La incorporación de 184 nuevas unidades de los estamentos de seguridad, 34 vehículos, 14 motocicletas y cinco equipos de control de multitudes forma parte de la apuesta del Gobierno para reforzar la seguridad en Colón, una provincia que continúa ubicándose entre las más golpeadas por la violencia homicida en Panamá.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, durante una actividad en la que se presentó el nuevo contingente que se integrará al Operativo de Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en distintos sectores de la provincia.

La estrategia busca incrementar la presencia de la Fuerza Pública en comunidades consideradas prioritarias, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer las acciones de prevención del delito en una provincia que históricamente ha enfrentado desafíos relacionados con la criminalidad, el narcotráfico y la actividad de grupos delictivos.

El contingente está compuesto por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada con los equipos que ya operan en la provincia.

Como parte del refuerzo operativo se incorporan 15 vehículos del SENAN, 15 vehículos del SENAFRONT, cuatro vehículos Alfa de la Policía Nacional, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado y cinco equipos especializados de control de multitudes, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar la movilidad de las unidades en los sectores intervenidos.

El Ministerio de Seguridad sostiene que estas capacidades permitirán aumentar los patrullajes preventivos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer el vínculo entre las autoridades y las comunidades.

Durante su intervención, Ábrego señaló que el despliegue busca respaldar el trabajo que realizan diariamente los estamentos de seguridad para proteger a las familias colonenses y recuperar espacios de convivencia ciudadana. También destacó la importancia de la colaboración de la población mediante la denuncia oportuna de actividades delictivas.

La apuesta gubernamental ocurre en momentos en que Colón se mantiene como la segunda provincia con mayor cantidad de víctimas de homicidio en Panamá, solo por detrás de la provincia de Panamá. De acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 32 víctimas de homicidio en Colón, equivalentes al 16.6% del total nacional.

Aunque la cifra representa una reducción de 14% respecto a las 37 víctimas registradas durante el mismo período de 2025, la provincia continúa figurando entre las áreas de mayor incidencia de este delito. A nivel nacional se registraron 193 víctimas de homicidio durante los primeros cuatro meses de 2026, un aumento de 7% en comparación con las 180 contabilizadas en igual período del año anterior.

La provincia de Panamá encabezó la estadística con 88 víctimas, seguida por Colón con 32 y San Miguelito con 37 casos. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron más del 80% de los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

Las cifras también reflejan que el uso de armas de fuego continúa siendo el principal mecanismo empleado en estos crímenes. De las 193 víctimas registradas a nivel nacional entre enero y abril, 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Los datos del Ministerio Público muestran además que los jóvenes continúan siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años acumuló 56 víctimas durante el primer cuatrimestre del año, seguido por las personas entre 25 y 29 años con 34 casos.

En paralelo al refuerzo policial anunciado esta semana, las autoridades continúan desarrollando investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en la provincia. Recientemente, tres jóvenes de 18, 20 y 23 años fueron enviados a detención provisional por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, los imputados están vinculados a un ataque con arma de fuego ocurrido el 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, donde dos personas resultaron víctimas del hecho y una de ellas sufrió heridas que pusieron en peligro su vida.

La Fiscalía logró la legalización de las aprehensiones, los allanamientos y la formulación de cargos durante una audiencia celebrada el pasado 21 de mayo. Los tres sospechosos habían sido capturados un día antes como parte de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Las autoridades judiciales de Panamá dictaron dos sentencias condenatorias en la provincia de Panamá Oeste por delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores.

En el primer caso, la Fiscalía Regional obtuvo una pena de 13 años de prisión para un ciudadano venezolano imputado por los delitos de difusión y posesión de material de abuso sexual infantil.

La investigación penal determinó que el individuo difundió un video explícito de forma masiva en un grupo de WhatsApp en La Chorrera durante mayo de 2025, y posteriormente se le decomisó un dispositivo electrónico que contenía grabaciones adicionales de menores de edad en actividades de naturaleza sexual.

El Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena pactado entre las partes que derivó en la sentencia condenatoria número 340, imponiendo además una inhabilitación absoluta para trabajar cerca de parques y escuelas por un periodo de cinco años adicionales tras cumplir la sanción de prisión.

En el segundo proceso, el Tribunal de Juicio Oral de Panamá Oeste condenó a 17 años de prisión a un hombre de 50 años por los delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados. Los magistrados basaron la resolución en el caudal probatorio de la sección de asistencia a juicio que demostró que el imputado se aprovechó de su vínculo familiar como tío de la víctima, una menor de 13 años, para cometer los actos ilícitos en el distrito de Arraiján durante el año 2023.

La sentencia número 065 desglosó la pena en 13 años por violación y 4 años por actos libidinosos, aplicando restricciones severas para ejercer oficios en centros deportivos y parvularios. Paralelamente, en el distrito de San Miguelito, la Fiscalía Superior de Adolescentes logró la detención provisional de un joven de 17 años por su presunta vinculación en la violación agravada de una niña de 11 años ocurrida en Belisario Frías, fundamentando la medida en los riesgos de afectación de pruebas.

Delitos al alza

El informe del Ministerio Público sobre delitos sexuales refleja un incremento del 5% en las denuncias globales de este tipo penal en el primer cuatrimestre, acumulando 1,980 casos frente a los 1,892 registrados en el mismo periodo del año anterior.

La evolución mensual de la criminalidad sexual muestra una tendencia creciente en la recepción de causas, iniciando en enero con 487 denuncias, descendiendo levemente en febrero a 416, y registrando un marcado repunte en marzo con 538 casos que se estabilizó en abril con 539 expedientes ingresados al Sistema Penal Acusatorio.

Del total general reportado, el capítulo general de violación y otros delitos sexuales acaparó la gran mayoría de la actividad judicial con 1,795 denuncias, mientras que las conductas asociadas a corrupción y explotación sumaron 185 trámites a nivel nacional.

Al analizar los datos, las denuncias por violaciones comunes registraron 646 casos, lo que representa una disminución del 11% en comparación con el año anterior. En contraste, las violaciones familiares o con agravantes graves subieron un 2%, sumando 85 casos, mientras que los abusos sexuales contra adolescentes de entre 14 y 18 años aumentaron un preocupante 18%, alcanzando los 742 expedientes judiciales.

El comportamiento por meses de este último delito específico de acceso sexual a adolescentes evidenció una aceleración constante en las oficinas judiciales, contabilizando 189 denuncias en el mes de enero, 156 en febrero, 187 durante marzo y alcanzando su punto más elevado en abril con un total de 210 investigaciones iniciadas por los fiscales.

El incremento porcentual más significativo se concentró en la tipificación de pornografía infantil, cuyas denuncias pasaron de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual, lo que representa un alza del 117%. El registro de este flagelo cibernético se concentró con fuerza durante el mes de febrero al registrarse 16 denuncias de impacto inmediato.

Por el contrario, la posesión de este material ilícito reportó una disminución del 10%, contabilizando 9 denuncias en total. En cuanto a otras conductas delictivas, el delito de corrupción de personas menores de edad escaló un 40% con un total de 126 registros, presentando un flujo mensual ascendente que cerró abril con 37 denuncias activas, mientras que la explotación comercial bajó un 50%, reportando únicamente 4 casos ante el Ministerio Público.

El resto de la incidencia delictiva del cuatrimestre incluyó 306 denuncias por actos libidinosos, 16 por acoso sexual, 3 por relaciones remuneradas con menores de edad y 3 por exhibición de material pornográfico a personas con discapacidad o incapaces. En contraste, los delitos de turismo sexual, omisión de conocimiento y uso de inmuebles para estos fines cerraron el periodo sin registros.

En el desglose territorial por distritos judiciales, el Primer Distrito concentró el mayor impacto operativo con 919 denuncias acumuladas, mientras que el Tercer Distrito Judicial reportó 698 expedientes. En la distribución geográfica nacional, la provincia de Panamá concentra el mayor volumen con 406 casos, seguida de Chiriquí con 309, Panamá Oeste con 259, Bocas del Toro con 195 y la comarca Ngöbe Buglé con 194 denuncias.

Los panameños tendrán que esperar más tiempo para conocer los resultados finales de la auditoría integral realizada al proyecto Mina de Cobre Panamá, luego de que la empresa SGS Panama Control Services Inc. solicitara una prórroga para entregar el informe definitivo al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Aunque el Gobierno había indicado previamente que el documento con los hallazgos finales estaría listo este 29 de mayo, MiAmbiente informó que la firma auditora pidió más tiempo para realizar verificaciones finales y compendiar los anexos correspondientes.

El comunicado oficial no precisa por cuánto tiempo se extenderá la entrega ni establece una nueva fecha para la divulgación pública del informe.

El documento es uno de los insumos más esperados dentro del debate sobre el futuro de Cobre Panamá, la mina operada por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, cuya actividad permanece suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero aprobado ese mismo año.

MiAmbiente señaló que el informe final presentará los resultados y hallazgos derivados del proceso de evaluación técnica, ambiental y operativa de la mina.

Una vez el documento sea recibido y culmine la revisión conforme a los procedimientos establecidos, será puesto a disposición pública, según indicó la entidad, como parte de su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

La auditoría busca detectar incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales mediante la comparación del desempeño del proyecto con el marco regulatorio vigente y con estándares internacionales vinculados a minería, sostenibilidad ambiental y buenas prácticas de gobernanza corporativa. El objetivo declarado es generar información técnica, objetiva y verificable que sirva de base para futuras decisiones del Estado.

La metodología aplicada por SGS tiene un enfoque integral y multidisciplinario, con revisión de componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos. Esa estructura busca analizar cada área de manera coordinada y evaluar cómo las decisiones, omisiones o deficiencias detectadas podrían incidir en el desempeño general del proyecto minero.

La solicitud de prórroga se conoce después de la publicación del sexto informe mensual de la auditoría, correspondiente al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026.

Ese documento confirmó que el proceso aún estaba en construcción y que el informe consolidado sería presentado en las siguientes semanas, pese a que previamente se había señalado que el cierre técnico estaría listo entre abril y mayo.

Uno de los puntos más relevantes del sexto informe fue que todavía no se había publicado el tomo que contendrá la evaluación definitiva sobre el nivel de cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. SGS indicó que ese contenido sería incorporado posteriormente junto con el resumen ejecutivo y los anexos técnicos que consolidarán los resultados finales de la auditoría.

El quinto informe mensual, utilizado como referencia previa para medir el avance del proceso, había señalado que la auditoría acumulaba un avance de 84.83%. Sin embargo, también advertía que los hallazgos consolidados y la matriz definitiva de riesgos aún no estaban cerrados. Para ese momento, solo 147 de los 370 compromisos ambientales habían sido revisados completamente, mientras otros 223 seguían pendientes de validación documental y técnica.

Entre las observaciones más sensibles identificadas en los informes previos figuraba el potencial riesgo de drenaje ácido de rocas asociado al material mineralizado almacenado en el proyecto.

La auditoría advertía que millones de toneladas de roca extraída permanecían expuestas al agua, al aire y a las condiciones climáticas, lo que podría generar reacciones químicas capaces de elevar concentraciones de metales en aguas superficiales y subterráneas.

También se habían identificado debilidades en las medidas de biodiversidad y reforestación. Según los avances conocidos, las acciones de compensación ecológica se desarrollaban de manera fragmentada y sin una estrategia integral orientada específicamente a preservar el nivel de biodiversidad de la ecorregión impactada por el proyecto.

Además, se señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Además, se señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Otro frente observado estaba relacionado con la transparencia socioambiental. La auditoría indicaba que, para el período evaluado con corte a 2023, no se evidenciaba la publicación formal de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos por algunos compromisos adquiridos por la empresa.

Aunque se reconocían actividades de comunicación y divulgación, el documento señalaba que estas no equivalían al cumplimiento integral de las obligaciones de transparencia.

El componente social también permanecía bajo revisión. SGS había advertido que aún no se evidenciaba la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, aunque reconocía coordinación entre la empresa y entidades estatales como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN.

La demora mantiene en suspenso uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno de José Raúl Mulino. La mina fue durante años uno de los principales motores de exportación del país y llegó a representar cerca del 5% del Producto Interno Bruto, pero su cierre también dejó un fuerte debate ambiental, jurídico y político tras las protestas masivas de 2023.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido públicamente cuál será la salida jurídica para el proyecto en caso de que decida avanzar hacia una reapertura, aunque Mulino ha reiterado que no impulsaría un nuevo contrato ley ante la Asamblea Nacional. La auditoría final de SGS será una pieza clave para ese debate, pero su entrega vuelve a quedar pendiente.

Los bancos que operan en Panamá llegaron a abril de 2026 con más depósitos, una cartera de crédito en crecimiento y una reducción en los niveles de morosidad, aunque algunos sectores económicos continúan mostrando señales de cautela, especialmente la construcción y el mercado hipotecario.

Así lo reflejan los más recientes datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que muestran un sistema financiero sólido, respaldado por una mayor confianza de los ahorristas y una expansión moderada de la actividad crediticia.

Uno de los indicadores que más llamó la atención fue el crecimiento del ahorro y de los depósitos. Al cierre de abril, los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los $120,742.5 millones, un aumento interanual de 7.34%, equivalente a $8,256.6 millones adicionales frente al mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos externos, que aumentaron 13.33%, mientras que los depósitos internos avanzaron 3.49%.

Dentro del mercado local, los depósitos de particulares crecieron 5.71%, mientras que los depósitos de personas y empresas extranjeras aumentaron 12.78%. Para la SBP, este comportamiento refleja una mayor confianza de clientes e inversionistas en la estabilidad del sistema bancario panameño y consolida a Panamá como un centro regional para la captación de recursos financieros.

En paralelo, la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional alcanzó los $102,694.5 millones, un crecimiento de 4.73% respecto a abril de 2025. Sin embargo, cuando se analiza exclusivamente el crédito local otorgado por el Sistema Bancario Nacional, el avance fue más moderado: la cartera interna llegó a $65,254.4 millones, con un incremento de 1.15%.

Los sectores que impulsaron el crecimiento del crédito fueron principalmente consumo personal, comercio e hipotecas. El financiamiento para consumo personal aumentó $901.8 millones, equivalente a 6.25%, hasta alcanzar $15,337 millones.

El crédito comercial creció $251.7 millones o 1.87%, mientras que la cartera hipotecaria aumentó $147.5 millones, equivalente a 0.69%. Estos tres segmentos representan más del 80% del crédito privado local.

No todos los sectores mostraron el mismo comportamiento. La construcción continuó siendo el segmento con el mayor retroceso. La cartera destinada a esta actividad cayó 11.98%, equivalente a $571.9 millones menos que un año atrás. También disminuyeron los créditos para actividades financieras y seguros (-6.23%), industria (-2.03%) y ganadería (-1.78%).

La reducción en construcción coincide con un período de menor dinamismo de algunos proyectos inmobiliarios y una mayor prudencia de las entidades financieras ante un sector sensible a las condiciones económicas y financieras.

Sin embargo, cuando se revisan los nuevos préstamos aprobados entre enero y abril, el panorama presenta matices distintos. Aunque las colocaciones totales bajaron 2.7%, hasta $8,607.1 millones, el crédito nuevo para consumo personal creció 17.9%, mientras que el financiamiento a la industria aumentó 45.4%.

En contraste, los nuevos préstamos hipotecarios retrocedieron 23.5% y los dirigidos a construcción disminuyeron 25.3%, una señal de que la demanda y la oferta de financiamiento inmobiliario continúan mostrando cautela.

Otro aspecto relevante es la mejora observada en la calidad de la cartera. La morosidad del Centro Bancario Internacional disminuyó de 1.67% a 1.50% entre abril de 2025 y abril de 2026. En términos absolutos, la cartera morosa se redujo en casi $98 millones. También bajó la cartera vencida, que pasó de representar 2.23% del total de préstamos a 2.12%.

Estos resultados indican que, a pesar del crecimiento del crédito, los bancos han logrado contener los niveles de incumplimiento y mejorar la calidad de sus activos.

La reducción de la morosidad estuvo acompañada de una política más conservadora de provisiones. El gasto por cuentas malas aumentó 35.5% durante los primeros cuatro meses del año, hasta alcanzar $237.8 millones. Esta estrategia busca fortalecer las reservas para cubrir posibles pérdidas futuras y reforzar la resiliencia del sistema frente a eventuales deterioros de cartera.

Los resultados también muestran que el sistema mantiene una sólida posición de liquidez. La liquidez legal se ubicó en 59.42%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, duplicando ampliamente el requisito mínimo exigido por la regulación bancaria panameña.

El balance general del sistema refleja además un crecimiento de los activos netos hasta $166,727.4 millones, un aumento de 5.3% respecto a abril de 2025. Las inversiones en valores crecieron 7.6% y los activos líquidos aumentaron 6.8%, consolidando una estructura financiera que continúa apoyándose principalmente en los depósitos de clientes y menos en financiamiento mayorista.

El panorama que muestran las cifras de abril es el de un sistema bancario que sigue creciendo, capta más ahorro y mantiene indicadores prudenciales sólidos. No obstante, también evidencia diferencias importantes entre sectores económicos.

Mientras el consumo y el comercio continúan impulsando la demanda de crédito, la construcción y parte del negocio inmobiliario siguen enfrentando un entorno más retador, reflejando que la recuperación económica no avanza con la misma intensidad en todas las actividades productivas.

La licitación para construir y operar el teleférico de Panamá y San Miguelito quedó desierta luego de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara propuesta económica y técnica dentro del plazo establecido por Metro de Panamá.

El acto de recepción y apertura de ofertas se realizó este 28 de mayo de 2026, pero concluyó sin participantes, pese a que el proyecto había atravesado más de un año de preparación, múltiples ajustes al pliego de cargos y diez adendas destinadas a flexibilizar las condiciones de contratación.

La decisión representa un revés para uno de los proyectos de movilidad urbana más emblemáticos impulsados por la administración del presidente José Raúl Mulino.

El teleférico está concebido como un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de longitud, con seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, y una capacidad inicial para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora en cada dirección.

En un comunicado divulgado tras el cierre del proceso, Metro de Panamá informó que los dos consorcios que habían superado la fase de precalificación decidieron no presentar ofertas.

Se trata del Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y del Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, conformado por la española Cointer Concesiones y la firma Doppelmayr Panamá Corp., especializada en sistemas de transporte por cable.

La entidad explicó que durante los últimos meses atendió consultas de los interesados, desarrolló mesas de trabajo interinstitucionales e introdujo varias modificaciones al pliego para facilitar la participación bajo el modelo de concesión seleccionado.

Sin embargo, señaló que no fue posible alcanzar la denominada “bancarización” del proyecto por parte de los proponentes precalificados, a pesar de que ambos grupos contaban con experiencia técnica comprobada.

En términos prácticos, la explicación apunta a que los consorcios no lograron estructurar el financiamiento requerido para ejecutar el proyecto bajo las condiciones planteadas por el Estado.

Aunque las empresas tenían la capacidad técnica para desarrollar la obra, no consiguieron asegurar el respaldo financiero necesario de bancos o entidades de crédito internacionales para cerrar el esquema económico de la concesión.

El resultado se produce apenas días después de que Metro de Panamá introdujera nuevos cambios a las condiciones de la licitación mediante la Adenda No. 10, una de las últimas modificaciones realizadas antes de la fecha límite para la entrega de propuestas.

Entre los ajustes figuraban cambios en la forma de calcular las fianzas, nuevas garantías para asegurar las inversiones comprometidas por el futuro concesionario y precisiones sobre los requisitos financieros exigidos a los participantes.

Las modificaciones también redefinieron algunos aspectos relacionados con el cierre financiero del proyecto, los mecanismos de indemnización y las condiciones aplicables en caso de incumplimiento o terminación anticipada del contrato. Asimismo, se flexibilizaron ciertos criterios para que los indicadores financieros pudieran ser acreditados por uno o varios integrantes de los consorcios participantes.

El proceso había comenzado formalmente en enero de 2025 con la etapa de precalificación internacional, en la que participaron varios grupos empresariales interesados en desarrollar la obra bajo una concesión administrativa. Tras la evaluación de capacidades técnicas, financieras y experiencia previa, únicamente dos consorcios lograron avanzar a la fase final de presentación de propuestas.

Durante el desarrollo de la licitación, Metro de Panamá emitió al menos diez adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas. De hecho, el acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad realizaba ajustes para intentar atraer financiamiento y aumentar la viabilidad económica del proyecto.

Ahora, tras la ausencia de propuestas, Metro de Panamá anunció que realizará una revisión integral de las condiciones del proyecto. La evaluación incluirá aspectos financieros, la distribución de riesgos entre el Estado y el futuro operador privado, así como la viabilidad contractual de la iniciativa, tomando en consideración las exigencias del sector bancario internacional.

La entidad adelantó que analizará junto con otras instituciones gubernamentales cuál será la hoja de ruta más conveniente para sacar adelante la construcción del teleférico, que continúa siendo parte del plan de inversiones y movilidad contemplado por el Gobierno para el período 2024-2029.

Entre las alternativas que podrían estudiarse figuran modificaciones adicionales al esquema de concesión, cambios en la estructura financiera o incluso una redefinición del modelo bajo el cual se desarrollaría la obra.

Mientras se define el futuro del proyecto, miles de moradores de San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, tendrán que seguir esperando una solución de transporte que alivie los tiempos de traslado y mejore la conexión con otras zonas de la ciudad.

El teleférico había sido presentado como una alternativa para ampliar la movilidad urbana en un distrito marcado por la alta densidad poblacional y la presión diaria sobre sus principales vías de acceso.

Copa Airlines, el Gobierno de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen inauguraron este jueves una sala inmersiva en la terminal para promocionar el programa Panamá Stopover. El espacio apunta a que pasajeros en conexión extiendan su escala hasta 15 días y recorran el país, con la meta de llegar a 250.000 visitantes en 2026.

La instalación, llamada “Sala Panamá”, funciona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde opera el Hub de las Américas. Según la información de Copa Airlines, el diseño busca que el viajero vea a Panamá como destino y no solo como punto de paso.

La aerolínea enmarcó el lanzamiento en el volumen de conexiones del principal aeropuerto panameño. Entre enero y abril de 2026, Tocumen movilizó 7.614.103 pasajeros, un 15% más que en el mismo período del año anterior, según cifras de las autoridades panameñas.

“Vamos a aprovechar los millones de pasajeros que transitan por Panamá, sin tener idea muchos de lo que ofrece este país. A partir de hoy verán las maravillas de Panamá”, afirmó el presidente ejecutivo de Copa Airlines Pedro Heilbron durante la inauguración.

La sala permite diseñar escalas turísticas con 13 destinos del país

Según EFE, la sala incorpora un mapa interactivo con 13 destinos del país, entre ellos la Ciudad de Panamá, lugares históricos y opciones ligadas a naturaleza, playa, cultura y gastronomía. El espacio suma contenido audiovisual y experiencias inmersivas inspiradas en paisajes locales.

La instalación está ubicada entre las dos terminales del aeropuerto. Allí, los pasajeros pueden armar itinerarios de acuerdo con los días disponibles y sus intereses, con apoyo del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que permite ampliar la escala en Panamá por hasta 15 días sin costo adicional.

La estrategia busca convertir el tránsito por Tocumen en visitas al país. De acuerdo con Copa Airlines y la Presidencia de la República de Panamá, la sala integra una política para elevar el turismo y su impacto en la economía local a partir del flujo de conexiones.

Durante el acto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó la coordinación entre el sector público y el privado. “Felicitar a todo el equipo, el componente público y privado que trabajó en esta idea a lo largo de estos dos años, en relanzar este aeropuerto”, dijo Mulino.

Tocumen y el Hub de las Américas sostienen la apuesta turística

La ministra de Turismo, Gloria de León, presentó la sala como un recurso para acercar la oferta turística a quienes conectan en el Hub de las Américas. “Es un espacio diseñado para que los pasajeros que conectan a través del Hub de las Américas vivan una experiencia de lo que el país tiene que ofrecer”, señaló la funcionaria.

De León sostuvo que el objetivo es cambiar la percepción de los viajeros en tránsito. “Quienes todavía no conocen nuestro país descubrirán que Panamá es mucho más que un punto de conexión”, afirmó.

En un comunicado institucional, el Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que la Sala Panamá se inauguró en el Puente Conector del aeropuerto y la definió como un espacio orientado a que los pasajeros en tránsito conozcan la cultura y la biodiversidad del país. La Presidencia de la República de Panamá sintetizó el mensaje con la consigna “Panamá es más que una escala”.

La prevalencia de consumo de productos de tabaco en la población de 15 años y más registró en Panamá una disminución, al pasar de 6.4% en 2013 a 5% en 2025, cifra que de acuerdo con las autoridades de Salud evidencia avances en las políticas de prevención y control del tabaquismo en el país.

Son unos 146,000 fumadores los que se cuentan en Panamá, mientras que los datos oficiales muestran una disminución en el número de fumadores diarios y un incremento de consumidores ocasionales, lo que representa un avance significativo en la reducción de la dependencia al tabaco.

Las estadísticas corresponden a la Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos de 15 años y más, estudio que refleja avances importantes en la reducción del consumo de tabaco en Panamá, aunque evidencia nuevos desafíos relacionados con el aumento del uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de nicotina, especialmente entre la población joven.

Reina Roa, de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, indicó que el 95% de la población panameña no utiliza productos de tabaco, resultado que refleja el impacto positivo de las políticas implementadas en el país durante los últimos años, entre ellas la Ley 13 de 2008 y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

Pese a este avance, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el aumento en el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, particularmente entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 34 años.

Entre las principales razones señaladas por los encuestados para utilizar estos dispositivos figuran los sabores agradables, el gusto por utilizarlos y la percepción de que ayudan a dejar de fumar.

El consumo de cigarrillos electrónicos registró un incremento en el país, alcanzando una prevalencia del 1.5% en 2025, con una incidencia ligeramente mayor en hombres (1.7%) que en las mujeres (1.2%).

Esta cifra, de acuerdo con la encuesta, representa un aumento frente a los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSPA) de 2019, donde la prevalencia era de apenas el 0.4%, lo que significa que el consumo actual es 3.7 veces mayor que hace seis años.

Se aclara que durante el 2013 el uso de estos dispositivos electrónicos no fue valorado en las estadísticas nacionales.

El tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública, debido a su asociación con enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Anualmente en Panamá mueren aproximadamente mil personas, debido al consumo de tabaco, por lo que el Ministerio de Salud reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, educación, vigilancia, cesación y concienciación para proteger la salud de la población, especialmente de las nuevas generaciones.

La Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos fue desarrollada por el Ministerio de Salud, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y CDC Foundation.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, destacó que la encuesta constituye una herramienta científica fundamental para actualizar la situación del consumo de tabaco y fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de enfermedades y la protección de la salud de la población.

Indicó que “este estudio nos permite contar con información confiable y actualizada para continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control del tabaquismo en Panamá”.

El proyecto de ley 505, que propone la eliminación del impuesto del 7% a los productos de higiene menstrual, fue aprobado en abril pasado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Menstrual, las mujeres panameñas salieron a las calles, panti en mano, a exigir el avance de este proyecto.

La iniciativa busca establecer la exoneración a productos como tampones, copas menstruales y toallas sanitarias, que según datos oficiales en el país utilizan 1.2 millones de mujeres en edad menstrual.

Las mujeres en Panamá destinan cerca de $101 millones anuales a la compra de estos productos, y de ese monto cerca de $7.1 millones corresponden a ingresos que recibe el Estado a través del ITBMS, un impuesto indirecto al consumo que grava la venta de bienes y la prestación de servicios en Panamá.

Natasha Dormoi, coordinadora de AHF-Panamá, señaló que la salud menstrual debe abordarse como un tema de salud pública, equidad y derechos humanos.

Aids Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que brinda atención en respuesta al VIH y sida a nivel internacional.

“Ninguna niña, adolescente o mujer debería enfrentar barreras económicas o estigma para gestionar su menstruación de manera segura y digna”, afirmó Dormoi.

La pobreza menstrual, añadió, no se limita a la falta de productos, ya que de igual manera incluye el acceso insuficiente a agua potable, baños seguros, educación menstrual y condiciones dignas para gestionar el periodo sin estigma ni discriminación.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, cerca de 500 millones de personas en el mundo viven en situación de pobreza menstrual.

En América Latina, diversos estudios estiman que hasta 30% de niñas y adolescentes ha faltado a la escuela durante su periodo por no contar con productos menstruales, agua segura o baños adecuados.

Además, la falta de acceso a productos menstruales no solo afecta la educación y la salud física, sino también incrementa vulnerabilidades económicas y sociales, particularmente entre personas en situación de pobreza, migración, calle, privación de libertad o pertenecientes a comunidades indígenas.

Esta pobreza es un problema de salud mundial que afecta a mujeres y niñas en países ricos y pobres. Los productos que pueden utilizar las mujeres y las niñas para gestionar su salud e higiene menstruales varían enormemente en función de sus ingresos o de si viven en zonas urbanas o rurales.

Desde 2019, la organización que coordina Dormoi ha distribuido más de 1 millón de productos de higiene menstrual en América Latina y el Caribe, incluyendo copas menstruales, kits de higiene y materiales educativos.

Solo en 2025, las actividades de la organización impactaron directamente a cientos de miles de personas en 12 países de la región.

Aunque la menstruación es un proceso biológico natural, en muchos países de América Latina sigue siendo tratada fiscalmente como un “gasto no esencial”.

Esto obliga a millones de personas a destinar parte importante de sus ingresos a productos indispensables para su vida cotidiana. Las barreras se profundizan en comunidades rurales, indígenas y en contextos de vulnerabilidad social, donde el acceso a productos e información sigue siendo limitado.

“Menstruar no puede seguir siendo un privilegio condicionado al nivel de ingresos. Los productos menstruales son artículos de primera necesidad y deben tratarse como tales en toda nuestra región”, afirmó Francisco Rubio, director de Advocacy de AHF para América Latina y El Caribe.

En algunos países persisten mitos como el que señala que si las mujeres y niñas que están menstruando tocan ciertos alimentos, estos se pudrirán. Tampoco pueden entrar en lugares de culto y deben permanecer aisladas, manifiesta ONU Mujeres.

La organización señala que, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos la Viagra, medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil, está exenta de impuestos, mientras que los productos menstruales se clasifican como bienes de lujo y están sujetos a más alta tasa impositiva.

Para albergar a 2,000 privados de libertad el gobierno panameño informó que prepara una licitación para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

La licitación podría estar lista en unos nueve meses, lo que según alegan las autoridades despertará el interés por participar de las empresas constructoras de diferentes países.

Para abordar el hacinamiento en las cárceles del país, cuya sobrepoblación se estima en un aproximado de más de 9,000 mil privados de libertad, el gobierno concedió esta semana rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes.

La medida volvió a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.

Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas, a ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres.

En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.

Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario justificó la urgencia del proyecto de la prisión de máxima seguridad, señalando el hacinamiento actual en las cárceles.

Indicó que la nueva estructura facilitará la debida clasificación de los internos, de acuerdo a su perfil de peligrosidad y reforzará los programas de resocialización institucionales.

“Como ministerio hemos estado impulsando este tipo de proyectos, debido a la sobrepoblación en todos los centros penitenciarios”, puntualizó Torregroza.

Este modelo, agregó que “de alguna forma nos permite también llevar los programas de resocialización. Con una cárcel de máxima seguridad podremos hacer debidamente la clasificación de privados de libertad con este tipo de perfiles”.

El proyecto del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad es uno de los planes de infraestructura social más relevantes dentro de la estrategia de diversificación del portafolio bajo el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP).

La iniciativa, según una nota de prensa oficial, contempla el desarrollo de infraestructura especializada bajo altos estándares técnicos, con criterios de desempeño, eficiencia operativa y sostenibilidad alineados con las mejores prácticas internacionales.

Durante una reciente sesión gubernamental, se autorizó avanzar a la Fase 2 de análisis de factibilidad, aprobar la implementación del proyecto APP y autorizar su futura licitación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 26 de junio de 2025, que moderniza y agiliza los procesos de estructuración de proyectos APP en el país.

Este sería el tercer proyecto en el que el que la administración de José Raúl Mulino utiliza el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, “y ha avanzado bastante rápido”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

El funcionario sostuvo que la modalidad APP es un mecanismo que en el pasado tomaba mucho tiempo, pero que hoy está dando resultados gracias a las adecuaciones y mejoras regulatorias aplicadas por la actual administración para agilizar los procesos.

Para Orillac, esta modalidad permite desarrollar proyectos en situaciones de limitación financiera, con la ventaja particular de incluir el mantenimiento y la operación de la obra a largo plazo, apunta la información gubernamental.

La muerte de una ejemplar de mono araña negro (Ateles fusciceps) se debió a la tuberculosis y a que durante su estadía en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente se detectaron deficiencias en los protocolos de manejo y seguimiento clínico del animal.

La conclusión del proceso administrativo se da después de varias semanas de análisis y revisión interna, según confirmó la cartera ambiental del gobierno panameño.

En el comunicado, la entidad estatal detalló que la investigación administrativa se inició tras el fallecimiento de la hembra de mono araña negro, especie considerada en peligro crítico de extinción.

El animal se encontraba bajo custodia para recibir tratamiento médico en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, desde donde se coordinan acciones de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en el país.

El reporte oficial señala que la causa de muerte fue tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afecta tanto a animales como a humanos y cuya aparición en ejemplares de fauna silvestre representa un riesgo sanitario relevante.

Según el documento, se identificaron “fallas en el protocolo, manejo y seguimiento clínico brindado al animal durante su estadía”, lo que habría incidido en el desenlace fatal.

De acuerdo con lo informado, la investigación arrojó que existieron omisiones tanto en la aplicación de medidas de bioseguridad como en la documentación de los controles médicos realizados a la ejemplar.

“Se detectaron insuficiencias en la gestión de registros clínicos y en la comunicación interna entre los equipos responsables del caso”, indicó el informe oficial.

Además, la entidad señaló que se implementarán acciones correctivas y capacitaciones para el personal veterinario y técnico con el objetivo de elevar los estándares de atención.

El fallecimiento de la mono araña negro suscitó preocupación entre organizaciones ambientalistas y expertos en conservación, quienes pidieron transparencia y rigor en el manejo de especies en peligro.

El Ministerio de Ambiente afirmó que continuará colaborando con organismos nacionales e internacionales para fortalecer los protocolos de atención de la fauna silvestre.

“La protección de las especies en riesgo es una prioridad y la mejora continua de los procesos resulta imprescindible”, expresaron voceros del ministerio.

La tuberculosis en primates no humanos es un fenómeno documentado en distintos países de la región, aunque su incidencia sigue siendo baja en comparación con otras patologías.

Expertos señalan que la enfermedad puede propagarse por contacto directo o a través de aerosoles, afectando tanto a animales cautivos como a los que habitan en libertad.

La presencia del patógeno impone protocolos estrictos de aislamiento, diagnóstico y tratamiento para evitar brotes y riesgos de zoonosis.

El mono araña negro (Ateles fusciceps) está catalogado como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la deforestación de su hábitat y a la caza ilegal.

Su presencia en el territorio panameño es cada vez más limitada, por lo que el fallecimiento de un ejemplar bajo custodia adquiere especial relevancia para los programas de conservación.

En el informe presentado por el Ministerio de Ambiente se recomienda actualizar los protocolos de atención médica y reforzar las auditorías internas en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre.

La entidad también anunció la revisión de los procedimientos para el manejo de enfermedades infecciosas en animales rescatados y la adopción de nuevas medidas de bioseguridad.

El caso ha generado debate en la comunidad científica y entre defensores de la fauna, quienes insisten en la necesidad de mantener altos estándares de cuidado y transparencia en las instituciones responsables.

Desde hace un año más de 100 mil personas que habitan en la región de Azuero, en donde se ubican las provincias de Herrera y Los Santos, enfrentan una crisis hídrica por la contaminación del río La Villa, su principal fuente de abastecimiento de agua potable.

Una encuesta a 381 moradores de la región evidenció que el 85% atribuye esta situación a la existencia de granjas porcinas y vertederos.

El impacto en la comunidad incluye la actual escasez del líquido y la desconfianza sobre su calidad, amén de lo que llaman falta de accionar de las autoridades gubernamentales.

Al respecto, el presidente José Raúl Mulino dijo que la escasez del líquido es un “problema estructural que no se va a resolver de hoy para mañana, va a tomar tiempo”.

El mandatario descartó las constantes manifestaciones de las comunidades por la falta del servicio, al señalar que “producto de manifestaciones y malquereres no es que el agua va a llegar. Pueden hacer 100 manifestaciones más, y se los digo con toda honestidad, no va a ver agua”.

La presión sobre el río, de acuerdo al estudio “Crisis hídrica en Azuero: contaminación del río La Villa y necesidad de educación ambiental”, no respondió a un único foco, ya que esta se combinó con la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas intensivas, el uso de agroquímicos, el crecimiento urbano cerca de las fuentes fluviales y la descarga de aguas residuales domésticas sin tratamiento.

El deterioro se agravó porque el río La Villa abastece el consumo humano, sirve para el riego agrícola, la ganadería, pesca y actividades de recreación de las comunidades cercanas a su cuenca.

La investigación, realizada por investigadores de los centros regionales de Azuero de la Universidad de Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas, advirte que en las últimas décadas el ecosistema mostró señales crecientes de degradación por la acción humana.

El estudio indicó que un 74% de los encuestados identificó consecuencias directas como la escasez de agua potable y la pérdida de confianza en su calidad.

La investigación ubicó la crisis también en el plano de la salud, la economía y la vida comunitaria.

El Ministerio de Salud por su parte vinculó la afectación con cambios físico-químicos del agua, pérdida de biodiversidad acuática y proliferación de algas nocivas.

La revelación ministerial también mencionó lixiviados de vertederos a cielo abierto, porquerizas y posibles descargas industriales como factores asociados.

Los consultados señalaron como principales responsables a las explotaciones porcinas, los vertederos y las descargas residuales.

Para los autores del estudio esa percepción comunitaria refuerza la idea de que se trata de un problema sostenido en el tiempo y no de un episodio aislado.

La encuesta mostró que casi la mitad de los participantes, un 48%, consideró improbable una recuperación total del río La Villa.

El trabajo investigativo atribuyó ese escepticismo a una brecha de conocimiento sobre las fuentes de contaminación y sus efectos a largo plazo.

Según el trabajo, esa lectura social influye en la viabilidad de programas de saneamiento, educación ambiental y gestión integrada del recurso hídrico.

El texto del informe advirtió que, sin respaldo comunitario, las políticas de conservación pueden perder eficacia.

Al precisar los contaminantes más mencionados, el estudio registró que 41% citó coliformes y excremento animal, 35% apuntó a metales pesados y otros contaminantes, y 24% mencionó plaguicidas y residuos de fermentación.

Simultáneamente, se observa que el crecimiento demográfico y urbano en las cercanías al río condujo a un aumento en la descarga de aguas residuales domésticas sin tratamiento adecuado y la acumulación de residuos sólidos.

Para el presidente José Raúl Mulino, la reunión sostenida en Nueva York entre los cancilleres de Panamá y China representa una señal de que la tensión diplomática entre ambos países comienza a disminuir, luego de meses marcados por la controversia sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, las inspecciones a buques panameños y los reclamos de Pekín sobre la supuesta injerencia de terceros en la relación bilateral.

Mulino aseguró que el encuentro entre el canciller Javier Martínez-Acha y su homólogo chino Wang Yi fue un “paso trascendental”, debido a que Panamá llevaba semanas intentando concretar reuniones con autoridades chinas, especialmente con el Ministerio de Transporte, sin éxito.

“Sin duda alguna, el hecho de que el canciller de China haya solicitado esa reunión ayer en Nueva York con el canciller Martínez-Acha es un paso trascendental”, expresó el mandatario.

Según Mulino, el acercamiento permitió aclarar varios de los puntos que han provocado fricciones entre ambos países, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional el marco legal que sustentaba la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

El presidente sostuvo que Panamá ha realizado un esfuerzo “extraordinariamente grande y profundo” para explicar a China lo ocurrido con las terminales portuarias y afirmó que “no toda la verdad es sabida en China”.

Mulino insistió en que la decisión adoptada por Panamá fue “genuinamente panameña” y negó que respondiera a presiones de Estados Unidos u otro país. “Panamá con China no tiene por qué ser el eje o el pivote de problemas de dos países inmensos como Estados Unidos y China”, señaló.

También defendió la actuación del Gobierno asegurando que estuvo basada en la Constitución y las leyes nacionales, luego de casi un año de trabajo con apoyo de entidades estatales, asesores técnicos y especialistas externos.

El mandatario añadió que los puertos de Balboa y Cristóbal requieren inversiones multimillonarias en reparación de muelles, modernización de grúas y equipos, aunque sostuvo que las operaciones continúan funcionando con normalidad y que el principal objetivo es mantener el flujo de carga marítima.

Durante la reunión en Nueva York, uno de los principales temas abordados fue la renovación del acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo entre Panamá y China, según explicó Martínez-Acha.

Este tipo de acuerdo establece que ambos países se conceden mutuamente un trato preferencial y no discriminatorio en determinadas áreas comerciales y marítimas. En la práctica, significa que las embarcaciones y operadores de cada país reciben condiciones similares a las otorgadas a los socios más beneficiados, evitando restricciones o desventajas frente a terceros.

Martínez-Acha indicó que Wang Yi manifestó disposición para transmitir el interés panameño y avanzar hacia una negociación “beneficiosa para ambas partes” antes de que expire el acuerdo vigente.

El canciller panameño explicó además que gran parte de la conversación giró en torno a las inspecciones y detenciones de buques panameños en puertos chinos, situación que ha generado preocupación dentro de la marina mercante nacional.

“Nosotros remitimos que respetamos el criterio técnico, pero que también desearíamos una práctica previsible de respeto mutuo”, manifestó Martínez-Acha.

El funcionario aseguró que Panamá entiende y respeta las revisiones técnicas, pero cuestionó el aumento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones panameñas en puertos asiáticos, algo que, según dijo, no ocurre con igual intensidad en otros países de la región.

Martínez-Acha insistió en que los criterios aplicados deben responder exclusivamente a aspectos técnicos y no a motivaciones políticas o ideológicas. “Se dijo de manera clara que no hay ninguna motivación ideológica y que el país no sigue ninguna presión extranjera de ningún país en su política exterior”, afirmó.

Desde China también hubo mensajes dirigidos a rebajar la tensión diplomática. De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, Wang Yi aseguró que Pekín está dispuesto a profundizar la cooperación práctica con Panamá e instó al país centroamericano a salvaguardar los derechos de las empresas chinas.

El canciller chino también afirmó que las relaciones entre China y Panamá no deberían verse afectadas por la “injerencia de terceros”, en referencia a las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre infraestructuras vinculadas a China cerca del Canal de Panamá.

La tensión bilateral aumentó después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional tanto la concesión original otorgada en 1997 a Panama Ports Company como su renovación de 2021.

Las autoridades de China y Hong Kong calificaron la decisión judicial panameña como un “acto de mala fe”, mientras que CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando una indemnización superior a los 2,000 millones de dólares por daños y prejuicios.

Pese a ese escenario, Mulino dijo confiar en que el inicio de conversaciones sobre el acuerdo marítimo ayude a “allanar el camino” y permita mantener un diálogo respetuoso con China en medio de uno de los episodios diplomáticos más sensibles de los últimos años para Panamá.

Mafalda volvió a hablar en Panamá. Y aunque esta vez no lo hizo desde las páginas de un periódico ni desde una vieja tira cómica en blanco y negro, su mirada crítica sobre el mundo, la política, la guerra, la justicia y la sociedad volvió a instalarse entre niños, jóvenes y adultos con la inauguración de la exposición “El Mundo Según Mafalda” en la Ciudad de las Artes.

La muestra abrió oficialmente sus puertas este 26 de mayo y permanecerá durante un mes con entrada gratuita, ofreciendo a los visitantes un recorrido inmersivo por el universo creado por Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino, el historietista argentino que convirtió a una niña de seis años en uno de los personajes más influyentes de la cultura latinoamericana.

La exposición llega a Panamá luego de recorrer distintas ciudades de América Latina y forma parte de las actividades que celebran los 61 años del nacimiento de Mafalda, personaje que trascendió generaciones y fronteras gracias a su capacidad de cuestionar temas sociales, políticos y humanos que siguen vigentes décadas después de su creación.

La iniciativa es impulsada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Ministerio de Cultura, las alcaldías de Panamá y San Miguelito y la Embajada de Argentina en Panamá. El recorrido fue desarrollado por el Museo Barrilete de Córdoba, Argentina, y busca acercar al público no solo a las viñetas de Quino, sino también al contexto histórico y cultural que marcó la época en que nació Mafalda.

Durante la inauguración, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el impacto cultural que mantiene el personaje en América Latina. “Mafalda llega a nuestro país para recordarnos que la cultura no solo entretiene, sino que también cuestiona, inspira y transforma”, expresó.

Herrera agregó que la niña creada por Quino continúa funcionando como “un espejo de nuestras sociedades” y una voz que invita a reflexionar sobre la paz, la justicia, la equidad y la responsabilidad ciudadana.

La exposición está diseñada como una experiencia participativa para todas las edades. Los visitantes pueden recorrer espacios temáticos inspirados en el universo de Mafalda, incluyendo áreas como “Mafalda TVO”, “El taller de los inventos”, “Los gustos y disgustos”, “Los mundos” y el apartamento de los vecinos del famoso personaje.

También incluye recursos interactivos y actividades orientadas a que niños y adultos reflexionen sobre el valor de la pregunta, la curiosidad y el pensamiento crítico, elementos que marcaron la esencia de las tiras cómicas de Quino.

Sabina Villagra, curadora de la muestra, aseguró que Mafalda sigue funcionando como una herramienta para interpretar el mundo contemporáneo. “Quino nos entregó un gran cofre con tesoros, donde pudimos encontrar una caja con preguntas y una mirada lúcida sobre el mundo y sobre cómo cuidarlo”, manifestó durante el acto inaugural.

La representante de CAF en Panamá, Lucía Meza, señaló que la exposición busca acercar expresiones culturales de gran valor a miles de personas en la región y fortalecer el pensamiento crítico a través del arte y la cultura.

“En CAF entendemos la cultura no como un sector aislado, sino como un elemento esencial para fortalecer la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía”, expresó Meza.

La llegada de Mafalda a Panamá ocurre además en un momento donde distintos sectores culturales buscan reactivar espacios de encuentro familiar y educativo a través de actividades gratuitas y accesibles para el público.

Parte del atractivo de la exposición radica en la vigencia de los temas abordados por Quino desde la década de 1960. Aunque la tira nació hace más de seis décadas, muchas de las preguntas de Mafalda sobre las guerras, la desigualdad, la política, la contaminación o la sociedad siguen resonando en la actualidad.

La historia del personaje comenzó en 1963, cuando Quino fue contratado por una empresa de electrodomésticos para crear una tira cómica publicitaria. Aunque el proyecto original fue rechazado, Mafalda terminó encontrando espacio en publicaciones humorísticas y posteriormente en el periódico argentino El Mundo, donde comenzó a publicarse diariamente.

El éxito fue inmediato. Las recopilaciones pasaron rápidamente de los periódicos a las librerías y la historieta se convirtió en un fenómeno editorial internacional. Mafalda fue traducida a 26 idiomas y llegó a ser considerada una de las figuras culturales más influyentes de Argentina durante el siglo XX.

Con el paso de los años, Quino decidió detener la producción de nuevas tiras tras exiliarse en España durante la dictadura argentina. Sin embargo, el personaje continuó creciendo hasta convertirse en un símbolo cultural latinoamericano.

Ahora, más de 60 años después de su creación, Mafalda vuelve a conectar con nuevas generaciones en Panamá desde un espacio que mezcla memoria, humor, crítica social y participación interactiva, recordando que algunas preguntas nunca dejan de ser necesarias.

Thomas Christiansen recibió este jueves el pasaporte panameño de manos del presidente José Raúl Mulino, un gesto simbólico que termina de sellar el vínculo entre el técnico hispano-danés y una selección con la que ya hizo historia al clasificar a Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA.

La entrega se realizó en el Palacio de Las Garzas, en medio del acto de despedida de la selección nacional antes de viajar a la Copa Mundial de 2026, torneo en el que Panamá intentará superar por primera vez la fase de grupos.

Más allá del acto protocolar, la entrega del documento representa el reconocimiento a un entrenador que transformó el rumbo reciente del fútbol panameño y consolidó a la selección como una de las más competitivas de Concacaf.

Christiansen llegó al banquillo panameño en julio de 2020, en uno de los momentos más complejos para la selección tras la participación en Rusia 2018 y el inicio de un necesario cambio generacional. Su misión era reconstruir el equipo, renovar la plantilla y devolver a Panamá a la pelea por un cupo mundialista.

El técnico, nacido en Dinamarca y exjugador internacional con España, asumió además su primer reto al frente de una selección nacional luego de dirigir clubes en Chipre, Bélgica e Inglaterra, incluyendo un breve paso por el Leeds United.

Aunque Panamá no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022, la Federación Panameña de Fútbol decidió sostener el proyecto y renovar la confianza en Christiansen, una apuesta poco común en la región tras quedar fuera de una Copa del Mundo.

Con el tiempo, la decisión terminó dando resultados. Bajo el mando del entrenador europeo, Panamá alcanzó el subcampeonato de la Copa Oro 2023, avanzó a la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 tras eliminar a Estados Unidos y firmó una actuación histórica en la Copa América 2024 al llegar por primera vez a los cuartos de final.

El principal logro llegó el 18 de noviembre de 2025, cuando Panamá aseguró su clasificación al Mundial de 2026 tras derrotar 3-0 a El Salvador, sellando así la segunda participación mundialista en la historia del país.

Desde entonces, Christiansen ha insistido en que el objetivo no es solamente asistir al torneo. En distintas entrevistas recientes ha señalado que Panamá debe competir con personalidad y buscar ir más allá de la fase de grupos, una meta que nunca ha conseguido la selección nacional.

Hasta marzo de 2026, el entrenador acumulaba alrededor de 87 partidos dirigidos con Panamá, con cerca de 42 victorias, 21 empates y 24 derrotas, convirtiéndose además en el técnico con más encuentros al frente de la selección nacional.

Durante su ciclo, Panamá también registró un importante crecimiento en el ranking FIFA. Cuando Christiansen asumió el cargo, la selección se encontraba lejos de los primeros lugares del continente y actualmente ronda posiciones cercanas al top 35 del mundo.

Parte del reconocimiento hacia el entrenador también tiene relación con el cambio de identidad futbolística que impulsó dentro de la selección. Panamá pasó de ser un equipo enfocado principalmente en el juego físico y defensivo a una selección más ordenada tácticamente, con mayor protagonismo con balón y capacidad para competir de tú a tú frente a rivales históricamente superiores en la región.

Ese crecimiento quedó reflejado en victorias importantes ante selecciones como Estados Unidos y en la capacidad de Panamá para instalarse de manera constante en fases decisivas de torneos regionales.

Ahora, el siguiente desafío será el Mundial de 2026, donde Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L. El debut será el 17 de junio frente a Ghana en Toronto.

Antes del torneo, Christiansen tendrá una exigente agenda de preparación con amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, partidos que servirán para medir el nivel real de una selección que busca llegar al Mundial más madura y competitiva que en Rusia 2018.

La entrega del pasaporte panameño al técnico ocurre además en un momento donde Christiansen se ha convertido en una de las figuras deportivas más respetadas y valoradas del país, no solo por los resultados, sino también por la estabilidad y continuidad que logró construir en un entorno donde los procesos largos pocas veces sobreviven a los malos momentos.

Con el Mundial a pocas semanas de iniciar, el entrenador europeo afronta ahora el reto más grande de su ciclo: intentar que Panamá deje de ser únicamente un debutante recurrente y se convierta en una selección capaz de competir por un lugar en la siguiente ronda de una Copa del Mundo.

Panamá atraviesa por una inusual ola de calor, con temperaturas promedio de hasta 37°C y una sensación térmica que podría superar los 40°C, lo que obliga a extremar las medidas de precaución, sobre todo en los trabajadores agrícolas jóvenes expuesto al calor y a la deshidratación.

Estos trabajadores pudieran verse afectados por la enfermedad renal crónica no tradicional, por lo que el Ministerio de Salud recomienda mantenerse hidratado, realizar pausas y descansar bajo sombra, además de acudir a controles médicos al menos una vez al año.

Se estima que en Panamá existen cerca de 150,000 personas con algún grado de la enfermedad renal crónica, de los cuales un 14% corresponde a la forma no tradicional , que afecta principalmente a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Los signos de la enfermedad renal crónica no tradicional suelen aparecer en etapas avanzadas, lo que hace que la prevención sea fundamental, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Advierten que la combinación de calor intenso, radiación solar y humedad crea un escenario propicio para episodios de insolación, deshidratación y golpes de calor, especialmente entre personas expuestas por periodos prolongados al sol.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha advertido que el país podría experimentar condiciones entre precaución extrema y peligro, incrementando el riesgo de afectaciones a la salud, como insolación, calambres y golpes de calor, sobre todo en personas expuestas al sol por largos periodos o que realicen actividades físicas extremas.

Enélida Guerra, subdirectora de Promoción de la Salud, reiteró que ante el anuncio de altas temperaturas y sensación térmica extrema en el país, la enfermedad renal crónica no tradicional afecta principalmente a trabajadores de los sectores agrícola, construcción y minería expuestos al calor extremo y a la deshidratación.

Guerra explicó que la enfermedad renal crónica no tradicional es una forma de enfermedad renal crónica que no está relacionada con diabetes, hipertensión u obesidad, y que suele desarrollarse de manera progresiva y silenciosa por factores ambientales y ocupacionales, como la exposición a altas temperaturas y el estrés térmico.

“Si trabajas expuesto al sol, al estrés térmico y a la deshidratación, debes realizar pausas y descansos bajo sombra, además de consumir entre dos y tres litros de agua diariamente”, indicó la funcionaria.

Entre los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica no tradicional se encuentran el trabajo físico pesado e ininterrumpido en ambientes de calor extremo, la exposición continua al sol, la deshidratación prolongada sin una adecuada hidratación, el consumo excesivo de medicamentos para el dolor o antiinflamatorios que pueden dañar los riñones, y ser adulto joven.

Guerra recalcó que “quienes presenten algunos de estos factores de riesgo, como realizar trabajo pesado durante largas jornadas bajo el sol, deben acudir al médico para realizarse una prueba de creatinina y conocer cómo están funcionando sus riñones”.

La subdirectora de Promoción de la Salud recomendó a las empresas que cuentan con trabajadores expuestos al sol implementar pausas de descanso bajo sombra y garantizar una adecuada hidratación para proteger la salud renal de sus colaboradores y prevenir la enfermedad renal crónica no tradicional.

El programa subregional de la Organización Panamericana de la Salud para Centroamérica indica que la enfermedad renal crónica no tradicional es un tema prioritario dentro de la cooperación en salud, promoviendo acciones para mejorar las condiciones laborales, fortaleciendo la detección temprana, la vigilancia en salud y garantizando una atención integral a las personas afectadas.

La violencia dentro de los hogares panameños continúa dejando escenas cada vez más brutales, reflejando el deterioro de los vínculos familiares y de una convivencia que durante años fue considerada la base de la sociedad.

En menos de una semana, las autoridades judiciales procesaron casos que incluyeron el asesinato de un adulto mayor a manos de su propio nieto, agresiones entre hermanas y amenazas de muerte de un hijo contra su madre para exigirle dinero.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió en la comunidad de Los Machos, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Olá, provincia de Coclé. Allí, un hombre de 32 años fue enviado a detención provisional por seis meses tras ser imputado por homicidio doloso agravado en perjuicio de su abuelo materno, de 79 años.

De acuerdo con la investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé, el crimen ocurrió la mañana del 23 de mayo de 2026. El informe preliminar de necropsia reveló que el adulto mayor recibió múltiples golpes en la cabeza, rostro, tronco y extremidades, causándole la muerte.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos. El juez también ordenó la detención provisional al considerar el alto grado de agresividad demostrado por el imputado y el peligro que representaba tanto para la comunidad como para los familiares de la víctima.

Otro caso reciente se registró en El Cruce de Torrijos Carter, en el corregimiento de Rogelio Sinán, distrito de San Miguelito. Allí, una mujer de 40 años fue detenida provisionalmente luego de ser imputada por violencia doméstica en perjuicio de su hermana de 42 años, a quien presuntamente agredió físicamente causándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según el Ministerio Público, el incidente ocurrió el pasado 17 de mayo dentro de una residencia familiar. La Fiscalía de Familia y el Menor solicitó la medida cautelar argumentando riesgos procesales, afectación de pruebas y el peligro que la imputada representaba para la víctima y otros familiares.

Mientras tanto, en Chiriquí, otro hombre quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de violencia doméstica psicológica, hostigamiento y quebrantamiento de medida de protección en perjuicio de su propia madre. La investigación señala que desde febrero de este año el imputado acudía constantemente a la vivienda de la víctima para exigirle dinero mediante amenazas e intimidación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre amenazaba con atentar contra la vida de su madre y de su hermana si no accedían a entregarle dinero. Aunque previamente existía una orden de alejamiento, el señalado continuó acercándose a la residencia y mantuvo los episodios de hostigamiento.

Los casos recientes coinciden con un aumento sostenido en las denuncias relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores en Panamá. Las cifras preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y abril de 2026 se registraron 8,272 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un incremento de 19.2% en comparación con el mismo período del año pasado.

La violencia doméstica continúa siendo el delito más denunciado en el país. Solo entre enero y abril de este año se contabilizaron 6,089 casos, frente a 5,215 registrados durante el mismo período de 2025, reflejando un aumento de 16.8%.

Las estadísticas también muestran incrementos preocupantes en otros delitos familiares. Los casos de maltrato al adulto mayor pasaron de 288 a 445 denuncias, un aumento de 55%, mientras que los delitos contra la familia crecieron 54%. El maltrato al menor registró 1,412 denuncias en apenas cuatro meses.

Las áreas con mayores aumentos en este tipo de delitos fueron Panamá Oeste, con un incremento de 50%; San Miguelito, con 45%; Herrera, con 37%; y Veraguas, con 28%, según datos del Centro de Estadística del Ministerio Público.

Especialistas en temas de violencia familiar han advertido en reiteradas ocasiones que muchos de estos casos permanecen ocultos durante años dentro de los hogares y solo salen a la luz cuando las agresiones escalan a niveles extremos. Factores como el consumo de drogas y alcohol, problemas económicos, conflictos de convivencia y la falta de atención psicológica suelen aparecer de forma recurrente en este tipo de situaciones.

Mientras las denuncias siguen aumentando, las autoridades enfrentan el reto de fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la atención psicológica dentro de comunidades donde la violencia doméstica se ha convertido en un problema cada vez más visible y frecuente.

Panamá se prepara para el inicio de una nueva temporada de llegada de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos naturales más importantes del Pacífico panameño y que cada año moviliza a miles de turistas hacia distintos puntos costeros del país.

Con el arribo de los primeros cetáceos previsto para las próximas semanas, autoridades y organizaciones ambientales reforzaron las acciones de capacitación para atender emergencias relacionadas con estos mamíferos marinos.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente participó en una capacitación especializada sobre atención y desenmalle seguro de grandes ballenas, organizada junto a la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Fundación MarViva, Fundación Panacetacea y la Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN) de México.

La jornada reunió a personal técnico, autoridades y comunidades costeras, quienes recibieron formación teórica y práctica sobre protocolos de rescate, evaluación de riesgos y técnicas de liberación de cetáceos atrapados en redes de pesca. Parte de los ejercicios se desarrolló en el mar con apoyo de embarcaciones del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la UMIP.

Panamá recibe cada año poblaciones de ballenas jorobadas provenientes tanto del Pacífico Norte como del Pacífico Sur. Las aguas cálidas del país funcionan como un refugio natural para el apareamiento, nacimiento y crianza de los ballenatos, principalmente entre julio y octubre, aunque algunos ejemplares comienzan a ser observados desde finales de mayo y junio.

Las principales zonas de avistamiento se concentran en el Archipiélago de Las Perlas, el Golfo de Chiriquí, Pedasí, el Parque Nacional Coiba y diversos sectores costeros de Veraguas y Darién. Estas áreas se han convertido en puntos clave para el turismo marino y ecológico de Panamá.

El avistamiento de ballenas representa además una importante actividad económica para comunidades costeras, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y servicios de transporte marítimo. En varias regiones del Pacífico, la temporada de cetáceos genera un aumento significativo en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en observar de cerca a estos animales.

Sin embargo, el crecimiento del turismo asociado a las ballenas también ha elevado las preocupaciones por la presión que enfrentan los cetáceos debido a la cercanía de embarcaciones turísticas y privadas. Especialistas advierten que en muchos casos los botes se acercan demasiado para obtener fotografías o videos, alterando el comportamiento natural de los animales.

Expertos señalan que estas prácticas pueden provocar estrés, afectar la comunicación entre madres y crías y alterar momentos clave como la alimentación, el descanso o la lactancia. También existe riesgo de colisiones con embarcaciones, especialmente en zonas donde coinciden varios operadores turísticos al mismo tiempo.

A esto se suman los casos de enmallamiento, considerados una de las amenazas más serias para las ballenas a nivel mundial. Los cetáceos pueden quedar atrapados accidentalmente en redes de pesca artesanal o industrial, provúandoles heridas profundas, agotamiento extremo e incluso la muerte.

La directora nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Digna Barsallo, indicó que este tipo de capacitaciones fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con fauna marina. “Estas jornadas ayudan a mejorar capacidades técnicas para responder de manera segura a casos de ballenas enmalladas y promover coordinación entre instituciones, organizaciones y comunidades costeras”, expresó.

La capacitación contó con facilitadores internacionales de la Comisión Ballenera Internacional y de RABEN México, quienes compartieron experiencias sobre rescate de grandes cetáceos y el uso de herramientas especializadas para desenmallamientos seguros.

Organizaciones ambientales han insistido en la necesidad de reforzar las medidas de avistamiento responsable durante la próxima temporada. Entre las recomendaciones internacionales destacan mantener distancias prudentes, reducir la velocidad de navegación cerca de cetáceos y evitar persecuciones o maniobras invasivas.

Las autoridades consideran que el principal reto será mantener el equilibrio entre el auge del turismo marino y la conservación de especies que convierten a Panamá en uno de los corredores más importantes para las ballenas jorobadas en el Pacífico oriental.

En un acto celebrado en Metetí, Darién, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, juramentó este miércoles a 285 nuevos agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 39 inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM), quienes concluyeron su formación dentro de la promoción XXIV-B “General José de Fábrega”. Según informó el gobierno de Panamá, esta incorporación responde al fortalecimiento de la política de seguridad nacional y refuerza la presencia estatal en zonas estratégicas del país.

La ceremonia, presidida por Mulino, contó con la asistencia del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, directores de los estamentos de seguridad, autoridades locales y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. De acuerdo con Infobae, entre los graduados figuran 29 agentes especializados en ciberseguridad y banda de música, quienes aportarán conocimientos técnicos y apoyo logístico a las operaciones en frontera y migración.

El grupo de nuevos integrantes de la Fuerza Pública forma parte de la estrategia del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), que busca consolidar la capacidad de respuesta ante desafíos en materia de seguridad y ampliar la cobertura territorial del Estado. “La presencia de estas nuevas unidades permitirá reforzar las acciones preventivas y comunitarias en puntos clave del territorio nacional”, detalló el propio Ministerio.

Durante su intervención, Mulino felicitó a los 324 graduados y anunció que en los próximos meses se sumarán más miembros a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de incrementar la presencia policial y la prevención del delito en las calles. “La formación de esta nueva generación de agentes responde al compromiso de consolidar instituciones más preparadas y cercanas a la ciudadanía”, afirmó el mandatario.

El evento reunió a altos funcionarios, como el director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, y el director general del SENAFRONT, Larry Solís Velásquez, así como representantes de organismos internacionales y delegaciones diplomáticas. Según información oficial, los 39 nuevos inspectores del SNM fortalecerán el control migratorio y la seguridad en las fronteras, como parte del enfoque integral del Gobierno Nacional.

La graduación de la promoción XXIV-B reafirma la política del Ejecutivo panameño de fortalecer las capacidades operativas y humanas de la Fuerza Pública, avanzando hacia una estrategia de seguridad preventiva y cercana a los ciudadanos.

Fuerzas Públicas de Panamá: estructura civil para la seguridad nacional

Las Fuerzas Públicas de Panamá constituyen el sistema de seguridad y defensa del país, estructurado bajo un modelo civil desde la abolición del ejército en 1990. El país no cuenta con fuerzas armadas tradicionales, sino con cinco instituciones coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

La Policía Nacional (PN) se dedica al orden público y la protección ciudadana. El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) controla las fronteras y combate delitos asociados al tráfico ilícito y la migración irregular. El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) protege el espacio marítimo y aéreo, realizando operaciones contra el narcotráfico y la pesca ilegal. El Servicio de Protección Institucional (SPI) resguarda a dignatarios y autoridades estatales. El Servicio Nacional de Migración (SNM), de carácter administrativo, colabora en el control fronterizo.

El enfoque principal de estas instituciones, es la seguridad interna, la lucha contra el crimen organizado y el mantenimiento del orden público. Panamá mantiene así un sistema de defensa sin ejército, centrado en la protección civil y la cooperación internacional.

De manera unánime los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el proyecto 641 que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

Los diputados tenían hasta el 15 de junio para la aprobación o no de esta norma, una vez fueron habilitados el 4 de mayo por el presidente José Raúl Mulino.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de esta iniciativa representa un importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país, con el objetivo de impulsar un marco legal moderno que promueva el crecimiento económico sostenible y fortalezca la competitividad, estabilidad e imagen internacional de Panamá.

La normativa entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027 y concede un plazo de 90 días al Órgano Ejecutivo para su reglamentación.

La entidad gubernamental sostiene que la nueva legislación reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales de transparencia fiscal y sustancia económica, consolidando al país como una jurisdicción confiable, moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo con la normativa aprobada, se indicó en una nota de prensa, las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá, es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en territorio nacional, estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de dichas rentas pasivas extranjeras.

La ley también reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en el país, tales como patentes, marcas y derechos de autor, con el propósito de incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado en el país.

También incorpora un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y excluye expresamente del régimen a la marina mercante y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

El proyecto de ley, siempre según el Ministerio de Economía y Finanzas, moderniza además el concepto de establecimiento permanente conforme a estándares internacionales, incorpora una cláusula antiabuso y refuerza las garantías de confidencialidad y protección de la información tributaria.

Con esta aprobación, afirma el ministerio, Panamá fortalece su reputación internacional como una jurisdicción comprometida con la transparencia y con la promoción de una economía basada en actividades reales y sustantivas.

El nuevo régimen se manifiesta que contribuirá a generar mayor confianza entre inversionistas y organismos internacionales, promoverá la atracción de inversión extranjera responsable y fomentará la instalación de operaciones con presencia real, generación de empleos de calidad y desarrollo económico local.

La nueva normativa también impulsa un entorno de negocios más sólido y sostenible, favoreciendo el acceso de Panamá a mercados internacionales, relaciones financieras más estables y mayores oportunidades para el crecimiento económico del país.

La norma de sustancia económica es un principio legal y contable que exige que las operaciones y transacciones de una empresa reflejen su realidad económica y comercial por encima de su forma jurídica.

A nivel fiscal, obliga a las multinacionales a demostrar que tienen operaciones físicas y actividad real en el país, más allá de solo buscar ventajas tributarias.

Este miércoles, hombre de 42 años de edad se convirtió en el primer fallecido por hantavirus en el país de Panamá. De acuerdo con las autoridades de salud, el paciente laboraba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, donde empezó a presentar síntomas.

El paciente presentó problemas respiratorios y fue atendido inicialmente en instalaciones hospitalarias de Ocú.

Debido a complicaciones asociadas a su enfermedad pulmonar, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en la ciudad de Chitré, donde recibió atención especializada.

Posteriormente, ante el agravamiento de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en la vecina provincia de Los Santos, donde las pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM. Según datos del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA)

Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica correspondiente al caso y reiteran a la población la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en áreas rurales y agrícolas, evitando el contacto con roedores y manteniendo adecuados hábitos de higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo ubicadas en zonas endémicas de hantavirus.

Medidas de prevención y síntomas del hantavirus según el Ministerio de Salud

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomienda ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos y desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad se encuentran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal.

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.

Las autoridades sanitarias continúan realizando un monitoreo constante a través de sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar y responder oportunamente ante cualquier caso de hantavirus. Además, insisten en la necesidad de que la población refuerce las acciones preventivas, sobre todo en comunidades rurales y sectores agrícolas donde el riesgo de exposición es mayor.

Recomiendan evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto con roedores, así como extremar las medidas de higiene en el hogar, bodegas, almacenes y lugares de trabajo que se encuentren dentro de las zonas catalogadas como endémicas para esta enfermedad.

Regiones con mayor incidencia de hantavirus en Panamá

Las zonas endémicas de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en la región central del país.

Entre las áreas con mayor incidencia figuran la provincia de Los Santos, especialmente en los distritos de Tonosí, Las Tablas y Guararé; Veraguas, principalmente en Soná; Coclé, en los distritos de Aguadulce y Natá; Herrera, en sectores cercanos a Chitré; y Panamá Este, particularmente en áreas focalizadas de Chepo.

Panamá registra en 2026 un acumulado de 16 casos de hantavirus, de los cuales siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y nueve a Fiebre por Hantavirus (FH). Las autoridades reiteran que, en el país, no se ha reportado transmisión de persona a persona, ya que el contagio ocurre principalmente por exposición al virus transmitido por roedores silvestres.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, entregó este miércoles el pabellón nacional a uno de los capitanes de la selección mayor de fútbol, Erick Davis, durante una ceremonia en el Palacio de Las Garzas, acto que marcó el respaldo oficial del gobierno panameño al equipo que participará en el Mundial de la FIFA 2026. Según comunicó el gobierno de Panamá, el mandatario sostuvo que el país se encuentra en uno de los puntos más altos de su historia futbolística y destacó el esfuerzo colectivo de jugadores y cuerpo técnico para lograr la segunda clasificación mundialista.

Durante el encuentro, Mulino subrayó la importancia del logro deportivo y remarcó: “No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que a triunfar también”, cita recogida por gobernación. El presidente enfatizó que la historia del deporte local recordará siempre este momento, señalando el avance del fútbol nacional desde la primera clasificación en Rusia 2018.

Como parte del reconocimiento, el mandatario entregó el pasaporte panameño al seleccionador nacional, Thomas Christiansen, gesto simbólico que refuerza la integración del técnico de origen danés-español al proyecto deportivo del país. Además, el mediocampista Édgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al presidente una camiseta oficial de la selección, acto que fue reportado por el gobierno.

Mulino resaltó el recorrido de la selección nacional y mencionó la labor de generaciones previas de futbolistas. “Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo”, manifestó el jefe de Estado.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades como el ministro de la Presidencia, José Simpson Corilla, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, junto a miembros del cuerpo técnico, la delegación oficial y otros invitados especiales. El respaldo institucional y social aparece como uno de los ejes principales de la preparación panameña rumbo a su segunda Copa Mundial absoluta.

Panamá regresa a la Copa del Mundo con una convocatoria marcada por la experiencia

Panamá llega al Mundial de 2026 con una convocatoria en la que destaca la experiencia y el regreso de varios futbolistas que participaron en Rusia 2018. El promedio de edad del plantel es de 30,4 años, el más alto entre las selecciones clasificadas en esta edición, y superior al registrado en su primera participación mundialista, donde la media fue de 29,7 años.

La nómina panameña presenta una combinación de jugadores experimentados y nuevas incorporaciones. Entre los veteranos figuran nombres como Román Torres, Gabriel Gómez y Jaime Penedo, quienes han aportado liderazgo en el vestuario y han sido referentes durante el proceso clasificatorio. Junto a ellos, ingresan futbolistas que buscan consolidarse a nivel internacional y aportar frescura al equipo.

La selección ha mantenido una base sólida desde 2018, lo que le ha permitido fortalecer la cohesión y la identidad de juego. El cuerpo técnico apostó por futbolistas con trayectoria en ligas extranjeras y en la competición local, priorizando la polivalencia y la adaptación táctica. La experiencia adquirida en Rusia y en torneos regionales como la Copa Oro ha sido un factor clave para afrontar el reto mundialista.

Estados Unidos entregará a Panamá $3 millones para iniciar la limpieza ambiental de la provincia de Darién, por donde miles de migrantes transitaron en su periplo por llegar a la nación norteamericana.

Miles de plásticos, ropa, residuos sólidos, entre otros desperdicios, fueron dejados por los migrantes a su paso por una trocha que abrieron por el llamado Tapón del Darién, una selva que sirve de frontera entre Panamá y Colombia, y que hasta ese momento se mantenía virgen.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, quien hizo el anuncio del aporte de su país para la limpieza de Darién, dijo que el trabajo se hará en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y que además dará oportunidades de trabajo para los darienitas que se sumen a esta iniciativa.

Agregó que “vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes”.

En 2024 las autoridades del momento calcularon que la migración irregular dejó al menos 2,500 toneladas de basura en la selva darienita y que la limpieza costaría unos $12 millones.

En su momento, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, declaró que así como Estados Unidos ha invertido para evitar el paso de migrantes, debe hacerse cargo de la limpieza del Darién, puesto que la mayoría de personas ingresaron a la zona con el objetivo de llegar a su nación.

“No están limpiando su desastre. Si Estados Unidos es responsable porque abrió sus fronteras, entonces Estados Unidos debería pagar por eso”, sentenció Navarro.

Los medios señalaron que en el primer trimestre de 2024 el flujo de migrantes por Darién alcanzó los 110,008, mientras que 2025 se redujo drásticamente a 2,831.

En 2026, según las autoridades la cifra se estancó en 92 personas.

Este año no han pasado más de 2,500 personas, afirmó Larry Solís, director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En la odisea migratoria los ciudadanos de Venezuela fueron lo que más se aventuraron por la trocha darienita, al igual que ecuatorianos, colombianos y nativos de Ghana.

Desde 2021 el número de personas que cruzaban la peligrosa selva aumentó exponencialmente, alcanzando más de 520.000 en 2023, sostiene la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

Las causas de este fenómeno, afirma la organización, incluyen la combinación de crisis políticas y económicas en América Latina, la falta de vías migratorias legales y la difusión de información sobre las rutas disponibles.

Los trayectos, tanto terrestres como marítimos, variaban en duración y costo, exponiendo a los migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y africanos, a condiciones extremas, abusos y explotación.

A su llegada a Panamá los migrantes eran atendidos en estaciones administradas por el Servicio Nacional de Fronteras y la Organización Internacional de las Migraciones, aunque los recursos eran limitados.

Desde 2024, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, Panamá adoptó una política de cooperación con Estados Unidos que incluyó la repatriación aérea de migrantes irregulares.

En agosto de ese año el gobierno de Estados Unidos otorgó $6 millones para la repatriación de los migrantes.

La cooperación entre ambos países redujo el flujo migratorio en un 96% para marzo de 2025, pero también generó nuevas problemáticas humanitarias, como el cierre de centros de acogida y el incremento de un flujo inverso hacia el sur, manifiesta la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

Las cifras oficiales más recientes indican que en Panamá se dieron 5,258 delitos contra la libertad e integridad sexual, 1,943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravadas, cuyas principales víctimas fueron mujeres.

La estadística del Ministerio Público, correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, deja ver la gravedad del hecho, que registra un aumento en los últimos años.

Ante esta realidad, una iniciativa ciudadana llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal, en lo que respecta a violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida.

Una de las modificaciones más notables señala que será sancionado con penas de prisión de 30 a 50 años quien cause la muerte de una mujer cuando exista una relación de pareja o haya intentado establecer una relación de esta naturaleza o de intimidad efectiva, cuando haya relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o si el hecho se comete en presencia de los hijos de la víctima.

El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013, que tipificó este hecho delictivo como un delito grave.

En Panamá hasta el momento se registran al menos 10 femicidios, 13 tentativas y cuatro muertes violentas.

El más reciente femicidio ocurrió esta semana cuando Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector dos de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Informes extraoficiales, registrados por el diario Critica, indican que desde hace unos días la mujer había viajado desde la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé, hasta Samaria para visitar a un hijo que recién salió de la cárcel.

Según el medio, al parecer estuvo retenida durante dos días en contra de su voluntad dentro del inmueble en el cual ocurrió el femicidio, el cual se ubica al final de una vereda.

En cuanto al proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, igualmente busca modificar el artículo 57 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal, atendiendo las indicaciones de la Junta Técnica Penitenciaria y el comportamiento de la persona.

De igual manera, también se modifica el artículo 73, que inhabilita para ejercer funciones públicas al imputado en los casos de femicidios, homicidio agravado en casos de violencia de género, violación sexual y violación sexual agravada, y abuso sexual agravado con resultado de muerte.

Respecto a las violaciones, se tiene que las autoridades lograron la detención provisional de un ciudadano de 19 años de edad al vincularlo al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El hecho se produjo en el corregimiento de Narganá, comarca indígena de Guna Yala, cuando el imputado mediante violencia e intimidación abusó sexualmente de una menor de 14 años de edad, momentos en que retornaba del colegio. La menor resultó embarazada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue aprehendido este 18 de mayo por unidades de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la comunidad de Máquina, sector comarcal, al ser requerido por el delito antes mencionado.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se informó que la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra dicho ciudadano.

Panamá está dispuesto a sentarse a conversar con Costa Rica, pero únicamente bajo “las mismas reglas” y en igualdad de condiciones para ambos países.

Así lo afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en medio del nuevo intento diplomático por reducir las tensiones bilaterales que durante los últimos meses han escalado alrededor del comercio, los controles fitosanitarios y las restricciones impuestas a productos panameños.

“Costa Rica es un país hermano”, declaró Moltó al referirse al reciente encuentro sostenido en Nueva York entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez y el nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar. El ministro panameño aseguró que la reunión fue “muy cálida” y permitió conversar sobre diversos temas de la relación bilateral.

“Definitivamente, una vez más, somos países amigos y estamos siempre dispuestos a conversar bajo las mismas condiciones, cuidando al productor panameño, así como se merece el mismo respeto que el productor costarricense”, expresó el titular del Ministerio de Comercio e Industrias.

Las declaraciones de Moltó se producen en momentos en que Panamá y Costa Rica intentan reconstruir canales de diálogo tras semanas marcadas por tensiones políticas y comerciales.

Uno de los principales focos de conflicto ha sido precisamente el intercambio comercial y las restricciones fitosanitarias. Panamá sostiene que productores nacionales han enfrentado durante años obstáculos para exportar productos avícolas, cárnicos y agroindustriales hacia Costa Rica, pese a cumplir estándares internacionales y exportar a mercados altamente exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia.

“Los productores panameños, tanto como los productores costarricenses, deben cumplir con las mismas reglas fitosanitarias”, afirmó Moltó. El funcionario insistió en que Panamá no reducirá sus controles sanitarios ni comprometerá sus estándares de calidad para facilitar el ingreso de mercancías.

“Panamá no va a sacrificar su nivel fitosanitario, sanitario, de salud”, sostuvo el ministro. Añadió que las plantas productoras de ambos países deben someterse “a las mismas revisiones” y cumplir idénticos requisitos técnicos.

El conflicto comercial incluso llegó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde continúa abierto un proceso relacionado con las restricciones y barreras comerciales aplicadas entre ambas naciones.

Las tensiones se intensificaron con la llegada al poder de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien endureció el discurso frente a Panamá y aseguró que defenderá a los productores de su país ante lo que considera restricciones injustificadas para el ingreso de mercancías costarricenses.

Fernández trasladó recientemente el conflicto a la Cancillería de Costa Rica y anunció acciones diplomáticas e internacionales relacionadas con el diferendo comercial. También afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” costarricenses.

“Siempre lo he dicho, bajo reglas igualitarias para ambas partes y oportunidades que se presenten, tanto para los productores panameños que ya estuvieron por muchas décadas exportando a Costa Rica, como las oportunidades para complementarnos como naciones”, señaló.

El ministro recordó además que Panamá mantiene una intensa relación económico con Costa Rica y con el resto de Centroamérica, incluyendo exportaciones energéticas y comercio regional constante.

El reciente encuentro entre los cancilleres Javier Martínez-Acha y Manuel Tovar en la sede de Naciones Unidas fue interpretado como una señal de acercamiento diplomático tras varios meses de confrontación pública. Ambos gobiernos acordaron impulsar mesas binacionales de trabajo para abordar temas relacionados con seguridad, migración, comercio y aduanas.

Según la información divulgada por ambas cancillerías, el objetivo es construir “un diálogo constructivo” que permita atender desafíos comunes y evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

A pesar de las tensiones, Moltó insistió en que Panamá mantiene disposición al diálogo siempre que exista reciprocidad.

“Estoy seguro de que como países hermanos en una mesa podemos solucionar”, afirmó el ministro, quien reiteró que el país continuará defendiendo sus controles fitosanitarios y el derecho de los productores panameños a competir en igualdad de condiciones dentro del mercado regional.

El presidente José Raúl Mulino anunció la expulsión de Panamá de los ingenieros chinos involucrados en la agresión contra trabajadores panameños en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal, un incidente que elevó la tensión laboral dentro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país y que vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones del consorcio chino encargado de la megaobra.

“Quiero dejar en claro que nuestro país es abierto e integrador, pero los extranjeros deben cumplir con la ley panameña, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores y tradiciones”, afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El mandatario agregó que el Gobierno decidió cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros involucrados en la agresión registrada en el proyecto.

“Eso no es aceptable y no lo permitiré. El año pasado deportamos a dos ciudadanos venezolanos que agredieron a un trabajador panameño en Capira. Y no me tiembla el pulso para deportar o expulsar a extranjeros que no respeten a Panamá y a sus pueblos”, sostuvo el presidente.

El incidente ocurrió el 22 de mayo debajo de una de las estructuras del proyecto, en el área este de la obra. Según reportes divulgados por sindicatos y trabajadores, un colaborador de nacionalidad china agredió físicamente a un ingeniero panameño durante la jornada laboral.

El hecho provocó fuertes momentos de tensión entre trabajadores panameños y miembros del sindicato presentes en el sitio, quienes reaccionaron molestos por la agresión contra el profesional local. Tras el escándalo, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) evacuó al agresor y posteriormente anunció su despido inmediato bajo una política de “cero tolerancia” frente a hechos de violencia.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, reaccionó el mismo día del incidente y ordenó el envío de inspectores para levantar informes y remitirlos a la Secretaría Judicial.

“No vamos a tolerar actos de violencia, maltrato o atropello contra trabajadores panameños. En Panamá se respeta la dignidad, el esfuerzo y los derechos de nuestra gente. Panamá está abierto a las inversiones, pero jamás a costa del respeto y la dignidad de los panameños”, expresó la ministra.

Muñoz aseguró además que el Ministerio de Trabajo mantendrá vigilancia permanente sobre el proyecto para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, el respeto a la mano de obra nacional y condiciones dignas para los trabajadores panameños.

La agresión ocurre en medio de un creciente conflicto laboral alrededor del Cuarto Puente sobre el Canal, una obra adjudicada en 2018 al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas estatales chinas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, responsables del desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más grandes actualmente en ejecución en Panamá.

El proyecto registra actualmente un avance aproximado de 35% y contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, torres de hasta 186 metros de altura, dos viaductos de 2.5 kilómetros y grandes intercambiadores viales que conectarán con el Corredor Norte, la avenida Omar Torrijos, la avenida La Amistad y la carretera Panamericana.

La megaobra, cuyo costo supera los $2,387 millones tras varias adendas y rediseños, busca aliviar la presión vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario. El Gobierno sostiene que la infraestructura permitirá mejorar la conectividad con Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

Sin embargo, durante los últimos meses el consorcio ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades laborales y migratorias. Trabajadores y sindicatos mantienen denuncias relacionadas con supuesta contratación excesiva de personal extranjero en detrimento de la mano de obra panameña, pese a que el Código de Trabajo establece que al menos 90% de los trabajadores deben ser nacionales.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente ha enfrentado durante los últimos meses cuestionamientos relacionados con contratación de mano de obra extranjera, condiciones laborales y cumplimiento de las normas migratorias panameñas.

En abril de 2026 la ministra Muñoz realizó una inspección sorpresa junto con funcionarios de Migración y unidades policiales dentro del proyecto. Durante esa diligencia fueron detectados 37 trabajadores extranjeros presuntamente laborando de forma irregular, situación que derivó en sanciones contra el consorcio por presunto trato desigual y fallas relacionadas con seguridad laboral.

El conflicto se produce además en un momento diplomáticamente sensible para las relaciones entre Panamá y China. En las últimas semanas ambos países han buscado reducir tensiones derivadas de la crisis alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

La controversia escaló luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión portuaria, una decisión que generó preocupación sobre el futuro de las inversiones vinculadas a capitales chinos en Panamá.

En ese contexto, la decisión del Gobierno panameño de expulsar a ingenieros extranjeros vinculados con la agresión envía una señal política contundente sobre la postura oficial frente al respeto de las leyes laborales y la protección de los trabajadores nacionales, incluso dentro de proyectos estratégicos desarrollados con inversión extranjera.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, el incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre megaproyectos internacionales, contratación de mano de obra extranjera y cumplimiento de las normas laborales panameñas en obras consideradas clave para el desarrollo del país.

El aumento de las estafas en Panamá durante los últimos años llevó a la aprobación de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante engaños.

La nueva legislación, promulgada esta semana por el Ejecutivo, incorpora agravantes vinculadas con los fraudes digitales, la usurpación de identidad y los casos que generan elevados perjuicios económicos o afectan recursos públicos.

La modificación quedó oficializada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial. La nueva legislación reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal, aumentando las penas y ampliando las circunstancias agravantes que pueden llevar a condenas más severas para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaño.

La norma establece que quien, mediante engaño, procure para sí o para un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a seis años. Además, la pena podrá aumentar hasta un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando medios cibernéticos o informáticos, mediante la usurpación de identidad o cuando la afectación patrimonial se ubique entre $50,000 y $100,000.

También se contempla un agravante cuando la víctima sea la Administración pública o una entidad de beneficencia y el perjuicio no exceda los $10,000.

La reforma también endurece las sanciones para los casos considerados más graves. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la pena será de siete a doce años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los $100,000, cuando la estafa sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o cuando el perjuicio a la Administración pública o a establecimientos de beneficencia exceda los $10,000.

La iniciativa tuvo su origen en el Proyecto de Ley 277, presentado inicialmente como anteproyecto por el diputado Eduardo Gaitán. Posteriormente recibió el respaldo de diputados de diversas bancadas, entre ellos José Pérez Barboni, Walkiria Chandler, Jorge González, Luis Duke, Manuel Cheng, Alexandra Brenes, Patsy Lee, Luis Enrique Batista y otros legisladores que figuraron como coproponentes.

Durante la discusión legislativa, los impulsores de la propuesta argumentaron que la legislación vigente había quedado rezagada frente al crecimiento de las estafas, especialmente aquellas realizadas mediante herramientas tecnológicas. Según la exposición de motivos, el avance de los delitos digitales ha generado nuevas modalidades de fraude que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones públicas.

Los documentos presentados ante la Asamblea citan estadísticas de la Corte Suprema de Justicia según las cuales los casos judicializados por estafa aumentaron 578.3% entre 2019 y 2024, al pasar de 189 a 1,282 expedientes. En el mismo período, los casos imputados crecieron 778.9%, mientras que los procesos con acusación formal registraron un incremento de 1,220%.

La Procuraduría General de la Nación también reportó un crecimiento significativo de las denuncias. De acuerdo con la sustentación del proyecto, entre 2019 y 2024 se recibieron 26,670 denuncias por estafa a nivel nacional. Solo en 2024 se contabilizaron 5,241 noticias criminales, frente a las 2,680 registradas cinco años antes.

Los promotores de la reforma sostuvieron que las sanciones existentes no estaban generando un efecto disuasorio suficiente y que muchos delincuentes continuaban utilizando esquemas fraudulentos debido a que las penas eran consideradas bajas en comparación con los daños económicos ocasionados a las víctimas. También señalaron que la proliferación de fraudes en línea obligaba a actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de criminalidad.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Gaitán explicó que uno de los objetivos era reducir los umbrales económicos que activan las sanciones más severas y fortalecer la capacidad del sistema penal para perseguir estos delitos. La iniciativa recibió respaldo de varios diputados de la comisión y fue aprobada tras introducir modificaciones respecto al texto original presentado en marzo de 2025.

Con la entrada en vigor de la Ley 524, Panamá incorpora un esquema de castigos más severo para los delitos de estafa, especialmente aquellos vinculados con fraudes digitales, grandes perjuicios económicos y casos que involucren recursos públicos, en un intento por responder al crecimiento que este delito ha registrado durante los últimos años.

El Ejecutivo panameño concedió rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes, una medida que vuelve a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.

Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas. A ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres. En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.

La mayor cantidad de beneficiarios se concentró en los complejos penitenciarios masculinos de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y Chiriquí. En el caso de las mujeres, los principales grupos favorecidos proceden del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, el Centro Femenino Los Algarrobos y el Centro Femenino de Llano Marín.

La decisión fue adoptada mediante la facultad que otorga al presidente de la República el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política, que le permite, junto con el ministro correspondiente, decretar rebajas de pena y conceder libertad condicional a personas condenadas por delitos comunes.

La misma disposición constitucional también autoriza al mandatario a otorgar indultos, aunque exclusivamente en casos relacionados con delitos políticos.

Esa diferencia suele generar confusión. Mientras el indulto extingue total o parcialmente la pena impuesta por delitos políticos, la rebaja de pena aplica a personas condenadas por delitos comunes y forma parte de los mecanismos de individualización de la ejecución penal.

El propio Ministerio de Gobierno ha aclarado en ocasiones anteriores que las rebajas de pena no constituyen indultos y que ambos beneficios tienen fundamentos jurídicos distintos.

Para acceder a una rebaja de pena, los privados de libertad deben pasar por un proceso de evaluación dentro del Sistema Penitenciario. Sus expedientes son analizados por juntas técnicas y posteriormente se publica un listado preliminar para que posibles víctimas u otras personas puedan presentar objeciones antes de la decisión final.

En abril de este año, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno publicó una lista de 1,187 candidatos potenciales antes de que se emitiera el decreto definitivo.

El decreto firmado por Mulino señala que los beneficiados fueron condenados por delitos comunes y que, tras la evaluación correspondiente, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para optar por la medida.

La rebaja de pena implica, en muchos casos, la excarcelación inmediata de quienes ya han cumplido la porción de condena requerida luego del descuento concedido por el Ejecutivo.

Uno de los casos más comentados de los últimos meses fue el de Milena Edith Vallarino Morales de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino. En enero de 2026 recibió una rebaja de pena que le permitió recuperar su libertad tras cumplir parte de una condena de seis años por enriquecimiento injustificado.

La sentencia había sido confirmada en 2023 luego de que los tribunales concluyeran que la pareja no logró justificar un patrimonio acumulado de aproximadamente $2.2 millones durante el período en que Ferrufino ocupó cargos públicos.

La rebaja otorgada a Vallarino formó parte de los Decretos Ejecutivos No. 1 y No. 2 del 7 de enero de 2026, mediante los cuales fueron beneficiadas 475 personas privadas de libertad. En aquella ocasión, el Ministerio de Gobierno destacó que la medida se aplicó exclusivamente a condenados por delitos comunes que habían cumplido los requisitos establecidos por la legislación penitenciaria.

Otro antecedente fue el de la exdefensora del Pueblo Patria Portugal, quien recibió una rebaja de pena en julio de 2025 tras haber sido condenada por peculado, por irregularidades en contratos de consultoría durante su gestión al frente de la institución.

La práctica de conceder rebajas de pena no es nueva en Panamá. Administraciones anteriores también recurrieron a esta facultad presidencial. En 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se otorgaron rebajas de pena a 112 personas privadas de libertad. Más recientemente, los gobiernos de Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino han continuado utilizando este mecanismo previsto en la Constitución.

Con los 955 beneficiados incluidos en el decreto de mayo de 2026, el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa un instrumento que históricamente ha generado debate entre quienes lo consideran una herramienta de reinserción social y quienes cuestionan que algunos condenados por delitos de alto impacto puedan acceder a una reducción anticipada de sus penas.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan perfeccionando métodos para intentar evadir los controles de seguridad y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras. Una de las técnicas que más preocupa actualmente a las autoridades consiste en impregnar drogas en textiles, papel, cartón y otros materiales de apariencia inocua para dificultar su detección en aeropuertos, puertos y empresas de mensajería.

Precisamente, una reciente operación en Panamá permitió descubrir 16 piezas de ropa contaminadas con presunta sustancia ilícita que tenían como destino final España, evidenciando la constante evolución de las estrategias utilizadas por las redes criminales para el tráfico internacional de drogas.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, realizó un allanamiento en una bodega ubicada en Tocumen, donde ubicó las prendas impregnadas con la sustancia sospechosa.

De acuerdo con las autoridades, el envío había salido desde Panamá y estaba destinado al mercado español. Todo el material fue decomisado y trasladado para los análisis periciales correspondientes.

Los expertos antidrogas explican que este método consiste en disolver cocaína u otras sustancias en solventes químicos hasta convertirlas en una solución líquida. Posteriormente, la mezcla se impregna en tejidos, prendas de vestir, papel, cartones o incluso artesanías. Una vez la mercancía llega a su destino, laboratorios clandestinos utilizan procesos químicos para extraer nuevamente la droga y devolverla a su estado original para su comercialización.

La cocaína es la sustancia más utilizada en este tipo de operaciones debido a que puede mezclarse con diversos compuestos químicos sin perder sus propiedades.

También se han detectado casos internacionales en los que se utilizan heroína, metanfetaminas y drogas sintéticas. Las autoridades consideran esta modalidad especialmente compleja porque los narcotraficantes buscan ocultar la sustancia dentro de objetos que aparentemente no representan riesgo y que pueden circular por cadenas logísticas legales.

El hallazgo en Tocumen no es un hecho aislado. En los últimos meses, los organismos de seguridad han detectado un incremento en los intentos de utilizar empresas de mensajería y paquetería para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el corregimiento de Parque Lefevre, donde unidades policiales ubicaron tres cajas sospechosas dentro de un local de envíos.

Las remesas provenían de Metetí, en la provincia de Darién. Durante la inspección realizada en presencia de la Fiscalía de Drogas fueron encontrados 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva verde. Todo el cargamento fue asegurado para los análisis correspondientes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia y destino final.

El uso de empresas de encomiendas se ha convertido en una de las modalidades preferidas por algunas organizaciones criminales debido a que permite fragmentar los cargamentos en envíos más pequeños, reduciendo el riesgo de pérdidas millonarias en caso de decomisos.

Sin embargo, los organismos de seguridad han reforzado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante perfiles de riesgo, inspecciones físicas y tecnología de escaneo.

Las investigaciones antidrogas también alcanzan áreas residenciales y comerciales de la capital. En una operación desarrollada en Obarrio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional aprehendieron a tres hombres investigados por delitos relacionados con drogas y pandillerismo.

Durante la diligencia realizada en un apartamento fueron ubicadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo presuntamente relacionado con la venta de drogas y otros indicios considerados relevantes para la investigación. Las autoridades informaron que dos de los detenidos mantenían antecedentes por delitos relacionados con drogas, homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Además, uno de los aprehendidos tenía órdenes pendientes de aprehensión y conducción emitidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita p

or presuntos vínculos con actividades de pandillerismo. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes.

Mientras tanto, las operaciones antidrogas también continúan en las rutas marítimas utilizadas por las redes de narcotráfico internacional. Esta semana, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas permitió decomisar 1,096 paquetes de presunta droga en aguas del Pacífico panameño, cerca de la frontera con Costa Rica, indicó la agencia EFE.

La incautación se produjo en Punta Burica, una zona estratégica ubicada en la provincia de Chiriquí y utilizada frecuentemente por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas procedentes de Sudamérica.

Aunque las autoridades aún no han divulgado el peso exacto del cargamento, en Panamá cada paquete decomisado suele tener un peso aproximado de un kilogramo, por lo que se trataría de más de una tonelada de sustancia ilícita.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Durante 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos. En lo que va de 2026, las incautaciones ya superan las 34 toneladas, según estadísticas oficiales.

Los recientes hallazgos muestran cómo las organizaciones criminales combinan métodos tradicionales y nuevas modalidades para intentar mantener activas sus rutas de tráfico. Desde ropa impregnada con cocaína y paquetes enviados por mensajería hasta cargamentos transportados por mar, las autoridades enfrentan un escenario en constante transformación en el que la innovación criminal obliga a reforzar permanentemente los mecanismos de detección y control.

A menos de una semana de que las autoridades panameñas golpearan a la pandilla Bagdad-Santa Eduviges con la captura de siete de sus presuntos integrantes durante la Operación Combate, los organismos de seguridad sumaron un nuevo golpe contra la organización criminal.

La Policía Nacional de España capturó en Madrid a Juan Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado por las autoridades panameñas como uno de los principales cabecillas de esta estructura con presencia en Panamá Este.

La captura se produjo en la Plaza de Santa Ana, en el centro de Madrid, tras una alerta internacional gestionada por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

Las autoridades españolas localizaron y arrestaron a Valencia Escobar, quien permanecía fuera del país mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con la pandilla. Ahora, Panamá iniciará los trámites para solicitar su extradición y llevarlo ante los tribunales nacionales.

Alias “El Abogado” era uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas que desembocaron el pasado 22 de mayo en la Operación Combate, desarrollada simultáneamente en Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Durante ese operativo fueron detenidas siete personas presuntamente vinculadas a Bagdad-Santa Eduviges, entre ellas alias “Rungito”, identificado por las autoridades como otro de los supuestos líderes de la agrupación.

Las investigaciones sostienen que la estructura mantenía control e influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirige las pesquisas junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

La captura de Valencia Escobar se suma a otro importante antecedente registrado en España relacionado con la pandilla Bagdad. En febrero de 2023, la Policía Nacional española arrestó en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a quien identificó como el líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado entonces por las autoridades como una de las organizaciones criminales panameñas más activas en el tráfico internacional de drogas y armas.

Según la investigación española, ese cabecilla había permanecido prófugo desde 2021, cuando se desarrollaron operaciones contra la organización.

Las pesquisas se iniciaron a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre la posible presencia del líder criminal en territorio español y sobre actividades vinculadas al ingreso de grandes cantidades de cocaína al mercado europeo.

Los investigadores españoles concluyeron que parte de las operaciones de blanqueo de capitales se realizaban mediante el contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá para su comercialización en España.

Además, detectaron mecanismos para transformar fondos ilícitos en criptomonedas. Como resultado de esa investigación fueron detenidas diez personas, se bloquearon 92 cuentas bancarias, se inmovilizaron 39 inmuebles valorados en más de $1.5 millones y se decomisaron vehículos vinculados a la organización.

La reiterada aparición de miembros de Bagdad en investigaciones internacionales refleja el alcance que las autoridades atribuyen a esta estructura criminal. En Panamá, los organismos de seguridad consideran que la organización opera a través de células territoriales que mantienen disputas por el control de plazas de microtráfico y otras actividades ilícitas en sectores de Panamá y Colón.

La pandilla volvió a ocupar titulares recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de Bagdad. Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Las autoridades panameñas sostienen que buena parte de los homicidios registrados en el país están asociados a disputas entre organizaciones criminales por el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al microtráfico. En las últimas semanas, varios asesinatos ocurridos a plena luz del día en avenidas de la capital han sido atribuidos a conflictos entre grupos rivales.

El presidente José Raúl Mulino ha defendido la estrategia de seguridad de su administración y ha reiterado su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

El mandatario sostiene que la ofensiva contra las pandillas continuará mediante inteligencia, allanamientos, capturas y decomisos dirigidos a debilitar las estructuras criminales.

Mientras avanzan los trámites para la extradición de alias “El Abogado”, las autoridades consideran que su captura representa uno de los golpes más importantes contra la célula Bagdad-Santa Eduviges desde el inicio de las investigaciones en marzo de 2023.

El Ministerio de Ambiente mantiene abierto el proceso de consulta pública para la propuesta de creación de la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua, una iniciativa que busca establecer oficialmente los límites y la categoría de manejo de una de las zonas más importantes para la producción de agua en la provincia de Los Santos.

La propuesta forma parte de un proceso técnico que incluye la ampliación y actualización de la protección ambiental de este macizo montañoso ubicado entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

La iniciativa surge en un contexto marcado por crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua en la región de Azuero. De acuerdo con los documentos técnicos elaborados por MiAmbiente, el Cerro Canajagua constituye una de las principales áreas de recarga hídrica del sur de la península y alberga las nacientes de varios ríos fundamentales para el abastecimiento humano, la actividad agropecuaria y el desarrollo económico de la región.

El Cerro Canajagua alcanza una altitud aproximada de 830 metros sobre el nivel del mar y es considerado la principal reserva hídrica de la provincia de Los Santos.

Desde sus laderas nacen importantes ríos como el Guararé, Oria, Estivaná, Perales, Cacao, Sario, Monagrillo, Valle Rico y Quema, cuyas aguas sostienen buena parte de la producción agrícola y ganadera de la provincia.

La propuesta establece que el área protegida adopte formalmente la categoría de Reserva Hidrológica, una figura que reconoce el valor estratégico de la zona como área de recarga, regulación y provisión de agua.

Según el borrador de resolución, la reserva abarcaría una superficie de 23.58 kilómetros cuadrados, equivalentes a más de 2,357 hectáreas distribuidas entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

Uno de los principales objetivos de la consulta pública es informar a residentes, propietarios de tierras y autoridades locales sobre los alcances de la propuesta, recoger observaciones y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.

MiAmbiente sostiene que la medida permitirá fortalecer la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y los remanentes boscosos que todavía sobreviven en el macizo montañoso.

Las jornadas de consulta realizadas hasta el momento incluyeron encuentros comunitarios el 18 de abril en El Macano, el 23 de abril en Bayano y el 29 de abril en Espino Amarillo. Además, se efectuaron visitas puerta a puerta en comunidades como Mogollón y otros sectores cercanos. Según los informes oficiales, cerca de 60 personas participaron en estas actividades y expresaron una respuesta favorable a la iniciativa de conservación.

Detrás de la propuesta existe también una preocupación creciente por el deterioro ambiental de la zona. Los estudios técnicos señalan que la deforestación para la creación de potreros, la pérdida de cobertura vegetal y el avance de actividades agropecuarias han comenzado a afectar las cuencas altas de varios ríos.

Como consecuencia, algunos mantos acuíferos muestran señales de agotamiento y una menor capacidad para alimentar los cauces durante la temporada seca.

Los documentos advierten además sobre el impacto del denominado Arco Seco, una de las regiones más vulnerables del país frente a la sequía y al cambio climático. La pérdida de bosques ha contribuido al deterioro de los suelos, incrementando los procesos de erosión y compactación. A esto se suman los cambios en los patrones de lluvia que afectan la capacidad natural de recarga de los acuíferos.

Otro factor que ha elevado la preocupación de las autoridades es la crisis de contaminación registrada en la cuenca del río La Villa desde 2025. La resolución propuesta menciona que estos eventos evidenciaron la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar tanto la calidad como la disponibilidad del agua proveniente de las montañas de Canajagua.

De aprobarse la nueva categoría de manejo, quedarían prohibidas actividades como la tala de bosques, la expansión de la frontera agropecuaria, la introducción de especies exóticas, la explotación minera y cualquier proyecto que altere el régimen hidrológico de los ríos y quebradas de la zona. También se reforzaría la protección de los bosques de galería y de las áreas de recarga hídrica consideradas esenciales para mantener los caudales de los ríos.

Los estudios elaborados por MiAmbiente destacan que Canajagua alberga además uno de los últimos remanentes de bosque premontano que sobreviven en la península de Azuero. En el área se han identificado especies de aves, mamíferos y árboles de alto valor ecológico, lo que convierte a la montaña en un refugio clave para la biodiversidad regional.

La consulta pública forma parte del proceso previo a la aprobación definitiva de la resolución que establecería la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua. Para las autoridades ambientales, la iniciativa representa una de las acciones más importantes para asegurar la protección del agua en el sur de Azuero frente a las presiones del cambio climático, la deforestación y el crecimiento de las actividades humanas en la región.

Sucios, descoloridos, llenos de maleza, sitios furtivos para las relaciones sexuales, con sus estructuras abandonadas por la falta de gestión institucional, los cementerios de la ciudad de Panamá facilitan el vandalismo y la profanación de las tumbas.

Los ocho camposantos municipales del área metropolitana son percibidos como lugares peligrosos, carentes de valor, lo que favorece su deterioro, afirma una tesis de maestría del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.

El robo de materiales, como lápidas, cruces, figuras religiosas de cerámica, entre otros, así como la utilización de restos óseos para prácticas de rituales de santería, se combinan con la ausencia del control institucional, demuestra el estudio al analizar los factores criminológicos.

Esto, apunta el análisis, evidencia la existencia de una necro cultura, que no es más que un sistema de creencias, valores y prácticas sociales que celebran la muerte, la violencia y el sufrimiento en lugar de la vida y el bienestar humano.

“Profanaciones, vandalismo y violencia post mortem: un análisis crimino-antropológico de la percepción y manejo de cementerios en estado de abandono de la región metropolitana de Panamá”, se titula el trabajo realizado por José Prieto Núñez.

Núñez sostiene que en el país los cementerios no solo son escenarios de la disposición final de los cuerpos, sino también espacios sociales donde convergen dinámicas culturales, simbólicas y delictivas.

En todo el país más de 630 cementerios están saturados o colapsados, comentó en su momento Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, apuntando que necesitan acciones urgentes y de políticas públicas tendientes a mejorar esta situación.

El objetivo del estudio de Núñez fue analizar desde una perspectiva crimino-antropológico, la profanación, el vandalismo y la violencia post morten en los cementerios abandonados.

Adujo que esto es para comprender la percepción social y el manejo de estos espacios y sus implicaciones.

Al abordar el tema del manejo institucional y comunitario, la tesis de maestría demuestra una falta de coordinación, recursos y políticas públicas efectivas para la protección de los cementerios.

Los cementerios en el país ofrecen servicios funerarios completos, incluyendo inhumación, cremación, osarios, bóvedas de concreto y espacios personalizados para familias.

En Panamá hay un cementerio de la etnia china que data de1882, conocido como el Wah On Kon Ce, ubicado entre los barrios de Santa Ana y El Chorrillo, en la ciudad capital, que tampoco escapa a la grave situación que presentan.

También está el Cementerio de Beneficencia Israelita, el camposanto de los franceses y uno de propiedad de los estadounidenses.

Los cementerios en Panamá son más que lugares de descanso, de acuerdo con la Funeraria Cremaciones La Gloria Divina.

Agrega que cuentan historias del país, como es el caso del parque de El Caño, en la provincia de Coclé, donde se encuentran tumbas desde el año 750 d.C.

Las excavaciones arqueológicas en ese lugar ayudan a comprender cómo vivían los antepasados de los panameños.

La publicación de la funeraria señala que especial atención merece la tumba Nº 9, que revela la importancia social de su ocupante, que estaba rodeado por objetos valiosos.

Detalla la funeraria que la tumba contenía ofrendas como pectorales y cinturones de cuentas de oro, muestra de la riqueza y el estatus del enterrado.

En el país el día en que los cementerios brillan de limpieza, dentro y fuera, es el 2 de noviembre, cuando los panameños honran a sus difuntos, y acuden en masa a visitar las tumbas, a llevarles flores, a derramar unas lágrimas por su recuerdo.

El resto del año, “¡Dios mío, que solos se quedan los muertos!”, como dijera el poeta Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima LXXIII.

La Autoridad de Pasaportes de Panamá fue autorizada para comprar nuevos chips para sus libretas de pasaporte y modernizar su sistema de emisión entre octubre y noviembre, una actualización que busca mantener la seguridad del documento, asegurar su disponibilidad continua y adecuarlo a las exigencias internacionales, según explicó la directora general Sonia Luzcando y según la Resolución de Gabinete N.46-26.

La contratación aprobada contempla la adquisición de un millón de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo para chips de última generación y el soporte y mantenimiento evolutivo del Sistema de Emisión de Pasaportes, de acuerdo con la resolución oficial. El contrato tendrá una vigencia de cinco años contados desde la orden de proceder, según el mismo documento.

Luzcando informó que el proyecto fue anualizado y comenzó con una inversión de USD 5,6 millones para incorporar el nuevo chip disponible en el mercado y actualizar toda la plataforma tecnológica de la institución. La funcionaria señaló que el hardware y el software de la entidad tienen 13 años y deben adaptarse a las actualizaciones que exige el mercado.

El sistema actual debe adaptarse para leer el chip vigente y el nuevo

Los pasaportes que ya están en circulación mantendrán su vigencia y no deberán renovarse de inmediato, dijo Luzcando ante la prensa. La directora de la APAP precisó que la institución hará adecuaciones para que el sistema pueda leer tanto los chips actuales como los nuevos en los puertos migratorios internacionales.

La funcionaria también afirmó que el costo del pasaporte no cambiará con esta actualización y que el diseño se mantendrá. Añadió que una modificación del diseño podría evaluarse dentro de aproximadamente dos años, pero que por ahora se conservan el precio, la estructura del documento y las medidas de seguridad.

Según Luzcando, el nuevo chip reforzará la criptografía y la biometría ya incorporadas al pasaporte panameño. La directora sostuvo que el documento de viaje de Panamá ocupa el puesto 26 entre 196 países y que permite a los ciudadanos panameños viajar a 148 países sin visa.

La contratación excepcional quedó en manos de Servicios IAFIS de Panamá

La Resolución de Gabinete N.46-26 aprobó la contratación por procedimiento excepcional entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá y Servicios IAFIS de Panamá, S.A. para suministrar las nuevas libretas y actualizar la infraestructura técnica asociada al documento electrónico. Según el texto oficial, la medida se sustenta en la necesidad de mantener pasaportes modernos, seguros y disponibles de forma permanente.

El antecedente técnico del contrato se remonta a 2011, cuando Panamá adoptó un sistema de pasaportes fabricado por Idemia Identity & Security France SAS, actualmente In Smart Identity France, para emitir pasaportes electrónicos con página de datos en policarbonato y personalización mediante grabado láser, de acuerdo con la resolución. El mismo documento indica que Servicios IAFIS de Panamá forma parte del Grupo IAFIS, distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de In Smart Identity France, S.A.S. en América Latina.

La respuesta central sobre qué ocurrirá con el pasaporte panameño es esta: habrá un nuevo chip y una modernización integral del sistema, pero los documentos vigentes seguirán siendo válidos y el precio no aumentará, según Sonia Luzcando. El objetivo principal del contrato es garantizar la continuidad operacional de los servicios que recibe la población, de acuerdo con la Resolución de Gabinete N.46-26.

Ante un inminente desabastecimiento de arroz, productores y molineros aprobaron, en medio de un tira y jala, la importación de al menos 786 mil quintales del grano.

Bienvenido Pereira, presidente de la Cadena de Arroz y representante de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, dijo que para lograr una cifra de importación se sometieron a votación tres propuestas, y que la que obtuvo un mayor respaldo fue la recomendación de importar 786 mil quintales de arroz bajo el mecanismo de desabastecimiento.

Citado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Pereira indicó que según los datos presentados por la Dirección Nacional de Agricultura y las proyecciones de los productores, el inventario actual permitiría abastecer al país hasta septiembre.

Sin embargo, manifestó que se acordó mantener reuniones periódicas para monitorear el comportamiento de las cosechas y las posibles incidencias del fenómeno atmosférico de El Niño.

Durante el encuentro se analizaron las cifras del avance de siembra de arroz mecanizado, así como las posibles afectaciones que podrían afectar la producción agrícola.

Al 22 de mayo las cifras oficiales para el ciclo agrícola 2026-2027 registraban 10,021.11 hectáreas sembradas por 154 productores, de un total programado de 93,927 hectáreas por 1,601 productores, estimándose una producción de 9,838,619 quintales.

En abril los productores rechazaron una importación de 1.8 millones de quintales de arroz que pretendía traer al país la industria molinera, alegando que había suficiente arroz hasta el 9 de octubre próximo.

“Estén tranquilos”, les había dicho a los productores el presidente José Raúl Mulino, quien manifestó que no se tomaría como excusa la amenaza del fenómeno de El Niño “para inundar de arroz importado nuestro mercado nacional”.

Para importar arroz a Panamá solo existen dos maneras: mediante un contingente pactado en los tratados comerciales suscritos por el país, o por un contingente por desabastecimiento.

En opinión de Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario, existe coincidencia entre la entidad que dirige, los productores y la industria, sobre la necesidad de importar cierta cantidad del grano para asegurar la seguridad alimentaria del país.

“Ni el país ni el Instituto de Mercadeo Agropecuario se pueden quedar sin arroz. La seguridad alimentaria está primero”, anotó.

Aseguró que la población puede mantenerse tranquila, ya que “no va a faltar arroz para el consumo nacional ni aumentará el precio del producto”.

El arroz es el grano predilecto de los panameños, con un consumo promedio anual de 162 libras (73.48 kilogramos), uno de los consumos más altos de la región.

Omar Spiegel, productor de la provincia de Veraguas, destacó que la seguridad alimentaria está por encima de cualquier otro interés y dijo que los productores continuarán tomando decisiones responsables basadas en las cifras y necesidades reales del país.

La Cadena Agroalimentaria de Arroz está integrada por productores, industriales y consumidores, y tiene la responsabilidad de tomar decisiones orientadas a garantizar el abastecimiento de este importante alimento en la dieta de los panameños.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su país mantendrá su papel como “puente para la paz” y promotor del diálogo, en medio de un escenario internacional que describió como el más tenso desde la creación del organismo. La Cancillería de Panamá informó sobre su intervención en Nueva York.

El mensaje del ministro panameño se dio durante un debate abierto de alto nivel convocado por el canciller de China Wang Yi, de acuerdo con la Cancillería. Beijing ejerce en mayo la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad.

El canciller advirtió que la polarización global vuelve estratégico preservar espacios de conversación entre Estados, informó la Cancillería. “El diálogo no expresa debilidad, sino confianza en la razón, en la diplomacia y en la capacidad humana de alcanzar soluciones pacíficas”, planteó.

Panamá y su tradición diplomática desde 1826

Martínez-Acha vinculó la posición de su gobierno con una trayectoria histórica que, según dijo, antecede a la propia ONU, de acuerdo con la Cancillería de Panamá. En esa línea, recordó que Panamá fue sede en 1826 del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, concebido como un foro de cooperación y unidad continental.

El ministro anunció que el país conmemorará en junio los 200 años de ese congreso, según la Cancillería. En su exposición, afirmó que esa efeméride refuerza la idea de Panamá como punto de encuentro y diálogo entre naciones.

“Panamá no concibe esa vocación como una circunstancia geográfica, sino como una responsabilidad histórica”, sostuvo Martínez-Acha, de acuerdo con la Cancillería panameña. También señaló: “Somos una nación” “nacida para conectar océanos, continentes, culturas, economías y visiones del mundo”.

En el mismo tramo, el canciller repasó que Panamá participó como miembro fundador del sistema multilateral contemporáneo desde etapas previas y hasta la Conferencia de San Francisco de 1945, según la información oficial difundida por su cartera.

El planteo panameño sobre multilateralismo en la ONU

El jefe de la diplomacia panameña reiteró que su país busca “construir diálogo”, legitimidad y soluciones políticas frente a los conflictos, informó la Cancillería. “Cuando otros ven diferencias irreconciliables, nosotros seguimos viendo la posibilidad de construir puentes”, afirmó.

Martínez-Acha defendió un “multilateralismo útil” y sostuvo que no debe evaluarse solo por el volumen de resoluciones, sino por su capacidad de prevenir conflictos, proteger vidas y ofrecer respuestas concretas, según la Cancillería de Panamá.

También afirmó que los Estados miembros de la ONU afrontan el desafío de adaptarse a un mundo que cambia con rapidez, de acuerdo con la misma fuente. A su juicio, esa transformación exige que la capacidad colectiva de respuesta acompañe la complejidad del escenario actual.

El canciller sostuvo que, con apego a los principios de la Carta, la diplomacia puede producir resultados, informó la Cancillería. “Como nación de encuentro, como puente entre continentes y como heredera del espíritu del Congreso Anfictiónico de 1826, reafirmamos nuestra convicción de que las diferencias pueden discutirse, los desacuerdos pueden administrarse y las crisis pueden resolverse mediante la diplomacia”, dijo.

En el cierre de su intervención, Martínez-Acha afirmó que las Naciones Unidas representan “mucho más que una organización internacional”, según la Cancillería de Panamá. “Representan la voluntad colectiva de la humanidad de elegir la cooperación sobre la confrontación, la esperanza sobre el fatalismo y la paz sobre la guerra”.

Panamá espera presentar este año ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) un informe que garantice el reconocimiento de que el país es libre de la Peste Porcina Clásica (PPC).

Mediante una consultoría, la nación canalera pretende consolidar los avances alcanzados y fortalecer el contenido técnico del expediente, conforme a los estándares internacionales establecidos para este reconocimiento sanitario.

La PPC, también conocida como cólera porcino, es causada por un virus del género Pestivirus de la familia Flaviviridae, estrechamente relacionado con virus que afectan bovinos y ovinos.

Solo existe un serotipo del virus, y la enfermedad es de declaración obligatoria ante la OMSA.

El virus se transmite principalmente por contacto directo entre cerdos sanos e infectados, y también puede propagarse a través de vehículos, corrales, piensos, ropa contaminada o consumo de carne y productos porcinos infectados.

Los animales portadores crónicos pueden excretar el virus sin mostrar signos clínicos, y la descendencia de cerdas infectadas puede transmitir la infección desde el útero.

Durante las jornadas de trabajo de la consultoría que adelanta Panamá se revisan aspectos técnicos, epidemiológicos y normativos relacionados con la prevención, vigilancia y control de la PPC, con miras a lograr la posible presentación oficial del dosier este 2026, indica una nota del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La misión técnica forma parte del programa regional “Desarrollo de acciones para la prevención de Peste Porcina Africana (PPA) y PPC en países libres de enfermedades”, específicamente en la línea de apoyo a los países para la presentación de dosiers ante la OMSA.

Para la OMSA, la continua propagación en este caso de la PPA es una preocupación global para la industria porcina. Ninguna región geográfica ha quedado indemne.

Para muchas familias agrícolas y comunidades, la enfermedad ha provocado devastación emocional y financiera: la pérdida total de rebaños, la amenaza a sus medios de sustento y la interrupción de la seguridad alimentaria.

Con estas acciones, el ministerio agrícola recalca que Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la sanidad animal, la protección del sector porcino nacional y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de salud animal.

En 2019 el país prohibió la importación de cerdos vivos, material genético y cualquier producto o subproducto alimenticio de este animal, que provengan de países afectados por la peste porcina africana (PPA), una enfermedad por la que desde hace año se ha declarado una alerta mundial.

La misión técnica se realiza hasta este 29 de mayo, y cuenta con la participación de Alexis Sandí y la especialista Karen Sermeño, en coordinación con el Departamento de Epidemiología y el Programa Nacional de Sanidad Porcina.

Esta actividad forma parte de las acciones contempladas dentro de los Programas Regionales de Salud Animal, que incluyen el acompañamiento técnico a los países en la preparación y presentación de dosiers ante la OMSA.

En 2025 Panamá, que está libre tanto de la Peste Porcina Africana como de la Peste Porcina Clásica, registró 696,268 cerdos sacrificados, un incremento en el sacrificio de 33,449 animales, es decir, un 5.0 % respecto al año 2024, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Durante ese año se registró un total de 58,427 toneladas de producción de carne de cerdo, con un incremento de 2,787.42 toneladas (5.0%)

En 2025 se registró un incremento en las importaciones de 7,598 toneladas, es decir, 31.36 %, respecto a las importaciones del 2024.

Desde febrero de este año un sujeto llegaba en reiteradas ocasiones a la residencia de su madre para exigirle dinero bajo violencia e intimidación, amenazándola con que, si no accedía a sus requerimientos, la asesinaría a ella y a su hermana.

Aunque mediaba una orden de alejamiento como medida de protección a favor de la víctima, el agresor la incumplió reiteradamente al continuar con los mismos episodios de hostigamiento en contra de su progenitora.

Una vez fue denunciado, la fiscalía reunió los elementos de convicción que lograron acreditar el hecho punible y la presunta responsabilidad del imputado.

Esto sirvió para que un juez de garantías legalizara la aprehensión, formulara los cargos y ordenara la detención provisional por el término de la investigación, al considerar el peligro que representa el individuo para la víctima y sus familiares.

En enero pasado una adulta mayor de 60 años de edad fue víctima inicialmente de un intento de femicidio a manos de su hijo, hecho ocurrido en David, provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Agredida, la mujer presentaba quemaduras en el 20% de su cuerpo, por lo que fue recluida en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional Rafael Hernández, donde posteriormente falleció.

En otro hecho actual, las autoridades ejecutaron una medida cautelar de detención provisional para una mujer de 40 años de edad, a quien se le imputó cargo por la presunta comisión del delito de violencia doméstica en perjuicio de su hermana.

El hecho se remonta al 17 de mayo de 2026, cuando el reloj marcaba las horas del mediodía y en una residencia ubicada en El Cruce de Torrijos Carter, corregimiento de Rogelio Sinán, la imputada agredió físicamente a su hermana de 42 años de edad, causándole lesiones en varias partes de su anatomía.

Ante la agresión y para salvaguardar la integridad de la víctima y sus familiares, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de detención provisional con base en los riesgos procesales tales como la afectación de medios de pruebas, el peligro que la imputada representa para la víctima y la naturaleza grave del delito.

La violencia no descansa, está en todas partes, y a un menor de 17 años de edad se le legalizó la aprehensión y se le imputó por el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho delictivo ocurrió este 22 de mayo en calle I, Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito, cuando el imputado fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional en posesión del arma de fuego con características técnicas que aumentan su poder letal, con su respectivo proveedor y tres municiones sin detonar.

El Ministerio Público manifestó que se basó para la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales, específicamente el riesgo de fuga, el peligro que representa el imputado para la colectividad y los testigos del hecho, así como la naturaleza grave del delito.

Mientras que en la isla de Barro Colorado los ocelotes, esos esquivos mamíferos difíciles de estudiar, son observados mediante cámaras trampa para analizar su comportamiento, en el sector de Sansón, en la provincia de Darién, uno de estos ejemplares cayó, víctima presuntamente de los neumáticos de un automóvil.

Cuando el personal técnico del Ministerio de Ambiente se trasladó al sitio para verificar la incidencia, confirmaron la presencia del ejemplar, el cual yacía muerto y en avanzado estado de descomposición.

El ocelote estaba en una vía cercana a una zona boscosa, por lo que los funcionarios no dudaron del atropello, una situación que afecta a la fauna silvestre que transita por esos sectores.

En muchas ocasiones los guardaparques son los encargados de acudir al rescate y reubicación de las especies, cuando así lo amerita. Indican que las más rescatadas son los perezosos, las aves rapaces, monos, zarigüeyas, y búhos.

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente hizo un llamado a los conductores que circulan por áreas cercanas a bosques y corredores biológicos a reducir la velocidad y mantener atención sobre las vías, especialmente durante horas nocturnas y de poca visibilidad.

La provincia de Darién mantiene una alta diversidad de especies silvestres que utilizan estos espacios para desplazarse y buscar alimento, motivo por el cual una conducción responsable resulta clave para disminuir incidentes con la fauna, asegura la entidad encargada de preservar el ambiente.

Según el estudio más reciente que existe sobre el tema: “Wild animal roadkill in Panama (2007-2020), los atropellos se encuentran entre las principales causas de mortalidad no natural de la vida silvestre en el país.

Expertos afirman que actualmente esta realidad poco o nada ha cambiado, aunque no se tengan estadísticas.

Durante el periodo de referencia del estudio se contabilizaron los atropellos de 230 vertebrados silvestres, que representan 63 especies: cuatro especies de anfibios, 27 especies de reptiles, nueve especies de aves y 27 especies de mamíferos.

Se indica que esas especies mantienen estatus de protección en Panamá o la región Neotropical, entre las que se distinguen aves marinas, rapaces nocturna, vertebrados arbóreos y carnívoros de tamaño mediano.

Están amparadas bajo la Ley 24 de 7 de junio de 1995, “por la cual se establece la legislación de la vida silvestre en la República de Panamá”, que en su artículo 1 señala que la vida silvestre es parte del patrimonio natural del país.

Por ello, declara de dominio público su protección, conservación, de especies, razas y variedades de la vida silvestre, para beneficio y salvaguarda de los ecosistemas naturales.

Se advierte que el mayor número de accidentes ocurre en vías pavimentadas de un solo sentido en cada dirección.

En cuanto a la cobertura forestal que rodea las áreas de atropellos, el “Wild animal roadkill in Panama (2007-2020)” indica que durante el periodo de estudio 149 eventos ocurrieron en áreas con bosques a ambos lados del camino, 68 ocurrieron en áreas con bosques solo en un lado.

En general, estos accidentes ocurrieron principalmente en zonas rurales y boscosas.

Los datos muestran que la mortalidad de los vertebrados silvestres en las carreteras debe considerarse una de las preocupaciones más críticas de Panamá para la conservación de la biodiversidad.

Establecer medidas de mitigación que reduzcan este impacto, se puntualiza, es un desafío que hay que afrontar en el corto, mediano y largo plazo en Panamá y otros países de la región.

Cada vía o carretera donde ha muerto una especie, de acuerdo al estudio, se caracterizó según el número de carriles, la presencia o ausencia de aceras y calzadas, el tipo de vía (camino de terracería, de un solo sentido, de dos y tres sentidos, asfaltado) y con proximidad a una zona boscosa (bosque primario, bosque secundario, bosque de galería).

Nueve de cada diez trabajadores en Panamá consideran que su salario ya no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, una percepción que se ha agravado en los últimos meses y que refleja las presiones económicas que enfrentan miles de hogares en el país.

Así lo revela el estudio “¿Qué pasa con el salario?”, elaborado por Konzerta, según el cual el 93% de las personas trabajadoras afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos esenciales.

La cifra coloca a Panamá como el país con el porcentaje más alto entre las naciones analizadas en el estudio. Detrás aparecen Ecuador con 90%, Chile y Argentina con 87%, y Perú con 83%. El dato además representa un ligero deterioro respecto a 2025, cuando el 92% de los trabajadores panameños expresaba la misma preocupación.

La investigación también muestra un empeoramiento en la percepción sobre el poder adquisitivo. El 43% de los encuestados considera que su capacidad de compra se ha deteriorado en los últimos meses, nueve puntos porcentuales más que el año anterior, cuando esa opinión era compartida por el 34% de los participantes. Mientras tanto, el 48% considera que su situación se mantiene igual y apenas una minoría percibe alguna mejora.

Detrás de esta percepción aparecen gastos que absorben buena parte de los ingresos familiares. Según el estudio, el 79% del salario termina destinado a cubrir necesidades prioritarias como alimentación, alquiler y pago de deudas. Para muchas personas, el sueldo desaparece prácticamente al momento de recibirlo.

Uno de los hallazgos más llamativos es la rapidez con que se agotan los ingresos mensuales. El 96% de los trabajadores asegura que su salario dura menos de dos semanas. Dentro de ese grupo, el 41% afirma que apenas recibe el pago debe destinarlo completamente a cancelar cuentas y compromisos financieros.

Otro 26% indica que el dinero le alcanza menos de una semana, mientras que un 22% señala que llega a cubrir únicamente una semana de gastos. Apenas el 1% asegura que el salario le dura todo el mes.

Cuando se pregunta por los principales destinos del dinero, la alimentación y el alquiler aparecen empatados como las mayores cargas para los hogares panameños, con 32% cada uno. Les siguen el pago de deudas, con 15%; educación y transporte, con 7% cada uno; salud, con 4%; y recreación, que apenas representa el 1% de los gastos prioritarios.

La presión económica también se refleja en el apoyo financiero que muchas personas brindan a familiares o allegados. El 68% de los trabajadores indica que ayuda económicamente a otras personas, ya sea de forma regular u ocasional. Este fenómeno añade una carga adicional a presupuestos que ya se encuentran ajustados por el aumento del costo de vida y otros compromisos financieros.

El ahorro continúa siendo uno de los mayores desafíos. Ocho de cada diez trabajadores afirman que no logran ahorrar. Esta proporción aumentó frente al año pasado y ubica a Panamá entre los países de la región donde más personas enfrentan dificultades para reservar parte de sus ingresos. Entre quienes sí consiguen ahorrar, la mayoría logra guardar menos del 5% de su salario mensual.

Las razones detrás de esta incapacidad para ahorrar son diversas, aunque predominan los problemas relacionados con los ingresos. El 42% señala que simplemente el salario no es suficiente; el 23% atribuye la situación a las deudas acumuladas; el 19% a la cantidad de gastos que debe afrontar; y el 14% a la necesidad de cubrir gastos básicos del hogar.

Otro indicador que refleja la presión financiera es el nivel de endeudamiento. El estudio muestra que el 92% de los trabajadores panameños mantiene algún tipo de deuda. Aunque la cifra es ligeramente menor a la registrada en 2025, sigue siendo una de las más elevadas de la región y evidencia la dependencia que muchas familias tienen del financiamiento para sostener su nivel de consumo y atender compromisos cotidianos.

En este contexto no sorprende que el 100% de los participantes afirme que le gustaría recibir un aumento salarial. Sin embargo, el destino de esos recursos adicionales ofrece una radiografía clara de las prioridades económicas actuales. El 42% utilizaría el incremento para pagar deudas, el 28% lo destinaría al ahorro y el 20% a inversiones o educación. Solo una minoría lo emplearía principalmente en consumo.

Los resultados sugieren que, más allá de las cifras macroeconómicas, una parte importante de los trabajadores percibe que el crecimiento de sus ingresos no ha seguido el ritmo de sus gastos. El estudio muestra una combinación de salarios que se perciben insuficientes, dificultades para ahorrar, altos niveles de endeudamiento y una creciente sensación de pérdida de poder adquisitivo, factores que continúan marcando la realidad financiera de miles de hogares panameños.

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá dieron una nueva señal de acercamiento diplomático luego de varios meses marcados por tensiones políticas y diferencias bilaterales en temas migratorios, comerciales y de seguridad fronteriza.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvieron un encuentro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde ambos acordaron impulsar una agenda conjunta para atender desafíos comunes mediante mesas binacionales de trabajo.

Según la información oficial divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la reunión permitió abordar temas relacionados con seguridad, migración, aduanas y comercio, áreas que durante los últimos meses han provocado roces entre San José y Ciudad de Panamá.

“Ambos destacaron la histórica relación de buena vecindad que une a ambos pueblos y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos actuales”, señalaron las cancillerías tras el encuentro.

La cita ocurre en un momento especialmente delicado para la relación bilateral entre los dos países vecinos, luego de múltiples episodios de tensión política que escalaron públicamente desde 2025.

Migración y cierres fronterizos marcaron las principales diferencias

Uno de los principales focos de conflicto entre Costa Rica y Panamá ha sido el manejo de la migración irregular a través de la frontera común, particularmente tras el incremento de flujos provenientes de Sudamérica, Venezuela y otras regiones que atraviesan el Tapón del Darién.

Durante los últimos meses, ambos gobiernos intercambiaron cuestionamientos públicos sobre la coordinación migratoria, los traslados humanitarios y la responsabilidad en la atención de miles de migrantes que cruzan territorio panameño hacia Costa Rica.

Ambas naciones han vivido tensiones derivadas de operativos fronterizos y diferencias sobre controles de seguridad en Paso Canoas, una de las zonas comerciales y migratorias más sensibles de Centroamérica.

Las discusiones también se intensificaron luego de medidas implementadas por Panamá relacionadas con restricciones comerciales y controles aduaneros que generaron preocupación entre exportadores y transportistas costarricenses.

En paralelo, autoridades de ambos países han manifestado preocupación por el aumento de actividades vinculadas con narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas en la región fronteriza.

El encuentro busca reconstruir canales políticos

En ese contexto, la reunión sostenida en Nueva York fue interpretada como un intento de reconstruir canales de diálogo político y bajar el tono de confrontación bilateral.

Los cancilleres acordaron establecer mesas técnicas binacionales orientadas a generar resultados concretos en temas prioritarios para ambas administraciones.

Según el comunicado oficial, los gobiernos impulsarán “un diálogo constructivo” enfocado en fortalecer la coordinación institucional y encontrar soluciones compartidas.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de mantener cooperación regional en temas migratorios y de seguridad, especialmente ante el impacto que tiene la crisis migratoria continental sobre Centroamérica.

Por su parte, Javier Martínez-Acha Vásquez ha insistido en que Panamá enfrenta una presión migratoria histórica derivada del flujo constante de personas que atraviesan el Darién rumbo al norte del continente.

Comercio y aduanas siguen siendo puntos sensibles

Otro de los temas centrales en la relación bilateral ha sido el comercio regional y el tránsito de mercancías entre ambos países.

Empresarios costarricenses han manifestado preocupación durante el último año por atrasos aduaneros, inspecciones y restricciones que afectan el paso de productos hacia Panamá y el resto de Centroamérica.

El conflicto incluso llegó a generar advertencias sobre posibles impactos económicos para exportadores nacionales, especialmente en productos agrícolas y mercancías de tránsito terrestre.

Costa Rica y Panamá mantienen una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región centroamericana, con intercambio constante de alimentos, bienes industriales, combustibles y servicios logísticos.

Por eso, el establecimiento de mesas binacionales sobre comercio y aduanas aparece como uno de los principales intentos para evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

Seguridad regional se mantiene como prioridad compartida

La cooperación en seguridad también figura entre las prioridades del nuevo acercamiento diplomático.

La frontera sur costarricense se ha convertido en una zona estratégica para el combate contra el narcotráfico y las redes criminales que operan entre Colombia, Panamá y Costa Rica.

En distintas ocasiones, autoridades costarricenses y panameñas han coordinado operativos conjuntos relacionados con tráfico de drogas, armas y personas.

Sin embargo, el deterioro político de la relación bilateral durante los últimos meses generó preocupación sobre posibles afectaciones en los mecanismos de cooperación regional.

Con la reunión celebrada en Naciones Unidas, ambos gobiernos intentan ahora proyectar una señal de estabilidad diplomática y coordinación regional en medio de un escenario regional marcado por presión migratoria, inseguridad y tensiones comerciales.

La falla eléctrica que afectó a miles de usuarios durante la tarde del lunes provocó la desconexión de cerca de 700 megavatios (MW) de demanda en cuestión de minutos, una perturbación equivalente a aproximadamente un tercio de la energía que consumía el país en ese momento y que dejó fuera de operaciones durante más de cinco horas a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Panamá y San Miguelito.

Las gráficas operativas del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que, antes del incidente, la demanda nacional rondaba los 2,000 MW. Sin embargo, alrededor de las 3:50 p.m. se observa una caída abrupta hasta niveles cercanos a los 1,300 MW, reflejando una reducción aproximada de 700 MW en apenas minutos.

La generación eléctrica también registró una disminución significativa. Los registros muestran que la producción nacional descendió desde niveles superiores a los 2,200 MW hasta aproximadamente 1,500 MW, obligando a los operadores del sistema a realizar maniobras para mantener la estabilidad de la red y evitar afectaciones aún mayores.

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) informó que la interrupción estuvo relacionada con una incidencia registrada en una línea de transmisión de 115 kilovoltios. Entre las áreas afectadas mencionó sectores de Panamá y Colón, incluyendo Chilibre, Calzada Larga, el Centro Bancario, La Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

La empresa indicó que el evento estuvo asociado a las condiciones meteorológicas registradas durante la tarde del lunes. Sin embargo, hasta el momento no ha divulgado detalles técnicos adicionales sobre la secuencia de eventos que provocó la interrupción y la abrupta caída observada en las curvas operativas del sistema eléctrico nacional.

Precisamente ese aspecto ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han solicitado una explicación más detallada sobre las causas que originaron la falla.

La interrupción eléctrica dejó fuera de servicio numerosos semáforos en distintos puntos de la ciudad de Panamá, provocando congestionamientos en avenidas principales y vías de alto tráfico.

La situación se agravó debido a que el incidente ocurrió en plena hora pico de salida laboral, cuando miles de trabajadores se desplazaban hacia sus hogares, y coincidió además con fuertes lluvias que redujeron la visibilidad y ralentizaron aún más la circulación vehicular en varios sectores de la capital.

Entre las instalaciones más impactadas estuvo la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre. La falta de energía obligó a suspender temporalmente las operaciones de la instalación, afectando la producción de agua potable para amplios sectores de la capital y San Miguelito

La interrupción se extendió por más de cinco horas, lo que generó preocupación entre los usuarios debido al riesgo de desabastecimiento en zonas que dependen directamente de esta planta. La situación volvió a poner en evidencia la estrecha relación entre la infraestructura eléctrica y otros servicios esenciales para la población.

Las gráficas del CND también permiten observar que la recuperación del sistema no fue inmediata. Tras la caída inicial, tanto la generación como la demanda comenzaron a recuperarse gradualmente durante varias horas, reflejando el proceso de restablecimiento ejecutado por ETESA, las empresas distribuidoras y el operador del sistema.

A las 7:15 p.m., ETESA informó que el suministro eléctrico había sido restablecido al 100%. Sin embargo, las curvas muestran que la normalización completa de la demanda tomó más tiempo, ya que el consumo continuó recuperándose de manera progresiva durante la noche y la madrugada.

Otro elemento que destaca en los registros es la diferencia observada entre la demanda real y la demanda pronosticada por el CND durante las horas posteriores al evento. Mientras las proyecciones apuntaban a una recuperación más acelerada, la demanda efectiva permaneció por debajo de lo esperado durante buena parte de la noche, lo que podría estar relacionado con la reposición gradual del servicio y la recuperación de la actividad en los sectores afectados.

De acuerdo con la información más reciente disponible en el portal del CND, la generación eléctrica actual está compuesta principalmente por fuentes térmicas, con 723.5 MW, equivalentes al 42.65% del total. Le siguen la generación hidráulica, con 576.7 MW (33.99%); la solar, con 356.8 MW (21.03%); y la eólica, con 39.5 MW (2.33%).

En conjunto, las fuentes renovables —hidráulica, solar y eólica— representan más del 57% de la generación reportada, mientras que la térmica se mantiene como la principal fuente individual de suministro.

Más allá del restablecimiento del servicio, la magnitud de la caída registrada en la demanda eléctrica y el impacto simultáneo sobre sectores residenciales, comerciales, bancarios y de abastecimiento de agua han reabierto el debate sobre la resiliencia de la infraestructura energética del país y la necesidad de contar con información más detallada cuando se producen eventos que afectan servicios esenciales para cientos de miles de personas.

Panamá acumula 41 muertes por influenza en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) actualizara dos defunciones correspondientes a la semana epidemiológica 17.

Aunque durante la semana epidemiológica 18 no se notificaron nuevos fallecimientos, la actualización elevó el balance nacional de una enfermedad que sigue golpeando especialmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes sin vacunación.

Las estadísticas del Departamento de Epidemiología muestran que el 54% de las muertes se registró en personas de 65 años y más, mientras que el segundo grupo más afectado fueron los menores de un año.

Además, el informe revela que el 100% de los fallecidos no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual y que el 82% tampoco se había vacunado durante la temporada 2025. A ello se suma que el 75.6% presentaba factores de riesgo asociados a enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección respiratoria causada por virus que afectan nariz, garganta y pulmones. Aunque en muchos casos se presenta como una enfermedad autolimitada, puede evolucionar hacia cuadros graves de neumonía, insuficiencia respiratoria, descompensación de enfermedades crónicas e incluso la muerte.

Entre sus síntomas más comunes figuran fiebre alta, dolor muscular, tos, dolor de garganta, congestión nasal, escalofríos y cansancio extremo.

A diferencia del resfriado común, cuyos síntomas suelen ser más leves y progresivos, la influenza aparece de forma repentina y suele generar fiebre elevada, dolores corporales intensos y una sensación general de agotamiento. En personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades preexistentes, el riesgo de complicaciones es considerablemente más alto.

El reporte también muestra una importante circulación de enfermedades respiratorias en el país. El síndrome gripal registró 674 nuevos casos durante la semana analizada, para un acumulado de 14,530 casos y una tasa de 314.3 por cada 100 mil habitantes.

En términos prácticos, esta tasa significa que de cada 100 mil personas en Panamá, aproximadamente 314 han presentado síntomas compatibles con gripe o infecciones respiratorias similares durante el año.

Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, también mantienen una presencia importante. El acumulado alcanza 6,323 casos, con una tasa de 136.8 por cada 100 mil habitantes. Estas enfermedades suelen representar las formas más severas de las infecciones respiratorias y son una de las principales causas de hospitalización durante la temporada lluviosa.

Malaría y leishmaniasis

Otro foco de preocupación es la malaria. El Minsa reportó 47 nuevos casos durante la semana epidemiológica 18, elevando el acumulado nacional a 3,564 infecciones. La enfermedad es causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, náuseas y fatiga. Cuando no se diagnostica ni se trata a tiempo, puede afectar órganos vitales y convertirse en una enfermedad potencialmente mortal.

La leishmaniasis también continúa expandiéndose. Durante la semana estudiada se notificaron 72 nuevos casos, para un acumulado de 984 en lo que va del año. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de insectos conocidos como flebótomos o “jején”.

En su forma más frecuente provoca lesiones ulcerativas en la piel, pero algunas variantes pueden comprometer órganos internos como el hígado, el bazo y la médula ósea, aumentando significativamente el riesgo de muerte si no reciben tratamiento oportuno.

El dengue sigue siendo la enfermedad transmitida por mosquitos con mayor número de casos reportados. El acumulado nacional alcanza 2,468 infecciones. De ellas, 2,162 corresponden a casos sin signos de alarma, 291 presentan signos de alarma y 15 han evolucionado a dengue grave. Esta última forma puede ocasionar hemorragias, daño de órganos y choque, convirtiéndose en una emergencia médica.

En cuanto a otras enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, Panamá registra cuatro casos acumulados de chikungunya, siete de virus Oropouche, nueve de fiebre por hantavirus, ocho de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, 19 de leptospirosis, 45 de gusano barrenador en humanos y cuatro de viruela símica o mpox. En el caso del zika, el país no reporta casos acumulados durante 2026.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación, el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable, la eliminación de criaderos de mosquitos y la limpieza de los entornos siguen siendo las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio y evitar que estas enfermedades continúen afectando a la población panameña.

La imagen de un caracol marino suele asociarse con playas, artesanías y gastronomía. Sin embargo, detrás de esas conchas que muchas veces terminan como adornos existe una creciente preocupación ambiental.

El Gobierno de Panamá decidió imponer una nueva veda nacional de 10 años para varios grupos de caracoles marinos, luego de que estudios científicos advirtieran una disminución sostenida de sus poblaciones en ambas costas del país.

La medida fue adoptada mediante una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) publicada en Gaceta Oficial y afecta a diversas especies pertenecientes a la familia Strombidae, conocidas popularmente como cambutes, caracoles reina y otros moluscos marinos de alto valor comercial.

Durante una década quedará prohibida su extracción, captura, transporte, posesión, comercialización, exportación y procesamiento, incluyendo la venta de sus conchas.

Una de las primeras dudas que surgen es si la prohibición alcanza a todos los caracoles marinos. La respuesta es no. La resolución se limita únicamente a determinados géneros de la familia Strombidae, entre ellos Aliger, Lobatus, Strombus, Persististrombus, Titanostrombus y Macrostrombus. Otros tipos de caracoles marinos no incluidos en estos grupos no forman parte de la nueva veda.

La decisión tampoco surgió de manera repentina. Panamá ya había establecido en 2021 una veda de cinco años para algunas de estas especies. Sin embargo, los estudios más recientes concluyeron que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir el deterioro de las poblaciones silvestres. Por esa razón, las autoridades decidieron ampliar las restricciones y extenderlas por otros 10 años.

¿Qué está pasando con estos caracoles? Los informes citados por la ARAP apuntan principalmente a la sobreexplotación. Durante décadas han sido capturados para consumo humano, comercialización de su carne y venta de sus conchas como artículos decorativos o souvenirs.

El problema es que muchas especies tienen un crecimiento relativamente lento y necesitan varios años para alcanzar la madurez reproductiva. Cuando son extraídas antes de reproducirse, la recuperación de las poblaciones se vuelve cada vez más difícil.

Los datos recopilados por investigadores reflejan un panorama preocupante. En el Caribe panameño, evaluaciones realizadas en Bocas del Toro, Colón y Guna Yala encontraron densidades poblacionales muy bajas del caracol reina (Aliger gigas). En muchos casos predominaban ejemplares juveniles y era escasa la presencia de adultos capaces de reproducirse.

La situación también preocupa en el Pacífico. Estudios desarrollados en el Parque Nacional Coiba concluyeron que especies como Titanostrombus galeatus han sido sometidas a una intensa explotación por pescadores artesanales y buceadores.

Los investigadores advirtieron que las densidades poblacionales continúan siendo bajas y recomendaron limitar las capturas para proteger las áreas donde aún sobreviven poblaciones reproductivas.

Incluso existen evidencias de cambios biológicos provocados por siglos de extracción. Una investigación citada por la ARAP señala que el llamado caracol luchador en Bocas del Toro ha reducido progresivamente su tamaño corporal debido a la presión ejercida por la recolección humana.

Según el estudio, el tamaño promedio y la cantidad de carne aprovechable por individuo se redujeron en más de un tercio desde que comenzó su explotación.

Más allá de su valor económico, estos organismos cumplen funciones ecológicas importantes. Los caracoles marinos participan en el equilibrio de los ecosistemas costeros al alimentarse de algas y materia orgánica, contribuyendo a mantener saludables los fondos marinos y los arrecifes.

La Ley 304 de 2022 reconoce que la extracción excesiva de estas especies puede alterar el funcionamiento natural de los ecosistemas donde habitan.

Uno de los casos más sensibles es el del caracol reina, una especie protegida internacionalmente e incluida desde 1992 en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de conservación debido a la disminución de sus poblaciones y a la persistencia de amenazas relacionadas con la sobrepesca y el comercio no sostenible.

La resolución establece una única excepción: la captura para fines científicos. Universidades, centros de investigación y especialistas podrán solicitar permisos para extraer cantidades limitadas de ejemplares destinados a estudios autorizados. Paralelamente, la ARAP anunció programas de monitoreo, investigación, educación y fiscalización para evaluar la evolución de las poblaciones durante el período de veda.

Para las autoridades, el objetivo final es evitar que especies emblemáticas de los mares panameños continúen desapareciendo. La apuesta es que una década sin presión comercial permita recuperar poblaciones que hoy muestran señales de agotamiento y asegurar que estos moluscos sigan formando parte del patrimonio natural del país para las próximas generaciones.

Panamá acumuló $2,741 millones en ingresos corrientes al cierre del primer cuatrimestre de 2026, una cifra que, aunque supera en $124.4 millones lo registrado en el mismo período del año pasado, quedó $35.1 millones por debajo de lo previsto en el presupuesto.

El dato refleja una mejora en la capacidad de generación de ingresos del Estado, pero también evidencia que la recaudación todavía enfrenta retos para alcanzar las metas fiscales trazadas para este año.

La evolución de los ingresos públicos cobra especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca cumplir la meta de déficit fiscal de 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reiterado que el país mantiene el rumbo para alcanzar ese objetivo pese a las presiones registradas en los primeros meses del año.

Los ingresos corrientes son todos los recursos que recibe el Estado para financiar su funcionamiento cotidiano. Incluyen los impuestos pagados por ciudadanos y empresas, así como tasas, derechos, aportes y utilidades provenientes de entidades públicas.

Cuando estos ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos, aumenta la presión sobre las finanzas públicas y se amplía el déficit fiscal.

Las cifras preliminares de la Dirección General de Ingresos muestran que el desempeño del primer cuatrimestre fue mejor que el de 2025. Entre enero y abril del año pasado, los ingresos corrientes totalizaron $2,616.6 millones, mientras que este año alcanzaron $2,741 millones, equivalente a un crecimiento de 4.8%.

El principal motor de ese aumento fueron los ingresos tributarios. Entre enero y abril, la recaudación de impuestos sumó $2,242.7 millones, un incremento de $186.8 millones o 9.1% frente al mismo período de 2025. Los tributos representaron cerca del 82% de todos los ingresos corrientes obtenidos por el Estado durante el primer cuatrimestre.

Dentro de la recaudación tributaria destacaron los impuestos indirectos, aquellos vinculados al consumo y las transacciones económicas. Este grupo generó $959.9 millones hasta abril, un crecimiento de 13.4% respecto al año anterior. Por su parte, los impuestos directos, relacionados principalmente con la renta de personas y empresas, aportaron $1,282.8 millones y registraron un aumento de 6.1%.

Entre los impuestos que mostraron mayor dinamismo sobresale el ITBMS sobre ventas, que acumuló $388.9 millones hasta abril y creció 14.5% en comparación con el mismo período de 2025. También destacó el impuesto al consumo de combustible, cuya recaudación alcanzó $63.5 millones, un aumento de 85.8% frente al año anterior.

Sin embargo, la tendencia mensual refleja que la actividad económica no avanza de manera uniforme. Durante marzo, los ingresos corrientes alcanzaron $904.3 millones, mientras que en abril se ubicaron en $704.7 millones. Esto representa una disminución de casi $200 millones entre ambos meses.

Los ingresos tributarios siguieron un comportamiento similar. En marzo sumaron $776 millones y en abril bajaron a $573 millones. No obstante, ambos meses mostraron resultados superiores a los observados un año antes. En abril, por ejemplo, la recaudación tributaria aumentó 17% frente al mismo mes de 2025, equivalente a $83.3 millones adicionales para las arcas públicas.

Pese a esta mejora en los ingresos, las finanzas públicas continúan enfrentando desafíos. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones al cierre de febrero, equivalente a 1.17% del PIB. La cifra fue $307 millones superior a la registrada en el mismo período de 2025.

La principal razón detrás de este comportamiento ha sido el crecimiento del gasto público. Mientras los ingresos totales aumentaron 12.4% durante el primer bimestre, los gastos crecieron 19.4%, impulsados principalmente por proyectos de inversión como la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal. El gasto de capital aumentó 75.3% durante ese período.

Chapman ha defendido esta estrategia al señalar que responde a una política orientada a estimular la economía mediante la inversión pública. El funcionario sostiene que el comportamiento del déficit no debe analizarse únicamente con base en los primeros meses del año y que Panamá mantiene la capacidad para cumplir su objetivo fiscal al cierre de 2026.

Al cierre del primer cuatrimestre, no todos los renglones tributarios terminaron en positivo frente al presupuesto. El impuesto sobre la renta quedó $49 millones por debajo de lo previsto, con una ejecución de $1,016.1 millones frente a una meta de $1,065.1 millones. Dentro de ese grupo, la renta jurídica mostró una de las mayores brechas, con $236.3 millones recaudados, $54.6 millones menos de lo presupuestado.

También cerraron en negativo frente a la meta el ITBMS de importación y el impuesto de importación. El primero acumuló $181.2 millones, $27 millones por debajo del presupuesto, mientras que el segundo alcanzó $94.4 millones, con una diferencia negativa de $27 millones.

Los próximos meses serán determinantes para evaluar si el crecimiento de la recaudación logra consolidarse. Aunque los ingresos muestran una trayectoria positiva respecto a 2025, el desafío para el Gobierno será incrementar la captación de recursos sin afectar la actividad económica y, al mismo tiempo, contener el crecimiento del gasto para acercarse a la meta de déficit de 3.4% del PIB.

Las estadísticas de homicidios continúan mostrando una tendencia al alza en Panamá durante 2026, pero detrás de cada asesinato consumado existe otro fenómeno que preocupa a las autoridades: las tentativas de homicidio.

Se trata de ataques en los que existe la intención de matar, pero por distintas circunstancias la víctima sobrevive, ya sea por atención médica oportuna, fallas en la ejecución del ataque o factores ajenos a la voluntad del agresor.

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, frente a 180 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 7%. Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón concentran la mayor cantidad de casos registrados durante los primeros cuatro meses del año.

Aunque las cifras oficiales de tentativas de homicidio no forman parte del informe de víctimas de homicidio divulgado hasta abril, los casos reportados por el Ministerio Público durante los últimos días muestran que este delito continúa teniendo una presencia significativa en distintas regiones del país.

Jurídicamente, una tentativa de homicidio ocurre cuando una persona inicia la ejecución de una acción destinada a causar la muerte de otra, pero el resultado fatal no se concreta por circunstancias ajenas a su voluntad.

Uno de los casos más recientes se registró en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, donde varios hombres llegaron a bordo de un vehículo Kia Picanto y realizaron disparos contra personas que se encontraban en un establecimiento comercial.

El ataque dejó tres heridos y una de las víctimas falleció posteriormente en un centro hospitalario. Por este caso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la detención provisional del conductor del vehículo presuntamente utilizado durante el hecho.

Otro expediente se desarrolla en la provincia de Coclé. La Sección de Homicidio y Femicidio logró que un Tribunal de Garantías ordenara la detención provisional de un ciudadano de 27 años acusado de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Según la investigación, el hombre ingresó a un jardín de expendio de licor en el corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce, y disparó contra otro joven de 27 años sin mediar palabras. La víctima sufrió una lesión en una arteria del brazo que puso en peligro su vida y le generó una incapacidad médico-legal provisional de 45 días.

También en la provincia de Panamá, la Fiscalía Metropolitana obtuvo una condena de 15 años de prisión contra un hombre de 32 años hallado responsable del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 en la barriada Parque Real, en Las Mañanitas, cuando el ahora sentenciado realizó detonaciones contra una persona que permanecía en una residencia junto a otras personas. El proyectil impactó a la víctima y comprometió seriamente su vida.

La violencia también alcanzó a miembros de los estamentos de seguridad. En Veracruz, distrito de Arraiján, dos hombres de 20 y 35 años fueron enviados a detención provisional por una presunta tentativa de homicidio en perjuicio de dos unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes realizaban un recorrido cuando recibieron disparos de cuatro sujetos. Uno de los policías resultó herido por un impacto de bala en el lado izquierdo de la cabeza.

Mientras tanto, en San Miguelito concluyó recientemente un proceso judicial relacionado con un homicidio ocurrido en 2019 en el sector de El Futuro, corregimiento Arnulfo Arias.

El Tribunal de Juicio Oral condenó a 24 años de prisión a un hombre por homicidio e inviolabilidad de domicilio, luego de acreditarse que ingresó a una residencia y realizó varios disparos que provocaron la muerte de un adolescente de 16 años.

Las estadísticas de homicidios muestran además que las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los hechos violentos. De las 193 víctimas registradas entre enero y abril, 165 murieron por disparos, equivalentes al 85.5% de los casos. Los jóvenes entre 18 y 24 años constituyen el grupo más afectado, con 56 víctimas, seguidos por las personas de 25 a 29 años, con 34 casos.

Los casos recientes de tentativa de homicidio reflejan que muchos ataques armados no terminan en muerte, pero sí dejan secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, además de una carga importante para el sistema judicial.

Los industriales panameños lamentan lo que consideran el tono confrontativo de las recientes declaraciones de las autoridades de Costa Rica hacia Panamá, por considerar que afectan la histórica relación de cooperación entre ambas naciones.

El sector industrial se refería a las recientes declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien aseguró que defenderá a los productores de su país frente a lo que considera restricciones impuestas por Panamá.

Fernández afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de Costa Rica.

“Costa Rica es un país hermano. Yo creo que este tipo de diferencias se solucionan en la mesa, no con discursos de politiquería en estrado, que no nos llevan a ningún lado”, apuntó en su momento el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Para el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el país tiene el legítimo derecho de proteger su producción nacional y su seguridad alimentaria, “actuando siempre dentro de un marco de transferencia, proporcionalidad y cumplimiento de las normas internacionales”.

El gremio industrial manifestó que la prolongación de la actual disputa comercial entre ambas naciones resulta perjudicial para la competitividad, la inversión y la integración regional.

Bajo el argumento de que los ticos no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos, en junio de 2020 la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos inhabilitó unas 26 plantas costarricenses que procesaban productos cárnicos y lácteos.

Entre los productos vetados están las fresas, carnes de res, cerdo, piensos o alimentos para animales, aves de corral, bananas, piñas y banana.

Desde el 2014 Panamá venía dándole licencias de importación a industrias ticas, que ya habían vencido.

En julio de 2020 Panamá decidió no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados, los cuales habían exportado al país durante varios años.

El 11 de enero de 2021 oficialmente Costa Rica estableció un proceso ante el organismo internacional contra Panamá.

La prolongación de la disputa comercial, subrayan hoy día los industriales, causan una afectación “sobre todo para la plaza comercial históricamente favorable a Costa Rica, generando un déficit estructural para Panamá y limitando el desarrollo de una relación comercial equilibrada”, afirmaron.

Como ejemplo, el Sindicato de Industriales de Panamá sostiene que las exportaciones de productos lácteos panameños hacia Costa Rica cayeron en un 79% entre 2020 a 2025, mientras que los sectores de exportaciones de los sectores cárnicos y avícolas continúan prácticamente inexistentes.

Las estadísticas que maneja el sector industria indican que para 2025, Panamá registra exportaciones por $41.4 millones, frente a importaciones desde Costa Rica por $458.1 millones y una relación comercial de aproximadamente 10 a 1 a favor del vecino país.

El sector industrial afirma coincidir con la posición del gobierno nacional de fortalecer las condiciones de competitividad y defensa de la producción nacional, promoviendo relaciones comerciales basadas en la reciprocidad, la seguridad jurídica y reglas claras por ambas partes.

Como hoja de ruta hacia una solución disponible, los industriales recomiendan que ambos gobiernos prioricen el diálogo y la negociación técnica, garantizando la independencia de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, agilizando los procesos de permisos y estableciendo mecanismos transparentes y eficientes para atender las solicitudes y reclamaciones del sector empresarial.

Esto, aducen, permitiría abordar de manera integral las preocupaciones comerciales, sanitarias y fitosanitarias en beneficio de la prosperidad y el bienestar de ambos países.

El balón no rueda. Una lesión en el aductor izquierdo podría ser la afectación de Adalberto “Coco” Carrasquilla, el mediocampista referente de la selección panameña, que se alista para ser el único representante de Centroamérica en el próximo Mundial de Fútbol a celebrarse en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Carrasquilla fue lesionado al minuto 56 en el partido que este domingo su equipo Pumas se enfrentaba al Cruz Azul por la supremacía del fútbol mexicano, en el que se impuso este último.

Tras una fuerte entrada de Amaury García, Carrasquilla quedó tendido en el cesped, de donde salió tapándose el rostro con las manos, mientras que las lágrimas no tardaron en asomarse.

El golpe a Carrasquilla sacudió a los fanáticos panameños de la Marea Roja, que ante el silencio que reina están esperanzados de que la lesión le permita estar en el cercano Mundial.

“Que se recupere pronto. Nos hace falta”, “Eres un guerrero, Panamá te apoya, te queremos”, “Pronta recuperación, realmente es uno de los jugadores que necesitamos para el Mundial”, son algunos de los comentarios de los fanáticos.

Hay quienes van más allá y apoyados en su fe aseguran que “lo de Coco solo es un tirón”.

Carrasquilla podría estar viajando este martes a Panamá para su recuperación, informó TVN.

Y como el destino es difícil de comprender, será este martes a las 10:00 a.m., en la asta de la bandera del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, cuando los panameños conocerán a los 26 convocados por el técnico Thomas Christiansen para asistir a la cita mundialista.

La Federación Panameña de Fútbol informó que ya arrancaron los primeros movimientos oficiales de la selección con miras a su esperada actuación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panamá estará en el Grupo L junto a la selección de Inglaterra, Croacia y Ghana.

El domingo 24 de mayo inició la concentración oficial del equipo con la llegada de cuerpo técnico, staff y jugadores al hotel del onceno nacional.

Los primeros jugadores en reportarse pertenecen al grupo inicial de 29 jugadores que serán elegibles para formar parte de la convocatoria oficial que será anunciada por el DT Thomas Christiansen este martes.

La selección se prepara para disputar un total de tres partidos de preparación previo a su viaje con dirección a Canadá para instalarse en su campamento base en New Tecumseth, Ontario.

La selección panameña inició este lunes con un entrenamiento cerrado. El martes y miércoles estarán en un entrenamiento abierto, para salir el jueves hacia Brasil, donde se enfrentará el 31 de mayo en un partido de preparación ante la selección de ese país, a jugarse en el mítico estadio Maracaná.

Continuando con su periplo de preparación, la selección tendrá su partido de despedida en su estadio, el Rommel Fernández Gutiérrez, contra su similar de República Dominicana.

El debut de Panamá en su segunda participación en un Mundial de Fútbol será el 17 de junio, cuando se mida a la selección de Ghana, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Ese mismo escenario será testigo de su próximo encuentro contra la selección de Croacia, el 23 de junio.

El tercer y último partido de los seleccionados panameños será el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Inglaterra.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y China, mantendrán este martes en Nueva York la primera reunión de alto nivel entre ambos gobiernos desde el agravamiento de la crisis diplomática causada por la salida forzada de una empresa china de dos puertos cercanos al Canal y la retención masiva de buques de bandera panameña en terminales chinas. Según informó EFE, el encuentro se produce en un contexto de tensión bilateral y presiones internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño confirmó que la cita coincide con la visita de Martínez-Acha a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presidido actualmente por China, y destacó que la agenda del encuentro será abierta para promover una “mayor armonización” de las relaciones. EFE detalló que los vínculos migratorios, comerciales y culturales entre ambos países se remontan a 170 años, aunque hoy se ven afectados por la disputa portuaria y el impacto en la actividad marítima.

La salida del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos próximos al Canal de Panamá en febrero marcó un punto de quiebre. La decisión se produjo tras un fallo inapelable de la Corte Suprema de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de un cuarto de siglo. Según denunciantes citados por EFE, el acuerdo era desfavorable para el Estado panameño, lo que motivó años de reclamos judiciales.

Estados Unidos intervino en el conflicto, con el entonces presidente Donald Trump advirtiendo sobre una supuesta influencia “maligna” de China en el área del Canal debido a la presencia de CK Hutchison. Trump llegó a considerar un logro de su administración el acuerdo alcanzado a inicios de 2025 para la venta de los puertos panameños a un consorcio liderado por BlackRock, gigante estadounidense del sector financiero. EFE informó que la operación, que formaba parte de una transacción global por más de cuarenta terminales y casi 23,000 millones de dólares, fue bloqueada por el gobierno chino.

En respuesta, Beijing advirtió que Panamá asumiría “un alto precio” por expulsar a CK Hutchison y la compañía inició un arbitraje internacional contra el Estado panameño por al menos 2,000 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades chinas intensificaron la detención de buques de bandera panameña en sus puertos. Panamá administra una de las mayores flotas mercantes del mundo, por lo que estos incidentes han generado preocupación en el sector naviero global.

De acuerdo con datos recogidos por EFE, las retenciones no han supuesto la confiscación de embarcaciones ni de sus cargas, aunque sí han originado retrasos y controles adicionales. “El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal. Los otros registros, sobre todo los que compiten con Panamá, tienen detenciones muy por debajo. Eso no es casualidad. Eso no es fortuito. Eso lleva intrínseco un mensaje político”, declaró el presidente José Raúl Mulino el 30 de abril, según la agencia.

A pesar de la escalada, Mulino anunció el 7 de mayo que las tensiones con China comenzaban a disminuir y se mostraba abierto a un diálogo. “Recientemente hemos enfrentado el aumento de detenciones de buques de nuestra bandera en los puertos de la República Popular China. Gracias a Dios y al raciocinio, esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir y los mensajes, por tenues que sean, de avenirnos a conversaciones respecto de lo que ellos deseen plantearle a la República de Panamá, yo las considero como positivas”, afirmó el mandatario panameño, citado por EFE.

La reunión en Nueva York podría cambiar el curso de las relaciones bilaterales, en un escenario donde la diplomacia, el comercio marítimo y las presiones geopolíticas de Estados Unidos y China convergen sobre un canal estratégico de alcance mundial.

Hasta la semana epidemiología 18, que corresponde al periodo del 3 al 9 de mayo del presente año, en Panamá se registran 2,468 casos acumulados de dengue a nivel nacional, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Del total de casos, 2,162 son sin signos de alarma, mientras que 291 presentan signos de alarma y se reportan 15 casos de dengue grave, informó el Ministerio de Salud.

El dengue, o fiebre quebrantahuesos, es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales que en los climas templados, indica la Organización Mundial para la Salud (OMS).

La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas, y cuando estos aparecen los más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas, pero algunas personas sufren dengue grave y necesitan atención hospitalaria.

En los casos graves, el organismo internacional advierte que puede ser mortal.

En su informe, el Ministerio de Salud indicó que la Región Metropolitana encabeza la lista con 630 casos, seguido de la provincia de Colón con 430 casos, Bocas del Toro con 254; Panamá Oeste 228 casos, San Miguelito 224 casos, Panamá Este con 192 casos y Panamá Norte con 115 casos.

En la provincia de Herrera se tienen 114 casos, 110 casos en Chiriquí, mientras que en la provincia de Los Santos se reportan 50 casos, 37 en Veraguas, 36 en la comarca Guna Yala, en la provincia de Coclé 27 casos, Darién 13 casos y la comarca Ngäbe-Buglé con 8 casos.

Respecto a las hospitalizaciones y defunciones, el informe oficial señala que hasta la fecha de la semana epidemiológica de referencia se tiene un total de 307 hospitalizados.

Las defunciones suman siete, correspondientes a las regiones de Bocas del Toro con 3, Los Santos con dos, Coclé y Colón con un caso cada uno.

La tasa de incidencia nacional correspondiente a la semana epidemiológica 18 es de 52.3 casos por 100 mil habitantes, siempre de acuerdo con el informe ministerial.

Al detallar los casos en los corregimientos se observa que Tocumen mantiene 168 casos, Puerto Pilón 97, 24 de diciembre 93, Veracruz 86 y Belisario Frías con 73 casos.

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 74.5 casos por 100.000 habitantes.

El Ministerio de Salud indicó que continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

De igual manera, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, entre otros, tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Reitera la institución de salud pública que entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

De la misma manera se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.

El diagnóstico nacional de residuos plásticos en Panamá no deja dudas: cada año en el país se generan más de 380 mil toneladas de residuos plásticos, donde el 88% es mal gestionado, contaminando ríos, mares y comunidades.

De acuerdo con estas cifras, cada panameño generó un promedio aproximado de 90 kilogramos de desechos plásticos en 2022, en particular, 96 kilogramos por persona en áreas urbanas y 80 kilogramos por persona en áreas rurales.

Esta cifra equivale a más del doble que la de América Latina, toda vez que en promedio los países de la región generaron 43 kilogramos de residuos plásticos per cápita en 2019.

Los datos pertenecen al estudio “Comercio y economía circular: Acción sobre el plástico en Panamá, del Global Plastic Action Partnership, una plataforma respaldada por el Foro Económico Mundial.

Los plásticos flexibles constituyen la mayor parte, con un 54%, seguidos de los plásticos rígidos, con un 25%, las botellas, con un 9%, los artículos domésticos, con un 6%, y los envases multicapa y multimaterial, con un 5%.

Para tratar de minimizar esta situación el sector pesquero, la empresa privada y las autoridades de Ambiente adelantan la iniciativa “Pesca tu Basura”.

Esta consiste en fortalecer la recuperación y disposición adecuada de la basura marina mediante la participación del sector pesquero, instituciones públicas y empresa privada.

Igualmente, busca la reducción de la basura marina en zonas de pesca, la eliminación de redes fantasma, el fortalecimiento de la gestión interinstitucional y la generación de datos que permitan impulsar futuras políticas públicas enfocadas en la protección de los océanos.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, mediante esta iniciativa se promoverá que las embarcaciones camaroneras recolecten residuos plásticos durante sus faenas de pesca y los trasladen de regreso al Puerto de Vacamonte, al oeste de la ciudad capital, para su disposición adecuada, evitando que plásticos y otros desechos continúen afectando manglares, costas y zonas de pesca.

Para lograrlo se instaló un contenedor de 16 yardas en un punto estratégico del Puerto de Vacamonte para el depósito de los residuos plásticos recuperados, por parte de Aseo Capital, empresa que será responsable de la recolección mensual, el reciclaje y disposición final de los desechos durante un periodo de seis meses.

Además, indica que se complementará con jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a capitanes, colaboradores del sector pesca y comunidades aledañas, promoviendo una mayor participación en las acciones de protección ambiental y manejo adecuado de residuos marinos.

“Cuidar nuestro océano no es una opción, es una prioridad nacional. Desde el ministerio asumimos el compromiso de acompañar esta iniciativa para que sea positiva, ordenada y sostenible en el tiempo. Cada residuo que logremos retirar del mar representa una amenaza menos para la biodiversidad, una oportunidad para mejorar la gestión ambiental y una señal clara de que Panamá puede avanzar hacia una economía más circular y sostenible”, señaló el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

A nivel mundial, en el 2021 se produjeron cerca de 390 millones de toneladasde plásticos, con previsiones al alza para las próximas décadas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Algunos factores demográficos y de crecimiento económico subyacentes, agrega, hacen prever un aumento proporcional de la demanda de plásticos, en particular de los de un solo uso.

En la actualidad, 11 millones de toneladas de plástico entran en el océano cada año, y se prevé que esta cifra se triplique para el 2040.

Con la actividad en auge, los productores de cacao se aprestan a exportar 75 toneladas del producto hacia el mercado suizo y mantienen negociaciones con empresas de Alemania y Francia para establecer nuevos contratos en agosto próximo.

En vías de mejorar aún más la actividad, los productores hicieron un llamado para que el gobierno establezca mayores incentivos y subsidios, especialmente durante las temporadas de caída en los precios internacionales.

“Esperamos que las actividades y proyectos que impulse el Estado realmente beneficien a los pequeños productores, que son quienes han sostenido esta actividad por muchos años”, dijeron a TVN.

También plantearon la posibilidad de implementar subsidios similares a los que aplican otros países productores, para brindar estabilidad económica al sector en momentos de baja rentabilidad.

En Panamá la producción de cacao orgánico se distribuye entre las provincias de Colón, Herrera y en mayor escala en la caribeña provincia de Bocas del Toro, mientras que en resto del país es prácticamente nula.

Esto, debido a que el cacao necesita de una cobertura boscosa, un sistema de riego frecuente, contar al menos con el 60 al 65% de sombra boscosa y mantener un buen manejo agronómico que exige una precipitación pluvial de 2,500 a 2,800 milímetros de lluvia por año de acuerdo con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap).

En Bocas del Toro, con una precipitación promedio anual de 3,300 milímetros de lluvia, el cultivo impulsa la economía de la región, debido al empuje de los productores, quienes lograron ingresos de más de $2 millones en 2025.

Recientemente, los productores bocatoreños recibieron a especialistas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, en el marco del Proyecto Cacao KoLFACI–CATIE Fase II.

Esta iniciativa de cooperación internacional auspiciada por la Cooperación Coreana para la Alimentación y la Agricultura en América Latina (KoLFACI) busca mejorar la productividad, calidad, genética y sostenibilidad ambiental del cultivo de cacao en países de América Latina.

Se explicó que durante la primera fase de implementación se establecieron parcelas demostrativas con germoplasma mejorado, bajo protocolos de agricultura climáticamente inteligente.

Estos modelos para la investigación se establecieron en la comunidad de Quebrada Pinzón y en la comarca Ngäbe-Buglé, para, según los investigadores, analizar sobre todo los rendimientos por hectárea.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que conjuntamente con los especialistas del CATIE desarrollan una segunda fase del proyecto enfocada en optimizar la gestión de viveros para producción a bajo costo.

La iniciativa, añade la entidad gubernamental, también “busca consolidar una infraestructura moderna para la producción de material vegetal de alta calidad y el desarrollo de investigaciones aplicadas”.

Durante una jornada de capacitación en el manejo postcosecha del cacao, que benefició a 61 productores en Bocas del Toro, se trataron temas referentes a los retos del procesamiento, mediante ejercicios técnicos que incluyeron la fermentación, selección del grano, partición para evaluación interna, medición de temperatura y la correcta clasificación por tamaño para evitar mermas durante el tostado.

En una comparación económica del valor agregado del cacao, se demostró que mientras dos libras de cacao en grano seco se venden por un valor de entre $2.70 y $3.00, el ingreso sería de unos $22.50 si esa misma cantidad se transforma en 15 barras de chocolate de 10 gramos y se comercializa a $1.50 la unidad.

“Este diferencial multiplica la rentabilidad y fortalece la economía de las familias rurales”, se indicó.

La iniciativa de empoderar a los productores de cacao está enfocada en transformar la manera en que las familias productoras perciben y aprovechan su cacao: “no solo como materia prima, sino como un producto con potencial agroindustrial”, afirma la institución agrícola.

Las niñas y los niños que participan en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en Panamá registran avances significativos en vocabulario y comprensión verbal, una dimensión clave para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje futuro.

Esto lo afirma un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que aporta evidencia rigurosa sobre el impacto de los centros de la primera infancia en Panamá.

Revela que los hallazgos muestran mejoras significativas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños que asisten a esos centros.

Dado que el lenguaje es fundamental para el desempeño académico, estos avances se traducen en una mejor preparación para la escuela y mayor probabilidad de seguir trayectorias educativas exitosas, dijeron desde el Mides.

De igual manera, la asistencia a estos centros sustituyó horas de cuidado informal no remunerado.

“Este estudio aporta evidencia clave para fortalecer políticas públicas que aumenten la oferta y mejoren la calidad de los entornos de cuidado, especialmente para las poblaciones más vulnerables”, señaló Carolina Freire, especialista de Protección Social del BID y co-autora del estudio.

Añadió que los hallazgos subrayan que invertir en servicios de atención a la primera infancia de calidad impulsa el desarrollo de capital humano desde etapas tempranas y contribuye al crecimiento económico de largo plazo.

Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social, sostuvo que los CAIPIs representan el corazón del compromiso de la entidad que dirige con la primera infancia y las familias panameñas.

En todo el país el ministerio administra 95 CAIPIs, con una matrícula aproximada de 2.600 niñas y niños.

Unas 59 instalaciones han sido construidos, remodelados o equipados en años recientes con apoyo del BID.

“Los CAIPIs son espacios donde no solo se cuida a nuestros niños y niñas, sino donde también se educa, se nutre y se estimula su desarrollo integral, especialmente en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad”, afirmó la funcionaria.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social afianzó que están comprometidos con garantizar una atención integral bajo altos estándares de calidad, incorporando además a las familias en este proceso, brindando a madres y cuidadoras herramientas, habilidades y oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida y emprender hacia un mejor futuro.

Se detalló que el estudio utiliza un diseño experimental para medir el impacto de la asistencia a los CAIPI en el desarrollo infantil y en variables del entorno del hogar.

La investigación recolectó datos en 2018 de los centros, así como de niñas y niños, entre 1,5 y 3,5 años, y sus familias, y realizó un seguimiento en 2024 para estimar efectos de mediano plazo. Para evaluar el desarrollo infantil, se aplicaron instrumentos estandarizados de habilidades socioemocionales y de vocabulario.

La Prueba de Vocabulario en Imágenes de Peabody (TVIP) es ampliamente utilizada para evaluar el vocabulario receptivo en niños y niñas, es decir, su capacidad para comprender palabras a partir de estímulos visuales. En el ámbito del desarrollo infantil, constituye un indicador clave del desarrollo cognitivo y lingüístico temprano.

Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia son la principal oferta de atención integral para la primera infancia en el país, dirigida a niñas y niños menores de 4 años.

Estos centros brindan servicios de estimulación temprana, alimentación, seguimiento de salud y desarrollo, y orientación familiar bajo estándares de calidad que abarcan salud y bienestar, prácticas pedagógicas, espacios educativos, y formación del talento humano.

La cineasta panameña Ana Endara subrayó la urgencia de que las mujeres accedan a más puestos de dirección dentro del cine centroamericano, una medida que, según sus palabras, permitiría una mayor diversidad creativa en las producciones de la región. Así lo expresó en declaraciones a la agencia AFP, en el marco del festival Centroamérica Cuenta realizado en Panamá y clausurado el sábado pasado.

Endara, reconocida por su trabajo en el largometraje de ficción Querido Trópico, sostuvo ante la agencia AFP que “tanto el cine como la vida necesitan una mayor diversidad de voces, y es fundamental que más mujeres directoras y guionistas estén al frente de proyectos cinematográficos”. La realizadora también apuntó que, aunque se han registrado avances, “en muchos sets de filmación predominan los hombres, y además los rodajes suelen funcionar de manera muy jerárquica”. Para Endara, la presencia femenina en puestos de liderazgo transforma los espacios de trabajo, no solo en términos creativos, sino también en la dinámica profesional interna.

El testimonio de Endara llega en un momento en que el debate sobre igualdad de género y representación atraviesa industrias culturales de todo el mundo. Según reportó la agencia AFP, Endara identificó la distribución de películas como el mayor obstáculo para el desarrollo del cine centroamericano. “Suena como disco rayado pero el principal reto es la distribución” por “el monopolio que tiene Cinépolis, Cinemark (dos de las principales distribuidoras cinematográficas del mundo) con todo su despliegue de Hollywood impuesto en nuestros países”, sostuvo la directora.

La cineasta panameña también enfatizó que los festivales internacionales se convirtieron en un salvavidas para las producciones centroamericanas, ante la dificultad de acceder a salas comerciales. “Lo que nos salva y nos mantiene a flote son los festivales. Para yo poder ver una película de Colombia tengo que encontrármela en el Festival de Cine de Lima porque me invitaron”, explicó a la agencia AFP.

Ana Endara fue galardonada en 2025 con el premio Flechazo del Festival Cinelatino de Toulouse, en Francia, gracias a “Querido Trópico”, obra que presentó en Toronto y San Sebastián, y que llegó a la fase final de selección para representar a Panamá en los premios Óscar. Entre sus influencias más relevantes, Endara mencionó a la directora y guionista argentina Lucrecia Martel, autora del documental “Nuestra tierra”, presentado en la última Mostra de Venecia, y a la cineasta mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo, quien obtuvo dos galardones en la Berlinale por “El Eco”.

Nacida en 1950, Endara advirtió que, además de la distribución, el acceso a fondos públicos representa otro desafío. Según relató a la agencia AFP, los productores deben realizar “malabares” para obtener financiamiento estatal, lo que limita la capacidad de producción y la visibilidad de las obras en la región.

A pesar de las dificultades, la directora se declaró optimista ante la consolidación de nuevas voces femeninas en la región. Citó como ejemplo a la costarricense Valentina Maurel, quien obtuvo un premio en el Festival de Cannes con su cinta “Siempre soy tu animal materno”. Endara reconoció que las películas centroamericanas han ganado visibilidad internacional, gracias a guiones “más universales”, donde se abordan asuntos íntimos, conflictos familiares y realidades sociales que trascienden fronteras.

En diálogo con la agencia AFP, Endara defendió el cine como “una herramienta para concienciar”, afirmando que “lo que estás contando siempre es político porque siempre hay una postura en la vida”. La directora resaltó que, aunque las temáticas son locales, los temas tratados en el cine centroamericano generan identificación tanto en su región como en lugares tan distantes como Dinamarca.

El festival Centroamérica Cuenta, que reunió a múltiples figuras del sector cinematográfico en la capital panameña, sirvió de escenario para que cineastas, productores y guionistas debatieran sobre los retos y oportunidades del audiovisual regional, poniendo en primer plano el potencial transformador de una mayor participación femenina en la industria.

Con la entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de unas maracas autografiadas y del manuscrito de su emblemática canción “Patria”, el cantautor panameño Rubén Blades marcó la clausura del festival Centroamérica Cuenta, realizado durante una semana en Panamá.

Durante seis días el país fue escenario de conversaciones, lecturas, talleres y encuentros culturales con voces de 18 países.

En el acto de clausura, Blades y el escritor estadounidense-dominicano y ganador del premio Pulitzer, Junot Díaz realizaron un coloquio en donde el artista panameño rindió un homenaje al Instituto Cervantes, al reconocer su impacto en la identidad, la crónica urbana y la narrativa de la cultura hispana.

La actividad fue, según sus organizadores, una oportunidad para reflexionar sobre los temas que atraviesan nuestro tiempo y participar en conversaciones que buscan generar intercambio, pensamiento crítico y nuevas miradas.

Fundado en 2013 por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, desde sus inicios, el festival apuesta por la diversidad de voces, la pluralidad de miradas y el cruce entre disciplinas, generaciones y territorios, entendiendo la cultura como una forma de leer y pensar el presente.

Ramírez destacó lo importante que es el intercambio libre de ideas dentro de este espacio cultural.

Declaró que en “un festival literario como Centroamérica Cuenta, el diálogo libre es esencial. El diálogo sobre la literatura como medio de creación y de comunicación, y sobre todo lo que tiene que ver con ella, porque nada le es ajeno”.

Días atrás, durante la inauguración del evento se entregó el XIV Premio Centroamericano de Cuento Carátula 2026 al escritor guatemalteco Gyan Zetina por su obra “Nacidos con la marca de la Bestia”.

El jurado destacó el tratamiento narrativo y el abordaje de la migración como un tema estrechamente vinculado a la realidad regional.

Creado en 2012 para impulsar el cuento en Centroamérica y reconocer nuevas voces literarias, el XIV Premio Centroamericano de Cuento Carátula incluye una dotación de mil dólares y una residencia de un mes en Monterrey, Nuevo León, como invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En tanto, la próxima edición del encuentro literario Centro América Cuenta se celebrará en Guatemala en 2027, motivo por el cual también estuvo presente el ministro de Cultura guatemalteco, Luis Méndez. No obstante, el festival regresará a Panamá en 2028.

La participación de nuestros creadores, señaló la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, “demuestra que Centroamérica tiene una voz viva, crítica y profundamente humana. Que este cierre no sea una despedida, sino el inicio de nuevas colaboraciones y nuevas historias por contar”.

Por su parte, Blades, quien ha formado parte del consejo asesor de la National Hispanic Foundation for the Arts, una organización dedicada a aumentar el acceso para artistas y profesionales hispanos y a fomentar la aparición de nuevos talentos hispanos, dijo que el éxito nunca es de una persona.

El éxito “siempre es el resultado de una serie de contribuciones que te llevan hasta este lugar. Hay gente mejor que yo y personas más merecedoras que quizá no tuvieron la oportunidad”.

Por eso, agregó que “uno agradece a toda la gente que lo ayuda, que sabe más que uno y que, con su talento, hizo posible que hoy estemos aquí. Así que hay que recordar y hacer partícipe de este momento a toda esa gente que, durante tantas décadas, me ha ayudado”.

El engaño y la falsificación de documentos para apropiarse de una finca que pertenecía a siete adultos mayores fue suficiente para que una abogada de nacionalidad panameña fuera condenada a 12 años de prisión.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí, logró probar en un juicio oral la responsabilidad penal de la imputada con los delitos de estafa y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

Un vez concluida la pena principal a la condenada igualmente se le inhabilitó para ejercer la profesión de abogada por cinco años, además de la restitución de las propiedades a las víctimas.

Para lograr la pena la Fiscalía mostró al menos 50 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, lo que permitió que el Tribunal de Juicio emitirá de manera unánime el fallo condenatorio.

La causa penal está relacionada con hechos acaecidos en la comunidad de Bongo, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, cuando mediante engaño y la falsificación de documentos la abogada hoy condenada logró apropiarse de la finca.

Por otro lado, las autoridades llevaron ante el Tribunal de Garantías a un hombre de 34 años de edad a quien se le legalizó su aprehensión, la imputación por el delito de violencia de género y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional, por su vinculación al delito de violencia de género en perjuicio de dos mujeres.

Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que los hechos ocurrieron de forma reiterada los días 18, 23, 25 de marzo y el 7 de abril del año en curso.

Durante ese tiempo el sujeto, que laboraba como agente de seguridad en un colegio privado, ubicado en el corregimiento Rufina Alfaro, enviaba mensajes de amenazas a las víctimas quienes brindaban el servicio de colegial en el mismo centro educativo.

El imputado, de acuerdo con el informe judicial, las humillaba diciéndoles palabras soeces y les advertía que las golpearía e incluso les envió un mensaje diciendo “las quiero muertas”.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de detención provisional basándose en los riesgos procesales existentes, tales como el peligro que representa el imputado para las víctimas, el riesgo de afectación de los medios de prueba y la naturaleza grave del delito.

La Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional, en colaboración con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, Dirección de Inteligencia Policial y Servicio Nacional de Fronteras, también desarrolló la operación, Barú, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Esta permitió la aprehensión de dos personas, la incautación de más de 100 envoltorios de sustancias ilícitas, equipos tecnológicos (13 celulares, dos router) así como también indicios presuntamente relacionados con delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de vehículos.

Según la información oficial, las diligencias se llevaron a cabo en la cárcel pública de la capital chiricana, David, dentro de dos celdas.

Además, en los distritos de Barú, Bugaba y Alanje se recuperaron 27 tarjetas Sim, pesa digital y documentos que pudieran estar vinculados también con la causa penal.

Las investigaciones establecen que las víctimas eran contactadas por los presuntos agresores y mediante diferentes estrategias delincuenciales se apropiaban de sus automóviles.

A través de esta operación, la Fiscalía informó que espera poder establecer, con los indicios con que se cuentan, si existen algunas otras personas más vinculadas en esta investigación.

Desde 1982 en la isla de Barro Colorado el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) realiza un proyecto de cámara trampa para el monitoreo de mamíferos a largo plazo.

La isla de Barro Colorado es uno de los bosques tropicales más estudiados del mundo y el hogar de muchos otros proyectos de monitoreo a largo plazo, incluyendo los censos de polen, artrópos y árboles.

El proyecto nació por iniciativa de Jacalyn Giacalone, quien llegó a la isla para estudiar ardillas cola roja a finales de la década de 1970, donde conoció a William E. Glanz, un investigador postdoctoral del STRI que también estudiaba mamíferos en el lugar, explica un artículo del STRI bajo la firma de Rosannette Quesada-Hidalgo.

Glanz comenzó a utilizar la metodología de transectos de rastro para monitorizar mamíferos en 1978, y su labor inspiró a Giacalone a ampliar sus observaciones para incluir a otros mamíferos y a continuar su proyecto de monitoreo a largo plazo de mamíferos.

El primer censo realizado por Giacalone y Gregory Willis consistió en registrar visualmente a los mamíferos a lo largo de 100 km de transectos de senderos.

La información señala que una vez al año repetían el censo durante la estación seca y utilizaban los datos para crear una lista de animales que habitaban la isla, con el propósito de registrar la abundancia y las actividades de las especies.

La labor no tenía hora fija, de día o de noche los censos continuaban y Giacalone y Willis observaron que los ocelotes y otras especies nocturnas no estaban bien representados en los datos.

Por ello, Willis se vio dispuesto a complementar su monitorización visual, estableciendo en 1994 un sistema de cámaras trampa.

De acuerdo con el STRI, los ocelotes son depredadores importantes en los ecosistemas neotropicales, pero son muy esquivos y difíciles de estudiar.

Ante esta eventualidad, la isla de Barro Colorado es un entorno ideal para monitorizar ocelotes y otros mamíferos en un entorno libre de caza, lo que facilitó que rápidamente los investigadores obtuvieron su primera foto en blanco y negro, en película.

La misma, siempre según el artículo, correspondía a una hembra de ocelote, a la que los investigadores llamaron “Oreja”, por tener una oreja desgarrada.

En su afán por seguir en el monitoreo, los científicos notaron que “Oreja” también tenía un patrón de manchas particular que les permitía identificarla individualmente a ella y a otros ocelotes.

Más tarde crearon el Cat-A-Log para identificar a los individuos ocelotes y sus relaciones, y especialmente para rastrear las generaciones madre-gatito, ya que solían aparecer juntos en las imágenes.

Giacalone identifica ocelotes individuales usando sus notables habilidades de reconocimiento, una tarea que la IA no ha logrado realizar correctamente hasta ahora, pero el proyecto está trabajando en entrenarla para su uso futuro.

El uso de cámaras trampa abrió la oportunidad de explorar la historia de vida, los territorios de vida y las interacciones de muchas especies de mamíferos.

La nota indica que a medida que la tecnología evolucionó, el proyecto evolucionó con ella, pasando de cámaras basadas en película y cinta a cámaras digitales y videocámaras digitales en 2002.

En 2008, las cámaras trampa digitales con imágenes infrarrojas y baterías de larga duración hicieron posible crear una red de 24 cámaras de rastreo que grababan casi las 24 horas del día durante todo el año.

La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033 constituye un momento histórico para el país, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Asegura que Espino de Marotta representa un ejemplo para las mujeres panameñas y para las nuevas generaciones que aspiran a servir al país desde la excelencia, la preparación y el compromiso.

La profesional de la ingeniería fue designada esta semana como nueva administradora del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo.

El 15 de febrero de 2019 la Junta Directiva del Canal de Panamá la había designado como subadministradora de esta importante vía, junto con el nombramiento del actual administrador Ricaurte Vásquez Morales, siendo igualmente la primera mujer en ocupar ese puesto.

Pero, más allá de su condición de mujer, el gremio empresarial sostiene que este nombramiento está respaldado por una sólida trayectoria técnica, amplia experiencia dentro de la Autoridad del Canal de Panamá y profundo conocimiento de sus proyectos estratégicos.

En su mensaje dominical, el presidente de la agrupación, Aurelio Barría Pino manifiesta que una vez más el Canal demuestra que es una empresa gubernamental ejemplar a nivel mundial en materia de gobierno corporativo.

“Su modelo institucional evidencia que dentro de su estructura existen igualdad de oportunidades, desarrollo profesional y reconocimiento al mérito. Este nombramiento no se trata únicamente de romper moldes; demuestra que como país hemos madurado y que somos capaces de reconocer el talento y la trayectoria sin distinciones”, afirma.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá la vía trasatlántica entra en una etapa determinante, enfrentada a los desafíos que tiene por delante y que no admiten improvisaciones.

La seguridad hídrica, el cambio climático, la modernización de la infraestructura y la consolidación de Panamá como plataforma logística de clase mundial demandan liderazgo técnico, visión de largo plazo y capacidad de ejecución.

En ese contexto, señalan que el proyecto de Río Indio ocupa un lugar prioritario.

“Es una iniciativa clave para fortalecer la disponibilidad de agua, no solo para la operación del Canal, sino también para el consumo humano y el desarrollo sostenible del país. La variabilidad climática y los periodos de sequía más frecuentes obligan a Panamá a tomar decisiones responsables, sustentadas en ciencia, planificación y diálogo con las comunidades”, indican.

Esta semana Espino de Marotta dijo que entre los retos que tiene que atender está “el proyecto del agua de Río Indio, el crecimiento del Canal con los otros proyectos que tenemos enfrente, el corredor logístico y el desarrollo de dos puertos adicionales para seguir siendo un núcleo importante para el comercio mundial”.

A estos retos, la Cámara de Comercio señala que se suman los proyectos de infraestructura de los próximos años, que deben ejecutarse con transparencia, eficiencia y sentido de nación, a fin de fortalecer la competitividad de la ruta panameña frente a un comercio mundial cada vez más exigente.

“Como gremio empresarial, reiteramos que el Canal debe continuar siendo administrado bajo los principios que han probado ser exitosos: autonomía, institucionalidad, capacidad técnica, responsabilidad financiera y visión de Estado”.

Reiteran su confianza de que esta nueva etapa estará guiada por la excelencia técnica, la transparencia y el compromiso con los más altos intereses nacionales.

El Canal de Panamá, apuntó la entidad empresarial, es de todos los panameños y su futuro debe seguir construyéndose con responsabilidad, visión y sentido de país.

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado por un crimen ocurrido el 6 de marzo de 2023 en el corregimiento de Las Mañanitas, una de las sentencias más severas anunciadas recientemente por el Ministerio Público en una serie de procesos vinculados a homicidios, tentativa de homicidio, pandillas y narcotráfico.

La condena, obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, se conoce en momentos en que Panamá enfrenta un aumento de la violencia homicida.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, un incremento de 7% en comparación con las 180 reportadas durante el mismo período de 2025. Abril fue el mes con más asesinatos, al acumular 62 casos.

Otra sentencia relevante fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a dos hombres de 32 y 23 años de edad a 20 años de prisión como cómplices primarios del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió la noche del 30 de marzo de 2023 en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal. La Fiscalía acreditó que los hoy sentenciados participaron junto con otros individuos armados en un ataque a tiros contra el menor, quien falleció producto de las heridas ocasionadas por los disparos.

A estas decisiones judiciales se suma un proceso desarrollado en la provincia de Colón, donde tres hombres de 18, 20 y 23 años permanecerán detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

La medida cautelar fue impuesta luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra la legalización de las aprehensiones, allanamientos e imputaciones durante una audiencia celebrada esta semana.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, cuando los tres imputados presuntamente participaron en un ataque con arma de fuego contra dos personas. Una de las víctimas sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. Los sospechosos fueron capturados el pasado 20 de mayo.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste logró que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa de un hombre condenado por el delito de siembra, cultivo y custodia de plantas destinadas a la producción de sustancias ilícitas.

Con esta decisión quedó en firme la condena de 13 años de prisión impuesta previamente por los tribunales, así como la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un año una vez cumplida la sanción principal.

El caso se remonta al 3 de agosto de 2022, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. Durante la diligencia fueron decomisados 51 plantones de marihuana con un peso total de cuatro kilogramos.

Las sentencias y procesos judiciales conocidos durante los últimos días ocurren en un escenario donde las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios registrados en el país. De las 193 víctimas contabilizadas durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran además que los jóvenes siguen siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años concentró 56 víctimas, equivalente al 29% del total nacional. Le siguieron las personas entre 25 y 29 años con 34 casos y las de 30 a 34 años con 25 víctimas.

La distribución geográfica también refleja una fuerte concentración de los homicidios en áreas urbanas. El distrito de Panamá encabezó las estadísticas con 88 víctimas entre enero y abril, seguido por San Miguelito con 37 casos, Colón con 32 y Panamá Oeste con 20.

Otro dato relevante es que el 94% de las víctimas fueron hombres. De acuerdo con el informe estadístico del Ministerio Público, 181 de las 193 personas asesinadas durante los primeros cuatro meses del año eran del sexo masculino, mientras que 12 correspondieron al sexo femenino.

Las cifras muestran que, mientras avanzan los procesos judiciales y se acumulan condenas por homicidio, pandillerismo y narcotráfico, la violencia continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades. El aumento de los homicidios durante el primer cuatrimestre, especialmente en áreas como Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste, mantiene la atención sobre la evolución de este fenómeno durante el resto del año.

Las discusiones sobre el tamaño y las prioridades del gasto público en Panamá comenzarán la otra semana. A partir de este lunes 25 de mayo, unas 96 instituciones del Estado iniciarán las vistas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un proceso clave para la elaboración del Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2027.

Durante estas sesiones, ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y representantes de los consejos provinciales deberán sustentar ante los técnicos del MEF sus necesidades financieras, programas de inversión, proyectos en ejecución y nuevas iniciativas que buscan desarrollar durante el próximo año.

El proceso se extenderá hasta el 5 de junio y constituye el primer paso formal para definir cuánto gastará el Estado panameño en 2027.

Según explicó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, la fase inicial consiste en la presentación de cifras preliminares y en la identificación de las principales necesidades de cada institución.

Posteriormente, el MEF evaluará las solicitudes y preparará el anteproyecto de presupuesto que será sometido a consideración del Consejo de Gabinete antes de ser remitido a la Asamblea Nacional. Se espera que el documento llegue al Legislativo a finales de julio.

La primera jornada incluye la comparecencia de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce, entre otras.

Las vistas presupuestarias comienzan en un contexto en el que el tamaño del gasto público ha experimentado importantes cambios durante los últimos años.

El presupuesto aprobado para 2024, elaborado durante la administración de Laurentino Cortizo, ascendió a $30,690 millones luego de ser recortado en la Asamblea Nacional desde una propuesta inicial de más de $32,700 millones.

Un año después, la administración de José Raúl Mulino presentó inicialmente un presupuesto mucho más austero para 2025, por $26,084 millones.

Sin embargo, durante el proceso legislativo el proyecto fue objeto de múltiples ajustes y terminó siendo aprobado por $30,111 millones, apenas $580 millones por debajo del presupuesto vigente de 2024.

La tendencia continuó en 2026. La Asamblea Nacional aprobó un Presupuesto General del Estado de $34,901 millones, la cifra más alta en la historia del país. El monto representó un incremento superior a $4,700 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025 y consolidó una expansión significativa del gasto público.

Buena parte de ese crecimiento responde a compromisos considerados ineludibles por el Gobierno, entre ellos el pago de la deuda pública, los intereses asociados al endeudamiento estatal, los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social y el aumento de recursos destinados a programas sociales e inversión pública.

También influyeron diversos créditos extraordinarios aprobados durante el ejercicio fiscal, que elevaron el gasto efectivo por encima de las cifras originalmente presupuestadas.

La estructura del presupuesto de 2026 contempla gastos corrientes por $19,214 millones y gastos de capital por $15,686 millones. De ese total, más de $11,100 millones corresponden a inversión pública, equivalente a aproximadamente el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.

Entre los sectores que recibieron mayores refuerzos durante la discusión legislativa destacan educación, salud y agro. La Asamblea reasignó $104 millones adicionales al Ministerio de Educación, $26 millones al Ministerio de Salud, $10 millones al Instituto Oncológico Nacional y más de $31 millones para fortalecer programas dirigidos al sector agropecuario.

Las cifras reflejan la creciente presión que enfrentan las finanzas públicas. Mientras el Gobierno busca reducir gradualmente el déficit fiscal para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, también debe atender demandas históricas relacionadas con infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y agua potable.

Por esa razón, las vistas presupuestarias son observadas con atención tanto por el sector privado como por organismos internacionales y analistas económicos. Las solicitudes que presenten las instituciones durante las próximas semanas permitirán conocer cuáles serán las prioridades de gasto para 2027 y qué tan viable será mantener el equilibrio entre la disciplina fiscal y las crecientes demandas de inversión pública.

El resultado de estas discusiones también ofrecerá una primera señal sobre la dirección que tomará la política fiscal de Panamá durante la segunda mitad de la administración Mulino.

En un escenario marcado por elevados compromisos financieros, desaceleración económica regional y mayores exigencias sociales, el presupuesto de 2027 volverá a convertirse en uno de los principales instrumentos para medir las prioridades del Estado y su capacidad para sostener el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

La confirmación de un caso de sarampión modificado en Panamá ha generado preguntas sobre una variante poco conocida de una enfermedad que el país no registra de forma autóctona desde 1995.

Sin embargo, lejos de representar una señal de alarma para las autoridades sanitarias, este tipo de casos suele ser considerado una demostración de que la vacunación está funcionando.

El sarampión modificado es una forma atenuada de la enfermedad que puede presentarse en personas vacunadas que, pese a haber desarrollado inmunidad, son expuestas a una cantidad importante del virus.

En esos casos, el organismo logra controlar mejor la infección, reduciendo significativamente la gravedad de los síntomas y la posibilidad de transmitir la enfermedad a otras personas.

Según la doctora Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), los pacientes con sarampión modificado presentan un cuadro clínico diferente al sarampión clásico.

La especialista explicó que estos pacientes suelen registrar menos fiebre, pueden presentar un sarpullido más leve o incluso desarrollar síntomas distintos a los habitualmente asociados con la enfermedad. Además, la cantidad de virus presente en el organismo es considerablemente menor.

“Lo que hemos observado es que la carga del virus dentro del paciente es mucho menor. ¿En qué se traduce esto? En que un paciente con un sarampión modificado puede transmitir menos la infección que un sarampión normal y no se va a complicar”, explicó Castillo.

De acuerdo con la funcionaria, la evidencia científica disponible indica que quienes desarrollan esta forma modificada de la enfermedad prácticamente no presentan complicaciones graves como neumonías o afecciones neurológicas, que históricamente han sido algunas de las consecuencias más temidas del sarampión.

El caso identificado en Panamá corresponde a un ciudadano panameño que tuvo contacto con uno de los pacientes importados detectados recientemente por las autoridades sanitarias.

Gracias a la inmunidad adquirida previamente mediante la vacunación, desarrolló esta forma atenuada de la enfermedad en lugar del cuadro clínico tradicional.

Las autoridades aclararon que el caso no representa una falla de la vacuna. Por el contrario, consideran que demuestra su efectividad para evitar formas graves de la enfermedad e impedir complicaciones potencialmente mortales.

“No es un caso habitual. No es que todos los vacunados van a tener infección. Son situaciones especiales donde puede haber una exposición masiva al virus o factores particulares de inmunidad. Lo importante es que la vacunación sigue siendo efectiva para evitar complicaciones y salvar vidas”, sostuvo Castillo.

Actualmente Panamá registra tres casos vinculados al sarampión. Dos de ellos corresponden a casos importados y el tercero está relacionado con la importación.

El primer caso fue detectado en una joven de 18 años de nacionalidad suiza que ingresó al país por vía aérea el pasado 23 de abril y que no tenía antecedentes de vacunación contra la enfermedad.

El segundo caso corresponde a un ciudadano neerlandés de 21 años que ingresó a Panamá a través del puesto fronterizo de Guabito, en la provincia de Bocas del Toro, procedente de Costa Rica. Las autoridades indicaron que su historial de vacunación era desconocido.

Fue precisamente a partir del contacto con este segundo paciente que se produjo el caso de sarampión modificado en el ciudadano panameño.

Las autoridades sanitarias insistieron en que Panamá no enfrenta actualmente una transmisión comunitaria del virus. Aunque el país recibió oficialmente la certificación de eliminación del sarampión en 2016, la última vez que se registró transmisión autóctona sostenida de la enfermedad fue en 1995.

Desde entonces, los pocos episodios detectados han estado relacionados con viajeros procedentes de otros países o con contactos directos derivados de esos casos importados.

Un antecedente similar ocurrió en 2011, cuando las autoridades sanitarias detectaron cuatro casos importados procedentes de Polonia. En aquella ocasión tampoco se produjo transmisión comunitaria y el evento fue controlado mediante vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos.

“Hasta el momento no tenemos casos de transmisión endémica en el país. No existe circulación del virus en Panamá”, reiteró Castillo.

La especialista recordó que el país se encuentra en una etapa denominada “poseliminación”, en la que el principal desafío consiste en evitar que los casos importados generen cadenas sostenidas de transmisión local.

Para ello, las autoridades consideran fundamental mantener altas coberturas de vacunación en la población.

El esquema nacional contempla la aplicación de dos dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (MMR o SPR). La primera se administra a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.

Según datos del Ministerio de Salud, una sola dosis ofrece una protección cercana al 95%, mientras que el esquema completo eleva la efectividad a entre 97% y 100%.

Con el objetivo de reforzar la inmunidad colectiva, Panamá desarrolló campañas de seguimiento entre 2024 y 2025 enfocadas principalmente en niños menores de cinco años, buscando identificar esquemas incompletos y garantizar una mayor cobertura de protección.

Castillo hizo un llamado a los padres de familia y a la población en general para revisar sus tarjetas de vacunación y acudir a las instalaciones de salud en caso de dudas sobre las dosis recibidas.

En un contexto internacional donde varios países han reportado rebrotes de sarampión durante los últimos años, las autoridades consideran que el caso de sarampión modificado detectado en Panamá ofrece una evidencia concreta del papel que siguen desempeñando las vacunas para reducir el impacto de una enfermedad que, antes de la inmunización masiva, causaba miles de hospitalizaciones y muertes en todo el mundo.

La lucha contra las pandillas volvió a ocupar el centro de la agenda de seguridad en Panamá. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal Bagdad-Santa Eduviges, una estructura señalada por las autoridades de mantener control territorial en sectores de Panamá Este y estar vinculada a delitos como homicidio, tráfico de drogas, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La denominada Operación Combate se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en Santa Eduviges, La Siesta, Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Entre los aprehendidos figura alias “Rungito”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal, considerada una de las células asociadas a la pandilla Bagdad que opera en el área metropolitana.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirigió las diligencias con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial.

Durante los registros fueron ubicados vehículos, dinero en efectivo e indumentaria utilizada por los miembros de la agrupación, incluyendo prendas con simbología de la bandera de Corea del Sur, un distintivo utilizado por esta pandilla para identificarse.

De acuerdo con la investigación, iniciada el 6 de marzo de 2023, la organización mantenía influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos y otros delitos.

Las autoridades sostienen que el grupo había consolidado una estructura con capacidad de ejercer control territorial sobre comunidades específicas del este de la capital.

La operación ocurre en medio de un incremento de homicidios a plena luz del día en avenidas de Panamá. En varios de estos casos, las víctimas mantenían un extenso prontuario delictivo y presunta vinculación con algunas de las más de 25 organizaciones criminales identificadas en el país.

En respuesta el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y grupos vinculados al narcotráfico. Según cifras divulgadas por la Policía Nacional, durante 2026 se han realizado cientos de allanamientos y operativos dirigidos contra estas estructuras, con resultados que incluyen la captura de más de 240 pandilleros a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a homicidios y tentativas de homicidio.

Bagdad es considerada una de las organizaciones criminales más conocidas del país. Su nombre volvió a cobrar notoriedad recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de esta organización.

Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Los informes de seguridad identifican a Bagdad como una estructura con presencia en distintos sectores de Panamá y Colón, donde opera a través de células territoriales que controlan plazas de microtráfico y participan en disputas con grupos rivales.

Precisamente, las autoridades consideran que una parte importante de los homicidios registrados en el país está asociada a conflictos entre pandillas por el dominio de estas actividades ilícitas.

Esta semana, el presidente José Raúl Mulino reconoció la preocupación existente por los recientes hechos violentos registrados en espacios públicos, pero aseguró que no contempla cambios en los estamentos de seguridad.

El mandatario sostuvo que muchos de estos asesinatos corresponden a disputas entre grupos criminales y admitió que son hechos difíciles de prevenir, porque las autoridades no siempre pueden anticipar “quién tumba y quién es el tumbado”, en referencia a los conflictos derivados de robos o pérdidas de droga entre bandas.

El mandatario expresó su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacando que la estrategia gubernamental se concentra en debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, capturas y decomisos.

“Me siento muy complacido del trabajo del director de la Policía y del ministro de Seguridad", afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El gobernante sostuvo que las autoridades mantienen una búsqueda permanente de los principales objetivos criminales y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas orientadas a reforzar el combate contra la delincuencia organizada.

Por su parte, el director de la Policía Nacional aseguró que la violencia reciente responde, en gran medida, a las afectaciones que las operaciones de seguridad han causado a las redes de narcotráfico y microtráfico. Fernández indicó que en los últimos días fueron capturados varios homicidas y que los operativos continuarán con el respaldo del Ministerio Público para sacar de circulación a integrantes de organizaciones criminales.

Los detenidos en la Operación Combate serán llevados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Mientras tanto, las autoridades consideran que la captura de alias “Rungito” representa un golpe importante contra una de las células criminales con presencia en Panamá Este, aunque reconocen que la lucha contra estas organizaciones requiere un trabajo sostenido para evitar que nuevos liderazgos ocupen los espacios dejados por los cabecillas detenidos.

La extraordinaria biodiversidad de Panamá acaba de sumar un nuevo integrante. Investigadores de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) identificaron y describieron una nueva especie de árbol que permanecía oculta en los bosques húmedos del Caribe panameño.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica especializada Phytotaxa y representa un nuevo aporte al conocimiento de la flora tropical de Centroamérica.

La especie fue bautizada como Scottmoria umbonata y fue localizada en las laderas de Sierra Llorona, en la provincia de Colón.

El trabajo científico estuvo a cargo de los investigadores Juvenal E. Batista-Guerra y Juan F. Carrión, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, junto con Ernesto Campos-Pineda, del STRI. El estudio fue aceptado el 26 de marzo y publicado oficialmente el 7 de abril de 2026.

Más allá de la descripción de una nueva planta, el hallazgo vuelve a llamar la atención sobre Sierra Llorona, una región considerada un punto crítico de biodiversidad en Panamá.

Esta zona forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y sirve de conexión ecológica entre áreas protegidas de gran importancia como el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Portobelo, el Parque Nacional Soberanía y el Lago Gatún.

Los autores destacan que estos bosques mantienen una estrecha relación biológica con los ecosistemas sudamericanos y presentan altos niveles de endemismo.

Según la investigación, los bosques caribeños de tierras bajas de esta región siguen siendo relativamente poco explorados por la ciencia. Precisamente esa falta de estudios ha permitido que continúen apareciendo especies desconocidas para la comunidad científica internacional.

Los autores advierten que esta situación resulta preocupante porque el área enfrenta crecientes presiones derivadas de la expansión de asentamientos humanos, la apertura de carreteras, la cacería y la tala, factores que fragmentan el hábitat natural de numerosas especies

El nombre “umbonata” no fue elegido al azar. Hace referencia a un “umbo”, una protuberancia o elevación central muy pronunciada presente en el fruto de la especie, una característica que se mantiene desde las etapas tempranas hasta la madurez.

Esa particularidad permitió diferenciarla de otras especies cercanas dentro del género Scottmoria. Los investigadores compararon especialmente a Scottmoria umbonata con Scottmoria woodsoniana, encontrando diferencias en la estructura de las hojas, la venación y varios rasgos reproductivos.

En las comunidades de Santa Rita y Sierra Llorona, sin embargo, el árbol ya era conocido desde hace tiempo bajo el nombre popular de “Coquito de potrero”. De acuerdo con los investigadores, es una de las pocas especies que suele sobrevivir en terrenos convertidos en pastizales que antiguamente fueron bosques primarios.

Su resistencia, su madera dura y el hecho de que sus semillas sean consumidas por el ganado han contribuido a su permanencia en algunas zonas alteradas por la actividad humana.

La investigación señala que Scottmoria umbonata es un árbol de sotobosque que puede alcanzar entre tres y diez metros de altura. Presenta troncos de hasta 30 centímetros de diámetro, una copa redondeada y corteza gris laminada.

La especie se distribuye en áreas como Sierra Llorona, Quebrada López y Quebrada Harina, cerca de Nueva Providencia y Santa Rita Arriba, en la Costa Arriba de Colón. Florece principalmente entre octubre y mayo, mientras que sus frutos han sido observados entre febrero y mayo, además de noviembre.

El descubrimiento también refleja el dinamismo reciente de la investigación botánica panameña. Solo en los últimos años, los mismos investigadores han participado en la descripción de varias especies nuevas de árboles de la familia Lecythidaceae en los bosques caribeños del país.

De hecho, en marzo de este año otro estudio publicado en Phytotaxa describió tres nuevas especies del género Scottmoria encontradas en bosques nubosos de Panamá, lo que evidencia que el país continúa siendo una fuente importante de descubrimientos botánicos para la ciencia mundial.

Los autores consideran que la conservación de Sierra Llorona debe convertirse en una prioridad. En el estudio recuerdan que la pérdida de cobertura forestal y la fragmentación del paisaje amenazan directamente a las especies que habitan estos bosques maduros.

Incluso mencionan antecedentes recientes en los que ejemplares de otras especies recién descubiertas fueron talados poco después de ser documentados por los científicos.

Para la Universidad de Panamá, el hallazgo representa un reconocimiento al trabajo científico que se desarrolla en el país. El rector Eduardo Flores Castro destacó que el descubrimiento constituye un aporte significativo al conocimiento global y una demostración de la riqueza biológica de Panamá.

Mientras los investigadores continúan explorando regiones poco estudiadas del Caribe panameño, Scottmoria umbonata se convierte en un recordatorio de que todavía existen especies desconocidas esperando ser descubiertas en los bosques tropicales del país.

Panamá ya cruzó el punto de no retorno. Tras meses de monitoreo de las temperaturas del océano Pacífico tropical, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) confirmó que el fenómeno de El Niño ya está en marcha y que las condiciones observadas indican que continuará fortaleciéndose durante el resto del año.

La principal incertidumbre ya no es si ocurrirá, sino cuán intenso llegará a ser y qué tan severos serán sus efectos sobre el país.

La advertencia llega en momentos en que el país experimenta elevadas temperaturas y sensaciones térmicas extremas. Sin embargo, para los especialistas, el verdadero desafío apenas comienza.

Los modelos climáticos apuntan a una reducción de entre 10% y 20% de las lluvias durante el trimestre comprendido entre mayo y julio, una disminución que podría agravarse a medida que el fenómeno alcance su máxima intensidad hacia finales de año.

“Ya no hay marcha atrás”, afirmó Berta Olmedo, subdirectora general del IMHPA, quien explicó que la entidad decidió declarar formalmente el fenómeno debido a que los indicadores utilizados por Panamá ya superaron los umbrales establecidos para confirmar el desarrollo de El Niño.

ales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) continúan monitoreando la evolución del evento, para las autoridades panameñas el calentamiento del océano ya alcanzó un nivel que hace irreversible el proceso.

El Niño es un fenómeno climático global que se origina por el calentamiento anormal de una extensa zona del océano Pacífico tropical.

Aunque ocurre a miles de kilómetros de Panamá, altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia en gran parte del planeta. En el caso panameño, históricamente se ha asociado con una reducción de las precipitaciones, temperaturas más altas y una mayor evaporación de las fuentes de agua.

Los primeros efectos ya comienzan a reflejarse en las proyecciones climáticas. El IMHPA estima que durante los próximos tres meses habrá menos lluvias de lo habitual en prácticamente todo el territorio nacional. No obstante, la disminución no será uniforme.

Mientras algunas regiones podrían registrar reducciones cercanas al 10%, otras podrían enfrentar déficits de 25% o incluso 30%, dependiendo de la evolución del fenómeno.

La preocupación aumenta porque estas cifras corresponden únicamente a la etapa inicial de El Niño. Según Olmedo, el océano Pacífico continúa acumulando calor en capas profundas que servirán de combustible para el fenómeno durante los próximos meses.

Eso significa que las reducciones de lluvia observadas actualmente podrían ser apenas un anticipo de condiciones más secas hacia finales de 2026.

Algunos centros de investigación internacionales incluso manejan escenarios en los que el evento podría alcanzar una intensidad elevada. Aunque todavía es prematuro determinar su categoría definitiva, varios especialistas consideran que podría tratarse de un Niño fuerte o muy fuerte.

La diferencia es relevante porque fenómenos más intensos suelen prolongar los períodos secos y aumentar los efectos sobre sectores sensibles de la economía.

Panamá ya conoce las consecuencias. El episodio de El Niño registrado entre 2023 y 2024 provocó una de las peores crisis hídricas de las últimas décadas.

La disminución de las lluvias obligó al Canal de Panamá por primera vez en su historia a reducir temporalmente el número de tránsitos diarios debido a la falta de agua en los lagos que alimentan la vía interoceánica. Aquella situación afectó el comercio marítimo mundial y evidenció la vulnerabilidad del país frente a los cambios climáticos.

Ahora las autoridades buscan evitar que la historia se repita. El sector agropecuario aparece entre los más expuestos. Menos lluvia implica menor disponibilidad de agua para cultivos y ganado, mayores costos de producción y posibles afectaciones en los rendimientos agrícolas.

Por ello, el IMHPA trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en mesas técnicas agroclimáticas instaladas en las provincias del país, donde se analizan escenarios y se formulan recomendaciones para productores.

La generación eléctrica también podría enfrentar desafíos. Panamá depende en gran medida de la producción hidroeléctrica y una reducción prolongada de las lluvias suele traducirse en menores aportes a los embalses. De hecho, las empresas del sector ya comenzaron a ajustar sus estrategias operativas ante la posibilidad de un escenario más seco durante la segunda mitad del año.

Paradójicamente, un fenómeno de El Niño no significa ausencia total de lluvias. Los especialistas advierten que una de sus características es precisamente la mala distribución de las precipitaciones.

Puede ocurrir que llueva intensamente en períodos muy cortos y sobre áreas reducidas, provocando inundaciones repentinas, mientras otras regiones permanecen con déficits acumulados durante semanas o meses.

Otro efecto esperado es la prolongación del llamado “veranito de San Juan”, un período tradicionalmente seco que ocurre durante la estación lluviosa. Bajo condiciones de El Niño, ese lapso podría comenzar antes de lo habitual y extenderse por más tiempo, incrementando la presión sobre las actividades agrícolas que dependen del agua.

Para los expertos, el mensaje principal es que todavía existe tiempo para prepararse. La intensidad definitiva del fenómeno se conocerá en los próximos meses, pero la señal ya está clara:

La subdirectora del IMHPA señaló que estos datos permiten a los productores evaluar si deben ajustar sus actividades, cambiar fechas de siembra, reforzar sistemas de riego o incluso sustituir cultivos que demandan mucha agua por otros más resistentes a condiciones secas.

“La información es poder”, sostuvo Olmedo, al destacar que el objetivo es que cada sector pueda reducir pérdidas o, en algunos casos, aprovechar mejor los períodos secos previstos durante el avance de El Niño.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su respaldo al Gobierno Nacional en la posición asumida frente al diferendo comercial con Costa Rica y pidió que la relación bilateral se desarrolle bajo principios de respeto, reciprocidad, equilibrio y reglas claras, en momentos en que la disputa entre ambos países escaló del plano comercial al energético.

El gremio empresarial sostuvo que Panamá tiene derecho a defender sus intereses nacionales, respaldar a sus sectores productivos y utilizar los mecanismos legales, diplomáticos y comerciales disponibles para sostener su posición.

La CCIAP advirtió que, ante el aumento del tono en la discusión pública y los recientes pronunciamientos desde Costa Rica, es necesario mantener la serenidad institucional sin renunciar a la firmeza que exige una posición legítima de país.

La Cámara insistió en que las diferencias comerciales entre países vecinos deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos establecidos, no a través de discursos altisonantes ni presiones públicas que dificulten una salida sostenible. El presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, afirmó que el diálogo es el camino deseable, pero debe darse en un marco de respeto mutuo y sin elevar innecesariamente la tensión.

La postura empresarial se produce luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que Panamá no autorizará, por ahora, nuevas ventas de energía eléctrica a Costa Rica. El mandatario explicó que la decisión forma parte de la respuesta panameña ante un conflicto comercial que, según su gobierno, se arrastra desde hace años por restricciones aplicadas a productos nacionales.

Mulino sostuvo que su deber es proteger a los productores panameños y cuestionó el manejo público que Costa Rica ha dado al diferendo. El presidente panameño ha insistido en que su administración mantiene disposición al diálogo, pero bajo condiciones de reciprocidad y respeto, especialmente después de que autoridades costarricenses elevaran el tema a instancias diplomáticas e internacionales.

El conflicto comercial involucra principalmente restricciones sanitarias y fitosanitarias relacionadas con productos agropecuarios, cárnicos y lácteos. Panamá sostiene que sus controles buscan proteger la producción nacional y cumplir estándares internacionales, mientras Costa Rica argumenta que varias medidas limitan injustificadamente el ingreso de sus productos al mercado panameño.

Las tensiones aumentaron tras la llegada al poder de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien aseguró que no permitiría que Panamá continuara bloqueando el ingreso de productos de su país y anunció acciones diplomáticas e internacionales.

La decisión de Panamá abrió un debate interno en Costa Rica. La diputada Abril Gordienko cuestionó la estrategia de la presidenta Laura Fernández y advirtió que un diferendo comercial que pudo resolverse por la vía técnica terminó convertido en una crisis diplomática en un momento delicado para la seguridad energética costarricense.

Según la legisladora, Costa Rica enfrenta altas probabilidades de sequía asociadas al fenómeno de El Niño, lo que podría afectar la generación hidroeléctrica, una de las principales fuentes de electricidad del país. Gordienko sostuvo que, si baja la producción hidroeléctrica y aumenta el consumo, Costa Rica tendría que recurrir a plantas térmicas más costosas o enfrentar escenarios de racionamiento.

La diputada afirmó que las proyecciones contemplaban la importación de al menos 1,608 gigavatios hora desde Panamá en 2026, equivalente al 11.2% de la energía total del país. A su juicio, cerrar esa opción podría traducirse en electricidad más cara, mayor uso de combustibles fósiles y más presión sobre el costo de vida.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin embargo, rechazó ese escenario y aseguró que el sistema eléctrico nacional cuenta con recursos suficientes para atender la demanda. La entidad estatal indicó que no proyecta comprar electricidad a Panamá durante lo que resta de 2026 y sostuvo que no existen contratos firmes vigentes con el mercado panameño.

La diputada costarricense Abril Gordienko cuestionó la estrategia adoptada por el Gobierno de Laura Fernández.La diputada costarricense Abril Gordienko cuestionó la estrategia adoptada por el Gobierno de Laura Fernández.

El ICE también defendió que las transacciones dentro del Mercado Eléctrico Regional se rigen por normas técnicas independientes y recordó que Costa Rica ha sido históricamente uno de los principales exportadores de energía de Centroamérica, con una participación cercana al 49.8% del bloque regional.

La controversia ocurre mientras Panamá aumenta su presencia como exportador eléctrico. Durante el primer trimestre de 2026, el país exportó 379.4 millones de kilovatios hora, un incremento de 79.7% frente al mismo período del año anterior. Solo en marzo, las exportaciones panameñas alcanzaron 143.3 millones de kilovatios hora.

Con la electricidad sumada al conflicto comercial, la relación entre Panamá y Costa Rica atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. La CCIAP planteó que la salida debe construirse con diálogo, pero también con reciprocidad efectiva, mientras en Costa Rica el debate se divide entre quienes advierten riesgos energéticos y quienes ase

A pocos días de la entrega de propuestas para el teleférico de San Miguelito, Metro de Panamá realizó una serie de cambios a las condiciones financieras y contractuales de la licitación mediante la Adenda No. 10.

Las modificaciones abarcan las garantías que deberán presentar los participantes, la forma en que se estructurarán los pagos al futuro concesionario y las reglas que aplicarían en caso de incumplimiento o terminación anticipada del contrato.

El proyecto es una de las principales apuestas de movilidad urbana para San Miguelito y contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de extensión, con seis estaciones y capacidad inicial para movilizar hasta 2,800 pasajeros por hora por sentido.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la fianza de propuesta, es decir, la garantía que deben presentar los participantes para respaldar la seriedad de su oferta.

En la versión original del pliego, esta garantía se calculaba sobre el valor total de la propuesta económica. Con la modificación, la garantía se calculará únicamente sobre la inversión inicial que requiere el proyecto para su desarrollo.

Para ello, el pliego diferencia ahora con mayor claridad dos componentes de la propuesta económica. El Componente A corresponde a la inversión inicial que deberá realizar el concesionario para diseñar, financiar y construir el teleférico.

Este componente incluye los aportes de capital y los recursos de deuda necesarios para desarrollar la infraestructura. El Componente B, por su parte, agrupa los pagos asociados a la operación y mantenimiento del sistema una vez entre en funcionamiento.

La importancia de esta modificación radica en que la garantía ya no se calcula sobre la suma de la inversión más los pagos que se recibirían durante la operación del sistema, sino únicamente sobre la inversión inicial. Esto redefine el alcance de la fianza y la vincula directamente con la etapa de construcción del proyecto.

La adenda también incorpora una nueva Fianza de Cumplimiento de Inversión, una garantía que no figuraba expresamente en la versión anterior del pliego. Su propósito será asegurar que el concesionario ejecute las inversiones comprometidas durante la fase preoperativa. La garantía permanecerá vigente hasta que Metro de Panamá verifique el cumplimiento de las inversiones establecidas en el contrato

Adicionalmente, se realizaron cambios en la Fianza de Cumplimiento que respaldará la prestación del servicio durante la etapa operativa. La nueva redacción establece mecanismos para ajustar progresivamente el monto de esta garantía conforme disminuyan determinadas obligaciones económicas vinculadas al contrato.

Los cambios también alcanzan los requisitos financieros exigidos a los participantes. La adenda aclara que cuando una propuesta sea presentada por un consorcio o asociación accidental, los indicadores financieros podrán ser acreditados por uno o varios de sus integrantes. Con ello se precisa la forma en que serán evaluadas las capacidades económicas de los grupos empresariales que participen en el proceso.

Otro aspecto relevante es la actualización de las disposiciones relacionadas con el financiamiento del proyecto. Metro de Panamá incorporó nuevas precisiones sobre las condiciones que deberán cumplirse para demostrar el cierre financiero de la concesión y las circunstancias que podrían ser consideradas durante ese proceso.

En materia contractual, la entidad también modificó las reglas aplicables en caso de terminación anticipada por incumplimiento. La nueva redacción establece que, si el concesionario incurre en incumplimientos graves o reiterados de obligaciones esenciales y no corrige la situación dentro de los plazos previstos, Metro de Panamá podrá dar por terminado el contrato por causa imputable al operador.

La adenda también precisa las consecuencias económicas de una eventual terminación. Entre ellas figura la posibilidad de ejecutar las garantías constituidas por el concesionario y descontar de cualquier compensación que pudiera corresponderle las penalizaciones, obligaciones pendientes y otros montos adeudados al Estado.

Asimismo, fueron actualizadas las disposiciones relacionadas con los mecanismos de indemnización y rescate administrativo del contrato. Las nuevas reglas vinculan cualquier compensación con la inversión efectivamente ejecutada y con el nivel de recuperación de dicha inversión alcanzado hasta el momento en que ocurra la terminación.

La recepción de propuestas para el teleférico fue reprogramada por quinta ocasión y quedó fijada para el próximo 28 de mayo. Actualmente permanecen precalificados dos participantes: el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá, Ingeniería Estrella y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, conformado por la española Cointer y la austriaca Doppelmayr.

La sensación térmica en Panamá alcanzó uno de sus niveles más altos del año el pasado 19 de mayo, cuando la estación meteorológica de Río Grande, en la provincia de Coclé, registró un valor estimado de 41.8°C, una cifra que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) clasifica dentro de la categoría de “Peligro” por los riesgos que representa para la salud de la población.

De acuerdo con el más reciente informe del IMHPA, el promedio nacional de sensación térmica durante mayo se ubicó en 34.6°C, mientras que la mayoría de los días del mes registraron valores superiores a los 34°C.

La entidad explicó que la sensación térmica no depende únicamente de la temperatura del aire, sino también de factores como la humedad, la ventilación y la exposición a la radiación solar, que pueden hacer que el calor percibido por el cuerpo humano sea significativamente mayor que el indicado por un termómetro.

El caso registrado en Río Grande ilustra claramente esta diferencia. Aunque la temperatura del aire rondaba los 37.3°C, las condiciones atmosféricas provocaron que el cuerpo humano percibiera un calor equivalente a 41.8°C.

Según el IMHPA, este rango se encuentra dentro de una categoría que incrementa el riesgo de insolación, agotamiento por calor, calambres musculares y golpes de calor, especialmente entre personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante períodos prolongados.

La situación ha llevado al instituto a mantener un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas vigente hasta el 23 de mayo. Las áreas bajo vigilancia incluyen Chiriquí, Veraguas Centro y Sur, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, las comarcas Emberá y Guna Yala, así como sectores costeros de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe Buglé.

El organismo meteorológico prevé que durante estos días las temperaturas máximas oscilarán entre 31°C y 35°C, acompañadas de niveles de humedad superiores al 70%, lo que podría generar sensaciones térmicas entre 36°C y 42°C.

Durante las noches, las temperaturas podrían mantenerse entre 25°C y 28°C, con sensaciones térmicas que fluctuarían entre 29°C y 33°C.

Según el IMHPA, estas condiciones responden a una combinación de alta radiación solar, escasa cobertura nubosa, debilitamiento de los vientos y elevados niveles de humedad. Aunque se esperan algunos aguaceros aislados en distintas regiones del país, las autoridades advierten que no serán suficientes para disminuir de forma significativa la sensación de calor sobre la superficie.

Las altas temperaturas coinciden con una nueva alerta climática para los próximos meses. De acuerdo con las proyecciones más recientes, existe un 85% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, una condición que podría alterar el comportamiento de las lluvias y reforzar los episodios de calor en Panamá.

El fenómeno suele estar asociado con una reducción de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, aumento de las temperaturas y mayores presiones sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica.

Aunque el IMHPA subrayaque los modelos climáticos continúan mostrando incertidumbre sobre la intensidad que podría alcanzar el evento, las probabilidades han venido aumentando respecto a los meses anteriores.

El informe también advierte que, aun cuando los acumulados mensuales de lluvia se mantengan dentro de rangos considerados normales, existe la posibilidad de que se produzcan eventos extremos de corta duración. Esto significa que podrían registrarse aguaceros intensos en pocas horas, seguidos de períodos prolongados de calor y escasas precipitaciones.

Para sectores la agricultura, la gestión del agua, la infraestructura y la planificación urbana, esta combinación de altas temperaturas y elevada variabilidad climática representa un desafío adicional.

El comportamiento observado durante mayo, con sensaciones térmicas cercanas a los 42°C en algunas regiones, ofrece una muestra de las condiciones que podrían repetirse o incluso intensificarse durante los próximos meses si las proyecciones sobre El Niño terminan materializándose.

Mientras tanto, el IMHPA recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales, especialmente en las regiones donde se mantienen los avisos por calor extremo.

El sistema portuario panameño movilizó 3.18 millones de TEU (contenedores de 20 pies) entre enero y abril de 2026, manteniendo prácticamente estable su actividad frente al mismo período del año pasado, pero con importantes diferencias entre puertos y segmentos de carga.

Mientras algunos operadores registraron fuertes crecimientos, las terminales de Balboa y Cristóbal continuaron reflejando los efectos del proceso de transición administrativa iniciado tras la salida de Panama Ports Company (PPC).

Las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá muestran que el movimiento total alcanzó 3,177,984 TEU durante los primeros cuatro meses del año, apenas 0.2% más que los 3,170,965 TEU registrados en igual período de 2025.

El resultado representa una recuperación frente al desempeño observado al cierre del primer trimestre, cuando el sistema acumulaba una caída de 0.6%.

El trasbordo continuó siendo el principal motor de la actividad portuaria. De los más de 3.17 millones de TEU movilizados, 2.81 millones correspondieron a carga de trasbordo, equivalente a cerca del 88% del movimiento total. La carga local sumó 350,634 TEU, mientras que la carga vinculada a zonas francas alcanzó 20,506 TEU.

Al analizar el movimiento por terminales, SSA Marine MIT se consolidó como el puerto con mejor desempeño del período. Entre enero y abril movilizó 947,110 TEU, un crecimiento de 27.9% respecto al año anterior. También destacó Colon Container Terminal (CCT), que alcanzó 565,901 TEU, un incremento de 20.3%.

En contraste, Puerto Balboa registró una caída de 17.7% en el movimiento de contenedores, al pasar de 747,933 TEU entre enero y abril de 2025 a 615,209 TEU en el mismo período de 2026. Puerto Cristóbal también mostró una reducción significativa de 43%, con 229,176 TEU movilizados frente a los 401,847 TEU del año anterior.

La disminución en ambas terminales ocurre en medio del proceso de transición iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga contractual de PPC. Desde finales de febrero, el Estado asumió el control de Balboa y Cristóbal y designó administradores temporales para mantener la operación mientras define el modelo definitivo de gestión.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por$26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Detrás de MIT y Balboa se ubicó Colon Container Terminal (CCT), que movilizó 565,901 TEU entre enero y abril de 2026, seguido por PSA Panama International Terminal con 449,448 TEU. Ambas terminales registraron crecimientos de 20.3% y 3.5%, respectivamente, consolidándose entre los puertos con mejor desempeño del sistema durante el período analizado. Bocas Fruit Co., por su parte, reportó un movimiento de 12,104 TEU.

Si se observan las cifras en unidades físicas de contenedores, el comportamiento es similar. El Sistema Portuario Nacional movilizó 1,748,048 contenedores entre enero y abril, apenas 0.4% menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, MIT aumentó su movimiento 26.4%, mientras que Balboa retrocedió 17.8%.

Las estadísticas también muestran un cambio importante en la composición geográfica de la carga. El litoral Pacífico movilizó 1.98 millones de TEU durante el período, mientras que el litoral Atlántico alcanzó 1.20 millones de TEU. Dentro del Pacífico, Balboa continúa siendo una de las terminales más relevantes, aunque perdió participación frente al crecimiento experimentado por MIT.

Otro indicador que reflejó dinamismo fue el movimiento de vehículos. Entre enero y abril se movilizaron 56,417 automóviles entre desembarques y embarques, frente a 47,741 unidades en igual período de 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 18%. El mayor volumen se concentró en MIT, seguido por Balboa y Cristóbal.

Las cifras por destino muestran además que la carga local sigue ganando participación dentro del sistema portuario. En TEU, el movimiento local aumentó 6.7% durante los primeros cuatro meses del año, mientras que la carga de zona libre creció 20.7%. Por el contrario, el trasbordo registró una leve disminución de 0.7%, aunque sigue representando la gran mayoría de las operaciones portuarias del país.

Por tipo de contenedor, el sistema movilizó 2.21 millones de TEU llenos y 971,843 TEU vacíos. Los contenedores llenos crecieron 0.8%, mientras que los vacíos disminuyeron 1.1%, una señal que apunta a ajustes en los flujos logísticos y en el reposicionamiento de equipos dentro del comercio marítimo internacional.

Las cifras de abril reflejan una mejoría respecto a marzo. Durante ese mes se movilizaron 824,749 TEU, un aumento de 2.7% frente a abril de 2025. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por MIT, CCT y PSA Panama International Terminal, que compensaron parcialmente la menor actividad observada en Balboa y Cristóbal.

El desempeño de los próximos meses será observado de cerca por la industria logística. Aunque el sistema portuario panameño ha logrado mantener estable su volumen global de carga, la evolución de Balboa y Cristóbal será determinante para medir el impacto definitivo de la transición operativa en dos de las terminales más estratégicas del país y del comercio marítimo regional.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacóel fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y Marruecos, un país que, según afirmó, ha brindado un respaldo importante al país en distintos frentes, incluido el sector agropecuario.

“Marruecos es un país que nos ha apoyado muchísimo”, señaló Moltó al referirse a la donación de fertilizantes gestionada por el Gobierno panameño y a las oportunidades de cooperación económica que ambas naciones buscan ampliar.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) destacó además el trabajo diplomático realizado por la Cancillería y por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, para fortalecer los vínculos con el país africano.

Moltó subrayó que existe un creciente interés por profundizar las relaciones comerciales. También mencionó la misión integrada por representantes gubernamentales y empresarialesque se encuentra en Marruecos para explorar nuevas oportunidades de negocios.

“Hay muchísimo que podemos aprovechar de ambas naciones y complementarnos”, expresó Moltó, quien considera que las fortalezas logísticas y comerciales de ambos países abren espacios para incrementar el intercambio económico y atraer nuevas inversiones.

Las declaraciones del ministro coincidieron con la celebración en Rabat de la primera reunión de consultas políticas entre Panamá y Marruecos, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Relaciones Bilaterales y Asuntos Regionales de Marruecos, Fouad Yazourh. Durante el encuentro, ambas delegaciones revisaron la agenda bilateral y reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación entre los dos países.

Como parte de la jornada, Hoyos firmó junto con la ministra marroquí de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, Fatim-Zahra Ammor, un Memorando de Entendimiento en materia de turismo que busca impulsar el desarrollo del sector, promover el intercambio de experiencias y estrechar los lazos entre ambas naciones.

“El acuerdo no solo une a dos destinos excepcionales, sino que abre oportunidades para el intercambio cultural, la inversión y el desarrollo sostenible”, afirmó Hoyos durante la firma del documento.

Uno de los temas destacados durante las consultas fue la cooperación en materia agropecuaria. Marruecos confirmó oficialmente el envío de un embarque de 1,000 toneladas de fertilizantes destinado a apoyar al sector agrícola panameño, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica en momentos en que los precios internacionales de estos insumos enfrentan presiones por las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente.

La donación forma parte de una hoja de ruta de cooperación suscrita entre ambos países en junio de 2025 y contempla la entrega anual de 1,000 toneladas de fertilizantes durante el período comprendido entre 2026 y 2028.

Además, incluye asistencia técnica para la elaboración de un mapa de fertilidad de los suelos panameños, una herramienta que permitirá optimizar la planificación agrícola y mejorar la productividad del sector.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el primer cargamento salió de Marruecos en abril y se esperaba su llegada a Panamá durante el mes de mayo. Los fertilizantes serán destinados principalmente a pequeños productores y programas de agricultura familiar, considerados fundamentales para la seguridad alimentaria nacional.

Durante las consultas políticas también se resaltó el valor estratégico que tienen ambos países dentro de las rutas globales del comercio. Las delegaciones destacaron el papel del puerto marroquí de Tánger Med como uno de los principales centros logísticos de África y puerta de entrada al Mediterráneo, mientras que Panamá fue reconocido por la relevancia del Canal de Panamá como eje fundamental para el transporte marítimo internacional.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de ampliar los intercambios comerciales, promover alianzas con el sector privado y desarrollar nuevos mecanismos que faciliten el flujo de bienes, servicios e inversiones entre ambos mercados.

Las delegaciones también expresaron interés en fortalecer la diplomacia cultural y ampliar los espacios de cooperación en distintos ámbitos, con el objetivo de construir una relación más dinámica y capaz de responder a los desafíos del entorno internacional. Al cierre de la reunión, Panamá y Marruecos reafirmaron su voluntad de seguir identificando nuevas áreas de colaboración que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de sus ciudadanos.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó este viernes que las terminales 1 y 2 operan con normalidad luego del incendio registrado la noche del miércoles en el área del food court de la Terminal 1, una situación que obligó a activar protocolos de emergencia y reorganizar temporalmente las operaciones para garantizar la continuidad del principal centro de conexiones aéreas de Panamá.

La administración aeroportuaria indicó que actualmente todas las puertas de embarque, áreas de atención a pasajeros y servicios operativos funcionan con normalidad. El único espacio que permanece cerrado es el food court de la Terminal 1, mientras se completan las evaluaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

Los pasajeros que utilizan la Terminal 1 continúan teniendo acceso a restaurantes, cafeterías y kioscos ubicados a lo largo de la instalación, por lo que los servicios de alimentos y bebidas se mantienen disponibles pese al cierre temporal de la zona afectada por el incendio.

El incidente se produjo la noche del miércoles en el área de comidas de la Terminal 1. Según informó Tocumen en un primer comunicado, el fuego fue controlado con éxito por unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del aeropuerto, evitando su propagación hacia otras áreas de la terminal. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

Como medida preventiva, durante la emergencia se trasladaron operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y otras áreas habilitadas del complejo aeroportuario. Además, se recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos mientras se ejecutaban los protocolos de contingencia.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió mantener en funcionamiento el aeropuerto mientras se atendía la situación. Tocumen señaló que la activación inmediata de los protocolos de seguridad aeroportuaria y continuidad operacional hizo posible proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios sin necesidad de suspender completamente las actividades aéreas.

Como parte de las acciones implementadas, se reasignaron puertas de embarque en el Muelle Norte, las áreas satélite y la Terminal 2. También se reorganizaron operaciones de llegada y salida de aeronaves para minimizar las afectaciones a los viajeros. Las medidas especiales estuvieron vigentes desde las 6:50 p.m. hasta pasada la 1:30 a.m.

Durante ese período, el aeropuerto gestionó más de 14,500 pasajeros correspondientes al quinto y sexto banco de conexiones. De ese total, cerca de 5,100 pasajeros viajaron en vuelos que registraron algún nivel de demora y aproximadamente 50 perdieron conexiones debido a los ajustes operativos realizados durante la contingencia.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó que la prioridad fue salvaguardar la seguridad de los pasajeros y mantener condiciones operativas seguras. Asimismo, señaló que la rápida respuesta de los bomberos aeroportuarios y la activación de los protocolos permitieron reducir significativamente el impacto sobre las operaciones del aeropuerto.

La capacidad operativa del aeropuerto fue uno de los factores que facilitó la respuesta ante la emergencia. Tocumen cuenta actualmente con 54 puertas de embarque distribuidas entre sus dos terminales. De ellas, 34 se encuentran en la Terminal 1 y las restantes 20 en la Terminal 2, lo que permitió redistribuir pasajeros y operaciones mientras se controlaba la situación en el área afectada.

Las autoridades aeroportuarias destacaron que todas las puertas de embarque de la Terminal 1 permanecen habilitadas y operando normalmente. Esto significa que los viajeros pueden utilizar sus vuelos programados sin restricciones derivadas del incidente, más allá del cierre temporal de la zona de comidas afectada por el fuego.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Paralelamente, personal técnico realiza inspecciones en el área afectada para verificar las condiciones estructurales y de seguridad antes de autorizar la reapertura del food court.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reiteró que las operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que la situación se encuentra completamente bajo control. La administración destacó que la coordinación entre los equipos de emergencia, seguridad y operaciones permitió mantener activo el principal hub aéreo de Panamá y uno de los centros de conexión más importantes de América Latina.

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por su participación en el robo y homicidio de un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital en Panamá Oeste.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste, que logró la validación de un acuerdo de pena ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

La sentencia se produce en medio de las preocupaciones por la delincuencia juvenil en Panamá. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,526 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional, de las cuales 276 correspondieron a Panamá Oeste, la tercera cifra más alta del país, solo superada por Panamá y Chiriquí.

Según la investigación, el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:43 p.m., cuando el adolescente condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, abordó un vehículo que prestaba servicios de transporte por aplicación en la barriada Colinas del Valle, en La Chorrera.

La Fiscalía estableció que, una vez dentro del automóvil, los ocupantes utilizaron violencia e intimidación para apoderarse del vehículo. Durante el ataque, el conductor recibió múltiples heridas con arma blanca.

Posteriormente, los agresores trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, distrito de La Chorrera, donde lo abandonaron. Horas después, el 15 de agosto a las 12:20 a.m., incendiaron el automóvil con el propósito de eliminar evidencias del crimen.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró que el tribunal validara un acuerdo de pena alcanzado entre las partes. Como resultado, el adolescente fue declarado responsable de los delitos de robo agravado, homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, recibiendo una sanción de 11 años de prisión.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos contra la vida y la integridad personal continúan teniendo una presencia significativa dentro de la criminalidad juvenil. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 258 denuncias vinculadas a este tipo de delitos en todo el país.

Sin embargo, los delitos más frecuentes entre adolescentes corresponden a aquellos contra la libertad e integridad sexual, con 545 denuncias registradas durante el período analizado. Le siguen los delitos contra el patrimonio económico, con 297 casos, y los delitos contra la seguridad colectiva, con 227 denuncias.

El informe también revela una intensa actividad judicial en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Entre enero y abril se realizaron 2,670 audiencias a nivel nacional, incluyendo 277 audiencias de formulación de imputación, 175 audiencias de medidas cautelares y 197 audiencias de acuerdos de pena.

Durante ese mismo período se aplicaron 217 medidas cautelares, de las cuales 102 correspondieron a detención provisional y 115 a medidas distintas a la privación de libertad.

Las fiscalías de adolescentes también registraron 212 sentencias entre enero y abril. De ellas, 181 fueron producto de acuerdos de pena y solo nueve se derivaron de juicios orales. El informe muestra además que 236 de las 237 decisiones judiciales emitidas durante el período fueron condenatorias, reflejando una tasa de condena cercana al 100% en los casos concluidos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los otros participantes en el homicidio del conductor. El caso se convirtió en uno de los hechos criminales más impactantes registrados en Panamá Oeste durante 2025, debido a la violencia empleada contra la víctima y a los intentos posteriores por desaparecer tanto el cuerpo como el vehículo utilizado para prestar el servicio de transporte.

Por norma, el panameño si no come arroz dice que no ha comido. No hay grano y menos pasta que satisfaga su apetito si en la mesa no hay arroz, cereal que según las autoridades alcanza hasta octubre próximo.

En abril el presidente José Raúl Mulino prometió que no permitiría importaciones del grano, como una medida tendiente a proteger a los productores del grano.

Ahora, ante la aparente llegada del fenómeno atmosférico de El Niño, el mandatario reiteró que “no se va a importar, a menos que se sepa de manera definitiva que el producto va a escasear, solo entonces, añadió, se harán las gestiones de compra en el exterior”.

A los productores les señaló que “estén tranquilos”, pues no se tomará como excusa la amenaza del fenómeno de El Niño “para inundar de arroz importado nuestro mercado nacional”.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá declaró a principios de mayo una alerta del fenómeno atmosférico de El Niño, tras confirmar que ya se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno climático y que existe una alta probabilidad de que se mantengan durante los próximos meses.

Ante esta eventualidad, Mulino comunicó durante su conferencia de prensa semanal que la próxima semana nombrará una comisión interinstitucional que evaluará las consecuencias del fenómeno atmosférico y los efectos que tendría sobre el sector agrícola, principalmente en el cultivo de arroz, cuyos productores ya han expresado su preocupación.

En la comisión a nombrar, manifestó que incorporará a la Autoridad del Canal de Panamá.

Afirmó, según un informe oficial, que comprende la posición de los arroceros, ya que este cultivo depende de un calendario de siembra y requiere de las lluvias para su desarrollo.

“Es un fenómeno inesperado y requiere que estemos coordinados. Vamos a esperar que esa comisión se instale; el lunes firmaré el decreto nombrándola…”, anunció.

Explicó que el tema se abordó en la reciente sesión del Consejo de Gabinete, donde se destacó la importancia de la producción nacional para las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario, ya que la escasez de este grano podría afectar el mecanismo de venta y la distribución de arroz barato al pueblo.

No obstante, reiteró que espera que el impacto del fenómeno atmosférico de El Niño sea el menor posible, por lo que “la situación se irá evaluando con el tiempo”.

En otro orden de ideas, el gobierno informó que se dio la orden de proceder para la ejecución del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, una de las obras viales que impulsa la administración de Mulino bajo el modelo de AsociaciónPúblico-Privada.

“El proyecto constituye la segunda APP desarrollada en Panamá y contempla la intervención de aproximadamente 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago, con una inversión de $312 millones, orientada a modernizar la conectividad entre Panamá Oeste y las provincias centrales, fortalecer la seguridad vial y garantizar mantenimiento permanente bajo estándares internacionales”, destaca la información oficial.

De acuerdo a las autoridades, la obra, que es ejecutada por el consorcio Vías del Istmo, S.A., forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para desarrollar infraestructura vial de alto impacto social y económico, mediante esquemas modernos de financiamiento, mantenimiento y supervisión.

El proyecto se desarrollará en dos tramos estratégicos: el primero abarcará desde Loma Campana hasta Penonomé, con una longitud aproximada de 91 kilómetros, mientras que el segundo comprenderá el trayecto Penonomé – Santiago, con 101 kilómetros adicionales.

Sendas pantallas gigantes de televisión se instalarán en casi todo el país para que los panameños puedan disfrutar del Mundial de Fútbol, evento en donde la selección de Panamá participa por segunda ocasión.

Así lo anunció el presidente, José Raúl Mulino, quien agregó que las pantallas gigantes estarán ubicadas en el Parque Recreativo Omar y en el Centro de Convenciones Atlapa, en la ciudad capital, así como en el corregimiento de Tocumen, en Panamá Oeste, y en las ciudades de Chitré, David, Santiago y Colón.

El mandatario dijo que no viajará a Toronto, Canadá, para el juego inaugural de la selección panameña contra el equipo de Ghana, el 17 de junio, por lo que estará en el país disfrutando de los partidos, al igual que el resto de la población.

Cuestionado durante su conversatorio semanal sobre si habrá televisores para que los privados de libertad vean el Mundial, contestó que eso “no se puede”.

En días anteriores la nueva defensora del pueblo, Ángela Russo, había declarado que era un “derecho humano” que los detenidos vieran el Mundial, por lo que instaba a las autoridades del Ministerio de Gobierno a instalar pantallas en los centros carcelarios.

Aseguró que los detenidos en las cárceles panameñas “están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”.

Russo fue electa defensora del pueblo por el pleno de la Asamblea Legislativa en abril de este año para el periodo 2026-2031, una elección que algunos sectores manifestaron que no tuvo sorpresa, pues alegaban que era la “ungida” de la administración de José Raúl Mulino.

Aunque no dudó en llamar “buena fe” la intención de Russo, el mandatario señaló que se está haciendo un esfuerzo por resocializar a los privados de libertad, por lo que la Defensoría del Pueblo sabrá enfocar sus esfuerzos institucionales hacia ese fin.

En cuanto a la resocializando de los privados de libertad que gestiona la administración gubernamental, el presidente agregó que esta labor se está haciendo con toda la población carcelaria.

“A los que se quieran ayudar, se les ayudará, pero las penas deben cumplirse”, sentenció Mulino.

Ya la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se había pronunciado esta semana al respecto, señalando que las cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donaciones de televisores para que los privados de libertad vean el evento deportivo.

En diversas entrevistas la funcionaria señaló que en las cárceles se necesitan muchas otras cosas de manera urgente, y puso como ejemplo la dotación del servicio de agua potable, la seguridad interna y el traslado médico de los internos.

Los centros penitenciarios, agregó la ministra Montalvo, tienen áreas comunes donde hay televisores que pueden ver durante sus horas de patio.

“Poner en la mesa un tema de si es o no un derecho un televisor definitivamente no es lo que estamos contemplando en el Sistema Penitenciario. Categóricamente le puedo decir que no es un derecho”, aseguró por su parte Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario, en declaraciones a una televisora local.

Igual manifestó que en los patios comunes de las cárceles hay televisores a los que siempre tienen acceso los detenidos, que sin duda “podrán ver el Mundial de Fútbol”.

A abril de este año la población penitenciaria en Panamá era de 24,831 privados de libertad. La capacidad de las cárceles es de 14,695, por lo que la sobrepoblación se estima en 10,379, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno.

La Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó la fusión de BAC y el banco panameño Multibank, por lo que a partir del 9 de junio operarán bajo la marca BAC.

Con esta fusión los clientes de Multibank estar conectado con la mayor red bancaria de Centroamérica, ampliando cobertura, tecnología, canales digitales y beneficios financieros, según se informó.

Datos tomados de BAC, indican que Multi Financial Group (MFG) es un grupo panameño con más de 50 años de trayectoria en el negocio financiero, que destaca con su sólido posicionamiento en Panamá. MFG es propietaria de Multibank, MB Seguros y Multi Securities.

La operación bancaria deja como resultado una combinación de activos por más de $45 mil millones, además de una cartera de crédito superior a los $32 mil millones y más de 6 millones de clientes.

Con esta nueva fusión BAC anunció inversiones por más de $340 millones en tecnología, ciberseguridad y talento humano durante el último año.

En un mensaje a sus clientes, colgado en la página web de Multibank, Ramón Chiari Brin, presidente Ejecutivo Multibank- BAC Panamá, sostiene que esta integración “nos permite servirles mejor según sus necesidades: más opciones y agilidad para personas, soluciones integrales para empresas y pymes, mejores capacidades para comercios afiliados, y herramientas de cobro, y una completa oferta para clientes patrimoniales”.

Señala que en el camino habrá evoluciones en cuanto a, por ejemplo, marcas, tarjetas o canales, pero que todo se hará “paso a paso”.

Chiari Brin informa a sus afiliados que este 15 de mayo la Superintendencia de Bancos autorizó la fusión entre BAC y Multibank, y que a partir del 9 de junio operaran como una sola entidad bajo BAC.

En marzo de este año, BAC había anunciado la culminación exitosa del proceso de compra mayoritaria de acciones de Multi Financial Group (MFG), propietario del 100% de Multibank y sus subsidiarias.

Con la transferencia efectiva de las acciones, BAC se convierte en accionista controlador de MFG y, por ende, de Multibank.

En ese momento la junta directiva de BAC ratificó a Ramón Chiari Brin como presidente ejecutivo de la entidad resultante, aportando 36 años de experiencia en la banca panameña.

Hasta que no se autorizara la fusión ambas entidades bancarias seguían operando de forma independiente, manteniendo sus productos, servicios y canales habituales.

Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la junta directiva de BAC International Bank, afirmó en esa ocasión, según una nota de entidad bancaria, que “con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional, la fortaleza financiera y las capacidades digitales de BAC.”

Los ejecutivos de BAC afirman que con esta operación la institución bancaria reafirma su liderazgo en Panamá y en la región centroamericana.

Posterior a la fusión, la entidad combinada contará con una plataforma más robusta para innovar, ampliar beneficios y profundizar el acompañamiento a personas y empresas en el país, apoyada por capacidades digitales, solidez financiera y estándares de servicio reconocidos.

BAC es una entidad de referencia en Centroamérica, con presencia en los seis países de la región, donde atiende a más de 6.3 millones de clientes, cuenta con más de 21,000 personas colaboradoras en la región y sirve a más de 300,000 negocios.

BAC Holding International (BHI) es el holding de BAC basado en Panamá, cuenta con más de 70,000 accionistas y cotiza sus acciones en las bolsas de valores en Colombia y Panamá.

Una persona de 40 años, que está entre los contactos de uno de los casos importados de sarampión, presentó un caso de “sarampión modificado”, afirmaron las autoridades de Salud.

El “sarampión modificado” es una condición descrita en personas con antecedentes de vacunación contra el sarampión, en quienes la enfermedad puede manifestarse de manera más leve, con síntomas incompletos o diferentes al cuadro clásico.

Esta forma de sarampión, de acuerdo con el Ministerio de Salud, puede ocurrir de forma excepcional cuando existe una alta exposición al virus, por lo que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para evitar hospitalizaciones y complicaciones graves.

Se informó que el paciente, que era uno de los contactos en un hostal de la ciudad capital de un holandés a quien se le detectó la enfermedad, se encuentra estable.

Las autoridades sanitarias aportaron que en estos momentos se mantienen cinco personas bajo en investigación, por haber tenido algún tipo de contacto con los casos confirmados.

Estas personas presentan manifestaciones clínicas atípicas e historia de exposiciones cercanas y prolongadas al virus en entornos laborales y de atención de salud relacionados con los casos importados, aduce el dato oficial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.

Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños.

"Tenemos que vacunar a todos los niños, a los que tengan su esquema completo se registra, y a quienes les falte la vacuna se les coloca. Esto aplica tanto para niños como para adultos, porque la enfermedad puede afectar a ambos”, indicó la jefa de enfermería del Policentro Luis H. Moreno, del corregimiento de Parque Lefevre, Milagros Bosque.

La OMS explica que antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias. Provoca fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Para la OMS, vacunarse es la mejor manera de no contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus.

El organismo de Salud manifiesta que es importante destacar que la vacunación contra el sarampión continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.

La evidencia científica demuestra que, aun cuando se presenten síntomas y se confirme la enfermedad en las personas vacunadas, los cuadros suelen ser leves o modificados, en comparación con los síntomas que presentan las personas no vacunadas, siempre según la OMS.

En Panamá el Ministerio de Salud comunicó a la población que mantiene activadas las acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos, búsqueda activa institucional y comunitaria, monitoreo clínico y aplicación de vacunas con el objetivo de prevenir cadenas de transmisión secundaria en el país.

Se le recordó a la población la importancia de verificar y completar su esquema de vacunación, acudir inmediatamente a una instalación de salud ante fiebre y exantema, seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, colaborar con el personal de salud en las actividades de investigación, seguimiento epidemiológico de contactos y vacunación.

Y si no se está vacunado y se planea viajar a un país o zona con circulación activa de sarampión, la entidad recomienda vacunarse al menos 15 días antes del viaje.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó asistir a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, eventos previstos para junio próximo en ese país.

Durante su conferencia de prensa semanal en San José, la mandataria aseguró que no contempla realizar viajes internacionales frecuentes y señaló que actualmente su prioridad está centrada en la agenda nacional.

“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: yo no me veo como una presidenta viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo esté montada en un avión”, expresó Fernández ante consultas de la prensa.

La presidenta agregó que, aunque eventualmente deberá realizar algunos desplazamientos internacionales por razones diplomáticas o de Estado, su intención es que esos viajes sean los menos posibles durante su administración.

Fernández, una politóloga de derecha de 39 años, asumió la presidencia el pasado 8 de mayo para un periodo de cuatro años y, hasta ahora, no ha anunciado cuál será su primer viaje oficial al exterior.

Precisamente, uno de los invitados internacionales que asistió a su toma de posesión fue el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un contexto marcado además por tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Costa Rica y Panamá mantienen desde 2019 una controversia comercial que actualmente se tramita ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En las últimas semanas, el conflicto volvió a escalar con intercambios de declaraciones oficiales y reclamos mutuos entre ambos gobiernos. Este jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dio la orden de suspender la venta de electricidad a Costa Rica.

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 22 al 24 de junio en Panamá, mientras que el 22 de junio tendrá lugar la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por el libertador Simón Bolívar.

El Congreso Anfictiónico de Panamá, realizado en 1826, es considerado uno de los primeros intentos de integración política regional en América Latina y un antecedente histórico del multilateralismo continental que décadas después daría origen a la OEA.

Para el Gobierno panameño, la coincidencia entre ambos encuentros tiene un fuerte valor simbólico e histórico, razón por la cual la Cancillería extendió invitaciones a distintos jefes de Estado de la región para participar en la conmemoración.

Sin embargo, la ausencia de Fernández no representaría una excepción dentro de la dinámica habitual de la OEA, ya que a las asambleas generales suelen asistir principalmente cancilleres y representantes diplomáticos, mientras que la presencia de presidentes es menos frecuente.

La decisión de la mandataria costarricense también marca una diferencia respecto a otros líderes latinoamericanos que suelen utilizar estos encuentros multilaterales para fortalecer relaciones bilaterales, sostener reuniones diplomáticas o posicionar agendas regionales.

Desde el inicio de su administración, Fernández ha insistido en que su enfoque estará concentrado en temas internos como infraestructura, seguridad, empleo y reactivación económica, áreas que ha señalado como prioritarias para su gobierno.

Con más de 35 años de experiencia en temas canaleros, Ilya Espino de Marotta fue designada como nueva administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo.

Desde el 1 de enero de 2020 Espino de Marotta ejercía como subadministradora de la vía acuática, siendo igualmente la primera mujer en ocupar esa posición.

La nueva administradora de la vía acuática reemplaza en el cargo a Ricaurte Vásquez Morales, cuyo periodo concluye en septiembre de este año.

Durante su comparecencia una vez anunciada su elección, Espino de Marotta recalcó la importancia de mantener al Canal lejos de los vaivenes políticos, aunque trabajar en conjunto con los gobiernos.

Por el Canal de Panamá transita cerca del 3% del comercio mundial, conectando a más de 180 rutas marítimas hacia unos 170 países.

La escogencia de Espino de Marotta surge luego de una amplia consulta, desde la definición del perfil hasta la definición final del candidato, explicó el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clément.

Agregó que la búsqueda de profesionales panameños para ocupar dicho cargo abarcó tanto el ámbito nacional como el internacional, identificando más de 100 perfiles destacados.

Desde enero se contó con el acompañamiento de una firma consultora, seleccionada por su independencia, rigor y experiencia en procesos de esta naturaleza.

Luego de un profundo análisis, los candidatos finalistas fueron sometidos a una evaluación multidimensional, que incluyó aplicación de pruebas que analizan el liderazgo, entre otras cualidades.

La carrera de Espino de Marotta en el Canal de Panamá inició en 1985, como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial.

En la actualidad, la ahora nueva administradora de la vía acuática laboraba junto a más de 1,000 mujeres, y se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante la ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá.

La Junta Directiva del Canal de Panamá la designó como subadministradora el 15 de febrero de 2019, junto con el nombramiento del actual administrador Ricaurte Vásquez Morales.

En cuanto a su formación, su biografía detalla que obtuvo una licenciatura en Ingeniería Marina de la Universidad de Texas A&M y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua, en la ciudad de Panamá.

Participó en el Programa de Desarrollo Ejecutivo de la INCAE Business School y en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern; y cuenta con una certificación de administrador de proyectos del Project Management Institute.

Horas antes de su designación, que era esperada por periodistas convocados a una conferencia de prensa, el presidente de la República, José Raúl Mulino daba a conocer la designación de Espino de Marotta mediante un tuit en sus redes sociales.

"He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños", posteó Mulino.

Espino de Marotta llega al puesto en un momento clave para el Canal de Panamá, como lo es el abastecimiento de agua.

Más temprano, Espino de Marotta se refirió a los desafíos y aseguró a TVN que los retos institucionales trascienden a la persona que ocupe el cargo.

“Los retos son el proyecto del agua de río Indio, el crecimiento del Canal con los otros proyectos que tenemos enfrente, el corredor logístico y el desarrollo de dos puertos adicionales para seguir siendo un núcleo importante para el comercio mundial”, apuntó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este jueves la suspensión inmediata e indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica, una decisión vinculada a las declaraciones de la presidenta costarricense Laura Fernández en medio del conflicto comercial por productos agropecuarios.

Esta medida cobra peso porque el país vecino se prepara para un 2026 atravesado por los efectos de El Niño, con riesgo de sequías y racionamientos eléctricos.

La decisión se conoció horas después de que Fernández anunciara que activaría “todos los mecanismos que estén a su alcance” para intentar levantar el bloqueo panameño a productos costarricenses. El choque bilateral ya había llegado a la Organización Mundial de Comercio, donde un panel falló a favor de Costa Rica en 2024, aunque Panamá apeló esa decisión en enero de 2025.

Mulino explicó en su conferencia semanal que Costa Rica solicitó un mayor acceso a la energía panameña “producto de sus propias necesidades”. Según indicó, ya instruyó al ministro Julio Moltó para comunicar al Instituto Costarricense de Electricidad que “por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”.

La suspensión de electricidad se sumó a una disputa comercial que sigue abierta en la OMC

El mandatario panameño argumentó que la decisión responde al principio de “reciprocidad” en la relación bilateral. “Yo creo mucho en el principio rector de las relaciones internacionales, que es la reciprocidad, y créamelo que esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar a la relación con Costa Rica”, afirmó Mulino.

También criticó la manera en que Fernández llevó el reclamo a la esfera pública. “Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia, eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, dijo.

Mulino detalló que autoridades panameñas y costarricenses ya habían sostenido reuniones para tratar los planes de venta de energía, aunque no brindó detalles sobre esos contactos. Agregó estar “sorprendido” por la reacción del gobierno de Costa Rica.

El trasfondo comercial de la disputa se remonta a 2019 y 2020. Las restricciones panameñas afectan frutas y productos bovinos costarricenses, incluidos lácteos, carne y embutidos. Asimismo, banano, plátano, pollo, cerdo, fresas y piña.

Una de las quejas más precisas del reclamo costarricense es que Panamá mantiene bloqueadas 26 plantas exportadoras. Estas restricciones han sido justificadas por razones de seguridad sanitaria.

Laura Fernández pidió acciones internacionales por pérdidas de “muchos millones”

Laura Fernández, que asumió el cargo el 8 de mayo, ordenó al canciller Manuel Tovar poner en marcha “una estrategia bilateral” y conformar una mesa de trabajo que “tiene que dar resultados”. Pidió públicamente iniciar acciones internacionales contra Panamá por el cierre a productos costarricenses.

La presidenta subrayó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de su país y definió la resolución de la disputa como una prioridad para su administración. En uno de sus pronunciamientos más severos, afirmó: “No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla... Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”.

Mulino aseguró que su prioridad es “proteger a los panameños” y responsabilizó también a Costa Rica de mantener bloqueadas durante más de 10 años a “un sinnúmero” de empresas de Panamá. Enfatizó que “la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto”.

Panamá concretó uno de los proyectos más ambiciosos de su estrategia para descentralizar el turismo con la confirmación de una nueva ruta aérea directa entre Quito, Ecuador, y Río Hato, que comenzará operaciones el próximo 17 de julio.

La iniciativa busca convertir al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez en una puerta de entrada permanente para visitantes extranjeros hacia la Riviera Pacífica, reduciendo la dependencia de la Ciudad de Panamá como principal punto de acceso al país.

La nueva conexión fue anunciada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Fondo de Promoción (PROMTUR), tras concretar una alianza con el mayorista turístico MaxiTravel y la aerolínea Aeroregional.

El servicio contará con vuelos semanales y una capacidad de 168 pasajeros por operación, conectando directamente el mercado ecuatoriano con uno de los principales destinos de playa de Panamá.

La confirmación de la ruta llega pocas semanas después de que el director general de PROMTUR Panamá, Salomón Shamah, adelantara a Infobae que Panamá se encontraba negociando vuelos internacionales directos hacia el interior del país como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo turístico fuera de la capital.

En ese momento, Shamah identificó a Quito como una de las primeras ciudades objetivo junto con Bogotá y Medellín.

Según explicó entonces, el objetivo es corregir una de las principales limitaciones que enfrenta la Riviera Pacífica: el costo y la complejidad logística que implica trasladar turistas desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta destinos como Río Hato, Pedasí o el Golfo de Chiriquí.

Para apoyar esta estrategia, el Gobierno aprobó una inversión de $4 millones a través de PROMTUR, a la que se suma un aporte adicional de $1 millón del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Los recursos están destinados a incentivar nuevas rutas internacionales hacia aeropuertos regionales, especialmente Río Hato y David.

La administradora general de la ATP, Gloria De León, destacó que la conectividad aérea directa es un elemento clave para acelerar el desarrollo de la Riviera Pacífica.

“Río Hato crecerá exponencialmente si apostamos por la conectividad aérea directa, tal como lo hacen los países que han desarrollado exitosamente sus destinos de playa. Este vuelo desde Quito representa un paso importante dentro de una estrategia que continuará incorporando nuevas rutas y abriendo nuevos mercados para el interior del país”, señaló.

La nueva operación permitirá que turistas ecuatorianos lleguen directamente a Río Hato en aproximadamente dos horas de vuelo. Durante la fase inicial del proyecto, MaxiTravel proyecta movilizar cerca de 3,000 visitantes ecuatorianos hacia la Riviera Pacífica panameña, lo que podría traducirse en mayores ingresos para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios locales.

La meta de ATP, PROMTUR y sus socios privados es que la ruta evolucione más allá de una operación temporal y logre consolidarse como un servicio permanente durante todo el año.

Precisamente, uno de los objetivos centrales de la estrategia turística es reducir la dependencia de vuelos estacionales, especialmente aquellos provenientes de Canadá, que históricamente han sido la principal fuente de tráfico internacional hacia Río Hato.

El modelo diseñado por PROMTUR contempla compartir el riesgo comercial entre aerolíneas, hoteles y operadores turísticos. Según explicó Shamah, los turoperadores asumirían una parte de los asientos mediante precompra, las aerolíneas comercializarían otra porción a través de sus canales tradicionales y los hoteles reservarían cupos para sus clientes. PROMTUR respaldaría financieramente la operación durante la etapa inicial para ayudar a consolidar la demanda.

La estrategia también contempla futuras conexiones desde otras ciudades de América Latina. Entre los mercados bajo evaluación figuran Bogotá y Medellín, en Colombia, así como nuevas rutas hacia el Aeropuerto Internacional Enrique Malek de David, donde las autoridades buscan desarrollar una combinación de turismo de compras, naturaleza y playa aprovechando la cercanía con el Golfo de Chiriquí.

Las aerolíneas evaluadas para participar en futuras operaciones incluyen a Wingo, Air Panamá y otros operadores que mantienen conversaciones con las autoridades turísticas.

El objetivo es construir una red de conexiones internacionales que permita a los visitantes llegar directamente a los destinos finales sin necesidad de pasar por la capital.

Actualmente, la Riviera Pacífica concentra la mayor oferta hotelera de playa del país, con resorts, villas y complejos turísticos ubicados principalmente en Río Hato y zonas cercanas. Sin embargo, la falta de vuelos internacionales directos ha limitado históricamente su competitividad frente a destinos consolidados como Punta Cana, en República Dominicana, o Guanacaste, en Costa Rica.

Con esta nueva ruta desde Quito, las autoridades esperan avanzar en la meta de superar los más de tres millones de visitantes internacionales que recibió Panamá en 2025 y distribuir de manera más equilibrada los beneficios económicos del turismo hacia las provincias del interior del país.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llegará este fin de semana a Panamá como parte de una gira internacional que incluirá una reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino, encuentros con miembros de la comunidad venezolana y actividades políticas que podrían incluir una concentración pública en la capital panameña.

La visita fue confirmada este jueves por Mulino durante su conferencia de prensa semanal. El mandatario reveló que Machado le solicitó una reunión hace unas tres semanas y que ambos sostendrán un encuentro el próximo lunes para conversar sobre la situación política de Venezuela y las perspectivas democráticas del país sudamericano.

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, declaró el presidente panameño al ser consultado sobre el encuentro.

La visita de Machado ocurre apenas cinco meses después de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado por el Comité Noruego del Nobel por su trabajo en favor de la democracia en Venezuela.

Aunque no pudo participar en la ceremonia oficial celebrada el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, su hija recibió el galardón en su nombre mientras la dirigente realizaba una compleja salida clandestina desde Venezuela.

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia tras una operación de extracción que, según diversos medios internacionales, contó con apoyo logístico de exintegrantes de fuerzas especiales estadounidenses y de organizaciones privadas dedicadas a operaciones de rescate. La dirigente salió de Venezuela a través de rutas irregulares, cruzó por mar hasta Curazao y posteriormente viajó a Noruega.

En aquel momento, Mulino se convirtió en uno de los mandatarios latinoamericanos que respaldó públicamente a la dirigente opositora y viajó para participar en actividades relacionadas con el reconocimiento internacional otorgado a Machado, consolidando una relación política que ahora tendrá un nuevo capítulo con la reunión prevista en Panamá.

Desde entonces, la situación política venezolana ha cambiado drásticamente. A inicios de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado en una operación sorpresa encabezada por autoridades estadounidenses, un hecho que modificó el panorama político regional y abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro institucional venezolano.

Desde entonces, Machado se ha convertido en una de las figuras más visibles en los esfuerzos para impulsar una transición democrática.

Fuentes vinculadas a la organización de la visita señalaron que la dirigente sostendrá reuniones con simpatizantes venezolanos residentes en Panamá y con representantes de distintos sectores políticos y empresariales.

También se evalúa la realización de una actividad pública o concentración con miembros de la diáspora venezolana radicada en el país.

Panamá alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas de Centroamérica y durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos de migración para ciudadanos que abandonaron Venezuela debido a la crisis económica y política.

Aunque Mulino evitó adelantar detalles específicos sobre la agenda que abordará con Machado, reiteró que Venezuela continúa siendo un tema de preocupación para Panamá y para otros países de la región.

“Es un problema que nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, afirmó el mandatario panameño.

Con esta visita, Machado suma a Panamá a una gira internacional que busca mantener el respaldo político y diplomático a los sectores que promueven una transición democrática en Venezuela, en un momento en que el futuro político del país sigue siendo uno de los temas más relevantes de la agenda regional.

En medio de la creciente disputa comercial entre Panamá y Costa Rica, el presidente panameño José Raúl Mulino anunció que, por ahora, su gobierno no autorizará ventas adicionales de energía eléctrica al país vecino más allá de los intercambios contemplados dentro del sistema regional de interconexión centroamericano.

La decisión ocurre mientras ambos países mantienen diferencias comerciales que han escalado al plano diplomático y en momentos en que Panamá registra un fuerte aumento en sus exportaciones de electricidad.

Durante una conferencia de prensa, Mulino confirmó que Costa Rica había solicitado mayor acceso a energía panameña debido a sus necesidades internas, pero aseguró que instruyó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para comunicar la posición oficial del Gobierno panameño.

“Le dije al ministro que le manifestara, y creo que lo hizo, a las autoridades ticas que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones representan un nuevo capítulo dentro del conflicto comercial que mantienen ambos países desde hace varios años y que recientemente volvió a intensificarse tras las declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien acusó a Panamá de mantener restricciones injustas contra productos costarricenses y trasladó el tema a la Cancillería de su país para impulsar acciones diplomáticas e internacionales.

Mulino aseguró que recibió con sorpresa el tono adoptado por la nueva administración costarricense y defendió la postura panameña frente a las restricciones comerciales.

Recordó que durante más de una década múltiples empresas panameñas enfrentaron obstáculos para exportar productos hacia Costa Rica, situación que Panamá considera contraria al principio de reciprocidad en las relaciones bilaterales.

“Mi deber es proteger a los panameños”, afirmó el presidente panameño al explicar que diversas compañías nacionales fueron bloqueadas en el mercado costarricense pese a haber operado durante años en ese país.

También recordó que, tras el fallo emitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) relacionado con el diferendo comercial, el entonces presidente costarricense Rodrigo Chaves le pidió personalmente a Panamá no apelar la decisión y acatar el fallo. Sin embargo, Mulino defendió la decisión de presentar la apelación.

“Es imposible. Yo tengo que proteger a nuestro sector”, sostuvo el mandatario, quien insistió en que Panamá mantiene disposición al diálogo y a la negociación entre ambas partes. Según explicó, su gobierno está dispuesto a discutir las diferencias comerciales, pero bajo condiciones de respeto mutuo y reciprocidad.

El presidente panameño también cuestionó el manejo público que Costa Rica ha dado al conflicto. “Siempre he creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto”, señaló Mulino, quien evitó profundizar en declaraciones confrontativas, aunque dejó claro que Panamá ejercerá medidas recíprocas cuando considere que sus intereses nacionales están siendo afectados.

La tensión comercial ocurre en momentos en que Panamá ha incrementado significativamente sus exportaciones de electricidad hacia la región centroamericana.

Datos de la Contraloría General de la República muestran que durante el primer trimestre de 2026 las exportaciones eléctricas alcanzaron 379.4 millones de kilovatios hora (kWh), un aumento de 79.7% frente a los 211.2 millones registrados en el mismo período de 2025.

Solo en marzo de este año Panamá exportó 143.3 millones de kWh, una cifra que refleja el creciente papel del país dentro del Mercado Eléctrico Regional de América Central, especialmente en momentos de alta demanda energética en algunos países vecinos.

El crecimiento de las exportaciones energéticas coincide además con cambios importantes dentro de la matriz eléctrica panameña. En las últimas semanas, la generación térmica —impulsada principalmente por plantas a gas natural— desplazó a la generación hidráulica como principal fuente individual de electricidad del país, fortaleciendo la capacidad panameña para abastecer tanto el consumo interno como parte de la demanda regional.

El mandatario insistió en que Panamá mantiene interés en preservar una relación constructiva con Costa Rica, país al que describió como “vecino y amigo”. No obstante, reiteró que su administración no aceptará relaciones asimétricas en materia comercial ni medidas que afecten a productores panameños mientras se exige apertura para productos costarricenses.

La disputa entre ambos países involucra principalmente restricciones sanitarias y fitosanitarias relacionadas con productos agropecuarios. Panamá sostiene que sus controles buscan proteger la producción nacional y cumplir estándares internacionales, mientras Costa Rica argumenta que varias medidas limitan injustificadamente el ingreso de sus productos al mercado panameño.

Mientras continúan las tensiones diplomáticas y comerciales, la electricidad se suma ahora a los temas sensibles dentro de la relación bilateral entre dos de las economías más integradas de Centroamérica.

En medio del aumento de las temperaturas, la declaración de alerta por la posible formación del fenómeno de El Niño y las preocupaciones sobre su impacto en los embalses y la generación hidroeléctrica, el sistema eléctrico panameño ha comenzado a mostrar un cambio significativo en la composición de su matriz energética.

Aunque las fuentes renovables continúan aportando más de la mitad de la electricidad consumida en el país, la generación térmica se convirtió en la principal fuente individual de producción energética, desplazando temporalmente a la hidráulica.

Datos del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que en los últimos días la generación renovable aportaba 926.19 megavatios (MW), equivalentes al 52.72% de la electricidad producida en el país, mientras que las plantas térmicas contribuían con 830.57 MW, o el 47.28% del total.

Sin embargo, al desagregar la matriz por tecnología, la generación térmica lideraba individualmente con 827.06 MW, equivalente al 47.02% de la producción nacional, superando a la generación hidroeléctrica, que aportaba 520.84 MW o 29.61%.

La diferencia refleja una transformación relevante respecto a los primeros meses del año, cuando la generación hidráulica mantenía una posición dominante dentro del sistema eléctrico nacional gracias a los aportes de los embalses y de las lluvias registradas durante la temporada húmeda.

Ahora, con una menor disponibilidad de agua y un escenario climático más incierto, las plantas térmicas han ganado protagonismo para garantizar el suministro eléctrico.

La situación ocurre mientras las autoridades monitorean el comportamiento del fenómeno de El Niño, asociado históricamente a menores precipitaciones en Panamá y a una reducción en los niveles de los embalses utilizados para generación eléctrica.

El fenómeno también representa un desafío para otras actividades económicas estratégicas, incluido el Canal de Panamá, debido a su dependencia de los recursos hídricos.

A pesar del avance térmico, las energías renovables continúan siendo el principal bloque de generación cuando se suman todas sus tecnologías.

Además de la hidráulica, la energía solar aportaba 242.80 MW, equivalentes al 13.80% de la producción nacional, mientras que la energía eólica contribuía con 168.24 MW o 9.56%. En conjunto, estas fuentes permiten que Panamá mantenga una participación renovable superior al 50% de su matriz eléctrica.

Dentro de la generación térmica sobresalen especialmente las plantas alimentadas con gas natural. Entre los principales generadores se encontraba el complejo Proyecto Gatún, ubicado en Colón, cuyas tres unidades aportaban aproximadamente 518 MW combinados al sistema.

Esta instalación se ha convertido en uno de los pilares del suministro eléctrico nacional durante los períodos de menor disponibilidad hídrica.

Otro actor relevante es la planta termoeléctrica de Cobre Panamá. Las dos unidades registradas en el sistema aportan cerca de 293 MW en conjunto, convirtiéndose en una de las mayores fuentes individuales de generación del país.

La planta fue autorizada por el Gobierno panameño para operar mientras el proyecto minero permanece en fase de preservación y gestión ambiental tras el cierre de operaciones extractivas ordenado en 2023.

La energía producida por esta instalación supera ampliamente las necesidades actuales de mantenimiento del complejo minero. Por ello, el excedente diario es comercializado al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a cubrir la demanda eléctrica del país y reduciendo la necesidad de incorporar otras fuentes de generación más costosas.

El comportamiento actual del sistema también refleja que Panamá mantiene suficiente capacidad para cubrir el consumo nacional. Al momento de la consulta, la generación total alcanzaba 1,777 MW, mientras que la demanda nacional se situaba en 1,586 MW, lo que evidencia un margen operativo favorable para responder a incrementos en el consumo.

La demanda eléctrica, precisamente, se ha convertido en otro indicador bajo vigilancia. Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han incrementado el uso de sistemas de aire acondicionado tanto en hogares como en comercios e industrias. Este comportamiento suele traducirse en mayores requerimientos de energía durante las horas de mayor calor.

El récord histórico de demanda en Panamá continúa siendo de 2,235 MW, registrado el 30 de agosto de 2023 a las 2:41 p.m., una cifra que sirve como referencia para medir la capacidad de respuesta del sistema ante eventos extremos de consumo.

Expertos del sector energético han señalado que la diversificación de la matriz eléctrica se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar escenarios climáticos adversos. La incorporación de gas natural, energía solar y eólica ha permitido reducir la dependencia exclusiva de los embalses, otorgando mayor flexibilidad al sistema para responder a eventos como El Niño.

Mientras tanto, la evolución de las lluvias durante los próximos meses será determinante para establecer si la generación hidráulica recupera protagonismo o si las plantas térmicas continúan liderando el abastecimiento eléctrico del país. Por ahora, los datos muestran una realidad poco habitual en Panamá: aunque las energías renovables siguen siendo mayoritarias en conjunto, la principal fuente individual de generación es la térmica, impulsada por el gas natural y por el aporte creciente de instalaciones como la planta de Cobre Panamá.

Embalses

En momentos en que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene una alerta ante la posible formación del fenómeno de El Niño, los principales embalses que abastecen al parque hidroeléctrico nacional continúan mostrando niveles dentro de parámetros operativos normales.

El principal embalse del país, Fortuna, ubicado en Chiriquí y clave para la generación hidroeléctrica nacional, registraba un nivel de 1,027.08 metros sobre el nivel del mar (msnm), equivalente al 54% de su rango operativo entre el nivel mínimo de 1,000 msnm y el máximo de 1,050 msnm.

Otro de los reservorios estratégicos del sistema, Estí, también en la provincia de Chiriquí, reportaba un nivel de 224.03 msnm, equivalente al 58% de su rango operativo. A su vez, Estí Barrigón se ubicaba en 217.07 msnm, equivalente al 53% de su capacidad de operación.

Entre los embalses con mejores indicadores destaca Pando, en la cuenca del río Chiriquí Viejo, que se encontraba al 96% de su nivel operativo máximo, mientras que Bonyic, en Bocas del Toro, incluso superaba ligeramente el nivel máximo de referencia al registrar 240.21 msnm frente a un máximo de 240 msnm.

En conjunto, los principales reservorios que alimentan el parque hidroeléctrico nacional continúan operando dentro de parámetros considerados normales por el Centro Nacional de Despacho, lo que indica que el mayor protagonismo de la generación térmica observado actualmente responde más a la creciente participación de las plantas a gas natural que a una disminución crítica en las reservas de agua disponibles para producir electricidad.

La justicia panameña ordenó la detención provisional de Orlando Cuesta, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable del femicidio de la fiscal Patricia Soledad Ossa Sánchez, ocurrido el pasado 18 de mayo en Pueblo Nuevo.

Durante una audiencia de garantías, la Fiscalía logró además la imputación de cargos por femicidio y robo agravado, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los casos que más ha conmocionado al sistema judicial panameño en los últimos años.

La decisión fue adoptada por un juez de garantías luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público sustentara la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida cautelar busca garantizar el desarrollo de las diligencias mientras se recopilan evidencias y se determina la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pueblo Nuevo. La investigación sostiene que el hombre habría quitado la vida a la funcionaria utilizando un arma de fuego cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades también incorporaron un cargo por robo agravado debido a que, hasta la fecha, no ha sido ubicado el teléfono celular de la fiscal. La desaparición de este dispositivo forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, que busca reconstruir los hechos ocurridos antes y después del crimen.

Patricia Soledad Ossa Sánchez, de 38 años, se desempeñaba como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, una de las unidades especializadas más sensibles dentro del Ministerio Público panameño.

Su labor consistía precisamente en investigar delitos relacionados con homicidios y violencia contra las mujeres, circunstancia que ha dado una dimensión adicional al impacto generado por su muerte.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho se produjo en medio de una discusión entre la funcionaria y su pareja sentimental. Informes preliminares conocidos durante los primeros días de la investigación indicaron que el incidente habría ocurrido tras un conflicto de carácter personal que terminó con un disparo mortal.

Sin embargo, las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras continúan las pericias y análisis de las evidencias recabadas.

La noche del crimen, la víctima fue trasladada por el propio sospechoso al Hospital San Miguel Arcángel. Allí, el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

Poco después, unidades de la Policía Nacional procedieron con la aprehensión del hombre señalado, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación condenó el hecho y reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a los responsables de delitos que atenten contra la vida de las mujeres.

En un comunicado oficial, la institución también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la fiscal fallecida.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer calificó el caso como un presunto femicidio y aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, amenazas o agresiones a presentar las denuncias correspondientes y buscar apoyo institucional. La entidad advirtió sobre la necesidad de no normalizar conductas violentas dentro de las relaciones de pareja.

La Policía Nacional también manifestó públicamente que, según la información disponible hasta el momento, el caso no guarda relación con estructuras de crimen organizado.

Los investigadores han centrado sus esfuerzos en esclarecer la dinámica de los hechos, determinar el móvil del crimen y analizar las circunstancias que rodearon la muerte de la funcionaria.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia de género en Panamá. Datos oficiales del Ministerio Público muestran que entre enero y abril de 2026 se registraron nueve víctimas de femicidio, frente a cuatro reportadas durante el mismo período de 2025.

La cifra representa un incremento de 125%, una tendencia que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y entidades gubernamentales encargadas de la protección de las mujeres.

Además de los nueve femicidios registrados durante los primeros cuatro meses del año, las estadísticas oficiales reportan 13 tentativas de femicidio y tres muertes violentas de mujeres que permanecen bajo investigación para determinar si encajan dentro de la tipificación establecida en la legislación panameña.

Mientras la investigación continúa, Orlando Cuesta permanecerá detenido de forma provisional por orden judicial. La Fiscalía deberá continuar recopilando pruebas, incluyendo análisis forenses, peritajes tecnológicos y testimonios, para sustentar la acusación formal por femicidio y robo agravado en un proceso que ha colocado nuevamente el foco sobre la violencia contra las mujeres en Panamá.

La tensión comercial entre Panamá y Costa Rica continuó marcando la relación bilateral, luego de nuevas declaraciones desde San José y la respuesta del ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien defendió los controles fitosanitarios del país y pidió resolver las diferencias mediante el diálogo técnico, no desde el discurso político.

Moltó respondió a las recientes declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien elevó el tono del conflicto al asegurar que defenderá a los productores de su país frente a lo que considera restricciones impuestas por Panamá.

El funcionario panameño insistió en que ambos países deben resolver sus diferencias mediante el diálogo y no a través de declaraciones públicas. “Costa Rica es un país hermano. Yo creo que este tipo de diferencias se solucionan en la mesa, no con discursos de politiquería en estrado, que no nos llevan a ningún lado”, afirmó el titular del Ministerio de Comercio e Industrias.

Las declaraciones se producen pocos días después de que la presidenta Laura Fernández asegurara que el conflicto comercial con Panamá es una prioridad para su administración y anunciara que trasladó el tema directamente a la Cancillería costarricense para impulsar acciones diplomáticas e internacionales.

Fernández afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de Costa Rica.

La controversia entre ambas naciones tiene varios años de historia. Panamá sostiene que productores nacionales han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales en Costa Rica durante más de una década, mientras que San José acusa a Panamá de mantener barreras que afectan el ingreso de productos agrícolas, lácteos y cárnicos costarricenses.

El diferendo incluso llegó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde continúa abierto tras una apelación presentada por Panamá.

Moltó defendió la posición panameña y aseguró que el país no está dispuesto a flexibilizar sus exigencias sanitarias. “Panamá va a defender y a cuidar sobre todo su sector productivo, su sistema fitosanitario, sus niveles de control. Panamá no va a disminuir sus niveles de calidad”, sostuvo.

El ministro destacó que los productos panameños cumplen estándares internacionales que les permiten acceder a mercados altamente exigentes. “Panamá está exportando a Europa, a Japón, a Asia, a Estados Unidos, a todas partes. Eso significa que el producto panameño tiene muchísimos buenos estándares”, afirmó.

Añadió que el país no pondrá en riesgo exportaciones de sectores como la piña, el café, el cacao, la carne de cerdo y la carne bovina por incumplimientos a las normas sanitarias establecidas.

Según el funcionario, la posición de Panamá se basa en exigir las mismas condiciones para ambas partes. “Nosotros no es que no queremos, sino que queremos que cumplan con los niveles fitosanitarios panameños”, indicó.

También recordó que plantas panameñas han enfrentado durante años dificultades para obtener certificaciones que les permitan exportar a Costa Rica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá había señalado previamente que diversas empresas panameñas, algunas con más de diez años exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá.

A pesar de la tensión, Moltó insistió en que la relación bilateral debe mantenerse sobre bases de cooperación y comercio. Recordó que Panamá y Costa Rica mantienen un intercambio económico significativo y que incluso existe integración energética regional.

“Nosotros con Costa Rica tenemos que seguir comerciando. Nosotros le vendemos electricidad como país a Centroamérica, incluyendo a Costa Rica”, señaló.

El ministro evitó responder directamente a las motivaciones políticas detrás de la postura adoptada por la nueva mandataria costarricense.

“No me voy a meter en temas de otro país”, afirmó. Sin embargo, reiteró que los productores panameños merecen el mismo trato que reciben los productores costarricenses y defendió la necesidad de que cualquier solución se alcance mediante conversaciones técnicas.

La controversia comercial coincide con otro hecho que ha llamado la atención en la relación bilateral. Esta semana, la presidenta Laura Fernández descartó asistir a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que se celebrarán en Panamá en junio.

La mandataria explicó que no se considera una “presidenta viajera” y aseguró que actualmente tiene prioridades internas que atender en Costa Rica.

Mientras tanto, Panamá mantiene que el conflicto debe resolverse mediante mecanismos técnicos y comerciales. “Estoy seguro de que como países hermanos en una mesa podemos solucionar”, afirmó Moltó, quien reiteró que ambos países tienen productos de calidad y que existe espacio para alcanzar acuerdos que permitan restablecer plenamente el flujo comercial entre las dos economías vecinas.

La tarifa aplicable a rentas pasivas de fuente extranjera obtenida por entidades no calificadas estará sujeta a imposición de manera excepcional conforme con una tarifa única y definitiva del 15%, fue una de las modificaciones que recibió en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 641 de sustancia económica.

Otra de las propuestas presentadas es que una vez el proyecto se convierta en ley comience a regir a partir del periodo fiscal del 2027, y tendrá un periodo de 90 días para su reglamentación.

Estas modificaciones corresponden al primer bloque que se analiza en el Legislativo, el cual cuenta con alrededor de 10 artículos, entre los que se destaca que adiciona un capítulo denominado reglas de sustancia económica para rentas pasivas al título primero del libro cuarto del Código Fiscal.

Igualmente, se establecen las reglas de sustancia económica aplicables a las entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá, que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, quienes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas en este capítulo, a efecto de que dichas rentas no se consideren grabadas de manera excepcional de conformidad con el principio de territorialidad previsto en el marco normativo del país.

Un informe de la Asamblea Nacional detalla que, de igual manera, se modifica el título del proyecto de Ley 641, porque modifica y adiciona artículos al Código Fiscal, relativos al impuesto sobre la renta y a la suspensa económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

El proyecto de ley modifica el Código Fiscal para introducir reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La iniciativa surge en medio de las presiones internacionales para que Panamá fortalezca sus mecanismos fiscales y abandone listas discriminatorias de la Unión Europea vinculadas a jurisdicciones consideradas no cooperadoras.

La propuesta establece que determinadas entidades multinacionales domiciliadas en Panamá deberán demostrar que cuentan con actividad económica real en el país para mantener beneficios fiscales sobre ingresos generados en el extranjero. Esto incluye probar que poseen personal, instalaciones, gastos operativos y toma de decisiones dentro del territorio panameño.

La ley define como rentas pasivas ingresos provenientes de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, alquileres y otros activos financieros o mobiliarios. Si las empresas no logran demostrar sustancia económica suficiente, pasarían a ser consideradas entidades no calificadas y quedarían sujetas a un impuesto fijo de 15% sobre la renta bruta obtenida en el extranjero.

Esta es una “ley de panameños hecha para los panameños”, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que la misma está enfocada en mantener la competitividad del país donde el objetivo principal es preservar los trabajos existentes y crear las condiciones para que se generen nuevas plazas de trabajo en el sector privado.

Este primer bloque de modificaciones cuenta con alrededor de 10 artículos, entre los que se destaca el número uno que adiciona un capítulo denominado reglas de sustancia económica para rentas pasivas al título primero del libro cuarto del Código Fiscal para que, según se explicó, sea el capítulo segundo y se corre la numeración de los siguientes capítulos.

Citado por la información de la Asamblea, Eduardo Gaitán, presidente de esta instancia legislativa, señaló que este primer bloque de modificaciones es el resultado de un amplio periodo de consultas en consenso con todos los actores, como economistas independientes, gremios tributaristas y abogados, quienes ayudaron a robustecerlo para que resulte una ley sana que fortalezca la economía del país.

Informó que para este jueves se espera la presentación del segundo bloque para que, posteriormente, se proceda a aprobarlo en primer debate y que pase al pleno legislativo.

A pesar de que persisten las largas filas que deben hacer los panameños para obtener alimentos accesibles al bolsillo en las ferias que a lo largo del país organiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la entidad señala que mediante esta actividad más de 560 mil familias aseguran el plato de comida.

Esta política, que la entidad cataloga como “exitosa”, aduce que se debe a las medidas de seguridad alimentaria que adelanta la administración de José Raúl Mulino.

“Esta política exitosa de conectar directamente al productor nacional con el consumidor se logra a través de las Agroferias y las Tiendas del Pueblo a lo largo del año, al igual que con las Naviferias durante las fiestas de fin de año”, explicó Nilo Murillo, director del IMA.

En las 154 Naviferias desarrolladas en la temporada navideña de 2025, se vendieron 500 mil jamones tipo picnic, de los cuales 300 mil fueron de producción nacional, manifestó Murillo, quien agregó que el 100% de los jamones serán panameños.

Insistió en que estas políticas han logrado que los panameños que recurren a las tiendas permanentes y temporales del IMA compren productos de la canasta con un 54% de ahorro.

De igual forma, Murillo destacó, de acuerdo con una nota de prensa oficial, que 57 mil productores nacionales han ofrecido sus productos en las diferentes tiendas y ferias de la institución.

Aseguró también que el IMA ha trabajado cerca del gremio que produce el principal rubro alimenticio del país, el arroz, y que en el último año la entidad que dirige ha comprado 1.2 (millones) de quintales de la producción nacional.

En Panamá el consumo per cápita de arroz se estima en unas 154.32 libras, uno de los más altos de la región.

El abastecimiento nacional del grano presenta niveles suficientes para garantizar la seguridad alimentaria del país, siempre que se respeten los parámetros históricos de consumo e inventarios, advirtió en su momento el productor Omar Spiegel.

Para este 2026 el análisis evidencia que, con un consumo mensual promedio de 719,000 quintales y un nivel de abastecimiento superior al promedio histórico al 7 de febrero, el mercado puede atender la demanda interna sin requerir importaciones adicionales por desabastecimiento.

Solo las inversiones de la entidad en este rubro han significado una inversión de entre $90 y $95 millones, aseguró Murillo.

Como parte de la red de atención, la institución cuenta con 13 de las llamadas Tiendas del Pueblo, seis Agro-distribuidoras ubicadas en las comarcas indígenas y se han realizado más de 2,800 Agro-ferias anuales.

Durante el desglose de las actividades del IMA, Murillo sostuvo que el sector lechero también ha recibido un fuerte apoyo, comprando 1,843,806 litros directamente a los productores.

“Las Tiendas del Pueblo han operado con gran éxito…con ofertas para una alimentación completa y nutritiva en productos como arroz, leche, cebolla, maíz, frijol, sopa de tomate con pollo o en lata, chili chiricano en lata, guandú en lata y jamón.

El director del IMA anunció que pronto abrirán nuevas ferias en distintos lugares del país, como Río Hato, Aguadulce, Monjarás Calobre, Atalaya, Cañazas y Alcalde Díaz.

En el periodo 2025-2026 se han desarrollado 2,800 Agroferias, en las cuales se han vendido más de 1.6 millones de quintales de arroz, la mayor parte proviene de productores locales, indica una nota oficial.

“Todo esto se logra con un apoyo decidido al sector agrícola y agroindustrial panameño, lo que se manifiesta en un flujo de pago inmediato al productor, la habilitación de espacios directos de venta en las ferias y tiendas del pueblo y en el plan de fortalecimiento de proteínas panameñas”, alega la información.

Las prioridades regionales que marcarán la agenda ambiental de la región para el período 2026-2027 fueron discutidas, analizadas y acordadas hoy en Panamá por los ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro del XXV Foro de ministros de Ambiente se trataron temas vinculados a la conservación urgente de ecosistemas y la biodiversidad que estos albergan, informó el Ministerio de Ambiente.

Otros temas que estuvieron en agenda fueron los relacionados al aumento del financiamiento ambiental para nuestra región, así como la modernización institucional del mencionado Foro.

La reunión contó con la participación de las máximas autoridades ambientales, además de representantes de organismos internacionales y especialistas de la región.

Durante el encuentro se informó que se acordó un plan de trabajo presentado por Panamá centrado en tres prioridades estratégicas: fortalecer la conservación urgente de bosques, océanos y la vida que estos alberga, facilitar el acceso de nuestros países y comunidades al financiamiento ambiental, y modernizar la estructura y funcionamiento del propio Foro para hacerlo más eficiente y orientado a resultados.

El evento se celebró en el Palacio Bolívar de la Cancillería panameña, y durante el mismo el ministro Juan Carlos Navarro destacó “la necesidad de que en América Latina y el Caribe actuemos de manera coordinada frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, aprovechando el enorme valor ambiental de la región y promoviendo posiciones comunes en los espacios multilaterales”.

La meta regional de Cero Deforestación antes del 2030 se destacó como uno de los principales acuerdos logrados.

En Panamá la deforestación alcanza el 32% de un territorio de 75,517 km2, de los que 74,177.3 km2 corresponden a la superficie terrestre. El país anunció a principios de este mes que se prepara para reforestar 1,320hectáreas durante este 2026.

Del total a reforestar 750 hectáreas se harán en la cuenca del río La Villa, en la provincia de Los Santos, mientras que el resto será en Panamá Metro, Este y Norte, en la provincia de Panamá, en la región de Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, y en las provincias de Veraguas, Coclé y Chiriquí.

En el XXV Foro de ministros de Ambiente, de igual manera se llegaron a acuerdos sobre el fortalecimiento de parques nacionales y áreas protegidas, el impulso al ecoturismo comunitario, la reducción de emisiones de metano provenientes de residuos, la conservación de los océanos, combate a la contaminación por plásticos, y en cuanto al desarrollo de mecanismos financieros que permitan una mayor ejecución de proyectos ambientales en los territorios.

La jornada también incluyó presentaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que también funge como Secretaría del Foro, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de especialistas internacionales vinculados a restauración de ecosistemas, financiamiento climático y tecnologías de monitoreo ambiental.

En calidad de ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro tiene a su cargo actualmente la Presidencia Pro Témpore del XXV Foro de ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

Este es un mecanismo integrado por 33 países del área y considerado el principal espacio de diálogo político ambiental de la región.

El Foro realiza su trabajo con el apoyo del PNUMA a nivel regional, institución que estuvo representada por su director regional para América Latina, Juan Bello. Durante la actividad regional la Cancillería panameña estuvo representada en el Foro por el canciller encargado, Carlos Guevara Mann.

Un incendio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, originado en el restaurante Mr. Rooster del área de comidas de la Terminal 1, obligó a clausurar el área central y a trasladar operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y zonas habilitadas del muelle, mientras las autoridades mantenían activos los protocolos de seguridad para sostener la operación del principal aeropuerto de Panamá. El siniestro fue controlado por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto, de acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Tocumen y con el capitán Rogelio Leslie del SSEI de Tocumen.

La emergencia se produjo en la cocina del restaurante, donde el fuego “se propagó muy rápido”, dijo Leslie. El capitán explicó que se trató de un incendio con grasa dentro del terminal, en la zona libre, y que por esa ubicación la concentración de humo fue alta.

El humo se concentró en el área central de la Terminal 1

Como medida inmediata, el personal de respuesta cerró el área central, que fue la zona con mayor acumulación de humo, dijo Leslie. El capitán añadió que la operación se mantuvo en el muelle norte y en la Terminal 2, porque en esas áreas no hubo afectación por humo.

Para ventilar el edificio, los equipos colocaron ventiladores en ambas zonas y abrieron puertas del terminal, además de intentar evacuar el humo por los puentes de abordaje del área central y por el lado tierra, explicó Leslie. También indicó que había oficinas llenas de humo y que las unidades trabajaban para despejarlas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que “las operaciones y vuelos han sido trasladados hacia la Terminal 2 y áreas habilitadas del muelle”. La administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros con vuelos programados en la Terminal 1 dirigirse directamente a la Terminal 2 y consultar con sus aerolíneas el estado actualizado de sus itinerarios.

La investigación sobre la causa quedó a cargo de la Oficina de Seguridad

Leslie señaló que todavía no tenía “el detalle a ciencia cierta” sobre el origen exacto del incidente y que esperaban el resultado de la Oficina de Seguridad del Aeropuerto de Panamá. Esa revisión definirá qué ocurrió en la cocina de Mr. Rooster y cómo comenzó la propagación del fuego.

Sobre las personas afectadas, la versión del capitán y la del aeropuerto no coincidieron por completo. Leslie dijo que le reportaron el traslado de un trabajador del aeropuerto a la clínica y que se mantenía en condición estable, aunque aclaró que no podía precisar si la afectación obedeció al humo o al pánico porque la persona “pedía auxilio” cuando fue vista.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen sostuvo en sus comunicados que “no se reportan personas heridas ni afectadas por inhalación de humo” y que “la situación se encuentra bajo control”. La entidad agregó que mantiene activados los protocolos de seguridad y coordinación operativa para garantizar la continuidad de las operaciones.

La extinción del fuego se logró con la intervención de los bomberos del aeropuerto en conjunto con los bomberos de Panamento, según Leslie. El capitán afirmó que esa acción permitió sofocar el incendio de manera oportuna pese a la rápida propagación inicial.

En su comunicación oficial, el aeropuerto reiteró que el fuego en el food court de la Terminal 1 “fue controlado con éxito” por las unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. También indicó que seguirá difundiendo información por sus canales oficiales mientras continúan las adecuaciones operativas dentro del terminal.

Latas, botellas plásticas, envases de foam, bolsas, restos de muebles, llantas, electrodomésticos, neveras, plásticos y accesorios de autos, entre otros, eran parte del panorama de una playa de la ciudad de Panamá.

Eran tantos, que una vez recogidos pesaron 27 toneladas de desperdicios que afectaban la flora, la fauna y el entorno marino en el área del Mirador de Las Aves, en Costa del Este.

Ante esta realidad, cientos de voluntarios, organizaciones ambientales y grupos estudiantiles participaron en una jornada de limpieza de playa, tendiente a sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que representa la mala disposición de los desechos.

Y, de paso, mostrar la amenaza que esto representa para el ambiente, especialmente para los ecosistemas marinos.

El llamado a la ciudadanía es simple: “a tomar conciencia sobre el daño que estamos causando al planeta cuando no depositamos correctamente la basura”, comentó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

“Por favor, paremos todos de botar la basura donde nos da la gana de manera irresponsable, pues estamos contaminando nuestros ríos, mares y playas, y afectando gravemente la salud de las personas, la fauna y los ecosistemas marinos”, agregó el ministro.

Navarro hizo un “llamado a todos los ciudadanos” para que depositen la basura en su lugar y limpien ríos y playas en todo Panamá”.

Estos trabajos de recolección de desechos deben ir acompañados de una mayor conciencia ambiental por parte de la población, manifestó por su parte Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Dijo que la mala disposición de la basura continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la entidad que dirige, por lo que la ciudadanía debe colaborar evitando arrojar basura en calles, ríos y espacios públicos.

“Cada bolsa de basura, electrodoméstico o residuo que se bota de manera criminal en ríos y quebradas contamina el agua, destruye hábitats naturales y pone en peligro a miles de especies marinas y terrestres, representando una amenaza grave para nuestros ecosistemas, para nuestra salud y para nuestro océano”, comentó el ministro Navarro.

Como parte de la jornada de recolección de desechos, en la comarca indígena de Guna Yala se logró recolectar aproximadamente 80 libras de plástico.

La bióloga de la la comunidad de Masargandub, Edigibali López, se refirió al valor de estas jornadas de limpieza, como una manera de fomentar una cultura de respeto hacia la naturaleza.

Masargandub es una isla de 34 hectáreas ubicada en el archipiélago de Guna Yala, antes llamado San Blas, a donde anualmente cientos de tortugas Carey acuden a desovar en sus playas.

López insistió en la necesidad de continuar con las jornadas de limpieza para garantizar la protección de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades, informó el Ministerio de Ambiente.

Las autoridades ambientales adelantaron que generalmente durante las jornadas de recolección de desechos que promocionan y realizan en varias partes del país se abren espacios de capacitación, enfocados en la conservación del ambiente, en hacer conciencia sobre la educación ambiental, en el manejo adecuado de residuos y en la importancia de preservar los ecosistemas costeros.

Las exportaciones panameñas mantienen una tendencia de crecimiento en 2026 impulsadas por el dinamismo de productos agroindustriales, pesqueros y manufacturados, mientras el Gobierno apuesta por fortalecer la presencia internacional de la producción nacional mediante el sello “Hecho en Panamá”, una estrategia que ya agrupa a más de 250 empresas y más de 500 productos registrados.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que Panamá proyecta para este año un crecimiento exportador cercano al 7.8%, pese a la salida de la mina Cobre Panamá y las afectaciones recientes en sectores como el bananero.

Según explicó, el país ha logrado diversificar su oferta exportable y ampliar la base de productos que llegan a mercados internacionales cada vez más exigentes.

“Panamá continúa fortaleciendo su competividad exportadora y ampliando su presencia en mercados internacionales”, afirmó Moltó durante un encuentro empresarial organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), donde defendió que el país mantiene capacidad para producir, transformar y exportar bienes con valor agregado.

Las cifras oficiales al cierre de marzo muestran un cambio importante dentro de la canasta exportadora panameña. Los camarones y langostinos congelados pasaron a liderar las exportaciones nacionales, con ventas por $31.4 millones y una participación del 12.5% del total exportado en el primer trimestre del año, superando al banano, que históricamente encabezaba la lista de productos enviados al exterior.

Detrás de los camarones aparecen otros productos como azúcar de caña, estaño, sandías frescas, aceite de palma en bruto, desperdicios de cobre y aluminio, además del café panameño, que continúa consolidándose en mercados premium de Asia, Europa y Estados Unidos.

Molto explicó que el auge de los camarones panameños responde a cambios en las cadenas globales de suministro y a la calidad que ofrece el producto nacional. Incluso reveló que empresas ecuatorianas del sector camaronero han comenzado a establecer operaciones en Panamá atraídas por las condiciones logísticas y productivas del país.

“Hoy en día nuestros camarones son deseados en todo el mundo”, sostuvo el ministro, quien destacó además el crecimiento de las plantas de procesamiento y del sector pesquero panameño.

El funcionario recordó que en 2023 el principal producto de exportación de Panamá era el cobre proveniente de la mina Cobre Panamá, operación suspendida desde finales de ese año tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia. A eso se sumó posteriormente la crisis del sector bananero, que también afectó temporalmente las exportaciones nacionales.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que el país ha logrado sostener el crecimiento exportador mediante una mayor diversificación de productos y mercados. Moltó indicó que durante el primer trimestre de 2026 las exportaciones agroindustriales crecieron 42.7%, mientras que el sector industrial registró un aumento aproximado del 22.3%.

Entre los productos con mejor desempeño destacó la caña de azúcar, cuyas exportaciones crecieron 25% frente al mismo periodo del año pasado, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también ampliando presencia en Asia y Europa. El café panameño, por su parte, registró un crecimiento cercano al 23%, consolidando su posicionamiento en mercados como Corea del Sur y Estados Unidos.

En medio de esa estrategia de expansión comercial, el Ministerio de Comercio e Industrias ha apostado por reposicionar el sello “Hecho en Panamá” como herramienta de promoción internacional. Moltó aseguró que el objetivo es que el distintivo sirva para asociar los productos panameños con calidad, trazabilidad y confianza internacional.

Actualmente, el sello reúne a 251 empresas y 528 productos registrados en sectores vinculados a alimentos, manufactura, agroindustria e industrias creativas. El programa fue relanzado por la actual administración luego de rediseñar su estrategia de promoción y desarrollar un nuevo logo mediante una convocatoria nacional que recibió más de 1,300 propuestas.

Según el ministro, el sello ya comienza a ser utilizado por compañías nacionales e internacionales establecidas en Panamá, incluyendo Cementos Bayano, que incorporó la marca “Hecho en Panamá” en parte de su estrategia comercial tras una inversión superior a $200 millones en el país.

Molto sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es ampliar la cantidad de empresas incorporadas al programa y utilizar las capacidades logísticas de Panamá para impulsar nuevas exportaciones hacia mercados internacionales. “Somos un país de servicios, pero también producimos muchas cosas buenas”, expresó.

El Gobierno también ha fortalecido programas de apoyo a exportadores y misiones comerciales internacionales. Uno de los casos mencionados por el ministro fue una misión empresarial a República Dominicana que permitió generar oportunidades comerciales valoradas en $13.2 millones para compañías panameñas, tras concretar más de 330 reuniones de negocios en dos días.

Para el Ejecutivo, el reto ahora es consolidar una oferta exportable con mayor transformación y sofisticación industrial, aprovechando la conectividad logística del país, el Canal de Panamá, el aeropuerto de Tocumen y la integración comercial regional para convertir al país en una plataforma de producción y exportación hacia América, Europa y Asia.

El Gobierno de Panamá tendrá a finales de mayo los resultados finales de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá, un documento que será determinante para definir el futuro de la operación minera suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Así lo confirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien señaló que el Ejecutivo mantiene la postura anunciada previamente por el presidente José Raúl Mulino: esperar el cierre completo del proceso técnico antes de tomar cualquier decisión sobre la mina.

“A finales del mes de mayo” estarán listos los resultados finales, respondió el ministro al ser consultado sobre el cronograma de la auditoría.

Moltó evitó confirmar si el Gobierno ha ofrecido un nuevo contrato a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, y reiteró que primero deben analizarse los hallazgos técnicos y ambientales del informe integral.

“Seguimos en la auditoría integral y cuando esa auditoría se finalice, el gobierno panameño, tal cual lo dijo el presidente de la República, tomará decisiones al respecto”, afirmó.

El ministro recordó que el Gobierno aprobó previamente un plan de gestión segura para mantener protegida el área de la mina y permitir la salida de materiales que podían representar riesgos ambientales. Según explicó, todo el proceso ha sido coordinado junto al Ministerio de Ambiente y acompañado por la auditoría multidisciplinaria que actualmente desarrolla la empresa SGS Panama Control Services Inc.

Precisamente, el sexto informe mensual de esa auditoría fue divulgado recientemente y confirmó que el documento final todavía continúa en elaboración.

El reporte detalla que la revisión abarca aspectos ambientales, legales, laborales, tributarios, técnicos y operativos vinculados con el proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.

Uno de los puntos más relevantes es que todavía no se publica la evaluación definitiva sobre el cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. Ese análisis será incorporado dentro del informe consolidado junto con los anexos técnicos y el resumen ejecutivo.

La expectativa alrededor de la auditoría ha crecido debido al peso económico que tuvo la mina antes de su suspensión. Diversos organismos internacionales y firmas privadas han advertido que el comportamiento económico de Panamá en 2026 sigue condicionado, en parte, por una eventual reactivación de Cobre Panamá, que antes de su cierre representaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto y una porción importante de las exportaciones nacionales.

No obstante, organizaciones ambientales señalan que el fallo de la Corte es claro y aseguran que el Gobierno no lo ha acatado al permitir que la empresa continúe procesando las reservas almacenadas dentro de la concesión minera.

El quinto informe de la auditoría ya había advertido sobre riesgos potenciales relacionados con drenaje ácido de rocas, manejo ambiental, biodiversidad y cumplimiento de compromisos sociales. También señalaba que todavía quedaban pendientes múltiples validaciones documentales y técnicas sobre obligaciones ambientales adquiridas por la empresa.

Mientras el Gobierno espera el cierre definitivo de la auditoría, Moltó aseguró que Panamá mantiene un ambiente atractivo para la inversión internacional y destacó el interés de empresas extranjeras en instalarse en el país. El ministro sostuvo que actualmente existen inversionistas europeos y de otras regiones evaluando proyectos en sectores médicos, logísticos y manufactureros.

Según explicó, la estrategia impulsada por la administración de José Raúl Mulino busca consolidar a Panamá como una plataforma regional de servicios, manufactura y toma de decisiones empresariales, aprovechando ventajas como el Canal de Panamá, el aeropuerto internacional de Tocumen y la conectividad logística del país.

Aunque el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de tomar decisiones una vez concluya la auditoría, todavía no se conoce cuál sería el mecanismo jurídico que utilizaría el Gobierno en caso de avanzar hacia una eventual reapertura de la mina. Hasta ahora, Mulino ha reiterado públicamente que cualquier salida no implicaría regresar a la Asamblea Nacional para aprobar un nuevo contrato ley, como ocurrió con el acuerdo declarado inconstitucional en 2023.

Las cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donaciones de televisores para que los privados de libertad vean el Mundial de Fútbol.

Esta fue la sentencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ante las declaraciones de la defensora del pueblo, Ángela Russo, quien manifestó que elevaría una solicitud ante dicho ministerio para respaldar a los detenidos que reclaman televisores para ver la justa deportiva, en la cual Panamá participa por segunda vez.

Los detenidos “están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”, había dicho Russo, a la vez que manifestó que “es un derecho humano ver el Mundial”.

“El hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero tengo mi derecho a la salud, a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreación… Sea el delito que yo haya cometido en un momento dado, como privado de libertad, una persona tiene derecho a todos los demás derechos”, afirmó.

La propuesta de Russo fue respaldada por el expresidente asilado en Colombia, Ricardo Martinelli, quien al felicitarla por la iniciativa anunció que donaría tres televisores para los centros de detención.

Al respecto, Montalvo señaló que en las cárceles se necesitan muchas otras cosas de manera urgente, como, por ejemplo, la dotación del servicio de agua potable, la seguridad interna y el traslado médico de los internos, según reportaron medios de prensa.

“Yo necesito que nos puedan ayudar para ver temas como el de la recolección del agua, incluso con las carretillas para que los muchachos puedan llevar los galones”, indicó.

Los centros penitenciarios, agregó la ministra de Gobierno, tienen áreas comunes donde hay televisores que pueden ver durante sus horas de patio.

Recordó que las personas que allí se encuentran están bajo una situación de castigo, en una suspensión de las visitas y de muchos otros temas, “hasta que volvamos a la cordura, hasta que entiendan que no se puede estar desafiando al sistema”.

A abril de este año en Panamá la población penitenciaria era de 24,831 privados de libertad. La capacidad de las cárceles es de 14,695, por lo que la sobrepoblación se estima en 10,379, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno.

La seguridad interna de los penales es uno de los problemas que acarrea el sistema carcelario. A mediados de abril se produjo una refriega entre los internos del centro penitenciario La Joya, que alberga a una población de 4,872 reclusos, donde salieron a relucir armas de fuego, dejando como resultado una persona fallecida y tres heridos.

En esa oportunidad, Montalvo explicó que la persona que falleció salió y se mantenía haciendo trabajos dentro del mismo sistema, atendiendo lo que era el despacho de oficina judicial, haciendo un tema de mensajería.

Esta persona, agregó la funcionaria, contaba con una conmutación del Órgano Judicial, “porque nosotros no somos los que presentamos cuánto se le reconoce de pena cumplida, sino que eso pasa por varios componentes. Además, el señor contaba para esa fecha con 5.135.5 días reconocidos de su pena, cumplidos con los trabajos que hacía, por estudios, por las diferentes actividades porque nuestro sistema lo permite”.

Respecto al tema de la provisión de pantallas chicas que reclaman los privados de libertad, para ver el Mundial, apoyados por la defensora del pueblo, Montalvo volvió a recalcar que el sistema carcelario necesita mucho más que televisores.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 2.2% en los primeros cuatro meses de 2026, mientras transporte, combustibles y energía encabezaron los mayores incrementos registrados en abril.

El costo de vida en Panamá continuó aumentando durante abril de 2026 impulsado principalmente por el encarecimiento de combustibles, transporte y servicios relacionados con energía y gas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de 1.1% respecto a marzo, mientras el incremento acumulado entre enero y abril alcanzó 2.2%, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El IPC es el indicador utilizado para medir el comportamiento promedio de los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios como alimentos, transporte, electricidad, alquileres, salud, educación y entretenimiento.

Su evolución sirve como referencia para analizar inflación, poder adquisitivo y costos de vida, además de influir en decisiones económicas de empresas, consumidores y autoridades.

El informe del INEC muestra que el mayor impulso inflacionario de abril provino de la división Transporte, que aumentó 6.2% en comparación con marzo. El incremento estuvo directamente relacionado con el fuerte aumento en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, categoría que reflejó una variación de 22.7%.

Dentro de ese grupo, el diésel registró el mayor incremento con un salto de 34.3%, mientras la gasolina aumentó 22% durante el mes. El informe también reflejó un aumento de 6.3% en el transporte aéreo nacional e internacional, otro de los factores que presionó el índice general.

La segunda división con mayor crecimiento fue Información y comunicación, con un aumento mensual de 0.5%. El alza estuvo relacionada principalmente con mayores precios en ordenadores portátiles y equipos tecnológicos. Los ordenadores portátiles reflejaron un incremento de 4.8% durante abril.

El comportamiento de Vivienda, agua, electricidad y gas también aportó presión sobre el IPC, al registrar una variación mensual de 0.4%. Dentro de esa categoría, el gas aumentó 2.8% y la electricidad subió 1.4%, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos energéticos sobre los hogares panameños.

Aunque el índice general estuvo dominado por transporte y energía, algunos alimentos también mostraron incrementos importantes. Las hortalizas frutales frescas y refrigeradas aumentaron 9.4%, los limones subieron 3.4% y el pescado fresco registró un incremento de 2.9%.

Sin embargo, otros productos ayudaron a moderar parcialmente el comportamiento inflacionario. El INEC reportó disminuciones en verduras frescas y refrigeradas, camarones frescos, aceites vegetales y algunas categorías de carnes. De hecho, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una leve disminución general durante abril.

Entre las divisiones que reflejaron bajas también destacaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 0.3%, así como Prendas de vestir y calzado y Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, ambas con disminuciones de 0.2%.

Dentro del sector de muebles y electrodomésticos, el reporte evidenció reducciones importantes en acondicionadores de aire, cristalería y vajilla. En la provincia de Panamá, los acondicionadores de aire mostraron una caída de 14.6%, uno de los descensos más marcados registrados en abril.

El comportamiento mensual del IPC durante 2026 muestra una aceleración progresiva de los precios. En enero, la variación mensual fue de 0.2%; en febrero se mantuvo en 0.1%; en marzo subió a 0.9%; y en abril escaló a 1.1%.

En términos acumulados, el IPC Nacional Urbano pasó de 99.8 puntos en diciembre de 2025 a 102.1 puntos en abril de 2026. El incremento acumulado de 2.2% durante los primeros cuatro meses del año refleja una presión mayor sobre el costo de vida frente al inicio de 2026.

El informe también muestra diferencias regionales. La provincia de Panamá registró una variación mensual de 0.9%, mientras el resto urbano del país reflejó un aumento más alto de 1.2%.

Economistas suelen observar el IPC como uno de los principales indicadores para medir estabilidad económica e inflación. Un aumento sostenido puede afectar el poder de compra de los hogares, especialmente en rubros sensibles como transporte, energía y alimentos, debido a que las familias terminan destinando más recursos para cubrir necesidades básicas.

El comportamiento de abril también coincide con el reciente incremento en precios internacionales del petróleo y derivados, situación que continúa impactando el mercado local de combustibles y generando efectos en cadena sobre otros sectores vinculados al transporte y logística.

La violencia doméstica continúa creciendo en Panamá y consolidándose como uno de los principales problemas sociales y de seguridad que enfrenta el país.

Las estadísticas más recientes del Ministerio Público reflejan un aumento sostenido de las denuncias relacionadas con agresiones dentro del entorno familiar, una realidad que expertos y organismos internacionales vinculan con afectaciones psicológicas, desintegración familiar, violencia intergeneracional y altos costos para los sistemas de salud y justicia.

Entre enero y abril de 2026, Panamá registró 6,089 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un incremento de 16.8% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 5,215 casos.

El delito concentra la mayor cantidad de denuncias dentro de los casos relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil, que en total sumaron 8,272 expedientes durante los primeros cuatro meses del año.

Las cifras del Ministerio Público muestran además que la violencia doméstica supera ampliamente otros delitos relacionados con el entorno familiar, como el maltrato a menores, los delitos contra la familia y el maltrato al adulto mayor. Solo en abril de 2026 se reportaron 1,572 denuncias de violencia doméstica en el país.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la violencia intrafamiliar constituye una de las principales amenazas para la salud física y mental de millones de personas en el mundo, especialmente mujeres, niños y adultos mayores.

El organismo sostiene que las víctimas pueden sufrir depresión, ansiedad, estrés postraumático, aislamiento social, pérdida de oportunidades laborales y afectaciones permanentes en su bienestar emocional.

Por su parte, ONU Mujeres ha señalado que la violencia dentro del hogar también tiene consecuencias económicas para los países debido al impacto que genera en productividad, atención médica, asistencia social y procesos judiciales.

Además, diversos estudios internacionales indican que los niños que crecen en entornos violentos tienen mayores probabilidades de repetir patrones de agresión o convertirse en víctimas en su vida adulta.

Las estadísticas en Panamá muestran que el problema tiene una fuerte concentración territorial. Panamá Oeste aparece como la zona con mayor incremento porcentual en este tipo de delitos, al pasar de 1,326 casos en 2025 a 1,983 denuncias en 2026, un aumento de 50%. San Miguelito registró un incremento de 45%, mientras Herrera reflejó un aumento de 37%.

El informe también detalla que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad total de denuncias, con 2,286 casos relacionados con delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Panamá Oeste ocupa el segundo lugar con 1,983 expedientes y Chiriquí aparece en tercera posición con 1,068 denuncias.

A la par del incremento de las estadísticas, continúan registrándose nuevos casos que alimentan la preocupación de las autoridades. Uno de los hechos más recientes ocurrió en Arraiján, donde un hombre de 25 años fue detenido e imputado por los delitos de violencia doméstica y quebrantamiento de medidas de protección, luego de presuntamente hostigar e insultar a su madre.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, el imputado habría incumplido una medida de protección emitida el 30 de marzo de 2026, mediante la cual se le ordenaba abstenerse de ejercer actos de violencia y hostigamiento contra la víctima.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó riesgos procesales como peligro de fuga, destrucción de pruebas y riesgo para la víctima, elementos que fueron avalados por el Juzgado de Garantías para ordenar la detención preventiva.

Especialistas en salud mental advierten que muchos casos de violencia doméstica permanecen ocultos por miedo, dependencia económica o temor a represalias, por lo que consideran que las cifras oficiales podrían representar solo una parte del problema real.

Organismos internacionales también han alertado que el silencio de las víctimas y la normalización de la violencia dentro del hogar dificultan la prevención temprana y la intervención institucional.

El informe del Ministerio Público refleja además aumentos en otros delitos relacionados con el entorno familiar. Los casos de maltrato al adulto mayor crecieron 55%, mientras que los delitos contra la familia aumentaron 54% en comparación con el mismo período del año pasado.

Para organismos internacionales, el combate contra la violencia doméstica requiere políticas públicas integrales que incluyan prevención, atención psicológica, educación emocional, fortalecimiento de las redes comunitarias y protección efectiva para las víctimas.

Naciones Unidas ha reiterado que la violencia en el hogar no constituye un asunto privado, sino un problema de derechos humanos y de salud pública con efectos directos sobre el desarrollo social y económico de los países.

La presión sobre los ecosistemas marinos del Pacífico Tropical Oriental, el movimiento constante de especies migratorias y la necesidad de reforzar la regulación sobre tiburones y rayas llevaron a Panamá a buscar mayor respaldo científico internacional para proteger sus aguas.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) firmó un Memorando de Entendimiento con la Fundación Charles Darwin (CDF), una organización con más de 65 años de experiencia en investigación aplicada, para fortalecer la conservación del tiburón martillo común y otros elasmobranquios.

El acuerdo surge en momentos en que el tiburón martillo común enfrenta amenazas asociadas a la pesca incidental, la presión sobre sus rutas migratorias y la vulnerabilidad de sus zonas de reproducción y crianza.

Para Panamá, el tema tiene un peso estratégico porque sus aguas forman parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), un espacio compartido con Costa Rica, Colombia y Ecuador que funciona como ruta natural para especies que no reconocen fronteras administrativas.

La alianza permitirá al país acceder a investigación científica aplicada, asistencia técnica especializada y mecanismos de cooperación regional orientados a fortalecer la protección de tiburones y rayas. La Fundación Charles Darwin es considerada uno de los principales referentes científicos en conservación marina dentro del Pacífico Tropical Oriental.

Las conversaciones que dieron origen al Memorando de Entendimiento comenzaron el 28 de marzo de 2026 durante la 15.ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS COP15).

En ese encuentro, representantes de MiAmbiente y de la Fundación Charles Darwin discutieron medidas regulatorias relacionadas con la protección de elasmobranquios, el fortalecimiento de la participación del sector pesquero artesanal y el papel del CMAR como mecanismo regional de gobernanza marina compartida.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que el acuerdo busca consolidar una colaboración científica y técnica que fortalezca la protección transfronteriza del tiburón martillo común y de otros ecosistemas estratégicos del Pacífico Tropical Oriental protegidos dentro del corredor marino regional.

Navarro indicó además que la cooperación permitirá avanzar en el diseño de marcos regulatorios más sólidos sobre tiburones y rayas en Panamá, un tema que calificó como prioritario para el país. También sostuvo que el convenio impulsará mecanismos de comunicación estratégica, fortalecimiento institucional y financiamiento azul orientados a facilitar prácticas más sostenibles dentro del sector pesquero.

El Memorando de Entendimiento contempla cuatro líneas de trabajo. La primera está enfocada en la investigación científica transfronteriza sobre el tiburón martillo y los ecosistemas asociados a esta especie, con el objetivo de generar información para decisiones de manejo compartido.

El segundo eje busca fortalecer la regulación relacionada con tiburones y rayas. Para ello, la Fundación Charles Darwin aportará insumos científicos y técnicos que permitan construir normas más robustas frente a amenazas como la pesca incidental, la degradación de hábitats y la presión sobre especies vulnerables.

El tercer componente se concentra en las comunidades costeras y en el sector pesquero artesanal. El acuerdo contempla procesos de capacitación y acompañamiento dirigidos a pescadores para facilitar la transición hacia prácticas sostenibles compatibles con la conservación marina y la protección de especies migratorias.

El cuarto eje apunta al desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento azul alineados con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio. La intención es encontrar alternativas económicas que respalden la conservación y reduzcan la presión sobre especies vulnerables.

El doctor Pelayo Salinas de León explicó que las aguas panameñas cumplen una función crítica para la supervivencia del tiburón martillo, debido a que sirven como zonas de alumbramiento para hembras preñadas durante sus migraciones reproductivas y como hábitat de crianza para juveniles en sus primeros años de vida.

El investigador advirtió que mantener la conectividad ecológica del corredor migratorio resulta fundamental para evitar una mayor disminución de la especie. El tiburón martillo es considerado uno de los principales depredadores marinos del Pacífico Oriental y cumple una función clave en el equilibrio de las cadenas alimenticias oceánicas.

Por su parte, Digna Barsallo afirmó que el acuerdo representa un punto de inflexión para la conservación marina regional, especialmente en momentos en que las presiones sobre las poblaciones continúan siendo elevadas dentro del corredor marino.

Barsallo sostuvo que la cooperación científica y técnica permitirá fortalecer las capacidades de Panamá y de los demás países de la región para tomar decisiones basadas en evidencia científica y coordinar acciones conjuntas de conservación.

Expertos coinciden en que la protección del tiburón martillo requiere esfuerzos regionales debido a que sus rutas migratorias atraviesan múltiples jurisdicciones del Pacífico Tropical Oriental.

Tras la declaración de alerta de El Niño emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Canal de Panamá puso en marcha medidas preventivas de ahorro de agua para proteger las reservas que permiten operar la vía interoceánica y abastecer a más de la mitad de la población del país.

El fenómeno ya está influyendo en los patrones climáticos y vuelve a colocar bajo vigilancia los embalses Gatún y Alhajuela, luego de la crisis hídrica que obligó al Canal, por primera vez en su historia, a reducir los tránsitos diarios hace dos años.

El IMHPA informó que se observan condiciones típicas asociadas a El Niño y que los modelos de predicción elevan por encima de 85% la probabilidad de que el fenómeno continúe durante los próximos meses. El Niño forma parte del ciclo natural El Niño-Oscilación del Sur y ocurre cuando las aguas del Pacífico tropical se calientan por encima de lo normal, alterando la circulación atmosférica, las lluvias, los vientos y las temperaturas en distintas regiones del mundo.

La alerta local coincide con reportes internacionales que advierten sobre un calentamiento progresivo del Pacífico ecuatorial. El Centro de Predicción Climática de NOAA señaló que El Niño tiene 82% de probabilidad de desarrollarse entre mayo y julio de 2026 y 96% de continuar entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

La Organización Meteorológica Mundial también indicó que el fenómeno impactará los patrones globales de temperatura y lluvia desde mediados de 2026.

En Panamá, este fenómeno suele provocar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos consecutivos, temperaturas elevadas, menor nubosidad y mayor radiación solar.

Ese comportamiento presiona los embalses, reduce la recarga de ríos y acuíferos, afecta la agricultura y aumenta la demanda de agua en zonas urbanas, industriales y productivas. En el caso del Canal, el impacto es especialmente sensible porque cada tránsito requiere agua dulce almacenada en los lagos del sistema.

La administración canalera informó que desde finales de 2025 mantiene seguimiento continuo al escenario de El Niño, razón por la cual ha procurado conservar el embalse Gatún en niveles históricamente altos.

También aprovechó la temporada seca de 2026, considerada entre las más húmedas en los registros desde 1950, para fortalecer las reservas hídricas de Gatún y Alhajuela.

Los niveles observados esta semana muestran una posición más favorable que la registrada durante la crisis hídrica pasada. Gatún marcaba 85.58 pies y Alhajuela 238.37 pies, según la medición mostrada el 20 de mayo de 2026.

Gatún se encuentra cerca de su nivel máximo operativo, que ronda los 87 pies, mientras que Alhajuela permanece en una zona alta frente a su escala operativa, con margen antes de niveles críticos. Esto no elimina el riesgo, pero da más espacio de maniobra.

El antecedente inmediato pesa sobre cualquier decisión. Entre 2023 y 2024, Panamá sufrió una fuerte sequía asociada a El Niño, con impactos sobre el Canal, el sector agropecuario y la disponibilidad de agua.

La vía interoceánica tuvo que reducir los tránsitos diarios por primera vez en su historia debido a la caída de los niveles de los embalses, lo que generó demoras, mayores costos logísticos y presión sobre el comercio marítimo internacional.

La reducción de tránsitos también golpeó las expectativas de ingresos del país, porque el Canal es uno de los principales activos económicos de Panamá.

En la práctica, la sequía dejó claro que el agua no solo es un recurso ambiental, sino un factor estratégico para la competitividad, la seguridad hídrica, el abastecimiento humano y la estabilidad de una ruta por la que se mueve una parte importante del comercio mundial.

Como parte de las medidas activadas desde la última semana de diciembre de 2025, el Canal aplica esclusajes simultáneos cuando las dimensiones de los buques lo permiten, de manera que dos embarcaciones pequeñas puedan transitar en una misma esclusa y se reduzca el volumen total de agua utilizado.

También mantiene el uso de tinas de ahorro en las esclusas neopanamax, con un ahorro diario estimado de un hectómetro cúbico de agua.

La administración canalera también utiliza compuertas interiores para disminuir el volumen de agua necesario en las cámaras, de acuerdo con la eslora de los buques, y suspendió temporalmente la generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar el almacenamiento de agua destinado al consumo humano y a la operación del Canal.

Por ahora, el Canal mantiene la programación de 38 tránsitos diarios y sus proyecciones no contemplan restricciones hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la entidad actualiza semanalmente los niveles de los embalses y evalúa escenarios hídricos deficitarios, especialmente porque los impactos más fuertes de eventos moderados o severos de El Niño suelen sentirse con mayor claridad al año siguiente, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024.

El Canal insiste en que las medidas operativas ayudan a optimizar el agua disponible, pero no sustituyen las soluciones estructurales. Por eso mantiene al Proyecto Río Indio como pieza clave de su estrategia de seguridad hídrica, con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema, fortalecer la resiliencia frente a sequías más frecuentes e intensas y garantizar tanto la operación de la vía como el suministro de agua para la población.

Los detenidos en las cárceles panameñas “están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”, señaló la nueva defensora del pueblo, Ángela Russo, al tiempo que indicó que “es un derecho humano ver el Mundial”.

Las declaraciones de Russo surgieron luego de que algunos privados de libertad se quejaron de que en sus pabellones no hay televisores.

Para solucionar esta situación, dijo que enviará una nota al Ministerio de Gobierno para respaldar la solicitud de los detenidos, pues esta es una situación fácil de resolver.

Cuestionada por periodistas sobre si esta es una prioridad habiendo tantos problemas en el sistema carcelario, Russo sostuvo que “es un derecho humano ver el Mundial y esa debe ser la opinión de las personas que integran esta sociedad”.

“El hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero tengo mi derecho a la salud, a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreación… Sea el delito que yo haya cometido en un momento dado, como privado de libertad, una persona tiene derecho a todos los demás derechos”, afirmó.

Sobre el tema, el expresidente asilado en Colombia acusado de supuestos casos de corrupción y con una condena en firme, Ricardo Martinelli, aprovechó la ocasión para anunciar que donará tres televisores para distintos centros penitenciarios del país, según reportó el diario Critica.

Esto, manifestó, con el fin de que los privados de libertad puedan seguir los partidos de la Marea Roja en el Mundial.

Martinelli, de acuerdo con el tabloide, felicitó a la defensora del pueblo, por las visitas realizadas a las cárceles y aseguró que él sabe lo duro que se vive tras las rejas.

Russo estuvo en días pasados con un grupo de más de 400 mujeres privadas de libertad que fueron trasladadas del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, en el corregimiento de Juan Díaz, hacia el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en Pacora, al este de la ciudad capital.

“Verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad durante todo el proceso, es nuestro principal objetivo en esta visita el día de hoy aquí y en toda la jornada”, aseguró la defensora del pueblo, según una nota de la entidad que dirige.

Ángela Russo fue electa defensora del pueblo por el pleno de la Asamblea Legislativa en abril de este año para el periodo 2026-2031, una elección que algunos sectores manifestaron que no tuvo sorpresa, pues alegaban que era la “ungida” de la administración de José Raúl Mulino.

“La Constitución dice que el Defensor del Pueblo lo elige la Asamblea. La realidad: el nombramiento llega desde el Palacio de las Garzas. Y lo más lamentable es que siempre hay diputados dispuestos a prestarse para el libreto del gobierno. La separación de poderes es un chiste, se intercambian los puestos como si fuera un álbum de Panini”, publicó en su red social el diputado del movimiento independiente Vamos, Roberto Zuñiga.

El 4 de enero de 2016 Russo fue nombrada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta el 2025.

Durante su trayectoria, ejerció en importantes responsabilidades institucionales, entre ellas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Sala Primera de lo Civil, coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

El mercado bursátil panameño arrancó 2026 con una aceleración significativa en su volumen negociado y con señales de una creciente integración regional que busca convertir a Panamá en un centro financiero y de capitales para América Latina.

Las cifras divulgadas por la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) muestran que durante el primer trimestre del año el volumen acumulado negociado alcanzó los $2,026 millones, un crecimiento de 29% frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado $1,576 millones.

El crecimiento también supera ampliamente los niveles observados en años anteriores. En 2022 el volumen negociado acumulado rondaba los $1,186 millones; en 2023 alcanzó $1,235 millones y en 2024 llegó a $1,364 millones, reflejando una tendencia sostenida de expansión que ahora se acelera con mayor fuerza.

Parte importante del movimiento sigue concentrándose en el mercado primario, donde empresas y gobiernos colocan nuevas emisiones para captar financiamiento.

Las cifras más recientes de Latinex indican además que el dinamismo continuó durante abril y los primeros días de mayo. Según directivos del grupo bursátil, el volumen negociado acumulado ya superaba los $4,400 millones hasta mediados de mayo, prácticamente duplicando lo registrado durante el primer trimestre, explicó Lerzy Batista, vicepresidenta senior comercial de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

El comportamiento ocurre pese al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica y volatilidad financiera global.

El mercado panameño se divide principalmente entre mercado primario, mercado secundario y operaciones de recompra. Del total negociado durante el primer trimestre de 2026, alrededor del 80% correspondió al mercado primario, mientras que el 18% provino del mercado secundario y apenas 1% de operaciones de recompra.

En términos de instrumentos, la renta fija dominó ampliamente la actividad bursátil con 82% del volumen negociado, frente a 18% de renta variable, explicó Batista.

El segmento corporativo continúa liderando el mercado bursátil panameño. De acuerdo con el boletín trimestral de Latinex, unos $1,368 millones del volumen negociado correspondieron a instrumentos corporativos, mientras que $657 millones estuvieron asociados a emisiones gubernamentales.

Esta diversidad de emisores ha permitido que Panamá mantenga uno de los mercados más amplios y variados de Centroamérica.

Actualmente el mercado cuenta con 297 emisores distribuidos en distintos sectores económicos. El financiero encabeza la lista con 95 emisores, seguido de bienes raíces con 86, fondos inmobiliarios con 37, fondos de inversión con 26 y energía con 14.

La capitalización total de mercado alcanza $33,029 millones, mientras que el valor de mercado de deuda se sitúa en $27,560 millones.

Integración regional

Uno de los pilares del crecimiento reciente ha sido la estrategia de integración regional impulsada por Latinex. Panamá mantiene actualmente conexiones operativas e integración bursátil con El Salvador, Costa Rica, y se mantiene gestiones con Guatemala y Honduras.

El objetivo es permitir que emisores e inversionistas puedan acceder a distintos mercados sin necesidad de registrarse individualmente en cada jurisdicción, comentó Olga Cantillo, presidenta ejecutiva y CEO de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

Las operaciones derivadas de estos mercados integrados ya representan cifras importantes. Durante el primer trimestre de 2026 el volumen acumulado relacionado con integración regional alcanzó $1,692 millones y más de 5,172 operaciones. Panamá concentró la mayor parte de las negociaciones con $572 millones, seguido de El Salvador con $345 millones y Costa Rica con $101 millones.

Batista y Cantillo sostienen que la principal ventaja competitiva de Panamá frente a otros mercados regionales radica en su dolarización, apertura financiera internacional y flexibilidad regulatoria. A diferencia de otros países centroamericanos, Panamá no enfrenta restricciones cambiarias ni controles de divisas, lo que facilita la participación de inversionistas extranjeros y emisiones internacionales.

Otro de los proyectos estratégicos más relevantes es el enlace con Euroclear, uno de los principales sistemas internacionales de compensación y liquidación de valores del mundo.

El enlace con Euroclear ya conecta al mercado panameño con inversionistas de al menos 27 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, España, Italia, Suecia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, China, Hong Kong, Japón, Singapur y Australia, según cifras presentadas por Latinex.

La plataforma también mantiene participación de inversionistas y actores financieros de países latinoamericanos como Costa Rica, Perú y Chile, consolidando a Panamá como un punto de conexión regional e internacional para el mercado de capitales.

Desde su implementación, el volumen bajo custodia asociado a este enlace internacional ha mostrado un crecimiento sostenido hasta superar los $9,500 millones, impulsado inicialmente por emisiones de deuda gubernamental y cuasi gubernamental, y posteriormente por instrumentos corporativos y multilaterales.

Directivos de Latinex destacaron que este crecimiento refleja la confianza de inversionistas internacionales en la plaza panameña, incluso en medio de cuestionamientos derivados de listas discriminatorias impulsadas por la Unión Europea.

Cantillo explicó que, pese a la permanencia de Panamá en listas europeas, inversionistas de países de la propia Unión Europea continúan participando activamente en operaciones vinculadas al mercado local. Esto demuestra que los actores internacionales diferencian entre percepciones políticas y la realidad operativa, regulatoria y financiera del sistema panameño, particularmente en el mercado de valores, destacó la ejecutiva.

La expansión internacional también se refleja en el nuevo servicio de listado internacional lanzado por Latinex en agosto de 2025. El mecanismo permite listar en Panamá emisiones internacionales bajo regulación estadounidense sin necesidad de registro local ante la Superintendencia del Mercado de Valores. La plataforma busca posicionar a Panamá como alternativa frente a centros financieros como Luxemburgo, Singapur o Londres.

Hasta ahora, el nuevo sistema ya acumula más de $1,800 millones en emisiones listadas. Entre ellas destacan bonos del Canal de Panamá por $450 millones, emisiones del Banco Nacional de Panamá por $1,000 millones, una emisión subordinada de Bladex por $200 millones y una emisión de IDC Network por $194 millones.

Batista sostiene que esta nueva línea de negocio convierte a Panamá en la primera jurisdicción de América Latina capaz de ofrecer este tipo de listados internacionales especializados. El servicio está dirigido principalmente a emisiones estructuradas bajo ley de Nueva York y enfocadas en inversionistas internacionales institucionales.

El crecimiento del mercado bursátil ocurre además en paralelo a una estrategia agresiva de promoción internacional. Directivos de Latinex han participado en misiones comerciales, foros de inversión y encuentros financieros en Estados Unidos, España, Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de atraer nuevos emisores e inversionistas.

El sector pesquero y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) mantienen conversaciones para implementar el monitoreo satelital de las embarcaciones palangreras mediante el sistema VMS.

La Ley 204 y el Decreto 13 obliga a las embarcaciones medianas y de gran escala a transmitir su ubicación al centro de monitoreo para garantizar la trazabilidad de la actividad pesquera.

Los pescadores alegan que la implementación de este sistema representa un costo importante para más de 100 embarcaciones, debido a la compra de transmisores y el pago mensual del servicio satelital.

Ante esto, el Gobierno y los gremios acordaron explorar mecanismos de financiamiento que reduzcan el impacto económico, informó la ARAP.

Este martes, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 50-26, que autoriza fondos por $3,931,990.00 a favor de la ARAP.

La información oficial señala que este crédito adicional tiene la finalidad de incorporar al presupuesto de funcionamiento e inversiones los recursos necesarios para atender, entre otras cosas, el pago al personal capacitado para el control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal, de mayo a diciembre de 2026.

Además, se incluye la compra de lanchas rápidas, estaciones modulares, desarrollo de la primera fase del sistema de trazabilidad para el Centro de Seguimiento Pesquero de Aguas Nacionales e Internacionales y la adquisición de un nuevo módulo para el App (trámites de licencias en línea), y para atender el pago pendiente de prima de antigüedad, alquiler de inmuebles, las OROP y el pago del Sistema Themis.

Tras el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, la resolución de Gabinete manifiesta que se considera viable la solicitud de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá en atención a que la fuente de financiamiento propuesta proviene del saldo de caja y banco.

Agrega que estos fondos cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Durante la sesión del Consejo de Gabinete igualmente se autorizaron dos resoluciones que aprueban créditos adicionales suplementarios a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República y para el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, por la suma de $9,634,800.00 y $4,011,545.00, respectivamente.

Los fondos requeridos para las operaciones del estamento de seguridad, señala la documentación oficial, tienen la finalidad de fortalecer el presupuesto de funcionamiento e inversiones para la atención de gastos prioritarios para el desarrollo óptimo de las operaciones hasta la culminación del presente periodo fiscal.

Esta operación, se añade, cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Por su parte, los recursos autorizados para del Instituto Conmemorativo Gorgas son necesarios para hacer efectivo el pago correspondiente a la Adenda N.o1 al contrato N N.o 014-2024, para atender el compromiso por órdenes de cambio ejecutadas en el proyecto “Campus Gorgas, fase 1”.

Se trata de un campus de investigación científica de 6 hectáreas y media, que en su fase 1 contempla el edificio de investigación y la administración, con laboratorios especializados para patógenos peligrosos.

El edificio contará con dormitorios para los investigadores, lo que potencia al Instituto Conmemorativo Gorgas como un gran centro de investigación nacional y regional.

“¿Quiere que le incluya el 5%, 10%, 20% o 30% de propina?”. La pregunta de los meseros es habitual en los restaurantes de Panamá al entregarle la factura a los comensales, por lo que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la gratificación por el servicio recibido es completamente voluntaria.

Por ello, ningún establecimiento puede exigirla, y menos incluirla de antemano en la factura.

La disposición, según la entidad gubernamental, está contemplada en la Ley 45 de 2007, específicamente en su artículo 56 sobre la información de precios, el cual fue modificado por la Ley 34 de 2 de agosto de 2016.

Ante esta norma, se reitera que sin un restaurante incluye la propina dentro del total de la cuenta, el cliente tiene el derecho de decidir si la paga o no.

En cuanto al porcentaje sugerido, el jefe del Departamento de Investigación de la Acodeco, Jaime Guzmán, señaló que en algunos comercios oscila entre el 10% y el 30%.

Aclaró que no existe una regulación al respecto, aunque manifestó que la práctica más común es sugerir un 10%.

“El agente económico puede sugerir la propina, pero su pago no es obligatorio”, enfatizó.