de 2025, un incremento de 3%. Colón presenta el movimiento contrario: pasó de 74 a 62 casos, una disminución de 16%, mientras Panamá Oeste permanece sin variación con 32 asesinatos.

El cambio más pronunciado entre las provincias con mayor número de casos ocurre en Chiriquí, donde los homicidios aumentaron de ocho en 2025 a 17 este año, una variación de 113%.

Coclé también muestra un incremento importante, al pasar de seis a 11, mientras Los Santos subió de uno a tres casos, equivalente a 200%, aunque sobre una base considerablemente menor.

Pandillerismo y femicidios aumentan

El informe permite observar cambios importantes en las circunstancias asociadas a los homicidios. Los casos vinculados al pandillerismo aumentaron 76%, al pasar de 29 a 51, mientras los femicidios crecieron de nueve a 15, un incremento de 67%. También las muertes relacionadas con riñas subieron de 17 a 28, equivalente a un aumento de 65%.

En contraste, las denominadas rencillas delincuenciales disminuyeron de 153 a 122 casos, una reducción de 20%, aunque continúan representando una de las principales categorías.

Los homicidios por ajuste de cuentas cayeron 59%, de 29 a 12, y los asociados a drogas o narcotráfico bajaron 43%, de 14 a ocho.

Otro dato relevante es el aumento de los casos que permanecen sin una causa determinada. Los homicidios clasificados “en investigación” pasaron de 37 a 61, un incremento de 65%, mientras los relacionados con robo subieron de 19 a 22.

El SIEC señala además que 54% de las muertes ocurre entre personas vinculadas a estructuras delincuenciales, organizadas o comunes.

La violencia derivada de estas estructuras también alcanza a personas ajenas a los conflictos. Según el análisis del organismo, 12% de las víctimas generadas por este tipo de violencia corresponde a personas inocentes, consideradas daño colateral.

En el balance general, sin embargo, los homicidios registrados específicamente bajo la categoría de daño colateral bajaron de 26 a 20, una reducción de 23%.

Los puntos con más homicidios

Por distritos, Panamá encabeza la estadística con 158 homicidios, seguido de San Miguelito con 73 y Colón con 57. Arraiján aparece en cuarta posición con 20 casos, mientras David y La Chorrera acumulan ocho cada uno. Penonomé registra cinco y Antón, Chagres y Chame presentan cuatro casos cada uno.

Dentro de San Miguelito, los corregimientos con mayor número de homicidios coinciden con las zonas donde actualmente se aplica un toque de queda. Belisario Frías acumula 20 casos, Omar Torrijos 15 y Arnulfo Arias Madrid 13; los tres forman parte, junto con Belisario Porras, que registra 11 homicidios, de los cuatro corregimientos sometidos a restricciones temporales de movilidad hasta el 31 de agosto.

En el sector este de la capital sobresalen 24 de Diciembre con 14, Pedregal con 13 y Tocumen con 10, mientras Chilibre lidera el sector norte con 16 casos.

En el distrito de Colón, Cristóbal Este registra 13 homicidios y Cativá acumula 11, seguidos por Barrio Norte con nueve. En el sector oeste de la ciudad de Panamá, Ancón contabiliza ocho y Calidonia siete, mientras Río Abajo registra seis asesinatos durante el período analizado.

Armas de fuego dominan los casos

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios, con 316 casos durante 2026, aunque la cifra disminuyó cuatro casos, o 1%, frente al año anterior. Las armas blancas aparecen en 28 hechos, dos más que en 2025, equivalente a un incremento de 8%.

Los domingos son el día con mayor cantidad de homicidios, con 70 casos, seguidos por los sábados con 58 y los viernes con 63, de acuerdo con el gráfico incluido en el informe. En promedio, Panamá registra aproximadamente 52 homicidios mensuales, dos diarios y uno cada 15 horas durante 2026.

El comportamiento reciente, no obstante, muestra cierta moderación. El promedio de las últimas seis semanas se sitúa en 11 homicidios semanales y entre las dos semanas más recientes hubo una disminución de 10%. Agosto permanece en la denominada “Zona de Éxito”, con una incidencia inferior a la históricamente esperada para este momento del mes.

Hasta el 16 de agosto se contabilizaban 25 homicidios, 24 de ellos intencionales. Con un promedio proyectado cercano a dos casos diarios durante el resto del mes, el SIEC estima que agosto podría cerrar alrededor de 47 homicidios y mantenerse por debajo del máximo histórico de 50 casos utilizado como referencia para ese período.

Las comunidades indígenas de Mesoamérica conservan extensos territorios, sostienen actividades productivas propias y enfrentan de primera mano los efectos del cambio climático, pero apenas una fracción del dinero internacional destinado a apoyarlas llega directamente a sus manos.

Según el Fondo Territorial Mesoamericano, solo alrededor del 1% del financiamiento climático dirigido a pueblos indígenas y comunidades locales termina efectivamente en los territorios.

La paradoja es mayor porque esas mismas comunidades administran bosques, producen alimentos, desarrollan artesanías, mantienen conocimientos ancestrales y generan economías locales desde hace generaciones.

El problema no es que carezcan de actividad económica, sino que muchas de esas iniciativas siguen siendo pequeñas, tienen dificultades para acceder a capital, mejorar su calidad y conectarse con mercados más amplios.

Ese fue uno de los ejes del Intercambio Mesoamericano de Economía Indígena y Comunitaria realizado esta semana en Panamá, donde organizaciones de la región discutieron cómo fortalecer sus sistemas productivos sin convertir el mercado en el único objetivo.

La apuesta es generar ingresos y oportunidades, pero preservando al mismo tiempo la soberanía alimentaria, la cultura, los territorios y las formas propias de organización.

Levi Sucre Romero, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), plantea que la economía indígena no debe medirse únicamente por cuánto dinero genera o por su capacidad de exportación.

“No se trata de cuántos millones tenemos en cada cuenta del banco”, explicó a Infobae. Para estas comunidades, la economía debe permitir un medio de vida digno, garantizar el acceso a servicios básicos, recuperar conocimientos y fortalecer la soberanía alimentaria, sin renunciar a la posibilidad de conectarse con los mercados nacionales e internacionales.

Ese modelo tampoco rechaza el mercado. En Mesoamérica existen organizaciones de mujeres que comercializan productos, comunidades que generan alimentos y emprendimientos que han logrado cumplir requisitos para vender fuera de sus territorios.

Sin embargo, Sucre reconoce que estas experiencias todavía representan una proporción pequeña frente a la escala alcanzada por la economía convencional.

El desafío consiste entonces en completar el ciclo: producir primero para garantizar bienestar y soberanía alimentaria, agregar valor y posteriormente llegar a compradores cuando existan las condiciones necesarias.

Para hacerlo se requieren recursos, capacitación y tecnología, pero también una estrategia que evite imponer modelos empresariales desconectados de las prioridades definidas por cada territorio.

Realidad

La dimensión ambiental ayuda a entender por qué el debate trasciende los ingresos. María Pía Hernández, gerente del Fondo Territorial Mesoamericano, explicó que las organizaciones que integran la AMPB tienen títulos colectivos o concesiones sobre territorios que abarcan más del 36% de los bosques de Mesoamérica.

Allí se encuentran áreas estratégicas como Darién, la Selva Maya y territorios vinculados al Parque Internacional La Amistad.

Mantener esos ecosistemas supone enfrentar invasiones de tierras, expansión agrícola y ganadera, narcotráfico, criminalidad y los efectos cada vez más visibles del cambio climático. Inundaciones, sequías y otros eventos extremos agregan presión sobre poblaciones que, pese a sus limitaciones económicas, continúan administrando algunos de los espacios naturales mejor conservados de la región.

El financiamiento internacional debería ayudar a cerrar esa brecha, pero el dinero recorre un camino complejo. Hernández sostiene que aproximadamente el 1% de los recursos climáticos destinados a pueblos indígenas y comunidades locales llega directamente a los territorios.

El resto atraviesa estructuras de intermediación, administración, estudios y otros mecanismos antes de alcanzar a las poblaciones en cuyo nombre fueron gestionados originalmente esos fondos.

La gerente reconoce que los controles administrativos, mecanismos de rendición de cuentas y determinados intermediarios son necesarios, pero cuestiona cuánto terminan costando.

El problema surge cuando una parte desproporcionada de los recursos se consume antes de financiar las soluciones territoriales que justificaron su movilización.

Para intentar reducir esa distancia fue creado en 2023 el Fondo Territorial Mesoamericano, un mecanismo diseñado y dirigido por pueblos indígenas y comunidades locales para captar recursos y canalizarlos directamente hacia sus organizaciones.

Actualmente trabaja con más de 35 entidades y recibe financiamiento de fundaciones privadas, cooperación bilateral y multilateral y fondos internacionales relacionados con el ambiente.

La organización comenzó con unos $220,000 destinados fundamentalmente a poner en funcionamiento su estructura y espera cerrar este año con un presupuesto cercano a $3 millones.

Su política establece que el 70% de los recursos recibidos debe dirigirse a inversión territorial, mientras una estructura operativa de cuatro personas busca mantener contenidos los gastos administrativos.

Panamá: del bosque a los emprendimientos

En Panamá, los recursos están llegando a iniciativas relacionadas con protección territorial, restauración de bosques, fortalecimiento de la gobernanza y creación o consolidación de emprendimientos indígenas.

En territorios Emberá, por ejemplo, existen proyectos de señalización para enfrentar invasiones y acciones de regeneración natural, mientras otras inversiones buscan mejorar las capacidades comunitarias para administrar y proteger sus tierras.

El componente económico tiene un énfasis particular en las mujeres. El Fondo trabaja con organizaciones de artesanas Emberá para fortalecer sus negocios, agregar valor a sus productos y conectarlos con cadenas comerciales más amplias.

En Gunayala también se desarrollan iniciativas territoriales y apoyo a jóvenes para impulsar actividades productivas que puedan generar oportunidades dentro de sus propias comunidades.

Durante el encuentro se mostraron experiencias como la comercialización local del coco por parte del pueblo Gunadule y el trabajo de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE). Son modelos donde una actividad que genera ingresos puede simultáneamente preservar conocimientos ancestrales, fortalecer la autonomía económica femenina y mantener una relación productiva con los recursos disponibles en el territorio.

La falta de oportunidades también tiene consecuencias demográficas. Hernández advirtió que jóvenes indígenas terminan abandonando sus comunidades porque no encuentran suficientes alternativas económicas para construir allí sus proyectos de vida.

Por eso, parte de las inversiones se dirige a emprendimiento y formación, buscando que migrar hacia las ciudades deje de ser prácticamente la única alternativa para acceder a determinados empleos e ingresos.

Sucre asegura que ya existen señales de cambio. Las economías comunitarias están ayudando a reducir la migración juvenil y la dependencia de programas asistenciales mediante actividades que permiten producir alimentos y generar ingresos.

Lo que todavía está en una fase temprana es la conexión sistemática de esos modelos con mercados que puedan ampliar su impacto económico sin desnaturalizarlos.

Ni subsidios eternos ni exportar a cualquier costo

La discusión introduce también una crítica al asistencialismo. Para Sucre, los subsidios pueden ser necesarios en determinadas circunstancias, pero no deberían convertirse en la respuesta permanente a las necesidades económicas indígenas.

El riesgo aparece cuando generan paternalismo o alteran dinámicas comunitarias, en lugar de acompañar inversiones capaces de construir capacidades productivas y mayor autonomía a largo plazo.

La alternativa tampoco consiste en exigir que todas las comunidades comiencen inmediatamente a exportar. Algunas necesitan primero garantizar su producción de alimentos, organizar sus emprendimientos o desarrollar capacidades técnicas antes de competir en mercados externos.

Cuando estén preparadas, deberán superar obstáculos relacionados con calidad, volumen, acceso a compradores y reconocimiento del verdadero valor de los productos que generan.

Su ventaja puede estar precisamente en aquello que diferencia estos productos de otros. Una actividad comunitaria puede generar simultáneamente ingresos, conservación de bosques, empleo local, protección de recursos naturales y continuidad de conocimientos culturales.

La AMPB busca articular iniciativas para alcanzar mayor escala y competitividad, pero sin permitir que vender más termine convirtiéndose en el único indicador utilizado para definir si una economía indígena funciona.

El Fondo Territorial Mesoamericano prepara además el proyecto Corazón de la Conservación, que cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente de Panamá y recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

La iniciativa comenzará el próximo año e incorporará acciones relacionadas con conservación, adaptación y mitigación frente al cambio climático en territorios indígenas panameños.

La primera etapa alcanzará territorios relacionados con AMARIE, Gunayala y comunidades Emberá, mientras posteriormente se abrirán oportunidades para incorporar a otros pueblos. Hernández señaló que se contempla ampliar la participación hacia territorios Naso y Ngäbe-Buglé, además de comunidades ubicadas en el occidente del país.

Los programas regionales reportan hasta ahora 56,405 beneficiarios directos y más de 200,000 indirectos, de acuerdo con Hernández. En Panamá se contabilizan aproximadamente 10,000 personas beneficiadas, de las cuales el 58% son mujeres, mientras las iniciativas regionales abarcan más de cinco millones de hectáreas de bosque bajo manejo comunitario.

Pero hasta la forma de medir el éxito está siendo revisada. El Fondo desarrolla indicadores bioculturales porque para una comunidad el regreso de una especie de ave, una mejora en la calidad del agua o que más jóvenes hablen su lengua pueden representar resultados concretos.

Esos avances pueden convivir con hectáreas restauradas o ingresos generados y permiten evaluar los proyectos desde parámetros definidos también por quienes viven en los territorios.

Para Sucre, los gobiernos y la cooperación internacional todavía tienen una tarea pendiente. Las comunidades necesitan acceso a tecnología, acompañamiento productivo, políticas públicas adecuadas y espacios donde puedan decidir qué tipo de economía desean desarrollar.

La tecnología no representa una amenaza por sí misma; el problema es que muchas herramientas capaces de elevar la productividad todavía no están disponibles para quienes trabajan dentro de los territorios.

El encuentro celebrado en Panamá dejó así una idea que atraviesa todo el debate: las comunidades indígenas no están esperando que alguien llegue a inventarles una economía, porque producen, intercambian, conservan y administran recursos desde hace generaciones.

El desafío consiste en lograr que más financiamiento llegue directamente, los emprendimientos puedan crecer y ese progreso económico ocurra sin destruir los bosques, la cultura y los conocimientos que precisamente sostienen su valor.

El Canal de Panamá reducirá desde septiembre su capacidad diaria de tránsito, una decisión que adopta por segunda ocasión en su historia, después de las restricciones aplicadas entre 2023 y 2024 durante una de las sequías más severas registradas en la cuenca.

La medida responde a precipitaciones inferiores a las esperadas y al riesgo que representa el desarrollo del fenómeno de El Niño para las reservas de agua.

La confirmación llegó apenas 24 horas después de que el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, revelara que se analizaba reducir los tránsitos si las condiciones hídricas lo requerían.

Hasta ese momento, la administración había privilegiado restricciones de calado y otras medidas de ahorro, mientras mantenía bajo evaluación la disponibilidad de agua y las proyecciones hidrológicas para los próximos meses.

La decisión representa un cambio importante porque la primera reducción de capacidad de tránsito por razones hídricas ocurrió en 2023, cuando la sequía obligó al Canal a bajar progresivamente desde niveles habituales de 36 embarcaciones.

La ACP llegó a operar con 22 tránsitos diarios en diciembre de ese año, aunque posteriormente una mejoría de las lluvias permitió comenzar a recuperar capacidad durante 2024.

Ahora, el ajuste será gradual. Para las fechas de tránsito desde el 4 de septiembre habrá 34 cupos diarios: nueve en las esclusas Neopanamax y 25 en las Panamax. Posteriormente, desde el 15 de septiembre, la disponibilidad en las esclusas Panamax bajará a 23, con lo cual la capacidad total quedará reducida a 32 cupos diarios.

La medida supone una reducción frente a los 38 tránsitos diarios que la vía venía ofreciendo durante 2026. Meses atrás, la propia ACP señalaba que sus proyecciones no anticipaban restricciones de tránsito hasta el 31 de diciembre, pero el comportamiento de las lluvias evolucionó por debajo de las previsiones, obligando a modificar el escenario operativo.

Lluvias muy por debajo del promedio

Entre mayo y agosto, período correspondiente al actual año hidrológico, la precipitación acumulada en la cuenca ha estado 34% por debajo del promedio histórico, mientras los aportes de agua a los lagos registran un déficit todavía mayor.

Las entradas a la cuenca se encuentran 44% por debajo del promedio para el mismo período, según el aviso enviado a las navieras.

La situación ocurre pese a que Panamá se encuentra en temporada lluviosa. La ACP advirtió que la respuesta hidrológica ha sido considerablemente menor de lo esperado, mientras las previsiones sobre la posible intensidad del fenómeno de El Niño 2026-2027 podrían reducir todavía más las precipitaciones y escorrentías durante lo que resta de la estación húmeda.

El principal riesgo se concentra en los primeros meses del próximo año. La combinación entre el déficit acumulado y la posibilidad de un episodio severo de El Niño genera preocupación sobre la cantidad de agua disponible durante la estación seca de 2027, comprendida entre enero y abril.

La administración considera necesario preservar anticipadamente las reservas para las operaciones y el consumo humano.

La experiencia más reciente ocurrió durante la crisis hídrica de 2023-2024, cuando el Canal tuvo que reducir por primera vez en su historia la cantidad de tránsitos por escasez de agua.

En octubre de 2023, las precipitaciones fueron 41% inferiores a lo habitual y alcanzaron el nivel más bajo registrado para ese mes, llevando a anunciar restricciones sucesivas.

Inicialmente, la ACP había programado bajar de 32 tránsitos diarios a 24 en noviembre de 2023, 22 en diciembre, 20 en enero y 18 en febrero de 2024. Una recuperación parcial de las lluvias y las medidas de ahorro evitaron llegar al nivel más restrictivo, permitiendo elevar nuevamente la capacidad a 24 tránsitos diarios en enero.

Junto con la reducción de capacidad, el Canal modificará temporalmente la distribución de los cupos ofrecidos mediante subasta, agrupando a las embarcaciones según los segmentos de mercado.

La medida busca repartir las oportunidades de reserva entre diferentes tipos de carga y, al mismo tiempo, maximizar la eficiencia en el consumo de agua durante los esclusajes.

Los grupos comprenderán buques de gas natural licuado y gas licuado de petróleo; graneleros y carga general; portacontenedores, RoRo y refrigerados; y tanqueros químicos, petroleros y embarcaciones de productos refinados.

En las esclusas Neopanamax, además, tendrán prioridad los portacontenedores completamente cargados que transporten la mayor capacidad de TEU.

Las restricciones pueden tener consecuencias para los barcos que lleguen sin espacio reservado. La ACP advirtió que una menor cantidad de tránsitos diarios podría incrementar los tiempos de espera de estas embarcaciones y recomendó utilizar el sistema de reservaciones.

Una reserva confirmada continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito.

Un respiro en el calado

Paradójicamente, las nuevas proyecciones permitieron aplazar dos restricciones de calado previamente anunciadas. El límite de 48 pies para los buques Neopanamax, que debía entrar en vigor el 26 de agosto, se aplicará desde el 2 de septiembre, mientras el posterior descenso hasta 47.5 pies se pospondrá del 3 de septiembre al 1 de octubre.

La administración continuará evaluando las precipitaciones, los aportes de la cuenca y los niveles de los lagos antes de determinar si necesita profundizar las restricciones.

La ACP reconoce que las condiciones meteorológicas están cambiando con mayor rapidez de la prevista, por lo que no descarta nuevos ajustes de capacidad o calado si las reservas de agua continúan deteriorándose.

La decisión coloca nuevamente al agua como el principal condicionante de la capacidad operativa del Canal, apenas tres años después de la crisis que obligó a restringir por primera vez los tránsitos.

Esta vez, la administración está actuando con meses de anticipación ante el riesgo de que la estación seca de 2027 encuentre los lagos con reservas insuficientes para sostener el ritmo habitual de la ruta.

La licitación para ampliar, rehabilitar y mantener uno de los corredores viales más congestionados de Panamá despertó un amplio interés entre constructoras, firmas de ingeniería y otros actores vinculados al sector de infraestructura.

Un total de 34 empresas contratistas participaron en la etapa de homologación del proyecto de la Autopista Centenario, que se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

A diferencia de una obra pública tradicional, este modelo permite que una empresa privada financie, construya, rehabilite y mantenga la infraestructura durante un período determinado, mientras el Estado remunera el servicio con base en indicadores de desempeño previamente establecidos.

El acta de la reunión revela una participación todavía mayor en términos individuales: 23 personas asistieron presencialmente y otras 37 participaron de manera virtual, para un total de 60 interesados registrados.

La sesión reunió a constructoras, firmas de ingeniería, consultoras y representantes de grupos nacionales e internacionales, que plantearon decenas de observaciones sobre las condiciones para competir por el contrato.

Entre las compañías de mayor trayectoria internacional que aparecen en el registro están Mota-Engil, grupo de ingeniería y construcción de origen portugués; Egis, firma francesa especializada en infraestructura; y Applus+, compañía española que presta servicios técnicos en carreteras, puentes, ferrocarriles y otros activos.

También figura TYLin, una firma global de ingeniería con amplia actividad en Estados Unidos y América Latina, especializada en transporte e infraestructura.

El listado incluye además a Coconal, empresa mexicana fundada en 1950 y especializada en construcción, modernización, conservación y operación de carreteras, y Grupo HYCSA, otro conglomerado mexicano con más de 28 años de experiencia en proyectos viales, marítimos, hidráulicos y de edificación.

La atención empresarial responde a la dimensión del contrato. La licitación comprende 42.5 kilómetros de la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, divididos en seis tramos, e incluye estudios, financiamiento, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento.

El corredor conecta Panamá con Panamá Oeste y soporta altos volúmenes de tráfico durante extensas horas pico. La necesidad de esta obra responde a una realidad que miles de conductores enfrentan diariamente.

El Puente Centenario constituye la segunda gran puerta de entrada y salida de la capital, después del Puente de las Américas, y es el principal enlace para quienes se desplazan entre la ciudad y Panamá Oeste. Sin embargo, el crecimiento demográfico, residencial y comercial registrado durante la última década ha llevado esta infraestructura al límite de su capacidad.

Uno de los puntos aclarados durante la homologación fue la duración de la relación contractual con el futuro concesionario. Ante una consulta formulada durante la sesión, el MOP indicó que el plazo previsto para el contrato es de 360 meses, equivalentes a 30 años, período durante el cual se desarrollarán las diferentes etapas del proyecto.

El esquema definitivo establece una relación de largo plazo en la que el adjudicatario no solo deberá ejecutar las obras, sino mantener y operar la infraestructura conforme a indicadores de desempeño hasta la terminación y reversión del contrato.

Las preguntas de los interesados se concentraron especialmente en los requisitos para participar, la experiencia exigida a los consorcios, las condiciones financieras y los plazos disponibles para presentar propuestas.

Varias compañías pidieron modificaciones o aclaraciones, y en distintos casos el MOP aceptó revisar la redacción del pliego antes de que avance el proceso.

Uno de los asuntos más recurrentes fue el tiempo para preparar las ofertas. Alya Constructora solicitó 60 días adicionales, Coconal pidió una extensión de 30 días y Gami Ingeniería planteó igualmente ampliar el período en 60 días.

Las empresas argumentaron que la magnitud del proyecto exige levantamientos, estudios de campo, mediciones, modelaciones y análisis técnicos antes de estructurar las propuestas.

El MOP respondió que evaluaría esas solicitudes. Actualmente, el pliego establece que las propuestas deberán entregarse el 16 de noviembre de 2026, incluyendo la fianza, la documentación técnica y la oferta económica.

La recepción será exclusivamente presencial y, una vez vencida la hora establecida, no podrán incorporarse nuevos participantes al acto.

Otro grupo reiterado de consultas estuvo relacionado con la experiencia que deberán demostrar los proponentes y la forma en que puede acreditarse dentro de los consorcios.

Las compañías preguntaron si podían utilizar antecedentes de empresas controladoras, filiales o subcontratistas y bajo qué condiciones esa experiencia sería reconocida durante la evaluación.

Para operación y mantenimiento vial, el pliego permite acreditar hasta tres contratos cuya longitud conjunta sea de al menos 80 kilómetros, con uno de los proyectos de por lo menos 40 kilómetros.

Además, los antecedentes deben incluir labores de conservación, mantenimiento y operación, lo que eleva las exigencias para compañías sin experiencia previa en concesiones viales.

También surgieron numerosas preguntas sobre capacidad financiera, porcentajes de participación dentro de los consorcios, documentación de empresas extranjeras y compromisos de permanencia.

Parte de las consultas buscaba aclarar cómo podrían estructurarse las alianzas entre constructoras, operadores e inversionistas para cumplir simultáneamente los requisitos financieros y técnicos establecidos por el Estado.

El componente económico fue otro foco importante. El MOP ha divulgado que el proyecto contempla una inversión estimada de $606.5 millones, cifra que comprende la dimensión global de la iniciativa.

El pliego de condiciones fija en $267.4 millones el valor de referencia para la inversión inicial y establece un monto estimado de inversión total de $329.4 millones para efectos relacionados con las fianzas.

Adicionalmente, determina en $38.5 millones el valor de referencia del compromiso firme semestral durante la etapa de operación y mantenimiento. El propio pliego advierte que los valores de referencia no limitan las inversiones adicionales necesarias para cumplir con las obligaciones, estándares de servicio y riesgos que sean transferidos al contratista durante el contrato.

La infraestructura que recibirá el adjudicatario tampoco se limita a la construcción. Tras las obras deberá asumir actividades permanentes de operación, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico, además del monitoreo de indicadores de desempeño.

El contrato seguirá vigente hasta completar la transición y reversión del proyecto al Estado.

Entre las intervenciones previstas figura ampliar la vía Centenario a tres carriles por sentido y la autopista Arraiján–La Chorrera a cuatro, además de remodelar intercambiadores como Tecal, Bique y Nicolás Solano.

También se incorporarán sistemas inteligentes de transporte y herramientas para gestionar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

Con esta licitación, Panamá continúa ampliando el uso del modelo APP como mecanismo para desarrollar grandes proyectos de infraestructura.

Actualmente el país ya cuenta con dos contratos bajo este esquema para rehabilitar y mantener importantes tramos de la carretera Panamericana. Uno corresponde al trayecto entre Pacora y Yaviza, en la provincia de Darién, con una longitud de 246.2 kilómetros, mientras que el segundo abarca el tramo comprendido entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas, con aproximadamente 192 kilómetros.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 85% del tejido empresarial de Panamá, enfrentan un escenario marcado por la burocracia, la informalidad, el desempleo y un consumo interno estancado.

Frente a este panorama, el sector empresarial presentó una hoja de ruta con 13 propuestas para impulsar su productividad, formalización y capacidad de generar empleo.

El documento fue elaborado como resultado del Primer Congreso MiPyME 360: Transformando Desafíos en Oportunidad, organizado por la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras) el 19 de agosto.

El encuentro reunió durante una jornada a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades del Gobierno para discutir políticas públicas y experiencias dirigidas al sector.

Una de las propuestas más contundentes plantea cambiar el enfoque de los incentivos gubernamentales destinados a crear nuevos emprendimientos. Fedecámaras considera que, ante la incertidumbre sobre la viabilidad de nuevas iniciativas, el Gobierno debería concentrar principalmente sus esfuerzos en fortalecer las MiPyME que ya existen, ayudándolas a crecer y mantenerse operativas.

El gremio identifica como parte del problema la reducción de la inversión local y extranjera directa, junto con la informalidad y el desempleo, factores que estarían afectando el consumo interno.

Para enfrentar estas condiciones propone avanzar en la formalización y fortalecer el desarrollo empresarial especialmente en el interior del país, donde las cámaras de comercio tendrían un papel de acompañamiento.

El acceso al dinero constituye otro de los ejes. Fedecámaras propone trabajar con CAF y el Banco Nacional de Panamá para diseñar programas de financiamiento por sectores, orientados a estimular actividades productivas.

Paralelamente, plantea colaborar con Ampyme para fortalecer la educación financiera, el acceso al crédito y la innovación de los modelos de negocio de las pequeñas empresas.

En materia laboral, el manifiesto propone utilizar de manera más eficiente los recursos del Seguro Educativo destinados a capacitar al recurso humano del sector privado.

Los programas serían coordinados por CoSPAE junto con los gremios productivos, mientras que universidades públicas y privadas y Senacyt deberían reforzar la relación universidad-empresa para acelerar los procesos de innovación dentro de las MiPyME.

Menos trámites para operar

Otra petición concreta está dirigida a la Dirección General de Ingresos. Fedecámaras propone elevar hasta $150,000 el umbral para utilizar gratuitamente el facturador electrónico, al tiempo que solicita a Ampyme promover regulaciones más ágiles que faciliten la entrada a la formalidad de las micro y pequeñas empresas que actualmente desarrollan sus actividades fuera de ella.

La digitalización también aparece como una herramienta contra la burocracia. La propuesta consiste en identificar junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental los trámites que generan mayor impacto sobre las MiPyME y llevarlos a plataformas digitales, utilizando la información que ya posee el Estado y evitando duplicidades mediante la interoperabilidad de datos en Panamá Conecta.

Fedecámaras también reclamó un mayor espacio para las pequeñas empresas dentro de las cadenas de proveedores de grandes compañías y de las compras realizadas por el Estado.

El manifiesto pide que las industrias tractoras privilegien encadenamientos y capacitación fuera del área interoceánica y que las entidades públicas otorguen las ventajas previstas legalmente para las MyPE y paguen oportunamente.

Uno de los planteamientos de mayor alcance trasciende las políticas tradicionales para pequeñas empresas. El gremio pidió al Gobierno definir con responsabilidad y transparencia una hoja de ruta para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y señaló específicamente el potencial de la operación minera ubicada en Donoso como industria ancla para dinamizar la economía regional.

La propuesta plantea utilizar esa actividad para generar encadenamientos con pequeñas y medianas empresas panameñas y diversificar la matriz productiva nacional.

Fedecámaras considera que alrededor de la operación podría consolidarse un conglomerado de desarrollo territorial de largo plazo que incorpore a proveedores nacionales y genere actividad económica en las regiones.

Otro frente está relacionado con las posibilidades de vender fuera del país. El manifiesto solicita al MICI y al MIDA desarrollar programas que aumenten la capacidad exportadora de los productores, además de fomentar la asociatividad, el cooperativismo y la incorporación de las MyPE a las cadenas de la industria local.

La hoja de ruta también propone profundizar los estudios sobre las diferencias de productividad existentes entre los distintos segmentos de las MiPyME, con apoyo del Centro Nacional de Competitividad.

El objetivo es identificar qué factores explican esas brechas y diseñar medidas específicas para elevar el desempeño de los negocios, en lugar de aplicar soluciones generales a empresas con realidades diferentes.

Como mecanismo de seguimiento, Fedecámaras plantea crear una mesa de trabajo permanente entre el sector productivo, las instituciones públicas y la academia para convertir las propuestas en acciones.

Las cámaras afiliadas asumieron además el compromiso de divulgar, impulsar y dar seguimiento al manifiesto surgido del congreso, celebrado en Santiago de Veraguas.

El documento refleja así una petición que va más allá de crear nuevos negocios: las organizaciones empresariales quieren que las políticas públicas ayuden a sobrevivir, formalizarse y crecer a los que ya operan.

Financiamiento, capacitación, innovación, menos trámites, exportaciones y nuevos encadenamientos conforman la agenda que Fedecámaras buscará impulsar después de su primer Congreso MiPyME 360.

Las recientes iniciativas para enfrentar la contaminación en la Bahía de Parita apuntan a modificar tanto el uso del suelo como las prácticas productivas en esta zona del Pacífico panameño.

El Ministerio de Ambiente de Panamá, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ha puesto en marcha un proyecto destinado a reducir la contaminación costera y fortalecer la resiliencia local.

La preocupación por el estado de la bahía se ha intensificado tras la confirmación de que la calidad del agua se deteriora por desechos arrastrados desde los ríos La Villa, Parita, Santa María, Río Grande y Antón.

Los estudios recientes han identificado que esta situación se vincula directamente con el avance de la agricultura y la urbanización en la región, lo que ha generado presión sobre los recursos naturales.

La Bahía de Parita sustenta una red de manglares y ecosistemas ribereños esenciales para la fauna migratoria y la subsistencia de numerosas familias.

Frente a este contexto, las autoridades panameñas y sus aliados internacionales buscan fortalecer el ordenamiento territorial y promover alternativas que permitan conservar el agua y los suelos sin comprometer la producción local.

El proyecto, bajo la ejecución del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental (CREHO), pretende involucrar a productores, comunidades y autoridades en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Entre las acciones previstas se encuentran estudios detallados sobre el estado de la bahía, campañas de educación ambiental y el desarrollo de herramientas para un uso responsable del territorio.

La intervención alcanzará directamente a 200 productores agropecuarios, de los cuales al menos el 30 % serán mujeres.

El enfoque está puesto en implementar prácticas más sostenibles que contribuyan a la conservación de los recursos y, al mismo tiempo, refuercen la economía local.

El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, manifestó que la iniciativa es una muestra del compromiso nacional por salvaguardar los ecosistemas costeros.

Afirmó que la bahía representa un patrimonio natural y productivo, y que la colaboración entre autoridades, comunidades y el sector productivo es clave para asegurar su preservación para las próximas generaciones.

Desde CREHO, Sandy Mosquera resaltó que la protección de los mares comienza tierra adentro, con un manejo responsable de humedales y cuencas. Enfatizó que la cooperación entre productores, comunidades y gobiernos locales es fundamental para lograr una producción sostenible sin sacrificar la salud del agua, los suelos y la biodiversidad.

Investigaciones desarrolladas por CREHO y aliados internacionales han confirmado que el uso adecuado del suelo es uno de los factores más determinantes para mantener la integridad ecológica tanto de los ríos como de la bahía.

El proyecto contempla la creación de espacios de diálogo con sectores productivos y comunidades locales para recopilar experiencias, identificar oportunidades de mejora y diseñar estrategias que reduzcan la llegada de contaminantes a la bahía.

Además, se promueve una mayor articulación entre autoridades municipales, instituciones y la sociedad civil para garantizar la continuidad de las acciones más allá del corto plazo.

Esta intervención forma parte del programa internacional GEF Clean and Healthy Ocean Integrated Program, que reúne inversiones de hasta $115 millones y cuenta con el liderazgo de organismos como la FAO, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, la CAF y la COI/UNESCO.

El programa abarca países de Asia, América y el Caribe, y busca reducir la contaminación marina derivada de aguas residuales, agroquímicos y desechos industriales.

La ejecución de este proyecto en la Bahía de Parita representa un esfuerzo articulado para frenar el deterioro ambiental, mejorar la gestión del suelo y fomentar prácticas productivas que no solo beneficien a quienes dependen de la región, sino que también protejan la riqueza natural panameña para el futuro.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) analiza la posibilidad de reducir el número de tránsitos diarios como parte de las medidas para administrar el agua disponible, según explicó su administrador, Ricaurte Vásquez.

La evaluación ocurre mientras la vía mantiene un volumen elevado de operaciones y prepara nuevas restricciones de calado, en medio de las condiciones hídricas que enfrenta la cuenca.

La posibilidad supondría un paso adicional frente a las medidas anunciadas hasta ahora. El Canal había optado por reducir gradualmente el calado permitido a los buques sin disminuir los cupos diarios, pero las condiciones futuras podrían obligar a revisar esa estrategia.

Actualmente, la administración mantiene bajo seguimiento la disponibilidad de agua y las proyecciones hidrológicas antes de adoptar nuevas decisiones operativas.

Desde el 26 de agosto, el calado máximo autorizado para las esclusas Neopanamax bajará a 48 pies, equivalente a 14,63 metros, y desde el 3 de septiembre disminuirá nuevamente hasta 47,5 pies, unos 14,48 metros.

Estos ajustes buscan reducir el consumo de agua y anticiparse a un posible deterioro de las reservas durante los próximos meses.

Hasta ahora, las restricciones no han impedido que el Canal mantenga un elevado ritmo de operaciones. Vásquez explicó que el presupuesto fue elaborado sobre una base aproximada de 34 tránsitos diarios, mientras la capacidad normal puede ubicarse entre 36 y 38, dependiendo de la composición del tráfico. En abril, la vía llegó a manejar hasta 41 embarcaciones en una jornada.

El administrador aseguró que este mayor movimiento no significa que exista congestión en el Canal, pese a la presencia de embarcaciones esperando.

Algunos buques llegan antes de la fecha reservada y otros conforme a su programación. “¿Hay mayor volumen? Sí, hay mayor volumen. ¿Hay congestionamiento? No”, sostuvo al explicar la situación actual de la ruta.

Vásquez comparó el escenario con una carretera que recibe más automóviles, pero mantiene la circulación fluida. La ACP incluso ha flexibilizado sus operaciones para que, cuando un barco posee una reserva y aparece un espacio anterior disponible, pueda adelantarse.

Según el administrador, mantener comunicación permanente con las navieras permite ajustar la operación sin comprometer la transparencia del sistema.

La explicación también buscó despejar dudas sobre los elevados precios pagados recientemente por algunos buques para obtener espacios. Vásquez rechazó que exista un mecanismo comercial mediante el cual una embarcación simplemente pague para “pasar primero”.

Cada barco con reserva transita dentro del cupo adquirido, mientras los espacios disponibles pueden ofrecerse mediante subastas.

Los pagos extraordinarios responden a decisiones económicas de las propias navieras. Vásquez explicó que un barco puede estar dispuesto a pagar varios millones de dólares por un espacio cuando incumplir su fecha de llegada al destino puede representar pérdidas diez o quince veces superiores. En esas circunstancias, asumir el costo adicional del tránsito puede resultar financieramente más conveniente.

Uno de los casos estuvo relacionado con un buque que transportaba combustible y fue redirigido hacia Singapur, donde necesitaba llegar dentro de un período determinado. Al no contar con el espacio requerido, podía competir por los cupos disponibles. Son las propias navieras, explicó Vásquez, las que determinan hasta cuánto están dispuestas a pagar durante una subasta.

Los montos millonarios, sin embargo, están lejos de representar el comportamiento habitual. En condiciones normales, el promedio de las reservaciones y subastas oscila entre $250.000 y $300.000, mientras actualmente estaría alrededor de $400.000 a $425.000.

Los buques que han pagado más de $1 millón representan menos del 5% de las embarcaciones que han buscado transitar, según Vásquez.

Parte de la presión reciente está relacionada con los cambios que atraviesa el mercado energético por la situación en Medio Oriente. En enero, el Canal transitaba aproximadamente cuatro buques de gas natural licuado al mes, mientras que durante el último mes la cifra aumentó hasta 15 embarcaciones, de acuerdo con los datos proporcionados por el administrador.

Vásquez relacionó ese comportamiento con las alteraciones en el suministro internacional de energía y la situación de Catar, uno de los principales productores de gas natural licuado.

Los cambios están modificando rutas y necesidades de transporte, pero la ACP no considera que la coyuntura de Medio Oriente deba convertirse en la base para proyectar mayores ingresos permanentes.

“La confiabilidad del servicio es crítica”, afirmó Vásquez. Para la administración, una ruta que pierde previsibilidad puede llevar a las navieras a buscar alternativas, por lo que garantizar el tránsito tiene implicaciones que van más allá de los ingresos obtenidos durante períodos extraordinarios.

El objetivo es preservar la competitividad del Canal en el largo plazo, incluso ante aumentos temporales de la demanda.

En materia financiera, Vásquez señaló que el presupuesto del Canal ronda los $5.400 millones para este año fiscal y afirmó que la administración espera cumplir esa proyección, así como los excedentes que deberán ser entregados al Estado.

Los tránsitos durante el primer semestre superaron las previsiones incluidas originalmente en el presupuesto, según indicó.

La capacidad futura estará determinada principalmente por el comportamiento del agua. Vásquez considera que mantener entre 36 y 37 tránsitos diarios sería favorable para Panamá, pero la operación deberá adaptarse a las condiciones de la cuenca.

Después de priorizar restricciones graduales de calado, la posibilidad de reducir también los tránsitos diarios abre un nuevo escenario si las reservas obligan a profundizar las medidas de conservación.

Entre 2023 y 2024, el Canal de Panamá enfrentó una de las sequías más severas de su historia reciente, asociada al fenómeno de El Niño, que obligó a la administración a reducir por primera vez el número de tránsitos diarios para preservar las reservas de agua.

Ante esa experiencia, la ACP ha adoptado ahora medidas de conservación con mayor anticipación, entre ellas restricciones graduales de calado, con el objetivo de evitar una reducción de la capacidad de la vía. Sin embargo, la necesidad de aplicar nuevos ajustes dependerá del comportamiento de las lluvias y de los niveles de los lagos durante los próximos meses.

Las denuncias por estafas y otros fraudes aumentaron 14% en Panamá entre enero y julio de 2026, al pasar de 3.482 en igual período del año pasado a 3.970 este año.

Los registros del Ministerio Público muestran que la estafa continúa siendo, por amplio margen, el delito más denunciado dentro de esta categoría, aunque los fraudes relacionados con sistemas informáticos presentan el crecimiento más acelerado.

De las 3.970 denuncias acumuladas hasta julio, 3.675 correspondieron a estafas, 190 a modificación o manipulación de programas informáticos y 79 a estafas agravadas.

También se contabilizaron 18 casos relacionados con prendas o hipotecas sobre bienes ajenos, siete por fraude en servicios públicos y uno por alteración o manipulación de instrumentos de medición.

El mayor incremento se produjo en los delitos relacionados con sistemas informáticos. Las denuncias por modificación o manipulación de programas informáticos pasaron de 46 a 190, un salto de 313% en un año.

El delito, contemplado en el artículo 226 del Código Penal, se refiere a alterar, modificar o manipular programas, bases de datos, redes o sistemas informáticos con el propósito de obtener un beneficio indebido en perjuicio de otra persona. A diferencia de una estafa tradicional basada principalmente en el engaño, en estos casos el mecanismo utilizado es la intervención de un sistema informático para conseguir el provecho ilícito.

Las estafas comunes aumentaron 10%, de 3.330 a 3.675, mientras las estafas agravadas disminuyeron 13%, al pasar de 91 a 79 casos.

Aunque comúnmente se habla de estafas y fraudes como si fueran lo mismo, el Código Penal panameño distingue diferentes conductas y establece sanciones específicas. La estafa ocurre cuando una persona utiliza el engaño para obtener para sí o para un tercero un beneficio ilícito que perjudica patrimonialmente a otra persona.

Desde mayo de 2026, la pena es de tres a seis años de prisión, tras la entrada en vigencia de la Ley 524.

La legislación también contempla circunstancias que pueden aumentar hasta en un tercio la sanción por estafa, entre ellas abusar de relaciones personales o profesionales, cometer el delito mediante medios cibernéticos o informáticos y utilizar la identidad de otra persona para obtener beneficios.

La reforma de 2026 también incorporó nuevos supuestos agravantes, endureciendo el tratamiento penal de estas conductas.

Una categoría distinta es la estafa agravada, cuya pena aumentó de siete a doce años de prisión. Se aplica, entre otros casos, cuando el perjuicio patrimonial supera los $100.000, cuando el delito es cometido por apoderados, gerentes o administradores aprovechando sus funciones o cuando afecta a la administración pública bajo las condiciones establecidas por la ley.

Los otros fraudes contemplados por la legislación responden a mecanismos diferentes. El cobro indebido de un seguro se castiga con prisión de dos a seis años cuando una persona destruye, daña o hace desaparecer deliberadamente un bien asegurado para obtener el pago.

El Ministerio Público no registró denuncias por este delito entre enero y julio de 2026, frente a cinco durante igual período de 2025.También constituye un delito disponer de un bien dado en prenda o hipoteca como si estuviera libre de esa obligación, o constituir una garantía de este tipo sobre un bien ajeno.

Esta conducta tiene una pena de cuatro a seis años de prisión y las denuncias aumentaron de dos a 18 en un año, según las estadísticas del Ministerio Público.El fraude en servicios públicos ocurre cuando una persona utiliza, consume o capta sin autorización servicios como energía, agua o telecomunicaciones, entre otros contemplados por el Código Penal.

La conducta se sanciona con uno a dos años de prisión y puede alcanzar de dos a cuatro años cuando existe transmisión, retransmisión o distribución ilegal. Hasta julio se presentaron siete denuncias, una menos que en 2025.Otra modalidad consiste en alterar o manipular instrumentos de medición o realizar conexiones ilegales para facilitar la captación no autorizada de servicios.

La legislación establece una pena de dos a tres años de prisión, además de otras sanciones previstas por la norma bajo determinadas condiciones. Solo una denuncia de este tipo fue registrada durante los primeros siete meses de 2026.La modificación o manipulación de programas informáticos constituye una conducta diferente a la estafa convencional.

Geográficamente, Panamá concentró 2.296 de las 3.970 denuncias registradas en el país, cerca del 58% del total. Le siguieron Panamá Oeste con 526, Chiriquí con 351, San Miguelito con 207 y Colón con 151. Los Santos registró el mayor crecimiento porcentual entre las principales jurisdicciones, con 34%, seguido de Panamá Oeste con 33% y Colón con 29%.

Una aeronave Cessna 206 que realizaba un vuelo comercial hacia la provincia de Darién tuvo que efectuar este jueves 20 de agosto un aterrizaje de emergencia en Playa Muerto, luego de que el piloto reportara una pérdida de revoluciones en el motor. Las cuatro personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que la aeronave, identificada con la matrícula HP-1969, había despegado del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino a Jaqué.

Durante el recorrido hacia el extremo oriental del país, el piloto detectó problemas en el funcionamiento del motor y tomó la decisión de aterrizar antes de alcanzar su destino.

El descenso se produjo en el área de Playa Muerto, una comunidad emberá localizada en el litoral pacífico de Darién, dentro del corregimiento de Puerto Piña y situada entre Garachiné y Jaqué.

El lugar se encuentra a unos 180 kilómetros en línea recta del área de Albrook, desde donde había partido la aeronave.

Playa Muerto forma parte de una zona remota del litoral darienita cuyo acceso depende principalmente de medios marítimos y aéreos.

La comunidad está vinculada históricamente con actividades como la pesca, la producción y venta de artesanías y el turismo, mientras que la ausencia de conexiones terrestres facilita que pequeñas aeronaves sean fundamentales para movilizar personas hacia esta parte del país.

La aeronave involucrada pertenece a la familia Cessna 206, conocida también por la denominación Stationair, un avión ligero monomotor utilizado en diferentes partes del mundo para transporte de pasajeros y carga.

Esta familia de aeronaves puede configurarse para seis ocupantes y se caracteriza por su capacidad de operar en rutas hacia zonas con infraestructura aeroportuaria limitada.

Tras conocerse el accidente, la AAC activó los protocolos de búsqueda, salvamento y atención correspondientes. Personal de la institución y del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) se desplazó hacia Playa Muerto utilizando el helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A, en coordinación con los equipos encargados de seguridad y operaciones aeroportuarias.

La institución también confirmó que su Unidad de Investigación de Accidentes inició las investigaciones técnicas para establecer qué provocó la pérdida de revoluciones reportada por el piloto.

Aunque este fue el problema comunicado antes del aterrizaje, todavía no se ha determinado oficialmente la causa del accidente, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación.

El suceso ocurre poco más de dos semanas después de otro incidente protagonizado por una aeronave Cessna que había partido igualmente de Albrook.

El 4 de agosto, un Cessna 172 con matrícula HP-1789 y destino a Achutupu, en Guna Yala, tuvo que realizar un aterrizaje preventivo debido al mal tiempo en la pista de Wanugandi.

En aquella ocasión, cuando el piloto intentó continuar posteriormente hacia Achutupu, fuertes vientos durante el despegue lo obligaron a maniobrar y la aeronave terminó saliéndose de la pista hacia el costado derecho. El avión sufrió daños, pero el piloto, único ocupante de la aeronave, resultó ileso, según informó entonces la AAC.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional ejecutaron este 20 de agosto la segunda fase de la Operación Combate en Santa Eduviges, en el corregimiento de Tocumen, donde fueron aprehendidas cinco personas requeridas por la presunta comisión del delito de pandillerismo.

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron además indicios relacionados con la investigación que se mantiene abierta contra la estructura criminal que opera en el sector.

La acción fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, junto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los cinco aprehendidos son investigados por su presunta vinculación con homicidios, delitos relacionados con drogas, robos, hurtos y posesión de armas de fuego, entre otras conductas delictivas.

La Operación Combate 2 se desprende de una investigación iniciada el 6 de marzo de 2023, cuando las autoridades comenzaron a documentar la existencia de una pandilla que mantenía control territorial en Santa Eduviges.

Según los registros oficiales, la estructura tenía presencia sostenida en este sector de Panamá Este y desarrollaba actividades vinculadas con distintos delitos de alto impacto.

La organización investigada ha sido identificada por las autoridades como “Bagdad Santa Eduviges”, una célula vinculada a la estructura criminal Bagdad y asentada principalmente en Tocumen.

Las investigaciones han relacionado a sus presuntos integrantes con microtráfico de drogas, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego, dentro de un esquema de control territorial.Esta ofensiva constituye la segunda intervención de gran alcance contra el grupo durante 2026.

La primera Operación Combate fue ejecutada el 22 de mayo en Santa Eduviges y La Siesta, también en Tocumen, y dejó siete personas aprehendidas por su presunta vinculación con la pandilla, entre ellas alias “Rungito”, señalado como uno de sus cabecillas locales.

Con los cinco nuevos arrestos, las dos fases de la Operación Combate suman al menos 12 aprehensiones, sin contar otras capturas realizadas posteriormente dentro de la misma investigación.

Tras la primera fase, las autoridades continuaron desarrollando diligencias contra miembros que permanecían en libertad y ampliaron la causa hacia otros integrantes y niveles de mando de la organización.

Uno de los golpes más relevantes se produjo con la captura de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de Bagdad Santa Eduviges.

Fue detenido el 27 de mayo en Madrid, España, tras una alerta internacional, y posteriormente extraditado a Panamá para enfrentar las investigaciones abiertas en su contra.

La causa contra la célula no se limita únicamente al pandillerismo. Las investigaciones han incorporado hechos concretos relacionados con violencia y otros delitos graves, entre ellos homicidios, tráfico o distribución de drogas, robos y posesión ilícita de armas.

La Fiscalía busca establecer la participación individual de cada investigado dentro de una estructura que habría operado de forma organizada y permanente.

El control territorial constituye uno de los elementos centrales de las pesquisas. Santa Eduviges ha sido identificado como el principal espacio de operación de esta célula criminal, mientras acciones anteriores también alcanzaron el sector de La Siesta.

Para las autoridades, la presencia organizada del grupo excedía la comisión de hechos aislados y respondía a una dinámica sostenida dentro del territorio.

Las investigaciones desarrolladas en 2026 también han mostrado que la estructura no quedó completamente neutralizada con la captura de sus principales cabecillas.

Informes previos señalaban que las autoridades mantenían bajo búsqueda e investigación a otros presuntos integrantes, lo que explica la continuidad de las operaciones dirigidas a localizar miembros y reducir la capacidad de reorganización del grupo

La estrategia utilizada por la PGN y la Policía Nacional combina allanamientos, inteligencia policial, investigaciones judiciales y cooperación internacional, especialmente para localizar a personas que han salido del país.

La captura y extradición de alias “El Abogado” mostró que la investigación contra Bagdad Santa Eduviges ha trascendido el ámbito estrictamente local de Panamá Este.

Las cinco personas capturadas durante Combate 2 serán presentadas ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos.

En esa audiencia, la Fiscalía también solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de la participación atribuida a cada uno de los sospechosos.

La nueva fase de la operación muestra que la ofensiva contra la estructura de Santa Eduviges continúa tres meses después del primer operativo, pese a las capturas realizadas y al avance de los procesos judiciales.

El objetivo de las autoridades es debilitar los niveles de mando, reducir el control territorial y llevar ante la justicia a los integrantes identificados durante la investigación iniciada hace más de tres años.

De acuerdo con el reporte recogido por EFE, los agentes especiales de Senafront hallaron en el lugar campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos usados en la extracción ilegal de oro. Las autoridades panameñas atribuyen el control de estas operaciones a la organización criminal Clan del Golfo, la mayor estructura delictiva de Colombia, señalada por múltiples actividades ilícitas en la región.

Los 21 detenidos, cuya identidad no fue revelada, quedaron a disposición de las autoridades competentes para la apertura de las investigaciones correspondientes, detalló el comunicado citado por EFE. La selva del Darién, que abarca 266 kilómetros de frontera, constituye un territorio de difícil acceso donde convergen redes de tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal.

“En el marco de la estrategia de seguridad del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, se desarrollaron dos operaciones de gran impacto. Una en el sector norte del área Caribe, específicamente en la cabecera del río Pito, donde se pudo desmantelar un campamento donde habían veintiún ciudadanos de nacionalidad colombiana dedicados al presunto delito de minería ilegal. Se pudo contactar también que habían dragas, así como narcobombas y otros indicios relacionados a este delito ambiental”, destacó el comisionado Juan de Dios Forera.

Operativos y despliegue en la frontera

Durante la semana previa, la agencia EFE participó en un sobrevuelo coordinado por Senafront sobre uno de los campamentos de minería ilegal y visitó el Puesto Binacional de Alto Limón. Según la información recabada, más de 700 agentes de fuerzas especiales han sido desplegados en puntos estratégicos, incluidos los puestos de vigilancia conjunta con Colombia, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza ante el avance del Clan del Golfo.

El subdirector general de Senafront, Héctor De Sedas Cedeño, explicó a EFE que existe “un complejo sistema de economía ilícita basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, y eso es lo que nosotros queremos romper”. De Sedas subrayó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”.

En un operativo anterior, realizado en el río Mangle, se capturaron 13 personas, entre ellas miembros del Clan del Golfo, según relató De Sedas a EFE. Desde la perspectiva de las autoridades panameñas, el grupo criminal designado como terrorista por Washington obtiene ingresos cobrando por el acceso a territorio panameño y por la compra directa del oro extraído. “Cuando ese oro ingresa a Colombia tienen que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total del metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, detalló el funcionario.

La organización Clan del Golfo cuenta con aproximadamente 9.840 integrantes, según un estudio de enero de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia. Además de la minería ilegal, el grupo está involucrado en el narcotráfico y el tráfico de migrantes, de acuerdo con la información proporcionada por EFE.

La propuesta de modificación a la Ley General de Adopciones en Panamá avanza en la Asamblea Nacional con el objetivo, según sus proponentes, de reducir los tiempos que los menores pasan bajo tutela estatal.

El proyecto de ley 570, tras ser aprobado en primer debate, introduce medidas para que los niños en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder más rápido a una familia adoptiva.

Según las explicaciones de los diputados Manuel Cheng y Janine Prado, la reforma mantiene estrictos controles para los aspirantes a adoptar, exigiendo solvencia económica, evaluaciones psicológicas y moral reconocida.

El enfoque se centra en que cada menor pueda integrarse a un ambiente estable, sin sacrificar la rigurosidad de los filtros legales.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, Paulette Thomas, detalló que la iniciativa también atiende los casos de los niños expósitos, aquellos cuyos padres son desconocidos.

La reforma busca acelerar los trámites para estos menores y para quienes, siendo menores de siete años, permanecen por largos periodos en situaciones de indefinición legal.

La directora nacional de adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lisbeth Renis, remarcó que la propuesta pone énfasis en el proceso de inscripción de los niños declarados expósitos, cuya gestión suele ser lenta.

El objetivo es que esta población infantil no quede rezagada y cuente con un procedimiento más ágil.

En cuanto a los procedimientos internacionales, la directora del Registro Civil, Sharon Sinclair, explicó que el proyecto restituye a la Corte Suprema de Justicia la potestad de revisar las sentencias extranjeras de adopción.

Este control había sido removido por el Código Internacional Privado, permitiendo que el Registro Civil recibiera directamente dichas sentencias desde 2015.

El proceso legislativo del proyecto de ley 570 continuará en las próximas sesiones. La reforma apunta a que la adopción se convierta en un proceso menos demorado, asegurando al mismo tiempo que los controles y requisitos sigan protegiendo el interés superior del niño.

De prosperar la iniciativa, los menores en Panamá podrían acceder más rápido a una familia adoptiva, siempre bajo los controles legales y de protección establecidos por la normativa nacional.

La adopción de menores en Panamá se encuentra en la intersección entre la protección de la niñez, la organización del sistema de bienestar social y el funcionamiento de la justicia de familia, configurándose como un mecanismo esencial para restituir el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su entorno de origen.

La normativa panameña ha evolucionado desde la Ley 61 de 2008, primera Ley General de Adopciones, hasta la Ley 46 de 17 de julio de 2013, que hoy rige las adopciones nacionales e internacionales, en diálogo con el Código de la Familia, el Convenio de La Haya y, más recientemente, la Ley 285 de 2022 sobre el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Este entramado jurídico se articula en torno a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que actúa como autoridad central en materia de adopciones y coordina los procesos administrativos previos a la intervención judicial.

Sin embargo, la realidad muestra un contraste significativo entre la intención protectora del sistema y su funcionamiento práctico: muchos niños, niñas y adolescentes viven en albergues, pero solo una fracción ha sido declarada adoptable, mientras el número de familias declaradas idóneas es reducido frente a las necesidades existentes.

La Clínica del Nódulo Pulmonar en la Ciudad de la Salud ha transformado la manera en que se aborda la detección y tratamiento de lesiones pulmonares y sospechas de cáncer de pulmón en Panamá.

El centro ofrece una ruta de atención que integra desde el diagnóstico inicial hasta el tratamiento especializado, agilizando cada fase del proceso.

Las autoridades de Salud indicaron que el modelo implementado permite que los pacientes con hallazgos anómalos en estudios torácicos sean remitidos rápidamente para una evaluación especializada.

Según los resultados obtenidos, el equipo médico dispone de diversas herramientas diagnósticas para precisar la naturaleza de la lesión y determinar el mejor abordaje.

En la práctica, se indicó que esto significa que los pacientes que antes tenían que esperar varios meses para recibir una respuesta, ahora pueden completar todo el proceso en cuestión de semanas. Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto de diferentes especialidades médicas que acompañan al paciente desde la primera sospecha hasta la resolución del caso.

La clínica utiliza tecnología avanzada, como la cirugía robótica torácica, para intervenir en los casos que lo requieren.

El Dr. Eduardo Hevia, responsable del Servicio de Neumología, explicó que los pacientes sometidos recientemente a cirugía robótica fueron seleccionados tras un proceso riguroso de evaluación en la propia clínica.

Hevia detalló que “cualquier médico puede remitir a un paciente con anomalías en una radiografía de tórax” y que, a partir de ahí, el equipo realiza las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico.

Entre las técnicas disponibles destacan la biopsia guiada por tomografía de haz cónico y el ultrasonido endoscópico, que permiten determinar si el paciente reúne las condiciones para un tratamiento quirúrgico.

El principal objetivo de esta clínica es mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón, aunque también facilita el seguimiento de otros tumores y alteraciones torácicas que exigen atención especializada.

Una vez completado el diagnóstico y confirmada la viabilidad de una cirugía, el equipo de Cirugía Cardiovascular y Torácica define la estrategia más adecuada para cada caso.

El proceso culmina con la coordinación entre los diferentes servicios para llevar a cabo intervenciones precisas y seguras, empleando equipos de alta tecnología.

Hevia subrayó que el objetivo es lograr “una resección lo más anatómica y completa posible” para resolver las lesiones pulmonares.

La reducción del tiempo de espera ha sido uno de los logros más notorios. El Dr. Marcos Fletcher, cirujano cardiovascular y torácico, recordó que el trayecto desde el diagnóstico hasta el tratamiento podía extenderse hasta seis meses, mientras que hoy, gracias a este enfoque integral, se ha acortado a unas seis semanas.

Este nuevo esquema busca seguir optimizándose para que los pacientes con enfermedades graves reciban atención cada vez más rápida y eficaz, fortaleciendo la respuesta sanitaria ante patologías torácicas complejas.

El cáncer de pulmón y las enfermedades pulmonares crónicas e infecciosas representan hoy uno de los núcleos más importantes de la carga de enfermedad en Panamá, en un contexto donde confluyen el tabaquismo, la urbanización acelerada, las desigualdades territoriales y la transición epidemiológica hacia patologías crónicas y oncológicas.

Panamá se encuentra en un punto intermedio de la transición epidemiológica latinoamericana: ha logrado avances en el control de enfermedades transmisibles clásicas, pero mantiene aún una carga importante de patologías infecciosas como la tuberculosis, al tiempo que crecen las enfermedades crónicas y el cáncer.

El perfil de Panamá, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que, en el caso de las mujeres, las tasas de incidencia de cáncer se sitúan en 12,1 por 100.000 para cáncer de mama, 5,2 por 100.000 para cáncer de pulmón y 6,8 por 100.000 para cáncer de cuello uterino, reflejando la presencia significativa de cáncer pulmonar también en población femenina.

En varones, informes del sistema de salud panameño resaltan que el cáncer de próstata y el de pulmón figuran entre las neoplasias más frecuentes, con el cáncer pulmonar ubicado como una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres.

La necesidad de que la población de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, se involucre en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti es la única manera efectiva de prevenir el dengue.

La advertencia parte del jefe regional de Control de Vectores del Ministerio de Salud, Patricio Camarena, quien agregó que hasta el pasado fin de semana se habían acumulado 336 casos de dengue, incluyendo 70 con signos de alarma y dos defunciones.

Los fallecimientos fueron de personas del sexo masculino, en edades de 54 y 45 años, que residían en el corregimiento David Este.

En menores de 1 año de edad se registraron dos casos y 40 en mayores de 65 años de edad.

Faltando varios meses de la actual temporada lluviosa, en la capital de la provincia chiricana, David, una inspección de los funcionarios de Salud detectó que en el sector de Los Abanicos cinco de cada 100 viviendas tenían criaderos activos de Aedes aegypti.

Mientras, en el barrio San Mateo el 2.5% de los predios inspeccionados presentaron infestación, Doleguita el 2.2 %, Barú, Río Mar el 2%, y el 1% en Palmar Norte.

Candanedo indicó que durante el presente año se han registrado 364 casos de dengue en David, 65 en Bugaba, en Dolega 26, en Barú 17, en Boquerón 14, en Boquete 12 y en San Lorenzo 10.

“Eliminar cualquier reservorio de agua que pueda convertirse en criadero de mosquitos, es la única manera de prevenir el dengue; y para lograrlo es necesaria la participación de la comunidad”, manifestó el funcionario.

A finales de julio personal de Control de Vectores de los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá desarrollaron simultáneamente operativos de prevención y control del dengue en el área fronteriza compartida: en el corregimiento de Progreso (Barú) y el distrito de Paso Canoas (cantón de Corredores).

La clasificación actual del dengue permite que los equipos médicos determinen de manera más precisa el nivel de riesgo en cada paciente y actúen con rapidez.

Según Israel Cedeño, responsable del Departamento Nacional de Salud y Atención Integral de la Población del Ministerio de Salud (Minsa), existen tres categorías principales: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave.

Hace más de diez años, las autoridades sanitarias modificaron la forma de identificar los casos, eliminando las antiguas denominaciones de “dengue clásico” y “dengue hemorrágico” para ajustarse mejor a los cuadros clínicos que se presentan actualmente.

El dengue sin signos de alarma se manifiesta típicamente con fiebre alta, cefalea intensa, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, así como malestar general. En este tipo de casos, el seguimiento médico y la observación de cualquier cambio en los síntomas resultan fundamentales para evitar complicaciones.

La preocupación aumenta cuando surgen signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos continuos, sensación de mareo, desmayos, presión arterial baja o sangrado en encías y otras mucosas. Estos síntomas exigen atención médica inmediata, ya que pueden anticipar un agravamiento del cuadro clínico.

La forma más severa, el dengue grave, puede llevar a choque, fallo multiorgánico y un deterioro marcado del estado general, situaciones que requieren hospitalización y cuidados especializados.

El especialista subrayó que detectar la enfermedad de manera temprana es clave para disminuir los riesgos de complicaciones y mortalidad asociadas.

La mayoría de los casos fatales en Panamá, explicó, están relacionados con la demora en buscar atención médica, ya que muchas personas optan por automedicarse cuando comienzan a sentirse mal y acuden al hospital solo en etapas avanzadas.

Ante cualquier síntoma compatible con dengue, la recomendación es clara: acudir sin demora a un centro de salud y obedecer las indicaciones del personal médico.

Este enfoque, de acuerdo con Cedeño, puede marcar la diferencia entre una recuperación sin dificultades o el desarrollo de complicaciones graves.