El crecimiento de la agroexportación peruana ha cambiado las exigencias de toda la cadena que hace posible que un producto llegue desde el campo hasta un consumidor en otro continente. Ya no basta con producir más. Para competir en mercados cada vez más exigentes, el país necesita mover esa producción de manera eficiente, oportuna y predecible.

En ese escenario, la logística cumple un papel que muchas veces queda detrás de los resultados del sector agrario, pero que resulta determinante para sostenerlos. Una fruta puede tener una excelente calidad en origen y, sin embargo, perder valor si enfrenta demoras, interrupciones en la cadena de frío, problemas documentarios o una coordinación deficiente entre transporte, almacenamiento, aduanas y embarque.

La dimensión que ha alcanzado el sector hace que este desafío sea cada vez más relevante. Hasta julio de este año, las agroexportaciones peruanas alcanzaron los US$6.840 millones, 2,5% más que en el mismo periodo de 2025, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Más allá de la cifra, lo importante es lo que representa: tenemos una actividad que ha ganado escala y presencia internacional y que necesita una cadena logística capaz de acompañar ese desarrollo.

Esto exige avanzar hacia una logística más integrada. Para un producto perecible, por ejemplo, cada eslabón cuenta: transporte, almacenamiento, gestión aduanera, distribución y salida por los terminales portuarios deben funcionar de manera coordinada. Una operación fragmentada puede generar demoras y sobrecostos; una operación integrada permite tener mayor trazabilidad, capacidad de respuesta y control.

En esa evolución cobra relevancia el modelo one-stop shop, donde un mismo operador puede atender distintas necesidades del cliente, desde transporte, aduanas y depósito aduanero o simple, hasta distribución. No se trata solamente de concentrar servicios, sino de lograr que estos funcionen como una solución articulada y adaptada a las características de cada operación.

La inversión en infraestructura portuaria es clave, pero la competitividad logística no termina en los puertos. Carreteras, accesos, almacenes y centros de distribución deben estar conectados con las zonas productivas para evitar que los cuellos de botella simplemente se trasladen de un punto a otro.

El siguiente salto de la agroexportación peruana no dependerá exclusivamente de ampliar las hectáreas cultivadas o conquistar nuevos mercados. También dependerá de nuestra capacidad para hacer que cada eslabón de la cadena funcione con mayor eficiencia. La tecnología, la trazabilidad y el uso de información serán cada vez más importantes para lograrlo.

El Perú ya ha demostrado que puede producir para el mundo. El siguiente reto es contar con una logística capaz de acompañar esa ambición. Campo, infraestructura y logística deben entenderse como partes de una misma estrategia de crecimiento y competitividad.

La economía peruana llega al último trimestre de 2026 con una cifra que invita al optimismo: según el INEI, la producción nacional creció 3,23 % en agosto y acumula 3,14 % entre enero y agosto. Sin embargo, el promedio esconde una dualidad que conviene leer con cuidado. Doce de los catorce sectores crecieron; los dos que cayeron, minería e hidrocarburos (-5,53 %) y pesca (-17,33 %), son justamente los que históricamente han sostenido nuestras exportaciones.

Hoy el ritmo lo marca la demanda interna. La construcción avanzó 10,34%, impulsada por la ejecución de obras públicas (19,33%) y por el consumo interno de cemento (7,63%). Le siguen el comercio (6,89%) y la electricidad, gas y agua (6,61%). Detrás de este dinamismo hay un factor de fondo: el BCRP proyecta que la inversión privada crecerá alrededor de un 14 % este año, un ritmo poco visto en la última década. Los indicadores adelantados de setiembre sugieren que este impulso aún no se agota.

El contrapunto está en los sectores primarios. La minería enfrenta menores leyes de mineral en varias operaciones, de modo que los altos precios del cobre no se traducen en mayor volumen producido. La pesca sufre el calentamiento del mar, que dispersa la anchoveta y eleva la proporción de juveniles. El 16 de octubre, el ENFEN advirtió que el fenómeno de El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central. Ello compromete la segunda temporada de pesca, parte de la campaña agrícola del norte y la infraestructura vial.

¿Es sostenible un crecimiento tan desigual? En el corto plazo, sí: los sectores no primarios tienen un mayor peso en el PBI y el BCRP estima que crecerían un 4,7 % este año, lo que compensaría la caída del 2,3 % prevista para los sectores primarios. El problema es de mediano plazo. Este patrón depende de que la inversión pública se ejecute con calidad y de que el empleo y el crédito acompañen; si las exportaciones primarias no repuntan, se resienten la entrada de divisas y la recaudación minera. Además, la inflación de 4,5% en setiembre, por encima del rango meta, limita el espacio para reducir la tasa de referencia, hoy en 4,25%.

Mi proyección es que la economía peruana cerraría 2026 con un crecimiento de entre el 3,0 % y el 3,2 %, en línea con el 3,2% del BCRP y el 3,3% del IPE, siempre que los sectores no primarios mantengan su ritmo y el impacto de El Niño se concentre en la pesca y el agro costeño. El balance de riesgos, no obstante, se inclina a la baja: lluvias más intensas en noviembre y diciembre podrían interrumpir el transporte, el comercio y la propia construcción en el norte, que hoy son nuestros motores.

El 2026 deja una lección conocida pero vigente: la economía peruana crece, pero lo hace apoyada en un solo brazo. La agenda para 2027 debería tener dos prioridades. Primero, una prevención eficaz frente a El Niño, porque prevenir siempre es más barato que reconstruir. Segundo, destrabar la producción minera y los nuevos proyectos, para que el crecimiento vuelva a apoyarse en ambos brazos.

El acceso a la salud no depende únicamente de la existencia de establecimientos médicos. También está condicionado por la disponibilidad de profesionales, el costo de los tratamientos y otras barreras que pueden impedir que una persona reciba atención cuando la necesita. Frente a esta realidad, la responsabilidad de contribuir al bienestar de la población no recae exclusivamente en el sistema sanitario: también involucra a las instituciones educativas y a otros actores de la sociedad.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 93,6 % de las mujeres de entre 15 y 49 años que reportaron padecer alguna enfermedad, señaló haber enfrentado algún problema para acceder a servicios de salud. Esta cifra evidencia la importancia de seguir buscando alternativas que acerquen la atención a las personas y contribuyan a reducir las barreras existentes.

En ese contexto, iniciativas como los hospitales de campaña y las jornadas de atención comunitaria desde el sector privado pueden cumplir un papel importante. Al llevar servicios y orientación a espacios cercanos a la población, permiten atender necesidades concretas y promover una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud. Sin embargo, su valor no debería medirse únicamente por las atenciones realizadas, sino también por su capacidad para fomentar la prevención y orientar a las personas sobre cuándo buscar ayuda profesional.

Generar un impacto social positivo implica precisamente eso, pasar de reconocer una necesidad a actuar frente a ella. No se trata de desarrollar actividades aisladas, sino de impulsar acciones que respondan a las características de cada comunidad y que, en la medida de lo posible, tengan continuidad. Una jornada puede representar una primera oportunidad para recibir orientación, identificar una necesidad de salud o comprender la importancia de no postergar una consulta.

La prevención es fundamental en este proceso. Muchas veces, las obligaciones laborales, familiares y económicas hacen que las personas releguen su bienestar hasta que una molestia se vuelve difícil de ignorar. Por ello, acercar información confiable y orientación profesional puede contribuir a que la población tome decisiones más oportunas. Esto requiere, además, reconocer que las iniciativas comunitarias complementan la atención sanitaria, pero no reemplazan la necesidad de contar con servicios de salud accesibles y adecuados.

Desde la formación de profesionales técnicos en salud, este compromiso adquiere otra dimensión. Preparar a quienes atenderán a la población implica desarrollar competencias técnicas, pero también sensibilidad frente a las distintas realidades sociales. La empatía, la escucha y el trato respetuoso son aspectos esenciales de una atención centrada en las personas.

Las experiencias comunitarias pueden ayudar a fortalecer estas capacidades, siempre que la participación de los estudiantes se realice de acuerdo con sus competencias y bajo la supervisión correspondiente. El contacto con distintas necesidades permite comprender que detrás de cada atención hay una persona con circunstancias particulares y que el ejercicio profesional exige tanto preparación como responsabilidad.

Por eso, considero que el compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades debe ocupar un lugar importante en la educación. Las instituciones pueden contribuir a conectar los aprendizajes con las necesidades de su entorno y a formar profesionales conscientes del impacto que su trabajo puede generar. Esta mirada también favorece una vocación de servicio que trascienda el desempeño laboral y se exprese en un compromiso permanente con la comunidad.

Para avanzar, es necesario fortalecer la colaboración entre instituciones educativas, organizaciones sociales, profesionales y entidades responsables de los servicios sanitarios. Sumar capacidades permite identificar necesidades, coordinar esfuerzos y promover intervenciones más pertinentes. También es importante evaluar los resultados y reconocer cuándo una situación requiere seguimiento, de modo que la atención inicial no se convierta en un esfuerzo sin continuidad.

Las iniciativas orientadas a generar un impacto social positivo no sustituyen las obligaciones del sistema de salud ni resuelven por sí solas las brechas de acceso. Su aporte consiste en sumar esfuerzos y acercar capacidades allí donde pueden ser útiles. Los hospitales de campaña son una expresión concreta de este compromiso, pero el desafío es más amplio: promover la prevención, formar profesionales con sensibilidad social y generar una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud.

Una sociedad comprometida con el bienestar de sus integrantes no espera a que los problemas se agraven para actuar. Busca anticiparse, orientar y acercar oportunidades de cuidado a quienes las necesitan. De ahí la importancia de entender la sostenibilidad como un compromiso permanente y compartido, que trasciende las acciones puntuales y se traduce en iniciativas concretas que contribuyan al bienestar de las personas.

Son las tres de la madrugada. Bajo el suelo, a miles de metros de profundidad, una broca gira a ciegas. Ninguna cámara llega hasta allí y nadie puede mirar.

Pero en una cabina que vibra junto al pozo de petróleo, una persona acaba de notar algo extraño: un fragmento de roca que no debería estar ahí y un leve aumento de gas. Tiene minutos para decidir si se trata de un tesoro o del comienzo de una tragedia.

Esa persona es el geólogo de pozo. Su trabajo casi nunca sale en las noticias. Y por primera vez en décadas, ya no está solo en la cabina.

El oficio invisible

Su laboratorio de geología es una cabina instalada junto al pozo. Mientras la broca rompe la roca, un fluido llamado lodo sube a la superficie arrastrando fragmentos diminutos y gases. El geólogo los lava, los seca, los examina al microscopio y mide cada gas que aparece. Metro a metro, reconstruye un mundo que nadie ha visto. En la industria, este oficio se conoce como mudlogging.

Su trabajo sirve para tres cosas decisivas. Indica en qué tipo de roca se perfora y a qué profundidad. Detecta señales de petróleo o gas, es decir, si el pozo vale la pena. Y avisa del peligro: gases tóxicos, paredes del pozo que se derrumban, un ingreso brusco de fluidos que puede terminar en un descontrol, con pérdidas humanas y materiales, y contaminación ambiental. Con esa información, alguien decide si continúa, ajusta o detiene la perforación.

Durante décadas, todo esto dependió de los ojos, la experiencia y la resistencia en turnos de doce horas. Hasta ahora.

El compañero que no parpadea

Llegó la inteligencia artificial (IA), junto con sensores más precisos, escáneres láser, microscopios digitales y datos que viajan en tiempo real.

Los microscopios digitales fotografían cada fragmento de roca y la IA lo analiza en segundos: reconoce de qué roca se trata y estima si podría contener petróleo o gas. A diferencia de una persona agotada tras una guardia de doce horas, mantiene el mismo rigor a las seis de la tarde y a las seis de la madrugada.

Detectar el desastre antes de que ocurra

A veces las paredes del pozo se desmoronan. Los fragmentos que caen pueden atrapar la tubería y paralizar la operación. En la Universidad de Texas en Austin se desarrolló un sensor con cámara de alta resolución y escáner láser tridimensional que, instalado en la zaranda (donde el lodo se separa de los recortes), mide en tiempo real el volumen, el tamaño y la forma de los fragmentos que llegan a superficie. Es una alarma que se activa antes de que el problema se vea.

Otros sistemas vigilan sin descanso la presión, los tanques y el lodo, y pueden anticipar una entrada de fluidos minutos antes de que sea evidente. También ayudan a descartar falsas alarmas en la detección de gases como el sulfuro de hidrógeno, capaz de matar en minutos.

El reloj secreto del pozo

Hay un detalle que casi nadie imagina. La muestra que corta la broca no llega de inmediato: tarda desde media hora hasta más de una hora en subir a la superficie. Es el tiempo de retorno.

Si ese cálculo falla, el error es enorme. Se puede creer que apareció petróleo a 4.010 metros cuando en realidad estaba a 3.980. Treinta metros de diferencia que pueden costar millones. La IA recalcula ese tiempo de forma continua.

Una cabina conectada al mundo

La información ya no se queda junto al pozo. Viaja en tiempo real, por satélite, fibra o redes celulares, hasta centros de operaciones remotos, a veces a miles de kilómetros. Allí, equipos de geólogos e ingenieros siguen la perforación mientras ocurre y respaldan al geólogo de pozo con interpretación y decisiones.

Esa vigilancia permite detectar a tiempo influjos, pérdidas de circulación o cambios de formación, reducir el tiempo no productivo y mantener la trayectoria dentro de la zona objetivo. La IA genera reportes automáticos, revisa la calidad de los datos y compara el pozo con sus vecinos y con históricos.

¿El fin del geólogo?

Todo esto suena a sentencia. No lo es.

La IA reconoce patrones; el geólogo entiende el contexto. Un algoritmo puede avisar que los gases subieron o que la roca cambió, pero no sabe qué significa eso en esa zona, en ese campo y en ese pozo. Solo el geólogo contrasta la alerta con las muestras, con la historia del lugar y con los pozos que ha acompañado, y distingue una falla geológica desconocida de un simple sensor averiado.

La historia lo confirma. En 2010, la plataforma Deepwater Horizon explotó en el Golfo de México y provocó el mayor derrame marino de petróleo conocido. Las investigaciones identificaron, entre otras fallas, la mala interpretación de las señales de presión y del ingreso de gas. Las señales existían. Faltó leerlas bien.

Y hay algo más que ningún sistema aprende de sus datos: la duda. El geólogo se pregunta por qué esta roca no debería estar aquí o por qué este pozo no se comporta como los vecinos. Reconocer lo inesperado y convertirlo en una decisión sigue siendo tarea humana.

Una alianza, no un reemplazo

Volvamos a la cabina, a las tres de la madrugada.

El sistema acaba de lanzar una alerta de incremento de gas. El geólogo mira la pantalla, luego el microscopio y luego las muestras. Piensa en el pozo vecino, en lo que vio hace dos años. Y decide si la máquina tiene razón o si se equivoca.

Innovar no es solo sumar herramientas, sino tener la mentalidad para cuestionarlas. Un buen geólogo sabe cuándo confiar en la máquina y cuándo contradecirla. La IA amplía su vista, pero su criterio decide qué hacer con lo que ve.

La tecnología procesará millones de datos a gran velocidad, pero difícilmente reemplazará el ojo experto, la intuición y el sentido común de quien decide a tiempo, en medio del riesgo. Porque en el pozo, el factor humano sigue siendo la última defensa. Quien decide bien protege vidas y millones de dólares.

Los factores de la economía, entre los que la doctrina clásica enuncia a la Tierra, el Trabajo y el Capital -para concluir incluyendo a la capacidad empresaria- y, por último (nosotros) al derecho como los pilares (y costos) de la producción, aparecen en tensión a partir del remake de Friedrich Hayek desde la llegada al gobierno de Milei.

En especial en su abordaje sobre la “incompletitud” o existencia del conocimiento disperso al que es (o era) imposible acceder desde la limitación humana de análisis de tanta información (datos) como los que se ponen en movimiento al dispararse el juego de la oferta y la demanda y, de allí, los precios en un mercado determinado.

Sin necesidad de aclarar que el contexto histórico, geopolítica y tecnológico de su obra impulsora al Nobel ha cambiado muchísimo desde aquel cercano 1974, me permitiré hacer algunas observaciones que impactan en la vida cotidiana del mercado argentino.

Cualquiera que haya leído o conocido las opiniones del suscripto sobre la IA sabrá que admito el respeto por esa fenomenal herramienta digital, su inimitable procesador de textos, su maravillosa producción audiovisual y su inconmensurable capacidad y velocidad de análisis, pero siempre estoy lejos del difundido endiosamiento que palpita el reemplazo de la razón humana que campea en esta moda de temporada.

De aquí que a la teoría sobre la dificultad de acceso a un vasto conocimiento de las fuerzas del mercado por la dispersión del volumen de datos en circulación le hizo un leve desgaste inicial (1985) la aparición de las planillas Excel y luego, ley de Moore mediante, aquel conocimiento disperso hoy se encuentra bastante concentrado, y con la facilidad de acceso que brindan las IA y sus informes.

Obviar entonces que no es accesible la información, por ejemplo, del impacto ambiental que genera el tránsito por mares territoriales y océanos de los inmensos buques de contenedores de origen asiático hasta nuestros puertos, obviando pactos internacionales como Quebec, solo era un argumento sostenible en los años de la Cortina de Hierro o del desastre de Chernobyl.

La emisión monopólica estatal de moneda cede paso a las blockchain, y el Compre Nacional desapareció bajo la legítima iniciativa de la Ley Bases.

El debate instalado desde el poder ejecutivo, ya ha sido controvertido desde todos los puntos del espectro ideológico nacional (e internacional). Nótese que la amplitud de ese debate y su profundidad es sólo (y nada menos) que efecto de la fuerza comunicacional del emisor. La legitimación política que instala a la máxima autoridad política y administrativa nacional, también le entregó un poder informal o blando (Nye) que se diferencia sustancialmente de las actuaciones en paneles o medios de comunicación en los que otrora participaba sin los atributos presidenciales, como dije, legítimamente ungidos.

Ahora bien, en los costos de transferencias indicados por la OCDE y, en especial para el caso que nos ocupa, en las recomendaciones de la OCDE sobre el valor a obtener por el dinero público invertido (VFM por su sigla en inglés) aparecen categorías de estudio para el análisis de las ofertas en contrataciones públicas (o privadas de tal magnitud que tienen impuesto el sistema licitatorio por su dimensión y escala en el mercado) en las que la variable final del precio es uno de los ítem de cálculo de la ecuación económica financiera de la oferta total.

Así, las características del proveedor, su conducta impositiva, su solidez económica y capacidad técnica juegan un rol que no puede imponerse sin la observación detallada del impacto ambiental, de la paridad de los costos de transferencias (impositivas) al comparar ofertas internacionales y, un poco incluidas en esas obligaciones tributarias y otro poco por su propio peso, del valor por dinero (VFM) que se obtiene a partir del derrame que produce el pago de la contratación en el ámbito local de desarrollo.

La teoría del VFM ha llegado abrazada al avance tecnológico y a la visibilizacion de las desigualdades sociales antes ocultas en aquel conocimiento disperso lúcidamente identificado por Hayek.

Desregular es una de las formas o métodos más fuertes de regulación. La regulación de hoy, que incluye la apertura de fronteras con el objetivo de mejorar la oferta de bienes y servicios históricamente protegidos o subsidiados se transforma en una quimera si las reglas de juego no contemplan el análisis del valor que destina el Estado (y sus actores de mercado) al dinero público que se transfiere a las empresas privadas.

No por antigua el agua deja de apagar la sed, y no por remanida la idea de la existencia binaria de capital y trabajo pierde vigencia.

El capital es ahora más internacional (o multinacional) y más concentrado que nunca. Su fin primordial y lícito es la obtención de ganancias y necesita de un proceso virtuoso de reinversión, pago de salarios y obligaciones locales que contribuyen, otra vez, a las condiciones indispensables para crear nuevas ganancias. Es así que la infraestructura pública (intergeneracional) contribuye al desarrollo de las empresas y su pago vuelca dinero al mercado local que vuelve a subirlo al circuito económico desde el consumo.

Ese círculo virtuoso se deteriora a máxima velocidad cuando la moneda se emite sin razonabilidad alguna, cuando el déficit público sobrepasa la lógica de los compromisos constitucionales de garantías intergeneracionales de los servicios públicos y la no distorsión del mercado (art. 42 CN).

Pero nótese que cuando los costos de transferencias no son evaluados por los consumidores corporativos (públicos y privados) de obras, bienes y servicios, las reducciones de medidas aduaneras y arancelarias para mejorar la competencia producen el efecto contrario y consecuente de ocultar el valor que no se merituó en las ofertas locales, nacionales o regionales que incluyen en sí mismas la protección a la salud, la discapacidad, la invalidez, la paridad de género y el retiro de la fuerza local del trabajo (art. 75: 23 CN)

Ese valor oculto sale del círculo virtuoso de la competencia leal internacional, se constituye en una espiral de desigualdades injustas (como analizó Dubet) y entra en la cadena de subsidios y prestaciones públicas que soporta el Estado Nacional. Por ende, beneficia al capital con la transferencia de riqueza y el esfuerzo de la carga impositiva, social y previsional de toda la sociedad dando por resultado el inmediato abandono del esfuerzo de la capacidad empresarial por la comodidad de esa situación que se contenta con una plantilla Excel gananciosa sin otro aporte intelectual o emprendedor que el de las transferencias y des emparejamientos internacionales de impuestos.

Es entonces, cuando dejamos atrás la discusión de la competencia por la desregulación impositiva a la producción extranjera para entrar en un esquema inconstitucional y encubierto de subsidio al salario, la salud y la previsión de los trabajadores de otros países en desmedro de la mano de obra local altamente calificada.

Es indispensable que el esquema sea criterioso y virtuoso. El valor por dinero no es un principio atribuible a ninguna escuela económica de izquierdas. Por el contrario, es el capitalismo puro que debe garantizar competencia leal.

Rogamos a los responsables del impulso de contrataciones estratégicas y de alto impacto económico que analicen con las mejores herramientas que brinda la tecnología para honrar la observación de Hayek sobre el conocimiento disperso y que apliquen las indicaciones y recomendaciones de la OCDE de la OMC y del Protocolo de Quebec, contenidos por ejemplo en los compromisos públicos que YPF publicita en su sitio oficial (política de calidad, ambiente y seguridad) para evitar las fuertes distorsiones en el mercado que implican las ofertas de empresas extranjeras que ocultan la pérdida del valor del dinero público y atentan contra los compromisos internacionales que hemos incorporado a nuestra legislación local.

*El autor es Presidente del XX Congreso Asociación Iberoamericana de Estudios de la Regulación (ASIER) 2027

La ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil vuelve a poner sobre la mesa esta cuestión. En un país profundamente dividido, con un Congreso en el que no cuenta con una mayoría propia, el presidente tendrá que demostrar que la política es algo más que una disputa entre adversarios. La edad de Lula y la dificultad de encontrar nuevos liderazgos capaces de representar un proyecto político también plantean interrogantes sobre el futuro de su espacio.

La democracia no consiste en que una mitad de la sociedad se imponga sobre la otra. Consiste en reconocer que, aun después de una elección, quienes piensan distinto siguen formando parte de la misma comunidad. Los dirigentes expresan ideas, convicciones e intereses que representan a una parte de la sociedad. Por eso, descalificar al adversario o desconocer sus razones no hace desaparecer a quienes piensan como él. El voto otorga legitimidad para gobernar, pero no elimina la obligación de escuchar, negociar y buscar consensos.

En su mensaje posterior a las elecciones, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil recordó que la responsabilidad de los elegidos alcanza también a quienes votaron por otras opciones. La pluralidad de ideas, señalaron, no debe impedir la búsqueda de puntos de convergencia. Es una enseñanza que vale para Brasil, para la Argentina y para cualquier democracia que quiera superar la polarización.

Pero hay otra cuestión que merece nuestra atención: la prudencia en las relaciones internacionales.

Los presidentes tienen derecho a expresar sus ideas y preferencias políticas. Sin embargo, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones, no lo hacen solamente a título personal. Representan a sus países. Sus palabras, sus silencios y sus gestos tienen consecuencias que exceden sus convicciones individuales.

La Argentina y Brasil son mucho más que dos gobiernos de distinto signo o de afinidades circunstanciales. Son países vecinos, con una intensa relación comercial, una historia compartida y responsabilidades comunes en el Mercosur y en el continente. Las diferencias ideológicas entre sus presidentes no deberían poner en riesgo la cooperación que necesitan sus pueblos.

Un mandatario puede no compartir las ideas de otro gobierno, pero debe preservar los canales de diálogo y los intereses permanentes de su país. Un saludo institucional no significa adhesión política, del mismo modo que una discrepancia no justifica descuidar una relación estratégica. La política exterior exige distinguir entre las convicciones personales y la responsabilidad de representar a toda una nación.

En tiempos de tanta confrontación, conviene recuperar una mirada más amplia. El papa Francisco, en Fratelli tutti, nos invitó a construir una «vecindad cordial entre sus pueblos» y recordó la necesidad de una integración regional capaz de abrirse al vecino. También evocó la Patria Grande soñada por San Martín y Bolívar. No se trata de borrar las identidades nacionales ni las diferencias políticas, sino de comprender que hay desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

La prudencia no significa renunciar a las convicciones. Significa comprender que el ejercicio del poder exige poner el interés general por encima de las preferencias propias. Y que la fraternidad no consiste en pensar igual, sino en reconocer al otro como alguien con quien necesariamente debemos convivir y construir.

Quizás sea tiempo de que nuestros dirigentes levanten un poco la mirada. Las elecciones pasan, los gobiernos cambian, pero los pueblos permanecen. La Argentina, Brasil y América Latina necesitan menos encierro en las disputas partidarias y más capacidad para imaginar un destino compartido.

Porque cuidar la relación entre los pueblos también es una forma de servir al bien común.

A fines del año pasado, cuando la campaña era una conversación de despachos, trascendió que el “Centrão” encabezado por el expresidente Michel Temer le había acercado una propuesta a la familia Bolsonaro. La propuesta decía que el candidato debía ser Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y el dirigente con mejor medición del campo conservador, y a cambio el bloque empujaría una amnistía para Jair Bolsonaro, aunque recién tras cumplir un tramo más de condena. La familia habría dicho que la libertad era innegociable y diez meses después esa negativa explica casi todo lo que pasó el domingo.

El cálculo que hizo Bolsonaro no fue caprichoso sino aritmético. Lula partía de un piso cercano al 35% del padrón, la abstención histórica ronda el 20%, y descontados blancos y nulos, el campo disponible del otro lado llegaba al 40 por ciento. El bolsonarismo duro controla entre quince y veinte puntos propios, así que faltaban apenas cinco para asegurarse estar en el balotaje, y la familia creía conseguirlos sin ceder el apellido. Bolsonaro resolvió entonces que fuera su hijo y no el gobernador paulista.

Sin embargo, el arquitecto de la apuesta fue otro. Valdemar Costa Neto, presidente del PL, venía sosteniendo desde fines del año pasado que el objetivo no era el Planalto, que lo veía con pocas chances, sino el Congreso, y que había que colocar la mayor cantidad posible de legisladores para complicarle la vida a cualquier gobierno del PT. Una lectura fría que resultó la más realista. El PL terminó con 121 diputados y 28 senadores, y la derecha con 276 bancas y 49 senadores. Más allá de las fugas habituales al inicio de una legislatura, es el Congreso más a la derecha desde 1998.

La negativa de Bolsonaro tuvo una consecuencia inmediata. Sin acuerdo, los partidos chicos y medianos armaron listas propias para diputado, senador y gobernador, pero ninguno acompañó la fórmula presidencial, porque no creían que Flávio llegara tan lejos. De ahí que casi no hubiera coligaciones. La cuenta cerró igual, y Flávio Bolsonaro (PL) quedó primero el 4 de octubre con la base bolsonarista casi en soledad. Los apoyos llegaron después, ya para el balotaje, y no alcanzaron. El domingo perdió por tres puntos y medio, 51,75% contra 48,25% de los votos válidos. Con Tarcísio en la boleta, reelecto en San Pablo en primera vuelta con más del 60%, el resultado habría sido otro.

La victoria de Lula es suficientemente amplia para un país partido al medio, pero nació manchada. La extensión del horario de votación por dos horas, dispuesta por un ministro de la Corte que fue su abogado personal y habiendo pasado por encima del Tribunal Electoral, le entregó a la oposición el argumento que necesitaba. Y que Bolsonaro vuelva a negarse a reconocer el resultado agrava el cuadro, pero el problema no es ese. Es que la mitad que perdió ya sospechaba de la imparcialidad de la Corte, y ahora acaba de recibir un motivo más.

El PL terminó con 121 diputados y 28 senadores, y la derecha con 276 bancas y 49 senadores

Lo que viene entonces para Lula es un cuarto mandato sin horizonte. Lula asume sin reelección posible, él mismo lo dijo, y el PT no tiene sucesor. Un presidente sin futuro negocia peor desde el primer día, porque nadie invierte capital político en quien no estará del otro lado para devolver el favor. A eso se suma una economía incómoda, con un déficit fiscal y financiero anual de diez puntos del producto, una tasa selic e inflación que tenderán a subir al menos en el corto plazo, y muchas promesas de campaña sin presupuesto para ejecutarlas.

El Centrão probablemente le dé oxígeno los primeros meses, porque la caja de las enmiendas de gastos específicos los obliga a convivir con el Ejecutivo. Pero la aritmética es inapelable y un Congreso así no bloquea por capricho, bloquea porque puede y porque su electorado se lo exige.

Y por último, queda el frente más delicado, que es la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de los cuatro años anteriores, Lula no encontrará ahí el respaldo que lo sostuvo cuando le faltaron votos. El tribunal llega dividido, desgastado por el caso del Banco Master y señalado por su intervención en el cierre de la elección. Esa combinación vuelve plausible lo que hace un año era impensable, que el Senado avance con el impeachment de un ministro, con independencia de lo que quiera el Ejecutivo. Para destituir hacen falta 54 votos sobre 81 y la derecha tiene 49.

Brasil no eligió un rumbo el domingo. Eligió vivir el fin de una era que se inició hace 25 años. Eligió cuatro años de fricción entre un presidente sin margen político, un Congreso con mayoría propia y una Corte que dejó de ser árbitro para ser parte. La sucesión ya empezó a jugarse del lado de los gobernadores, con Tarcísio a la cabeza. El apellido Bolsonaro acaba de descubrir que su techo electoral existe. Y posiblemente la derecha brasileña descubrió que no lo necesita.

Para la Argentina, un Brasil atravesado por una crisis institucional y política en un contexto de una economía mucho más débil, va a impactar de forma negativa en el comercio bilateral, así como también en la posibilidad de tener un mayor impulso del Mercosur para avanzar con más acuerdos con terceros mercados. Por otro lado, una Argentina en elecciones el año próximo, donde las relaciones presidenciales se mantienen frías será un condimento adicional de una relación que estará liderada por el sector privado más que por el sector público.

El autor es Director de Abeceb

Si tuviera una hora para sentarme frente al presidente Javier Milei, no iría a discutir de ideologías. Tampoco a negar la necesidad de ordenar las cuentas públicas, bajar la inflación o terminar con privilegios que durante décadas hicieron daño a la Argentina.

Iría a hablar de algo mucho más concreto: cómo hacemos para que las fábricas argentinas sigan abiertas. Mientras discutimos el rumbo de la macroeconomía, hay empresarios que todos los días deciden si pueden pagar los sueldos, comprar materia prima, afrontar la factura de luz o sostener una máquina funcionando. Y hay un dato que debería interpelarnos a todos: más de 30.000 empresas dejaron de funcionar en los últimos años.

Soy industrial PyME. Conozco lo que significa levantarse todos los días pensando cómo sostener una empresa. Por eso, si pudiera reunirme con Milei, le pediría cinco cosas.

1. Que la industria nacional tenga una política de Estado

Argentina necesita estabilidad. Pero también necesita una estrategia productiva que sobreviva a los gobiernos. Ese es, para mí, uno de los grandes secretos de Brasil.

Brasil puede cambiar de presidente, de partido y de orientación política. Puede gobernar la derecha, la izquierda o el centro. Pero hay algo que permanece: la decisión de tener una industria fuerte. No se trata de cerrar la economía ni de subsidiar eternamente empresas ineficientes.

Se trata de entender que los países grandes no se construyen solamente importando productos. En Argentina nos falta justamente eso: una política industrial que no dependa del gobierno de turno. Si cada cuatro años cambiamos completamente las reglas del juego, ninguna PyME puede planificar una inversión a diez años.

2. Apertura con equilibrio para competir

Le pediría a Milei que no confunda apertura con competencia. Una fábrica argentina no puede competir si paga costos financieros, impositivos, energéticos y logísticos muy superiores a los de otros países. Abrir la economía puede ser una oportunidad cuando una empresa está preparada para competir. Pero si primero destruimos la capacidad productiva y después esperamos que aparezcan nuevas fábricas, podemos terminar importando aquello que antes producíamos nosotros. La industria argentina necesita competir.

3. Crédito productivo para las PyMEs

Una PyME industrial no crece solamente con voluntad. Necesita comprar una máquina, automatizar un proceso, incorporar tecnología, capacitar trabajadores, mejorar la eficiencia energética o desarrollar un nuevo producto. Por eso pediría una política de crédito productivo de largo plazo, con tasas razonables y especialmente diseñada para las pequeñas y medianas industrias.

4. Bajar de verdad el costo argentino de producir

Hay algo que escucho permanentemente en las fábricas: “No sé si puedo vender más; sé que cada vez me cuesta más producir.” Y acá aparece un problema que en los últimos meses se volvió directamente asfixiante: la energía eléctrica. En apenas tres o cuatro meses, muchas industrias y comercios estamos recibiendo aumentos de la energía eléctrica que, en algunos casos, superaron el 100%. Esto ocurre en un momento en el que las ventas están cayendo y muchas empresas ya están trabajando con márgenes cada vez más pequeños.

Una fábrica no puede apagar las máquinas cuando baja la venta y volver a encenderlas cuando mejora el mercado. Hay procesos industriales que funcionan durante horas, días o incluso de manera continua. Necesitamos menos burocracia. Menos impuestos distorsivos. Energía competitiva. Crédito. Infraestructura. Seguridad jurídica.

Y también una discusión laboral seria. No una reforma pensada contra los trabajadores ni contra los empresarios, sino una modernización que permita formalizar empleo, reducir la litigiosidad y generar nuevos puestos de trabajo, con las PyMEs sentadas en la mesa.

5. Que salvar una fábrica vuelva a ser una prioridad nacional

Quiero que el presidente entienda que una fábrica que cierra no es simplemente una empresa que deja de funcionar. Es una cadena que se rompe. No pierde solamente su dueño. Pierde el trabajador, el proveedor, el comercio del barrio, el municipio y pierde el país.

Mi planteo no es volver a una Argentina cerrada, subsidiada e ineficiente. Tampoco creo que todo lo que se hizo durante las últimas décadas haya funcionado. Necesitamos otra cosa. Una Argentina que tenga estabilidad macroeconómica y desarrollo industrial. Una Argentina que exporte más, pero que también produzca más. Una Argentina que atraiga inversiones, pero que también cuide a las empresas nacionales que llevan décadas invirtiendo.

Por eso, si tuviera la oportunidad de sentarme frente a Javier Milei, no le pediría que abandone su rumbo. Le pediría que lo complete. Que mire lo que está pasando detrás de los números. Que escuche a las PyMEs. Estamos a tiempo de evitar que muchas más persianas industriales bajen para siempre.

Una fábrica que cierra hoy no se recupera mañana con un decreto. No hay país grande sin industria.

Durante algunos años, armar un currículum era un ejercicio casi mecánico, donde solo colocabas datos personales, formación académica, lista de cargos y sus funciones; pero hoy en día ese formato ya no es suficiente para destacar.

Según un estudio del INEI, en agosto de 2025 la población con educación universitaria completa registró la tasa de desempleo más alta del país, incluso por encima de quienes solo llegaron a primaria. Lo que nos demuestra que tener un título no basta, ya que lo importante es demostrar lo que se sabe hacer y saberlo comunicar.

Según el Foro Económico Mundial (2025), cerca del 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará hacia el 2030, y entre las capacidades de mayor crecimiento destacan el pensamiento analítico, la creatividad, la resiliencia, el liderazgo y el aprendizaje continuo, justamente las que un currículum tradicional casi nunca logra mostrar. En un entorno donde las competencias se renuevan tan rápido, las empresas dejan de mirar solo dónde estudió o cuántos años trabajó una persona, ahora empiezan a preguntarse qué es capaz de hacer hoy y qué tan bien puede aprender lo que viene.

La OCDE apunta en la misma dirección, ya que en su informe “Empowering the Workforce in the Context of a Skills-First Approach” (2025), señala que el mercado laboral avanza hacia un enfoque donde las habilidades demostradas ganan peso frente a las credenciales tradicionales. En otras palabras, el currículum deja de ser un archivo de antecedentes y pasa a ser una evidencia de capacidades.

Entonces, ¿Qué buscan las empresas actualmente? Para dar una respuesta detallada es necesario desglosar una lista de prioridades que se deben tener en consideración.

Primero, tener habilidades visibles desde el inicio. Quien revisa decenas de currículums necesita identificar rápido qué sabe hacer el candidato; por eso conviene que las competencias clave no estén al final, sino que dialoguen con lo que pide el puesto.

Segundo, mostrar resultados en lugar de funciones. No es lo mismo escribir “encargado de redes sociales” que explicar qué se logró, cuánto creció la comunidad, qué campaña se lideró, qué proceso se mejoró. Una frase como “reduje 30% el tiempo de respuesta a los clientes” dice más que tres líneas de responsabilidades, ya que convierte una afirmación en una prueba.

Tercero, evidenciar una experiencia real, incluso antes del primer empleo. Proyectos universitarios, retos resueltos para una organización, voluntariados o trabajos independientes muestran capacidad de ejecución. Para los jóvenes, esto cambia la ecuación, ya que la experiencia no comienza el día de la contratación, se puede construir durante la formación.

Cuarto, un uso claro de la tecnología. Mencionar herramientas digitales o de inteligencia artificial ya no diferencia por sí solo; lo que marca la diferencia es explicar para qué se usaron y qué se logró con ellas.

¿Y qué pesa cada vez menos? Las listas largas de tareas sin resultados, las frases genéricas como “proactivo” u “orientado al trabajo en equipo” sin una situación que las respalde, y los cargos sin contexto. Son afirmaciones que cualquiera puede escribir y que, por lo mismo, dicen poco.

Esto importa porque las empresas también enfrentan un problema. Según la encuesta “Escasez de Talento 2026” de ManpowerGroup, el 63% de los empleadores en el Perú tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita. Por ello, hay vacantes que no se cubren y jóvenes que no logran insertarse laboralmente, una brecha que no siempre es de capacidad, sino de cómo esa capacidad se demuestra y se conecta con lo que el mercado requiere.

Por eso, un currículum que abre puertas no es el más largo ni el más ornamentado, sino el que cuenta con claridad qué sabe hacer su autor y qué ha logrado con ello. Ya que detrás de cada línea de ese documento hay un camino, porque quienes tuvieron la oportunidad de enfrentar retos reales mientras estudiaban llegan al mercado con algo más que un título, con historias concretas para contar.

Hay imágenes que uno desearía no haber visto jamás. Pero hay acontecimientos que ninguna sociedad libre, y mucho menos una que abraza los valores judeocristianos, tiene derecho a ignorar. En la presentación de la nueva embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, se presentó una proyección de registros audiovisuales de los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados en Israel el 7 de octubre de 2023.

Resulta difícil de describir aquellos hechos. No había actores, guión ni dirección artística. No eran reconstrucciones ni escenas preparadas para conmover al espectador. Eran imágenes captadas por las cámaras corporales (bodycams) de los propios atacantes, sus teléfonos celulares, los sistemas de vigilancia de los kibutz, cámaras de automóviles y dispositivos que registraron el ataque al festival de música Nova.

Había familias aterrorizadas, padres intentando proteger a sus hijos, jóvenes perseguidos y hogares convertidos en escenarios de muerte. Y algunos terroristas no se limitaron a registrar sus crímenes. También los celebraron. En una grabación presentada por Israel ante Naciones Unidas, uno de los atacantes se jactaba ante sus padres de haber asesinado judíos, utilizando el teléfono de una de sus víctimas.

En otro registro, el cuerpo de Shani Louk, una joven asesinada en el ataque al festival Nova, fue exhibido en una camioneta por las calles de Gaza, mientras algunas personas entre la multitud vitoreaban. La barbarie no se ocultaba: se exhibía como un trofeo.

Ninguna descripción alcanza para transmitir la dimensión de aquellas imágenes. Su crudeza interpela incluso a quienes llevamos años estudiando los conflictos internacionales, la seguridad y las amenazas contra las democracias. No se trata solo del impacto emocional, sino de comprender hasta dónde puede llegar la deshumanización cuando el asesinato de civiles se convierte en un acto deliberado.

El objetivo: las comunidades judías

Documentos recuperados de atacantes en aquel 7 de octubre—manuales, mapas e instrucciones operativas— revelaron preparativos y objetivos definidos. Human Rights Watch confirmó que los asesinatos y los secuestros de civiles fueron elementos centrales del asalto planificado, no hechos aislados. No fue resistencia: fue una masacre terrorista contra familias judías, cuyo carácter antisemita no debe diluirse en ningún relato posterior.

La violencia tuvo también una dimensión comunicacional. Cuando los atacantes registran los asesinatos y las imágenes circulan, el miedo atraviesa fronteras y continúa golpeando a los sobrevivientes, a las familias y a sociedades enteras. El terror busca imponerse no solo sobre un territorio, sino sobre la conciencia de quienes lo observan.

Esa es una expresión brutal de la guerra cognitiva contemporánea: convertir el horror en mensaje, explotar su impacto psicológico y procurar quebrar la confianza de las sociedades abiertas. Combatirla exige inteligencia, cooperación internacional, capacidades tecnológicas y desarticular las redes que sostienen y financian al terrorismo.

La defensa del Mundo Libre

Las palabras de la embajadora Spieler Reshef adquirieron otra profundidad después de aquella proyección. La defensa del Mundo Libre no puede agotarse en proclamar valores o invocar una herencia judeocristiana. Debe traducirse en la voluntad y en la capacidad de proteger a las sociedades democráticas frente a amenazas concretas.

Samuel P. Huntington planteó hace más de tres décadas que las identidades culturales tendrían un peso creciente en los conflictos internacionales. Su tesis sobre el choque de civilizaciones sigue invitando a pensar en los desafíos de Occidente, aunque no obliga a aceptar un enfrentamiento inevitable entre pueblos o religiones. El adversario que aquí debemos identificar son las organizaciones terroristas y quienes justifican sus métodos.

La causa palestina no puede utilizarse como coartada para romantizar a Hamás ni para celebrar la masacre del 7 de octubre. Y el antisemitismo que reaparece en Europa —también en París y otras grandes ciudades— exige atención. Francia registró 1.320 actos antisemitas en 2025, según su Ministerio del Interior: una señal concreta de que la seguridad de las comunidades judías sigue siendo un desafío para las democracias europeas.

Una relación estratégica entre Argentina, Estados Unidos, Israel y otras democracias debe expresarse en cooperación real: inteligencia compartida, ciberseguridad, protección de infraestructura crítica y combate al financiamiento terrorista, dentro del Estado de derecho. Requiere alianzas capaces de transformar los principios compartidos en seguridad efectiva.

Antes de la proyección, los asistentes debieron dejar sus teléfonos celulares y se prohibió fotografiar, filmar o registrar las imágenes. La restricción respondía al respeto por las víctimas y sus familias. No se trataba de un espectáculo ni de material destinado al consumo inmediato, sino de documentos visuales de crímenes reales, cuya preservación resulta fundamental para que la memoria histórica no quede a merced de las consignas, la manipulación o la negación.

Detrás de cada decisión sobre seguridad nacional hay una razón esencial: proteger la posibilidad de que las familias vivan sin el temor de sufrir un ataque como el del 7 de octubre. La defensa de las libertades requiere instituciones fuertes, cooperación internacional y aliados dispuestos a actuar. No alcanza con proclamar principios si no existe la voluntad de protegerlos.

La libertad no es gratis. El horror de ese día no debe desvanecerse en una disputa de relatos ni quedar relegado al paso del tiempo. Debe permanecer en la memoria con los rostros de sus víctimas y el nombre de sus responsables. Frente al terrorismo, recordar es un deber. Defender el Mundo Libre, una responsabilidad. Y el silencio no puede ser nuestra respuesta.

Una adolescente en el vestuario de su colegio es advertida de que su pantalón está manchado de sangre. Ella, asustada, sin comprender qué le estaba pasando, grita, “Me estoy muriendo”. Sus compañeras, lejos de explicarle y ayudarla ante su primera menstruación, la conducen hasta la ducha. La escena la muestra vestida, mojada y llorando desconsolada, mientras sus compañeras la filman para subir el video a sus redes sociales al tiempo que le arrojan distintos elementos, burlándose y gritándole “Carrie Red”. La escena corresponde a la serie Carrie, que se emite por una plataforma de streaming.

Hace pocos días un nuevo caso de bullying conmocionó a la sociedad. Las violencias entre pares, hoy conocidas como bullying o acoso escolar, no son una novedad ni una moda de esta década. Sino que por el contrario, han existido desde siempre y fueron retratadas en películas y relatos que marcaron a generaciones.

El bullying es una expresión de violencia que suele manifestarse en el ámbito escolar, donde los niños y adolescentes comparten gran parte de su tiempo. Sin embargo, que se manifieste en la escuela no significa que allí se origine ni que sea un problema exclusivamente escolar.

Para comprenderlo y abordarlo, es necesario reconocer que muchas veces quienes ejercen violencia también han estado expuestos a ella, la han naturalizado o han crecido en entornos donde el maltrato, la indiferencia y la falta de atención forman parte de la vida cotidiana. Los testimonios de víctimas, testigos e incluso de quienes ejercen estas conductas dejan al descubierto una realidad preocupante: la falta de escucha, la ausencia de respuestas, la falta de reparación y, en ocasiones, la justificación de comportamientos que provocan un profundo sufrimiento.

Sus consecuencias pueden ser devastadoras y afectar seriamente la salud emocional de niños y adolescentes, con desenlaces que, en los casos más graves, pueden incluir el suicidio. Frente a estas situaciones, el conocimiento de lo que ocurre debería ser el primer paso hacia la protección de quienes sufren. Que una institución educativa, las familias, los docentes o los adultos responsables tomen conocimiento de una situación de acoso debería significar para la víctima el comienzo de una respuesta y un alivio. Sin embargo, no siempre sucede así.

La indiferencia, la minimización de los hechos y las justificaciones de las conductas violentas pueden profundizar el daño y transmitir un mensaje tan peligroso como el propio maltrato, que lo que está ocurriendo no importa o que debe ser tolerado. En la actualidad, las redes sociales agregan una nueva dimensión al problema. Pueden amplificar las agresiones, prolongarlas más allá del espacio escolar y multiplicar su alcance. Pero también pueden contribuir a la detección temprana de estas situaciones, siempre que exista un acompañamiento adulto responsable, atento y respetuoso de la privacidad de los niños y adolescentes. La tecnología no reemplaza la intervención humana, pero puede ser una herramienta para reconocer señales de alerta y actuar a tiempo. Por eso, los adultos tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Debemos escuchar, observar e intervenir cuando un niño o adolescente es víctima, testigo o autor de una situación de violencia. Intervenir no significa únicamente sancionar, también implica proteger a quien sufre, detener las agresiones, acompañar a quienes participan y trabajar para que estas conductas no se repitan. No podemos mirar hacia otro lado. El silencio no protege, la indiferencia no resuelve y la justificación de la violencia solo contribuye a perpetuarla. Cuando un niño pide ayuda, cuando un compañero presencia una agresión o cuando alguien reproduce conductas violentas, los adultos tenemos la obligación de actuar. Porque prevenir el bullying no es una tarea exclusiva de la escuela, es una responsabilidad compartida. Y porque, frente a la violencia, no intervenir también tiene consecuencias.

El EMAE desestacionalizado de agosto dio un aumento de solo el 0,1% tras la caída del 2,8% de julio. Es decir, la recuperación fue mínima respecto a las bajas que viene registrando desde marzo. Además, el indicador dio negativo 1,7% en el interanual y tendencia de ciclo dio 0% que es el número que mira el gobierno y ahora muestra estancamiento de la economía.

Es más, el Indec corrigió la serie de tendencia de ciclo y se observan cinco meses consecutivos con cero. Es decir, el Gobierno había descartado la serie desestacionalizada y empezó a considerar la serie tendencia de ciclo porque mostraba mejor tendencia, pero las correcciones muestran que no existía tendencia a la recuperación.

La situación de tendencia hacia la recesión en el tercer trimestre, los problemas salariales por más que Milei los niegue, la mora de las familias con los créditos bancarios y demás problemas que generan angustia económica, plantean el interrogante de si el Gobierno puede hacer un giro para que la mejora que se ve en minería, energía y el campo derrame hacia el resto de los sectores de la economía.

La mora familiar alcanzó 12,81%, frente a 3,80% en las empresas. Conviene precisar qué se está midiendo. El problema económico de una familia endeudada aparece cuando una porción creciente de sus ingresos queda comprometida en obligaciones anteriores. En esas condiciones se reduce su margen para afrontar nuevos gastos y también su capacidad para tomar otro préstamo.

Milei se equivoca cuando argumenta que no es cierto que las familias se queden sin plata al 20 de cada mes sosteniendo que, ese caso, las familias estarían sin comer y beber 10 días

El financiamiento puede distribuir en el tiempo una compra, pero la posibilidad de cancelarlo depende de los ingresos futuros. Por eso Milei se equivoca cuando argumenta que no es cierto que las familias se queden sin plata al 20 de cada mes sosteniendo que, ese caso, las familias estarían sin comer y beber 10 días.

La realidad es que las familias pueden quedarse sin plata al 20 de cada mes, pero seguir comiendo y financiarse pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, y al mes siguiente hacer lo mismo. Luego, postergando el pago de los colegios de sus hijos, atrasándose en el pago de las expensas y demás deudas flotantes que puede tener.

El Gobierno se encuentra en un dilema

La actividad económica no arranca y la minería y el petróleo todavía no derraman actividad hacia otros sectores. Se puede ver, por ejemplo, en el transporte y la actividad comercial.

¿Qué margen tiene el gobierno para acelerar el nivel de actividad? A esta altura, solo se puede pensar en parches para ver cómo llega la situación económica de la gente a las elecciones de 2027.

La realidad es que no hay tanto margen y, por eso, solo se puede pensar en parches que, obviamente, tendrán un costo. Es decir, se puede pensar en parches que mejoren algo el bolsillo de la gente, pero no va a ser gratis. Algún costo habrá que pagar.

La razón es muy sencilla. Los ingresos reales aumentan cuando primero hay inversiones. Esas inversiones aumentan la demanda de mano de obra y la productividad de la economía y generan un aumento del salario real en forma sostenible.

¿Qué opciones tiene el Gobierno si quiere suavizar la situación de la gente?

Una opción sería que baje los encajes y que el Tesoro deje de colocarle bonos a los bancos para que haya más crédito disponible para el sector privado. Es decir, deje de desplazar al sector privado del mercado crediticio y puedan bajar las tasas de interés.

Una opción sería que baje los encajes y que el Tesoro deje de colocarle bonos a los bancos para que haya más crédito disponible para el sector privado

Otra opción podría ser eliminar el IVA sobre los intereses de los créditos para bajar el costo del financiamiento, sin embargo, como la gente está endeudada y no tiene margen para seguir tomando créditos, esta opción resulta poco práctica. Es más, los bancos están tratando de cobrar los créditos otorgados más que estar pensando en otorgar nuevos créditos.

El Gobierno insiste con que las empresas se reconviertan dado que la apertura de la economía las obliga a ser eficientes.

Una economía de mercado implica cambios de precios relativos, reasignación de recursos y actividades que ganan o pierden participación. El punto a dilucidar es si existen condiciones para que el capital y el trabajo se trasladen hacia nuevas oportunidades, y si esas oportunidades alcanzan una escala suficiente.

Cuando una pyme necesita modernizarse para competir, el acceso al financiamiento forma parte de esa transición. También cuentan los impuestos, las regulaciones y la previsibilidad contractual. Exigir una rápida adaptación empresarial mientras persisten obstáculos para invertir puede postergar la reconversión de las empresas y no lograr esa reasignación de recursos hacia sectores productivos. De manera que pensar que la reactivación va a venir por el lado de las pyme resulta poco probable, por ahora.

Exigir una rápida adaptación empresarial mientras persisten obstáculos para invertir puede postergar la reconversión de las empresas

Es más, la Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA correspondiente al tercer trimestre de 2026 muestra un dato relevante: los bancos endurecieron los requisitos para prestarles a las empresas y, al mismo tiempo, disminuyó en forma significativa la demanda de crédito por parte de las empresas.

Christian Buteler propuso que se reduzcan los aportes de los empleados en relación de dependencia a la Anses para que puedan consumir más y, ese mayor consumo compensaría la caída de los ingresos por aportes personales vía una mayor recaudación del IVA.

Es una opción, aunque, insisto, siempre de muy corto plazo y apostando a que el mayor consumo no se destine a compras en negro.

La mejor opción que se me ocurre es que el BCRA libere el mercado de cambios. Es decir, que elimine la prohibición de las empresas de comprar dólares, deje de obligar a los exportadores a ingresar los dólares que reciben por sus exportaciones y, sobre todo, que el Tesoro no siga colocando bonos en el mercado interno por un monto mayor al necesario para hacer el rollover.

La mejor opción que se me ocurre es que el BCRA libere el mercado de cambios

Pero la clave está en que el BCRA deje de comprar dólares emitiendo pesos, porque esa emisión, ante la baja demanda de moneda, es quitada del mercado con bonos que coloca el tesoro.

Si el BCRA baja los encajes y deja de emitir para absorber los pesos emitidos, podría bajar la tasa de interés y, al dejar de pisar el tipo de cambio, se terminaría con el subsidio a las importaciones y se nivelaría la cancha para que las empresas locales puedan competir con los productos importados hasta tanto se hagan las reformas estructurales pendientes.

Menos empresas cerradas y menos despidos podrían ayudar a mejorar el mercado interno y llegar a las elecciones con mejor humor social.

Aclaración final, no digo que haya que devaluar, digo que hay que liberar el mercado de cambios.

El desarrollo económico de una nación depende de sus recursos naturales, su capacidad productiva o sus decisiones macroeconómicas. Pero, además, existe un factor determinante: la calidad de sus instituciones jurídicas. La Constitución, las leyes, la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el funcionamiento de la Justicia constituyen condiciones esenciales para la inversión, la seguridad, la innovación, el crecimiento sostenible y, en definitiva, la inserción de Argentina en el mundo.

La relación entre el derecho y la economía es mucho más profunda de lo que habitualmente se reconoce: ambos organizan aspectos centrales de la convivencia social. Mientras la economía estudia la asignación de recursos, los incentivos y las decisiones de los individuos, el derecho establece las reglas bajo las cuales esas decisiones se adoptan, se desarrollan y producen consecuencias.

No existe actividad económica completamente ajena al ordenamiento jurídico. Desde la celebración de un contrato hasta la constitución de una empresa, desde la adquisición de una vivienda hasta el desarrollo de tecnología, toda iniciativa necesita un marco de derechos, obligaciones y garantías que permita proyectar sus consecuencias.

Por eso, la calidad de un sistema jurídico debe medirse por su capacidad para resolver conflictos o sancionar conductas ilícitas y, también, por su contribución a la estabilidad institucional, la confianza social y la generación de oportunidades.

El derecho crea las condiciones para que millones de personas produzcan riqueza. Un ordenamiento jurídico imprevisible o incapaz de garantizar los derechos puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo, incluso en países que disponen de abundantes recursos naturales y capital humano.

Las instituciones como determinantes del desarrollo

Uno de los principales aportes para comprender este vínculo entre derecho y economía ha sido desarrollado por el economista Douglass North, distinguido con el Premio Nobel de Economía en 1993.

North señala que las instituciones estructuran las relaciones humanas y determinan los incentivos que orientan el comportamiento de los individuos y las organizaciones. Dentro de ellas se encuentran las constituciones, las leyes, los derechos de propiedad y los mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento. Su contribución permite comprender que las diferencias en el desempeño económico de los países no pueden explicarse únicamente por la disponibilidad de recursos o la acumulación de capital. También intervienen las reglas institucionales que condicionan su utilización.

En su trabajo Institutions (1991), North explicó cómo las instituciones influyen sobre los costos de transacción, la incertidumbre y los incentivos económicos. Posteriormente, en su conferencia de aceptación del Nobel, profundizó sobre el papel de las instituciones políticas y económicas en el desempeño de las sociedades.

Un empresario que decide invertir, una familia que busca adquirir una vivienda o un emprendedor que desarrolla un producto necesitan poder anticipar, con razonable certeza, cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus decisiones. La posibilidad de proyectar esas consecuencias depende de factores concretos: la estabilidad normativa, la protección de los derechos adquiridos, el respeto por los contratos y la actuación de tribunales independientes.

La seguridad jurídica constituye una condición del desarrollo económico porque permite transformar expectativas individuales en proyectos sostenibles.

Gary Becker: el derecho y los incentivos que orientan la conducta humana

Otro aporte relevante corresponde a Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992, cuya obra amplió el análisis económico hacia campos tradicionalmente estudiados por otras disciplinas.

Becker demostró que los incentivos influyen sobre las decisiones humanas en ámbitos tan diversos como la educación, la familia, el trabajo, la discriminación y la criminalidad. Su contribución ofrece herramientas para comprender cómo las personas responden a diferentes beneficios, costos y restricciones.

Esta perspectiva resulta especialmente significativa para el derecho, porque las leyes no solamente establecen prohibiciones, autorizaciones o sanciones: también modifican los incentivos bajo los cuales las personas actúan. La enseñanza que puede extraerse de Becker es que las consecuencias de una norma no se agotan en su formulación jurídica: también deben examinarse los comportamientos que puede incentivar o desalentar.

En este sentido, no puede ignorarse que las decisiones legislativas, administrativas y judiciales tienen efectos sobre la organización de la sociedad y el desenvolvimiento de la actividad económica. Una buena legislación, será, entonces, aquella que permita alcanzar sus objetivos constitucionalmente legítimos mediante reglas claras, proporcionadas y aplicables.

Edmund Phelps: innovación, dinamismo y calidad institucional

La relación entre derecho y desarrollo también puede examinarse a partir de la obra de Edmund Phelps, distinguido con el Premio Nobel de Economía en 2006.

Phelps desarrolló importantes contribuciones sobre las relaciones entre inflación, empleo y expectativas. Asimismo, dedicó parte de sus investigaciones al dinamismo económico, entendido como la capacidad de una sociedad para generar, desarrollar e incorporar nuevas ideas.

En sus trabajos sobre innovación e instituciones, destacó la importancia de factores como el derecho societario, los mecanismos de financiamiento, la gobernanza empresarial, los procedimientos concursales y la formación de capacidades individuales para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos.

De este modo, la innovación requiere reglas que permitan convertir una idea en una actividad productiva, proteger los resultados de la investigación, organizar empresas, incorporar inversores y resolver las controversias que inevitablemente surgen en cualquier proceso de transformación. Hoy, la aparición de nuevas tecnologías demuestra la relevancia de esta cuestión. La inteligencia artificial, la economía digital, las plataformas tecnológicas y las nuevas modalidades de contratación presentan desafíos jurídicos que deben abordarse sin desconocer su potencial innovador.

En este contexto, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos, la prevención de daños y la preservación de espacios para la innovación. Es allí donde el derecho debe ofrecer respuestas al progreso tecnológico sin convertirse en una barrera para ese progreso.

La Constitución Nacional como fundamento jurídico del desarrollo

En la Argentina, la relación entre libertad, derecho y actividad económica se encuentra presente en el propio diseño constitucional. La Constitución Nacional reconoce un conjunto de derechos y garantías que configuran las bases jurídicas de la actividad económica.

El artículo 14 asegura, entre otros, los derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita, comerciar, usar y disponer de la propiedad y asociarse con fines útiles. El artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad y establece garantías frente a su privación. El artículo 18 protege el debido proceso y la defensa en juicio, mientras que el artículo 19 delimita el ámbito de actuación de la autoridad estatal frente a las acciones privadas.

Estos principios, entre otros, conforman una estructura de garantías destinada a proteger la libertad individual y limitar el ejercicio arbitrario del poder. Desde esta perspectiva, la Constitución protege un espacio de libertad dentro del cual las personas pueden desarrollar sus proyectos económicos y personales.

Esta concepción encuentra su antecedente en Juan Bautista Alberdi. Alberdi examinó las disposiciones de la Constitución de 1853 desde la perspectiva de la libertad económica, la propiedad, el trabajo, el comercio y las condiciones institucionales necesarias para el progreso nacional. Su pensamiento conserva actualidad por una razón fundamental: reconoció que el desarrollo económico no podía separarse de la organización jurídica del país.

La libertad de emprender, producir, comerciar e invertir requiere garantías institucionales que la hagan efectiva. No basta con reconocer derechos de manera declarativa si su ejercicio puede quedar sometido a decisiones arbitrarias o a obstáculos irrazonables.

Así, el constitucionalismo argentino ofrece fundamentos propios para comprender que la prosperidad no depende solamente de decisiones de política económica, sino también de la vigencia efectiva del Estado de derecho.

La Justicia como garantía de confianza y previsibilidad

La independencia de los jueces y la eficacia de los mecanismos de resolución de controversias constituyen garantías indispensables para la vigencia del Estado de derecho, pero también tienen consecuencias sobre la confianza de quienes desarrollan actividades económicas.

Un contrato es una manifestación de confianza en que las obligaciones asumidas serán cumplidas y, ante un eventual incumplimiento, existirá una instancia institucional capaz de resolver el conflicto mediante reglas previamente establecidas. Así, la posibilidad de recurrir a tribunales independientes reduce la necesidad de depender exclusivamente de relaciones personales, garantías informales o mecanismos privados de protección.

En consecuencia, la existencia de una Justicia imparcial, eficiente, transparente, igualitaria y de fácil acceso para la sociedad, principal usuaria del sistema de administración de justicia, facilita las relaciones económicas entre personas, empresas que operan en distintas jurisdicciones e inversores que deben adoptar decisiones con efectos durante muchos años.

La protección de la propiedad y la libertad contractual

La propiedad privada y la libertad de contratación ocupan un lugar destacado en la arquitectura jurídica de las sociedades modernas. La propiedad permite atribuir derechos sobre bienes materiales e inmateriales, organizar su utilización y establecer las condiciones bajo las cuales pueden ser transmitidos. La libertad contractual, por su parte, posibilita que las personas organicen voluntariamente sus relaciones patrimoniales dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

La protección jurídica de la propiedad requiere mecanismos confiables, procedimientos eficaces de tutela, garantías frente a intervenciones arbitrarias y criterios judiciales consistentes.

Con los contratos, la autonomía de la voluntad necesita un marco normativo que determine las condiciones de validez de los acuerdos, las consecuencias del incumplimiento y los remedios jurídicos disponibles para las partes. La existencia de reglas contractuales claras contribuye a reducir controversias y facilita la planificación de actividades futuras. Esta relación entre instituciones jurídicas y actividad económica también puede analizarse a partir de los desarrollos de Ronald Coase, premio Nobel de Economía en 1991.

Desde esa perspectiva, el derecho cumple una función que excede la resolución posterior de conflictos: contribuye a establecer las condiciones bajo las cuales las personas pueden coordinar sus decisiones, celebrar acuerdos y desarrollar iniciativas.

El derecho frente a los desafíos de una nueva economía

La transformación tecnológica de las últimas décadas permite advertir con particular claridad la importancia de contar con un ordenamiento jurídico capaz de acompañar nuevas formas de organización económica. La inteligencia artificial, la automatización, y el desarrollo de nuevos activos y servicios plantean interrogantes sobre responsabilidad civil, propiedad intelectual, privacidad, competencia, protección de datos y relaciones contractuales.

Estos fenómenos demuestran que la evolución económica puede avanzar más rápidamente que las respuestas normativas tradicionales. En efecto, cuanto mayor es la capacidad de transformación de una tecnología, más importante resulta contar con criterios jurídicos que permitan identificar responsabilidades, prevenir daños y solucionar controversias. Pero esa capacidad de innovación también exige confianza en las reglas que gobiernan las relaciones entre sus participantes.

El derecho como condición de la prosperidad

Los aportes de Becker, Phelps y North, desde perspectivas diferentes, permiten comprender que las decisiones humanas, los incentivos, la innovación y la calidad institucional se encuentran profundamente relacionados. El análisis jurídico permite incorporar a esa discusión una dimensión indispensable: las sociedades no organizan sus actividades únicamente mediante decisiones individuales, sino también a través de un sistema de normas, derechos, obligaciones y garantías.

Esas instituciones son las que protegen la libertad, permiten resolver conflictos y ofrecen previsibilidad a las relaciones humanas.

La remontada de Lula da Silva en el ballotage, que le dio un cuarto mandato, ofrece enseñanzas que los actores políticos argentinos deberían leer con atención. Estoy convencido de que hace falta un gran frente político-electoral que represente a la mayoría de los argentinos perjudicados por las políticas de Javier Milei. Ese frente tiene que poder vencer en las próximas elecciones a un gobierno que se está llevando puestos acuerdos básicos de nuestra democracia y que, a pesar del esfuerzo de amplios sectores de la sociedad, no está resolviendo los problemas de crecimiento.

Para lograrlo, todos los que lo integren deberían ceder algo. Unos deberían reforzar su compromiso con una macroeconomía ordenada, una política fiscal prudente y una moneda estable. Otros deberían aceptar que el sacrificio permanente de los de abajo no puede ser el único mecanismo de ajuste.

Frente a una derecha radicalizada que intentó asaltar las instituciones a principios de 2023, Lula construyó en 2022 —y repitió en 2026— una coalición amplia que iba de la centroderecha a la izquierda ambientalista. Además, le ofreció la vicepresidencia a Geraldo Alckmin, histórico gobernador de San Pablo y referente de la centroderecha.

El peso creciente de los tecno-oligarcas en la dinámica electoral es otro factor a mirar con suma atención. La campaña de Lula denunció a Meta por intentar interferir en la elección restringiendo sus contenidos. Con un presidente hecho por y para las redes, el dato no es menor: la gente tiene la última palabra, pero los algoritmos juegan su partido. Por eso es fundamental desarrollar capacidad de organización política mediante herramientas tecnológicas que no puedan ser sesgadas por esos grandes jugadores.

¿Puede importarse la fórmula Lula a la Argentina? Implicaría un acuerdo entre el campo nacional y popular y los sectores republicanos espantados por los atropellos institucionales y las políticas inequitativas de Milei. Sería un frente que dé voz a los cada vez más numerosos atacados por el gobierno: jubilados, universitarios, familias de personas con discapacidad, industriales, comerciantes y pymes que abarcan gran parte de nuestro aparato productivo, trabajadores que perdieron derechos y la comunidad LGTB.

Vienen de tradiciones distintas, pero desde 1983 han mostrado compromiso con el pluralismo y la disidencia. Eso contrasta con un presidente que hace de la violencia discursiva un recurso permanente. Quizás no coincidan en la interpretación sobre la historia política reciente o sobre los lineamientos que se deberían asumir en política exterior (que de todas maneras es imprescindible repensar en el mundo de hoy), pero sí en un sistema de salud moderno, universidades públicas como motor de inclusión, jubilaciones dignas, el fin del negacionismo ambiental, el valor de la ciencia pública y el abandono del odio como método de acumulación política.

Lula cedió, amplió su base y ganó, y ese triunfo fue también el de la democracia brasilera. Acá esa fórmula es posible: solo hay que mostrar disposición a ceder y dejar de lado las vanidades y los prejuicios.

Es un buen momento para invertir en minería. Perú tiene una enorme riqueza minera en un momento donde la transición energética, la electrificación del transporte y la aparición de nuevas tecnologías impulsan la demanda de metales en el mercado.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y agosto de 2026 la inversión minera en el Perú alcanzó los US$4.813 millones, un crecimiento de 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Cifras muy saludables pese a los desafíos que dejó la incertidumbre política en los primeros meses del año.

Además, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), los envíos mineros al exterior alcanzaron los US$57.492 millones entre enero y agosto de este año, un crecimiento de 55% frente al mismo periodo de 2025. El cobre representó el 46,1% de ese valor, mientras que el oro concentró el 37,6%.

Esto son buenas noticias para quienes invierten en la Bolsa de Valores de Lima. Entre enero y septiembre de 2026 las acciones de Nexa Resources Perú acumularon una rentabilidad de 108,83%, mientras que Atacocha avanzó 82,86%, Minsur 50,04%, Southern Copper 48,81% y Cerro Verde 48,71%. Adicionalmente, las utilidades mineras de las empresas bajo su cobertura podrían alcanzar los US$9.000 millones este año, una cifra récord.

¿Cómo podemos aprovechar este escenario como inversionistas? Si uno busca invertir en la bolsa es un buen momento para apostar por el crecimiento de empresas vinculadas a la producción de cobre, oro y otros metales. Algunas compañías distribuyen dividendos, lo que permite complementar una estrategia de valorización y diversificación de capital con ingresos periódicos.

Considero que uno de los principales atractivos de la minería es su perspectiva de largo plazo para los inversionistas aunque también implica riesgos. Los precios internacionales de los metales pueden fluctuar, los costos de producción pueden aumentar y los conflictos sociales pueden retrasar proyectos. Además, una empresa puede tener buenas perspectivas y, aun así, cotizar a un precio demasiado elevado.

También debemos entender que el crecimiento de la minería no beneficia únicamente a las grandes empresas. Una mayor inversión puede generar oportunidades para proveedores, infraestructura, transporte y servicios especializados. De hecho, según el Minem, la inversión en infraestructura minera alcanzó los US$1.308 millones entre enero y agosto, un crecimiento de 65,7% interanual. Es una muestra de cómo el desarrollo del sector puede dinamizar otras actividades económicas.

Soy optimista sobre el futuro de la minería peruana porque tenemos recursos, experiencia y una demanda internacional que abre oportunidades. Desde la perspectiva del inversionista, creo que vale la pena prestar especial atención a este sector.

En 2024, una asociación de consumidores denunció a Interbank ante el Indecopi por tres hechos: la caída de su sistema, que impidió a los usuarios acceder a sus cuentas o utilizarlas; la falta de información sobre canales alternativos, y no haber resguardado adecuadamente los datos de sus clientes.

Mediante la Resolución 1544-2026/SPC-INDECOPI, la Sala Especializada en Protección al Consumidor confirmó que este último punto era improcedente por falta de competencia. Su razonamiento fue directo: el incumplimiento del deber de confidencialidad le corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), porque esa conducta ya está tipificada como infracción grave en el reglamento de la materia.

Uno de los vocales no estuvo de acuerdo. Para él, un mismo hecho puede configurar varias infracciones; la protección al consumidor tiene respaldo constitucional; la ley de datos no le da a la ANPD potestades sobre las normas de consumo, y, en todo caso, la regulación de datos sirve como parámetro para medir la idoneidad del servicio. Agregó un argumento práctico: enviar al ciudadano a otra entidad le genera sobrecostos.

La Sala trató la protección de datos como si fuera un “sector” regulado, al igual que las telecomunicaciones o la salud. No lo es. La ANPD no es un organismo regulador: es una dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en los sectores regulados sí existe una delegación legal expresa de competencias en protección al consumidor a favor de entidades distintas del Indecopi, como ocurre con el OSIPTEL o SUNASS.

Aun así, se llega al mismo resultado por otro camino. La competencia de la ANPD no nace solo de su especialidad: la ley le atribuye expresamente la potestad de fiscalizar y sancionar las infracciones a la normativa de datos, entre ellas el incumplimiento de la confidencialidad y de las medidas de seguridad. A nuestro juicio, el reparto debería seguir la misma lógica que en los sectores regulados: el Indecopi atiende las relaciones de consumo en general, y la ANPD, las infracciones propias de su materia.

Si se acepta la tesis del voto en discordia, según la cual el Indecopi puede conocer infracciones a la normativa de datos personales, se llega a un absurdo: cualquier incumplimiento normativo podría disfrazarse de falta de idoneidad. El propio Código, cuando regula la garantía legal, se remite a lo que exigen las regulaciones vigentes, pero no convierte al Indecopi en fiscalizador de todas ellas.

Hay un punto más. La idoneidad se evalúa sobre las conductas vinculadas a la prestación del servicio financiero, y un incidente de seguridad suele ser obra de un tercero, supuesto que el propio Código reconoce como eximente de responsabilidad. Lo relevante, en todo caso, sería saber si el banco implementó las medidas de seguridad exigibles. Y no hacerlo también constituye una infracción a la normativa de datos, de competencia de la ANPD, que además exige una evaluación técnica que el Indecopi no realizó.

Tampoco convence el argumento de los sobrecostos de dinero y de tiempo. Que el ciudadano haya denunciado primero ante el Indecopi no le traslada la competencia. Además, acudir a la ANPD no encarece nada: no exige firma de abogado, el trámite es virtual y, a diferencia de la denuncia ante el Indecopi, que sí paga una tasa, tanto el procedimiento de tutela como la denuncia por infracción son gratuitos.

En suma, la competencia para conocer infracciones en materia de protección de datos personales debe quedarse en la ANPD. No solo cuenta con una delegación legal expresa a su favor: también ofrece canales gratuitos y tiene la capacidad técnica para resolver adecuadamente.

La vida transcurre normalmente entre acuerdos, conversaciones agradables y diferencias que conseguimos resolver sin demasiado esfuerzo. Hasta que aparece una discrepancia importante, una decisión que alguien cuestiona o una conducta que ya no podemos ignorar. Entonces surge la tensión, anticipamos una discusión y empezamos a elegir las palabras como quien camina sobre un campo minado. El riesgo de decir demasiado, de decirlo mal o de terminar diciendo aquello que no queríamos decir se convierte en protagonista. El peligro de la discusión acecha, la pelea inminente, el trago amargo, el exceso de palabras.

Bienvenidos a la vida real. También de esto están hechas las relaciones humanas y, por supuesto, las organizaciones. Que una situación resulte desagradable no significa que sea necesariamente negativa. Una conversación difícil puede permitirnos corregir un comportamiento, aclarar expectativas, resolver un conflicto o tomar una decisión que llevábamos demasiado tiempo posponiendo. La cuestión es cómo aprovecharla sin convertirla en una batalla: ¿cómo aprovechar estas inevitables situaciones para volvernos mejores?

Siempre sobre el tema (y nunca la persona) por delante

Parece obvio, pero basta observar una discusión para comprobar lo fácil que resulta pasar de cuestionar una decisión a descalificar a quien la tomó. «Este informe está incompleto» describe un problema. «Eres un incompetente» sentencia a una persona. En el primer caso podemos discutir qué falta y cómo corregirlo; en el segundo, lo más probable es que terminemos discutiendo sobre el insulto.

A nivel psicológico hay cierto tipo de mensajes que nos pueden hacer disparar las alarmas y ante las cuales nos ponemos a la defensiva. El primer paso es sin duda evitar a toda costa el ataque personal, aunque sea la vía más fácil, la del instinto.

Cuando alguien se siente atacado, su atención deja de centrarse en el asunto y pasa a protegerse. La conversación pierde utilidad justo cuando más la necesita. Criticar una conducta concreta, explicar sus consecuencias y acordar qué debe cambiar es mucho más productivo que etiquetar a alguien.

Hablar desde nuestra perspectiva, no desde una supuesta verdad absoluta.

No es lo mismo decir “nunca escuchas a nadie” que “cuando interrumpes antes de que termine de explicar una propuesta, me resulta difícil exponer mis argumentos”. La primera frase generaliza y acusa; la segunda describe una situación y su efecto. No exige que la otra persona acepte nuestra interpretación de su personalidad, sino que pueda comprender nuestra experiencia.

Esto no significa renunciar a la firmeza ni disfrazar los problemas con palabras amables. Significa ser precisos. Podemos comunicar que un resultado es insuficiente, que una decisión no es aceptable o que una relación laboral debe terminar, sin humillar a nadie ni convertir la conversación en un ajuste de cuentas.

Hay, además, una tercera práctica de la que ya hemos hablado antes: escuchar sin preparar inmediatamente la respuesta (o escucha activa). Una conversación difícil no es un concurso en el que gana quien argumenta mejor. Preguntar cómo interpreta la otra persona lo ocurrido, qué información considera relevante o qué solución propone puede revelar aspectos que desconocíamos. Escuchar no obliga a estar de acuerdo; permite decidir con mejor información.

Conviene tener claro el objetivo antes de empezar. ¿Buscamos corregir, comprender, negociar o comunicar una decisión ya tomada? Confundir estos propósitos genera expectativas falsas. Si una decisión es definitiva, presentarla como una negociación solo añade frustración. Si todavía hay margen para encontrar una solución, imponer nuestra postura desde el principio desperdicia esa posibilidad.

El cortoplacismo versus la madurez profesional

En el trabajo, estas diferencias tienen consecuencias concretas: afectan a la confianza, a la velocidad con la que se resuelven los problemas y a la disposición de las personas para colaborar. Evitar una conversación incómoda puede proporcionar tranquilidad durante unos días, pero también prolongar un problema durante meses.

No siempre conseguiremos un acuerdo. No todas las conversaciones terminarán bien y no todas las reacciones estarán bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es la preparación, el respeto, la claridad y la disposición a escuchar.

La próxima vez que debamos afrontar una conversación difícil, probemos algo sencillo: definamos qué necesitamos resolver, describamos los hechos sin etiquetar a nadie, expliquemos su impacto y preguntemos cómo lo ve la otra persona. Después, acordemos el siguiente paso.

La madurez profesional no consiste en evitar los conflictos, sino en aprender a resolverlos sin crear problemas innecesarios en el camino.

En un mercado laboral donde las competencias evolucionan, las herramientas digitales transforman las funciones y las empresas buscan perfiles cada vez más especializados, mantener actualizado el currículum vitae (CV) es mucho más que una tarea pendiente. Es una forma de gestionar la propia carrera profesional.

Sin embargo, muchas personas solo revisan su perfil cuando necesitan cambiar de empleo. El problema es que, mientras esperan una nueva oportunidad, su experiencia sigue creciendo, asumen nuevas responsabilidades y desarrollan habilidades que no necesariamente quedan registradas en su CV o en LinkedIn. Así, su presentación profesional puede terminar mostrando una versión desactualizada de lo que realmente son capaces de hacer.

La primera señal de alerta es que tu CV describe funciones, pero no resultados. Enumerar tareas como revisar contratos, coordinar compras o supervisar procesos permite conocer parte de tu trabajo, pero no necesariamente el valor que aportas. Las empresas necesitan entender qué lograste, qué problemas resolviste y cómo contribuiste a los objetivos del negocio. Por eso, conviene transformar las responsabilidades en logros concretos, respaldados por cifras cuando sea posible. No es lo mismo decir que gestionaste un proceso de compras que explicar que optimizaste ese proceso y redujiste los costos operativos en 12% en seis meses, siempre que ese resultado pueda sustentarse.

La segunda señal aparece cuando tus nuevas habilidades no figuran en tu perfil profesional. La inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales están modificando las exigencias de numerosos puestos de trabajo. También evolucionan las competencias de liderazgo, comunicación y gestión de equipos. Si has invertido tiempo en capacitarte, pero esa evolución no aparece en tu CV ni en LinkedIn, quienes revisen tu perfil podrían no identificar esas capacidades. La clave no es acumular palabras de moda, sino destacar las competencias que realmente dominas y que son relevantes para tu especialidad.

Una tercera señal es que tu cargo ya no refleja el nivel de responsabilidad que has alcanzado. Es frecuente que una persona comience con funciones operativas y, con el tiempo, pase a liderar proyectos, coordinar equipos, administrar presupuestos o participar en decisiones estratégicas. No obstante, la descripción de su puesto permanece intacta durante años. Esta brecha puede restarle visibilidad a su crecimiento profesional. Actualizar el perfil implica reconocer esa evolución y explicar con claridad el alcance de las responsabilidades asumidas.

La cuarta señal es la falta de diferenciación. Si tu presentación se limita a expresiones como “profesional proactivo, responsable y orientado a resultados”, es probable que no estés comunicando lo que te distingue de otros candidatos. La experiencia acumulada importa, pero también la manera de explicarla. Un perfil profesional sólido debe responder tres preguntas: qué haces, en qué te especializas y qué problemas puedes ayudar a resolver. Identificar esa propuesta de valor permite construir una presentación más clara y coherente con las oportunidades que deseas alcanzar.

Finalmente, si solo actualizas tu CV cuando necesitas cambiar de trabajo, estás dejando pasar una oportunidad de gestionar tu carrera. Esperar hasta el último momento puede hacer que olvides proyectos importantes, resultados, nuevas responsabilidades o capacitaciones. Una revisión periódica cada tres o seis meses permite registrar los avances de manera ordenada y reconocer qué competencias necesitas desarrollar para seguir creciendo.

Esta actualización también debe ser coherente entre el CV, LinkedIn y las demás plataformas profesionales. Si cada espacio presenta una versión diferente de tu trayectoria, puede resultar más difícil comprender tu especialidad y evolución. Por ello, conviene revisar periódicamente el cargo actual, los principales logros, las habilidades adquiridas, los proyectos relevantes y la propuesta de valor que se quiere comunicar.

Actualizar el perfil profesional no significa inventar una nueva trayectoria ni convertir cada experiencia en un logro extraordinario. Significa comunicar de manera precisa el valor de lo que ya se ha construido. También permite identificar brechas de capacitación, evaluar el rumbo de la carrera y reconocer nuevas posibilidades de desarrollo.

No es necesario estar buscando empleo para mantener el CV vigente. La empleabilidad también se construye mientras se trabaja, se aprende y se asumen nuevos desafíos. En un entorno laboral cambiante, tener una presentación profesional actualizada no garantiza una nueva oportunidad, pero sí ayuda a estar mejor preparado cuando aparezca.

Hace tres semanas Lula estaba muerto. El 4 de octubre se quedaron en casa 33,4 millones de brasileños, el 21% del padrón, la abstención más alta desde 1998 en un país donde el voto es obligatorio. Con ese silencio a favor, Flávio Bolsonaro le sacó más de dos millones de votos de ventaja.

Y la historia jugaba en contra, porque desde 1989 nadie había ganado un balotaje después de salir segundo y en seis de las siete segundas vueltas el ausentismo había crecido. Este domingo, con el 51,8%, un hombre de 80 años rompió las dos reglas y conquistó un cuarto mandato que ningún jefe de Estado brasileño había logrado.

La clave está en ese número. El líder del PT no salió a convencer bolsonaristas. Fue a buscar a los que habían preferido el sillón.

La lectura fácil es el tablero. Washington contra Brasilia, Trump contra Lula, la derecha continental contra el último bastión progresista. Es cómoda y es falsa. Brasil no votó geopolítica. Votó tiempo.

A los ausentes les ofreció lo único que les falta. Diez días antes del balotaje, el Congreso aprobó la semana de cinco días y 40 horas sin baja salarial. Para millones de brasileños la “escala 6x1” es la vida entera, seis jornadas de colectivo de madrugada y un único día libre para todo, para el médico, para los chicos, para dormir. En la recta final agregó la promesa de transporte gratis los fines de semana. Flávio terminó apoyando la ley, pero llegó tarde a una conversación que no era la suya.

Chaplin ya lo había filmado en Tiempos modernos. El obrero no se rebela contra una ideología, se rebela contra el reloj. El viejo tornero, que perdió un dedo en una prensa mucho antes de llegar al Planalto, lo entendió mejor que nadie.

¿Perdió Washington? Menos de lo que se dice. Trump fue prudente en el balotaje, no respaldó a nadie y se limitó a observar. Intuyó que cada gesto externo terminaba engordando el caudal del oficialismo.

Hay además un malentendido que conviene despejar. Lula nunca fue antiyanqui. En 2007 fue el primer mandatario latinoamericano que George W. Bush recibió en Camp David, pocas semanas después de que ambos firmaran en San Pablo un memorando para impulsar el etanol en el mundo. En 2009, en la cumbre del G20 en Londres, Barack Obama lo señaló ante las cámaras y lo presentó como el político más popular de la Tierra. Con Joe Biden lanzó en 2023 una asociación por los derechos de los trabajadores. Y con Trump, después del golpe de los aranceles del 50%, se cruzó en un pasillo de la ONU, ambos hablaron de “química” y en noviembre de 2025 la Casa Blanca levantó el recargo del 40% sobre la carne, el café, el cacao y las frutas brasileñas.

No es un ideólogo. Es un pragmático que hace política. Lo probó puertas adentro en esta misma campaña, cuando resignó candidaturas propias del PT para subirse al palco de aliados del PSD y del MDB, como Eduardo Paes en Río o Renan Filho en Alagoas. Ya lo había demostrado al llevar como vice a Geraldo Alckmin, su rival en el balotaje de 2006. Con Washington hará lo mismo. Negociará los acuerdos que le convengan.

Y tiene con qué. Brasil guarda cerca de 21 millones de toneladas de tierras raras, la segunda reserva mundial después de China, y Estados Unidos necesita diversificar su abastecimiento. Lula encara su último turno con un Congreso más conservador que lo obliga a moderarse. No tiene que hacer campaña, tiene que dejar legado. Las potencias no eligen socios por afinidad sino por previsibilidad.

Tampoco se desarmó el mapa. El Escudo de las Américas ya reúne diecinueve países, de Kast en Chile a Keiko Fujimori en Perú y De la Espriella en Colombia. Brasil no se plegó, pero una tendencia no se revierte en una noche.

¿Milei es lo único que le queda a Estados Unidos? No. Y ahí está su problema.

Pocas veces un presidente argentino apostó tanto en la elección de un vecino. Milei subió al escenario de Flávio en julio, festejó la primera vuelta como propia y, cinco días antes del balotaje, llamó a Lula “zurdo ladrón”. El mandatario le contestó en el debate final con una ironía, cuando le preguntó a su rival si ya le había pedido prestada la motosierra. Esa noche el ajuste argentino fue argumento del otro lado. Y entre los brasileños que sufragaron en Buenos Aires, los que conocen de cerca el experimento libertario, el PT arrasó con el 70%.

Cuando un aliado deja de ser escaso, pierde precio. Hace dos años Milei era la vitrina que la Casa Blanca exhibía para probar que la motosierra funcionaba. Hoy es uno entre muchos. Su cotización depende ahora de que pueda convivir con el gigante que quedó afuera, el socio sin el cual no hay Mercosur. Y, sobre todo, de que gane en su propio país.

Ese es el verdadero desafío, y no es ideológico. El problema de Milei no es Lula ni el peronismo. Es la apatía y la desesperanza. La ausencia de fe. En las legislativas de 2025 votó apenas el 67,85% del padrón, la participación más baja desde el regreso de la democracia. Más de 12 millones de argentinos decidieron no ir. Es el mismo enemigo que Lula derrotó este domingo.

Lo sabe el estratega que nunca quiso cargo y que vio The West Wing más veces de las que admite. Tiene claro que 2027 será un plebiscito sobre el Gobierno, que ahí está puesta la lupa y que con los convencidos no alcanza. Y seguramente recuerda aquel debate en el que a Bartlet le llega el turno de interrogar a su rival y no le pregunta nada. Reclama el tiempo. “¿Podemos tenerlo de vuelta, por favor?”.

Un hotel de Miami denunció una campaña de publicaciones que habría utilizado inteligencia artificial para perjudicar su reputación. El conflicto llegó a un tribunal federal estadounidense y planteó una pregunta inquietante: ¿lo que alguien le escribió a una IA puede terminar siendo examinado como prueba en un juicio? No implica una condena automática, pero abre una nueva vía de investigación.

La pregunta no es tecnológica. Es jurídica. Cuando una acusación se instala en redes sociales, alcanza a los clientes, llega a los socios comerciales o altera una negociación, la respuesta no puede limitarse a desmentirla. Hay que establecer qué ocurrió, quién intervino, qué pruebas existen y cuál es la decisión menos perjudicial para quien está siendo señalado.

El caso Fontainebleau y las instrucciones a la IA

En el expediente Fontainebleau Florida Hotel, LLC contra Shmuley Boteach Jacob, también identificado como Shmuel Botach, el hotel denunció publicaciones presuntamente difamatorias. El conflicto se originó tras un incidente ocurrido en diciembre de 2024 en sus instalaciones. Las partes discrepan sobre lo sucedido y las razones de la salida del demandado. Según la demanda, posteriormente se difundieron videos creados con inteligencia artificial que presentaban falsamente a personal y representantes del hotel celebrando el antisemitismo, los comparaban con colaboradores nazis y atribuían al establecimiento una supuesta prohibición de ingreso a personas judías. Son acusaciones de la parte actora, no hechos declarados probados.

El 21 de octubre de 2026, la magistrada federal Marty Fulgueira Elfenbein dictó una resolución sobre la obtención de conversaciones con proveedores de IA (Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, expediente 25-CV-20251, documento 289). El proceso se encontraba, para esta discusión, en una etapa de producción de prueba limitada a los daños. Ese dato cambia la lectura: el tribunal no estaba decidiendo si un prompt demostraba la responsabilidad del demandado, sino qué información podía buscarse para examinar el perjuicio reclamado.

El hotel quería conocer intercambios del demandado con cuatro proveedores de IA desde diciembre de 2024. La magistrada admitió que podían solicitarse determinadas conversaciones relacionadas con el hotel, sus empleados, propietarios, representantes y abogados, incluso algunas que hubieran sido eliminadas. Rechazó, en cambio, una búsqueda indiscriminada de todo lo consultado sobre el juicio, las resoluciones o los jueces. Tampoco obligó al demandado a autorizar de manera general la entrega directa de sus registros por las plataformas.

La decisión admite requerimientos delimitados, sujetos a objeciones y protecciones legales. No garantiza que los proveedores conserven o entreguen los datos. Su aporte es reconocer que las preguntas y correcciones hechas a una IA pueden resultar relevantes para investigar una conducta.

La mentira que parece noticia

El caso permite comprender un fenómeno que denomino deep news: contenidos falsos creados con inteligencia artificial que parecen información auténtica y pueden causar daños reputacionales. Aquí, el hotel sostiene que se difundieron videos para desacreditarlo. La cuestión jurídica no es solo si fueron manipulados, sino quién los produjo, con qué instrucciones, cómo circularon y qué perjuicio ocasionaron.

Imaginemos una acusación falsa contra el director de una compañía en medio de una operación de compraventa, un audio manipulado atribuido a un ministro o una publicación fabricada que compromete a un empresario ante sus bancos. La discusión puede comenzar en una pantalla, pero sus efectos aparecen en reuniones que se suspenden, contratos que se revisan y vínculos de confianza que se deterioran.

En estos casos suelo distinguir dos planos. Uno es el expediente judicial, que exige hechos, pruebas y garantías. El otro es el expediente informal que se construye en buscadores, medios y redes. El segundo puede condicionar decisiones económicas o institucionales mucho antes de que el primero produzca una respuesta. Una absolución o una rectificación posterior no borra automáticamente el recorrido de una acusación.

Prevenir no es vigilar: las decisiones del primer día

Cuando una publicación potencialmente falsa empieza a circular, las primeras horas son decisivas. La primera medida no debería ser una denuncia apresurada ni una respuesta indignada. Conviene preservar el contenido original, enlaces, fechas, versiones y contexto. Una captura aislada puede resultar insuficiente para acreditar autenticidad, alcance o modificaciones.

La segunda decisión consiste en reconstruir el riesgo real: quién recibió la información, qué operaciones o relaciones podrían verse afectadas y qué afirmaciones son objetivamente verificables. No es lo mismo una crítica severa que una imputación falsa de hechos; tampoco toda falsedad constituye delito. Elegir una vía penal sin sustento puede debilitar una estrategia que quizá requiera medidas civiles, preservación de evidencia o una intervención comunicacional cuidadosamente coordinada.

También importa saber cuándo guardar silencio. Una respuesta pública puede ser necesaria, pero a veces multiplica el alcance de una acusación. Antes de hablar, demandar o negociar, hay que saber qué se puede demostrar y qué consecuencias tendrá cada movimiento.

En la Argentina, ante indicios concretos de una campaña creada con IA, un abogado puede solicitar judicialmente la preservación de registros y su incorporación como prueba, siempre que el procedimiento lo permita. No alcanza con pedir «todas las conversaciones»: debe individualizar publicaciones, cuentas, períodos y contenidos, explicar su relación con los hechos y justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida. Según el caso, podrá requerir oficios a plataformas y pericias informáticas para reconstruir instrucciones, contenidos y modificaciones. El pedido debe respetar las garantías constitucionales y las reglas procesales aplicables. Una solicitud imprecisa puede fracasar; una medida fundada y delimitada puede resultar decisiva.

Qué puede probar un prompt y qué no

Una conversación con IA puede mostrar instrucciones, ensayos de redacción, cambios de tono o intentos de amplificar un mensaje. Pero su interpretación exige contexto: una pregunta hipotética no equivale a una acción ejecutada, y una frase hostil no demuestra por sí sola la intención jurídicamente relevante. Además, será necesario acreditar que el registro es auténtico, a quién corresponde la cuenta y cómo se relaciona con el contenido efectivamente difundido.

El problema también se presenta del lado de la defensa. No cualquier conversación utilizada para analizar un juicio puede ser exigida por la contraparte. La resolución estadounidense aborda la llamada work-product doctrine, protección de determinados materiales preparados para litigar. Esa doctrina no se traslada automáticamente a la Argentina, donde deben examinarse el secreto profesional, las garantías constitucionales y las reglas de cada proceso.

El valor del antecedente de Miami reside en ese equilibrio: identificar una nueva fuente posible de prueba, sin convertir la investigación en una revisión indiscriminada de la vida privada o de la preparación jurídica de una persona. En la Argentina, un oficio a un proveedor extranjero no asegura por sí solo el acceso a sus registros: habrá que considerar las reglas del proceso, la jurisdicción, la conservación de los datos y las vías de cooperación disponibles.

La prueba también cambia una negociación

Reconstruir el origen de una publicación no sirve solamente para obtener una sentencia. Saber cómo se preparó, quién intervino y qué alcance tuvo puede modificar una negociación, sustentar un pedido de cese o rectificación y evitar un juicio que amplifique el daño. En conflictos empresariales, una imputación falsa puede afectar operaciones, financiación y confianza. El abogado debe valorar prueba, tiempos, confidencialidad y exposición. Preservar evidencia permite negociar desde otra posición; litigar sin medir las consecuencias puede agravar el conflicto.

Cuando una mentira circula, el tiempo juega contra quien la padece. La primera decisión no siempre consiste en hablar o demandar: a veces es identificar una prueba que mañana puede desaparecer. Una conversación con IA puede ser un indicio, nunca una demostración automática de responsabilidad. Saber dónde buscar esa prueba, cómo obtenerla legalmente y cuándo utilizarla puede ser decisivo para defender una reputación.

Dr. Jorge Monastersky Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA). Posgrado en Derecho Procesal Penal. Posgrado en Criminalística y Medicina Legal. X: @JorgeMonasOK | Instagram: @JorgeMonastersky

¿Qué industria argentina puede crecer y competir hoy sin utilizar software? La respuesta es cada vez más evidente: ninguna. Detrás de una cosecha, de la producción de petróleo, de una transferencia bancaria o de la gestión de un hospital, hay tecnología. Y cada vez más, hay software desarrollado por empresas argentinas.

Esta realidad expresa un cambio que va mucho más allá de la transformación digital. La tecnología dejó de ser un sector más de la economía para convertirse en una infraestructura fundamental para la producción, la competitividad y el desarrollo. Ya no alcanza con producir más: es necesario producir mejor, optimizar recursos, innovar y encontrar nuevas formas de agregar valor.

En este escenario, la Argentina enfrenta una oportunidad que no debería desaprovechar. Contamos con recursos naturales estratégicos, una tradición productiva diversa y una industria del software que desarrolló capacidades para competir internacionalmente. El desafío es conectar esos activos y lograr que el conocimiento se convierta en una ventaja competitiva para el conjunto de la economía.

No partimos de cero. En los últimos diez años, la industria del software generó más de 65.000 puestos de trabajo, con un crecimiento del empleo superior al 60%, mientras que el empleo privado en el conjunto de la economía avanzó apenas un 1,2% en el mismo período.

¿Qué industria argentina puede crecer y competir hoy sin utilizar software? La respuesta es cada vez más evidente: ninguna

Hoy, más de 160.000 personas trabajan en la industria argentina del software y alrededor de 290.000 lo hacen en el conjunto de la Economía del Conocimiento. Con unas 6.200 empresas, el sector reúne desde compañías de alcance global hasta pequeñas y medianas empresas que, desde distintas ciudades del país, exportan servicios y desarrollan soluciones para clientes de Estados Unidos, Europa y otros mercados.

Esta combinación de escala internacional, federalización y capacidad exportadora demuestra que el conocimiento puede convertirse en una fuente concreta de empleo, inversión y generación de divisas. La Economía del Conocimiento ya es uno de los principales complejos exportadores argentinos, con ventas externas superiores a los USD 10.000 millones anuales. El software representa una parte sustancial de esa contribución.

En un país que necesita generar divisas, inversión y empleo de calidad, estas capacidades constituyen un activo estratégico. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en aprovechar sus capacidades para impulsar al resto de los sectores productivos.

El valor de nuestros recursos depende también del conocimiento que les agregamos

La Argentina cuenta con recursos naturales extraordinarios: energía, minerales, alimentos y una extensa tradición productiva. Pero disponer de recursos naturales no garantiza, por sí solo, una ventaja competitiva sostenible. Cada vez más, la diferencia entre producir una materia prima y desarrollar una actividad de alto valor agregado está en el conocimiento que incorporamos a lo largo de toda la cadena productiva.

En los últimos diez años, la industria del software generó más de 65.000 puestos de trabajo

El software y la inteligencia artificial permiten optimizar procesos, anticipar fallas, mejorar el uso de la energía, aumentar la productividad agropecuaria y desarrollar nuevos productos y servicios. También hacen posible tomar mejores decisiones, reducir costos y acceder a mercados que antes resultaban difíciles de alcanzar.

La oportunidad es que cada tonelada de litio, cada barril de petróleo y cada cosecha incorporen más inteligencia y tecnología desarrolladas en la Argentina. No se trata de elegir entre recursos naturales y conocimiento, ni de contraponer industria y servicios. Se trata de entender que su integración puede multiplicar el valor de ambos.

Esta discusión ya está trascendiendo al sector tecnológico y ocupando un lugar cada vez más relevante en la agenda productiva. No es casualidad que la integración de industria, tecnología y conocimiento sea uno de los grandes ejes de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina que se llevará adelante en noviembre. La competitividad de nuestro país depende, cada vez más, de la capacidad de incorporar innovación a sus actividades productivas y de transformar ventajas naturales en mayor valor agregado.

Hoy, más de 160.000 personas trabajan en la industria argentina del software y alrededor de 290.000 lo hacen en el conjunto de la Economía del Conocimiento

También por eso, el debate sobre inteligencia artificial no puede quedar circunscripto a las empresas que desarrollan tecnología. Es una conversación que involucra a toda la economía y que requiere una mirada compartida sobre cómo queremos producir, invertir y competir en los próximos años.

Algo similar ocurre con las inversiones en infraestructura digital. La llegada de centros de datos puede representar una oportunidad para aprovechar las condiciones energéticas, geográficas y de conectividad. Pero su impacto será mucho mayor si esas inversiones se vinculan con empresas locales, profesionales especializados, investigación y desarrollo de soluciones. La infraestructura es una condición necesaria; el talento y la capacidad de innovar son los que permiten convertirla en una plataforma de desarrollo.

Esta mirada también debe orientar las decisiones de inversión en infraestructura digital. La llegada de centros de datos, por ejemplo, puede abrir oportunidades para aprovechar las capacidades energéticas y las condiciones del país. Pero el impacto de esas inversiones será mayor si se articulan con empresas locales, profesionales especializados, investigación y desarrollo tecnológico.

La infraestructura es importante, pero no alcanza por sí sola para construir una economía más competitiva. Necesitamos desarrollar un ecosistema capaz de aprovecharla, generar soluciones y convertir esas inversiones en nuevas capacidades productivas.

Esta fue una de las cuestiones centrales que buscamos poner en discusión en el IA Day: cómo pasar de reconocer el potencial de la tecnología a incorporarla efectivamente en la economía. La inteligencia artificial no debería ser una conversación exclusiva del sector tecnológico. Es una agenda que involucra a la industria, el agro, la energía, la minería, los servicios y a todas las actividades que necesitan mejorar su productividad y competir en un mercado global cada vez más exigente.

Desde CESSI, entendemos que nuestra industria tiene una responsabilidad estratégica en ese proceso. El software argentino puede y debe ser un socio del resto del entramado productivo. Para lograrlo, es necesario profundizar los vínculos entre empresas tecnológicas y sectores tradicionales, identificar problemas concretos y desarrollar soluciones que generen resultados medibles.

La transformación no se producirá por incorporar tecnología de manera aislada, sino por integrarla a los procesos, los modelos de negocio y las decisiones de cada organización.

El autor es presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)

La noche del 1 de julio de 1978, el *New York Times* compuso por última vez un diario con plomo caliente. Dos empleados filmaron ese cierre. En el video hay entusiasmo, hay furia y hay un linotipista que decidió jubilarse esa misma noche. No le tocaba por edad pero no quería aprender el sistema nuevo.

Es fácil leer esa escena como la historia de una máquina que reemplaza a un hombre. Pero la computadora no lo echó. Lo que lo dejó afuera fue la relación que eligió tener con lo nuevo: mirarlo como una amenaza a todo lo que había construido y no como un territorio para explorar. Había dedicado décadas a volverse extraordinario en algo que, de un día para el otro, dejó de ser escaso. Hizo la cuenta en frío y se fue.

Casi cincuenta años después, la escena se repite sin plomo y sin cámaras. Ya no es el operario que se va. Es el profesional con trayectoria que se queda, sigue siendo la persona a la que todos consultan, y usa la IA de costado: la probó un par de veces, leyó bastante, opina con soltura. Pero nunca pasó por la torpeza de usarla en serio.

La experiencia protege. Por ahora

Los datos que tenemos contradicen el miedo más extendido: la IA no está golpeando primero a los más grandes, sino a quienes recién empiezan. Un trabajo de la OCDE publicado en julio muestra que la exposición a la automatización es mayor en los grupos más jóvenes y cae con la edad, porque la experiencia tiende a complementar a la IA. En Stanford, el equipo de Erik Brynjolfsson encontró que el empleo de personas de 22 a 25 años en las ocupaciones más expuestas cayó un 16% relativo, mientras que el de los trabajadores con más experiencia se mantuvo y, en muchos casos, creció.

La explicación no es la edad, es el tipo de saber. La IA reemplaza bien el conocimiento codificado, el de los manuales y las reglas, que es lo que se domina al principio de una carrera. Lo que todavía está a salvo es lo que no está escrito en ningún lado: criterio, contexto, lectura de personas, saber cuándo una respuesta correcta es la respuesta equivocada, y ese es el territorio que dominan los que tienen experiencia.

Pero hay dos letras chicas. La primera: la OCDE aclara que el patrón por edad se atenúa cuando se controla por educación, ocupación y país. Parte de la protección viene del lugar donde trabajan los adultos, no de ellos. La segunda: esa experiencia que protege es justamente la que menos se está combinando con la herramienta. En Estados Unidos, solo el 23% de las personas de 50 años o más usa IA en su trabajo de manera significativa, y apenas el 12% recibió alguna capacitación en su empresa.

Y el mercado no espera. En Argentina, casi 7 de cada 10 empresas no contrataron a nadie mayor de 50 en el último año. El escudo de la experiencia alcanza para quedarse. No alcanza para volver a entrar. Y toda protección que no se cultiva, vence.

Tres relaciones que jubilan

Cuando acompaño a profesionales con trayectoria en procesos de aprendizaje, veo que el problema casi nunca es la herramienta. Es el vínculo. Y hay tres formas de vincularse con la IA que, sin hacer ruido, empiezan a dejar a alguien afuera.

Mirarla desde el balcón. Leer, opinar, esperar a que se aclare. Tiene una justificación razonable: nadie sabe hacia dónde va. En 2016, Geoffrey Hinton, a quien llaman el padrino de la IA y que años después ganaría el Nobel, dijo que había que dejar de formar radiólogos. Diez años después, en Estados Unidos hay más radiólogos que nunca, y casi cada imagen pasa por un algoritmo. Si la persona que más sabía del tema se equivocó sobre su propio campo, la conclusión es incómoda: nadie tiene el mapa. Pero detrás viene una conclusión cómoda y peligrosa: si nadie sabe, puedo esperar. Que nadie tenga el mapa no significa que todos estén igual de perdidos. Hay quienes caminan el territorio y quienes lo miran desde arriba. Leer sobre IA no es aprender IA. Es la ilusión de aprendizaje.

Usarla como oráculo. El extremo opuesto: delegarle el pensamiento. Pedirle el informe, la propuesta, el análisis, y entregarlo casi sin tocar. Parece adopción, pero es otra forma de quedar afuera. Hoy el desafío es no ser fungible: lo fungible es aquello que se puede reemplazar por algo idéntico sin perder valor, como un billete por otro. Si lo que entregás es lo mismo que produce la herramienta, sos reemplazable por la herramienta. Hinton confundió una tarea con un trabajo: leer una imagen es una tarea; ser radiólogo es integrar esa imagen con una historia clínica, discutir con otro médico y decirle a una persona lo que se encontró. Quien usa la IA como oráculo le cede justamente la parte que lo hacía irremplazable.

Usarla para confirmar lo que ya sabés. La más sutil. Probarla solo en lo que dominás, para comprobar que se equivoca. Pedirle que valide una idea propia. Y cuando falla, concluir que “todavía no está lista”. Es lo que llamo el ego del experto: cuanto más se construyó en un campo, más expuesto se siente uno al volver a ser principiante. No es arrogancia. Es autoprotección. Años de ser la persona que tiene la respuesta hacen que no saber se sienta como una amenaza a quien uno es.

Las tres tienen la misma raíz. Ninguna pone en juego la identidad de experto. El balcón la protege desde la distancia, el oráculo la protege tercerizando el riesgo, la confirmación la protege desde el control. Y las tres dejan a la persona exactamente donde estaba, mientras el terreno se mueve.

No perdimos la capacidad. Perdimos la costumbre

El argumento más repetido para no aprender a cierta edad es biológico pero es el más débil.

Un estudio de Joshua Hartshorne y Laura Germine, con datos de casi 50.000 personas, mostró que no hay una edad pico para todas las capacidades. La velocidad de procesamiento llega a su máximo alrededor de los 18 o 19 años. La capacidad de leer los estados emocionales de otras personas, recién entre los 40 y los 50. El cerebro adulto no pierde la capacidad de aprender: cambia la economía con la que aprende. Lo nuevo compite con redes y hábitos ya consolidados, y necesita intención, repetición y tolerancia a la incomodidad. Y no borra lo que ya sabés para incorporar lo nuevo. Superpone.

No perdimos la capacidad de aprender. Perdimos la costumbre de exponernos a lugares donde todavía no sabemos.

Lo que frena no está en las neuronas sino en las creencias. Funcionan como anteojos invisibles: “esto es para los más jóvenes”, “ya no tengo edad para empezar de cero”, “cuando se estabilice, me pongo”. Suenan a realismo, pero lo que hacen es protegernos del error. Hacerlas visibles es el primer paso para que se vuelvan negociables. La pregunta útil no es si esa creencia es cierta, sino qué estoy protegiendo si la sostengo.

La relación de explorador

Hay una cuarta forma de vincularse con la IA. No es la del experto que la evalúa ni la del principiante que la obedece. Es la del explorador: alguien que entra a un territorio que no conoce, con lo que ya sabe como equipaje y no como armadura.

En la práctica, esa relación tiene tres roles posibles para la IA. Como tutor, te explica a tu nivel y convierte conceptos en práctica. Como espejo, hace visibles los supuestos y los vacíos de tu razonamiento. Como sparring, te discute, simula conversaciones difíciles y te devuelve feedback para volver a intentar. En ninguno de los tres piensa por vos. Te ayuda a pensar mejor. Delegás la fricción, sostenés el pensamiento.

Esa relación no se declara. Se construye con pequeñas exposiciones repetidas. Anne-Laure Le Cunff lo llama *tiny experiments*: en lugar de una meta que abruma, un pacto pequeño. Durante X días pruebo Y para aprender Z. Por ejemplo: durante tres semanas, antes de cada reunión importante, le pido a la IA que discuta mi propuesta como lo haría el cliente más difícil, para aprender a anticipar objeciones. Un experimento no busca salir bien. Busca crear evidencia nueva que reemplace una suposición vieja.

Y se construye mejor en compañía. Las personas más jóvenes traen fluidez con la herramienta; quien tiene trayectoria trae el criterio para saber cuándo la respuesta está mal. Ese cruce entre generaciones vale más que cualquier capacitación aislada, siempre que el experto acepte, por un rato, ser el que pregunta.

Ahí aparece lo que no se puede reemplazar. No una especialidad más profunda, sino una combinación: dos o tres saberes reales, conectados de una manera que solo vos hacés. Tu experiencia no queda obsoleta. Se vuelve materia prima para una forma de trabajar que todavía estás diseñando. La hoja no está en blanco: cada capa nueva se apoya en lo que ya sos.

Lo que sigue siendo tuyo

Aquel linotipista tuvo más de una década para ver venir el cambio y aún así eligió irse. No lo derrotó la computadora. Lo derrotó una identidad que no estaba dispuesto a poner en juego.

La IA va a seguir cambiando tareas, y nadie sabe todavía cuáles ni a qué ritmo. Esa parte no la controlamos. La otra sí: cuánto nos exponemos, cuánto probamos y cuánta torpeza estamos dispuestos a tolerar mientras aprendemos. Eso es lo que llamo una identidad de aprendiz: no un rasgo con el que se nace, sino una decisión repetida de relacionarse de otra manera con el no saber.

La tecnología no decide quién se queda afuera. Lo decide el vínculo que construimos con ella. Y ese vínculo, a diferencia de la tecnología, se puede rediseñar todos los días.

No sos tu última versión.

Cuando una grabación puede demostrar que un encuentro sexual fue consentido, excluirla con fundamento en la privacidad de la denunciante podría impedir el esclarecimiento de los hechos y conducir a una condena injusta.

Vivimos en una sociedad donde gran parte de nuestras actividades deja registros digitales. Cámaras de seguridad, teléfonos celulares, mensajes, fotografías, audios y videos documentan acontecimientos que posteriormente pueden convertirse en elementos fundamentales de una investigación penal.

En los delitos sexuales, esta realidad adquiere particular trascendencia. Generalmente se investigan hechos ocurridos en ámbitos privados, sin testigos presenciales, donde las versiones de las personas involucradas pueden resultar contradictorias.

¿Qué sucede cuando una persona es denunciada por abuso sexual, sostiene que el encuentro fue consentido y cuenta con registros audiovisuales que podrían corroborar su versión? ¿Puede la Justicia impedir el examen de esas imágenes alegando que afectan la intimidad de quien denuncia o que su incorporación implicaría revictimizarla?

La investigación penal no puede limitarse a reunir elementos que confirmen una denuncia. Debe obligadamente examinar aquellos que puedan desvirtuarla. El artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio, garantía que comprende todas las etapas del procedimiento penal, incluida la investigación preliminar.

Por ello, la persona imputada tiene derecho a proponer elementos probatorios pertinentes y potencialmente exculpatorios, cuya admisibilidad deberá resolverse conforme al ordenamiento procesal aplicable.

Impedir injustificadamente el examen de evidencia que podría esclarecer el hecho investigado no solamente afecta el ejercicio del derecho de defensa: también compromete la objetividad de la investigación y aumenta el riesgo de una acusación infundada que posteriormente pueda conducir a una condena injusta.

Revictimización, una categoría que no puede anticipar la culpabilidad

La prevención de la revictimización constituye un objetivo legítimo del proceso penal. Sin embargo, su aplicación exige una distinción jurídica fundamental que frecuentemente se omite.

Que una persona sea denominada “víctima” dentro de un proceso penal no significa que los hechos denunciados hayan sido judicialmente acreditados ni que el imputado sea culpable. La legislación reconoce a quien denuncia determinados derechos y mecanismos de protección desde las primeras etapas de la investigación. Se trata de una condición procesal que permite acceder a garantías de asistencia, información, participación y protección, sin necesidad de esperar una sentencia condenatoria.

Pero ese reconocimiento no constituye una declaración judicial definitiva sobre la existencia del delito, la veracidad de la imputación ni la responsabilidad penal de la persona acusada.

La acreditación definitiva de la responsabilidad penal exige una sentencia condenatoria firme, dictada luego de un proceso respetuoso de las garantías constitucionales. Hasta entonces, el imputado conserva íntegramente su estado jurídico de inocencia.

Si una persona imputada ofrece un registro audiovisual potencialmente dirimente para esclarecer si existió consentimiento, corresponde analizar su pertinencia, legitimidad y autenticidad, así como las medidas necesarias para proteger la intimidad de quienes aparecen en él.

La Justicia puede disponer reserva, confidencialidad, acceso restringido y prohibición de difusión del material. Lo que no corresponde es utilizar automáticamente la condición procesal de víctima como fundamento para impedir su examen.

Porque mientras la acusación no haya sido demostrada mediante el procedimiento legal correspondiente, existen dos exigencias constitucionales que deben respetarse simultáneamente: la protección de quien denuncia y la presunción de inocencia de quien es acusado.

Ninguna política de protección puede justificar que se prive injustificadamente a una persona imputada de los medios legítimos para ejercer su defensa.

En los últimos tiempos, el insulto, la descalificación y la humillación fueron ganando espacio en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los debates públicos. La confrontación parece haberse convertido en un espectáculo que captura la atención, consigue adhesiones y se reproduce a gran velocidad. En ese escenario, disentir ya no siempre significa debatir ideas, sino, a veces, atacar a quien las sostiene.

Pero el problema no es solamente comunicacional, es político, social y, sobre todo, pedagógico. Porque las formas de relacionarnos también educan; cada palabra, cada gesto y cada modo de resolver un desacuerdo transmite una idea acerca de quiénes somos, qué lugar le damos al otro y cuáles son los límites que estamos dispuestos a respetar.

No podemos pedirles a los más chicos que resuelvan sus conflictos mediante el diálogo si los adultos les mostramos que el agravio es una manera legítima de imponerse. Tampoco podemos hablar de convivencia escolar como si fuera un contenido que se enseña una vez al año, en una jornada especial, y no como una construcción cotidiana que atraviesa todas las relaciones.

La escuela enseña matemática, historia y ciencias; pero también enseña a convivir: lo hace cuando un docente escucha a un niño humillado, cuando una autoridad interviene o cuando alguien reconoce un error. La convivencia y el buen trato no significan evitar los conflictos ni pretender que todos pensemos igual.

Educar implica formar sujetos capaces de vivir con otros, de aceptar diferencias y de construir acuerdos. En este punto, la responsabilidad de los adultos es ineludible. Las infancias y las adolescencias no aprenden solamente de nuestros consejos, sino, fundamentalmente, de lo que hacemos, de la coherencia entre nuestro decir y nuestro hacer. Si les pedimos que no denigren, pero naturalizamos el insulto en nuestras conversaciones; si les hablamos de empatía, pero ridiculizamos a quien se equivoca; si les exigimos respeto, pero descalificamos a quienes piensan distinto, el mensaje pierde valor.

Una sociedad democrática tiene desacuerdos y posiciones diferentes, pero la cuestión es cómo tramitamos esas diferencias. Podemos cuestionar una idea sin destruir a quien la expresa; podemos poner límites sin humillar; podemos ejercer autoridad sin recurrir al miedo. La firmeza no necesita violencia y el respeto no exige obediencia ciega.

Y esto también debería interpelar a quienes ejercen responsabilidades públicas. La palabra de quienes ocupan lugares de liderazgo tiene una dimensión que excede lo individual. Sus expresiones circulan, se reproducen y contribuyen a establecer qué comportamientos parecen aceptables en la vida colectiva. La autoridad no se sostiene únicamente en el cargo que se ocupa, sino también en la responsabilidad con que se ejerce. Liderar supone comprender que el modo de tratar al otro también habla de la sociedad que se quiere construir.

A esto se suma la cultura digital, donde los algoritmos amplifican contenidos que provocan indignación, enfrentamiento y reacciones inmediatas. Los chicos y los jóvenes necesitan aprender a reconocer esas dinámicas, evaluar lo que consumen y comprender que detrás de cada interacción hay decisiones, intereses y consecuencias.

Por eso, la alfabetización digital no puede limitarse a saber utilizar dispositivos, sino que debe incluir la capacidad de participar responsablemente, distinguir información de manipulación y comprender que detrás de una pantalla hay personas reales y también trolls o perfiles falsos, y saber distinguirlos.

Pero ninguna herramienta tecnológica reemplaza la experiencia de ser escuchado, respetado y reconocido. Los vínculos se construyen con tiempo, presencia y palabras. Se fortalecen cuando alguien puede expresar lo que siente sin ser ridiculizado, cuando encuentra un adulto que lo orienta y cuando descubre que equivocarse no lo convierte en alguien indigno de respeto.

Por eso, educar en el buen trato requiere mucho más que campañas contra el bullying o reglamentos de convivencia. Exige revisar nuestras prácticas, construir espacios donde la palabra tenga valor y enseñar a tramitar la frustración, la diferencia y el enojo sin convertirlos en agresión. Exige también que los adultos podamos revisar nuestras propias conductas y reconocer que educar no nos coloca por fuera de aquello que pretendemos enseñar.

En tiempos de hostilidad, cuidar los vínculos es una tarea educativa impostergable. No porque debamos formar personas que nunca debatan, sino porque necesitamos que sean capaces de intercambiar opiniones sin deshumanizar, de disentir sin destruir y de convivir sin renunciar a sus ideas.

En definitiva, una sociedad no se define solamente por los conocimientos que produce, la tecnología que desarrolla o las oportunidades que ofrece, sino también por la manera en que se tratan sus conciudadanos, especialmente sus dirigentes políticos, quienes son referentes sociales. Por lo tanto, aprender a vivir con otros es una tarea urgente y necesaria.

El Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que represento, viene batallando desde hace tiempo para que se reconozcan los derechos de las personas que, habiendo perdido su empleo, no tienen aún la edad para acceder a la Jubilación Ordinaria, pero sí los aportes necesarios.

La jubilación anticipada estuvo vigente por el Decreto 674/2021 y fue prorrogada por otro decreto, el n° 558 del año 2023. Venció en septiembre de 2025, pero aunque el gobierno había afirmado que la prorrogaría un año más, no lo hizo.

Desde entonces, estamos reclamando por esa prórroga, pero también hemos formulado otras propuestas alternativas, que detallo más abajo.

Somos entre cuatro y cinco mil personas con treinta años de aportes, y cinco años menos de la edad jubilatoria. Esta cifra, estimación hecha el año pasado, seguramente se ha incrementado en razón de los muchos despidos y cierres de empresas que han tenido lugar en los últimos tiempos.

Insisto, para que quede claro, que los trabajadores que están en esta situación, ya aportaron para su jubilación. Siempre hacemos hincapié en eso. No se trata de una moratoria. No pedimos limosna. Reclamamos lo que por derecho les corresponde a quienes tienen en su haber 30 años o más de trabajo registrado con los correspondientes aportes.

La Jubilación Anticipada no la inventamos nosotros. Los países más avanzados del mundo tienen esa opción en su legislación.

Quiero reseñar aquí los infructuosos intentos que hemos hecho para ser escuchados por las autoridades y obtener una respuesta a nuestros reclamos.

El pasado viernes 23 de octubre de 2026, tres integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes, Bruno Buonincontro, Marcelo Sabalette y quien esto escribe, concurrimos a la dirección del Ministerio de Capital Humano que, según las publicaciones oficiales se encuentra en Carlos Pellegrini 1285 de CABA, con el objetivo de reunirnos con alguien responsable y ser escuchados.

Como se puede apreciar en la foto, la puerta principal se encuentra cerrada a simple vista, tocamos timbre y uno de nosotros probó el picaporte que cedió e ingresamos para de inmediato encontrarnos con una escalera por la que bajaba una agente de policía que muy amablemente nos dió un papelito con otra dirección a la cual dirigirnos.

Antes de retirarnos, le preguntamos si en ese lugar había funcionarios responsables del Ministerio de Capital Humano para poder dialogar, a lo que nos respondió que no, que allí no había nadie, que nos dirigiéramos a Alvear 1690, donde se encuentra la Dirección de Gestión Documental y Despacho de ese Ministerio, y hacia allí fuimos. En ese lugar nos enviaron al Subsuelo, a Mesa de Entradas, donde nos ofrecieron como posibilidad, sin asegurar que nos responderían, escribir al mail mesadeentradas@capitalhumano.gob.ar y solicitar nuevamente la audiencia. También allí preguntamos si había funcionarios responsables del Ministerio, con la misma respuesta: no.

Me cuesta expresar sin enojo cómo nos sentimos. Hemos solicitado una audiencia vía mail a la privada de la Ministra varias veces, sin ninguna respuesta como no sea el silencio. Hemos pedido en reiteradas ocasiones a la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, que lo intentara con su intermediación, de nuevo con el silencio como respuesta.

Hemos intentado también reunirnos con la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei, sin respuesta.

También hemos formulado varias propuestas que fueron elevadas a la Ministra directamente y a través de la Subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, que fueron elevadas oportunamente, como las que efectuamos el pasado 18 de agosto de 2026 en la reunión que mantuvimos en el edificio de la Secretaria de Trabajo, cuyo contenido compartimos y recordamos a continuación:

Propuestas referentes al empleo

1) Extensión de la Prestación por Desempleo por 6 meses más.

Para los trabajadores con 30 años o más de aportes: mujeres, desde 55 a 59 años, hombres, desde 60 a 64 años.

2) Proponemos que sea OPCIONAL el aporte al sistema jubilatorio, para aquellos trabajadores que tengan 30 o más años de aportes, lo que, en caso de hacerlo voluntariamente y firmado el acuerdo con la Empresa empleadora, obrará como consecuencia como un incentivo para ambos.

Propuestas referentes a la Jubilación Anticipada por Desempleo

Si la negación del derecho a la jubilación para quienes han cumplido con 30 o más años de aportes y están desocupados se basa en la no disponibilidad de recursos económicos del presupuesto, proponemos dos alternativas:

a) Que los fondos abonados en calidad de Jubilación Anticipada sean devueltos por los beneficiarios a partir de cobrar la Jubilación Ordinaria, o sea 60 años las mujeres y 65 años los hombres, con una financiación en cuotas a lo largo de un mínimo de 5 años.

b) Con el mismo cálculo que la Jubilación Ordinaria, pero que descuente el tiempo anticipado o sea diferenciando a la persona que se anticipó 5 años de la que se anticipó 1 año en el cobro.

Ninguna de estas iniciativas ha sido respondida hasta la fecha.

Sin mencionar las innumerables diferentes propuestas que hicimos para atenuar la situación económica de las personas afectadas por la desocupación y que han cumplido los más de 30 años de aportes requeridos por la ley, como la posibilidad de atenderse en PAMI, la tarifa social en el transporte, entre otras, y que tampoco fueron respondidas.

Quienes luchamos desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes, desde hace ya 13 años, no tenemos ningún interés personal en esto, ya que estamos jubilados. Nuestro interés es que otras personas no padezcan nuestra historia en forma inmerecida, ya que sabemos de las dificultades que tienen en general para acceder al empleo ya que son considerados “viejos” para trabajar, mientras que el Estado los considera “jóvenes” para jubilarse, en una palabra: condenados a subsistir en el empleo informal, si la salud los acompaña.

Somos independientes políticamente.

Somos ciudadanos que ante la insensibilidad humana y la burocracia inoperante que vemos, no podemos callar lo que pensamos.

Somos ciudadanos que, ante la indiferencia e incapacidad de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, para dictar leyes permanentes que garanticen nuestros derechos independientemente de quien gobierne para no estar a la merced del gobierno de turno, en lo que respecta a problemáticas como la nuestra: personas que han aportado toda una vida, con cultura de trabajo y que subsisten injustamente como pueden.

Hay acontecimientos que no se explican sólo desde la política. Se sienten. Nos conmueven porque detrás de ellos hay años de sufrimiento, resistencia y esperanza. El regreso de María Corina Machado a Venezuela es uno de ellos.

Después de casi diez meses fuera de su país y de numerosos intentos por volver, apareció en la iglesia de Santa Rosa, estado Lara, para agradecer a la Divina Pastora. Entre abrazos, oraciones y muestras de afecto, volvió a encontrarse con su pueblo.

Su mensaje fue breve y conmovedor: “Estoy aquí. Con ustedes”. Cuatro palabras que resumen años de resistencia.

Durante mis años como diputada nacional por el PRO y como embajadora argentina ante la OEA entre 2018 y 2019, Venezuela ocupó un lugar central en mis preocupaciones políticas. Durante la presidencia de Mauricio Macri, la Argentina asumió una posición firme frente a la crisis venezolana. El presidente se involucró activamente en los esfuerzos regionales para encontrar una salida democrática.

El 24 de enero de 2019 presenté en nombre de dieciséis países una declaración de respaldo a la Asamblea Nacional venezolana y a Juan Guaidó, que reclamaba también la liberación de los presos políticos y el ingreso de ayuda humanitaria. Era una política exterior de convicciones, pero también de acciones concretas.

Recuerdo las largas sesiones, las denuncias sobre presos políticos y las familias que escapaban de Venezuela. También recuerdo a los venezolanos que nos pedían que no dejáramos de hablar de su país. Que no nos acostumbráramos a la represión. Que no confundiéramos el respeto a la soberanía con mirar hacia otro lado.

Por eso emociona el regreso de María Corina. Su presencia en Venezuela le da un nuevo impulso a una transición que todavía tiene mucho por resolver.

El chavismo lleva más de veintisiete años marcando la vida política venezolana. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, durante una operación militar estadounidense, abrió una etapa inesperada. Pero su salida del poder no significó el restablecimiento de la democracia. Delcy Rodríguez continúa al frente del gobierno interino y las instituciones todavía enfrentan enormes desafíos.

María Corina vuelve en un momento decisivo. Ganó las primarias opositoras de octubre de 2023 con más del 92% de los votos, pero el gobierno de Maduro le impidió competir en las elecciones presidenciales de 2024. Acompañó entonces la candidatura de Edmundo González Urrutia. Vivió durante más de un año prácticamente en la clandestinidad y en diciembre de 2025 salió de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Admiro su perseverancia y su capacidad para sostener un liderazgo aun en las circunstancias más difíciles. Pero ahora comienza una etapa distinta. Ya no alcanza con resistir. Hay que organizar, convocar, escuchar y construir acuerdos.

Venezuela necesita un acuerdo nacional que permita avanzar en la liberación de los presos políticos, garantizar los derechos fundamentales y establecer las condiciones para elecciones libres, transparentes y competitivas.

Todavía quedan interrogantes sobre las negociaciones que hicieron posible este retorno y sobre las garantías para que María Corina pueda ejercer libremente su actividad política. Pero hay algo esencial: el futuro de Venezuela no puede decidirse solamente en Washington ni entre quienes hoy detentan el poder. Los venezolanos tienen que ser los protagonistas.

Pienso también en los millones que tuvieron que irse. En las familias separadas, en los padres que no vieron crecer a sus hijos, en los abuelos que conocen a sus nietos a través de una pantalla. En tantos jóvenes que tuvieron que buscar lejos de su tierra las oportunidades que su propio país no podía ofrecerles.

Para todos ellos, recuperar la libertad significa mucho más que una elección. Significa poder volver a sus raíces.

Volvió María Corina. Cumplió con su palabra, una vez más, con la sensatez y la humildad que la caracterizan. Pero todavía falta mucho para que los venezolanos puedan sentir que ellos también están volviendo.

No tengo certezas sobre lo que vendrá. Sí tengo la esperanza de que esta vez los venezolanos puedan recuperar el derecho a decidir su destino.

Elijo creer en este maravilloso pueblo y en esta mujer extraordinaria.

*Paula María Bertol es ex Embajadora ante la OEA 2018/2019.

Brasil llega al ballotage presidencial del próximo domingo en una situación que desconcierta a los manuales tradicionales de ciencia política. Por un lado, los indicadores macroeconómicos oficiales muestran una economía con expansión sostenida y una tasa de desocupación en mínimos históricos. Por el otro, se impone una realidad cotidiana marcada por el endeudamiento asfixiante de las familias, la precarización laboral de millones de trabajadores atrapados en aplicaciones de transporte y un clima de inseguridad donde el crimen organizado dejó de ser un problema de las favelas para convertirse en un poder corporativo transnacional.

Con un escenario electoral cerrado en torno a un empate técnico milimétrico entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro (de acuerdo con la última encuesta de Quaest habría 1 punto de diferencia entre ambos candidatos), el país no solo dirime quién ocupará el palacio presidencial sino también cómo gestionar las contradicciones de ser una potencia regional atravesada por la desafección democrática, la polarización y por su paradoja económica.

Si se observan los datos económicos, la situación en Brasil parece envidiable. El desempleo perforó el piso del 5,4%, su registro más bajo en más de una década, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) consolidó avances del 3,2% y 3,4% de manera sostenida en los últimos años. Sin embargo, detrás de ese número reluciente existe una transformación estructural que los economistas denominan vibecession, esto es, el abismo entre los éxitos estadísticos y la percepción subjetiva de la ciudadanía.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora Quaest, el 49% de los brasileños manifiesta que la situación económica empeoró durante el último año, frente a un magro 19% que percibe mejoras concretas en su bolsillo. A su vez, si bien el desempleo bajó, esto no necesariamente se produjo porque la población obtuvo un empleo formal y en relación de dependencia, sino por el fenómeno de la precarización laboral. La masa de trabajadores que depende económicamente de un empleo a través de aplicaciones creció un 37% en apenas 3 años y ya representa cerca del 2% de toda la fuerza de trabajo del país pero más del 15% en grandes ciudades como Río de Janeiro o San Pablo. Además, el endeudamiento es otro de los flagelos que hoy asfixian a la población brasileña con más del 80% de los hogares que arrastran deudas personales en bancos o tarjetas de crédito y con tasas de interés que parecen impagables para el salario promedio.

Así, mientras el Partido de los Trabajadores consolidó históricamente su base sobre los sindicatos fabriles y la protección estatal, la nueva masa de trabajadores precarizados se identifica con una lógica de desconfianza institucional, un terreno donde el discurso liberal del bolsonarismo encuentra una permeabilidad inmediata. Por el contrario, la narrativa estatista y sindical de Lula parece quedar obsoleta frente a trabajadores jóvenes que hoy lejos están de gozar de cualquier tipo de protección estatal.

En materia de seguridad, Brasil exhibe otra paradoja estadística. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), la tasa de homicidios es la más baja desde 2012, con alrededor de 19 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta merma no necesariamente se traduce en tranquilidad social. En primer lugar, la caída de homicidios se concentra en el Sudeste y el Sur, mientras que en los estados del Norte y Nordeste las tasas duplican la media nacional. Pero sobre todo, esta estadística queda invisibilizada debido al crecimiento de la principal preocupación de los brasileños: la inseguridad en manos del crimen organizado. Bandas como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho ya no operan únicamente como pandillas carcelarias o vendedores locales de estupefacientes, sino que se han transformado en holdings criminales internacionales que dominan la logística de exportación de cocaína hacia Europa y África a través de puertos estratégicos como el de Santos, controlan rutas fluviales en la Amazonía y lavan miles de millones de dólares en la compra de gasolineras, empresas constructoras, redes de transporte urbano y activos cripto. Según Datafolha, el 41% de los brasileños mayores de edad vive en zonas con presencia directa del crimen organizado, lo que significa que no residen bajo la tutela estatal sino bajo las reglas y lógicas de las bandas ilegales.

En el plano político, el escenario que desembocó en el balotaje dejó al descubierto el agotamiento de una parte considerable del padrón frente a la oferta partidaria tradicional. Tras la tasa de abstención más alta desde 1998 durante la primera vuelta, los sondeos ubican los antecedentes y escándalos de corrupción en la cima de los motivos de hartazgo ciudadano. Lula carga con el estigma social de los 19 meses que pasó en prisión por la megacausa Lava Jato mientras que Flávio Bolsonaro arrastra investigaciones por presunto desvío de fondos públicos, lavado de dinero y más recientemente por sus vínculos cruzados en el colapso del Banco Master. Y si bien la corrupción no necesariamente cambia la preferencia electoral de un bando a otro, sí expulsa a los votantes independientes y moderados hacia el voto nulo, el blanco o la deserción electoral.

En los últimos días de campaña, la tensión se trasladó al Tribunal Superior Electoral, cuando ambas coaliciones presentaron pedidos cruzados de inhabilitación y medidas cautelares por la difusión de desinformación masiva en redes sociales. En paralelo, Bolsa Familia, el programa social de transferencias del que dependen más de 50 millones de brasileños, quedó en el centro del fuego cruzado ya que Lula denunció que un eventual gobierno de Bolsonaro desmantelaría el beneficio, mientras la oposición cuestionó el adelantamiento del calendario de pagos a días de la votación como una maniobra electoralista.

El desenlace de esta elección se juega, en última instancia, en el abismo que separa a las celebradas cifras macroeconómicas de la experiencia cotidiana en la calle. Mientras los balances oficiales festejan un PIB en alza y un desempleo en mínimos de una década, la vivencia subjetiva devuelve una postal de salarios que se evaporan, hogares asfixiados por las deudas y el miedo constante a un delito que mutó hacia una criminalidad organizada. Por eso, Brasil no concurre a las urnas dividido únicamente por dos apellidos de peso ni por dos ideologías en pugna, sino fracturado entre dos realidades. Por un lado, la defensa de la asistencia social directa y la recuperación de indicadores agregados y por el otro, la canalización del hartazgo de una clase media endeudada, la demanda de mano dura contra el crimen y la afinidad con un modelo de emprendedorismo informal que descree de la tutela estatal.

Cualquiera sea el resultado que arroje el recuento provisorio del domingo, el próximo presidente asumirá el mando sobre una sociedad polarizada, con una masa de 33 millones de desencantados y la urgencia de dar respuestas materiales a un país que trabaja más horas para ganar lo mismo.

El lunes 19 de octubre, la revista de divulgación Quanta publicó el veredicto de los especialistas que revisaron una prueba matemática hecha por una inteligencia artificial (IA) de OpenAI: en general, coinciden en que el resultado es correcto. Uno de ellos, Maksym Radziwiłł, de la Universidad de Nueva York, señaló que las implicaciones de este avance parcial son “asombrosas”, expresando que, en cierto sentido, la gran mayoría de las consecuencias de la hipótesis completa se derivan de esta demostración.

Si dicen que está bien, ¿por qué todavía no la dan por terminada?

La respuesta no es que no haya consenso. Y entenderla sirve para juzgar si esta prueba es el mayor logro de la IA, y todos esos titulares que vemos de la IA descubriendo cosas.

Esta demostración se conoció el martes 6 de octubre, cuando OpenAI publicó un lote de 722 trabajos de matemática hechos, según la empresa, por una IA interna que todavía no salió al público: una que no está aún en ChatGPT.

Entre estos trabajos estaba el que aborda la hipótesis de Riemann, una pregunta sobre los números primos abierta desde hace más de 160 años. Aunque no la resuelve, presenta la prueba de una versión más débil, la hipótesis cuasi-Riemann.

Para entender el veredicto hay que separar dos cosas que en matemática suelen ir juntas: que una prueba sea correcta y que otros la puedan seguir. Hoy día lo primero lo puede controlar, en parte, un programa; lo segundo recae en las personas.

Qué dice la hipótesis de Riemann, vista como una carretera

Un número primo es un entero mayor que uno que solo es divisible por sí mismo y por la unidad: el 2, el 3, el 5, el 7. Aparecen salteados, pero hay una fórmula que estima bien cuántos hay hasta cualquier número (y este punto es clave: es una estimación). La gran pregunta es cuánto se equivoca esa estimación: su margen de error, como en una encuesta.

En 1859, Bernhard Riemann mostró que la manera en que se reparten los primos depende, en cierto sentido, de los ceros de una función. Una función es una regla que convierte un número en otro, y sus ceros son los números que convierte en cero. Cada cero tiene dos coordenadas, como un lugar en un mapa, y Riemann probó que los que importan caen en una franja.

Pensá esa franja como una carretera vista desde arriba, y a cada cero, como un auto. Cuanto más se arrima un auto a una orilla, más se puede equivocar la estimación de los primos. Riemann sospechó que todos van sobre la línea del medio, donde el error es el mínimo posible. Eso es la hipótesis de Riemann: hipótesis, porque sigue sin demostrarse.

Hasta la fecha, usando fuerza bruta con computadoras se comprobó que los primeros 12 billones de ceros están sobre la línea del medio. Pero hay infinitos, y una prueba tiene que valer para todos.

Qué probó la IA y por qué se llama cuasi-Riemann

En 1896 se probó que ningún auto pisa la línea de la orilla, y con eso la estimación de los primos pasó a ser un teorema: algo demostrado, que se puede usar sin volver a probarlo. Pero no pisar la línea no es lo mismo que no andar pegado a ella. Hasta el 6 de octubre, lo mejor que se sabía era una franjita vacía junto a la orilla, cada vez más angosta a medida que se avanza. Así lo describió ese día Alex Kontorovich, de la Universidad Rutgers, en la red social X.

Lo que dice haber probado la IA es más fuerte: si partís la carretera en 8 carriles iguales, por los dos de las orillas no pasa ningún auto. La franja vacía ya no se angosta: tiene un ancho fijo.

Eso alcanza para probar la hipótesis cuasi-Riemann. Cuasi, de casi: no dice que todos van por el medio, sino que hay orillas vacías de un ancho fijo.

La franja de los ceros vista como una carretera: si la prueba se confirma, por los dos carriles de las orillas no pasa ningún auto. Que todos vayan por la línea del medio, como sospechó Riemann, sigue sin probarse.

Importa porque cuanto más anchas son las orillas vacías, más chico es el margen de error al contar primos. Según Radziwiłł, decenas de resultados que dependían de la cuasi-Riemann quedarían demostrados de un golpe si la prueba se confirma.

Cómo se verifica una prueba que escribió una IA

La primera versión tiene 199 páginas y es la de los 8 carriles. Su resultado principal pasó por Lean, un programa asistente de demostración de teoremas que usa un lenguaje de programación funcional que permite escribir y verificar demostraciones matemáticas de forma rigurosa y línea por línea, eliminando la posibilidad de errores humanos en los pasos de la demostración. Funciona como un GPS: te garantiza que llegaste a la dirección que le pusiste; si la pusiste mal, llegás perfecto al lugar equivocado.

La segunda versión, terminada días después y publicada en el mismo lote, tiene 49 páginas y orillas vacías más angostas: las de 12 carriles, también de ancho fijo. Todavía no pasó por el verificador y, según Quanta, es el único de los 722 trabajos que editó una persona. OpenAI no dijo quién.

Los especialistas dejaron de lado la primera versión larga para concentrarse en la segunda de 49 páginas, y Radziwiłł dio su motivo, muy simple: es más corta. La larga pasó por el verificador y la corta la están revisando las personas: ninguna tiene todavía los dos controles.

Las dos versiones de la prueba: el resultado principal de la de 199 páginas pasó por un programa verificador; la de 49, más corta y algo más débil, es la que estudian los especialistas.

El resto del lote muestra por qué hacen falta ambos. El miércoles 7 de octubre, OpenAI retiró 3 trabajos por un error de signo y corrigió otros 14, según su página. Ahí también informa que cerca de 4 de cada 10 tienen su resultado principal verificado con Lean; el resto, no.

Pero el director de la biblioteca de pruebas verificadas de Lean advirtió que algunas de esas verificaciones parecen probar algo más débil que lo anunciado. Es como el GPS que llega a una dirección parecida, no a la anunciada.

Cómo se entiende una prueba: de 199 páginas a media página

La IA entregó primero 199 páginas y después una versión más débil, de 49. Aunque esté mal escrita, los especialistas la están entendiendo, y se nota en cómo se achica: otros matemáticos escribieron versiones propias, de 7 a 13 páginas, que circulan en privado. Y Radziwiłł ya puede resumirla incluso en media página.

De las 199 páginas que entregó la IA a la media página con la que un especialista ya la resume; en el medio, las 49 de la otra versión de la IA, más débil, y las de 7 a 13 que escribieron otros matemáticos.

Esa media página no es la prueba entera, sino su esqueleto: la diferencia entre leer casi 200 páginas y contarla en una servilleta. Esa compresión, por ahora, la hacen personas.

A tal punto interesa esto que Peter Sarnak, especialista en teoría de números de la Universidad de Princeton, decidió dedicar el curso de este semestre a estudiarla. Pero no la va a considerar un Teorema, con mayúscula, hasta que las personas hayan revisado y entendido todos los detalles. Por eso todavía no se la da por terminada: en matemática, una prueba no termina cuando alguien la escribe, sino cuando otros la pueden seguir.

Alexander Dunn, del Instituto de Tecnología de Georgia, la describió como “una síntesis sorprendente de ideas bien conocidas”, y según Quanta una pieza clave es una fórmula que él y Radziwiłł demostraron en 2021. Los especialistas creían que iba a hacer falta otra rama de la teoría de números. La IA trabajó como si alcanzaran las herramientas de siempre: “una creencia bastante audaz”, según Radziwiłł. Si la prueba se sostiene, acertó.

Eso no quiere decir que esté cerca la prueba de que todos los autos van por el medio. Will Sawin, también de Princeton, cree que la hipótesis completa se va a seguir sintiendo “tan lejos como antes”, aunque no está seguro.

Qué pasa con la etiqueta de mayor logro de la IA

¿Sirve para algo fuera de la matemática? Por ahora, si la prueba se confirma, ciertos cálculos que las computadoras hacen probando números al azar tendrían una receta sin azar y por tanto un tiempo máximo garantizado, aunque con azar ya se resolvían enseguida. Lo que la prueba destraba son otros teoremas.

¿Es, entonces, el mayor logro de la IA en matemática? Para Jared Duker Lichtman, de la Universidad de Stanford, sí: lo llamó “el logro más significativo de la IA en matemática hasta ahora, y por amplio margen”. Conviene saber que Lichtman colaboró con Math, Inc., una empresa de IA para matemática. Y conviene leer la letra chica. Dice “de la IA” y “hasta ahora”: compara a la IA consigo misma, no con toda la historia de la matemática.

Mi lectura, discutible, es que Lichtman tiene buenos motivos, pero esa etiqueta todavía va escrita con lápiz: vale si la prueba se sostiene, y eso lo deciden las personas que la leen. Lo de fondo es otra cosa. La IA ya produce pruebas más rápido de lo que los matemáticos pueden leerlas: el cuello de botella dejó de ser encontrar la prueba; ahora es entenderla.

Quienes trabajamos con estos sistemas conocemos la versión chica de ese desfase: producir se volvió barato; revisar, no.

La próxima vez que leas que una IA demostró algo, hacete tres preguntas. ¿Lo dicen los que lo revisaron, y no solo la empresa? ¿Lo revisaron personas, y no solo un programa? ¿Algún especialista de afuera ya lo pudo resumir en pocas páginas?

Con la prueba de las orillas vacías, la primera tiene un sí, la segunda está a medias y la tercera ya cabe en media página.

Las sentencias de movilidad permiten corregir haberes individuales, pero el mínimo y el máximo siguen arrastrando el deterioro de 2020-2024. En los extremos de la escala, la reparación encuentra sus límites.

La Justicia recompuso parte del daño, pero dejó intactos los dos parámetros que definen el sistema: el piso y el techo. Esa omisión no es un detalle técnico; es el límite de la reparación. Las sentencias judiciales corrigieron haberes individuales, pero dejaron intactos el haber mínimo y el máximo, que acumulan entre un 34% y un 75% de deterioro respecto de lo que habrían alcanzado con una movilidad constitucionalmente válida.

Reparar el centro de la escala sin tocar sus extremos no es una reparación del sistema: es una reparación parcial. La recomposición avanza en el centro de la escala, pero se detiene en sus extremos.

Lo que ya se corrigió

Durante 2020, los aumentos por decreto quedaron por debajo de los que habría otorgado la ley suspendida. Desde marzo de 2021, la Ley 27.609 combinó salarios y recaudación de Anses en un contexto de inflación acelerada: 94,8% en 2022 y 211,4% en 2023. En marzo de 2024, el Estado reemplazó esa fórmula por ajustes mensuales ligados al Índice de Precios al Consumidor, al reconocer su insuficiencia para preservar el poder adquisitivo.

Decisiones de la Justicia Federal dispusieron recomposiciones basadas en la inflación o en combinaciones de precios y salarios

A partir de esos antecedentes, decisiones de la Justicia Federal dispusieron recomposiciones basadas en la inflación o en combinaciones de precios y salarios. En los casos alcanzados, la sentencia puede modificar el haber individual y generar retroactivos.

El haber mínimo garantizado (art. 125 de la Ley 24.241) y el haber máximo (art. 9 de la Ley 24.463) establecen el piso y el techo del sistema. Ambos se actualizaron con las mismas pautas cuya suficiencia hoy se cuestiona judicialmente. Pero una sentencia puede corregir una prestación individual y, al mismo tiempo, enfrentarla a parámetros que no recibieron una recomposición equivalente.

El techo: la corrección que se pierde arriba

El tope era de $103.064 en febrero de 2020 y alcanza $2.932.175 en octubre de 2026. Con los criterios correctivos considerados en este análisis, se ubicaría entre 4,3 y 5,1 millones de pesos: una diferencia del 45% al 75 por ciento.

La relación con la remuneración imponible máxima también se modificó: en la comparación histórica utilizada, el haber máximo pasó de representar el 82% al 61%. El sistema sigue requiriendo aportes sobre esa base, pero la prestación máxima se aleja de ella.

Quien aportó durante décadas sobre remuneraciones elevadas puede obtener una sentencia que recomponga su haber; sin embargo, la prestación corregida vuelve a quedar sometida a un máximo que conserva el deterioro anterior: lo que excede ese límite puede recortarse.

El piso: la corrección que no llega abajo

En febrero de 2020 el haber mínimo era de $14.067,93; en octubre de 2026 asciende a $435.749. Bajo los criterios comparados, debería situarse entre $580.000 y $700.000, una brecha del 34% al 61%. Para quien cobra la mínima, recalcular el haber individual puede no producir mejoras: si el resultado continúa por debajo del piso, la garantía mínima absorbe la diferencia.

Quien aportó durante décadas sobre remuneraciones elevadas puede obtener una sentencia que recomponga su haber; sin embargo, la prestación corregida vuelve a quedar sometida a un máximo

La cuestión es el valor del piso mismo. Este deterioro repercute en otras prestaciones: la PUAM equivale al 80% del mínimo y las pensiones no contributivas por invalidez, al 70 por ciento.

El bono: un parche que se achica

Desde septiembre de 2022, el Estado procuró compensar parte del deterioro con bonos fijados por decreto. El refuerzo comenzó en $7,000 y llegó a $70,000 en marzo de 2024, monto que permanece congelado. En septiembre de 2022 equivalía al 16% del mínimo; en marzo de 2024, AL 52%; hoy vuelve a rondar el 16%. Para conservar su poder adquisitivo de marzo de 2024 debería acercarse a 160.000 pesos.

El problema principal es su naturaleza: el bono no integra el haber, no recibe movilidad ni se computa para el aguinaldo. Aun sumándolo, quien percibe la mínima cobra hoy $505.749, alrededor de un 15% menos que el piso actualizado únicamente por inflación.

La Justicia empieza a advertirlo

En distintas jurisdicciones aparecen pronunciamientos que examinan también esos parámetros legales. Se admitió revisar el deterioro acumulado del mínimo con independencia de la fecha de jubilación del reclamante (expediente 10.295/2025, Juzgado Federal n.º 2 de Mar del Plata). Otros criterios comienzan a proyectar la recomposición sobre el máximo. Son fallos aislados, aún sin doctrina unificada.

Si un mecanismo de movilidad resultó insuficiente para un haber individual, también pudo serlo para el piso que lo protégé y el techo que lo limita

La lógica es sencilla: si un mecanismo de movilidad resultó insuficiente para un haber individual, también pudo serlo para el piso que lo protégé y el techo que lo limita. No resulta coherente reparar uno sin revisar los efectos de la misma insuficiencia sobre los otros.

Una pirámide que se aplana por ambos lados

En 1995, el haber máximo equivalía a más de 21 mínimos; hoy, a 6,7. Recomponer solo los haberes intermedios acentúa esa distorsión: se acercan a un techo deteriorado, mientras quienes permanecen en el piso no reciben una reparación equivalente.

No se propone eliminar el tope ni crear prestaciones nuevas, sino restituir al mínimo y al máximo el valor que habrían alcanzado con una movilidad constitucionalmente válida. Recomponer el centro y dejar quietos los bordes no es reparar el sistema, sino una parte de él. El piso y el techo también son movilidad.

El autor es abogado de la Universidad Nacional del Sur

Si Flávio Bolsonaro gana el balotaje, el primer cambio entre Argentina y Brasil no va a ser un tratado: va a ser una mesa que hoy está cerrada. Javier Milei ya lo felicitó después de la primera vuelta y habló de “empezar a trabajar juntos”. Con Lula el vínculo quedó reducido a encargado de negocios, después de los insultos públicos.

El comercio, mientras tanto, no se frenó: en 2025 el intercambio llegó a USD 31.195 millones, el mayor en 13 años, y entre enero y agosto de 2026 el déficit argentino bajó de USD 4.119 millones a USD 1.635 millones. La política enfrió la diplomacia. No desarmó la cadena.

Una victoria de Bolsonaro le conviene a la Argentina por dos vías que se refuerzan entre sí:

1. Política: se reabre el canal directo y se puede hablar de lo que las empresas ya reclaman.
2. Precios relativos, y es la que más pesa en el corto plazo.

A la Argentina le viene bien una apreciación del real porque Brasil explica cerca del 31% del tipo de cambio real multilateral. No es un detalle de manual. Es el peso del principal socio en la competitividad de las exportaciones industriales.

A la Argentina le viene bien una apreciación del real porque Brasil explica cerca del 31% del tipo de cambio real multilateral

El lunes 5, al día siguiente de que Flávio terminara adelante con el 47% contra el 45% de Lula, el dólar en Brasil perforó los 5 reales por unidad: el spot abrió en R$ 4,97, desde R$ 5,2165 del viernes, y el futuro de noviembre cayó cerca del 4,4%. Goldman Sachs, antes del voto, proyectaba un real en torno de R$ 4,5 si ganaba la oposición y cerca de R$ 5,8 si se imponía Lula, con un spot entonces en la zona de 5,17 reales.

Un real más fuerte abarata, en términos relativos, el producto argentino en el mercado brasileño sin que el Banco Central tenga que convalidar una devaluación del peso. Es, en la práctica, una ganancia de competitividad que no pasa de inmediato a la inflación local.

Un real más débil hace lo contrario: encarece las exportaciones, alivia las importaciones desde Brasil y le quita margen a la política cambiaria. El indicador bursátil Ibovespa, ese lunes, superó los 209.000 puntos y llegó a subir cerca del 9%. El mercado no votó: descontó ajuste fiscal y un real más firme.

El acuerdo automotor, la primera prioridad

Ese canal no alcanza solo. Hace falta agenda. La primera prioridad, si hay sintonía, es el acuerdo automotor, que vence el 30 de junio de 2029 y hoy está paralizado por la grieta y no por las terminales. Autos y autopartes concentran cerca del 40% del comercio bilateral.

Adefa y Anfavea sostienen que 2029 “es ya”, porque las inversiones se deciden a cinco años. El régimen camina al libre comercio bilateral con un arancel externo del 35%. La industria argentina teme una liberalización total que traslade plantas a Brasil.

Adefa y Anfavea sostienen que 2029 “es ya”, porque las inversiones se deciden a cinco años. El régimen camina al libre comercio bilateral con un arancel externo del 35 por ciento

Del lado brasileño hay quien aceptaría el libre comercio, pero bajando el arancel extrazona hacia el 20%, para competir con China: en 2025 Brasil importó 270.000 vehículos electrificados, el 60% de origen chino. Un gobierno alineado puede sentar a las terminales y cerrar una transición con cupos, reglas de origen y un arancel externo más bajo, en vez de dejar que el calendario corra solo.

Energía, minería y agro: el otro carril bilateral

La segunda pata es energía y minería, y no exige reformar el Mercosur. Vaca Muerta ya empuja petróleo y gas. Brasil es el mercado natural del gas argentino y un socio posible en GNL, fertilizantes y minerales.

Con Lula ese carril quedó trabado por la diplomacia. Con Bolsonaro alcanza un memorándum de infraestructura y contratos de largo plazo. El agro tiene menos margen: Brasil ya compra trigo y lácteos, pero también compite en soja y carne. Ahí el avance es sanitario y de licencias, no un salto de volumen.

La sintonía regional y el Mercosur

En lo regional, la sintonía cambia el tono del bloque. Milei pide, desde Foz de Iguazú en diciembre de 2025, pasar de unión aduanera a zona de libre comercio, bajar el Arancel Externo Común y dejar que cada socio negocie afuera. Flávio, en una carta al representante comercial de Estados Unidos, planteó liberar a Brasil de las ataduras del Mercosur para negociar en forma bilateral, tomando el acuerdo argentino-estadounidense como modelo. Argentina ya pidió ingresar al Cptpp (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) y abrió un trato con Emiratos.

Con los dos gobiernos alineados, esa flexibilidad deja de ser un reclamo unilateral. La primera prueba sería la cumbre de Montevideo del 4 de diciembre.

Brasil no va a salir de los Brics aunque gane Bolsonaro: China es comprador decisivo de sus materias primas y fuente de inversión

El límite hay que decirlo. Brasil no va a salir de los Brics aunque gane Bolsonaro: China es comprador decisivo de sus materias primas y fuente de inversión. Un eje Milei-Bolsonaro acelera la apertura con Estados Unidos y la agenda bilateral. No rearma el Mercosur como plataforma única. Y el balotaje sigue abierto: el mercado ya puso precio a una probabilidad alta de triunfo opositor, no a un hecho consumado.

Si esa probabilidad se confirma, la Argentina gana un socio con el que puede hablar y un real que, si se sostiene, le mejora la cuenta externa sin tocar el tipo de cambio nominal. Si no se confirma, el comercio sigue. La mesa, no.

El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market

“Mi mujer no votará”, se negó a compartir el poder de elegir y que lo elijan el senador José Higino Duarte Pereiral (conocido como Coelho e Campos), en la Asamblea Constituyente de Brasil, en 1891. No era que no querían a las mujeres, es que las querían santas y el voto las hacía impuras. El legislador Serzedelo Corrêa afirmó que involucrar a las mujeres en las pasiones y luchas políticas era “despojarlas de su santidad”.

Pasaron 135 años y en las elecciones en Brasil se volvió a cuestionar el voto femenino. “Estadísticamente, las mujeres votan mal, especialmente las solteras. Las casadas tienden a seguir el ejemplo de sus maridos”, descalificó el influencer Paulo Figueiredo.

En la familia esas mañas de la democracia no son un bien preciado. Paulo es el nieto del expresidente brasileño João Figueiredo que fue el último dictador de Brasil y gobernó, sin ser votado, una costumbre innecesaria para los golpistas, desde el 15 de marzo de 1979 al 15 de marzo de 1985.

Fue el quinto presidente militar desde el golpe de estado de 1964 y jefe del Servicio Secreto (SNI) en la gestión de su antecesor Ernesto Geisel (del 15 de marzo de 1974 al 15 de marzo de 1979). A él se le atribuye la apertura política que antecedió el regreso a la democracia.

Pero su nieto quiere dar un golpe -por ahora- solo a las mujeres y que la apertura -y la democracia- retrocedan a tiempos ni de su abuelo, sino de muchas más generaciones para atrás. Si los hombres misóginos piden retroceder ponen el acelerador. Si las mujeres avanzan ponen el freno.

Los discursos extra machistas que pretenden destituir el poder de elección de las mujeres no son democráticos y violan las normas vigentes. En la Constitución de 1988, después de un proceso de amplia participación femenina a través de cartas con demandas y propuestas, se logró establecer el derecho a la igualdad.

El movimiento que logró la jerarquía constitucional para el voto femenino se llamo “el lobby del batom”, un nombre que volvió orgullo la forma despectiva en la que llamaban ‘las mujeres del batom’ a las luchadoras por la igualdad. Así, sin traje, ni corbata, se logró establecer, en el artículo 14 de la Constitución de 1988, el sufragio universal sin distinción de sexo.

Además, en el artículo 5, se prohíbe cualquier tipo de discriminación. Y decir que si una ciudadana no tiene novio, esposo, pareja o amo y señor no cuenta con cabales para decir que plan económico o programas contra la violencia quiere para el país en el que vive, y sí, es discriminatorio.

Por supuesto, también es una burla histórica a las sufragistas que lucharon por el derecho al voto como Almerinda Gama (1899-1999), una de las primeras mujeres negras activas en la política brasileña. Los derechos tardaron mucho tiempo en llegar. Y, de golpe, los quieren poner en duda, como si la historia diera pasos para atrás.

Los derechos ganados no se pueden dar por garantizados. En 1890 la Asamblea Constituyente brasileña rechazó el sufragio femenino porque las mujeres no eran aptas para la política. Ahora se vuelve con el mismo disco rayado.

En Brasil el 53% del electorado es femenino. En un país hiper polarizado donde se puede ganar o perder por un margen muy chico desalentar, condicionar, impugnar o intimidar a las votantes no es inocuo, según destaca la investigación “Sufragio femenino en Brasil: una victoria ante la misoginia histórica”, de Luiz Claudio Ferreira, por la Agência Brasil.

El ataque no es inocuo en cantidad de electoras/es: 83 millones de potenciales votantes femeninas (si votan) y 75 millones de votantes masculinos, según el Tribunal Superior Electoral. La diferencia define la elección.

Y si es por educación, ellas están más formadas: el 29,28% completó la secundaria (más que el 26,35% de los hombres) y el 13,08% de las votantes cuenta con educación universitaria contra el 9,1% de los electores.

Las mujeres no son la mitad del cielo y del mar, son la mitad más una: el 51,5% de la población y la mitad de las que se encuentran habilitadas en el padrón electoral se identifican como solteras. Si no votan las que no tienen pareja no van a las urnas la mitad de las mujeres que son más que la mitad de la población.

¿Qué democracia es la que acepta que se pida que las dejen afuera? ¿Decir que no voten es una provocación o una incitación a que se queden sentadas, a que no expresen su opinión para no quedarse a vestir santos, a que callen sus posturas o las modifiquen para no espantar candidatos y a que escuchen a sus maridos para ser bien consideradas por la batalla emocional de los influencers machistosos?

El backlash que intenta destituir políticas públicas para las mujeres no afecta solo a estructuras institucionales (Ministerio de Mujeres, Convenciones, derechos, programas de asistencia o presupuestos) sino el corazón de la democracia: el voto.

En Argentina el camino a las urnas costó mucho y llegó después que en Brasil. Y, por eso, los ataques a las mujeres, no solo duelen, sino que banalizan los sacrificios de quienes dieron su vida para que otras puedan decidir sobre sus vidas.

La Profesora Fernanda Abreu, recapituló en Agência Brasil: “En el ámbito de los derechos jurídicos individuales, en 1919, a Leolinda Daltro (1859-1935), fundadora del Partido Republicano de las Mujeres y una de las líderes más destacadas del movimiento sufragista, se le rechazó su candidatura al gobierno municipal del Distrito Federal”.

Los diarios de la época la definían como una alborotadora que quería generar caos en la sociedad. Fundó el Partido Republicano, en 1910 y, en 1917, organizó una marcha con más de noventa mujeres en el centro de Río de Janeiro.

Brasil fue el cuarto país del mundo occidental en el que las mujeres pudieron votar después de Canadá, Estados Unidos y Ecuador y antes que en la Argentina.

El 24 de febrero de 1932, el Decreto n.º 21.076, garantizó el derecho al voto, en el primer código electoral brasileño, refrendado en la Constitución de 1934, con el Presidente Getúlio Vargas.

Sin embargo, el Código Electoral de 1932 contenía la obligación de que una mujer casada tuviera que contar con el permiso de su marido para votar. Las sufragistas presionaron y esa cláusula se quitó.

Pero no se fue sola la prohibición, ni la exigencia de permiso, ni el derecho al voto. Lo lograron las sufragistas. En 1945 pudieron votar, por primera vez, en elecciones presidenciales. Aunque los hombres mayores de 60 años y las mujeres quedaban exentas de la obligación de votar.

Recién en 1946 -hace ochenta años- el Código Electoral convirtió al voto en obligatorio. En Brasil la concurrencia a las urnas de las mayores de 70 años puede cambiar el resultado. Por eso, el desaliento no es inocuo, aunque no logre alterar las normas.

Aún así en 1974 había una sola diputada en Brasil, no solo era cuestión de votar, sino de poder ser votada. No fue hace tanto. Pero hoy tanto está en duda.

En julio, la actividad cayó 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada del Indec, la mayor baja mensual desde abril de 2020. El dato es en sí mismo muy problemático porque implica que el nivel de actividad de la economía argentina fue similar al de marzo del año pasado y estuvo sólo un 2,2% por encima de noviembre de 2023. Se lo mire por donde se lo mire, es una cifra difícil de asimilar.

Además, llegó poco después de que el Indec informara que en el segundo trimestre el PBI cayó 0,6% con relación al primer trimestre. Esto abrió, como era de esperar, la discusión sobre la posibilidad de que la economía caiga en una recesión, lo cual se confirmaría si el PBI también cae en el trimestre en curso.

Esta posibilidad es muy real. Tanto, que una parte importante de los analistas y los bancos ha recortado notoriamente el crecimiento esperado para todo el año. Algunos esperan, de hecho, menos de un 2%, un número que permitiría que la economía crezca dos años consecutivos pero que, aun así, no deja de ser decepcionante.

El análisis económico aporta herramientas que permiten una lectura más objetiva de los indicadores. Una de ellas se basa en la diferencia entre shocks transitorios y permanentes

El Gobierno no mostró demasiada preocupación por el dato de julio por varios motivos, todos ellos válidos como argumentos:

1. Porque atribuyó la caída a factores puramente coyunturales cuyo impacto negativo no debería repetirse en agosto ni en septiembre.
2. Porque la variación de julio, más allá de su elevado valor absoluto, está en línea con el comportamiento errático que muestra la economía desde, por lo menos, octubre del año pasado.

Como siempre ocurre en estos casos, el análisis económico aporta herramientas que permiten una lectura más objetiva de los indicadores. Una de ellas se basa en la diferencia entre shocks transitorios y permanentes. Un shock transitorio (una sequía, por ejemplo) hace que la economía se aleje de su trayectoria por un tiempo relativamente corto, para luego retornar con rapidez al sendero que estaba siguiendo.

Por el contrario, un shock permanente (por ejemplo, un cambio significativo en la estructura productiva o una innovación tecnológica) deja a la economía en una trayectoria distinta porque modifica la tendencia de su crecimiento. Por supuesto, la frontera entre ambos no siempre es nítida, sobre todo si ocurren simultáneamente. Algunos shocks transitorios pueden durar bastante y hacer que la economía demore más de lo esperado para recuperarse, e incluso pueden dejar huellas duraderas si provocan cierres de empresas y destrucción de empleo.

Para distinguir un tipo de shock del otro resulta útil recordar que una serie de datos económicos puede descomponerse en tres partes:

1. estacional (compuesta por factores que se repiten sistemáticamente todos los años),
2. irregular (“ruidos” que representan movimientos erráticos que no responden a ningún patrón específico) y
3. tendencia-ciclo, que marca la dirección de fondo. Esta descomposición es especialmente relevante cuando se aplica a indicadores que miden el nivel de actividad económica, como el EMAE, en cuyo caso la variación del componente de tendencia-ciclo siguió siendo positiva en julio.

De hecho, y tal como puede observarse en el gráfico, este componente ha aumentado de forma ininterrumpida desde el segundo trimestre de 2024.

A partir de lo anterior, surge una pregunta central: ¿Qué tan grave es que técnicamente Argentina entre en recesión? Tomando como referencia el EMAE, la actividad debería crecer en promedio alrededor de un 3% en agosto y septiembre para que el nivel promedio del tercer trimestre iguale al del segundo, y eso apenas alcanzaría para evitar la recesión.

En principio, parece muy difícil lograrlo a pesar de algunas buenas noticias preliminares de agosto, por lo que lo más probable es que en el tercer trimestre también haya una contracción. La respuesta a esta pregunta puede plantearse en dos niveles: cómo leerá el dato el mercado y cuáles serían las implicaciones reales. La lectura del dato no será buena, obviamente. Pero probablemente las implicaciones no sean demasiadas, porque esa “recesión” se parecería más a una continuidad del estancamiento que la economía arrastra desde hace meses que a una recesión con todo el impacto negativo que suele tener en la práctica.

Y es que, como se mencionó antes, la debilidad no empezó en julio. Los datos de las cuentas nacionales muestran que en el segundo trimestre cayó el consumo privado, lo cual era esperable con el salario privado registrado todavía por debajo del de un año atrás en términos reales. El crédito, motor del consumo, sigue empantanado, y la morosidad se mantiene en niveles muy altos.

La inversión, por su parte, acumula más de un año de caída y resta demanda hoy y capacidad productiva mañana

La inversión, por su parte, acumula más de un año de caída y resta demanda hoy y capacidad productiva mañana, pese a los reiterados anuncios de proyectos en el marco del RIGI.

En síntesis, julio combinó shocks puntuales con una debilidad de la demanda interna que ya venía de antes. Esta distinción es importante para una empresa, porque la respuesta adecuada no es la misma.

Frente a un shock transitorio conviene sostener capacidades y, de alguna forma, financiar capital de trabajo hasta que la actividad se normalice. En cambio, frente a un shock persistente conviene ajustar la escala y reasignar recursos en función de los cambios en la cartera de productos. Hoy, puntualmente, la respuesta óptima depende de en qué lado esté cada negocio en una economía de dos velocidades, con sectores exportadores que crecen y un mercado interno que no termina de despegar.

Conviene, por lo tanto, llamar a las cosas por su nombre. Dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, en medio de los cambios estructurales que atraviesa una economía que aún debe adaptarse a las nuevas reglas del juego, no constituyen el anuncio de una crisis inminente ni mucho menos. Nada en los datos sugiere un derrumbe como los que la economía argentina conoció en otros episodios.

Lo más probable es que los próximos meses se parezcan bastante a los últimos, con una actividad que avanza y retrocede sin una dirección firme, sectores exportadores que siguen creciendo y un mercado interno que no termina de recuperarse. Ese escenario no es dramático, pero evidentemente tampoco es cómodo. Exige convivir con márgenes presionados, un crédito caro y selectivo y una demanda que responde de manera desigual según el sector y la región. Por eso, debatir la posibilidad de una recesión técnica parece algo totalmente inútil desde la perspectiva empresarial. Resulta mucho más útil plantearse cómo operar en una economía que, por un tiempo, probablemente siga creciendo poco y de manera despareja.

El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de septiembre de 2026 del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

A finales del siglo XIX, Argentina fue el granero del mundo. Nuestros campos producían 10 millones de toneladas por año en 1920, en un territorio de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Era una base privilegiada para avanzar hacia un desarrollo sostenible, con un horizonte de pleno empleo y pobreza cero.

Claro que esta idea contrastaba con los planes de la masonería, que no habría permitido que, desde el Río de la Plata hasta el Río Grande, dos naciones dominaran el subcontinente. Eso sucedería si Brasil y Argentina tomaban la ruta de la integración latinoamericana y avanzaban hacia un modelo proteccionista y agroindustrial. Por eso era importante impedir esa alianza mediante un conflicto permanente entre el campo y la industria, la imposición de una economía de libre mercado, la libre navegación de los ríos y la división entre ambas naciones.

Para que las plantas se desarrollen hay que cuidarlas

Históricamente, la lógica de los gobiernos argentinos durante los primeros años de la organización nacional, a partir de 1853, fue fomentar la inmigración —capital humano—, promover las inversiones —capital dinerario— y adherir al capital ideológico del individualismo y el libre cambio.

Sin embargo, no advirtieron que este último era un remedio prescripto para los países desarrollados y contraindicado para un país todavía débil, como los surgidos de las excolonias. Estas naciones requerían buenas administraciones para el conjunto de la población, educación, sentido nacional y ahorro; gobiernos fuertes y legislaciones apropiadas a las condiciones de su edad y grado de desarrollo; además de una economía orientada al crecimiento, que pudiera dejarse volar cuando tuviera alas y no fuera devorada por los buitres.

El ahorro sería la base del desarrollo, en nuestro caso, del campo y de la incipiente industria. Desde luego, la promoción de la radicación de empresas y capitales de otros países, así como su asociación con emprendimientos locales, con los capitales de la tierra y con el ahorro de los argentinos, operaba y opera como un buen fertilizante.

Cómo crecieron y se desarrollaron los pequeños países

Nuestro país, con muchos más recursos naturales, después de 200 años todavía está en vías de desarrollo. El 50% de su población se encuentra bajo la línea de pobreza o es pobre, y la Argentina continúa como un país en vías de crecimiento.

Padece una economía embrollada, con una deuda externa de USD 327.855 millones, lo que representa el 44,9% del PBI. Tiene una pequeña y mediana industria muy extendida, pero que cae periódicamente en graves crisis a causa de las políticas contradictorias de los diversos partidos de gobierno.

Pese a la magnitud y abundancia de sus recursos naturales —petróleo, litio, oro, plata y muchos otros minerales—, algunas inversiones son atraídas por las facilidades otorgadas al extractivismo, prohibido en países desarrollados como Canadá o Estados Unidos.

Desde el punto de vista social, en la Argentina actual hay un 34,6% de pobres, mientras que la indigencia alcanza el 6,5%, con un nivel general de pobreza que se ubica entre el 30% y el 32,3%, debido a la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de la informalidad laboral, el aumento del coeficiente de Gini y las subas de tarifas y servicios, según informa el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Asimismo, la entidad desmiente que exista un descenso de la pobreza y sostiene que el Gobierno sobrerrepresenta esa mejora, diferencia que atribuye a razones técnicas en la medición del problema.

Países con territorios más de siete veces inferiores al nuestro, población pobre y geografías montañosas, como Suiza, Japón y, más recientemente, Corea del Sur, pasaron a ser potencias económicas y centros financieros mundiales.

El aborto de los proyectos de oro, plata y litio es legal en nuestro país

Al volver a la evolución productiva y a la realidad, expertos en minería del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) explican, desde un enfoque técnico y científico, cientos de ejemplos factibles que fueron abortados en nuestro país porque los intereses privados prevalecieron y prevalecen sobre el interés general. Finalmente, se impone la voluntad de las multinacionales, como Barrick Gold.

La historia se repite, como hemos expuesto en esta columna en el caso del litio. Se descubrieron grandes reservas en Jujuy, Catamarca y Salta que, junto con las de los países hermanos de Bolivia y Chile, serían capaces de producir baterías de litio, si no para todo el mundo, al menos para varias terminales de automóviles eléctricos.

Es una larga historia de divisiones y dependencia, ya explicada en el siglo pasado por Manuel Baldomero Ugarte, Raúl Scalabrini Ortiz, José María Rosa y Adolfo Silenzi de Stagni. Los argentinos importaremos los autos fabricados en Asia o Europa, con baterías que incorporan el valor agregado de la mano de obra china o europea, mientras el litio extraído de Jujuy se obtiene por chirolas. Eso sí: habrá un puñado de nuevos ricos en las provincias, como los hay con el oro de San Juan.

La bendición de la tierra fértil de nuestro suelo

El campo es orgullo nacional. También es vergüenza por la incapacidad de organización: las grandes organizaciones del agro argentino debieron ocuparse de la concentración y comercialización de sus productos agrícola-ganaderos, pero cedieron esa función a las multinacionales o grandes cerealeras, que aprovecharon las reglas del libre mercado.

Como dijimos, luego de abastecer al mundo durante más de un siglo, y pese a los avances tecnológicos y científicos, la demanda masiva del gigante asiático y la organización e intermediación de las grandes cerealeras, hoy celebramos la exportación de 84 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026.

Sin embargo, las condiciones de la tierra y la tecnología podrían multiplicar varias veces ese volumen. Las manufacturas también podrían expandirse y superar, con creces, la producción de aceite de soja y girasol, carne congelada, productos lácteos, frutas, hortalizas y vinos, con lo que se podría paliar el déficit fiscal.

¿Qué hacer?

“Una larga tradición los ha llevado —dice Ratzinger— a considerar su cristianismo como un asunto privado, mientras que, como miembros de la comunidad de negocios, se rigen por las leyes de la economía capitalista”.

Hay que recordar a todos, cristianos o no, que existe un principio ético: ayudar al necesitado.

También es preciso aceptar que no es posible construir un mundo fraterno y sin violencia sobre la desigualdad. Es un imperativo religioso y ético. Por eso, los dirigentes políticos y sociales, las organizaciones libres del pueblo y las entidades intermedias deben alcanzar acuerdos de Estado sobre cuatro puntos:

1. En materia de distribución primaria de la renta, es decir, del reparto de la torta entre trabajo y capital, debe establecerse, tanto para los gremios como para los trabajadores autónomos económicamente dependientes, formales e informales, un régimen de salarios atado a los precios y a los niveles de inflación.
2. En materia de redistribución monetaria, debe incluirse una política tributaria que desgrave las ganancias provenientes del trabajo e incremente los impuestos sobre la tierra, el capital financiero y la transmisión gratuita de bienes. También debe garantizarse la intangibilidad de las jubilaciones y pensiones.
3. Debe restablecerse un régimen de subvenciones de los servicios públicos para el segmento de trabajadores pobres. La subvención de los servicios públicos funciona, en todo el mundo desarrollado, como un ingreso indirecto, a veces total y a veces parcial.
4. La solidaridad social impone una política que incentive, ayude y premie a las organizaciones intermedias que cumplen esa función social.

En el apartado 202, “Economía y distribución del ingreso”, de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el papa Francisco afirma:

“La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales”.

Al cabo de 200 años de independencia, se estima que entre 300 mil millones y 400 mil millones de dólares, o incluso una cifra superior difícil de cuantificar, serían capitales de argentinos en paraísos fiscales. Mientras tanto, el Gobierno busca infructuosamente fondos de inversión y los exime de impuestos como forma de subsidiar las exportaciones. Es preciso profundizar y actuar sobre esa cuestión.

Argentinos a la pesca

Con 4.725 kilómetros de litoral marítimo, 392 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata y 111.233 kilómetros de costa antártica y de las islas australes, la Argentina posee una inmensa riqueza ictícola en el Atlántico. Sin embargo, captura apenas 538.000 toneladas al año, lo que la ubica en el cuarto lugar de América Latina, detrás de Perú, con 5,7 millones de toneladas anuales; Chile, con 2,1 millones de toneladas anuales; y México, con 1,8 millones de toneladas al año.

La facturación varía según el producto específico.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y reportes del sector, las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas de la región sitúan a Chile en el segundo lugar de América Latina, con unas 1.750.000 toneladas, y a Perú en el tercer puesto, con 2.000 toneladas métricas y 3,6 millones de toneladas de productos derivados. Chile se destaca, además, por el volumen de su industria salmonera, que ronda el millón de toneladas anuales de producción.

La cuestión del agua potable y segura

Es una vergüenza nacional que la Argentina no garantice el acceso al agua potable segura para sus 46 millones de habitantes, pese a contar con extensas cuencas hídricas y gigantescos acuíferos.

Según datos recientes del Programa Conjunto de Monitoreo de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 13,3% de los habitantes carece de acceso a la red de agua potable y siete millones de personas no tienen acceso a agua segura.

Argentina como una nación abstracta y ficticia

En la primera materia de la carrera de Abogacía se enseña que los elementos de un Estado son el territorio, el pueblo, el poder jurídicamente organizado y el Gobierno, portador, por delegación popular, de la más alta autoridad.

Este cronista se pregunta: ¿qué sucede cuando quienes comandan el barco en el que viajamos todos abandonan los principios del respeto a la soberanía y la independencia?

Halla este sentimiento inexplicable y recurrente, demoníaco. “El diablo es un comedor de pedazos”. La Argentina dio, a lo largo del tiempo, héroes y cobardes, santos y demonios, además de una lista interminable de políticos y empresarios: opuestos complementarios, ubicados en polos contradictorios.

Al cabo de 2000 años, el primer papa no europeo fue argentino y americano y, durante su pontificado, se convirtió en el mayor líder moral y religioso del planeta. Al mismo tiempo, el pueblo argentino eligió a un presidente que, con un discurso exuberante, anuncia por el mundo la destrucción del Estado.

El pueblo de la República Argentina dejaría de ser una nación real para convertirse en un exclave heteronómico de un imperio, algo así como una masa tirada en un “territorio suelto” dominado desde afuera.

La mala conducción y el trágico final del ARA San Juan y la política económica

Una sociedad partida es como el casco de una nave averiada, con una vía de agua que pone en peligro su flotación hasta hundirla si no se la tapona a tiempo o no se pone en marcha una bomba de achique.

El alto crecimiento de la deuda externa opera como el agua de mar en el submarino ARA San Juan: ingresó agua por un snorkel, parte del sistema de ventilación, y alcanzó el tanque de baterías. Esto produjo un cortocircuito que generó un incendio, una explosión y la pérdida de control de la nave.

Basta con ver dos o tres programas de actualidad política para presentir la gravedad de la situación. Si se trata de alguien interesado en la pobreza y no le bastan los datos de la inteligencia artificial ni los que difunden los organismos oficiales del país, debería mirar a los ojos a los pobres. Le bastará con recorrer los comedores de las parroquias y otras entidades de la ciudad de Buenos Aires, del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o de cualquier ciudad del interior.

Allí verá miles de familias indigentes a la hora de la comida y se preguntará una y otra vez: ¿por qué hay tantos pobres en una nación tan rica? ¿Por qué existe esa realidad de no llegar a fin de mes? ¿No será que nos hemos ido desmembrando y ya no somos un Estado-nación real, sino una nación abstracta y ficticia, como lo fue el San Juan?

Señor Presidente y señoras y señores legisladores: protejan la Nación antes de que sea demasiado tarde.

Del mismo modo actuó Inglaterra cuando vendía la lana de sus ovejas a Holanda, que la manufacturaba e inundaba con sus confecciones el mercado inglés durante los siglos XVII y XVIII. También lo hizo el economista Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien impulsó la economía mediante una política proteccionista y de intervencionismo estatal, con restricciones a las importaciones extranjeras.

En una fase de crecimiento industrial incipiente y frágil, estas medidas favorecieron el desarrollo. Esa fue también la solución de la mayoría de los países ricos hasta que alcanzaron un desarrollo sólido y pasaron a sostener el libre comercio.

Claro está que el proteccionismo mal administrado puede resultar nocivo para el desarrollo de una economía incipiente o con una gran desigualdad frente a otras economías. (Cómo ser más productivos, segunda parte de Economía comestible, Ha-Joon Chang, Debate, p. 67 y siguientes).

La tentación del poder de establecer límites a la libertad de prensa no es una novedad en la Argentina. Atraviesa gobiernos de distinto signo y se renueva en cada época con inéditos instrumentos. La razón es sencilla: el periodismo incomoda al poder porque indaga, investiga, pregunta, y destapa verdades que de otra manera quedarían ocultas.

Esa incomodidad es parte de su función esencial y hace al corazón de la democracia. No son pocas las causas que alguna vez escandalizaron a la opinión pública y que hoy tienen respuesta judicial gracias a investigaciones periodísticas que el acusado o sus defensores intentaron desacreditar.

Durante el kirchnerismo, la confrontación con los medios llegó a convertirse en una política de gobierno. La pauta oficial se administró como premio y castigo. Hubo periodistas sometidos a un “juicio ético y político” en Plaza de Mayo, quienes hasta tuvieron que llegar a reclamar públicamente por su derecho a preguntar. Frente a cada uno de esos episodios, quienes formábamos parte de un espacio republicano alzamos la voz, convencidos de que estaba en juego uno de los pilares del sistema democrático.

Hoy, aquellos tiempos se reeditan, y con mayor intensidad. Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), 2025 cerró con 278 agresiones contra la prensa, la cifra más alta desde que la entidad inició su monitoreo y muy por encima del pico registrado en 2013, en pleno kirchnerismo. Lo más grave es que el informe identifica al propio Presidente de la Nación como el principal responsable de esos ataques. Javier Milei prescindió de la pauta oficial de la administración nacional como herramienta de disciplinamiento, pero encontró en el agravio público un mecanismo acaso más eficaz. Lo hizo bajo una consigna que él mismo se encargó de difundir: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

El viernes pasado, ese discurso dio un paso más. En la cena anual de la Fundación Faro, nombró uno por uno a diferentes periodistas y profesionales insultándolos únicamente por haber sido parte de una investigación en el marco de la causa $LIBRA, en la cual el presidente obtuvo un fallo favorable.

Aún así, Milei arremete contra aquellos que fueron críticos al punto de afirmar que “se tienen que quemar en la hoguera”. Esto no se puede leer como un exabrupto más, o justificarse simplemente con que ‘así son sus formas’, o que el personaje es así, irreverente y disruptivo. El problema no se agota en el tono. Cuando un presidente ataca a un periodista con nombre y apellido, no está refutando un argumento ni discutiendo una nota. Está señalando a una persona y marcándola ante miles de seguidores y cuentas militantes que se ocupan del resto.

Cuando a ese señalamiento se le suma la imagen de la hoguera, ya no se trata de una crítica al trabajo periodístico, sino de una exposición deliberada y llamado a la agresión contra quienes lo ejercen. Son periodistas cuya única falta fue hacer su oficio: investigar al poder.

¿Cómo se llegó a este punto? Por acumulación. Cada agravio resultó un poco menos escandaloso que el anterior: primero un periodista, luego otro, después otro más. Así se fue instalando la idea de que un triunfo electoral bajo la bandera de lo disruptivo suspendía las reglas que hasta ayer considerábamos innegociables.

Por eso este es, ante todo, un llamado a la dirigencia política, y en particular a quienes compartimos durante años aquellas banderas. Yo soy parte de la Unión Cívica Radical, que construyó con otras fuerzas un espacio republicano en el que alzamos la voz cada vez que el kirchnerismo intentó amedrentar periodistas y llevarse puesta la libertad de prensa. Si estuvimos a la altura en aquel entonces, no podemos guardar silencio frente a la hoguera de hoy.

La indignación selectiva no es una posición republicana. Si la vara cambia según quién gobierna, nunca fue una convicción. La defensa de la libertad de prensa no puede depender de quién ocupe la Casa Rosada ni de cuánto nos guste su agenda.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿cuál es el límite? ¿Cuántos nombres más deben sumarse a esa lista para que la política vuelva a pronunciarse con la misma firmeza de entonces? ¿Hasta dónde tiene que llegar la agresión del propio Presidente o de quienes motivados por su ejemplo se sientan habilitados para hacer del odio una realidad que trascienda lo discursivo?

No nos resignemos a naturalizar estas cosas. Las formas hacen al fondo. Cuando un presidente se refiere de este modo al periodismo, traza una línea peligrosa, que deslegitima pilares fundamentales de la democracia al generar un clima de hostilidad hacia cualquiera que pretenda alzar una voz crítica.

Levantamos la voz cuando correspondía. Corresponde hacerlo otra vez.

A tres años de la llegada al poder de Javier Milei, y a tan solo unos meses para que comience la carrera electoral que definirá el destino del experimento libertario, el presidente y su círculo más cercano enfrentan un dilema que, por ahora, no encuentra ya no solo una solución óptima sino siquiera una consensuada: cómo reaccionar y actuar cuando la realidad desmiente al relato.

Un dilema que no solo azuza las siempre latentes y descarnadas internas libertarias sino que también tensiona una relación con los gobernadores y aliados que cada vez es más necesario encauzar para blindar política y parlamentariamente a un gobierno que no logra reactivar una economía que impacta negativamente cada vez más en los sensibles bolsillos de los votantes.

Mientras los gobernadores observan con preocupación lo que perciben como flagrantes heridas autoinfligidas por el propio oficialismo y comienzan a impacientarse ante negociaciones y acuerdos que no terminan de definirse y generan mayor incertidumbre electoral, hacia el interior del gobierno ya asoman algunas grietas.

La combinación entre dogmatismo económico y pragmatismo político comienza a evidenciar sus limitaciones ante la cuenta regresiva para el proceso electoral. En el plano político, el gobierno consigue algunas victorias pírricas en el Congreso, aunque acumulando desgaste, pagando costos evitables y demorando los acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales. Y, frente a la constatación de que la economía no estuvo -ni estará el año próximo- a la altura de los vaticinios y pronósticos alimentados por el propio oficialismo, Milei y su equipo económico no solo responden con mayor ensimismamiento y endurecimiento, sino que ensayan discursos delirantes que evidencian un profundo desacople con la realidad.

Ante la caída de la actividad y el probable ingreso -con las proyecciones de septiembre- a un escenario de recesión técnica, Milei llama a ignorar los índices desestacionalizados porque “dan cualquier cosa”. Si sube el índice de inflación culpa al petróleo, y si bajan los precios mayoristas vaticina el inminente derrumbe de los minoristas. Festeja en Estados Unidos la caída del riesgo país pese a que viene subiendo día a día. Se burla de las cifras que dan cuenta de la destrucción del empleo festejando el cuentapropismo y la informalidad.

Una actitud de permanente negación que tuvo una manifestación explícita durante la visita de Milei a Neuquén de la pasada semana, donde no solo volvió a relativizar las dificultades de los sectores de la sociedad que no llegan a fin de mes, sino que ensayó una desmentida que da cuenta de la literalidad y rigidez con que el presidente aborda la realidad: señaló que se trata de una “pelotudez del tamaño de una casa”, ya que si se quedan sin dinero el día 20, “¿cómo hacen para vivir 10 días sin comer ni beber?”.

Más allá de la preocupante literalidad con que Milei analiza una acuciante realidad que atraviesan cada vez más argentinos, y de la habitual denuncia de supuestos intentos golpistas, reacciones de la casta u operaciones de periodistas ensobrados, preocupa la negación presidencial de fenómenos que vienen creciendo exponencialmente ante la falta de disponibilidad de ingresos suficientes para afrontar los gastos fijos de la vida cotidiana: el endeudamiento bancario y no bancario, el financiamiento con tarjetas de crédito, el consumo de ahorros, o el recorte de gastos esenciales en educación o salud, entre otras herramientas que compensan la insuficiencia de los ingresos actuales con el compromiso de ingresos futuros.

No llama la atención, en este contexto en donde prima la intransigencia ante las voces críticas, la negación y la irritación ante las estadísticas, y las sospechas de presuntas conspiraciones ante el señalamiento del deterioro del clima social, que comiencen a aparecer posicionamientos diferenciales hacia el interior del propio oficialismo, como el caso de Patricia Bullrich, quien no solo reclama ajustes en el modelo para recuperar el consumo y mejorar los ingresos, sino que señala la necesidad de mostrar mayor empatía y comprensión con quienes padecen la situación actual.

Así las cosas, un Milei que se aferra dogmáticamente a su programa económico con la absurda creencia de que serán solo las fuerzas del mercado, operando libremente y sin interferencias (regulaciones, intervenciones e impuestos), las que liberarán las energías que empujarán al país hacia una inevitable prosperidad, comienza no solo a sufrir fricciones ante una realidad mucho más compleja que la que delinea el presidente en sus conferencias sino que empieza a generar rispideces con algunos aliados que podrían eventualmente convertirse en adversarios, y a chocar con la percepción que -más allá de los datos- tienen muchos argentinos sobre su situación personal.

¿Cómo ponerse en el lugar de las decenas de miles de jóvenes que buscan en España el destino que nuestra patria les ha negado frente al ridículo de una imagen presidencial irrespetuosa y carente de nivel y de criterio? Las ideologías no dan sabiduría ni asignan virtudes. Cualquiera de ellas puede ser transitada como una expresión de lucidez y coherencia o careciendo de tales cualidades indispensables para la vida en sociedad, particularmente si tal ausencia de valores esenciales proviene del presidente de la Nación.

España es hoy uno de los países económicamente más exitosos de Europa, y nosotros, sin duda, uno de los más fracasados de América. Desde esa patética distancia, un personaje caracterizado por la desmesura y la absoluta falta de sabiduría y madurez, los enfrenta, los agrede, los devalúa como si su palabra pudiera tener más valor que la de la indiscutible realidad. Tras la evidencia de sus penosos dichos e imágenes y ante la magnitud del papelón de Milei, sus seguidores, los periodistas oficialistas, los comentaristas amigos y el ejército de trolls a sueldo buscan excusas, minimizan situaciones, tergiversan la realidad, lo que nos recuerda a aquellos hacían silencio o veían con buenos ojos el genocidio del dictador Videla con tal de que se enfrentara la violencia de la guerrilla.

Este viaje a España de Milei, sin más invitación que su obsecuente deseo de obedecer la voluntad de Trump de interferir en las elecciones españolas en favor de la derecha y de la ultraderecha , mostró a la mayoría de los personajes del PP y de Vox esquivando el encuentro. En suma, “el rey está desnudo”. Milei pretendió, además, con ese absurdo y pueril traslado a la capital imperial, convocar a posibles inversores. Paradójicamente, logró el resultado de la suba del riesgo país.

Vergonzosa fue también la pretensión, propia de su desmesura, de saltar de la venta de tierras a la reivindicación de las Malvinas, como si un coyuntural momento de distanciamiento entre Trump y Gran Bretaña nos diera señales para ilusionarnos con una posible fractura definitiva entre dos naciones que jamás dejaron de ser y de asumirse como socias estratégicas. Ya lo vivimos con Galtieri. Cada uno de los pasos que se dan pasan por el lamentable espacio de la exageración, de la sobreactuación bufonesca, de la falta de coherencia, que es asimismo resultado de la dificultad de sostener la sensatez que el mínimo protocolo diplomático exige de un primer mandatario. Agreguemos otra vergüenza reciente: Milei y su hermana Karina fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa $Libra. En lugar de hacer honor a la Justicia, medidas como esta solo la degradan, al colocarla en el lugar de un mero instrumento del poder político con el que está íntimamente unida. Sobran las pruebas que demuestran que muchos ricos y poderosos no llegan siquiera a juicio. Se los nota apurados. Hace muy poco tiempo la Sala VI de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que se archivara definitivamente la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y otros ex funcionarios por el préstamo de USD 57.100 millones, firmado con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Lo hizo por unanimidad y quedó firme porque el fiscal Raúl Plée no apeló. Así las cosas, en la Justicia federal.

Los países se piensan y se diagraman desde la política, y esta, desde la totalidad de las necesidades de sus ciudadanos. El incoherente concepto, tantas veces reiterado, según el cual estamos ingresando en un nuevo modelo de sociedad, es patético, por el hecho de imaginar que detener la inflación aporta, sin más, una nueva forma de sociedad. Así, solemos escuchar de boca de los economistas oficialistas, que los grandes sectores como la minería, el petróleo y el agro serán beneficiados. Jamás aclaran, naturalmente, qué lugar ocupará el resto de los habitantes, y repiten sin sustento intelectual, que la protección es dañina, desestimando con mala fe que su admirado país del Norte ejerce un declarado y duro proteccionismo. Si el grande necesita de la protección de sus productos, ¿cómo no la necesitaría el pequeño? En síntesis, la sociedad transita por un momento de ausencia de proyecto y de discernimiento, carencias que se asemejan tanto entre sí por surgir de la misma matriz.

Además, el antiperonismo está dispuesto a enfrentar a todo aquel que le cuestione su proyecto de configurar una sociedad donde la riqueza concentrada en manos de los amigos del poder no ejerza ninguna responsabilidad sobre el resto de la población. Insisto en esta idea: existen dos proyectos, el de Patria y el de Colonia. Un ejemplo tomado del campo de nuestra cultura, en el que el sentimiento colonialista prevalece, se sintetiza en la forma en que los cuadros de la familia de la mecenas Nelly Arrieta de Blaquier serán extraídos del país por sus descendientes. No es más que una muestra de que una parte de nuestra sociedad incapaz de respetar la memoria de sus mayores, ha perdido su dignidad. Para este acomodado y elitista sector, el dinero es solo un número bajo el cual cae toda dignidad humana, toda honra.

La ambición de la riqueza, la desmesura, el exhibicionismo, el imperio de la codicia desembocan en esta triste realidad actual, donde una sociedad que en los 70 tenía una integración social semejante a la de Europa, se arrastra hoy en una fractura entre una minoría del 30% con poder económico sobrado y un 70% restante sumergido en la angustia y retrocediendo al analfabetismo y al sinsentido de la vida. Claro está que la visita del Papa los cuestiona y los motiva porque si Francisco, siendo el hombre más importante de la historia contemporánea de la Iglesia Católica, no pudo visitar su patria porque la asociación de codiciosos se desesperaba por impedírselo, esta próxima visita del representante máximo de una Iglesia que crece e impone la reconstrucción del sentido profundo del ser humano los descoloca y es conveniente aparentar que se hace buena letra. La trascendencia se impone sobre la pequeñez de la codicia, la ambición y la indiferencia respecto de los débiles.

En mi opinión, la idea de que Milei es el proyecto y su reelección un componente imprescindible para este modelo libertario ya está fracturada y derogada, mientras el riesgo país, el riesgo dólar y el riesgo futuro volverán a instalar al ciudadano por encima del inversor: que los habitantes se ocupen de lo que necesitan.

Por último, derribemos otro cliché que se reitera, el del derrame. La concentración no derrama; ese cuento se identifica siempre con el robo, el saqueo, la estafa y la perversión. Si el gobierno retrocedió en el Presupuesto sobre discapacidad aceptando las propuestas de la oposición y en la Ley de Tierras llevándola a su versión original, acompañado por el curioso arrepentimiento de la Corte Suprema — todo ello a impulso de movilizaciones convencidas de la defensa de sus derechos y enfrentando sistemáticas y brutales represiones con admirable coraje cívico— y también dio marcha atrás en la detención de los metrodelegados para que el subte volviera a circular, es evidente que Milei y los suyos se están habituando a retroceder y que nada indica con más claridad el final.

En abril de 2023, el candidato presidencial Javier Milei concurrió al programa de Alejandro Fantino. Ya era la estrella de la campaña. El clima era dramático. Fantino anunció que Milei haría una presentación que revolucionaría a la Argentina. La cámara tomaba la cara de Milei en primerísimo plano. El diálogo que se produjo entonces es uno de los grandes momentos de la propaganda política.

-Si te toca ser Presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía?—le preguntó Fantino.

-Absolutamente sí. Estamos en condiciones de dolarizar. A 320 vos ya podrías dolarizar.

-¿Dolarizar es que vos irías a un cajero y sacarías los dólares?

-Exactamente. Y empezaríamos a hacer transacciones en dólares.

-Toda la masa de pesos son aproximadamente 12 billones de pesos.

-Exacto. Que son 35 mil millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72 mil millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22 mil millones de dólares de leliqs. Dije que tengo 72 mil millones de dólares en títulos. Entonces puedo cambiar 22 mil contra 22 mil. Me quedan 50 mil de títulos públicos. Ahora tenés que rescatar la base. Son 13 mil millones de dólares.

-Todos los pesos que están dando vueltas.

-Exactamente. Tenes reservas internacionales por 3 mil millones de dólares, cancelas 3 mil. Te falta rescatar 10 mil millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50 mil millones de dólares. Pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash.

-Pero, ¿quién te los daría?—insistió Fantino.

Milei no dudó:

-Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo.

-¿Ya tenés el ok?

Milei sonrió, como quien se las sabe todas:

-¿Querés que te muestre el celular?

Efectivamente, esa propuesta revolucionó la Argentina porque facilitó la llegada de Milei al poder. Fue muy inteligente. Gran parte del electorado soñaba con cobrar en dólares. El tema se transformó en uno de los debates centrales de la campaña. Milei iba por los barrios con gigantografías de billetes de dólar. Ganó. Pero los argentinos seguimos sacando pesos de los cajeros automáticos. Milei no tenía la plata. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que le creyeran.

Pasó una vida, más de tres años intensísimos. El 12 de octubre, en una entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente recurrió a su viejo método: apabullar con números incomprobables para resultar convincente:

-Nosotros para el año que viene tenemos vencimientos por 25 mil millones de dólares. El roll over de los acreedores argentinos está asegurado. El rollover externo ya lo tenés arreglado con organismos y otros países, con lo cual usted saca de la cuenta 23 mil millones de dólares para el año que viene. ¿Qué más tenemos para el año que viene? Por un lado, los 25 mil millones de dólares que compramos de reservas desde noviembre. Tenemos el swap con China que son 20 mil millones más. El swap con los Estados Unidos que son 20 mil millones más. Pero tenemos la posibilidad de usar dólar futuro por el equivalente de 15 mil millones, la mitad de la base monetaria. Solo con eso se puede sacar la mitad de la base monetaria. Solo ahí tengo 75 mil millones. Además, voy a tener los dólares que me entren por el comercio, póngale este año son 30 mil millones de dólares. Póngale que nos vamos a 20. Y 5 mil millones del RIGI. Tengo 125 mil millones de dólares para enfrentar cualquier corrida.

-¿O sea que usted está preocupado por una corrida?

-No. Pero me preparo.

Esta vez, Milei buscaba desactivar la creciente desconfianza que el mundo financiero tiene respecto de su programa económico, que se refleja en el vertiginoso crecimiento del riesgo país. Lo que ocurrió después es relevante: la caída de los bonos se profundizó. No le creyeron.

El relato político contiene siempre tres componentes básicos. El líder debe transmitir que, si lo siguen, el futuro será mejor, que la alternativa es espantosa y que el resultado de su Gobierno es muy bueno o, al menos, no es tan malo como parece. Milei no es una excepción, sino una exageración de ese método. En esa dinámica Milei y su equipo han ofrecido ejemplos muy notables de cómo se pueden manipular los números con tal de cumplir el objetivo. Por razones de brevedad, se eligen aquí apenas cinco ejemplos: podrían ser el doble o el triple. Pasen y vean.

Crecimiento

Milei y Caputo dicen que la economía ha crecido en 2024 y 2025 y seguirá creciendo en 2026 y 2027. Sin embargo, el Indec informa en su página que en 2024 la economía produjo 1,7 por ciento menos que en 2023. ¿De dónde sacan entonces que la economía creció? Hacen una pequeña trampa. En lugar de comparar año contra año comparan diciembre contra diciembre. En todo 2024 se produjo menos riqueza que en 2023. Esa es la forma correcta de medir. Pero como en los últimos meses hubo un fuerte repunte, diciembre de 2024 estuvo por encima de diciembre de 2023. Por eso, si en lugar de comparar años se compararan meses, y especialmente diciembre, daría eventualmente lo que dice Milei. Crecimiento del 5,5 en diciembre del 2024, del 3,5 en diciembre del 2025 y después agregarle una proyección fantasiosa que redondee 16 o 18 por ciento en el primer cuatrienio. Lo han dicho. Lo han escrito. Lo han repetido.

En esta construcción hay un detalle genial: el mes elegido. Diciembre da bárbaro. ¿Pero, que pasaría si se elige, por ejemplo, agosto? Hace unos días el Indec informó que en agosto de 2026 la actividad fue 1,7 por ciento menos que en 2025. En 2025 había sido un 2,4 más que en 2024. Y en 2024 un 3,8 menos en un año antes. Los resultados cambian dramáticamente. En los tres años la economía no hubiera crecido 10 por ciento sino caído 3,1. Si se mide correctamente, resulta que la economía cayó 1,7 en 2024, creció 4,4 en 2025 y, según el REM del banco central, crecerá menos e 1,5 este año. El total daría apenas 4 puntos de crecimiento en tres años. Menos del 1,5 anual. Un resultado muy magro.

Pobreza

Milei y Caputo dicen que su modelo rescató a la cuarta parte de la población de la pobreza, doce millones y medio de personas. En números precisos, dicen que había 57 por ciento de pobres y ahora 32. Se trata de otra trampa. Cuando Milei asumió, había 41 por ciento de pobres, no 57. Ese número se alcanzó en el segundo trimestre de 2024 y es producto de la devaluación decidida por el gobierno libertario. La pobreza actual no es de 32 sino de 33,7. La diferencia no es de 25 puntos sino de 7,3. Es un contraste enorme. Pero hay otro problema: la pobreza se mide con una canasta de bienes desactualizada porque el Gobierno no le permite al Indec renovarla. Con la canasta nueva, la medición de pobreza sería entre 5 y 6 puntos más alta. Casi no habría variación respecto de la medición de diciembre de 2023. Si se toma sólo los últimos 9 meses, la pobreza aumentó 7 puntos, es decir, 3 millones de personas, diez mil nuevos pobres por día.

Salarios

Hace unos días, el secretario de Trabajo Julio Cordero informó que el promedio salarial es de 1500 dólares, unos 2.300.000 pesos. El único número oficial que sostiene ese dato corresponde al salario bruto de los trabajadores formales, que es en realidad un poco menor: 2.237.000 pesos. El salario de bolsillo es de 1.867.000 pesos, mucho menos que 1500 dólares. Los salarios de los trabajadores informales, que son omitidos en el cálculo de Cordero, son sustancialmente menores: alrededor de 800 mil pesos. La situación cambia claramente con estos datos. Mucho más aún si se tiene en cuenta que la mitad de los trabajadores ganan por debajo de 1.200.000 pesos.

Jubilaciones

En muchas de sus recientes exposiciones, el ministro Luis Caputo sostuvo que las jubilaciones aumentaron más del 10 por ciento en términos reales durante su mandato. Es otro recurso matemático que tergiversa la realidad. Eso sucedió con la base de las jubilaciones. Pero no tienen en cuenta que el bono de 70 mil pesos, que cobra el 70 por ciento de los jubilados, está congelado desde diciembre de 2023. Con este agregado, las jubilaciones con bono, que son la inmensa mayoría, en lugar de subir, cayeron 9.5 por ciento en términos reales.

Empleo

Los líderes del Gobierno argumentan que durante esta gestión se crearon 500 mil puestos de trabajo. Los datos objetivos, que surgen de los registros oficiales de altas, y no de encuestas, reflejan que desde la llegada de Milei se perdieron 377 mil trabajos formales, que son los que más ingresos y derechos tienen. Esa cifra es un récord negativo. Durante la gestión de Alberto Fernandez se crearon 210 mil. Macri y la última Cristina crearon algunas decenas de miles. Desde el 2002, no ha habido ninguna gestión, salvo esta, que haya destruido tantos puestos en blanco. Durante los primeros años de Nestor Kirchner se crearon 5 millones. El Gobierno sostiene que, en ese contexto, “creó” 500 mil puestos de trabajo informales y que el trabajo informal es tan respetable como el formal. Los especialistas sostienen que los puestos informales que registra el Indec en sus encuestas son mayoritariamente changas que se inventan trabajadores y trabajadoras a los que no les alcanzan sus salarios para vivir o que perdieron su trabajo. Es producto de la crisis y no evidencia de ningún tipo de bonanza o expansión.

Las exigencias que le imponen Milei y Caputo a los números son realmente extremas y permanentes. Hay muchos momentos que, vistos con el diario del lunes, son realmente graciosos. En marzo pasado, el presidente escribió: “ARITMÉTICA INFLACIONARIA: A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo. La inflación mayorista de los últimos dos meses viaja al 26 por ciento anual. A su vez la del bimestre anualizada viaja al 17 por ciento, mientras que la de febrero anualizada viaja al 13 por ciento. Ponganlo como quieran pero la inflación está bajando. Todo marcha de acuerdo al plan”. Otra vez, elige un dato bueno de un mes bueno y proyecta. No funciona así. De hecho la inflación, muchos meses después, no baja.

El discurso de un político es una herramienta que busca un solo objetivo: convencer incautos o actores del mercado. La pregunta es obvia: ¿no se le estará yendo la mano?

Cada 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación nos recuerda que el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria siguen siendo deudas pendientes. En el Perú, sin embargo, la efeméride debería obligarnos a mirar un problema más incómodo: no solo comemos poco, también comemos mal.

Comer es un acto tan cotidiano como caminar o hablar, pero infinitamente más vital. Se puede dejar de caminar y seguir viviendo; dejar de comer, o comer mal de forma sostenida, daña la salud tanto como dejar de respirar. La diferencia es solo el tiempo.

Los alimentos son el vehículo de sustancias complejas que fortalecen al organismo y le permiten enfrentar la enfermedad. Un vaso de leche aporta proteína de alta calidad, calcio y vitamina D. La carne suma hierro y zinc. La clara del huevo ofrece una proteína excepcional, y la yema, fósforo y colina, claves para el desarrollo y la protección del cerebro. Cereales como la quinua o la kiwicha y tubérculos como la papa o el camote proveen carbohidratos; los frutos secos, grasas saludables y vitamina E; las frutas y verduras, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Combinamos estos alimentos por tradición, cultura o economía (arroz con lentejas, pan con leche), pero esa mezcla debería responder a lo que cada persona necesita según su edad, sexo, salud y actividad física. Cuando la dieta incluye todos estos grupos con regularidad y en la cantidad justa, ni más ni menos, hablamos de una alimentación balanceada. Esa es la meta. Y también la distancia que nos separa de ella.

Los dos extremos de la mala nutrición

En el Perú conviven la desnutrición y la sobrenutrición, y en ambos extremos se concentra buena parte de la población.

Según la FAO, en 2024 la inseguridad alimentaria moderada o severa alcanzó al 51.7% de los peruanos: más de la mitad del país tuvo dificultades para conseguir alimentos o, simplemente, no pudo hacerlo. El 12.1% de los menores de cinco años sufre desnutrición crónica, una condición que compromete su crecimiento y desarrollo de por vida. La anemia por deficiencia de hierro afecta al 36.1% de los niños menores de tres años (uno de cada tres) y al 22.7% de las mujeres de 15 a 49 años.

En el otro extremo, más del 60% de los mayores de 15 años tiene sobrepeso u obesidad. El exceso de peso alcanza al 8.6% de los niños menores de cinco años y al 38.6% de quienes tienen entre 6 y 14 años. No es exceso de nutrición, sino de calorías: mucho carbohidrato y poca proteína de calidad, vitaminas y minerales. Hambre y obesidad son dos caras de la misma moneda: una dieta pobre.

Políticas en el papel

¿Qué hacer? Primero, escuchar a quienes saben. Nuestra política pública está llena de supuestos expertos cuyo aporte real es mínimo. Una revisión reciente de información oficial de 18 países latinoamericanos concluyó que el Perú es el único con una política integral de prevención de la anemia ferropénica. El dato podría enorgullecernos si no fuera porque nuestras tasas de anemia infantil siguen entre las más altas del continente. Tenemos la política; nos falta que funcione.

Eso exige que los nutricionistas participen en el diseño y la evaluación de los programas, que las intervenciones se midan por resultados y no por anuncios, y que la educación alimentaria llegue a las familias, los mercados y las escuelas.

El Día Mundial de la Alimentación no debería quedarse en una fecha del calendario. En un país que es potencia gastronómica y despensa de alimentos de enorme valor nutricional, que un niño crezca con anemia o con obesidad no es una fatalidad: es una decisión que, como sociedad, seguimos postergando. La pregunta no es cuánto comemos, sino qué tan bien estamos alimentando nuestro futuro.

En el final de una semana realmente complicada para el Gobierno, Javier Milei buscó modificar el foco explotando una noticia esperada en Olivos: su sobreseimiento en el caso $LIBRA, una medida del juez Marcelo Martínez de Giorgi extendida a Karina Milei y demás involucrados en la causa. Aprovechó entonces para repetir sus cargas contra “intentos golpistas”, en la misma línea de la andanada ruidosa que dejó el viaje a España, insostenible incluso como cálculo personal. El punto es que el resultado nunca es neutro y el discurso parece desinflarse como recurso frente a cuadros como el de los últimos días, dominado por una sucesión de datos económicos preocupantes y forzados virajes políticos del oficialismo en el Congreso.

Las señales políticas, en paralelo con estadísticas y relevamientos de la economía, exponen problemas originados en el circuito estrecho del poder. Un ejemplo de alto impacto acaba de producirse en Diputados: el oficialismo debió afrontar un costo elevado en negociaciones casi al borde de la derrota para cerrar el tema de discapacidad, después de meses de desgaste por la cerrazón en una posición insensible. En otra escala, el Gobierno exhibió también el resultado del viaje presidencial a Madrid.

La breve estada de Milei en España resultó de mínima injustificada, además de pobre en resultados individuales. Es sabido que en la lógica mileista pesa más la ideologización básica que las estrategias de Estado para la política exterior. Pero esta vez, ni siquiera funcionó en sentido sectario. El Presidente tuvo como actividad central participar de un foro de su misma platea, algo que podría haber resuelto por videoconferencia. Finalmente, el contacto con Santiago Abascal fue por videollamada, lo cual tampoco requería volar a Madrid. Sumó sí un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, en medio de recelos expuestos del PP. Dejó una renovada carga contra Pedro Sánchez y quedó descolocado frente al insólito intento de agendar un saludo al rey Felipe VI, algo que generó una respuesta negativa expresada, y difundida de hecho, por la Casa Real.

De todos modos, los dos renglones de mayor repercusión fueron escritos por informes del INDEC y por la sesión que motorizó el propio oficialismo en la Cámara baja.

Los datos económicos volvieron a encender alarmas por su proyección. El Estimador Mensual de Actividad Económica, de agosto, anotó un muy módico crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, que había registrado una caída de 2,9 puntos porcentuales. La comparación interanual fue negativa (-1,7%) y tampoco fue alentador el número de tendencia ciclo, tomado en general por el ministro Luis Caputo frente a otros indicadores inquietantes.

De inmediato, se instaló entre economistas las consideraciones sobre la caída en recesión técnica con las proyecciones de septiembre, es decir, al sumar dos trimestres consecutivos. Pero además, y fuera de las especulaciones en el interior del Gobierno sobre una recuperación a partir de octubre, la cuestión de fondo es que la actividad terminaría el año lejos de los pronósticos oficiales. El Presupuesto 2026 incluyó un crecimiento del 5% del PBI y el último recálculo -al enviar el proyecto presupuestario para el 2027- lo bajó al 3%. Estimaciones de economistas y de algunos organismos lo proyectan por debajo de los 2 puntos.

También esta semana, entre otras publicaciones del INDEC, fueron publicados los resultados de agosto sobre ventas en supermercados, mayoristas de venta al público y shoppings. Sólo en esos últimos centros comerciales fueron anotadas cifras positivas contra el mes anterior (3,3%), aunque en el acumulado de este año resultó negativo (-1,2%). En cambio, los súper terminaron con bajas intermensual (-0,8%), interanual (-3.7%) y acumulada (-2,8%). También los mayoristas, en las tres comparaciones: -1,2%, -3,6% y -2,9%.

En esta línea, septiembre no ofrecería un panorama de repunte. El trabajo de la consultora Scentia sobre consumo masivo indica una baja del 1% respecto de agosto. El descenso se nota en supermercados de cadena, autoservicios de barrio y mayoristas.

El cuadro fue aceptado en parte por Milei. El Presidente dijo en una entrevista que los indicadores “no estarían evolucionando tan positivamente” como el Gobierno esperaba, pero lo adjudicó especialmente al shock externo. No parece un comentario aislado. El oficialismo modificó las fechas de sus promesas sobre un salto espectacular de la economía: las trasladó al 2028, atadas además al plan reeleccionista.

En un terreno complicado -entre otras razones, por las lecturas que puedan ser hechas en el mundo empresarial y en el de las finanzas-, aumentan las exigencias en el frente político, y por supuesto eso lo siente el oficialismo y lo advierte el heterogéneo paño que integran desde aliados del Gobierno hasta opositores duros. El Congreso lo refleja.

Diputados trató esta semana temas densos, en la sesión motorizada por el oficialismo para desarmar la ofensiva opositora. En rigor, los libertarios y sus socios se movieron con letra propia pero con títulos impuestos desde la otra vereda: una salida para ley de Tierras, discapacidad y morosidad en el endeudamiento familiar. Lo que terminó ocurriendo en el recinto fue significativo.

El oficialismo logró la aprobación de su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sumó como novedad la restitución de la ley de Tierras que antes buscaba derogar. El texto anula un artículo del DNU 79/2023. Y en la práctica, fue la coronación de la jugada libertaria que cedió en este punto para salvar aquel decreto inaugural de Milei, repuesto en la mira por la oposición.

Con todo, el giro más impactante de LLA fue expuesto en las negociaciones de los últimos días, prolongadas en el recinto, para cerrar el tema de discapacidad. En medio de las presiones opositoras y los reclamos de aliados, el oficialismo ofreció finalmente un texto que en buena medida mantiene los puntos de la emergencia en discapacidad. De ese modo, Diputados mostró un tablero muy pocas veces visto: 237 votos a favor. El cambio fue acompañado por promesas libertarias sobre el aval del Gobierno en materia presupuestaria. En cualquier caso, el volumen de la votación dejaría escaso margen para el incumplimiento una vez que sea ley. Se verá.

Para completar y exhibir lo cambiante o voluble del tablero legislativo en estas horas, el último tramo de la sesión fue para morosidad. El oficialismo advirtió que no le daban los números para aprobar su propuesta y, con apoyo de aliados, hizo una jugada de manual: consiguió que el proyecto vuelva a las comisiones. Abre así otro capítulo de negociaciones.

El texto sobre discapacidad debe ser refrendado ahora por el Senado, que por segunda vez tiene que tratar también la cuestión de la ley de Tierras. Arrastra además su lista: sobresale la reforma electoral, a la espera de lo que ocurra con las extensas tratativas para bajar las PASO. La Cámara alta concentra además la atención interna del oficialsimo. Allí juega Patricia Bullrich. Historia abierta.

Fueron semanas para el olvido para las acciones en Wall Street. Las dudas sobre el sector tecnológico activaron el risk-off y, en un contexto en el que el precio del crudo Brent cotiza por encima de USD 110 por barril, los rendimientos de los Treasuries comprimieron con fuerza a lo largo de la curva. La tasa a 10 años cotiza nuevamente por debajo del 5% anual al ubicarse en el 4,96% (28 pb menos en las últimas dos semanas), reflejando en parte la rotación fuera de las tecnológicas, en un contexto donde el Nasdaq cayó un 5% en las últimas dos semanas y el S&P 500 cedió un 1,9 por ciento.

La corrección en las acciones respondió a una secuencia de eventos que se fueron desencadenando entre la semana pasada y esta:

1. Monetización: OpenAI informó a sus inversores un ingreso anualizado unos USD 20.000 millones por debajo de lo que se suponía.
2. Competencia: la empresa china CXMT anunció avances en una nueva arquitectura de DRAM, y luego DeepSeek presentó un modelo más eficiente que reavivó el temor a que la IA necesite menos memoria.
3. Costo del capital: tras el IPC los bonos de CoreWeave pasaron a rendir más de 16%. Meta sumó ruido al subir el piso de su inversión y anunciar acciones sin voto para financiarla, lo que sacudió el mercado de crédito corporativo en compañías relacionadas a la IA.

Por un lado, dentro de la cadena de valor de la IA se identifican eslabones puntuales que mostraron un fuerte deterioro.

Dentro de la cadena de valor de la IA se identifican eslabones puntuales que mostraron un fuerte deterioro

Los laboratorios y los hyperscalers compran aceleradores a Nvidia y Broadcom, fabricados por TSMC en nodos de vanguardia con equipos de ASML. Cada acelerador requiere memoria HBM, chips de DRAM apilados que alimentan de datos al procesador, provistos por SK Hynix, Samsung y Micron.

Las acciones vinculadas a la memoria fueron las más castigadas, lo que llevó al Kospi a registrar su peor semana desde 2008 y a Kioxia a caer más del 60% desde su máximo de junio, al tratarse del eslabón más comoditizado y con mayor exposición a China. Por su parte, los neoclouds que alquilan capacidad de cómputo apalancándose con deuda (entre ellas CoreWeave) sufrieron un severo impacto, y algunos analistas advierten que este negocio podría terminar absorbido por los propios hyperscalers.

Por otro lado, reaparece la discusión sobre la sostenibilidad del ecosistema de IA, dado que el nivel de monetización de las compañías que ofrecen el servicio al usuario final, como OpenAI o Anthropic, resulta inferior al esperado, mientras que gran parte de la expansión continúa financiada con deuda y capex de los hyperscalers.

A esto se suma el dilema de las valuaciones. Si bien la relación precio-ganancias proyectado (P/E forward) se ubica en niveles razonables frente a su media histórica, el contrapunto radica en que las ganancias actuales ya se encuentran en niveles extraordinarios, abriendo interrogantes sobre si esa rentabilidad podrá sostenerse en el tiempo.

Un ciclo de inversión en IA más moderado reduce la demanda agregada de capital y, con ella, la tasa neutral de la economía

Todo este proceso terminó favoreciendo a los bonos, puntualmente a los Treasuries, no solo por la búsqueda de cobertura (risk-off), sino porque un ciclo de inversión en IA más moderado reduce la demanda agregada de capital y, con ella, la tasa neutral de la economía. Al mismo tiempo, se descomprime la oferta de deuda corporativa vinculada al sector tecnológico, factor que venía presionando el tramo largo de la curva. De esta manera, la probabilidad implícita de que la Fed vuelva a subir la tasa de interés en diciembre, que se ubicaba en el 100%, cayó al 82 por ciento.

Si eventualmente se desacelera el ciclo de inversión en IA, el impacto negativo sobre el nivel de actividad operaría a través de dos frentes:

1. La inversión directa, componente fundamental del crecimiento del PBI.
2. El consumo, apuntalado principalmente por los estratos de mayores ingresos, cuyo patrimonio neto aumentó sensiblemente en relación con sus salarios al compás del rally en las acciones.

Una reversión de este efecto riqueza podría resentir la pauta de gasto de este segmento. Si bien proyectar este escenario de forma concluyente luce prematuro, la dinámica ayuda a explicar por qué la probabilidad de una suba de tasas por parte de la Fed comienza a ceder en el margen.

El autor es analista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

El país genera sensaciones muy dispares según el lado del mostrador en que nos encontramos, y diría que además de sensaciones, lo más claro es la realidad que cada actor de la economía vive.

Para resumir lo ocurrido desde diciembre de 2023 a la fecha, los logros del gobierno están situados en:

• baja de la inflación,
• país encaminado a un sendero de equilibrio y superávit fiscal primario (innegociable) y también en muchos meses superávit financiero,
• mayor desregulación de la economía para facilitar las transacciones entre privados,
• salida del cepo para individuos,
• crecimiento de algunos sectores de la economía que crecen con fuerza como el sector energético, parte del agro y el sector minero,
• reconstitución de las reservas brutas y netas del BCRA, y
• política económica internacional que migró hacia países más liberales y democráticos.

Por otro lado, la economía enfrenta una serie de desafíos hacia adelante relacionados con: el nivel de actividad en sectores clave de la economía como industria, construcción, comercio mayorista y minorista, entre otros, que no logran sostenerse ni estabilizarse para luego comenzar a crecer.

La tasa de desocupación pasó del 5,7% en el cuarto trimestre de 2023 al 7,9% en el segundo trimestre de 2024, además, si el PBI presenta caída con relación al segundo trimestre de 2026, lo cual luce muy probable, es posible que entremos en una recesión técnica cuando lleguen los datos del PBI del tercer trimestre de 2026. Los salarios reales de la población no encuentran un sendero de crecimiento frente a la inflación que sea robusto en este período, lo que impacta en el consumo.

La lectura no resulta tan lineal, no obstante, el Gobierno da por sentado tres pilares básicos no negociables en su análisis y su política económica, con algunos supuestos asumidos en este contexto.

Política irrenunciable

Estos pilares son justamente el equilibrio fiscal, la baja en la tasa de inflación, y mantener estable el tipo de cambio. ¿Por qué es importante analizar estas variables? ¿Qué supuestos hay detrás de estas decisiones?

Los tres pilares de la política de Gobierno son justamente el equilibrio fiscal, la baja en la tasa de inflación, y mantener estable el tipo de cambio

Analizar estos pilares ayuda a construir el sendero que transitará la economía argentina y a clarificar las distintas estrategias según el rol de cada actor.

Los supuestos que sustentan estos tres pilares están centrados en la estabilidad macro como base de un crecimiento sostenido y generalizado en la economía, con un esquema principalmente de “derrame” sobre la macroeconomía para reactivar la actividad.

El derrame significa que los actuales sectores que hoy impulsan el crecimiento van a “derramar” ese crecimiento sobre el resto de la economía. Específicamente, minería, gas y petróleo y parte del agro, generarán mayor demanda de mano de obra, inversión y utilidades, que van a expandirse sobre el resto de los sectores que hoy no impulsan, o impulsan en mucha menor magnitud.

Desde el enfoque teórico esto funciona notablemente bien, no obstante, la realidad siempre contrasta con la teoría. Veamos: ¿por qué?

Los límites del efecto derrame

Una restricción sobre el derrame de la economía está basada en la temporalidad, lo cual en definiciones de políticas económicas es clave: no es lo mismo el corto que el mediano o largo plazo, y las políticas deben ser sostenibles y tender puentes entre plazos. No es posible que el derrame sobre los sectores más golpeados llegue en el corto plazo, y la transición, aunque para el gobierno parece una política errada, es fundamental. No vamos a tener resultados en el corto plazo.

Por otro lado, el orden de magnitud también importa. Los sectores que hoy impactan positivamente en la economía representan aproximadamente el 15% del PBI. Es muy difícil lograr un efecto significativo sobre el resto de la economía. El resto de la economía sin duda deberá ir adaptándose, de hecho, los distintos actores se adaptan, pero es subestimar a la economía argentina pensar en un efecto derrame de magnitud sobre esta en el corto plazo.

El atraso cambiario y sus costos

El tipo de cambio real sin duda está atrasado, esto se da en un contexto donde el Gobierno no quiere volatilidad, y tampoco quiere ir deslizando el tipo de cambio por el efecto inflacionario que tendría un incremento en el tipo de cambio o lo que es lo mismo una devaluación del peso.

Este atraso cambiario genera más demanda de dólares, porque la sociedad sabe que el valor está atrasado, y hoy luce “barato”, castiga a los sectores productivos competitivos de importaciones, manteniendo un dólar artificialmente barato, y por último castiga la competitividad de los sectores exportadores tradicionales.

La estrategia electoral detrás de la política económica

El Gobierno mantiene, desde mi perspectiva, en forma errada esta tesitura, al menos hasta ahora y parecería ser el camino elegido hasta el 2027. Las mayores preocupaciones de la sociedad antes de las elecciones de octubre de 2023 tenían como foco la inflación y la incertidumbre económica general del país; hoy las principales preocupaciones de la sociedad son otras, el desempleo, la caída en los niveles de ingresos/salarios, la corrupción y los costos de los servicios públicos, entre otros.

La estrategia debería ser distinta, más adaptada a la realidad actual. Estos grados de libertad que tiene el Gobierno están apoyados en gran medida en la falta de un contrincante de fuste que pueda hacer frente al gobierno. Es posible que la aparición de un competidor fuerte genere incentivos diferentes para que el gobierno cambie el rumbo de algunas medidas económicas.

El autor es economista, director de Authentica Consulting

Ha dicho el Presidente “Si recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre de 2027, la velocidad a la que van a tomar las reformas va a ser sin precedentes en el mundo. Si ganáramos en las presidenciales, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.

Pero resulta lógicamente (y la lógica es una ciencia) imposible pensar que, quien inició unas acciones que han ido en sentido contrario y justificó ese sentido, de golpe vire 180 grados, sin reconocer que se iba en la dirección opuesta. De reconocerlo, el cambio debería implementarse de inmediato, no a partir del 11 de diciembre de 2027. Ahora, veamos a qué nos referimos con dirección opuesta.

Dirigirse hacia una economía de mercado significa dejar la actividad económica cada vez más en manos del mercado y cada vez menos en las del Estado —cuanto más rápido, mejor—, pero lo que importa es la dirección, no la velocidad. Esto implica, principalmente, más recursos (menor presión fiscal monetaria), más decisiones (desregular) y más propiedades (privatizar) en manos del mercado.

Dirigirse hacia una economía de mercado significa dejar la actividad económica cada vez más en manos del mercado y cada vez menos en las del Estado

Las privatizaciones y liquidaciones de propiedades han sido muy escasas; así, irónicamente, el resultado final es que el Estado se ha agrandado. Entre otros tantos organismos, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas hoy tienen más capital y, al contrario del discurso de campaña, hoy el Banco Central es más fuerte, más grande, tiene reservas que superan ampliamente lo recaudado con las pocas privatizaciones y la Anses tiene más participaciones en empresas privadas.

Desde el punto de vista de los empleados públicos, si bien se produjo una reducción muy pobre en términos absolutos, el empleo privado cayó aún más, ergo, hoy hay más trabajadores públicos por cada privado que es lo que cuenta. Al contrario de lo que sostiene el gobierno, durante la actual administración el Estado se agrandó claramente desde todos los ángulos.

Desregulaciones escasas y sin impacto significativo

En cuanto a desregulaciones, en el mejor de los casos han sido muy pobres, sin ninguna incidencia importante más allá de algunas referidas al comercio exterior, lo que ha permitido un avance en las exportaciones.

En lo que a presión fiscal se refiere, sin dudas ha aumentado fuertemente y esto es lo que ha provocado la caída del PBI —del 1,72%, según el Indec— en 2024 y el muy flojo desempeño posterior. Culpar a la “herencia recibida”, el típico argumento de todos los políticos, por esta caída no es serio: una mala herencia implica que se empieza de muy abajo, incluso endeudado, pero no que se siga cayendo, es pura lógica.

La presión fiscal real -el modo en que el Estado retira recursos del mercado- no son solo los impuestos, sino también la inflación y las exageradas tasas de interés debido al endeudamiento estatal y otras regulaciones como los encajes.

Apenas asumió, este gobierno subió algunos gravámenes, pero esto no es lo más grave. Con los impuestos de los ciudadanos se financiaban los subsidios más la burocracia que los administraba. De modo que, al quitarse estos subsidios, debieron devolverse esos impuestos y allí está el beneficio social de la quita, no en otro lugar. Es decir, la ganancia de eliminar consiste en que al ciudadano se le devuelven los gravámenes equivalentes a la suba de tarifas que sobreviene, más la parte con que se financiaba a la burocracia.

La ganancia de eliminar subsidios consiste en que al ciudadano se le devuelven los gravámenes equivalentes a la suba de tarifas que sobreviene

Esto no ocurrió, no se devolvieron esos impuestos. Equivale a haberlos devuelto, dejando la situación en cero, pero luego a provocar un fuerte aumento para mantener la misma recaudación.

Así fue como, desde 2023 hasta julio de 2026, los salarios reales del sector privado cayeron un 3,6%, pero la renta disponible se desplomó entre un 22% y un 31%, ya que las tarifas de servicios acumularon un aumento de hasta 944% desde diciembre de aquel año, mientras que el IPC oficial avanzó alrededor del 328,57 por ciento.

Desde entonces, más allá de la propaganda oficial, la presión fiscal (téngase en cuenta que al ciudadano le llega no solo la nacional sino la provincial y la municipal) ha seguido creciendo y todo indica que seguirá en aumento.

El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno estima una supuesta reducción de la presión tributaria, que pasaría del 21,2% del PBI proyectado para 2026 al 19,2% en 2027. Esta disminución se explica principalmente por el crecimiento supuesto del PBI del 4%. La recaudación impositiva total se proyecta en 14,8% del PBI, con un incremento nominal del 30,6%, superando la inflación esperada del 18% y los recursos de la seguridad social sumarían el 4,4% del PBI, con un crecimiento del 19,6%, casi en línea con el IPC, y se verán afectados por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Estos números no están muy claros, de todos modos la clave para el cumplimiento de estas proyecciones reside en la tasa de crecimiento del PBI del 4%, lo que no resulta creíble dado, precisamente, el fuerte peso del Estado; con lo que los ingresos fiscales seguramente serán menores a los estimados, obligando -dada la filosofía efectiva implícita en la actual administración- a un aumento real de la presión fiscal.

La reforma pendiente: desmantelar el esquema corporativista

¿Qué debió hacerse? Desarmar el esquema corporativista vigente en la Argentina, lo que no se ha hecho por obvias razones ideológicas.

Debió desarmarse la estructura sindical liberando completamente a los trabajadores de manera que cualquiera pudiera crear y formar un sindicato, al que podrían adherir y aportar, o no, quienes quisieran

En primer lugar, debió desarmarse la estructura sindical liberando completamente a los trabajadores de manera que cualquiera pudiera crear y formar un sindicato, al que podrían adherir y aportar, o no, quienes quisieran. Esto no se ha hecho, muy probablemente, por razones ideológicas, por un desconocimiento de cómo funciona la libertad: seguramente se creyó que liberar la actividad, con el crecimiento en el número de sindicatos, aumentaría la conflictividad social, cuando la verdad es todo lo contrario.

Al liberarse, se atomizaría la fuerza política sindical, transformándose los sindicatos en verdaderas mutuales para beneficio de sus asociados, pero perdiendo su poder político que es muy pesado en Argentina. Y este debilitamiento significaría liberar un fuerte escollo, lo que le habría permitido al gobierno una desregulación general muy profunda, comenzando por las leyes laborales.

Así las cosas, podría haberse logrado pleno empleo y en crecimiento, lo que posibilitaría un fuerte recorte de los gastos sociales, ya que, según el gobierno, “el conjunto de gastos destinados a asistir directamente a personas abarca el 74,6% del total del Presupuesto Nacional 2027”, y esto habría permitido un contundente recorte de impuestos, en un círculo virtuoso de crecimiento acelerado.

El autor es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

América Latina puede convertirse en una región de usuarios de inteligencia artificial sin convertirse en una región de empresas más productivas. La tecnología avanza rápidamente, pero llega a una economía con problemas conocidos. Nuestra productividad laboral ronda un tercio del promedio de los países de la OCDE. Tenemos una larga experiencia incorporando tecnologías sin conseguir que sus beneficios se extiendan al conjunto de las empresas.

La IA introduce una novedad importante. El acceso a capacidades sofisticadas se ha vuelto sorprendentemente barato. Según BID Lab, el 85% de las startups relevadas cuya actividad principal no es la IA ya usa herramientas generativas. Pero redactar un correo o preparar una presentación es distinto de incorporar IA a los inventarios, la producción o el control de calidad. Esto último exige cambiar la organización de la empresa.

La distancia entre uso y productividad tiene antecedentes. La electricidad no transformó las fábricas apenas estuvo disponible. Hubo que reorganizar instalaciones, procesos y formas de trabajo. Algo parecido ocurrió con la informática. La IA puede acelerar ese aprendizaje, pero también dejar al descubierto las diferencias de capacidades entre empresas.

Los especialistas llaman missing middle a esa capa intermedia. Tenemos empresas que desarrollan herramientas y millones de personas que empiezan a utilizarlas. Entre ambos extremos faltan quienes puedan llevar la tecnología al funcionamiento concreto de una pyme, comprender sus procesos, adaptar soluciones y acompañar los cambios necesarios para obtener resultados.

La experiencia de India ilumina este asunto. Mientras las grandes potencias compiten por desarrollar los modelos de IA más avanzados, India busca convertirse en el campeón de la adopción tecnológica. Décadas de outsourcing le permitieron acumular experiencia resolviendo problemas empresariales, integrando sistemas y adaptando tecnologías a distintas organizaciones. Esa trayectoria puede ser una ventaja estratégica. FutureSkills Prime, una iniciativa conjunta del gobierno y la industria tecnológica, trabaja en la actualización de competencias profesionales para acompañar esa transformación.

La IA también está modificando el trabajo de quienes ayudaban a las empresas a digitalizarse. Hoy puede buscar, comparar y recomendar soluciones tecnológicas. El conocimiento técnico gana valor al combinarse con experiencia sectorial. Un especialista en logística que comprende dónde se producen los costos puede intervenir sobre problemas que difícilmente se resuelvan con una recomendación genérica de software.

Debemos pensar en una nueva generación de facilitadores que conozcan los procesos productivos, sepan aprovechar la IA y trabajen cerca de las empresas. Su función evolucionará junto con la tecnología. No tendría sentido crear una profesión rígida alrededor de las herramientas de hoy.

América Latina también tiene una trayectoria que aprovechar. Nuestra industria de software y servicios tecnológicos acumuló experiencia internacional en outsourcing e integración de soluciones. En el paradigma anterior de digitalización, buena parte de las políticas públicas se concentró en facilitar el acceso a información, herramientas y asistencia técnica. Trabajar en esas políticas, permite conocer sus aportes y limitaciones. La IA está cambiando ese escenario. Hoy podemos aprovechar las capacidades acumuladas para formar facilitadores que comprendan los procesos productivos y ayuden a mejorar resultados.

Pero una pyme no adopta sola. Lo aprendimos trabajando con ecosistemas de emprendimiento e innovación. Una gran empresa puede impulsar mejoras entre sus proveedores, una startup colaborar con un cliente industrial y una universidad aportar conocimiento. Buena parte de la productividad se construye en esas relaciones.

Esto también cambia el papel de las instituciones de apoyo. Durante años ofrecieron información, orientación y acceso a herramientas. Cumplieron una función importante, pero encontrar información ya no alcanza. Incubadoras, cámaras, universidades y agencias de desarrollo pueden conectar conocimientos con problemas productivos y ayudar a que las mejoras se extiendan entre empresas.

La inteligencia artificial va a saber cada vez más de inteligencia artificial. El conocimiento de los procesos productivos, de cómo se organiza el trabajo y de dónde se pierde productividad adquiere entonces un valor diferente. Ahí está la clave para que la tecnología transforme nuestras empresas.

Cada inundación suele dejarnos imágenes parecidas. Barrios enteros bajo el agua, familias evacuadas, rutas cortadas, pérdidas productivas, destinos turísticos afectados y recursos públicos destinados a atender una emergencia que ya ocurrió. Sin embargo, el riesgo no empieza cuando llega el agua sino que comienza a construirse mucho antes.

Este 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, Argentina atraviesa un escenario que obliga a discutir justamente la prevención. El Niño es un fenómeno climático natural que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y modifica la circulación atmosférica a miles de kilómetros de distancia. En Argentina suele estar asociado a una mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en distintas regiones. Lo importante es que puede monitorearse y anticiparse con meses de antelación.

El propio Gobierno nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. La Resolución 559/2026 señaló probabilidades superiores al 70% de ocurrencia de condiciones asociadas a El Niño y un mayor riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales durante la primavera y el verano 2026/2027, con particular atención sobre la Cuenca del Plata. Es decir, no estamos frente a un fenómeno inesperado.

A eso se suma una realidad más profunda. Aunque este fenómeno no es consecuencia del cambio climático, hoy El Niño ocurre sobre un planeta más caliente. El cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero altera las condiciones sobre las que actúan fenómenos naturales como el ENOS y aumenta los riesgos asociados a distintos eventos climáticos extremos.

Desde FARN venimos advirtiendo sobre el ajuste presupuestario en las políticas ambientales. Según nuestro análisis del proyecto de Presupuesto 2027, la Subsecretaría de Ambiente tendrá un presupuesto 84,3% menor en términos reales que en 2023.

Postergar obras hídricas, reducir capacidades de monitoreo, debilitar organismos especializados, disminuir recursos para políticas ambientales o llegar tarde con medidas de adaptación no hace desaparecer esos costos. Muchas veces los desplaza hacia adelante con pérdidas y daños más grandes, cuando hay que reparar rutas, asistir a productores, reconstruir infraestructura, atender familias evacuadas o, en algunos casos, lamentar víctimas fatales por situaciones que se pueden prevenir.

Prevenir también es cuidar los recursos públicos

Argentina no parte desde cero. Desde 2016 cuenta con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, creado por la Ley 27.287 para articular acciones entre Nación, provincias, municipios, organizaciones y sociedad civil.

En abril de este año se aprobó también el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029. La propia resolución oficial plantea como objetivo fortalecer la gestión integral del riesgo y coordinar políticas públicas de prevención, reducción del riesgo, respuesta y recuperación. La pregunta entonces debería enfocarse en qué presupuesto, información, infraestructura, personal y capacidad efectiva se cuenta para implementarlos.

Cuando pensamos en infraestructura nos referimos a obras hidráulicas, los drenajes, las defensas y el mantenimiento de la infraestructura. Estas son fundamentales, pero también los ecosistemas sanos cumplen funciones de enorme valor para la adaptación a los impactos del cambio climático. Los humedales, por ejemplo, reciben, almacenan y liberan agua. Regulan los flujos, retienen sedimentos, contribuyen a mejorar la calidad del agua, almacenan carbono y amortiguan períodos de exceso hídrico y sequía. Ese funcionamiento, muchas veces definido como “efecto esponja”, los convierte en aliados centrales para la adaptación climática.

Argentina continúa además sin una ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de humedales. Proteger estos ecosistemas no sustituye las obras necesarias, las complementa. Una política de adaptación necesita infraestructura hídrica, sistemas de alerta temprana, planificación urbana, ordenamiento ambiental del territorio, información pública, conservación de los ecosistemas que reducen impactos y una política científica sostenida, con organismos que cuenten con los recursos necesarios.

La capacidad de anticipar un episodio como el de El Niño existe porque durante décadas se construyeron sistemas de observación, modelos climáticos y conocimiento científico. Esa información sólo adquiere valor cuando se transforma en decisiones públicas.

Si sabemos con meses de anticipación que aumenta el riesgo de lluvias intensas, deberían activarse políticas antes de que aparezcan los primeros evacuados. El Niño 2026/2027 no es una sorpresa, Argentina puede observar, pronosticar y adelantarse a buena parte de sus riesgos. Si, aun contando con esa información, se reducen los recursos destinados al ambiente, la ciencia, la prevención y la adaptación, el problema deja de ser la falta de conocimiento y pasa a ser una decisión de política pública.

En Francia medio millón de manifestantes atacó ayuntamientos y comercios por el recorte del poder adquisitivo y las malas condiciones de las escuelas. La ráfaga de agitación, disturbios y saqueos causó daños en todo el país; luego se extendió a la vecina Milán, en Italia. En Portugal y España también hubo lo suyo. En Albania fue muy violenta. Alemania debió reprimir fuertemente hace pocos días. Las manifestaciones en Países Bajos y Bélgica ya fueron noticia. En Francia predomina la sensación de que existe una grave crisis fiscal y social, con intentos de aprobar un presupuesto de mayor austeridad mientras simultáneamente se pretende aumentar los gastos de defensa, para una teórica guerra contra Rusia. Los jóvenes se rebelan contra la falta de financiación en las escuelas. Se le han sumado los sindicatos, agricultores y otros por el aumento del costo de vida y el alza de los precios del combustible, que se han disparado, en parte, debido a la guerra con Irán y al sabotaje del gasoducto NordStream II que proveía gas barato a Europa, lo que aumenta todos los costos y vuelve poco competitiva la producción europea. Revival de los “chalecos amarillos” sumados al mayo del 68.

Los termómetros de la democracia muestran una fiebre persistente, síntoma de causas profundas. A fines de 2025 el mundo contaba con 92 autocracias frente a 87 democracias; el 74% de la humanidad (6.000 millones) vive ahora bajo un régimen de algún modo autoritario y sólo el 7% en una democracia pura. Puede interpretarse como un retroceso de las libertades o como un fracaso de la democracia liberal, sostenida por una élite intelectual que ha perdido el contacto con los pobres, los trabajadores y los jóvenes, y que se fue transformando en una “democracia electoral” cuyos modos de manipulación no son demasiado democráticos; casi un camino de “autocratización” de baja intensidad. Celebrar elecciones libres no es sinónimo de democracia. Las grietas y las polarizaciones juegan ese juego interminable, que deteriora el ambiente democrático, profundiza la brecha con las élites, el debate público se fragmenta por los algoritmos de las redes sociales, la sucesión de crisis obliga a gobernar de forma reactiva y las frustraciones se acumulan.

Detrás de la ola de desgaste democrático están los ingenieros del caos, alentados por las corporaciones tecno-financieras que alientan un ultra-liberalismo del “vale todo”, propagando la idea de que la democracia ya no es un sistema viable y que mejor sería contar con gobiernos manejados por una tecnocracia gubernamental, sobre la base de los datos masivos (big data) y los algoritmos apropiados (Peter Thiel dixit). En épocas eleccionarias también son visibles acciones de guerra cognitiva, llevadas a cabo por influencers en redes sociales, por parte de Rusia y Estados Unidos para apoyar a sus respectivos aliados dentro de la UE.

Sin embargo, nada está decidido. Los jóvenes no están aceptando tener por delante un futuro con escasas perspectivas de progreso, muy incierto y nuevamente están rebelándose, pese al control social ejercido por la sofisticada arquitectura de las plataformas, algoritmos, fondos financieros, think tanks, consultoras, redes de desinformación, judicialización, lawfare, manipulación cognitiva y disciplinamiento monetario. Los partidos tradicionales post Segunda Guerra Mundial han fracasado y casi han desaparecido. Los liderazgos son muy pobres y los que más se sostienen, aunque desgastados y repudiados por el pueblo, son los ligados a las corporaciones financieras, como es el caso de Friedrich Merz, durante muchos años directivo de BlackRock en Alemania. Una civilización culta y política fue transformada en 30 años en un club de grandes negocios financieros.

Una vulnerabilidad de Europa es su deuda pública. Siete economías tienen deudas superiores a su PIB anual, algo que nunca ha sucedido en combinación con tasas de interés tan altas. Canadá, Francia, Italia, Japón, España, el Reino Unido y Estados Unidos tienen una deuda equivalente a más del 100 por ciento de su PIB. Estados Unidos quiere resolver su problema imponiéndole a Europa mayores gastos de defensa, que significa mayor endeudamiento. Mayor deuda pública implica mayores pagos de intereses anuales que salen del presupuesto nacional en detrimento de los gastos sociales. Las empresas también se endeudan para seguir la competencia en la inteligencia artificial. El crédito se va volviendo cada vez más caro. A este combo hay que agregarle la inflación, derivada del aumento de combustibles. En EEUU, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años están cerca del 5 % anual. Los aranceles recíprocos reducirán el crecimiento global, lo que complica las crisis fiscales.

El mayor malestar popular está generado por el derrumbe del famoso “Estado de Bienestar”. La insatisfacción se incrementa porque los sectores con mayor riqueza acumulada se han beneficiado de una disminución de sus impuestos, para tratar que no “se escapen” sus inversiones. La realidad muestra que hay que pagar grandes sumas al sistema financiero por las enormes deudas públicas; hay inflación global y el costo de vida se encarece; la producción exportable se vuelve menos competitiva; las importaciones producen cierres de fábricas y hay menos empleos de calidad; se impone un mayor gasto en Defensa para alimentar a la OTAN (presionado por Estados Unidos); la población disminuye por baja natalidad y se aconseja la inmigración de mano de obra barata; la sociedad se vuelve crecientemente multicultural y eso alienta los conflictos interétnicos o interreligiosos; las jubilaciones y la salud deben seguir pagándose. Todo esto se refleja en el presupuesto nacional, que es la expresión material de la ideología del sistema, porque los ingresos no crecen (pudiendo recaudarse más); los egresos se transfieren hacia los sectores de mayor poder, y los más débiles, que son la mayoría, pierden. Por eso todos protestan. No hay soluciones fáciles; la crisis se vuelve permanente y cada tanto, incontrolable.

Un poco de historia para comprender cómo se llegó a la actual situación. En Occidente el capitalismo financiero fue desplazando al capitalismo industrial. Son muchas sus diferencias. En el capitalismo industrial, la reproducción biológica integraba el engranaje productivo. La infraestructura giraba alrededor de la población, que genera la fuerza de trabajo y el consumo, garantizando así el crecimiento económico y cierta distribución. La familia era su base y la natalidad era un asunto de Estado. La escuela generaba conocimiento. El Estado garantizaba ordenamiento social. La integración era parte de sus fundamentos. El progreso continuo era el objetivo ideológico.

El capitalismo financiero contemporáneo (financiarización, automatización, robotización y digitalización) tiende a mercantilizar toda la actividad humana, dejándola así sin sentido trascendente, y sin esperanza. No prioriza el progreso social, ni siquiera la explotación directa del trabajo; sólo se interesa en administrar la crisis permanente que produce y en evitar que los excluidos de la actual sociedad rompan el sistema. El ser humano deja de ser el fundamento del cambio, su fuerza productiva pasa a segundo plano; no interesa demasiado integrarlo socialmente; se trata de administrar su exclusión. Este desarrollo no armónico destruye las identidades nacionales, produciendo sociedades estresadas, fraccionadas en múltiples grupos de intereses que se expresan cultural y socialmente en una baja natalidad, con el argumento de que el destino es demasiado incierto.

El capitalismo financiero, que avanza descontroladamente, rechaza cualquier tipo de responsabilidades sociales (por eso quiere pagar mínimos impuestos) y maneja su poder para que la política, de derecha, de centro o de izquierda, administre eternamente la crisis. Su ideal es la libertad absoluta de movimientos globales de capitales financieros. Para ello necesitan políticos que les faciliten la tarea. Ya no necesita reproducir cuerpos, sino datos, flujos y algoritmos. Desde su lógica, explican que no es posible sostener una expansión material infinita, sustentando así, ideológicamente, la constante precarización del trabajador, que a la larga se quiebra: queda a la intemperie, deja de habitar un mundo con sentido, apenas sobrevive en un escenario de recursos limitados. La esperanza se transforma en resignación. Los marginados sociales adquieren centralidad, lamentablemente, en ciclos crecientemente regresivos, dentro de la nueva civilización nihilista. Por eso muchos jóvenes, que visualizan su complejo futuro, se rebelan. Porque los pueblos no se suicidan. Siempre habrá esperanza, transitando el camino del diálogo para entender, concientizar para organizar, educar para construir y unir para crear más comunidad.

Cada vez que hablamos de la industria textil argentina, la conversación suele empezar por los mismos temas: costos, importaciones, consumo, competitividad. Son discusiones necesarias, pero hay algo que muchas veces queda en segundo plano, detrás de esos números hay empresas, trabajadores y familias que hace años sostienen una actividad productiva en el país.

El Día del Empresario Textil es una buena oportunidad para poner esa realidad sobre la mesa y preguntarnos qué significa hoy producir textiles en Argentina.

El mercado cambió. Los consumidores tienen más opciones, comparan precios y esperan cada vez más de los productos que compran. Y del otro lado, quienes producimos tenemos que responder a esa demanda sin perder de vista algo básico: la calidad no puede ser una variable de ajuste.

También cambió la forma de competir. Hoy no alcanza con fabricar. Hay que invertir, mejorar procesos, incorporar tecnología, capacitar equipos y entender qué busca cada cliente. Cuidar la calidad de cada producto forma parte de una decisión que mantenemos incluso cuando el contexto obliga a revisar permanentemente los costos y la manera de producir.

La industria textil tiene, además, una característica que no siempre se ve desde afuera. Es una actividad que genera una cadena muy amplia: desde quienes trabajan en una planta hasta los proveedores de materias primas, talleres, transportistas, distribuidores y comercios. Cuando una fábrica produce, esa actividad se mueve mucho más allá de sus propias instalaciones.

Por eso, uno de los principales desafíos del sector es encontrar la forma de seguir siendo competitivo sin resignar aquello que hace valiosa a la producción nacional. No es una discusión sencilla ni tiene una única respuesta. Requiere inversión, previsibilidad y empresas dispuestas a adaptarse a un mercado que cambia.

Pero también requiere reconocer dónde tenemos fortalezas. Argentina tiene empresas con conocimiento acumulado, trabajadores especializados y una capacidad industrial que llevó muchos años construir. En textiles, eso se traduce en experiencia, desarrollo de productos y capacidad para responder a las necesidades de distintos mercados.

Elegimos seguir produciendo en el país porque creemos que todavía hay mucho por hacer desde acá. Eso implica modernizarse, buscar eficiencia y escuchar al mercado, pero también defender una forma de hacer las cosas que tiene que ver con la calidad y con el trabajo argentino.

Hay una frase que, para nosotros, los textiles, resume buena parte de esta discusión: antes de ser industriales, somos argentinos.

No se trata de producir localmente por el solo hecho de hacerlo. Se trata de que producir en Argentina vuelva a ser una posibilidad sostenible para más empresas y de que podamos competir por lo que hacemos bien.

El desafío para la industria textil es grande. Pero también lo es la oportunidad: seguir invirtiendo, incorporar tecnología, mejorar nuestra productividad y demostrar que la producción nacional puede ofrecer productos de calidad y competir en un mercado exigente.

Ese es, en definitiva, el compromiso que implica ser empresario textil hoy: no solamente sostener una fábrica, sino seguir construyendo industria en Argentina.

El 15 de octubre, Washington pidió ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General terminar el mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24), cuestionando su utilidad y sus gastos, aunque no hubo aún una votación ni decisión de la ONU que disolviera el organismo.

A ello se suma, según informaciones periodísticas, la presión de Washington para que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Ejecutivo, no alcance a empresas estadounidenses, incluidas proveedoras o accionistas de los emprendimientos.

No está demostrada una coordinación entre ambos planteos, pero sus posibles efectos se relacionan porque uno debilitaría el lugar donde se reclama negociar, y el otro limitaría las medidas frente a la explotación de los recursos en disputa.

La siguiente propuesta es una respuesta ética y estratégica para preservar el reclamo argentino en la ONU, proteger los recursos y sostener la alianza con Estados Unidos.

El límite para la negociación lo fija nuestra Constitución, ratificando la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Establece como objetivo permanente e irrenunciable su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y el derecho internacional. Así, dentro de esos límites, podrían revisarse los instrumentos diplomáticos y legales para alcanzar ese objetivo.

Por ello, cambiar los procedimientos del C-24 no es necesariamente incompatible con la Resolución 2065 de la Asamblea General, que reconoce la disputa e invita a la Argentina y al Reino Unido a negociar, considerando los intereses de los habitantes de las islas. Lo indispensable es conservar un mecanismo de la ONU que examine la cuestión y mantenga el pedido de negociación.

Tres experiencias internacionales muestran qué puede negociarse y qué debe preservarse en estos casos. Una ocurrió dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Canadá había cuestionado un arancel adicional que Estados Unidos cobraba a sus productos solares porque consideraba que violaba ese tratado. En 2022, un grupo de expertos independientes, previsto por el acuerdo comercial, le dio la razón. Luego, ambos gobiernos firmaron un memorando para suspender ese cobro a las importaciones canadienses y establecer las condiciones de la suspensión. Para la Argentina, la enseñanza es que se puede negociar cualquier reforma del C-24 pero bajo garantías de que Malvinas seguirá siendo examinada en la ONU. Esa continuidad debe quedar asegurada por una decisión de la Asamblea General.

El Consejo Ártico muestra cómo sostener una tarea cambiando la forma de trabajar. Tras suspender sus reuniones oficiales, sus miembros acordaron procedimientos escritos en 2023 y reuniones técnicas virtuales en 2024. Aplicado al C-24, esto permite proponer menos reuniones presenciales y más trabajo escrito, sin dejar de examinar Malvinas ni de convocar a las partes.

El Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU constituye el tercer aporte. En 1994 modificó sus reglas para reunirse cuando fuera necesario y suspendió sus operaciones tras completar su función principal. En Malvinas, en cambio, la disputa sigue pendiente. La enseñanza es que la actividad de un órgano debe evaluarse según las tareas que aún necesita cumplir. Quien proponga cerrar el C-24 debería explicar cómo se atenderá la disputa pendiente.

Estos tres ejemplos, sin constituir precedentes jurídicos sobre soberanía, orientan una respuesta argentina si la propuesta de Washington avanza, preservando la causa Malvinas y la relación con un aliado estratégico central.

La Cancillería debería, en consecuencia, ofrecer una reforma del C-24 con costos transparentes, revisión de tareas duplicadas y resultados públicos, preservando su función habiendo reiterado el llamado a negociar el 25 de junio de 2026. Si se propone suprimirlo, fusionarlo o transferir sus tareas, la Argentina debería exigir una alternativa aprobada por la Asamblea General que asegure la continuidad del tratamiento.

Lo que no debería permitir la Argentina es eliminar ese espacio sin reemplazo porque reduciría la presión internacional sobre el Reino Unido sin exigirle concesiones. El ahorro administrativo debe mantener el examen periódico de la cuestión, la participación de las partes y el seguimiento del llamado a negociar.

En cuanto a los recursos, la Resolución 31/49 insta a las partes a abstenerse de introducir cambios unilaterales mientras esté pendiente el proceso recomendado por Naciones Unidas. Argentina la invoca para objetar la explotación petrolera, pues una eventual negociación no restituiría el petróleo ya extraído. En consecuencia, solicitó el 13 de octubre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para suspender esa explotación en la zona en disputa, incluido el proyecto Sea Lion, en el marco del arbitraje iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, prohíbe actividades sin autorización argentina y prevé sanciones administrativas y penales, con alcance también sobre determinadas formas de participación o colaboración. Si bien el nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo busca sustituir y ampliar ese régimen, su demora en el tratamiento no elimina las herramientas vigentes.

Entre las precisiones del proyecto, el artículo 3, inciso b, exige que ciertos actos económicos o servicios sean esenciales e indispensables para el emprendimiento. El artículo 18 exige, para el delito atribuido al proveedor, que este actúe con conocimiento. Por eso, no puede afirmarse que cualquier relación comercial será sancionada automáticamente.

Al revisar el proyecto de ley, el Congreso debe precisar qué participación empresarial debe probarse en cada caso y distinguir las sanciones administrativas de las penas por delitos. También debe definir el tratamiento de accionistas sin control efectivo, preservar el derecho de defensa y la posibilidad de recurrir las sanciones ante tribunales, ya prevista en el proyecto. Las reglas deben evitar tanto castigar vínculos remotos como permitir que una empresa eluda responsabilidades utilizando otras sociedades.

El proyecto ofrece una vía para detener las actividades prohibidas y regularizar la situación. Exige demostrar su cese y contempla una multa o el compromiso de trasladar inversiones hacia actividades lícitas autorizadas. Esta posibilidad puede facilitar acuerdos con empresas de cualquier origen, siempre que se controle el cumplimiento y no continúe la misma actividad bajo otro nombre.

La Cancillería argentina podría solicitar a Washington que identifique los artículos objetados y que las empresas documenten su participación en los emprendimientos. Con esa información, Cancillería y las áreas de Energía podrían trabajar con el Congreso para precisar las reglas y revisar su compatibilidad con los compromisos internacionales. También deberían determinar qué medidas pueden ejecutarse efectivamente. Ese trabajo puede tener plazos definidos y funcionar sin suspender la legislación vigente.

El Congreso conserva la responsabilidad de definir las nuevas normas y la negociación diplomática debe facilitar ese trabajo. Si no hubiera entendimiento con Estados Unidos, la Cancillería debería buscar apoyos entre los países que integran el C-24 para mantener el tratamiento de Malvinas. En paralelo, la Argentina debería sostener las medidas legales que correspondan frente a la explotación de recursos sin autorización nacional.

Una respuesta ética y estratégica exige resultados comprobables tales como continuidad del tratamiento en la ONU, responsabilidad empresarial basada en pruebas y cumplimiento efectivo de los compromisos.

Milei puede convertir el desacuerdo en una iniciativa argentina con condiciones claras para ambos asuntos. La relación con Trump abre una oportunidad y su valor se medirá por lo que permita obtener para defender el reclamo y los recursos involucrados, preservando también los beneficios de la alianza estratégica con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria iraní (GRI) está reforzando y escalando su armamento militar frente a Estados Unidos. Voceros de la Armada de la GRI sostuvieron que están en poder de una bomba antibúnker estadounidense de tipo GBU-57 MOP. El asesor del jefe de la Armada, Mohammed Reza Naqdi, sostuvo en un comunicado que “sólo dos países poseen esta bomba de 14 toneladas: Irán y Estados Unidos”. Según esta fuente, Irán se hizo con la mitad de una GBU-57 durante la llamada “Guerra de los Doce Días”, que tuvo lugar entre el 13 y el 24 de junio de 2025. La bomba aérea convencional no llegó a detonar y, según Naqdi, la República Islámica estuvo analizando la tecnología del proyectil.

En cuanto a la conducción de la guerra, el Parlamento iraní aprobó a Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi como nuevo ministro de Defensa, un gesto que se interpretó como voto de confianza al gobierno. Durante una sesión abierta del Parlamento, los legisladores votaron 237 a favor y 15 en contra para confirmar a Akhlaghi-Ketabchi.

Al mismo tiempo, el Financial Times ha informado que la GRI continúa su marcha para obtener armamento nuclear. Prepararían una denuncia del Tratado de No Proliferación para salir del régimen de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y obtener libertad de acción plena en este campo. Esta sería una señal concreta de que Irán avanza en esta dirección. El tema estaría siendo debatido intensamente dentro del gobierno iraní. Cabe recordar que el 28 de febrero, al iniciarse la operación “Furia Épica” de Estados Unidos, fue asesinado por un misil norteamericano el ayatolá Alí Jamenei y reemplazado por su hijo, Mojtabá Jamenei. Este nunca se ha mostrado públicamente para evitar el mismo destino que su padre y ello ha generado diversas hipótesis, especialmente si está conduciendo el país o el gobierno está en manos de los sectores más radicalizados de la GRI.

Mientras tanto, la Administración Trump tiene su atención puesta en la elección de medio mandato que tendrá lugar el 3 de noviembre. Prefiere mantener el statu quo y evitar nuevos enfrentamientos militares con Irán hasta esa fecha. Es que generar más riesgos aumentaría el precio de la nafta que consume el electorado estadounidense y ello tendría una influencia negativa para las aspiraciones de Trump. Lo mejor que puede hacer en Irán es no tomar más riesgos hasta entonces.

Pero Teherán iría en el sentido contrario: escalar el conflicto para aumentar las posibilidades de que Trump sea derrotado. Esto implica que pueda perder el control de ambas Cámaras del Congreso. De darse esta situación, lo dejaría con poca libertad de acción para decidir las operaciones militares. La otra alternativa es que pierda el control de la Cámara de Representantes, pero que lo mantenga en el Senado, una Cámara que tiene más injerencia en política exterior y defensa. Esto le permitiría adoptar decisiones propias en el terreno militar y en concreto frente a Irán.

Manifestaciones pro palestinas han sido vistas en actos de los candidatos demócratas, pero esto ya no tiene el efecto negativo sobre el electorado que tenía antes. No está clara la estrategia que Estados Unidos llevará adelante después de la elección. Mientras tanto, Trump busca impulsar un acuerdo con Putin para imponer un cese al fuego a Zelensky, alternativa que China apoya pero en un segundo plano.

Europa, a su vez, tiene como prioridad detener la insurrección popular que acosa a casi todos los gobiernos de este continente, por lo que deja en segundo plano las guerras, tanto la de Irán con Estados Unidos como la de Ucrania con Rusia. Respecto a esta última, no hay una posición europea unida sobre si apoyar o no las gestiones de Trump y Putin para contener y cerrar esta guerra.

Las presiones sobre Zelensky se intensifican y son llevadas adelante por el propio Trump. Coincidentemente, el Papa León XIV ha establecido contacto tanto con Putin como con Zelensky, en función de obtener una tregua.

Pero ciudades europeas importantes como París, Roma, Lisboa, Bruselas, Amsterdam y otras, son víctimas de una insurrección simultánea y sin precedentes. Se han producido ataques contra edificios y monumentos históricos y saqueos de tiendas de lujo y comercios. Aunque no se han producido muertos todavía, han sido detenidos miles de manifestantes violentos y han resultado heridos cientos de policías. Macron y Meloni coinciden en aumentar la dureza de la legislación, al bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para aquellos que adopten conductas violentas. La jefa de gobierno italiana ha ordenado al Ejército su participación frente a los disturbios (lo mismo ha hecho Macron). En menor medida, la insurrección también ha alcanzado al Reino Unido y algunos países de Europa Central, Oriental y los Balcanes, como Albania.

Con esta situación, los gobiernos carecen de cohesión para plantear una política alternativa a la mediación de Trump entre Putin y Zelensky. El presidente estadounidense acusa a los inmigrantes por los hechos violentos en Europa, pero la realidad es que, como viene sucediendo en África y Asia en los últimos dos años, este tipo de insurrección es iniciada por lo general por estudiantes secundarios de la llamada Generación Z (los nacidos en la era digital). A partir de ahí se suman los universitarios y distintos sectores críticos del agro, la industria, la ciencia, los jubilados, los sindicatos y los partidos de izquierda, de donde surgen buena parte de los grupos violentos. Los antagonismos étnicos también suelen estar presentes.

La India, simultáneamente, ha mostrado una situación paralela a la de Europa. Los estudiantes de colegios secundarios arrastraron a los universitarios a las protestas violentas por su insatisfacción. En este país, la Generación Z adoptó el nombre de “Movimiento de las Cucarachas”, tomando como valor positivo un insulto que les dirigió el presidente del Tribunal Supremo indio.

Esta situación ha afectado políticamente al primer ministro Narendra Modi, que ha cambiado varios ministros e intensificado la represión. Los estudiantes indios salieron a la calle por el encadenamiento de dos crisis. La primera fue la filtración masiva de exámenes de ingreso a las universidades públicas y carreras de medicina, un fraude que afectó a millones de estudiantes y provocó una ola de indignación (las protestas fueron tan masivas que forzaron la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan). La segunda tiene que ver con la eliminación, por parte de la Comisión Electoral, de más de 130 millones de registros del padrón de votantes, afectando principalmente a comunidades marginadas, migrantes y nuevos votantes jóvenes. El movimiento exige ahora la renuncia del jefe de la Comisión Electoral.

Esta situación de insurgencia que se va extendiendo también a Asia, junto con la elección de medio mandato en Estados Unidos, ha quitado relevancia en Occidente a la guerra entre Rusia y Ucrania y a la de Estados Unidos con Irán. Las próximas elecciones en Europa probablemente estén dominadas en términos políticos por las guerras y las insurrecciones populares. Enfrentan elecciones nacionales España, Francia, Alemania e Italia, y tampoco pueden descartarse en el Reino Unido, dada la fragilidad del gobierno laborista. La elección israelí tendrá lugar el 27 de octubre y sería reelecto Netanyahu. Eso implica que probablemente se mantenga la política israelí de confrontación.

Estados Unidos y Europa se miran a sí mismos cuando el régimen iraní parece escalar sus preparativos en el ámbito militar y avanza al mismo tiempo en su proyecto nuclear.

Una madre puede obtener una pensión de alimentos en un país y descubrir que cobrarla se vuelve mucho más difícil cuando el otro progenitor vive en otro. Una disputa por custodia puede atravesar dos sistemas judiciales. Una niña o un niño puede ser trasladado ilegalmente fuera de su país de residencia y convertir un conflicto familiar en una batalla legal internacional.

La globalización hizo que nuestras familias cruzaran fronteras mucho antes de que muchas de nuestras instituciones aprendieran a hacerlo. Por eso merece atención lo que acaba de ocurrir en Surinam.

El 20 de octubre, su Asamblea Nacional aprobó, con 30 votos a favor, la adhesión a cuatro convenios de La Haya destinados a fortalecer la protección internacional de los niños. Los instrumentos abarcan temas concretos como la sustracción internacional de menores, la adopción internacional, el cobro de pensiones alimenticias en otros países y la cooperación entre Estados frente a situaciones familiares transfronterizas.

Puede parecer una discusión jurídica especializada. No lo es, es en realidad, una discusión con profundas consecuencias: qué ocurre cuando el derecho de un niño necesita funcionar más allá del territorio donde fue reconocido.

También hay algo destacable en el proceso político que condujo a esta decisión. Este proceso estuvo liderado por Hakiem Lalmahomed, joven parlamentario surinamés que meses atrás había pedido acelerar el tratamiento de los convenios y que participó posteriormente en la comisión encargada de examinarlos.

Pero quizá lo más interesante de su posición llegó después de la votación. Lalmahomed insistió en que una norma tiene poco valor si no existen instituciones, presupuesto, personal y responsabilidades claras para implementarla. Celebrar una reforma también significa exigir que se generen las condiciones para que esta pueda implementarse.

Y allí la experiencia de Surinam se vuelve relevante para el Perú. Nuestro país tiene una de las diásporas más grandes de la región. Más de 3,5 millones de peruanos viven fuera del territorio nacional. Cada vez existen más familias cuyos vínculos, responsabilidades y derechos se distribuyen entre Lima, Madrid, Santiago, Buenos Aires, Nueva York, Milán o decenas de otras ciudades.

Sin embargo, nuestra arquitectura jurídica internacional todavía está incompleta.

El Perú es parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores y del Convenio de 1993 sobre adopción internacional. Ambos han creado mecanismos importantes de cooperación entre nuestras autoridades y las de otros países.

Pero todavía no somos parte de otros dos instrumentos fundamentales que Surinam acaba de decidir incorporar: el Convenio de 1996 sobre responsabilidad parental y protección de los niños y el Convenio de 2007 sobre cobro internacional de alimentos.

Vale la pena preguntarnos por qué.

El segundo resulta especialmente fácil de entender. Cuando una persona obligada a pagar alimentos vive en otro país, hacer efectiva esa obligación puede convertirse en un proceso costoso, lento y complejo. El Convenio de 2007 fue precisamente diseñado para crear mecanismos de cooperación internacional más accesibles y eficientes para esos casos.

No se trata únicamente de copiar decisiones de otros países. Es entender todo lo necesario para ganrantizar un estado de derecho que pueda salvaguardar el bienestar de los niños: autoridades competentes, procedimientos claros, interoperabilidad institucional, recursos suficientes y capacidad para responder rápidamente cuando el interés de un niño está en juego.

Ese quizá sea el aprendizaje más importante.

Durante décadas construimos sistemas públicos pensando que la vida de las personas ocurría dentro de las fronteras nacionales. Hoy millones de latinoamericanos estudian, trabajan, forman familias entre varios países.

Nuestros sistemas de protección tienen que aprender a moverse con ellos.

Surinam acaba de dar un paso importante en esa dirección. Es justo reconocer también a quienes, como Hakiem Lalmahomed, ayudaron a empujar esa conversación y ahora están insistiendo en que el compromiso sea operativizable con presupuestos y aplicabilidad de la norma.

Para el Perú, la noticia debería servir para algo más que observar. Debería servir para preguntarnos qué piezas de nuestra propia arquitectura de protección todavía nos falta completar.

Porque si un derecho desaparece cuando un niño cruza una frontera, todavía no es un derecho suficientemente protegido.

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobado en Diputados y vuelve al Senado por las modificaciones referidas a la Ley de Tierras, y así completar su sanción definitiva. Es un avance que reafirma uno de los principios fundantes de nuestro país: el respeto a la propiedad privada.

“El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”. ¿Cuántas veces hemos escuchado de parte del presidente Javier Milei esta definición de Alberto Benegas Lynch (h.)?

Es la misma visión que inspiró la cláusula primera del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024, no solo por el Presidente, sino por autoridades del Congreso, expresidentes y 18 gobernadores. El inicio del Pacto incluía “La inviolabilidad de la propiedad privada”. Un examen rápido y poco minucioso de la oposición llegó a criticar la reiterada insistencia del Gobierno en la protección de la propiedad privada, esta vez encarnada en la votación por la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. ¿Por qué hacerlo cuando la Constitución Nacional, sancionada en 1853, ya incluye en su artículo 17 su protección? ¿Es un acto de demagogia legislativa poner mayores obstáculos a la expropiación? La historia responde por sí sola.

La expropiación constantemente necesitó ser supervisada y delimitada. Una potestad tan fuerte fue constantemente objeto de la tentación de los poderes de turno, a costa del ciudadano. Desde el histórico fallo de 1888 Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo, referente de los primeros límites a la expropiación, pasando por la misma Ley 21.499 de expropiaciones, siempre fue necesario custodiar la propiedad privada desde todas las aristas posibles. Y la historia de las últimas décadas volvía a confirmar la necesidad de salir, una vez más, a definir los límites. La expropiación de YPF puede ser señalada como paradigmática. Aunque el Gobierno haya logrado ganar la batalla legal heredada del kirchnerismo, los resultados dejaron un mensaje muy claro, sintetizado por el presidente Javier Milei en su cadena nacional del 27 de marzo de este año: “Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”.

Más allá de las consecuencias concretas y materiales (alto riesgo país, inseguridad jurídica, merma de las inversiones, etc.), hay una problemática moral detrás de la expropiación que, tanto el Gobierno actual como los constituyentes de 1853, avizoraron. La necesidad de que una expropiación sea con una sentencia fundada en ley (como indica el artículo 17 de nuestra Constitución) se puede rastrear hasta los padres del liberalismo, como John Locke, en su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* (1690), donde afirmaba que “el poder supremo no puede apoderarse de parte alguna de la propiedad de un hombre, sin el consentimiento de éste; pues como el fin del gobierno es la preservación de la propiedad, y ésa es la razón por la que los hombres entran en sociedad, ello implica necesariamente que al pueblo ha de permitírsele tener propiedades; pues si perdieran eso al entrar en sociedad —y entraron en ella a fin de conservarlo— estarían cayendo en un absurdo demasiado grande como para que alguien pudiese aceptarlo”.

Sin embargo, la idea de que el pueblo delibera a través de sus representantes se ha deteriorado en las últimas décadas, con una política burocrática cada vez más alejada de sus representados; una política que no paga los costos de sus decisiones, acostumbrada a diseñar políticas “con la ajena”, para sintetizarlo en criollo. No solo el Poder Legislativo sufrió esta deformación, sino que la Justicia también ha aportado a estos inconvenientes. Las tasaciones insuficientes de los inmuebles y la demora en las sentencias terminan de perjudicar al ciudadano afectado. La nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pretende volver a encauzar a las expropiaciones en su vía correcta.

Por supuesto, no falta el argumento opositor que, otra vez con un análisis poco profundo, alza el dedo para señalar una supuesta incoherencia: ¿Cómo, un Gobierno que se jacta de reducir la deuda, pretende agregar el lucro cesante en las indemnizaciones por expropiación? ¿No terminaría endeudando más al Estado? Claramente ciertos sectores no tienen claro el nuevo (y fundante) paradigma de la Argentina: la propiedad es anterior al Estado; la propiedad es fruto del trabajo del individuo, no del Estado. Esta simple regla lógica sienta las prioridades que rigen al Gobierno. El Estado no está por encima de las personas; personas constitutivas de este. Como el absurdo del que hablaba Locke, este no puede actuar en contra de sus intereses. Por eso, hay que limitar las expropiaciones, darle fronteras certeras, a la vez que la política vuelve a alinearse con los verdaderos deseos de los argentinos.

Hoy el Gobierno argentino no concibe la expropiación como una herramienta constantemente a disposición, por eso no existirá endeudamiento tal. Los límites a la política se ponen, justamente, para no jugar con ellos diariamente. Sin embargo, en la vereda de enfrente, un gobernador dice “lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”. Es el mismo ímpetu que llevó a Alberto Fernández a intentar expropiar Vicentin en 2020. ¿Por qué en ese momento miles de argentinos salieron a marchar en contra de esa medida? No porque fueran dueños de esa empresa, sino porque el kirchnerismo, hay que reconocerlo, siempre fue honesto con sus intenciones. El “vamos por todo” no era un eufemismo.

Al mismo tiempo, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad viene a subsanar la otra cara de la moneda de la problemática que atraviesa hoy la propiedad privada en Argentina: los (no) desalojos. Mientras que el Estado no solo debe evitar transgredir los derechos del ciudadano, también tiene que intervenir en los eventuales conflictos cuando un individuo no respeta los derechos del prójimo y, consecuentemente, castigarlo. Contrariamente a estos principios, en gobiernos kirchneristas no solo se alentaron expropiaciones, sino que también proliferaron las tomas y usurpaciones. Allí el Estado no cumple ninguna de las funciones para las que fue creado. La toma del barrio 8 de diciembre en González Catán, partido de La Matanza, resulta ser ilustrativa en este sentido. En la provincia gobernada por Axel Kicillof, una organización delictiva liderada por una ciudadana paraguaya se hizo ilegalmente de una serie de terrenos pertenecientes a tosqueras, los cuales comenzaron a lotear y a vender a precios a partir de 100 mil pesos. Mientras tanto, los “capos” del lugar imponían su propio orden de convivencia. En enero de 2024, una “reunión inmobiliaria” en el lugar terminó con un tiroteo y cinco muertos. La defensa de la vida, libertad y propiedad, fundamento del Estado liberal, brilló por su ausencia. ¿Cuántas situaciones parecidas se encuentran hoy latentes en el país por desalojos que no se pueden llevar a cabo, o llevan juicios pendientes desde hace años? ¿Acaso el enajenamiento ilegal de la propiedad por un tercero tiene un precio medido en tiempo?

La inmoralidad copó el Estado hace rato. Acelerar los desalojos y facilitar los procesos para devolver una propiedad a su legítimo dueño es un paso más para restablecer el orden que debe regir en nuestra sociedad; un orden que respete los derechos de cada una de las personas que la integran.

No se puede vivir con una mirada condescendiente hacia las violaciones de la propiedad privada. Ante la indignación por la situación en que pueden vivir ciertas personas, que recurren a la ocupación para garantizarse un techo, uno solo puede preguntarse: ¿Dónde estuvo esa indignación durante 16 años de gobiernos kirchneristas? ¿Qué hicieron por mejorar la situación de vida de aquellas? En la bancada que ocupo tenemos claro cómo contestar la última pregunta en relación a los últimos tres años.

Algunos datos ejemplificativos dan cuenta de ello: bajar la inflación de un 25% mensual en diciembre de 2023 a solo 1,9% en septiembre de 2026; bajar los robos y hurtos en un 17% entre 2024 y 2025; reducir y eliminar más de 20 impuestos. Si uno lo mira bien, todos tratan en el fondo de lo mismo: defender la propiedad privada. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un paso más en esa dirección.

Así como los constituyentes de 1853, inspirados en Alberdi, entendieron que había que consolidar los principios básicos del Estado liberal, dando a la Argentina un largo período de prosperidad, nosotros entendemos que, leyes como las votadas el día de ayer son también una visión clara de país. No nos guían los apetitos políticos del momento, sino el legislar para, como dice el Presidente Milei, “sentar las bases de 100 años de liberalismo”. Ese es el camino.

Un “tsunami de avance lento”. Así describió la semana pasada Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo. Desde Bangkok, durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, reiteró que alrededor del 40 % del empleo mundial podría verse afectado. Eso incluye trabajos potenciados, transformados o desplazados, porque exposición no equivale a reemplazo. Georgieva advirtió además que los más expuestos son quienes recién ingresan al mercado laboral, y pidió a los gobiernos repensar la educación.

Para las provincias argentinas, esa advertencia llega por partida doble. Son responsables de las escuelas donde se forman los trabajadores que enfrentarán ese cambio, y son también grandes empleadoras, con miles de trabajadores públicos cuyas tareas empiezan a transformarse. La pregunta es cómo se prepara un Estado provincial para aprovechar una tecnología cuyos efectos todavía está aprendiendo a comprender.

En el mismo encuentro, el Banco Mundial propuso poner el foco en aplicaciones prácticas y asequibles, pensadas para las necesidades y los presupuestos de cada lugar. Esa escala resulta especialmente relevante para los gobiernos provinciales. La IA puede ayudar a encontrar información dispersa, organizar expedientes, apoyar la planificación de inspecciones o facilitar la atención ciudadana. Elegir dónde y cómo incorporarla, y lograr que mejore efectivamente esos servicios, requiere trabajo institucional.

Las provincias tienen sobre qué construir. Un relevamiento de CIPPEC identificó áreas de innovación o modernización en 23 de las 24 jurisdicciones e iniciativas de IA en 12 de ellas: de las 29 documentadas, 23 ya están en funcionamiento. También mostró dónde están los límites. Solo nueve jurisdicciones cuentan con sistemas de interoperabilidad con potencial para extenderse al conjunto de la administración. El déficit de perfiles especializados es, además, el único obstáculo que todas las provincias consultadas consideran de importancia alta o media.

Por eso este momento importa. Muchas provincias están definiendo ahora cómo incorporar estas herramientas, y esas decisiones marcan el camino: qué se contrata, qué datos se ordenan, quién queda a cargo. La experiencia internacional muestra las dificultades para convertir las pruebas en mejoras sostenidas. Una encuesta del instituto de investigación de la consultora tecnológica Capgemini encontró que solo el 28 % de las organizaciones públicas consultadas a nivel global declara haber escalado iniciativas de IA. Experimentar sirve cuando permite aprender y decidir qué ampliar, corregir o abandonar.

Digitalizar la entrada de un trámite sin transformar el proceso que lo sostiene puede sumar complejidad en lugar de resolverla. Con la IA puede pasar algo parecido. Las iniciativas apuradas pueden reproducir problemas de datos y coordinación, sumar dependencia de proveedores y dejar aprendizajes que nadie sistematiza.

La oportunidad está en elegir proyectos acotados que permitan obtener resultados en poco tiempo y que, en el camino, dejen capacidad instalada para sostenerlos. Para eso, cada experiencia debe dejar información mejor organizada, equipos preparados y aprendizajes que orienten las siguientes decisiones.

Pensemos en una herramienta de IA que ayuda a priorizar reparaciones en escuelas a partir de antecedentes de mantenimiento y reclamos. Algunas registran sus pedidos en una plataforma; otras los comunican por notas o llamadas que no llegan al sistema. La herramienta podría priorizar las escuelas que mejor registran sus problemas y relegar otras con necesidades más urgentes. Para evitarlo, el equipo debe identificar la información faltante, contrastar la recomendación con el conocimiento del territorio y poder corregirla. De lo contrario, una herramienta pensada para distribuir mejor los recursos podría reforzar desigualdades que los registros no permiten ver.

Prepararse, entonces, supone acompañar los primeros proyectos con algunas decisiones.

La primera es elegir bien. Conviene empezar por un problema relevante para la gestión y para el que la IA pueda ofrecer una mejora concreta. También debe ser posible abordarlo con los datos, el equipo y los recursos disponibles. A veces, el primer paso será simplificar el proceso u ordenar la información; en otros casos, habrá condiciones para probar una aplicación de IA y aprender de sus resultados.

La segunda es invertir en las personas. Incorporar IA modifica tareas: algunas se reducen, otras aparecen y muchas requieren nuevas formas de revisión. Capacitar implica aprender a usar las herramientas, reconocer sus límites y desarrollar criterio para cuestionar sus recomendaciones. También hace falta revisar responsabilidades y acompañar a los equipos cuyos roles cambian. Para conducir los proyectos, la provincia necesita combinar capacidades técnicas propias con el conocimiento de las áreas responsables del servicio. Esa colaboración permite adaptar la herramienta al trabajo real y conservar conocimiento dentro del Estado. Sin esa conducción interna, la provincia corre el riesgo de perder el conocimiento cuando cambia el proveedor o se va la persona que impulsó la iniciativa.

La tercera es organizar y cuidar los datos. El ejemplo de las escuelas muestra que importa tanto la calidad de los registros como aquello que dejan afuera. La provincia puede ordenar progresivamente esas fuentes mientras avanza con proyectos acotados, definiendo quién actualiza la información, cómo se comparte entre áreas, quién puede utilizarla y cómo se protege.

La cuarta es contratar con criterio. Las condiciones de una compra definen quién controla los datos, si la herramienta puede auditarse y qué pasa cuando termina el contrato. Prever esas condiciones desde el primer proyecto reduce el riesgo de quedar atado a una solución que la provincia no puede modificar ni sostener.

La quinta es comprobar si la mejora ocurre. Hay que comparar el funcionamiento del servicio antes y después de incorporar IA: tiempos, calidad, costos y experiencia ciudadana. También observar quiénes se benefician y sobre quiénes recaen los errores, porque una mejora promedio puede ocultar perjuicios para algunos grupos.

Estas decisiones le dan contenido concreto a la gobernanza de la IA: elegir prioridades, asignar responsabilidades, coordinar áreas y tener capacidad para intervenir cuando algo falla. No son un paso posterior a la implementación, sino parte de ella.

Las provincias no necesitan recorrer este camino de manera aislada. Compartir aprendizajes, criterios y evaluaciones permite acortar tiempos, aprovechar experiencias previas y evitar errores recurrentes. Desde CIPPEC buscamos aportar a una construcción federal que facilite el intercambio entre jurisdicciones y genere evidencia útil para vincular el diagnóstico de capacidades con las decisiones y desafíos que enfrentan los gobiernos provinciales.

Si la IA es un tsunami, la preparación empieza bastante antes de la ola. En una provincia, empieza por elegir qué problema resolver, reunir al equipo que puede hacerlo y darle condiciones para llegar hasta el final. La inteligencia podrá ser artificial. La responsabilidad de gobernar sus resultados sigue siendo pública.

El presente trabajo tiene su origen en la ponencia expuesta en la presentación del libro de la jueza Karina Rosario Perilli, “Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal. Selección y análisis de fallos dictados bajo el «Código Procesal Penal Federal». Lineamientos interpretativos fundamentales que guían el cambio de paradigma procesal” (Hammurabi), realizada el 22 de octubre de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

I. Marbury vs Madison. Decir qué es la ley y saber cuándo no decirla

En 1803, en Marbury v. Madison, la Suprema Corte de los Estados Unidos, por el voto de su presidente John Marshall, escribió la frase que fundó el control judicial de constitucionalidad y que todavía define, con una prosa que perduró en la historia, qué hacemos los jueces:

“It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.”[3] (Es, enfáticamente, el ámbito y el deber del departamento judicial decir qué es la ley).

La frase se cita siempre como afirmación de poder. Y lo es. Pero conviene recordar algo que se cita mucho menos, y que me parece igual de importante.

En ese mismo fallo, la Corte resolvió no intervenir.

Marbury reclamaba que se le entregara el despacho que lo designaba juez de paz. La Corte le dio la razón en el fondo —el nombramiento estaba perfeccionado y la negativa a entregarlo era ilegítima—, pero terminó rechazando la petición. Declaró que la norma que le atribuía competencia originaria para librar ese mandamiento no estaba autorizada por la Constitución. Afirmó su poder de decir qué es la ley, y en el mismo acto se declaró incompetente para ejercerlo en ese caso.

Y hay un segundo pliegue, todavía menos recordado, que es el germen de lo que después se llamaría la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Marshall trazó allí una distinción que sigue siendo nuestra:

“When the heads of the departments of the Government are the political or confidential officers of the Executive, merely to execute the will of the President, or rather to act in cases in which the Executive possesses a constitutional or legal discretion, nothing can be more perfectly clear than that their acts are only politically examinable. But where a specific duty is as signed by law, and individual rights depend upon the performance of that duty, it seems equally clear that the individual who considers himself injured has a right to resort to the laws of his country for a remedy.”[4]

(“Cuando los titulares de los departamentos del Gobierno son funcionarios políticos o de confianza del Ejecutivo, llamados meramente a ejecutar la voluntad del Presidente, o más bien a actuar en casos en los que el Ejecutivo posee una facultad discrecional constitucional o legal, nada puede ser más perfectamente claro que el hecho de que sus actos solo son examinables en el plano político. Pero cuando la ley asigna un deber específico, y de su cumplimiento dependen derechos individuales, parece igualmente claro que el individuo que se considera lesionado tiene derecho a recurrir a las leyes de su país en busca de un remedio.”)

Los actos discrecionales del poder político son politicallyexaminable. Es decir, se examinan en el terreno político, no en el judicial. Lo que llega a un tribunal es otra cosa. El deber concreto que la ley impone y el derecho individual que de ese deber depende.

Lo digo porque es el presupuesto de todo lo que sigue. Los jueces resolvemos casos, no conflictos políticos, sin perjuicio de que una sentencia pueda generar impacto o efecto político, económico o social. Nuestra autoridad para decir qué es la ley no nace de una superioridad institucional sobre los otros poderes, sino de un dato mucho más modesto; alguien trajo un caso concreto, y hay que resolverlo. Marbury funda las dos cosas a la vez, y es un error quedarse solo con la primera.

II. El espacio entre la norma escrita y la norma aplicada

Ahora bien. Si decir qué es la ley es la función judicial, hay que admitir lo que eso implica.

Una ley es un conjunto de enunciados escritos en abstracto, muchos de ellos deliberadamente abiertos, que recién adquieren contenido operativo cuando un tribunal los aplica a un caso concreto. Entre el texto del artículo y lo que ese artículo efectivamente significa para quien litiga hay un espacio. Ese espacio lo llena la jurisprudencia.

Conviene insistir en que no se trata de un defecto de técnica legislativa que una redacción más cuidadosa pudiera corregir. Es una condición estructural del derecho. Ninguna ley puede prever todos los casos que habrá de gobernar, y la que lo intentara sería ilegible e inaplicable. El legislador escribe para una generalidad de supuestos; el juez decide uno solo, con nombre y apellido. Entre esas dos operaciones hay siempre una interpretación.

De modo que cuando alguien quiere saber qué le exige una norma, el texto es apenas el punto de partida. La respuesta completa es el texto más la lectura que de él vienen haciendo los tribunales. Y cuanto más abierta es la fórmula legal, o más nueva, o más discutida, mayor es la porción de la respuesta que no está en el Boletín Oficial sino en los fallos.

¿Y quién llena ese espacio? Depende de la materia. En el derecho penal y procesal penal federal argentino, la respuesta tiene nombre propio; la Cámara Federal de Casación Penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo Tribunal y sus fallos son doctrina. Pero en materia no constitucional rara vez dicta fallos de fondo. Por ello, en la interpretación de la ley penal o procesal penal, la jurisprudencia de la casación suele ser la guía recurrente.

Conviene explicar por qué. Y para eso hay que retroceder más de dos siglos.

III. De dónde viene la casación. Casar la ley y unificar su interpretación

El recurso de casación no nació para proteger al condenado. Nació para controlar al juez.

Su origen es francés y revolucionario. El Tribunal de Cassation de 1790 fue creado con una finalidad política explícita, hija de la desconfianza de la Revolución hacia la magistratura del antiguo régimen; asegurar que los jueces no desviaran, por vía de interpretación, la voluntad expresada en la ley.

De ahí el verbo casser, quebrar, anular la sentencia que se apartaba del texto. La Corte Suprema lo describió con precisión en “Casal”.

Allí la CSJN explicó que “La casación penal llegó a la Argentina acompañando el modelo procesal penal europeo basado en “una concepción tradicional u originaria, fundada en el objetivo político de garantizar —por lo menos técnicamente— el estricto y celoso cumplimiento de la voluntad política expresada en la ley, con el fin de que el recurso de casación garantizara la voluntad del legislador y reducir al juez a la boca de la ley para que con su interpretación no la distorsionase”[5].

De esa matriz se desprende la segunda función, la que a los fines de este artículo más interesa. Si lo que se busca es que la ley signifique lo mismo en todas partes, el tribunal de casación termina siendo el órgano que unifica la interpretación. No alcanza con que cada juez obedezca la ley; hace falta que todos obedezcan la misma lectura de la ley.

Conviene ser preciso acá, porque la Corte Suprema relativizó expresamente esa finalidad como justificación constitucional del recurso. En “Casal” sostuvo que “solo secundariamente debe admitirse la unificación interpretativa, en la medida en que la racionalidad republicana haga intolerable la arbitrariedad de lesiones muy groseras a la igualdad o a la corrección de interpretaciones carentes de fundamento”[6], y recordó que esa unificación “era ocasional y ya se llevaba a cabo por medio de la inaplicabilidad de ley y los plenarios”[7].

Pero una cosa es el fundamento constitucional del recurso y otra la competencia que el legislador efectivamente asignó. Y sobre eso la Corte fue clara en “Vidal” al destacar que “el legislador le haya asignado la unificación interpretativa en el ámbito de la justicia federal, en tanto competencia que, aun cuando tenga la finalidad de dotar a la jurisprudencia de uniformidad, lejos está de identificarse con el objetivo político propio del recurso de casación en su concepción originaria”[8].

Esa asignación legal tiene nombre y número. Los artículos 10 y 11 de la ley 24.050; el plenario, convocado para unificar la jurisprudencia de sus Salas o evitar sentencias contradictorias, cuya interpretación es de aplicación obligatoria para los Tribunales que dependen de la Cámara y solo puede modificarse por medio de una nueva sentencia plenaria.

Y tiene también una razón de ser, que la Corte explicitó en el mismo fallo. La uniformidad jurisprudencial es lo que dota de suficiente seguridad jurídica a los justiciables y al sistema de administración de justicia federal subordinado a su competencia, porque la coherencia es particularmente exigible a los actos judiciales, entre otras razones, para evitar la perplejidad de los litigantes.

IV. “Casal” no le quitó ese rol. Le sumó otro

Suele decirse, no sin razón, que “Casal” transformó a la Casación. Es verdad, pero conviene entender en qué dirección.

El artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación habilita el recurso de casación por dos motivos: la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (inciso 1°) y la inobservancia de las normas procesales previstas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (inciso 2°)[9].

Léanlos con atención, porque definen una identidad. Los dos incisos son motivos de derecho. El legislador no concibió a la Casación como un tribunal que revisara los hechos. La concibió como el órgano encargado de controlar que la ley —sustantiva y procesal— fuera correctamente aplicada. Su función era, exactamente, decir qué es la ley penal federal.

“Casal” no derogó eso. Lo que hizo fue agregar una función que el legislador no había previsto en su diseño original. La revisión amplia de los hechos y de la prueba, exigida por la garantía del doble conforme del artículo 8.2.h de la Convención Americana. De ahí la llamada teoría del máximo rendimiento. El tribunal de casación debe agotar su capacidad de revisión y revisar todo lo que sea susceptible de revisión, con el único límite de aquello que surja directa y exclusivamente de la inmediación del juicio oral.

De modo que hoy la Cámara Federal de Casación Penal tiene dos funciones, no una.

La primera, la originaria. Ser el intérprete del derecho penal y procesal penal federal, y unificar esa interpretación. La segunda, la incorporada. Revisar todas las sentencias condenatorias federales en toda su extensión revisable, hechos y prueba incluidos.

Las dos importan. Pero conviene advertir que se proyectan de manera muy distinta.

La segunda función agota su efecto, casi siempre, en el caso que la motiva. Revisar si la prueba de un expediente concreto sostiene esa condena concreta. La primera, en cambio, se proyecta sobre todos los casos futuros. Cuando la Cámara fija el alcance de un tipo penal, de una causal de extinción de la acción o de un plazo procesal, no está resolviendo un expediente; está estableciendo cómo se lee esa norma en toda la justicia federal del país.

Y es ahí, en esa primera función, donde la jurisprudencia se vuelve decisiva. Porque esa lectura, y no el texto desnudo del artículo, es la norma que efectivamente rige.

Conviene salir al cruce de una objeción, porque es la primera que aparece.

El artículo 456 ya no gobierna el fuero federal. El Código Procesal Penal Federal no lo reprodujo. Abandonó el catálogo cerrado de motivos de casación y lo reemplazó por un régimen de impugnación más amplio, construido sobre el agravio concreto de la parte y sustanciado en audiencia oral. Podría pensarse, entonces, que junto con aquel artículo desapareció la identidad que ese artículo definía.

No es así. Y la razón importa.

Las dos funciones nunca estuvieron en el artículo 456. Ese artículo las describía; no las creaba. Lo que las crea es la posición institucional del tribunal. Ser la instancia que, con competencia sobre todo el territorio del país y con competencia exclusivamente penal, revisa las decisiones de los tribunales federales y fija el sentido de las normas que esos tribunales aplican. Esa posición no la derogó el nuevo Código. Al contrario; lo mantuvo, y la Corte se encargó de recordarlo.

Tampoco desapareció el instrumento de la unificación. El plenario sigue vigente, porque no pertenece al código procesal sino a la ley de organización del fuero. Cambió el régimen del recurso. No cambió quién dice, para toda la justicia federal, qué significa la norma.

V. Una demostración en tiempo real. La experiencia del Código Procesal Penal Federal

Todo lo anterior puede sonar abstracto. Por suerte, la Argentina viene produciendo desde hace siete años el mejor laboratorio imaginable para verificarlo.

El Código Procesal Penal Federal fue sancionado en 2014 y se puso en marcha, por primera vez, en Salta y Jujuy en 2019. Desde entonces se fue implementando por distritos, de manera progresiva. Es, en consecuencia, un cuerpo normativo joven, con fórmulas nuevas y sin tradición interpretativa previa. Exactamente el escenario donde el espacio entre la norma escrita y la norma aplicada es más ancho.

La Cámara Federal de Casación Penal tiene competencia en todo el territorio del país. Por eso interviene en ese Código desde el primer día.

Cuando el sistema acusatorio se puso en marcha en el norte de nuestra Patria, mucha gente lo leyó como un experimento acotado a dos provincias. No lo fue. Desde el comienzo los recursos de Salta y de Jujuy llegaron a la Cámara. Allí se resolvieron las primeras impugnaciones bajo el nuevo Código, allí se sustanciaron las primeras audiencias y allí llegaron las primeras discusiones.

Eso fue en 2019. Estamos en 2026. Son siete años de audiencias, de impugnaciones, de plenarios, de disidencias, de criterios que se consolidaron y de algunos que hubo que revisar. Siete años de construir, caso por caso, el Código real.

Y ahí aparece una virtud del modo en que se hizo la reforma que merece ser subrayada; la progresividad.

Una reforma simultánea en todo el país obliga a todos a improvisar al mismo tiempo. Nadie tiene a quién preguntarle, los mismos errores se cometen en paralelo, y las malas prácticas se instalan antes de que exista un tribunal en condiciones de corregirlas.

Acá ocurrió lo contrario. Cada distrito que se incorpora hereda. Hereda la experiencia práctica de los anteriores y hereda la jurisprudencia que se construyó sobre ellos. La pregunta que hoy se hace un juez de garantías en Posadas, o un fiscal en La Plata, o un defensor en Bahía Blanca, es muy probable que ya se la haya hecho alguien en Salta en 2021, y que la Cámara ya la haya contestado.

Es una ventaja enorme, y sería un desperdicio no aprovecharla. Porque el riesgo de un sistema nuevo no es que falten respuestas. Es que las respuestas existan y nadie las lea.

Pero hay un episodio, dentro de esa experiencia, que demuestra la tesis de este artículo mejor que cualquier argumento. Y conviene contarlo con algún detalle.

El Código contenía una norma —su artículo 350, tercer párrafo— que establecía que las decisiones de los jueces de revisión sobre cuestiones federales eran definitivas, y que esos jueces eran el “tribunal superior de la causa” a los efectos del recurso extraordinario.

Leído literalmente, ese artículo hacía algo de enorme trascendencia. Parecía dejar a la Cámara Federal de Casación Penal fuera del control de las decisiones de la etapa preparatoria. Se saltaba una instancia, desde la cámara de apelaciones directamente a la Corte Suprema.

La cuestión llegó al pleno del Tribunal. Y en el Acuerdo 3/2024, Plenario n° 15, “Ruiz, Roque y otro s/impugnación”, del 28 de mayo de 2024 —durante mi presidencia—, la Cámara resolvió que se encuentra habilitada a intervenir frente a esas decisiones cuando se invoca una cuestión federal o la arbitrariedad de lo resuelto[10].

Vale la pena reparar en el instrumento, y no solo en el resultado. “Ruiz” no fue una sentencia que resolviera un caso. Fue un plenario. Es decir, el mecanismo previsto en la ley de organización del fuero, convocado no para decidir quién tiene razón en un expediente sino para establecer cómo debe leerse una norma. Su objeto no fueron los hechos ni la prueba de ningún proceso. Su objeto fue, exclusivamente, el significado de un artículo.

Esa es, exactamente, la función originaria que describí en el apartado anterior, ejercida bajo un código que ya no contiene el artículo 456 y que ni siquiera llama casación al recurso. La herramienta sobrevivió al cambio de código porque nunca dependió de él.

La decisión, además, no se construyó sobre el texto que se estaba interpretando, sino sobre una línea jurisprudencial larga e inveterada de la Corte Suprema —“Strada”, “Di Mascio”, “Giroldi”, “Di Nunzio”— acerca de qué significa el “tribunal superior de la causa”. Es decir; se tomó una doctrina construida durante cuarenta años bajo el código anterior y se demostró que seguía gobernando el nuevo. Eso es interpretar.

Y la Corte Suprema lo confirmó. El 16 de octubre de 2024, en “Chacón”, declaró la inconstitucionalidad de aquel tercer párrafo[11].

En definitiva lo que vemos es que quien en noviembre de 2024 hubiera litigado leyendo únicamente el texto de la norma habría perdido la instancia. No por desconocer la ley —la conocía, la tenía delante— sino por desconocer la jurisprudencia que ya había fijado su alcance.

VI. La jurisprudencia también tiene que llegar a tiempo

Hasta acá sostuve que la jurisprudencia es lo que da contenido real a la ley. Corresponde agregar de inmediato la condición sin la cual todo esto no sirve.

Un gran fallo dictado tarde no es un gran fallo. Es un documento académico.

La doctrina más fina sobre el alcance de una norma, si llega tres años después de que el conflicto se plantease, no le resolvió el problema a nadie. Llega cuando el imputado ya cumplió la pena en prisión preventiva, cuando la víctima ya desistió, cuando el expediente perdió toda relación con la vida de las personas que lo originaron. La función de unificar la interpretación solo se cumple si la interpretación está disponible cuando se la necesita.

Y esto no es un reproche que pueda dirigirse solamente a quien litiga. Es, antes que nada, una exigencia hacia nosotros.

Durante décadas, en nuestro proceso penal, los plazos fueron perentorios para una sola parte; para el abogado, que si presentaba un recurso un día tarde lo perdía definitivamente. Los del juez y los del fiscal eran, con eufemismo doctrinario, “ordenatorios”. Traducido; sugerencias. El Código Procesal Penal Federal terminó con esa asimetría al establecer que los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos y que los plazos legales y judiciales serán perentorios.

Esa regla trae al proceso penal el principio de igualdad ante la ley que el artículo 16 de la Constitución Nacional consagra desde 1853. Los plazos son perentorios para todos. Jueces y fiscales debemos fallar y dictaminar en el tiempo que fija la ley, y el incumplimiento sistemático no es una irregularidad menor, compromete el plazo razonable, que es una garantía convencional.

No es una exigencia que formule desde afuera. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal implementó en 2018 —cuando los plazos todavía no eran perentorios para los tribunales— un sistema de gestión bajo normas ISO que la mide, y que ante incumplimientos que excedan un porcentaje ínfimo tolerado le hace perder la certificación. El resultado es un mecanismo de detección temprana que activa a la secretaría días antes de cada vencimiento. Se trata, sencillamente, de no exigir aquello que uno no se exige a sí mismo.

La gran deuda de nuestro sistema de justicia no fue dogmática. Fue una deuda de tiempo. Juicios que se extendieron por años, causas que duraron tres décadas, personas que murieron esperando una sentencia. Porque, fiel al adagio, la justicia lenta no es justicia.

VII. Lo que sostiene todo esto. E = H-H/M + P + C + T

Nada de lo anterior —ni la calidad de la interpretación, ni su oportunidad— ocurre solo. Hay una pregunta previa, de método, que conviene formular.

¿Saben cómo se encuentra una aguja en un pajar?

Muchos dicen que es imposible. Otros sostienen que hace falta suerte. La respuesta correcta es otra. Se encuentra dedicándole tiempo y siguiendo un método.

Si tengo un año para buscarla, probablemente la encuentre. Pero necesito algo más que tiempo. Necesito ser meticuloso, paciente y perseverante. Separar una ramita tras otra. Revisar, descartar, volver a empezar. Aprender de los errores y mejorar el procedimiento. Hasta que un día, finalmente, aparece. Y si alguien me pregunta cuál fue el secreto, la respuesta va a ser mucho más sencilla de lo que imagina. Le dediqué tiempo y seguí un método de trabajo.

Por eso tengo una fórmula que intento aplicar a todo lo que hago:

E = H-H/M + P + C + T

EFICIENCIA = HORA HOMBRE/MUJER + PROTOCOLO + CAPACITACIÓN + TRANSPARENCIA

La primera variable no es el tiempo que pasa. Es el que efectivamente se trabaja. Por eso prefiero llamarla hora hombre/mujer, que es la unidad con la que se mide el trabajo en cualquier actividad seria. Un expediente no avanza porque hayan transcurrido seis meses. Avanza por las horas que una persona concreta le dedicó. Y esa diferencia no es retórica; la primera magnitud es una excusa, la segunda es una medida.

El protocolo es el método. La capacitación es la base sobre la que los otros dos se apoyan. Y la transparencia es lo que convierte todo eso en algo verificable.

Uno sin los otros no alcanza. Dedicar muchas horas sin organización ni preparación es improductivo, y tener un gran método sin dedicarle horas, o sin estar en condiciones de ejecutarlo, tampoco da resultados.

Esto pasa en todas las profesiones. Pasa con un cirujano, que necesita años de estudio, entrenamiento y protocolos precisos para realizar una intervención. Pasa con los deportistas de alto rendimiento. Detrás de una medalla hay miles de horas que nadie ve. Y pasa, por supuesto, en la justicia. Ser juez requiere capacitación, dedicación, preparación, método y una enorme responsabilidad. Hay que sentarse a leer. Estudiar los legajos. Analizar las pruebas. Escuchar los argumentos. Revisar los antecedentes. Trabajar con equipos. Discutir criterios. Encontrar la mejor respuesta posible dentro de la ley.

Quiero detenerme en las dos últimas variables, porque son las que más se descuidan y las que más me interesan.

Empiezo por la C.

Hablamos habitualmente de “capacitación”, como si se tratara de un trámite administrativo. Un curso, un certificado, un registro de asistencia. Pero lo que está en juego es otra cosa, más exigente y más digna de ese nombre: educación jurídica continua.

La diferencia no es semántica. Capacitarse es aprender a usar una herramienta. Educarse es entender por qué esa herramienta es como es, de dónde viene y qué problema vino a resolver.

Y hay algo más. Conocer la jurisprudencia no es memorizar sumarios. Es entender la línea. Comprender de dónde viene un criterio, qué problema vino a resolver, qué discusión dejó abierta. Esa es la diferencia entre citar un fallo y poder argumentar con él; o contra él.

Un cambio de paradigma no se absorbe con instructivos. Se absorbe estudiando. Por eso importa tanto el esfuerzo de formación sostenido, y por eso importa tanto el trabajo doctrinario —el comentario normativo, el análisis de fallos, la obra colectiva— que es el soporte material sin el cual esa educación no tiene de dónde agarrarse.

Y ahora la T, que es la que cierra el círculo.

La transparencia no es un valor que se agrega al final, cuando el trabajo ya está hecho. Es una condición del trabajo mismo.

Lo digo en el sentido más práctico que se me ocurre. Lo que no se muestra no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Un tribunal que no sabe cuánto tarda no puede acortar sus tiempos. Un sistema que no publica sus resultados no tiene manera de saber si está funcionando. Por eso la experiencia que conté más arriba —someterse voluntariamente a una auditoría externa de gestión— no fue un gesto de exhibicionismo institucional. Fue, lisa y llanamente, una herramienta de trabajo. Se decidió medir porque sin medición no hay mejora posible.

Nótese que las dos puntas de la fórmula se tocan. La hora hombre/mujer es una unidad porque se cuenta, y solo se cuenta lo que se expone. Sin transparencia, la primera variable vuelve a ser una impresión.

La transparencia es, además, lo que convierte el trabajo individual en capital colectivo. Un criterio que resuelve bien un caso y que después queda archivado en el sistema de gestión de un tribunal sirvió para ese caso y para nadie más. El mismo criterio publicado, sumariado y explicado sirve para todos los casos análogos del país, y sirve además para que alguien lo discuta y lo mejore.

Dicho de otro modo. Sin transparencia no hay educación posible. Nadie puede estudiar una jurisprudencia que no circula. La C depende de la T, y ambas dependen de que alguien le haya dedicado horas y método a producirla y a ordenarla.

Hay algo que aprendí con los años. Muchas veces admiramos los resultados sin conocer las horas de trabajo que los hicieron posibles. Vemos la aguja, pero no vemos todo el pajar que alguien tuvo que revisar. La transparencia es, también, la decisión de mostrar el pajar.

VIII. El positivismo penal y la jurisprudencia como fuente insoslayable

Termino con una paradoja que me parece el verdadero asunto de fondo.

El derecho penal es, probablemente, la rama más positivista de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo es por una razón de garantía, no por conservadurismo.

El principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional es estricto: nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa. La ley es la única fuente válida de incriminación. No hay delito sin ley previa y escrita. La costumbre no crea tipos penales. La analogía in malampartem está prohibida. Y la jurisprudencia, en sentido técnico, no es fuente de producción del derecho penal. Ningún tribunal puede crear un delito ni agravar una pena.

Nada de eso está en discusión, ni debería estarlo nunca.

Pero junto a esa verdad convive otra, que es la que vengo desarrollando en estas páginas.

Porque decir qué dice esa ley termina siendo, muchas veces, trabajo de los jueces. El alcance de un verbo típico, el límite de una causal de justificación, el momento en que una acción se extingue, el carácter perentorio de un plazo, la instancia que agota la jurisdicción: todo eso está en la ley, sí, pero lo que la ley dice sobre cada una de esas cosas lo fija una sentencia. A veces lo fija corrigiendo lo que el texto parecía decir, como ocurrió con el artículo 350.

De modo que la conclusión se impone sola. La jurisprudencia no es fuente de creación del derecho penal —no puede serlo, y es bueno que no pueda—. Pero es una fuente de conocimiento absolutamente insoslayable. Es el único modo de saber qué dice realmente la norma que uno está invocando.

Y hay una consecuencia de todo esto que excede a los operadores jurídicos y que quiero destacar, porque me parece la más importante de todas.

Una jurisprudencia conocida, sistematizada y accesible es, antes que una herramienta técnica, un instrumento de transparencia.

La sentencia es el único acto de gobierno que viene obligatoriamente acompañado de sus razones. El Congreso sanciona una ley y sus representantes no están obligados a explicar por qué votaron como votaron —pueden hacerlo—. El Poder Ejecutivo adopta una decisión política y la justifica ante la opinión pública si quiere y cuando quiere. Nosotros, en cambio, no podemos decidir sin fundar. Cada fallo es, por definición, una decisión pública que expone su propio razonamiento y queda disponible para ser examinada, criticada y confrontada con las anteriores.

Pero esa transparencia solo es real si la jurisprudencia circula. Un criterio que existe en el sistema de gestión de un tribunal y que nadie recopiló, ordenó ni publicó no transparenta nada. Es, en los hechos, un derecho reservado a quienes tienen acceso privilegiado a él.

Por eso la difusión de la jurisprudencia no es una tarea editorial accesoria. Es parte del deber republicano de rendir cuentas. Cuando los fallos se publican, se sistematizan y se enseñan, pasan tres cosas a la vez. El ciudadano puede saber qué hace efectivamente la justicia, y no solo qué dice de sí misma. El abogado puede anticipar con razonabilidad qué le espera a su cliente, que es el contenido concreto de la seguridad jurídica. Y el juez queda sometido a la disciplina más exigente que existe; la de tener que explicar, cada vez que se aparta de un criterio anterior, por qué lo hace.

Esa última es, me parece, la mejor garantía contra la arbitrariedad. Un tribunal cuya jurisprudencia es conocida está obligado a ser coherente, y si no lo es, se le nota. Un tribunal cuya jurisprudencia nadie conoce puede decir hoy una cosa y mañana la contraria sin que nadie se entere.

Vuelvo entonces a donde empecé. En Marbury, la Corte Estadounidense afirmó su poder de decir qué es la ley y, en el mismo acto, reconoció sus límites. Las dos cosas tienen el mismo fundamento, y es un fundamento modesto. Nuestra autoridad no viene de una jerarquía sobre los otros poderes, sino de que resolvemos casos concretos dando razones públicas.

Si esas razones se conocen, el sistema funciona. Si se pierden, no hay autoridad que se sostenga.

Por eso quien lee la ley y no lee los fallos no está leyendo una versión incompleta del derecho. Está leyendo otra cosa; un texto que ya no rige con el alcance que aparenta.

En definitiva, quien no conoce la jurisprudencia no conoce la ley.

En un ordenamiento en el cual la ley es la única fuente válida y en el que lo que está en juego es la libertad y la propiedad de las personas, no es un detalle de erudición. Es una obligación profesional y, para quienes tenemos la responsabilidad de dictar esos fallos y de ponerlos a disposición, con transparencia, una deuda permanente con la sociedad a la que servimos.

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[1]Mariano Borinsky es Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado especialista en derecho penal. Doctor y Posdoctor en Derecho (UBA). Profesor universitario (UBA, UTDT y UP). Comisionado para la diplomacia judicial del Congreso Judío Latinoamericano.

[2]Marcos Fernández Ocampo es Abogado especialista en derecho penal. Docente universitario de grado y posgrado. Ex Secretario de Cámara Federal de Casación Penal.

[3]Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).

[4]Marbury v. Madison, cit. Marshall distingue allí entre los actos discrecionales del Ejecutivo —“onlypoliticallyexaminable”— y los deberes específicos impuestos por ley de los que dependen derechos individuales, únicos susceptibles de remedio judicial. De esa distinción deriva la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables.

[5]CSJN, “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple”, Fallos: 328:3399 (2005), considerandos 9° y 10, transcriptos en CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros”, Fallos: 344:3156, considerando 6°.

[6]“Casal”, cit., considerando 13, citado en “Vidal”, considerando 6°.

[7]“Casal”, cit., considerando 17, citado en “Vidal”, considerando 7°.

[8]“Vidal”, cit., considerando 7°.

[9]Art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación: “El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1°) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. 2°) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad…”.

[10]CFCP, Acuerdo 3/2024, Plenario n° 15, “Ruiz, Roque y otro s/impugnación”, expte. FSA 6631/2023/8, del 28 de mayo de 2024.

[11]CSJN, “Chacón, Luis Gustavo s/audiencia de sustanciación de impugnación (art. 362)”, del 16 de octubre de 2024.

Todo comenzó con una comparación de precios de medicamentos entre clínicas y farmacias. A partir de casos particulares, se denunció un supuesto abuso generalizado y se propuso una ley para establecer precios “justos”. Hoy, esa iniciativa amenaza con abrir una puerta mucho más peligrosa: la intervención del Estado, esta vez desde el Congreso, en las condiciones económicas del aseguramiento privado de salud.

El debate en la Comisión de Salud ha dejado una situación reveladora. El propio autor de la iniciativa, el congresista Diethell Columbus, pidió que no se apruebe el predictamen porque, a su juicio, desnaturaliza su propuesta original. Sin embargo, al defenderla, reivindicó la intervención estatal para corregir lo que considera una asimetría del mercado.

Ahí está el problema de fondo. Que el Estado tenga la facultad de intervenir no significa que cualquier intervención esté justificada. La Constitución reconoce una economía social de mercado y responsabilidades estatales en materia de salud. Pero ello no exime al legislador de demostrar que una regulación es necesaria, proporcional y beneficiosa para los ciudadanos.

El texto sustitutorio propone, entre otras medidas, limitar la base utilizada para calcular los copagos ambulatorios y obligar a las aseguradoras a financiar determinadas diferencias cuando no exista acuerdo con las clínicas. No establece un control general de precios, pero sí interviene en las condiciones económicas de contratos privados. ¿Se han evaluado sus posibles efectos sobre primas, coberturas y alternativas de atención?

Imaginemos que mañana el Congreso disponga que las pensiones de los colegios privados se calculen únicamente sobre determinados componentes de costos, o que los reajustes de alquiler deban sujetarse a una fórmula establecida por ley, independientemente de lo pactado entre las partes. En ambos casos podría argumentarse que no se están fijando precios máximos, sino protegiendo derechos fundamentales. Sin embargo, se estaría interviniendo en los mecanismos de cobro y en las condiciones contractuales. ¿Bastaría invocar el bienestar de las familias para justificarlo? Ese es el precedente que preocupa: confundir la ausencia de un precio máximo explícito con la ausencia de intervención económica.

El sustento presentado tampoco permite conclusiones apresuradas. El predictamen recoge 536 denuncias relacionadas con medicamentos, de las cuales 66 fueron clasificadas como precios excesivos. Son denuncias, no infracciones acreditadas. Tampoco permiten establecer, por sí solas, una práctica generalizada ni dimensionar su incidencia frente al universo de atenciones.

Mientras tanto, los desafíos del sistema de salud son considerablemente más amplios. Según SUSALUD, durante el primer trimestre de 2026, el 94% de las solicitudes relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos en salud correspondió al Minsa, gobiernos regionales y EsSalud. Aunque estas solicitudes no se refieren exclusivamente a medicamentos, evidencian problemas que requieren atención.

Más aún, estimaciones de ComexPerú basadas en la ENAHO muestran que, entre 2019 y 2025, los asegurados del SIS y EsSalud desembolsaron S/ 69,431 millones en gastos de bolsillo, equivalentes al 75.3% del total nacional. ¿No debería concentrarse allí buena parte del esfuerzo estatal para garantizar acceso efectivo a la salud?

Nada de esto significa tolerar cobros indebidos. La transparencia, la competencia y la fiscalización son indispensables. Pero existe una diferencia fundamental entre corregir abusos acreditados e intervenir mecanismos económicos sin demostrar que ello mejorará el bienestar de los pacientes.

El riesgo trasciende los medicamentos y el destino de este predictamen. La verdadera discusión no es si el Estado puede intervenir, sino cuándo corresponde hacerlo y con qué evidencia. Porque cuando se acepta alterar precios y contratos sin demostrar la necesidad ni las consecuencias de hacerlo, la pregunta deja de ser cómo proteger mejor al consumidor y pasa a ser qué precio será el próximo en intervenirse.

Javier Milei fue recibido en España por el PSOE con un cartel: “El país que más crece en Europa”. Quizás le asestaron el sablazo más doloroso para un Presidente que solo puede exhibir agresividad ante la caída de la actividad económica interanual, que según el EMAE es del 1,7%. Se derrumba el consumo por el cierre permanente de industrias y comercios. Acecha una inminente recesión técnica, la otra ya está. Aumentan la pobreza y el empleo uberizado (este último dato satisface, y mucho, al jefe de Estado).

La mitad del país, 20,9 millones de personas, acumula deudas por aplicación de intereses exorbitantes. La economía argentina está planchada desde abril. Un dato no menor muestra que de todos los sectores que más crecen, la minería, con un 11,1%, aporta un 0,47% de los 0,67% que suman todos los sectores en alza.

Mientras el Gobierno acumula reservas en dólares que compra el BCRA, provenientes del agro y la minería, la actividad cae porque acumula para pagar deuda, y no para incentivar el crédito. Cae incluso la intermediación financiera en un 3,8%. De enero a hoy, los bolsillos argentinos se han achicado en un 16.5%.

Lo cierto es que el Presidente no tuvo una buena semana. En Neuquén se desbordó por los datos aportados por la consultora Zentrix, que trabajó -lo hace habitualmente- sobre las 24 jurisdicciones del país con 1.438 casos, concluyendo que el 72% de los menores de 40 años se quedan sin ingresos a más tardar el 20 del mes. Y que 4 de cada 10 no pasan la quincena.

Así aparecen las mil distintas maneras de subsistir que el Presidente parece no querer entender. Y es la causa de los 20,9 millones de endeudados y de la baja del consumo y la calidad del mismo porque, insisto, se subsiste. Y en los sectores más pobres esto se agudiza: el 83,3% no supera el día 20.

Pablo Montiel, director de Zentrix, habló con Infobae: “La respuesta oficial a nuestro trabajo no lo entendemos como un ataque personal ni a nuestra consultora , sino una negativa recurrente a aceptar la realidad estadística. Es pelearse con los datos”.

Consultado sobre los meses anteriores, indicó: “En enero, los encuestados que manifestaban no llegar con sus ingresos al día 20 era de un 33%. Para septiembre, trepó al 65,3% en la población general. Y en la población joven, al 72%. En este último caso se incrementó 7 puntos”.

La Usina de Datos de la UNR mide desde 2018 mensualmente la Canasta Básica Total para una familia tipo sin alquiler. En septiembre se situó un $ 1.822.000, es decir un 2,5% más que en agosto. Su titular, Paula Durán, le dijo a Infobae: “En términos individuales, la canasta promedio ronda $ 616 mil, frente a los $ 200 mil que costaba al comienzo del 2024. El costo de la canasta básica en los últimos 3 años se triplicó”.

La semana pasada, el presidente Milei se peleó con la ley; esta semana, con las estadísticas. Veremos la próxima.

En cuanto a la política internacional, se comporta como un bárbaro, es decir imprudente y grosero, acompañado por su ministro de Relaciones Internacionales, que asiente tal hecho. Denigró al presidente español y a una colega periodista. No quedó claro el motivo de su viaje en cuanto al interés para Argentina.

Últimamente tampoco es recibido por sus compañeros de ruta. No lo ha hecho Trump, tampoco Abascal. Con criterio diplomático, el rey Felipe VI no lo recibió, expresando que debía primero visitar al presidente de su país, Pedro Sánchez.

Milei se pasea por el mundo dejando a nuestro país en un lugar muy incómodo por sus imprudencias. Los argentinos vienen naturalizando sus groserías y no es una cuestión de formas, hace a la investidura presidencial que representa a todo el país y que él, al igual que con la ley y las estadísticas, ignora.

Mientras tanto, Patricia Bullrich sigue dando muestras de querer ser candidata a presidenta. De prosperar su proyecto, abre otro escenario. Su equipo dice estar listo para jugar en el 2027. Por ahora, la actual senadora siembra en terreno propio y ajeno.

Y también aparece cada vez con mayor insistencia Sergio Massa, si bien el tiempo para su definición es otro, dado que fue el último candidato a presidente del peronismo. No lo definirá seguramente hasta no conocer las reglas de juego. Por ejemplo: ¿habrá o no PASO? Podríamos decir que transita una etapa gestual. Visitó a la expresidenta Cristina Fernández en la previa al Día de la Lealtad, luego habló con Kicillof, con quien en realidad dialoga mucho más de lo que se conoce.

No obstante, Massa se aferra a un concepto: “Unidad, que no quiere decir ausencia de competencia”.

En la provincia de Santa Fe, el presidente de su partido, el Frente Renovador, Diego Giuliano, está decidido a ser candidato a gobernador, mientras el resto se ufana en integrar listas de diputados provinciales. Esto último no vale para Germán Martínez, quien mantiene su decisión de candidatearse a la gobernación.

Se le escuchó decir a Giuliano que le encantaría que su contendiente en las PASO sea Omar Perotti. El exgobernador, al igual que Massa, tiene tiempo para definir sobre su futuro político.

Mientras tanto, el gobernador Maximiliano Pullaro, quien aspira a su reelección, apuesta su próxima candidatura a la gestión, por eso prioriza para Rosario la instalación del tranvía metropolitano. Todo indica que el proyecto será licitado antes de fin de año, sosteniendo así el impacto positivo de los Juegos Suramericanos.

Se le escuchó decir: “Yo hablo de política a través de la gestión”. ¿Tendrá que ver con la idea que trajo de México el concejal Juan Monteverde, quien aspira a ser intendente de Rosario, que es la de avanzar sobre el proyecto del Metro Rosario, implementando en su primera etapa el Premetro?

A propósito de Rosario, todo indica que su actual intendente, Pablo Javkin, deberá ir por su tercer mandato.

El peronismo santafesino tiene otro jugador, es el actual intendente de la ciudad de Funes (exitoso en su mandato) Roly Santacrocce, quien le dijo a Infobae: “Voy a jugar en las PASO dentro del PJ para ser gobernador, nadie bajará mi decisión, lo voy anunciar a la brevedad”.

En julio de 1981, en Bogotá, Colombia, se realizó el primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFLAC), al que fueron más de doscientas mujeres y disidencias sexuales de México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Colombia.

En ese momento, todavía, Argentina padecía una dictadura. Pero, en el continente surgía una práctica que no es un congreso, un meet, una formación, una charla, una feria, una fiesta, un fogón, una clase, una cátedra, una movilización ni un festival. Y, a la vez, es todo eso: algo tan grande, indescriptible y potente que identifica la forma de construcción feminista: encontrarse.

Los encuentros latinoamericanos inspiraron a los argentinos y los argentinos a muchas otras que se amuchan y que se preparan, para el próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, en Buenos Aires, en octubre del 2027. La celebración y la capacidad de alojamiento de la ciudad prevén una llegada masiva de participantes.

En tiempos de retroceso de derechos, de protestas y de represión un encuentro es una forma multitudinaria de poner el cuerpo y de protegerse. En tiempos de aislamiento, depresión y dispersión un encuentro es una forma de revitalizarse.

En tiempos de indiferencia un encuentro es una forma de conectarse. Por es es central entender los tiempos de los Encuentros. A partir del Encuentro de Bogotá las feministas de América Latina percibieron la posibilidad de “crear un lenguaje feminista propio y común que repercutió en las perspectivas con las que cada grupo militaba en sus propios países”, se pusieron de acuerdo Nancy Sternbach, Marysa Navarro, Patricia Chuchryk y Sonia Álvarez.

Las formas del norte global es que una habla y muchas escuchan. Las formas del sur global es que muchas hablan, escuchan y marchan. El Encuentro reafirmó que el feminismo de América Latina no era una importación de Europa y Estados Unidos sino una respuesta a las opresiones interseccionales vividas en la región.

Pero, además, se constituyó como un movimiento amplio, diverso y en constante construcción. En 1981 se decidió que el 25 de noviembre se convierta en una fecha icónica de lucha para combatir la violencia contra las mujeres en homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por parte de la dictadura de Rafael Trujillo, en 1960, en República Dominicana.

El movimiento empezó antes y, cuando la rueda deja de girar, es importante volver a cuando empezó el giro. Un antecedente importante -en un formato más clásico- fue la Conferencia de Naciones Unidas, llevada adelante en la Ciudad de México, en 1975.

En Argentina ya estaba la triple AAA y la dictadura militar interrumpió toda posibilidad de manifestación, reunión y reflexión. La orden era “circulen” para que ninguna persona pudiese pensar al lado de la otra. Y el reto a las madres era: “¿Usted sabe dónde está su hijo ahora?” con la que culpabilizar a las familias por los encuentros subversivos de sus hijos e hijas.

En el comienzo de los años ochenta, el primer EFLAC, fue cuando todavía, mandaba la dictadura militar en Argentina. Se estaba lejos de poder realizar acciones colectivas. Aunque las argentinas sabían que pasaba en América Latina y empezaban a pensar estrategias para pedir más derechos.

La democracia llegó en 1983, tres años después, con el entusiasmo de la vida ciudadana y la libertad como una posibilidad de puertas abiertas. En ese momento se realizó el II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), en Lima, Perú.

En 1985 se organizó el III Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bertioga, Brasil. En 1987, el IV Encuentro latinoamericano llegó hasta Taxco, México. En cada parada se sumaban más mujeres y más diversas.

Hace cuarenta años ya no se trataba sólo de que algunas hablaran por todas, sino que todas empezaron a hablar en un coro sin presidencias. En ese momento, en Brasil, se amplió la convocatoria a mujeres de sectores populares, negras, indígenas y lesbianas y se facilitaron las metodologías abiertas para permitir una participación activa.

Los talleres eran plurales, circulares, sin escalafones, ni titulaciones. Ninguna era más importante que la otra y la importancia de la verdadera paridad era (y es) que las mujeres de todas las clases pudieran hablar y que nadie hablara por ellas.

En Argentina, en 1986, con el entusiasmo ciudadano, se logró realizar el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, en el Centro Cultural San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo inicial fue pionero, transversal, mítico y lograban ponerse de acuerdo mientras se juntaban a comer lentejas, sin saber que iban a iniciar un ritual sin precedentes.

La convocatoria desbordó los planes del comité organizador. La concurrencia fue un éxito, pero el mayor éxito es la permanencia. Desde ese momento, se realizaron, todos los años, en todos lados, con mujeres de todos los sectores.

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se celebró el 10, 11 y 12 de octubre, en Córdoba. La Comisión Organizadora (CO) rescató que pudieron construir la convocatoria a pesar de diferencias y ese punto de unión -en momentos donde la política se destruye por internas vacías- es una de las fortalezas de encontrarse.

En Córdoba hubo mucha participación en los talleres que se realizaron en aulas de escuelas, en los paseos por las plazas, en las asambleas y actividades culturales. El 11 de octubre hubo una marcha contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios.

Mientras que el 12 de octubre se realizó una gran marcha final, desde Olmos y Maipú hasta Concepción de Arenales, con fiesta y peña de cierre. El cierre es un clásico multitudinario, emocionante y festivo, desde cada lugar que se recorre, al este y al oeste, al sur y al norte del país.

“Una delegación de compañeras de pueblos preexistentes, en el marco de una ceremonia espiritual y política, abrió el camino a la movilización. La cabecera de la marcha reflejó el activismo, las organizaciones sociales y políticas, colectivas y agrupaciones participantes”, señaló la Comisión Organizadora en Córdoba.

En el 40° aniversario el Encuentro va a volver a su punto de orígen: la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de la sede se tomó a partir del fervor de los aplausos. La idea de recorrer el país e ir de Jujuy a Bariloche y de Córdoba a Resistencia, de La Plata a Posadas y de Tucumán a Trelew es el espíritu de una forma de organización -que cambia en cada punto geográfico- y que pone la brújula en ir hacía donde más se necesita.

Pero, esta vez, Buenos Aires fue impulsada para generar un encuentro multitudinario, con una gran participación nacional, regional e internacional. Todavía no se conoce la fecha exacta. Pero si el punto de origen y la razón de ser: una democracia mucho más democrática cuando todas hablan.

En el cierre la mítica locutora Liliana Daunes ilustró: “Al menos somos tres generaciones de mujeres, travestis, lesbianas, trans, no binaries, feministas y transfeministas, trabajadoras, jubiladas, desocupadas y militantes que venimos sosteniendo esta herramienta de organización colectiva”.

La conversación sobre inteligencia artificial (IA) suele concentrarse en algoritmos, productividad, empleo y transformación digital. Sin embargo, existe una dimensión menos visible que será determinante para su expansión: la infraestructura física que hace posible su funcionamiento.

La IA opera principalmente a través de centros de datos, instalaciones que albergan miles de servidores capaces de procesar y almacenar enormes volúmenes de información. Estos equipos funcionan de manera continua y generan grandes cantidades de calor, por lo que requieren sistemas permanentes de refrigeración y una conexión eléctrica robusta y estable. En algunos casos, dichos sistemas de enfriamiento también demandan un uso intensivo de agua.

La magnitud del desafío ya es visible. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo mundial de electricidad en 2024 y su demanda podría más que duplicarse hacia 2030, impulsada en buena parte por el crecimiento de la IA. La misma organización advierte que la concentración de estas instalaciones en determinados territorios puede generar presiones importantes sobre las redes eléctricas locales y el entorno ambiental.

Frente a esta realidad, surge una pregunta relevante para el Perú: ¿qué oportunidad representa este crecimiento y qué condiciones debemos construir para atraer inversiones de largo plazo de manera sostenible?

El país tiene atributos que podrían favorecer el desarrollo de infraestructura digital. Pero, contar con capacidad energética o disponibilidad de suelo no es suficiente. Hoy existe una brecha entre la velocidad con la que avanza esta industria y la regulación aplicable. Los centros de datos deben operar bajo normas ambientales, energéticas, territoriales y de recursos naturales que no necesariamente fueron diseñadas pensando en la escala y las características que puede alcanzar esta nueva infraestructura.

Desde una perspectiva ambiental, el reto no debería limitarse a fiscalizar impactos una vez que los proyectos están operando. Lo importante es anticipar cómo se evaluarán aspectos como eficiencia en el uso del agua y la energía, emisiones asociadas, sistemas de refrigeración, conexión a la red y utilización de fuentes renovables. La falta de criterios suficientemente claros puede generar incertidumbre regulatoria tanto para las autoridades como para los inversionistas. Y esa incertidumbre puede traducirse en mayores riesgos regulatorios, contractuales y operativos, así como eventuales conflictos por el uso de recursos y retrasos para proyectos intensivos en capital.

La experiencia internacional muestra que las jurisdicciones que combinan infraestructura confiable, predictibilidad regulatoria y criterios claros de sostenibilidad están mejor posicionadas para captar inversiones vinculadas a la economía digital. Para el Perú, la pregunta no es solo cuántos centros de datos queremos atraer, sino qué tan preparados estamos para integrarlos de manera sostenible a nuestra matriz productiva y energética.

Unas pocas semanas atrás me sorprendió un correo electrónico enviado por alguien a quien no conocía. Una docente, de un lugar del que tampoco tenía información. Su deseo era hacerme llegar material creado por sus alumnos, resultado de un intercambio entre su escuela y una comunidad originaria guaraní. Sorprendió porque era una búsqueda de relacionarse con nosotros distinta a lo que estamos acostumbrados en el trabajo diario. No se trataba de una consulta sobre algún expediente, la presentación de un problema o la solicitud de intervención por conflictos. Tampoco de un pedido. Se trataba de un ofrecimiento. Simplemente hacer conocer su trabajo. Para ella era importante y pertinente que llegue a nuestras manos.

No presté atención si la intención era enviármelo de manera digital, por correo o acercarse personalmente al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para entregarlo, lo cierto es que, íntimamente, sentí que debía prestarle la máxima atención a esas breves líneas que me habían llegado. Luego de indagar un poco más, tuve la convicción de que debíamos ir nosotros en búsqueda de lo que nos ofrecían. Y allí fuimos.

Lo vivido fue maravilloso: escuchar, conversar y compartir tiempo con los alumnos, verdaderos protagonistas de un proyecto que se inspiró en una decisión: ir hacia el otro.

Animarse a trascender las propias fronteras, hacer volar la imaginación y movilizar los mejores sentimientos. Los más nobles.

Labardén es un pequeño pueblo rural de la Provincia de Buenos Aires de aproximadamente mil habitantes. Allí funciona la Escuela Primaria Nº3 Nuestra Señora de la Merced, a la que concurren cuarenta alumnos. Es una de esas pequeñas joyas que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que nos recuerdan que son muchas más las cosas buenas que suceden silenciosamente, y que dotan de contenido a nuestra vida en sociedad.

Emiliana Braco es docente allí. 

Un día, con el acompañamiento de las directoras Delia Usuna y Florencia Glavan, decidió dar un paso distinto en su tarea educativa cotidiana. Quería que sus alumnos pudieran descubrir otras realidades y, al mismo tiempo, hacerse conocer. Despertar en ellos esa curiosidad que les es innata y abrir espacio a la creatividad que, cuando encuentra estímulo, puede ser infinita.

Comenzó entonces a enviar correos electrónicos a escuelas de distintos lugares del país. Les contaba quiénes eran y las invitaba a sumarse a aquella aventura. Durante bastante tiempo, la respuesta fue el silencio.

Una indiferencia que, lamentablemente, se ha vuelto demasiado frecuente y que solemos justificar con las urgencias de las agendas que nosotros mismos nos imponemos. Así, dejamos muchas veces sin respuesta a quienes nos buscan y perdemos hermosas oportunidades que la vida, en todas sus dimensiones, nos ofrece a diario.

Pero Emiliana insistió. Hasta que finalmente alguien acusó recibo.

Fue el director y maestro, César L. Morinigo de la Escuela Bilingüe N.º 683 Yaká Pa’ú, de la comunidad Mbyá Guaraní Tamanduá, en Misiones, que había leído el mensaje y respondido feliz. Se entusiasmó con la propuesta pero más aún con la oportunidad que se abría para sus alumnos. Lo que quizá pueda parecernos sencillo desde nuestra mirada adulta representaba un enorme y excitante desafío para aquellos niños.

Comenzaba un período de intercambio individual y grupal entre alumnos de cuarto y quinto grado que pertenecían a realidades distintas, que no se conocían y que, probablemente, jamás hubieran entrado en contacto de no haber sido por la iniciativa de sus maestros. Debían empezar a hablarse. Y para hacerlo había que dedicar tiempo a escribir de puño y letra, animarse a preguntar y, sobre todo, a contar, a generar confianza, a abrirse. A vivir la experiencia del “correo”, tan distinta de la inmediatez que hoy proponen las redes sociales. Esperar una respuesta. Imaginar su recorrido. Sentir la emoción de recibirla. Abrir un sobre y descubrir qué tenía para decir aquel chico o aquella chica que vivía a más de mil kilómetros de distancia. Una práctica que fuimos perdiendo a medida que la tecnología comenzó a ocupar cada vez más espacio en nuestras vidas.

Fue entonces cuando apareció esa extraordinaria virtud de los niños: la pureza y la franqueza con las que son capaces de acercarse a los demás. Así comenzaron a tender un puente de doble vía. Preguntarse los nombres. Contarse cómo era el lugar en donde vivían cada uno. Saber qué comidas disfrutaban aquí y allá, a qué jugaban, cómo eran sus escuelas, qué materias les gustaban y cuáles les resultaban difíciles. Cómo estaban conformadas sus familias. Sobre los nombres y sus significados. Cuáles eran sus sueños.

También descubrir cómo se llaman las mismas cosas en idiomas diferentes.

En definitiva, reconocerse. Descubrir qué tienen de distinto y cuánto compartían. Pero, fundamentalmente, aprender a incorporar lo desconocido como una ganancia y no como una amenaza.

Después de la timidez inicial llegaron meses de conversaciones, mensajes e intercambios. Y también pequeños regalos junto a las cartas: una pulsera, un dibujo, una fotografía. Objetos sencillos que conseguían arrancar sonrisas, hacían abrir grandes los ojos y aceleraban los corazones cada vez que llegaba algo desde aquel lugar lejano que, poco a poco, comenzaba a sentirse cercano.

Hasta que un día surgió entre los alumnos de Labardén una idea: escribir un cuento sobre una niña mbya y regalárselo a sus nuevos amigos.

El relato comenzó a construirse a partir de todo lo que habían aprendido. De aquello que tantos mensajes les habían contado. De las preguntas, las respuestas, la imaginación y el descubrimiento mutuo. Y aquel cuento terminó convertido en un libro: “El mundo de Araí”, que el maestro auxiliar indígena Rafael Chamorro tradujo a lengua guaraní.

Así, abrir horizontes significó entonces mucho más que vincularse con otros chicos. Fue profundizar el sentido mismo de educar.

Despertó el placer por la escritura, la curiosidad por la lectura y, sobre todo, la sed de saber. Y además dejó una enseñanza irremplazable que trasciende a cualquier materia escolar: acercarse, escuchar y comprender es una extraordinaria manera de derribar prejuicios y construir convivencia.

Viajar a Labardén y compartir un tiempo con aquellos alumnos fue para nosotros un momento inolvidable. Son iniciativas que inspiran. Que vale la pena conocer, difundir e imitar.

Ahora queda un nuevo desafío: lograr que quienes durante tantos meses aprendieron a vincularse a través de palabras, dibujos y pequeños gestos puedan finalmente encontrarse, mirarse a los ojos y abrazarse.

Será, estoy seguro, un momento profundamente movilizador.

Una de las frases más repetidas por quienes dejan una empresa para iniciar una actividad independiente es: “Ahora soy mi propio jefe”. La expresión transmite libertad. No hay horarios impuestos, pedidos de autorización, evaluaciones de desempeño ni decisiones tomadas por otros. Uno puede elegir cómo organizar su tiempo, con quién trabajar y qué proyectos aceptar. Pero esa libertad también puede esconder una dificultad. Al convertirse en su propio jefe, uno puede terminar ejerciendo ese rol con una indulgencia que difícilmente admitiría en una organización ajena.

Tolera sus propios incumplimientos. Posterga decisiones. Cambia prioridades según el estado de ánimo. Confunde flexibilidad con falta de método. Acepta explicaciones que probablemente no consideraría suficientes si provinieran de un colaborador.

Quizás convenga invertir la frase. En lugar de decir “soy mi propio jefe”, podríamos probar con otra definición: “soy mi propio empleado”. El cambio parece pequeño, pero produce consecuencias concretas.

Un empleado tiene obligaciones

Cuando uno trabaja para una organización, sabe que existen responsabilidades que debe cumplir más allá de las ganas de ese día. Hay que responder mensajes, llegar a horario, preparar reuniones, completar informes, atender clientes y entregar resultados.

Cuando se trabaja por cuenta propia, esas mismas tareas pueden perder firmeza. Como no existe una autoridad externa que las exija, quedan sometidas a la voluntad del momento. Pensarse como empleado del propio negocio obliga a recuperar una pregunta básica:

¿Qué espera esta actividad de mí?

Un electricista puede ser excelente resolviendo problemas técnicos, pero demorar días en responder presupuestos. Una diseñadora de indumentaria puede dedicar toda su energía a crear una colección y postergar el cálculo de costos, la gestión de proveedores o la cobranza. El dueño de un pequeño comercio puede atender muy bien al público, pero no controlar el inventario ni revisar qué productos le dejan margen. Como jefe, uno puede perdonarse esas demoras.

Al convertirse en su propio jefe, uno puede terminar ejerciendo ese rol con una indulgencia que difícilmente admitiría en una organización ajena

Como empleado responsable, debería comprender que esas tareas también forman parte de su trabajo. El negocio necesita algo más que talento

Muchos emprendimientos nacen de una capacidad personal.

Un arquitecto sabe diseñar. Una pastelera sabe cocinar. Un fotógrafo sabe producir buenas imágenes. Una psicóloga sabe atender pacientes. Un mecánico sabe reparar vehículos. Una profesora sabe enseñar.

Pero el negocio no funciona solamente con la habilidad principal.

También necesita administración, seguimiento, comunicación, ventas, planificación, control de gastos y cuidado de los clientes. Quien trabaja por cuenta propia suele dedicar la mayor parte del tiempo a aquello que sabe hacer y postergar lo que permite convertir esa capacidad en una actividad sostenible.

Pensarse como empleado ayuda a identificar el puesto completo.

No alcanza con decir: “soy fotógrafo”. También puede ser necesario reconocer: “Soy responsable de tomar fotografías, conseguir clientes, enviar presupuestos, ordenar el archivo, cobrar los trabajos y mantener los equipos”.

Algunas personas trabajan mucho menos de lo que el negocio necesita. Otras trabajan permanentemente, sin descanso ni desconexión

No alcanza con decir: “Tengo una panadería”. También hay que comprar insumos, controlar vencimientos, calcular precios, organizar turnos, revisar la caja y mantener la calidad. Algunas funciones podrán delegarse. Pero mientras no estén delegadas, alguien debe cumplirlas. Y ese alguien es uno mismo. El horario también protege

Una de las ventajas del trabajo independiente es la posibilidad de manejar el tiempo. Sin embargo, cuando no existen límites claros, pueden aparecer dos problemas distintos. Algunas personas trabajan mucho menos de lo que el negocio necesita. Otras trabajan permanentemente, sin descanso ni desconexión.

En ambos casos falta una estructura. Un empleado tiene una jornada, objetivos y momentos de pausa. Aplicar esos criterios a la propia actividad no significa perder libertad, sino darle un marco. Una odontóloga puede decidir atender cuatro días por semana y reservar una mañana para administración, compras y seguimiento de pacientes. Un carpintero puede establecer dos bloques semanales para preparar presupuestos y organizar entregas.

La dueña de un local de ropa puede fijar un momento concreto para revisar ventas, mercadería y pagos, en lugar de ocuparse solamente cuando aparece un problema.

La autonomía no requiere improvisación permanente. Puede incluir horarios flexibles, siempre que existan metas, entregas y criterios de cumplimiento.

Evaluarse sin castigarse.

El autor es director de CAPS Consultores y director del Programa de Empresas Familiares de Universidad Torcuato Di Tella

En la economía cotidiana de los hogares argentinos, llegar a fin de mes sin haber separado dinero puede responder a dos causas muy distintas: ingresos que no alcanzan para cubrir gastos esenciales y falta de planificación cuando sí existe un margen disponible. Confundir ambas situaciones lleva a diagnósticos incompletos.

En septiembre de 2026, el INDEC registró una inflación del 1,9% mensual. La canasta básica total aumentó 1,7% ese mes y 38,7% frente a un año atrás. Para una familia de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires, alcanzó los $1.632.505. Se trata de un umbral estadístico de pobreza, no de una estimación universal de cuánto gasta cada hogar, pero permite dimensionar la presión sobre los presupuestos familiares.

Es importante entender que no siempre la falta de ahorro responde a una mala administración financiera, pero en muchos casos sí.

En los hogares que sí disponen de un excedente, el obstáculo puede ser diferente: no asignar un destino al dinero antes de empezar a gastarlo. Uno de los errores más frecuentes es considerar el ahorro como aquello que queda después de pagar todos los gastos del mes. El problema es que, cuando no existe una planificación, el dinero suele distribuirse entre obligaciones, consumos cotidianos y pequeños gastos que muchas veces pasan inadvertidos.

También existe una tendencia a incrementar el nivel de consumo cuando aumentan los ingresos. Una persona puede empezar a ganar más, pero si sus gastos crecen al mismo ritmo, su capacidad de ahorro sigue siendo prácticamente la misma.

Los medios de pago digitales y las cuotas facilitan las operaciones cotidianas, aunque pueden dificultar la percepción del gasto acumulado si no se registra cada compromiso. Según el Informe de Inclusión Financiera del BCRA, a diciembre de 2025 había 20,3 millones de personas con financiamiento, equivalentes al 54,7% de la población adulta. Esa cifra no indica por sí misma sobreendeudamiento, pero vuelve relevante analizar cuánto ingreso futuro está comprometido.

Los principales obstáculos suelen estar relacionados con los consumos impulsivos, la falta de registro de gastos y la utilización del crédito sin una planificación adecuada.

También están los conocidos gastos hormiga: pequeñas compras cotidianas que, individualmente, parecen insignificantes, pero que acumuladas pueden representar una suma importante.

En ese escenario, revisar los gastos tiene sentido cuando permite distinguir lo esencial de lo prescindible, sin responsabilizar por igual a hogares con posibilidades económicas diferentes. Registrar los gastos, revisar las suscripciones, planificar las compras y establecer un presupuesto para consumos personales son medidas sencillas que pueden ayudarnos a recuperar el control.

La discusión también incluye el lugar que ocupa el ahorro en el presupuesto. La estrategia más efectiva es sistematizar el ahorro. Esto significa convertirlo en una acción automática y recurrente, en lugar de una decisión que debemos tomar nuevamente todos los meses. Podemos comenzar con un 5%, un 10% o el porcentaje que nuestra situación económica nos permita sostener. No existe un porcentaje universal que funcione para todas las personas, y tampoco debemos forzar un ahorro que comprometa nuestras necesidades esenciales.

La continuidad depende, además, de la finalidad. No es lo mismo ahorrar para realizar un viaje dentro de seis meses que para comprar una vivienda dentro de cinco años o construir un capital que complemente nuestros ingresos durante el retiro. Cada objetivo necesita una estrategia diferente, considerando el tiempo disponible, el monto que queremos alcanzar y nuestra capacidad económica.

El ahorro invisible no es, entonces, un único problema. A veces es el resultado de ingresos insuficientes; otras, de consumos difíciles de identificar o de decisiones que se postergan. No se trata de administrar perfectamente cada peso, sino de aprender a tomar mejores decisiones con los recursos que tenemos disponibles.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que Robert E. Hall, de Stanford, y Michael Woodford, de Columbia, compartirán el Premio Nobel de Economía “por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. Es un premio merecido. Cuando las recetas keynesianas de los 70’ prometieron menos desempleo y dieron más inflación, ambos ayudaron a reconstruir la macroeconomía a partir de cómo deciden las familias y las empresas.

Sin embargo, el premio deja afuera la idea de Hall que más hizo por los pagadores de impuestos de todo el mundo. En diciembre de 1981, junto a su colega de la Hoover Institution Alvin Rabushka, publicó en The Wall Street Journal una propuesta que sonaba casi ingenua: gravar todos los ingresos una sola vez, a una tasa única y baja. Luego la convirtieron en el libro The Flat Tax. La tasa era del 19% y la declaración jurada debería caber en una postal.

Recién tras la caída del comunismo la idea encontró su hogar. Estonia adoptó una tasa única en 1994; le siguieron Rusia en 2001, Eslovaquia en 2004 y Georgia en 2005. Argentina demostró en los últimos años que el orden fiscal es posible. Pero equilibrar las cuentas dice poco sobre cómo se llenan. Entre Nación, provincias y municipios, los argentinos enfrentan más de 150 tributos. La evasión en Ganancias ronda el 50%, y lo que se pierde equivale a entre 4 y 5 puntos del PBI por año.

Quien hoy abre un pequeño negocio necesita un contador antes que un cliente. Su competidor grande paga especialistas para recorrer el laberinto; el informal directamente lo ignora. Como dice mi colega Marianela Mendoza, “la complejidad tributaria castiga al que produce y subsidia al evasor”.

Hall y Rabushka, edición argentina

Desde la Fundación Internacional Bases y Somos Innovación venimos trabajando en un impuesto de tasa única para la Argentina. Nuestro policy paper, encabezado por el economista Horacio Arana junto a Marianela Mendoza, adapta el modelo Hall-Rabushka a un país federal:

• Una tasa única del 15 por ciento para personas y empresas.
• Los ingresos tributan una sola vez, en la fuente, sin doble imposición sobre el ahorro y la inversión.
• Deducción total de la inversión en el año en que se realiza.
• Tasas municipales limitadas a servicios efectivamente prestados.

Lo que Argentina puede ganar

Primero, más recaudación con una tasa más baja. Cuando la alícuota es baja y las reglas entran en una página, evadir deja de ser negocio. Si la Argentina igualara la evasión de Chile, cercana al 25 por ciento, recuperaría entre 2 y 2,5 puntos del PBI por año: más o menos lo que hoy se destina a infraestructura. Sin subir un solo impuesto.

Segundo, inversión. A la Argentina no le falta talento, ni tierra, ni energía. Le falta capital, y el capital es famosamente asustadizo frente a códigos tributarios que necesitan un abogado para ser leídos.

Tercero, equidad: la misma regla para todos, sin regímenes especiales negociados en algún pasillo ministerial. Los once países que analizamos muestran el mismo patrón: más simplicidad, mejor recaudación, menos evasión, más inversión extranjera. Georgia, por ejemplo, cuadruplicó su recaudación. Estonia aumentó su recaudación bajando la alícuota.

¿No es esto un regalo para los ricos? Hall y Rabushka escucharon la objeción más de mil veces, y su respuesta sigue en pie. Los ricos son justamente quienes pueden pagar los agujeros de un código complicado; el almacenero de Rosario, no. Una alícuota alta que la mitad no paga es progresiva solamente en los papeles.

Este es un premio que vale la pena honrar. La Academia Sueca premió a Hall por enseñarles a los bancos centrales cómo estabilizar una economía. La Argentina podría homenajearlo de una manera más práctica: adoptando la idea que él y Rabushka pusieron en una postal hace 45 años. Las medallas están bien. Las reformas, mejor.

La estadística es como la bikini: lo que muestra es importante, pero lo que esconde es fundamental. Más allá de lo gracioso de la frase, esconde una gran verdad, especialmente en el mercado inmobiliario.

Hoy, el valor promedio de publicación del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires ronda los USD 2.500. Sin embargo, si uno sale a buscar propiedades en los barrios más demandados, difícilmente encontrará buenas oportunidades a ese precio.

En Puerto Madero, el metro cuadrado ronda los USD 6.000; en Núñez, USD 3.500; en Saavedra y Palermo, USD 3.000; y en Recoleta, USD 2.700.

¿Qué sucede entonces? El promedio de Buenos Aires contempla sus 48 barrios, incluyendo zonas como Villa Lugano, Villa Riachuelo, La Boca o Nueva Pompeya, donde los valores son considerablemente menores.

Un inversor que toma como referencia los USD 2.500 de promedio puede pensar que una propiedad en Núñez a USD 3.500 está cara. Pero también podría creer que está haciendo un gran negocio comprando en Lugano a USD 1.500, cuando quizás el promedio de esa zona ronda los USD 1.200.

El error está en comparar propiedades que pertenecen a mercados completamente distintos.

En el mercado inmobiliario, el análisis debe hacerse por barrio, idealmente por manzana y, mejor todavía, por edificio. Incluso dentro de un mismo edificio, dos departamentos pueden tener valores diferentes según el piso, la orientación, la distribución o las vistas.

A diferencia del mercado de capitales, donde una misma acción tiene una cotización observable, en el mercado inmobiliario no existen dos departamentos exactamente iguales.

¿Es realmente más caro comprar en pozo que comprar un departamento terminado? Acá aparece otra distorsión estadística.

Muchas veces escuchamos que el metro cuadrado en pozo ronda los USD 3.100, mientras que el usado promedia USD 2.200. La conclusión inmediata es que conviene comprar usado. Pero esa comparación es engañosa.

Actualmente, desarrollar un edificio en Buenos Aires puede representar un costo cercano a los USD 2.800 por metro cuadrado, considerando tierra, construcción e impuestos, con variaciones importantes según el proyecto.

Con estos costos, los desarrolladores tendemos a concentrarnos en barrios de mayor poder adquisitivo, como Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Saavedra y Puerto Madero, donde los valores de venta permiten absorber los costos y obtener rentabilidad.

En cambio, el mercado de departamentos usados abarca los 48 barrios porteños, incluyendo aquellos donde prácticamente no resulta rentable desarrollar edificios nuevos.

Por eso, comparar el promedio del pozo con el promedio del usado de toda la ciudad es comparar peras con manzanas.

Tomemos Núñez como ejemplo, uno de los barrios con mayor actividad de construcción. Allí, el valor de publicación de los departamentos ronda los USD 3.500 a USD 3.600 por metro cuadrado, mientras que es posible encontrar proyectos en pozo alrededor de los USD 3.000.

Es decir, comprar en pozo puede representar un descuento cercano al 15% o 20% respecto de una propiedad terminada comparable, a cambio de asumir el plazo de obra y los riesgos propios de la construcción.

Por supuesto, esto no significa que cualquier departamento en pozo sea una buena inversión ni que siempre resulte más barato. Cada operación debe analizarse individualmente.

La conclusión es sencilla: en real estate no alcanza con conocer el precio promedio del metro cuadrado. Hay que entender qué propiedades integran ese promedio y cuáles son realmente comparables con la que estamos evaluando.

Porque una estadística puede ser correcta y, al mismo tiempo, llevarnos a una conclusión completamente equivocada.

Y ahí volvemos al principio: la estadística es como la bikini. Lo que muestra es importante, pero lo que esconde es fundamental, como la bikini. Lo que muestra es importante, pero lo que esconde es fundamental.

Un mineral puede ser estratégico para la economía y exigir, al mismo tiempo, una evaluación rigurosa de las condiciones en que será aprovechado. Detrás de cada proyecto hay trabajadores, familias, fuentes de agua y un territorio que seguirá allí después de la explotación. Cuando hablamos de minerales críticos, la protección de esas personas y de ese ambiente debe formar parte de la conversación desde el comienzo.

Hay un aspecto que merece mayor atención pública: los materiales radiactivos de origen natural, conocidos por la sigla NORM. Algunos minerales y materiales asociados contienen radionucleidos que pueden cambiar de distribución o concentrarse durante las operaciones. La pregunta es qué exposición pueden producir y qué medidas corresponden para controlarla. Para responder necesitamos caracterización, mediciones y reglas específicas.

Ser crítico no vuelve radiactivo a un mineral. Tampoco la presencia de radiactividad natural demuestra que un proyecto sea inseguro. Cada yacimiento, proceso y residuo requiere una evaluación acorde con sus características. Esa distinción permite proteger la salud con evidencia y ofrecer información que las personas puedan comprender y contrastar.

El radón ayuda a entender por qué importa esta tarea. Es un gas radiactivo natural que puede liberarse del terreno y acumularse en ciertos espacios cerrados. No tiene olor ni color. Sus descendientes radiactivos pueden inhalarse y depositarse en las vías respiratorias. La Organización Mundial de la Salud reconoce su relación causal con el cáncer de pulmón; el tabaquismo aumenta considerablemente el riesgo asociado a la exposición.

El hecho de que su origen sea natural no elimina la necesidad de prevenir. Si una actividad tiene condiciones que favorecen la acumulación de radón, corresponde conocer sus concentraciones y la exposición de sus trabajadores. Para el Perú, disponer de información representativa permitirá además dimensionar el problema sanitario. Mientras se construye esa información, las actividades prioritarias pueden identificarse y evaluarse.

La protección comienza con preguntas concretas. ¿Qué radionucleidos contiene el material? ¿Dónde terminan después de procesarlo? ¿Puede generarse polvo que se inhale? ¿Existen ambientes donde se acumule radón? ¿Qué contienen los residuos y cómo se manejarán? Estas respuestas deben influir en el diseño de la operación, la organización del trabajo y las medidas ambientales.

Mi propuesta es que el IPEN acelere, en su función reguladora, el desarrollo de un marco específico sobre NORM que acompañe el aprovechamiento de minerales críticos y otras actividades pertinentes. Debe identificar a los responsables de evaluar, establecer métodos confiables y definir cuándo los resultados obligan a intervenir. La obligación debe continuar hasta comprobar que las medidas funcionan.

La regulación peruana ya contempla la exposición crónica y niveles de actuación para radón. Sobre esa base, corresponde precisar y articular las condiciones aplicables a materiales, procesos y residuos. También necesitamos claridad sobre las responsabilidades de las autoridades. Para una empresa, un trabajador o una comunidad, debe ser posible conocer qué información se exige y quién verifica su cumplimiento.

Las referencias internacionales existen. El OIEA dispone de normas básicas de seguridad y guías para gestionar residuos NORM y proteger a los trabajadores frente al radón. Su enfoque permite graduar las exigencias según la exposición y las características de cada actividad. El Perú puede utilizar ese conocimiento para establecer requisitos propios y desarrollar la capacidad técnica que permita aplicarlos.

En radón, una medición útil necesita representar las condiciones de exposición. Deben definirse ubicación y duración del muestreo, calidad del servicio y criterios para interpretar resultados. Si hacen falta correcciones, pueden incluir medidas de ventilación y otras soluciones de ingeniería, según el diagnóstico. Después debe verificarse su eficacia. Un informe archivado no demuestra por sí mismo que las personas estén protegidas.

La responsabilidad ambiental continúa con los residuos y el cierre. Hay que evaluar las vías por las que los radionucleidos podrían llegar al aire, al agua o al suelo y establecer controles donde correspondan. Las comunidades deben acceder a resultados comprensibles y a información sobre las medidas adoptadas. Esa transparencia debe sostenerse durante las etapas relevantes del proyecto.

El IPEN debe liderar el componente radiológico junto con las autoridades sectoriales, laborales, sanitarias y ambientales. Una agenda pública, con plazos y consulta técnica, permitiría avanzar hacia reglas alineadas con las referencias internacionales. El riesgo de cáncer por radón es una razón concreta para actuar. La oportunidad de los minerales críticos debe encontrarnos preparados para identificar y controlar las exposiciones que puedan acompañar su desarrollo.

Los ciberdelitos acaparan a todas las empresas a nivel global. Un estudio global de WatchGuard realizado en 2026 en 20 países, incluida Argentina, encontró que el 91% de las pymes teme ciberataques impulsados por IA. Para una pequeña empresa, estos ataques pueden tener un gran impacto en su supervivencia. Una encuesta de Mastercard de 2025 reveló que casi una de cada cinco pequeñas empresas que sufrió un ciberataque acabó declarándose en quiebra o cerrando definitivamente. La realidad es que las pymes se enfrentan al mismo nivel de ataques cada vez más sofisticados, pero con menos personal y redes de seguridad más endebles.

Los ciberdelincuentes siguen aprovechándose de los equipos más pequeños que trabajan con presupuestos ajustados y sistemas obsoletos. Las grandes empresas pueden hacer frente a las multas, pagar rescates o invertir en soluciones de IA a medida, pero a las empresas más pequeñas les cuesta más. Por eso, necesitan herramientas que aprovechen al máximo y les ayuden a actuar con mayor rapidez sin aumentar el riesgo.

La IA está omnipresente en el debate sobre la seguridad, pero crear modelos personalizados requiere un gasto y un equipo especiales. La Generación Aumentada por Recuperación, conocida como RAG por sus siglas en inglés, Retrieval-Augmented Generation, ofrece una opción más realista. En lugar de basarse únicamente en el conocimiento que el modelo de lenguaje grande (LLM) adquirió durante su entrenamiento, los sistemas RAG recuperan información de fuentes confiables y verificadas, y solo después generan una respuesta apoyada en esos datos.

Los ciberdelincuentes siguen aprovechándose de los equipos más pequeños que trabajan con presupuestos ajustados y sistemas obsoletos

Hasta hace poco, la RAG era algo con lo que solo las grandes empresas podían permitirse experimentar. Sin embargo, el concepto de RAG como servicio (RAG-as-a-Service) amplió la accesibilidad al ofrecer las mismas capacidades a través de una plataforma SaaS segura y escalable. A su vez, las organizaciones más pequeñas pueden adoptar IA avanzada sin tener que desarrollarla ni gestionarla ellas mismas.

Esto iguala las condiciones. En lugar de lidiar con el ajuste de modelos, los equipos pueden centrarse en aprovechar los conocimientos generados por la IA para reforzar sus defensas y analizar grandes conjuntos de datos de seguridad. Lo mejor de todo es que pueden hacerlo en un entorno que proporciona marcos de seguridad y cumplimiento normativos integrados, algo que resultaría difícil de replicar para equipos más pequeños.

Al igual que con cualquier tecnología de IA, su adopción y uso requieren disciplina y cumplimiento de normas legales. Los proveedores de RAG como servicio deben reflejar las garantías que las pymes esperan de todos los sistemas. En caso de que entre en juego la soberanía de los datos, debe verificarse que los proveedores puedan alojar y procesar los datos en regiones que cumplan con la normativa. Este servicio proporciona acceso a seguridad de nivel empresarial, datos protegidos mediante cifrado y un registro completo de accesos y consultas sin los costes adicionales que supone el desarrollo a medida.

Hasta hace poco, la RAG era algo con lo que solo las grandes empresas podían permitirse experimentar

Asimismo, durante mucho tiempo la ciberseguridad fue un problema abordado de manera desigual. Las grandes empresas cuentan con centros de operaciones de seguridad completos que funcionan las 24 horas del día, mientras que las pymes dependen de equipos sobrecargados que deben compaginar múltiples prioridades. Con la democratización de la RAG, el abanico de posibilidades se agranda. Pequeñas y medianas empresas pueden detectar amenazas rápidamente, cumplir con la normativa con mayor confianza y competir de forma más eficaz, todo ello sin necesidad de una inversión masiva ni de exponerse a riesgos.

Las pymes conforman uno de los motores más importantes en las economías. No solo por el producto o servicio que brindan, sino también por los puestos de empleo que generan. Las nuevas tecnologías utilizadas de manera correcta pueden representar una oportunidad que favorezca al mercado laboral y que nivele el campo de juego. Con herramientas como RAG, las pymes pueden mejorar sus chances de supervivencia y abren las posibilidades de un gran impacto social y económico.

El autor es vicepresidente de Progress Software para América Latina y el Caribe

La posibilidad de un cambio de signo político en Brasil invita a pensar más allá de las coincidencias ideológicas y las fotografías presidenciales. Si esa alternancia se concreta, la Argentina debería promover una iniciativa de largo alcance: una alianza militar formal con nuestro principal socio regional, abierta posteriormente a otros países del Atlántico Sur. Una Organización del Tratado del Atlántico Sur. Una OTAS.

La oportunidad puede ser política, pero su fundamento es geopolítico. En un mundo cada vez más conflictivo, nuestros países necesitan transformar recursos, territorio y capacidades dispersas en poder estratégico compartido. La afinidad entre gobiernos puede facilitar el primer paso. La inteligencia de sus dirigentes deberá asegurar que el proyecto sobreviva a sus mandatos.

Un espacio que otros ya valoran

El Atlántico Sur adquiere una importancia creciente por sus recursos naturales renovables y no renovables, sus reservas energéticas, sus espacios pesqueros y su biodiversidad. A ello se suman los cables submarinos, las rutas comerciales, la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y la proyección antártica. La hidrovía Paraguay-Paraná articula, además, el corazón productivo sudamericano con ese espacio oceánico.

Estas dimensiones integran un mismo sistema estratégico. Los granos, los minerales y la energía necesitan corredores, puertos y comunicaciones seguros. La riqueza del mar exige conocimiento científico, vigilancia y capacidad de protección. La presencia antártica requiere logística sostenida. Tener recursos sin capacidad de defenderlos puede convertir una ventaja económica en una vulnerabilidad.

La OTAN ofrece una enseñanza: la defensa colectiva adquiere credibilidad cuando los compromisos políticos se apoyan en planeamiento permanente, fuerzas capaces de operar juntas y medios disponibles. Una OTAS debería traducir ese principio a nuestras necesidades mediante un tratado, aprobado por los respectivos congresos, que establezca obligaciones de consulta, asistencia y defensa, con alcances claramente definidos.

Su núcleo inicial podría ser argentino-brasileño, con incorporación gradual de socios sudamericanos y africanos interesados. La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur constituye un antecedente diplomático regional que debería ser tenido en cuenta. Preservar esa zona de paz exige también desarrollar capacidades para sostenerla.

Una oportunidad que ya perdimos

En 2022, se impulsó la creación de un Estado Mayor Conjunto Combinado permanente con Brasil. La iniciativa buscaba institucionalizar el planeamiento y dar continuidad a una cooperación militar madura, registrada públicamente en aquel momento.

La falta de coincidencia política entre ambos gobiernos impidió concretarla. Fue una expresión de miopía: subordinar una necesidad estratégica duradera a diferencias ideológicas circunstanciales.

Abundan testimonios de la absoluta empatía profesional y disposición a cooperar entre los militares de ambos países. Existe confianza, conocimiento mutuo y experiencia de trabajo compartido. El desafío consiste en convertir esa relación en una institución permanente.

Brasil identifica su patrimonio marítimo con el concepto de Amazonia Azul. Argentina cuenta con Pampa Azul como iniciativa de investigación y conocimiento del mar. Con alcances diferentes, ambas expresan conciencia del valor estratégico del espacio oceánico. Esa convergencia permite proyectar vigilancia marítima coordinada, intercambio de información y protección de infraestructura crítica.

Las comunicaciones satelitales, el control aeroespacial y de fronteras, la ciberdefensa y el sostenimiento logístico ofrecen otros campos inmediatos de cooperación, conforme a las competencias legales de cada país.

Producir juntos para defender mejor

La alianza tendría también una dimensión industrial. La cooperación de FAdeA con EMBRAER en el programa C-390 demuestra que la integración productiva puede traducirse en empleo calificado y participación en mercados internacionales.

Otro antecedente es el blindado 6x6 VBTP-MR Guaraní, producido en Minas Gerais. La participación industrial cordobesa de IVECO, mediante motores y componentes del chasis, evidencia que esa complementariedad tiene bases materiales.

TANDANOR y el complejo naval de Itaguaí podrían explorar proyectos de mantenimiento, construcción y apoyo logístico. Los desarrollos nucleares, misilísticos y satelitales de ambos países permiten imaginar una agenda ambiciosa, con objetivos verificables.

Esta estrategia contribuiríaa contrarrestar la política británica de acercamiento a nuestros vecinos. Londres fortalece vínculos de defensa con Brasil y Chile y desarrolla acuerdos de cooperación antártica. Comprende que la influencia se construye mediante relaciones persistentes y beneficios concretos.

La Argentina debería ofrecer a sus vecinos una asociación más profunda y conveniente. Los intereses de las naciones pesan más que las declaraciones de simpatía.

El Atlántico Sur tendrá cada vez más protagonistas. Argentina y Brasil deben decidir si organizarán juntos la protección de sus intereses o seguirán adaptándose, por separado, a las decisiones de otros.

En el debate sobre el poder gremial pesquero en el Perú, algunos sostienen que los gremios empresariales ejercen presión política mientras los pescadores artesanales permanecen dispersos. Esa lectura, como la publicada en Revista Pesca («El poder gremial pesquero en el Perú», 18 de octubre de 2026), plantea interrogantes legítimas sobre la influencia de los gremios, pero reconoce que no existe evidencia comparable suficiente para determinar cuál tiene mayor influencia efectiva. Esa admisión obliga a distinguir entre una hipótesis y un hecho demostrado.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han desarrollado estructuras institucionales que les permiten elaborar propuestas técnicas, participar en procesos normativos y sostener una agenda continua. Esa capacidad no constituye, por sí misma, un privilegio ni una señal de captura del Estado. También puede ser el resultado de organizarse, invertir recursos y mantener una representación sectorial. Si se cuestiona la influencia de un gremio, corresponde identificar qué decisiones habría condicionado, mediante qué mecanismos y con qué evidencia. La sospecha no sustituye a la prueba.

Por supuesto, defender intereses empresariales no equivale automáticamente a defender el interés nacional. Pero tampoco permite concluir lo contrario. La legitimidad de las propuestas debe evaluarse según su sustento técnico, sus efectos económicos, la sostenibilidad de los recursos y su compatibilidad con el interés público. El Estado tiene la responsabilidad de examinar esos elementos con independencia, transparencia y criterios verificables, sin confundir la capacidad de interlocución con una influencia indebida.

En el ámbito artesanal, el desafío es diferente. La diversidad de organizaciones sociales de pescadores artesanales (OSPAs) refleja la amplitud territorial y social de esta actividad, pero el número de organizaciones no garantiza, por sí solo, una representación efectiva ni una mayor capacidad de negociación. La fragmentación puede dificultar la construcción de agendas comunes, la continuidad institucional y el seguimiento de las propuestas. Fortalecer la organización, la rendición de cuentas y la coordinación entre las bases es una tarea que corresponde asumir a sus propios representantes, con el acompañamiento que pueda brindar el Estado.

La defensa de la pesca formal no admite una división artificial entre industria y pesca artesanal. Ambas forman parte de una actividad estratégica para el país, generan empleo y sostienen economías que dependen del aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Sus escalas, necesidades y capacidades son diferentes, pero eso no convierte sus intereses en necesariamente incompatibles. El desafío es fortalecer a ambos sectores, promover su formalización y asegurar que puedan desarrollarse dentro de reglas claras, con seguridad jurídica, sostenibilidad y oportunidades reales de participación.

La experiencia de los gremios empresariales ofrece una referencia útil: construir instituciones requiere recursos, compromiso y continuidad. Una organización necesita financiar sus actividades, contar con canales de comunicación y sostener propuestas más allá de una coyuntura. La representación no se consolida únicamente reclamando atención; también exige capacidad para organizarse, formular alternativas y rendir cuentas a quienes se representa. Esta reflexión no desconoce las limitaciones económicas de muchos pescadores artesanales, sino que identifica una dimensión institucional que merece atención.

La industria pesquera formal también debe ser evaluada por su contribución económica. Un estudio de Apoyo Consultoría elaborado para la SNP estimó que esta actividad aportó más de S/ 25.000 millones a la economía peruana durante 2025, equivalentes al 2,1 % del PBI, al incluir efectos directos, indirectos e inducidos. Asimismo, calculó que por cada S/ 100 de producción directa se generaban S/ 80 adicionales en otros sectores. Estas estimaciones permiten dimensionar su efecto sobre proveedores, transporte y consumo de los trabajadores. No convierten automáticamente en legítima cualquier propuesta empresarial, pero tampoco corresponde ignorar esa contribución al evaluar el papel de la industria en el país.

La discusión no debería reducirse a contraponer poder económico y representación social. Ambos son elementos relevantes, pero ninguno demuestra, por sí solo, la calidad de una propuesta ni la legitimidad de quien la formula. Si se sostiene que determinados intereses privados condicionan las decisiones públicas, corresponde mostrar qué propuestas fueron incorporadas, qué decisiones se adoptaron y qué fundamentos las respaldaron. Del mismo modo, si se cuestiona la dispersión artesanal, corresponde examinar qué mecanismos permitirían convertir su representación territorial en una participación institucional más articulada.

El poder gremial no se mide únicamente por el acceso al Gobierno ni por la cantidad de organizaciones existentes. Se expresa en la capacidad de formular propuestas, sostenerlas con evidencia y contribuir a decisiones que puedan evaluarse por sus resultados. La industria formal cuenta con estructuras que facilitan ese trabajo; las organizaciones artesanales también pueden fortalecer las suyas mediante coordinación, transparencia y participación efectiva.

La pregunta de fondo no es si los gremios empresariales deben tener voz ni si las organizaciones artesanales merecen ser escuchadas. Ambas cuestiones tienen respuesta afirmativa. La cuestión es cómo garantizar que las decisiones pesqueras se sustenten en evidencia, respondan al interés público y sean transparentes. Para avanzar en esa dirección, hace falta exigir pruebas cuando se denuncia una influencia indebida y promover responsabilidad institucional cuando se reclama una representación más sólida. La organización no garantiza la razón, pero la falta de organización puede dificultar que una posición legítima sea escuchada.

La semana pasada estuve conversando con los socios de las áreas corporativa y laboral sobre un cliente que estaba solicitando una actualización de la descripción de puestos de sus trabajadores y de sus facultades legales (régimen de poderes), dado que había implementado un nuevo organigrama interno. Conversando sobre las posibles implicancias fiscales del régimen de poderes y de los perfiles de puesto, les comenté el tema de la responsabilidad solidaria en el ámbito tributario.

La posibilidad de que una persona pague con su propio patrimonio la deuda tributaria de un tercero es un tema que viene siendo revisado por la SUNAT y el Tribunal Fiscal en diversos casos, habiéndose llegado a imputar la responsabilidad a los representantes legales de diversas empresas.

Recordemos que a finales del 2024 la SUNAT publicó una nota de prensa informando que había “…notificado Resoluciones Coactivas a 22 mil empresas -de los sectores de comercio, servicios y manufactura-, requiriendo el pago de la deuda tributaria e informando sobre el inicio de la evaluación del Procedimiento de Atribución de Responsabilidad Solidaria” a sus representantes legales.

Para efectos del presente artículo mencionaremos los requisitos para la imputación de la responsabilidad solidaria a los representantes legales y qué deberían considerar las empresas al momento de determinar sus perfiles de puesto y el régimen de poderes de sus colaboradores.

¿Cuándo responde un representante legal con sus propios bienes?

De acuerdo con el Código Tributario, los representantes legales deben pagar los tributos de sus representadas con los recursos que administran o disponen. En caso no se cumpla con ello y de mediar dolo, negligencia grave o abuso de facultades, los representantes legales califican como responsables solidarios para el pago de dicha deuda, debiendo cancelarlas con sus propios patrimonios.

En este contexto, el Tribunal Fiscal ha señalado reiteradamente que para que un representante legal sea válidamente imputado como responsable solidario debe:

• Tener la condición de representante legal en los periodos fiscalizados por la SUNAT.
• Haber estado encargado o haber participado en la determinación y pago de tributos por tales periodos.
• Haber actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades en la omisión del pago de la deuda tributaria.

Aquí es donde se conecta el tema fiscal con la solicitud del cliente: no sólo basta tener la condición de representante legal, sino que además debe tener facultades y poderes vinculados con la determinación, supervisión o pago de los impuestos. Esto queda en evidencia de la revisión de la descripción de puestos y del régimen de poderes de los colaboradores.

El caso del Gerente General vs el Presidente del Directorio

Según la Ley General de Sociedades, el gerente general es responsable por la existencia, regularidad y veracidad de los libros y registros de contabilidad y está a cargo de la administración ordinaria de la sociedad, lo cual incluye el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con el Tribunal Fiscal.

Pensemos por un momento en un gerente general que otorga diversos pagos a los accionistas, señalando como fundamento la prestación de diversos servicios que no lograron acreditarse. En ese caso, mediante la Resolución N° 00849-5-2022, el Tribunal Fiscal indicó que el gerente general tuvo conciencia, voluntad e intención de dejar de pagar impuestos al deducir los pagos a los accionistas. En ese sentido confirmó la atribución de responsabilidad solidaria, por lo que el gerente general fue declarado responsable de pagar con su patrimonio la deuda de la empresa.

Ahora bien, más allá de la definición legal de las obligaciones y responsabilidades del gerente general, en la práctica muchos de ellos se enfocan en el negocio de su representada y dejan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los colaboradores que realizan directamente la determinación y pago de los impuestos.

Por ello, es muy importante delimitar específicamente la descripción de los puestos y las facultades delegadas a los colaboradores. Así se evita que la atracción de talentos se vea limitada por una estructura interna que perjudica a un buen gerente general enfocado en el core del negocio.

Por ejemplo, en la Resolución N° 0521-8-2024, el Tribunal Fiscal dejó sin efecto la atribución de responsabilidad solidaria al presidente del directorio de una empresa, pues dicho cargo no tenía la facultad ni la obligación de determinar y pagar los impuestos, los cuales recaían según los estatutos y poderes de la empresa en el gerente general.

Recomendaciones prácticas para la gestión corporativa

En este contexto, es recomendable que, al momento de diseñar la descripción de puestos de sus trabajadores y el régimen de poderes, se considere lo siguiente:

Delimitar la cadena de responsabilidad: Definir claramente la cadena de responsables de la determinación y pago de impuestos, precisando qué cargos están involucrados en dicha cadena (asistente tributario, jefe tributario y CFO, por ejemplo).

Implementar y actualizar controles internos: Diseñar, implementar y actualizar periódicamente los controles internos vinculados a la liquidación de los impuestos.

Documentar el criterio fiscal: Documentar las decisiones sobre el tratamiento tributario de las operaciones materiales, basándose en los pronunciamientos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal.

Hay alimentos que forman parte de nuestra vida cotidiana de una manera tan natural que pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que hay detrás de ellos. El pan es, quizás, uno de los mejores ejemplos. Está presente en distintas culturas, en diferentes momentos del día y en mesas muy diversas. Y, aunque hoy podamos encontrarlo en innumerables formas y variedades, su historia comenzó hace miles de años.

Desde entonces, el pan no dejó de cambiar. Cambiaron los cereales, las recetas, las técnicas de elaboración y también las maneras de producirlo y consumirlo. Pero hay algo que permaneció: su capacidad de convertir un recurso básico en un alimento versátil y accesible.

Como nutricionista, creo que esa capacidad de adaptación es especialmente interesante cuando pensamos en el presente. Porque la alimentación también cambió y, con ella, nuestras necesidades y los desafíos nutricionales que tenemos por delante.

La evolución del pan también habla de la evolución de la tecnología y del conocimiento

En este contexto, los alimentos que ya forman parte de nuestros hábitos cotidianos pueden tener un rol importante. Los panes integrales o elaborados con granos enteros, por ejemplo, como fuente de fibra, mientras que aquellos elaborados con harinas enriquecidas o fortificadas contribuyen al aporte de nutrientes como hierro, ácido fólico y vitaminas del grupo B.

Esto no demuestra que exista un único pan ideal ni que un alimento, por sí solo, pueda resolver las necesidades nutricionales de una persona. Significa, en cambio, que tenemos una oportunidad: aprovechar alimentos habituales para mejorar la calidad nutricional de nuestra alimentación cotidiana.

La evolución del pan también habla de la evolución de la tecnología y del conocimiento. Hoy contamos con nuevas variedades de trigo, mejores procesos de fermentación y herramientas que permiten trabajar sobre las características nutricionales de los productos. La innovación, en este sentido, no necesariamente implica dejar atrás lo conocido. Muchas veces significa tomar algo que ya funciona y encontrar nuevas formas de hacerlo mejor.

El pan cambió de forma, de cereal y de tecnología. Lo que no cambió fue su capacidad de convertir un recurso básico en alimento

En Argentina, además, hablar de pan es hablar de trigo y de una cadena productiva que conecta las semillas con el campo, los molinos, la industria y las panaderías. La investigación sobre nuevas variedades de trigo y la incorporación de tecnología a lo largo de esa cadena muestran que la transformación de este alimento continúa.

Después de más de 14.000 años, entonces, quizás la principal lección que nos deja la historia del pan es que su vigencia no está en haber permanecido igual. Todo lo contrario: sobrevivió y se mantuvo presente porque supo transformarse.

Y esa capacidad de adaptación sigue siendo relevante hoy. En un contexto en el que buscamos alimentos que, además de ser parte de nuestras costumbres, puedan acompañar una alimentación nutricionalmente adecuada, el desafío está en innovar sin perder de vista aquello que hizo del pan un alimento tan universal: su accesibilidad, su versatilidad y su lugar en la vida cotidiana.

El pan cambió de forma, de cereal y de tecnología. Lo que no cambió fue su capacidad de convertir un recurso básico en alimento. Quizás su próxima transformación consista justamente en aprovechar todo lo que hoy sabemos para que ese alimento de todos los días también pueda contribuir cada vez más a nuestras necesidades nutricionales.

La autora es licenciada en Nutrición en colaboración con Grupo Bimbo (M.N. 10.994)

Durante los quince años anteriores a la guerra de 1982, las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur atravesaron una etapa diplomática capaz de producir alternativas concretas hacia una solución definitiva. A partir de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), adoptada sin ningún voto en contra, los archivos diplomáticos muestran que Argentina y el Reino Unido mantuvieron sucesivas negociaciones en las que llegaron a considerar un abanico de fórmulas desde la formal transferencia de la soberanía, condominio, administración conjunta y hasta un mecanismo de retroarriendo de las islas.

El Memorándum de Entendimiento de 1968 presentado por el Reino Unido reconocía implícitamente la soberanía argentina sobre las Islas y, como contrapartida a fijar fecha para la transferencia, salvaguardias argentinas sobre los intereses de los isleños. Pese a que Londres adujo dificultas de orden político interno para interrumpir su implementación, fue el antecedente que enmarcó el proceso que a partir de 1971 se concentró en medidas prácticas tendientes a favorecer las comunicaciones, los servicios y los vínculos entre las Islas y el continente como puente constructivo hacia una solución.

En 1973, AGNU aprobó la Resolución 3160, que instó a acelerar las negociaciones. Sobre esta base, en junio de 1974, el Reino Unido propuso un plan de soberanía y administración compartida (condominio) como paso previo a una solución definitiva de la disputa. La idea de fondo era inédita, al plantear que ambos países ejerciesen conjuntamente la autoridad sobre las islas. Pese a que el presidente Juan D. Perón aceptó el plan británico sin alteración alguna, tras su fallecimiento Argentina agregó enmiendas que fueron rechazas por Londres.

A partir de 1975 volvió a circular la noción de condominio o administración conjunta, sin mayor éxito y afectada por una misión encabezada por Lord Shackleton en enero 1976, sin consentimiento argentino, para estudiar las posibilidades de desarrollo de las Islas que incluía estudios geológicos. Sin embargo, en 1977 se vuelve a restablecer un marco formal para negociar “futuras relaciones políticas incluyendo la soberanía” y la cooperación económica.

En 1980, Londres promovió un cambio de enfoque que consistía en la transferencia de soberanía de las Islas a la Argentina, acompañada por un arrendamiento de largo plazo de los archipiélagos al Reino Unido. La fórmula suele conocerse como leaseback o retroarriendo. Buenos Aires mostro interés y las conversaciones se concentraron en la duración del arrendamiento. La propuesta tampoco prosperó, pese a que Londres había sugerido que las conversaciones fueran secretas para evitar la interferencia de los intereses de la principal empresa isleña que había condicionado las negociaciones anteriores.

Entre 1981 y 1982, el “animus concilliandi” se fue diluyendo. A tal punto que en 1981 Londres propugnó congelar la cuestión de la soberanía y la Argentina. En febrero de 1982, en Nueva York, planteó crear una Comisión Permanente de Negociación para dar continuidad e institucionalidad al dialogo diplomático que se estaba desvaneciendo. Pero las cartas ya estaban echadas y fueron clausurando las perspectivas de una solución pacífica.

Es de lamentar que a más de cuatro décadas del fin de la guerra el Reino Unido siga obstinado en desconocer los esfuerzos diplomáticos del pasado. En particular cuando fue el partido laborista en tiempos de Harold Wilson el que contempló fórmulas concretas de reconocimiento y transferencia de la soberanía de las Islas Malvinas a la Argentina. La negativa a honrar el camino diplomático recorrido y la decisión de avanzar en actos unilaterales no hacen más que profundizar una situación de tensión e injusticia en el Atlántico Sur. Es hora de que la diplomacia vuelva a ocupar el lugar de privilegio que la guerra alguna vez desplazó.

¿A cuántos de los diputados que votamos conocemos? Podemos identificar a quien encabeza una lista, quizás también a quienes lo acompañan en los primeros lugares. Sin embargo, hoy en día nuestro voto puede hacer que ingresen personas que no conocemos. Que no tienen propuestas, ni capacidad, ni trayectoria.

Esto tiene bastante que ver con la forma en que elegimos, porque en la Argentina los partidos presentan una lista de diputados con un orden definido, es decir, una lista cerrada. Por eso la gente vota por las listas sin poder modificarlas. Podemos estar de acuerdo con una candidata que aparece décima, pero para que llegue al Congreso primero tienen que entrar las nueve personas que tiene delante.

El lugar en la lista se vuelve entonces un recurso de enorme valor y quien lo asigna, generalmente el gobernador de su provincia, tiene una influencia decisiva sobre las posibilidades de cada candidato. Si queremos que los diputados respondan más a los intereses de la ciudadanía, cabe preguntarnos qué podemos cambiar para que llegar a una banca dependa más de ella.

Una alternativa son las listas abiertas, como las que utiliza Brasil para elegir diputados. Ahí, el ciudadano puede votar por un candidato o por una agrupación. Los votos que recibe cada candidato también suman al total de su partido o federación, que determina cuántas bancas obtiene. Dentro de esa fuerza, ingresan los candidatos con más votos personales, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Para entenderlo con un ejemplo simplificado: si un partido consigue cuatro bancas, las ocupan sus cuatro candidatos más votados de la boleta. El ciudadano elige una propuesta política y, al mismo tiempo, a la persona que quiere que lo represente.

La Argentina podría incorporar este mecanismo manteniendo la distribución proporcional de bancas entre las agrupaciones y la elección por distritos. Cada fuerza presentaría sus candidatos y el elector podría marcar a quien prefiera. Los votos definirían tanto el resultado del partido como el orden de ingreso de sus integrantes.

Esto podría cambiar la relación entre candidatos y votantes, porque una persona con trabajo en su comunidad tendría la posibilidad de competir por el respaldo ciudadano aunque no fuera la preferida de la conducción partidaria. Un diputado que quisiera renovar su banca necesitaría construir apoyo a partir de lo que hizo durante su mandato. Los partidos seguirían seleccionando candidaturas y ofreciendo programas, pero la ciudadanía tendría mayor intervención en quiénes llegan al Congreso.

Además, las listas abiertas permitirían repensar las PASO para diputados. Si la competencia entre candidatos de una misma agrupación se resolviera en la elección general, podríamos prescindir de una instancia previa para ordenar esas candidaturas. Eso permitiría reducir parte de los gastos de organización electoral.

Ahorrar recursos y ampliar la participación son los objetivos de esta reforma, para lograrlo, también habría que establecer reglas transparentes sobre cómo se accede a las candidaturas: abrir el orden de una lista sirve de poco si competir sigue siendo una posibilidad reservada a unos pocos.

Para avanzar en este cambio no hace falta reformar la Constitución, manteniendo la elección directa por distritos, puede instrumentarse mediante una reforma de la legislación electoral, aprobada por la mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara.

Por supuesto, hay cuestiones que debemos resolver, porque una campaña centrada en candidatos individuales puede favorecer a quienes tienen más dinero o exposición pública. Por eso hacen falta controles de financiamiento, oportunidades de difusión, garantías de paridad y una boleta que se entienda. La experiencia brasileña sirve para estudiar tanto el mecanismo como sus dificultades.

La forma en que elegimos influye sobre la forma en que nos representan y como se vota en el Congreso. Si queremos que los diputados escuchen más a la ciudadanía, podemos empezar por darle a esa ciudadanía mayor capacidad para decidir quién ocupa cada banca.

Quien vivió en Buenos Aires los días 19 y 20 de diciembre de 2001 reconoce algo familiar en las imágenes que llegan de Francia. Las cacerolas sonaron junto a los vidrios rotos y una multitud heterogénea se encontró en las plazas sin un programa común. Hubo comercios saqueados, edificios públicos atacados y un gobierno que, en pocas horas, pasó de administrar la crisis a ser su blanco.

El sábado 17 de octubre, según el Ministerio del Interior francés, unas 550.000 personas se movilizaron en cerca de 500 puntos del país. Los organizadores hablaron de más de 800.000. Al cierre de la jornada, el primer ministro Sébastien Lecornu informó más de 1.800 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos. En Marsella, un grupo de manifestantes entró a la alcaldía y destrozó su interior. En Lyon ardió la oficina de turismo y en Limoges se incendió la sede municipal. Más de 3.000 comercios sufrieron daños o saqueos. Desde el lunes rigen toques de queda en sectores de París y Lyon, y para menores en Marsella, Burdeos, Lille y Niza. Es una medida excepcional para una democracia consolidada de Europa occidental, y la protesta ya cruzó los Alpes: Italia enviará 500 soldados a Milán tras los disturbios del fin de semana.

La comparación con la Argentina de 2001 tiene límites. Francia no atraviesa un default, no tiene corralito ni una moneda propia en caída libre. Pero la analogía sirve por otra razón. Aquel diciembre nos enseñó que un estallido no expresa un solo enojo, sino muchos que coinciden en el tiempo. La consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola” fue más una aspiración que una descripción. El ahorrista atrapado en el corralito y el desocupado del conurbano que cortaba rutas desde mediados de los noventa compartían la calle, pero no las causas ni las soluciones. El “que se vayan todos” unificaba el rechazo, no la demanda.

En Francia ocurre algo parecido. Marchan estudiantes secundarios y universitarios, sindicatos de trabajadores públicos, agricultores, jubilados, colectivos ecologistas y los chalecos amarillos, el movimiento que en 2018 puso en jaque a Emmanuel Macron por el precio del diésel. Todos comparten un malestar, pero nadie conduce el conjunto. Por eso, si se quiere entender la crisis y no solo describirla, el primer paso es desagregar el enojo.

Primer malestar: el costo de la vida

El reclamo que dio nombre a la jornada fue contra la vie chère, la vida cara.

Combustibles más caros, pérdida de poder adquisitivo y dificultad para cubrir los gastos corrientes son la base material del descontento. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, advirtió que los productos cotidianos se volvieron difíciles de pagar para una parte creciente de los trabajadores.

Este malestar choca con una restricción fiscal concreta. El gobierno debe aprobar un presupuesto de ajuste para contener el déficit y una deuda que inquieta a los mercados.

El martes, el diferencial entre los bonos franceses y alemanes a diez años superó el punto y medio, y Moody’s revisa el viernes la calificación del país. Los argentinos conocemos esa trampa. El ajuste que busca calmar a los acreedores profundiza el malestar social, y el malestar en la calle vuelve a asustar a los acreedores.

Segundo malestar: los jóvenes ante la puerta cerrada del empleo

Las protestas no empezaron con los chalecos amarillos, sino en los liceos. Faltan docentes, las aulas están saturadas y los edificios se deterioran. Detrás de ese reclamo hay algo más profundo.

Lo que está en juego no es solo un servicio público desfinanciado, sino la promesa republicana de que la escuela abre las puertas del trabajo. Según el instituto de estadística francés, en el segundo trimestre de 2026 el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años llegó al 21,6 %. Casi uno de cada cinco jóvenes activos no tiene trabajo, una tasa que más que duplica el 8,3 % general y que subió dos puntos y medio en un año. A eso se suma que el 13,3 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años no trabaja, no estudia ni se capacita.

La exministra de Educación Najat Vallaud-Belkacem habló de un “estado de desesperanza” en la juventud. Cuando la promesa de la escuela falla, deja de ser un camino y pasa a simbolizar una frustración.

En la Argentina de 2001, muchos jóvenes de los barrios más castigados llevaban casi una década sin conocer el empleo formal. Esa generación sin horizonte aportó buena parte de la energía de la protesta, y también de su violencia.

Tercer malestar: los migrantes en los márgenes del mercado de trabajo

Hay un tercer componente que el debate francés suele tratar mal, o solo como amenaza. Los hijos y nietos de la inmigración magrebí y subsahariana, concentrados en las banlieues, enfrentan barreras de entrada al empleo que los estudios sobre discriminación en la contratación documentan desde hace dos décadas. Las revueltas de 2005 y de 2023 tuvieron allí su epicentro.

Ese malestar no es el del agricultor que protesta por el gasoil ni el del docente que reclama presupuesto, aunque hoy compartan calendario. Mezclarlos produce dos distorsiones simétricas. Una es la de Donald Trump, quien presentó a Francia como un país saqueado por migrantes, yihadistas y comunistas, y convirtió así un problema de integración laboral en una amenaza civilizatoria. La otra es la de quienes niegan que exista un problema específico de inserción y lo disuelven en el reclamo general. Ninguna de las dos ayuda a diseñar políticas.

Cuarto malestar: las ideologías que impugnan el orden

Por último, hay grupos para los que la protesta no es un medio para obtener una política pública, sino un fin: impugnar el orden social. Los black blocs que enfrentaron a la policía en la Plaza de la República y el centenar de encapuchados que atacó la sede del canal CNews antes de que empezara la marcha responden a otra lógica. También el detenido por el incendio de la alcaldía de Limoges, vinculado a la ultraizquierda, cuyo caso investiga la subdirección antiterrorista. No reclaman: rechazan. Sería un error ignorarlos. Sería un error más grave convertirlos en la explicación de todo.

La trampa de la criminalización

Aquí ayuda la investigación académica. Oscar Berglund, de la Universidad de Bristol, estudia la protesta disruptiva desde la teoría política. En un artículo publicado en la revista Politics, muestra que la protesta disruptiva gana legitimidad cuando puede presentarse como último recurso, una vez agotados los canales institucionales, y cuando hay coherencia entre sus medios y la sociedad que dice querer construir.

Berglund llama a esto “legitimidad prefigurativa”. Las asambleas barriales argentinas de 2002, las fábricas recuperadas y los clubes de trueque fueron, en ese sentido, prefiguración: más allá de su suerte posterior, dieron a la protesta un contenido propositivo que el saqueo nunca tuvo.

La contracara también está documentada. En un estudio sobre catorce países, Berglund y Tie Franco Brotto muestran que los Estados responden cada vez más a la protesta de cuatro maneras. Sancionan leyes antiprotesta, aplican figuras penales pensadas para el crimen organizado o el terrorismo, endurecen el accionar policial y, en los casos extremos, toleran asesinatos y desapariciones. Su conclusión es incómoda: al criminalizar a los manifestantes, el Estado los despolitiza y oculta que muchos de sus reclamos son atendibles.

Francia está hoy en esa encrucijada. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, habilitó granadas aturdidoras que estaban vedadas frente a las protestas estudiantiles. Una adolescente de 17 años perdió un ojo en Mulhouse; un joven de la misma edad perdió una mano por una granada en Saint-Étienne. Macron terminó admitiendo “fallas” en el operativo, Nuñez ofreció su renuncia y la Asamblea Nacional creó una comisión investigadora. Mientras tanto, el presidente del Senado, Gérard Larcher, sugirió que podía discutirse la prohibición de La Francia Insumisa. A seis meses de una elección presidencial que encabeza Marine Le Pen en las encuestas, la tentación de reducir los cuatro malestares a un problema de orden público es enorme y electoralmente rentable.

Gobernar el malestar

La lección argentina de 2001 no es que los estallidos derriban gobiernos. Eso ocurrió, pero no fue lo decisivo. La represión del 20 de diciembre dejó más de treinta muertos y no resolvió nada. La salida llegó, con un contexto externo favorable que ayudó mucho, cuando el Estado empezó a responder a cada malestar con un instrumento propio. Para los desocupados hubo transferencias como el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Para los ahorristas, una salida del corralito, conflictiva e imperfecta. Para quienes nunca habían tenido trabajo, la reactivación del empleo. Fue una reconstrucción lenta de capacidades estatales.

Francia tiene un Estado mucho más robusto que el argentino de entonces. Su riesgo no es el colapso institucional, sino tratar con una sola herramienta, la policial, problemas que exigen al menos cuatro respuestas distintas. El costo de vida pide política de ingresos. Los jóvenes necesitan inversión educativa y puertas de entrada al empleo. Los migrantes, un combate efectivo contra la discriminación laboral. Y quienes impugnan el orden, la ley, aplicada con proporcionalidad y sin extender la sospecha a todos los demás.

El enojo social es una señal, no un diagnóstico. Leerlo como un todo indiferenciado es la forma más rápida de equivocarse. En diciembre de 2001 lo aprendimos a un precio muy alto. Ojalá París no tenga que pagar uno parecido.

En los últimos meses ha adquirido especial relevancia una problemática que afecta tanto a conductores particulares como a empresas que realizan transferencias de unidades de manera frecuente: la aparición de infracciones de tránsito con posterioridad a la transferencia del vehículo, aun cuando al momento de realizar la operación se hubiera obtenido un informe sin infracciones pendientes mejor conocido como libre deuda.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) ha advertido públicamente sobre esta situación, señalando la existencia de casos en los cuales, luego de concretada una transferencia, aparecen infracciones anteriores que no se encontraban informadas al momento de realizarse la consulta, llegando incluso a registrarse deudas acumuladas por montos millonarios.

El problema de la demora en la carga de las infracciones

Una de las principales causas de esta situación se encuentra en el desfasaje temporal existente entre la comisión de la infracción y su efectiva incorporación a los sistemas de consulta de las distintas jurisdicciones.

La explicación radica en que aun cuando determinadas infracciones sean constatadas mediante cámaras o radares, ello no significa que su incorporación al sistema sea inmediata. Por el contrario, existe una instancia posterior de procesamiento, validación y carga administrativa que puede generar demoras de semanas e incluso meses.

De esta manera, puede suceder que un vehículo sea transferido en el registro sin infracciones y que, meses más tarde, aparezcan nuevas multas cuya fecha de comisión es anterior a la transferencia.

Esta problemática se ha visto profundizada por los cambios producidos en los mecanismos de intercambio de información entre las distintas jurisdicciones y los Registros Seccionales.

Actualmente, el Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS) procura centralizar parte de esa información; sin embargo, desde la Cámara del Comercio Automotor se ha advertido que los informes obtenidos no necesariamente garantizan que se encuentren registradas todas las infracciones correspondientes al vehículo.

La importancia de controlar la fecha de la infracción y la titularidad

Cuando aparece una nueva multa sobre una unidad que ya fue transferida, debe verificarse principalmente:

• la fecha y hora de comisión de la infracción;

• la fecha efectiva de transferencia del vehículo; y

• quién revestía la calidad de titular al momento del hecho.

Si la infracción corresponde a un período anterior a la adquisición del vehículo, deberá presentarse el correspondiente descargo, haciendo uso del derecho de defensa, y solicitar a la autoridad de faltas que desvincule la multa del actual titular y efectúe la prosecución contra quien resulte responsable al momento de su comisión.

Esto bajo la regla de que no debería trasladarse al adquirente la responsabilidad por una infracción cometida con anterioridad simplemente porque, como consecuencia de una demora administrativa, el acta fue incorporada al sistema después de concretada la transferencia.

Ahora bien, esta gestión no brinda una solución definitiva al problema. Ello se debe a que, en la Argentina, existe una doble imputación de las infracciones: al titular y a la patente.

En consecuencia, aun cuando se logre acreditar la transferencia y efectuar la prosecución de la infracción respecto de quien revestía la calidad de titular al momento del hecho, la multa continúa asociada al dominio, que actualmente se encuentra registrado a nombre de una persona distinta de aquella que cometió la infracción.

Necesidad de un monitoreo posterior a la transferencia

La situación descripta demuestra que la obtención de un libre deuda al momento de transferir un vehículo no debería ser considerada como el último control sobre esa unidad.

Especialmente en empresas que administran un volumen importante de vehículos, resulta recomendable mantener un monitoreo posterior de los dominios transferidos durante un período prudencial.

La detección temprana permite realizar la presentación correspondiente, y solicitar que la infracción sea proseguida contra el titular o responsable que correspondía a la fecha del hecho.

La propia Cámara del Comercio Automotor ha reclamado modificaciones al sistema para otorgar mayor certeza a los informes de infracciones, proponiendo, entre otras medidas, que exista un plazo máximo para la incorporación de las multas y que no puedan aparecer indefinidamente infracciones anteriores luego de emitido un informe.

Hasta tanto se implemente dicho plazo, resulta aconsejable adoptar una política preventiva.

*Los autores son especialistas en Defensa de Multas de Tránsito y Faltas Especiales a cargo del Área en Iezzi&Varone. Instagram: multas_transitoar

Las primeras en ver la versión terminada de Memoria Colectiva fueron las mujeres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Cristina Colmenares llevó el cortometraje a Ayacucho y, mientras lo proyectaba desde su computadora, decidió mirar más a las asistentes que a la pantalla.

Cerca de cien mujeres reconocieron el edificio de su asociación, el mural y otros detalles de un espacio que conocían bien. También reconocieron una historia que les pertenecía. Después conversaron en quechua. Colmenares recuerda que la película las hizo reencontrarse con la misión que las había unido durante tantos años.

Desde entonces, el cortometraje ha recorrido más de 70 festivales y espacios internacionales y ha recibido más de 15 reconocimientos. Ganó el premio a mejor cortometraje animado en la edición 2026 del LA Femme International Film Festival Europe. El galardón incluía una semana de exhibición en Los Ángeles, lo que permitió presentar la película a consideración de la Academia en la categoría de mejor cortometraje animado.

De Alemania a Ayacucho

Colmenares nació en Lima en 1992 y vive en Frankfurt. Formada como socióloga y dedicada profesionalmente a temas de sostenibilidad, llegó al cine a partir de una inquietud que fue creciendo durante su primera etapa en Alemania, donde cursó estudios universitarios y conoció de cerca cómo ese país se relaciona con la memoria del Holocausto.

Esa experiencia la llevó a preguntarse cómo podía contribuir a la conversación sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.

En 2017 viajó a Ayacucho para entrevistar a personas afectadas por la violencia. Imaginaba entonces un largometraje que reuniera distintas historias. Allí conoció a Adelina García, una de las figuras de ANFASEP, organización que llegó a presidir.

Según el testimonio que recoge el cortometraje, en 1983 soldados encapuchados ingresaron a la casa de Adelina y se llevaron a su esposo, a quien nunca volvió a ver. Ante la falta de respuestas, ella se unió a otras mujeres que también buscaban a sus esposos e hijos desaparecidos.

El proyecto quedó detenido por un tiempo. Cristina regresó a Alemania, retomó su trabajo y descubrió que reunir entrevistas no era suficiente para hacer una película. Durante la pandemia decidió darle una última oportunidad. La propuesta inicial de un largometraje terminó centrándose en Adelina y en la experiencia colectiva de ANFASEP.

Animar lo que no podía reconstruirse

La decisión de utilizar animación nació de una dificultad concreta: ¿cómo mostrar aquello de lo que no existen imágenes sin realizar una reconstrucción explícita de la violencia?

La animación le permitió representar recuerdos, lugares y situaciones difíciles de imaginar. También buscaba reducir la distancia entre el público y las protagonistas, y acercar la historia a personas jóvenes que no vivieron aquellos años.

Pero Cristina no quería que Adelina apareciera únicamente detenida en el sufrimiento. Durante las conversaciones y visitas a Ayacucho entendió que su historia también trataba sobre lo que ocurrió después: la organización junto con otras mujeres, el activismo y la posibilidad de rehacer la vida sin negar lo sucedido.

“Se trata de cómo transformas el dolor para seguir adelante”, explica. Por eso, la película no se centra solo en una protagonista. Las escenas colectivas muestran que muchas mujeres atravesaron pérdidas similares y que también encontraron juntas una manera de continuar.

Terminar el cortometraje tomó cerca de ocho años. El proyecto se sostuvo con parte de los ahorros de Colmenares y con el respaldo de embajadas y organizaciones.

Memoria Colectiva es una coproducción entre Perú, Francia y Colombia. Andrés Cotrina estuvo a cargo de la dirección de animación y Qamaqi Studio fue la productora peruana. Alrededor de sesenta personas participaron únicamente en el trabajo de animación.

Cristina describe el resultado con humor: “Me siento como una persona que ha hecho un cake en su casa, en su tiempo libre, lo ha llevado a esas competencias de repostería en la televisión y ha ganado”.

Entre todos los encuentros que le dejó la película, conserva especialmente dos. El primero fue aquella proyección ante las mujeres de ANFASEP. El segundo ocurrió en Pixelatl, en Guadalajara, cuando una espectadora reconoció el nombre del corto y le contó que había llorado al verlo.

Ahora, espera a que la película continúe su recorrido por el Perú. Existe una versión doblada al quechua y se busca que llegue a escuelas, cineclubes y organizaciones, especialmente fuera de Lima. Su público, dice, son adolescentes y jóvenes que no conocen esta historia y que quizá, después de verla, sientan curiosidad por investigar.

Las novedades sobre sus próximas proyecciones y su futura disponibilidad pueden seguirse en la cuenta oficial de Memoria Colectiva en Instagram.

Lograr cumplir con KPIs y objetivos es el fin supremo del colaborador moderno. Y no es para menos: en un mundo altamente competitivo, también en el entorno laboral, más vale entregar el valor por aquello por lo que nos pagan. Hasta aquí, todos de acuerdo.

Confiamos en nuestros líderes y su capacidad de decidir correctamente. Esto significa que confiamos también en los objetivos y KPIs que definen y defienden a través de cada trimestre, en cada período fiscal. Hace falta ver cuántas horas dedican a llegar a acuerdos, a negociar internamente hasta que queda por escrito lo que hay que hacer. Y a partir de ahí, a correr, a competir.

Pero cabe hacerse una sencilla pregunta: ¿puede ser que la alta dirección dedique tanto tiempo a definir el “qué” y, en ocasiones, el “cómo”, que termine olvidando transmitir e inspirar a sus organizaciones sobre el “por qué” y el “para qué”? Es decir, ¿qué lugar ocupa el Propósito en la planificación y en la ejecución de la estrategia?

Cultura y Propósito

La Cultura de una empresa, como hemos sostenido ya en artículos anteriores, refleja cómo trabajamos y entendemos la manera de hacer las cosas. Es la respuesta a los estímulos (o la falta de ellos) internos de una compañía. Cuando no se orienta conscientemente, la cultura no desaparece: se desarrolla por su cuenta, sin garantía de alineamiento con la estrategia. Cada área establece sus prioridades, cada responsable interpreta los objetivos a su manera y cada persona termina decidiendo qué considera importante.

¿Se puede funcionar así? Por supuesto. Durante un tiempo, incluso pueden obtenerse buenos resultados. Pero, a largo plazo, una organización sin dirección compartida corre el riesgo de vivir apagando incendios, resolviendo contradicciones y dedicando más energía a coordinarse que a avanzar.

El Propósito ayuda a reducir ese ruido. No hablamos de una frase inspiradora en la recepción ni de una presentación que se repite durante la convención anual. Hablamos de una razón de ser que permita comprender “por qué” hacemos lo que hacemos y cómo contribuye cada decisión al resultado colectivo.

Cuando el propósito está claro, los indicadores adquieren contexto. Un equipo comercial puede tener como objetivo aumentar las ventas, pero necesita saber qué crecimiento busca la compañía y a qué precio está dispuesta a conseguirlo. Si solo se premia el volumen, quizá se vendan productos poco rentables, se prometan condiciones imposibles de cumplir o se sacrifiquen relaciones comerciales de largo plazo. El KPI puede estar en verde mientras el negocio se deteriora.

El problema no es el indicador. Es lo que sucede cuando se convierte en un fin en sí mismo.

Por eso, la responsabilidad de la alta dirección no termina al aprobar el presupuesto y repartir los objetivos. Debe asegurarse de que las personas entiendan las prioridades, conozcan los criterios que orientan las decisiones y vean coherencia entre lo que la empresa declara y lo que realmente reconoce, recompensa o sanciona. De poco sirve hablar de colaboración si los incentivos fomentan la competencia entre departamentos. Tampoco tiene sentido proclamar una apuesta por el cliente si las decisiones se toman exclusivamente para mejorar el resultado del trimestre.

¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Antes de aprobar los objetivos, conviene responder tres preguntas: ¿qué queremos conseguir?, ¿por qué es importante para el negocio y para quienes se relacionan con él?, y ¿qué comportamientos debemos fomentar –o dejar de premiar– para conseguirlo? Después, esas respuestas deben traducirse en decisiones, indicadores e incentivos coherentes. Y revisarse cuando la realidad demuestre que el rumbo necesita ajustes.

No se trata de sustituir los resultados por buenas intenciones. Se trata de conseguir que los resultados respondan a una dirección compartida y sean sostenibles en el tiempo. Volvamos entonces al huevo y la gallina. ¿Qué va primero: los objetivos que orientan el trabajo o el Propósito que les da sentido?

La respuesta no exige elegir uno y descartar el otro. El Propósito sin objetivos corre el riesgo de quedarse en discurso; los objetivos sin propósito pueden llevarnos muy eficientemente en la dirección equivocada.

La tarea de la alta dirección no es elegir entre ambos, sino conseguir que cada objetivo tenga una razón de ser y que cada Propósito se refleje en decisiones concretas. No basta con alcanzar las metas. También importa qué construimos mientras las alcanzamos.

Hay muchas maneras de impedir que una economía crezca. Una es adoptar malas políticas. Otra, menos visible pero igualmente dañina, es impedir sistemáticamente que las buenas reformas siquiera tengan oportunidad de intentarse. Eso es lo que está en juego en la discusión sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

La propuesta original del Gobierno estaba lejos de ser perfecta. Contenía materias demasiado amplias, algunas insuficientemente delimitadas y otras que justificaban una discusión más profunda en el Congreso. El propio Ejecutivo ya había reducido la ambición de varios planteamientos respecto de sus versiones iniciales. Correspondía, por tanto, precisar, poner límites, introducir salvaguardas y retirar aquello que no justificara una delegación.

Pero una cosa es controlar al Ejecutivo y otra convertir el control en un veto a la reforma. El texto sustitutorio aprobado en comisión reduce la delegación a 90 días y la circunscribe esencialmente a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. En el camino quedan fuera materias vinculadas con formalización, empleo juvenil, regulación laboral y tributaria, barreras burocráticas, calidad regulatoria, minería, servicio civil, integridad pública, infraestructura y energía; mientras otras, como APP y liberación de interferencias, sobreviven parcialmente.

El problema no es solo legislativo. Es también de economía política. Las reformas suelen generar beneficios amplios pero graduales, mientras sus costos son inmediatos y recaen sobre grupos concretos, que tienen mayores incentivos para oponerse. De allí el conocido sesgo hacia el statu quo. Por eso las ventanas de oportunidad política importan. Al inicio de un gobierno existe mayor capital para impulsar cambios y enfrentar resistencias. Esa oportunidad dura poco: cuanto más se postergan las reformas, más difícil resulta llevarlas adelante. Un estudio muy interesantes del Fondo Monetario del 2019, que analizaba el costo político de las reformas, encontraba precisamente que el sesgo hacia el statu quo disminuye durante el primer año de gobierno y que aumenta la probabilidad de reformas importantes.

Y en el Perú llevamos demasiado tiempo pagándolo. Nuestro problema de crecimiento ya no es fundamentalmente macroeconómico. Conservamos fortalezas importantes en inflación, reservas, deuda pública y estabilidad monetaria. Nuestro cuello de botella es cada vez más microeconómico e institucional: baja productividad, informalidad, regulación deficiente, infraestructura insuficiente, escasa capacidad estatal y dificultades para transformar inversión potencial en inversión efectiva.

Es sumamente preocupante ver como la productividad del país se ha ido al subsuelo. De acuerdo a las estimaciones Banco Central, está se encuentra en terreno negativo desde hace más de un quinquenio, lo cual golpea fuertemente al bienestar ciudadano.

Tomemos la informalidad. Las microempresas representan el 93,8% de las empresas formales y concentran buena parte del empleo privado, pero presentan niveles extraordinariamente bajos de productividad. En 2025, el 89,7% de sus trabajadores era informal. El Ejecutivo solicitó facultades para simplificar la formalización de las MYPE y revisar elementos del régimen laboral y tributario. Las facultades específicas fueron retiradas.

Esto no es una discusión abstracta. La OCDE identifica precisamente la informalidad como uno de los mayores obstáculos al crecimiento peruano y recomienda combinar simplificación de regulaciones laborales y empresariales, reducción de costos no salariales, mejoras de capacidades, fiscalización y una reforma del sistema tributario para las empresas pequeñas.

Algo parecido ocurre con los jóvenes. El 84,8% de los trabajadores entre 14 y 24 años está en la informalidad, mientras el desempleo juvenil prácticamente duplica el promedio nacional. La solicitud planteaba medidas de empleo, empleabilidad, formación y autoempleo juvenil. También fueron excluidas.

O miremos la regulación. Entre noviembre de 2017 y junio de 2026, la PCM evaluó 1.787 proyectos normativos y 830 correspondían a nuevos procedimientos administrativos. El Estado intenta simplificar mientras continúa creando trámites. Se solicitaron facultades sobre barreras burocráticas y calidad regulatoria. Tampoco sobrevivieron al recorte.

Y quizá el ejemplo más paradójico sea la minería. El Perú atraviesa términos de intercambio extraordinariamente favorables y dispone de una cartera minera de alrededor de US$64 mil millones que, según el FMI, podría elevar nuestro crecimiento potencial entre 0,5 y 1 punto porcentual. Sin embargo, buena parte de esa cartera lleva años paralizada por complejidad burocrática y conflictos sociales. La actualización de la regulación minera solicitada por el Ejecutivo tampoco fue incluida.

Se puede discrepar con alguna de las propuestas. Pero descartarlas prácticamente en bloque revela un problema mayor: frente al riesgo de reformar mal, estamos escogiendo la aparente seguridad de no reformar. Y no reformar también es una decisión de política económica. Tiene costos enormes para el Perú.

Aquí aparece otra enseñanza importante de la literatura: las reformas funcionan mejor como paquetes coherentes que como intervenciones aisladas. Formalización sin reforma tributaria sirve poco. Simplificación sin mejor capacidad estatal también. Promover inversión sin acelerar permisos y eliminar interferencias deja intacto el cuello de botella. Mejorar infraestructura sin proteger adecuadamente la capacidad de decisión de los funcionarios vuelve a producir parálisis.

Las complementariedades importan. Cuando se desmonta una agenda pieza por pieza, puede terminar sobreviviendo muy poco de su capacidad transformadora. La magnitud de lo que está en juego tampoco es menor. La OCDE estimó recientemente para el Perú que un paquete ambicioso de reformas que eleve productividad, reduzca informalidad y mejore instituciones podría llevar el PBI per cápita hacia 2070 a alrededor del 65% del promedio de la OCDE. Bajo las políticas actuales, llegaría aproximadamente al 45%. Veinte puntos porcentuales de diferencia no son una discusión para economistas. Son salarios. Son empleos formales. Son recursos fiscales. Son mejores servicios públicos. Son oportunidades para nuestros hijos.

Por supuesto que la inseguridad es urgente. Y por supuesto que debemos prepararnos para El Niño. Pero hay una confusión peligrosa en la oposición a este gobierno, que ha recortado horrorosamente las facultades, en pensar que solo constituye una emergencia aquello que explota mañana. Una economía que pierde productividad durante años también es una emergencia. Una generación de jóvenes entrando mayoritariamente por la puerta de la informalidad también lo es. Una inversión minera que tarda décadas en materializarse también. Un Estado incapaz de ejecutar proyectos a tiempo también.

La urgencia no es solamente evitar la próxima inundación o enfrentar al próximo delincuente. También es conseguir que dentro de diez años los peruanos sean sustancialmente más productivos y vivan mejor. El Congreso tiene todo el derecho —y la obligación— de poner límites a las facultades delegadas. Debe exigir precisión, preservar derechos y evitar cheques en blanco. Pero control no significa inmovilismo. Después de más de una década postergando reformas, el mayor riesgo quizá ya no sea equivocarnos al cambiar. Es seguir encontrando razones para no hacerlo. Eso tiene un nombre: veto al crecimiento. Y es sumamente irresponsable e indolente para con un país que necesita urgentemente el progreso.

Pasaron más de tres años desde que Hamás lanzó su devastador ataque terrorista sobre Israel que generó consecuencias políticas, culturales y, sobre todo, emocionales todavía no resueltas.

Días atrás, Omri Kochavi nos hizo derramar algunas lágrimas, pero más de alegría que de tristeza, en un evento de homenaje al festival Nova, donde 360 jóvenes fueron masacrados mientras bailaban… por la paz.

Omri, que se había casado un mes antes del 7 de octubre y ese día se encontraba bailando con su flamante esposa mientras los primeros misiles comenzaron a caer sobre ellos, contó que ya formó una familia. Y que Nova no solo se trata de recordar con dolor, sino de dejarse llevar por la música para recuperar la esperanza. Es la única forma de derrotar al terrorismo, sentenció y todos lo aplaudimos.

Un mes después de aquel ataque escribí en Infobae un artículo que concluía así: “Salimos una y otra vez de la esclavitud y esta vez no será una excepción. El terror no vencerá. No lo podemos permitir. Yo, en particular, tampoco lo puedo tolerar, porque quiero que mi hijo crezca en paz en este hermoso país que hace más de un siglo recibió a su bisabuelo que escapó de la intolerancia y el odio. Y cuidar a Israel, combatir el antisemitismo, también es protegerlo a él. No cuenten conmigo para tener miedo”.

Aquel texto era una desordenada combinación de catarsis, temor, angustia e impotencia, pero también un llamado a la acción y a la resistencia pacífica. Fue un conjunto de palabras que traté de hilar para transmitir que lo peor que podíamos hacer era escondernos.

Y después de aquella cacería de civiles israelíes en 2023 ocurrió lo impensado, para mal. Los atentados y la retórica antisemita se multiplicaron con creces en numerosas ciudades de Occidente donde, hasta entonces, vivir como judío mezclado con el resto de la sociedad era un hecho natural. Algunos casos, como el de los ataques antisemitas en Nueva York, donde se concentra la mayor cantidad de judíos fuera de Israel, eran difíciles de comprender, sobre todo en una metrópolis desgarrada desde el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

Las imágenes de ataques se expandieron por Toronto, Londres, París, Madrid y Chicago, entre muchos otros centros urbanos. En la Argentina, las manifestaciones supuestamente “antisionistas” fueron protagonizadas por grupos minoritarios de izquierda, marginales en términos político-electorales. La Justicia y el Gobierno dieron señales contundentes en contra de esta tendencia, pero, aun así, la DAIA reveló en su informe anual de antisemitismo que mientras en 2024 se registraron 687 denuncias, un año después el número creció a 713 casos, con un promedio de dos por día. En particular, la violencia saltó al 38%, traduciéndose en casi una agresión semanal en la vía pública.

Muchos sectores buscaron vincular la buena relación del presidente Javier Milei con Israel en general y con el gobierno de Benjamín Netanyahu en particular como la principal causa de este fenómeno. “No nos involucren en un conflicto en el que no participamos”, repiten una y otra vez quienes intentan fundamentar este argumento.

Estos “analistas” confunden el pretexto con la causa real. El prejuicio antisemita siempre encuentra una coyuntura política para justificarse, con gobiernos de todo signo político, pero el terrorismo fundamentalista no se rige por los alineamientos del presente. La historia local demuestra que ya estábamos aturdidos por las 115 muertes provocadas por las bombas en la embajada de Israel y en la AMIA. Sobre todo, por la impotencia de no saber, más de 30 años después, quiénes fueron efectivamente los culpables de esos atentados.

Parecen olvidar también que en aquel momento el primer ministro israelí era Isaac Rabin, quien, lejos de buscar una mayor confrontación con los palestinos y con la legitimidad de su orgulloso pasado militar, firmó los acuerdos de Oslo para acercarse un paso más hacia la paz.

A pesar de estos preocupantes números de antisemitismo en el país, hay razones para conservar cierto optimismo. Cada día festivo judío es posible ver cómo los judíos más tradicionalistas caminan por las calles de Belgrano, Palermo, Once o Flores sin ser acosados por las turbas tan comunes estos días en varias ciudades del mundo “desarrollado”. Así lo pude comprobar cuando familias enteras salían de las sinagogas semanas atrás en la hermosa fiesta de Simjá Torá, la fiesta en la que bailamos con los rollos del texto más sagrado del judaísmo, como lo hicimos después del Holocausto y de cada una de las persecuciones a nuestro pueblo. Esa libertad cotidiana es un triunfo de nuestra convivencia.

Claro que queda mucho por hacer, entre otras cosas, no resignarse a que muros de cemento tengan que proteger a los templos y colegios hebreos en Argentina por temor a otro coche bomba. ¿Las claves?: seguir apostando al diálogo, que entre otros logros permitió un ejemplar vínculo interreligioso entre los líderes de las principales religiones del país. Y saber que cada nueva agresión será respondida con firmeza, pero también con la confianza que nos mantiene de pie desde hace miles de años. Por esa razón, una y otra vez, siempre volveremos a bailar.

El turismo atraviesa un cambio más profundo de lo que muestran las estadísticas. No pasa solamente por la ocupación hotelera o la cantidad de pasajeros, sino por algo mucho más difícil de medir: la manera en que las personas deciden viajar y el lugar que el descanso ocupa en sus vidas.

Hace algunos años, las vacaciones estaban asociadas a la idea de “desconectar” durante quince días. Hoy ese esquema cambió hacia un descanso más fragmentado, corto y estratégico. El viajero actual compara precios, espera promociones, reserva sobre la fecha y busca que cada salida justifique el tiempo y el dinero invertidos. Esta realidad moldea a un consumidor más racional, informado y exigente. Ya no alcanza con ofrecer un buen alojamiento; las personas buscan propuestas que les permitan recuperar energía a través de experiencias memorables, incluso en estadías breves.

De hecho, el turismo actual parece definido por una búsqueda profunda de bienestar emocional y desconexión tecnológica. Según el informe Tendencias de Viajes 2026, viajar se consolidado como una necesidad vinculada a la salud mental: el 97% de las personas afirma que utiliza los viajes para recargarse emocionalmente, mientras que uno de cada dos viajeros a nivel global prioriza las experiencias únicas por encima de los bienes materiales.

Según el informe Tendencias de Viajes 2026, viajar se consolidado como una necesidad vinculada a la salud mental

Esta demanda responde a un “cansancio digital”: el 87% de los viajeros reconoce que extraña una vida más simple, y el 64,5% admite sentirse saturado por la presión de las redes sociales y las notificaciones. En un contexto marcado por la hiperconectividad, el viaje dejó de ser una simple pausa para convertirse en una herramienta de salud física y emocional. El bienestar, por lo tanto, ya no es un lujo, sino una expectativa básica del viajero contemporáneo.

Esta transformación también llegó al ámbito corporativo. Los viajes de negocios ya no se limitan a cumplir una agenda laboral; ahora es frecuente combinar reuniones con momentos de ocio o extender la estadía, ya sea solo con amigos o con la familia. Esta tendencia que hemos denominado de “bleisure” (business + leisure) avanza también por la consolidación del trabajo remoto y es una opción que el 58,5% de las personas considera atractiva. Esta realidad obliga a la hotelería a adaptar sus servicios, ya que los huéspedes esperan mantener intacto su estilo de vida: espacios adecuados para trabajar y conectividad eficiente, junto con opciones para sostener rutinas de ejercicio y alimentación saludable.

El 97% de las personas afirma que utiliza los viajes para recargarse emocionalmente

Por otra parte, la tecnología modificó las expectativas: el viajero espera resolver todo desde el celular, obtener respuestas rápidas y acceder a propuestas personalizadas. La inmediatez y la simplicidad ya no son ventajas competitivas, sino requisitos básicos. En este escenario, los programas de fidelización adquieren una nueva dimensión: ya no buscan únicamente ofrecer descuentos, sino acompañar toda la experiencia del viaje.

La hotelería del futuro, entonces, ya no pasa solamente por vender habitaciones. Implica comprender las prioridades de un viajero que, pese a cuidar su presupuesto, sigue priorizando la calidad, la autenticidad y el bienestar. Significa entender que las personas no buscan un sitio donde dormir, sino espacios que les permitan vivir mejor, aunque sea por unos pocos días.

El autor es Chief Operating Officer Accor North & Hispanic Americas

Durante décadas Punta del Este construyó una ciudad para mucha más gente de la que vivía allí. Miles de viviendas, infraestructura, gastronomía, servicios y equipamientos fueron desarrollados para una población que durante buena parte del año no estaba.

Lo que durante mucho tiempo pudo entenderse como una particularidad de una ciudad de temporada hoy empieza a revelar otra posibilidad: ese enorme stock construido se ha convertido en la infraestructura de una nueva etapa.

Durante muchos años la lógica fue relativamente sencilla. Punta del Este atraía visitantes, principalmente de Uruguay y Argentina, algunos de ellos compraban una segunda residencia y esa demanda impulsaba nuevos desarrollos. Cada generación de inversores confiaba en que el destino seguiría creciendo y la ciudad construiría un poco más.

El resultado acumulado es bastante singular: una ciudad con una población permanente relativamente pequeña terminó desarrollando una capacidad residencial, gastronómica y de servicios propia de una escala muy superior. Durante el verano esa capacidad se utiliza intensamente; durante el resto del año, una parte importante permanece disponible.

El trabajo remoto ayudó a romper una barrera. También lo hicieron la conectividad, los colegios, la gastronomía, los servicios y una oferta residencial que hace tiempo dejó de estar limitada a la temporada

Pero algo está cambiando ya que el destino se está transformando en un lugar para vivir.

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay en los últimos 12 años la población de Punta del Este se duplicó con un crecimiento del 96% -8 de cada 10 nuevos habitantes no se explican por el crecimiento natural de la población, sino por migración-, mientras que la construcción de viviendas en el mismo período se incrementó en un 41 por ciento.

La discusión reciente sobre Punta del Este suele concentrarse en el mercado inmobiliario: cuánto se construye, quién está comprando, cuánto cuesta el metro cuadrado o qué nuevos proyectos están llegando. Estos son indicadores importantes, pero quizás estén mostrando solamente una parte del fenómeno ya que lo verdaderamente interesante sería preguntarnos por qué cada vez más personas pueden considerar a Punta del Este no solamente como un lugar para invertir o pasar el verano, sino como un lugar posible para desarrollar una parte mucho mayor de su vida.

El trabajo remoto ayudó a romper una barrera. También lo hicieron la conectividad, los colegios, la gastronomía, los servicios y una oferta residencial que hace tiempo dejó de estar limitada a la temporada.

Normalmente, cuando una ciudad recibe nueva actividad económica, necesita construir simultáneamente la estructura urbana capaz de alojarla

Pero existe una condición anterior a todas ellas: la ciudad ya estaba ahí y eso cambia considerablemente las reglas del juego. Normalmente, cuando una ciudad recibe nueva actividad económica, necesita construir simultáneamente la estructura urbana capaz de alojarla: llegan empresas, aparecen empleos, aumenta la población, se necesita vivienda, y luego llegan nuevos servicios y equipamientos. Punta del Este podría recorrer parcialmente el camino inverso.

Durante décadas construyó primero una enorme capacidad residencial y de servicios. Ahora, sobre esa plataforma, pueden empezar a instalarse proyectos que hasta hace algunos años parecían menos naturales para el destino: oficinas, espacios corporativos, educación, salud, servicios profesionales, cultura o nuevas formas de trabajo.

Esto genera una condición urbana particularmente interesante. Si mañana aparecen cientos de nuevos puestos de trabajo calificados en Punta del Este, la ciudad no necesita construir cientos de viviendas desde cero para recibir a quienes las ocupen ya que existe un stock capaz de absorber parte de esa demanda.

Y cuanto mayor sea la población permanente, más razonable se vuelve la aparición de nuevos servicios y actividades. Esos servicios generan a su vez empleo y calidad urbana y esa mayor calidad urbana hace todavía más atractivo instalarse allí. Se produce un círculo de retroalimentación.

Una nueva infraestructura no siempre aparece simplemente porque existe una demanda previa

En urbanismo e infraestructura conocemos bien el fenómeno de la demanda inducida: una nueva infraestructura no siempre aparece simplemente porque existe una demanda previa. En ocasiones, su propia existencia modifica comportamientos y genera una demanda que antes no estaba allí.

Con Punta del Este podría estar sucediendo algo parecido, pero a una escala mayor y durante un período mucho más largo.

Las generaciones que invirtieron en la ciudad probablemente no estaban construyendo conscientemente una plataforma para una futura centralidad regional. Estaban comprando apartamentos, desarrollando edificios, abriendo restaurantes, construyendo hoteles o mejorando servicios.

Este punto es importante porque el próximo salto de Punta del Este probablemente no dependa exclusivamente de seguir construyendo únicamente viviendas. Si queremos pensarla como un verdadero atractor regional, la pregunta debería empezar a desplazarse del real estate hacia la ciudad.

Las ciudades compiten por talento, inversión y población, pero no lo hacen únicamente mediante incentivos económicos

La arquitectura tiene mucho que aportar a esa discusión, pero no necesariamente construyendo más de lo mismo. El desafío pasa por entender qué piezas faltan —espacios de trabajo, educación, salud, cultura, movilidad, espacio público e infraestructura para una vida cotidiana más permanente— en una ciudad que ya tiene una enorme cantidad de piezas construidas.

Punta del Este tiene además una característica difícil de fabricar mediante planificación: ya existe en el imaginario regional. No hay que explicar dónde queda Punta del Este. Generaciones de argentinos, brasileños y uruguayos construyeron una relación cultural y afectiva con el lugar mucho antes de que apareciera la discusión actual sobre residencia permanente.

Y esa historia importa porque las ciudades compiten por talento, inversión y población, pero no lo hacen únicamente mediante incentivos económicos. También compiten a través de su calidad de vida, su identidad, su paisaje, su seguridad, su cultura y la posibilidad de imaginar una vida allí.

La transformación, además, no es algo que vaya a ocurrir algún día. Ya está sucediendo. Si la respuesta consiste únicamente en construir más metros cuadrados, probablemente estemos desaprovechando una oportunidad excepcional.

Si, en cambio, empezamos a pensar qué actividades, instituciones, infraestructura y programas pueden apoyarse sobre todo lo que ya fue construido, Punta del Este podría dar un salto mucho más interesante: pasar de ser uno de los grandes destinos de la región a convertirse también en uno de sus lugares para vivir, trabajar y producir.

Paradójicamente, puede hacerlo porque una parte de esa ciudad futura llegó antes que sus habitantes.

El autor es director de Rudolph Arquitectos

Malvinas es una de las pocas causas que une a los argentinos por encima de ideologías y posiciones políticas. Nuestra Constitución lo establece en su Disposición Transitoria Primera: recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Javier Milei, que hizo de la ruptura de consensos un método de gobierno, terminó ensuciando también esta causa. El despliegue de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” luego del partido contra Inglaterra, que un hincha les había arrojado a los jugadores de nuestra selección, conmovió casi tanto como la épica remontada del equipo argentino. No era un trapo cualquiera: reflejaba la memoria de varias generaciones y el homenaje a nuestros caídos y veteranos.

El Gobierno debió salir apresuradamente a intentar controlar los daños políticos provocados por la ausencia de la causa Malvinas en la agenda gubernamental y las restricciones al ingreso de banderas con el mapa de nuestras islas al partido, avaladas por el propio Gobierno. Milei, admirador confeso de Margaret Thatcher, había dicho el 2 de abril de 2025 que los isleños algún día podrían elegir ser argentinos, como si se tratara de un caso de autodeterminación. No lo es. Es una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, que debe resolverse negociando con el Reino Unido de Gran Bretaña. Reivindicar nuestra soberanía parecía incomodarlo más que la misma ocupación colonial.

Con la economía estancada y el deterioro social y productivo a la vista, Milei descubrió tarde la causa Malvinas. Dejó por un rato su anglofilia y su pasividad frente al proyecto León Marino (Sea Lion), que busca explotar hidrocarburos en aguas argentinas. Epifanía de por medio, anunció en cadena nacional un proyecto para endurecer las sanciones contra las empresas que saquean nuestros recursos. Compartimos ese objetivo. El problema es que, otra vez, usó una causa nacional para colar reformas de seguridad e inteligencia que nada tienen que ver con la soberanía. Esas reformas despertaron alertas en la oposición, la sociedad civil y las entidades periodísticas por su posible alcance persecutorio. Los funcionarios de mayor rango ni siquiera fueron a las comisiones a explicarlas.

Propusimos algo sencillo: dividir el proyecto y aprobar el Título I, el único que trata sobre Malvinas, para votar unidos contra el saqueo sin convalidar el resto. El oficialismo se negó. Cuesta no preguntarse cuánto de esa agenda responde a Donald Trump y a los intereses de Estados Unidos en la región. La soberanía no puede ser una coartada para recortar libertades ni una herramienta de subordinación.

Desde el peronismo queremos ir más allá de las declaraciones, con una estrategia que combine herramientas jurídicas, sanciones económicas, presión diplomática y cooperación regional. Hay que endurecer las sanciones económicas y penales contra las compañías que extraen recursos en la zona ocupada. También hay que extenderlas a toda la cadena que las sostiene: bancos, aseguradoras, proveedores, operadores logísticos y transportistas. Ninguna empresa que participe del saqueo debería poder hacer negocios en la Argentina como si nada, sin importar su nacionalidad ni el poder que tengan sus accionistas.

Pero Malvinas no es solo una causa argentina, es también latinoamericana. Una potencia nuclear extrarregional ocupa un territorio en el Atlántico Sur y promueve la explotación unilateral de recursos naturales en un área cuya soberanía está en disputa, desoyendo los reiterados llamados de las Naciones Unidas a resolver la controversia por medios pacíficos y negociados. La Resolución 2065 (1965) reconoció la disputa de soberanía, mientras que la 31/49 (1976) pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por la Asamblea General. Cada recurso explotado unilateralmente en el territorio en disputa contradice el espíritu de ese mandato.

Por eso, junto con legisladores de distintas provincias, enviamos una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Les pedimos que los puertos, aeropuertos y servicios logísticos de la región no se usen para explotar ni comercializar los recursos de los territorios usurpados. También les solicitamos que evalúen restringir el abastecimiento de combustible, las reparaciones, el recambio de tripulaciones y la asistencia técnica. No buscamos gestos de solidaridad, sino decisiones concretas. Como antecedente, cabe mencionar que, en 2011, el Mercosur y sus Estados asociados se comprometieron a impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolaran la bandera ilegal de Malvinas. Ese acuerdo debe ser el punto de partida para compartir información y coordinar controles.

Chile muestra por qué esto es urgente. El gobierno de José Antonio Kast, aliado de Milei, respaldó la reapertura de la ruta marítima entre Punta Arenas y las islas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre, y la presentó como un asunto entre privados. Su ministro de Defensa fue más lejos y reivindicó la “voluntad” de los isleños relativizando el compromiso de cooperación regional asumido por Chile como Estado asociado del Mercosur. Todo esto pasó pocas semanas después de que Kast firmara en La Moneda una declaración conjunta con Milei. Y no se trata de un simple intercambio comercial: Punta Arenas se perfila como base de abastecimiento del ilegal proyecto de León Marino.

El Gobierno debe convocar de forma inmediata al embajador chileno. Pero un gesto diplomático no alcanza. Si no se modifica el accionar trasandino, hay que replantear los aspectos de la relación comercial con Chile que puedan contribuir al sostenimiento de la ocupación y la explotación ilegal de nuestros recursos. La Argentina le provee energía y otros bienes que su economía necesita. Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo. No se trata de castigar al pueblo chileno, con el que compartimos una historia, sino de exigirle coherencia a su gobierno. En el Atlántico Sur no hay lugar para ambigüedades. O se está con la Argentina o se está con los usurpadores.

No podemos hablar de integración latinoamericana mientras nuestros puertos sirvan de plataforma al saqueo. Por su pesca, sus hidrocarburos y su proyección antártica, el Atlántico Sur será cada vez más un espacio de disputa. Si una potencia colonial consolida allí su control, el desarrollo de toda la región queda condicionado. La soberanía se recuperará por medios pacíficos, pero la paz no es resignación. Es imprescindible elevar el costo de la ocupación, ralentizar los proyectos que pretendan desarrollarse y atacar su rentabilidad.

Malvinas exige mucho más que una cadena nacional o un proyecto usado como caballo de Troya. Exige una política de Estado, firmeza económica y unidad regional. Ningún puerto latinoamericano debería estar al servicio del saqueo británico, y ningún gobierno argentino debería usar Malvinas para esconder sus verdaderas prioridades. Las Malvinas son argentinas y su defensa debe ser latinoamericana.

En el mundo, hay cada vez más personas que padecen algún tipo de alergia: hoy afecta a más del 20% de la población y las proyecciones indican que en unos 15 años esa cifra trepará al 50%. Cuáles son los hábitos que debemos cambiar para protegernos.

En las últimas décadas, quienes atendemos en el consultorio e investigamos la evidencia científica observamos un fenómeno innegable: las enfermedades alérgicas están en franco aumento. Se calcula que hoy más del 20% de la población mundial padece algún tipo de alergia. La evidencia indica que si mantenemos el rumbo actual, en diez o veinte años la mitad de los habitantes del planeta será alérgica.

Frente a una transformación tan acelerada, la genética no tiene la respuesta; los cambios en el ADN humano requieren siglos. La clave está en qué podemos hacer para ayudar a nuestro organismo a protegerse. En definitiva, las alergias nos obligan a preguntarnos cómo estamos viviendo y pensar en hacer un cambio.

Desde la perspectiva inmunológica, la alergia es una alteración de la tolerancia. El sistema inmunitario cumple dos funciones esenciales: defender al organismo de amenazas reales y tolerar aquello que es inofensivo. Cuando esa capacidad de tolerancia se pierde, el cuerpo sobreactúa respondiendo de forma equivocada y exagerada ante estímulos inocuos —como pólenes, alimentos o ácaros—, desencadenando procesos inflamatorios crónicos.

El espectro de las alergias es amplio. Va desde la rinitis alérgica —que en Argentina afecta a más de seis millones de personas— hasta patologías severas, mucho menos frecuentes, como el asma grave o las anafilaxias.

En los últimos años, la ciencia ha demostrado que el eje de esta regulación está en la microbiota: el conjunto de microorganismos que educan al sistema inmune. La vida moderna, sin embargo, la agrede constantemente. Y acá aparece una clave: en vez de pensarnos como víctimas de la herencia familiar o de las circunstancias de la época, podemos observar responsablemente nuestras conductas y tomar nuevas decisiones que vayan tanto a favor del ecosistema general como del equilibrio interno.

Si bien los primeros mil días de vida (gestación y primeros dos años) son la gran ventana de oportunidad para esa “educación” de la microbiota—privilegiando la lactancia y la alimentación variada desde los seis meses—, nunca es tarde para reconfigurar nuestros hábitos.

Por empezar, es importante nutrir la microbiota con comida real, esto significa adoptar un patrón alimentario variado, rico en fibras, verduras, frutas, legumbres y grasas saludables (como el aceite de oliva) que favorecen su diversidad. También, evitar el uso de antibióticos sin indicación médica, puesto que cada ciclo no indicado destruye bacterias clave en el intestino que tardan meses en recomponerse, debilitando la tolerancia inmune. Otro pilar a reconquistar es que volvamos a reconectar con la naturaleza, salir al aire libre y exponerse moderadamente al sol para sintetizar vitamina D: el exceso de pantallas y la falta de contacto con la tierra o los animales disminuyen la diversidad biológica que nuestro sistema inmune necesita para calibrarse. A su vez, hay un factor que corre transversalmente: la posibilidad de reducir el estrés.

Para quienes tienen alergias, el cambio climático sumó intensidad a los síntomas. Las temperaturas récord que extienden los períodos de polinización y tormentas que fragmentan los alérgenos ambientales, agravan por ejemplo los síntomas respiratorios. Sin embargo, hoy nadie debería resignarse a sufrir esos embates: un diagnóstico preciso nos posibilita a los profesionales diseñar tratamientos efectivos y personalizados, con antihistamínicos de segunda generación, corticoides locales o inmunoterapia (vacunas sublinguales o inyectables), que deben adaptarse a cada persona.

Modificar la forma en que comemos, nos medicamos, nos relacionamos con el entorno y lo cuidamos no son modas. Son las herramientas concretas que tenemos para devolverle al cuerpo la capacidad de vivir en equilibrio.

El caso Andrés Blaquier expone una distorsión que la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil debe corregir. Dos adolescentes que asesinaron al empresario para robarle su moto fueron condenados a quince años de prisión, pese a haber sido declarados responsables de homicidio criminis causa, delito que para un adulto prevé prisión perpetua. No se trata de cuestionar la sentencia: los jueces aplicaron la ley vigente. El problema está en la propia ley, que establece un límite máximo uniforme de quince años, cualquiera sea la gravedad del delito o la cantidad de hechos cometidos.

La cuestión no es solamente si quince años son muchos o pocos para un menor. El problema es que ese límite altera la estructura del sistema penal al borrar las diferencias entre delitos de distinta gravedad. La ley vulnera un principio elemental: si cometer un delito más grave no aumenta la pena, desaparece el incentivo para no dar ese paso adicional.

La advertencia fue formulada hace siglos por Montesquieu en Del espíritu de las leyes. Al analizar la relación entre los delitos y sus castigos, escribió: «Es un grave mal imponer la misma pena al salteador que roba en despoblado y al que roba y asesina. Hay que establecer alguna diferencia en la pena, por seguridad pública. Donde la pena es la misma para asesinos y ladrones, los ladrones asesinan siempre. Como ellos dicen, los muertos no te delatan».

La enseñanza es contundente: si matar a la víctima no acarrea un castigo mayor que robarle, el sistema penal elimina una razón para no matarla. La diferencia de penas no es un detalle técnico ni una exigencia meramente retributiva: es, ante todo, una herramienta de prevención del delito.

Eso es lo que el legislador debe advertir. Si un robo con armas puede recibir una pena de hasta quince años, ¿qué consecuencia adicional afrontará el autor si decide matar a la víctima? Si el homicidio queda sujeto al mismo techo, desaparece la amenaza de una sanción mayor. El sistema deja de ofrecer un incentivo penal para detenerse antes de matar.

La contradicción se vuelve todavía más grave cuando el primer homicidio ya fue cometido. Si el condenado alcanzó el máximo legal, ¿qué pena mayor podrá recibir si vuelve a matar? ¿Qué agravamiento efectivo podrá imponerse por un segundo homicidio, un tercero o una sucesión de crímenes? Si ningún delito posterior puede elevar la condena por encima de los quince años, el límite legal neutraliza cualquier respuesta penal adicional.

La ley no debe equiparar conductas de distinta gravedad ni privar al sistema penal de la posibilidad de responder con mayor severidad ante un crimen más grave. La proporcionalidad de las penas exige una graduación real; la prevención exige que esa graduación tenga sentido.

Podría objetarse que la prisión perpetua también constituye un máximo y que, una vez impuesta, no existe una pena superior para quien vuelva a delinquir. Sin embargo, esa comparación desconoce dos diferencias decisivas.

En primer lugar, la prisión perpetua fue concebida para durar toda la vida y, aunque no pueda aumentarse, constituye la sanción más grave del sistema penal.

En segundo lugar, la prisión perpetua está reservada para los delitos más graves. El problema del límite de quince años es que puede alcanzarse también por delitos de gravedad muy inferior. Así, el homicidio pierde su consecuencia penal diferencial y los crímenes posteriores ya no pueden traducirse en una condena más extensa.

La solución no consiste en imponer a los menores exactamente el mismo régimen penal que a los adultos. La diferencia debe establecerse en el lugar correcto: las escalas penales deben ser las previstas para los adultos, con exclusión de la prisión perpetua, pero el régimen de ejecución de las condenas debe ser específico para quienes cometieron delitos cuando eran menores de edad.

De ese modo, la gravedad del delito conservaría su relevancia al determinar la pena, sin desconocer la edad del autor al establecer las condiciones de cumplimiento. El homicidio agravado mantendría una escala penal superior a la del robo con armas, y varios homicidios podrían recibir una respuesta más severa que uno solo. Al mismo tiempo, los menores contarían con reglas de ejecución diferenciadas, sin equiparar por completo el cumplimiento de sus penas al de los adultos.

La edad debe incidir en la forma de ejecutar la condena, no borrar las diferencias que el Código Penal establece entre las conductas criminales.

Por eso, es necesario reformar de inmediato la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. El legislador debe eliminar el límite uniforme de quince años, conservar las escalas penales previstas para los adultos —con exclusión de la prisión perpetua— y establecer un régimen de ejecución diferenciado para los menores.

La edad del autor justifica un régimen de ejecución más benigno, no que un homicidio pueda recibir la misma pena máxima que un delito mucho menos grave. La ley debe reformarse para que la respuesta penal guarde proporción con el crimen cometido.

La primera condición para que un plan económico funcione es que el Gobierno genere credibilidad: que la gente lo apoye y que los agentes económicos estén dispuestos a volcar inversiones en ese país.

En el caso de Javier Milei, su gobierno tuvo un gran apoyo inicial, en particular de quienes no quieren que vuelva el kirchnerismo. Al comienzo, la gente que me paraba por la calle o en los negocios me decía que había que apoyarlo, que las críticas había que dejarlas de lado y darle tiempo a que resolviera los problemas. Ahora se muestra preocupada, cansada y desilusionada. “¿Cómo termina esto?”, pregunta la gente con angustia.

Ese apoyo incondicional que Milei tuvo inicialmente ya no tiene el mismo entusiasmo. Lo que sí ocurre es que esa gente desilusionada lo prefiere a que en 2027 vuelva el kirchnerismo.

Transcurridos 34 meses de su gobierno, la economía está entrando en recesión técnica, los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes y los puestos de trabajo formales son cada vez menos, en tanto que la inflación encuentra un piso de entre el 1,5% y el 2% mensual.

El presidente Milei afirmó en noviembre de 2023 que entre mediados y fines de 2025 la inflación ya iba a ser historia

Al margen de sus promesas de dolarización, cierre del BCRA y no negociar con China ni con ningún país comunista, el presidente Milei afirmó en noviembre de 2023 que entre mediados y fines de 2025 la inflación ya iba a ser historia.

En octubre de 2025 fue más lejos: citó la tesis de un alumno de un amigo suyo —que dicta la materia Moneda— según la cual el rezago entre que se deja de emitir y la derrota de la inflación no era de 18 meses sino de 26 meses, lo que lo llevó a afirmar que en agosto de 2026 la inflación iba a empezar con cero. Ninguno de esos objetivos fue alcanzado.

Además, el ministro Luis Caputo dijo el 14 de abril: “Los próximos 18 o 20 meses van a ser, probablemente, los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. La realidad es que la economía sigue sin arrancar.

Un indicador útil para medir el nivel de actividad es el IVA DGI, porque el IVA es el impuesto al valor agregado y el PBI es el valor agregado. El IVA DGI marca mejor el nivel de actividad que si se incluye el IVA DGA, porque este grava las importaciones y puede aumentar cuando crecen las importaciones sin que necesariamente aumente la producción nacional.

El gráfico previo muestra que, en lo que va del año, la recaudación del IVA en términos reales cayó en siete de los nueve meses con datos. El aumento registrado en julio y septiembre se explica porque en esos meses se utilizaron otros impuestos para pagar el IVA, en comparación con los mismos meses de 2025.

El empleo formal, en caída

Los datos de puestos de trabajo en el sector formal que informa el Ministerio de Trabajo siguen mostrando caídas. Tomando la serie desestacionalizada, se perdieron 666.832 puestos de trabajo formales entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Si se quita el monotributo social —que en gran medida fue un mecanismo discrecional— la cifra es de 252.831 puestos perdidos.

Los empleados en blanco se redujeron en 303.450: son 303.450 personas menos que aportan al sistema previsional y que pasan a trabajar en negro o bien como monotributistas. Por cada empleado del sector público que salió del Estado, tres perdieron su puesto de trabajo en el sector privado.

Un crecimiento concentrado que no derrama

En síntesis, la economía está prácticamente estancada, el crecimiento depende de unos pocos sectores y la recuperación prevista para 2027 es débil y está sujeta a numerosos riesgos. Sin confianza, crédito y reformas estructurales, la estabilización macroeconómica difícilmente se traduzca en crecimiento sostenido.

El crecimiento depende de unos pocos sectores y la recuperación prevista para 2027 es débil y está sujeta a numerosos riesgos

Uno de los problemas de la economía argentina es que el crecimiento está concentrado en determinadas actividades —particularmente minería, energía y algunos sectores agropecuarios— mientras que otras ramas de la producción, más vinculadas al mercado interno, continúan mostrando signos de debilidad. Esto permite explicar por qué pueden observarse indicadores positivos del PIB sin que necesariamente se perciba una recuperación generalizada del empleo, los salarios y el consumo.

La minería, la producción de petróleo y gas y buena parte de las actividades agropecuarias son sectores relativamente intensivos en capital: pueden incrementar considerablemente su producción mediante inversiones en maquinaria, tecnología e infraestructura sin necesidad de aumentar el empleo directo en la misma proporción.

Por el contrario, actividades como el comercio, la construcción, determinados servicios y buena parte de la industria manufacturera tienen una relación más directa entre su nivel de actividad y la demanda de mano de obra.

Un crecimiento impulsado principalmente por sectores capital-intensivos puede mejorar las estadísticas agregadas sin generar un aumento significativo de los puestos de trabajo.

Obviamente, el campo derrama cuando le va bien. Lo he visto al recorrer varias sociedades rurales del país cuando la soja era la joya del campo. Los mayores ingresos se traducían en más actividad en restaurantes, comercios y hotelería que antes no existían, en las camionetas 4×4 que compran los productores, en maquinaria agrícola, en la contratación de ingenieros agropecuarios, en el transporte de granos, y sigue el listado.

Los inversores esperan para ver si, a un año de las elecciones, Milei las puede ganar y, aun ganando, cómo seguiría un plan económico que no coincide con las promesas de campaña

Sin embargo, minería y energía todavía no derraman como lo hicieron en su momento el sector agropecuario.

La credibilidad, en juego

La pregunta es: ¿por qué la economía no reacciona si el Gobierno dice que bajó el gasto público, redujo impuestos, tiene superávit fiscal, implementó 15.000 desregulaciones y tiene el fuerte apoyo de Estados Unidos?

Tal vez sean tantas promesas incumplidas —inflación cero o empezando con cero, los mejores 18 meses de la historia, que ya tendríamos que estar transitando, seguir emitiendo moneda pese a haber prometido cerrar el BCRA, que el ajuste lo iba a pagar la casta, salarios reales que no crecen, la dolarización incumplida— las que están generando ese desánimo en la gente, en tanto que los inversores esperan para ver si, a un año de las elecciones, Milei las puede ganar y, aun ganando, cómo seguiría un plan económico que no coincide con las promesas de campaña.

En otros términos, puede ser que el Presidente esté perdiendo credibilidad ante los magros resultados económicos obtenidos: mejores que los heredados del kirchnerismo, pero lejos de generar bienestar en la gente. Y, como decía al inicio, sin credibilidad no hay plan económico que pueda funcionar.

Posiblemente, el error haya sido hacer promesas incumplibles y dejar a la gente nuevamente desencantada. Nada diferente a lo que hicieron gobiernos anteriores con sus incumplibles promesas de campaña.

Cuando se habla de la desaparición del periodismo se confunde la crisis de una forma de hacerlo con la desaparición de la necesidad que le dio origen. Mucho antes de que existieran los diarios había gente que iba de un lugar a otro contando lo que había pasado, llevando noticias, historias, relatos de cosas que los demás no habían podido ver.

En la Grecia antigua estaban los aedos, que cantaban relatos de héroes acompañándose con un instrumento, y los rapsodas, que recitaban poemas épicos ante el público, por ejemplo en festividades. Conservaban y transmitían una memoria compartida, aunque no se dedicaran a dar noticias como las entendemos hoy. En el Cáucaso, entre Armenia, Georgia y Azerbaiyán, los ashugs combinaban poesía, música y narración, actuaban en reuniones y celebraciones y recorrían pueblos con su repertorio. Algunos estaban ligados a una corte, otros actuaban para la gente que se reunía a escucharlos. Y en la Europa medieval estaban los juglares, que recorrían pueblos y cortes con relatos, canciones y espectáculos. El juglar hasta cantaba.

En América, los incas tenían a los chasquis, que corrían por la red de caminos del imperio llevando mensajes y trabajando por postas, uno llegaba, transmitía el mensaje a otro que estaba descansado y ese seguía hasta el siguiente relevo. Llevaban mensajes orales y también quipus, cordones con nudos que servían para registrar información. No hacían el mismo trabajo que un narrador que reunía al pueblo, estaban al servicio de las comunicaciones del imperio, pero muestran hasta qué punto se organizaba una sociedad para que una noticia pudiera atravesar montañas y llegar a alguien que estaba lejos.

No eran periodistas como hoy los llamamos, ni todos cumplían la misma función, pero ya estaban esas necesidades de llevar información, conservar lo ocurrido y contárselo a otros. Para entender ese mundo hay que hacer un esfuerzo, porque nosotros estamos acostumbrados a enterarnos de algo prácticamente en el momento en que sucede. Un celular transmite una imagen y alguien del otro lado del planeta puede verla mientras está ocurriendo, nos cuesta imaginar a un tipo atravesando montañas durante semanas para contar que en el reino de al lado había muerto el heredero, pero esa noticia viajaba con los medios que había, a pie, a caballo, en una embarcación.

Podía tardar días, semanas o meses según la distancia y las condiciones, y no por eso dejaba de ser una noticia para quien la recibía. Era la manera que tenía de enterarse de algo que hasta ese momento ignoraba. También eran otros los tiempos de los viajes, de las respuestas y de muchas transformaciones. Eso no quiere decir que una demora no importara, porque un ejército podía estar acercándose o la muerte de un rey podía desatar una disputa por la sucesión. La urgencia existía, por eso se organizaban caminos y relevos para que los mensajes llegaran antes, pero la capacidad de transmitirlos era otra. Juzgar aquella circulación de información con la velocidad de internet nos impide entender qué significaba recibir una noticia en ese momento. Hoy nos cuesta imaginar esa espera, pero en aquel ritmo una noticia seguía siéndolo aunque llegara semanas más tarde, y ese esfuerzo de transmitirla muestra que ya había urgencias y cuidados en juego.

Contar para que perdure

Y en el viaje la información podía modificarse, como en el teléfono roto de los chicos, porque uno olvidaba un detalle, otro agregaba algo, otro acomodaba lo que había escuchado a las palabras y las referencias de quienes lo recibían. También podía haber alguien interesado en deformarla. Pero sería un error pensar que la transmisión oral solamente servía para distorsionar, porque había un oficio dedicado a recordar y conservar, y el canto, el ritmo y la repetición también ayudaban a que un relato permaneciera en la memoria.

Gurdjieff cuenta en Encuentros con hombres notables que su padre era un ashokh, uno de esos narradores que transmitían historias mediante la poesía y el canto, y que de chico lo había escuchado contar la historia de Gilgamesh, incluido el episodio del diluvio. Años después leyó en una revista la traducción de unas antiguas inscripciones en escritura cuneiforme y reconoció, según su recuerdo, aquel relato que había escuchado de su padre. Eso no demuestra que el diluvio haya ocurrido, ni el testimonio alcanza para establecer que una historia se haya transmitido intacta durante miles de años, pero el episodio plantea algo que me interesa: una narración también puede encontrar en la voz de quienes la cuentan una manera de conservarse.

El buen narrador hace ese trabajo, busca cómo transmitir lo que quiere contar de acuerdo con el lugar donde está y con la gente que lo escucha, cambia las palabras que necesita cambiar, explica lo que el otro desconoce, encuentra el ritmo para sostener la atención y conserva el sentido de lo que está contando. Hay quienes distorsionan todo y hay quienes tienen el talento y el cuidado necesarios para que una historia llegue a otros sin perder su contenido. Esa diferencia también forma parte del oficio.

Cambiar la forma para conservar los hechos

Y para contar hay que encontrar una forma. Incluso aquellos viejos cables de agencia, tan secos y específicos, tenían un grado de subjetividad, porque alguien decidía qué era importante, por dónde empezaba la noticia y qué dejaba afuera. Cada noticia que uno transmite tiene algo de su mirada, de su interés y su manera de entender lo que pasó. Eso no significa que los hechos sean lo que a uno se le ocurra, significa que para transmitirlos hay que elegir palabras, un orden, una manera de hacer que el otro entienda.

En el periodismo, además, esa fidelidad exige respetar los hechos, incluso cuando alguno incomoda o contradice lo que uno esperaba encontrar. Pasa algo parecido con el teatro, donde un actor tiene que hacer llegar la voz y los gestos hasta el fondo de la sala y, al mismo tiempo, hacernos creer que está hablando con alguien dentro de una habitación en la intimidad. La expresión se amplía, se exagera a veces hasta con maquillaje, porque el espectador está lejos, mientras que en el cine un primer plano permite advertir un movimiento mínimo de la cara.

Son recursos distintos para transmitir una emoción, y en el periodismo también hay recursos narrativos, a veces casi literarios, para que alguien pueda comprender lo que no presenció. Una cosa es trabajar la forma de contarlo y otra es alterar lo que ocurrió. Hoy una afirmación sin sustento puede servirle a alguien para descartar una investigación trabajada, documentada y justificada, pero la existencia de terraplanistas no cambia la forma de la Tierra.

La pérdida de confianza en el periodismo tampoco elimina la necesidad de información. El sistema cambió y va a seguir cambiando, cambiarán los medios, los lenguajes y quienes hagan ese trabajo, incluso parte podrá hacerlo una máquina, pero no veo por qué habrían de desaparecer la necesidad de saber y la vocación de informar. Mientras haya alguien que quiera saber qué pasó del otro lado, habrá lugar para alguien que vaya, averigüe y encuentre la manera de contárselo. Y a veces esa manera implica cambiar lo necesario para que se entienda sin perder lo esencial de lo que se quiere contar.

¿Qué ocurre cuando una persona acude a una consulta a tiempo, pero debe enfrentar demoras para confirmar un diagnóstico de cáncer o iniciar el tratamiento indicado? Garantizar que los peruanos accedan a un diagnóstico oportuno y al tratamiento que necesitan, es hoy una gran responsabilidad.

Cada octubre nos invita a crear conciencia sobre el cáncer. Nuestra principal preocupación es ganarle tiempo a esta enfermedad. Por un lado, promover que las personas busquen atención ante los primeros síntomas y, por otro, asegurar que, una vez que lo hacen, puedan avanzar hacia el diagnóstico y el tratamiento sin demoras evitables.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer estimó en el Perú más de 77 mil nuevos casos y cerca de 37 mil muertes en 2024. De ellas, el cáncer de estómago sigue siendo la primera causa de fallecimientos por cáncer en población general. Esta realidad exige fortalecer la prevención y revisar la respuesta que recibe cada persona desde que aparece una sospecha de la enfermedad.

Hay que tener en claro que, un diagnóstico tardío puede limitar las opciones de tratamiento y hacer necesaria una atención más compleja.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que una atención demorada o inaccesible está relacionada con menores probabilidades de supervivencia y mayores costos. Estas demoras e interrupciones también pueden aumentar la carga para pacientes y familiares. Para quienes viven lejos de los centros especializados y/o cuentan con menos recursos, cada etapa de la atención puede implicar traslados, gastos adicionales, días de trabajo perdidos y cambios en la rutina familiar o laboral.

Detectar el cáncer a tiempo es solo el primer paso, cada paciente también debe poder acceder de manera continua a los medicamentos esenciales e innovadores que necesita.

Por ello, las alertas sobre su disponibilidad en algunas regiones o establecimientos de salud deben verificarse y atenderse con prontitud. Garantizar el abastecimiento requiere programación anticipada, financiamiento oportuno y coordinación entre el nivel central y las regiones, para que los tratamientos lleguen a donde se necesitan.

El tiempo entre la sospecha, la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento debería ser un indicador prioritario del sistema de salud. Medir cada etapa, por tipo de cáncer y territorio, permitiría identificar obstáculos y establecer metas acordes con la necesidad clínica.

Asimismo, las iniciativas de detección temprana deben considerar la ruta completa (“journey”) del paciente: desde la identificación de una posible enfermedad hasta la confirmación diagnóstica, el acceso efectivo al tratamiento y el seguimiento.

Reducir las esperas exige capacidad diagnóstica, disponibilidad de especialistas, financiamiento previsible y un abastecimiento continuo.

Consideramos fundamental que la evaluación de nuevas tecnologías sea ágil y siga criterios estandarizados, y que las decisiones de acceso tomen en cuenta tanto el beneficio clínico como la sostenibilidad. Recordemos que la innovación solo genera valor para el paciente cuando puede acceder a ella en el momento oportuno.

Por eso, el Estado, los profesionales de la salud, los pacientes y el sector privado debemos asumir compromisos verificables para reducir las demoras y asegurar la continuidad de la atención.

Este mes, cada llamado a detectar el cáncer a tiempo debería acompañarse de una pregunta fundamental: ¿estamos preparados para atender a cada persona que responda a él?

La lucha contra las enfermedades oncológicas es un compromiso de todos y no termina cuando alguien acude a una consulta; también exige un sistema de salud capaz de responder con la misma urgencia, porque la atención integral y de calidad puede cambiar la vida de las personas y hacer una diferencia en su futuro.

Como abogado, considero que uno de los desafíos jurídicos de las elecciones presidenciales de 2027 será proteger la libertad del sufragio frente al uso fraudulento de la inteligencia Artificial, sin restringir el debate político. Estoy a favor de esta tecnología y de sus aplicaciones para mejorar la investigación, el acceso a la información y el funcionamiento de la Justicia. Precisamente por reconocer su utilidad, creo necesario examinar sus posibles abusos. No se trata de una discusión sobre máquinas, sino sobre derechos, responsabilidades y límites del poder estatal.

El voto no comienza cuando el ciudadano ingresa al cuarto oscuro. Su decisión se forma durante meses, a partir de noticias, debates, imágenes y declaraciones que considera confiables. Una elección puede celebrarse con urnas custodiadas, autoridades presentes y un escrutinio correcto, y aun así estar expuesta a maniobras destinadas a alterar deliberadamente la información con la que los electores deciden. La regularidad del procedimiento es indispensable, pero no agota la protección de la libertad electoral.

La inteligencia artificial permite generar videos en los que un candidato parece confesar un delito que nunca cometió, reproducir una voz para atribuirle declaraciones inexistentes o construir conversaciones que jamás tuvieron lugar. El problema puede comenzar desde el inicio de la campaña, acumularse durante semanas o meses y agravarse en las horas anteriores a la votación. Concentrar toda la preocupación en la veda sería desconocer cómo se forma la voluntad del elector.

A ello se suman las llamadas deep news: no una falsificación aislada, sino una apariencia completa de noticia, con titulares, sitios que imitan medios, audios, capturas y cuentas que se citan entre sí. La repetición puede aparentar corroboración independiente. Sin embargo, miles de reproducciones de un contenido inventado no lo convierten en un hecho. Y cuando se multiplican las falsificaciones aparece otro riesgo: que una grabación verdadera sea desacreditada con la simple afirmación de que fue creada artificialmente.

Como abogado litigante, me interesa especialmente distinguir el daño que una conducta puede producir de la respuesta que jurídicamente corresponde. No toda falsedad política es delito. La crítica, la sátira, la exageración y las opiniones equivocadas forman parte de un debate público protegido constitucionalmente. Otra cosa es fabricar deliberadamente una escena inexistente para engañar al elector. Incluso en ese supuesto, la gravedad del hecho no autoriza a prescindir de la prueba ni a ampliar los tipos penales por analogía. Habrá que establecer quién produjo el contenido, quién decidió difundirlo, con qué propósito y mediante qué evidencias puede atribuirse cada intervención.

El artículo 140 del Código Electoral Nacional sanciona con prisión de dos meses a dos años a quien mediante engaños induce a otra persona a sufragar de determinada forma o a abstenerse. La inteligencia artificial puede ser un instrumento de esa conducta, pero su utilización no demuestra por sí sola la configuración del delito. Deben examinarse el engaño, la finalidad y la intervención concreta de cada responsable, conforme a las exigencias de la figura penal y al principio de legalidad.

Existe un antecedente que impide tratar esta preocupación como una hipótesis puramente académica. En julio de 2025, la Cámara Nacional Electoral confirmó un procesamiento en la causa Villaver, vinculada con la publicación de videos falsos sobre Mario Negri durante la campaña de 2021. Se trató de una decisión procesal, no de una condena definitiva. Su importancia reside en mostrar que las falsificaciones audiovisuales electorales ya han exigido respuestas judiciales y que la investigación de sus responsables puede prolongarse mucho más que la campaña en la que circularon.

La legislación también contiene herramientas preventivas. La Ley 26.215 prevé el registro de cuentas oficiales, la rendición de gastos de publicidad digital y acciones de formación cívica en entornos digitales. Esas previsiones contribuyen a la transparencia, aunque no resuelven por sí mismas las operaciones que circulan desde perfiles apócrifos, redes coordinadas o servicios de mensajería. Tampoco justifican remover indiscriminadamente contenidos por resultar incómodos para un candidato.

Estas maniobras también plantean responsabilidades para quienes organizan campañas, contratan servicios digitales, administran recursos o intervienen en la difusión de contenidos. Desde la práctica profesional, considero indispensable identificar anticipadamente los riesgos jurídicos, establecer mecanismos de prevención y preservar evidencia que permita distinguir una comunicación legítima de una operación deliberada de engaño. La responsabilidad debe determinarse por conductas acreditadas, no por sospechas.

En mi investigación postdoctoral, «El nuevo ecosistema informacional. Libertad de expresión, daño informacional e inteligencia artificial», propongo debatir la creación legislativa de un delito autónomo de desinformación dolosa. La figura básica, de alcance general y no exclusivamente electoral, contempla penas de dos a cuatro años de prisión para quien difunda públicamente hechos falsos presentados como verdaderos, con conocimiento de su falsedad, finalidad específica de desacreditar o menoscabar gravemente a una persona humana o jurídica y aptitud objetiva para producir esa afectación.

La figura agravada prevé aumentar un tercio el mínimo y la mitad el máximo de la pena cuando la conducta forme parte de una operación coordinada, organizada o financiada clandestinamente, destinada a afectar un proceso electoral, interferir gravemente en las instituciones constitucionales o erosionar artificialmente la confianza pública en ellas. No es una norma vigente: su eventual sanción exigiría definir con precisión las conductas prohibidas, sin castigar opiniones, críticas, sátiras ni errores informativos. En una campaña, además de la persona atacada, puede verse afectada la libertad de decisión del elector.

Una resolución judicial dictada meses después puede establecer responsabilidades, pero difícilmente reconstruir las condiciones en las que los ciudadanos formaron su decisión electoral. Por eso propongo una preparación institucional que acompañe toda la campaña. Antes de su inicio deben existir canales claros para recibir denuncias, preservar archivos originales, identificar enlaces y fechas y solicitar verificaciones técnicas. Los partidos deberían facilitar la identificación de sus comunicaciones oficiales y disponer de interlocutores capaces de responder con información comprobable. Durante la campaña, cada denuncia debe evaluarse según su evidencia, sin presumir que toda publicación cuestionada es falsa ni que toda falsificación constituye automáticamente un delito.

La intervención judicial requiere competencias definidas, fundamento legal y respeto por la proporcionalidad. Una aclaración pública fundada en datos verificables no equivale a una orden de censura. Una medida restrictiva, en cambio, necesita una justificación jurídica específica. Tampoco corresponde confundir a quien organiza, financia o difunde deliberadamente un engaño con quien comparte de buena fe una publicación que cree auténtica. La responsabilidad penal es individual; no se presume por la pertenencia partidaria.

No propongo prohibir herramientas ni someter cada publicación a un control oficial de veracidad. La prevención seria consiste en identificar conductas, conservar evidencia, verificar la autenticidad de los contenidos y aplicar garantías que protejan a todos, cualquiera sea su posición política. La inteligencia artificial puede aportar enormes beneficios; el derecho debe concentrarse en los usos que lesionan derechos, no en la tecnología por sí misma.

La pregunta para 2027 no es si podremos impedir toda mentira durante una campaña. Ningún sistema democrático puede prometer eso sin comprometer la libertad de expresión. La pregunta es si tendremos instituciones preparadas para diferenciar la crítica legítima de las maniobras de engaño, investigar responsabilidades y actuar a tiempo dentro de la ley. Defender el sufragio exige custodiar las urnas, pero también proteger la libertad con la que cada ciudadano llega a ellas.

Un reciente fallo de un juez de un Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás ha generado con justa razón un verdadero repudio por parte de todo el arco empresarial por lo insólito de los argumentos vertidos. La sentencia resuelve que no existe delito en un bloqueo por parte de un sindicato a una empresa por cuanto el juez entiende que ello forma parte del derecho de huelga.

La verdad es que sorprende la liviandad con que un juez penal interpreta en forma totalmente desatinada una normativa laboral o, mejor dicho, decide jurisprudencialmente y con argumentos absurdos legislar en materia de derecho de huelga.

El derecho de huelga está reconocido en la Constitución Nacional pero no existe, como sí sucede con otros derechos constitucionales, una reglamentación en cuanto a su ejercicio, algo que ahora un juez penal decide de alguna manera reglamentar en forma totalmente improcedente.

No es del caso analizar si un bloqueo es o no un delito, lo cual quizás si sea de su competencia, pero no lo es el resolver qué es lo que se puede hacer y que no en el ejercicio del derecho de huelga.

La misma Organización Internacional del Trabajo, luego de muchos años de discusión, tuvo que recurrir a la Corte Internacional de Justicia para que determinara si dentro de una frase de un convenio, el 87, podía entenderse si en el mismo estaba comprendido o no el derecho de huelga. La Corte, por mayoría y con votos en disidencia, sostuvo que sí, pero aclaró expresamente que ello no implicaba determinación alguna sobre el contenido o el alcance para su ejercicio ya que las modalidades regulatorias internas o los alcances o limitaciones para su ejercicio legítimo dependen de las legislaciones nacionales. En la Argentina solo se contempla la conciliación obligatoria previa a una medida de fuerza y la regulación de los servicios esenciales y no otros aspectos.

Por lo tanto, no hay una reglamentación sobre el ejercicio del derecho de huelga, pero la misma debe ejercerse contemplando a los demás derechos constitucionales como el de libertad para trabajar, de propiedad, de comerciar, de circular, etc., todos los cuales aparecen como conculcados cuando hay un bloqueo.

Y máxime cuando, como en el caso, se trata de una disputa por el correcto encuadramiento gremial de trabajadores donde la ley contempla claramente que el procedimiento para dirimirlo no es presionar con un bloqueo, sino que la disputa debe resolverse con la intervención del Comité Arbitral de la CGT quien debe analizar y solucionar ese diferendo con el posterior eventual recurso ante la Justicia.

Con la interpretación del juez, pareciera que cualquier cosa que se haga, legal o ilegal, violenta o no, está comprendida dentro del derecho de huelga y por ello termina legislando pretorianamente a través de su fallo. Los derechos no son absolutos y sorprende cómo muchas veces los jueces se transforman en legisladores o en forma totalmente liviana dictan cautelares que suspenden leyes nacionales legítimamente dictadas bajo la excusa de su supuesta inconstitucionalidad obviamente en abstracto y sin un caso concreto que lo justifique.

Tal vez el juez que dictó esta sentencia debería soportar un bloqueo en su casa particular por parte de quienes pretenden que se dicte una sentencia de su juzgado condenatoria o absolutoria, impidiendo el ingreso o egreso del funcionario y de su familia para poder entender la dimensión de lo que hace y de ese modo poder entender cuál es la situación de la víctima. Las libertades no pueden transformarse en un libertinaje y el estado de derecho es lo que deben cuidar los jueces, no fomentar la violencia ni la conflictividad.

La economía argentina atraviesa una etapa en la que los avances en materia de estabilización conviven con dificultades para recuperar la actividad. El Gobierno ha convertido el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización monetaria en los principales ejes de su programa. El desafío consiste en sostener esos objetivos sin debilitar las condiciones necesarias para volver a crecer.

El equilibrio fiscal contribuye a reducir la necesidad de financiamiento monetario, estabilizar las expectativas y mejorar la percepción de solvencia del Estado. La cuestión central aparece en la forma y la velocidad con que se alcanza ese equilibrio, y en los costos que genera sobre el nivel de actividad.

La reducción de la obra pública, la contracción del gasto y la pérdida de poder adquisitivo debilitan la demanda interna. El menor consumo afecta las ventas de las empresas, limita las inversiones e impacta sobre la recaudación. Los últimos datos disponibles muestran que el comercio, tomando el IVA como señal, continúa cayendo en términos reales.

El menor consumo afecta las ventas de las empresas, limita las inversiones e impacta sobre la recaudación

Se genera así una tensión circular: la menor actividad reduce los ingresos fiscales y obliga a realizar nuevos ajustes para preservar el resultado presupuestario, que a su vez pueden volver a afectar la actividad. El problema es hasta qué punto puede sostenerse una consolidación fiscal cuando parte de su costo recae sobre la propia base económica que genera los recursos tributarios.

La estabilidad cambiaria presenta un dilema similar. La utilización del tipo de cambio como ancla nominal contribuye a la desinflación, pero cuando el dólar aumenta por debajo de los precios se aprecia el peso en términos reales. Esto reduce la competitividad de determinadas actividades industriales y regionales, abarata las importaciones y los viajes al exterior y estimula la demanda privada de divisas.

Las compras de dólares por parte de las personas alcanzaron los USD 36.500 millones en los últimos 18 meses, mientras que el saldo de la balanza comercial fue de USD 29.132 millones en el mismo período.

La menor actividad reduce los ingresos fiscales y obliga a realizar nuevos ajustes para preservar el resultado presupuestario, que a su vez pueden volver a afectar la actividad

La comparación dimensiona una tensión que excede la evolución cotidiana del tipo de cambio: la generación de divisas por el intercambio comercial no necesariamente alcanza para cubrir la demanda privada y los compromisos financieros. La eliminación de restricciones favoreció la normalización financiera y puede contribuir a la inversión, pero también habilita una mayor demanda de dólares. Sin reservas suficientes, esa dinámica puede presionar nuevamente sobre el mercado cambiario.

¿Son suficientes los USD 75.000 millones para garantizar ese equilibrio? El dilema consiste en avanzar simultáneamente en la desinflación, la normalización cambiaria y la recuperación económica sin comprometer la acumulación de reservas ni recrear restricciones externas.

El otro frente es el crédito. Las tasas de interés reales positivas aumentan el atractivo de mantener activos en pesos, moderan la demanda de dólares y limitan la expansión del crédito y del consumo cuando pueden alimentar la inflación. Sin embargo, también encarecen el financiamiento privado.

La generación de divisas por el intercambio comercial no necesariamente alcanza para cubrir la demanda privada y los compromisos financieros

Las familias enfrentan mayores costos para consumir y las empresas deben evaluar sus inversiones en un contexto de crédito caro, ventas débiles e incertidumbre. Aumenta la morosidad y se postergan decisiones que podrían contribuir a recuperar la actividad. Según los datos del informe, la cantidad de empresas en situación diferente de la normal dentro del sistema bancario llegó a 58.982, un 53% más que hace 12 meses.

La política monetaria enfrenta así una tensión difícil de resolver: las tasas que intentan contener la inflación y la dolarización, cuando permanecen elevadas durante demasiado tiempo, pueden transformarse en un freno para la recuperación del crédito, la inversión y el consumo.

Los tres desequilibrios están conectados. La debilidad de la actividad afecta la recaudación; la necesidad de sostener el superávit limita el margen fiscal; la apreciación cambiaria presiona sobre la competitividad y la demanda de divisas; y el costo del financiamiento restringe la capacidad del sector privado para expandirse.

El desafío consiste en transformar la estabilización en una recuperación sostenible. El equilibrio fiscal, la desinflación y la normalización cambiaria son condiciones relevantes, pero no garantizan por sí solas el crecimiento. Para consolidarlas, será necesario recuperar la actividad, ampliar la capacidad de generar divisas y crear condiciones para que el crédito y la inversión vuelvan a acompañar la producción.

La pregunta ya no es solamente cómo estabilizar la economía, sino cómo evitar que los instrumentos utilizados para alcanzar esa estabilidad terminen debilitando las bases sobre las que debe sostenerse.

El autor es CEO de Fidelitas

La rápida irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha colocado a las escuelas y universidades ante un desafío sin precedentes. Frente a esta transformación, las reacciones institucionales suelen oscilar entre dos posturas extremas e ineficaces: la tecnofobia, que pretende prohibir o ignorar estas herramientas por temor a la deshumanización y la tecnofilia, que las adopta de forma fascinada y sin reflexión pedagógica. Sin embargo, la premisa fundamental sobre la que debe asentarse el proyecto educativo del presente es que la tecnología no es neutral y requiere que el ser humano mantenga el control sobre sus fines y condiciones. Como señala la UNESCO, el imperativo ético y social del sistema escolar debe ser dirigir la tecnología para evitar que sea ella quien nos dirija a nosotros.

Ahora bien, sabemos que los estudiantes la usan y mucho. Entonces, abandonarlos a un uso espontáneo o desregulado conlleva severos riesgos. Dado que los modelos generativos ofrecen respuestas inmediatas y bastante bien articuladas, existe una tentación permanente de recurrir a la copia pasiva o al plagio. Cuando el alumno delega en la máquina la redacción, la síntesis o la resolución de problemas sin un filtro reflexivo, el resultado es un aprendizaje superficial y vacuo, en el que se desvanecen competencias cognitivas esenciales como la investigación, el análisis crítico y la argumentación propia.

A esto se suma que las herramientas de IA no son infalibles ni asépticas: cometen “alucinaciones”, esto es, inventan datos, fechas y citas bibliográficas falsas con apariencia de rigor y, a su vez, reproducen sesgos ideológicos, de género y de raza presentes en sus datos de entrenamiento. Si la escuela no enseña a auditar y cuestionar estos contenidos, se corre el riesgo de formar estudiantes ingenuos, vulnerables a la manipulación y dependientes de las respuestas automáticas de los algoritmos.

Por lo tanto, enseñar el buen uso de la IA en las aulas no consiste en transmitir instrucciones técnicas de software, sino en desarrollar la autonomía intelectual y el pensamiento crítico. Para romper con la reproducción mecánica del conocimiento, las estrategias didácticas deben estructurarse alrededor de algunas dimensiones para la concreción del aprendizaje:

- Interrogación consciente: Desarrollar la capacidad de diseñar órdenes (prompts) claras, precisas y estratégicas, definiendo con rigor qué tarea se requiere de la IA.

- Instrucciones personalizadas: En algunas aplicaciones, se puede dejar explicitado a qué te dedicas, tus objetivos y cómo preferís que te responda. En mi caso, le solicito claridad conceptual, respuestas reflexivas y que asegure fuentes de búsqueda confiables.

- Identificación de estilo: Es necesario dejar claros el estilo y el tono de base, cómo debe hablar el asistente; por ejemplo: profesional, amigable, con calidez y entusiasmo.

- Aplicación comparada: Someter la misma consulta a distintas herramientas de IA para analizar las divergencias, fortalezas, limitaciones y posibles enfoques de cada una.

- Diálogo crítico y verificación de datos: Sostener una conversación con la aplicación para refinar las respuestas y comprobar la veracidad de los datos, afirmaciones y referencias contrastándolas con fuentes académicas confiables, incluso con lo que el profesor explicó en clases.

- Reelaboración personal: Exigir que el estudiante reconstruya la información recibida utilizando sus propias palabras, esquemas o argumentos, garantizando la autoría y la apropiación genuina del saber.

- Reflexión metacognitiva: El alumno deberá poder evaluar su propio proceso de aprendizaje: qué sabe, qué le falta saber, qué requiere esta asignatura y, fundamentalmente, es necesario remarcar el valor del esfuerzo intelectual.

Y si bien la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos o estructurar borradores con rapidez, carece de conciencia, empatía, valores y capacidad para comprender contextos socioculturales complejos. Entonces, la enseñanza del uso adecuado reafirma que la educación es esencialmente un proceso colectivo, social y humano, donde el rol del docente como mediador es irremplazable.

En definitiva, integrar la IA con sentido pedagógico exige plantear tareas complejas y desafiantes. Solo enseñando a dialogar, cuestionar, verificar y reconstruir lo que produce la tecnología lograremos formar ciudadanos autónomos, capacitados para utilizarla en beneficio de la sociedad en lugar de ser moldeados por ella.

Los argentinos conocemos las dificultades, los fracasos y los cambios de rumbo, pero también sabemos que la perseverancia, el trabajo y la capacidad de reinventarnos nos permiten alcanzar objetivos que, en determinados momentos, parecían lejanos. Esa resiliencia, nacida muchas veces de la adversidad, puede ser mucho más que una herramienta para superar crisis, puede convertirse en una fortaleza para construir nuestro futuro.

La educación superior argentina sigue siendo una fuente fundamental de conocimiento y formación profesional. No se trata solamente de formar profesionales técnicamente competentes, sino también de desarrollar una mirada integral, comprender los problemas en toda su complejidad y asumir la responsabilidad de poner lo aprendido al servicio de los demás. La ciencia, la tecnología y la innovación adquieren su verdadero sentido cuando contribuyen a mejorar la vida de las personas y al desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, tenemos un desafío pendiente: conectar mejor el conocimiento con quienes pueden transformarlo en soluciones concretas. La academia y la industria no deberían funcionar como mundos separados. Necesitamos que las universidades comprendan los problemas reales del sistema productivo y que las empresas encuentren en la investigación una oportunidad para innovar. Trabajar juntos no debería ser una excepción, sino una práctica habitual. En los países con ecosistemas de innovación consolidados, la cooperación entre universidades y empresas forma parte de una dinámica que debemos fortalecer también en Argentina.

Existen experiencias que muestran que esta articulación es posible. Una app concebida para acompañar a personas con Alzheimer y a sus cuidadores nació como una idea desarrollada en una tesis universitaria en Buenos Aires. Con el acompañamiento académico, el esfuerzo de su creadora y la búsqueda de financiamiento, aquella propuesta académica se convirtió en un emprendimiento tecnológico. Su trayectoria ilustra cómo una investigación puede trascender las aulas y transformarse en una iniciativa con impacto concreto en la sociedad. Este caso ilustra el potencial de la investigación aplicada. Cada proyecto puede transformar conocimiento en soluciones concretas, procesos más eficientes y tecnologías adaptadas a necesidades reales. Muchas veces, desarrollar localmente una respuesta adecuada puede ser más accesible que recurrir a soluciones concebidas para otras realidades. Para lograrlo, debemos fortalecer la investigación, impulsar la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y promover equipos capaces de integrar distintas disciplinas.

La transformación tecnológica que estamos atravesando también representa una oportunidad. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías productivas están modificando las reglas de juego. Aunque los países no parten de las mismas condiciones, en determinados campos emergentes todavía hay espacio para crear, experimentar y desarrollar soluciones propias. Argentina cuenta con universidades, investigadores, profesionales, emprendedores y empresas capaces de aprovechar esas oportunidades.

No se trata simplemente de incorporar tecnología porque otros países lo hacen, sino de comprenderla, adaptarla y generar alternativas que respondan a nuestras necesidades. Para ello, necesitamos perseverancia, inversión, cooperación y una visión de largo plazo.

El desafío es importante, pero no debemos subestimar nuestras posibilidades. Tenemos talento, creatividad y una tradición de resiliencia. Si logramos articular esas fortalezas alrededor de objetivos compartidos, podremos convertirlas en oportunidades de desarrollo, trabajo y bienestar.

El futuro no está determinado únicamente por las dificultades que hemos atravesado, sino también por lo que decidamos construir a partir de ellas. Argentina tiene conocimiento, tiene talento y tiene capacidad para innovar. Es tiempo de conectar esas fortalezas y transformarlas en resultados.

Desde hace décadas vengo sosteniendo la necesidad de crear, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, un Consejo de Seguridad Nacional cuya misión sea informar al presidente de la Nación sobre los riesgos y amenazas que enfrenta la República Argentina y proponer las medidas necesarias para anticiparse a ellos o contrarrestarlos cuando las circunstancias así lo exijan.

No se trata de crear una nueva estructura burocrática, sino de aprovechar de manera más eficiente y coordinada las capacidades con las que ya cuenta nuestro país.

El Presidente de la Nación, por mandato constitucional, conduce las relaciones exteriores y ejerce la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Son precisamente esas dos áreas, junto con la Secretaría de Inteligencia, las que deberían aportar sus mejores cuadros profesionales a un Consejo de Seguridad Nacional, concebido como un instrumento de asesoramiento estratégico y coordinación al servicio del jefe del Estado.

La experiencia internacional ofrece antecedentes valiosos.

La Segunda Guerra Mundial le enseñó a los Estados Unidos, una de las potencias vencedoras del conflicto, que numerosos errores podrían haberse evitado y muchas vidas, salvado mediante una coordinación más eficaz entre diplomáticos, militares y organismos de inteligencia.

Fue a partir de esa experiencia que el presidente Harry Truman impulsó la creación del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, establecido en 1947.

Por supuesto, la coordinación de estas capacidades no constituye una tarea sencilla. Existen suficientes evidencias de que, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se produjeron graves fallas de comunicación e intercambio de información entre los organismos de inteligencia interior y exterior de los Estados Unidos.

Sin embargo, aunque muchos de sus éxitos son poco conocidos por razones evidentes, el sistema estadounidense ha demostrado a lo largo de las décadas su utilidad para coordinar la respuesta del Estado frente a amenazas de naturaleza diversa, provenientes tanto de organizaciones terroristas como de Estados adversarios.

Por la delicadeza de las materias involucradas y por las atribuciones constitucionales que se encuentran en juego, los otros poderes del Estado —el Legislativo y el Judicial— no pueden ni deben integrar este instrumento propio del Poder Ejecutivo. Ello no significa que sus actividades deban quedar exentas de control. Por el contrario, corresponde que los órganos competentes ejerzan los mecanismos de supervisión y control posterior previstos por nuestro ordenamiento constitucional.

La Argentina necesita desarrollar una visión estratégica de largo plazo sobre sus intereses permanentes.

El Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida Argentina constituyen una parte fundamental del patrimonio y de la herencia que debemos preservar para las futuras generaciones.

Nuestro país es una tierra de paz y libertad. Sus legítimos reclamos de soberanía se sostienen y defienden en el ámbito del derecho internacional, mediante los instrumentos diplomáticos y jurídicos que corresponden a una nación comprometida con la solución pacífica de las controversias.

Pero no todos los actores internacionales se conducen conforme a esos mismos principios.

Irán, por ejemplo, está vinculado, según las investigaciones y acusaciones de la justicia argentina, con los atentados terroristas perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. El Reino Unido, por su parte, continúa ejerciendo el control sobre nuestras Islas Malvinas y mantiene una presencia militar en el Atlántico Sur, en el marco de una disputa de soberanía que permanece irresuelta.

La Antártida constituye otro escenario de importancia estratégica extraordinaria. El continente concentra aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta y cerca del 90% de su hielo. Su régimen jurídico internacional, establecido por el Tratado Antártico firmado en Washington en 1959 y complementado posteriormente por el Protocolo de Madrid, establece restricciones fundamentales sobre las actividades que pueden desarrollarse en su territorio.

El Protocolo de Madrid prohíbe las actividades relacionadas con los recursos minerales, salvo aquellas destinadas a la investigación científica, y contempla a partir de 2048 la posibilidad de convocar una conferencia para revisar su funcionamiento, bajo determinadas condiciones.

Esto no significa que las prohibiciones desaparezcan automáticamente en esa fecha. Significa, en cambio, que la Argentina debe prepararse con suficiente anticipación para participar, desde una posición sólida, en cualquier discusión futura sobre el régimen antártico.

Otro asunto de vital importancia es la comunicación bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico.

Actualmente, el Canal de Panamá constituye una de las principales vías de conexión marítima entre ambos océanos. Sin embargo, en un escenario de conflicto bélico de escala mundial, esa infraestructura podría verse interrumpida o inutilizada.

En tales circunstancias, y mientras no prosperen otras alternativas de conectividad terrestre, los pasos marítimos del extremo austral de América del Sur adquirirían una importancia estratégica todavía mayor.

El estrecho de Magallanes, el canal Beagle y las rutas marítimas al sur del cabo de Hornos representan espacios de enorme relevancia para el comercio internacional y para la seguridad de las comunicaciones oceánicas.

Los acontecimientos recientes en torno al estrecho de Ormuz y al de Bab el-Mandeb han vuelto a demostrar hasta qué punto el control, la seguridad y la disponibilidad de los pasos marítimos estratégicos pueden condicionar la economía mundial y alterar el equilibrio geopolítico.

La Argentina no puede permanecer ajena a estas realidades.

Su posición geográfica, su proyección sobre el Atlántico Sur, sus intereses antárticos, sus recursos naturales y su responsabilidad en la preservación de la soberanía nacional exigen una capacidad permanente de análisis, anticipación y coordinación estratégica.

Un Consejo de Seguridad Nacional permitiría reunir las capacidades diplomáticas, militares y de inteligencia del Estado para ofrecer al presidente una evaluación integral de los riesgos, identificar oportunidades y formular respuestas coordinadas frente a los desafíos del escenario internacional.

No se trata de militarizar la política exterior ni de subordinar las decisiones políticas a los organismos de inteligencia. Se trata, precisamente, de fortalecer la conducción política del Estado, poniendo a su disposición información de calidad, análisis profesional y mecanismos institucionales que permitan tomar mejores decisiones.

Los países que defienden eficazmente sus intereses nacionales no improvisan su estrategia frente a cada crisis. Construyen instituciones capaces de anticipar los acontecimientos y sostener políticas de Estado más allá de las circunstancias políticas de cada momento.

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional debe entenderse en esa perspectiva.

Porque la seguridad nacional, la soberanía y el lugar que la Argentina ocupará en el mundo deben pensarse en función de las futuras generaciones, y no de las próximas elecciones.

Hace dos domingos nos despertamos con una imagen espantosa. Un tigre devoraba a un joven que había ingresado a su jaula en un zoológico de Inglaterra. La escena era brutal. Alguien la había filmado y millones de personas podían contemplar, desde sus teléfonos, los últimos instantes de una vida.

Hoy nos despertamos con otra tragedia. Un sacerdote celebraba misa en una iglesia de Ecuador cuando una enorme cruz se desprendió y cayó sobre su cabeza. El hombre murió en el acto. La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo y su muerte quedó registrada para siempre.

Dos historias completamente distintas. Dos muertes absurdas. Dos videos que recorren el mundo. Y una pregunta que quizás deberíamos hacernos: ¿por qué estamos mirando esto?

No es una pregunta sencilla. Porque la respuesta más cómoda sería culpar a las redes sociales, al algoritmo, a las empresas tecnológicas que compiten por nuestra atención. Y algo de eso hay. Muchísimo. Pero el morbo no lo inventó internet.

Durante la Revolución Francesa, las ejecuciones públicas con la guillotina convocaban multitudes. El filósofo Costica Bradatan cuenta en su libro Elogio del fracaso que aquel invento, concebido para hacer más rápida y menos dolorosa la ejecución, llegó a decepcionar a los espectadores. La cabeza caía demasiado pronto y el espectáculo terminaba antes de que pudieran disfrutarlo. Había quienes reclamaban más sangre, más sufrimiento, más muerte.

La diferencia es que entonces había que acercarse a una plaza para contemplar el horror. Hoy alcanza con deslizar un dedo sobre una pantalla para que la muerte venga a nosotros.

Desde hace siglos, los seres humanos sentimos una atracción contradictoria por el espanto. Las ejecuciones públicas convocaban multitudes. Los accidentes detenían a los curiosos. Las tragedias ocupaban las primeras páginas de los diarios. La muerte ajena siempre despertó una mezcla de horror, fascinación y alivio: eso terrible que le ocurrió a otro, por fortuna, no me ocurrió a mí.

Lo que cambió es la escala. Y, sobre todo, la velocidad.

Antes había que acercarse a una tragedia para verla. Ahora la tragedia viene a buscarnos.

Aparece mientras desayunamos, mientras viajamos al trabajo, mientras esperamos un mensaje. Se mezcla con las fotografías de nuestros hijos, las noticias políticas, los goles del fin de semana y los videos de humor.

El algoritmo no tiene sentimientos. Tampoco comprende, por sí mismo, la diferencia moral entre un hombre que muere y un gato que hace una pirueta. Los sistemas de recomendación identifican aquello que consigue retener nuestra atención y tienden a ofrecernos más contenido capaz de provocar una reacción.

Y pocas cosas capturan nuestra atención con tanta intensidad como una muerte inesperada.

Hay algo profundamente inquietante en esta nueva relación con el sufrimiento. No solamente porque vemos morir a desconocidos, sino porque esas personas pierden, en cuestión de segundos, el control sobre su propia historia.

El joven del zoológico deja de ser un hijo, un amigo, una persona con una vida y una intimidad. Se convierte en el video del tigre. El sacerdote deja de ser un hombre que dedicó su vida a una vocación religiosa. Se convierte en el video de la cruz.

La tragedia los transforma en noticia. Las redes los convierten en contenido. Y nosotros, espectadores de una función para la que nunca compramos un ticket, quedamos atrapados entre la repulsión y la curiosidad.

Porque también hay que admitir algo incómodo: a veces miramos. Y a veces volvemos a mirar. No necesariamente porque disfrutemos del sufrimiento. Quizás porque queremos comprender lo incomprensible. Porque necesitamos comprobar que aquello realmente ocurrió. Porque el miedo y la curiosidad conviven en algún lugar profundo de nuestra condición humana.

Pero las plataformas han aprendido a explotar esa contradicción. Cada reproducción, cada comentario, cada segundo de atención puede alimentar un sistema que termina premiando la circulación de lo extraordinario, incluso cuando lo extraordinario es una desgracia.

Y entonces aparece otra pregunta, particularmente incómoda para quienes hacemos periodismo. ¿Hasta dónde es necesario mostrar? ¿Alcanza con contar que un joven murió atacado por un tigre? ¿Necesitamos observar sus últimos segundos? ¿Es indispensable reproducir el instante en que una cruz mata a un sacerdote para comprender la dimensión de la tragedia?

Informar no siempre exige exhibir. Hay una diferencia entre conocer la muerte de alguien y asistir a ella como espectadores. La familia del joven británico pidió públicamente que dejaran de circular las imágenes de su muerte. Es un pedido elemental de humanidad. Pero en el universo digital, donde todo puede copiarse, compartirse y reproducirse indefinidamente, hasta ese deseo parece difícil de respetar.

Quizás lo más perturbador sea precisamente eso: la muerte ha perdido una parte de su intimidad. Durante siglos fue un acontecimiento rodeado de rituales, silencios, despedidas y duelos. Hoy puede transformarse en una secuencia de veinte segundos que alguien mira distraídamente antes de pasar al siguiente video.

No creo que nos hayamos convertido necesariamente en personas más crueles. Pero sí vivimos dentro de un sistema que puede volvernos progresivamente indiferentes. Y esa indiferencia no llega de golpe. Se construye imagen tras imagen, tragedia tras tragedia, hasta que lo intolerable empieza a parecernos parte del paisaje cotidiano.

Tal vez el problema no sea solamente que el algoritmo nos muestra aquello que no queremos ver. Tal vez el problema sea que ha aprendido demasiado bien aquello que, aunque nos avergüence admitirlo, no podemos dejar de mirar. Y en ese espejo oscuro de las pantallas, lo que aparece no es solamente la muerte de los otros. También aparece algo de nosotros mismos.

Cada vez que una sociedad siente que sus jóvenes se le desbordan, reacciona igual: endurece la mano. Los lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar que propone el Ministerio de Educación siguen ese guion. Restituyen la nota de conducta vigesimal, clasifican las faltas en leves, graves y muy graves y escalonan las sanciones hasta la suspensión, la matrícula condicional y la expulsión. La propuesta parece firme, y esa es su principal virtud académica. Su defecto es de fondo: confunde disciplina con control y por eso promete algo que no puede cumplir.

Disciplinar no es obtener obediencia. Es formar la capacidad de autorregularse, de ponerse en el lugar del otro y de decidir con criterio propio. Piaget describió ese tránsito. Se pasa de una moral heterónoma, en la que la norma se cumple por miedo o castigo, a una moral autónoma, en la que se entiende que la norma se cumple por miedo al castigo, a una moral autónoma, en la que se entiende que la norma protege la convivencia. Un reglamento dedicado a tipificar faltas y asignar penas fijas al estudiante, no le enseña a conducirse bien; le enseña a calcular el riesgo de ser descubierto.

La neurociencia apunta en la misma dirección. Frenar un impulso, anticipar consecuencias y considerar al otro depende de las funciones ejecutivas, asentadas en la corteza prefrontal. Su desarrollo empieza en la primera infancia, pero continua durante toda la adolescencia y se prolonga hasta la adultez temprana. Siegel ha demostrado que el estrés crónico activa las respuestas defensivas de lucha o huida y entorpece justamente los circuitos de la reflexión y la empatía. Un aula regida por la amenaza produce estudiantes en guardia, no sujetos que piensan antes de actuar. Además, la adolescencia es la etapa en que el cerebro es más sensible al rechazo social. Expulsar a un estudiante de catorce años es usar el peor instrumento en el momento de mayor vulnerabilidad.

La experiencia internacional tampoco respalda el endurecimiento. Las políticas de “tolerancia cero” que se extendieron en Estados Unidos en los años noventa fueron revisadas por la Asociación Estadounidense de Psicología. Su conclusión fue que no hacían más seguras las escuelas y que se asociaban a peor rendimiento y mayor abandono escolar. La suspensión y expulsión no resuelven la conducta: la desplazan. El estudiante sale del único espacio institucional capaz de contenerlo y queda, con frecuencia, a merced de la calle.

El castigo, además no cae al azar. Quienes acumulan faltas suelen ser quienes viven situaciones de violencia, abandono y precariedad. Un sistema de sanciones escalonadas termina excluyendo precisamente a los estudiantes que más necesitan la escuela. La nota de conducta agrava el problema. Un solo número que mezcla tardanzas, uniforme y agresiones depende en buena medida del criterio de cada docente. No valora formación ética; mide docilidad y abre la puerta a la arbitrariedad.

El adolescente que recurre a la violencia o desprecia toda norma no padece una “falta de castigo”. Arrastra un déficit de competencias socioemocionales, de tolerancia al malestar y de límites interiorizados. Ningún expediente repara esa carencia.

La alternativa exige trabajar en dos tiempos. El primero es la primera infancia, donde se construyen las bases que ninguna sanción posterior sustituye. Un niño aprende a regularse cuando hay adultos que regulan con él sus emociones. Aprender a respetar límites cuando estos son claros, firmes y empáticos: “entiendo que estés molesto, pero no puedes golpear”. Y aprende responsabilidad a través de rutinas predecible de sueño, alimentación, juego y orden. Eso supone fortalecer la educación inicial y acompañar a las familias en pautas de crianza respetuosa.

El segundo tiempo es la escuela secundaria de hoy, que no puede esperar una generación. Ahí la respuesta no es más sanción, sino otra clase de consecuencia: prácticas restaurativas en las que quien daña repara, tutoría y psicólogos con tiempo real para atender a los estudiantes, y docentes formados en mediación de conflictos. Nada de esto figura como eje en los lineamientos. Ese silencio dice más de la propuesta que su lista de faltas.

Nada de lo anterior implica renunciar a las normas ni a las consecuencias. Una sanción puede contener una crisis puntual, pero no forma el carácter que evitara la siguiente. Si el Ministerio quiere aulas seguras, debe invertir en lo que forma ese carácter y no conformarse con administrar el castigo.

El 22 de junio de 2023, en Nueva York, el juez P. Kevin Castel multó con 5.000 dólares a dos abogados y a su estudio por un escrito que citaba seis fallos inexistentes. Uno de ellos, con más de 30 años de ejercicio, los había conseguido con ChatGPT. Según su propia declaración jurada, cuando le preguntó al sistema si esos casos eran reales, la respuesta fue que sí, y que podían encontrarse en las bases de jurisprudencia.

En ese momento pareció una anécdota. Hoy tiene nombre y una base de datos que lo cuenta.

La lleva el investigador Damien Charlotin, que registra las decisiones judiciales de todo el mundo que constataron citas, fallos o datos inventados con inteligencia artificial. En 2023 fueron 16; en 2025, 861, y en lo que va de 2026, 1.261. Al 16 de octubre sumaban 2.199: más de la mitad involucra a personas que litigan sin abogado, 871 a abogados y 32 a jueces. Diez son de la Argentina.

No es que la IA empeoró: la usamos muchísimo más. El riesgo crece con el uso y, por lo tanto, la revisión tiene que crecer igual.

¿Por qué una tecnología que trabaja cada vez mejor todavía sigue cometiendo un error tan básico como inventar información? Para responderlo hay que mirar qué es, en realidad, eso que llamamos IA.

Qué es un modelo de lenguaje y por qué inventa

Un modelo de lenguaje, como los que están detrás de ChatGPT, Claude o Gemini, hace una sola cosa: recibe un texto y devuelve otro. Si parece que recuerda o que nos conoce, es porque cada vez que le escribimos se le vuelve a pasar la conversación entera del chat, más algo que guardó en algún lugar, más la pregunta nueva, y el modelo vuelve a predecir la respuesta como si la viera por primera vez.

Mientras lo usamos, por dentro no cambia nada: no aprende de nosotros (sólo una capa exterior guarda fragmentos de información), no sabe lo que pasó después de su entrenamiento y no puede comprobar lo que dice. Cuando no sabe algo, las probabilidades de las palabras posibles quedan repartidas, y el modelo igual elige una. Si le pido que complete mi ficha y no sabe cuándo es mi cumpleaños, va a poner una fecha que suene bien.

Predice lo probable, no lo verdadero. En la jerga, eso se llama alucinar: responder algo falso con la misma seguridad que algo cierto.

Qué agrega la capa exterior y qué no puede corregir

Si el modelo solo produce texto, ¿cómo manda un correo o arma una planilla? Conviene imaginar a un experto encerrado en una habitación, que solo puede comunicarse con papelitos que pasa por debajo de la puerta. Del otro lado, alguien lee cada papelito, hace el trámite, busca el archivo o manda el mensaje, y le devuelve otro papelito con el resultado.

El experto es el modelo; el que está afuera es el arnés, el programa que lo rodea y le da herramientas para ejecutar, memoria para recordar, búsqueda en internet para lo nuevo, pruebas para verificar y una computadora donde actuar. Cuando ese ida y vuelta se repite hasta terminar una tarea, el sistema pasa a llamarse agente.

El arnés le da manos al modelo, pero no le cambia la cabeza. El de afuera ejecuta lo que dice el papelito, y el papelito lo escribió alguien que predice lo probable: si adentro hubo un error, afuera se ejecuta con la misma prolijidad que un acierto.

En una columna anterior propuse tres cajas para ordenar la discusión sobre una IA de nivel humano. Hoy estamos en la primera, la de las tareas bien definidas, con nuestros ojos sobre el hombro; todavía no en la segunda, la de una IA a la que se le pueden dejar las llaves de la oficina.

Cómo se mide cuánto inventa la IA

En noviembre de 2025, Artificial Analysis, una firma independiente que evalúa modelos, publicó AA-Omniscience: 6.000 preguntas de conocimiento profesional en 42 temas. Su regla es la que importa: si el modelo acierta, suma un punto; si inventa, resta uno; si dice “no sé”, no suma ni resta.

El primero de aquel ranking, Claude Opus 4.1, de Anthropic, acertaba 36 de cada 100 preguntas e inventaba 31. Hoy el primero es Claude Opus 5.5, de la misma empresa: acierta 66, casi el doble, e inventa 20.

Pero cuando no acierta, en el 59% de los casos inventa en lugar de admitir que no sabe, según la tabla del 16 de octubre; en Opus 4.1, esa proporción era del 48%.

Saber más no es lo mismo que inventar menos. El que más acierta hoy, Claude Fable 5.1, con 67% de aciertos, inventa en el 73% de los casos en que no acierta. El que menos inventa entre los más avanzados, Gemini 4 Argon, de Google, lo hace en el 15% porque dice “no sé” más seguido; a cambio, acierta 50 de cada 100, y todavía no está abierto al público.

Darle el documento ayuda, pero no alcanza: según la tabla que Vectara actualizó el 22 de septiembre, al resumir un texto los modelos más grandes agregan algo que no estaba en el original en entre 6 y 14 de cada 100 resúmenes.

Por qué los modelos adivinan en lugar de decir “no sé”

Si un modelo puede decir “no sé”, ¿por qué no lo dice más seguido? No hace falta ninguna conspiración: alcanza con un incentivo. En septiembre de 2025, investigadores de OpenAI y del Instituto de Tecnología de Georgia encabezados por Adam Tauman Kalai lo explicaron en el trabajo “Por qué alucinan los modelos de lenguaje”: los exámenes con que se entrenan y se miden estos sistemas premian adivinar.

Es la lógica de una prueba de opción múltiple: la pregunta en blanco vale cero seguro y la que se adivina a veces suma, así que, si equivocarse no resta, conviene arriesgar siempre. Los autores proponen castigar más el error dicho con seguridad que la duda, que es lo que hace AA-Omniscience.

Los modelos mejoran, pero no en línea recta: según Artificial Analysis, GPT-5.6 Sol, de OpenAI, inventaba en el 92% de los casos en que no acertaba, y su sucesor, GPT-6 Astra, en el 51%. Con un sistema que predice texto, el cero no está garantizado.

Mi lectura, discutible, es que ese es el motivo por el que la IA de hoy todavía no puede reemplazar a quien la usa: no es que no sepa hacer el trabajo, es que son demasiadas las veces en que no se da cuenta de cuándo lo hizo mal, y lo informa con la misma seguridad. Las personas también nos equivocamos, pero podemos decir “no sé” y, cuando firmamos, respondemos por lo que firmamos.

Qué revisar y cuánto, según lo que está en juego

Antes de preguntar, conviene darle permiso para dudar, pasarle el documento con la consigna de que conteste solo con lo que dice y pedirle que marque de qué está menos seguro. Con la fuente adelante inventa mucho menos; también ayudan la búsqueda en internet y dividir lo grande en pasos chicos. Tres instrucciones sirven para empezar:

Para datos o hechos: “Respondé solo si estás seguro. Si no lo estás, decí ‘No lo sé’ en lugar de adivinar, y marcá claramente las partes en las que tengas dudas”.

Para documentos propios, como contratos, informes o actas: “Usá únicamente el documento de abajo. Si la respuesta no está ahí, decímelo. Citá la frase exacta que usaste”.

Para análisis y recomendaciones: “Explicá cómo llegaste a esta respuesta, listá tus fuentes y decime de qué parte estás menos seguro”.

Después viene el control: cada dato importante, con dos fuentes; cada link y cada cita, abiertos, y si no aparecen, no se usan; los números, recalculados, y el código, probado. Si al repreguntar de otra manera la respuesta cambia, el modelo no lo sabía. Pedirle que diga “no sé” tiene un costo, porque contesta menos. Para decidir, igual es preferible un “no sé” a un dato inventado.

No hace falta revisar todo con la misma lupa, sino según lo que está en juego, como en un semáforo. En verde, los borradores y las ideas: uso libre, con una mirada rápida. En amarillo, los datos (cifras, nombres, citas, links y código): siempre contra la fuente original. En rojo, lo que decide algo o se publica, sobre clientes, dinero, temas legales o personas: fuente, otra persona que revise y alguien que firme.

Conviene tratarla como a un pasante brillante, rápido y a veces demasiado seguro. Y si un agente avisa que terminó, hay que comprobarlo.

Delegá la tarea, no la responsabilidad. La caja uno dice “con ojos por sobre el hombro”. Esos ojos son los nuestros.

El enfrentamiento entre Arabia Saudita y los insurgentes hutíes va tomando entidad propia en el conflicto de Medio Oriente. Este país es una potencia regional importante y lidera a las monarquías del Golfo Pérsico. De acuerdo con el Global Firepower Index, se ubica en la posición 25° por su poder militar y su gasto en Defensa alcanza los 46.000 millones de dólares anuales (8° del mundo por su monto) , situándose entre Francia y Japón.

En cuanto a población, está en la posición 43° (37 millones) y por PBI en la posición 19°. Según el SIPRI -un centro de estudios independiente centrado en la relación entre economía y defensa-, es el cuarto país del mundo por sus importaciones de armamento. Sin duda es una potencia regional en el ámbito de Oriente Medio, históricamente aliada militar de Estados Unidos y con una actitud de convivencia con Israel -que ha firmado los Acuerdos de Abraham impulsados por Trump en su primer mandato para avanzar hacia la paz- pero sin abandonar la causa palestina.

En cuanto a Yemen, ocupa de acuerdo al Firepower Index la posición 98ª por su poderío militar, u población es de 36 millones (44°) y su PBI alcanza el lugar 120° a nivel global. Este país destina a gasto militar 1.000 millones de dólares, 46 veces menos que Arabia Saudita.

Cabe recordar que Yemen se encuentra en una guerra civil, con lo cual es difícil precisar qué porción de ese gasto y poderío corresponde a cada uno de los bandos combatientes. Los hutíes que responden a Irán tomaron, hace ya varios años, la capital del país, Saná. El gobierno formalmente reconocido por la comunidad internacional no la ocupa pero cuenta con respaldo militar de Arabia Saudita y sus aliados.

Por su parte, los hutíes -apoyados por Irán- han logrado mantener firmes sus posiciones y controlar el pasaje de Bab el-Mandeb, sumando este estrecho al de Ormuz en su estrategia de interrumpir el tráfico de petróleo hacia Occidente.

Se da claramente entre Yemen y Arabia Saudita un caso de la llamada “guerra asimétrica”: un gran poder militar que no logra vencer a otro mucho más débil. Tal es el caso de Rusia frente a Ucrania o el de Estados Unidos frente a Irán.

Los insurgentes yemeníes están también en guerra con Israel. Los drones provistos por Irán son su arma más relevante y efectiva. Han causado daños menores en instalaciones y aeropuertos israelíes, pero en Arabia Saudita han llegado a producir daños relevantes en los últimos días: ataques mediante drones sobre el principal aeropuerto de Riad, la capital saudí, han provocado decenas de muertos y centenares de heridos. Esto ha significado una escalada en el conflicto que durante más de un lustro mantienen los rebeldes hutíes. La guerra entre los sauditas y los rebeldes yemeníes es una versión militar de la que libra el islamismo sunita, al que pertenece Arabia Saudita, y el chiíta, liderado por Irán.

El primero ha combatido militarmente en territorio yemení contra los hutíes, pero no ha logrado vencerlos. La capacidad antiaérea de Arabia Saudita resulta insuficiente e ineficaz, pese a la enorme superioridad de su gasto militar. Los hutíes han logrado también atacar las plantas de Aramco, la petrolera saudí. Cabe señalar que este país es el primer exportador global de crudo, superando a Rusia, Estados Unidos e Irak. Esto hace que su fortaleza económica sea al mismo tiempo su “talón de Aquiles” en esta circunstancia. La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen ha estado integrada de manera intermitente por Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Marruecos, Sudán, Bahréin y Kuwait.

La escalada entre Arabia Saudita y los insurgentes yemeníes ha puesto en crisis la histórica alianza entre Washington y Riad. Esta era la clave para la seguridad en Medio Oriente, articulada de hecho por el triángulo entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, hoy en crisis por los hutíes apoyados por Irán.

El príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán ha solicitado el apoyo militar de Washington en este conflicto. Incumpliendo los tratados militares entre Estados Unidos y Arabia Saudita, la administración Trump se ha negado a prestar ayuda. Esto genera dudas e incertidumbres para el resto de los aliados estadounidenses en Medio Oriente. Las limitaciones en las Fuerzas Armadas saudíes frente a los drones yemeníes son la clave del fracaso que está teniendo Ryad. Las defensas antiaéreas —claves para desbaratar los drones— son insuficientes y están fallando. Este es el factor crítico que Estados Unidos no resuelve. Pero ello también se vincula a la falta de estos sistemas militares en las mismas reservas estadounidenses y no necesariamente a una falta de voluntad.

A ello se suma las elecciones de medio término estadounidenses del 3 de noviembre. Trump ha dicho que finalizada esta, la guerra va a cesar. Su planteo es que Irán, a través de los insurgentes yemeníes, está buscando un aumento en el precio del petróleo que contribuya a la derrota electoral del presidente estadounidense. El precio del galón de gasolina es determinante en términos históricos para cualquier elección en este país. Si sube, quien está en el poder sufre pérdida de votantes.

El “Pacto de la Meca”, la reciente alianza militar firmada el 7 de agosto entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, fue puesto a prueba rápidamente. No tiene planes concretos en el terreno militar, pero los tres gobiernos han ratificado la alianza y analizan cómo materializarla militarmente. Pakistán es un país próximo a China y tiene misiles nucleares. Turquía es una potencia regional con poder e influencia crecientes, que además pertenece a la OTAN. Los tres jefes de Gobierno de estos países parecen ser conscientes de que la inacción puede implicar un fracaso.

Para los saudíes, su alianza regional con países árabes moderados que no atacan a Israel, el abandono por parte de Washington y la falta de un plan de acción concreto por parte de sus socios en el Pacto de la Meca los ponen en una situación estratégica compleja.

Al mismo tiempo está teniendo lugar una ofensiva marítima de Rusia contra Ucrania en el mar Negro, cuyo alcance es imprevisible. El dilema que para Trump supone enfrentar una derrota saudí en Yemen o arriesgar su posición electoral -parece tener perdida la Cámara de Representantes pero podría retener el Senado- para impedirlo, lo lleva a mantener el status quo, aun a costa de incumplir acuerdos con sus aliados y poner en riesgo la estabilidad de Medio Oriente.

Estados Unidos ha puesto en riesgo la solidez de la OTAN con el debilitamiento de su apoyo en Ucrania. A ello se suma ahora la incertidumbre para sus aliados en Medio Oriente. Pero es claro que la guerra será un factor desfavorable más para la previsible derrota electoral de Trump.

Mientras Javier Milei visita por vigésima vez los Estados Unidos desde que ocupa la primera magistratura del país, en lo que además es su quinto viaje a dicho país en lo que va del año, sus armadores y estrategas comienzan a delinear los contornos de un plan reeleccionista que comienza.

Si bien es cierto que faltan diez meses para la inscripción de las fórmulas y doce para la elección presidencial, y aún subsiste la incógnita en relación a si habrá o no PASO, el proceso electoral comienza a ganar intensidad.

El evidente adelantamiento del clima electoral es, a todas luces, una estrategia del propio oficialismo, que busca desplazar el foco discusión de una economía que no arranca hacia la política, capitalizando asimismo el vacío opositor.

Una apuesta, por cierto, no exenta de riesgos, tanto en el plano interno como en el externo. En el escenario local, porque adelanta también el posicionamiento de otros actores, como gobernadores y otros potenciales aliados, lo que podría condicionar la propia agenda legislativa del oficialismo cuando aún están pendientes varios proyectos de alto interés para el gobierno. En el plano externo, porque los mercados y actores del sistema financiero comienzan a mostrar cautela, en un escenario en donde la posible reaparición de la incertidumbre podría demorar decisiones de inversión o estimular la cobertura de posiciones, obturando aún más las posibilidades de un crecimiento económico robusto en 2027.

Todo ello, claro está, podría agravarse ante una mayor erosión de la imagen presidencial y de los niveles de aprobación del gobierno, frente a un muy probable deterioro del humor social ante los resultados de la economía en el bolsillo que coincidiría con la campaña electoral.

Lo cierto es que la construcción de la reelección 2027 es aún un modelo para armar. Sin embargo, en las últimas semanas tuvimos ya varios indicios de por dónde procurará avanzar el oficialismo en términos estratégicos.

Uno de los cambios más evidentes es, sin dudas el radical giro discursivo de Milei y su ministro Caputo con relación a los tiempos para la prometida prosperidad y crecimiento sin precedentes. Una temporalidad que ya pasó del “pedo de buzo” que describió Milei en 2024, a los “mejores dieciocho meses de la historia” que vaticinó Caputo en abril de este año, y que ahora posterga el camino hacia la “tierra prometida” para el 2028.

Una operación discursiva en absoluto menor para las aspiraciones reeleccionistas de Milei: si en el plan original los resultados económicos de este en términos de crecimiento, que habrían de profundizarse en 2027, habrían de allanar una reelección casi convertida en un “paseo por el parque”; en el escenario actual pasa a estar condicionado a la reelección del artífice de este propio modelo que no ha podido garantizar aún un crecimiento económico con impacto social amplio.

Aquí es donde entra, inevitablemente, el segundo componente de esta renovada estrategia discursiva: la vieja apelación al miedo, encarnado nuevamente por un kirchnerismo que se construye narrativamente con fronteras muy lábiles y difusas para incluir prácticamente a todo el pan-peronismo, con vistas a revitalizar una lógica polarizadora. Una polarización que, por ahora, no incluye la referencia a nombres propios sino a un espacio convenientemente difuso.

El propio Milei lo puso en palabras durante su reciente conferencia en la Cámara de Comercio en Estados Unidos, donde recibió el premio de “Campeón Global de la Libre Empresa”: “Puestos los argentinos frente a la realidad, yo no tengo ninguna duda que los argentinos van a elegir el camino del progreso, porque del otro lado está todo el pasado, están los que hundieron el país, están los que nos generaron la pobreza, los que generaron el desastre, que generaron la inflación. Nadie va a querer volver a eso”, aseveró Milei.

Una apuesta bastante previsible, aunque con resultados cuya efectividad está aún por verse. Sin dudas, resulta tentador recurrir a la confrontación con un peronismo en crisis y permanentes internas como estrategia para sostener las expectativas electorales del oficialismo de cara al 2027. Más aún cuando las suspicacias y desavenencias internas en el peronismo se amplifican ante el posible escenario de eliminación o suspensión de unas PASO que podrían ofrecer una alternativa para dirimir internamente las aspiraciones de diversos sectores.

Sin embargo, aún ante la manifiesta orfandad opositora y el evidente intento de desplazar el eje de debate hacia la arena de lo político-electoral, el desafío de la economía difícilmente quede subyugado por la discusión electoral. Las recientes estadísticas no ayudan, y muestran que la prometida inflación anual de sólo el 10% y el crecimiento de 5 puntos del PBI son promesas que quedaron muy lejos.

En el caso de la inflación, si bien el gobierno festejó el 1,9 intermensual de agosto, registra un 33,4% interanual y 23,6% acumulado en los primeros nueve meses del año. La otra cuestión que comienza a colarse en la discusión remite al empleo, que encadenó 14 meses de caída consecutivos. Si bien tanto el Presidente como su secretario de Trabajo ensayaron por estos días respuestas insólitas que apelan a un crecimiento de la informalidad que pasa a considerarse como positivo en tanto desnuda la intención de muchos argentinos de no querer trabajar en relación de dependencia, lo cierto es que resulta complejo no leer los datos a la luz del modelo económico vigente.

Los estudios de opinión pública parecen ratificar esta dificultad que tendrá el oficialismo para desplazar la discusión a la arena política y confrontar con el peronismo. El último relevamiento nacional de Aresco, por ejemplo, da cuentas de que las cuestiones vinculadas al trabajo y la actividad económica encabezan las preocupaciones de los argentinos, con el 40,8%, seguidos por la seguridad y, luego, sorprendentemente por la inflación, con el 16,4%. En este marco, otro estudio nacional de Giacobbe, muestra que el 54,7% afirma que la economía está empeorando y que lo está sufriendo, contra 22% que considera que mejora y ya percibe esa recuperación.

Así las cosas, ante una inflexibilidad del modelo económico que exorciza cualquier intento de apelar a alguna versión de un “plan platita”, con una narrativa anti-casta que ha perdido fuerza de la mano de sucesivos escándalos, vuelve a instalarse la vieja dicotomía entre cambio y continuidad de la mano del reencuadre libertario: la continuidad de un modelo que más temprano que tarde llevará a la prosperidad de los argentinos o un cambio que implicaría el retorno a un pasado de decadencia. Una elección que los libertarios esperan no se base tanto en la evaluación racional de los resultados concretos del modelo económico sino fundamentalmente en aspectos emocionales y en el vigor del anti-peronismo.

El 17 de octubre de 1945 fue el día en que los humildes asumieron la responsabilidad de conducir a la patria. Repito siempre la frase de un obrero que me dijo: “Después de aquel día nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía”. Su dignidad estaba en juego y, por primera vez, era respetada.

Es reiterativo, aunque necesario, referirse a la discriminatoria apelación de “aluvión zoológico” que llenó, entonces, la Plaza de Mayo exigiendo la liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín García, concepto que desgraciadamente sigue vigente, no solo en alusión al peronismo. El grupito de libertarios liderados por Santiago Caputo lo aplica desde su más profunda ignorancia, “mutatis mutandi”, a toda la comunidad musulmana. La contracara de esta aberrante visión es el concepto de Raúl Scalabrini Ortiz, ese gran pensador nacional, que lo denominaría “subsuelo de la patria sublevado”. Otro gran pensador de la misma tendencia, Arturo Jauretche, había participado activamente en la lucha por el derecho al voto, por el radicalismo, por Yrigoyen, y será él con FORJA —agrupación política a la que no homenajeamos como lo merece— quien planteará la riqueza de un pensamiento nacional constante en la conciencia aunque no en la realización.

Habrá que esperar a la llegada de Perón ese 17 de octubre para comprender que su concepción de las necesidades del país para ser nación y no colonia representó el punto más alto del sentido de patria. El principio de soberanía política, junto con los de independencia económica y justicia social, son la esencia de toda política que integre al conjunto de la sociedad. El desconocimiento y el menosprecio que estos fundamentos del Justicialismo reciben hoy de parte de los adoradores del becerro de oro, que gobiernan para sus poderosos amigos, nos indigna y nos desgarra.

Desde aquel momento y hasta 1976, la Argentina se convirtió en una nación en crecimiento, ocupando un lugar preferencial en el continente comparable al de Brasil, país al que superábamos por desarrollos como la energía atómica o la aeronáutica. Aquella industria, nacida con Perón, daba trabajo a la totalidad de los habitantes y nos convirtió en vanguardia de la región, con un nivel de integración similar al de los países europeos. Digo hasta el 76, porque la autodenominada revolución Libertadora de 1955, aunque sangrienta, no terminó con la concepción de patria que se impuso en tiempos de Perón, y que tendría vigencia incluso en gobiernos militares, como el de Lanusse o Levingston.

Por otra parte, parece olvidarse que el general Perón obtiene para su tercer mandato en 1973 el 62% de los votos y cuando muere en 1974, lo despide como a un amigo, no ya como a un adversario, Ricardo Balbín, el representante de la minoría en la Argentina. Esa patria había logrado la unidad nacional, aunque la violencia de la oligarquía y de la demencia guerrillera la estuvieran cuestionando.

Volviendo a aquel peronismo naciente, habría que definirlo como el nervio, junto con el radicalismo, de esa cultura de dignidad nacional que terminaría con la instauración del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en 1976, golpe brutalmente represivo, antidemocrático y neoliberal. Los derrocamientos de Perón en el ’55, de Frondizi en el ’62, de Illia en el ’66, de Isabel en el ’76, revelan que un sector de la sociedad se creía dueño de nuestra realidad y sin haber asumido nunca ni la democracia ni el desarrollo industrial. Ni siquiera hizo un esfuerzo por entenderlos porque sus intereses eran otros y las fuerzas antidemocráticas los satisfacían plenamente mediante la tan mentada renta financiera, en particular, durante la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz.

A veces nos cuesta entender que países hermanos, como Brasil, Uruguay o Chile, mantengan su dignidad como esencia indiscutible, mientras nosotros tenemos una fractura con un gran sector de la sociedad que se arraiga en los negocios, pero nunca lo hizo en el amor a su tierra ni en el reconocimiento de que todo lo que posee se lo debe al país donde nació, creció, se educó y se curó en forma gratuita si así lo deseaba o lo necesitaba, formó una familia, se desarrolló y enriqueció económicamente. Son los que prefieren huir al Uruguay para estar exentos del pago de impuestos con los que se financian, entre otras cosas, salud y educación públicas. Es que la ignorancia, la mala fe y el cinismo también los caracterizan.

Luego de su derrocamiento en el 55 y durante los 18 años de su exilio y proscripción, Perón va a trabajar denodadamente para recomponer su relación con cada uno de los sectores con los que los vínculos se habían dañado: desde los empresarios hasta la Iglesia, desde las Fuerzas Armadas hasta los universitarios. En su retorno, se daba la coincidencia de un Parlamento, hijo de la rebeldía y con un nivel de debate y de representantes que ya nunca habríamos de repetir. Recuerdo que uno de los pocos pedidos que nos hizo a los diputados fue que votáramos en contra del juego, y así lo hicimos, al tiempo que planteaba el proyecto de la Ley LIOTA, del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que no pudo imponerse por la confrontación de los sectores sindicales, beneficiados por obras sociales que habían recibido del gobierno de Onganía. Por lo demás, Perón alentó un Estado eficiente, impidiendo que se expandiera innecesariamente, y priorizó una burguesía nacional.

Fue en el gobierno de Onganía, aquel intento de réplica del de Franco, cuando los dirigentes universitarios dejamos de discutir sobre las necesidades universitarias y se distribuía el libro de Régis Debray Revolución en la Revolución. Ese gobierno distanció al infinito la salida política y generó la enfermedad de la violencia que tanto daño nos hizo. Ya he señalado en otro artículo que cuando en el 63 inicié mi etapa como dirigente universitario, no existía el peronismo en las universidades, salvo un pequeño grupo en Filosofía y Letras. El resto estaba dividido entre socialcristianos o socialdemócratas y tendencias marxistas. Abundaban los intelectuales en todos los sectores, izquierdas y derechas, cuando aquel gobierno del general Perón iniciaría su proceso buscando sumar a Amadeo Sabattini, líder radical, intento que no logra concretarse, aunque en toda la administración peronista se encuentran conservadores, como Hipólito Jesús Paz o socialistas, como Ángel Borlenghi. Todas las ideologías estaban representadas, fundadas en el respeto por las diferencias y por el nivel intelectual de los convocados. Recordemos que antes de su regreso al país, Perón se dirigió a los tres periodistas de mayor renombre de entonces, Jacobo Timerman, Roberto Maidana y Sergio Villarruel, para que lo entrevistaran. Ese debate muestra el nivel de formación de un político de raza que tenía conocimientos sólidos de estrategia, economía, literatura, es decir, una concepción que, como él mismo decía, no debía ser ni sectaria ni excluyente.

Hay una expresión del peronismo hasta el ’55 y otra en el retorno del General, cuyo desafío era incorporar a toda esa guerrilla nacida de la opresión de las dictaduras. Ofrece a sus militantes y adherentes cargos, gobernaciones, ministerios, y apuesta a ese hecho concreto que termina en un fracaso, no porque le haya faltado grandeza al líder, sino porque esas agrupaciones guerrilleras estaban marcadas por el signo del suicidio y la confrontación sin sentido.

Fui testigo y parte del intento de la fórmula Perón-Balbín, frustrada por el error de mi generación, convencida en su mayoría de que la democracia era solo un escalón hacia la revolución, mientras Perón les demostraba y les reiteraba, que ninguna estructura militar había sido derrotada por una sublevación. El ejemplo de Cuba era una isla y nada tenía que ver con el resto de la realidad.

Reivindico en el 17 de octubre del tercer mandato peronista la expresión de la conciencia nacional y en el final del general Perón, la convocatoria a la pacificación y la unidad, todavía pendientes. Reivindico al Peronismo como pensamiento traicionado por Carlos Menem y por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y creo que debe ser capaz de quebrar su pasado menemista y kirchnerista para generar nuevamente un frente patriótico con otras fuerzas relevantes donde el Peronismo sea tan solo un nombre del nervio que significa el “patriotismo”.

Dejemos en claro que no hay renacimiento como partido ni como recuerdo, solo como convocatoria a todos aquellos sectores que aman a la patria por encima de su egoísmo, de la codicia de sus negocios y de la inexistencia de la más mínima solidaridad con el resto de la sociedad. La patria es la integración del colectivo social, y la fractura es siempre una tendencia colonial. Pero somos colonia, prueba de ello acaba de dar el voto de abstención de nuestro país en la ONU contra el colonialismo.

El concepto de verdad atraviesa una crisis profunda y estructural, marcada por la masificación de las redes sociales y por la IA. La idea moderna, en la que entendíamos la verdad como un consenso social basado en hechos verificables, ha sido reemplazada por un ecosistema digital fragmentado, en el que la veracidad de la información ya no depende de su correspondencia con la realidad. La repetición constante en las redes sociales reduce el discernimiento crítico. Como decía una famosa máxima: una mentira repetida mil veces puede no convertirse en una verdad real, pero sí en una verdad psicológica.

En 1989 el filósofo italiano Gianni Vattimo publicó La sociedad transparente. Aún no había conexiones a Internet disponibles en Argentina, pero el filósofo italiano ya anticipaba lo que vendría. En un momento en que los medios masivos prometían una “sociedad transparente”, en la que se sabría de inmediato lo que sucedía en distintas partes del mundo, produjeron finalmente el efecto contrario. Al haber tantos canales, diales y reconstrucciones de la realidad, la idea misma de “realidad” se disipa, pasa a ser el resultado de un cruce de imágenes e interpretaciones y pierde su carácter unívoco u objetivo. El filósofo y político italiano deconstruye esa idea, en especial la de que la tecnología y la comunicación globalizada unificarían el mundo bajo una sola verdad.

Pero con las redes sociales y la IA todo se ha complejizado, ya que operan según la economía de la atención. Los algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla, priorizando el contenido que despierta emociones intensas.

El resultado de esta transición es la emergencia de una verdad sintética y fragmentada. Ya no nos enfrentamos únicamente a la falsedad, sino a una fábrica automatizada de realidades alternativas. De esta forma, la confianza institucional se debilita, ya que no compartimos un marco de referencia común; al no poder ponernos de acuerdo sobre qué es un hecho, el debate democrático se complica, y las consecuencias las vemos a nivel global, en todos los gobiernos y en todos los países.

En 1960, el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer ya anticipaba que la verdad no es un objeto estático que se posee mediante un método científico, sino una experiencia viva que se da a través del lenguaje y del diálogo. Vattimo tenía razón al sostener que la tecnología disolvería la ilusión de una verdad única y centralizada. Sin embargo, ambos nunca imaginaron que el mecanismo de esa disolución ya no sería el de los medios de comunicación, sino el de infraestructuras algorítmicas diseñadas para monetizar la atención, y que el diálogo finalmente se convertiría en griterío, a menudo aturdidor.

En la era de las deepfakes y la IA, las redes sociales están diseñadas para premiar la indignación por encima de la veracidad. En este contexto, las reflexiones de estos pensadores cobran más sentido que nunca, ya que la verdad ha dejado de ser precisa para convertirse en algo difuso. Debemos asumir que la verdad última no reside en la acumulación de datos, sino en la interpretación crítica y ética que hacemos de ellos.

El desafío del futuro no es solo tecnológico, sino fundamentalmente filosófico y pedagógico: aprender a navegar por un mundo en el que lo real y lo simulado resultan indistinguibles a simple vista.

La discusión se presenta como un tema de costos, de ahorro y de simplificar el calendario electoral. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿a quién le conviene que haya primarias en 2027 y a quién le conviene que no las haya? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque en esta discusión nadie tiene la sábana larga.

El problema de la coordinación

Gary Cox explicó hace casi tres décadas que uno de los grandes desafíos de cualquier fuerza política no es solamente conseguir votos, sino coordinarlos. Un electorado puede compartir valores, enemigos y expectativas, y aun así perder una elección si se reparte entre demasiadas ofertas. Las primarias resuelven ese problema: ordenan y le dicen al votante a quién apoyar cuando llega el momento decisivo. No son solamente una herramienta electoral, son una herramienta de construcción de poder.

Cambiemos lo entendió en 2015, cuando compitió adentro para sumar afuera. Juntos por el Cambio lo padeció en 2023, cuando la interna fue tan dura que el ganador llegó a la general con heridas que nunca terminaron de cerrar. La PASO ordena, pero no garantiza nada: todo depende de cómo se juegue.

Si hay PASO

Para La Libertad Avanza, las primarias tienen hoy un nombre propio: Patricia Bullrich. La senadora no dice que sí ni que no, recorre el país, marca diferencias con algunas decisiones del Gobierno y conserva una imagen que la mantiene en el centro de la conversación. Representa a un electorado que en 2023 la eligió a ella antes que a Javier Milei y que hoy acompaña al oficialismo, aunque no necesariamente le pertenece.

Con PASO, esa tensión tiene un cauce. Bullrich puede jugar la interna, medir su peso real y, sea cual sea el resultado, consolidar en una sola boleta a todo el espacio que se ubica enfrente del peronismo. El que gana sale legitimado y el que pierde se suma.

Pero hay una contracara. Las PASO no son patrimonio del oficialismo. El peronismo llega a 2027 sin conducción clara, con liderazgos que se miran de reojo y con una discusión más concentrada en quién representa la identidad propia que en quién puede ampliar. Necesita un ordenador, y las primarias se lo ofrecen: que decidan los votantes, que el ganador salga fortalecido y que la interna se transforme en épica de campaña en lugar de en una pelea de cúpulas. Con PASO, Milei se ordena, pero el peronismo también.

Si no hay PASO

Sin primarias, el cálculo parece favorable para el Gobierno. El peronismo pierde su principal herramienta de ordenamiento y queda condenado a resolver candidaturas en negociaciones cerradas, que siempre dejan heridos y que el electorado suele castigar cuando huelen a imposición. Hasta ahí, todo bien para el oficialismo. El problema es que la misma lógica funciona para los dos lados.

Sin PASO, la tensión con Bullrich no tiene dónde canalizarse. Si decide competir, no lo hará en una interna sino en la general, con boleta propia o con otros socios. Y ahí aparece el peor escenario para cualquier fuerza que aspira a ganar en primera vuelta: la fragmentación del propio electorado. Lo que hoy es un espacio con dos referentes puede convertirse en dos ofertas que compiten por los mismos votos, y en una general los votos divididos no se suman, se restan. La ventaja acumulada por La Libertad Avanza podría diluirse no por mérito del adversario, sino por un problema de coordinación propio.

La campaña que se pierde

Hay un costo adicional que suele subestimarse desde la comunicación política. Las PASO también son un ensayo general: instalan candidatos, testean mensajes, ordenan la agenda durante meses y le regalan al ganador un momento de impulso que cualquier encuestador conoce. Eliminarlas acorta la campaña y concentra todo en una sola noche.

Eso beneficia a quien ya tiene el conocimiento instalado y una narrativa consolidada, pero castiga a cualquier espacio que primero necesite resolver quién lo representa. Y en 2027, ese problema no lo tiene solamente el peronismo.

Una regla que se vuelve contra quien la escribe

En política, la tentación de cambiar las reglas para perjudicar al adversario es tan vieja como la propia política. Pero la historia argentina demuestra que las reglas pensadas contra otro suelen terminar condicionando a quien las impulsa.

Con PASO, el Gobierno se protege de su propia fractura, pero le da oxígeno al peronismo. Sin PASO, deja al peronismo sin ordenador, pero también se queda sin el suyo. Es la definición exacta de una sábana corta: tapa un lado y destapa el otro.

Tal vez la pregunta no sea cuánto cuestan las primarias, sino cuánto le puede costar a cada uno no tenerlas.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027, las decisiones que tomamos hoy empiezan a depender cada vez más de lo que imaginamos que ocurrirá más allá de diciembre de ese año y no solamente de la situación económica actual.

La persona que evalúa destinar parte de sus ahorros a comprar un auto, por ejemplo, se pregunta cómo le irá en los próximos años y si podrá recomponer esos ahorros. Del mismo modo, a un inversor que piensa en los retornos de una posible inversión no le importa demasiado lo que sucederá en los próximos meses sino lo que pasará en los próximos años. En ambos casos, las expectativas sobre un futuro incierto pueden pesar más en la decisión que las condiciones concretas del presente.

Las expectativas no se limitan a anticipar acontecimientos, también influyen sobre las decisiones que pueden hacer que las mismas se conviertan en realidad. Cuando muchas personas actúan sobre una misma creencia, contribuyen a aumentar la probabilidad de que se cumpla. Este es el mecanismo de la profecía autocumplida.

Si se extendiera la convicción de que el presidente Milei, o un candidato de orientación similar, ganará las elecciones, muchos hogares y empresas podrían anticipar un escenario de continuidad del equilibrio fiscal, menor inflación y, eventualmente, reducción de impuestos. Esa confianza favorecería el consumo y la inversión. A su vez, una economía más dinámica podría fortalecer la recaudación y facilitar una reducción gradual de la presión tributaria sin comprometer las cuentas públicas. Los mejores resultados económicos reforzarían entonces las perspectivas electorales del oficialismo.

En cambio, si predominara la expectativa de una derrota del oficialismo y del regreso de políticas fiscalmente insostenibles, familias y empresas podrían optar por postergar gastos, frenar inversiones y buscar un refugio para sus ahorros. Este escenario podría traducirse en mayor riesgo país, presión cambiaria y encarecimiento del crédito. Si fuera un poco más grave, también podría afectar los depósitos bancarios y la disponibilidad de financiamiento. El deterioro de la actividad resultante reduciría, a su vez, las posibilidades electorales del Gobierno.

Todos los políticos conocen perfectamente el poder de las expectativas. El oficialismo tiene incentivos para transmitir estabilidad y mostrar resultados; sus adversarios, para señalar problemas y convencer a los votantes de que es necesario un cambio. La crítica es legítima y hasta indispensable, salvo cuando lo que se busca es fogonear un escenario de “cuanto peor mejor”. Cuando las propuestas prometen beneficios sin explicar cómo financiarlos o qué consecuencias podrían tener, pueden alimentar la incertidumbre más que resolver los problemas que dicen querer resolver.

Esto no significa que toda dificultad económica sea producto de las expectativas, ni que la confianza pueda sustituir a una política económica inconsistente. Ambas condiciones son necesarias.

La disputa de cara a 2027 no se librará únicamente en las urnas: también se jugará, desde ahora, en las decisiones cotidianas de consumidores, ahorristas y empresarios. Ojalá prevalezca el círculo virtuoso y la Argentina logre consolidar el equilibrio fiscal, una economía previsible y oportunidades reales de progreso para quienes trabajan, ahorran e invierten. Nada tan fuera de lo común, tan solo como la mayoría de los países del mundo.

Estamos entrando en una de las transformaciones industriales más profundas de la historia de la humanidad. Y probablemente todavía no alcanzamos a dimensionar su verdadera magnitud.

Durante mi participación en el IA Day compartí una reflexión: la próxima gran revolución industrial no consistirá solamente en producir más de lo mismo, más rápido y más barato. Consistirá en producir cosas diferentes, con materiales diferentes, mediante procesos diferentes, para resolver problemas que hoy todavía no sabemos resolver.

No estamos solamente frente a una revolución de la productividad. Estamos frente a una revolución del conocimiento que transformará qué producimos, cómo lo producimos y cuáles serán las ventajas competitivas de las empresas y los países.

La próxima gran revolución consistirá en producir cosas diferentes, con materiales diferentes, mediante procesos diferentes, para resolver problemas que hoy todavía no sabemos resolver

Durante siglos, el desarrollo industrial estuvo determinado por la disponibilidad de recursos naturales, energía, capital y tecnología. Pero estamos entrando en una nueva etapa en la que el conocimiento puede modificar incluso el valor estratégico de esos recursos.

El futuro de la industria, lejos de estar definido por lo que somos capaces de fabricar, estará definido por los problemas que seamos capaces de resolver.

La escasez como problema de conocimiento

Demis Hassabis, premio Nobel de Química y fundador de Google DeepMind, plantea que el avance de la inteligencia artificial puede conducirnos hacia una era de abundancia radical, al permitirnos resolver problemas científicos y tecnológicos que hoy limitan nuestra capacidad de producir.

Su visión nos invita a repensar uno de los principios centrales de la economía: la escasez.

En este sentido, la escasez se puede pensar como un problema de disponibilidad de recursos, aunque en gran medida, es un problema de conocimiento.

El petróleo existía antes de que supiéramos utilizarlo. El silicio estaba presente en la naturaleza antes de que desarrolláramos los microprocesadores. El sol siempre fue una fuente extraordinaria de energía, pero durante miles de años no tuvimos la tecnología necesaria para transformarla directamente en electricidad.

La inteligencia artificial comienza a multiplicar nuestra capacidad de investigar, descubrir, diseñar y crear

Los recursos estaban, lo que faltaba era conocimiento.

Esto significa que muchas limitaciones que hoy consideramos inevitables pueden ser problemas que todavía no sabemos resolver.

La inteligencia artificial introduce aquí un cambio revolucionario: por primera vez contamos con una tecnología capaz de acelerar la propia generación de conocimiento.

Las máquinas multiplicaron nuestra fuerza física. Las computadoras ampliaron nuestra capacidad de procesar información. Ahora, la inteligencia artificial comienza a multiplicar nuestra capacidad de investigar, descubrir, diseñar y crear.

Podremos desarrollar nuevos materiales, encontrar fuentes de energía más económicas, transformar la producción de alimentos y descubrir procesos industriales que hoy ni siquiera imaginamos.

La riqueza de una nación dependerá cada vez menos de los recursos que posee y cada vez más de su capacidad para incorporarles conocimiento y transformarlos

Materiales que hoy consideramos estratégicos podrían ser reemplazados por otros. Procesos que actualmente requieren enormes cantidades de energía podrían transformarse. Productos que hoy son costosos podrían volverse accesibles gracias a nuevas tecnologías.

Esto modificará las cadenas de valor, los precios relativos, las estructuras de costos y las ventajas competitivas de países y empresas.

La riqueza de una nación dependerá cada vez menos de los recursos que posee y cada vez más de su capacidad para incorporarles conocimiento y transformarlos.

El futuro industrial será la integración entre el conocimiento, el software, la inteligencia artificial y el mundo físico.

Un entramado industrial preparado para la transformación

En este escenario, la capacidad de innovar dependerá tanto del acceso a las nuevas tecnologías como de la solidez del entramado productivo, el conocimiento acumulado, los recursos humanos calificados, la capacidad de transformar.

Argentina cuenta con capacidades industriales construidas a lo largo de décadas, sobre las que puede impulsar una nueva etapa de desarrollo. Para potenciar ese proceso, aún se deben generar las condiciones que promuevan la inversión, la formación de talento, el financiamiento, la infraestructura y la innovación, y que permitan que empresas de los distintos sectores y tamaños incorporen estas tecnologías y participen activamente en la transformación de la producción.

Talento argentino y oportunidad

Contamos con científicos, ingenieros, universidades, emprendedores y una industria del software con reconocimiento internacional. Nuestro gran desafío es integrar todas esas capacidades.

Y nuestra productividad estará determinada por la capacidad de nuestros empresarios y trabajadores para innovar, aprender y adaptarse.

Argentina cuenta con capacidades industriales construidas a lo largo de décadas, sobre las que puede impulsar una nueva etapa de desarrollo

La verdadera riqueza de un país está en el talento de las personas capaces de transformar bienes y servicios.

Este será uno de los grandes ejes de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, que realizaremos el próximo 3 de noviembre.

Pondremos en el centro de la discusión el talento argentino, la transformación de la IA y el desafío para nuestros equipos de trabajo. Su vinculación con la producción y las oportunidades que abre esta nueva revolución industrial.

Probablemente muchos de los materiales, productos e industrias que definirán nuestra economía dentro de veinte años todavía no existen. Por eso, el futuro no pertenecerá necesariamente a quienes tengan más recursos, sino a quienes sean capaces de generar más conocimiento y transformarlo en valor. Esa es la revolución industrial del conocimiento.

Porque el futuro de la industria no está escrito. El futuro de la industria todavía está por inventarse.

El autor es presidente de la Unión Industrial Argentina

Durante décadas, la Argentina construyó un sistema educativo que fue motivo de orgullo y una herramienta central para la movilidad social. Sin embargo, no logramos sostenerlo y el país atraviesa un deterioro profundo de los aprendizajes que no podemos seguir aceptando.

Seis de cada diez niños argentinos se encuentran en situación de pobreza de aprendizaje. Esto quiere decir que llegan a los 11 años sin desarrollar las habilidades básicas de lectura comprensiva. En las últimas décadas, las políticas educativas lograron extender la cobertura y los años de escolarización, pero no alcanzan su objetivo central que es garantizar aprendizajes efectivos.

El desarrollo económico y social del país, la generación de empleo, la innovación y la movilidad social requieren un sistema educativo que funcione. Por eso, la crisis educativa que atraviesa la Argentina nos obliga a involucrarnos para buscar soluciones.

Desde IDEA creemos que el sector empresario tiene la responsabilidad de contribuir a que la educación vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

Seis de cada diez niños argentinos se encuentran en situación de pobreza de aprendizaje

¿Por qué nos involucramos? Porque no hay desarrollo sostenible sin educación. Las empresas necesitan personas con conocimientos y capacidades para innovar, producir, incorporar tecnología y generar valor. Pero, por encima de eso, creemos que cada niño y niña debe tener la oportunidad de aprender, desarrollar su potencial y construir su futuro. La educación es una de las principales condiciones para el desarrollo de toda la sociedad.

Cada año que pasa sin revertir esta situación es una oportunidad perdida. Las brechas educativas de hoy se transforman mañana en brechas de ingresos, de empleo y de desarrollo. Por eso, queremos que la educación sea una prioridad sostenida.

Junto con Argentinos por la Educación, identificamos seis prioridades para abordar la emergencia educativa. Las presentamos en el 62° Coloquio, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. Ahora buscamos dar un paso más: poner esta demanda en el sistema. Lo hacemos con el respaldo de 60 organizaciones empresarias y la sociedad civil que nos acompañan en esa iniciativa que trasciende sectores y actividades.

Las tres primeras prioridades buscan atender la emergencia y recuperar las condiciones necesarias para garantizar los aprendizajes. Las tres restantes apuntan a revisar aspectos estructurales del sistema para hacer posible una transformación sostenida.

1. Recuperación de aprendizajes fundamentales. Casi la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee y los resultados en matemática muestran un retroceso similar, con brechas amplias entre provincias, sectores de gestión y niveles socioeconómicos. Necesitamos establecer como objetivo prioritario la mejora urgente de los aprendizajes, especialmente en alfabetización inicial y matemática en la escuela primaria. Para eso, es fundamental consensuar y difundir una base curricular nacional que permita identificar qué debe saber cada estudiante en cada grado y año, y que ayude a las familias, los docentes y los equipos de gestión a monitorear los avances y exigir resultados.
2. Sistema de información y transparencia educativa. Necesitamos construir un sistema integral de información que permita tomar decisiones basadas en evidencia en todos los niveles, desde la Nación hasta el aula, con datos confiables, accesibles y publicados de manera periódica y oportuna.
3. Condiciones básicas para la enseñanza y los aprendizajes. La infraestructura escolar, el equipamiento y el tiempo efectivo de clase son condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, falta información actualizada, consolidada y pública sobre la infraestructura y el equipamiento disponibles, así como sobre la cantidad de días de clase reales y las horas efectivamente dictadas. Es necesario garantizar más y mejor tiempo de aprendizaje y establecer condiciones básicas de infraestructura y equipamiento en todas las escuelas del país.
4. Rediseño del federalismo educativo y fortalecimiento de la autonomía escolar. La coordinación entre la Nación y las provincias arrastra tensiones históricas, responsabilidades poco claras y dificultades para cumplir las metas de inversión. Necesitamos un nuevo acuerdo federal que permita alinear responsabilidades, recursos y resultados. Al mismo tiempo, las escuelas estatales y sus equipos directivos deben contar con mayor capacidad para tomar decisiones sobre su funcionamiento y sus proyectos pedagógicos, con una rendición de cuentas centrada en los resultados educativos.
5. Reformulación de la carrera profesional docente. Los docentes asumen la responsabilidad de enseñar en condiciones desafiantes y muchas veces sin las herramientas, el reconocimiento salarial y el apoyo estatal suficientes. El régimen laboral vigente, basado principalmente en la antigüedad, ofrece pocas alternativas de desarrollo profesional que no impliquen alejarse del aula, mientras que la profesión enfrenta una pérdida de prestigio social. Es necesario impulsar una discusión federal para modernizar la carrera docente, mejorar las condiciones de desarrollo profesional y fortalecer la calidad, la motivación y la gestión del sistema.
6. Adaptación del sistema educativo a la inteligencia artificial y las transformaciones del mundo del trabajo. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización y la nueva economía del conocimiento plantean desafíos que la escuela no puede ignorar. Sin embargo, los diseños curriculares no siempre se actualizan con la velocidad necesaria para incorporar las competencias que exige este nuevo escenario. Necesitamos promover una actualización integral del sistema educativo que prepare a los estudiantes para comprender estos cambios, desarrollar nuevas capacidades y desenvolverse en un mundo laboral en permanente transformación.

El año próximo, es un año de elecciones presidenciales. Nuestra expectativa es que estas prioridades estén presentes en la agenda y los debates de todos los candidatos y que haya un compromiso de la dirigencia para revertir la crisis educativa.

La Argentina necesita mejorar su sistema educativo para recuperar la capacidad de proyectar su futuro. Como representantes del sector empresarial y la sociedad civil vamos a estar sosteniendo esta demanda hacia el sistema político.

Estamos convencidos de que no podemos aceptar como inevitables resultados que pueden -y deben- mejorar, y que hoy necesitamos tomar decisiones que van a dar más oportunidades a las próximas generaciones.

Organizaciones que acompañan la iniciativa:

Argencon; ACDI; ADEEPRA; Aldeas Infantiles; Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS); Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE); Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim); Asociación Empresaria Argentina (AEA); Barbechando; Bolsa de Comercio de Rosario (BCR); Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi); Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Cámara de Comercio Sueco Argentina (CCS); Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras); Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad (Cemas); CIPPEC; Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Conciencia; Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP); Consejo Empresario Mendocino (CEM); Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal); CREA; Educación para Compartir; Enseñá por Argentina; Escuela Técnica Roberto Rocca; Fe y Alegría Argentina; Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce); Fonbec; Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA); Fundación Argentina Debate; Fundación Córdoba Mejora; Fundación Franciscana; Fundación Global; Fundación LibreMente; Fundación Lugar por la Educación Argentina; Fundación Mano Amiga; Fundación María de Guadalupe; Fundación Poder Ciudadano; Fundación Potenciar Solidario; Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF); Fundación San Genaro; Fundación Varkey; Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE); Hablemos de Bullying; ITBA; Minkai; Proyecto Desconfío; Red de Acción Política (RAP); Red de Educadores Innovadores; Sociedad Rural Argentina (SRA); Somos Pymes; Tramared; Unión Industrial Argentina (UIA); United Way Argentina; Volando Alto; Voy con Vos; y Voy en Bici.

La autora es directora ejecutiva de IDEA