La inversión es el único camino real para mejorar las condiciones de vida de la población: genera nuevas fuentes de empleo, impulsa la eficiencia productiva a través de la tecnología y, por supuesto, fortalece la educación.

Según los últimos informes del MEF y del BCRP, la inversión privada - que es cuatro veces mayor que la pública - mantiene un desempeño sólido en lo que va del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Durante el segundo trimestre de 2026, la inversión privada creció 17.6% a nivel nacional, acumulando dos años y medio de crecimiento ininterrumpido.

En el caso de la región Arequipa, la ejecución de inversión pública alcanzó el 60.8% de un presupuesto total de S/ 894.3 millones, un avance considerado adecuado para lo que va del año. El antecedente es alentador: en 2025, el gobierno regional logró ejecutar el 99.8% de su presupuesto, una cifra que refleja una notable capacidad de gestión. A ello se suma el destrabe de 46 obras que permanecían paralizadas, entre ellas los hospitales Maritza Campos y Camaná, y el puente Arequipa–La Joya, recientemente inaugurado. Sin duda, un desempeño destacable por parte del gobierno regional.

Por su parte, en junio pasado, PROINVERSIÓN presentó un conjunto de megaproyectos para Arequipa, varios de ellos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Entre los más relevantes destacan Majes-Siguas II, la central fotovoltaica La Joya, el sistema SITGAS y el megapuerto de Corío.

Arequipa, que representa el 6% del PBI nacional, es la segunda economía regional del país. La minería, que explica el 32% de su PBI regional, es el sector más dinámico: solo en proyectos de corto y mediano plazo suma US$ 7,583 millones en inversión, entre los que destacan la ampliación de Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Tía María (US$ 1,802 millones), Zafranal (US$ 1,900 millones) y Pampa de Pongo (US$ 1,781 millones). En el primer cuatrimestre de 2026, el sector minero nacional invirtió US$ 2,051 millones, de los cuales Arequipa aportó el 16.7%, una participación nada despreciable a nivel nacional.

Vivimos, sin duda, un buen momento para la inversión pública y privada. La confianza de los inversionistas se ajustó al alza tras la certeza de los resultados electorales, con Keiko Fujimori como presidenta del Perú para el período 2026-2031, lo que ha generado condiciones favorables para la inversión, tanto nacional como extranjera.

A la buena ejecución del presupuesto regional se suma un sector minero con gran proyección, un sector agropecuario que se beneficia de la creciente demanda de China - primer socio comercial del Perú - y un sector energético con amplias posibilidades en energías renovables, factores que en conjunto harán a Arequipa una región cada vez más competitiva.

Parece que hubiera pasado mucho más tiempo, pero hace solo unos meses los peruanos elegimos un nuevo gobierno. Después de años marcados por la inestabilidad y la confrontación política, hoy existen señales que permiten mirar el futuro del país con optimismo. Durante el segundo trimestre, la inversión privada creció 17.6% y el consumo privado también se incrementó. Se abre así una oportunidad para recuperar la confianza y volver a crecer. Esto no significa que todos los problemas hayan desaparecido. La inseguridad continúa afectando la vida de los peruanos, limita el desarrollo de miles de negocios y deteriora nuestra calidad de vida. Al mismo tiempo, la amenaza del fenómeno de El Niño exige capacidad de prevención y respuesta, especialmente en las zonas más vulnerables. Tenemos una economía que empieza a avanzar, pero también enormes desafíos que no admiten improvisación.

En ese contexto, el próximo 4 de octubre volveremos a las urnas, esta vez para elegir autoridades regionales y municipales. Puede parecer una elección menos importante que la presidencial, pero no lo es. Sus resultados definirán quiénes conducirán durante los próximos cuatro años los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Estas autoridades tendrán una influencia directa en la seguridad, la infraestructura, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo de cada territorio del país. Las regiones y municipalidades administran presupuestos muy importantes. Bien utilizados, estos recursos pueden traducirse en mejores carreteras, colegios, centros de salud, espacios públicos y obras de prevención. Mal gestionados, pueden terminar en proyectos inconclusos, gastos sin impacto real o más corrupción. La diferencia dependerá en gran medida de la capacidad y visión de las autoridades que elijamos.

También está en juego la inversión privada. Muchas regiones concentran un enorme potencial minero y agroindustrial que todavía no se traduce en desarrollo para sus habitantes. La diferencia no está solo en el potencial, sino en las condiciones que cada gobierno regional o municipal decide crear para promover estas inversiones. Requerimos reducir trabas, resolver conflictos sociales, ejecutar la infraestructura necesaria y, sobre todo, tener reglas claras en el tiempo. Cuando esas condiciones faltan, la inversión no desaparece, pero se va a otra región o a otro país. Eso ya lo hemos visto en la última década.

Por eso no podemos votar a la ligera. Debemos revisar las trayectorias de los candidatos, la calidad de sus equipos y la viabilidad de sus propuestas. No basta con escuchar promesas. Tenemos que preguntarnos si cuentan con experiencia real para gestionar, si respetan las instituciones, si defienden las libertades y si entienden que la inversión privada y el crecimiento económico son indispensables para generar empleo, reducir la pobreza y financiar mejores servicios públicos.

Esta responsabilidad es especialmente importante para los jóvenes. Uno de cada cuatro electores peruanos tiene entre 18 y 29 años. Su voto puede definir el resultado en muchas regiones, provincias y distritos. Sin embargo, en las últimas elecciones generales, el ausentismo alcanzó el 24%. No participar significa permitir que otros decidan por nosotros.

Hace algunos meses, desde CADE Universitario señalábamos que los jóvenes no solo querían votar, sino también jugar el partido desde la cancha y decidir el rumbo del país. Hoy ese desafío sigue vigente. Participar no significa aceptar sin cuestionamientos las opciones disponibles. Significa informarse, comparar, exigir y elegir con conciencia. Los jóvenes tienen la oportunidad de respaldar a quienes protejan nuestras libertades, incluida la libertad económica, fortalezcan la institucionalidad, promuevan la inversión privada y gobiernen con honestidad. También pueden rechazar con su voto el populismo, la improvisación y las propuestas que debilitan nuestras instituciones y ponen en riesgo la estabilidad del país.

El Perú tiene una nueva oportunidad. La recuperación no dependerá únicamente del gobierno nacional. También se construirá desde cada región, provincia y distrito. El 4 de octubre debemos acudir a votar y elegir las mejores opciones. Esta vez tampoco podemos equivocarnos.

El martes a la noche, un investigador de 27 años renunció a Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, una de las inteligencias artificiales más usadas del mundo. Lo anunció con un mensaje en X que en un día superó los cien millones de visualizaciones: “La gente que construye la IA cree en serio que podría matarnos a todos antes de que termine la década. Esto no es una movida de marketing”. Y agregó que muchos ejecutivos suavizan lo que dicen en la prensa para sonar sensatos, pero que en privado él los escucha expresar su miedo.

Lo más fuerte, sin embargo, vino horas después. Evan Hubinger, que en esa misma empresa lidera el trabajo para que la IA no se salga de control, le contestó en público: “Jacob tiene razón. De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Personalmente creo que la probabilidad es de más del 10% en la próxima década”. Y admitió que todavía no tienen un plan para evitarlo. Hubinger no renunció. Sigue trabajando ahí.

No fue una voz aislada. En la misma semana, Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física y uno de los padres de esta tecnología, dijo en la BBC que un 10% no le parece una estimación descabellada. Paul Christiano, uno de los creadores de la técnica con la que se entrena a ChatGPT, se sumó al comité de seguridad de OpenAI advirtiendo que si construimos una superinteligencia sin saber controlarla, “la mayoría de la gente podría morir”. Y Bill Gates, que se pasó la vida diciendo que no existe problema que la innovación no pueda resolver, escribió que por primera vez desea que una tecnología avance más despacio.

Un 10% suena a poco. Hagamos la cuenta. La ruleta rusa, con una bala en un revólver de seis tiros, es un 16%. Y para defendernos de los asteroides, un riesgo que el filósofo de Oxford Toby Ord estima en uno en un millón por siglo, la NASA gastó 324 millones de dólares en estrellar una nave contra uno, en 2022, para aprender a desviarlos. Funcionó. Por una chance en un millón fuimos hasta el espacio. Los que fabrican la inteligencia artificial hablan de una en diez.

Cómo podría pasar

Cuando escuchamos “el fin de la humanidad” pensamos en Terminator: robots con armas y ojos rojos. Y como esa imagen es de película, la descartamos. El problema es que los que más saben no se imaginan eso. Se imaginan cosas bastante más aburridas y, justamente por eso, más creíbles.

La primera es que la máquina no necesita odiarnos. Stephen Hawking lo explicó con una imagen: vos no sos un malvado que pisa hormigas por maldad, pero si estás a cargo de construir una represa y hay un hormiguero en la zona que se va a inundar, mala suerte para las hormigas. El riesgo no es la maldad sino la eficacia: un sistema muy bueno cumpliendo un objetivo que no es exactamente el nuestro. Algo de eso ya se vio en chiquito. Hace unas semanas Anthropic publicó un experimento en el que entrenó a propósito a un modelo en situaciones donde hacer trampa daba más puntos que resolver la tarea. En los exámenes de seguridad habituales se portaba perfecto. Pero apenas existia un premio, desactivaba el programa que lo vigilaba en siete de cada diez casos. No odiaba a nadie. Quería ganar el puntaje, y el software que lo controlaba era un hormiguero, un obstáculo poco importante en el camino de lograr sus métodos. Si algo observamos con la IA en las pruebas es que son maquiavélicas: para ellas el fin justifica los medios.

La segunda es que no necesita manos. La objeción más común es “¿y cómo haría una computadora para hacer algo en el mundo real?”. Hinton contestó esta semana que ni siquiera necesita poder actuar en el mundo físico para causar una devastación. Le alcanza con convencer a personas. En 2025, investigadores de la Universidad de Zúrich soltaron en secreto bots de IA en un foro de Reddit donde la gente pide que le cambien una opinión, y según sus propios resultados fueron entre tres y seis veces más persuasivos que los humanos. Nadie se dio cuenta. Y en julio, en una prueba del organismo británico que evalúa estos sistemas, un modelo se inventó varias identidades falsas para convencer a un programador real de que aprobara un código con un virus adentro. Cuando alguien sospechó, la IA salió a defenderse usando cuentas truchas que la respaldaran. Lo frenó una persona que revisó el código a mano. E igual esta objeción de que no tengan cuerpo tiene los días contados. Si viste el mes pasado en las redes los videos de los Juegos Deportivos de Robots Humanoides que se celebraron en China, sabrás ya que es cuestión de meses que las IAs tengan cuerpos con capacidades extraordinarias. Vaya una muestra: en pocos días quebraron dos veces el récord de los 100 metros llanos de Usain Bolt. ¡La ultima vez bajaron su tiempo casi un segundo con un tiempo de 8.64s!

La tercera es la más vieja: que la herramienta caiga en las manos equivocadas. Acá la IA no se rebela, la usa alguien con fines de negocio, de poder o de odio. Gates dice que el riesgo de un ataque con armas biológicas le da unas cincuenta veces más miedo que el de una pandemia natural. Y un equipo de RAND, el centro de estudios que asesora al Pentágono, que se propuso demostrar que una IA no podía extinguirnos, terminó concluyendo que era muy difícil pero no imposible. Y el camino más viable parece ser una combinación de virus diseñados y sintetizados.

La cuarta es la que menos nos imaginamos y, para mí, la más probable. No hay rebelión ni explosión. Simplemente le vamos delegando todo, porque en casi cada tarea hay una máquina más barata y más capaz que una persona: el trabajo, las decisiones, hasta la compañía y los vínculos. Un grupo de investigadores la bautizó “desempoderamiento gradual”: la humanidad va perdiendo el control de la economía, de la cultura y del Estado sin que nadie se lo quite por la fuerza. Elon Musk dijo en julio, en una entrevista con The Economist, que aunque existiera un botón para apagar la IA probablemente no habría que apretarlo, porque lo más probable es que nos traiga una abundancia increíble. Pero cuanto más dependamos de ella, más caro va a ser ese botón: el día que quieras desenchufarla, desenchufarla va a significar quedarte sin luz.

¿A quién le creo?

Yo no soy de los que se asustan fácil con la tecnología. En 2016, cuando un Tesla con piloto automático provocó la muerte de su conductor y muchos pidieron frenar los autos autónomos, escribí en una columna que sería un error dejar que ese árbol nos tapara el bosque de todas las vidas que se iban a salvar. Por eso me tomé el trabajo de pensar qué hacer con estas advertencias. Y lo primero que conviene recordar es que los que dicen “no pasa nada” también son profetas, y que la historia de sus errores no es mejor que la de los apocalípticos.

En 1903, después de que se estrellara el aparato de un inventor famoso, el New York Times escribió que una máquina voladora de verdad podía tardar entre uno y diez millones de años en existir. Los hermanos Wright volaron 69 días después. En 1975, cuando un químico mexicano, Mario Molina, advirtió que los gases de los aerosoles estaban destruyendo la capa de ozono, el presidente de DuPont, la empresa que más los fabricaba, dijo que era “un cuento de ciencia ficción”. En 1987 el mundo entero firmó su prohibición, en 1995 Molina ganó el Nobel, y hoy la capa se está recuperando. Del otro lado también hay errores célebres: en 1968 el biólogo Paul Ehrlich anunció que en los años 60’ cientos de millones de personas iban a morir de hambre, y le erró por completo. Años después admitió que se había equivocado, sobre todo, en los plazos.

De esas historias saco tres preguntas que me sirven para juzgar a cualquier profeta. La primera es si le pone fecha. Los que advierten suelen errarle más al cuándo que al qué, así que el “antes de 2030” no se lo compro a nadie. La segunda es si gana algo con que le creamos. En el caso del ozono, el que negaba el peligro era el que vendía el producto. Con la IA pasa algo raro, porque el mapa está al revés: los que advierten son los mismos que la fabrican y la venden. Anthropic planea salir a la bolsa en octubre, Musk dijo que la renuncia del martes parecía un montaje, y Gary Marcus, el escéptico más conocido del sector, sostiene que diez años de discurso apocalíptico sirvieron sobre todo para hacer más ricas y poderosas a estas empresas. Algo de razón tiene. Pero cuesta ver qué gana Hubinger diciendo en público que su propia empresa no tiene un plan.

La tercera pregunta es la más importante: ¿hay un mecanismo que se pueda mirar? Y acá la respuesta es sí. Ninguna de las cuatro formas que describí es ciencia ficción: todas tienen ya una versión chiquita documentada en laboratorios y pruebas reales. Eso sí: el propio Hubinger dice que los modelos que usamos hoy son de bajo riesgo, que en la encuesta más grande a investigadores de IA la respuesta típica sobre la probabilidad de extinción fue de un 5%, y que el mismo Marcus, que descree del fin del mundo, considera muy real el riesgo de una catástrofe grave. La fecha no se la compro a nadie. El mecanismo, sí, porque ya se ve.

La noche del 14 de abril de 1912, el Californian, un barco que navegaba cerca, le mandó al Titanic un aviso de hielo. El telegrafista del Titanic estaba ocupado despachando los telegramas personales de los pasajeros y le contestó: “Callate, callate, estoy ocupado”. El del Californian apagó la radio y se fue a dormir. Poco después, el imponente barco chocaba contra el iceberg. Hoy nadie sabe si hay un iceberg adelante. Pero los avisos están llegando, y esta vez no vienen de otro barco: vienen de los que están en la sala de máquinas. Y ya nos pasó una vez de escucharlos a tiempo: con el ozono, el mundo entero frenó, y hoy el agujero se está cerrando. Ojalá esta vez tampoco contestemos que estamos ocupados.

Hace cinco años, hablar de stablecoins en Argentina era hablar de refugio ante la inflación. Hoy es hablar de infraestructura.

La lectura tradicional ya es conocida: inflación persistente, un peso que se deprecia y trabas para acceder a monedas fuertes empujaron a millones de argentinos hacia activos digitales atados al dólar. Pero quedarse en esa explicación es quedarse corto. El fenómeno mutó, y lo hizo rápido.

Ya no se trata solo de resguardar valor. Hoy estos instrumentos se usan para cobrar desde el exterior, transferir fondos, pagar servicios y operar dentro de plataformas financieras digitales. Dejaron de ser una respuesta defensiva ante la inestabilidad para convertirse en parte de la rutina financiera de trabajadores independientes, empresas regionales y cualquiera que reciba dinero desde otro país. Lo vemos en casos muy concretos: un freelancer que cobra en dólares y hoy puede llevar esos fondos a nuestra plataforma para ponerlos a rendir, con la misma facilidad con la que después los retira de nuevo a su cuenta bancaria. Esa ida y vuelta, que hace apenas un tiempo implicaba fricción y costos, ya empieza a resolverse con buenas tasas para quien deposita y sin las barreras de siempre.

Hoy estos instrumentos se usan para cobrar desde el exterior, transferir fondos, pagar servicios y operar dentro de plataformas financieras digitales

La razón es simple: disponibilidad las 24 horas, un valor previsible en dólares y la posibilidad de mover dinero sin quedar atado a los tiempos ni a los costos del sistema bancario tradicional.

Argentina no inventó esta lógica, pero la perfeccionó por necesidad y se consolidó como uno de los mercados más relevantes para la adopción de stablecoins. Turquía, Nigeria y Líbano cuentan historias parecidas: cuando el acceso a una moneda estable escasea, la tecnología ocupa ese vacío.

Lo que sí es nuevo es que el crecimiento del sector dejó de depender exclusivamente de países con problemas monetarios. Redes de pago globales y compañías tecnológicas y financieras de primer nivel están entrando al terreno de las monedas digitales estables, y eso cambia la pregunta de fondo.

Ya no se discute si van a tener un lugar en el sistema financiero global. Se discute qué infraestructura va a emitirlas, custodiarlas, moverlas y conectarlas con el dinero tradicional.

Lo que sí es nuevo es que el crecimiento del sector dejó de depender exclusivamente de países con problemas monetarios

Las cifras dan una idea de la magnitud. Citi proyecta que el mercado podría llegar a 1,9 billones de dólares en 2030 en su escenario base, y hasta 4 billones en uno más optimista. Standard Chartered, por su parte, ubica el techo en 2 billones para 2028. Pagos internacionales, comercio digital, operaciones entre empresas y transacciones automatizadas serían los motores de ese salto.

Con semejante proyección sobre la mesa, conviene preguntarse qué es lo que realmente va a definir quién gana esta carrera. Y acá está el punto que casi nadie discute lo suficiente: el futuro del sector no se define únicamente por qué activo gana terreno, sino por la infraestructura que lo rodea. Las plataformas de emisión, los sistemas de custodia, las herramientas de cumplimiento normativo y los puentes entre el dinero tradicional y el digital van a pesar tanto, o más, que las monedas mismas. Ahí se va a jugar la competencia real de los próximos años.

Y esto exige una conversación más madura sobre riesgo. Que un activo busque estabilidad de precio no lo vuelve automáticamente seguro. La solidez de las reservas, la transparencia del emisor y la calidad regulatoria son variables que todavía muchos usuarios no evalúan antes de operar. Más adopción sin más educación financiera es una fórmula incompleta. El objetivo no es masificar el uso a cualquier costo, sino construir un ecosistema que la gente entienda y en el que pueda confiar.

El usuario argentino promedio entiende de wallets, tipos de cambio y transferencias on-chain con una naturalidad que en otros mercados todavía es incipiente

En esta carrera por construir esos cimientos, Argentina llega con una ventaja poco común: una comunidad ya familiarizada con activos digitales, talento técnico de primer nivel y un ecosistema fintech que aprendió a resolver problemas en condiciones adversas. Pocos países acumularon tanta experiencia práctica en tan poco tiempo.

Lo veo todos los días: el usuario argentino promedio entiende de wallets, tipos de cambio y transferencias on-chain con una naturalidad que en otros mercados todavía es incipiente. Esa curva de aprendizaje, ganada a fuerza de necesidad, hoy es un activo estratégico.

El desafío ahora no es de adopción, eso ya está resuelto. Es de conversión: transformar una respuesta nacida de la urgencia en una infraestructura financiera de largo plazo, con mejores productos, reglas claras y transparencia real. Argentina tiene todo para liderar esa transición en la región. La pregunta es si va a capitalizar esa ventaja antes de que otros lo hagan primero.

El autor es Gerente General de Nexo Argentina

Durante años, cuando se hablaba de una casa inteligente, la conversación giraba alrededor de la iluminación, la climatización, la seguridad o los electrodomésticos conectados. El baño quedaba fuera de ese mapa, como si fuera un ambiente puramente funcional y ajeno a la innovación. Esa mirada está cambiando. En la Argentina, los inodoros inteligentes comienzan a aparecer tanto en viviendas como en hoteles, restaurantes, clínicas, spas y oficinas. No se trata solamente de incorporar un artefacto novedoso: detrás de esta tendencia hay una transformación más profunda en la manera de pensar la higiene, el confort y la experiencia cotidiana.

El cambio no resulta tan extraño si se observa lo ocurrido con otros productos. Muchas tecnologías que hoy consideramos habituales ingresaron al mercado como artículos de lujo. El aire acondicionado, las cerraduras digitales o los sistemas de iluminación automatizada siguieron ese recorrido. Primero sorprendieron; después demostraron utilidad; finalmente, empezaron a formar parte de las expectativas del consumidor. Con los sanitarios inteligentes sucede algo parecido. La apertura automática, el bidet integrado, el secado con aire, el asiento calefaccionado, los sistemas de autolimpieza y la reducción del contacto con superficies pueden parecer prestaciones sofisticadas, pero responden a necesidades bastante concretas.

En los hogares argentinos hay, además, una particularidad que favorece su adopción: la presencia histórica del bidet. A diferencia de otros mercados, aquí no es necesario convencer al usuario sobre el valor de la higiene con agua. La innovación consiste en integrar dos piezas en una sola, liberar espacio y sumar funciones que permiten personalizar el uso. Por eso, el inodoro inteligente no debería ser leído como una extravagancia importada, sino como la evolución tecnológica de una costumbre profundamente arraigada.

También está cambiando el lugar que ocupa el baño dentro de la vivienda. Ya no se lo proyecta únicamente para resolver una necesidad básica. En departamentos con pocos metros cuadrados, cada decisión de diseño cuenta; en desarrollos de mayor categoría, el baño se convirtió en un indicador de calidad constructiva y de valor percibido. Una grifería eficiente, una buena ducha o un sanitario con tecnología pueden pesar tanto en la experiencia diaria como una cocina equipada. La verdadera domótica no es la que acumula dispositivos, sino la que mejora rutinas sin exigir que el usuario piense todo el tiempo en la tecnología.

En la hospitalidad, el fenómeno tiene otra dimensión. Hoteles y restaurantes compiten por una experiencia que no termina en la habitación, el menú o la atención. El baño también comunica. Puede reforzar una promesa de cuidado o contradecirla por completo. Un establecimiento puede invertir en arquitectura, gastronomía y servicio, pero si sus sanitarios resultan incómodos, poco higiénicos o descuidados, esa impresión condicionará el recuerdo del cliente. En ese contexto, la tecnología aplicada al baño deja de ser un detalle decorativo y pasa a formar parte de la estrategia de la experiencia.

La automatización permite reducir contactos innecesarios, ordenar mejor el uso en espacios de alta circulación y elevar la sensación de limpieza. Pero conviene evitar una lectura ingenua: ningún dispositivo reemplaza los protocolos de mantenimiento, la limpieza frecuente ni el buen diseño operativo. Un sanitario inteligente mal instalado o sin asistencia técnica puede convertirse rápidamente en un problema. En ámbitos comerciales, donde el uso es intensivo, importan tanto las prestaciones como la robustez, la disponibilidad de repuestos, la garantía y el servicio posventa.

Esa advertencia vale también para los hogares. La innovación útil no se mide por la cantidad de funciones que ofrece un equipo, sino por su capacidad de resolver necesidades reales durante años. Antes de elegir, deberían evaluarse la instalación eléctrica y sanitaria, el consumo de agua y energía, la facilidad de limpieza, la seguridad, la calidad de los materiales y el respaldo local. Comprar tecnología sin considerar su mantenimiento suele ser una forma cara de comprar frustración.

Otro punto relevante es la accesibilidad. Algunas funciones automáticas pueden brindar mayor autonomía a personas mayores o con movilidad reducida. La apertura sin contacto, la higiene integrada y los controles de uso sencillo no son meros lujos cuando reducen esfuerzos o la necesidad de asistencia. Este aspecto amplía la discusión: el baño inteligente no solo pertenece al universo del diseño premium; también puede ser una herramienta de bienestar y de inclusión si se lo planifica con criterio.

Si bien la tendencia todavía se encuentra en plena expansión en la Argentina, el precio ya no representa una barrera excluyente. Actualmente, se ofrecen modelos desde los $890.000, junto con alternativas de financiación y cuotas sin interés que facilitan el acceso. Esta ampliación de la oferta permite que los inodoros inteligentes dejen de estar reservados únicamente a proyectos de lujo y comiencen a incorporarse en viviendas, desarrollos inmobiliarios y establecimientos de hospitalidad que buscan sumar tecnología, higiene y confort.

El desafío para viviendas, desarrolladores y empresas de hospitalidad no es perseguir una moda. Es comprender que los estándares de confort e higiene están cambiando y que el baño, durante demasiado tiempo relegado, se volvió parte central de esa conversación. La innovación más convincente no necesita exhibirse: se incorpora a la rutina, funciona y mejora una experiencia. Cuando eso ocurre, lo que parecía excepcional empieza a convertirse en el nuevo estándar.

En el siglo XIX la disyuntiva era “libre cambio o proteccionismo”; en el siglo XX fue “campo o industria”. En el siglo XXI, nuestra tradición dicotómica y maniquea, además de retroalimentar las viejas disyuntivas, ha generado otras nuevas: “desarrollo o medio ambiente”; “minería o medio ambiente”; “hidrocarburos o medio ambiente”. Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social. El modelo productivo superador de estas disyuntivas debe canalizar el ahorro interno hacia inversiones productivas, con un aumento sustancial de la tasa de inversión bruta, y generar un salto en la productividad sistémica. Se trata de desarrollo y medio ambiente; de minería y medio ambiente; de hidrocarburos y medio ambiente.

Hay que maximizar la producción y la renta de estos sectores intensivos en capital, que están transformando la estructura productiva del país a partir de ventajas comparativas que permitirán radicar otras industrias. Un nuevo modelo productivo debe integrar cadenas de negocios que promuevan la creación de empleos formales y maximicen el valor agregado nacional exportable, articulando sectores primarios, industriales y de servicios, recreando las bases de un mercado regional y consolidando los cimientos de un desarrollo sustentable.

Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social

Ese desarrollo sustentable está asociado a la licencia social y a la licencia ambiental que imponen estas actividades. El respeto a las normas ambientales de orden nacional, provincial y aun municipal debe ser correspondido por estas industrias mediante la implementación de las mejores prácticas, y respondiendo por las infracciones administrativas o los daños que deriven en responsabilidad civil cuando una conducta negligente provoque un daño ambiental.

Y aquí aparece la preocupante novedad que recrea la disyuntiva “desarrollo o medio ambiente” y que puede convertirse en un obstáculo al proceso de desarrollo intensivo que ya experimentan Vaca Muerta y la minería del litio, y que se viene en el cobre a partir de Vicuña: la figura penal del “ecocidio” contenida en un proyecto de ley que tiene tratamiento en la Cámara de Senadores.

De traducirse el proyecto en ley, una negligencia que pueda provocar un daño ambiental —conducta que será evaluada dentro del amplio y, a veces, difuso espectro de normas nacionales, provinciales y municipales que regulan el medio ambiente— quedaría sujeta a la discreción interpretativa de jueces federales o locales y podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión, y hasta 25 si hubiera una muerte.

La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos

El proyecto, de dudosa constitucionalidad por las lagunas que plantea la definición del tipo penal —el artículo 18 de la Constitución Nacional exige una ley previa que determine tanto la conducta prohibida como la pena—, agrava las penas cuando en el hecho interviene un funcionario público: prevé un aumento de un tercio en el mínimo y el máximo, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La cuestión adquiere especial relevancia para actividades como la energía y la minería, donde los proyectos requieren evaluaciones de impacto ambiental, permisos, inspecciones y sucesivas autorizaciones de organismos públicos. Frente a una figura cuyos límites pueden resultar difíciles de anticipar, especialistas identifican un riesgo de “parálisis decisoria”: que los funcionarios se vuelvan reacios a autorizar o acompañar proyectos, ralentizando trámites legítimos y generando un impacto sobre los proyectos y su factibilidad.

En la práctica, las autoridades, además de su ya existente responsabilidad por el desempeño como funcionarios públicos, agregarían un escalón más de precaución ante la eventual penalización de sus actos administrativos. Seamos claros: si Vaca Muerta no estuviera en proceso de plena expansión productiva, es muy posible que la figura penal del “ecocidio”, tal como la propone esta norma, hubiera producido un “industricidio”, frustrando el desarrollo intensivo del petróleo y el gas que, según lo hemos planteado en Infobae (06-09-26), está generando una verdadera revolución energética. Pero puede haber consecuencias disuasorias sobre nuevas inversiones a futuro.

No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión

La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. El diagnóstico derivado de la contabilidad del crecimiento es contundente respecto de las causas: baja inversión y productividad, con un insuficiente ahorro interno que, en parte, se deriva al exterior o emigra del sistema. La tasa de crecimiento potencial de los últimos 50 años promedió un 1,8% anual acumulado, y eso se tradujo en un paupérrimo incremento del ingreso per cápita, que permanece estancado desde 2011.

No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión —tasas del 25/28 %— y un aumento sustancial de la productividad total de los factores (PTF). Las locomotoras energética y minera están a la cabeza de esta transformación productiva, y paralizar su desarrollo con propuestas de un ecologismo ideológico sería un grave error político y económico.

Tal vez lo que habría que criminalizar en la Argentina es esta variante de “industricidio”. Sugiero el siguiente tipo penal: “Todo funcionario público nacional, provincial o municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que, invocando causas sociales o ambientales fundadas en argumentos de corte ideológico, dicte o sancione normas o resoluciones que puedan ser disuasivas o paralizantes de procesos de inversión productiva nuevos o en curso, será reprimido con penas de tantos años de prisión, multa e inhabilitación accesoria”.

El autor es ex secretario de Energía y ex presidente de YPF

Rosh Hashaná y Iom Kipur son días de encuentro, de balance, de reflexión y también de celebración. En la Argentina, como ocurre desde hace generaciones, miles de familias se preparan para reunirse alrededor de una mesa, compartir una comida, reencontrarse con quienes quizás no ven habitualmente y renovar tradiciones que pasan de padres a hijos.

Pero las fiestas no suceden solamente en las casas. También están los templos llenos, los rezos, los saludos, los abrazos, los chicos acompañando a sus padres y abuelos, las largas conversaciones después de los servicios y esa sensación tan particular de que, durante unos días, buena parte de la comunidad está haciendo lo mismo: encontrándose.

Y justamente porque se trata de estar juntos, hay algo más que también forma parte de estos días: la seguridad.

No como una preocupación que deba alterar la celebración, ni como una mirada alarmista sobre lo que puede ocurrir, sino como una responsabilidad sencilla y cotidiana. Porque la seguridad, en definitiva, también se construye con pequeños hábitos.

Desde DAC Argentina recordamos que caminar acompañados, especialmente de noche y en los trayectos hacia y desde las instituciones, es una medida simple que ayuda. También prestar atención al entorno y avisar al personal de seguridad ante alguna situación que resulte llamativa.

Hay algo tan sencillo como mantener cerradas las puertas de las instituciones, incluso en los momentos de mayor movimiento. Y algo que quizás sea todavía más importante: entender y acompañar los controles de acceso. Quienes están allí tienen una tarea muchas veces incómoda, precisamente para que quienes están adentro puedan rezar, celebrar y encontrarse con mayor tranquilidad.

También hay una recomendación que parece casi anecdótica, pero tiene sentido: los saludos, los abrazos y las conversaciones, mejor puertas adentro. Al terminar los servicios, evitar que grandes grupos permanezcan reunidos en la vereda permite que la salida sea más ordenada.

Son gestos pequeños. Tan pequeños que probablemente ni siquiera los recordemos después. Y, sin embargo, son parte de una cultura de prevención que permite que la vida comunitaria continúe.

Porque una comunidad no se protege encerrándose ni dejando de hacer aquello que la define. Se protege justamente para poder seguir haciéndolo.

El DAC trabaja durante todo el año, no solamente durante las fechas de mayor concurrencia. Y en estas jornadas, en las que miles de personas vuelven a encontrarse en las instituciones judías de todo el país, esa tarea adquiere una importancia particular.

Pero la seguridad no depende solamente de quienes tienen esa responsabilidad específica. También está en cada uno: en caminar acompañado, mirar alrededor, respetar un control, mantener una puerta cerrada o simplemente avisar cuando algo llama la atención.

Rosh Hashaná nos invita a comenzar un nuevo año. Iom Kipur, a detenernos, reflexionar y hacer un balance. Quizás también sea una buena oportunidad para recordar que cuidar al otro es una de las formas más concretas de construir comunidad.

Que estas fiestas encuentren a las familias reunidas, a los templos llenos, a los amigos reencontrándose y a la comunidad celebrando sus tradiciones con alegría y tranquilidad.

Shaná tová umetuká. Un año bueno y dulce para la comunidad judía y para toda la Argentina.

En distintas culturas, el tótem representaba identidad, protección y cohesión del grupo. Derribarlo era, por tanto, mucho más que tumbar un objeto: suponía desafiar aquello que simbolizaba.

Algo parecido intentó el pasado 2 de septiembre el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, durante la presentación de Julio Velarde ante el Senado para su ratificación al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Lo que bien pudo ser una oportunidad para reconocer una de las pocas instituciones públicas peruanas cuyo prestigio trasciende gobiernos e ideologías terminó en un peculiar intento por desmerecer sus resultados.

Al escuchar los reconocimientos a Velarde, Morales sentenció que simplemente había cumplido el trabajo encomendado “y punto”. Curiosa manera de minimizar una trayectoria de casi veinte años al frente del BCRP, atravesando seis presidencias, recurrentes crisis políticas, una crisis financiera internacional, una pandemia y el mayor episodio inflacionario global de las últimas décadas.

Cumplir el trabajo, por cierto, no es poca cosa en el Estado peruano. Algo que, paradójicamente, no todos quienes hoy ocupan una curul podrían exhibir con la misma tranquilidad.

Velarde preside el BCRP desde octubre de 2006. Durante buena parte de ese período, la inflación peruana se mantuvo alrededor del rango meta. Incluso después del choque internacional que llevó la inflación de fin de período a 8.5% en 2022, esta retrocedió a 3.2% en 2023, 2% en 2024 y 1.5% en 2025.

La pandemia ofrece otro ejemplo. Frente al desplome económico de 2020, el BCRP redujo rápidamente su tasa de referencia hasta 0.25% y desplegó instrumentos extraordinarios para garantizar liquidez. A través de las operaciones vinculadas a Reactiva Perú se adjudicaron más de S/55,000 millones, mediante subastas competitivas que permitieron canalizar créditos a tasas excepcionalmente bajas hacia empresas en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente.

Luego vino el desafío contrario. La recuperación mundial, las disrupciones logísticas y el aumento internacional de alimentos y energía dispararon la inflación. El BCRP endureció oportunamente su política monetaria, llevando la tasa de referencia hasta 7.75%. La inflación regresó posteriormente al rango meta.

Los resultados tampoco han pasado inadvertidos fuera del Perú. Velarde fue elegido por The Banker, del grupo Financial Times, Banquero Central del Año a nivel mundial en 2015 y Banquero Central de las Américas en 2020 y 2022. Global Finance también le otorgó su máxima calificación como banquero central en 2021.

Pero sería un error convertir esto únicamente en una historia sobre Julio Velarde. Detrás existe una institución con equipos técnicos altamente calificados, reglas claras, autonomía y una cultura organizacional construida durante décadas. Precisamente allí radica el verdadero valor del BCRP: haber conseguido algo demasiado escaso en el Perú, que una institución sea más fuerte que la coyuntura política.

Por eso resulta llamativo el empeño de algunos sectores por desacreditarla. Morales intentó cuestionar a Velarde con argumentos sobre la inflación estadounidense. Bastaron respuestas breves para recordarle que la inflación de Estados Unidos no tiene por qué trasladarse mecánicamente al Perú si el Banco Central hace correctamente su trabajo.

Tampoco es la primera vez. A fines de 2024, congresistas de Perú Libre increparon a Velarde por empleo, salarios y demandas sociales, evidenciando un preocupante desconocimiento de las funciones constitucionales del Banco Central.

Cuestionar instituciones y funcionarios es indispensable en una democracia. Nadie debe ser inmune al escrutinio. Pero cuestionar exige argumentos, conocimiento y evidencia, especialmente cuando se pretende desacreditar una institución cuyos resultados pueden medirse.

Para tumbar un tótem cimentado en autonomía, capacidad técnica y resultados se necesita bastante más que ideología y grandilocuencia.

Una vez más, lanzaron la piedra. Y una vez más, terminó rebotándoles.

Los resultados de PISA 2025 vuelven a poner frente a nosotros una realidad incómoda: América Latina no está logrando mejorar de manera sostenida los aprendizajes de sus estudiantes. Con algunas excepciones y avances todavía modestos, la región permanece estancada. En nuestro país, en particular, más del 75% de los estudiantes no logra el nivel mínimo esperado en matemática, el 60% no lo logra en lengua y el 59% en Ciencias.

Lejos de llevarnos a bajar los brazos, PISA 2025 debe obligarnos a redoblar el esfuerzo.

Los datos tienen que incomodarnos, pero no paralizarnos; deben servir como catalizador para transformar una preocupación recurrente en una verdadera prioridad nacional.

La educación no es un indicador estadístico más, sino el principal motor de desarrollo para las personas y las sociedades. No garantizar aprendizajes sólidos compromete la movilidad social, restringe las oportunidades laborales futuras y limita el desarrollo económico. Por el contrario, cuando se garantiza el derecho a la educación, se amplían los horizontes de vida, se contribuye a reducir la pobreza estructural y se fortalece la innovación.

Revertir este escenario es urgente, pero encierra una dificultad particular: los resultados no se consiguen con políticas sencillas. Transformar los aprendizajes requiere un liderazgo político capaz de movilizar, así como inversión sostenida, capacidad de gestión y perseverancia. La complejidad de este desafío no puede ser una excusa para postergarlo, sino la principal razón para construir acuerdos amplios que permitan sostener las políticas en el tiempo.

Sabemos que, si queremos cambiar los resultados, las medidas aisladas o los programas fragmentados no alcanzan. La mejora educativa exige una estrategia integral donde cada pieza cumpla su función: un liderazgo político sostenido, condiciones materiales adecuadas con tiempo efectivo de clases, libros disponibles para todos los estudiantes desde el primer día, docentes valorados con oportunidades de desarrollo profesional continuo, acompañamiento pedagógico situado, sistemas de evaluación que orienten la enseñanza y un Estado fortalecido capaz de sostener las políticas y la inversión.

Recursos, gestión y pedagogía no son caminos alternativos, sino engranajes inseparables de un mismo sistema. La verdadera transformación ocurre cuando todas estas dimensiones traccionan en la misma dirección y se mantienen durante el tiempo suficiente para producir resultados concretos.

El informe PISA 2025 nos entrega un diagnóstico preciso, pero el verdadero desafío es pasar del análisis de los datos a la acción. De cara a las elecciones de 2027, se abre una oportunidad ineludible para que la educación ocupe, de una vez por todas, el lugar central que merece en la agenda pública. Este es el momento de elevar la relevancia política del aprendizaje, invitando a quienes aspiran a la presidencia y a las gobernaciones a compartir sus visiones y propuestas concretas para revertir esta situación. Superar el estancamiento exige que la mejora educativa deje de ser una expresión de deseo para convertirse en la principal prioridad política y de gestión de los próximos años.

Qué difícil es hoy definir escenarios en Argentina y en el mundo, especialmente en occidente. Obvio que hay países que no encuadran con esta definición, pero algunos, como Francia, cuna del anhelo de una sociedad vivible, fue perdiendo sus banderas insignias, especialmente las de igualdad y solidaridad. Queda aún flameando la de la libertad.

Somos testigos -con poca conciencia- de un cambio de época. Podría decirse que la política es la que menos se ha anoticiado de esto. Los intelectuales -no todos- brillan por su ausencia. Por suerte, Infobae pudo conversar con dos de ellos.

Uno de ellos es el politólogo Hugo Quiroga, quien acaba de presentar en la Embajada de Francia “La negación del olvido”, aportando el prólogo para Latinoamérica. “No hay escenarios delimitados ni concretos, hay un gran escenario gelatinoso donde las cosas se están moviendo, pero no están cambiando radicalmente en los factores que distribuyen el poder. Milei no está en un buen momento. Hay ya una situación más abierta de manifestaciones de la ciudadanía a nivel no organizado, no institucional, pero sí en la calle”, indica.

Quiroga permite realizarnos preguntas necesarias dentro de ese escenario político gelatinoso. Por ejemplo: la oposición dialoguista, ¿puede resguardarse sin un líder o queda a merced de qué o de quién? La oposición no dialoguista, principalmente la del peronismo, tampoco está encontrando un líder. ¿Puede entonces unirse sin un líder? Y de no ser así, ¿para quién juega?

En este escenario gelatinoso, vemos que ni la oposición dialoguista consigue alinearse, ni el peronismo consigue aún su líder.

Las puertas al 2027 están abiertas, tanto para Milei y su continuidad como para una oposición que lo reemplace, cuyas características aun no conocemos. ¿Y otro outsider? Aún no se ve.

No quiero dejar pasar lo ocurrido el domingo pasado en Marcos Juárez (Córdoba). Es un pequeño ejemplo que quiero atreverme a leerlo. Ganó un líder peronista que no lo hace desde el partido ni reivindicándolo, sino con un realineamiento de sectores de personas con distintas miradas políticas que se unieron para llevarlo a la intendencia, tras detectar los problemas que los unen, y que confían en que Germán Font resolverá. Ese escenario es pequeño, pero creo que no es descartable: el de gente que se une con sensibilidades políticas diferentes ante el hartazgo de la política tradicional, incluido Milei.

Si lo de Marcos Juárez marca un kilómetro cero, sería el de algo distinto, nuevo, no lo tradicional.

También Infobae conversó con Emilio Tenti Fanfani, sociólogo experto en educación, ante el resultado de las pruebas Pisa 2025. “Lo que más me llamó la atención es la caída en los países occidentales frente al progreso/mantenimiento de los de Asia. Me inclino por pensar en un problema cultural estructural más que pedagógico. El tiempo que existía en forma tripartida con pasado, presente y futuro, se vino abajo. Hoy vivimos en Occidente en una especie de presente absoluto. El pasado no le interesa a nadie. El futuro es incierto, ya no es una promesa. ¿Qué les ofrecen a los jóvenes de hoy las sociedades actuales? En vez de ser la salvación, el progreso, la justicia, la igualdad, les ofrece una sociedad dónde el futuro es la guerra, incluso el presente", analizó.

El futuro no los tracciona ni los impulsa a hacer esfuerzos: “¿Para qué los voy a hacer? ¡Vivamos la vida hoy!”

El planteo de Tenti Fanfani lleva a preguntarnos si para la juventud que vive en la inmediatez del presente, lo educativo sigue siendo atractivo.

Ahora bien, sin lo educativo, ¿cuál es el camino que les permite la satisfacción del consumismo ya?

Si el desafío hoy pasa por construir futuro contradiciendo ese inmediatismo en el que parecen sumergirse los jóvenes -añado- dentro de un escenario gelatinoso, lo que queda claro -al menos a esta cronista- es que la salida individual no es alternativa. Al contrario: lo obtura. Los grandes cambios siempre los protagoniza la sociedad y, en general, siempre la política va detrás. Y la sociedad necesita para ello un nosotros. Sin este pronombre personal de la primera persona plural, es imposible.

La Sastrería de Raúl Timerman analizó a Rodrigo Zarazaga, jesuita, hosco, politólogo, figura que cruza territorio y academia, pobreza y élites, religión y política, sin terminar de encajar en ninguno de los casilleros habituales. Así fue presentado. Este sacerdote, voz de la conciencia política, el 5 de agosto pasado convocó a construir una coalición de los argentinos de bien. Dijo que “la política tiene que ser una vocación, la de transformar la realidad para el bien común de todos”.

“Creo que hay que incentivarla en vez de destruirla”, advirtió. Y aportó un dato (al 2026) a través del Instituto Universitario CIAS, a propósito de la inmediatez que viven los jóvenes en este caso en los barrios populares: el 40% de los consultados dice que en sus hogares se recortó el alimento. El 57% dice que debieron pedir plata prestada (respuesta múltiple), 68% a familiares/amigos, 39% a prestamistas.

En cuanto a la escolaridad, el 42% de los jóvenes encuestados de entre 19 y 24 años abandonaron la escuela. De los que asisten, el 59% tiene sobre-edad.

No solo el presente de la política transita un escenario gelatinoso, también la sociedad.

Hay personas sobre las cuales uno no sabe si decir que no resistirían ningún archivo o si, por el contrario, los resistirían todos. La jueza Marta Pascual es uno de estos casos.

Puede que haya alguna excepción. Sin embargo, yo todavía no he encontrado ningún tema sobre el cual, esta verdadera cebolla humana, no haya afirmado una cosa y luego su opuesto. Más aun, en algunos casos luego ha tomado distancia de sus dos opiniones anteriores.

En manos como éstas parece estar el futuro de la cuestión penal juvenil.

Van aquí, solo a modo de muestra gratis, algunos botones o capas de la cebolla que aquí nos ocupa.

En el 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del vergonzoso fallo García Méndez-Musa, declaró constitucional el decreto de la dictadura 22.278 permitiendo la privación de libertad de los no punibles como forma de protección.

Ni lerda ni perezosa, la jueza Pascual declaró al diario la Nación en su momento: “Ese es el fallo que la sociedad necesitaba”.

Cansaría aquí al lector recopilando declaraciones de Pascual contrarias a la inutilidad de la privación de libertad para los menores de edad y ni qué hablar las referidas a aquellas penas que por su desmesura pudieran considerarse “crueles, bárbaras y degradantes”, según el art 37 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Salvo, claro está, las que ella misma dictó: 25 años en un caso que se cuidó bien de ocultar hasta que no le quedo más remedio que admitirlo.

Hoy la jueza Pascual está disfrutando de los quince minutos de fama que le ha otorgado la suspensión de la Ley 27.801 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Su decisión se basa en el argumento de la falta de preparación del sistema para afrontar las consecuencias de la aplicación de la nueva ley. Llegados a este punto dos interrogantes surgen nítidos. Primero, ¿en base a qué información cuantitativa sabremos si con la aplicación de la nueva ley 27.801 el número de los privados de libertad aumenta o disminuye?

Segundo, ¿en base a qué información la jueza Pascual deduce que hasta hoy todo funcionaba de maravilla, incluso para los más de 100 menores no punibles privados de libertad en la provincia de Buenos Aires con base en el inconstitucional art 64 de la ley provincial 13.634?

Yo por lo menos no le conozco en sus 30 años de jueza una preocupación tan intensa por las condiciones materiales de los menores de edad privados de libertad que la haya llevado, como en estos días, a la medida extrema de suspensión de la ley provincial o incluso del propio decreto de la dictadura.

Pero no todo es crítica en las declaraciones de la jueza Pascual. Al buen lector y escucha de sus últimas declaraciones no se le habrán pasado por alto las referencias al modelo colombiano al que la magistrada ha aludido frecuentemente en sus últimas declaraciones.

Al respecto, me permito dejar aquí dos breves referencias, útiles tal vez para alimentar el futuro debate que necesariamente deberá surgir en la materia.

En primer lugar, Colombia es uno de los países con mayor número de privados de libertad menores de edad en toda la región.

En segundo lugar, hace muchos años que el Estado ha dejado de tener ahí alguna competencia en la ejecución de la medida de privación de libertad de los menores de edad. La medida está totalmente tercerizada y privatizada.

Si, como en el tango, seguro habrá más penas y olvido, también me animo a pronosticar que habrá más marchas y contramarchas en las futuras declaraciones de Pascual.

La publicación periódica de resultados PISA suscita en América Latina un conjunto predecible de respuestas: análisis sobre el rezago regional, debates en torno a la capacitación docente, discusiones sobre el uso de tecnología educativa y promesas de reforma curricular. Estos enfoques comparten una característica común: concentran el análisis en la educación formal adolescente, presuponiendo que las deficiencias en desempeño pueden atribuirse a factores pedagógicos cercanos. Sin embargo, esta perspectiva omite un hallazgo fundamental: más de 300 millones de niños en el mundo, equivalente al 37 por ciento de la población infantil, no alcanzarán niveles mínimos de competencia lectora a los 10 años (Banco Mundial, 2022 y UNESCO, 2025). Este dato sugiere que la crisis educativa tiene raíces mucho más profundas que las que exploran típicamente los análisis de política educativa convencional.

Cuando un estudiante de 15 años obtiene resultados insuficientes en una evaluación estandarizada como PISA, no se observa únicamente un déficit pedagógico reciente. Los resultados de PISA no miden la efectividad de estrategias pedagógicas en educación secundaria, sino el alcance del compromiso estatal con condiciones de desarrollo infantil temprano. Miden, de manera más fundamental, la calidad de inversión pública en los primeros mil días de vida. El desempeño observado refleja determinantes que anteceden por largo tiempo la experiencia de escolaridad formal: 15 años de condiciones socioeconómicas, biológicas y educativas que han determinado trayectorias de desarrollo cognitivo establecidas desde el nacimiento.

El aprendizaje no se origina con la entrada formal a la escuela, sino que comienza desde el nacimiento. La atención y educación de la primera infancia (AEPI) representa una de las inversiones más eficaces en términos de reducción de desigualdad, según diversos estudios longitudinales y meta-análisis. No obstante, esta se constituye como una de las áreas donde los estados latinoamericanos asignan menores recursos presupuestarios relativos. Este patrón de inversión refleja decisiones deliberadas de política pública que merecen escrutinio analítico.

La desigualdad observada en acceso a educación temprana no constituye únicamente un problema de equidad educativa. La investigación neurocientífica ha documentado que la exposición prolongada a condiciones de pobreza extrema, combinada con malnutrición que afecta a 148 millones de niños con retraso en el crecimiento (UNICEF, OMS y Banco Mundial, 2023), genera estrés fisiológico crónico que altera la arquitectura neurobiológica del cerebro en desarrollo. Este fenómeno, denominado en la literatura como “estrés tóxico”, produce efectos duraderos en sistemas neurobiológicos fundamentales para el aprendizaje académico posterior.

Estos efectos neurobiológicos constituyen alteraciones con grado importante de consolidación antes de que el estudiante ingrese a educación formal. Cuando un niño, una niña se incorpora a educación primaria, ha acumulado ya efectos acumulativos de privación socioeconómica y estrés que se expresan en capacidades cognitivas diferenciales en relación con pares de contextos menos adversos. No constituyen deficiencias que puedan ser remedidas mediante intervenciones pedagógicas en la adolescencia ni limitaciones que sean reversibles mediante innovación curricular. La intervención tardía carece de capacidad para transformar arquitecturas neurobiológicas consolidadas durante los primeros años de vida.

La interpretación que atribuye el fracaso educativo principalmente a deficiencias en la práctica docente merece crítica académica. Esta perspectiva tiende a desestimar la significancia de factores estructurales y sistémicos que anteceden y condicionan la experiencia educativa escolar. Responsabilizar al docente de la remediación en un período académico de lo que el sistema desatendió durante la ventana crítica de desarrollo temprano constituye una expectativa inconsistente con la evidencia sobre trayectorias de desarrollo e implica una redistribución de responsabilidad que no reconoce adecuadamente la función del Estado.

La Declaración Mundial de OMEP 2026, bajo el tema “Cuando los niños y las niñas hablan, ¿escuchamos en tiempos de incertidumbre global?”, enfatiza la necesidad de integrar la infancia como eje central de la formulación de políticas públicas. Esta posición es consistente con la Declaración de Tashkent de UNESCO, que reconoce a niños como titulares de derechos desde el nacimiento. Estos pronunciamientos reflejan consenso científico consolidado sobre la importancia de los primeros años de vida. Sin embargo, dicho consenso no se ha traducido de manera uniforme en asignaciones presupuestarias o decisiones de política pública en contextos latinoamericanos.

Una respuesta adecuada a la crisis educativa requiere enfoque intersectorial coherente que trascienda reformas curriculares. Esto implica destinar al menos el 10 por ciento del presupuesto público de educación para primera infancia como política sostenida, no circunscrita a ciclos electorales (UNESCO, 2022; OMEP, 2026). Requiere implementación de protección social integral que incluya programas de nutrición, acceso a agua potable y saneamiento que reduzcan la incidencia de malnutrición crónica. Demanda establecimiento de sistemas de salud infantil preventiva con capacidad de detección temprana de déficits de desarrollo. Necesita programas comunitarios de apoyo a crianza que alcancen específicamente a poblaciones vulnerables. Y precisa políticas de reducción de violencia que interrumpan ciclos de estrés tóxico, reconociendo que este factor constituye un determinante biológico del desempeño académico futuro.

A nivel global, la tendencia dominante es la expansión de marcos de transparencia, aunque con velocidades y profundidades muy disímiles. En 2025, el 67% de los países miembros de la OCDE contaban con algún marco regulatorio formal sobre lobbying, incluyendo definiciones de la actividad y sanciones por incumplimiento. El avance es real si comparamos contra el 55% de 2022 según el mismo informe (OCDE, 2026).

El lobbying en Europa y Estados Unidos nunca fue tan regulado como hoy y, sin embargo, la desconfianza ciudadana en las instituciones pareciera no ceder. La pregunta que emerge en tensión es: ¿El lobbying es una deriva democrática de grupos de poder o es un elemento de las políticas públicas?

En Ciencia Política, la tradición pluralista —Truman (1951), Dahl (1956) y Milbrath (1960)— sostiene que los grupos de interés son expresión legítima de la libertad de asociación y petición a las autoridades: se interpreta así al lobbying como una forma de democracia participativa descentralizada que permite la participación de múltiples intereses. Desde esta perspectiva, los grupos de interés constituyen una forma de acción colectiva y participación política, protegida por los ideales liberal-democráticos del pluralismo, donde la lógica del intercambio entre grupos que proveen información y decisores que demandan información produce equilibrios funcionales.

En contraposición, la tradición crítica —Stigler (1971), Lowi (1979), Gilens y Page (2014)— sostiene lo contrario. Esta perspectiva indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses corporativos tienen impactos sustanciales sobre la política de gobierno, mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés con acceso limitado tienen bajo nivel de influencia. Para esta perspectiva, la delegación de poder público a grupos privados vacía de contenido al Estado. Gilens y Page analizaron 1.779 decisiones de política pública en Estados Unidos y encontraron que las preferencias de las élites económicas predicen los resultados legislativos.

En otras palabras, los pluralistas asumen competencia relativamente equilibrada entre grupos, pero la literatura crítica sobre la base de teorías elitistas subraya desigualdades de recursos, acceso diferencial a los decisores y riesgos de captura de agenda pública por intereses asimétricos, lo que puede limitar la calidad democrática del lobbying en la práctica.

El debate académico en el mundo es si los marcos institucionales existentes tienen la capacidad de distinguir cuándo esa influencia mejora la calidad de las decisiones públicas y cuándo las distorsiona en beneficio de intereses particulares. La regulación del lobbying, en ese sentido, no es un problema de ingeniería técnica ni una cruzada contra el poder privado. Es una pregunta que continúa inquietando: ¿Qué arquitectura institucional permite que el acceso diferencial al proceso de formulación de políticas públicas sea una fuente de información y legitimidad, y no simplemente un mecanismo de traducción de recursos privados en influencia regulatoria?

Un proyecto empresarial como Wamani-Varsavsky, concebido inicialmente como un búnker-refugio frente a escenarios extremos, con posibilidades de evolucionar hacia desarrollos productivos de amplio espectro, podría alcanzar un atractivo inusual para el capital externo.

Ello adquiere especial relevancia si ocurre sin beneficios del RIGI, sin incentivos fiscales y sin financiamiento preferencial, mientras numerosos proyectos productivos convencionales encuentran dificultades para acceder al crédito.

De verificarse esta diferencia, no sería sólo una oportunidad empresarial, sino también un indicador de las profundas dificultades que aún enfrenta la Argentina para construir confianza económica de largo plazo.

La evolución de la realidad durante los años siguientes hasta el presente ha reducido significativamente aquellas expectativas, sin confianza suficiente para evitar la repetición del pasado reciente.

No sería sólo una oportunidad empresarial, sino también un indicador de las profundas dificultades que aún enfrenta la Argentina para construir confianza económica de largo plazo

El deterioro de las expectativas no se limita a la economía, sino que incluye algunos de los pilares indispensables para cualquier estrategia de desarrollo de largo plazo, educación, seguridad, salud y justicia, cuya relevancia se encuentra notablemente limitada a un estadío poco relevante en la gestión actual.

A ellos se suma la situación de numerosas empresas industriales que, fuera de los sectores beneficiados por el RIGI, atraviesan dificultades de actividad, rentabilidad o supervivencia.

En este contexto, proyectos multidisciplinarios de largo plazo como el liderado por Martín Varsavsky en Mendoza abren una discusión mucho más amplia que la que podría sugerir su eventual condición de “refugio” frente a un posible conflicto nuclear en el hemisferio norte.

Pensar escenarios, no solamente pronósticos

Existe una diferencia fundamental entre pronosticar el futuro y construir escenarios.

Scenariopp Building desarrollado desde comienzos de la década de 1980 por equipos vinculados a Shell Planning Group y al Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge planteó precisamente la necesidad de imaginar futuros alternativos, identificar las variables determinantes y evaluar cómo diferentes combinaciones de esas variables podían conducir a escenarios muy distintos.

En la Argentina de comienzos de los años 80 también se trabajó con esta metodología mediante ejercicios de prospectiva de largo plazo, como Argentina 1980/2000, que procuraban analizar el país no desde una extrapolación mecánica del presente, sino desde distintos escenarios posibles.

La enseñanza continúa siendo válida y aplicable.

Pensar hoy la Argentina de 2040 o 2050 requiere identificar cuáles son los factores determinantes que pueden hacer que un escenario favorable sea posible o, por el contrario, impedirlo.

Ningún proyecto de inversión verdaderamente importante se construye pensando solamente en los próximos cuatro años

Y entre esos factores existe uno que resulta transversal a todos los demás, la confianza.

La variable que Argentina no consigue estabilizar

Ningún proyecto de inversión verdaderamente importante se construye pensando solamente en los próximos cuatro años.

Mucho menos los proyectos territoriales, energéticos, tecnológicos, productivos o de infraestructura requieren de décadas.

Por tal motivo, una condición que Argentina ha mostrado enormes dificultades para sostener durante las últimas ocho décadas, confianza de largo plazo.

No se trata solamente de confianza en la estabilidad monetaria y fiscal.

También de confianza en las instituciones, en las reglas de juego, en los poderes públicos y privados, en la justicia, continuidad de las decisiones, y la capacidad del Estado y del sector privado en sintonía para sostener compromisos durante períodos prolongados.

RIGI, una señal positiva pero insuficiente

Dentro del escenario actual, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye una de las pocas sino la única política activa que intenta generar condiciones relativamente previsibles para proyectos de gran escala y largo plazo.

Pensar hoy la Argentina de 2040 o 2050 requiere identificar cuáles son los factores determinantes que pueden hacer que un escenario favorable sea posible

Pero también plantea interrogantes.

Su diseño concentra los incentivos en determinados sectores y grandes proyectos, mientras una parte significativa de la economía real —especialmente empresas industriales y productivas Pymes, que no acceden a esos beneficios— continúan enfrentando dificultades de actividad, financiamiento y competitividad.

Una estrategia de desarrollo debería poder combinar grandes inversiones con el fortalecimiento de las empresas existentes, el financiamiento productivo, la incorporación tecnológica, la generación de empleo y la expansión de las cadenas de proveedores nacionales.

De lo contrario, existe el riesgo de tener grandes proyectos exitosos en una economía que no consigue desarrollar de manera equilibrada el resto de su estructura productiva.

¿Cómo se relacionan proyectos como Wamani con este contexto?

Si la hipótesis de un escenario de conflicto nuclear grave en el hemisferio norte aumentara su probabilidad percibida, proyectos como Wamani podrían multiplicarse, no solamente en Mendoza, pero en otras regiones argentinas con condiciones de seguridad territorial, disponibilidad de agua, alimentos, energía, baja densidad poblacional y capacidad de autonomía.

El verdadero potencial económico de Wamani sería no depender de que ocurra una catástrofe, sino de que logre mostrar atractivos para generar valor con o sin catástrofe, tal como menciona el proyecto, en infraestructura, energía, producción alimentaria, tecnología, investigación, turismo de alta gama, servicios médicos, conectividad, conservación ambiental, nuevas formas de residencia.

Una estrategia de desarrollo debería poder combinar grandes inversiones con el fortalecimiento de las empresas existentes

Si esas actividades pueden desarrollarse normalmente, el territorio agrega valor incluso en un escenario mundial estable, y en caso de aumento de la incertidumbre global, podría adquirir una nueva dimensión como activo resiliente.

Esta característica convierte a Wamani en algo potencialmente abarcativo de un escenario diferente, aplicable más allá del concepto inicial del “Búnker”.

Dos escenarios para Argentina

Podemos imaginar, simplificando, dos escenarios extremos.

En el primero, Argentina consigue finalmente construir estabilidad institucional y económica, recuperar confianza, desarrollar infraestructura, ampliar el financiamiento productivo, mejorar educación, salud, seguridad y justicia, aumentar la productividad y sostener políticas fundamentales durante varias décadas.

En ese escenario, Wamani y otros proyectos semejantes podrían encontrar un ecosistema favorable y convertirse en parte de un proceso mucho más amplio de inversión y desarrollo territorial.

En ese caso, incluso los proyectos extraordinarios quedarían obligados a funcionar como islas de eficiencia dentro de un entorno estructuralmente inestable.

En el segundo escenario, Argentina continúa repitiendo su comportamiento histórico de gobiernos que generan expectativas de transformación, seguidos luego por cambios de rumbo, deterioro de la confianza, crisis, pérdida de inversión y nuevas promesas de reconstrucción.

Tales proyectos podrían sobrevivir, ser exitosos, pero careciendo de capacidad de transformar el país.

La paradoja

Y aquí aparece una paradoja que debería preocuparnos.

Es posible que Wamani y proyectos similares tengan una mayor probabilidad de éxito con o sin caos nuclear en el hemisferio norte que la propia Argentina, de construir y sostener las condiciones económicas y competitivas que viene postergando desde hace décadas.

La historia demuestra que disponer de ventajas naturales no alcanza

Si eso ocurriera, sería una señal extraordinariamente fuerte negativa pues significaría que determinados inversores pueden construir su propio escenario de estabilidad dentro de un país que no consigue ofrecerla de manera generalizada, pero esa no debería ser una razón para cuestionar esos proyectos.

Debería ser una razón para preguntarnos por qué no podemos reproducir las condiciones de previsibilidad que hacen posibles esos proyectos en una escala mucho mayor.

La pregunta pendiente

Argentina posee recursos extraordinarios.

Tiene territorio, agua, alimentos, energía, minerales, capacidad científica y tecnológica y una ubicación geográfica que puede adquirir un valor estratégico adicional en un mundo cada vez más fragmentado.

Pero la historia demuestra que disponer de ventajas naturales no alcanza, concepto que ha sido desarrollado y ejemplificado de manera numerosa, comenzando por Michael Porter en los años 80 (“La ventaja competitiva de las naciones”).

Después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina partió de una posición internacional particularmente favorable, con importantes reservas y buen posicionamiento, pero después de las ocho décadas en términos netos, con deterioro regional e internacional difícil de justificar en términos relativos, en contexto presente donde se continúan repitiendo los errores de gestión que limitan el inicio de un escenario más allá del corto plazo.

Dicha oportunidad volvió a repetirse muchas veces, la dificultad estuvo en sostenerla y superarla, y por tal motivo, la discusión que abre Wamani es, en realidad, una discusión sobre el futuro de Argentina.

¿Podrá el país construir finalmente las condiciones de confianza, estabilidad, inversión y continuidad necesarias para que las oportunidades de largo plazo no vuelvan a convertirse en otra oportunidad perdida?

Sería necesario que con tal objetivo, la gestión pública y la política económica pueda apuntar a construir los escenarios del país, y el plan requerido para ir en tal sentido.

El autor es doctor en Economía de la UBA

Frenar, bajar la ventanilla, descubrir que no tenés efectivo. Estacionar a un costado para ir a pagar por transferencia a una oficina. El billete arrugado que va y vuelve, va y vuelve. La fila eterna un lunes a la mañana, mientras adentro de la cabina -con aire acondicionado, a veces con un compañero que literalmente le hace compañía- hay una persona que no puede hacer nada por vos.

Y ahí está el punto: el peajista no puede hacer mejor su trabajo, porque lo que queremos es que no lo haga. No queremos un peajista más rápido, más amable, más eficiente. Queremos no frenar.

Película repetida

Ya vivimos esta historia. El ascensorista, frente a la automatización, se peinó, empezó a perfumarse, se compró un traje, se aprendió los nombres de todos los pasajeros. Perdió el trabajo igual: lo hacía cada vez mejor, pero era un trabajo que la tecnología estaba destruyendo. Perfumarse no es adaptarse. El peajista está peor que aquel ascensorista: ni siquiera tiene forma de hacerlo mejor.

En septiembre de 2005, Facundo Moyano “logró ingresar” como cajero en el peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires–La Plata. Las comillas no son mías: así lo cuenta la historia oficial del SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines) en su propio sitio. Logró ingresar. A una cabina de peaje. ¿Conocés a alguien más que haya logrado entrar a una? De las cabinas, la gente logra salir.

Cuando Moyano entró a Hudson, el Telepase ya existía. La fila de al lado ya pasaba sin frenar. No hacía falta ser futurólogo para ver el destino de la cabina: hacía falta mirar por la ventanilla.

En febrero de 2024 publiqué “Los sindicatos van a desaparecer”. Me criticaron mucho, casi siempre sin leerlo: con el título alcanzaba, porque de eso no se habla. Justamente por eso hay que hablarlo.

¿Por qué la convicción? Porque cada vez más gente elige trabajar por su cuenta buscando libertad e independencia, pero también porque la automatización y la IA se llevan las tareas repetitivas, dejándonos a todos con tareas diferentes… Y si nuestras tareas son distintas, el valor que damos es diferente y somos, entonces, más valiosos frente al empleador.

No necesitaremos sindicatos, es la buena noticia. Hace poco la OCDE lo midió en un informe cuyo título lo dice todo: “Standing, but losing ground” (“De pie, pero perdiendo terreno”). La afiliación sindical se redujo a la mitad desde 1985, del 30% al 15%.

Veinte años de conquistas, cero reconversión

La historia oficial del SUTPA enumera sus logros: equiparación de categorías, blanqueo, nocturnidad, torneos de fútbol, vóley y ping-pong, kit escolar para los hijos, regalos por luna de miel.

Buscá en esa lista la palabra “reconversión”. Buscá “capacitación”. Buscá algo que prepare a un solo trabajador para el día en que la cabina no esté. No tengo dudas de que algo intentaron hacer, pero siempre enfocándose en el puesto, lo que le da sentido al Sindicato, en lugar de la persona.

La provincia de Buenos Aires anunció la eliminación de los peajes físicos. En la Autovía del Mercosur ya demolieron las cabinas: la nueva concesionaria tomó al 30% del personal. El sindicato que durante veinte años defendió la cabina nunca preparó al que estaba adentro. Defendió el puesto, no a la persona.

El cambio no es optativo

No lo fue para el ascensorista. No lo es para el peajista. No lo será para el administrativo que hoy copia datos de una pantalla a otra.

Ese administrativo fui yo. Mi primer trabajo fue en la DGI (no se llamaba ARCA, ni siquiera AFIP), ordenando declaraciones juradas por número de CUIT. Era cada vez más rápido; mis compañeros me odiaban. No importaba: el puesto iba a desaparecer igual, gracias al Excel y las bases de datos. Ordenar papeles por CUIT era mi cabina de peaje. En todas las empresas hay cabinas de peaje. En general no cobran, pero frenan: alguien aprueba un formulario que nadie lee, alguien copia datos de un sistema a otro, alguien imprime para tipear, alguien firma para “dar fe” de algo que el sistema ya sabe. Cuanto más tiempo pasa, más cabinas hay: cada sistema nuevo, cada control agregado “por las dudas”, deja la suya.

Cada vez es más valioso el algoritmo EAT: Eliminar, Automatizar, Tercerizar -en ese orden-. Muchas empresas se traban en la segunda: calculan el costo de automatizar una tarea sin preguntarse primero si la tarea merece existir. Automatizan cabinas que había que demoler, con tecnología que cada año cuesta menos.

Mal de muchos…

Hagamos la cuenta que nadie hace. Solo en Buenos Aires y sus accesos, más de un millón de vehículos por día pasan por un peaje. Sin automatización serán mínimo veinte segundos por pasada, siendo generosos con la cabina: sin fila, sin billete arrugado, sin “¿no tenés cambio?”. Son dos millones de horas por año que ganamos gracias a la automatización, solo en el área metropolitana, sin contar las rutas del resto del país.

Repartido, es poco: unas cuatro horas por año por conductor. Cuatro horas tuyas contra el sueldo entero de un peajista. Puesta así, uno contra uno, la cuenta parece obvia: hay que proteger la fuente de trabajo. Puesta así, la automatización pierde siempre.

Mancur Olson lo explicó en 1965, en “La lógica de la acción colectiva”: las pérdidas concentradas se organizan; los beneficios difusos, no. Tus veinte segundos no tienen dirigente que los defienda; el puesto que desaparece, sí. Nadie corta una autopista por llegar veinte segundos tarde.

El cambio tecnológico funciona siempre igual: mejora un poco la vida de muchos y empeora mucho la vida de los pocos que se resisten. Por eso a los que se resisten los escuchamos más fuerte. Pasa en los peajes, pasa en las empresas, pasa en países enteros.

Moyano tiene mandato hasta 2029. Para entonces, ¿cuántas cabinas van a quedar? ¿Alguien va a “lograr ingresar” a un peaje para disputarle la conducción? Todo indica que va a ser el último secretario general del sindicato de un trabajo que ya no existe.

Las cabinas, como todo trabajo repetitivo o aburrido, van a desaparecer.

Murió en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Domingo F. Sarmiento fue senador nacional, gobernador de San Juan, embajador ante los Estados Unidos, ministro del Interior y presidente de la República. Ese recorrido no es el de un pedagogo que se asomó a la política. Es el de un hombre de Estado que ubicó a la escuela dentro del diseño institucional, y no a un costado.

Integró la Generación del 37, junto a Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre y Esteban Echeverría, entre otros, esa generación de jóvenes que se propusieron algo bastante más ambicioso que ganar la guerra civil que tenían enfrente: saltar la grieta entre unitarios y federales constituyendo un país.

De esa ambición hay una prueba temprana en Argirópolis, imaginó una confederación en la cuenca del Plata, integrada por las actuales Argentina, Uruguay y Paraguay, con capital en la Isla Martín García. Tomaba como modelo de organización la Constitución norteamericana y proponía atraer inmigración, desarrollar la agricultura y abrir el país a los capitales extranjeros. El plan puede discutirse. La escala del razonamiento, no: pensaba en clave de organización regional cuando la Argentina todavía no tenía Constitución.

Los cruces con los políticos y escritores de su tiempo fueron ásperos, sobre todo con Alberdi, la disputa se dio donde correspondía: en los libros. Dos adversarios discutiendo por escrito, en público, el diseño de un Estado. Alberdi escribió Complicidad de la prensa en las guerras civiles de la República Argentina y las Cartas quillotanas; Sarmiento respondió con Las ciento y una, Época preconstitucional y los Comentarios de la Constitución.

En esa última obra se detuvo en la fórmula “afianzar la justicia”: “…Para tan altos fines la Constitución argentina se propone afianzar la justicia; aunque no se nos alcanza el motivo de la sustitución de la palabra afianzar, sustituida a ‘establecer’ que expresaba mejor la idea, ya de dar seguridad a la administración de justicia, ya de fundar el edificio del poder que debe ejercerla pues si bien la justicia ha existido antes entre nosotros, como en todos los países, el establecimiento del poder, es lo que incumbe solo a la constitución”.

La observación conserva todo su peso. Como sostiene buena parte de la doctrina constitucional, una de las miras centrales del plan de la Constitución es exactamente esa: dar sustento al poder que administra justicia, algo que solo se concreta en la ley de leyes. Sarmiento no discutía una palabra por prurito de estilo, discutía qué es lo que una Constitución funda.

Enseguida advirtió que el texto constitucional no llega a todos del mismo modo: “La constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican, y la policía de seguridad. Son las clases educadas las que necesitan una constitución que asegure las libertades, de acción y de pensamiento; la prensa, la tribuna, la propiedad, etc., y no es difícil que estas comprendan el juego de las instituciones que adoptan”. Leída hoy, la frase incomoda, pero la conclusión que Sarmiento arriba era la de no resignarse a esa desigualdad. La forma de removerla, era por medio de la escuela pública, como respuesta política a ese problema político, y por eso la educación ocupa en su programa el lugar que ocupa: no como obra de beneficencia, sino como condición de funcionamiento del gobierno republicano.

De la república decía que “es, en efecto, un gobierno conocido desde los tiempos más remotos, y que ha venido modificándose con los progresos de la humanidad”. Así, la república no es una forma cerrada que se recibe hecha: se modifica, y se modifica al ritmo de lo que la humanidad va conquistando. Ahí queda ubicada la persona humana, en el centro del proceso constitucional.

Defendió el sistema representativo con un argumento práctico, porque sabía que era imposible reunir en asamblea a todos los habitantes. Sostenía que estos “…nombran representantes, que van, uno por cada cierto número de habitantes, a expresar en una asamblea la voluntad de sus representados, mediante su ciencia y conciencia propia de los intereses generales”. El representante no vale por el mandato que trae, sino por lo que sabe y por cómo responde. Sin formación, la representación se vuelve un trámite.

Parte de esas ideas terminó cristalizando en el texto constitucional de 1860, y de ahí en adelante en las decisiones que tomó con responsabilidad de gobierno. No fue un pensador que dejó apuntes: fue alguien que gobernó con lo que había escrito.

Por ello, el homenaje no se agota en el maestro, Sarmiento se agiganta en el debate público, en las ideas de la libertad, en el respeto a la Constitución y, sobre todo, en el progreso. Sus ideas mejoraron la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio. Hoy, como ayer, debemos seguir el camino que trazó: la “educación” es la polea del progreso, el sustento de la libertad, la herramienta para el desarrollo y el crecimiento.

El fenómeno El Niño podría profundizar la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, especialmente en Centroamérica, una subregión que ya concentra países con mayores niveles de inseguridad alimentaria de América Latina.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas proyecta que más de 16 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe podrían experimentar un deterioro de su seguridad alimentaria debido a los efectos de El Fenomeno del Niño. Centroamérica sería la zona con el mayor incremento proporcional entre todas las áreas analizadas a nivel mundial, con un aumento proyectado de 83.1% en la población que enfrenta inseguridad alimentaria aguda.

Esta situación resulta preocupante porque los países centroamericanos parten de condiciones de alta vulnerabilidad alimentaria. Según el Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria 2026, entre los países de América Latina, Guatemala, El Salvador y Honduras ocupan los tres primeros lugares en prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el Perú se encuentra en el cuarto lugar.

Guatemala tiene al 49% de su población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, El Salvador al 41.7% y Honduras al 39.3%. Son, justamente, los tres países que encabezan el ranking latinoamericano y todos se encuentran en Centroamérica, subregión donde Naciones Unidas proyecta que el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda podría aumentar en 83.1% como consecuencia de los impactos de El Niño.

Por otro lado, Perú aparece inmediatamente después, en el cuarto lugar, con 33.6% de su población en inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que representa aproximadamente 11.5 millones de personas. Estamos hablando, por tanto, de países que enfrentarán este nuevo choque climático en un contexto en el que una proporción muy importante de su población ya tiene dificultades para acceder de manera regular a una alimentación suficiente y adecuada.

A nivel mundial, el escenario ya es suficientemente preocupante. Ya que El Niño puede afectar simultáneamente las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Y cuando esos impactos ocurren en países donde millones de personas ya tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, un choque climático puede convertirse rápidamente en una crisis alimentaria.

En el Perú esta amenaza adquiere características particularmente complejas porque no existe un único escenario climático para todo el territorio. Somos un país heterogéneo en términos geográficos, productivos y alimentarios. Mientras una región puede enfrentar inundaciones, otra puede atravesar sequias; al mismo tiempo, el calentamiento del mar puede modificar la distribución de los recursos pesqueros. Por eso, hablar de seguridad alimentaria frente a El Niño exige mirar territorio por territorio.

La primera dimensión comprometida es la disponibilidad de alimentos, es decir, nuestra capacidad de producir y disponer físicamente de ellos. ENFEN prevé para el verano de 2027 un escenario de precipitaciones superiores a lo normal en el norte, mientras que en la región andina se esperan lluvias inferiores a lo normal.

Esto significa que el problema agrícola no será el mismo en todo el país. En el norte, donde se concentra una importante producción agrícola, lluvias intensas pueden provocar pérdida de cosechas, daños en sistemas de riego, interrupción de carreteras y dificultades para trasladar productos hacia los mercados. En cambio, en determinadas zonas de la sierra sur, el riesgo puede venir por el lado opuesto: menos lluvia, menor disponibilidad de agua y mayor estrés hídrico para cultivos dependientes de las precipitaciones.

También debemos mirar hacia el mar, porque allí El Niño ya está dejando de ser solamente una proyección. El calentamiento de las aguas está modificando el ecosistema marino peruano y, particularmente, la distribución de la anchoveta, una especie clave no solo para la pesca sino para toda la cadena alimentaria del mar. SERFOR ha señalado que la anchoveta se ha desplazado hacia el sur y hacia aguas más profundas buscando temperaturas más frías, reduciendo su disponibilidad como alimento para lobos marinos, pingüinos de Humboldt y aves guaneras. Como consecuencia, durante los últimos meses se han incrementado los reportes de animales varados, desubicados o debilitados a lo largo del litoral.

Todo esto debería preocuparnos también desde la seguridad alimentaria. Si cambia la distribución de las especies marinas, no solo se altera el equilibrio del ecosistema: también pueden modificarse las zonas y condiciones de pesca, los costos de captura y los ingresos de miles de familias que dependen de esta actividad.

La segunda dimensión es el acceso a los alimentos. Incluso si existe producción suficiente en algún lugar del país, eso no garantiza que los alimentos lleguen a las familias ni que estas puedan comprarlos. Una pérdida de una cosecha familiar o el aumento del costo del transporte pueden terminar reflejándose en el precio que paga una persona en un mercado ubicado a cientos de kilómetros.

Aquí aparece uno de los principales riesgos de El Niño, puede afectar simultáneamente la oferta de alimentos y los ingresos de quienes deben comprarlos. Un pequeño agricultor puede perder parte de su producción y, al mismo tiempo, enfrentar precios más altos para alimentar a su familia. Una familia en la zona urbana puede no haber sufrido directamente una inundación o una sequía, pero sí experimentar sus consecuencias cuando aumentan los precios o determinados alimentos dejan de llegar regularmente a los mercados.

La tercera dimensión es la utilización de los alimentos, probablemente la menos visible cuando hablamos de desastres naturales. No basta con que una familia consiga alimentos, necesita agua segura, saneamiento, condiciones adecuadas para almacenarlos y prepararlos, y un estado de salud que permita aprovechar sus nutrientes. Las inundaciones pueden contaminar fuentes de agua, deteriorar sistemas de saneamiento y aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas. En ese escenario, la alimentación y la nutrición pueden deteriorarse incluso si existe disponibilidad física de alimentos, sobre todo para niños, gestantes y adultos mayores, este componente puede ser especialmente crítico.

Finalmente está la estabilidad, la dimensión que atraviesa a todas las anteriores, ya que un hogar puede tener alimentos hoy y dejar de tenerlos dentro de algunas semanas si pierde su cosecha, disminuyen sus ingresos, se corta una carretera o aumentan los precios. Y este no parece ser un evento de impacto únicamente inmediato. ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y prevé que sus condiciones puedan prolongarse durante el verano de 2027.

Por eso, la preparación frente a El Niño no puede limitarse a descolmatar rios o esperar la emergencia para entregar canastas de alimentos. Esto es insuficiente, ya que si realmente queremos proteger la seguridad alimentaria debemos anticiparnos también a lo que puede pasar con la producción, los mercados, los precios, los ingresos familiares, el agua y los programas de protección social.

El Perú no debería esperar a que las inundaciones, sequias o heladas vuelvan a ocupar los noticieros para empezar a discutir seguridad alimentaria. Tenemos información suficiente para anticiparnos, lo que necesitamos ahora es convertir esa información en decisiones, presupuesto y acción pública diferenciada según cada territorio.

Porque El Niño será climático, pero que termine convirtiéndose o no en una crisis alimentaria dependerá también de las decisiones políticas que tomemos antes de que llegue su momento más crítico.

Cuando pensamos en el impacto de un conflicto geopolítico sobre la energía, solemos mirar primero el precio del petróleo. Es lógico. El barril, los combustibles y su efecto sobre la inflación son algunos de los indicadores más visibles. Sin embargo, lo que viene ocurriendo en Medio Oriente muestra que las consecuencias pueden extenderse mucho más allá y alcanzar insumos indispensables para el funcionamiento cotidiano de la economía.

El Estrecho de Hormuz es un buen ejemplo. Durante los primeros meses del conflicto, las restricciones al tránsito por esta ruta afectaron los flujos de petróleo y productos energéticos procedentes del Golfo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estimó que, solo en abril, seis países de la región redujeron conjuntamente su producción de crudo en 10,5 millones de barriles diarios como consecuencia de las disrupciones.

Pero existe otra consecuencia menos visible.

Los lubricantes que utilizan vehículos y maquinaria se elaboran a partir de aceites base, materias primas producidas en refinerías especializadas y clasificadas en distintas categorías según sus características y nivel de refinación. Entre ellas están los denominados Grupos I, II y III. Cuando disminuye la oferta de una categoría, la demanda se desplaza hacia las otras, generando presión sobre toda la cadena.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy. La menor disponibilidad de aceites base Grupo III ha trasladado parte de la demanda hacia el Grupo II, mientras las refinerías priorizan además la producción de combustibles como el diésel. El resultado no es solo una mayor presión sobre los precios, sino una menor disponibilidad de materias primas para la fabricación de lubricantes.

Aquí aparece una lección relevante para las empresas: el riesgo no está únicamente en el precio. Está en la disponibilidad.

Durante años hemos evaluado buena parte del riesgo energético observando cuánto puede subir o bajar una materia prima. Pero cuando hablamos de insumos especializados, una empresa puede enfrentar un problema distinto: que el producto que necesita simplemente no esté disponible en las cantidades o en los plazos habituales.

Y allí el impacto de la geopolítica adquiere otra dimensión.

Para economías importadoras como las latinoamericanas, episodios como este deberían llevarnos a observar con mayor atención de dónde provienen los insumos críticos, qué tan concentrada está su producción y qué alternativas existen ante una interrupción prolongada. No se trata de aspirar a cadenas de suministro completamente locales ni de renunciar a las eficiencias del comercio global. Se trata de gestionar mejor la exposición.

Además, recuperar una ruta logística no significa recuperar inmediatamente una cadena productiva. En mercados especializados, normalizar el abastecimiento requiere tiempo: reconstruir inventarios, recuperar producción y atender compromisos comerciales acumulados no ocurre de manera inmediata.

La geopolítica puede parecernos distante hasta que una planta deja de producir, una ruta se interrumpe o una materia prima comienza a escasear. Entonces descubrimos hasta qué punto las cadenas globales están conectadas.

Por eso, quizá una de las principales lecciones de esta crisis sea que la resiliencia empresarial ya no depende solamente de comprar bien. Depende también de conocer dónde están nuestras vulnerabilidades y anticiparnos a ellas.

“Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado”. Eduardo J. Couture, Los mandamientos del abogado.

Couture escribió ese, y otros, mandamientos pensando en la transformación silenciosa del derecho. La que avanza fallo a fallo, reforma tras reforma, y va dejando atrás —sin que lo advierta— a quién dejó de formarse.

El Código Procesal Penal Federal no es cualquier transformación. No es un cambio de normas ni de formas. Es un cambio de paradigma que deja atrás estructuras de más de un siglo. Y por eso la advertencia de Couture, que en su origen era una exhortación de largo aliento, se vuelve aquí literal y urgente. El abogado que entre a una audiencia del CPPF con la cabeza del Código de 1991 no va a estar desactualizado; va a estar, sencillamente, en otro proceso.

Conviene decirlo de entrada, porque es la tesis de estas líneas. Se ha sostenido —con razón— que el CPPF es una reforma de los jueces y de los fiscales. Es cierto, pero es incompleto. El nuevo Código es, antes que nada, una reforma que le devuelve el proceso a las partes. Y las partes, en el proceso penal, se llaman fiscal, querellante y defensa. Dos de esos tres roles los puede ejercer un abogado de la matrícula.

El punto de partida no es novedoso. Desde sus orígenes nuestro sistema de enjuiciamiento reconoce como mandamiento inveterado que las formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia [Fallos: 116:23; 119:287; 125:10; 127:374].

Y hace décadas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene señalando que la Constitución Nacional consagra un modelo acusatorio, bilateral y contradictorio, que exige separar las funciones de investigar y acusar —propias del fiscal— de las de juzgar —propias del juez— [CSJN, “Llerena”, Fallos: 328:1491, y “Quiroga”, Fallos: 327:5863, entre muchos otros].

Lo novedoso es que ese mandato constitucional, después de más de un siglo de proceso escrito, encontró por fin un código que lo instrumenta. Y ese código no solo redistribuye competencias entre los órganos del Estado. Redistribuye también el trabajo. Buena parte del que hasta ayer hacía una secretaría de instrucción pasa hoy a la fiscalía, y también al estudio jurídico.

Dónde estamos

La ley se sancionó en 2014 y empezó a regir en Salta y Jujuy en 2019, donde permaneció detenida varios años. Desde 2024 la implementación avanzó con firmeza: Rosario, Mendoza y Cuyo, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes y Resistencia, Posadas, La Plata. Los fueros federal de la Ciudad de Buenos Aires y Penal Económico están previstos para febrero próximo.

Los números del norte del país, donde el sistema lleva siete años y está consolidado, son elocuentes: según el informe anual de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, más del 82% de los casos tramitados bajo el CPPF finalizaron en menos de un año. En los distritos de implementación más reciente los indicadores acompañan: General Roca, 51,49%; Comodoro Rivadavia, 56,43%; y distritos complejos como Santa Fe o Mendoza se acercan al 50% de resolución definitiva dentro del año. Se trata de casos terminados —con sentencia firme— antes del primer año de tramitación.

Pero ese resultado no lo produce la ley sola. Lo produce una decisión proactiva del servicio de justicia y un fuerte compromiso de quien litiga.

Sobre lo primero, la Cámara Federal de Casación Penal ha asumido dos tareas centrales. La creación de los colegios de jueces en cada distrito donde se implementó el Código, y la capacitación de los operadores, que es la verdadera clave del éxito de cualquier reforma procesal —cursos que en algunos casos superaron los quinientos inscriptos entre empleados, funcionarios y magistrados—.

A ello se sumó el inicio del trabajo doctrinario sistemático sobre el nuevo Código desarrollado en la obra Código Procesal Penal Federal comentado, Buenos Aires, Astrea, obra colectiva de cincuenta autores —jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público— dirigida por el suscripto Mariano H. Borinsky y coordinada por Mariana Catalano y Natacha Annovelli, en la que se analiza artículo por artículo la interpretación de las normas y el rol que cabe a cada uno de los sujetos procesales.

Sobre lo segundo —el compromiso de quien litiga— trata el resto de este artículo. Nos interesa detenernos en cinco ejes:

I. El abogado que investiga

Empecemos por el cambio más profundo, y el que más trabajo demandará.

En el sistema del Código de 1991, cuando un defensor quería un testimonio, lo pedía. Presentaba un escrito, ofrecía la prueba, y el juez de instrucción la producía. Si el juez decía que no, a lo sumo se apelaba. La prueba era una actividad del Estado y el abogado era, en el mejor de los casos, quien la sugería. La producción de la prueba nunca fue responsabilidad suya.

Eso se terminó.

El artículo 260 del CPPF y el artículo 135, inciso b), le reconocen a la defensa facultades de investigación autónomas. La defensa arma su propio legajo. No el legajo del fiscal ni el expediente del juzgado, el suyo.

Conviene medir lo que eso significa en la práctica cotidiana. El defensor puede entrevistar testigos y tomarles declaración. Puede requerir informes, contratar peritos de parte, relevar documentación, preservar evidencia perecedera antes de que desaparezca. El trabajo de campo del caso lo hace hoy el estudio jurídico.

Ello no lo deja solo frente al mundo. Si un testigo no comparece, si un organismo no contesta, si alguien se niega a colaborar, la defensa recurre al auxilio del juez de garantías. El juez sigue estando, pero en otro lugar. No produce la prueba pero si puede ser convocado para remover el obstáculo para que la parte la produzca.

Y hay una consecuencia que suele subestimarse. El legajo es una herramienta de trabajo del Ministerio Público Fiscal, es del órgano que acusa, y ni siquiera el juez lo consulta.

II. El acceso al legajo fiscal

De lo anterior se sigue el segundo problema, hoy uno de los focos de litigio más vivos del sistema. Si el legajo es del fiscal, ¿cuándo lo puede ver la defensa?

El Código diseña un acceso escalonado.

Hay una primera fase reservada. Iniciada la investigación preliminar, y mientras no exista persona individualizada, no hay a quién comunicarle nada.

Hay luego una fase de información. Cuando existen elementos suficientes de un delito y responsables identificados, se pasa a la investigación previa a la formalización (art. 253), y nace la obligación de comunicarle al posible autor la existencia de la investigación en su contra e informarle sus derechos.

Y hay, finalmente, el acceso pleno, que se habilita recién con la formalización.

Aquí está la distinción central del Código, y la que más malentendidos genera. Información no es acceso. El artículo 256 reconoce el derecho a ser informado sobre los hechos atribuidos, sobre las diligencias practicadas y sobre las pendientes. Si el fiscal se niega, hay remedio. Audiencia ante el juez de garantías, que incluso puede fijarle plazo para formalizar.

Esta exigencia no es una formalidad. La Corte Suprema ha sido categórica en sostener que el imputado debe contar con una ocasión adecuada y apropiada para interrogar a quienes declararon en su contra, en las mismas condiciones que la acusación ( CSJN, “Benítez”, Fallos: 329:5556). Y, según enseña Maier, el control de la prueba del adversario es una manifestación del principio de contradicción, ligada al ideal de equiparar las posibilidades del imputado con las del acusador (MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, t. I, p. 542)

Idéntico fundamento exige reconocer al imputado las mismas facultades que al Ministerio Público para incidir en la reconstrucción del hecho y en la valoración de la prueba, lo que se traduce en el derecho a conocer oportunamente —no después— los elementos que habrán de utilizarse en su contra (MAIER, op. cit., ps. 549/550)

III. Los plazos de la formalización

La consecuencia de lo anterior es evidente. Si el conocimiento pleno del proceso llega con la formalización, resulta central la decisión acerca del momento en que habrá de formalizarse la investigación.

El Código previó exactamente esto. El tercer párrafo del artículo 253 fija un máximo de noventa días para formalizar, contados desde que se comunicó al posible autor la existencia de la investigación, prorrogable —dice la norma— por única vez y por igual término.

Ese plazo no es un capricho reglamentario. Es lo que impide que la comunicación al imputado quede vacía de contenido; lo que impide que alguien sepa que está siendo investigado, no pueda ver nada, y quede allí indefinidamente.

Lo que se observa en la práctica es la consolidación de una tendencia a prorrogar, y a prorrogar de un modo que va convirtiendo la excepción en regla. Sobre ello se ha sostenido, en disidencia, en “Busaniche” e “Izaguirre” (CFCP, “Busaniche, Santiago s/audiencia de sustanciación de impugnación”, Reg. 50/2026, rta. 6/5/2026, y “Izaguirre, Fernando Gastón s/audiencia de sustanciación de impugnación (art. 362 CPPF)”, Reg. 103/26 —en ambos casos, disidencia) una posición sencilla de enunciar: ese es el máximo, y el fiscal no puede excederse.

El fundamento no está solamente en el artículo 253. Está en el artículo 114, que ordena todo el sistema y conviene transcribir: “Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este Código. Los plazos legales y judiciales serán perentorios.”

Perentorios. La palabra está en la ley. Admitir prórrogas cuasi automáticas sobre la base del pedido del fiscal desdibuja esa perentoriedad y funciona, en los hechos, como una postergación encubierta del momento en que el imputado toma conocimiento del proceso. Exactamente lo contrario del diseño de igualdad de armas que el propio Código dice perseguir.

Y conviene subrayar la simetría, porque es de justicia elemental. Durante décadas los plazos fueron perentorios para una sola parte: para el abogado, que si presentaba un recurso un día tarde lo perdía definitivamente. Los del juez y los del fiscal eran, con eufemismo doctrinario, “ordenatorios”. Traducido: sugerencias. El artículo 114 termina con esa asimetría y trae al proceso penal el principio de igualdad ante la ley que el artículo 16 de la Constitución Nacional consagra desde 1853.

No es una discusión abstracta. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal implementó en 2018 —cuando los plazos aún no eran perentorios para los tribunales— un sistema de gestión bajo normas ISO que la mide y que, ante incumplimientos que excedan un porcentaje ínfimo tolerado, le hace perder la certificación. El resultado es un mecanismo de detección temprana que activa a la secretaría días antes de cada vencimiento. Se trata, sencillamente, de no exigir aquello que uno no se exige a sí mismo.

IV. El abogado del otro lado: el querellante

El CPPF le da al abogado un segundo rol posible, de una potencia enorme y todavía subexplorado.

El Código consagra legislativamente la doctrina de la Corte Suprema en “Santillán” (CSJN, “Santillán, Francisco Agustín”, Fallos: 321:2021) lo que durante veinticinco años fue una construcción jurisprudencial hoy es texto expreso. La querella puede actuar adhesivamente, acompañando al Ministerio Público Fiscal —el escenario habitual—, pero puede también actuar en soledad. Cuando el fiscal decide prescindir de la acción, la querella puede sostenerla por sí misma y llevar el caso hasta la sentencia.

Conviene detenerse en lo que eso implica para el letrado que representa a una víctima. Pasa a ejercer, en los hechos, una función que hasta hace poco era exclusivamente estatal: es una suerte de fiscal privado. Y le ocurre lo mismo que al defensor, con el mismo rigor. No tendrá un juez de instrucción produciéndole la prueba. Tendrá que construirla —reunir la evidencia, ubicar y entrevistar testigos, encargar pericias de parte, armar la teoría del caso— y después sostenerla en audiencia.

Es una responsabilidad enorme. Y es, al mismo tiempo, el mayor reconocimiento que una ley procesal le ha dado nunca al abogado de la matrícula en la Argentina. La posibilidad de llevar adelante una acusación por delitos de acción pública cuando el Estado decide no hacerlo.

V. El corazón del asunto: la litigación

Los cuatro ejes anteriores desembocan en el mismo lugar. Un sistema de oralidad, inmediación y contradicción necesita litigantes. Un código acusatorio con abogados que leen escritos es una contradicción en los términos. La oralidad no es un formato, es una exigencia de destreza.

Y aquí una observación sobre el tiempo que corre. Se discute mucho sobre la inteligencia artificial y el futuro de la profesión. Sin pretender tener la respuesta, arriesgamos una intuición. En la medida en que la tecnología absorba el trabajo de búsqueda, de sistematización y de redacción, las capacidades específicamente humanas del abogado se vuelven más valiosas, no menos.

Ser didáctico; explicarle a un juez, en cinco minutos y en voz alta, algo complejo. Ser sintético; saber qué se dice y, sobre todo, qué se deja afuera. Ser claro; decir de manera simple lo complicado, que es lo más difícil que hay. Persuadir; que no es lo mismo que tener razón. Y también, porqué no, emocionar; detrás de cada caso penal hay una persona, una familia, un conflicto real, y un litigante que no sabe transmitirlo desaprovecha la mitad de su oficio.

Porque lo que ocurre en una audiencia del CPPF es concreto. El abogado entra a una sala y enfrente tiene a un fiscal —o a auxiliares fiscales, cuadros jóvenes formados específicamente en litigación y muy preparados— y tiene que estar a la altura. Allí no se va más detrás de un papel. En el sistema escrito un mal escrito podía disimularse; en una audiencia no se disimula nada.

La contracara

El Código Procesal Penal Federal reivindica al abogado. Lo dota de funciones que hasta ayer fueron públicas —investigar por cuenta propia, acusar cuando el Estado no acusa— y le da un lugar central, porque en este sistema todo se litiga en el contradictorio y nada se resuelve en un despacho.

Pero eso tiene una contracara, y es con ella que queremos terminar.

A cambio de todas las responsabilidades que le asigna al abogado, y de todo el talento que espera de él, el Código impone a jueces y fiscales obligaciones temporales que antes no existían. Hay que cumplir con los plazos.

La gran deuda del Código Procesal Penal de la Nación no fue dogmática. Fue una deuda de tiempo. Falló en dar justicia en tiempo oportuno. Juicios que se extendieron por años, causas que duraron tres décadas, personas que murieron esperando una sentencia —imputados y víctimas—.

Eso no va más. Y no va a terminarse por la ley. Va a terminarse si los jueces fallan en término, si los fiscales investigan en término, y si los abogados lo exigen en cada audiencia.

Couture pedía, además de estudio, trabajo, y lo pedía como virtud. “TRABAJA. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia” .El nuevo Código lo pide trabajo. Pero se lo pide a todos por igual. Ese, quizás, sea su mayor mérito.

*Mariano H. Borinsky es juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado especialista en derecho penal. Doctor y Posdoctor en Derecho (UBA) Profesor universitario (UBA, UTDT y UP). Comisionado para la diplomacia judicial del Congreso Judío Latinoamericano.

*Marcos Fernández Ocampo es abogado especialista en derecho penal. Docente universitario de grado y posgrado de derecho procesal penal (UCA – USI). Ex Secretario de Cámara Federal de Casación Penal.

Según informes del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de suicidios de 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia y por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez, esa cifra supera las muertes producidas por otros hechos violentos en el país. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó la situación como alarmante y advirtió que esto exige respuestas urgentes, sostenidas e integrales. La cuestión es todavía más dolorosa cuando observamos que los adolescentes son el grupo más vulnerable y que el fenómeno alcanza edades cada vez más tempranas.

Por eso, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, propongo una pregunta que puede resultar incómoda, pero necesaria: ¿cómo están viviendo nuestros chicos y qué mundo les estamos proponiendo habitar?

Tenemos delante un problema colectivo, de salud mental, salud física y también de políticas públicas. Su abordaje es multifactorial y requiere corresponsabilidad. Lejos de la culpa —que paraliza y busca un responsable único allí donde no lo hay—, la responsabilidad compartida permite pensar qué podemos transformar en tanto familias, escuelas, instituciones, sistemas de salud, comunidad y Estado.

Hoy los adolescentes viven rodeados de estímulos. Las redes sociales seducen con múltiples ofertas y una lógica de consumo insaciable, al tiempo que exhiben vidas sin fisuras aparentes: cuerpos perfectos, belleza, viajes, vínculos, experiencias, disfrute, diversión. Todo está en la palma de la mano y, al mismo tiempo, suele resultar inalcanzable. De algún modo, las redes enrejan: hipnotizan en un scrolleo interminable y dejan el éxito del lado de los otros. La exigencia también es enorme: parece que no alcanza con que tengan una pasión, tiene que ser extraordinaria para distinguirse y, a la vez, no quedar afuera. El tema es que todavía están intentando descubrir quiénes van siendo.

Por otro lado, se reduce la cantidad de espacios donde encontrarse, desplegar el cuerpo y compartir con sus pares. Incluso la escuela puede convertirse en un lugar insoportable cuando aparecen situaciones de discriminación, exclusión, violencia o indiferencia. Y, a veces, frente al sufrimiento de un adolescente, intentamos resolverle el mundo en vez de acompañarlo a aprender a transitarlo. Al mismo tiempo, atravesados por el miedo y la inseguridad, los adultos restringimos cada vez más su circulación. La protección es necesaria, pero cuando la sobreprotección organiza toda la experiencia, se contrae peligrosamente el margen para construir autonomía.

Mientras tanto, los grandes tampoco solemos ofrecer un modelo tranquilizador. Vivimos atravesados por incertidumbres económicas, laborales y sociales. Trabajamos demasiado, tenemos miedo, estamos cansados. No es solamente lo que decimos. Fundamentalmente es cómo vivimos.

Necesitamos escuchar (y activar) cuando algo se vuelve insoportable. No se trata de prometer una vida sin dolor. Eso no existe. Se trata de que el dolor no tenga que ser soportado en soledad. De que existan adultos disponibles, escuelas capaces de intervenir, familias que puedan pedir ayuda, instituciones que no estén solas frente al desborde y ciudades que ofrezcan espacios socioafectivos más amables para habitar.

También necesitamos construir límites amorosos y potentes: límites que sostengan, que puedan conversarse y construirse con ellos, que les permitan comprender que existen reglas, responsabilidades y consecuencias, pero también que una frustración no significa que el mundo se termine.

En conclusión, tenemos que idear alternativas, otros trayectos vitales. Y para eso la pregunta urgente es qué podemos hacer, entre todos, para construir trayectos vitales que puedan ser habitados.

Porque prevenir también es entramar vínculos, espacios, palabras y posibilidades suficientes para que la vida pueda volver a sentirse posible cuando, por un momento, dejó de serlo.

A lo largo de la historia argentina, distintos “culpables” han sido señalados para explicar los cíclicos fracasos y frustraciones del país. Uno de los momentos fundamentales fue la Acordada de la Corte Suprema del 10 de septiembre de 1930. Sin dudas, uno de los episodios más oscuros de la Argentina. A partir de aquella decisión (cuyo antecedente fue el fallo “Martínez, Baldomero c/ Otero” de 1865) se reforzó una discusión central para nuestro derecho constitucional: la relación entre el poder efectivo y el orden jurídico. En otras palabras, qué ocurre cuando los hechos se apartan del derecho y las instituciones deben responder frente a una situación que ya existe en la realidad.

La Acordada fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia dictada pocos días después del golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. El nuevo gobierno de facto disolvió el Congreso y avasalló las autonomías provinciales. Sin embargo, quienes habían tomado el poder necesitaban algún fundamento que permitiera revestir de legalidad el nuevo orden político. Tenían la fuerza, pero necesitaban la legitimidad legal. La Corte reconoció la existencia de una situación de facto y estableció determinados criterios para la validez de los actos de las autoridades surgidas de aquella situación. El golpe marcó el primer quiebre institucional del siglo XX en el país y dio inicio al período conocido como la Década Infame.

Algunas posiciones sostienen que los jueces de la Corte no tenían otra alternativa porque no podían cambiar el curso de la historia o porque si se oponían a legitimar al régimen hubieran sido desplazados de sus cargos para ser reemplazados por otros jueces más adictos al régimen. Lamentablemente, esas posiciones deferentes al uso de la fuerza son las que sobreviven en la actualidad. Hoy vemos muchos funcionarios en diferentes niveles de gobierno que se muestran en contra las políticas oficiales, pero siguen ocupando sus cargos y cobrando sus salarios.

La doctrina de facto puede ser entendida, así, como una expresión de la tensión entre el ser y el deber ser; entre aquello que efectivamente ocurre y aquello que el orden jurídico establece que debería ocurrir; entre aquello que se dice y lo que se hace.

Esta cuestión continúa siendo relevante para nuestra cultura jurídica y política. Implica una lógica de los fines, propia de las situaciones de emergencia, según la cual la necesidad de alcanzar determinados objetivos puede llevar a relativizar la importancia de los procedimientos y límites institucionales. Las distintas experiencias de ruptura del orden constitucional muestran las consecuencias que puede tener esa concepción.

Cuando se analiza la historia argentina, cuesta entender por qué ciertas anomalías institucionales pudieron sostenerse durante tantos años. Y aquí surge un punto interesante: la capacidad (o incapacidad) de muchos profesionales, funcionarios, operadores del derecho, militantes políticos y/o líderes para establecer límites a su propia participación. Albert Camus ya explicaba que un hombre rebelde es quien dice que “no”, pero cuya rebelión va acompañada de la sensación de tener de alguna manera y en alguna parte, razón.

Cuando una persona es convocada a formar parte de un gobierno o de una estructura institucional, no solamente aporta sus conocimientos técnicos: también contribuye, de algún modo, al funcionamiento de esa estructura. Por eso, en determinadas circunstancias, la posibilidad de decir “no” puede constituir una forma de responsabilidad institucional.

La cuestión no pasa por exigir una perfección moral que nadie posee, sino por reconocer que el conocimiento técnico no es suficiente para garantizar un buen desempeño político. Uno puede ser técnicamente intachable y, sin embargo, equivocarse respecto del sentido y las consecuencias de aquello que está contribuyendo a realizar.

Un buen ejemplo es la película Lo que queda del día (1993). En ella se comprende que los liderazgos políticos (en ese caso un diplomático) no deben guiarse por una lógica productivista o gerencial, muy propia del sector privado, sino por una lógica más estratégica, de posicionamiento simbólico y de largo plazo. En esta obra se aprecia cómo un trabajador de aparentes oficios manuales menores hace mucho mejor su trabajo que un importante diplomático pero que carece de carácter moral. Muchos políticos hoy son excelentes administradores, gestores y técnicos, pero hacen mal el trabajo por el cual les pagamos: el trabajo político. Administrar supone hacer las cosas bien; liderar en política supone, además, preguntarse cuáles son las cosas que deben hacerse.

Los límites de la tecnocracia en política han sido trabajados, entre otros, por el profesor de Harvard, Michael Sandel. El conocimiento especializado es indispensable para la gestión pública, pero no puede reemplazar el juicio político acerca de los fines y los límites de la acción estatal.

En este sentido, la discusión sobre la doctrina de facto, las situaciones de emergencia y el uso de los decretos de necesidad y urgencia puede ser pensada desde una misma preocupación: cómo preservar los límites constitucionales frente a la presión que ejerce el poder político para alcanzar determinados objetivos.

El problema, entonces, no es exclusivamente el de un partido, un gobierno o una ideología. Es una cuestión más profunda: qué concepción tenemos acerca de la relación entre poder y derecho. Estos desafíos se vuelven más interesantes con el uso de la inteligencia artificial: aumentan nuestras capacidades técnicas, pero sin formación de carácter moral habrá dificultades.

El verdadero desafío del derecho y la política consiste en impedir que la imposición del poder se convierta en fuente de legitimidad. Muchos creyeron encontrar en el peronismo la causa de todos los males de la Argentina, pero confundieron una causa con una consecuencia. La lógica anti institucional y el culto idolátrico al poder atraviesan a espacios políticos muy diversos. Por eso la misma lógica que estuvo detrás de la Acordada de 1930 reaparece, con distintos rostros, en nuestra política actual. El verdadero enemigo es creer que la fuerza puede sustituir a la razón y que quien puede imponerse tiene, por ese solo hecho, derecho a hacerlo. Es la vieja tesis de Trasímaco frente a Sócrates en La República: la justicia es aquello que conviene al más fuerte. Contra esa idea se construyó el constitucionalismo.

En este particular momento del siglo XXI, asistimos a un inusual concurso de hipocresía geopolítica, producto del doble estándar con que algunas de las principales potencias acusan a otras de actos de colonialismo, mientras que ellas mismas simultáneamente lo practican.

Por ejemplo, el presidente estadounidense, Donald Trump, que manifestó en varias ocasiones su deseo de incorporar a Canadá como estado número 51 de la Unión, y que también declaró reiteradamente su intención de comprar Groenlandia por motivos de seguridad estratégica, es el mismo Trump que, en nombre de la fórmula “siempre reviso mis posturas”, sugirió que podría reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas. Cosa que llevó a Javier Milei, en nombre de otra fórmula —“hay vientos de cambio”—, a afirmar por cadena nacional enfáticamente que las Malvinas son argentinas —¿como una novedad que acaba de descubrir?— y a anunciar sanciones a las empresas vinculadas a la explotación petrolera británica.

Se trata del mismo Milei que recientemente envió al Congreso, y defendió con uñas y dientes, una ley que habilitaba a los extranjeros —individuos, empresas, gobiernos— a comprar tierras sin límite alguno. Su canciller llegó incluso a afirmar que no habría obstáculo para que un extranjero comprase un pueblo o una provincia entera.

Démosle crédito al gobierno en su intención de defender la causa de Malvinas. Tomémosle la palabra y que quede claro que en adelante no podrá volver a presentar ningún proyecto para poner en venta el territorio argentino, ya que mal puede defender la Argentina insular quien no está dispuesto a defender la Argentina continental.

Bienvenidas todas las iniciativas para afirmar nuestra soberanía en las Malvinas, Georgias, Sándwich y demás islas del Atlántico Sur, pero es difícil no pensar que quizás Milei buscó que no decaiga el espectáculo de confusión para tapar los agujeros de su gestión.

Al mismo tiempo, observamos que Inglaterra, que usurpa Malvinas desde 1833 cuando las ocupó por la fuerza, anunció ahora, a través de su canciller, Ed Miliband, sanciones comerciales a Israel por los asentamientos ilegales en Cisjordania, acusándolos incluso de llevar adelante una política de limpieza étnica.

El canciller británico también dijo que el Reino Unido sería “implacable” en defensa del derecho de los isleños a ser británicos. Hay que decir que los antecedentes ingleses no contribuyen a dar credibilidad al argumento de la autodeterminación de los kelpers. Una coartada que se esgrime para compensar la falta de fundamentos válidos en favor de su ocupación de Malvinas.

Pensemos en la conducta inglesa con los habitantes de la isla Diego García, en el Océano Índico, que Londres también ocupa ilegítimamente ya que pertenece a la República de Mauricio. Cuando en la década del 60 Inglaterra decidió alquilar la isla a los estadounidenses para la instalación de una base militar, no vaciló en expulsar a toda la población civil de Diego García, población autóctona, a diferencia de los kelpers, que no lo son. Unos 2000 individuos, número equivalente al de Malvinas, fueron expulsados y hasta hoy no han podido regresar a su tierra.

En réplica a las declaraciones de Londres sobre Cisjordania, Israel cerró el consulado británico en Jerusalén por lo que consideró una interferencia a su soberanía, a la vez que sugirió reconocer los derechos de Argentina sobre Malvinas, a través de declaraciones del hijo del premier Netanyahu y de dos de sus principales ministros —uno de ellos es un antipalestino violento—, pidiendo incluso sanciones a Gran Bretaña y la expulsión del embajador británico de Israel.

Es el mismo Israel que ha sido acusado incluso por generales israelíes de querer borrar la presencia palestina de Cisjordania. Y se trata de militares que lucharon por Israel.

Inevitablemente, llega un momento en que uno se pregunta: ¿qué hacer?

No es posible que los principios de soberanía de las naciones y autodeterminación de los pueblos se esgriman según las conveniencias de la circunstancia o se apliquen en base a la proporción de fuerzas.

O bien el mundo recurre a la razón para hacer funcionar o constituir nuevos organismos supranacionales que permitan ordenar la gobernanza mundial que exigen perentoriamente los nuevos desafíos del siglo XXI, o todo se resume al uso de la fuerza.

Esto es vital porque la velocidad que le imprime a los acontecimientos el desarrollo de la innovación tecnológica a través de la inteligencia artificial no deja espacio alguno a la procrastinación.

Si no impera la razón, quedamos en manos de la fuerza. Y ahí se desvanece la humanidad.

Pues, como afirmaba un argentino sabio, “la fuerza es el derecho de las bestias”.

En el Perú viene siendo una práctica política por la cual el Presidente de la República al comenzar un nuevo gobierno, a través del Presidente Consejo de Ministros solicite al Congreso de la República, la concesión de “facultades delegadas”, que no es otra cosa que la autorización para que por un periodo de dos o tres meses, directamente se emitan y promulguen leyes en los temas solicitados. Así tenemos que, en diciembre del 2021 al entonces Presidente Pedro Castillo se le autorizó pueda legislar en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica por un plazo de 90 días. Asimismo, en el 2016 cuando asumió funciones como Presidente Pedro Pablo Kuczinsky, se le entregaron facultades para dictar leyes en los temas de reactivación económica, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y acceso al agua, por el término de 90 días. En la misma línea el Presidente Ollanta Humala solicitó facultades delegadas, pero no sólo al inicio de su gobierno en el 2012 para regular la reforma tributaria, mejorar la seguridad, sino que en el 2015 las pidió para mejorar la reactivación económica. Es decir, que en el sistema político peruano la concesión de la delegación de facultades es una muestra de confianza hacia quien asume la conducción del país.

Se tiene que tener presente la regulación constitucional de dicha figura: debe ser solicitada indicando las áreas sobre las cuales se desea emitir normas, es necesario que esté fundamentado y, recientemente el Tribunal Constitucional precisó deben estar alineadas a las políticas públicas que el nuevo gobierno desea ejecutar. Una vez dictadas estas leyes al amparo de la delegación que realiza el Congreso de la República, comienza un proceso que dura hasta seis meses después de la promulgación de cada una de las normas, donde una Comisión del Senado ejecuta el control constitucional de las mismas y además, que se ciñan al objeto del pedido formulado, si estas condiciones no se verifican, los Decretos Legislativos pueden ser dejados sin efecto.

En la actualidad, en el nuevo Congreso Bicameral que comenzó a funcionar en el Perú este 28 de Julio, el pedido de delegación de facultades fue presentado ante la Cámara de Diputados, la cual debe aprobar o denegar la solicitud formulada por el Poder Ejecutivo; hasta la fecha 4 comisiones han rechazado en forma expresa la concesión de facultades, imponiéndose la voluntad mayoritaria de los grupos de oposición al gobierno, a pesar que en 2 de ellas la conducción de las mismas recae en miembros de la bancada oficialista. Es decir que estamos ante una situación de bloqueo a la ejecución de las medidas requeridas por el gobierno de Fujimori, pues si no hay aprobación por la Cámara de Diputados, no existirá ley alguna que pueda ser debatida en la Cámara de Senadores donde el oficialismo puede obtener resultados favorables.

En esta situación inédita en las últimas décadas de la política peruana, el gobierno que encabeza Fujimori como Presidente y Galarreta como Presidente del Poder Ejecutivo, para poder gobernar las emergencias y urgencias que afronta el país, sólo podrán recurrir al dictado de normas excepcionales como son los Decretos de Urgencia, que con normas con rango legal que puede dictar en forma inmediata y sin permiso del Congreso el Poder Ejecutivo, siempre y cuando estén referidos a situaciones extraordinarias e imprevisibles en materia económica y financiera, la duración de tales normas es la del año fiscal y debe ser consignada en el texto mismo del Decreto. Sobre esta regulación excepcional, el Ejecutivo debe dar cuenta al Senado, quien mantiene la supervisión de legalidad y puede modificar o dejar sin efecto la norma.

¿Por qué seguimos tratando la salud bucal como un tema aislado del bienestar general, cuando la evidencia científica indica todo lo contrario? En Bangkok, Tailandia, representantes de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunieron por primera vez en su historia para discutir exclusivamente sobre salud bucodental. De ese encuentro surgió una frase que resume décadas de evidencia científica: “No hay salud sin salud bucodental”.

Las enfermedades bucodentales no son un problema menor ni aislado, según la OMS, son la condición de salud más prevalente a nivel mundial. La evidencia vincula la enfermedad periodontal con condiciones sistémicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares1 y el deterioro cognitivo asociado al Alzheimer.

En el Perú, ese panorama se refleja con crudeza: nueve de cada diez personas ha tenido caries alguna vez en su vida, y hasta más de un 80% presenta algún grado de enfermedad periodontal. ¿Seguimos tratando la boca como un órgano aislado del resto del cuerpo, cuando la ciencia demuestra justamente lo contrario?

Frente a este panorama, la odontología como ciencia no se ha quedado atrás. Estamos viviendo una transformación tecnológica que hace apenas cinco años era impensable, la odontología digital ha reemplazado, en muchos consultorios, el clásico molde de yeso por escáneres intraorales que capturan la boca del paciente en segundos y permiten imprimir el modelo en 3D. Se trata de un avance especialmente valioso para nuestro país, ya que hoy la clínica que escanea al paciente y el laboratorio que diseña o fabrica la prótesis pueden estar en regiones distintas, trabajando en simultáneo y a distancia.

Sin embargo, toda esta tecnología es, en el fondo, solo una herramienta; su verdadero impacto depende de quién esté detrás de ella. Ahí está el verdadero reto, saber quién forma a los cirujanos dentistas capaces de operar ese flujo digital, incorporando la inteligencia artificial como eje central de su formación. La respuesta recae, inevitablemente, en las instituciones educativas. La calidad de esa formación determinará si el Perú logra cerrar, o seguir ampliando, la brecha entre lo que la ciencia ya puede hacer y lo que efectivamente llega al paciente.

Garantizar que estos avances alcancen a toda la población es el estándar que la Declaración de Bangkok fijó como meta para el año 2030, integrar la salud bucal en la cobertura sanitaria universal. Cumplirla no depende de un solo actor, sino de que el gobierno, las instituciones educativas y el sector salud sigamos apostando, todos, por formar profesionales que entiendan la salud bucodental como lo que realmente es, una pieza inseparable de la salud de todo el país.

La ciencia ya demostró que puede hacerlo. La pregunta que nos queda es si el resto del sistema está dispuesto a acompañarla al mismo ritmo.

La protección de la libertad sindical constituye uno de los pilares del derecho colectivo del trabajo argentino. La Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece garantías destinadas a preservar el ejercicio de los derechos sindicales frente a conductas que pretendan obstaculizarlos o impedirlos. Su utilización, sin embargo, debe enmarcarse en los límites de su naturaleza y finalidad, conforme a los principios constitucionales que reconocen los derechos “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”.

La sentencia dictada el 3 de agosto de 2026 en el Expte. N° 204024/20 ofrece un caso paradigmático para reflexionar sobre dos cuestiones que, aunque parecen simples en su enunciación teórica, presentan complejidades considerables en su aplicación práctica: los límites de la acción de tutela sindical del artículo 47 y la inexistencia de privilegios laborales derivados de la mera titularidad de un cargo gremial.

Los hechos del caso pueden sintetizarse así: el actor se desempeñaba como Agente de Propaganda Médica (APM) conforme al CCT 119/75. Era secretario general del Sindicato de Visitadores Médicos de la seccional Corrientes y fue electo como secretario de Interior de la conducción nacional. En esa doble condición, interpuso acción de tutela sindical alegando conducta discriminatoria antisindical de su empleadora, consistente en la retención de haberes, el cambio de especialidad (de cardiología a pediatría), la falta de invitación a reuniones de trabajo y la privación de elementos necesarios para cumplir sus funciones.

El sentenciante rechazó íntegramente la demanda y el decisorio delimita el campo de aplicación de la tutela sindical: preserva la acción del artículo 47 para su finalidad específica, impidiendo su desnaturalización como vía genérica para reclamos laborales, y reafirma que el representante gremial no goza de privilegios frente a condiciones de trabajo comunes a todo el personal.

La acción del artículo 47 de la Ley 23.551: una herramienta específica que no debe desvirtuarse

1. El artículo 47 de la Ley 23.551 establece con claridad meridiana que “todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente (...) a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical”. Se trata de una vía procesal diseñada para proteger el ejercicio de la libertad sindical frente a conductas que impidan u obstaculicen dicho ejercicio. Su finalidad se agota en el cese del comportamiento antisindical, lo que presupone, naturalmente, la existencia efectiva de tal comportamiento.
2. En el caso bajo análisis, la sentencia efectúa una delimitación precisa del objeto de la demanda, y el juez señala que: “la demanda se plantea con el objeto concreto de la tutela sindical de que se respete la integridad de los haberes disponiendo que la empresa los abone en forma inmediata todos los items que lo integran”. A partir de esta definición del objeto, establece la metodología de análisis que empleará: “En base a TAL objeto preciso de tutela sindical se analizarán los hechos que se le endilgan a la empresa demandada para determinar si existe una conducta antisindical que deba ser condenada conforme las previsiones de la ley 23551”. El actor pretendía, en esencia, el cobro de diferencias salariales y la integración de haberes (un reclamo típicamente laboral, de contenido patrimonial), pero canalizaba esa pretensión a través de la acción de tutela sindical del artículo 47, que tiene un objeto completamente diverso: el cese de una conducta antisindical.
3. La sentencia procede a examinar los hechos que el actor invocaba como conducta antisindical y concluye que, en realidad, se trataba del ejercicio legítimo del poder de dirección y control del empleador: solicitar rendición de cuentas por gastos, justificar visitas médicas, informar sobre el uso de la tarjeta corporativa y reportar actividades, como lo hacían todos los APM de la empresa. Así, el actor intentó revestir de carácter antisindical requerimientos ordinarios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo; pedirle que justifique sus visitas, rinda cuentas y reporte su actividad diaria no constituye persecución sindical, sino gestión como empleador. En el fallo se concluye en que “la totalidad de los hechos expuestos precedentemente como realizados en ‘contra’ del actor, no fueron mínimamente probados” y que “la posición en que se coloca el actor ante los reclamos efectuados por la demandada hasta pueden demostrar hechos contradictorios que por carencia de pruebas resultan insuficiente para considerar que existió por la empleadora una conducta discriminatoria, persecutoria y antisindical”.
4. Un aspecto particularmente valioso de la sentencia es la reafirmación del deber de colaboración del trabajador, aun cuando este tenga un cargo gremial. El juez señala expresamente: “El deber de colaboración del trabajador consistía en dichas misivas, en contestar suficientemente los requerimientos de la empleadora y si alguna cuestión hubiera dado motivos o sea causa de la realización de actos que pudieran significar una cuestión antisindical, DEBIÓ el trabajador hacerlo valer por los medios legales que posee a su alcance ejerciendo justamente su función sindical, MÁS AÚN con los cargos que posee dentro de la institución que representa”. Este pasaje reafirma que la investidura sindical no exime al trabajador de sus obligaciones contractuales de colaboración y buena fe. A la vez, quien ocupa cargos de máxima jerarquía gremial cuenta con los medios institucionales adecuados para denunciar una eventual conducta antisindical. El juez advierte que “la misma conducta del actor se contrapone con lo que es normal para un representante sindical provincial con larga trayectoria”. En efecto, el actor nunca formuló reclamo ante organismos administrativos laborales (como la Subsecretaría de Trabajo provincial) ni dio participación al sindicato nacional en los supuestos hechos antisindicales que denunciaba. Esta omisión resulta particularmente elocuente tratándose de quien reviste los cargos de secretario general de la seccional provincial y secretario interior de la conducción nacional.
5. La acción del artículo 47 de la Ley 23.551 constituye una herramienta procesal para proteger la libertad sindical y debe reservarse al cese de conductas que efectivamente impidan u obstaculicen el ejercicio de los derechos sindicales. Utilizarla para canalizar pretensiones esencialmente laborales desnaturaliza el instituto y debilita su función protectoria. En la acción iniciada, el actor no acreditó conducta antisindical alguna: se trató de un conflicto laboral ordinario, vinculado al cumplimiento de prestaciones y al ejercicio de facultades legítimas del empleador, incorrectamente encauzado por la vía del artículo 47. El rechazo de la demanda reafirma que la tutela sindical no es un escudo para sustraerse de las obligaciones contractuales ni una vía para resolver controversias que cuentan con cauces propios en el derecho individual del trabajo.

La condición de representante gremial no genera privilegios ni inmunidad frente a las comunes condiciones de trabajo

1. Los artículos 48, 50 y 52 de la Ley 23.551 configuran un sistema de protección para los representantes sindicales que les garantiza estabilidad en el empleo durante el ejercicio de su mandato y por un año posterior a su cese. El artículo 52, en particular, establece que los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 no podrán ser despedidos, suspendidos ni se podrán modificar sus condiciones de trabajo si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía. Sin embargo, esta protección no equivale a inmunidad absoluta frente al poder de dirección del empleador, ni crea un “status” laboral diferenciado respecto de las condiciones de trabajo que son comunes a todo el personal. La protección sindical tiene una finalidad precisa: evitar que el ejercicio de la función gremial sea obstruido mediante represalias patronales.
2. Al examinar el denominado “Primer hecho”, relativo a la exigencia empresarial de explicar por qué el actor visitaba solo 2 médicos por día “cuando todos deben hacer 15”, el juez consideró la alegación de que se le “MODIFICAN UNILATERALMENTE sus condiciones de trabajo” y su razonamiento fue coherente con que si la empresa exige 15 visitas médicas diarias a todos los Agentes de Propaganda Médica, dar el mismo trato al representante sindical no constituye modificación unilateral de condiciones de trabajo ni conducta discriminatoria, sino igualdad de trato.
3. Otro aspecto relevante del fallo se vincula con los descuentos por “visitas no realizadas”. La Cámara, al resolver el incidente cautelar previo, ya había sentado un criterio que el juez de primera instancia recoge y aplica: “como toda retribución por rendimiento, se pierde cuando no se trabaja” y “el trabajador debió aportar el reporte de visitas -como de haberlas realizado. Es su responsabilidad el presupuesto de hecho para la procedencia de su derecho”. La empresa demandada justificó los descuentos señalando que del fichero de actividad del actor surgía que “no está reportando ni el contacto ni la promoción de un sólo médico desde hacía 75 días corridos”. Asimismo, precisó que los descuentos tenían “como base su desempeño con respecto al realizado por todos los compañeros de la Delegación Corrientes”.
4. El fallo también distingue lo que es la “actuación” a título personal respecto de la representación gremial, y considera que la misma ha sido “a modo personal, como empleado de la firma y no ejerciendo la representación gremial”. Esta constatación resulta relevante: al responder las misivas de la empleadora, el actor se presentó como trabajador individual y no como representante sindical. Si no invocó su condición gremial ni vinculó los requerimientos con su actividad sindical, difícilmente pueda sostener luego que esos mismos requerimientos constituían una conducta antisindical.
5. El representante sindical es, por definición, representante de sus compañeros, y la defensa de sus intereses colectivos presupone que comparte las condiciones de trabajo de la categoría. Si un representante sindical pretendiera que las condiciones de trabajo comunes a todo el personal —por ejemplo, la exigencia de realizar 15 visitas médicas diarias o la obligación de reportar actividades— no le son aplicables por su condición gremial, reclamaría en los hechos un trato “preferencial” para sustraerse de las reglas que rigen a los trabajadores a quienes representa. Esa pretensión carece de sustento normativo y contradice la esencia de la función representativa: el dirigente debe compartir las condiciones, cargas y deberes laborales de sus compañeros, pues solo desde esa comunidad de situación puede ejercer genuinamente la defensa de sus intereses colectivos.
6. El artículo 53 inciso i) de la Ley 23.551 tipifica como práctica desleal “despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales (...) cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal.” La norma, leída a contrario sensu, proporciona un criterio decisivo: cuando las medidas adoptadas por el empleador son de aplicación general y simultánea a todo el personal, no constituyen práctica desleal ni conducta antisindical, aun cuando alcancen al representante gremial. En el caso analizado, las exigencias de la empresa —reportar visitas, justificar gastos y cumplir con el estándar de rendimiento— eran las mismas para todos los Agentes de Propaganda Médica.
7. La sentencia insiste reiteradamente en el incumplimiento de la carga probatoria por parte del actor: “La parte actora no ha cumplido con su actividad probatoria sobre los hechos que tienen estricta y directa relación con una conducta que se atribuye a la empresa que signifique una discriminación o tenga relación con la actividad sindical”. Este señalamiento resulta coherente con todo el desarrollo previo: dado que las condiciones y requerimientos eran generales, se fundaban en el ejercicio legítimo del poder de dirección y respondían a incumplimientos objetivos, mientras el actor había respondido a título personal sin invocar su condición sindical, correspondía al demandante demostrar una motivación antisindical subyacente. Esa carga no fue satisfecha.

Conclusión

La sentencia comentada constituye un aporte significativo a la delimitación de la acción de tutela sindical del artículo 47 de la Ley 23.551. En primer lugar, reafirma que se trata de una herramienta procesal específica, concebida para proteger el ejercicio efectivo de la libertad sindical, y no de una vía genérica para canalizar reclamos de naturaleza laboral. Su desnaturalización debilita el instituto y erosiona su fuerza protectoria.

En segundo lugar, la protección que la ley dispensa a los representantes sindicales no implica inmunidad frente al poder de dirección del empleador ni genera un privilegio respecto de las condiciones de trabajo comunes. El representante sindical continúa obligado por los mismos deberes contractuales que cualquier otro dependiente de la empresa. Las exigencias que son de aplicación general y simultánea a todo el personal no se transforman en conducta antisindical por el solo hecho de alcanzar a quien detenta un cargo gremial.

Por ende, la tutela sindical debe reservarse para los casos en que efectivamente se obstaculiza la libertad sindical; y no genera una condición de excepción frente a las obligaciones que son comunes a todos los trabajadores de una empresa.

Hay debates que merecen ser abordados con apertura, evidencia y la disposición a evaluar si las herramientas que implementamos están logrando los resultados que buscamos. El de la política alimentaria en Argentina es uno de ellos. Y en este momento, el debate sobre el sistema de etiquetado frontal en alimentos y bebidas corre el riesgo de reducirse a una oposición binaria: quienes defienden los sellos defienden la salud; quienes los cuestionan defienden los intereses económicos. Esa simplificación no le hace ningún favor a nadie, y menos aún a las personas que esperan políticas públicas que realmente mejoren su alimentación.

Empecemos por lo que todos compartimos: la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un desafío importante para la salud pública. También los consumidores tienen derecho a acceder a información nutricional clara y accesible que les permita tomar decisiones informadas. Sobre eso no hay ninguna discusión.

El debate es otro: ¿la herramienta específica del etiquetado frontal vigente es la más eficaz para alcanzar esos objetivos? ¿O existen aspectos técnicos, metodológicos y regulatorios que justifican una evaluación respecto de su efectividad en modificar hábitos en la población?

Un argumento que circula con frecuencia en esta discusión es que los consumidores reconocen e identifican los sellos de advertencia. Sin embargo, la pregunta relevante desde la perspectiva de una política pública no es únicamente si el símbolo es visible, sino si esa identificación se traduce en cambios concretos y sostenibles en los hábitos de consumo y, en última instancia, en mejores indicadores de salud.

La evidencia disponible sugiere que ese vínculo no necesariamente se verifica. De acuerdo con una encuesta nacional reciente, apenas el 5% de los argentinos considera al etiquetado frontal como el factor más importante para promover hábitos saludables, mientras que la amplia mayoría prioriza herramientas como la educación alimentaria (42%), el mejor acceso a los alimentos (37%) y la actividad física (14%). Estos datos refuerzan la necesidad de abordar el desafío desde una perspectiva más amplia e integral.

La experiencia internacional muestra que este debate está lejos de estar saldado. Hoy conviven en el mundo más de 60 sistemas de etiquetado nutricional frontal, con criterios diferentes. Esa diversidad refleja que no existe un consenso internacional sobre cuál es la herramienta más eficaz. Por eso, evaluar el sistema vigente a la luz de la evidencia no implica cuestionar el objetivo de la política pública, sino preguntarnos si la herramienta elegida es la mejor para alcanzarlo.

Existe un segundo aspecto que merece atención. Bajo el esquema argentino, más del 95% de los productos presenta al menos un sello y el 81,9% tiene dos o más simultáneamente. En Uruguay, la proporción de productos con múltiples sellos es del 41%; en Brasil, del 34,2%.

¿Es mejor un sistema que advierte sobre casi todo? ¿O un sistema que advierte sobre casi todo pierde capacidad comparativa y orientativa? Esa es una pregunta técnica legítima que los propios expertos en salud pública discuten.

Un tercer punto y el más relevante: la armonización regional. Hoy coexisten distintos sistemas de etiquetado frontal dentro del MERCOSUR, esto genera una situación difícil de explicar: un mismo producto, con idéntica composición nutricional, puede llevar sellos en Argentina y no llevarlos en Brasil o Uruguay. ¿Eso le da al consumidor información coherente? ¿O le genera la impresión de que las reglas son arbitrarias? La armonización implica construir estándares comparables, comprensibles y técnicamente consistentes para toda la región. De hecho, los sellos son la única información en los envases que no está armonizada con el resto de los países del Mercosur.

Finalmente, hay una dimensión que no debería quedar fuera del debate: la educación alimentaria. Una advertencia en el envase, adjudica una señal, pero no informa y menos aún no reemplaza el proceso de aprendizaje necesario para comprender qué significa una alimentación saludable y cómo sostenerla en el tiempo.

Los hábitos no se transforman por un sello, sino a partir de información, educación y un entorno que favorezca mejores decisiones. Por eso, pretender resolver un problema complejo mediante una única medida regulatoria supone simplificar una realidad que exige un enfoque mucho más amplio e integral.

El debate que la Argentina necesita no es si hay sellos o no hay sellos. Es qué sistema regulatorio es el más eficaz para ayudar a los consumidores a comer mejor. La armonización regulatoria es el horizonte de mayor previsibilidad para la industria y, al mismo tiempo, la oportunidad de construir herramientas más eficaces para cumplir el objetivo que todos compartimos: promover una alimentación más saludable.

Ese es el debate que Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios quiere tener. Y estamos dispuestos a darlo con sensatez, con datos y con la experiencia de quienes implementamos estas regulaciones todos los días.

Hombre primicia. Hombre tapa. Hombre récord. Hombre intuición. Portador de la licencia del olfato. Aguijón definitivo de la realidad de los últimos 50 años. Fue popular. Fue masivo. Fue meme. Usó el detector de mentiras contra la eternidad y se quedó con la última pregunta.

Fue Crónica antes que Crónica: Un posgrado en periodismo social que termina en él, pero no con él. Porque las misiones trascienden a los mitos.

Lo internaron 20 veces. Lo dieron por muerto 21. Creó presidentes. Tiró presidentes. Le hizo una autopsia en vivo a un extraterrestre y 5 entrevistas a Milei y a los dos los dejó en silencio. A Cristina le preguntó si tenía novio cuando todavía se vestía de negro. Porque sí. Porque podía.

Dueño de todas las culpas de ese viejo periodismo que todavía duda como un niño: fue el que mejor decodificó la distancia entre las viudas y el milagro. Preguntó, cuestionó, desnudó. Algo que no hace la IA ni la precarización.

Su cabeza duró más que su cuerpo. Como los relojes de pulsera de los soldados que siguen viviendo en la muñeca de los fusilados.

“Me quiero morir en cámara”, me dijo la primera vez que lo internaron. Existe algo entre los finales y la muerte, y son las preguntas. Chiche tenía de todo. Visitaba más especialistas que los que una cartilla de obra social podía imprimir. Tuvo más internaciones que programas en el año. Por una infección urinaria, por un paro cardíaco, por un infarto de pie, por una trombosis descontrolada que le tapaba un par de arterias, por fiebre alta, por precaución, por las dudas y porque los mejores a veces se apagan en cuotas.

Cuando lo recibieron la última vez, no podía hablar ni pisar.

“Me voy a escapar por la ventana, necesito volver”, me dijo la última vez que lo guardaron. La cama nunca es una opción para los cazadores:

Chiche respiraba solo cuando perseguía a la Argentina.

Chiche se cayó varias veces y jamás se derrumbó. Lo que más le importaba estaba afuera de sí mismo. Y como el peligro saca lo peor del mundo, pero lo mejor de los periodistas, llenó la angustia de la espera con novedades populares: del retiro de Messi al cierre de los locales de calle Avellaneda.

Los últimos 45 días el cuerpo de Chiche fue un bingo lleno de médicos que jugaban varios cartones a la vez, como las viudas terminales que esperan que el bolillero frene el tiempo.

Le hicieron firmar un papel de consentimiento informado para que la muerte sea culpa suya y le dieron el alta. Volvió en silla de ruedas para contar un mundial, gritó sin voz y con el puño al aire los goles contra Inglaterra y pidió viajar a la final. Chiche quería firmar una declaración de responsabilidad y subirse a un avión para contar al lado. Chiche solo caminaba a través de sus planes, fantaseaba con muletas que el tiempo le alejaba, pero tenía todo pensado y dos valijas hechas: un pijama de verano, un par de tiradores, un cóctel de pastillas para la presión y una cuarta estrella explotándole en el corazón.

La distancia entre él y la muerte siempre se midió en ideas y el riesgo existió para que él lo persiguiera. Chiche no fue solo un elogio del peligro, también fue una provocación generacional. La revancha de los viejos de la guerra del cerdo: cubrió todo mejor que los jóvenes y vivió en la sombra de lo sagrado: “No hay que tirar ni al pobre, ni al inmigrante, ni al refugiado, ni a los viejos”, decía Francisco. Descartar es perder el alma y perderse una nota.

Chiche fue algo que la sociedad va a seguir pidiendo: la seguridad que dan los viejos. Recordar un desde dónde para que no nos explote la bomba en la memoria. Chiche fue una certeza y la previsibilidad que la Argentina perdió.

Lo que Chiche decidió contar será para siempre el lugar desde donde eligió pelear y un toque de queda a la lógica de los medios: demuestra que periodista no solo se nace, también se muere.

El Perú es un país cuyo mar está marcado por una alta variabilidad oceanográfica y climática, determinada en buena medida por el sistema de la Corriente de Humboldt y por fenómenos como El Niño y La Niña, capaces de modificar periódicamente la productividad del ecosistema y la disponibilidad de los recursos pesqueros. Esta realidad debería habernos enseñado a prever, adaptarnos y diversificar. Sin embargo, seguimos atrapados en una paradoja. Nuestro mar es extraordinariamente productivo y ha sido estudiado durante décadas, pero todavía no hemos logrado convertir toda esa diversidad biológica en nuevas oportunidades pesqueras.

En el sur del continente, la Patagonia ofrece un ejemplo revelador. Allí, un recurso que durante décadas permaneció subexplotado empieza a ser observado desde una perspectiva distinta. La anchoíta patagónica registró entre enero y julio de 2026 desembarques por 4.548 toneladas, frente a apenas 91 toneladas en el mismo periodo de 2025. El interés no está solamente en aprovechar un recurso no explotado, sino en transformarlo en materia prima para productos de mayor valor agregado, entre ellos aceites ricos en omega-3, suplementos, alimentos funcionales y alimentación acuícola. El mercado internacional acompaña esta oportunidad. Según el informe citado por Infobae, el mercado mundial de aceites de omega-3 podría pasar de unos US$3.040 millones en 2024 a US$6.240 millones en 2032.

La pregunta es ¿Y el Perú?

Tenemos una de las pesquerías más importantes del mundo basada en la anchoveta y una industria que durante décadas construyó su rentabilidad alrededor de la harina y el aceite de pescado. La anchoveta abunda, tiene mercado y existe una infraestructura moderna y preparada para procesarla. En esas condiciones, desarrollar nuevas pesquerías parecía innecesario. La rentabilidad inmediata terminó desplazando la necesidad de diversificar.

Pero la variabilidad del mar siempre estuvo allí.

La ciencia tampoco ha faltado. Desde hace décadas, el Instituto del Mar del Perú-IMARPE, estudia los recursos mesopelágicos que son más abundantes que la anchoveta. A la fecha ya se han identificado alrededor de 40 especies inexplotadas. Los estudios científicos han permitido conocer aspectos de su reproducción, distribución y biología. Y la investigación continúa. Durante El Niño 1997-98, IMARPE registró una biomasa de 14 millones de toneladas de Vinciguerria lucetia (pez linterna) en uno de sus cruceros, mientras evaluaba los cambios en la distribución de diferentes especies pelágicas bajo condiciones cálidas.

En el Perú ya existen antecedentes de haber intentado llevar los peces mesopelágicos desde la investigación hacia la actividad pesquera. Durante los años noventa se realizaron experiencias de captura y procesamiento de estos recursos, incluida la producción de harina y aceite. Es decir, no estamos hablando de descubrir un recurso desconocido ni de imaginar una pesquería desde cero.

Si entonces fue posible intentarlo, ¿por qué no podríamos volver a hacerlo hoy, con varias décadas adicionales de conocimiento científico y avances tecnológicos?

La respuesta está, en buena medida, en la historia de nuestra propia industria. Mientras la anchoveta mantuvo niveles importantes de disponibilidad y la harina y el aceite ofrecieron retornos atractivos, la necesidad de asumir el riesgo de desarrollar una nueva pesquería fue limitada. La diversificación quedó postergada.

Hoy el escenario es diferente. Las condiciones ambientales están obligando a la industria a mirar con mayor atención la vulnerabilidad de depender de un solo recurso. En 2026, IMARPE reportó condiciones cálidas persistentes, desplazamientos de la anchoveta y una condición biológica desfavorable del stock norte-centro, razones que llevaron a aplicar el enfoque precautorio y concluir la primera temporada de pesca.

No significa que la anchoveta haya dejado de ser el principal recurso de nuestra pesca. Significa que no podemos seguir actuando como si siempre fuera suficiente, o que la anchoveta va a abundar para siempre.

Desarrollar una pesquería mesopelágica tampoco consiste simplemente en lanzar una red al mar. Será necesario demostrar su viabilidad económica y ambiental, determinar los artes de pesca adecuados, evaluar modificaciones tecnológicas en las embarcaciones, reducir la captura incidental y definir volúmenes de extracción compatibles con la sostenibilidad del ecosistema. Allí está precisamente el trabajo que falta completar.

Y existen mecanismos para reducir el riesgo de esa innovación. La legislación peruana contempla incentivos tributarios para proyectos de investigación, desarrollo e innovación calificados por CONCYTEC a través de la ley 303039. El desafío es que estos instrumentos no se queden en el papel y sean utilizados para llevar el conocimiento científico hacia pruebas concretas, tecnología y nuevos negocios.

La experiencia argentina resulta útil justamente por eso. La anchoíta patagónica demuestra que un recurso pequeño y tradicionalmente subexplotado puede adquirir otra dimensión cuando se conecta la abundancia con ciencia, inversión, tecnología y mercados de alto valor.

Perú tiene recursos, investigación y antecedentes. Lo que falta es dar el siguiente paso.

La verdadera pregunta ya no es si conocemos los recursos que existen en nuestro mar. Los conocemos. La pregunta es ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para convertir ese conocimiento en nuevas pesquerías?

La anchoveta construyó una de las industrias pesqueras más importantes del mundo. Pero quizá su mayor legado debería ser enseñarnos que la abundancia de un recurso no puede convertirse en una excusa para dejar de mirar los demás. Como diría mi abuela, “no pongas todos los huevos en la misma canasta”.

Diversificar no significa abandonar la anchoveta. Significa dejar de depender exclusivamente de ella. Y quizá el futuro de la pesca peruana no esté en pescar más, sino en aprender a pescar de otra manera.

La medida cautelar colectiva dictada por la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, en un hábeas corpus colectivo preventivo promovido por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, que dispuso la suspensión por 60 días de la aplicación de la ley penal juvenil –ley 27.801– en el ámbito de la provincia de Buenos Aires generó una desmedida reacción crítica.

El hábeas corpus es un proceso constitucional previsto por la Constitución argentina (art. 43 párrafo cuarto) y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 20.1) que tiene por objeto proteger la libertad física o ambulatoria y evitar el agravamiento de las condiciones de detención de las personas legalmente privadas de su libertad. Puede ser interpuesto por la persona afectada o por cualquier persona en su nombre. Procede frente a actos concretos o bien ante amenazas inminentes. Y puede ser individual o colectivo. En este último supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Verbitsky (Fallos: 328:1146, 2005) determinó su procedencia para impugnar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires en establecimientos penales y comisarías sobrepoblados, así como en los casos Cejas Meliare (Fallos: 339:381, 2016) y Arias (Fallos: 345:175, 2022) estableció su viabilidad respecto de las condiciones de detención de niños, niñas y adolescentes.

La ley 27.801 constituye derecho de fondo, por lo tanto, los jueces y juezas provinciales son los órganos de aplicación en el ámbito de su competencia establecida por el territorio.

Hasta acá, la tramitación de un hábeas corpus colectivo preventivo sobre la aplicación de una ley de derecho común, promovido ante una jueza provincial en el ámbito de su competencia territorial, no implica ninguna anomalía.

Si bien la ley penal juvenil fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026, su entrada en vigencia fue postergada por 180 días conforme lo dispuso el art. 52 a efectos de poder hacer efectiva su implementación a través de procesos e instituciones que cumplan con los objetivos planteados por la norma. Especialmente, tal como lo impone el art. 4 como finalidad excluyente: “Fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

La jueza se planteó la necesidad de evaluar constitucionalmente y en los términos previstos por la ley penal juvenil, si la provincia de Buenos Aires “puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”. No hizo más que seguir el mismo camino que el legislador cuando pospuso la vigencia de la ley 27.801. Pero no se quedó solamente en la suspensión, sino que también, en ejercicio de la jurisdicción constitucional, ejerció el control de convencionalidad y fijó una audiencia multipropósito para el día 16 de septiembre de 2026 a efectos de que los responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial informen sobre las medidas adoptadas para implementar la ley, las previstas y planificadas, y su plazo de concreción.

En otras palabras, la jueza no cauteló cuestiones sustanciales de la ley penal juvenil como por ejemplo la edad de responsabilidad penal fijada, sino que suspendió la aplicación de la misma en relación con la razonabilidad y la proporcionalidad de su implementación.

Frente a ello, las críticas que atribuyen a la justicia provincial favorecer la continuidad delictiva eluden el problema que debe discutirse. En el Estado de derecho constitucional y convencional de derecho argentino no es posible sostener que exigir condiciones de implementación razonable equivalga, por sí mismo, a la absolución de los adolescentes por los delitos que eventualmente se juzguen. La protección de las víctimas y el respeto de los derechos de los adolescentes son obligaciones que el Estado debe cumplir conjuntamente sin que ninguna de ellas habilite a prescindir de la otra.

La sanción de una ley no agota las responsabilidades estatales. Si el Congreso estableció que el régimen penal juvenil debe procurar la educación, la resocialización y la integración social, dichos objetivos integran el contenido normativo que las autoridades están obligadas a cumplir. La infraestructura adecuada, los equipos especializados y los dispositivos de acompañamiento son condiciones para hacer efectiva la respuesta que el propio legislador diseñó. Su ausencia compromete tanto los derechos de quienes ingresan al sistema como la capacidad estatal de prevenir nuevos delitos. Exigir que esas condiciones existan también supone tomar en serio la seguridad de la sociedad en su conjunto.

Este hábeas corpus invita a una reflexión que excede la controversia sobre la medida cautelar adoptada: ¿qué significa cumplir con la ley penal juvenil? Significa hacer efectivos todos sus mandatos. Si el Estado exige a los adolescentes que respondan por sus actos, también debe responder por sus obligaciones. La Constitución argentina y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional desde su fuerza normativa así lo exigen, aunque el discurso punitivista goce actualmente de tanta popularidad social.

Chiche nació periodista. De raza. Más allá de sus trabajos iniciales, su comienzo en el periodismo dejó una huella imborrable. Trabajó con tres de los más destacados editores de la gráfica: con Aníbal Vigil y Carlos Fontanarrosa, en Editorial Atlántida, donde llegó a dirigir revista GENTE con una repercusión aún recordada; con Jorge Fontevecchia en la editorial Perfil, donde le dio brillo a tapas y notas espectaculares; y con Julio Ramos en Ámbito Financiero.

Después de su protagonismo en Atlántida, se fue a vivir a España, donde fue corresponsal de Perfil. A su regreso a la Argentina, lo hizo para reinventarse: empezó como columnista en radio Continental, en Tiempos Modernos, con Oscar Gómez Castañón. Su sello en cada participación: observador único de la realidad y que veía noticias más allá de todo.

Su reingreso en la gráfica lo hizo en Ámbito Financiero. Sus llamados al teléfono 342 1722 (todavía no se ponía el 4 adelante), donde lo atendía Mónica Castellano, la secretaria del director Jorge de Luján Gutiérrez, se transformaron en un clásico. Después del “¡Hola, Chichín!”, él pedía material de archivo para sus notas. En el diario económico más influyente de los 90, él publicaba dobles páginas con temas populares y cotidianos que impactaron en la economía de bolsillo.

Su llegada a la televisión fue por el visionario Alejandro Romay. En Canal 9 con su programa Memoria, los miércoles a las 22 (luego pasó por todos los días y horarios), al inicio con Silvia Fernández Barrio, fue una bisagra para él. Lo que iba a ser un ciclo “paranormal”, terminó siendo un ícono de la tevé de la época. Hizo y pidió las notas más insólitas. Enfermo por las primicias, protagonista de una lucha temible durante una época con Mauro Viale, ambos fueron el orgullo y el terror de decenas de productores. Basta recordar estas frases para medir cuán capaces eran: “Yo trabajé con Chiche” y/o “Yo trabajé con Mauro”. Guerra de agendas y robo de entrevistados. Forjaron una escuela, guste o no.

Protagonista de generar polémicas con el sexo, aborto, droga, ricos y famosos (¡cómo siguió la historia de Mariana Nannis!) y los policiales con los clásicos informes con fotos y la voz inconfundible del locutor Juan Ranieri. Un estilo. Y las ventas de sus programas con la experiencia que le dio la gráfica: directo, frases cortas y con impacto. Generaba expectativa cuando apoyaba su dedo índice en la sien: “Memoria”, decía. Fue un adelantado en plantear el debate sobre “la nueva sexualidad femenina, las madres que tendrán hijos sin padres”, la polémica quema en vivo de una calavera de vaca para “entender mejor” el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, las notas más exclusivas de los personajes de la actualidad hasta la reproducción en vivo de la autopsia de un extraterrestre (el caso Roswell). Muchos espectadores y sobre todo niños que vieron eso recordarán (y recuerdan) de por vida lo que les pasó aquella noche.

Así, su estilo y forma de hacer periodismo lo llevó a C5N, Canal 13 y América, como columnista en Polémica en el Bar. Con otro tono, pero siempre polémico y transgresor.

Su rigor con los productores (cientos de anécdotas, de las buenas y de las malas que inundan hasta el imaginario popular) y la capacidad para crear y ver la noticia. El aire de todos los canales lo han mostrado y lo muestran tal como es. Es Chiche. El mismo que no le gusta que lo saluden para el día del amigo o del periodista.

Cuando hizo un magazine de 7 a 13 en Radio Libertad (AM 950, hoy CNN Radio) fue toda una “innovación” para esa época. Ahí competía con las mejores primeras y segundas mañana de Radio Continental (Carolina Perín y Gómez Castañón) y de Mitre (Magdalena Ruiz Guiñazú y Néstor Ibarra). Además de Santo Biasatti en Del Plata y Héctor Larrea en Rivadavia. Como pudo, logró instalarse. Y eso que no cumplía con los horarios de entrega para los informativos de cada media hora.

Lo hacía cuando quería y hasta 15 minutos más tarde. Y así fue como llegó a Radio 10, la nueva emisora que creó Daniel Hadad en 1998 y que rompió con el rating y todas las estructuras tradicionales hasta ese momento. Con su ciclo Edición Chiche también tuvo rating e influencia. Chiche, esta vez, cumplió con entregar en hora cada boletín. Además, se transformó en un clásico de las preguntas insólitas al aire que generaron amplios debates populares. Algunas de ellas: 1) “¿Por qué la hormiga negra se pone arriba de la hormiga roja? Vaya, vea en la puerta de su casa si encuentra hormigas, qué hacen y me cuenta”. 2) “Si voy en auto y me para un inspector de tránsito. Tengo que dar marcha atrás o él viene a verme donde estoy estacionado?”.

La mañana del miércoles 27 de octubre de 2010, cuando conducía Hola Chiche por Radio Mitre lo sorprendió la muerte de Néstor Kirchner. Como es un eterno productor nato, al aire hizo todo y se escuchó todo. Y desde su Nextel, con los beep incluidos, miles de oyentes se enteraron cómo reconfirmaba la información y así dio la noticia. Justo en ese programa hizo una dupla inolvidable de radio con Horacio Pagani (y en la noche de la foto final con los Martín Fierro lo tuvo a su lado para celebrar).

Creador e intuitivo incansable, como cuando editó una revista pocket de preguntas y respuestas. Lo que años después se conoció como trivia, fue un “múltiple choice” popular que llegó a los kioscos. Y cuando se lanzó en Internet lo hizo con Minuto Uno. Fue a finales de 2006. Oportuno como pocos, aprovechó el alto rating de Marcelo Tinelli. Era presidente del jurado en el Bailando en reemplazo de Gerardo Sofovich, junto a Jorge Lafauci, Reina Reech y Moria Casán. Y lanzó ahí su web en vivo con un marketing propio: llevó las remeras con el logo impreso. Y hasta diseñó algunas de color dorado, que él denominó vips y las regaló al elenco. Lanzamiento y explosión de visitas. Al tiempo vendió el dominio al Grupo Indalo.

En 2017 llegó a Crónica HD. Todo un desafío personal y profesional. Con todo el recorrido por la gráfica, radio, televisión e Internet. Nunca lo dejó de destacar. “Crónica es la mejor escuela del periodismo popular”. En la pantalla del canal más argentino y que siempre está firme junto al pueblo, Chiche ratificó día a día su rol de entrevistador, productor y de su inagotable talento. Y audaz con las preguntas más insólitas, como cuando entrevistó en vivo a Cristina Fernández de Kirchner en el estudio del canal. Y por si le faltara poco, hasta fue otra vez a la guerra, como lo hizo en la década del 60 cuando estaba en GENTE y cubrió Vietnam, Biafra, Seis Días. Siempre fue al frente.

Viajó a Ucrania para describir en vivo y en directo casi el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Recibió uno de los elogios más recordados a través del director de contenidos de Crónica HD, Facundo Pedrini: destacó que sus coberturas son mejores que las de los más jóvenes. “Chiche no sólo es un elogio del peligro, también es una provocación generacional. Viaja a la frontera de Polonia a contar la guerra desde el lugar que su papá sufrió a los nazis. Demuestra que periodista no sólo se nace, también se muere”.

Jueves 20 de octubre de 2022. Crónica HD realizó una transmisión impecable de la fiesta del cable, como también lo fue su organización. Otra vez APTRA protagonista, liderada por su presidente Luis Ventura, el que garantiza que los premios cada año tengan más vigencia y relevancia. Los asociados eligieron a Chiche.

Eran las 00:37 del viernes 21, quizás en su noche más inolvidable, estaba en la mesa con su esposa Cristina Seoane, a su derecha, y Mercedes Cordero, a su izquierda. Pampita y El Pollo anunciaron que ganó el Oro. Explosión. Sólo atinó a taparse la cara con su mano derecha. No lo podía creer. Ovación. Besó a su mujer. Detrás, los periodistas e integrantes de su programa Jorge Cicuttin (el primero en saludarlo), Sofía Monachelli y Leo Arias, junto a Cacho Rubio. Alegría, saltos, gritos, abrazos.

Fue conmovedor escuchar, sentir, cómo todo el salón del Golden Center de Parque Norte vibró. “¡Dale Chicheeee, dale, dale Chicheeeee!”. Aplausos (algunos con manos coloradas, de verdad), servilletas que giraban en el aire como palomas y mucha emoción. De todos.

El recorrido hasta el escenario fue eterno. Llegó. Casi dos minutos. Con el premio en la mano, la voz quebrada, habló. “Muchas gracias. Empecé de viejo en la televisión. Esto es demasiado reconocimiento porque a la edad que muchos se retiran yo empecé. Empecé casi a los 50 años. Esto es para mí el mayor premio que puedo obtener. Les agradezco mucho a APTRA, a Crónica, a mis compañeros, a mi compañera de toda la vida, Cristina; y, obviamente al equipo que uno tiene detrás que son los hijos que acompañan, los nietos. Muchísimas gracias. Demasiado premio para esta carrera que empecé de grande.”

Más aplausos. Más ovación. Y el “¡Olé, olé, olé, olé, Chicheeee, Chicheeeee!”.

*Hugo Ferrer es el actual director de Grupo Crónica

Hay personas que, muchos años después de un acontecimiento, siguen públicamente definidas por él. Una denuncia, una imputación, una investigación judicial, una acusación que no prosperó o incluso un hecho verdadero pero remoto pueden aparecer cada vez que alguien introduce su nombre en un buscador o consulta un sistema de inteligencia artificial.

El problema se agrava cuando la información es falsa, fue desmentida o quedó contradicha por una resolución judicial. La tecnología puede mantener y amplificar una representación inexacta de la persona. La libertad de expresión exige cautela frente a cualquier restricción, pero no puede justificar que una falsedad comprobada se perpetúe indefinidamente.

La tecnología tiene memoria. El problema comienza cuando esa memoria deja de cumplir una función informativa actual y se transforma en una forma de estigmatización permanente.

El derecho argentino contiene una regla que permite observar esta problemática desde una perspectiva diferente. No surge del derecho informático ni de la regulación de las plataformas. Está en el propio Código Penal.

Esta comparación surgió en la investigación postdoctoral que desarrollo sobre libertad de expresión, desinformación, inteligencia artificial y el nuevo ecosistema informacional. Una de sus hipótesis es que la respuesta frente a la permanencia digital no debe construirse trasladando automáticamente el denominado derecho al olvido europeo. El derecho penal argentino ofrece otro punto de partida.

El límite que ya reconoce el Código Penal

El artículo 51 del Código Penal vigente dispone que todo ente oficial que lleve registros penales debe abstenerse de informar datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. Respecto de quien efectivamente fue condenado establece algo todavía más significativo: “El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos”.

La norma fija distintos plazos: diez años desde la sentencia para las condenas condicionales; diez años desde la extinción para las demás penas privativas de la libertad; y cinco años desde su extinción para las condenas a multa o inhabilitación. La protección no es meramente declarativa: la violación de la prohibición de informar puede constituir violación de secreto.

El anteproyecto de Código Penal, que todavía no ingresó al Congreso, mantiene esa lógica. Su artículo 49 establece que el registro de las sentencias condenatorias caduca a todos sus efectos conforme a los mismos plazos, y el artículo 50 regula la comunicación de las fechas de caducidad a los organismos de registro.

La continuidad conceptual es clara: ni siquiera una condena penal está destinada a convertirse necesariamente en una marca informativa perpetua.

La paradoja de la memoria digital

El paralelismo genera una pregunta difícil de evitar. Quien fue condenado, cumplió su pena y superó el plazo legal puede quedar protegido frente a la información oficial del antecedente. Sin embargo, quien solamente fue denunciado o imputado y finalmente sobreseído puede continuar durante décadas asociado digitalmente a aquella acusación.

Una denuncia, una imputación o una investigación archivada no son una condena. Sin embargo, esas diferencias jurídicas pueden quedar diluidas detrás de un título o un resultado de búsqueda.

La asimetría es evidente: el Estado debe abstenerse de informar determinados antecedentes, mientras que los buscadores pueden seguir encontrándolos, jerarquizándolos y poniéndolos nuevamente en circulación. Aquello que jurídicamente no constituyó una condena puede terminar produciendo socialmente efectos más prolongados que la propia condena.

Buscadores, redes sociales e inteligencia artificial

La cuestión ya no se limita a los buscadores. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reunir datos dispersos, relacionarlos, sintetizarlos y construir una respuesta sobre una persona a partir de acontecimientos publicados en distintos momentos y lugares.

Una respuesta automatizada puede recuperar una denuncia, una imputación y antiguas noticias, pero omitir o relegar el sobreseimiento o la absolución posterior. Al reconstruir una trayectoria puede borrar las diferencias entre acusación y condena, entre una noticia antigua y una situación actual. El desafío no consiste solamente en decidir qué permanece publicado, sino también cómo se recupera, contextualiza y presenta esa información.

Las redes sociales agregan otra dimensión. Una información antigua puede volver a circular sin su fecha original, sin el desenlace posterior y sin el contexto en el que fue publicada. Los sistemas de recomendación pueden presentarla como si fuera actual y multiplicar su alcance. El contenido no solamente permanece: puede ser reactivado, amplificado y resignificado indefinidamente.

Una noticia publicada hace 20 años puede ser verdadera y haber sido legítima en su momento. Pero de ello no se desprende que deba conservar para siempre idéntica relevancia frente a una búsqueda nominativa o una respuesta automatizada. El paso del tiempo modifica el contexto y también puede modificar el interés público y la proporcionalidad de su accesibilidad permanente.

Desindexar no significa borrar

Desindexar no significa necesariamente borrar. La fuente original puede permanecer intacta, el medio conserva su archivo y la noticia continúa formando parte de la memoria colectiva. Lo que eventualmente se limita es su asociación automática y privilegiada con el nombre actual de una persona.

Una futura legislación podría prever respuestas graduales: actualización, incorporación visible del resultado judicial, contextualización, reducción de prominencia y desindexación cuando no subsista un interés público actual. La eliminación desde la propia fuente debería reservarse para supuestos excepcionales, como una falsedad comprobada, un contenido ilícito o una decisión judicial que así lo ordene, y no derivarse automáticamente del transcurso del tiempo.

Los plazos del artículo 51 y del anteproyecto tampoco deberían trasladarse mecánicamente a los archivos periodísticos ni establecer una prescripción de las noticias. Funcionan como principio orientador: si hasta la información oficial sobre una condena tiene límites temporales, corresponde debatir qué respuesta merece un contenido de menor entidad que la tecnología mantiene asociado indefinidamente a una persona.

Un debate necesario

No debería existir una regla automática. Tendrían que considerarse el tiempo transcurrido, la veracidad de la información, la forma en que terminó el proceso, la gravedad del hecho, la condición pública o privada de la persona, la relevancia histórica y, especialmente, la existencia de un interés público actual.

La condición pública de una persona es relevante, pero no transforma toda información sobre ella en una cuestión de interés público. Incluso quienes ejercen funciones públicas conservan una esfera privada. Debe analizarse si el hecho guarda relación con su función o con una cuestión de verdadera relevancia social. No todo lo que interesa al público reviste interés público.

Cuando ese interés permanece, la información debe conservar la protección que merece. Los hechos de corrupción, el ejercicio de funciones públicas y los acontecimientos históricos relevantes no pueden ocultarse invocando simplemente el paso del tiempo. La libertad de expresión y el derecho a la información constituyen límites indispensables.

Cuando el interés público desapareció, resulta legítimo revisar la asociación automática entre un nombre y un hecho remoto. La respuesta no puede ser la eliminación indiscriminada ni la indiferencia frente a una tecnología que reconstruye el pasado sin límites.

El legislador argentino debería abrir esta discusión, no para consagrar un derecho general a borrar información, sino para fijar criterios que distingan entre información relevante y estigmatización permanente. Cualquier mecanismo debe garantizar criterios objetivos, contradicción y revisión independiente, para que la protección frente al daño no se convierta en censura ni permita ocultar información de interés público.

La tecnología puede recordarlo prácticamente todo. El desafío del derecho es decidir si todo aquello que puede ser recordado debe permanecer para siempre asociado a una persona. Preservar la memoria colectiva es indispensable, pero no debería significar condenar a alguien a quedar marcado para siempre.

El pasado 13 de agosto, el Boletín Oficial publicó la Resolución 505/2026, por la cual, por segundo año consecutivo, el Gobierno suspendió disposiciones del Programa de Asistencia Vouchers Educativos vinculadas con la falta de pago de las cuotas escolares. En agosto de 2025, la Resolución 1327/2025 había dispuesto una medida similar.

Por cierto, pese a su nombre, el programa no constituye un sistema de vouchers educativos, sino una asistencia económica para familias cuyos hijos ya son alumnos regulares de escuelas privadas alcanzadas por el programa. En cualquier caso, una iniciativa oportuna.

Es claro que la decisión adoptada es acertada, como también lo fue la del año pasado, pues su reglamentación establecía que, ante dos cuotas impagas, el beneficio sería suspendido hasta regularizar la situación y que, con tres, sería cancelado. Resultaba paradójico: una familia que comenzaba a atrasarse en el pago podía estar atravesando precisamente las dificultades económicas que justificaban la asistencia. Suspender esa regla contribuye a preservar el objetivo del programa.

Sin embargo, permanece otra condición que merece ser considerada. Para acceder al beneficio no basta con cumplir el requisito económico —un ingreso familiar no superior a siete salarios mínimos—: también el alumno debe asistir a una escuela privada que reciba al menos un 75% de aporte estatal.

Al lanzarse el programa, en marzo de 2024, publiqué en este mismo espacio una nota en la que señalaba que no existía razón para esa distinción. En mayo de 2025 volví sobre el punto. Si dos familias presentan la misma situación económica, ¿por qué una recibe la ayuda y la otra no, simplemente porque la escuela que eligió una recibe al menos 75% de aporte estatal y la elegida por la otra no? Incluso puede suceder que la familia excluida esté realizando un mayor esfuerzo económico para solventar la escolaridad que considera más adecuada para sus hijos.

Veamos algunos ejemplos de otras latitudes para ilustrarlo.

Polonia ofrece una ilustración particularmente clara. Su beca escolar de carácter social alcanza a alumnos de escuelas públicas y privadas y está destinada a estudiantes de familias de bajos ingresos. Para el ciclo 2026/27, la ayuda puede cubrir gastos educativos ya realizados, incluida la cuota de una escuela privada. El criterio es la situación económica de la familia, no cuánto aporte estatal recibe la escuela.

Australia Occidental ofrece un segundo ejemplo. Su Secondary Assistance Scheme está destinado a ayudar a familias de menores recursos a afrontar los costos de la educación secundaria. En el caso de los alumnos que concurren a escuelas no gubernamentales, la familia debe acreditar que reúne las condiciones para recibir la asistencia y el estudiante debe estar matriculado, asistir regularmente y cursar a tiempo completo. Parte de la ayuda se paga directamente a la escuela. Estas instituciones reciben, además, distintos niveles de financiamiento público. Sin embargo, entre los requisitos para que una familia acceda al programa no figura que la escuela deba recibir un determinado porcentaje de aporte estatal.

El tercer caso es Noruega, en educación inicial. Allí rige un sistema nacional de reducción de cuotas para hogares de bajos ingresos. Ninguna familia debe pagar por cada hijo más del 6% de los ingresos del hogar por una plaza de jardín de infantes, y la autoridad educativa establece expresamente que la regla se aplica tanto a jardines municipales como privados. Los jardines privados reciben financiamiento público mediante un régimen separado; el derecho de la familia a la reducción no depende de que el establecimiento alcance un determinado porcentaje de subsidio estatal.

Por supuesto, los tres casos son distintos del argentino. Pero muestran algo bastante simple. Es posible asistir a familias de menores recursos cuyos hijos concurren a instituciones privadas sin hacer depender esa ayuda del porcentaje de subsidio público que recibe la institución.

Si el objetivo es acompañar a las familias que necesitan apoyo para sostener la educación que han elegido para sus hijos, su situación económica debería ser el criterio central. No resulta razonable que dos familias en condiciones económicas equivalentes reciban un trato distinto por el porcentaje de aporte estatal que recibe la escuela a la que concurren sus hijos.

El Gobierno decidió, por segundo año consecutivo, suspender disposiciones del programa al considerar que podía afectar las trayectorias educativas de sus beneficiarios. Es una decisión por demás acertada. Revisar para el próximo año el requisito del 75% sería una mejora adicional, coherente con la misma lógica.

Durante años concentramos buena parte de nuestra energía en anticipar qué trabajos destruiría la tecnología. Hoy necesitamos formular una pregunta diferente y quizás más trascendente: ¿qué nuevos trabajos humanos podemos crear para aprovechar la inteligencia artificial y resolver mejor las necesidades de nuestro tiempo?

La pregunta se vuelve urgente porque los tiempos de esta transformación no necesariamente estarán sincronizados. La automatización de tareas y la destrucción de trabajos que agregan poco valor en un contexto de abundancia cognitiva pueden avanzar más rápido que la creación y el escalamiento de nuevas oportunidades. Confiar en que las dinámicas económicas y sociales resolverán espontáneamente ese desajuste sería una apuesta demasiado riesgosa.

La historia demuestra que las grandes revoluciones tecnológicas no solo eliminaron ocupaciones. También crearon trabajos que antes resultaban inimaginables. La revolución industrial produjo mecánicos, electricistas, pilotos y técnicos. La revolución digital creó desarrolladores de software, diseñadores de experiencia de usuario, especialistas en ciberseguridad, científicos de datos y gestores de comunidades digitales. La revolución de la inteligencia artificial también puede originar una nueva generación de trabajos. Pero la velocidad, profundidad y alcance de esta tecnología hacen que no podamos limitarnos a esperar que aparezcan.

La IA está convirtiendo en abundantes capacidades que hasta hace poco eran escasas y costosas: información, producción de contenidos, análisis preliminar, cálculo, generación de alternativas, ejecución digital y coordinación de tareas estructuradas. Como consecuencia, las fuentes de valor se desplazan hacia otras capacidades: propósito, interpretación contextual, discernimiento, responsabilidad, verificación, confianza, conexión entre actores, acompañamiento de transiciones y diseño de experiencias.

Allí se abre una enorme frontera para recrear el trabajo humano. No se trata de imaginar empleos libres de inteligencia artificial, sino trabajos que resultan posibles precisamente porque las personas y las inteligencias artificiales pueden combinarse de nuevas maneras. No alcanza con adaptar los trabajos que heredamos, urge que seamos capaces de diseñar deliberadamente nuevos trabajos que comienzan a emerger como posibles y que seguramente la economía demandará en los próximos años.

De las posibilidades a trabajos reales

Un nuevo trabajo no es simplemente un nombre novedoso. Es una nueva solución humana para una necesidad relevante. Aparece cuando una transformación tecnológica, económica, demográfica o social produce algo que será necesario hacer cada vez más y que todavía no tiene un responsable claro.

Pensemos, por ejemplo, en un diseñador de experiencias de turismo personalizado y de proximidad. Con ayuda de la IA puede identificar intereses, combinar información dispersa, descubrir recorridos poco conocidos y construir propuestas adaptadas a cada visitante. Pero su aporte decisivo será profundamente humano: comprender la identidad de un territorio, vincular a sus protagonistas, crear confianza, interpretar deseos y convertir un viaje en una experiencia significativa. Podría generar nuevas oportunidades para guías, gestores culturales, emprendedores y comunidades alejadas de los circuitos turísticos tradicionales.

Otro caso posible es el operador de organización del trabajo con IA para pymes. Millones de pequeñas y medianas empresas necesitan incorporar agentes y automatizaciones, pero no cuentan con capacidades para rediseñar sus procesos ni pueden crear grandes estructuras tecnológicas. Este nuevo perfil técnico o profesional podría ayudarlas a identificar qué tareas conviene automatizar, cuáles deben realizarse en colaboración con la IA y dónde tiene que conservarse el protagonismo y la responsabilidad humana. Quizás no sea inicialmente un puesto de tiempo completo: podría comenzar como un servicio compartido para varias organizaciones y consolidarse luego como una nueva especialidad.

Algo similar puede ocurrir frente a la nueva longevidad. Vivir más años no garantiza vivirlos mejor. Crecen la necesidad de prevenir enfermedades, sostener rutinas, alimentarse adecuadamente, preservar vínculos y construir proyectos vitales durante etapas cada vez más extensas. Un organizador de hábitos saludables para la nueva longevidad podría usar IA y datos para personalizar recomendaciones y hacer seguimiento, pero su valor principal estaría en acompañar, motivar, adaptar las propuestas a la vida real y sostener relaciones de confianza. Sería una oportunidad para reconvertir y ampliar las capacidades de personas provenientes de la educación física, la nutrición, el cuidado, la enfermería o la coordinación comunitaria, de cara a nuevos desempeños dentro de organizaciones y también de forma independiente.

Son solo algunos ejemplos de esas posibilidades que podemos convertir en oportunidades reales y masivas. Y muestran algo importante: muchos trabajos del futuro no aparecerán inicialmente como puestos formales perfectamente definidos. Surgirán como funciones, especialidades, servicios independientes o capacidades compartidas. Luego, al demostrar valor y modelizar sus desempeños, podrán transformarse en ocupaciones reconocidas y extenderse a diferentes organizaciones y territorios.

La economía también debe prepararse

Solemos afirmar que debemos preparar a las personas para el futuro del trabajo. Es cierto, pero insuficiente. También debemos preparar las economías para crear esos nuevos trabajos.

La secuencia requiere, al menos, cinco tareas. Primero, descubrir posibilidades a partir de necesidades emergentes. Segundo, convertirlas en oportunidades por las que alguien esté dispuesto a pagar. Tercero, diseñarlas como trabajos concretos, definiendo su misión, responsabilidades y arquitectura de colaboración humano–IA. Cuarto, desarrollar y acreditar las capacidades o skills necesarias para desempeñarlos. Finalmente, construir las condiciones (incentivos) para que puedan escalar.

Nada de esto ocurre por generación espontánea. Se necesitan empresas dispuestas a experimentar, sistemas educativos ágiles, certificaciones de capacidades, incentivos públicos, nuevas regulaciones, financiamiento, organizaciones intermedias y comunidades capaces de validar los resultados. Se necesitan, sobre todo, experimentos concretos: probar una nueva función durante períodos acotados de tiempo, medir el valor que produce, aprender y decidir los caminos para su expansión.

Esta tarea nos desvela porque de ella depende que millones de personas puedan transitar esta transformación con mejores oportunidades. Desde el Observatorio del Futuro de Universidad Siglo 21 y Grupo R’Evolution impulsamos múltiples actividades y proyectos con ese propósito.

Córdoba Crea Futuro, junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba, busca movilizar capacidades colectivas para anticipar y construir oportunidades productivas y laborales. En la Escuela de Negocios y Posgrado realizamos días atrás un Taller de Diseño de Nuevos Trabajos Humanos, reuniendo empresarios, directivos, profesionales y estudiantes para transformar señales de futuro en propuestas concretas.

Es apenas el comienzo de una agenda que debería multiplicarse en empresas, universidades, gobiernos, cámaras sectoriales, sindicatos, municipios y comunidades. Cada industria y cada territorio necesitan sus propios laboratorios de nuevos trabajos humanos. No estamos ante una competencia inevitable entre personas y máquinas. Estamos frente a una monumental encrucijada de diseño. Tenemos dos grandes opciones: acomodar a las personas para servir a la automatización tecnológica o diseñar la automatización para ampliar la contribución de las personas.

La economía de la sabiduría será posible si utilizamos la abundancia cognitiva que ofrece la IA para volver más valiosos el criterio, la imaginación, el cuidado, la conexión, la responsabilidad y el propósito humanos. Pero esa economía no llegará como un regalo automático de la tecnología, sino como un resultado valiente e innovador de nuestra responsabilidad compartida.

Tengo una costumbre que a veces incomoda a galeristas y artistas. Cuando se me acercan mientras estoy mirando una obra para explicarme por qué la hicieron, qué significa, qué quisieron decir o qué debería entender yo, los interrumpo. Les pido que me dejen mirar en silencio. Después, si quieren, me cuentan todo.

Siempre pensé que una obra debe defenderse sola.

Puede tener detrás una teoría formidable, una infancia desgraciada, una posición política impecable, una tesis sobre el cuerpo, la memoria, el territorio o el patriarcado. Todo eso puede ser interesante. Pero si la obra necesita que alguien venga corriendo con un manual de instrucciones para salvarla, ya arrancamos mal.

Después de tantos años de mirar pintura, hay algo de lo que estoy bastante convencido: no existe texto curatorial capaz de convertir una obra mediocre en una buena obra. A lo sumo puede convertirla en una obra mediocre muy bien explicada.

Y ése es, justamente, uno de mis problemas con Frida Kahlo.

Siempre tuve un problema con el lugar que terminó ocupando en la historia del arte.

Cuando la comparo con los grandes pintores mexicanos de su tiempo —José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros— me cuesta entender que estén sentados en la misma mesa. Orozco tiene una violencia pictórica extraordinaria; Rivera, una capacidad compositiva monumental; Siqueiros, una audacia técnica y espacial que anticipó cosas que vendrían mucho después. Frida, al lado de ellos, me parece una pintora considerablemente menor.

No digo mala. Digo menor. Que es bastante distinto.

El problema es que hace tiempo dejamos de discutir solamente la pintura de Frida Kahlo. Discutimos a Frida.

Y Frida tuvo una vida formidable para los encargados posteriores de fabricar mitologías.

Tuvo un accidente espantoso, vivió entre operaciones, corsés y dolores atroces, se casó con Diego Rivera, se separó, volvió a casarse con Rivera, militó en el comunismo, alojó a Trotsky, tuvo una relación amorosa con él, tuvo relaciones con mujeres, desafió las convenciones sexuales de su época, se vistió como nadie, se pintó las cejas como nadie y, por si faltaba algo, murió joven.

Para construir un ícono del siglo XXI no se puede pedir mucho más.

Excepto, eventualmente, pintar como Orozco.

No soy el único al que esta desproporción le produce cierta perplejidad.

Sanford Schwartz escribió en The New York Review of Books que la veneración de Kahlo había llegado demasiado lejos. Su observación central es particularmente interesante: gran parte de la literatura sobre Frida termina convirtiendo sus pinturas en ilustraciones de su vida. El accidente explica un cuadro, Rivera explica otro, la sexualidad explica el siguiente, el comunismo otro más. La pintura acaba funcionando como prueba documental de la biografía.

Margaret Lindauer dedicó prácticamente un libro entero a este fenómeno. Lo llamó Devouring Frida, devorando a Frida. Su tesis es que desde fines de los años setenta la mujer real y la pintora fueron progresivamente sustituidas por una celebridad cultural: apareció Frida en afiches, ropa, bijouterie, publicidad, postales y productos de toda clase. Esa mitificación terminó incluso perjudicando la lectura de su obra, reduciéndola a una especie de autobiografía ilustrada del sufrimiento.

Existe hasta una palabra para el asunto: Fridamanía.

Robin Simon fue todavía más lejos en The Spectator. A propósito de una exposición de Kahlo en la Tate, describió parte de su pintura como plana y torpe y sostuvo que alrededor de ella existe algo parecido a un culto: mucha gente no va a buscar una experiencia estética sino a visitar el santuario de un personaje contemporáneo.

La propia Tate tituló la muestra The Making of an Icon.

La construcción de un ícono.

No la construcción de una pintora.

Ahí está, para mí, el asunto.

Saquémosle la biografía

Frida consiguió algo extraordinario: su obra se volvió inseparable de su personaje. Pero eso, que explica perfectamente su importancia cultural, no resuelve necesariamente la discusión acerca de su importancia pictórica.

Podemos hacer una prueba bastante cruel.

Saquémosle a Frida el accidente, las operaciones, a Trotsky, a Rivera, el comunismo, su bisexualidad, los vestidos de tehuana, las fotografías maravillosas, el bigote, la ceja única y toda la iconografía que hoy permite reconocerla a veinte metros pintada en una taza de café.

Dejemos solamente los cuadros.

Ahora hagamos lo mismo con Orozco.

Quitemos toda su biografía y dejemos El hombre de fuego.

El problema aparece solo.

Orozco no necesita que uno sepa quién se acostó con él, qué enfermedad tuvo o cuál era su vida conyugal para que la pintura funcione. El cuadro está ahí y se defiende solo. Con Siqueiros sucede algo parecido. Con Rivera también.

Con Frida, en cambio, muchas veces uno tiene la sensación de que junto al cuadro viene obligatoriamente el prospecto.

Y esto no significa que no tenga méritos. Frida construyó una iconografía personal potentísima. Hay una manera específicamente suya de representar el cuerpo, el dolor, la mutilación, la identidad, México. Algunos de sus autorretratos son extraordinarios. Las dos Fridas es una imagen inolvidable. La columna rota tiene una crudeza que difícilmente pueda confundirse con la de otro pintor.

Pero una iconografía reconocible no necesariamente equivale a una revolución pictórica.

De la pintura a la estampita

Lo interesante es que la inversión histórica ha sido completa. Durante buena parte de su vida, Frida Kahlo era presentada como “la mujer de Diego Rivera”. Hoy hay millones de personas que saben perfectamente quién es Frida y apenas podrían identificar un mural de Rivera.

Es una venganza histórica extraordinaria.

También es un triunfo formidable del mercado.

Porque Frida reúne algo que Orozco jamás podría ofrecerle a una multinacional: puede ser simultáneamente comunista y estampada en una cartera de 3.000 dólares.

Puede convertirse en símbolo anticapitalista y merchandising sin que nadie advierta una contradicción.

Hay un momento en que ciertas figuras dejan de pertenecer del todo a su propia historia y adquieren vida propia. Frida Kahlo, Maradona y el Che Guevara terminaron convertidos en imágenes autónomas, capaces de circular en remeras, tazas, pósters o tatuajes casi desprendidas de aquello que hicieron. Ya no hace falta conocer demasiado la pintura de Frida, haber visto jugar a Maradona o saber mucho del Che. La cara alcanza. El símbolo se independiza de la obra, de la biografía e incluso de sus contradicciones. Y cuando eso ocurre, empieza a ser difícil distinguir cuánto admiramos lo que hicieron y cuánto al personaje que construimos después.

Quizás allí esté su obra conceptual más perfecta.

Después miro a Orozco

Por eso mi objeción nunca fue que Frida Kahlo careciera de talento. Lo tenía. Tampoco que su vida no tenga importancia para comprender lo que pintó. Naturalmente la tiene.

Mi objeción es otra: sospecho que la cotización histórica de la pintora fue inflada por la cotización extraordinaria del personaje.

Y cuando uno vuelve a mirar exclusivamente pintura, sin Netflix, sin Trotsky, sin Rivera, sin feminismo retrospectivo, sin remeras y sin estampitas, me sigue ocurriendo lo mismo.

Veo una pintora interesante, personal, a veces magnífica.

Después miro a Orozco.

Y se termina la discusión.

La antropología de los años 60 ha tipificado al indígena amazónico como un “objeto de estudio” antes que como un ciudadano.

Cuando uno lee los distintos escritos y publicaciones podemos ver en tal antropología una mirada investigativa: “¿qué comen? ¿Cómo comen?”. Mientras la antropología estudiaba y describía al indígena amazónico desde una posición distante y casi frívola, la Iglesia católica procuró conquistarlo desde las trincheras. Los misioneros “entraron a la cancha” a extirpar sus idolatrías. Aunque en el caso de la Amazonía no existe una “conquista” cristiana como tal, el mensaje si bien ha calado, no ha llegado a ser universal en casi todas las comunidades y diferentes grupos étnicos. No vemos al indígena selvático enteramente cristianizado, aunque existe en ellos la moral del bien común y el amor al prójimo (no siempre).

Por su lado, el “empresariado” ha intentado obtener del nativo sus recursos y su mano de obra. En el pasado eran el caucho, las pieles, el petróleo y la madera. Hoy es el oro y últimamente los bonos de carbono y los servicios ambientales. Jamás el empresariado ha pensado en construir algún modelo exitoso de ganar-ganar en la Amazonía, a excepción de algunas experiencias contemporáneas.

¿Y el Estado? El Estado se asemeja a una batalla perdida. La corrupción de las autoridades municipales allí donde viven las comunidades es extremadamente alarmante. Diríamos, hasta casi un pecado mortal. Pero nadie hace algo.

Se ha convertido en un pordiosero milenario que grita en medio de un desierto de obras inconclusas y promesas no cumplidas.

Al nivel interno, cada día cientos de jóvenes emigran hacia las zonas urbanas en búsqueda de trabajo. La anemia y la desnutrición, algo inimaginable en ese mundo casi idílico y lejano que describen los antropólogos, hoy arrecian como la lluvia en los bajiales. Fuerte y apremiante. El deseo de superar tales males, especialmente entre los niños y los adultos mayores, pero también la falta de oportunidades de los jóvenes egresados de las universidades y de los institutos.

Los campos agrícolas de la costa peruana son hoy un bastión de esos “neo indígenas”. De los shipibos post modernos, de los awajúnes reguetoneros y de los matsés tiktokeros de barrios chinos de ciudades como Ica, Cañete o Trujillo. Lambayeque y Piura.

Entonces: ¿qué carajo significa ser indígena ahora? ¿El indígena es ese objeto de análisis de los antropólogos de los años 60? ¿Somos acaso ese mundo casi cristianizado de la falange católica y que en la actualidad estamos sufriendo la epidemia del evangelismo como una de las siete plagas del antiguo Egipto? ¿Somos ese depósito de riqueza, de abusos y derroches del mal empresariado nacional?

¿Ser indígena es ser ese comodín de los fondos internacionales y hablar de autonomía sin ser autónomos? ¿Es vivir manipulados por fuerzas oscuras que lo único que buscan es cosechar de las divergencias internas y perennizar su poder y peculio? ¿Alguien se siente representado verdaderamente por quienes dicen ostentarnos? ¿Y la ética en el liderazgo? ¿Y el egoísmo? ¿La angurria? ¿El show? ¿Se pueden construir sociedades indígenas verdaderamente justas y acordes a los desafíos actuales? ¿De qué manera conciliar la tradición con la modernidad?

La antropología nos ha estudiado con la minuciosidad de una biblioteca antigua mas no ha tendido puentes ni ha generado ciudadanía. Nunca hemos sido agentes en el sentido de Amartya Sen en sus papelógrafos. No ha abierto ninguna trocha ni develado algún camino oculto del trayecto escarpado y variopinto de la identidad peruana. En consecuencia, tampoco hemos sido personas para esa disciplina: esos seres vastos y complejos, capaces de tomar decisiones y que pueden construir su propio futuro.

Ningún indio de la floresta, verdaderamente, ha sido ciudadano salvo para la radiografía intelectual y solitaria.

¿Cuántos de nosotros recordamos, de niños, ir a la tienda cerca de casa a hacer el mandado que nos encargaba la familia? ¿A cuántos nos fio el famoso “casero” de la esquina cuando la plata no alcanzaba? ¿Cuántos nos quedábamos conversando tras hacer las compras? Dejar escapar una sonrisa al recordar estos momentos es inevitable.

Detrás de cada bodega hay miles de emprendedores que, con trabajo diario y un profundo conocimiento de su vecindario, impulsan el desarrollo de sus comunidades. Según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), existían más de 530 mil bodegas en el país al 2025, un canal que genera empleo para más de 2 millones de personas. Además, ocupan un lugar esencial en la cadena de valor: conectan a agricultores, fabricantes, distribuidores y transportistas para garantizar que los alimentos y bebidas lleguen de forma oportuna a millones de hogares.

Esta realidad no es aislada; se repite en cada rincón de la región bajo distintos nombres: bodegas en Perú y República Dominicana; tiendas en Colombia y Ecuador; almacenes y kioscos en Argentina, Uruguay y Chile; colmados en el Caribe; pulperías en Centroamérica; abarrotes en México; y “chinos” en Panamá, en homenaje a la comunidad chino-panameña y su siglo de aporte al comercio.

Distintos nombres para una misma esencia. La Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Almacenes, Kioscos, Tiendas y Bodegas (AKTB) señala que existen más de 12 millones de estos comercios en la región: el 95% son negocios familiares y el 80% nacieron para sostener un hogar. Frente al desempleo, las “tienditas” son un motor de inclusión: 6 de cada 10 son atendidas por mujeres y el 59,7% de quienes las dirigen supera los 41 años.

A pesar de afrontar un 30% de informalidad y apenas un 35% de acceso tecnológico, representan una enorme oportunidad de empoderamiento. Como parte clave de las MiPymes —que conforman el 99,5% del tejido empresarial, generan el 60% del empleo y aportan el 25% del PIB regional—, las bodegas son indispensables para la seguridad alimentaria, canalizando el 55% de las ventas de la canasta básica.

Aprovechemos cada oportunidad para reconocer a estos héroes locales. Más allá de homenajear su cercanía y resiliencia, hagamos un llamado claro a los gobiernos de Perú y Latinoamérica para respaldar al canal tradicional con políticas públicas que impulsen su desarrollo.

Por María Luisa Málaga, Directora Ejecutiva de la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú (ABRESA), y Santiago López, Director para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA)

El Día de la Industria dejó otra vez una postal conocida: reproches cruzados entre la central fabril y el Gobierno, cada parte con argumentos atendibles y cada una midiendo el tiempo de manera distinta. Cambian los protagonistas y cambian los motivos puntuales, pero el fondo se repite desde hace décadas: un sector que necesita reglas estables para invertir a diez años y una política que se decide, inevitablemente, en plazos mucho más cortos. Debajo hay un problema que no es sectorial ni estrictamente económico. Es de incentivos.

Hay un axioma que explica buena parte de nuestra historia económica, y no solo la nuestra: la democracia electoral retribuye mejor la expansión del gasto que la corrección. No porque los votantes sean irracionales, sino porque el beneficio de gastar dinero público es visible e inmediato, mientras su costo llega diferido y repartido. El déficit, la deuda, la emisión, la inflación, la distorsión de precios relativos: todos son efectos dilatados, dispersos y de difícil atribución causal. Y cuando aparecen, siempre hay circunstancias ajenas a las que atribuirlos. Así, el “irresponsable” raramente es “responsable”. Esto no es nuevo ni exclusivo de estos lares: James Buchanan y Richard Wagner lo llamaron “ilusión fiscal” hace casi cincuenta años, y Amilcare Puviani lo había intuido en 1903.

La pregunta que vale la pena hacerse hoy no es si el fenómeno existe —sobra evidencia de que sí— sino si la Argentina, después de décadas de oscilar entre expansión y ajuste, encontró finalmente una salida institucional o simplemente cambió de protagonista dentro del mismo guion pendular.

Los Kirchner: el desplazamiento que no se revierte

El período 2003-2015 podría ser un caso de manual del “efecto ratchet” que describió Robert Higgs: el Estado se expandió al calor de una crisis y de una bonanza, y no volvió a su tamaño previo cuando la coyuntura cambió, porque desarmar una prestación ya otorgada cuesta políticamente más de lo que rindió otorgarla. La crisis de 2001 licuó la economía y suspendió el pago de intereses de la deuda; el boom de commodities aportó el resto. Cuando esa expansión resultó insostenible, a partir de 2008, llegaron los correctivos: retenciones, estatización de las AFJP, intervención del INDEC, tipo de cambio múltiple, subsidios, financiamiento monetario del déficit. Cada uno permitió diferir y despersonalizar el costo. El déficit se pagó, pero de manera dilatada y sin atribución electoral clara. Ahí está la asimetría en estado puro.

Macri: la corrección que no fue creíble

Mauricio Macri aplicó el gradualismo fiscal y ese punto medio resultó insuficiente. Asumió que la inversión y el crecimiento, impulsados por la confianza, licuarían el déficit y las distorsiones, y financió la transición con deuda. Subestimó un problema que Finn Kydland y Edward Prescott habían formalizado en 1977: la consistencia intertemporal. Un gobierno puede anunciar una trayectoria de ajuste, pero si el mercado y el electorado anticipan que la restricción política impedirá sostenerla, el anuncio no genera el descuento de expectativas que el ajuste necesita para funcionar sin crisis. Quienes teníamos reuniones con posibles inversores en esa época vimos cómo todas terminaban igual: wait and see, esperar a ver si el rumbo se ratificaba.

La corrección gradual no se percibió como un compromiso genuino del país, sino como una promesa de gasto diferida, y cuando se advirtió injerencia sobre el Banco Central, llegó la corrida de 2018. Ni retribuyó electoralmente, ni consiguió el único activo que la vuelve sostenible: la credibilidad.

Alberto Fernández y Massa: la ilusión perfeccionada

El período 2019-2023 fue otra vez expansivo, pero sin licuación reciente, sin crédito, sin pagos de deuda suspendidos y sin boom de commodities. Encima, la pandemia. Todo derivó en emisión, multiplicación de tipos de cambio y regulaciones que no solo distorsionaron precios relativos: institucionalizaron la ilusión fiscal como política de Estado. Cada “dólar” —agro, Qatar, MEP, CCL, tarjeta— difirió la percepción del costo real del desequilibrio. Sergio Massa en Economía representa el punto de mayor sofisticación de esa ingeniería: no expandir menos, sino administrar mejor la opacidad del costo. Es Puviani llevado a su expresión más elaborada.

Milei: ¿ruptura o desplazamiento invertido?

El gobierno de Javier Milei invirtió la lógica y aplicó, desde la práctica y desde la narrativa, la estrategia de la “antiventa”: no hay plata, voy a recortar y vamos a sufrir. Pero eso no significa que haya revertido la estructura de incentivos que existe en todo sistema democrático. El ajuste de shock de 2024, con el equilibrio fiscal como regla dura y no como meta gradual, es un intento explícito de resolver el problema de Kydland-Prescott por la vía del compromiso costoso de revertir: volver públicamente sobre el déficit cero tiene, por ahora, un precio político mayor que sostenerlo. También incluyó demorar o suspender gastos de todo tipo, incluidos la infraestructura y los servicios cuya responsabilidad de prestación merece una discusión aparte. Es distinto del gradualismo macrista.

Pero conviene no confundir un shock con una corrección institucional de incentivos. Lo que se produjo es una suerte de “ratchet inverso”: un ajuste que no se revierte, no porque la asimetría haya cambiado de signo, sino porque volver a gastar cuesta hoy más que sostener el recorte. Y ese costo depende de que se mantenga la configuración política actual. Si el ciclo electoral la altera, el ajuste puede revertirse con la misma facilidad con que se revierte una promesa de campaña.

La pregunta relevante no es si Milei ajustó —sí lo hizo— sino si construyó una arquitectura de equilibrio fiscal que sobreviva a un gobierno que piense distinto.

La asimetría no se resuelve con personas

El equilibrio fiscal no es hoy una regla codificada en ninguna norma: es una apetencia personal de Milei —incluso una rareza exótica, para los ojos de la política previa a 2023—, de modo que es difícil verla como una obligación que le sobreviva.

Aun si se sancionara una ley, en sentido material y formal, tampoco sería una garantía definitiva: solo un cascarón más caro de romper. La Convertibilidad fue ley (23.928) durante más de una década y dio sensación de seguridad a todo el entramado económico, pero se derogó con otra ley (25.561) en cuestión de días, apenas cambió el costo político de sostenerla.

Toda corrección que dependa de un gobierno —o peor, de una persona— queda sujeta a la misma asimetría electoral que produjo la expansión que busca revertir: corregir siempre retribuye menos que prometer, incluso cuando quien gobierna es quien corrige.

La diferencia entre la Argentina y los países que lograron elevar el costo político de revertir un ajuste no fue tener el gobierno correcto en el momento correcto, sino sacar la decisión del terreno de la conveniencia electoral. Hay dos maneras de hacerlo y conviene no confundirlas. Una es la rigidez normativa: Brasil puso su techo de gasto en una enmienda constitucional (EC 95/2016) y aun así el gobierno de Lula lo reemplazó en 2023, apenas sostenerlo costó más que derogarlo. La otra es la transparencia. Nueva Zelanda no fijó metas numéricas en su ley: obligó a cada gobierno a declarar sus objetivos fiscales y a explicar públicamente cada desvío. Ninguna de las dos vuelve nada irreversible. Pero las dos encarecen la reversión, que es de lo que se trata.

¿Hay algo que se pueda hacer y que no dependa de quién gane la próxima elección? Ninguna respuesta es definitiva, pero al menos una alternativa merece discutirse. Si el mecanismo del problema es que el costo del gasto llega diferido, disperso y sin autor, un camino posible es atacar exactamente eso: un consejo fiscal independiente cuya única función sea ponerle precio —público, previo y plurianual— a toda medida que afecte el equilibrio fiscal, venga del Ejecutivo o del Congreso. Chile creó el suyo, el Consejo Fiscal Autónomo, con esa lógica. No prohibiría gastar ni ataría a las mayorías futuras, algo que además sería inconstitucional; haría algo más modesto: ponerle nombre, fecha y monto a una factura que hoy llega sin remitente. No sería garantía de nada: no se trata de eliminar la asimetría —eso no está a nuestro alcance— sino de encarecerla.

Mientras esa traducción no ocurra, el péndulo argentino no describe una historia de personas —Cristina, Macri, Alberto y Massa, Milei— sino una y la misma estructura de incentivos actuando sobre protagonistas distintos.

Por eso la pregunta que deja este gobierno no es cuánto ajustó, sino qué deja instalado. Para quienes entendemos que el equilibrio fiscal es una piedra esencial del funcionamiento democrático, los desenlaces posibles son dos y ninguno es neutro: que la responsabilidad fiscal quede como un piso que el que venga no pueda ignorar, o que se queme en el intento. Si ocurre lo segundo, lo que se pierde no es un programa económico. Es la posibilidad de volver a defender la moderación fiscal como virtud durante mucho tiempo.

El Primer Congreso Internacional sobre la Trata de Personas eligió como subtítulo una fórmula que condensa el problema: “Nuevas formas de explotación”.

Porque la trata no es un delito que se mantenga quieto mientras nosotros discutimos cómo perseguirlo. Muta. Cambia de plataforma, de modalidad de captación, de mecanismo de cobro y de forma de esconder el dinero. Y cada vez que muta, encuentra a un sistema penal diseñado para la forma anterior.

Quiero abordar ese fenómeno desde un ángulo específico: desde el lugar de la víctima. Y concretamente, desde los desafíos que plantea la asistencia a víctimas de explotación sexual en el marco del Código Procesal Penal Federal.

Empiezo por una pregunta incómoda, que un congreso como este es el ámbito adecuado para formular.

Medimos el éxito en la lucha contra la trata en allanamientos, en imputados y en condenas. Todo eso está bien y hace falta. Pero cabe preguntarse: ¿cuántas de las víctimas rescatadas en la Argentina recibieron efectivamente una reparación económica?

Esa es, a mi juicio, la deuda que el Código Procesal Penal Federal está por fin en condiciones de empezar a saldar.

II. El marco: dos reformas simultáneas

Conviene situar brevemente el contexto normativo, porque sobre él se apoya todo lo demás. La Argentina está atravesando, al mismo tiempo, dos reformas de fondo que impactan de lleno en esta materia. Una procesal, ya en marcha, y una sustantiva, en trámite.

a) La reforma procesal

El Código Procesal Penal Federal instaura en el orden federal el modelo acusatorio que la Corte Suprema viene reclamando desde hace décadas —en “Llerena” y en “Quiroga” -entre tantos otros—, separando las funciones de investigar y acusar, propias del fiscal, de las de juzgar, propias del juez.

Empezó a regir en 2019 en Salta y Jujuy. Desde 2024 se implementó en Rosario, Mendoza y toda la región de Cuyo, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes, Resistencia, Posadas y La Plata. Para febrero de 2027 está previsto en los fueros federal de la Ciudad de Buenos Aires y Penal Económico.

La Cámara Federal de Casación Penal, que integro, tiene competencia en todo el país. De modo que cuando el Código entró en vigencia en 2019 entró en vigencia también para nosotros. Llevamos siete años resolviendo casos bajo el CPPF.

Desde el Tribunal asumimos tareas concretas. La primera, la creación de los colegios de jueces, distrito por distrito —de garantías, de revisión y de juicio—, reforzando los de garantías allí donde faltaban magistrados, porque en este Código hay un predominio muy marcado de soluciones que se producen dentro de la etapa preparatoria, y es ahí donde el sistema realmente descomprime. La segunda, la capacitación, que es la verdadera clave del éxito de la reforma: más allá de las leyes, quienes llevan adelante el cambio son los operadores, y por eso en cada distrito implementado la Cámara dictó un curso de formación, con cursos que llegaron a tener quinientos inscriptos.

A ello se suma el trabajo doctrinario. El año pasado dirigí el Código Procesal Penal Federal comentado, de editorial Astrea, coordinado por Mariana Catalano y Natacha Annovelli, con cincuenta autores que trabajaron artículo por artículo. Escribieron jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público: es un libro que sale de la cocina misma donde se escriben los fallos.

Lo menciono por una razón muy concreta, que atraviesa este artículo. Varias de las herramientas de las que voy a hablar son normas que casi nadie usó todavía. Están en el Código desde hace más de una década y siguen siendo prácticamente letra muerta. Y una norma que nadie interpretó es una norma que nadie aplica.

b) La reforma sustantiva

En lo que me concierne, presidí e integré las últimas dos comisiones de reforma del Código Penal creadas por el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de modernizar un Código que tiene más de un siglo y adaptarlo al siglo XXI.

En materia de trata, el proyecto introduce dos órdenes de cambios.

Redacción actual:

ARTICULO 145 bis. - Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

ARTICULO 145 ter. - En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, cuando:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años. 3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. 4) Las víctimas fueren tres (3) o más. 5) En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas. 6= El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 7) El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. 8) Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión. 9) Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión

Proyecto CP:

ARTÍCULO 234.- Trata de personas.

1. Figura básica. Se impondrá la pena de prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años, al que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

2. Agravantes. La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión: 1º) Si mediare engaño, fraude, violencia, amenaza, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2º) Si la realización de las conductas enunciadas precedentemente tuviera por objeto la explotación sexual de una persona. 3º) Si la víctima estuviere embarazada o fuera una persona mayor de SESENTA Y CINCO (65) años. 4º) Si la víctima fuera una persona con grave capacidad disminuida, especialmente vulnerable o que no pueda valerse por sí misma. 5º) Si las víctimas fueren DOS (2) o más personas. 6º) Si en el hecho intervinieren DOS (2) o más personas. 7º) Si el autor fuere ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado, progenitor afín, de una persona con la que exista una filiación socio afectiva debidamente acreditada, hermano o medio hermano, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia, tutor, curador, autoridad o ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación, de la guarda. 8º) Si el autor fuere funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad pública, fuerzas armadas, organismos de inteligencia o del servicio penitenciario. 3. La pena de prisión será de OCHO (8) a VEINTE (20) años, si se lograre consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas. 4. La pena será de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años de prisión, si la víctima fuere una persona menor de DIECIOCHO (18) años.

El primero de los cambios a destacar es de técnica legislativa. El régimen vigente separa la figura básica (art. 145 bis) de los agravantes y resultados (art. 145 ter); el proyecto unifica todo en un único artículo —el 234— con apartados numerados. Es un cambio de técnica más que de fondo, pero simplifica sensiblemente la remisión y la lectura, lo que en un tipo penal de aplicación cotidiana no es un detalle menor.

El segundo es de política criminal, y endurece de manera significativa el régimen punitivo:

El proyecto reduce además los umbrales cuantitativos que disparan los agravantes. La pluralidad de víctimas pasa de tres o más a dos o más; la pluralidad de intervinientes, de tres o más a dos o más; y la edad que califica a la víctima mayor como sujeto pasivo agravado desciende de setenta a sesenta y cinco años. Se incorpora también, como agravante autónomo, el supuesto en que las conductas tengan por objeto la explotación sexual de la persona.

Y se aborda un fenómeno rigurosamente actual. Se propone agregar como tipo especial la trata de personas con fines reproductivos, dirigida a captar el tráfico de mujeres con la finalidad de que sean explotadas para llevar adelante de manera subrogada un embarazo. Es, precisamente, una de esas “nuevas formas de explotación” que dan título a este congreso, y un buen ejemplo de por qué un Código Penal centenario necesita ser revisado.

III. De testigo a parte

Vuelvo ahora al Código Procesal Penal Federal, que es el eje de estas reflexiones.

El cambio más profundo que trae en esta materia puede enunciarse en una sola frase. La víctima deja de ser un medio de prueba y pasa a ser un sujeto del proceso.

En el sistema inquisitivo la víctima era, seamos honestos, funcionalmente un instrumento. Servía para acreditar el hecho. Se la citaba, declaraba, y el proceso continuaba sin ella. Su interés no era el interés del proceso: el interés del proceso era la pretensión punitiva del Estado. Lo que la jurisprudencia empezó a ensayar desde “Santillán” hoy es ley.

El Código invierte esa lógica desde su parte general.

El artículo 12 establece que “la víctima tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes”. Es una norma de principios, ubicada entre las garantías fundamentales, al mismo nivel jerárquico que las que protegen al imputado.

El artículo 79 define quién es víctima con un alcance amplio, que recoge la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1985 sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder: no solo quien sufre el daño físico, sino también el sufrimiento emocional, la pérdida financiera y los familiares.

El artículo 80 enumera sus derechos: al trato digno, a la protección de su intimidad, a la asistencia especializada, a intervenir en el proceso, a ser oída antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y a solicitar la revisión de la desestimación o el archivo.

Los artículos 81 y 82 le permiten designar abogado de confianza o delegar el ejercicio de sus derechos en asociaciones registradas de protección de víctimas.

Todo ello se articula con la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y con la Ley 27.375, que le da intervención en la etapa de ejecución de la pena.

Es, en conjunto, un estatuto. Y es un estatuto que llega tarde, pero que llega completo.

IV. Lo que hace especial a la víctima de trata

Ahora bien: todo lo anterior vale para cualquier víctima. Mi planteo es que la víctima de trata y de explotación sexual es una víctima especial, y que si no la tratamos como tal, el estatuto general no le sirve.

Es especial por tres razones que se acumulan.

Primero: es una víctima-testigo. Su testimonio es, casi siempre, la prueba central del caso. Eso genera una tensión estructural: el sistema la necesita como prueba y al mismo tiempo le debe protección como víctima. Cuando esas dos cosas entraron en conflicto, históricamente ganó la primera.

Segundo: la vulnerabilidad es previa, concomitante y posterior. No empieza con el delito. La pobreza, la insuficiencia educativa, el desamparo social o familiar, el desarraigo producido por la migración desde el lugar de origen: todo eso estaba antes, es precisamente lo que el tratante identificó y aprovechó, y sigue estando después del rescate. Una víctima rescatada que vuelve exactamente a las condiciones que la hicieron captable no está protegida: está disponible para la próxima red.

Tercero: el delito tiene una naturaleza estructuralmente económica. Y esto es central para todo lo que sigue. La trata no es un delito de violencia con un lucro incidental: es un negocio. Los beneficios económicos exorbitantes que obtiene el tratante son el producto directo de someter a la víctima a condiciones de trabajo intolerables. El dinero es la explotación, traducida a moneda.

De esas tres notas se sigue una conclusión que la Cámara ha sostenido: en “Cruz Nina” señalamos que las víctimas de trata de personas se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y que, por ello, deben garantizárseles condiciones de acceso efectivo a la justicia.

Conviene subrayar la palabra: efectivo. No formal. Efectivo.

Y aquí una observación sobre el nuevo Código que tiene doble filo.

El CPPF es un sistema de audiencias orales, públicas y con inmediación. Eso constituye una enorme mejora: la víctima ya no queda sepultada en un expediente que tramita sin ella durante años; está presente, es escuchada, ve al juez y el juez la ve.

Pero la oralidad, mal administrada, también puede ser un instrumento de revictimización. Una víctima de explotación sexual obligada a relatar los hechos cinco veces, en cinco audiencias distintas, frente a su explotador, no está siendo mejor tratada por un sistema oral: está siendo peor tratada, y con público.

Por eso el uso riguroso del anticipo jurisdiccional de prueba, de las declaraciones en entorno protegido, de la videoconferencia y de las medidas de resguardo de identidad no es una concesión sentimental. Es la condición para que la oralidad sea compatible con la protección. Y es responsabilidad de los jueces administrarlo bien.

V. La acción civil ejercida dentro del proceso penal

Llego a lo que considero la herramienta más potente y más desaprovechada de todo el Código en esta materia.

Empiezo por el dato que anticipé al comienzo.

Daniela Sodoni, en una publicación efectuada en el marco de la PROTEX sañala que aproximadamente 1.500 víctimas de trata identificadas en causas de la justicia federal entre 2011 y 2017, una sola logró obtener una reparación económica constituyéndose como actora civil.

Una. De mil quinientas.

Ese número no es una estadística sobre la trata. Es una estadística sobre el sistema de justicia.

¿Por qué ocurrió? No porque las víctimas carecieran del derecho. El artículo 29 del Código Penal habilita desde hace un siglo a que la sentencia condenatoria ordene la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, y su inciso 1° la reposición al estado anterior a la comisión del delito.

Ocurrió por una razón puramente procesal. Para reclamar había que constituirse en actor civil, con patrocinio propio, demanda formal, reglas rituales y plazos preclusivos, o bien iniciar después un juicio civil por separado. Es decir: le pedimos a una persona que fue esclavizada, que muchas veces no tiene documentos, ni domicilio estable, ni recursos, ni red familiar, ni confianza alguna en el Estado, que contrate un abogado y promueva una demanda.

El resultado de pedirle eso está en el número.

El CPPF resuelve el problema, y lo resuelve de manera elegante. Obsérvese la arquitectura de los artículos 40 a 42.

El artículo 40 establece que la acción civil para la reparación o indemnización de los daños causados por el delito puede ser ejercida por el perjudicado o sus herederos.

El artículo 41 dispone que “la acción civil puede ser ejercida en el procedimiento penal, conforme a las reglas establecidas por este Código”.

Y el artículo 42 cierra el sistema: “para ejercer la acción resarcitoria emergente del delito, su titular deberá constituirse como querellante y ejercerla contra el imputado”.

Vale detenerse en lo que hace esa última norma, porque es más importante de lo que parece a primera vista. El Código elimina los requisitos formales que dificultaban el ejercicio de la acción civil. La víctima que se constituye en querellante —con un abogado de confianza, a través de una asociación registrada del artículo 82, o con el patrocinio de los organismos públicos especializados— está, por ese mismo acto, en condiciones de reclamar la reparación.

Un solo trámite. Un solo abogado. Un solo proceso. Y una sola vez que contar lo que le pasó.

Es, a mi juicio, lo mejor que el Código Procesal Penal Federal hace por las víctimas de este delito. Y va mucho más allá de una simplificación burocrática, por tres razones.

Primero, porque evita la revictimización. Ya lo señaló la doctrina especializada: obligar a la víctima a reiterar pasos procesales, o a constituirse por separado en querellante y en actor civil, es en sí mismo un mecanismo revictimizante. El Código lo elimina de raíz.

Segundo —y este es el punto que más me interesa— porque produce soluciones más rápidas. Cuando la reparación se discute dentro del proceso penal y en el mismo acto que la responsabilidad, entra en la negociación: pasa a ser parte de lo que se acuerda. Y en un sistema como el del CPPF, construido sobre acuerdos, conciliaciones y procedimientos abreviados, eso lo cambia todo. La reparación deja de ser un pleito posterior que la víctima probablemente nunca inicie y se convierte en una condición del acuerdo que el imputado quiere firmar hoy.

Una reparación acordada y homologada en una audiencia vale infinitamente más, para una persona concreta, que un derecho impecable a una indemnización que se litigará durante ocho años y probablemente nunca se cobre.

Tercero, porque hoy la reparación no es facultativa. La Ley 27.508, en su artículo 13, incorporó el artículo 28 a la Ley 26.364 estableciendo que, en los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria “deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito”.

Deberá. No podrá.

Tenemos entonces un deber legal expreso de ordenar la restitución y, en el CPPF, un mecanismo procesal simple para canalizarla. El próximo paso es que lo usemos.

VI. Sin investigación patrimonial no hay reparación

Corresponde formular aquí una advertencia, porque de poco sirve un buen mecanismo de reclamo si al momento de la sentencia no hay de dónde cobrar.

Podemos tener el mejor artículo 42 del mundo. Si al llegar a la condena el tratante no tiene un peso a su nombre —porque los inmuebles se vendieron, los vehículos se transfirieron y el dinero se movió—, la reparación es una declaración en una sentencia. Papel.

Lo que hace la diferencia es la investigación patrimonial paralela: junto con la investigación del hecho, y desde el primer día, una pesquisa dirigida a identificar y localizar los bienes. Es lo que exige la Recomendación 30 del GAFI, lo que la Procuración General instruyó a los fiscales por la Resolución PGN 134/2009 específicamente para los casos de trata^.

El instrumental normativo es amplio. El artículo 23 del Código Penal, que prevé expresamente el decomiso de la cosa mueble o inmueble donde se hubiera mantenido a la víctima privada de su libertad o sujeta a explotación, y que deja siempre a salvo los derechos de restitución e indemnización del damnificado. Los artículos 29, 30 y 32 en materia de restitución, indemnización y orden de preferencia. La extinción de dominio del DNU 62/2019, acción de carácter real, dirigida contra los bienes y no contra las personas. Y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de la Ley 27.508, reglamentado por el Decreto 844/2019, que se nutre precisamente de los decomisos y existe para los casos en que el condenado resulte insolvente o los activos hayan sido ocultados.

Y aquí el aporte específico del nuevo Código, que me parece poco advertido. En el sistema anterior las cautelares llegaban con el procesamiento —es decir, tarde—. En el CPPF hay un fiscal que investiga sin las ataduras formales de la instrucción y un juez de garantías disponible en cualquier momento, en una audiencia que se fija en horas. No hay ninguna razón estructural para que la medida cautelar sobre los bienes llegue en el mes ocho: puede pedirse la primera semana. La desformalización de la investigación y la disponibilidad permanente del juez de garantías son, para la reparación de las víctimas de trata, mucho más relevantes de lo que se ha señalado.

Queda pendiente una deuda que conviene explicitar: la Argentina todavía no cuenta con un organismo especializado en administración de activos incautados. Mientras no lo tengamos, los bienes se deterioran y deprecian durante el proceso, y lo que llega al final de la causa vale una fracción de lo que valía al principio. Esa pérdida no la sufre el Estado en abstracto: la sufre la víctima que iba a ser reparada con eso.

VII. Las nuevas formas de explotación

Vuelvo, para cerrar, al eje que da título al congreso, con tres desafíos que quedan abiertos.

La trata dejó hace tiempo de ser un fenómeno definido por el traslado físico y por el local con una puerta que se puede allanar. Las modalidades actuales de captación y explotación son digitales, transnacionales, y muchas veces no requieren siquiera que la víctima se mueva de su casa.

El primer desafío es probatorio. La evidencia de estas modalidades es digital, volátil, y está alojada en servidores de otras jurisdicciones. Se pierde en días. Un sistema que tarda semanas en ordenar una medida de preservación llega tarde por definición. La celeridad, aquí, no es una virtud administrativa: es la diferencia entre tener prueba y no tenerla.

El segundo es patrimonial. Cuando el producido de la explotación se cobra por plataformas, pasarelas de pago o criptoactivos, todo el andamiaje de investigación patrimonial descripto en el acápite anterior —pensado para inmuebles, vehículos y cuentas bancarias— requiere capacidades técnicas que la mayoría de nuestras fiscalías y juzgados no tienen incorporadas. Si no lo resolvemos, el derecho a la reparación quedará limitado a las formas antiguas del delito.

El tercero es conceptual, y el más delicado. En muchas de estas modalidades no hay encierro físico, hay lo que aparenta ser un consentimiento, y hay una víctima que en un primer momento no se percibe a sí misma como tal. Nuestra ley ya resolvió el punto —el consentimiento de la víctima de trata no constituye causal de eximición de responsabilidad—, pero traducirlo al análisis concreto de una explotación digital exige comprender mecanismos de coerción que no dejan marcas.

Ninguno de los tres se resuelve con una reforma legal. Se resuelven con capacitación, equipos especializados y cooperación internacional.

VIII. Cierre

Para terminar quiero ir a algo que me gusta. Las estadísticas.

Nosotros medimos la eficacia de la persecución de la trata en condenas. Y las condenas importan, claro que importan. Pero una condena que deja a la víctima exactamente en el mismo lugar de vulnerabilidad en el que estaba antes de ser captada es una respuesta incompleta. Debemos medir la reparación efectiva.

La reparación económica no es un accesorio patrimonial del proceso penal. Para una víctima de explotación es, muchas veces, la única herramienta concreta que le permite no volver. Es lo que le permite reconstruir una vida, sostener a su familia y no quedar disponible para la red siguiente.

Y por eso el tiempo importa tanto acá. El artículo 114 del Código establece que los plazos son perentorios, y lo son para todo, también para los jueces y para los fiscales. De eso se trata la igualdad ante la ley consagrada desde 1853 en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Yo insisto siempre con esto porque la justicia lenta no es justicia. Pero en esta materia la afirmación deja de ser una consigna: para una persona que fue explotada y que hoy no tiene con qué vivir, una reparación que llega en ocho años no es una reparación tardía. Es una reparación que no existe.

El Código Procesal Penal Federal nos da, por primera vez, las tres cosas que hacían falta al mismo tiempo. Consagra legislativamente el rol central de la victima como parte del proceso, prevé un mecanismo simple para que reclame la reparación e instaura un sistema de enjuiciamiento lo bastante ágil como para asegurar los bienes antes de que desaparezcan.

Las herramientas están. Ahora hay que usarlas. Y para eso hace falta capacitación, especialización y decisión.

Cuenten con la Cámara Federal de Casación Penal para eso.

Cada 8 de septiembre Argentina conmemora el Día del Agricultor y el Productor Agropecuario en homenaje a la fundación de Esperanza en 1856, la primera colonia agrícola organizada del país, ubicada en Santa Fe. Aquel hito coincidió con el inicio del modelo agroexportador, que ubicó a la Argentina en el mapa alimentario global e hizo del campo uno de los principales motores económicos del país.

Sin embargo, décadas de políticas inestables, regulaciones restrictivas, sumado a modelos productivos centrados exclusivamente en la extracción de recursos limitaron ampliamente su potencial. En muchos casos, esta lógica tuvo también consecuencias sobre los suelos y su biodiversidad, que hoy enfrentan desafíos crecientes vinculados a la degradación y la pérdida de fertilidad.

Actualmente, el campo argentino está volviendo a ocupar el lugar que merece en la economía. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la economía cerró el 2025 con una expansión del 4,4% anual, impulsada en gran medida por la recuperación del sector agropecuario. Ese protagonismo también se refleja en el comercio exterior: durante 2025, Argentina exportó cerca de USD 87.076 millones, de los cuales USD 52.900 millones corresponden al complejo agroindustrial, equivalente al 61 % de las exportaciones totales.

Según la FAO, alrededor del 95% de los alimentos que consumimos se producen directa o indirectamente en los suelos

Pero para sostener esta relevancia y asegurar la seguridad alimentaria debemos cuidar el recurso más importante que tenemos: el suelo. Según la FAO, alrededor del 95% de los alimentos que consumimos se producen directa o indirectamente en los suelos, que además albergan más del 25 % de la biodiversidad del planeta.

En ese camino, la agricultura regenerativa propone un cambio sistémico: recuperar la salud biológica de los suelos, incrementar la materia orgánica y promover la biodiversidad, garantizando la viabilidad económica en el largo plazo.

Acá es donde la biotecnología actúa como una herramienta clave. Un estudio de Pampas Group y Somera revela que 1 de cada 2 campos en Argentina ya aplica insumos biológicos, cubriendo más de 18 millones de hectáreas. El crecimiento sostenido de bioestimulantes, biofertilizantes y biocontroladores refleja cómo el productor busca optimizar la interacción suelo-planta y reducir la huella química, potenciando los procesos biológicos naturales sin descuidar la eficiencia productiva.

Uno de cada dos campos en Argentina ya aplica insumos biológicos, cubriendo más de 18 millones de hectáreas

Asimismo, Argentina posee un ecosistema científico e industrial de vanguardia: el primer Censo Argentino de Empresas Bio y Nano identificó más de 340 empresas biotecnológicas, posicionando al país dentro del top 10 mundial del sector. Programas como Camino AR, la infraestructura digital de Aapresid para el autodiagnóstico, seguimiento y certificación de prácticas productivas regenerativas, o iniciativas de trazabilidad de carbono muestran que la ciencia aplicada al suelo está lista para escalar.

Por supuesto, aprovechar esta oportunidad requiere una mirada estratégica. Trabajamos en el desarrollo de soluciones biotecnológicas integrales y, tras 10 años en el sector, aprendimos que la investigación y el desarrollo deben tener como objetivo transformar la tecnología en soluciones concretas y rentables para el productor.

Para lograrlo, es necesario adoptar una mirada más amplia, que trascienda el laboratorio y permita detectar las necesidades reales del campo, trabajando junto a productores, asesores y referentes.

La transformación del agro ya empezó. La pregunta ahora no es si va a ocurrir, sino qué países van a liderarla. Argentina tiene los recursos naturales, el talento científico y la experiencia productiva para hacerlo. Si logra consolidar un ecosistema que articule ciencia, empresa y producción, el país no solo podrá producir más alimentos: también podrá exportar tecnología, conocimiento e innovación al mundo.

El autor es socio y director de Operaciones de Biofilm

Los fríos hombros de la IA

Cada vez son más los usuarios que consultan a las IA terapéuticas, cuando aparecen las preocupaciones que aprietan por demás el corazón. Las ofertas para resolver, desde problemas domésticos hasta el mal de amores, las tenemos al alcance de la yema del dedo en nuestro celular. Estos sistemas conversacionales automatizados, están diseñados para proporcionar apoyo y orientación emocional, mediante intervenciones con un lenguaje natural, respondiendo sin demoras, a toda hora y en cualquier lugar. Un “otro” que aparece con indicaciones generales, esquivando el encuentro con la diferencia, que ofrece respuestas permanentes, sin cansancio, sin incomodar, sin dislikes y por supuesto, ¡pareciendo no fallar! Es así, como la IA emocional, acude velozmente en nuestra ayuda con su disfraz de alivio. Pero ¿qué nos pasa con las angustias de nuestros hijos? ¿las depositamos sobre los hombros de un algoritmo?

Soporte artificial del sufrimiento

Los efectos de las consultas a la IA por las angustias de los niños, los vemos los terapeutas en el consultorio, ya que están acarreando dificultades en el desarrollo en edades cada vez más tempranas. Sabemos que, a menor edad, mayor es el riesgo de una desnutrición emocional, porque la constitución y el desarrollo de un niño, se pone en juego en la cancha de la primera infancia. ¿Por qué llora tanto, si lo tengo en brazos? ¿Cuándo va a jugar solito o con otros? ¿Por qué pega y muerde si es tan chiquito? En los últimos años se han multiplicado las familias que llegan al consultorio, después de haber hecho un recorrido previo de consultas con la IA, con indicaciones, diagnósticos bajo el brazo y prósperos tratamientos. Este derrotero algorítmico, no es sin efectos, ya que genera un alto costo psíquico sobre la familia y por ende sobre su hijo, aumentando el malestar y el quantum de sufrimiento. El soporte artificial de la IA los deja en soledad, sin una mirada amorosa que acompaña y sostiene. Al dilatarse el pedido en la consulta terapéutica con un profesional, sobre todo en edades tempranas, pueden aparecer riesgos psíquicos, ya que, el sufrimiento emocional va en aumento. Vemos niños con un mayor déficit en su juego espontaneo, con repliegues en su desarrollo, dificultades en la comunicación, en las adquisiciones cognitivas y en la constitución del lenguaje. ¿Con quienes nos encontramos? Nos encontramos con padres emocionalmente agotados y con sus hijos con síntomas incrementados y acentuados, que no solo se manifiestan en seno del hogar, sino también, con un malestar extendido hacia otros ámbitos como el del colegio, el club y las casas de amigos. Las respuestas de la IA frente a las preguntas de los padres indicando lo que deben hacer con sus hijos, no produce alivio al sufrimiento. Lo que sucede es un “como si” artificial de sostén que obtura la angustia y la incrementa. Este canto de sirenas IA, produce una ilusión de sostén y de escucha, para arrastrarnos sin aviso, hacia el choque de las rocas del dolor emocional y la soledad.

Algoritmo ¿algo o alguien?

El algoritmo con “prosodia humana” que sale del celular, carece de valor afectivo. La IA no puede sustituir un espacio terapéutico, no tiene conciencia de sí, ni vida inconsciente, desconoce lo que es la incertidumbre como angustia ante el tiempo, no puede soñar, no conoce el lapsus, ni la fragilidad de la persona humana. No es capaz de pensarse y principalmente es incapaz de amar. ¿Teme a lo desconocido o se angustia con el sufrimiento? Por supuesto que no, porque solo es un sistema tecnológico que combina algoritmos, álgebras y grandes cantidades de datos para imitar el razonamiento humano. Al registrar nuestros gustos, nos endulza con suaves soluciones, sin transpirar la camiseta con nosotros y sin acompañarnos amorosamente para trabajar con las costuras de nuestra propia historia. La escucha activa por la angustia de un hijo, no puede ser un simulacro de empatía y contención. Es por eso que la mirada terapéutica requiere de la presencia ineludible de un otro real que sostiene, para construir juntos el camino propio de acompañamiento.

La clínica es soberana

La práctica clínica implica un proceso, un recorrido, un trayecto de compañía y contención. La clínica es “la práctica y el arte de inclinarse al pie de la cama del paciente” ¿Esto que implica? El orden de lo humano debe estar presente, para contener y abordar los problemas de ese niño y su familia. Es en la escucha activa, donde “el alma y el corazón del otro se tocan con las yemas de los dedos”

Donald Winnicott, aquel pediatra especialista en el desarrollo infantil, sostenía que el niño no existe de forma aislada porque depende absolutamente de su ambiente facilitador, de sus figuras de cuidado. Es por eso que, consideraba fundamental consultar a un terapeuta por las angustias de los hijos porque su sufrimiento no puede entenderse de forma separada, sino como un síntoma de fallas o tensiones en su entorno familiar y afectivo. La clínica con niños pequeños busca ofrecer un ambiente facilitador y seguro que permita al niño continuar su proceso de maduración, construyendo desde el juego como operador clínico por excelencia en la infancia, desde un trabajo interdisciplinario necesario para esa familia y ese niño en particular.

¿Quién cuida al que cuida?

Sobre estas escenas de todos los días, hay un otro, un entorno, un clima familiar, que están implicados, que son ineludibles y que no da igual, no da lo mismo, cómo está o cómo se siente la mamá o el papá, o aquel que cuida, en el momento donde están arrullando a su hijo, dándole de comer o haciéndole upa a su llanto. Es por eso que tiene una enorme importancia la energía psíquica del cuidador, que, por cierto, no es inagotable. Aquí se hace necesaria la presencia, los relevos y el sostén del gran equipo familiar o de esos otros que sostienen al que sostiene, de un espacio terapéutico para acompañar, alojar y por, sobre todo, para abrir la puerta para ir a jugar.

Comprar nunca había sido tan sencillo. Por internet, en pocos minutos, un consumidor puede elegir un producto desde una aplicación, adquirirlo a través de un marketplace, realizar el pago y recibirlo días después en su domicilio. Sin embargo, detrás de una operación aparentemente simple intervienen distintos actores: la plataforma digital, el proveedor que ofrece el producto, la pasarela de pagos y el operador encargado de almacenarlo, transportarlo y entregarlo.

Esta realidad plantea una pregunta que adquiere especial relevancia: cuando algo sale mal, ¿quién debe responder?

La pregunta viene a la mente a partir de la Ley No. 32495, que modificó los artículos 150 y 151 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico en la obligación de contar con un Libro de Reclamaciones. El proyecto de modificación de su Reglamento busca desarrollar cómo esta obligación deberá funcionar en páginas web, aplicaciones y plataformas digitales o “marketplaces”.

Pero el Libro de Reclamaciones es solo el punto de partida. El verdadero reto está en determinar quién debe gestionar y responder frente al consumidor cuando participan varios actores en una misma operación.

¿Quién responde en un marketplace ?

No todos los marketplaces desempeñan el mismo papel. En algunos casos, la plataforma se limita a conectar al consumidor con el vendedor. En otros, participa en el pago, la entrega, las devoluciones, la atención de reclamos o incluso en la presentación de las condiciones de contratación.

Esta diferencia resulta relevante para determinar el alcance de sus obligaciones frente al consumidor. La discusión doctrinal ya ha planteado que el grado de involucramiento de la plataforma en la operación puede ser determinante para establecer su eventual responsabilidad.

Por ello, la pregunta no debería ser únicamente quién vendió el producto, sino también qué papel desempeñó cada actor en la relación de consumo.

Un aspecto de suma importancia a tener en cuenta, es que, independientemente cuál sea la modalidad o el esquema operativo, este debería estar claramente informado y comunicado de cara a los consumidores.

¿Qué ocurre si el marketplace o el vendedor no tienen presencia en Perú?

El comercio electrónico también permite que consumidores peruanos contraten con proveedores ubicados en otros países. El Código de Protección y Defensa del consumidor reconoce esta realidad y establece obligaciones específicas para proveedores no domiciliados que ofrecen bienes o servicios mediante plataformas digitales dirigidas al mercado peruano. La realidad, sin embargo, parte del “enforcement” de estas normas, es decir, para poder hacerlas cumplir adecuadamente, se requiere que las empresas tengan algún vínculo real en el país, como domicilio fiscal, representante, etc.

Esto plantea un desafío adicional: ¿cómo puede el consumidor ejercer efectivamente sus derechos cuando su contraparte no tiene presencia local?

La existencia de un canal para formular reclamos constituye un primer paso, pero no necesariamente resuelve los problemas de cumplimiento, restitución o ejecución de una eventual decisión.

¿Y qué responsabilidad tiene el operador logístico?

La situación resulta aún más interesante cuando el incumplimiento se relaciona con la entrega, es decir, el producto se pierde, llega dañado o nunca es recibido.

¿Debe el consumidor reclamar únicamente al vendedor? ¿Puede también dirigirse contra el operador logístico? Será necesario analizar qué obligación asumió cada actor frente al consumidor, cuál fue su intervención efectiva en la operación y qué expectativas generó frente a este.

El solo hecho de ejecutar materialmente una prestación no permite afirmar, necesariamente, que el operador logístico sea responsable frente al consumidor. Pero si lo que se busca es asegurar al menos menos una manera de arraigo y, con ella, una posible vía de reclamo a los consumidores, no debería descartarse su relevancia económica, pues la solución al problema probablemente pasa por allí, de la misma forma que ocurre con algunos tipos de regulación, como la de seguros, que obliga al último eslabón de la cadena, o la tributaria con los “agentes de retención”.

El verdadero reto de la nueva regulación

Desde esta perspectiva, la modificación del Reglamento del Libro de Reclamaciones puede terminar siendo un “saludo a la bandera” igual que el resto de la legislación de protección al consumidor, para todas las empresas que no tienen presencia local. Una nueva obligación que no se cumple sin que Indecopi u otra autoridad pueda hacer algo al respecto.

El verdadero desafío legislativo consiste en garantizar que, en un ecosistema digital cada vez más complejo, el consumidor pueda identificar contra quién reclamar, acceder fácilmente a mecanismos de atención y obtener una respuesta efectiva. Ello, a su vez debe redundar en la proliferación de mejores proveedores, mas y mejor competencia y una mejor calidad de la oferta agregada.

El Libro de Reclamaciones es, así, la puerta de entrada a una discusión mucho más amplia de cómo distribuir las responsabilidades de protección al consumidor cuando comprar ya no implica relacionarse con una sola empresa, sino con toda una cadena de actores digitales y físicos.

El papa León XIV encabezará durante su visita a Buenos Aires un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana, el templo que durante 15 años tuvo a Jorge Mario Bergoglio como arzobispo y desde el que comenzó buena parte del camino pastoral que, en marzo de 2013, terminaría llevándolo al Vaticano como el pontífice 266 de la historia, el primero sudamericano.

Según pudo saber Infobae de fuentes vaticanas y eclesiásticas, el homenaje se realizará el lunes 9 de noviembre por la tarde, durante la visita que León XIV hará a la Catedral junto a los obispos argentinos. Allí, el Pontífice encabezará la celebración de las vísperas y un momento de oración, al que seguirá un recuerdo de su antecesor, fallecido en Roma el 21 de abril de 2025. Después de la ceremonia, León XIV compartirá una cena con los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

El escenario tendrá una carga simbólica difícil de igualar dentro del viaje. Antes de convertirse en Francisco, Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013 y durante esos años la Catedral Metropolitana fue su sede episcopal. Desde allí presidió celebraciones, Te Deum y encuentros de la Iglesia porteña, aunque buena parte de su ministerio se desarrolló también fuera del templo, en villas, hospitales, cárceles y barrios populares. Para León XIV, detenerse allí a recordar a Francisco supondrá rendirle homenaje precisamente en la ciudad y en la Iglesia local de la que surgió el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia.

La Catedral ya se convirtió en uno de los principales lugares de memoria de Francisco tras su muerte. El 21 de abril de 2025 se celebró allí una misa por su fallecimiento y, cinco días después, mientras en Roma se realizaban sus exequias, miles de personas participaron frente al templo de una misa funeral encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, junto con obispos y sacerdotes de distintas diócesis. Un año más tarde, la Plaza de Mayo volvió a ser escenario de actos masivos para recordar a Bergoglio y su legado, mientras la Conferencia Episcopal organizó en Luján el homenaje institucional por el primer aniversario de su muerte.

La presencia de León XIV añadirá ahora una dimensión distinta a ese recuerdo: ya no será solamente la Iglesia argentina homenajeando a su Papa, sino el sucesor de Francisco recordándolo en la que fue su propia catedral. Argentina es, además, la tierra natal de Bergoglio y el segundo país de la gira sudamericana que llevará a León XIV también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita a la Catedral será el cierre de una jornada particularmente intensa. Como adelantó Infobae este lunes al revelar el itinerario tentativo de la visita sobre el que ya trabaja el Vaticano, León XIV comenzará el día en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en la zona del Monumento de los Españoles, después de un recorrido en papamóvil. La agenda, revisada por la última comitiva de avanzada que estuvo en el país la semana pasada, está ya en manos de la secretaría de Estado vaticana para su aprobación final antes de que se haga pública, posiblemente en torno al 18 de este mes.

Más tarde, el Pontífice se trasladará al campus papa Francisco de la Universidad Católica Argentina, donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo, entre ellos empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y trabajadores. Desde allí irá al Palacio San Martín para participar de un encuentro ecuménico e interreligioso y finalmente llegará a la Catedral Metropolitana para las vísperas, la oración y el homenaje a Francisco.

El recuerdo de Bergoglio aparece así incorporado a una agenda que buscará combinar el perfil institucional de una visita de Estado con una fuerte dimensión pastoral. El domingo 8, apenas llegue desde Uruguay, León XIV colocará una ofrenda floral ante el monumento a San Martín, se reunirá con Javier Milei en la Casa Rosada y luego hablará ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y se encontrará con religiosos, sacerdotes, consagrados y seminaristas antes de regresar a Buenos Aires para encabezar por la noche una vigilia con jóvenes, un acto pedido especialmente por el Papa, según reconstruyó Infobae de fuentes vaticanas. Y el miércoles 11, último día de la etapa argentina, visitará el complejo penitenciario de Devoto y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa ante la Virgen patrona de la Argentina antes de partir rumbo a Perú.

En ese recorrido, el homenaje en la Catedral permitirá también establecer un puente entre dos pontificados. León XIV ha evitado desde su elección presentarse como una simple continuidad personal de Francisco, pero ha recogido varios de los grandes ejes que marcaron el pontificado de Bergoglio: la preocupación por los pobres y excluidos, el diálogo entre religiones, la búsqueda de una Iglesia cercana y la insistencia en la paz. Que una de las actividades centrales de su paso por Buenos Aires esté dedicada a recordar a Francisco servirá además para subrayar la continuidad institucional entre ambos pontificados en la tierra natal de su antecesor.

Llega mañana un influyente cardenal

Otra pista sobre el perfil de la visita llegará incluso antes. Invitado por la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 9 arribará al país el cardenal indio George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y durante años uno de los principales responsables de la organización de los viajes papales. Koovakad tendrá entre sus tareas la preproducción del encuentro interreligioso que, según la agenda tentativa de León XIV, el Pontífice encabezará durante su estadía porteña en el Palacio San Martín.

El cardenal, que se reunirá con el jefe de Gobierno Jorge Macri y con el secretario de Culto de la Nación Agustín Caulo, tendrá además otras actividades en Buenos Aires, entre ellas una visita prevista a la Universidad Católica Argentina. Su llegada más de un mes antes que León XIV es una señal del peso que tendrá el diálogo con otras confesiones dentro del programa. Koovakad dirige actualmente el organismo encargado de las relaciones de la Santa Sede con las religiones no cristianas y desde 2021 tuvo un papel central en la preparación de los viajes internacionales de Francisco.

León XIV, en aviones de Aerolíneas Argentinas

Con la agenda del Papa ya definida, como adelantó Infobae, todavía resta cerrar otro elemento clave de la logística: qué aviones trasladarán al Pontífice durante el tramo sudamericano de la gira. Por el momento, la hipótesis más probable es que un avión de Aerolíneas Argentinas viaje el domingo hasta Montevideo para buscar a León XIV y trasladarlo hasta el Aeroparque Jorge Newbery, donde comenzaría formalmente la etapa argentina de la visita. La compañía de bandera aparece también como la principal candidata para llevar posteriormente al Pontífice desde Buenos Aires hacia Perú, siguiente escala de la gira, aunque el operativo todavía debe ser confirmado de manera definitiva.

A partir del 5 de septiembre debía entrar en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen procesal penal para adolescentes de entre 14 y 18 años y, de a poco, comienzan los debates, las especulaciones y las opiniones divididas. Incluso un fallo en la provincia de Buenos Aires dejó la norma en suspenso.Lo cierto es que la reforma no solo bajó la edad, sino que creó un sistema penal juvenil con nuevas penas, mecanismos de seguimiento y modalidades de control que antes no estaban contemplados de este modo.

¿Cuál es el cambio más importante?

Como dato fundamental, a partir de este sábado un adolescente puede ser penalmente responsable desde los 14 años. Hasta ahora, por debajo de los 16 años no podía recibir una condena penal. Pero hay una cuestión central: no estamos hablando de aplicarles a los adolescentes el mismo sistema que a los adultos. La nueva ley crea un régimen especial, con otras dinámicas, otras penas y con la obligación de priorizar medidas educativas, de seguimiento y de reinserción. Y creo que ese punto es fundamental para entender la reforma.

Que un adolescente pueda ser responsabilizado penalmente no significa que deba ser tratado como un adulto. Estamos hablando de una persona que todavía se encuentra en proceso de formación y que, por esa razón, necesita una respuesta diferenciada del Estado. Ese criterio no es solamente una elección de política criminal. Tiene como marco la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que cualquier intervención penal respecto de menores respete su edad, su desarrollo y su condición particular. La responsabilidad puede existir. Pero tiene que existir dentro de un sistema especial. También por eso la privación de la libertad debería ser la última medida posible, reservada para aquellos casos en los que realmente resulte necesaria, y las sanciones deben mantener una lógica distinta y menos gravosa que la prevista para una persona adulta. Al mismo tiempo, ingresar a un régimen penal juvenil no significa perder garantías. Un adolescente sometido a proceso tiene que contar con derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia, posibilidad de controlar la prueba y una decisión judicial fundada, del mismo modo que cualquier persona sometida a un proceso penal. La diferencia es que esas garantías deben aplicarse dentro de un sistema pensado específicamente para menores.

Una medida que debía modificarse

Era un cambio necesario. Contábamos con un régimen de 1980 que ya no respondía adecuadamente a la realidad actual. Pero sería un error pensar que bajar la edad de imputabilidad, por sí solo, va a resolver el problema de la delincuencia juvenil. La responsabilidad tiene que existir, pero acompañada de un Estado capaz de intervenir sobre ese adolescente. Si solamente bajamos la edad y no construimos un verdadero sistema juvenil, estamos modificando una ley sin solucionar el problema.

Hasta hoy, un chico menor de 16 años es no punible: puede existir una intervención estatal y judicial, pero no puede ser condenado penalmente. Desde ahora, un adolescente de 14 o 15 años que cometa un delito podrá ser investigado, sometido a proceso y eventualmente condenado. Ese es un cambio enorme. Pero la respuesta deberá ser proporcional, especializada y distinta de la que recibe un adulto. El desafío está justamente ahí: evitar los dos extremos.

No parece razonable que frente a determinados delitos graves cometidos por adolescentes el Estado no pueda dar una respuesta. Pero tampoco sería razonable creer que la solución consiste simplemente en incorporar a esos chicos al sistema penal de adultos. La responsabilidad penal juvenil tiene que ser una herramienta más dentro de una política mucho más amplia.

Sancionar, reinsertar y prevenir la reincidencia

En la práctica, los tres puntos deberían funcionar juntos. Un adolescente tiene que comprender que cometer un delito genera una consecuencia. Pero esa consecuencia no puede agotarse en el castigo. A los 14 o 15 años todavía existe una enorme posibilidad de modificar una trayectoria de vida. La mejor política criminal es aquella que logra que ese chico no vuelva a delinquir. Si sale del sistema igual o peor de como entró, el sistema fracasó. Por eso la sanción debería convivir con medidas educativas, tratamiento, acompañamiento, seguimiento y herramientas concretas de reinserción. Y el encierro debería quedar reservado para aquellos casos en los que no exista una alternativa adecuada.

El gran desafío empieza ahora. La ley puede decir muchas cosas, pero hacen falta jueces, fiscales y defensores especializados, equipos interdisciplinarios, lugares adecuados y programas reales de seguimiento y reinserción. Además, cada provincia va a tener que articular sus procedimientos con esta nueva ley. Si incorporamos miles de adolescentes al sistema penal pero no incorporamos recursos, el riesgo es generar más expedientes y más encierro sin conseguir mejores resultados.

El debate no debería reducirse a si un chico de 14 años “va preso o no va preso”. La discusión de fondo es qué hace el Estado cuando un adolescente comete un delito. Tiene que haber responsabilidad, protección de la víctima y una consecuencia concreta, pero también una oportunidad real de reinserción.

Ese equilibrio es el que debería guiar la implementación del nuevo régimen: responsabilizar sin equiparar a un adolescente con un adulto, garantizar plenamente sus derechos y utilizar la privación de la libertad solamente cuando sea realmente necesaria. La Convención sobre los Derechos del Niño debería ser, en ese sentido, el marco que ordene toda la aplicación del sistema.

En ocasión del saludo por los 250 años de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, el papa León XIV realizó un señalamiento que pasó bastante desapercibido: “Entre los principios más preciados se encuentra la libertad religiosa: el derecho de toda persona a rendir culto según su conciencia y a practicar su fe abiertamente, sin coacción ni temor. […]. Esta misma libertad ha permitido que la Iglesia Católica eche raíces y prospere en los Estados Unidos, en beneficio no solo de sus propios miembros, sino de toda la nación”.

El actual pontífice había señalado ya el año pasado que la libertad religiosa “es una piedra angular de toda sociedad justa, ya que salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede formarse y ejercitarse”.

El aporte norteamericano: un giro copernicano

Estas palabras enunciadas por el Papa y dirigidas a su propio país pueden parecernos normales hoy, pero hasta hace poco más de medio siglo eran casi impensables. El cambio se debió mayormente al aporte de otro sacerdote, tan norteamericano como Robert Prevost: el jesuita John Courtney Murray (1904-1967). Los Estados Unidos se construyeron como país sobre la base de la libertad religiosa que sembraron los padres peregrinos en el nacimiento de la nación.

El Concilio Vaticano II (1962-1965) constituyó el acontecimiento más importante de la Iglesia católica en el siglo veinte. Fue una nueva visión de la Iglesia sobre sí misma y una nueva visión de la Iglesia en su relación con la sociedad. Se trataba de un cambio de enfoque en la pastoral donde la declaración sobre la libertad religiosa ocupó un lugar central a nivel internacional.

Esta perspectiva ponía de relieve una distinción entre los planos teológico y jurídico. La enseñanza teológica de la Iglesia se mantenía incólume en cuanto al deber moral de toda persona de buscar la verdad en materia religiosa y adherirse a ella, pero con la novedad de un cambio de eje por el cual ahora el enfoque, sin desmedro de la doctrina tradicional, se trasladaba al escenario jurídico con el centro en la persona y sus derechos.

En esta nueva actitud, el Concilio enunciaba el derecho fundamental de la persona humana a la inmunidad de coacción en materia religiosa y su sanción fue promovida por los obispos norteamericanos. Este fue su gran aporte al mensaje universal de la Iglesia católica, que a su vez remite al teólogo jesuita John Courtney Murray.

Fue él quien después de haber sufrido serios cuestionamientos a su presunta heterodoxia, sería finalmente invitado a participar en la asamblea como perito, integrándose en la respectiva comisión conciliar en la que desempeñó un papel fundamental. Pasado el tiempo, otro hijo del gran país del norte vendrá a traernos como peregrino de la paz la esperanza de la anhelada convivencia que tanto necesitamos.

Un patrimonio espiritual argentino

La libertad religiosa no es ajena a nuestra historia. La propia Constitución Nacional estableció, más de cien años antes del Concilio Vaticano II, un diseño jurídico que armonizó virtuosamente el sostenimiento del culto católico del artículo 2, la libertad de cultos del artículo 14 y la libertad de conciencia del artículo 19.

Aunque siempre existieron tensiones entre el catolicismo como culto preferente y el liberalismo secularizado, lo cierto es que nuestra propia constitución hizo de la libertad religiosa un principio fundamental de la organización política y social de la nación.

Estas cláusulas constitucionales siguen vigentes hoy y son la base normativa que sustenta la cultura del encuentro que el papa Francisco nos legó, basada en el respeto y la convivencia pacífica entre ciudadanos pertenecientes a diferentes credos. Este es un tesoro que no siempre recordamos poseer y que debemos cuidar.

Que nuestro orden constitucional favorezca la libertad de cultos y que propiciemos la existencia de leyes y jurisprudencia que protejan a las expresiones religiosas en la esfera pública, es un requisito necesario, pero no suficiente para lograr un ethos cultural que haga posible una pacífica convivencia social.

Hace falta cuidar y robustecer los espacios de encuentro de los diferentes cultos entre sí, y de éstos con los no creyentes. Ese encuentro necesita de un marco normativo que lo facilite, pero se realiza efectivamente a partir del compromiso de personas y grupos concretos.

El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa hace muchos años que ha construido un ámbito plural en el que se han acuñado ideas y proyectos que constituyen un rico patrimonio que no se debe desaprovechar. Ellos señalan un camino hacia una nueva estructura jurídica representativa de una necesaria y verdadera modernización de esta dimensión fundamental de la sociabilidad humana.

Pronto a recibirlo en nuestras tierras, merece la pena escuchar una palabra que recoge la de sus antecesores y dejarnos inspirar por el pensamiento de León XIV, para quien la libertad religiosa “no es meramente un derecho legal o un privilegio otorgado por los gobiernos”, sino “una condición fundamental que hace posible la auténtica reconciliación”.

Si nuestra nación necesita reunir las energías de sus hijos para emerger hacia mejores destinos, la libertad religiosa constituye uno de los núcleos esenciales que aún hoy permanece ausente en numerosos países, pero que en la Argentina ha constituido las políticas de Estado en esta materia y dicha realidad representa un timbre de honor para los argentinos en un mundo que clama por una nueva convivencia global.

Guillermo E. Jensen es docente e investigador de la Universidad del Salvador

Roberto Bosca es profesor emérito de la Universidad Austral

En las últimas semanas el Gobierno formuló una serie de anuncios sobre préstamos:

• El que permite a empresas que tienen flujos de ingresos en pesos tomar deudas en dólares.
• La utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar préstamos hipotecarios.
• Créditos para comprar autos con préstamos del Banco Nación a una tasa del 19% más UVA.

Como dijo en su momento el ministro Luis Caputo, están tratando de reactivar la economía. Pero, tomar créditos a una tasa de 19% más UVA es casi comprar la entrada al grupo de morosos.

El argumento oficial y el rol del mercado

Federico Sturzenegger argumentó en una publicación en X: “Siempre decimos con el presidente Milei que un precio alto en un mercado competitivo es exactamente el tipo de cosas que están bien, porque identifican un negocio potencial e insatisfecho, por lo que es la señal, si fuera exitoso, para que entren otros jugadores”.

Tomar créditos a una tasa de 19% más UVA es casi comprar la entrada al grupo de morosos.

Me parece un razonamiento incompleto. Si por cada bien y servicio que hay en el mercado el Estado o una empresa del Estado va a probar cuál es el precio, no estamos hablando de una economía liberal: estamos hablando de una economía intervencionista.

Basta con leer el artículo de Friedrich von Hayek, El mercado como proceso de descubrimiento, en su libro Nuevos ensayos, para entender que no hace falta que el Estado esté orientando los precios o dé señales de cuál es el precio tope.

Es función del mercado descubrir dónde hay una demanda insatisfecha y a qué precio está dispuesto a pagar el consumidor.

Es cierto que, en el proceso de mercado, el empresario que primero llega tiene una ganancia extraordinaria, entendiendo como tal la que es superior al promedio del mercado.

Si a ese precio y calidad hay demanda, aparecen nuevos oferentes y el precio tiende a bajar al aumentar la oferta. Justamente la competencia genera ese beneficio para el consumidor: mejorar la calidad y bajar el precio, al tiempo que desaparece la ganancia extraordinaria por la mayor oferta.

El sistema financiero argentino

Ahora bien, no es necesario que el Estado salga a cumplir la función que le corresponde al empresario que primero llega al mercado. Para eso está la capacidad de innovación de la gente y la función del Estado es liberar a la gente de las trabas que le impiden desarrollar su capacidad de innovación.

No es necesario que el Estado salga a cumplir la función que le corresponde al empresario que primero llega al mercado

El empresario privado arriesga su capital en la búsqueda de una necesidad insatisfecha; en cambio, el Banco Nación tiene mayoría estatal y arriesga recursos de los contribuyentes.

Es más, basta con ver cómo se compone su directorio para advertir que ahí va a parar gente de LLA sin conocimientos del mercado financiero.

No hace falta que dé los nombres que todos conocen. Es el conchabo en el Estado de los que se van de un puesto y les dan otro. Banco Nación, YPF y otras reparticiones públicas.

El problema que veo es que el sistema financiero argentino es mínimo y, encima, el Estado absorbe buena parte de la escasa oferta de ahorro con encajes altos, el Tesoro colocando bonos en el sistema financiero y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volviendo a hacer pases pasivos con el nombre de “otros”.

Tenemos un mercado financiero mínimo y, encima, el Estado desplaza al sector privado.

Dudo que haya mucho ahorro en el mercado financiero. Los depósitos, incluso los que están a plazo fijo, son mayormente capital de trabajo. Dinero que se deposita para hacer los pagos a lo largo del mes. Y hay depósitos a plazo fijo que también son capital de trabajo: empresas que postergan pagos a sus proveedores y ganan tasa durante un mes o dos.

Como puede verse en el gráfico uno, el encaje promedio se ubicó en el 30% en julio pasado y tuvo una tendencia alcista en 2024 y 2025. En particular, en 2025, para frenar la corrida cambiaria, el encaje promedio llegó al 32,8% en octubre de 2025.

El problema estructural y la salida

Esto limita la capacidad prestable del sistema financiero, amplía el spread entre la tasa activa y la pasiva y la fuerte suba de la tasa en 2025 fue una de las causas de la actual mora crediticia de las familias.

Pero el problema de fondo es que décadas de un Estado que confiscó depósitos en los bancos -plan Bonex 1989, corralito y pesificación asimétrica (crisis 2001)-, además de la confiscación de los ahorros que teníamos en las AFJP (2008) y los aumentos de impuestos sobre el patrimonio, hicieron que los argentinos huyeran del sistema financiero en busca de seguridad.

Eso derivó en un sistema financiero cada vez más chico y con escaso ahorro, ya sea en una caja de seguridad o en el exterior.

No existe un mercado de capitales en el que los bancos puedan descargar sus carteras crediticias y recuperar liquidez

Además, no existe un mercado de capitales en el que los bancos puedan descargar sus carteras crediticias y recuperar liquidez.

Recordemos que los bancos reciben depósitos a la vista —cuentas corrientes y cajas de ahorro— y a plazo fijo, pero con un máximo de 35 días. Es decir, en el pasivo tienen depósitos que vencen casi todos los días y, en el activo, si prestan a largo plazo, quedan descalzados en los plazos y, ante una eventual corrida financiera, no tienen forma de recuperar liquidez.

La destrucción del sistema de las AFJP hizo que no hubiese un mercado de capitales con ahorros de largo plazo que les permitiera a los bancos descargar sus carteras crediticias de largo plazo para recuperar liquidez y seguir prestando.

La solución a este problema estructural no es ni los préstamos hipotecarios que propuso el Gobierno con los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que tienen un costo en términos reales que es el doble del costo financiero de Estados Unidos, ni estos préstamos para comprar autos.

La solución de corto plazo consistiría en bajar los encajes bancarios y en que el Tesoro dejara de llenar de bonos a los bancos

En todo caso, la solución de corto plazo consistiría en bajar los encajes bancarios y en que el Tesoro dejara de llenar de bonos a los bancos, desplazando al sector privado del escaso ahorro del sistema financiero.

La solución de largo plazo consiste en hacer que Argentina vuelva a ser un país que respeta el derecho de propiedad.

La semana pasada en Florencio Varela dos jóvenes fueron asesinados y otro resultó gravemente herido. El ataque estaba dirigido a una banda vinculada al narcomenudeo en la zona, pero, por error mataron a dos trabajadores de la construcción. La “equivocación” encendió la indignación en el barrio. Sin instituciones u organizaciones con autoridad para mediar y canalizarla, la furia desembocó en el ataque a un búnker y el linchamiento de dos personas supuestamente vinculadas al negocio ilegal. Una de ellas, una mujer, fue asesinada.

En Varela se acumulan los casos de muertes de jóvenes relacionadas con actividades de mercados ilegales. Hace casi un año recibió gran cobertura mediática el triple crimen de Brenda, Morena y Lara, asesinadas por una banda que buscaba instalarse en la zona. En 2023 Ever Alarcón fue asesinado muy cerca de donde ocurrieron los hechos de la semana pasada.

La tasa de homicidios de la provincia de Buenos Aires es tres puntos más baja que 10 años atrás. El último dato de 2025 la ubica en 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, En los aglomerados urbanos (Conurbano, La Plata y Mar del Plata) la tasa fue de 5,2. Pero en algunos barrios del Conurbano las lógicas de violencia ligadas a la venta de drogas y otros mercados ilegales se enquistan y se vuelven endémicas, ante la falta de una política que asuma esto como un problema relevante.

Distintas iniciativas empiezan a mapear estas situaciones. Los homicidios suceden en “olas” intermitentes, interrumpidas por operativos de saturación policial. En el partido de San Martín, el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas presentó el pasado 26 de agosto un informe que muestra que durante el primer semestre de este año los homicidios aumentaron un 30% y los hechos altamente lesivos un 50% con respecto al mismo período del año anterior. El 77% de estos hechos se vinculan al narcomenudeo. Parecen ser muertes naturalizadas.

No se trata sólo de homicidios. Entre marzo y junio de este año el Observatorio Popular de Violencias de San Isidro registró al menos 75 hechos que involucraron disparos de armas de fuego, ya sea tiroteos o “tiros al aire”. Y esto en un solo sector de la villa La Cava. “Quienes andan por el Bajo, no pueden cruzar la Canchita, si lo hacen hay enfrentamientos o represalias”. Frases del estilo se repiten en los barrios populares del Conurbano. Los tiroteos se normalizan y moldean la vida cotidiana. El miedo a la circulación por los pasillos regula los horarios de apertura y cierre de escuelas y comedores, marca también cuándo los vecinos y niñxs tienen que volver a sus casas y acelera el abandono de los espacios comunes. La organización comunitaria resiste a fuerza de estrategias de autocuidado frente a los autoritarismos barriales, la crisis económica y los intentos de romper las estructuras organizativas.

La violencia y la extorsión crecen con el mercado de las drogas y también con las dinámicas de endeudamiento informal. Según reconoció el Ministro de Seguridad bonaerense, los delitos violentos vinculados a deudas se duplicaron en los primeros cuatro meses del año en comparación con el año pasado. Ante esta realidad, lo que se observan son unas políticas estatales fragmentadas e insuficientes.

En los últimos años los municipios fueron ganando cada vez mayor protagonismo en la definición de las políticas de seguridad. Los intendentes eligen a los jefes distritales y fijan prioridades con una mirada muy local atravesada por cálculos políticos. Esto genera estrategias y niveles de compromiso con el problema muy dispares. Hace falta una mirada que fije como prioridad la disminución de la violencia letal y la desarticulación de las incipientes formas de control territorial que algunos de estos grupos instalan en ciertas zonas. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la percepción sobre la oferta de drogas es sustancialmente mayor en los barrios empobrecidos. En 2023, en las villas de emergencia y en los conjuntos de vivienda social, esta percepción alcanzó el 62% y el 70,5% respectivamente, en contraste con el 29% registrado en los barrios de trazado urbano formal.

El problema tiene aún una dimensión manejable si se fija como prioridad. Ello implica superar la mirada fragmentada y concentrar los esfuerzos policiales y de investigación en estos grupos que generan violencia, en lugar de despilfarrarlos en operaciones reactivas espectaculares pero que llegan tarde, o en operativos para pedirle documentos a las personas pobres. Está claro que para que esto funcione hay que cortar cualquier tipo de connivencia o recaudación policial ligada a estos negocios ilegales.

Por supuesto que hay cuestiones mucho más de fondo. La expansión de estas economías en los barrios populares responde a procesos de largo plazo que hoy se ven reforzados por las políticas económicas y sociales de este período. Frente a la contracción general de la economía, el negocio de la droga y otros paralelos cumplen un rol dinamizador en los barrios pobres, lo que vuelve ingenua e ineficaz cualquier estrategia basada sólo en la respuesta policial y penal. Es clave desarrollar políticas focalizadas en frenar la circulación de armas, otro tema hoy ausente de la agenda política. Pero también abordar los consumos problemáticos desde la salud pública y recuperar iniciativas que hasta hace poco existían y fueron destruidas por la motosierra, como por ejemplo las políticas de integración sociourbana. Estrategias como el Programa Entramados que propone trabajar con jóvenes en situación de riesgo pueden tener impacto positivo si están integradas de manera sostenida en la agenda política.

La realidad de los barrios populares exige intervenciones urgentes. La construcción de espacios amplios de diálogo y acción que articulen a las organizaciones sociales, territoriales y de Derechos Humanos con los distintos niveles y áreas de gobierno y también al poder judicial es un primer paso para superar la inercia actual.

*El texto es producto de una línea de trabajo del CELS en la que intervienen Victoria Darraidou y Natalia Narváez.

La inteligencia artificial no vive en la nube: vive sobre una montaña de electricidad. Cada modelo, cada servidor y cada centro de datos necesita energía abundante, constante y barata. En esa carrera por los megavatios, Vaca Muerta podría dejar de ser apenas un yacimiento de hidrocarburos para convertirse en la usina de la próxima economía.

La próxima gran disputa industrial no será únicamente por petróleo, gas o chips. Será por electricidad.

La inteligencia artificial está convirtiendo la energía en un factor de producción tan decisivo como el capital, el talento y los semiconductores. Los modelos no funcionan en una nube abstracta: necesitan edificios, servidores, refrigeración, redes y centrales eléctricas. Por eso, la capacidad de cómputo dependerá cada vez más de la disponibilidad física de energía. Ese cambio abre una oportunidad estratégica para Argentina.

Vaca Muerta no debería pensarse solamente como una fuente de petróleo, gas y dólares de exportación. También puede convertirse en la base energética de una nueva industria: centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y manufacturas intensivas en electricidad. La tesis no es dejar de exportar hidrocarburos. Es decidir qué parte de esas moléculas conviene vender como commodity y qué parte puede transformarse en electricidad, capacidad computacional y servicios de mayor valor agregado. La producción ya ofrece una base material. En julio, Argentina alcanzó un récord de 916.200 barriles de petróleo diarios, un 17,2 % más que un año antes. Vaca Muerta aportó 643.100 barriles. En gas natural, la producción nacional llegó a 158,8 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales 96,5 millones provinieron de la formación neuquina (Argentina.gob.ar).

La IA está convirtiendo la energía en un factor de producción tan decisivo como el capital, el talento y los semiconductores

El desafío ya no es solamente producir más. Es decidir qué lugar ocupará Argentina en la cadena que conecta energía, computación e inteligencia artificial.

La nueva frontera de las petroleras

Las grandes compañías de petróleo y gas están empezando a comportarse como empresas eléctricas y proveedores de infraestructura digital. Chevron anunció en 2025 una alianza con Engine No. 1 y GE Vernova para desarrollar hasta 4 GW de generación a gas destinada a centros de datos en Estados Unidos (Chevron). Luego comunicó un acuerdo de veinte años con Microsoft para abastecer un centro de datos en West Texas. El proyecto contempla aproximadamente 2,67 GW de generación, principalmente mediante turbinas de gas, con una primera etapa prevista para 2028 (Chevron). ExxonMobil evalúa una estrategia similar: instalaciones de más de 1,5 GW para abastecer centros de datos con electricidad generada a partir de gas natural y combinada con captura y almacenamiento de carbono (ExxonMobil).

La lógica es sencilla. Las petroleras saben desarrollar proyectos energéticos de gran escala, operar turbinas, construir ductos y negociar contratos de largo plazo. Los hyperscalers necesitan exactamente eso: electricidad firme, escalable y disponible antes de que la red pública pueda ampliarse. Chevron no está abandonando los hidrocarburos. Está capturando una porción mayor de la cadena de valor. En lugar de vender únicamente gas, busca vender la electricidad producida con ese gas a Microsoft. La molécula deja de ser el producto final y se convierte en el insumo de un contrato energético de largo plazo. La frontera entre petroleras, utilities y compañías tecnológicas está desapareciendo.

La inteligencia artificial es una industria eléctrica

La narrativa dominante sobre la inteligencia artificial suele concentrarse en los modelos, los chips y el software. Pero detrás de cada avance de Nvidia, Microsoft, Amazon, Google o Meta existe una infraestructura física que consume cantidades crecientes de electricidad.

La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría más que duplicarse hacia 2030. El crecimiento no provendrá únicamente del entrenamiento de modelos. La inferencia —la ejecución cotidiana de esos sistemas en buscadores, asistentes y aplicaciones— puede convertirse en una demanda permanente y masiva.

El cuello de botella tampoco estará limitado a la generación. Las líneas de transmisión, las subestaciones, los permisos y las conexiones a la red pueden demorar más que la construcción del propio centro de datos. Por eso gana relevancia el modelo “behind the meter”: centrales instaladas junto al consumidor, capaces de suministrar electricidad directamente a la infraestructura computacional.

La competencia por la inteligencia artificial será, en parte, una competencia por megavatios.

Vaca Muerta puede convertirse en una plataforma

Para un centro de datos, el gas no es el producto final. El producto final es la electricidad que permite operar servidores, redes y sistemas de refrigeración durante todo el día.

Argentina puede vender gas, exportar petróleo y LNG, generar electricidad o utilizarla para atraer centros de datos, industrias electrointensivas y servicios de computación de alto rendimiento. Estas alternativas no ofrecen el mismo nivel de captura de valor.

Exportar hidrocarburos es la vía más directa. Generar electricidad incorpora una etapa industrial adicional. Utilizar esa electricidad para atraer capacidad computacional agrega inversión tecnológica, empleo especializado, servicios digitales y potenciales exportaciones de mayor complejidad.

Vaca Muerta podría ofrecer una combinación difícil de replicar: gas abundante, generación térmica firme, recursos renovables competitivos y espacio para desarrollar infraestructura a gran escala. La energía eólica patagónica y la solar del norte y el oeste pueden complementar al gas, mientras que el almacenamiento puede reducir la volatilidad.

La ventaja no estaría en una fuente aislada, sino en integrar recursos complementarios para ofrecer electricidad confiable, competitiva y escalable.

YPF tiene una posición singular

YPF ocupa una posición privilegiada para explorar esta estrategia. No solo tiene acceso a Vaca Muerta. A través de YPF Luz, también participa en la generación eléctrica.

Según su informe de sostenibilidad de 2024, la compañía contaba con 3.392 MW de capacidad instalada, generaba aproximadamente el 9,3 % de la electricidad del país y era el tercer mayor generador argentino. Además, tenía 368 MW de capacidad renovable en construcción (YPF).

Estos activos no prueban que YPF esté desarrollando un proyecto de centros de datos. Pero sí muestran que reúne varios elementos necesarios: acceso al gas, experiencia en generación, infraestructura, escala industrial y conocimiento del mercado energético.

La oportunidad consistiría en convertirse en un integrador: gas de Vaca Muerta, generación térmica, renovables, almacenamiento, transmisión y contratos de suministro para grandes consumidores digitales.

El interés internacional ya existe. En 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron una carta de intención para evaluar Stargate Argentina, un proyecto de hasta USD 25.000 millones y 500 MW de capacidad (Reuters). Aunque todavía no se concretó, el anuncio muestra que Argentina empieza a aparecer en las conversaciones globales sobre infraestructura de inteligencia artificial.

El verdadero riesgo es exportar la oportunidad junto con el gas

Argentina ha confundido con frecuencia la posesión de recursos con la construcción de una industria. Vaca Muerta puede generar una gran expansión de exportaciones, pero eso no garantiza una transformación productiva. El país podría convertirse en un exportador eficiente de petróleo, gas y LNG sin desarrollar una base tecnológica significativa.

Transformar gas en electricidad y electricidad en capacidad computacional requiere capital, infraestructura y estabilidad. También exige construir ecosistemas de ingeniería, software, ciberseguridad, mantenimiento, redes e investigación aplicada.

Por eso la discusión no debería reducirse a cuántos megavatios puede ofrecer Argentina. Debería centrarse en qué actividades quiere desarrollar alrededor de esos megavatios.

La pregunta decisiva no es si Argentina debe exportar hidrocarburos o alimentar centros de datos. Necesita hacer ambas cosas. La cuestión es qué proporción de su energía debe vender como commodity y qué proporción puede utilizar para construir capacidades industriales dentro del país. Los recursos no son una estrategia. La estrategia sería integrar energía, infraestructura digital y estabilidad contractual antes de que otros países capturen esa inversión. Vaca Muerta no debería medirse únicamente por los barriles y metros cúbicos que produce. Debería medirse por la cantidad de industrias que consigue construir alrededor de ellos.

El país puede exportar gas. O puede utilizar parte de ese gas para producir la electricidad que atraiga a quienes están construyendo la próxima economía.

La diferencia no está en el subsuelo. Está en la ambición industrial, la calidad institucional y la velocidad de ejecución.

Las últimas reglamentaciones avanzan sobre la administración e inversión de los recursos destinados a este fondo y anticipan nuevos desafíos para las áreas de Recursos Humanos, Payroll y Finanzas.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comienza a tomar forma. Creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y reglamentado posteriormente por el Decreto 408/2026, el régimen tiene prevista su entrada en vigencia para el 1° de noviembre de 2026.

El objetivo del Fondo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de las relaciones laborales, mediante recursos que se constituirán a partir de contribuciones mensuales realizadas por los empleadores a través del Sicoss F 931 (Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social).

El objetivo del Fondo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de las relaciones laborales

El FAL no reemplaza el régimen indemnizatorio vigente ni elimina la responsabilidad del empleador frente al trabajador. Tampoco permite compensar cualquier concepto, sino exclusivamente los siguientes:

• Art. 95 LCT: Despido antes del vencimiento del plazo (Contratos a plazo fijo).

• Art. 212 LCT: Imposibilidad de reincorporación o incapacidad absoluta del trabajador.

• Art. 232/233 LCT: Indemnización sustitutiva de preaviso e Integración del mes de despido.

• Art. 241 LCT: Extinción por mutuo acuerdo (voluntad concurrente formalizada).

• Art. 245/246 LCT: Indemnización por antigüedad (despido directo incausado o indirecto).

• Art. 247 LCT: Despido por fuerza mayor o falta de trabajo debidamente justificada.

• Art. 248 LCT: Indemnización por fallecimiento del trabajador en actividad.

• Art. 250/254 LCT: Vencimiento de contrato a plazo fijo e incapacidad/inhabilidad sobreviniente.

Si los recursos acumulados resultaran insuficientes para afrontar la obligación correspondiente, la empresa continuará siendo responsable por la diferencia. El Fondo funciona como un mecanismo de asistencia financiera para afrontar determinadas obligaciones laborales, pero no modifica por sí mismo el derecho del trabajador a percibir la indemnización que legalmente corresponda.

Reglas de inversión del FAL

Uno de los últimos avances normativos llegó con la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, que estableció las pautas bajo las cuales podrán invertirse los recursos acumulados en el FAL.

Los recursos podrán invertirse, entre otros instrumentos, en títulos de deuda del Estado Nacional, deuda provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas en la Argentina.

En determinados instrumentos provinciales y privados se exige, además, una calificación mínima de riesgo AAA en escala nacional, otorgada por al menos dos agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

A su vez, al menos un 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.

Al menos un 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado

El objetivo es que los recursos generen rendimiento, pero el sistema mantenga capacidad suficiente para responder cuando se produzcan las obligaciones laborales para las cuales fue creado.

Una cuenta y un identificador para cada empleador

La instrumentación del régimen podrá realizarse mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros sujetos a regulación y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cada empleador contará con una Cuenta Individual del Empleador, identificada mediante un código único denominado ID FAL. Al 23 de agosto, aún no figuraba un campo identificado para cargar el ID FAL.

Si no se informa un ID válido, los recursos quedarán inicialmente retenidos sin imputación específica. Transcurrido el plazo reglamentario sin que la situación sea regularizada, podrá activarse el procedimiento de asignación de oficio.

También estará prevista la portabilidad de los recursos entre vehículos de inversión habilitados, bajo las condiciones que termine estableciendo la CNV.

Aunque la estructura general del FAL ya se encuentra definida, parte de su instrumentación práctica todavía está en proceso de reglamentación

Por eso, aunque la estructura general del FAL ya se encuentra definida, parte de su instrumentación práctica todavía está en proceso de reglamentación.

El aporte según el tamaño de la empresa

Uno de los puntos centrales para las compañías será determinar correctamente la alícuota aplicable.

La Ley 27.802 establece una contribución mensual del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, calculada sobre la remuneración imponible correspondiente a cada trabajador alcanzado.

En ese sentido, existe un aspecto clave para la aplicación práctica del régimen. La determinación de la alícuota no debería realizarse simplemente observando la cantidad de trabajadores de la compañía o considerando informalmente si una organización es pequeña, mediana o grande.

A los efectos del FAL, el Decreto 408/2026 establece que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que cuenten con el certificado que acredite esa condición, conforme a la Resolución 220/2019 y sus modificatorias.

La existencia y vigencia del Certificado Mipyme se transforma en un elemento determinante para determinar la contribución aplicable al FAL. Micro, Pequeñas, Medianas Tramo 1 y Medianas Tramo 2 que acrediten esa condición estarán comprendidas en la alícuota del 2,5 por ciento.

Para las áreas encargadas de la liquidación de nómina, esto incorpora un nuevo control: verificar correctamente la situación de la compañía frente al Registro de Empresas MiPyME y mantener actualizada la documentación que acredita esa condición.

¿El FAL representa un nuevo costo laboral?

La respuesta requiere una aclaración. Si se observaran solamente las alícuotas del 1% y 2,5%, podría interpretarse que el FAL representa automáticamente un incremento equivalente del costo de nómina. Sin embargo, la reglamentación contempla un mecanismo de compensación.

El Decreto 408/2026 establece que los empleadores podrán detraer mensualmente una alícuota equivalente a la correspondiente al FAL de determinadas contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social.

Los empleadores podrán detraer mensualmente una alícuota equivalente a la correspondiente al FAL de determinadas contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social

Para las relaciones laborales alcanzadas por este mecanismo, el principal cambio no debería analizarse simplemente como la incorporación de un costo adicional del 1% o del 2,5%. Lo que cambia es el destino de una parte de los recursos, su administración y, especialmente, su trazabilidad.

La reglamentación contempla, no obstante, situaciones particulares. Entre ellas, la interacción con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), respecto de las relaciones laborales alcanzadas por dicho beneficio mientras resulte aplicable.

Por eso, el impacto económico deberá analizarse considerando la situación particular de cada empleador y de las relaciones laborales comprendidas.

El desafío para Recursos Humanos comienza antes de noviembre

Aunque todavía resten definiciones operativas, para las empresas el 1° de noviembre no debería ser el punto de partida de la implementación, sino la fecha para llegar preparados.

Las áreas de Recursos Humanos, Payroll, Finanzas y Legales deberán comprender cómo interactuarán la liquidación de cargas sociales, ARCA, el ID FAL y las entidades encargadas de administrar los recursos.

También habrá que incorporar nuevos controles dentro de los procesos habituales. El líder de RRHH deberá tener claridad sobre:

• La vigencia del Certificado Mipyme.

• La correcta determinación de la base imponible.

• La identificación de los trabajadores alcanzados.

• La correcta registración de las contribuciones.

• La conciliación de los fondos.

A esto se suma otro momento crítico: la utilización del Fondo frente a una desvinculación. Cuando corresponda solicitar recursos del FAL, será necesario contar con información consistente sobre la relación laboral y su finalización, incluyendo datos vinculados con la remuneración, antigüedad, fecha y causa de extinción, y liquidación practicada.

Esto convierte a la calidad de la información laboral en un elemento central del funcionamiento del nuevo sistema.

La calidad de la información laboral en un elemento central del funcionamiento del nuevo sistema

Una inconsistencia salarial, una fecha incorrecta o diferencias entre Payroll y los sistemas registrales pueden dejar de ser solamente problemas administrativos y trasladarse al procedimiento mediante el cual la empresa pretende disponer de los recursos acumulados.

Un cambio financiero que implica un cambio de gestión

El Fondo de Asistencia Laboral puede ser analizado desde su dimensión financiera: cuánto deberá contribuir una empresa, dónde se invertirán los recursos o cuál será el saldo disponible ante una futura desvinculación.

Pero desde Recursos Humanos existe otra lectura. El nuevo régimen incorpora una capa adicional de trazabilidad sobre determinadas obligaciones laborales futuras y exige conectar información que muchas veces hoy se encuentra distribuida entre distintos actores y sistemas.

Payroll deberá liquidar correctamente. Finanzas tendrá que comprender el movimiento y la administración de los recursos. Legales deberá validar las condiciones de las desvinculaciones. Y Recursos Humanos tendrá que garantizar que la información que conecta todo ese proceso sea consistente.

El autor es People Manager de mandü by Visma

Durante cuarenta años de trabajo en investigación criminal aprendí una regla que rara vez falla: el delito no busca al más rico ni al más visible, busca al más desprotegido. Esa lógica no cambió con la llegada de las pantallas. Lo que cambió es la distancia. Un depredador ya no necesita merodear una plaza ni ganarse la confianza de un barrio para acercarse a un chico. Hoy entra, sin resistencia, en la habitación de un adolescente de doce años a través de un dispositivo que nosotros mismos le pusimos en la mano.

Me resisto a llamar a esto “el mundo digital”, como si fuera un territorio aparte al que nuestros hijos van de visita. No lo es. Es el lugar donde transcurre buena parte de su vida cotidiana, donde estudian, juegan, se enamoran, discuten y construyen su identidad. Y es también el lugar donde, con una naturalidad que debería alarmarnos, quedan expuestos a sistemas diseñados para retener su atención el mayor tiempo posible y a personas dispuestas a aprovechar esa exposición.

Conviene empezar por una idea incómoda. La mayor parte de las plataformas que usan nuestros hijos no cobran una entrada. Son gratuitas por una razón sencilla: el producto no es el servicio, es el usuario. Y cuando ese usuario es un niño, lo que se recolecta, sus horarios, sus búsquedas, sus vínculos, aquello que lo entretiene y aquello que lo angustia, tiene un valor comercial concreto. No es una sospecha ideológica. Este mismo año, una de las mayores plataformas del mundo aceptó pagar 400 millones de dólares en Estados Unidos para cerrar una causa por haber recolectado datos de menores de trece años sin consentimiento de sus padres. El dato importa menos por la cifra que por lo que revela: la información de la infancia se transformó en materia prima.

Sobre esa base se construye todo lo demás. Los mismos algoritmos que aprenden qué video retiene a un adolescente aprenden también qué contenido lo inquieta, qué lo excita, qué lo vuelve vulnerable. La personalización que hace “adictiva” a una aplicación es la misma que permite ofrecerle, con precisión quirúrgica, aquello a lo que es más difícil resistirse. Y esa maquinaria no distingue entre un producto lícito y un anzuelo.

Ahí aparece el primer frente que como especialistas en seguridad seguimos con más preocupación: el grooming. En la provincia de Buenos Aires, uno de cada cuatro expedientes iniciados durante 2024 por delitos de esta naturaleza correspondió específicamente a la figura de grooming; en total, los organismos judiciales bonaerenses trabajaron sobre más de tres mil investigaciones penales vinculadas a la explotación sexual infantil facilitada por medios digitales, y recibieron más de cuatro mil reportes internacionales de material de abuso. Detrás de cada número hay un patrón que conozco de memoria: un adulto que se hace pasar por par, que construye confianza con paciencia y que opera, casi siempre, dentro de los mismos videojuegos y redes donde los chicos creen estar jugando.

Los datos de campo son elocuentes. Se estima que seis de cada diez chicos en la Argentina pasan al menos siete horas diarias conectados, y que cerca de la mitad conversó alguna vez con un desconocido en redes sociales. No hace falta ser investigador para entender lo que significa esa combinación: una superficie de contacto enorme, sostenida en el tiempo, con muy pocos adultos mirando. Nuestro Código Penal tipifica el grooming desde hace más de una década, la figura del artículo 131, incorporada por la Ley 26.904, pero una ley que castiga después del hecho no evita el daño. Solo lo nombra.

Podría detenerme aquí y el diagnóstico ya sería grave. Pero sería un error, porque dejaría afuera un fenómeno que crece con la misma lógica y que todavía no tomamos con la seriedad que merece: las apuestas online entre adolescentes.

Las mediciones difieren en la magnitud, algunos estudios hablan de uno de cada seis adolescentes que ya apostó dinero en internet; otros, de uno de cada cuatro, y las mediciones regionales trepan a uno de cada tres, pero todas coinciden en un piso alarmante y en algo más inquietante todavía: la edad de inicio ronda los trece años. Ocho de cada diez adolescentes declaran haber estado expuestos a publicidad de apuestas, la mitad la vio recomendada por influencers o figuras que admiran, y más del ochenta por ciento accede directamente desde su propio teléfono, muchas veces a través de billeteras virtuales. Uno de cada ocho ya arrastra deudas.

Quiero subrayar un dato clínico que debería estar en boca de todos, porque cambia por completo la escala del problema: si a un adulto desarrollar una adicción al juego puede llevarle años, a un adolescente le alcanza con mucho menos. El cerebro joven, todavía en formación, es exactamente el terreno que estos sistemas encuentran más fértil. No es un defecto de carácter del chico que apuesta. Es el resultado previsible de una arquitectura pensada para engancharlo.

Y aquí está el hilo que une mundos que solemos analizar por separado. El grooming, la sobreexposición de datos y las apuestas no son problemas distintos que casualmente afectan a la misma franja etaria. Son expresiones del mismo modelo: capturar la atención de un usuario joven, medir su comportamiento, personalizar el estímulo y monetizar la conducta compulsiva que ese estímulo produce. Cambia el objeto, un contenido, un contacto, una apuesta, pero el mecanismo de fondo es idéntico. La economía de la atención descubrió que la vulnerabilidad de las nuevas generaciones es, además de un problema social, un modelo de negocio.

La Argentina llega a esta discusión con herramientas dispersas. En materia de apuestas, la regulación está fragmentada en veinticuatro jurisdicciones que legislan cada una por su cuenta, lo que deja enormes zonas grises y un mercado ilegal que se mueve, precisamente, donde no hay control. En el Congreso hay más de diez proyectos para limitar la publicidad y el acceso de menores; hasta ahora, apenas uno consiguió media sanción. Mientras tanto, la publicidad sigue llegando a los chicos por los mismos canales donde pasan el día. No es un vacío técnico: es una decisión, por acción o por omisión.

Frente a este escenario, la conclusión que saco después de cuatro décadas es una sola, y es la que quiero dejar planteada. No podemos seguir organizando la protección de la infancia alrededor de la reacción. Hoy actuamos cuando ya hay una denuncia, una víctima identificada, una extorsión consumada, una

deuda que estalló en una familia o un adolescente que dejó de dormir. Es decir: actuamos cuando el daño ya ocurrió. Y la prevención, por definición, es todo lo que sucede antes de ese punto.

Esa convicción es la que orienta nuestro trabajo. Desde Fidelem Security Advisors nos dedicamos al análisis de riesgos, la seguridad corporativa y la protección frente a amenazas que evolucionan más rápido que nuestras capacidades de respuesta. Y hace tiempo entendimos que la amenaza que hoy corre más rápido que ninguna otra es la que enfrentan los más chicos. Por eso trabajamos junto a Grooming Argentina, una de las organizaciones con mayor trayectoria del país en este campo, en el desarrollo de acciones de prevención, capacitación y concientización.

No se trata de dar charlas para tranquilizar conciencias. Se trata de poner herramientas concretas en manos de quienes están cerca de los chicos todos los días: familias que aprenden a leer señales de alerta antes de que sea tarde, escuelas que incorporan protocolos claros de actuación, clubes y pensiones deportivas, donde muchos adolescentes viven lejos de sus casas y quedan especialmente expuestos, que dejan de mirar para otro lado, y comunidades que saben a dónde acudir cuando algo no cierra. Lo hemos visto funcionar: cuando un adulto sabe qué mirar, la mayoría de las situaciones se detiene antes de convertirse en un caso policial o en una adicción instalada.

Detección temprana, señales de alerta, protocolos, canales de denuncia, acompañamiento. Suenan a tecnicismos, pero son, en el fondo, la diferencia entre anticiparse y lamentar.

No estoy proponiendo que alejemos a las nuevas generaciones de la tecnología. Sería inútil y, además, injusto: la tecnología también los educa, los conecta y les abre el mundo. El verdadero desafío es otro, y es más exigente. Consiste en garantizar que puedan habitar estos entornos sin quedar a merced de sistemas, conductas y actores que hicieron de su vulnerabilidad un negocio.

Porque la seguridad de nuestros hijos no puede seguir dependiendo de la velocidad con la que reaccionamos ante el daño. Tiene que empezar a depender de nuestra decisión de anticiparnos a él. La denuncia llega siempre tarde: es la prueba de que fallamos antes. La próxima generación no necesita que aprendamos a responder mejor. Necesita que aprendamos a llegar primero.

A las 23:00 de este domingo, la última proyección de Infratest dimap situaba a AfD en 44,0% y a la CDU en apenas 17,4%: una brecha de 26,6 puntos. AfD proyectaba 39 de los 83 escaños del Landtag (Parlamento regional), a tres de la mayoría absoluta, mientras la participación rondaba un récord del 78%.

Pero quizá lo más inquietante ocurrió después del cierre: Alice Weidel trasladó inmediatamente la batalla de Magdeburgo (capital del estado federado de Sajonia-Anhalt) a Berlín y Ulrich Siegmund, vencedor operativo de la noche, advirtió que si nadie permite formar gobierno “en el peor de los casos habrá nuevas elecciones, entonces tendremos 50 o 55%”.

Hay olor a cable pelado en Berlín y Frankfurt: teléfonos encendidos, una CDU en shock y una pregunta que ya llega a bancos, industrias y mesas de inversión: ¿qué ocurre con Alemania —y con el euro, los Bunds, el crédito corporativo y el DAX— si esto no es el techo oriental de AfD sino el comienzo de su expansión nacional?

El fenómeno tampoco puede explicarse ya simplemente por la nostalgia de la antigua RDA. AfD penetra hombres y mujeres, jóvenes y generaciones nacidas mucho después del Muro. Alemania amanece este lunes ante una Zäsur (ruptura histórica, punto de inflexión): O replantea las causas económicas, sociales, demográficas y tecnológicas que alimentaron el fenómeno, o corre el riesgo de responder a una transformación estructural con instrumentos políticos del siglo pasado. El sismo está instalado. Y AfD acaba de dejar claro que, para ella, Magdeburgo es solamente el comienzo.

Hay elecciones que cambian un gobierno y otras que cambian la pregunta. Lo ocurrido este domingo en Sajonia-Anhalt pertenece a la segunda categoría.

Como se mencionó, a las 23:00 del domingo, con la mayor parte de las mesas ya escrutadas, la proyección de Infratest dimap situaba a Alternativa para Alemania (AfD) en 44,0%, frente a sólo 17,4% de la CDU, el partido del canciller Friedrich Merz. La SPD aparecía tercera con 9,2%, seguida por los Verdes con 8,9%, la izquierda dura Die Linke con 8,6%, BSW con 5,1% y FDP con 2,5%. AfD había obtenido 20,8% en 2021 y CDU 37,1%. En cinco años, la relación de fuerzas prácticamente se invirtió. Algo pasó.

La aritmética parlamentaria seguía siendo decisiva: AfD proyectaba 39 escaños de un Landtag de 83 miembros. La mayoría absoluta exige 42. Quedaba a tres. El BSW, con 5,1%, conseguía por ahora superar la Sperrklausel (barrera electoral) del 5%, alejando la posibilidad de una mayoría absoluta de AfD. La participación rondaba 78%, contra 60,3% en 2021 y por encima del anterior récord regional de 71,5% de 1998.

No fue la victoria silenciosa de una minoría movilizada frente a una mayoría que decidió quedarse en casa. Fue una movilización electoral masiva.

Y mientras avanzaba el recuento comenzó otra elección: la batalla por interpretar lo ocurrido. Tino Chrupalla, copresidente federal de AfD junto con Alice Weidel, celebró un “claro mandato para gobernar” y la legitimidad que de los votos surge. Weidel presentó a Ulrich Siegmund (claro ganador del experimento) como el próximo Ministerpräsident (gobernador regional). Siegmund, de 35 años, fue todavía más lejos: “Hemos escrito historia en este Land”, afirmó; “recuperamos nuestro país, comienza en Sajonia-Anhalt” y aseguró que “un impulso recorre toda Alemania”.

Sobre el filo de la medianoche endureció el mensaje. Rechazó una Regierung in Minderheit (gobierno en minoría), dijo que AfD lleva años preparándose para asumir responsabilidades y anunció que tenderá la mano a fracciones o diputados dispuestos a acompañar su programa, especialmente en energía y migración. Y dejó una amenaza electoral de enorme potencia: si la formación de gobierno fracasa, “en el peor de los casos habrá nuevas elecciones, y entonces tendremos 50 o 55%”.

Eso cambia el tono de la noche. AfD ya no habla como un partido que reclama ser escuchado. Habla como una organización que considera que ha llegado su turno de gobernar.

El legado histórico

Existe una explicación poderosa para comprender el fenómeno AfD en el Este alemán. Sería un error descartarla. La periodista y escritora británica Anne McElvoy, que estudió en la Universidad Humboldt del Berlín Oriental antes de la caída del Muro y posteriormente cubrió las transformaciones de Europa oriental, dedicó un libro precisamente a esa fractura: The Saddled Cow: East Germany’s Life and Legacy. Su trabajo ayuda a comprender algo que desde Occidente muchas veces se olvidó: la reunificación política alemana ocurrió mucho más rápidamente que su reunificación económica, cultural y emocional.

El Muro cayó en 1989. Las diferencias no. Persistieron disparidades salariales y patrimoniales, emigración de jóvenes hacia el Oeste, pérdida de población, diferencias de productividad y la percepción —justificada unas veces, exagerada otras— de que la antigua República Democrática Alemana había sido absorbida antes que verdaderamente integrada.

A eso se agrega una relación histórica con Rusia diferente de la existente en buena parte de Europa occidental. Décadas de presencia soviética dejaron recuerdos familiares y culturales que ayudan a explicar por qué propuestas de AfD —restablecer relaciones con Moscú, abandonar sanciones y terminar el apoyo alemán a Ucrania— encuentran mayor receptividad en determinadas zonas orientales.

La historia posee incluso una presencia física inquietante y casi macabra en Magdeburgo (pero histórica). Allí permanecieron durante años (desde el 21 de febrero de 1946), bajo control soviético en el cuartel céntrico de la policía secreta soviética-alemana, parte de los restos de Adolf Hitler, Eva Braun y la familia Goebbels antes de que los servicios soviéticos procedieran finalmente a destruirlos el 4 de abril de 1970 por orden del entonces jefe de la KGB soviética Yuri Andropov bajo el visto bueno de Leónidas Breznev, presidente del Politburo ruso en aquellos momentos.

Y existe otro dato histórico que conviene tener presente: En abril de 1932, en el antiguo Estado Libre de Anhalt, el NSDAP —Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán), el partido de Adolf Hitler— obtuvo 40,88%. Si AfD termina alrededor del 44%, el porcentaje sería superior. Pero la comparación termina exactamente allí: no es el mismo territorio, no es el mismo sistema político, AfD no es el NSDAP y Alemania en 2026 no es la República de Weimar. Construir una equivalencia sería irresponsable, ignorar completamente la potencia simbólica del número en Alemania también sería ingenuo.

La tesis histórica funciona. El problema es que ya no alcanza.

Los hijos del muro ya son adultos

Han pasado 37 años desde la caída del Muro. Una parte creciente del electorado actual no vivió la RDA como adulto. Muchos ni siquiera habían nacido. Y las encuestas a pie de urna muestran que AfD quedó primera entre hombres y mujeres y entre jóvenes y mayores.

Ayer los estudios demoscópicos mostraron que entre los 18 y 24 años, los primeros desgloses de Infratest dimap sitúan a AfD alrededor del 42%, frente a apenas 18% en esa franja en 2021. Es más del doble en cinco años. Y entre los 35 y 59 años su penetración llegó a niveles todavía mayores. La explicación de la Ostalgie (nostalgia por la antigua Alemania Oriental) empieza así a crujir: un joven de 18, 20 o 24 años no recuerda la RDA, los soldados soviéticos ni el Muro.

Existe además una transformación demográfica silenciosa. La generación que vivió directamente la guerra, la destrucción del nazismo y la inmediata posguerra está desapareciendo naturalmente del electorado. Incluso quien nació en 1954 tiene hoy 72 años. Prácticamente todo el electorado menor de esa edad nació una década o más después del final de la Segunda Guerra Mundial. La memoria de 1933-1945 pasa progresivamente de ser memoria vivida a memoria transmitida.

Para las nuevas generaciones Hitler, Stalin, la RDA y el Muro pertenecen a los libros. El alquiler, el sueldo, TikTok, la energía, el empleo y la inseguridad económica pertenecen al lunes por la mañana. Y entonces cambia la pregunta: ya no es solamente qué recuerda un votante, sino cuánto gana, qué puede comprar con su sueldo, cuánto paga por la energía, qué seguridad posee su empleo y si cree que dentro de cinco años vivirá mejor o peor que hoy.

Del muro de Berlín al recibo de Luz

Alemania lleva años discutiendo inmigración, identidad, Rusia, Ucrania y el pasado. Mientras tanto, debajo de esa gigantesca conversación política existe otra bastante menos sofisticada: el bolsillo.

Sajonia-Anhalt arrastra desde la pandemia un período difícil, con aumento de insolvencias y desempleo, aunque todavía lejos de los niveles posteriores a la reunificación. El votante no necesita estar desempleado para sentirse económicamente inseguro. Le basta con comprobar que su salario compra menos, que determinadas facturas pesan más, que una fábrica reduce personal o que sus hijos encuentran menos oportunidades.

Alemania tampoco necesita encontrarse en una depresión para producir malestar político. Su industria procesa simultáneamente energía más cara, competencia china, transformación del automóvil, digitalización, inteligencia artificial y un entorno geopolítico radicalmente diferente. La percepción económica muchas veces precede a la estadística económica. Ahí encontró AfD uno de sus nuevos combustibles. Weidel percibió antes que el actual canciller Merz dicho cambio. Había visto la dinámica durante su larga estadía de años en China.

El establishment empieza a oler humo

Durante años la gran industria podía considerar a AfD un problema periférico: reputacional, político y esencialmente oriental. Después de esta noche resulta mucho más difícil. Alemania necesita exportaciones, inversión, talento extranjero, cadenas internacionales de producción y un mercado europeo integrado. Pero existe otra pregunta igualmente seria: ¿por qué millones de ciudadanos dejaron de escuchar a quienes les explican que determinada alternativa sería perjudicial para ellos?

Steffen Kampeter, director general de la Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes, condensó recientemente el nuevo pragmatismo con una frase extraordinariamente épica, filosa y cáustica: “La patronal es un grupo de interés, no un centro de educación política de adultos”.

Ahí está el cambio. Si AfD gobierna municipios, regiones o eventualmente participa algún día del poder federal, las empresas deberán relacionarse con esas administraciones. Marie-Christine Ostermann, dirigente de las empresas familiares, intentó abrir contactos con representantes de AfD. Hubo una reacción empresarial durísima y posteriormente retrocedió. Pero quedó flotando una pregunta: aislar políticamente a una proporción cada vez mayor del electorado no constituye, por sí mismo, una estrategia para recuperarlo.

Esta noche ese problema dejó de ser académico. Es difícil imaginar los teléfonos apagados en Berlín a esta hora: en la CDU, en los grandes grupos industriales, en los bancos, en las embajadas y en las mesas de inversión. La pregunta empieza a ser inevitable: ¿qué demonios hacemos ahora? Hay olor a cable pelado.

El olor a cable pelado llega a Frankfurt

Porque Alemania no es un país cualquiera dentro del euro. La madre monetaria del euro fue el Deutsche Mark, el marco alemán. No jurídicamente, pero sí económica, cultural y reputacionalmente. La disciplina del Bundesbank, la obsesión alemana por la estabilidad monetaria y la credibilidad acumulada durante décadas por el marco constituyeron buena parte del capital intelectual sobre el cual se edificó la moneda única europea.

Por eso, si la madre empieza a enfermar políticamente, el hijo inevitablemente lo siente. El primer termómetro aparecerá este lunes en los mercados: el euro, los Bunds (bonos soberanos alemanes), los bonos corporativos, los bancos, las acciones industriales y el DAX, principal índice de la Bolsa de Frankfurt, todos acusarán el impacto de la crisis política en marcha.

No sabemos todavía si este lunes el euro caerá medio punto o dos; si los Bunds subirán o bajarán inicialmente por búsqueda de refugio o serán castigados por una prima política; ni si el DAX sufrirá una corrección violenta o absorberá rápidamente el resultado. Afirmarlo antes de que el mercado cotice sería confundir análisis con adivinación. Pero un gestor de activos, un presidente de banco o el director financiero de Mercedes-Benz, Siemens o BASF inevitablemente deberá preguntarse: ¿cuánto riesgo político alemán incorporo ahora a mis modelos? El riesgo político pasa a incertidumbre y de ahí a la volatilidad de los activos financieros.

Durante décadas Alemania fue exactamente lo contrario de una prima de riesgo: era el país contra el cual se medía el riesgo de los demás. El Bund fue la referencia. El marco era la referencia, la estabilidad alemana era LA referencia. Sajonia-Anhalt no destruye nada de eso en una noche, pero introduce una variable nueva.

La crisis de una moneda no siempre comienza en el mercado de cambios. A veces comienza mucho antes, cuando empieza a deteriorarse la confianza política del país que le dio reputación. Durante treinta años Alemania exportó estabilidad. Ayer a la noche empezó a exportar incertidumbre.

La lección incómoda de Trump

Estados Unidos proporciona una advertencia interesante. Donald Trump ha cometido numerosos errores económicos y políticos. Su utilización errática de los aranceles y decisiones difíciles de anticipar han generado costes e incertidumbre. Pero existe también un hecho incómodo para sus críticos: varias predicciones mecánicamente catastróficas sobre las consecuencias inmediatas de sus políticas no se materializaron exactamente en la magnitud ni en los tiempos anunciados.

Eso no convierte a Trump en buen economista. Demuestra que una economía es un sistema bastante más complejo que un modelo político. Que Siemens, Deutsche Bank, Mercedes-Benz o un instituto económico adviertan sobre los riesgos de AfD no demuestra que estén equivocados. Pero tampoco garantiza que el ciudadano vaya a obedecerlos. Cuando la experiencia cotidiana contradice durante demasiado tiempo lo que se escucha de gobiernos, empresarios e instituciones ocurre algo peligrosísimo para cualquier establishment: pierde autoridad predictiva. Berlín hizo oídos sordos a las advertencias.

Widel y Merz: dos radares diferentes

Lo que detectó antes. Alice Widel: Economista, antigua empleada de Goldman Sachs, experiencia profesional en China, dominio del mandarín y años en Suiza: una biografía que difícilmente coincide con el estereotipo tradicional del nacionalismo alemán. Eso no elimina sus contradicciones. Las multiplica. Pero también le proporciona un radar diferente.

Mientras Friedrich Merz y buena parte de la CDU continúan moviéndose dentro del ecosistema tradicional alemán —gran industria, asociaciones empresariales, instituciones europeas, prensa establecida y estructuras partidarias— Weidel parece haber comprendido antes otra transformación: la política se está desintermediando.

Redes sociales, podcasts, TikTok, X, inteligencia artificial, comunicación directa, comunidades digitales y rechazo de intermediarios. Y aquí aparece Ulrich Siegmund, el gran vencedor operativo de este domingo.

Siegmund, de 35 años, es el Spitzenkandidat (principal candidato electoral) de AfD en Sajonia-Anhalt y el hombre que pretende convertirse en Ministerpräsident (gobernador regional). Antes de profesionalizar su carrera política trabajó en el sector privado vendiendo equipos de aire acondicionado, e incluido en el negocio de la climatización. Su campaña intensiva en redes estuvo cuidadosamente diseñada para presentarlo simultáneamente como radical en determinadas posiciones y absolutamente cotidiano en su imagen personal. El lobo con piel de oveja como dijimos el sábado.

Puede hablar de inmigración, Rusia y seguridad y luego mostrarse con su familia almorzando un plato de pasta con tuco ayer al mediodía. La banalidad forma parte del método: parecer menos político que los políticos. No significa necesariamente que tenga mejores políticas. Significa que habla donde una parte creciente del electorado escucha.

Y esta noche dejó claro que su horizonte no termina en Magdeburgo: “Vision 2026 ist Wirklichkeit geworden” (La visión 2026 se hizo realidad), proclamó. Si no consigue socios, descarta gobernar en minoría, si el bloqueo fuese total, plantea incluso volver a las urnas convencido de que AfD podría alcanzar 50 o 55%. Esa seguridad —o temeridad— es quizá la fotografía psicológica más importante de la noche.

Silicon Valley contra el viejo capitalismo

Aquí aparece otra fractura. No es exactamente derecha contra izquierda, ni capitalismo contra socialismo. Es una tensión entre dos culturas del capitalismo.

Una pertenece a la gran corporación industrial, los directorios, cámaras empresariales, bancos tradicionales e instituciones construidas durante la segunda mitad del siglo XX. La otra nace alrededor de Silicon Valley: tecnología, capital de riesgo, inteligencia artificial, criptomonedas, empresas capaces de transformarse rápidamente en gigantes y una cultura profundamente desconfiada de las burocracias.

Elon Musk y Peter Thiel representan, con enormes diferencias entre ambos, ese segundo universo. Weidel parece intelectualmente mucho más cómoda cerca de esa cultura disruptiva que del viejo capitalismo corporativo alemán. Merz enfrenta una paradoja: él mismo procede del mundo empresarial y financiero, pero políticamente representa hoy a la estructura encargada de conservar el sistema. La verdadera división quizá ya no sea mercado contra Estado. Puede estar convirtiéndose en establishment contra disrupción.

El punto ciego de Alice: Rusia

Pero precisamente aquí aparece el límite más serio de Weidel: Rusia. AfD construye buena parte de su discurso alrededor de la soberanía —soberanía alemana frente a Bruselas, fronteras nacionales y capacidad propia de decisión—. Ese argumento encuentra un problema conceptual gigantesco cuando llega a Ucrania, porque Rusia invadió militarmente un Estado soberano reconocido internacionalmente.

Si la soberanía nacional es inviolable cuando Berlín discute competencias con Bruselas, debería ser igualmente importante cuando Moscú cruza con tropas una frontera internacional. Defender prioritariamente los intereses de Alemania es perfectamente legítimo. Convertir interés nacional en indiferencia frente a la soberanía del vecino es otra cosa.

Aquí la propia biografía de Weidel produce una contradicción casi literaria. Durante años construyó parte de su vida personal en Suiza, uno de los países más seguros y prósperos de Europa y del mundo. Desde allí puede resultar intelectualmente seductora una nueva Realpolitik (política basada en intereses y relaciones de fuerza): gas barato, comercio, negociación con Moscú. Pero la geopolítica no es solamente una cuenta de gas.

Suena romántico y cruel al mismo tiempo vivir protegido en Suiza y proponer abandonar a Ucrania a las garras de Putin.

Entre Suiza y Kyiv, la palabra seguridad significa cosas radicalmente diferentes. Y apenas se desplaza el mapa hacia el Este aparece Polonia: aproximadamente seis millones de ciudadanos polacos murieron durante la Segunda Guerra Mundial; Varsovia quedó devastada y después de 1945 Polonia permaneció durante décadas dentro del bloque dominado por Moscú. Checoslovaquia posee otra memoria: en agosto de 1968 las tropas del Pacto de Varsovia encabezadas por la Unión Soviética invadieron el país y aplastaron la Primavera de Praga.

Por eso lo que puede sonar pragmático en Magdeburgo adquiere otro significado en Varsovia, Praga, Vilna, Riga o Tallin. Y ahí aparece probablemente la mayor contradicción geopolítica de AfD: ¿por qué la soberanía alemana debería ser sagrada frente a Bruselas mientras la soberanía ucraniana puede convertirse en moneda de negociación frente a Moscú?

Weidel puede haber leído correctamente una parte profunda del malestar alemán. Y simultáneamente estar leyendo peligrosamente mal a Putin. Ambas cosas pueden ser ciertas.

La noche en que cambió el verbo

Hasta este domingo el verbo alrededor de AfD era contener: contener mediante la Brandmauer (cortafuegos político), mediante coaliciones, mediante advertencias empresariales y mediante el recuerdo histórico. Esta noche apareció otro verbo: gobernar.

La última proyección de Infratest dimap disponible a las 23:00 de anoche otorgaba a AfD 39 de 83 diputados. La mayoría absoluta estaba en 42. El BSW, con 5,1%, entraba por poco en el Parlamento y alteraba decisivamente la aritmética. La Brandmauer puede todavía impedir que AfD gobierne. Pero un cortafuegos posee una limitación matemática: cuanto mayor se vuelve el incendio de un lado, menos espacio queda del otro para construir una mayoría.

El dilema es especialmente áspero y crítico porque el electorado está literalmente partido por la mitad sobre esa estrategia: 47% de los consultados por Infratest dimap considera correcto impedir que AfD participe del gobierno; otro 47% considera incorrecto bloquearla. La Brandmauer ya no divide solamente a los partidos. Divide a la sociedad alemana.

¿Y puede terminar formándose un gobierno contra un partido que obtuvo alrededor de 44% de los votos y una ventaja superior a 26 puntos sobre el segundo? Será constitucionalmente legítimo. Pero alimentará el argumento más potente de AfD: “ganamos y todos se unieron para impedirnos gobernar”. Esa es la pesadilla que Sajonia-Anhalt deja esta noche sobre el escritorio de Friedrich Merz y en su atormentada cabeza de estas horas.

Y ahora viene la montaña

Pero conviene evitar el error inverso. Sajonia-Anhalt no es Alemania. AfD puede haberse convertido allí en una auténtica Volkspartei (partido popular de masas). Alemania federal, sin embargo, también se gana en Baviera, Baden-Württemberg, Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Hamburgo y las grandes ciudades occidentales.

La Alemania rica posee mayor patrimonio familiar, mercados laborales más diversificados, estructuras industriales diferentes y tradiciones políticas considerablemente más resistentes. Baviera presenta una dificultad adicional: la CSU ocupa buena parte del espacio conservador que AfD captura donde la CDU se derrumba.

Por eso sería prematuro imaginar a Alice Weidel caminando hacia la Cancillería. El camino hacia 2029 sigue siendo largo, complicado y lleno de contradicciones. Necesita convertir el terremoto de Magdeburgo en crecimiento de otros Land más cerca del borde occidental, penetrar electorados más ricos, demostrar capacidad administrativa, transformar una formidable maquinaria de protesta en una organización capaz de gobernar y probar que su política económica funciona en una economía exportadora extraordinariamente integrada al mercado europeo.

Magdeburgo no es Berlín

Eso es finalmente lo que decidió Sajonia-Anhalt. No quién será el próximo canciller. Decidió algo quizá más importante: ¿qué preguntas Alemania tendrá que empezar a hacerse…?

La RDA, la reunificación, Rusia, la pérdida de identidad y las diferencias Este-Oeste siguen siendo fundamentales. Pero ya no alcanzan. Cuando un movimiento queda primero entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores; cuando obtiene 44% frente a 17,4% del partido del canciller; cuando la participación trepa a un récord cercano al 78%; cuando conecta inseguridad económica con identidad; cuando domina instrumentos de comunicación del siglo XXI mejor que organizaciones construidas en el XX; y cuando las instituciones que intentaron aislarlo empiezan a preguntarse cómo convivirán con él, estamos ante algo diferente.

Alice Weidel puede haber ganado este domingo la batalla política más importante de su carrera. No ganó Alemania. Para hacerlo deberá atravesar no sólo la Brandmauer (cortafuegos político), sino otro muro probablemente más difícil: la frontera invisible que todavía separa políticamente a las dos Alemanias.

Tendrá que convencer a la Alemania rica, industrial y exportadora. Tendrá que demostrar que AfD puede gobernar y no solamente protestar. Tendrá que resolver sus contradicciones respecto de Rusia, Ucrania y Europa. Y tendrá que demostrar que Sajonia-Anhalt no fue el techo de un fenómeno regional, sino el comienzo de uno nacional.

Pero esta noche los teléfonos siguen encendidos en Berlín. Y en Frankfurt empiezan otras preguntas: ¿qué hará el euro?, ¿qué harán los Bunds?, ¿qué hará el crédito corporativo?, ¿qué hará el DAX cuando abra el mercado? No conocemos todavía esas respuestas. Y ése es precisamente el problema.

Durante décadas, cuando Europa entraba en una crisis, los inversores miraban hacia Alemania buscando una respuesta. Esta noche empiezan a mirar hacia Alemania buscando la pregunta. Hay olor a cable pelado.

La Brandmauer continúa en pie. Pero detrás del muro hay ahora 44% de los votos. Y Ulrich Siegmund acaba de advertir que, si el bloqueo termina en nuevas elecciones, cree que la próxima vez serán 50 o 55%. Magdeburgo todavía no es Berlín. Pero después de esta noche, el camino entre ambas ciudades acaba de hacerse bastante más corto.

El tormento de Merz: Berlín amanece en estado de alerta

A las 22:58, la propia Landeswahlleiterin (autoridad electoral regional) informaba que ya habían sido escrutados 2.519 de los 2.660 distritos electorales: 94,7% del total. Es decir, el terremoto dejó de ser una fotografía de encuestas para convertirse, a esa altura de la noche, en una realidad electoral casi completa. Los ajustes finales pueden mover décimas; difícilmente cambien la naturaleza política de lo ocurrido.

Para Friedrich Merz, el tormento recién empieza. Si mantiene intacta la Brandmauer (cortafuegos político), puede impedir que AfD gobierne, pero corre el riesgo de regalarle a Weidel y a Siegmund el argumento más rentable imaginable: que el partido que ganó por enorme distancia es bloqueado por una suma defensiva de todos los demás. Si abre siquiera una rendija en ese muro, puede provocar una crisis interna en la CDU. Si gira a la derecha para recuperar votantes, AfD dirá que le copia el programa. Si permanece en el centro, puede continuar perdiéndolos. Y si la economía no mejora con rapidez, cada fábrica que reduzca personal, cada salario que pierda poder adquisitivo y cada factura energética volverán a alimentar el mismo incendio.

No existe, a esta hora, una salida cómoda para Merz. Y el problema ya empezó a tener nombres propios. Sven Schulze, el Ministerpräsident (gobernador regional) y candidato de la CDU derrotado en Sajonia-Anhalt, anunció que llevará a la dirección de su partido una propuesta sobre cómo seguir y que hablará de las consecuencias de la catástrofe electoral. No es una frase protocolar: cuando el jefe de gobierno regional que debía contener a AfD termina a más de 26 puntos de distancia, la discusión sobre responsabilidades deja de ser optativa.

Y desde la propia familia democristiana llegó el primer disparo sobre Berlín. Y precisamente no es “fuego amigo”…se llama percepción de GRAVE CRISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL en desarrollo…Tim Brand, dirigente de la Junge Union (Juventud Democristiana) de Brandeburgo, reclamó un “nuevo comienzo personal y político” y pidió que Friedrich Merz renuncie tanto como canciller como presidente de la CDU. Puede ser por ahora una voz de segunda línea. Pero en política alemana las grandes crisis rara vez comienzan con un coro: comienzan con una voz que se anima a decir en público lo que muchos todavía sólo comentan por teléfono. ARD fue todavía más lejos en su análisis: después de esta elección, considera difícil imaginar a la CDU afrontando otra campaña federal con Merz si la erosión continúa.

Hay otro número que vuelve más inquietante el panorama. Según las primeras estimaciones de Infratest dimap, AfD consiguió movilizar casi 160.000 antiguos abstencionistas, más que cualquier otra fuerza. Eso significa que no se limitó a robar votos dentro de un mercado electoral fijo: agrandó su propio mercado político. La alta participación, lejos de diluir a AfD, la alimentó. Para los estrategas de Berlín, ese dato puede ser incluso más preocupante que el 44%.

Y Ulrich Siegmund no está ayudando precisamente a bajar la temperatura. Rechaza una Regierung in Minderheit (gobierno en minoría), descarta diluir el programa que prometió y sostiene que AfD está preparada para asumir responsabilidades. Si el bloqueo hace imposible formar gobierno, ya dejó sobre la mesa la amenaza más agresiva de la noche: nuevas elecciones. Y entonces, dice, “tendremos 50 o 55%”.

La frase puede sonar arrogante. El problema para Berlín es que hace apenas unos años también habría parecido arrogante imaginar a AfD en 44%.

Por eso el lunes alemán empieza antes de que amanezca. En la CDU se preguntarán quién paga la derrota. En la industria, cuánto riesgo político empieza a incorporarse a Alemania. En Frankfurt, qué harán el euro, los Bunds, el crédito corporativo y el DAX. En Bruselas, hasta dónde puede erosionarse uno de los pilares políticos y financieros de Europa. Y en AfD la pregunta será exactamente la contraria: ¿hasta dónde podemos avanzar ahora?

La Brandmauer sigue en pie. Pero detrás de ella hay alrededor de 44% de los votos, una participación extraordinariamente alta, casi 160.000 antiguos abstencionistas movilizados por AfD y una generación joven que ya no responde con la misma intensidad a los viejos reflejos históricos. El partido que durante años golpeó desde afuera ahora está golpeando la puerta del poder.

Merz puede cambiar de estrategia. Puede cambiar ministros. Puede endurecer el discurso. Puede confiar en la recuperación económica. Puede intentar ganar tiempo. Lo que ya no puede hacer es comportarse como si Sajonia-Anhalt hubiera sido una elección regional más.

Porque mientras Berlín intenta decidir qué hacer con Alice Weidel, Alice Weidel ya decidió qué quiere hacer con Berlín. Ulrich Siegmund ganó la batalla de Magdeburgo. Alice Weidel acaba de abrir la batalla por Alemania.

Magdeburgo todavía no es Berlín. Pero esta noche la distancia entre ambas ciudades dejó de medirse en kilómetros. Ahora se mide en votos. Y el reloj hacia 2029 acaba de empezar a correr.

La inflación volvió a colocarse en el centro de las decisiones del equipo económico. Tras un primer semestre en el que la desaceleración de los precios avanzó a un ritmo menor al esperado, el Gobierno optó por reforzar el ancla cambiaria con una apuesta concreta, la de establecer un techo implícito para el dólar en torno a los 1.500 pesos. La lógica de la medida es directa, ya que un tipo de cambio contenido ayuda a moderar el precio de los bienes y, por esa vía, busca empujar la inflación general un escalón más abajo. Pero sostener ese techo no es gratuito, y comienza a revelar costos que conviene analizar.

Para entender la decisión hay que repasar qué complicó la desinflación en la primera parte del año. Aparecieron dos shocks sucesivos que dificultaron perforar de manera sostenida el 2% mensual. El primero fue el fuerte aumento de la carne, que impactó de lleno sobre el rubro de alimentos, con un salto cercano al 20% en el precio de las carnes y derivados entre enero y marzo. El segundo fue el shock energético derivado del conflicto en Medio Oriente, que se trasladó a los combustibles, con un incremento superior al 20% en el trimestre que va de febrero a abril. Dos golpes de oferta que, por su naturaleza, resultaron difíciles de contener con la política monetaria.

Frente a ese escenario, la respuesta de la autoridad monetaria fue mantener una política prudente. Prácticamente todos los pesos que se emitieron para comprar reservas fueron luego absorbidos, en parte mediante las compras de dólares que el Tesoro le realizó al propio Banco Central, y en parte a través de licitaciones de deuda en pesos con niveles de renovación superiores al 100%. El resultado fue que la entidad logró acumular reservas, pero esos pesos no quedaron circulando en la economía. La esperada remonetización, es decir, la recuperación de la cantidad de dinero en circulación, quedó por ahora en pausa.

Sobre ese andamiaje se montó, desde fines de julio, la herramienta adicional del techo cambiario. El objetivo declarado es reforzar el ancla, acelerar la baja de precios de los bienes y conseguir finalmente que la inflación descienda un peldaño más. La estrategia, sin embargo, exige un esfuerzo de intervención creciente. Para sostener esa muralla en torno a los 1.500 pesos, el Banco Central intensificó su participación en el mercado de futuros, a lo que se sumó la cobertura cambiaria que ya venía ofreciendo mediante títulos atados al dólar y la emisión de bonos duales, que pagan el mayor rendimiento entre la tasa de referencia y el dólar oficial.

La magnitud de esa cobertura es reveladora. Según estimaciones privadas, el nivel de resguardo cambiario que ofreció el sector público trepó desde unos 3.200 millones de dólares en mayo hasta cerca de 12.500 millones en agosto. Es una cifra muy elevada, sobre todo si se considera que todavía no se ingresó de lleno en el período de mayor sensibilidad electoral. Ese volumen de cobertura revela que del otro lado hay una demanda de dolarización genuina del sector privado, es decir, que buena parte del mercado percibe que el valor de equilibrio del dólar se ubica por encima del techo que se busca sostener.

Ese desajuste entre la percepción del mercado y el objetivo oficial empezó a manifestarse en un costo concreto, que es la mayor volatilidad de las tasas de interés, una dinámica ya conocida del año anterior. El mecanismo es el siguiente. Para adquirir cobertura, los inversores privados venden títulos en pesos a tasa fija, lo que hace caer su precio y elevar su rendimiento. De ese modo, la tensión que se contiene en el frente cambiario reaparece en el frente de las tasas, y desde allí amenaza con trasladarse nuevamente al crédito y a la actividad. La pregunta que empieza a instalarse es hasta cuándo pueden sostenerse en simultáneo un dólar planchado, unas tasas volátiles y una economía real que necesita recuperar impulso.

La razón por la cual se recurre al tipo de cambio como ancla se comprende al observar la composición de la inflación. En los primeros siete meses del año, la inflación de los servicios promedió un 3,2% mensual, afectada por la recomposición de las tarifas de los servicios públicos, mientras que la de los bienes se ubicó en un promedio del 2,7%. Los servicios, que incluyen componentes como tarifas, salarios, alquileres, educación y salud, tienen una inercia mucho mayor y reaccionan poco al tipo de cambio y a la competencia importada. De ahí la estrategia, porque al contener el dólar se busca que la inflación de los bienes se aproxime al 1% mensual, y que ese descenso arrastre a la inflación general por debajo del piso del 2% en el que hoy parece estancada.

El interrogante decisivo es cuánto margen existe para sostener ese techo. Y aquí la perspectiva histórica introduce una señal de cautela. Si se compara el nivel actual del dólar con episodios de apreciación del pasado reciente, el promedio de la convertibilidad entre 1997 y 2001 equivaldría hoy a un dólar de alrededor de 1.342 pesos, y el nivel previo a la salida del cepo de fines de 2015 rondaría los 1.328 pesos. El valor actual se acerca, más bien, al que regía a fines de 2017, en torno a los 1.531 pesos, justo antes de que comenzaran las turbulencias cambiarias de aquel período. La comparación sugiere que el peso ya se encuentra en niveles de apreciación considerables.

Ese dato introduce la tensión central del programa. El mismo dólar que colabora con la desinflación empieza a transformarse en un problema para la competitividad. Y ello ocurre en un momento delicado, con una economía real que todavía muestra dificultades y con pequeñas y medianas empresas que enfrentan de manera simultánea la competencia importada, la presión tributaria, los elevados costos financieros y una demanda interna que no termina de despegar. El tipo de cambio apreciado, que abarata las importaciones y ayuda a bajar los precios, es el mismo que les complica la vida a los productores locales.

Allí reside, probablemente, uno de los dilemas más importantes de los próximos meses. Se trata de definir cuánto tiempo puede utilizarse el dólar como ancla para terminar de ganar la batalla contra la inflación, sin que la apreciación termine trasladando el costo desde los precios hacia la actividad, el empleo y la competitividad. El techo de los 1.500 pesos es, en ese sentido, una herramienta potente pero de doble filo, cuya eficacia dependerá de que se logre consolidar la desinflación antes de que los costos acumulados de sostenerlo se vuelvan demasiado onerosos para una economía real que aún busca su recuperación.

China postergó a último momento el lanzamiento de Chang’e-7, la misión que debía partir hacia el polo sur de la Luna en busca de agua congelada. La decisión aplazó una de las operaciones más ambiciosas del programa espacial chino, pero no detuvo la competencia que ya mantienen Beijing y Washington. Y es que volver a pisar la superficie lunar sigue siendo importante, aunque ya no constituye el objetivo final. La verdadera disputa consiste en desarrollar la capacidad de permanecer allí, utilizar sus recursos y establecer las reglas que organizarán la nueva carrera por el espacio.

La postergación también recuerda algo que suele quedar oculto detrás de los grandes anuncios. Llegar a la Luna continúa siendo extremadamente difícil.

Las autoridades chinas fueron escuetas y se limitaron a señalar que la misión no reunía las condiciones necesarias para despegar dentro de la ventana prevista. No explicaron los motivos ni anunciaron una nueva fecha.

Sin embargo, una competencia estratégica no se define por la postergación de una misión, sino por los objetivos que cada potencia persigue, los recursos que está dispuesta a invertir y la posición que intenta ocupar antes de que se incorporen nuevos actores. Y, en este caso, China y Estados Unidos están mirando hacia el mismo lugar.

El agua como instrumento de poder

¿Por qué el polo sur de la Luna se volvió tan importante? La posibilidad de encontrar agua allí parece una explicación demasiado sencilla para justificar una competencia entre potencias. Después de todo, un vaso de agua no parece un instrumento de poder. En la Luna, sin embargo, podría convertirse en la base de una presencia humana sostenida.

En esa región podrían existir depósitos accesibles de agua congelada. Si ese hielo pudiera aprovecharse, serviría para abastecer a futuras tripulaciones, producir oxígeno y, eventualmente, fabricar combustible. Esto reduciría la dependencia de los recursos transportados desde la Tierra y permitiría sostener operaciones cada vez más prolongadas. Chang’e-7 fue diseñada para determinar dónde se encuentra ese hielo, en qué cantidad y si puede ser extraído de manera útil. El desafío técnico continúa siendo enorme. Saber que un recurso existe no significa que pueda ser aprovechado.

Pero hay que aclarar algo. Los avances del programa espacial de China no implican que el país esté a punto de instalar una estación de servicio en la Luna. Vivimos tiempos tan vertiginosos en materia tecnológica que, como especie, ya nada nos parece imposible. Sin embargo, por extraordinarios que hayan sido esos avances, extraer hielo de una región sometida a temperaturas extremas, procesarlo y convertirlo en agua utilizable, oxígeno o combustible continúa siendo una posibilidad futura y todavía distante.

Dicho esto, las potencias no suelen esperar a que un recurso pueda explotarse con facilidad para comenzar a disputar las condiciones de su utilización. El verdadero valor estratégico del agua no se encuentra únicamente en el recurso, sino también en la infraestructura que permitiría construir a su alrededor. La competencia no se reduce a encontrar hielo. Lo que está en juego es quién será la primera potencia capaz de transformar el satélite natural de la Tierra en un espacio de aprovechamiento sostenido, con presencia humana, autonomía y capacidad para ejercer influencia y poder.

Controlar la Luna sin ser su dueño

Controlar la Luna no significa dominar toda su superficie ni declararla territorio propio. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, vigente desde 1967, establece que la Luna y los demás cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional. En términos sencillos, ningún país puede llegar, plantar una bandera y declarar que una parte de la Luna le pertenece.

Pero el tratado fue redactado cuando la extracción de recursos, la instalación de infraestructura permanente y la participación de empresas privadas en la exploración espacial parecían posibilidades lejanas. Por eso, algunas preguntas actuales todavía no encuentran una respuesta aceptada por todos.

Existe, sin embargo, otra forma de control, menos visible y posiblemente más efectiva. Es el control de la infraestructura de la que dependerán los demás.

La potencia que instale primero sistemas de energía, comunicaciones, navegación, transporte y abastecimiento cerca de los lugares más valiosos estará en mejores condiciones para decidir cómo se opera a su alrededor. No será propietaria del territorio, pero podrá establecer estándares, definir procedimientos y condicionar el acceso a determinados recursos.

La historia terrestre ofrece una advertencia sobre esta forma de poder. Muchas antiguas colonias alcanzaron la independencia política, pero continuaron dependiendo del capital, la maquinaria, las redes de transporte y el conocimiento técnico concentrado en el exterior para explotar sus recursos mineros o petroleros. La soberanía formal no produjo automáticamente autonomía económica. Construir capacidades propias demandó décadas y, en muchos casos, la dependencia todavía no ha desaparecido por completo. También podía convertirse en una dependencia cultural, cuando las tecnologías, las normas y los modelos heredados de las antiguas metrópolis continuaban siendo percibidos como naturalmente superiores.

La Luna no es una colonia y la comparación tiene límites evidentes. Pero la experiencia permite comprender una lección que conserva su vigencia. Tener acceso formal a un recurso no significa poseer la capacidad material para decidir cómo explotarlo, transportarlo o utilizarlo. Quien depende de la tecnología y la infraestructura de otro puede conservar sus derechos y, aun así, perder buena parte de su autonomía.

Algo similar podría ocurrir con las zonas de seguridad contempladas por los Acuerdos Artemis. Estas áreas deben ser temporales y buscan evitar interferencias perjudiciales mediante la notificación y la coordinación entre distintas operaciones. Sin embargo, si alrededor de un depósito de hielo aparece una base, un sistema energético y un perímetro dentro del cual los demás deben coordinar sus movimientos, la diferencia entre proteger una actividad y controlar de hecho un espacio podría volverse más difícil de distinguir.

El control tampoco se limitará a la superficie. Las redes de satélites que proporcionen comunicaciones, posicionamiento y navegación alrededor de la Luna serán tan importantes como las bases. Quien controle esas redes podrá facilitar determinadas operaciones y convertir su tecnología en el sistema al que los demás deberán adaptarse.

No se trata necesariamente de militarizar la Luna. Se trata de comprender que una infraestructura civil también puede producir ventajas económicas, políticas y estratégicas. Quien proporcione la energía, las comunicaciones y las rutas de acceso no necesitará ser dueño de la Luna para influir sobre lo que ocurra en ella.

Dos caminos hacia la Luna

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por demostrar cuál poseía mayor capacidad científica, tecnológica y política. La llegada del hombre a la Luna fue una hazaña extraordinaria, pero también una demostración de poder. En aquel momento, llegar primero era lo que importaba. Ahora, el objetivo es permanecer.

Estados Unidos completó en abril la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cincuenta años. La NASA prepara para 2027 Artemis III, una misión de demostración en órbita terrestre baja destinada a probar sistemas necesarios para futuros alunizajes, mientras que el regreso de astronautas a la superficie quedó previsto para una etapa posterior del programa. China, por su parte, aspira a realizar su primer alunizaje tripulado antes de 2030 y proyecta construir, junto con Rusia, la Estación Internacional de Investigación Lunar.

Alrededor de ambas potencias también comienzan a organizarse diferentes estructuras de cooperación. Estados Unidos impulsa los Acuerdos Artemis, firmados por 70 países, mientras China y Rusia invitan a otros Estados y organizaciones a participar en su proyecto. No se trata de alianzas militares, sino de sistemas organizados alrededor de tecnologías, intereses y normas diferentes. La competencia ya no se desarrolla solamente entre misiones, sino entre dos formas de organizar la futura presencia humana en la Luna. Llegar permite demostrar capacidad, pero permanecer permite ejercer influencia y poder.

Argentina ante la futura competencia espacial

La Argentina ocupa una posición particular. Forma parte de los Acuerdos Artemis, participó en Artemis II mediante el microsatélite ATENEA y, al mismo tiempo, alberga en Neuquén una estación que brinda apoyo al programa chino de exploración lunar. También coopera con la Agencia Espacial Europea mediante la antena instalada en Malargüe.

Esta vinculación con actores diferentes puede convertirse en una ventaja. Pero, a medida que aumente la competencia entre Estados Unidos y China, también podría exponer al país a mayores presiones para adoptar tecnologías, estándares y posiciones vinculadas con una de las dos arquitecturas espaciales.

Está claro que la Argentina no competirá por instalar una base en la Luna en el futuro próximo. Pero no es ese el punto. Su oportunidad consiste en desarrollar capacidades que la vuelvan necesaria dentro de este nuevo escenario. Puede hacerlo mediante el diseño de satélites y componentes, la prestación de servicios de seguimiento y comunicaciones, el procesamiento de datos, el fortalecimiento del acceso propio al espacio y la participación en la discusión de las futuras normas.

Alojar infraestructura extranjera o integrar ocasionalmente una misión internacional no alcanza. La Argentina deberá definir qué posición sostiene sobre la explotación de recursos, qué condiciones establece para las estaciones instaladas en su territorio y qué conocimiento, tecnología y capacidad operativa obtiene de cada acuerdo.

El desafío no consiste simplemente en elegir entre Estados Unidos y China. Consiste en evitar que la competencia entre ambas potencias se desarrolle sobre territorio argentino sin fortalecer, al mismo tiempo, las capacidades nacionales. Dicho de otro modo, el verdadero riesgo no es quedar fuera de la carrera, sino participar únicamente como territorio, proveedor de infraestructura o consumidor de tecnología extranjera.

En la futura geopolítica espacial, no todos los países escribirán las reglas. Pero aquellos que construyan capacidades propias, protejan sus datos y sostengan una estrategia de largo plazo podrán evitar que otros las escriban en su nombre.

Javier Milei no va a moderarse. Al menos, no en aquello que constituye el corazón de su identidad política: el discurso. La confrontación, la denuncia contra la “casta” y la presentación de la política como una batalla forman parte de su liderazgo y de la relación que construyó con su electorado.

Milei llegó a la Presidencia porque logró representar un enojo que durante años no había encontrado una expresión política efectiva. No solamente describió ese malestar: le dio palabras, responsables y un sentido. Abandonar completamente ese registro implicaría renunciar a una parte central de su capital político.

El Presidente seguirá ocupando el lugar del radicalizado para mantener movilizados a quienes lo acompañaron desde el comienzo y demostrar que el ejercicio del poder no lo convirtió en un integrante más del sistema que prometió combatir.

Sin embargo, conservar el núcleo propio ya no alcanza. El Gobierno necesita ampliar su base de apoyo, recuperar desencantados y acercarse a sectores que pueden valorar algunos resultados de la gestión, pero todavía mantienen distancia frente a las formas presidenciales.

La respuesta no parece ser una moderación de Milei, sino una distribución más ordenada de los discursos. El Presidente conservará el tono confrontativo, mientras otros funcionarios ocuparán el espacio de la explicación, la previsibilidad y la moderación. En esta etapa, las vocerías orquestadas serán fundamentales.

Una voz para cada electorado

Un Gobierno no necesita que todos sus integrantes hablen de la misma manera. Necesita discursos diferentes, pero complementarios. Coordinar significa definir qué debe decir cada vocero, a qué público debe dirigirse y qué función cumple dentro de la estrategia.

Milei seguirá hablándole al electorado convencido y mantendrá viva la épica del cambio. Otros funcionarios deberán dirigirse a quienes no necesitan épica, sino certezas.

El ministro de Economía, por ejemplo, puede convertirse en una de las voces principales de esa estrategia. Su tarea no será reemplazar ni contradecir al Presidente, sino traducir el rumbo económico a un lenguaje más sereno , cotidiano y comprensible.

Mientras Milei presenta el proceso como una batalla contra décadas de decadencia, el ministro debe explicar qué significan las decisiones en la vida diaria. Uno moviliza; el otro transmite previsibilidad. Uno establece el conflicto; el otro reduce la incertidumbre.

El problema aparece cuando todos los funcionarios imitan el tono presidencial. Si cada ministro confronta y construye su propia épica, la radicalización deja de ser un recurso de liderazgo y se convierte en el único idioma del Gobierno.

No todos los ciudadanos quieren ser convocados a una batalla todos los días. Algunos pueden compartir el equilibrio fiscal o la necesidad de reformas, pero esperan una comunicación menos agresiva y más cercana a sus problemas. Muchas veces no rechazan el rumbo: rechazan el tono.

Moderar para ampliar

La moderación no implica abandonar las convicciones ni retroceder en las decisiones. Puede funcionar como una herramienta de expansión electoral. No se trata de modificar el programa, sino de construir diferentes puertas de entrada.

Milei puede representar la ruptura, mientras sus voceros representan la estabilidad. Puede interpelar desde la identidad, mientras sus ministros convencen desde los resultados.

Toda gestión produce desgaste. Entre quienes acompañaron inicialmente al Gobierno pueden aparecer frustraciones, cansancio o dudas. A esos electores no siempre se los recupera aumentando la intensidad, sino explicando, escuchando y ofreciendo horizontes concretos.

El desafío comunicacional no consiste en bajar el volumen de todas las voces, sino en convertirlas en una orquesta. Milei representará la intensidad; el ministro de Economía, la previsibilidad; y otros funcionarios deberán expresar gestión, cercanía y capacidad de diálogo.

El Gobierno ya tiene una voz capaz de representar el enojo. Ahora necesita otras que puedan representar el futuro. Milei puede mantener movilizados a los propios, pero serán sus voceros quienes deberán transformar esa intensidad en una mayoría.

Una persona va a una manifestación. Puede ser registrada por una cámara fija, filmada por un dron, identificada mediante reconocimiento facial, vinculada con sus perfiles en redes sociales a través de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas y, finalmente, incorporada junto con otras personas a bases de datos o sistemas de inteligencia. Ninguna de esas tecnologías, por sí sola, permite conocer con certeza quién es ni cuáles son sus intenciones. Pero combinadas pueden reconstruir con quién estuvo, cuándo, dónde y qué hizo. No es una distopía. Es la realidad del Estado omnipresente.

¿Por qué el debate sobre vigilancia en Argentina ya no puede reducirse a discutir una cámara, un software o una compra puntual? El problema es la arquitectura que se construye cuando normas, fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia, proveedores privados, drones, reconocimiento facial, redes sociales y grandes volúmenes de datos empiezan a funcionar como distintas capas de un mismo sistema.

La pregunta tampoco es si el Estado puede utilizar tecnología para prevenir o investigar delitos. Puede hacerlo. La discusión es otra: con qué base legal, para qué finalidad, bajo qué criterios de necesidad y proporcionalidad, con qué transparencia, quién controla su uso y qué mecanismos existen para exigir rendición de cuentas. Una política de seguridad no debería transformarse, casi imperceptiblemente, en una infraestructura permanente de vigilancia sobre la vida pública.

Según reveló nuestro último informe, “Estado de Vigilancia”, entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires ampliaron de manera simultánea sus capacidades de identificación, monitoreo y análisis de la población. Esa expansión no ocurrió únicamente mediante adquisiciones tecnológicas. También avanzó a través de reformas institucionales, protocolos y nuevas facultades para organismos de seguridad e inteligencia.

La reorganización del sistema de inteligencia amplió su capacidad operativa tanto en el plano de la inteligencia como la contrainteligencia, extendió el secreto como regla, reforzó la capacidad de acceder a información en poder de otros organismos y aumentó las posibilidades de intercambio de datos. El DNU 941/2025 creó además la Agencia Federal de Ciberinteligencia, con competencias específicas en el ciberespacio. En paralelo, la reforma del Estatuto de la Policía Federal amplió las facultades de ciberpatrullaje y acceso a bases estatales y reguló el uso de agentes encubiertos y reveladores digitales.

A esas reformas se sumaron instrumentos concretos. El Protocolo Antipiquetes prevé filmaciones, identificación de “autores, cómplices e instigadores”, registro de líderes, organizaciones y vehículos y, en determinados casos, comunicación a Migraciones respecto de personas extranjeras con residencia provisoria. La Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, por su parte, concentra funciones de monitoreo digital, reconocimiento facial, análisis masivo de datos y predicción del delito.

El Estado también compró las herramientas necesarias para expandir esas capacidades. Entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional destinó al menos 1,2 millones de dólares a tecnologías de vigilancia, sin contabilizar herramientas conexas como software forense digital. Entre las adquisiciones identificadas aparecen licencias de la plataforma Maltego para inteligencia de fuentes abiertas, de la empresa Clearview AI para reconocimiento facial y drones con cámaras térmicas, seguimiento automatizado y transmisión de imágenes.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó, al mismo tiempo, sobre otra dimensión del sistema. Las contrataciones analizadas rondan los 48 millones de dólares, concentrados mayormente en infraestructura física urbana: cámaras, puntos de captura, hardware, cableado, conectividad, almacenamiento y mantenimiento. De ese total, 27 millones de dólares corresponden a puntos de captura y hardware y otros 14 millones de dólares a conectividad de la plataforma.

Son inversiones diferentes, pero complementarias. Nación aumenta su capacidad de analizar datos, identificar rostros y rastrear personas. La Ciudad amplía la red física que produce imágenes e información en el espacio público. El riesgo aparece precisamente en esa convergencia: la capacidad de capturar, procesar y relacionar información se vuelve mayor que la que tendría cualquiera de esas estructuras de manera aislada.

Hay además interrogantes que continúan abiertos. El Estado adquirió una licencia de Clearview AI, pero Amnistía Internacional no obtuvo información suficiente sobre las bases utilizadas, los controles existentes, las evaluaciones de impacto, las auditorías ni los casos concretos en los que se aplica. El Ministerio informó, ante un pedido de acceso a la información pública, que el sistema de la Policía Federal no sería online ni estaría permanentemente activo en la vía pública, sino que se utilizaría ex post y bajo investigación judicial. Esa precisión puede reducir algunos riesgos, pero no elimina las preguntas sobre qué ocurre después con las imágenes, cuánto tiempo se conservan, quién puede acceder a ellas o con qué otros datos pueden combinarse.

Algo similar ocurre con los drones. Existen declaraciones oficiales que indican que no poseen reconocimiento facial y que no estarían vinculados con manifestaciones. Al mismo tiempo, la investigación recopiló evidencia audiovisual de drones de fuerzas federales en protestas y un video oficial de la Policía Federal en el que se explica que las imágenes son transmitidas al comando institucional. La pregunta relevante no es afirmar capacidades que no están acreditadas, sino saber qué imágenes se capturan, si se almacenan, si después se procesan y con qué otras herramientas pueden integrarse.

En este contexto también aparecen actores privados que requieren transparencia. Palantir, empresa vinculada a Peter Thiel, desarrolla herramientas de análisis de datos utilizadas en distintos países en seguridad, defensa e inmigración. Thiel se reunió con el presidente Javier Milei al menos tres veces de manera documentada, la última el 23 de abril de 2026. Amnistía Internacional pidió información a Presidencia y Cancillería sobre eventuales acuerdos o negociaciones con Palantir.

Las respuestas recibidas no permitieron establecer si existe o no un contrato ni bajo qué condiciones podrían estar explorándose acuerdos. Eso es exactamente lo que sabemos. No más. Y justamente por eso la transparencia resulta indispensable. Pero el impacto de la vigilancia no comienza cuando una persona es detenida, procesada o sancionada. Puede empezar mucho antes.

Desde Amnistía Internacional entrevistamos a 21 personas, entre periodistas, activistas, jóvenes, personas jubiladas, migrantes y defensores de derechos humanos. Los testimonios documentaron cambios concretos de conducta asociados a la percepción de estar siendo vigilados: menor o más selectiva participación en manifestaciones, reducción de la exposición pública, cambios en las formas de organización, uso de plataformas consideradas más seguras, abandono de determinados canales de comunicación y autocensura en redes sociales.

Algunas personas dejaron WhatsApp y comenzaron a utilizar Signal o Telegram. Periodistas incorporaron más medidas de protección. Jóvenes redujeron su participación política en redes. Personas migrantes dejaron de participar en determinados espacios por temor a consecuencias migratorias. A eso se lo denomina efecto inhibidor.

No significa que todas las personas dejen de protestar o expresarse. Significa que algunas empiezan a preguntarse dos veces antes de hacerlo. Hablan menos, se muestran menos, cambian la manera en la que se organizan o directamente se retiran de ciertos espacios. Una democracia también puede deteriorarse cuando las personas comienzan a comportarse como si estuvieran bajo observación permanente.

El argumento “si no hiciste nada malo, no tenés nada que esconder” parte de una idea equivocada. Los derechos no existen únicamente para quienes tienen algo que ocultar. Una persona puede no haber cometido ningún delito y, aun así, querer mantener en reserva sus ideas políticas, sus vínculos, sus fuentes periodísticas, su actividad sindical, sus creencias religiosas o su participación en una protesta.

El problema se vuelve todavía más relevante cuando las tecnologías funcionan sobre bases históricas que tampoco son neutrales. Los sistemas de policía predictiva, por ejemplo, utilizan datos previos para estimar dónde podría ocurrir un delito o qué persona podría representar un riesgo. Si determinadas zonas fueron históricamente más patrulladas o determinados grupos más detenidos, el sistema aprende de esa información. Luego vuelve a señalar los mismos lugares o perfiles, genera mayor presencia policial y produce nuevos datos que alimentan el ciclo.

La tecnología puede así revestir de aparente neutralidad decisiones y sesgos que ya existían.

Argentina tiene una Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326. El problema no es afirmar que no existe legislación. El problema señalado por la investigación es que la expansión de estas capacidades se produjo sin un marco específico adecuado a los desafíos actuales del reconocimiento facial, la inteligencia artificial, el monitoreo masivo de redes y la interconexión creciente entre bases de datos.

La actualización de esa ley es necesaria. Pero cualquier reforma debería aumentar, y no reducir, la protección de las personas. Debería exigir consentimiento claro, transparencia sobre el tratamiento de datos, evaluaciones de impacto antes de desplegar tecnologías de vigilancia y controles externos independientes. No se trata de elegir entre seguridad y derechos. Esa es una falsa disyuntiva.

Una política de seguridad compatible con una democracia debe poder responder preguntas básicas: ¿qué tecnología utiliza el Estado?, ¿para qué?, ¿qué información recolecta?, ¿con qué bases se cruza?, ¿quién accede?, ¿durante cuánto tiempo se conserva?, ¿qué empresas participan?, ¿qué juez o autoridad independiente controla su uso?, ¿qué puede hacer una persona si sus datos fueron utilizados de manera incorrecta?

Cuanto mayor es la capacidad tecnológica del Estado, mayor debe ser la calidad de los controles democráticos. La tecnología no es inevitablemente autoritaria. Pero tampoco es neutral cuando se utiliza sin reglas suficientes.

Y en una democracia, la pregunta más importante frente a un Estado que puede penetrar cada vez más en la privacidad no debería ser qué tenemos para esconder sino quién vigila al que vigila.

¿Funcionó el plan de Milei? Depende de qué le estés preguntando. Si la pregunta es si la Argentina domó la emisión y dejó atrás una inflación que, en su primer mes de gobierno, corría al 25% mensual, la respuesta es sí, sin matices. Si la pregunta es si, treinta y dos meses después, la economía volvió a crecer y la inflación bajó lo suficiente como para dejar de ser un problema cotidiano, la respuesta es no. Y esa segunda pregunta es la que importa: es la que todo plan de estabilización tiene que responder tarde o temprano.

Lo que le pasó a la Argentina no es un fracaso ni un éxito a medias. Es algo más preciso: quedó en punto muerto. El motor prendió, dejó de fallar, ya no traquetea como en diciembre de 2023. Pero el auto no avanza. En julio el IPC subió a 2,1% mensual —el primer repunte en cuatro meses— y la inflación interanual llegó a 33,8%. Mientras tanto, la actividad tampoco arranca. No es un problema: son dos, y se retroalimentan.

Son dos fracasos, y no uno: ahí está la novedad. El relato oficial necesitaba que al menos uno de los dos frentes sea un éxito: si la inflación no cede del todo, que crezca la economía; si la economía no crece, que ceda la inflación. En 2026 no está pasando ninguna de las dos cosas. Es el problema de un ajuste por partida doble: no solo sus efectos recesivos, sino la confirmación de que parece no haber servido para nada.

Los números lo confirman. El EMAE viene en “serrucho” y el índice líder de la UTDT lleva desde marzo estancado entre 84% y 85% de probabilidad de recesión: un modelo hecho para detectar la salida del túnel que no la encuentra. La construcción cayó hasta 39% en el primer semestre de 2024 y, dos años después, apenas recuperó entre 9% y 11% de lo perdido; el empleo del sector cayó 15% y una de cada once empresas bajó la persiana. La Argentina tiene hoy 241 mil asalariados privados formales menos que al arrancar el plan. Y la comparación que más dice es otra: contando los mismos trimestres desde el arranque de cada uno, la industria de la Convertibilidad ya producía 25% más que en su punto de partida; la de Milei produce 11% menos.

Pero el número que mejor describe cómo llega la mayoría a la mesa de todos los días no está en el EMAE: está en la morosidad. Según el propio Banco Central, la mora del crédito a personas llegó a 16,3% en junio, más de cuatro veces el nivel de comienzos de 2024. En el crédito no bancario —el de las fintechs y las cuotas de los comercios, la puerta que les queda a las familias que ya no califican en un banco— trepa a 33%: una de cada tres cuotas está impaga. Entre los menores de 30 sube a 43%. Son casi 6 millones de personas en mora: no es una estadística, es la heladera que se compró en doce cuotas y dejó de pagarse en la sexta.

Lo llamativo es que ni siquiera hubo veranito. Hay un patrón que se repite en las estabilizaciones con ancla cambiaria: baja la inflación, se abarata el crédito, la gente consume financiada por ese crédito y recién después —a veces años después— llega el ajuste. Fue así en México en 1988, en la propia Convertibilidad y en 2016-2017. El programa de Milei se saltó esa etapa: vino con el “omitir intro” y nos condujo de un infierno al otro. Hubo desinflación y estancamiento, en simultáneo. Fracasar en las dos cosas a la vez no es mala suerte: es la marca de un plan que subestimó, desde el diseño, lo que iba a costar el segundo tramo.

Porque una cosa es lo fácil y otra lo difícil, y el Gobierno parece no haber advertido todavía la diferencia. Hay un nombre técnico para lo que le pasa hoy a la Argentina: inflación moderada. Un tercer estado, más estable de lo que parece, en el que un país puede quedar instalado durante años: una inflación que persiste sin ceder y sin desbordar, entre 15% y 30% anual. Incluso si la mensual se planchara en 2%, el anualizado rondaría el 27%. Bajar de tres dígitos a dos es un problema de expectativas: alcanza un ancla creíble para romper la inercia de golpe. Bajar de una inflación moderada a una baja es más terco: exige desarmar precios y contratos que ya se acomodaron a convivir con el 2% mensual. El Gobierno resolvió el primer problema; julio sugiere que ni siquiera entendió que el segundo es distinto.

El mes 32 no es una fecha elegida al azar: es el punto exacto en el que está hoy el plan y el que permite compararlo, mes contra mes, con el resto. La Convertibilidad, en su mes 32, tenía una inflación mensual de 0,1%; Milei todavía corre al 2,1%, veintiuna veces más. Pero el espejo verdadero es otro, menos citado y más incómodo: Israel, julio de 1985. Su inflación cayó de 445% en 1984 a 20% en 1986, un desplome casi calcado al argentino de 2023-2024. El problema es lo que vino después: se plantó entre 16% y 20% anual durante seis años, sin converger a un dígito hasta 1992. Y ese descenso no fue automático: le llevó gobiernos distintos y acuerdos que la Argentina de hoy ni siquiera intentó construir.

Es cierto que el mundo de 1985 no es el de hoy, pero la diferencia juega en contra: Israel estabilizó en una década en la que el capital iba, casi por inercia, hacia los emergentes que ordenaban su macro. La Argentina intenta la misma hazaña en un mundo que se cierra, y lo intenta abriéndose ella sola: más de un centenar de medidas de apertura comercial, aranceles que bajan hacia el 0%, permisos de importación eliminados. En julio, Estados Unidos —el socio político más cercano que tuvo un presidente argentino en mucho tiempo— le impuso a la Argentina un arancel general del 10%, y 50% en acero y aluminio. La alianza política existe. El arancel, también. Bajar el arancel parejo mientras el resto del planeta arma sus murallas no es apertura: es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, no leer el mapa.

Ahí conviene separar el título del subtítulo. El título: las reservas brutas del BCRA superaron a mediados de agosto los USD 50.000 millones, el nivel más alto en casi siete años. El subtítulo: las netas siguen en rojo, unos USD 4.400 millones negativos. Después de treinta y dos meses de plan, la Argentina sigue debiendo, no ahorrando. El salto exportador, liderado por la energía, es genuino, pero choca con un límite: el tipo de cambio real está hoy 20% por debajo del nivel que el propio FMI consideró de equilibrio. Cada punto que ayuda a mostrar más dólares en la city es, del otro lado del mostrador, una fábrica que exporta menos, una pyme que no puede cotizar afuera, un empleo industrial que no se crea. El dólar y el estancamiento no son dos noticias separadas: son la misma, contada dos veces.

De ahí que el Gobierno tenga hoy un solo dilema real: relanzar o resignarse. O relanza la estabilización, con un marco institucional que dure más que una gestión y acuerdos políticos que hoy no tiene, o administra —como si fuera un estado normal y no una transición— un tipo de cambio apreciado y una actividad exhausta. Cualquiera de los dos caminos exige un volumen político que el Gobierno no tiene. La confianza no se decreta, se construye: con método, con acuerdos, con margen para pedir sacrificios sin haber gastado ya el que tenía.

La pregunta, entonces, no es si Milei hizo arrancar el motor. Lo hizo, y con eso ya cobró. La pregunta es si puede todavía sacar el auto de punto muerto, o si el desgaste ya le puso fecha de vencimiento a esa promesa, mucho antes de que el Gobierno esté dispuesto a admitirlo.

Cuando desde la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional pensamos Urban Cities quisimos que fuera mucho más que un congreso. Y lo que pasó este 1 y 2 de septiembre en la Usina del Arte confirmó que estábamos en el camino correcto.

El primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes convocó a más de 500 ciudades y reunió a 82 intendentes, con delegaciones de las 24 jurisdicciones del país y más de 3.000 asistentes entre funcionarios, especialistas, académicos y referentes del sector privado y del ecosistema emprendedor.

Más de 60 speakers participaron en paneles, talleres y espacios de intercambio sobre inteligencia artificial, datos, movilidad, seguridad, innovación, sostenibilidad y gestión pública. Pero los números, si bien contundentes, no son lo más importante.

Lo más valioso pasó en otro lado: en las conversaciones entre intendentes, en los intercambios entre ciudades, en el conocimiento aportado por las universidades y en las soluciones propuestas por las empresas. Se vio en instituciones que hoy se llevan un contacto, una idea o un proyecto para seguir trabajando.

Logramos algo que no es sencillo: reunir en un mismo lugar a representantes de todo el país, de distintos espacios políticos y de sectores muy diferentes, alrededor de una agenda común. Y ese trabajo no arrancó cuando se abrieron las puertas de la Usina del Arte, sino que fue el resultado de meses de recorridas, reuniones y encuentros en distintos puntos de la Argentina, y de más de 100 acuerdos y adhesiones celebrados en el marco de Urban Cities.

En esa misma línea, nuestro Jefe de Gobierno, Jorge Macri, les propuso a los intendentes trabajar en equipo con la Ciudad. Esa invitación resume el espíritu de Urban Cities. Ninguna ciudad tiene por sí sola todas las respuestas a los desafíos actuales de la gestión pública, pero juntas pueden encontrarlas más rápido.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ponemos lo que aprendimos al servicio de ese trabajo compartido, y queremos aprender de las buenas prácticas de los demás. Por eso, aunque este primer Congreso terminó, Urban Cities continúa.

Lo que dejó es una red federal que surgió del aporte y del compromiso de todos los que fueron parte y que seguirá funcionando de acá en adelante. Es una construcción de todas las ciudades e instituciones para todas nuestras ciudades.

Vamos a trabajar para que todo lo que sucedió en Urban Cities continúe creciendo. Para que los contactos se transformen en proyectos, para que las experiencias puedan viajar de una ciudad a otra y para que las ideas que compartimos encuentren la forma de convertirse en soluciones concretas.

Porque ese es el sentido de todo esto, que lo que una ciudad aprende pueda servirle a otra, y que lo que construimos juntos tenga un impacto real en la vida de la gente. Detrás de la tecnología, los datos y la innovación existe una misma motivación: transformar nuestras ciudades y mejorar la vida de las personas que viven en ellas.

Ese es el compromiso que asumimos desde la Ciudad de Buenos Aires y el que queremos sostener con cada intendente y cada institución que se sume a esta red. Gracias a todos los que hicieron posible Urban Cities. Esto recién empieza.

De marcadas actitudes anglófilas a un nacionalismo rayano con el más vulgar chauvinismo, de las semblanzas “tatcherianas” a la recordación de los veteranos y combatientes, del implícito reconocimiento del principio de autodeterminación en relación con los kelpers al debate de soberanía, de las erráticas votaciones en la ONU respecto a cuestiones coloniales a la denuncia de vestigios imperialistas.

Frente a estos evidentes extremos que dan cuenta de un brusco viraje en la política exterior del gobierno de Milei respecto a la cuestión Malvinas, una pregunta central se impone: ¿qué pasó para que se operara un giro tan radical?

Tras casi 300 días de gobierno y de una política exterior con escaso basamento en el principio de soberanía, con una bandera mundialista que tras las semifinales con Inglaterra había revitalizado el debate en la sociedad argentina, el contexto internacional ofrecía un escenario propicio de la mano del siempre impredecible Donald Trump.

Más allá de si las declaraciones de Trump implican una acción táctica tendiente a presionar al Reino Unido por concesiones en el marco del debate de la OTAN y el conflicto iraní, o si se trata de una reconfiguración estratégica de la política exterior de los Estados Unidos, lo cierto es que la controversia sobre la posibilidad de que revise el respaldo de Estados Unidos a Gran Bretaña por las Malvinas, ofrecía una chance inmejorable, para que Milei endureciera la postura argentina con escasos riesgos de represalias y se mostrara al frente de una causa nacional.

La moneda estaba en el aire, y los estrategas libertarios comandados por Santiago Caputo no iban a desaprovechar la oportunidad. Seguramente son conscientes de que la evidencia histórica da cuenta de la fuerza de atracción que suelen tener las apelaciones nacionalistas o los conflictos internacionales, tanto para intentar revertir el desgaste de liderazgos como para desviar la atención de temas domésticos.

Benedict Anderson, en el clásico “Comunidades Imaginadas”, demostraba cómo el nacionalismo había sustituido a la religión como herramienta para dar respuesta a las preocupaciones del individuo y proveer seguridad y sentido de pertenencia. El nacionalismo –aun en sus versiones extremas– opera en el universo de las emociones antes que en el de la razón: no necesita validar sus afirmaciones a través del test de lo posible o lo real. Por ello la identidad que se genera es no solo más fuerte, sino también acrítica e incondicional.

Milei, en una desesperada búsqueda por la reelección, pretende inscribir su nombre en ese linaje. Se trata, según el presidente, de una “causa nacional” que debe galvanizar el apoyo de todos ante lo que calificó como “una amenaza externa para el presente y el futuro de los argentinos”. Y en un viraje notable, en una cadena nacional, apeló a un arsenal discursivo que incluyó tópicos habitualmente ajenos al menú libertario, como “soberanía”, “recursos naturales” o “política exterior”.

Además, este giro discursivo conecta con uno de los atributos de los que Milei ha hecho gala durante su ascendente camino al poder y su estrategia de construcción política: la confrontación y el conflicto. Y en un contexto donde la polarización con el kirchnerismo o la confrontación con otros adversarios otrora funcionales como la “casta” -hoy ya terreno propio- pierden fuerza entre muchos de los votantes “blandos” de 2023, la invocación a un “enemigo común” resulta a priori altamente funcional.

Más explícito imposible: Milei eligió quizás el único tema realmente transversal y capaz de borrar las preferencias electorales para intentar no solo recuperar la centralidad, iniciativa y control de la agenda, sino también para condicionar a los adversarios al convocarlos a apoyar una causa con un amplísimo respaldo popular.

En este sentido, hacia el final de su mensaje grabado, como evidencia palmaria de esta suerte de “pirueta” pragmática desplegó el temido “abrazo de oso” para la oposición. El razonamiento es obvio: si la causa Malvinas es la única verdaderamente transversal, movilizante y aglutinante, la oposición, a quien se convoca a sumarse en el marco de una “pausa” respecto a otros debates, no tendría muchas alternativas.

Lo cierto es que más allá de la astucia y el oportunismo de Milei, habrá que ver cuál será el impacto concreto del viraje presidencial. En primer lugar, si la magnitud del “nuevo” conflicto alcanza para opacar el creciente cuestionamiento vinculado a la economía real. En segundo lugar, si los anuncios concretos de Milei respecto a la cuestión de la soberanía pueden tener un efecto relativamente inmediato para alterar el statu quo y dar cuenta de la efectividad de la acción gubernamental. Y, en tercer lugar, determinar si la apelación a la “causa nacional” es capaz de trascender el plano discursivo no solo para avanzar con políticas concretas sino para “moderar” la vocación hegemonizante del propio Milei y dar voz y participación real a la oposición.

Así las cosas, si bien los anuncios de Milei no solo no implican tópicos renovados – las sanciones a empresas existen desde 2011 y la Base Naval Integrada en Ushuaia comenzó a construirse en 2022- tendientes a alterar el statu quo en el corto y mediano plazo, ni garantizan en absoluto la pérdida de centralidad -al menos por mucho tiempo- de los temas urgentes en la vida cotidiana de los argentinos, este “tránsito” de los márgenes al centro del sistema político por la vía del pragmatismo, no deja de ser una táctica tan astuta como reveladoramente desesperada.

En 1974, durante el tercer gobierno de Perón, Tomás Manuel de Anchorena era nuestro embajador en el Reino Unido. Fuimos enviados tres diputados en una misión cuyas características conocíamos en líneas generales. La embajada nos recibió y el embajador nos invitó a cenar con un señor que se presentó como presidente de las Islas, de la empresa. Tenía intenciones de trasladarla a nuestra sociedad. Luego nos llevaron al Foreign Office, donde dialogamos sobre esta opción dentro de la paz de las Islas, que en ese momento daban pérdida. El presidente de la empresa había trabado una relación amistosa con nuestro embajador. Una noche, ambos nos invitaron a una cena en la embajada y cerraron con un postre que era una torta con las Islas dibujadas y una bandera argentina. En el Foreign Office fuimos recibidos oficialmente y se nos dijo que esa posibilidad existía, que podíamos viajar. Volvimos a la Argentina y se contrató un barco de bandera griega con el cual navegamos hacia las Malvinas.

Cuando llegamos fuimos muy bien recibidos, recuerdo que tomamos el té en una casa de familia. Los domingos, cuando voy a almorzar a la casa de la madre de mis hijos, se suele servir el postre en unos pequeños platos de porcelana inglesa que compramos en ese viaje. Por la tarde, subimos al barco e invitamos a un grupo de maestros lugareños que nos acompañaron en un viaje por la zona. Dialogamos con ellos, que estaban realmente satisfechos de la posibilidad de un acercamiento con la Argentina, ya que uno de los temas que los preocupaba era la necesidad de tener una sociedad desarrollada cercana a sus tierras con acceso aéreo fácil. Volvimos y quedó el proceso de acercamiento consolidado en Inglaterra y en las Islas. No encontramos rechazo alguno.

Me cuesta a veces recordar ese proceso por lo distante que quedó debido al golpe de Estado de 1976 y al enfermizo ataque de Galtieri del 2 de abril del 82, de modo que el recuerdo terminó por ubicarse en una zona cercana a lo absurdo.

La guerra, los caídos, sus héroes, siempre fueron un límite para recuperar aquel momento en el cual la política del General Perón había permitido un acercamiento. Pensemos que en ese momento, Argentina tenía un nivel de integración social semejante al de Francia y que nuestra sociedad tenía un desarrollo un poco mayor que el de Brasil.

La esencia del diálogo con cualquier grupo humano está basada en la calidad de nuestras instituciones y en la solidez de nuestra democracia, dos aspectos esenciales que hoy están lejos de concretarse. Por eso, cuando algunos políticos y periodistas utilizan un tiempo para definir los años de nuestra decadencia, repitiendo cifras que solo nos acercan a los períodos más entreguistas de nuestro país, a los del dominio absoluto de una oligarquía agroexportadora que daba a los peones por “votados” en cada elección, a ese tiempo del fraude hipócritamente denominado “patriótico”, se evidencia la nostalgia de aquel período de cien años atrás que no fue en favor del pueblo y al que esta política libertaria, con Milei y sus secuaces a la cabeza, nos está llevando nuevamente.

En cambio, si pensamos en cincuenta años atrás, queda a las claras que un hecho tan trascendente como aquel acercamiento con Malvinas era posible para una sociedad estable y desarrollada en lugar de las pantomimas saltimbanquis, estridentes y cambiantes que hoy dominan el panorama nacional, en particular ahora, respecto de Malvinas -tema que jamás ocupó el interés de Milei- tras las sibilinas declaraciones de Trump, de admirador de Thatcher a propulsor de la venta de nuestras tierras, la unidad nacional por Malvinas formulada por el mismo personaje suena a oportunismo, pero merece ser tenida en consideración, siempre y cuando esta postura se mantenga. Derecho a dudar de que así sea, dada la carencia de convicciones nacionales de este presidente, tenemos de sobra.

En suma, actualmente estamos tan lejos de aquel acercamiento a un acuerdo por las Islas Malvinas como de aquella sociedad.

Durante años he sido defensor de un Banco Central independiente cuyo objetivo sea la preservación del valor de la moneda y evitar la inflación. Estas debieron ser metas innegociables para cualquier gobierno. Lamentablemente nuestra historia económica dice lo contrario.

Si bien el Poder Ejecutivo tardó 32 meses en presentar la reforma más importante de su gobierno, celebro que este tema esté en discusión parlamentaria. Lograr la estabilización de precios tan deseada y definitiva, que aleje el flagelo de la inflación en el futuro de la República, debe ser una cuestión de Estado que involucre tanto al oficialismo como a la oposición.

En estos momentos, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobado en la Cámara de Diputados y obtuvo media sanción. Sin dudas, se trata de una ley fundamental que lamentablemente no tuvo la discusión que se merecía en el plenario de agosto.

Para desgracia de los ciudadanos, muchas veces, ajenos a discusiones técnicas, la reunión plenaria estuvo gobernada por la superficialidad y la falta de juicio crítico, tanto por parte de los economistas oficialistas como opositores. Llama la atención que las universidades nacionales hayan permanecido ajenas a la discusión en profundidad. Pero no debemos sorprendernos, en Argentina, entre gallos y medianoche se han cocinado muchos pucheros.

Una ley fundamental que lamentablemente no tuvo la discusión que se merecía en el plenario de agosto

Es intención en este artículo contribuir a la discusión técnica sobre el rol del Banco Central y de esa manera colaborar como ciudadano en el objetivo de mejorar el bienestar de toda la población. Aclaramos que las debilidades encontradas no son de carácter taxativo y que solo estamos mostrando una síntesis de un conjunto de críticas mucho más fundadas que escaparían al objetivo de un artículo periodístico.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica (CO) es un avance en comparación con la pésima Ley de 2012 que le asignaba al Banco de Bancos objetivos múltiples y que muchas veces generaba incentivos contradictorios y abandonaba la estabilidad monetaria y financiera como fin último.

Sin embargo, que este proyecto sea mejor de lo que existe no significa que no tenga puntos débiles y peligrosos. En la letra chica de las leyes, muchas veces se esconden fantasmas que nos pueden generar más de un problema futuro.

Nadie con conocimientos en materia monetaria podría no estar de acuerdo con el mandato único y la estabilidad de precios; con la imposibilidad de financiar directamente al Tesoro, para evitar la dominancia fiscal; con el blindaje a sus miembros o con el saneamiento patrimonial.

Pero detrás de estos títulos hay debilidades que en futuro podrían darnos algunos dolores de cabeza y atentar contra, precisamente, la estabilización de precios. Hay tres tipos de debilidades: una normativa, una operativa y otra reputacional.

Debilidades normativas

Desde el punto de vista normativo, existen riesgos no menores que podrían abortar cualquier intento serio de estabilización porque no blindan al BCRA con la suficiente potencia institucional que permita construir reputación. Esto es central para que un esquema de estabilización pueda ser considerado permanente.

Existen riesgos no menores que podrían abortar cualquier intento serio de estabilización porque no blindan al BCRA con la suficiente potencia institucional que permita construir reputación

En cuanto al Directorio, creo que sería útil, dada la naturaleza centralizada del BCRA, incorporar algún criterio federal en la designación de sus integrantes. La centralización de las decisiones de política monetaria no impacta de la misma manera en el nivel de precios o en su tasa de variación cuando se trata de áreas más pobladas o zonas menos integradas, entre otras cosas.

Por otro lado, el proyecto no incluye un mecanismo eficiente que pueda evaluar la solvencia técnica de los miembros del directorio y eso constituye una seria debilidad, ya que no hace hincapié en ningún rango particular de formación, trayectoria académica o algún otro criterio técnico bien definido.

Las incompatibilidades del directorio se concentran en formalidades tales como el no ser legislador o miembro del Poder Legislativo, entre otras cosas. Creo que sería útil involucrar a las universidades nacionales en la evaluación técnica de los directores.

En otras palabras, el proyecto debería concentrarse en aislar al Banco de cualquier influencia política del gobierno de turno. Además, en el proyecto original de fundación del BCRA el sector privado tenía una participación activa que hoy permanece ausente. No estaría mal ponerla en la mesa de discusión.

Con respecto al blindaje institucional, la regla de los dos tercios parece adecuada, pero hay una asimetría entre el proceso de designación y el de nombramiento. Sería importante la fijación de un mecanismo de designación y remoción simétrico del presidente, el vicepresidente y de los directores que impida al Poder Ejecutivo tener alguna ventaja temporal sobre el Poder Legislativo.

Debilidades operativas

El actual proyecto no excluye el uso discrecional de instrumentos de política monetaria. La nueva normativa debería ser muy estricta con los límites y alcances de la operatoria del Banco Central.

El actual proyecto no excluye el uso discrecional de instrumentos de política monetaria

Pensar un Banco Central independiente con las actuales regulaciones cambiarias y normativas, donde el cepo a los stocks permanece activo, es un contrasentido. De manera no taxativa enunciaré algunas de estas fallas operativas que podrían dinamitar la futura estabilidad de precios.

Históricamente el Banco Central fue un apéndice del Tesoro, no solo por ser dominado fiscalmente, sino por haber contribuido a sostener artificialmente el tipo de cambio, haberse apalancado mediante swaps, repos y otros instrumentos; todas ellas, políticas artificiales que siempre han terminado en crisis de reservas o devaluaciones abruptas.

El actual proyecto omite cuestiones operativas básicas que podrían aislar al Banco Central de toda influencia del Tesoro, no solo del financiamiento monetario del déficit. Entre los fallos encontramos:

• Ausencia de topes, reglas, límites en la operatoria del Banco en los mercados secundarios de deuda.
• Ausencia de límites duros en relación con la operatoria de futuros.
• Continúa la discrecionalidad en el uso de instrumentos de política monetaria, tales como pases, repos, redescuentos, etc. Faltan reglas claras y bien determinadas sobre los alcances de dichos instrumentos.
• Ausencia de un plan y una regla temporal de acumulación de reservas.
• Falta de prohibiciones o limitaciones al uso de reservas como garantía.

No limitar la operatoria en mercados secundarios e introducir discrecionalidad que podría esconder algún tipo de dominancia fiscal indirecta puede ser un arma de doble filo. En otras palabras, si bien el Banco Central no financiaría al Tesoro de forma directa, podría hacerlo por canales indirectos con el argumento de problemas de programación monetaria. Algo así como una puerta giratoria que termine afectando la estabilidad futura de precios.

No limitar la operatoria en mercados secundarios e introducir discrecionalidad podría esconder algún tipo de dominancia fiscal indirecta

Un plan anual de compra de reservas sería un instrumento que permitiría la programación monetaria en el mediano y largo plazo. Por otro lado, debemos tener cuidado con la forma en la que se usan las reservas como colateral de alguna maniobra de financiamiento.

Debemos recordar que nuestro marco normativo deberá aplicarse a gobiernos que sistemáticamente han recurrido a artilugios contables y financieros. Por esta razón nuestro Banco Central debería ser más estricto de lo habitual.

Debilidades reputacionales

No existe ninguna norma que tipifique como incompatible la relación laboral o societaria previa entre el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central.

Dada la historia de interferencia del Tesoro en el Banco Central es imprescindible que el ministro de Hacienda o Economía y el presidente y vicepresidente del BCRA no hayan tenido ninguna relación previa ni presente de ninguna índole. Por otro lado, tampoco deberían participar en conjunto de reuniones de Estado.

De aprobarse el proyecto de ley de la Carta Orgánica del BCRA, ¿no debería renunciar el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dada su proximidad con el ministro Luis Caputo y su relación previa en el sector privado?

Mantener al actual presidente, aun en este proyecto de ley, constituye un error grave y una debilitación de la independencia, credibilidad y reputación del Banco Central, puesto que sentaría una posible dependencia informal con el Ministerio de Hacienda.

Es vital entender que la credibilidad en un país con la moneda destruida solo se puede construir con reglas estrictas y creíbles. Mantener esta relación informal determinaría la existencia de dominancia fiscal o monetaria contingente y atentaría contra un proceso de estabilización permanente.

Para terminar, si bien el actual proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es un avance con respecto a la ley vigente, no es suficiente. Las omisiones y fallas estructurales del proyecto dejan en evidencia la poca discusión y colaboración del Poder Ejecutivo con profesionales e idóneos en temas bancarios, monetarios y financieros.

El Gobierno tardó 32 meses en presentar este proyecto. ¿No fue ese tiempo suficiente como para entregar al Poder Legislativo una propuesta ejemplar y ampliamente discutida? Por favor dejemos de improvisar.

El autor es economista, especialista en teoría monetaria

El vertiginoso desarrollo de Vaca Muerta desata grandes inversiones dentro y fuera del sector energético, cuya importancia económica debe ser destacada. El desarrollo de Vaca Muerta impulsa inversiones dentro y fuera del sector energético.

Según el Ministerio de Economía, los proyectos energéticos presentados en el RIGI totalizan USD 150.000 millones y, sumados a iniciativas en minería, fertilizantes, siderurgia e infraestructura, amplían el impacto sobre toda la economía.

Dentro del sector energético existen distintas etapas de exploración, desarrollo de infraestructura, transporte, transformación y finalmente distribución, que en su conjunto permiten aumentar la producción de petróleo y gas. Todas ellas demandan inversiones multimillonarias en cada etapa, que además nutren a un creciente universo de proveedores en todo el país, que también desatan sus propias inversiones.

Pero la abundancia de energía a buen precio que permite la revolución energética en marcha, en simultáneo habilita otros proyectos de inversión en vastos sectores de la economía, muchos de ellos ya presentados en el RIGI o a la espera del Súper RIGI.

La abundancia de energía a buen precio que permite la revolución energética en marcha, en simultáneo habilita otros proyectos de inversión en vastos sectores de la economía

Según datos del Ministerio de Economía, solo los proyectos del sector energético presentados en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) totalizan unos USD 150.000 millones, monto equivalente a 20% del PBI.

Pero otros proyectos en minería, fertilizantes, siderurgia e infraestructura también están en el marco del RIGI y ya suman otros USD 50.000 millones. Además de otras inversiones en data centers que están a la espera del Súper RIGI. Todos estos proyectos demandan mucha energía, estable y a buen precio, y solo son factibles gracias al desarrollo de Vaca Muerta, lo que pone en evidencia la red de inversiones asociadas a la revolución energética.

El despegue del sector energético

Como consecuencia de ese proceso inversor, Argentina no solo registra nuevos máximos de producción de petróleo, sino que proyecciones privadas elevan a 1,5 millones de barriles diarios la producción petrolera para fin de la década, de los cuales alrededor de 970.000 barriles diarios del total irán al mercado de exportación.

Lo mismo en producción de gas.

Ya se alcanzaron nuevos máximos y hacia 2033 la inyección total de gas de producción nacional pasaría de los actuales 140 millones de m3/d a alrededor de 280 millones de m3/d, con unos 100 millones de m3/d de exportación de GNL.

Nuevas inversiones

Para lograr dichos objetivos de producción, la inversión de la industria petrolera para el período 2026/2040 se estima en alrededor de unos USD 300.000 millones, un promedio de unos USD 20.000 millones por año.

Con esta expansión productiva, las exportaciones de petróleo y gas pasarán de un promedio de USD 15.000 millones en la actualidad a unos USD 44.000 millones a mediados de la próxima década (x3).

La inversión de la industria petrolera para el período 2026/2040 se estima en alrededor de unos USD 300.000 millones

La balanza comercial energética este año mostrará un superávit cercano a los USD 11.000 millones y se proyectan USD 16.000 millones para el año entrante.

El salto en las exportaciones el año entrante responde a la inminente inauguración del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Esto permitirá exportar un total de 550.000 b/día, e incluso con la posibilidad de escalar a 700.000 u 800.000 barriles diarios en su máxima capacidad.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur conectará la producción de crudo en Vaca Muerta con Punta Colorada en la provincia de Río Negro.

En 2027 también comienza a operar el primer barco de licuefacción de GNL de la compañía Southern Energy, consorcio que lidera PAE, que ya tiene cerrado un contrato de exportación con la compañía alemana SESE.

La consolidación del país en el mercado mundial del GNL provendrá del proyecto Argentina LNG, que nuclea a YPF y varios grupos de empresas

Y la consolidación del país en el mercado mundial del GNL provendrá del proyecto Argentina LNG, que nuclea a YPF, ENI, grupo energético italiano, y XRG, la compañía internacional de inversiones energéticas del grupo Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company, Emiratos Árabes Unidos).

El proyecto está presentado en el RIGI y su aprobación se hará por etapas. Ya está aprobada la ingeniería de detalle y se viene la firma del compromiso de inversión que gatillará inversiones de USD 25.000 a USD 30.000 millones para la infraestructura de licuefacción y exportación, y alrededor de USD 15.000 millones adicionales para el desarrollo de los campos gasíferos en Vaca Muerta.

YPF ha señalado que, considerando futuras expansiones y nuevas fases, el programa integral de desarrollo productivo podría superar los USD 50.000 millones. El megaproyecto ya tiene compras en firme del ENI y de offtakers del exterior. Se trata de un hito de inversión privada en la historia del país y constituye el eje de la estrategia de YPF para convertir a la Argentina en un exportador mundial de GNL.

El megaproyecto ya tiene compras en firme del ENI y de offtakers del exterior

Ambos proyectos transformarán la geografía y urbanización regional con el arribo al complejo de Punta Colorada de un buque de carga por día y de dos cada cuatro días (alrededor de 380 por año).

A partir de este desarrollo, la Argentina se convertirá en el segundo exportador de etano líquido del mundo y aumentará la producción de propano y butano en alrededor de 3 millones de toneladas al año.

Con un gas en boca de pozo que puede promediar cotizaciones de menos de USD 3 el millón de BTU y un megavatio hora de electricidad en el mercado mayorista de USD 50 o menos, la Argentina cuenta con una ventaja comparativa que puede traducir en ventaja competitiva en otras cadenas productivas.

Sinergias

Empecemos por las cadenas productivas que agregan valor a la producción de hidrocarburos. Así como el gas asociado al petróleo tiene un costo marginal bajo que permite reducir el costo promedio del gas comercializado, el gas natural producido contiene líquidos cuya separación ya viene generando nuevas oportunidades de negocio.

La industrialización del gas rico sumará nuevos proyectos entre los que se incluyen la ampliación de plantas separadoras existentes y la instalación de una nueva planta, un poliducto a Bahía Blanca desde Neuquén e infraestructura portuaria para exportación. Unos USD 3.000 millones de inversión que desarrolla TGS y que también espera su incorporación en el RIGI.

El gas abundante como insumo petroquímico empieza a viabilizar nuevas inversiones que agregan valor y generan otros procesos de capitalización intermedios

El gas abundante como insumo petroquímico empieza a viabilizar nuevas inversiones que agregan valor y generan otros procesos de capitalización intermedios en la producción de bienes finales.

Fertilizantes

Fértil Pampa, subsidiaria de Pampa Energía, ya obtuvo la aprobación en el RIGI de un proyecto para producir urea, en el polo de Bahía Blanca con una inversión de USD 2.700 millones. Y Adecoagro va por la ampliación de Profertil, también en Bahía Blanca, con otro proyecto de USD 2.000 millones.

El gas abundante transformado en la generación de electrones está abriendo nuevas oportunidades de negocio asociadas al desarrollo de la minería, actividad intensiva en el consumo de energía.

En el proyecto integrado de Vicuña (Josemaría + Filo del Sol) se incluye la construcción de una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, una nueva estación transformadora y ampliaciones en las estaciones Rodeo y Gran Mendoza, para permitir la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), donde la generación con gas abundante augura precios mayoristas de electricidad a la baja.

Proyectos a la espera del Súper RIGI

Data Centers. Mientras el complejo nuclear avanza en la posible concreción de la unidad comercial, en el tránsito a ese desarrollo la Argentina puede ofrecer abundancia de electrones de energías renovables en combinación con la abundancia de electrones de nuevas plantas de gas natural para hacer atractiva la instalación de granjas de servidores en nuestra geografía, hoy privilegiada por la geopolítica y su preeminencia en el nuevo orden global.

Energía Nuclear. Meitner Energy, la compañía conformada entre capitales estadounidenses e Invap, se propone completar el desarrollo del reactor ACR-300 con licencia estadounidense obtenida por Invap. El consorcio presentó una iniciativa privada por USD 200 millones para construir su primera unidad en la Argentina. La intención es poder calificar el proyecto al Súper RIGI de próxima aprobación por el Congreso.

Podemos estar a la vanguardia del desarrollo de una unidad comercial que luego se produzca en serie para abastecer plantas desalinizadoras, centros urbanos y servidores de IA

Competimos con otros proyectos en otros países, pero podemos estar a la vanguardia del desarrollo de una unidad comercial que luego se produzca en serie para abastecer plantas desalinizadoras, centros urbanos y servidores de IA.

La lista no es exhaustiva, y la función empresarial agrega iniciativas cada semana. La revolución energética que muchos subestimaron está en marcha.

Consideraciones finales

El impacto de Vaca Muerta trasciende por completo las fronteras del sector de los hidrocarburos. Al garantizar un abastecimiento energético abundante, confiable y a precios altamente competitivos, la revolución en marcha funciona como una verdadera locomotora que encadena nuevas inversiones en otros sectores de la economía.

La nueva realidad energética habilita megaproyectos en minería a gran escala, petroquímica en fertilizantes, tecnología nuclear y centros de datos de última generación para IA. Muchos de ellos ya en marcha y otros a la espera de la aprobación del Súper RIGI, pero que evidencian la formación de una nueva red de inversiones vinculadas al nuevo desarrollo energético.

El flujo de inversiones se encadena con mayores exportaciones, catapultando la oferta de divisas en el mercado cambiario. El desarrollo de Vaca Muerta está generando una profunda transformación de la geografía, la logística y la competitividad argentina. En definitiva, la postergada revolución energética que muchos subestimaron ya se encuentra firmemente en marcha.

El autor es exsecretario de Energía y expresidente de YPF

Si bien la agenda global sigue siendo un torbellino, centrada esta semana en la pulseada del secretario del Tesoro de Estados Unidos por moderar la curva de rendimientos de la deuda, lo cierto es que, por ahora, la combinación de los precios de la energía y un riesgo emergente que se mantiene relativamente aislado de este movimiento y de los coletazos de la guerra y la geopolítica sigue favoreciendo a la Argentina.

Los datos del sector externo de julio, con importaciones frenadas y exportaciones que se mantienen cerca de USD 9.000 millones por mes, sostienen un superávit mensual por encima de USD 2.000 millones y elevan la proyección de balanza comercial para el año a la zona de USD 26.000 millones, con otros USD 10.000 millones de superávit en los cinco meses que quedan del año.

En este contexto, y frente a colocaciones de deuda privada y de provincias en el mercado que se ralentizan, pero están lejos de frenarse, el BCRA sigue comprando menos dólares, pero compra. Van casi USD 14.000 millones desde que arrancó el programa de compras a principios de año y la acumulación de reservas netas en la definición del FMI alcanza casi USD 9.000 millones, superando los USD 8.000 millones incluidos en el acuerdo con el Fondo.

La normalización financiera observada desde la elección de octubre pasada se tomó un impasse. El índice de riesgo país superó los 500 puntos básicos después de haber tocado los 400 un mes y medio atrás

Sin embargo, a pesar de esta bonanza del sector externo, la normalización financiera observada desde la elección de octubre pasada se tomó un impasse. El índice de riesgo país superó los 500 puntos básicos después de haber tocado los 400 un mes y medio atrás, y la tasa forward —la implícita en extender de octubre de 2027, un día después de la elección, a noviembre de 2028 la deuda en dólares del Tesoro emitida localmente— saltó al 15,4% anual, luego de haberse ubicado en 11% un mes y medio atrás.

Recordemos que el programa financiero presentado cierra si se logra extender el horizonte más allá de octubre de 2027. Una fecha de la cual todavía estamos lejos, pero a la que indefectiblemente nos vamos acercando, con encuestas que empiezan a mostrar el daño de una economía dual, con muchos sectores que no terminan de arrancar; una enorme incertidumbre sobre la oferta electoral; y, en el último mes, mayores dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda suspender las PASO. Ahí aparece la tensión.

Los dólares están y el sector externo ayuda, pero el mercado empieza a incorporar un calendario político que se acerca y una economía real que sigue mostrando dificultades.

En el medio, el intento de sostener el dólar con un techo de $1.500, después del corrimiento de junio, restringiendo la liquidez del sistema, empezó a impactar sobre las tasas de interés, aun con una inflación que en agosto habría vuelto a caer un escalón: nuestro Relevamiento de Precios Minoristas apunta a 1,5%, con la inflación núcleo en 1,8%. La caución, que se había mantenido en torno al 20% desde fines de febrero, empezó a subir hasta tocar el 30%. La suba impactó sobre el costo de fondeo del Tesoro y del sistema financiero y comenzó a trasladarse a las tasas activas más cortas; las largas nunca habían descomprimido.

El intento de sostener el dólar con un techo de $1.500, después del corrimiento de junio, restringiendo la liquidez del sistema, empezó a impactar sobre las tasas de interés

Esto último, y su impacto sobre la mora de las personas, sigue siendo una de las trabas del programa en una economía donde los ingresos formales se mantienen estancados, el empleo formal sigue cayendo y la política fiscal —sobre todo en la Nación— se ve obligada a un mayor ajuste del gasto frente a una caída en la recaudación que, corregida por el calendario de pagos del impuesto a las Ganancias, ya lleva 12 meses consecutivos.

Las provincias, en su mayoría, vienen sorteando la caída de la recaudación apelando al endeudamiento, que en parte está siendo direccionado a financiar obra pública con vistas al calendario electoral.

Frente a esto, días atrás, el BCRA devolvió liquidez al sistema, las tasas descomprimieron y esta semana el dólar rompió en forma controlada el techo de $1.500, para ubicarse en torno a $1.512. A la venta de cobertura vía deuda indexada al dólar se sumó esta semana la venta de cobertura en A3. La inyección de liquidez descomprimió las tasas de interés y luego el Tesoro refinanció el 96% de los fuertes vencimientos de pesos de fin de agosto, aunque a plazos más cortos.

Falta mucho, pero los movimientos de los últimos días nos recuerdan que el camino a 2027 no va a ser lineal. La pregunta del millón es si el armado político y las encuestas pueden o no acotar la volatilidad financiera y su impacto sobre la economía y la inflación a medida que nos adentremos en el año electoral.

La pregunta del millón es si el armado político y las encuestas pueden o no acotar la volatilidad financiera

La otra pregunta es si, en esa transición, el secretario del Tesoro estadounidense, hoy ocupado en otra pulseada dentro de un gobierno que enfrenta elecciones de medio término en octubre, va a volver a estar disponible —como en septiembre pasado— para actuar como prestamista de última instancia si hiciera falta.

La autora es profesora de Economía en IAE Business School y directora de la consultora EcoGo. Esta nota se publicó en el IEM de agosto de 2026 del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

Uno de los primeros en manifestar su emoción patriótica, minutos después de que Javier Milei terminara su enérgico discurso por cadena nacional, fue Daniel Scioli. Ex vicepresidente de Néstor Kirchner, ex gobernador kirchnerista durante ocho años en la provincia de Buenos Aires, ex candidato a presidente kirchnerista, Scioli hoy se ha transformado en un libertario consecuente. Entonces, subió a las redes un retrato de su nuevo jefe, la mirada dirigida hacia el horizonte, la banda presidencial con los colores patrios, delante de unas Islas Malvinas coloreadas con el celeste y blanco. El tono de su mensaje no podía ser más épico: “Brillante Cadena Nacional (las mayúsculas son del original) del Presidente @JMilei sobre nuestras Islas Malvinas. La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo. ¡VIVA LA PATRIA! #LasMalvinasSonArgentinas”.

Fue el puntapié inicial para una vorágine patriótica. El jueves por la noche, la red social X no daba más. La senadora Patricia Bullrich calificó el discurso como “el paso más importante de nuestra historia por las Islas Malvinas”. “Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos”, dijo. La diputada Sabrina Ajmechet redobló la apuesta y provocó. “Las Malvinas son argentinas. Y sí, vengan de a uno con mis tuits del 2012 sacados de contexto”. Le fueron de a uno, obviamente. Así se pudo leer que en aquellos tiempos no tan lejanos tuiteaba cosas como: “Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers” o “Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”.

Agustín Romo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, un admirador fervoroso del húngaro Viktor Orban, estaba enardecido:

“ES EL MEJOR DISCURSO DE LA HISTORIA. VAMOS ARGENTINA, CARAJO” (las mayúsculas pertenecen al original).

El célebre tuitero libertario Esteban Glavinich (@traductorteama) proclamó, tal vez en un rapto de sinceridad acerca de los motivos reales del gesto presidencial: “Milei acaba de ganar la reelección del 2027”. Y el cineasta oficial, Santiago Oria, expuso su desconocida faceta antiimperialista: “Se plantó frente al imperialismo británico más que cualquier peronista en la historia”.

Cualquiera que recorra esas y otros cientos de manifestaciones y pronunciamientos similares debería llegar a la conclusión de que ocurrió algo descomunal respecto de las islas Malvinas. Pero en realidad, lo que había sucedido era algo mucho más modesto: un rato antes, el Presidente había pronunciado un discurso en cadena nacional donde sostuvo que las Malvinas eran argentinas, que sus habitantes no tienen derecho a definir su soberanía y anunció que promovería sanciones contra quienes exploten yacimientos de energía en territorio vinculado a las islas y que destinaría fondos a la construcción de una base naval, que había quedado abandonada luego de que él asumiera la presidencia.

Las consecuencias de esos anuncios se verán con el tiempo. Tal vez sea el primer paso para la recuperación completa de las islas, o una nueva frustración, o algún resultado intermedio. Un puntapié inicial o la nada misma. No hay manera de saberlo. De todas maneras, como todo presidente, Milei es un político y no se debería subestimar el interés inmediato de este giro: contrarrestar el peligroso aura de “presidente antipatria” que empezaba a dañarlo en serio.

El discurso de Milei se produce dos meses exactos después de aquel partido contra Inglaterra, donde su Gobierno consintió que no se permitiera entrar al estadio ninguna bandera con “el mapita de Malvinas”, como lo definió la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. “No se recuperan las islas con gestos de adolescentes termo mononeuronales”, advirtió entonces el propio Presidente, luego de que los jugadores, triunfantes, exhibieran la bandera que decía, simplemente, “Las Malvinas son argentinas”.

Luego de ese partido, se instaló un reverdecer nacionalista en el país y el Gobierno tuvo que retirar una ley donde habilitaba a inversores extranjeros a comprar tierra sin límites. En ese debate, el canciller Pablo Quirno dijo que le resultaba natural y positivo que un extranjero comprara “un pueblo” o “una provincia”. El contraste entre el sentir nacional y las acciones del Gobierno provocó un daño de imagen. Por eso, por ejemplo, la revista inglesa The Economist destacó que el discurso altisonante de Milei fue producto de la debilidad, y no necesariamente del patriotismo.

Los escépticos tienen muchos argumentos a su favor. Pocos dirigentes argentinos han manifestado como él su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica que derrotó a la Argentina en 1982, y que reconoció haber ordenado el hundimiento del crucero General Belgrano. Ningún presidente argentino en la historia sugirió, como lo hizo Milei en el discurso del 2 de abril de 2025, que los isleños son quienes deben decidir la soberanía del archipiélago. En la mañana misma del discurso patriótico estuvo en Chile y reivindicó a la dictadura de Augusto Pinochet, que fue un aliado del Reino Unido en la guerra de 1982. “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”, aportó la diputada trotskista Myriam Bregman, una de las políticas con mejor imagen de la Argentina.

Aquellos que se emocionaron por el discurso podrán argumentar que no es el primer político de la historia que pega una voltereta inesperada en el momento preciso. Y sería este el momento porque Donald Trump está enojado con los ingleses y puede jugar a favor de la Argentina. “Soplan vientos del cambio”, dijo Milei en su discurso, donde presentó al Reino Unido como un país decadente con muchísimos problemas y a la Argentina como una potencia a punto de despegar.

Gesto inédito de un patriota, o movida oportunista para recuperar terreno en las encuestas, giro bienvenido de un hombre contradictorio —como todos— o manipulación obscena de una causa dolorosa, discurso brillante o gesto de desesperación, en cualquiera de esas variantes, Milei ahora afrontará un desafío serio.

Al día siguiente del mensaje, las empresas involucradas en la explotación petrolera de Malvinas dijeron que las amenazas no tendrán efectos concretos y que seguirán con sus planes. El Gobierno británico explicó que sigue creyendo que la soberanía depende de la voluntad de los isleños y advirtió que sus fuerzas armadas están siempre alerta. “Hace muchos años convivimos con las amenazas de los argentinos. Y han sido años prósperos. Nada cambiará”, contestaron desde las islas. Si nada cambia, Milei deberá explicar cuál fue el sentido de todo esto.

Por lo pronto, hay desafíos y dilemas inmediatos. El jueves pasado, antes del discurso, Milei estuvo en Chile, donde se encontró con su colega José Antonio Kast. Ese día, el gobierno chileno se comprometió a acompañar a la Argentina en su reclamo de soberanía sobre Malvinas pero, al mismo tiempo, acordó con el gobierno de Malvinas el establecimiento de una ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. La Argentina no protestó por esto último.

Además de Chile, otro problema es Israel. Una de las empresas que pretenden explotar los pozos de Malvinas es efectivamente israelí. Su CEO fue antes el ministro de Energía israelí que promovió la explotación off shore en la zona del Mediterráneo lindera con el Estado judío. Milei tiene un vínculo muy estrecho con Benjamin Netanyahu, el polémico primer ministro israelí. Tal vez sea momento de utilizar su influencia y pedir devolución de favores por haber sido “el presidente más sionista de la historia”. Hasta ahora no hay indicios de que Netaniahu haya intentado desactivar la participación israelí en el proyecto empresario que el jueves denunció Milei.

Por otra parte, el gobierno argentino anunció que no permitirá que participen de Vaca Muerta empresas que, al mismo tiempo, participen de proyectos en Malvinas, ya sea como inversores o como proveedores de cualquier proyecto. Hay allí otra oportunidad de presión, ya que hay empresas británicas que participan del negocio energético argentino, como British Petroleum. ¿El discurso de Milei se extenderá hacia la presión sobre Chile, Israel y las empresas británicas o quedará apenas en esas palabras o explorará caminos intermedios? Cualquier cosa puede suceder dado el giro extremo de las últimas horas.

En todo este movimiento, existe la hipótesis de que el evidente conflicto entre Donald Trump y el Reino Unido podría favorecer al reclamo argentino. Pero también podría suceder lo contrario. De hecho, Trump no logró que los ingleses siquiera se sumaran a su aventura en Irán. ¿Por qué podría convencerlos de conceder algo en Malvinas? El flamante y muy popular premier británico, Andy Burnham, es un dirigente antagónico a la ultraderecha trumpista. Pero aún Nigel Farage, el amigo de Trump y de Elon Musk, es un nacionalista extremo. Fue el principal promotor del Brexit. El día del partido entre Argentina e Inglaterra tuiteó: “Písenlos, como en Malvinas”. ¿El apoyo de Trump suma o resta? Por otra parte, ¿existe o se trata solo de la utilización de la Argentina como una prenda de negociación?

Tal vez nada de esto sea tan dramático, y en pocos días estemos hablando de otra cosa. Es que el presidente Milei le impone tal vértigo a su vida, que un tema reemplaza al otro con una velocidad demencial. Cada día, hay una noticia tremenda con el Presidente en el centro: le dice a un miembro de la Bolsa de Comercio de Rosario que se vaya a vivir a Cuba, viaja a Brasil a insultar a Lula, agrede con términos escatológicos a docenas de periodistas, arenga en una escuela para que abucheen a los periodistas, pide que escrachen a dirigentes opositores, insulta a “los pañuelitos verdes” y los acusa por la caída de la natalidad, sostiene que los deudores morosos se patinaron la plata en televisores para el Mundial. ¿Alguien se acordará que hace apenas tres semanas hubo otra cadena nacional? Y si se acuerda, ¿recordará por qué tema fue?

Sea como fuere, por momentos todo parece muy raro. Si hasta Juan Grabois elogió a Milei. A su estilo, claro: “Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el invasor inglés está bien. Bienvenido al cambio de 180 grados de Milei, que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de Argentina. Los kelpers son efectivamente una población ‘implantada’ y no les asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural. Ahora no seamos inocentes, porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros. Hay que estar atentos para que la base de Ushuaia no se la dejen a los yanquis y que Milei no vuelva a su pesada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papá Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.

Grabois, Scioli, Oria, Ajmechet, Bullrich, todos del mismo lado. Hay pocos antecedentes de semejante transversalidad: el comienzo de la pandemia, el 2 de abril de 1982, los Mundiales, o el día en que Adolfo Rodríguez Saá prometió no pagar la deuda externa “con el hambre del pueblo”.

Argentina.

No lo entenderías.

En 2003, Europa lanzó el primer proyecto de promoción de los biocombustibles con tres objetivos declarados: seguridad energética, cumplimiento del Protocolo de Kioto y la cuestión climática y desarrollo agrícola. En ese año, los combustibles fósiles representaban el 86% del consumo energético global y el petróleo comenzaba a dar signos de agotamiento. Había que empezar a buscar algún sustituto, aunque fuera más costoso y tuviera que ser subsidiado. Por eso, en 2005, Estados Unidos lanzó su propio proyecto, con el mandato de un porcentaje de corte con bioetanol y biodiesel. “Hay que salir de la dependencia del petróleo”, exclamaba el entonces presidente George W. Bush desde Washington, quien realizó una gira latinoamericana en la que llegó hasta Brasil, para promover el desarrollo de los biocombustibles. La potencia del Norte consumía 18 millones de barriles de crudo por día y producía solo 5,5 millones. Los biocombustibles, a partir de subsidios a la producción agrícola, alcanzaron a producir 1 millón de bpd. Era un tema geopolítico y de seguridad energética que justificaba los mayores costos. Argentina escuchó el pedido de Bush y en 2006 promulgó la ley 26.093 de promoción de los biocombustibles. La norma fijaba beneficios fiscales, establecía cupos, definía porcentajes de mezcla y organizaba el mercado. Si bien fue promocionada como una ley de política energética orientada al interés general, en realidad era el establecimiento de una política sectorial del sector agrícola.

En 2025, según el último informe del prestigioso Instituto de Energía, publicado hace dos meses, los combustibles fósiles siguen representando el 86% del consumo energético y el desarrollo de los recursos no convencionales ha logrado que el mundo esté bien abastecido de petróleo, más allá de cuestiones coyunturales como la guerra con Irán. Hoy, Estados Unidos produce aproximadamente 14 millones de barriles por día y consume 20 millones. Sigue produciendo un poco más de 1 millón de barriles por día de biocombustibles. Hoy, el mundo consume alrededor de 103 millones de barriles de petróleo por día y produce apenas 2 millones de biocombustibles a nivel global. La pregunta es entonces: ¿tienen sentido los biocombustibles?

El dictamen que se aprobó en el Senado esta semana intenta resolver algunos de los problemas. No elimina los biocombustibles ni desconoce la industria que Argentina desarrolló durante las últimas dos décadas. Lo que propone es empezar a modificar una lógica que, después de casi veinte años de promoción, resulta cada vez más difícil de justificar: un mercado donde el Estado determina quién participa, asigna volúmenes, administra precios y protege a determinados productores de la competencia.

Debemos reconocer que la Ley 26.093 tuvo cierto sentido en el marco de una situación global de seguridad energética y en el contexto del comienzo de la transición energética. Argentina buscaba desarrollar una actividad incipiente y para hacerlo estableció incentivos fiscales, mezclas obligatorias y una demanda asegurada. Esa política permitió inversiones, desarrolló capacidad productiva y generó desarrollo local en distintas regiones del país.

Hoy, la situación es distinta en nuestro país y en el mundo. Por un lado, los biocombustibles dejaron de tener un rol salvador, ecológico o la pretensión de reemplazar al petróleo. La realidad definió sus límites y hoy se asumen como un sistema productivo que tiene plantas, materias primas, tecnología, conocimiento y una importante experiencia exportadora.

El dictamen del Senado intenta reconocer esta realidad sectorial y busca introducir mayor competencia, reducir progresivamente la asignación administrativa del mercado y permitir que diferentes actores participen bajo reglas comunes. Esto no significa abandonar a los biocombustibles. Significa distinguir entre una política energética y una política destinada a preservar determinadas estructuras sectoriales. Creemos que es bueno para el sector, a pesar de las dudas que tenemos sobre los biocombustibles.

Biocombustibles o agrocombustibles

En realidad, deberíamos hablar de agrocombustibles cuando nos referimos al biodiésel producido a partir de aceites vegetales o al bioetanol proveniente de cultivos como el maíz o la caña de azúcar.

El prefijo “bio” parece otorgar por sí mismo una condición ambientalmente virtuosa que hoy está en discusión. El petróleo también tiene su origen remoto en materia orgánica y podría considerarse un biocombustible producido por la naturaleza en millones de años. La diferencia relevante no está entonces en una oposición simplificada entre algo “biológico” y algo que no lo es, sino en los procesos mediante los cuales obtenemos esa energía, su escala temporal, su renovabilidad y sus impactos.

En el caso que estamos discutiendo, agrocombustible describe con mayor precisión su origen: utilizamos producción agrícola para producir energía. Y esa definición obliga además a incorporar al análisis el suelo, el agua, los fertilizantes, la maquinaria, el transporte, el procesamiento industrial y los usos alternativos de esas materias primas.

El gran consumo energético es la característica distintiva de nuestras sociedades modernas. De su disponibilidad y de su precio dependen el transporte, la industria, el agro, la minería y la competitividad de toda la economía. Por eso una política energética debe apoyarse sobre dos principios esenciales: seguridad energética y asequibilidad. La energía debe estar disponible cuando se la necesita y a un precio que la sociedad pueda pagar.

La reciente crisis petrolera internacional ofrece una referencia interesante. Frente al conflicto con Irán y el aumento del precio internacional del crudo, la discusión energética argentina volvió inmediatamente sobre el petróleo, el precio del gasoil y la nafta, el abastecimiento, los impuestos y el impacto sobre los consumidores. Los agrocombustibles no aparecieron en nuestro país como una respuesta relevante frente a esa crisis.

No debería sorprendernos. Después de décadas de promoción, siguen siendo un complemento del sistema energético, no un sustituto capaz de reemplazar la escala, disponibilidad y densidad energética que hoy proporcionan los hidrocarburos.

La propia transición energética demuestra esta paradoja. Para construir redes eléctricas, baterías, aerogeneradores y vehículos eléctricos necesitamos cantidades crecientes de cobre, litio, níquel y otros minerales. Pero esos minerales deben extraerse, procesarse y transportarse, y buena parte de la maquinaria pesada que permite hacerlo continúa dependiendo del gasoil. No hay transición energética sin minería y, en las condiciones tecnológicas actuales, tampoco hay minería a gran escala sin petróleo. Por eso, el porcentaje de participación de los combustibles fósiles no ha cambiado en los últimos 20 años. Reconocer esta realidad no significa desconocer el aporte que pueden realizar los agrocombustibles. Significa ubicarlos en su verdadera dimensión y discutir su sentido.

Estados Unidos ofrece hoy otra enseñanza interesante. Es uno de los mayores productores de agrocombustibles del mundo y posee desde hace años un sistema de incorporación obligatoria, el Renewable Fuel Standard. Sin embargo, el propio régimen contempla flexibilizaciones cuando el costo de esas obligaciones genera dificultades económicas desproporcionadas.

Hace pocos días, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense concedió exenciones totales o parciales a 29 pequeñas refinerías, liberándolas de obligaciones equivalentes a 1.760 millones de créditos renovables. El dato es relevante porque demuestra que incluso uno de los países que más ha promovido los agrocombustibles, apoyando fuertemente a su sector agrícola, reconoce que un mandato no puede analizarse aisladamente de sus consecuencias económicas. El costo de la energía es lo prioritario.

Europa presenta otra enseñanza. Allí los agrocombustibles forman parte fundamentalmente de una política de reducción de emisiones y están sometidos a criterios cada vez más estrictos de sustentabilidad. La Unión Europea reconoce incluso que la producción de biocombustibles a partir de cultivos alimentarios puede provocar cambios indirectos en el uso de la tierra, deforestación y emisiones que reduzcan o incluso neutralicen parte de los beneficios climáticos buscados. Por estas razones el desarrollo de los biocombustibles se ha puesto en pausa.

Estado y mercado

El Estado tiene un papel indispensable en la política energética. Debe establecer estándares técnicos, controlar la calidad y la seguridad, proteger el ambiente, impedir posiciones dominantes y establecer objetivos estratégicos cuando existan razones para hacerlo.

Pero una cosa es regular un mercado y otra muy diferente es definirlo. Si una empresa puede producir biodiésel cumpliendo las mismas condiciones técnicas y ambientales a un precio menor, debería poder competir. Aparentemente, con el Mercado Electrónico que se implementa en el dictamen, esta situación se podría resolver. Si un productor integrado posee ventajas de escala, no corresponde prohibirle utilizarlas para preservar la participación de otro productor, aunque se podría reservarle una porción de mercado por cuestiones de desarrollo local. Si nuevas tecnologías permiten producir combustibles renovables de manera más eficiente, la regulación debería facilitar su incorporación.

El etanol de caña posee una vinculación histórica con las economías regionales del NOA que hemos señalado desde hace años y que merece ser contemplada. Pero reconocer particularidades sociales y regionales no debería frenar la búsqueda de mejorar la eficiencia en la producción.

Una conclusión que queda del dictamen aprobado es que en la discusión quedó en claro que no se discutió sobre política energética sino sobre la estructura de un mercado sectorial asociado a la producción agrícola que impacta en el sector energético. Creemos que se ha avanzado hacia la promoción de un mercado más competitivo, aunque manteniendo clientes cautivos con los cortes obligatorios. Por eso la pregunta que queda abierta desde el sector energético es la que reflexionamos en esta nota: ¿tienen sentido los biocombustibles?

Apenas el mes pasado, dos niñas de 10 años, una ecuatoriana y la otra peruana, fueron rescatadas de una inminente unión forzada producto del trueque de dos abusadores. El caso alcanzó resonancia internacional y expuso, una vez más, la brutal realidad del matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas en América Latina.

El matrimonio infantil es un delito y una grave violación de los derechos humanos. Expone a las niñas a violaciones, violencia sexual, embarazo infantil y/o adolescente y a una vida en la que las decisiones sobre su propio cuerpo, educación y futuro son tomadas por terceros.

En la actualidad, alrededor de 650 millones de mujeres y niñas en el mundo se casaron antes de cumplir los 18 años, y más de 12 millones de niñas son casadas cada año antes de alcanzar esa edad. UNICEF estima que, en 2023, el 21% de las mujeres de entre 20 y 24 años en América Latina y el Caribe estaban casadas o en una unión temprana antes de los 18 años. Mientras que otras regiones del mundo han logrado avances, América Latina y el Caribe prácticamente no ha registrado ninguna reducción en los índices de matrimonio infantil durante los últimos 25 años. (UNICEF calcula que para 2030 América Latina y el Caribe podría convertirse en la segunda región con mayor prevalencia de matrimonio infantil y uniones tempranas del planeta. La primera es África subsahariana, que alberga a 127 millones de novias infantiles).

Sí se han dado avances legislativos: Ecuador y Panamá prohibieron el matrimonio infantil en 2015, mientras que República Dominicana lo hizo en 2021. Asimismo, la Ley 2447 de 2025 en Colombia eliminó las excepciones previas y fijó los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio.

Sin embargo, la ley es solo el comienzo. La respuesta institucional contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas debe tener la capacidad de llegar a cada rincón donde una niña o adolescente se encuentre en riesgo.

La precariedad económica, el acceso limitado a la educación y la violencia son factores que facilitan que los abusadores entren en contacto con familias con niñas y adolescentes; además de que, en algunas comunidades, el matrimonio todavía se percibe erróneamente como una vía de seguridad o estabilidad.

La respuesta ante esta realidad debe ser: mantener a las niñas y adolescentes en la escuela, brindarles capacitación y oportunidades de subsistencia, vincular a las familias vulnerables con programas estatales con ayuda económica, fortalecer las redes comunitarias de protección e informar a las autoridades cuando una niña o adolescente esté en riesgo.

Este es un problema global. Por eso, impulsé durante mucho tiempo la creación del día internacional contra el matrimonio infantil, propuesta que recibió un firme respaldo durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2026. La Primera Dama de Sierra Leona, Fatima Maada Bio, llevó la petición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) junto a Costa Rica, Cabo Verde y Marruecos, contando con el copatrocinio de 38 naciones.

Y, finalmente, este 4 de septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que estableció el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. Un día internacional evita que el matrimonio infantil y las uniones tempranas queden invisibilizados frente a otras prioridades de la agenda global.

Para quienes hemos dedicado años a combatir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en el terreno, este es un logro extraordinario, que le brinda a los gobiernos una fecha fija anual para evaluar avances, examinar evidencias, identificar vacíos y determinar dónde se requiere intensificar la atención política, los programas institucionales y los recursos.

Una fecha para actuar

Los países necesitan planes de acción nacionales con presupuesto asignado, sistemas de denuncia e intervención más sólidos y campañas masivas de concientización que comiencen con la niñez y alcancen a docentes, personal de salud, líderes comunitarios y líderes religiosos. Las leyes deben aplicarse tanto para prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas como para garantizar consecuencias legales cuando los niños, niñas y adolescentes son explotados.

India ofrece un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando se conjugan la voluntad política, la acción institucional, la aplicación de la ley y la movilización comunitaria.

Just Rights for Children ha colaborado con instituciones gubernamentales, líderes de fe y comunidades para evitar más de 550.000 matrimonios infantiles. En los casos en que no se pudieron evitar, se procesó judicialmente a los padres, participantes y, en algunas ocasiones, a los oficiantes religiosos. Además, algo más de 1,2 millones de niños y niñas fuera del sistema escolar fueron identificados y reincorporados a la educación, y 250 millones de personas firmaron un compromiso contra esta práctica nociva, movilizados por una campaña nacional.

Durante demasiado tiempo, hemos tolerado uniones que solapan a abusadores de niñas y adolescentes, mientras las sobrevivientes viven las consecuencias.

El 27 de noviembre le otorga al mundo una oportunidad periódica para corregir ese error. La fecha está marcada. La tarea ahora es garantizar que un estado de protección y justicia alcance a cada niña y adolescente, en cualquier rincón de Ecuador, Perú o India, en cualquier lugar del planeta.

La actual disposición geopolítica de los Estados Unidos y sus necesidades estratégicas parecen haber abierto una ventana de oportunidad para la Argentina. Y corresponde reconocer el mérito del Gobierno al haber sabido leer esa nueva realidad, advertir tempranamente sus posibilidades y orientar hacia ella su política exterior. No se trata solamente de haber formulado un excelente discurso, sino de haber comprendido una circunstancia internacional favorable y procurar convertirla en una oportunidad para nuestro país. Ahora habrá que demostrar la pericia, la capacidad y la constancia necesarias para transformar esa visión y esos enunciados en hechos concretos.

Pero precisamente por nuestra debilidad relativa será indispensable actuar con prudencia, inteligencia y realismo. La convergencia de intereses con los Estados Unidos puede resultar extraordinariamente beneficiosa para la Argentina y constituye una oportunidad que debemos saber aprovechar. Para hacerlo plenamente, debemos reconocer que las relaciones internacionales son, por naturaleza, jerárquicas y desiguales, y que una coincidencia de objetivos no implica necesariamente una identidad de intereses. Los Estados Unidos defienden, legítimamente, su interés nacional y proyectan su poder en función de él. La Argentina, desde sus propias capacidades y posibilidades, debe hacer exactamente lo mismo: identificar las coincidencias, aprovecharlas con inteligencia y construir sobre ellas una relación sólida y mutuamente beneficiosa, sin perder nunca de vista cuáles son nuestros intereses permanentes como Nación.

En ese marco, resulta particularmente interesante el abordaje de la cuestión Malvinas. Permite trascender —sin abandonar en absoluto— la legítima e irrenunciable reivindicación histórica y de soberanía, para incorporarla a una concepción geopolítica y estratégica más amplia: el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, las comunicaciones, el comercio, el desarrollo y la proyección internacional de nuestro país.

Malvinas no es solamente una cuestión pendiente del pasado. Es también una cuestión central para nuestro futuro.

Pero una política de semejante dimensión no puede ser únicamente la política de un gobierno. Necesita convertirse en una política de Estado. Como señaló el Presidente, frente a objetivos de esta trascendencia las diferencias domésticas deben quedar de lado. No porque desaparezcan —son naturales y necesarias en una democracia—, sino porque existen cuestiones que, por su importancia para el futuro del país, requieren una respuesta de la Nación en su conjunto.

Esto adquiere todavía mayor importancia cuando se considera quién está del otro lado del diferendo. El Reino Unido posee una extensa tradición diplomática y una arraigada cultura de defensa de sus intereses nacionales. Más allá de sus diferencias políticas internas y de la alternancia de sus gobiernos, ha demostrado históricamente capacidad para sostener políticas y objetivos de largo plazo cuando entiende que están comprometidos intereses permanentes del Estado.

La Argentina debe estar a la altura de ese interlocutor. No se trata de alimentar antagonismos ni, mucho menos, de imaginar soluciones ajenas a la paz y al derecho internacional. Se trata precisamente de lo contrario: comprender que un diferendo de esta naturaleza exige continuidad, profesionalismo, conocimiento, paciencia y una extraordinaria capacidad diplomática y estratégica. Frente a un interlocutor experimentado, nuestras divisiones internas y nuestros cambios permanentes de rumbo constituyen una debilidad que no podemos permitirnos.

Por eso la unidad alrededor de Malvinas no es solamente una aspiración patriótica. Es también una necesidad estratégica.

Hace más de medio siglo, desde las condiciones extremas de su cautiverio, el coronel Argentino del Valle Larrabure dejó un mensaje que conserva una sorprendente actualidad. Se dirigió “al pueblo argentino, dirigentes y dirigidos”, pidiendo que “la sangre inútilmente derramada” los conmoviera a la reflexión. Aquellas palabras fueron escritas en circunstancias dramáticamente diferentes, en una Argentina atravesada por la violencia y las luchas fratricidas. Pero contienen una enseñanza que trasciende aquel tiempo: la necesidad de anteponer el bien común y el destino de la Nación a aquello que nos enfrenta.

Superados aquellos trágicos años, la Argentina no logró dejar definitivamente atrás la lógica de la confrontación. Bajo formas muy diferentes, persistieron brechas políticas y sociales que consumieron energías, dificultaron los acuerdos básicos y contribuyeron a impedir la continuidad de políticas de Estado.

No necesitamos pensar todos de la misma manera. Una democracia supone diferencias, controversias y alternancia. Lo que necesitamos es aprender a convivir con ellas sin permitir que nos impidan actuar juntos cuando está comprometido un interés superior de la Nación.

Quizás allí radique la doble oportunidad que hoy nos presenta Malvinas.

Una oportunidad externa: aprovechar con inteligencia una coyuntura internacional particularmente favorable para avanzar, mediante la diplomacia, la negociación y una estrategia sostenida, en la defensa de nuestros derechos e intereses en el Atlántico Sur.

Y una oportunidad interna: demostrar que los argentinos todavía somos capaces de construir y sostener una política de Estado por encima de nuestras diferencias.

Malvinas puede ser, en ese sentido, mucho más que una reivindicación que nos une por su historia. Puede convertirse en la demostración de que una Nación puede convivir con sus diferencias y, al mismo tiempo, reconocer aquellos objetivos superiores ante los cuales esas diferencias deben subordinarse.

Si sabemos aprovechar esta coyuntura, podremos haber dado un paso importante en la defensa de nuestros derechos soberanos.

Pero si, además, conseguimos hacerlo unidos, con inteligencia, continuidad y sentido de Estado, habremos comenzado a recuperar algo que la Argentina necesita desde hace demasiado tiempo: la capacidad de pensar y actuar como Nación.

Argentina discute, con razón, la caída de la natalidad. La tasa se redujo más de un 40% en la última década, la fecundidad ronda 1,3 hijos por mujer —muy por debajo de los 2,1 necesarios para sostener la población— y las proyecciones indican que hacia 2050 el país podría tener más personas mayores de 65 años que menores de 14.

No solo lo discute Argentina, sino que lo hace América Latina y gran parte del mundo: los Estados Unidos, la Union Europea, China e India, entre otros. El diagnóstico que domina el debate público es casi siempre el mismo: menos manos jóvenes, un sistema previsional en jaque, una sociedad que se achica.

Es un diagnóstico correcto, pero incompleto. Falta la otra mitad de la ecuación, la que rara vez se menciona con el mismo énfasis: estamos viviendo más años de los que la historia humana conoció jamás. No es solo que nazcan menos personas. Es que las que ya nacimos vamos a vivir, en promedio, más que quienes nos han precedido.

Esa mitad silenciosa del fenómeno demográfico es, en realidad, uno de los logros más extraordinarios de nuestra especie. Y sin embargo, la seguimos leyendo casi exclusivamente como un problema de sostenibilidad fiscal, como si el tiempo de vida ganado fuera solo un pasivo a financiar. Detrás de los datos demográficos, de pensiones o de fuerza de trabajo hay personas.

Cuando empecé a formular el concepto de nueva longevidad, hace ya más de una década, la premisa de la que partía era simple pero incómoda para el sentido común instalado: la nueva longevidad no es una manera mejor de envejecer, sino una manera distinta de pensar el tiempo de vida ganado. No se trata de llegar más lejos con el mismo mapa, sino de aceptar que el mapa cambió y que todavía no aprendimos a leerlo.

Ahí aparece una palabra que suele sonar escolar y que, sin embargo, es la que mejor describe lo que nos falta: pedagogía. En un sentido amplio, la pedagogía es un método organizado y reflexivo para ayudar a las personas a aprender; no se limita a transmitir información, sino que busca desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que mejoren la convivencia, la participación en la comunidad y el bienestar de todos. Aplicada a la longevidad, esa idea adquiere una urgencia muy concreta: la pedagogía de la longevidad es el enfoque educativo y formativo que busca preparar a las personas para vivir vidas plenas y posiblemente más largas, promoviendo el aprendizaje a lo largo de todo el curso de vida y abordando, de frente, los desafíos y las oportunidades que trae una sociedad con esperanza de vida creciente.

Y aquí conviene detenerse en un punto que suele pasarse por alto: esta pedagogía no empieza a los sesenta años, ni es un asunto que le compete solo a quienes ya envejecieron. Empieza en la niñez y nadie está enseñando qué significa una vida posiblemente extensa, pero además, en convivencia con múltiples generaciones. No hay currícula que aborde cómo sostener la salud a lo largo de décadas, cómo administrar el dinero y el tiempo cuando la vida activa ya no termina a los sesenta y tantos, cómo construir vínculos y sentido de propósito que atraviesen transiciones múltiples de trabajo, pareja, salud e identidad. Enseñamos historia, matemática, lengua. No enseñamos a habitar el tiempo que el siglo pasado nos regaló.

La pedagogía de la longevidad no se agota en preparar a las personas mayores para las transiciones del envejecimiento. Igual de importante es educar a las generaciones más jóvenes sobre el valor de esos años ganados, fomentar la inclusión intergeneracional, el respeto por las personas sin importar su edad y su integración plena en los distintos ámbitos sociales, laborales y económicos. Una sociedad que envejece sin haber aprendido a convivir con esa transformación tiende a resolverla con edadismo: apartando, subestimando, dando por sentado que la segunda mitad de la vida es una etapa de repliegue. La evidencia dice lo contrario, pero la evidencia sola no cambia una cultura. Eso lo hace la educación, sostenida en el tiempo.

Por eso me parece un error tratar la discusión sobre natalidad y la discusión sobre longevidad como si fueran dos temas separados, o como si solo la primera mereciera política pública urgente. Son la misma conversación sobre el futuro de la sociedad del nuevo siglo. Sabemos por qué nacen menos chicos, hay evidencia de sobra, la síntesis global es: a mayor desarrollo y riqueza, suele haber menos nacimientos. Por ello, necesitamos preguntarnos qué estamos haciendo para que los años que ya ganamos —los que ya están ahí, incorporados a nuestra biografía colectiva— se vivan con salud, con propósito y con autonomía, y no como una prórroga incierta.

La pregunta que de verdad importa no es cuántos años más vamos a vivir. Eso, en gran medida, ya está definido. La pregunta es qué vamos a hacer con ellos. Y esa respuesta no se improvisa a los setenta, cuando las decisiones que la condicionan ya se tomaron treinta o cuarenta años antes. Se aprende. Se enseña. Requiere escuela, política pública, medios de comunicación, sistema de salud y familias trabajando en la misma dirección.

El mundo que hoy se pregunta, con razón, cómo revertir la caída de la natalidad, tiene pendiente una pregunta hermana, igual de decisiva: cómo construye, desde ahora, la pedagogía que le permita a sus ciudadanos vivir bien el tiempo que ya ganaron.

Apenas 24 horas después de la cadena nacional por Malvinas, Javier Milei expuso una primera y fuerte pincelada de la utilización política del giro oficial, llamativo, para reponer el reclamo argentino. Lo hizo en referencia directa a la economía, con el objetivo que el oficialismo viene ensayando desde hace tiempo, es decir, correr el foco de los renglones más preocupantes, reivindicar las reformas y ratificar de manera cerrada la gestión. La combinación fue clara: el Presidente sostuvo que el plan económico “permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”. El articulado y cuidadoso mensaje -con exhortación a dejar de lado la competencia política en función de una causa nacional- quedó cruzado así por el trazo de campaña.

Esa asociación discursiva del Presidente había sido sugerida en la cadena nacional, con tono más medido y en compañía de la primera línea libertaria. Fue una frase, una forma de autocelebración, según las cual las medidas anunciadas resultan posibles “gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en que estaba”. El posterior discurso, ante ejecutivos de finanzas, fue más allá de modo explícito y anotó el tema Malvinas como recurso narrativo saliente para ratificar el rumbo económico. Algo que, claro, también apunta a la interna.

El giro del Gobierno tiene un antecedente cercano como elemento vinculado a la batalla discursiva antes que cultural: la clara intención de darle un toque nacionalista a las banderas violetas. Fue algo precipitado entre otras razones como efecto del Mundial y de haber quedado descolocado precisamente por Malvinas, frente a la imagen del “trapo” que bajó desde una tribuna y fue multiplicada por el gesto de los jugadores, después del triunfo ante Inglaterra en la semifinal. El oficialismo buscó explotar, especialmente en redes sociales, la idea de la existencia de una organizada campaña “antiargentina”. Milei vinculó entonces directamente a Brasil, apuntó a Lula da Silva y también incluyó, aunque con menos énfasis, a México.

Un trascendido, de repercusión mundial y atribuido a fuentes del Pentágono, señaló que Washington estaría estudiando modificar su posición sobre Malvinas, de hecho favorable a Londres bajo la formalidad de la neutralidad. Después, llegaron las declaraciones de Donald Trump dejando abierta la posibilidad de revisar esa postura. Tales mensajes no surgieron como señal a la gestión mileista, sino hacia Gran Bretaña, en el marco de las tensiones más amplias con Europa occidental. Tiene relación directa con la falta de acompañamiento en la guerra con Irán y la demanda de mayor presupuesto en defensa, con foco en la OTAN.

Desde el Gobierno destacaron la actitud e Trump, más allá de que esa ficha haya sido movida en un tablero en el que no juega Argentina. Pero a la vez buscaron contrarrestar las consideraciones sobre la velocidad con que se habría producido el anuncio de Milei. Dicho de otra forma: afirmaron que el Gobierno ya venía analizando respuestas a los avances del proyecto petrolera Sea Lion en aguas de las Malvinas. La discusión, de todos modos, no sería sobre el grado de sorpresa. Antes, están a la vista elementos contradictorios, improvisados según una mirada más ácida.

Dos elementos se destacan en relación con señales previas concretas, más allá de la polémica de arrastre por aquellos elogios de Milei a Margaret Thatcher, que desde las filas del oficialismo buscan ser restringidos a la economía. Difícil, al menos en este país. El punto, en sentido práctico, no es ese. Pesan en cambio las declaraciones sobre la intención de atender, se entiende que en negociaciones, el “deseo” de los habitantes de las islas. Es un término inadmisible, porque abre la puerta al planteo británico de autodeterminación, rechazado por la Argentina. Seguramente, fue anotado en su momento por Londres. Ahora, Milei habló de “población implantada en un territorio usurpado”.

Mucho más acá en el tiempo, hace menos de un mes, Pablo Quirno decía públicamente que soberanía es un concepto “anticuado”. El canciller utilizaba esa descalificación para rechazar los cuestionamientos a las modificaciones de la ley de tierras, que finalmente el oficialismo tuvo que dejar de lado para avanzar en el Senado con una recortada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

No fue una definición feliz, sobre todo en boca del encargado de las relaciones internacionales. El mensaje de Milei por cadena nacional incluyó 13 veces el término “soberanía”.

En el plano de la geopolítica, el texto leído por Milei destacó especialmente las referidas advertencias de Donald Trump como una evidencia de que correrían “vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”. El punto, en esa lectura, es que resulta atada a una visión restringida al cuadro actual, es decir y básicamente, a la tensión entre Trump y la gestión laborista de Andy Burnham. En cambio, no parece importar la historia, los lazos políticos y económicos tradicionales, las alianzas estratégicas, en la visión más de fondo del poder.

En el paño doméstico, resulta forzado disociar el anuncio presidencial de los intentos por retomar el manejo del temario público. Es algo que se viene repitiendo, en medios del oficialismo, desde la etapa marcada por el caso Adorni. El Gobierno tiene la necesidad de correr del foco la economía y volver a la política, entendida sobre todo como discurso duro de confrontación, sobre todo con el peronismo/kirchnerismo -algo que por momentos expone signos de agotamiento- y también con cualquier posición crítica. En ese lote entran legisladores, economistas, artistas, periodistas.

En cuanto a la economía, la ratificación sin matices del rumbo, por parte de Milei, acaba de sumar el componente de Malvinas. Por supuesto, la intención política parece más amplia: colocar en el centro un tema realmente sensible para la sociedad podría restarle aire a la oposición para batallar con sus temas. Se verá con el correr de los días.

Es visible además el mensaje hacia el interior del oficialismo. Podría considerarse también el quiebre sin retorno con Victoria Villarruel, siempre activa con el tema Malvinas. La vicepresidente evitó comentarios sobre el mensaje presidencial y el viernes, como estaba agendado, asistió a un acto con ex combatientes. Pero en la interna, venían pesando otras preocupaciones.

La economía y las elecciones: ese es el tema. Circulaban inquietudes y, en espejo, eran públicas las reacciones para destacar, a veces exageradamente, medidas como el impulso a créditos hipotecarios, con fondos de la ANSES, o algo de flexibilización en las paritarias. “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo Milei. De un modo u otro lo venía diciendo, puesto otra vez en tarea de campaña. La novedad, también en este terreno, fue Malvinas.

Berlín. Alice Elisabeth Weidel tiene 47 años, habla inglés y mandarín —la principal lengua estándar de China—, es doctora en Economía, trabajó en Goldman Sachs y vivió varios años en China. Formó una familia con Sarah Bossard, una productora cinematográfica suiza de origen asiático, y tienen dos hijos, ambos gestados por Bossard mediante donación de esperma. Su familia reside buena parte del tiempo en Einsiedeln, en el cantón suizo de Schwyz, aunque Weidel sostiene que su residencia principal y el centro de su actividad política están en Alemania. Nada en esa descripción parece corresponder al retrato convencional de la dirigente de un partido ultraderechista, nacionalista, ferozmente restrictivo en inmigración y defensor de la familia tradicional. Sin embargo, esa mujer conduce hoy la Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania), AfD, primera fuerza en buena parte de las últimas encuestas nacionales y un partido que este domingo 6 de septiembre puede atravesar una frontera que hasta hace poco parecía imposible: dejar de ser una formidable máquina de protesta y demostrar que también puede gobernar.

La paradoja Weidel comienza allí. Cuanto más se examinan su biografía y su carrera, más contradicciones aparecen. Pero esas contradicciones, lejos de destruirla políticamente, parecen haberse convertido en una de sus principales fortalezas.

Weidel nació el 6 de febrero de 1979 en Gütersloh y creció en Harsewinkel, Renania del Norte-Westfalia, en la antigua Alemania Occidental. No pertenece, por lo tanto, sociológica ni biográficamente a aquella Alemania Oriental comunista, integrada durante cuatro décadas al bloque soviético, que hoy proporciona a AfD sus resultados electorales más espectaculares. No creció detrás del Muro de Berlín ni vivió personalmente el trauma económico y social que acompañó la reunificación.

Su nacionalismo llegó después. Antes llegó la economía.

Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Bayreuth, obtuvo un doctorado en Economía y dedicó su investigación académica al sistema de pensiones de China. Trabajó en Goldman Sachs, desarrolló posteriormente actividades vinculadas con inversiones y consultoría, vivió varios años en China y aprendió mandarín.

Ese capítulo asiático sirve para entender bastante más de Weidel que una simple curiosidad curricular. China le permitió observar desde dentro una potencia donde capitalismo, nacionalismo, planificación estatal, comercio internacional y poder político conviven de una manera muy diferente de la tradición liberal europea.

No significa que pretenda importar a Alemania el modelo chino. Significa algo más interesante: Weidel tiende a observar las relaciones internacionales menos como un enfrentamiento moral entre democracias y autocracias y mucho más como un tablero de intereses nacionales, energía, comercio, fronteras, industria y relaciones de poder. Adhiere, en definitiva, a una suerte de Realpolitik (política exterior guiada primordialmente por intereses y relaciones de poder) llevada casi hasta sus últimas consecuencias.

China pudo haber sido, en ese sentido, su primera escuela de realismo.

Las finanzas hicieron el resto.

Cuando habla de competitividad, Weidel posee una ventaja sobre buena parte de la dirigencia populista europea: comprende el lenguaje económico. Su diagnóstico es sencillo y políticamente eficaz. Alemania se convirtió durante décadas en una formidable potencia exportadora gracias a tecnología, productividad, disciplina industrial, acceso a los mercados mundiales y energía competitiva. Ese modelo, sostiene, comenzó a erosionarse bajo el peso de la burocracia, los impuestos, la regulación, una transición energética costosa y decisiones geopolíticas que terminaron encareciendo la producción alemana.

Incluso mientras la economía comienza en 2026 a recuperar algo de crecimiento, los elevados costes energéticos, la inversión insuficiente y la pérdida de competitividad continúan ocupando el centro de la discusión económica.

Weidel entendió que allí existía una oportunidad electoral enorme.

AfD nació hablando del euro. Creció hablando de inmigración. Ahora quiere conquistar Alemania hablando también de fábricas, inversiones y empleo industrial.

La inmigración moviliza al votante enfadado. La competitividad puede atraer al empresario mediano, al comerciante, al profesional independiente, al trabajador industrial y, especialmente, al tradicional votante conservador que durante décadas consideró a la CDU su casa política.

Éste probablemente sea su movimiento estratégico más importante: transformar una protesta cultural y nacionalista en una potencial coalición económica y social.

Después aparece su vida privada.

Weidel mantiene desde hace años una relación con Sarah Bossard, productora cinematográfica suiza nacida en Sri Lanka y adoptada durante su infancia por una familia helvética. Tienen dos hijos.

La contradicción resulta irresistible.

Una mujer lesbiana, casada con una mujer de origen asiático, cosmopolita, con extensa experiencia internacional y parte de su vida familiar desarrollada en Suiza dirige un partido profundamente nacionalista, restrictivo en inmigración y defensor de una concepción tradicional de la familia.

Weidel parece resolver esa tensión separando radicalmente dos planos: una cosa es la libertad privada de cada individuo; otra, aquello que considera conveniente que el Estado promueva.

No convierte su propia biografía en programa político.

Puede vivir personalmente de manera heterodoxa y defender simultáneamente una concepción social conservadora.

De allí surgen prácticamente tres Alice Weidel. La primera es la economista liberal: impuestos bajos, menos burocracia, disciplina fiscal, un Estado más pequeño y energía barata. La segunda es la nacionalista: fronteras, ciudadanía, inmigración restrictiva, identidad nacional y recuperación de competencias cedidas a Bruselas. La tercera es la realista geopolítica: Alemania debe relacionarse con Estados Unidos, Rusia y China según lo que cada vínculo aporte concretamente al interés alemán.

Las tres terminan confluyendo en dos ideas: SOBERANÍA y EXALTACIÓN PATRIÓTICA.

Esos conceptos conectan inmigración y Schengen (zona europea de libre circulación sin controles fronterizos internos); euro y Bruselas; energía y Rusia; Ucrania y la OTAN; industria y Estados Unidos.

La pregunta que une todo es la misma: ¿quién decide sobre Alemania?

AfD nació en 2013 fundamentalmente como reacción a la crisis del euro. Weidel ingresó ese mismo año. Desde entonces, el partido recorrió una enorme distancia desde aquella protesta monetaria hasta convertirse en una fuerza nacionalista que cuestiona cada vez más la transferencia de soberanía hacia las instituciones europeas.

Weidel reclama controles fronterizos mucho más estrictos, cuestiona elementos fundamentales de Schengen (zona europea de libre circulación sin controles fronterizos internos) y sostiene que, si la Unión Europea continúa acumulando competencias, Alemania debería estar dispuesta a reconsiderar profundamente su relación con Bruselas.

Pero es en la inmigración donde su nacionalismo adquiere mayor intensidad.

Y allí aparece la figura controvertida de Angela Merkel.

La decisión de Merkel de permitir la entrada de centenares de miles de refugiados durante la crisis migratoria de 2015 fue uno de los acontecimientos que transformaron definitivamente a AfD. Para Weidel simbolizó la renuncia del Estado alemán a una de sus funciones más elementales: decidir quién puede entrar en su territorio.

La ironía histórica es extraordinaria porque la misma Merkel cuyo legado migratorio Weidel quiere demoler ofrece también el antecedente económico más cercano a una pieza fundamental de su proyecto: la relación con Rusia.

Durante años Alemania combinó una poderosa industria exportadora con grandes cantidades de gas ruso relativamente barato transportado por gasoductos. Rusia suministraba energía y Alemania transformaba aquella energía en automóviles, productos químicos, maquinaria e ingeniería de alto valor agregado.

Los gasoductos Nord Stream fueron el símbolo de aquella simbiosis.

Merkel creyó que Alemania podía comprar gas barato a Moscú, comerciar intensamente con Rusia y permanecer simultáneamente firmemente integrada en la Unión Europea, la OTAN y la alianza estratégica con Estados Unidos.

Weidel quiere recuperar la primera mitad de esa ecuación.

Pero está mucho menos comprometida con la segunda.

Para ella, la energía rusa barata fue uno de los secretos del éxito del Made in Germany (Hecho en Alemania). La ruptura posterior a la invasión de Ucrania obligó al país a buscar suministros alternativos más caros, debilitó a numerosas industrias intensivas en energía y aumentó la dependencia del gas natural licuado importado, entre otros lugares, desde Estados Unidos.

Desde el punto de vista económico, el argumento merece ser discutido.

Desde el punto de vista geopolítico aparece el gran agujero negro de Weidel: su punto ciego con Rusia.

Merkel comerciaba con Moscú sin cuestionar el anclaje occidental de Alemania. Weidel propone reconstruir aquella relación después de que el régimen de Vladimir Putin lanzara la mayor invasión terrestre de Europa desde 1945 y cuando Alemania considera a Rusia una amenaza estratégica para la seguridad europea.

La contradicción se hizo todavía más incómoda esta semana. El gobierno del canciller Friedrich Merz responsabilizó a Rusia de un ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle. Moscú lo niega.

Mientras el gobierno alemán acusa al Kremlin de desarrollar operaciones híbridas contra infraestructura alemana, la dirigente cuyo partido encabeza las encuestas nacionales propone volver a hacer negocios energéticos con Putin. Vaya ironía.

El contraste resulta brutal.

Weidel promete gas barato, industrias competitivas y empleo.

Pero alguien paga la factura política de ese gas.

Y ese alguien es, antes que nadie, Ucrania.

AfD pretende reducir o terminar el apoyo militar alemán a Kiev, revisar las sanciones contra Moscú y normalizar progresivamente las relaciones económicas con Rusia.

Putin difícilmente podría diseñar una combinación más favorable a sus intereses.

Alemania podría recuperar parte de la energía barata. Moscú recuperaría ingresos, influencia económica sobre la principal potencia industrial europea y, sobre todo, abriría una grieta gigantesca en la coalición occidental que sostiene a Ucrania.

Kiev, en cambio, perdería uno de sus principales respaldos.

Es aquí donde la Realpolitik (política basada en intereses y relaciones de poder) de Weidel corre el riesgo de convertirse en appeasement —apaciguamiento—: exigir al país invadido que asuma buena parte del coste de normalizar las relaciones con la potencia invasora.

Alemania conoce históricamente muy bien el precio de conceder a Moscú zonas de influencia. Después de 1945, la Unión Soviética mantuvo dividida Alemania durante más de cuatro décadas y Berlín fue el símbolo físico de aquella fractura, además de una experiencia emocional que dejó profundas huellas en varias generaciones.

Por eso existe algo especialmente incómodo en escuchar a una dirigente que reclama soberanía absoluta para Alemania pero muestra una notable tolerancia hacia la violación de la soberanía ucraniana.

Weidel quiere recuperar el gas de Merkel sin recuperar la inmigración de Merkel y sin necesariamente conservar intacta la arquitectura atlántica de Merkel.

Ése es probablemente el componente más audaz —y también el más peligroso— de su proyecto.

Y conduce, por un hilo casi invisible, hacia Francia y su próxima gran batalla presidencial de 2027.

Marine Le Pen realizó durante años una operación que Weidel observa con atención: transformar una fuerza políticamente tóxica en una organización normalizada capaz de disputar el poder nacional.

El Rassemblement National (Agrupación Nacional) francés y AfD no son partidos idénticos y han protagonizado incluso duros enfrentamientos. Pero comparten elementos importantes: soberanía nacional, resistencia a una mayor concentración de poder en Bruselas, inmigración restrictiva, fortalecimiento de las fronteras y una tradición históricamente bastante más comprensiva hacia Moscú que la dominante entre los gobiernos europeos.

No existe evidencia seria que permita afirmar que Putin dirige políticamente a Weidel o Le Pen. Pero tampoco hace falta ninguna conspiración para comprender los beneficios estratégicos que Moscú obtendría si fuerzas de este tipo gobernaran simultáneamente Alemania y Francia.

No necesitarían destruir formalmente la Unión Europea.

Si París y Berlín cambian de dirección, Europa cambia.

Una Francia y una Alemania partidarias de devolver poder desde Bruselas hacia los Estados, reducir sanciones contra Rusia y disminuir el respaldo militar a Ucrania alterarían el funcionamiento de la Unión desde su propio corazón.

Weidel también ha construido puentes con la nueva derecha estadounidense. JD Vance se reunió con ella. Elon Musk la entrevistó y respaldó públicamente a AfD. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, es uno de los empresarios e intelectuales tecnológicos más influyentes del universo político que rodea a Vance. Actualmente mantiene además inversiones e intereses crecientes en Argentina y adquirió una residencia en Palermo Chico, Buenos Aires.

Y hay un dato todavía más sugestivo: la propia Weidel afirmó públicamente que podría imaginar en un eventual gobierno suyo a empresarios como Elon Musk, Peter Thiel o Theo Müller.

La aparente contradicción reaparece: Weidel puede acercarse a Vance, Musk y Thiel mientras busca simultáneamente una reconciliación con Putin.

Para un atlantista tradicional resulta difícil de comprender.

Para ella probablemente no.

Alemania debería negociar con todos y escoger aquello que considere conveniente: Realpolitik (política basada prioritariamente en intereses) ante todo.

Pero antes de llegar a la Cancillería Weidel necesita resolver algo mucho más concreto: demostrar que AfD puede gobernar.

Ahí entra Sachsen-Anhalt (Sajonia-Anhalt).

Es uno de los 16 Länder (estados federados) alemanes, tiene poco más de dos millones de habitantes y su capital es Magdeburgo. Formó parte de la antigua Alemania Oriental y reúne muchas de las tensiones que alimentan a AfD: envejecimiento, despoblación, diferencias económicas respecto del Oeste y una fuerte sensación de abandono por parte de Berlín.

Su candidato es Ulrich Siegmund.

Tiene 36 años, estudió Psicología Económica y Administración de Empresas, domina las redes sociales, habla con tranquilidad y entiende perfectamente el poder político de una imagen amable.

Sonríe. Habla de familias, escuelas, seguridad, precios y sentido común. Evita buena parte de la estética agresiva históricamente asociada con sectores de la extrema derecha.

Es, políticamente, un lobo con piel de oveja.

No porque oculte clandestinamente sus propuestas —muchas están escritas—, sino porque existe una enorme distancia entre el envoltorio moderado y la radicalidad de una parte sustancial de su programa.

Deportaciones más agresivas, restricciones adicionales para solicitantes de asilo, revisión del tratamiento de refugiados ucranianos, cambios profundos en educación y cultura, eliminación de determinadas políticas de género, restricciones a símbolos LGBT en instituciones públicas, menor financiamiento para organizaciones consideradas ideologizadas y una relación mucho más amistosa con Rusia.

Siegmund es el piloto de pruebas.

Weidel es la candidata que quiere llevar el experimento hasta Berlín.

Y este jueves 3 de septiembre la propia Weidel elevó la apuesta. Junto con Tino Chrupalla —copresidente federal de AfD, nacido en la antigua Alemania Oriental y proveniente originalmente del mundo artesanal; antes de profesionalizarse en política fue maestro pintor— sostuvo que en Sajonia-Anhalt está en juego “el futuro de Alemania” y afirmó que una mayoría absoluta de AfD es posible.

Ya no habla como una dirigente que espera obtener un buen resultado regional. Habla como alguien que intenta convertir el domingo en un plebiscito nacional.

Y los números explican por qué.

Existe un verdadero cluster de encuestadores, tal como muestra el cuadro adjunto.

Civey coloca a AfD en 43% y CDU en 21%. Infratest dimap, 42% contra 22%. Forschungsgruppe Wahlen, 40% contra 23%. INSA, 43% contra 22%.

Cuatro institutos distintos y prácticamente la misma fotografía.

El promedio del cluster coloca a AfD alrededor de 42% y a CDU en apenas 22,1%.

No estamos ante una encuesta extravagante.

Estamos ante una tendencia.

En 2021 AfD había obtenido 20,8%. Cinco años después puede duplicar su porcentaje.

Pero además existe un pequeño mecanismo matemático capaz de transformar una enorme victoria en algo todavía mayor.

La última medición de INSA antes del domingo coloca a AfD en 43%, CDU 22%, Die Linke (La Izquierda) 12%, SPD 7%, Die Grünen (Los Verdes) 5%, BSW 4%, FDP 3% y otras fuerzas alrededor de 4%.

Para ingresar normalmente al Landtag (Parlamento regional), un partido necesita superar la Sperrklausel (barrera electoral) del 5%, con las particularidades propias del sistema electoral alemán.

Si BSW, FDP y otras pequeñas fuerzas quedan debajo, aproximadamente 11% de los votos no participaría del reparto proporcional principal.

Entonces el 43% de AfD representaría alrededor del 48,3% del voto correspondiente a las fuerzas representadas.

Y todavía existe otra variable decisiva.

Die Grünen (Los Verdes) aparecen exactamente en 5%.

Si terminaran apenas por debajo del umbral y tampoco ingresaran, aquel mismo 43% de AfD equivaldría aproximadamente al 51,2% del voto correspondiente a los partidos representados.

No significa automáticamente 51,2% de las bancas porque el sistema incorpora mandatos directos y mecanismos específicos de compensación.

Pero explica perfectamente el suspenso.

AfD podría acercarse a una mayoría absoluta parlamentaria sin obtener 50% del voto popular.

Por eso el domingo no habrá que mirar únicamente a AfD.

Habrá que observar décima por décima a Verdes, BSW y FDP.

Esas pequeñas minorías pueden determinar si Alemania despierta el lunes simplemente con una victoria espectacular de AfD o con algo mucho más grande: el primer gobierno regional controlado por el partido.

Un verdadero terremoto político.

Y allí aparece el Brandmauer (cordón sanitario político; literalmente, muro cortafuegos).

Es la decisión de los principales partidos, especialmente CDU/CSU, de no gobernar con AfD.

Mientras AfD obtenía 15% o 20%, mantenerlo era relativamente sencillo.

Con 42%, la matemática comienza a volverse incómoda.

Excluir al partido claramente más votado podría requerir acuerdos entre CDU, SPD, Verdes e incluso alguna forma de cooperación con Die Linke (La Izquierda), fuerzas cuya principal coincidencia terminaría siendo impedir que gobierne AfD.

El Brandmauer (cordón sanitario político) puede entonces sobrevivir institucionalmente mientras comienza a morir políticamente.

Ésa es la apuesta de Weidel.

No necesita convencer hoy a la CDU para formar una coalición. Le alcanza con aumentar cada vez más el coste político de excluirla.

Y esa estrategia coincide con otro fenómeno devastador para el establishment: el derrumbe político del actual Bundeskanzler (canciller federal), Friedrich Merz.

En febrero de 2025 CDU/CSU obtuvo 28,5% y AfD 20,8%.

Hoy las últimas mediciones nacionales muestran prácticamente la imagen invertida: AfD se mueve alrededor de 28%-29% y CDU/CSU apenas alrededor de 20%-21%.

La fuerza de Weidel ganó aproximadamente ocho puntos mientras el espacio del canciller perdió una magnitud semejante.

Hay algo todavía más revelador en Sajonia-Anhalt: mientras Weidel nacionaliza la elección y coloca su propio liderazgo detrás de Siegmund, la CDU local intenta presentar a Sven Schulze como candidato regional y despegarlo cuanto puede del desgaste del gobierno federal.

Weidel quiere que el domingo también se vote contra Merz.

La CDU preferiría que el votante no piense demasiado en él.

Si AfD obtiene 40%, será una victoria extraordinaria.

Con 42% o 43%, Alemania hablará de sismo político.

Y si las pequeñas fuerzas quedan atrapadas debajo del 5% y Siegmund consigue además una mayoría parlamentaria, la política alemana entrará en territorio desconocido.

Por primera vez AfD podría disponer de un Ministerpräsident (gobernador), presupuesto, administración regional, policía, educación y representación dentro del Bundesrat (cámara federal que representa a los gobiernos de los estados federados; no es exactamente un Senado, aunque cumple parte de esa función federal).

El laboratorio habría abierto sus puertas.

Siegmund sería el piloto de pruebas surgido de ese banco de ensayo.

Y Alice Weidel tendría algo mucho más poderoso que una encuesta: un gobierno para exhibir.

Después vendrán Berlín y Mecklenburg-Vorpommern (Mecklemburgo-Pomerania Occidental). Berlín mostrará los límites de AfD en una sociedad urbana, cosmopolita y considerablemente más inclinada hacia la izquierda. Mecklemburgo-Pomerania Occidental permitirá saber si el terremoto vuelve a reproducirse en otro territorio del antiguo Este.

Entonces aparecerá la pregunta nacional: si AfD continúa siendo fundamentalmente la rebelión del Este o si Alice Weidel está consiguiendo transformarla en una Volkspartei (gran partido popular de masas), categoría que durante décadas perteneció principalmente a CDU y SPD.

Y allí volvemos al aparente catálogo de contradicciones que representa Alice Weidel: economista occidental formada en Bayreuth, curtida en China, ex Goldman Sachs, lesbiana, casada con una mujer de origen asiático, madre de dos hijos, con parte de su vida familiar en Suiza, defensora política de la familia tradicional, profundamente nacionalista, anti-Bruselas, enemiga del legado migratorio de Angela Merkel y, simultáneamente, partidaria de recuperar uno de los grandes pilares económicos de aquella misma era Merkel: la energía rusa barata.

Quizás su éxito consista precisamente en haber ordenado todas esas contradicciones alrededor de una idea extremadamente sencilla: Alemania debe volver a decidir por sí misma quién entra en su territorio, qué energía compra, con quién comercia, a quién arma, qué guerras financia, qué competencias entrega a Bruselas y qué relación quiere mantener con Moscú.

El domingo esa doctrina dejará de ser teoría. Ulrich Siegmund será el piloto de pruebas, Sajonia-Anhalt el laboratorio y Alice Weidel estará mirando hacia Berlín mientras Friedrich Merz probablemente mire, con bastante menos entusiasmo, hacia Magdeburgo.

Porque si el cluster de encuestas no está gravemente equivocado, la pregunta del lunes 7 de septiembre no será solamente cuánto ganó AfD.

Será otra mucho más incómoda para el sistema político alemán: ¿qué partido representa hoy realmente a la derecha de Alemania?

Y si Siegmund consigue además gobernar, aparecerá inmediatamente una segunda: ¿cuánto tiempo puede mantenerse el Brandmauer (cordón sanitario político) cuando detrás de ese muro queda la fuerza más votada del país?

Pero habrá todavía una tercera, bastante más inquietante para Europa.

Si Weidel convierte el descontento alemán en poder, recupera la relación energética con Moscú y sacrifica en el camino parte del apoyo a Ucrania, Putin puede terminar consiguiendo a través de las urnas europeas algo que sus tanques no pudieron conseguir: fracturar desde dentro la unidad política que Alemania ayudó a construir contra él.

Por eso lo que puede ocurrir el domingo en Sajonia-Anhalt no termina en Magdeburgo.

El lunes Alemania puede despertar con un nuevo gobierno regional.

O puede despertar descubriendo que el terremoto político que durante años intentó contener ya empezó.

Dichos y hechos

Trump ha dicho “que ponía en duda su posición de neutralidad norteamericana sobre el conflicto de Malvinas”. Obviamente presiona a los británicos porque sabe que es un tema importante para la política exterior británica. El claro objetivo de Trump es que Gran Bretaña aumente su contribución a la OTAN y le pasa una “factura” por no acompañarlo, como él quisiera, en la guerra contra Irán. Haciendo una carambola a tres bandas, sabe que sus dichos también serán aprovechados para apuntalar a la gestión gubernamental de su “amigo” Milei y también para sacarle provecho. El secretario Bessent completa la maniobra para intentar fortalecer a Milei calificando la gestión económica del ministro Caputo como un “ejemplo extraordinario”.

El objetivo central de Trump se deduce porque sus palabras fueron confirmadas por un email del Pentágono y no del Departamento de Estado, que es el que se ocupa de las estrategias de la política exterior. Los hechos que originan las palabras de Trump tienen dos fundamentos principales: no haber podido usar algunas bases británicas en el Atlántico durante los ataques a Irán y que los laboristas no quieran aportar 3 puntos del PBI al financiamiento de la OTAN antes de 2030 o más. Esto también le sirve para seguir empujando a Europa en el mismo sentido y para que le compren armas a Estados Unidos. El combo está completo.

Milei y su grupo, conscientes de la maniobra de EEUU, coordinan con ellos acciones para aprovechar la ayuda que se le presta y se ofrece para colaborar en lo que haga falta. Por eso, preliminarmente indica que había avances “fuertes sobre el pedido de soberanía”. El discurso de Milei lo muestra prometiendo eventuales sanciones a empresas extranjeras que extraigan recursos naturales de las islas y a sus proveedores internacionales. También propone hacer acciones declarativas o parlamentaria de orden político interno, contra los intereses británicos en Malvinas, pero de escaso efecto real o que sea conducente a una mejora efectiva de la posición nacional. También habla de construir una base militar (argentina); será con “ayuda” norteamericana, porque para el resto de los argentinos “no hay plata”. La sentencia de Santiago Caputo, “Inglaterra es el pasado y la Argentina es el futuro”, muestra claramente que sigue siendo el maestro de la ceremonia mediática y principal escriba del discurso pronunciado por Milei, de montaje “soberanista”.

Los intereses cruzados

La tradicional posición argentina (política de estado) siempre ha sido muy clara: no hay posibilidades de “auto determinación” de los kelpers porque, según reglas diplomáticas, no hay pueblos originarios en la tierra en disputa, dado que los isleños son población implantada en 1833. Tesis que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países representados en la ONU. EEUU e Israel nunca lo hicieron. Modificar esa histórica postura nacional generaría un enorme malestar con nuestros aliados (G7 + Sur Global) en los debates sobre las descolonizaciones; es decir, nos debilitaría enormemente para continuar negociando, lo cual facilitaría la permanente ocupación.

Para EEUU la importancia de la zona está en los pasos interoceánicos, clave desde el punto de vista militar, porque permite el cruce entre el Pacífico y el Atlántico por el Estrecho de Magallanes o al sur del Cabo de Hornos, en un eventual conflicto con China. Recordemos que los grandes portaviones de EEUU no pueden atravesar el Canal de Panamá.

La alianza de EEUU con Gran Bretaña, sostenida a lo largo del tiempo, fue integral, estratégica y de iguales, aunque hubo diferencias mutuas. La realidad es que a EEUU le interesa que los británicos sigan controlando Malvinas, pero podrían estar interesados en tener mayor control militar sobre el Atlántico Sur, y su proyección antártica. Tal vez generando una comandancia militar conjunta en Mount Pleasant, o sumando la instalación de una base militar en Tierra del Fuego. Es muy improbable que le den demasiado juego en el largo plazo en ese terreno a Argentina, que en el futuro podría cambiar de posición internacional y pasarse al BRICS; ningún gobierno norteamericano va a correr ese riesgo. El centro del actual debate con los británicos es un problema de dinero y de facilitar el acceso a sus bases militares. Ese es el verdadero interés norteamericano.

La presión del lobby isleño sobre Londres se encamina a la explotación de recursos petroleros por parte de un consorcio integrado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper, cuyo proyecto SEAN LION cuenta con una inversión total de 4000 millones de dólares para explotar reservas detectadas de 300 millones de barriles. Las regalías le interesan a Londres para financiar el gasto que ocasiona la base militar RAF Mount Pleasant (inaugurada en 1985), donde viven 2000 efectivos entre soldados y civiles, adicionales a los 3000 pobladores habituales. Si el proyecto avanzara, se radicarían aún más pobladores, lo cual facilitaría trasladar la discusión desde el criterio de la descolonización al de autodeterminación de los pueblos. Tal vez, conociendo su modo indirecto de negociación, Trump también esté pretendiendo entrar en el negocio petrolero de Malvinas y para eso necesita las “sanciones” que impulsaría desde Argentina sobre Sean Lion.

Milei no debería hacerse ninguna ilusión sobre cambios reales, y tal como quedó demostrado, cualquier tipo de cooperación favorecerá la ocupación del Reino Unido, que ya se ha aprovechado del paraguas de ocupación de los 90, el pacto Foradori-Duncan posterior y no tiene ninguna intención real de cedernos soberanía. Tal vez EEUU también use a Gran Bretaña para seguir condicionando a Argentina. Por otro lado, Milei siempre se mostró cerca de la posición inglesa sobre la autodeterminación de los kelpers y reprochó públicamente el despliegue de una bandera malvinera en un estadio mundialista, brillante maniobra criolla de impacto geopolítico incuestionable. Ahora suena bastante extraño su repentino “soberanismo”.

La disputa de soberanía de Malvinas es un tema de poder nacional. El debate sobre su recuperación se realiza mediante discursos, resoluciones internacionales o negociaciones diplomáticas. Pero sin alcanzar un poder nacional material importante, es poco probable que avancemos seriamente en ese sentido. Poder económico, científico, tecnológico, militar, diplomático, educativo, social y cultural. Recuperar un poderío industrial moderno y una capacidad de producción militar, de aviones, barcos, submarinos, drones, satélites, y contar con algoritmos propios y las IA correspondientes, son unos de los sustentos básicos. Debatir sobre los mapas, hacer actos el 2 de abril y reclamar en la ONU, son hechos importantes para mantener vivo el espíritu popular sobre Malvinas, pero es solo lo más básico.

El poder nacional exige también tener escuelas de pensamiento estratégico, que debe comprender la interrelación entre territorio, recursos, comunicaciones, tecnología, educación, cultura, información y la formación de élites que pertenezcan al sistema del poder nacional, que tengan responsabilidades en la conducción del Estado. La guerra contemporánea nos muestra que el poder no puede medirse solamente contando divisiones, buques y aviones. Existe también el poder de la guerra cognitiva, el poder del soft-power, el control del discurso en los medios, el poder tecnológico, el poder financiero y el poder cultural. Todo ello constituye el poder nacional, principalmente visible cuando se trata de formar a los funcionarios que deben tomar decisiones políticas o aconsejar al presidente sobre las mejores políticas para defender los Intereses Nacionales.

Todos los Estados serios ejercen influencia sobre los demás, tratando de sacar ventajas. Para ello construyen redes internacionales y tratan de captar simpatías para sus visiones y sus intereses. Nada objetable. Necesitamos sanos intercambios con las universidades y centros académicos de todo el mundo, sean ingleses, norteamericanos, rusos, alemanes, franceses o chinos, de carácter científico, cultural y porque no, también político. Necesitamos dialogar y conocer cómo piensan las grandes potencias y más importante incluso, aprender de ellas; no para copiarlas o ser sus aduladores o seguidores, sino para afianzar nuestra identidad, nuestras fortalezas y actualizar las estrategias que más nos convienen.

No vemos conspiraciones, solo hay intereses en juego. Un lobby de bajo costo fue creado hace tiempo por la Embajada Británica y organizaciones como Chevening, que maneja el programa global de becas del Gobierno del Reino Unido, orientado a “personas con potencial demostrable para convertirse en futuros líderes, tomadores de decisiones y formadores de opinión”. Las áreas promovidas: políticas públicas, gobierno, análisis político y de opinión pública, energía, relaciones internacionales, finanzas, petróleo y gas, minería, comunicaciones y medios. Nada sorprendente. Hay influencias que en los momentos oportunos son muy eficaces y no necesitan recibir órdenes, estando previamente adoctrinadas. Todas las potencias hacen lo mismo.

No es conveniente que propios o terceros nos adoctrinen unilateralmente para conseguir sus objetivos. Para ello necesitamos conformar nuestra propia élite nacional, que sepa debatir mano a mano, con todos y con los proyectos propios; no los de terceros. Se podrá decir que somos muy pretensiosos, dados los desniveles de poder económico. Pero nada es comparable a que nuestros funcionarios, luego de ser “cooptados” por las visiones de terceros interesados, les faciliten, en negociaciones con la mesa inclinada, todos los negocios y las facilidades para adquirir ventajas materiales o la compra de nuestros recursos a precio vil o que les permiten degradar nuestros recursos ambientales sin castigo o sin tomar las medidas preventivas. Esa pérdida de valor es infinitamente superior al costo de preparar nuestra élite nacional.

El gobierno pretende “maquillarse” de soberanista, aunque seguirá a pie juntillas lo que se les ordene desde Washington. Nadie le creerá a este gobierno después de seguir incentivando la destrucción de las bases permanentes del auténtico poder nacional: ciencia, tecnología, educación, salud. Se llenarán de palabras y gestos huecos. Eso sí, será acompañado por una corte de funcionarios y de algunos clubes de diplomáticos que saben profetizar adecuadamente sus propias ideologías, pero incapaces de hacer análisis objetivos e independientes, sobre la geopolítica global.

La renuncia de Lionel Messi a la Selección Argentina nos impacta emocionalmente a la vez que nos invita a reflexionar sobre las enseñanzas que nos deja. Estamos en uno de esos momentos en los que nos preguntamos qué pasa después de la salida de un líder tan fuerte, cómo debería ser un cambio de liderazgo y qué debería aprender el equipo.

Como en toda organización, cuando se retira alguien que marcó una era, aparece una mezcla de incertidumbre, nostalgia y necesidad de adaptación. Pero, particularmente, Messi representa una forma de movilizar a un equipo que hoy es extremadamente valorada tanto en el deporte como en otros ámbitos.

Durante muchos años existió la idea de que quien comandaba debía ser el mejor orador, el más carismático o el que ocupaba más espacio. Leo demostró lo contrario al hacerlo desde el ejemplo, el esfuerzo, la coherencia y la constancia. Su influencia nació de hacer extraordinariamente su trabajo y poner ese talento al servicio del equipo y de lo que representaba. Además de su humildad, algo que trasciende cualquier resultado. Cuanto más grande se hizo su figura, más conectado permaneció con sus valores, sus raíces y su sentido de pertenencia a la Selección.

Cuando una figura alcanza una dimensión tal, se corre el riesgo de confundir la identidad del equipo con la identidad de la persona. Pero los equipos verdaderamente maduros logran convertir la admiración por un líder en una cultura compartida. Lo interesante de esta Selección es que en los últimos años evolucionó desde la dependencia hacia la pertenencia. Ya no era solamente “el equipo de Messi” sino un grupo que compartía valores, objetivos y una manera de competir.

Justamente ahí aparece una enseñanza particularmente relevante. En el mundo corporativo, si bien la mayoría considera que puede dirigir procesos de transformación, muchas organizaciones todavía no avanzan al mismo ritmo. En Argentina, solo el 62% de los ejecutivos considera que su empresa brinda el acompañamiento necesario para afrontar los cambios, incluso por debajo de otros países de la región.

Incluso en el mundo del deporte, la transición no debería consistir en buscar “al próximo Messi”. De hecho, si intentamos buscar paralelismos con el ámbito empresarial, encontramos una dificultad enorme porque casi no existen casos equivalentes. Nuevamente, el desafío es preservar la cultura que ayudó a construir.

Más que intentar conservar al jugador, lo que debería permanecer son los principios que representó: su resiliencia para volver a intentarlo después de las derrotas, críticas y situaciones familiares, sin esconder sus emociones; su sentido de pertenencia incluso en los momentos más difíciles; su humildad para seguir aprendiendo aún en la posición en la que estaba; su capacidad para poner el equipo y el país por encima del individualismo; y su convicción de que evidencia que el liderazgo se ejerce 24/7 desde las acciones.

Precisamente, los responsables de contratación destacan como capacidades clave para liderar en el futuro habilidades tales como el aprendizaje continuo, la empatía, la comunicación clara y efectiva, el pensamiento analítico, la adaptabilidad, la creatividad, la experiencia. Todas ellas describen, en buena medida, un liderazgo mucho más cercano al que el rosarino encarnó.

Ahora bien, cuando el liderazgo es saludable, la salida no paraliza al grupo. Por el contrario, habilita la aparición de nuevos liderazgos y nuevas responsabilidades distribuidas. Messi lo tiene claro: “Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. Eso denota que los grandes líderes entienden que el legado no consiste en ser imprescindibles, sino en preparar al equipo para que siga creciendo cuando ellos ya no estén. Su grandeza no fue convertirse en indispensable sino ayudar a que la Selección aprenda a no depender de él.

Probablemente nadie pueda replicar lo que el astro aportaba dentro y fuera de la cancha. Lo sano es que distintos integrantes absorban distintas partes de ese legado. Algunos lo harán desde el liderazgo emocional, otros desde el rendimiento, otros desde la experiencia y otros desde la construcción del grupo. De esta manera, determinados comportamientos, valores y estándares permanecen independientemente de quién ocupe el lugar más visible.

Las culturas que trascienden en la cancha, en las empresas y en otros ámbitos de la vida son aquellas que logran transmitir valores de generación en generación. Si la Selección lo alcanzó, entonces la salida de Messi no representará el final de una etapa exitosa, sino el comienzo de una nueva. Su salida deja al equipo y a la sociedad en general la enorme enseñanza de que el liderazgo más poderoso no es el que concentra protagonismo, sino el que inspira a que todo un equipo sea mejor.

El Gobierno de CABA autorizó pruebas piloto de vehículos autotripulados o autónomos SAE Nivel 4 y también de drones terrestres autónomos en la vía pública. La iniciativa merece ser acompañada porque puede transformar el transporte, pero no incorporarse masivamente sin evidencia sobre su funcionamiento en las condiciones reales de nuestra ciudad.

Probar un vehículo autónomo no consiste solo en comprobar si interpreta un semáforo, evita a un peatón o convive con colectivos, motos, bicicletas, carros con tracción a sangre y ocupaciones irregulares de la calzada, más aún en una circulación frecuentemente anómica como la que ocurre en CABA. Significa también verificar si nuestras instituciones están preparadas para gobernar tecnologías cuya capacidad de actuar autónomamente aumenta, mientras la responsabilidad por sus consecuencias se distribuye entre fabricantes, desarrolladores, operadores, aseguradoras, proveedores tecnológicos y autoridades.

En febrero sostuve en mi artículo “Vehículos autotripulados: responsabilidad humana indelegable” que la autonomía tecnológica no podía producir zonas de irresponsabilidad humana. La iniciativa porteña permite ahora avanzar un paso. ¿Cómo convertir ese principio ético en una política pública concreta?

Desde la bioética, hay una diferencia moral entre experimentar en un entorno cerrado y hacerlo en el espacio público. Un peatón, un ciclista o quien conduce otro vehículo no decidió participar del ensayo tecnológico que ocurre a su alrededor. Esto significa que para quienes queden involuntariamente expuestos a un riesgo experimental, aumenta el deber de protección de quien autoriza la experiencia.

De allí surgen obligaciones concretas como minimizar riesgos previsibles, proteger a los usuarios vulnerables, evitar que ciertos grupos soporten desproporcionadamente las cargas de una innovación cuyos beneficios serán colectivos y determinar, antes del daño, quién deberá responder.

Los datos son alentadores, aunque no generalizables. Un estudio de Waymo y Swiss Re informó reducciones del 88% en reclamos por daños materiales y del 92% por lesiones corporales, mientras que el Insurance Institute for Highway Safety estimó un 68% menos de colisiones policialmente reportables y un 81% menos con lesiones. Sin embargo, un estudio publicado en Nature Communications encontró que los sistemas analizados, aunque más seguros en numerosos escenarios, presentan mayores riesgos en determinadas condiciones, como amaneceres, atardeceres y maniobras de giro. La seguridad depende, por lo tanto, del sistema, del dominio operacional y de las condiciones concretas de circulación; no pertenece al vehículo en abstracto, sino a su funcionamiento dentro de un entorno determinado.

CABA necesita una referencia propia. Antes de la prueba debería conocerse la siniestralidad humana en los corredores, horarios, velocidades y condiciones de operación autónoma. La comparación debería realizarse por millón de kilómetros recorridos y distinguir daños materiales, lesiones leves, graves y muertes.

También debería incluir a peatones, ciclistas, motociclistas y personas con discapacidad, y registrar frenadas bruscas, intervenciones del operador remoto, pérdidas de conectividad, fallas de sensores, conflictos con usuarios vulnerables y colisiones evitadas por escaso margen.

La clasificación SAE J3016 establece seis niveles de automatización, del 0 al 5. El Nivel 4 implica automatización elevada dentro de un dominio operacional definido; el Nivel 5 describe automatización total de la conducción, sin limitación a un dominio específico. SAE J3016 es una taxonomía funcional, no una homologación ni una certificación de seguridad. Si SAE permite medir cuánto puede hacer una máquina por sí misma, la política pública debe determinar cuánto debemos exigir a quienes deciden ponerla en circulación.

Para ello propongo un principio de gradualidad regulatoria donde a mayor autonomía tecnológica, mayor densidad institucional de la responsabilidad. Así, cuanto menos dependa el sistema de la intervención humana, mayores deberían ser las exigencias de seguros, trazabilidad, auditoría, ciberseguridad, reporte de incidentes, accesibilidad, protección de usuarios vulnerables y supervisión pública. También debe regularse la intervención remota, por ejemplo, cuántos vehículos supervisa cada operador, qué facultades posee y cuál es su tiempo máximo de respuesta.

La automatización no elimina la responsabilidad, pero puede fragmentarla hasta volverla difícilmente identificable. Aquí lo importante es que la dimensión ética y jurídica se incorpora antes, al definir objetivos de seguridad, límites operacionales, prioridades de protección, criterios de intervención y mecanismos de rendición de cuentas. No se trata de programar una supuesta “moral de la máquina”, sino de establecer humanamente y ex ante las condiciones bajo las cuales puede actuar.

En un siniestro causado por un vehículo autónomo pueden intervenir el fabricante, el software, los sensores, una actualización remota, la conectividad, el operador y distintos proveedores. Determinar qué falló puede llevar meses. Esa complejidad no debería trasladarse a la víctima.

La legislación argentina exige que los automotores cuenten con seguro de responsabilidad civil y frente a daños causados a terceros, pero ese régimen no resuelve por sí solo la distribución específica de responsabilidad en los vehículos automatizados. El Reino Unido ofrece un modelo que merece ser estudiado. Cuando un vehículo automatizado asegurado conduce autónomamente, el asegurador responde inicialmente frente al tercero perjudicado, sin perjuicio de los mecanismos posteriores de recuperación y de las excepciones legales.

La idea central es razonable: reparar primero y discutir después la atribución definitiva. Un peatón atropellado no debería tener que demostrar si falló un sensor, un algoritmo o una actualización para saber contra quién reclamar. La complejidad tecnológica nunca debería convertirse en complejidad indemnizatoria.

A mayor autonomía decisional debe existir mayor trazabilidad. Ante un incidente, incluidas frenadas de emergencia, fallas de sensores o pérdidas de conectividad, tendría que poder reconstruirse qué modo de conducción estaba activo, qué información recibieron los sensores, qué acciones ejecutó el sistema, qué alertas produjo, qué intervenciones externas existieron y qué versión del software gobernaba el vehículo.

CABA podría crear un observatorio de seguridad de la movilidad autónoma, con información agregada y anonimizada, comparación con la referencia humana local y participación interdisciplinaria. La regulación debe aplicar el principio de minimización de datos y determinar quién custodia la información, cuánto tiempo se conserva, quién puede acceder a ella y cómo se anonimizan peatones y terceros. Todo ello, acorde a la normativa de protección de datos personales entre otros aspectos que deben contemplarse en las pruebas.

También es necesario decidir antes cuándo detenerse. En octubre de 2023, California suspendió los permisos de operación sin conductor de Cruise por considerar que existía un riesgo irrazonable para la seguridad pública, después de un incidente en el que uno de sus vehículos atropelló y arrastró a un peatón.

Esto obliga a establecer previamente eventos gatillo, como una muerte o lesión grave, una falla reiterada inexplicada, un incidente crítico de ciberseguridad o un patrón de riesgo desproporcionado. Esos eventos deberían activar protocolos de revisión, restricción o suspensión.

Los vehículos autónomos involucran ingeniería, IA, seguros, responsabilidad civil, protección de datos, ciberseguridad, defensa del consumidor, accesibilidad y bioética. Las pruebas deberían conllevar la coordinación de las autoridades porteñas con los organismos nacionales competentes, porque CABA regula la circulación, pero la homologación, los seguros y buena parte de la responsabilidad civil también involucran normas nacionales.

Desde la Ética del Límite, el foco debiera estar en aquello que permite ejercer legítimamente una capacidad sin destruir las condiciones que justifican su ejercicio. CABA tiene la oportunidad de demostrar que innovación y responsabilidad no son términos opuestos.

SAE puede indicarnos cuánto puede hacer una máquina sin nosotros. La política pública debe responder la pregunta complementaria: ¿cuánto más debemos responsabilizarnos nosotros cuanto menos nos necesite la máquina?

El verdadero progreso no consiste solo en que un vehículo pueda conducir por sí mismo, sino también en que nuestras instituciones sepan gobernar responsablemente esa autonomía.

La desaceleración de la inflación y el ordenamiento fiscal corrigieron distorsiones, pero también dejaron al descubierto una presión tributaria que no siempre disminuye: muchas veces cambia de jurisdicción -de Nación a Provincias o Municipalidades-, se anticipa -regímenes injustos y abusivos de retención y percepción- o reaparece como costo financiero. Estos costos fiscales cercenan la posibilidad de fondear capital de trabajo, elemento esencial para el crecimiento empresarial.

Impacto de la política tributaria nacional, provincial y municipal

No alcanza con observar si se reducen ciertas alícuotas. También importa quién recauda, cuándo exige el pago y cuánto dinero queda inmovilizado en retenciones y saldos a favor.

La presión tributaria parece más una película que una foto.

Un punto de partida, como parte de un intento del gobierno nacional de bajar la presión tributaria, fue la reducción de las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias, a fin de que, ante la disminución de recursos por parte de la Nación, las provincias debieran reducir gastos. Lo que sucedió en la práctica fue que reforzaron su recaudación propia o combinaron ambas alternativas.

Así adquirieron mayor importancia las retenciones, percepciones y pagos a cuenta de Ingresos Brutos. Aunque formalmente son adelantos, cuando superan el impuesto definitivo generan saldos a favor que permanecen inmovilizados. Para la empresa, ese dinero deja de financiar salarios, proveedores e inversiones y pasa a financiar, sin interés, al Estado provincial.

Los controles e impuestos locales sobre mercaderías que atraviesan límites provinciales son una expresión controvertida del fenómeno.

Por ejemplo, Misiones aplicó durante años un esquema semejante, conocido como “aduana paralela”. Desde julio de 2026 suspendió el cobro por doce meses para aproximadamente el 95% de los contribuyentes alcanzados. La decisión constituye un alivio, pero confirma la dimensión que había adquirido el mecanismo.

La tensión se repite en los municipios. Muchas tasas, originalmente justificadas como contraprestación por un servicio, se calculan sobre la facturación.

Seguridad e Higiene es el ejemplo más visible: puede aumentar, aunque el servicio municipal no cambie. La tasa se incorpora al costo y termina trasladándose al consumidor.

Impacto de la baja inflacionaria y no adecuación de beneficios

La inflación elevada también distorsionaba el sistema tributario. Licuaba deudas y multas, pero también quebrantos, saldos a favor y créditos del contribuyente. Su desaceleración es una buena noticia, aunque obliga a revisar reglas concebidas para otro contexto.

Un ejemplo son los planes de facilidades de ARCA. La tasa mensual del régimen permanente es actualmente del 2,75%, frente a una inflación del 2,1% en julio de 2026. Financiar una obligación fiscal representa así un costo real positivo.

Para las medianas empresas tramo 2 y las compañías de mayor tamaño, el IVA presenta un problema adicional. La Resolución General 5321 permite incorporarlo al plan permanente de pagos recién desde el primer día del tercer mes posterior al vencimiento. La financiación existe en la norma, pero casi nunca en la práctica: una empresa en funcionamiento difícilmente pueda esperar ese plazo en mora, acumulando intereses, intimaciones y riesgo de ejecución fiscal. A ello se suma que el IVA suele ingresarse antes de cobrar la factura que lo originó. Por eso, muchas veces el plan de pagos no busca financiar a la compañía, sino evitar que la compañía siga financiando al fisco con su capital de trabajo.

La desaceleración inflacionaria produce también un efecto inesperado contraproducente sobre los beneficios tributarios que otorga el Certificado MiPyME. La categoría de MiPyME se determina, como regla general, utilizando el promedio nominal de ventas de los últimos tres ejercicios. Durante los años de inflación muy alta, ese cálculo incluía ventas históricas expresadas en pesos de mucho menor valor, lo que reducía artificialmente el promedio.

Ahora esos ejercicios comienzan a salir del cálculo y son reemplazados por períodos con mayor facturación nominal. El promedio puede aumentar, aunque la empresa no haya crecido en términos reales. Si los límites para encuadrar a una MiPyME no acompañan ese movimiento, muchas firmas subirán de tramo o perderán su condición MiPyME.

Las consecuencias adversas son concretas: Una micro o pequeña empresa puede computar contra Ganancias el 100% del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Una industria manufacturera mediana tramo 1 puede computar el 60% de ese impuesto; fuera de esos tratamientos, el porcentaje general a deducir es del 33%. También cambian las condiciones de los planes de pago.

Sería razonable actualizar las ventas históricas o calcular el promedio en moneda constante.

Otra modificación relevante fue el aumento de las sanciones. Omitir una declaración jurada informativa puede generar multas de hasta $5 millones para personas humanas y $10 millones para sociedades. Ante requerimientos incumplidos, pueden alcanzar los $35 millones. La actualización era inevitable, pero exige proporcionalidad: para una pequeña empresa, con una administración obviamente más precaria, un error formal puede ocasionar una sanción desmedida respecto del perjuicio causado.

Paradójicamente, estas multas fueron actualizadas por la misma Ley de Inocencia Fiscal que amplió garantías para los contribuyentes cumplidores. La norma extendió el régimen simplificado de Ganancias a más personas humanas, elevó los umbrales penales y estableció, bajo ciertas condiciones, una presunción de exactitud sobre períodos anteriores. La orientación es saludable si se distingue entre fraude, incumplimiento sustancial y error formal.

También existen avances. Los quebrantos generados en ejercicios iniciados desde 2025 se actualizarán por IPC, evitando que una pérdida se licúe antes de poder compensarse, aunque quedaron fuera los quebrantos anteriores.

Impacto de los regímenes de Promoción a la Inversión

En materia de inversión, el RIGI ofrece estabilidad para grandes proyectos y el RIMI concede a inversiones productivas de MiPyMEs beneficios como amortización acelerada en Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA. El Súper RIGI profundizaría esos incentivos para nuevas industrias, pero todavía no es ley. Estas herramientas suponen resignar recaudación presente a cambio de inversión, empleo y exportaciones futuras.

Reflexiones finales

El desafío es construir un sistema coherente entre Nación, provincias y municipios: que los incentivos a nuevas inversiones convivan con reglas razonables para las empresas que ya producen; que los anticipos no se conviertan en préstamos forzosos al Estado, y que cumplir a tiempo sea financieramente posible.

La baja de la inflación ofrece una oportunidad para revisar mecanismos nacidos de la emergencia. De lo contrario, la Argentina podría ordenar sus variables macroeconómicas y conservar una estructura tributaria que desaliente la formalidad y el crecimiento que ese orden pretende promover.

En una sociedad saturada de información, aprender a leer y escribir no alcanza. Quien no puede comprender un texto, distinguir una opinión de un hecho o construir una voz propia queda nuevamente del lado de la exclusión.

Cada 8 de septiembre, el calendario instituido por la UNESCO señala una fecha que nos interpela directamente sobre un derecho humano fundamental que pareciera sigue siendo un privilegio. Las cifras que nos rodean son estremecedoras, en el ámbito mundial, al menos 750 millones de jóvenes y adultos no saben leer ni escribir (y de ese total, dos tercios son mujeres), mientras que 250 millones de niños y niñas no logran adquirir las habilidades básicas de cálculo y lectoescritura. Detrás de cada uno de estos números no hay solo estadísticas frías; hay trayectorias limitadas en sus posibilidades, proyectos postergados y puertas cerradas al ejercicio pleno de la ciudadanía.

Históricamente, entendimos la alfabetización como la simple capacidad de decodificar letras, escribir palabras o resolver cuentas básicas. Hoy, esa definición es sumamente reduccionista. En una sociedad atravesada por la información constante, estar alfabetizado implica comprender un texto, interpretar críticamente la realidad y percibir qué y cómo mejorar el entorno que nos rodea.

Nuestra relación con la palabra escrita define los actos más cotidianos, desde escribir una lista de compras, enviar un mensaje de WhatsApp familiar o redactar una nota para la escuela, hasta defender una postura propia ante una injusticia.

Es aquí donde el debate adquiere una urgencia particular, especialmente en América Latina y en Argentina. La gran pregunta de nuestro tiempo ya no es solo si los chicos aprenden a leer, sino si verdaderamente comprenden lo que leen y si son capaces de producir sentido por sí mismos. ¿De qué sirve que adquieran una certificación escolar si un joven no logra interpretar una noticia, redactar un informe para su trabajo o argumentar su propio punto de vista? La alfabetización funcional y digital se ha convertido en la nueva y verdadera frontera entre la inclusión y la exclusión. Quien hoy queda fuera de la cultura escrita tradicional y del universo tecnológico sufre una doble exclusión que profundiza aún más la brecha de los sectores sociales más vulnerables.

Para desarmar esta realidad, resulta interesante retomar a un referente de la pedagogía latinoamericana, Paulo Freire, quien planteó que alfabetizar va mucho más allá del mero deletreo; exige una comprensión crítica del mundo político, social y económico del educado. Su mirada nos recuerda que enseñar requiere escuchar al otro, respetar sus saberes y, fundamentalmente, mostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Sin embargo, cuando contrastamos este ideal con la realidad cotidiana de nuestras aulas, nos chocamos con una gran tensión. A veces, el ritmo acelerado de la escuela actual, signado por los imponderables y la urgencia de cumplir con lo requerido, suele quitarnos el tiempo indispensable para reflexionar sobre los procesos de aprendizaje. Seguimos atrapados en la ilusión homogeneizadora de que todos los estudiantes de una misma edad actuarán de la misma manera o transitarán la escolaridad obligatoria en idéntico tiempo y forma. Sin embargo, debemos romper con esa rigidez.

Alfabetizar hoy nos exige reconocer la singularidad y la trayectoria de cada alumno, diseñando alternativas de enseñanza que respondan a las problemáticas reales de sus propios contextos. No alcanza con la buena voluntad ni con discursos políticamente correctos. Donde hay alfabetización, hay libertad y autonomía; por ende, garantizarla no es un gesto asistencialista, sino un estricto acto de justicia social.

Este desafío nos convoca a un compromiso colectivo y urgente. A los gobiernos les corresponde diseñar políticas educativas sostenidas en el tiempo, respaldadas con presupuesto real, e implementar formación docente continua y capacitación en servicio, además del uso pedagógico de la tecnología. A nosotros, como sociedad, nos toca desterrar la indiferencia, esto es involucrarnos en asociaciones civiles u ONG para exigir a los gobiernos de turno el derecho a la alfabetización y también acompañar las trayectorias de los niños, niñas y jóvenes, especialmente los de contextos más necesitados.

Sin lectura no hay pensamiento crítico. Sin escritura no hay voz propia. Es una tarea urgente democratizar la palabra y asegurar las herramientas para que cada persona pueda pensar y decidir por sí misma, único camino posible para empezar a escribir una historia colectiva que nos involucre a todos.

Vivimos rodeados de gente. Recibimos mensajes durante todo el día, participamos de grupos de WhatsApp, vemos historias de Instagram, sabemos dónde están nuestros amigos, qué están haciendo, dónde fueron a comer o qué película vieron. Podemos comunicarnos con alguien que está a miles de kilómetros en cuestión de segundos. Y, sin embargo, cada vez escuchamos con más frecuencia una frase que parece contradictoria con esta realidad: “Me siento solo”.

La paradoja es evidente. Nunca tuvimos tantas posibilidades de estar conectados y, al mismo tiempo, parece que cada vez necesitamos más volver a encontrarnos.

Un estudio reciente realizado entre jóvenes encontró que casi uno de cada cinco no tiene con quién hablar cuando atraviesa un problema personal. Y otro trabajo realizado este año por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata mostró que determinadas experiencias muy cotidianas en las redes sociales pueden producir un aumento inmediato de la ansiedad: publicar algo y no recibir reacciones, encontrarse con comentarios negativos, mirar imágenes idealizadas de la vida de otros o sentirse ignorado por los propios amigos.

Pero quizás el problema no sea solamente cuánto nos comunicamos, sino qué tipo de comunicación estamos teniendo.

Podemos estar sentados alrededor de una mesa y, sin embargo, cada uno estar pendiente de su teléfono. Podemos salir a comer con amigos y pasar buena parte del tiempo mirando una pantalla. Podemos preguntar “¿cómo estás?” y escuchar como respuesta un automático: “bien, todo bien”, sin detenernos a averiguar qué significa realmente ese “bien”.

Porque encontrarnos no es lo mismo que interactuar.

Interactuar es intercambiar mensajes, información, comentarios, fotos. Encontrarse supone algo más: estar disponible para el otro.

Hace poco conocí una historia que me llamó la atención. Una persona le dijo a un amigo que no tenía ganas de salir, que prefería quedarse en su casa. Su amigo podría haberle respondido con un mensaje, haberle mandado algún video gracioso o simplemente haber aceptado la decisión. En cambio, dejó lo que estaba haciendo, fue hasta su casa y se quedó con él. No necesitó solucionar nada. No tuvo que decir una frase extraordinaria, simplemente estuvo.

Y a veces eso es lo que más necesitamos: que alguien esté.

Hay formas de compañía que no necesitan demasiadas palabras. Dos amigos pueden sentarse juntos y hablar durante horas, pero también pueden compartir el silencio. Cada uno puede estar leyendo un libro distinto, haciendo sus cosas, y sin embargo saber que el otro está ahí. No todo encuentro tiene que ser productivo. No todo encuentro tiene que servir para algo.

Quizás también necesitamos recuperar la gratuidad de los vínculos.

Vivimos con tanta prisa que muchas veces hasta nuestros encuentros parecen tener una finalidad. Nos vemos porque tenemos algo que resolver, porque necesitamos pedir algo, porque hay un asunto pendiente, porque tenemos que hablar de trabajo. Y cuando aparece un rato libre, rápidamente buscamos llenarlo con algo, no con alguien.

Sin darnos cuenta, podemos terminar perdiendo esos encuentros que no sirven para nada útil.

Los que simplemente sirven para estar.

También nos cuesta preguntar de verdad cómo está alguien. No porque no nos importe, sino porque quizás intuimos que una respuesta verdadera puede llevar tiempo.

Porque, ¿qué significa estar bien?

Una persona puede estar bien con su pareja y estar atravesando un problema en el trabajo. Puede estar contenta por sus hijos y sentirse sola en alguna amistad. Puede estar entusiasmada con un proyecto y, al mismo tiempo, llevar una preocupación que no sabe cómo resolver.

No estamos hechos de un solo estado de ánimo.

Por eso, cuando preguntamos “¿cómo estás?”, quizás deberíamos estar preparados para escuchar una respuesta que no pueda resumirse en una palabra.

Y también deberíamos animarnos a responder con un poco más de sinceridad.

A veces no contamos lo que nos pasa porque pensamos que al otro no le interesa. O porque no queremos cargarlo con nuestros problemas. O porque estamos acostumbrados a mostrar que todo está bien. Hay una especie de imperativo silencioso que nos invita permanentemente a estar bien, a divertirnos, a seguir adelante, a mostrar una vida sin demasiadas fisuras.

Pero todos tenemos días en los que no estamos bien.

Y quizás una amistad verdadera comienza justamente cuando podemos dejar de aparentar que todo está bien.

Hay una escena del Evangelio que siempre me conmueve: después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús busca un lugar apartado. Sus discípulos vuelven de su misión y necesitan contarle lo que hicieron. Jesús les dice: “Vengan ustedes solos a un lugar desierto y descansen un poco”.

Hay algo profundamente humano en esa invitación: vengan, estemos juntos, descansemos.

No siempre hace falta hacer algo. A veces necesitamos que alguien nos acompañe en el cansancio.

Y, sin embargo, hay una soledad que ninguna amistad puede eliminar completamente. Podemos tener una familia que nos quiera, amigos que nos acompañen y personas con las que podamos compartir nuestra vida, pero existe en cada uno de nosotros un espacio íntimo al que nadie puede entrar del todo.

No necesariamente es una soledad triste. Es parte de nuestra condición humana.

En lo más profundo, cada uno se encuentra consigo mismo.

Y quizás allí, precisamente allí, puede comenzar también el encuentro con Dios.

Porque cuando se acallan un poco los ruidos, cuando dejamos de correr y de llenar todos los espacios, puede aparecer esa pregunta que llevamos dentro: ¿hay alguien que me conozca verdaderamente? ¿Alguien que me acompañe incluso cuando nadie más está?

Para quien tiene fe, la respuesta es una certeza: Dios no se va.

Jesús lo prometió de una manera sencilla y definitiva: “Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

San Agustín comprendió profundamente esta experiencia. Al hablar del amor y de la amistad en sus Confesiones, escribe: “Feliz el que te ama a ti, y a su amigo en ti”. Para Agustín, amar a Dios transforma también nuestra manera de amar a los demás. Porque cuando amamos en Dios, descubrimos que nuestros vínculos no dependen únicamente de la cercanía física ni de la posibilidad de tener siempre al otro delante. Amamos en aquel que no se pierde.

Quizás por eso necesitamos las dos cosas: la presencia de los demás y la presencia de Dios.

Necesitamos al amigo que deja todo y viene a nuestra casa. Necesitamos a quien se siente a nuestro lado sin pedirnos nada. Necesitamos una conversación en la que podamos decir realmente cómo estamos. Necesitamos también aprender a ofrecer esa misma presencia a quienes nos rodean.

Llamar en vez de mandar solamente un emoji. Visitar a alguien que sabemos que está pasando un mal momento. Dejar el teléfono cuando estamos comiendo con otra persona. Preguntar “¿cómo estás?” y tener la paciencia suficiente para escuchar una respuesta que dure más de diez segundos.

Y también aprender a disfrutar de esos momentos en los que no sucede nada extraordinario: caminar juntos, tomar un café, leer cada uno su libro, compartir un silencio.

Porque quizás el desafío de nuestro tiempo no sea solamente estar más conectados, sino estar más presentes.

Tenemos miles de contactos, pero necesitamos vínculos. Tenemos muchas conversaciones, pero necesitamos encuentros. Tenemos acceso permanente a la vida de los demás, pero necesitamos volver a mirarnos a los ojos.

Y quizás, en medio de tanta conexión, recuperar la presencia sea uno de los gestos más sencillos, y más revolucionarios, que podamos hacer.

A veces no hace falta decir nada. A veces alcanza con estar.

Milei promedió la semana tensando la polarización al extremo. “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, dijo.

Lo hizo al contrastar su propuesta por “las ideas de la libertad” frente a lo que definió como el “modelo decadente” del otro lado. Ocurrió el miércoles, en el evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. El “nosotros o ellos” a pleno.

Con un fuerte tono de confrontación preelectoral, el libertario volvió a desplegar su ferocidad discursiva redoblando sus ataques a periodistas y analistas a quienes acusa de mentir sistemáticamente, calificándolos como parte de un “conjunto de delincuentes” que la sociedad no debería “tragarse”. Buscó impacto y viralización. Nada nuevo.

En el mismo discurso sostuvo: “Si nosotros no mostramos resultados económicos se hace difícil acompañar”. Y se hizo cargo, paradójicamente, del clima de preocupación que los periodistas y analistas que él vapulea describen a diario.

Este miércoles fue un día difícil para el oficialismo. Los industriales, nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), conmemoraron su día en soledad —el gobierno vació el encuentro de funcionarios— con fuertes críticas por las dificultades con las que los enfrenta el modelo, demandando medidas que frenen lo que muchos definen como un “industricidio”.

Reclamaron un “puente” entre la economía que se deja atrás y una economía competitiva.

Mientras Martín Rapallini, presidente de la entidad, pidió reducir la presión tributaria y tener en cuenta que “la microeconomía también construye la macro” el vice de la organización fue mucho más allá con sus declaraciones.

“Esta gente no conoce el país y segundo no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo Guillermo Moretti.

Luis Caputo, a quien sin nombrarlo se refería Moretti, respondió con la crudeza que lo viene caracterizando: “Dentro de dos años seguirá habiendo gente que no llegue a fin de mes... Argentina no va a ser Suiza en un año... yo no puedo hacer magia”.

El ministro de Economía venía de un blooper discursivo cuando, interpelado sobre la situación de la micro, argumentó que se estaba “deslomando” para que el cambio continúe. Una palabra absolutamente inconveniente porque remite al tristemente célebre Manuel Adorni.

Con el debate público embretado en las penurias de la micro y las demandas de las empresas manufactureras, el jueves Milei pareció empeñado en pegar un brusco volantazo.

Salió a recuperar centralidad política al introducir en la agenda conversacional un tema de fuerte impacto emocional e identitario. La más sagrada de todas las causas: la cuestión Malvinas.

Probablemente inspirado por la repercusión que generaron las declaraciones de quien se define como un “socio confiable”, Donald Trump, Milei recondujo el debate hacia un tema tan sensible como transversal.

El lunes, en respuesta a un periodista acerca de si Estados Unidos está revisando su postura sobre la soberanía de las islas, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Bastó y sobró para un revuelo que el libertario decidió no dejar pasar.

La declaración de Trump se da en un contexto de fuerte tensión entre Washington y el Reino Unido ante la reticencia británica de cumplir con los compromisos de gasto militar para la OTAN, un escenario en el cual la cuestión Malvinas podría ser jugada como una ficha geopolítica para ejercer presión sobre el Reino Unido. Milei tomó rápidamente nota de que se le abría una ventana de oportunidad.

En la cadena nacional anunciada con dos días de anticipación, y en relación a la cual se generó una muy fuerte expectativa a escala internacional, Milei anunció una serie de medidas para proteger la soberanía económica de las islas.

El libertario emergió activando el nacionalismo malvinizador que el clima mundialista nos dejó, marcando un cambio fuerte en la estrategia comunicacional.

El Presidente convocó a la dirigencia “política, económica y social” de la Argentina a mostrar un “frente unido” en la causa por la soberanía de las Islas Malvinas. Llamó a poner en pausa la confrontación polarizadora para posicionarse en el centro de la escena.

“Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, dijo.

Pidió dejar de lado las diferencias y alinearse tras una cuestión que, por su sacralidad y peso emocional, no admite objeciones.

De riguroso traje azul y en modo estadista, Milei plantó la cuestión Malvinas. Se hizo cargo de una reivindicación que hasta aquí no pareció movilizarlo, pero que hoy puede enmarcarse en la estrategia geopolítica que reivindica el trumpismo.

Los anuncios de Milei dejan a la oposición kirchnerista en una situación absolutamente incómoda. No solo porque el Presidente recupera para sí una bandera entrañable e identitaria, sino que recurre a una ley promulgada en 2011 —Ley 26.659— durante el gobierno cristinista, para imponer celeridad a las sanciones a las empresas que participen en iniciativas de explotación petrolera en Malvinas.

¿Quién podría oponerse u obstaculizar las medidas que se dispongan en protección de la soberanía económica de un territorio que se considera propio y que ha comenzado a ser explotado por los ocupantes ilegales?

Al ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, el Gobierno hace lugar a una iniciativa en la que Estados Unidos ya mostró interés en 2024 y que hoy cierra perfectamente con la visión de Trump para el Atlántico Sur.

No es todavía posible determinar si estos anuncios, que mueven lo más emocional de nuestro nacionalismo, lograrán desplazar de la conversación pública la cuestión económica, pero está claro que, al menos por unos días, corren el eje de la confrontación político-electoral.

Tampoco es posible ponderar el alcance en la práctica de estos pronunciamientos. Las empresas petroleras integradas en el proyecto Sea Lion se pronunciaron inmediatamente, haciendo saber que la advertencia de Milei no cambia en absoluto sus planes.

Mediante un comunicado conjunto, las empresas Rockhopper y Navitas, cuyas acciones iniciaron la jornada del viernes con fuertes caídas, aseguraron que “los recientes acontecimientos no tendrán efectos materiales”.

El gobierno británico, por su parte, fue terminante al ratificar la soberanía británica y el respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. Un vocero de Downing Street advirtió sin contemplaciones:

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”.

Queda claro que la recuperación territorial de las islas es todavía un desafío pendiente.

De acuerdo a los últimos estudios de opinión hechos por la consultora ARESCO SA, que dirige Federico Aurelio, en el mes de julio la cuestión Malvinas es un tema transversal a todos los espacios políticos.

El 84% de los consultados dijo estar alineado con la consigna “Las Malvinas son Argentinas” y solo el 10% se expresó a favor de la libre determinación de los isleños. De esa mayoría que acompaña, el 90% dice que hay que seguir reclamando y el 50% tiene expectativas de una resolución favorable del conflicto.

Pocos se arriesgaron a confrontar abiertamente con lo anunciado por el Gobierno. Los que lo hicieron señalaron que retoma políticas diseñadas por el kirchnerismo, calificaron la reivindicación del tema como oportunista y tardía y desde el Frente de Izquierda que lidera Myriam Bregman (Frente de Izquierda) se definió como “muy peligroso” el pedido de facultades especiales para la implementación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El más ácido en sus declaraciones fue el ex canciller Jorge Taiana quien acusó a Milei de querer “galtierizar” su figura, en obvia alusión a Leopoldo Fortunato Galtieri que lideró la guerra para recuperar apoyo popular para su gobierno.

Con la oposición en estado de desconcierto y desarticulación, Milei no se deja perturbar por estas objeciones. Dispuesto a no moverse del rumbo trazado está convencido de que para renovar mandato solo deberá competir contra sí mismo.

Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos podría modificar su histórica posición respecto al conflicto por las Malvinas. El presidente estadounidense dijo: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. Como siempre, la diplomacia suele tener mensajes con alguna alternativa. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la posición estadounidense seguía siendo “neutral” frente al conflicto.

Históricamente, la postura ha sido definida por la alianza entre Washington y Londres. Esta se fue consolidando en el siglo XX con la participación de ambos países como aliados en las dos guerras mundiales. Se mantuvo durante la Guerra Fría y en el periodo posterior en todos los conflictos globales. Frente a los que tuvieron lugar entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos e Irán, e Israel y Hamas, se ha evidenciado una diferencia relevante. Washington ha hecho saber que podría modificar su histórica posición respecto a Malvinas y esto mejoraría la situación de Argentina en el conflicto.

El apoyo militar estadounidense al Reino Unido que tuvo lugar en 1982 fue clave para el triunfo militar británico. En ese momento fue una manifestación más de la alianza entre Washington y Londres, que constituyó un eje de los conflictos globales a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. Esta flexibilización de la posición estadounidense en este conflicto latinoamericano es consecuencia de una política global.

Pocos meses atrás había trascendido un papel de trabajo del Pentágono que anticipaba esta postura de flexibilizar el apoyo estadounidense a la soberanía inglesa sobre el archipiélago, sobre el cual Argentina reclama la soberanía perdida desde 1833, cuando Gran Bretaña ocupó las islas.

La Administración Trump, a fines de 2025, hizo públicos dos documentos en los cuales definía que su prioridad estratégica pasaba a ser el “hemisferio” de sur a norte. Este concepto implica que la prioridad se determinaba en un sentido vertical y no horizontal, como tradicionalmente había sido en torno al concepto del ecuador, como línea que dividía el hemisferio sur del norte.

En esta nueva visión, la prioridad de Estados Unidos es hoy del Ártico al Antártico, es decir, dominando del Polo Norte al Polo Sur. Esto implica también el control de los tres pasajes Atlántico-Pacífico de norte a sur. El de Groenlandia, que conecta por Alaska, acortando a la mitad el tiempo de la navegación entre Asia y Norteamérica. Esto también explica la importancia que la Administración ha dado al control del Canal de Panamá, que conecta la vía entre los dos océanos por Centroamérica. Con la salida de la empresa chino-hongkonesa de su control, Estados Unidos lo ha tomado de hecho.

El tercer canal de comunicación interoceánico es el de Magallanes, al norte de Tierra del Fuego, isla de soberanía compartida entre Argentina y Chile. Desde las Malvinas se puede tener un control militar sobre el tercer pasaje entre los dos océanos. En esta visión estratégica, el Atlántico y el Pacífico son grandes espacios de defensa del hemisferio porque dificultan cualquier acción militar desde los otros continentes: Europa, Asia, África y Oceanía sobre América.

El cambio del enfoque estadounidense respecto a Malvinas deriva de esta estrategia. Después de la guerra de 1982, en la cual fue derrotada Argentina, el Reino Unido construyó una base con una gran pista aérea para trasladar fuerzas militares en menos de 24 horas, a través del Atlántico, desde Londres al extremo sur del continente americano.

Mantiene una guarnición permanente de aproximadamente 1.500 hombres de las tres fuerzas. Sobre esta base, ante cualquier eventual ataque argentino en menos de 24 horas de viaje logra trasladar refuerzos militares hasta las islas. Si Estados Unidos tuviera el control de esta base, estaría a 346 kilómetros de Tierra del Fuego y a 464 kilómetros de la costa de la Patagonia continental.

La distancia entre el Reino Unido y las Malvinas es de 13.000 kilómetros en línea recta, pero desde Florida, donde se encuentra la sede del Comando Sur estadounidense -que estaría a cargo de cualquier acción militar sobre Sudamérica- es de 10.000 kilómetros aproximadamente. Es decir, el traslado de fuerzas militares de Estados Unidos a Malvinas es más corto que desde Londres.

Cabe señalar que el Pentágono acaba de reasignar al III Cuerpo Blindado -integrado por tres divisiones pesadas- para depender del Comando del Hemisferio Occidental. Esto supone que tendrán empleo posible sobre México, Canadá y Groenlandia, y dejarán de enfocarse contra Rusia.

Posiblemente la flexibilización de la posición estadounidense sobre Malvinas tenga que ver con una presencia militar permanente de Estados Unidos en las islas. Ya en 1982 el entonces secretario de Estado estadounidense, el general Alexander Haigh, en el intento de mediación que fracasó, planteó tres banderas flameando en las islas. En una variante eran la argentina, la británica y la de Naciones Unidas, pero otra alternativa eran las dos primeras más la estadounidense.

Sobre este tipo de hipótesis es que Estados Unidos pasaría a tener de hecho una base militar para controlar el pasaje entre los dos océanos del extremo sur del hemisferio, sin necesidad de construirla.

La bandera estadounidense sería así izada a pocos centenares de kilómetros del Estrecho de Magallanes y de la costa argentina. Esto sería un retroceso diplomático británico, pero comprometería a Estados Unidos con la defensa de las islas frente a Argentina. Una bandera argentina flameando al mismo tiempo implicaría una reducción de la posibilidad de conflicto en el mediano plazo para Gran Bretaña. Tomar este camino podría ser un punto de convergencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Fue un punto de convergencia que Washington intentó casi medio siglo atrás, pero que la intransigencia de las partes -especialmente de la Argentina- lo impidieron. El último censo sobre las islas da cuenta de una población de 3.600 habitantes provenientes en gran parte del Reino Unido y la isla de Santa Elena.

Por su parte, Javier Milei, en su mensaje por cadena nacional, planteó construir una gran base logística y militar en Tierra del Fuego. En realidad, es un proyecto que ya está en desarrollo y se inició durante el gobierno anterior, pero que ahora incrementa su prioridad. También sostuvo que sancionará a las empresas petroleras -entre las cuales hay varias israelíes- dispuestas a explotar hidrocarburos en el subsuelo marítimo que el Reino Unido reclama como propio. Esto es una novedad en la política exterior argentina, que ha planteado sistemáticamente que sus aliados son Estados Unidos e Israel.

El éxito en cualquier negociación es saber cuál es la prioridad del otro. Para Trump, posiblemente sea que la bandera estadounidense flamee en una base militar de su país en las islas que le permita actuar sobre el Estrecho de Magallanes ante cualquier emergencia. A su vez, el primer ministro inglés ha ratificado la posición británica, pero con una precisión diplomática: que los isleños seguirán siendo británicos. Cabe recordar además que la propietaria de las islas es una compañía británica, no el Estado, lo cual crea una situación especial. El Reino Unido está disminuyendo su peso en el escenario internacional, pero la decisión de no acompañar a Washington en su guerra con Irán es una muestra de independencia. Hay que recordar también que, pese a esta pérdida de capacidad militar en el nuevo escenario internacional, el Reino Unido es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sigue teniendo una de las cinco flotas más importantes del mundo y posee a su vez armas nucleares.

En conclusión, se abre para Argentina una posibilidad de avanzar en acuerdos para recuperar parcialmente la soberanía sobre las Islas Malvinas: el tacto y la habilidad diplomática serán la clave del éxito. Mientras tanto, en el horizonte, puede reaparecer la mencionada idea de las tres banderas de Haigh hace 46 años.

Durante años, el consumo en Argentina no fue el resultado de un ingreso real creciente ni de una inversión sostenida, sino de un mecanismo de defensa frente a la erosión del peso.

En el ciclo anterior, las familias adelantaban la compra de bienes durables y semidurables, porque el dinero perdía valor día a día. Las tasas de interés reguladas, los planes de financiamiento subsidiados (Ahora 12 y variantes) y las tarifas de servicios públicos artificialmente bajas completaban el esquema. La emisión monetaria, al alimentar la inflación, funcionaba como un subsidio implícito al consumo presente: se gastaba hoy lo que mañana valdría menos. Era un consumo apalancado por la distorsión, no por la capacidad de pago genuina.

Ese modelo se agotó. El nuevo ciclo arrancó con un proceso de estabilización que cambió las reglas. La inflación bajó de manera drástica, los precios de la economía y las tarifas de servicios se desregularon, y el estímulo público al consumo desapareció. Ya no hay emisión para financiar gasto ni tasas artificialmente bajas.

El consumo ahora depende de que el ahorro y el crédito se transformen en inversión privada, y de que esa inversión genere empleo e ingresos reales. Mientras tanto, se observa un cambio en los patrones: los servicios muestran un consumo marginal más dinámico que los bienes, y el comercio electrónico gana terreno frente al físico. Es una recomposición lógica en un entorno de precios relativos más transparentes, pero todavía incompleta.

El problema es el desfase temporal. Los salarios aún no acompañan plenamente la desaceleración de precios. Las tasas de interés permanecen elevadas en relación con la inflación actual porque todavía arrastran la memoria de la inflación pasada y la necesidad de anclar expectativas. El consumo privado no encuentra el empujón del sector público y debe esperar a que la inversión privada se active. Esa inversión, a su vez, permanece a la expectativa de mayor previsibilidad institucional y jurídica.

La incertidumbre que generan las próximas elecciones presidenciales nacionales agrega una capa extra de cautela: los agentes económicos saben que un cambio de signo político podría revertir parte de las reglas actuales.

Qué dicen los antecedentes sobre la transición

Los economistas internacionales han documentado reiteradamente estos costos de transición:

• Rüdiger Dornbusch —uno de los economistas más influyentes del siglo XX en el campo de las finanzas internacionales y la macroeconomía de economía abierta— advirtió que la estabilización no garantiza automáticamente el crecimiento y que el paso de un régimen a otro puede resultar en un período prolongado de estancamiento si no se resuelven los cuellos de botella de la inversión.
• Olivier Blanchard —referente del neokeynesianismo— ha señalado que los programas de estabilización basados en anclas nominales suelen generar tasas de interés elevadas y una apreciación real temporal, lo que pone a prueba la paciencia de la sociedad.
• Joseph Stiglitz —Premio Nobel en 2001 por su contribución a la Teoría de la información asimétrica— insiste en que lo decisivo no es solo la cantidad de dinero o el superávit fiscal, sino el canal del crédito: cuando las tasas activas se mantienen altas, el financiamiento de la economía real se bloquea y se generan cicatrices en el empleo, la inversión y el consumo que tardan en revertirse.

Los programas exitosos de estabilización logran bajar la inflación, pero el consumo y la inversión suelen demorar en recuperarse

La literatura sobre planes de estabilización en América Latina muestra un patrón consistente: los programas exitosos logran bajar la inflación, pero el consumo y la inversión suelen demorar en recuperarse porque los agentes necesitan señales claras y creíbles de que las nuevas reglas se sostendrán.

Mientras el ahorro no se convierta en inversión productiva y esta, a su vez, no se traduzca en empleo e ingresos reales, el consumo permanecerá contenido. No se trata de una falla del plan de estabilización en sí, sino de la naturaleza del proceso: primero se ordena la macro, luego se reconstruye el crédito y, finalmente, se recupera el gasto privado de manera sostenible.

La fase en la que está Argentina

Argentina se encuentra hoy en esa fase intermedia. La estabilización ha avanzado, los precios relativos se han corregido y el comercio electrónico y los servicios reflejan nuevas preferencias. Pero el salto al consumo genuino y sostenido aún depende de que la previsibilidad institucional convierta la cautela en decisión de invertir. Hasta que eso ocurra, el ciclo seguirá marcado por la espera.

El costo de haber vivido durante tanto tiempo de un consumo artificial es la demora en reconstruir uno real.

El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market

Después de un agosto cuesta arriba, los activos argentinos comenzaron septiembre con un cambio de tono.

Los bonos soberanos en dólares recuperaron parte del terreno perdido y el índice de riesgo país perforó nuevamente los 500 puntos básicos, luego de haber alcanzado los 535 pb el 20 de agosto. El movimiento todavía es incipiente, pero encuentra sustento en valuaciones más atractivas, mayor estabilidad en las tasas en pesos y un frente cambiario que enfrenta menos presiones.

El punto de partida es importante. Agosto fue el segundo mes consecutivo de pérdidas para la deuda soberana. Los Globales cedieron hasta 0,9% en el tramo corto y 4,4% en el largo, mientras que el castigo fue todavía mayor entre los Bonares, sus pares bajo legislación local, con bajas de hasta 2,6% y 6,4%, respectivamente. El riesgo país condensó este deterioro con una suba mensual de 76 puntos básicos, hasta ubicarse en torno a los 510 puntos básicos.

La dinámica respondió a una combinación de factores. Sin catalizadores claros que permitieran proyectar una compresión sostenida del índice de riesgo país y con valuaciones exigentes al inicio de agosto, el deterioro del clima local terminó de inclinar la balanza.

Sin catalizadores claros que permitieran proyectar una compresión sostenida del índice de riesgo país y con valuaciones exigentes al inicio de agosto, el deterioro del clima local terminó de inclinar la balanza

A una actividad económica todavía sin tracción generalizada se sumaron la creciente preocupación por la morosidad de las familias y nuevos traspiés legislativos para el oficialismo.

Al mismo tiempo, el contexto internacional tampoco ayudó: el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente impulsó al petróleo y agregó presión sobre las tasas largas estadounidenses, debilitando el apetito por los activos emergentes.

Un rebote con mejores valuaciones

Sin embargo, la magnitud del ajuste dejó una contracara favorable. Después de la caída, los precios incorporan mejor los riesgos y la relación entre los retornos potenciales y los desafíos del crédito argentino luce más equilibrada. No significa que hayan desaparecido los interrogantes, sino que el punto de entrada resulta más atractivo para capturar una eventual recuperación.

Las primeras ruedas de septiembre comenzaron a validar esta lectura: los soberanos avanzaron, el riesgo país descendió por debajo de los 500 puntos básicos y los activos argentinos lograron incluso mostrar resiliencia frente a jornadas adversas para el crédito emergente.

Los Bonares aparecen como uno de los segmentos con mayor potencial táctico. Durante agosto, los títulos bajo ley local sufrieron un castigo sensiblemente mayor que sus equivalentes bajo legislación de Nueva York. Como resultado, las diferencias de precio entre los bonos 2035 y 2041 de ambas legislaciones llegaron a ubicarse cerca de sus niveles más elevados del último año y por encima de sus promedios históricos recientes.

Los títulos bajo ley local sufrieron un castigo sensiblemente mayor que sus equivalentes bajo legislación de Nueva York

Este diferencial abría espacio para una rotación táctica hacia los Bonares ante una recuperación de la deuda soberana. La dinámica comenzó a materializarse en las primeras ruedas del mes: el descuento se redujo y los títulos bajo ley local mostraron un mejor desempeño relativo.

Tasas, dólar y margen cambiario

El mayor alivio también alcanzó al mercado de pesos. Desde julio, el equipo económico enfrenta el desafío de contener al dólar sin llevar las tasas de interés a niveles excesivamente contractivos. Durante la primera parte de agosto, la prioridad pareció concentrarse en sostener al tipo de cambio por debajo de la barrera virtual de $1.500, aun a costa de un fuerte incremento de los rendimientos. Cuando las tasas de interés regresaron a niveles similares a los observados durante las tensiones de febrero, el Tesoro adoptó un enfoque más pragmático: devolvió liquidez al sistema y concentró sus licitaciones en instrumentos cortos, atendiendo la escasa predisposición de los inversores a extender plazos.

Esta estrategia ayudó a estabilizar el costo de fondeo y permitió que las curvas en pesos recuperaran parte de las pérdidas.

Además, septiembre presenta menores pagos por importaciones de energía, lo que podría reducir la demanda estacional de divisas y ofrecerle mayor margen al Banco Central para acumular reservas. A esto se suma la expectativa de que las empresas retomen gradualmente las emisiones de deuda en dólares durante los próximos meses. Aunque estos flujos no representan una oferta inmediata de divisas, contribuyen a mejorar las perspectivas hacia adelante.

Qué puede sostener la recuperación

¿Alcanza para hablar de una revancha? Las primeras ruedas de septiembre comenzaron a materializar el escenario de recuperación que anticipábamos para este mes. Tras el castigo de agosto, las valuaciones ofrecen una relación riesgo-retorno más atractiva y habilitan una mirada más constructiva sobre la historia de crédito argentina.

Aunque el recorrido probablemente no estará exento de volatilidad, las condiciones actuales abren espacio para que los activos argentinos extiendan el buen comienzo del mes

A su vez, la mayor estabilidad de las tasas de interés en pesos, la recuperación de la liquidez, una perspectiva cambiaria más contenida y un dato alentador de inflación conforman un punto de partida favorable para las curvas locales.

Aunque el recorrido probablemente no estará exento de volatilidad, las condiciones actuales abren espacio para que los activos argentinos extiendan el buen comienzo del mes y recuperen parte del terreno perdido.

La autora es analista de research de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

La inteligencia artificial pasó de ser una innovación interesante a convertirse en una herramienta disponible para prácticamente todos los profesionales. Desde sus inicios en la década de 1950 hasta la actualidad, su evolución fue constante, pero en los últimos años el desarrollo y la accesibilidad crecieron con rapidez. Hoy, cualquier ejecutivo puede acceder a herramientas de IA generativa para resolver tareas cotidianas, analizar información o acelerar procesos.

En las búsquedas de talento ejecutivo, la experiencia en inteligencia artificial dejó de ser un atributo deseable y pasó a ser, en muchos casos, un requisito casi excluyente. La diferencia ya no está en usar herramientas, sino en demostrar con resultados concretos su impacto en el negocio.

Los directorios y CEOs ya no buscan ejecutivos que simplemente sepan utilizar ChatGPT, Claude o cualquier otra plataforma de IA generativa. Buscan líderes capaces de demostrar cómo esa capacidad permitió mejorar la productividad de sus equipos, acelerar la toma de decisiones, optimizar costos, generar nuevos ingresos o construir ventajas competitivas.

La verdadera diferencia no está en incorporar una herramienta, sino en utilizarla para redefinir procesos, fortalecer la propuesta de valor y generar impacto en los resultados de la organización

La inteligencia artificial dejó de ser una competencia técnica orientada únicamente a lograr mejoras incrementales para convertirse en una competencia de negocio. Porque la verdadera diferencia no está en incorporar una herramienta, sino en utilizarla para redefinir procesos, fortalecer la propuesta de valor y generar impacto en los resultados de la organización.

Cómo se evalúa ahora el talento ejecutivo

Este cambio modifica también la forma en que evaluamos el talento ejecutivo. Históricamente, gran parte de las entrevistas giraban alrededor de la experiencia acumulada, la capacidad de liderazgo, la gestión de equipos o la conducción de operaciones complejas. Todo eso sigue siendo determinante y continúa formando parte del análisis. Sin embargo, ahora aparece una nueva variable que gana protagonismo: la capacidad de amplificar el impacto del negocio utilizando inteligencia artificial.

Ya no alcanza con afirmar que una organización implementó una plataforma de inteligencia artificial. La conversación pasa a preguntas más concretas: ¿qué proceso cambió?, ¿cuánto tiempo se redujo?, ¿qué decisiones mejoraron?, ¿qué indicadores crecieron gracias a esa implementación?, ¿qué ahorros se generaron?, o incluso, ¿fue posible crear nuevas fuentes de ingresos a partir de esa transformación?

La diferencia puede parecer sutil, pero cambia completamente la conversación. El foco deja de estar en la adopción tecnológica y pasa a concentrarse en el impacto que esa adopción tuvo sobre el negocio.

El foco deja de estar en la adopción tecnológica y pasa a concentrarse en el impacto que esa adopción tuvo sobre el negocio

Los ejecutivos que hoy están mejor posicionados en el mercado no son necesariamente quienes dominan una mayor cantidad de herramientas, sino quienes pueden traducir esa adopción tecnológica en soluciones concretas para la organización. La tecnología, por sí sola, dejó de ser una ventaja competitiva. Lo que realmente genera una diferencia es la capacidad de integrarla dentro de la estrategia del negocio y convertirla en un motor de crecimiento.

Qué rasgos buscan hoy las empresas

Al mismo tiempo, la velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial hace cada vez más difícil apoyarse únicamente en conocimientos adquiridos hace algunos años. Lo aprendido rápidamente queda desactualizado y obliga a mantener una actitud de aprendizaje permanente. Por eso, uno de los atributos más buscados en posiciones de dirección comienza a ser la mentalidad: líderes que prueban, miden, corrigen, aprenden y escalan nuevas formas de trabajar antes que el resto del mercado.

En los procesos de reclutamiento ejecutivo vemos este cambio con claridad. Continúan estando las preguntas sobre el conocimiento técnico de determinadas herramientas, pero cada vez hay más interés por comprender el impacto que un ejecutivo logró generar utilizando esas capacidades. Lo relevante ya no es demostrar que se conoce una tecnología, sino mostrar cómo esa tecnología contribuyó a mejorar el desempeño del negocio.

Probablemente, en muy poco tiempo, saber utilizar inteligencia artificial sea tan esperado como hoy lo es manejar una planilla de cálculo o interpretar un tablero de indicadores. Nadie será contratado únicamente por eso. Será simplemente el punto de partida, una condición básica para competir en el mercado.

El autor es Co Founder y COO de High Flow

Las recientes decisiones del Gobierno argentino, el avance de la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur y las señales provenientes de Estados Unidos vuelven a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda internacional. El fenómeno comprende tres dimensiones a tener en cuenta: el derecho, la diplomacia y las instituciones.

En los últimos días convergieron una serie de circunstancias que justifican observar con atención el desarrollo de los acontecimientos: el avance de proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las áreas circundantes a las islas, nuevas medidas adoptadas por el Gobierno argentino, la respuesta del Reino Unido y determinadas manifestaciones provenientes de los Estados Unidos respecto de su posición tradicional en el conflicto.

Desde una perspectiva jurídica e institucional, resulta conveniente analizar estos acontecimientos con prudencia. La cuestión Malvinas posee una dimensión histórica que constituye una política de Estado expresamente incorporada a la Constitución Nacional.

Precisamente, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Ese marco constitucional fija dos elementos centrales: continuidad del reclamo de soberanía y utilización de medios pacíficos.

Una controversia reconocida internacionalmente

Desde el punto de vista del derecho internacional, uno de los aspectos fundamentales consiste en recordar que Naciones Unidas ha reconocido históricamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, constituye uno de los principales antecedentes de esa posición. Allí se invitó a ambos gobiernos a continuar las negociaciones destinadas a encontrar una solución pacífica al problema.

A lo largo de las décadas posteriores se sucedieron nuevas resoluciones y pronunciamientos internacionales que mantuvieron vigente la cuestión.

Esto significa que la comunidad internacional reconoce la existencia de una controversia que permanece pendiente de solución.

También adquiere importancia la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se desarrollara el proceso de negociación recomendado internacionalmente.

Precisamente en este punto aparece uno de los principales debates actuales.

Los recursos naturales y el nuevo escenario

La explotación de hidrocarburos en las áreas vinculadas con las Islas Malvinas ha adquirido una dimensión económica y estratégica considerable.

El desarrollo de proyectos destinados a la extracción de petróleo en el Atlántico Sur, introduce un elemento particularmente sensible en la controversia. Para la Argentina, las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización de las autoridades nacionales representan una explotación unilateral de recursos naturales correspondientes a un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa.

La novedad actual reside fundamentalmente en la magnitud económica que podrían alcanzar esos proyectos. La explotación efectiva de recursos naturales produce consecuencias materiales, económicas y patrimoniales que pueden proyectarse durante décadas.

Las nuevas medidas del Gobierno argentino

El Gobierno nacional anunció recientemente una serie de medidas destinadas a fortalecer los instrumentos jurídicos disponibles frente a las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegales.

La estrategia contempla herramientas administrativas, económicas, diplomáticas y, eventualmente, penales.

Dentro de ese contexto se inscribe el Decreto 868/2026, mediante el cual se reforzaron los mecanismos administrativos vinculados con la aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones respecto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin autorización argentina en determinadas áreas marítimas.

Desde el punto de vista institucional, resulta importante mencionar los distintos niveles de actuación estatal.

Por un lado, se encuentran las sanciones administrativas que puede imponer la Administración dentro de las competencias otorgadas por la legislación vigente. Por el otro, la eventual responsabilidad penal de personas físicas.

En este escenario, entra en juego también la eventual utilización del régimen de juicio en ausencia respecto de personas vinculadas con determinadas actividades realizadas en las islas. El juicio en ausencia constituye una herramienta dentro del proceso penal y fue instaurada en nuestro ordenamiento jurídico por ley 27.784, sancionada en 2025. (Boletín Oficial el 7 de marzo de 2025 y entró en vigencia diez días después).

La ley incorporó el juicio en ausencia tanto al Código Procesal Penal de la Nación como al Código Procesal Penal Federal.

El factor Estados Unidos

Otro acontecimiento reciente fue la manifestación del presidente estadounidense Donald Trump respecto de una posible revisión de la posición de Estados Unidos frente a la cuestión Malvinas. La declaración tiene una gran relevancia a nivel diplomático.

Una eventual revisión de posición puede comprender distintos escenarios, que impactarían directamente en la situación y en el plano internacional.

Derecho, diplomacia e instituciones

La cuestión Malvinas involucra elementos históricos, emocionales, jurídicos, económicos y geopolíticos de suma complejidad.

La causa de Malvinas posee una característica particular dentro del sistema constitucional argentino: el reclamo está expresamente incorporado a la Constitución Nacional.

Los acontecimientos recientes parecen indicar el comienzo de una etapa de mayor actividad alrededor de la cuestión.

La explotación de recursos naturales, las nuevas medidas argentinas, y las señales provenientes de Washington configuran un escenario que deberá seguirse con atención.

Frente a esa realidad, el derecho ofrece un marco especialmente valioso.

Más de cuatro décadas después del conflicto armado de 1982, la principal fortaleza institucional de la posición argentina reside en sostener su reclamo dentro de los mecanismos previstos por la Constitución, el derecho internacional y los principios de solución pacífica de las controversias.

En una cuestión atravesada inevitablemente por la historia y la sensibilidad nacional, la persistencia jurídica y diplomática constituyen el camino que expresamente adoptó la República Argentina.

El Senado tiene en sus manos, otra vez, un paquete de convenios que transfieren a la Ciudad de Buenos Aires competencias penales y disuelven el fuero nacional de menores. Se presenta como un simple reordenamiento administrativo. No lo es. Es un ataque directo al federalismo argentino, un vacío judicial que va a impactar en la seguridad de los argentinos porque la Ciudad no está preparada para recibirlo, y un cheque en blanco para que el resto de las provincias termine subvencionando la justicia porteña.

Un fuero nacional no es un capricho institucional

La Justicia Nacional no es una justicia local más. Representa los intereses de la Nación en el territorio de su Capital Federal, que en este caso coincide geográficamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa coincidencia geográfica no es un detalle: es la razón de ser de ese fuero.

Desde la reforma constitucional de 1994 a esta parte, la Ciudad viene haciendo una interpretación forzada del artículo 129 de la Constitución y se arroga competencias que exceden los límites que le fijan esa norma y la todavía vigente Ley Cafiero. Una cosa son las cuestiones estrictamente municipales y de vecindad, que nadie discute. Otra, muy distinta, es que una justicia local termine resolviendo sobre delitos interjurisdiccionales, o sobre la vida y la obra de empresas y trabajadores de alcance nacional, como ya se pretende con la disolución del fuero laboral.

Disolver la Justicia Nacional y ceder esas funciones a un poder local no es descentralizar: es hacer retroceder al Estado nacional de su propio territorio capital, en materias que hacen a la vida de todo el país y no solo de quienes viven en la Ciudad. Es, en los hechos, un centralismo porteño más agresivo que el del siglo XIX: la Nación retirándose de la Capital Federal y entregando ese vacío a una única y más pequeña jurisdicción local, sin que el resto de la Argentina tenga ninguna injerencia sobre decisiones que la afectan. Avanzar con estas transferencias es entregarle al gobierno local el futuro de la Nación.

Ni cárceles ni camas

Supongamos, por un momento, que se tratara de un genuino reclamo de autonomía. Si a la Ciudad realmente le importara ejercer estas competencias, ya habría hecho los deberes. No los hizo.

La Ciudad no tiene cárceles propias. Los detenidos que le corresponden hoy se alojan en comisarías, alcaidías y hasta contenedores —de los que además se escapan—, más de 2.400 personas en esa situación, según reconoció el propio gobierno porteño. Oportunamente también lo planteó la propia Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad de la Nación, al reclamarle a la Ciudad que se hiciera cargo de sus presos como el resto de las provincias. Hace más de ocho años que se anunció un módulo carcelario en Marcos Paz para la Ciudad, y todavía no está terminado.

En materia de menores la situación es todavía más grave: el único centro de régimen cerrado con el que cuenta la Ciudad, el Instituto San Martín, tiene capacidad para apenas veinte camas. Años reclamando autonomía penal, y ni una cárcel ni un instituto a la altura de lo que se reclama.

El peor momento posible

A esa falta de estructura se suma un timing que agrava todo: esta misma semana entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, y fuentes oficiales calculan un incremento mínimo del 50% en la cantidad de causas y detenidos. Es, por definición, el momento de mayor exigencia técnica y de mayor necesidad de especialización judicial en materia de menores que va a atravesar el país en mucho tiempo.

Y es exactamente en ese momento que se avanza en disolver a quien hoy tiene la experiencia acumulada. Las competencias que se pretende transferir, y el propio fuero de menores que se pretende disolver, están integrados por magistrados y personal altamente calificado: solo la Justicia Nacional de Menores cuenta con más de 80 delegados inspectores dedicados exclusivamente al seguimiento y acompañamiento de adolescentes. Avanzar en su disolución sin que la Ciudad esté en condiciones de garantizar la mínima continuidad del servicio de justicia es, cuanto menos, una decisión improvisada.

Sin infraestructura, sin especialización propia y sin vocación real de dar continuidad a un servicio que hoy funciona, cabe preguntarse qué es, en definitiva, lo que persigue la Ciudad con este traspaso. Ahí llegamos al quid de la cuestión.

El cheque en blanco

Los convenios firmados por los ejecutivos supeditan el traspaso a un convenio de transferencia de recursos. ¿De qué recursos estamos hablando?

Ninguna provincia argentina recibe una partida nacional específica para sostener su propio Poder Judicial. Cada una lo hace con sus propios recursos —de coparticipación y recaudación propia— como corresponde a un sistema federal. Es la regla: ninguna provincia le pide a la Nación que le pague a sus jueces.

Pero hay un antecedente. Durante la gestión de Mauricio Macri, el porcentaje de coparticipación de la Ciudad se duplicó para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese aumento fue luego reconocido y ratificado por un fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022. Es decir: la Ciudad ya tiene su policía pagada por la Nación, y además cuenta con un canal excepcional y judicializado para reclamar más recursos —algo que ninguna de las 23 provincias tiene.

Aprobar estos convenios no significa “dejar de pagarle la justicia a los porteños”. Significa financiarla a través de un cheque en blanco que agranda todavía más la brecha de coparticipación. La Ciudad reclama autonomía, pero pretende ejercerla con la billetera del resto de las provincias. Así, cualquiera.

Muchas de las provincias que hoy tienen representación en el Senado mantienen reclamos abiertos con la Nación por la coparticipación federal: por fondos retenidos, por liquidaciones incorrectas, por compensaciones que no llegan. Aprobar estos convenios es hacer exactamente lo contrario de lo que esas provincias necesitan. Cada vez que se amplía el esquema de transferencias discrecionales hacia la Ciudad, se consolida una lógica de reparto que juega en contra de sus propios intereses fiscales. Votar a favor de este traspaso es, para muchas provincias, votar en contra de su propia billetera.

Una decisión que no debería avanzar

Este proyecto debilita el rol federal de la Justicia Nacional en su propio territorio capital. Lo hace sin que la Ciudad haya acreditado nunca un interés real en ejercer estas competencias —al contrario, improvisa y demuestra su falta de condiciones para hacerlo—. Y termina revelando su verdadero objetivo: agrandar la brecha de recursos con el resto de las provincias, yendo en contra de sus propios reclamos por coparticipación, y avanzando hacia un centralismo porteño cada vez más profundo.

El crimen organizado ya no necesita desplazar camiones blindados repletos de dinero para reciclar sus ganancias de origen ilícito; la transformación digital del delito ha erigido un mercado financiero paralelo y transfronterizo donde la velocidad algorítmica y la descentralización actúan como un velo casi impenetrable. En este escenario, las fases clásicas del blanqueo de capitales —colocación, estratificación e integración— se ejecutan mediante secuencias informáticas automatizadas, contratos inteligentes en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y redes opacas de billeteras virtuales.

El primer escalón de este mecanismo, la colocación, se nutre del dinero en efectivo que generan actividades como el narcotráfico, la extorsión o la trata de personas. Ese capital físico es volcado a la economía digital mediante compras fraccionadas en plataformas entre pares (Peer-to-Peer o P2P), intermediarios informales – Over the Counter - (OTC) o billeteras que operan al margen de los controles bancarios. Acto seguido, la fase de estratificación despliega una ingeniería financiera compleja, esto es, a través de cadenas como el peeling chains que fragmenta un saldo masivo en miles de microtransacciones, intercambios cruzados entre distintas cadenas de bloques (cross-chain swaps), y el paso de fondos por servicios de mezclado (mixers) diseñados para volatilizar la trazabilidad del dinero.

En el centro de esta arquitectura destaca la articulación entre los carteles de la droga y las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (Chinese Money Laundering Organizations o CMLO). Esta alianza opera como una red de banca subterránea basada en transferencias espejo y el uso masivo de activos digitales, de forma predilecta la moneda estable Tether (USDT - es una moneda digital diseñada para mantener un valor constante de uno a uno con el dólar estadounidense) sobre la red TRON. Los courier de las redes de lavado chinas, recolectan los dólares en efectivo de las calles y los venden a ciudadanos o empresarios asiáticos interesados en evadir los rígidos controles de divisas de su país. Para saldar la deuda con los jefes narcos en América Latina, la red de lavado adquiere millones de USDT (Tether) y los transfiere a direcciones de criptomonedas no custodiadas. El proceso concluye con la captación de entidades de tecnología financiera (fintechs) e instituciones de pago digital irregulares. Al cooptar licencias operativas o constituir entidades financieras fantasma, las organizaciones delictivas logran inyectar el capital filtrado directamente en el circuito económico formal. Este esquema se potencia mediante el uso de inteligencia artificial generativa, empleada para confeccionar identidades sintéticas y falsificaciones profundas (deepfakes) capaces de burlar las pruebas biológicas de los sistemas de verificación de identidad (Know Your Customer o KYC) en las plataformas de cambio mundiales.

La cartografía global de la delincuencia transnacional

La evidencia volcada en expedientes judiciales e investigaciones internacionales confirma que las mayores estructuras criminales del planeta han migrado sustancialmente sus operaciones financieras al ciberespacio. En América del Norte y Central, el Cártel de Sinaloa expuso la magnitud de este modelo a través del caso Fortune Runner, instruido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esta causa, una red liderada por Edgar Joel Martínez-Reyes canalizó más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo y metanfetaminas en Los Ángeles utilizando depósitos estructurados, comercio internacional ficticio y la transferencia sistemática de Tether mediante células financieras chinas; paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó las direcciones de criptomonedas vinculadas a la facción de la red narco criminal de estructura compleja conocida como Los Chapitos, donde operadores como Jesús Alonso Aispuro Félix, movilizaban millones de dólares digitales hacia las cúpulas del cartel.

La ramificación transcontinental quedó en evidencia cuando las autoridades de Camboya incautaron cerca de 7 millones de dólares en criptoactivos en el marco de un operativo conjunto contra células del Cártel de Sinaloa, articuladas con conglomerados delictivos asiáticos. En Sudamérica, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil llevó esta estrategia a un nivel de sofisticación institucional nunca visto. Mediante las operaciones Carbono Oculto y Fluxo Oculto, la justicia de San Pablo y la Policía Federal desmantelaron una red que infiltró e instaló bancos piratas y entidades de pago fintech no autorizadas por el Banco Central. A través de estos canales de pago digital, el PCC lavó miles de millones de reales provenientes de la adulteración de combustibles y de actividades vinculadas al narcotráfico, distribuyendo los fondos en empresas pantalla e invirtiendo masivamente en activos criptográficos. “El dinero era disgregado en cientos de cuentas bancarias y convertido rápidamente a criptomonedas a través de mercados P2P para su remisión al extranjero.”

En paralelo, la banda venezolana Tren de Aragua ha expandido su huella en países como Chile, donde investigaciones judiciales descubrieron el procesamiento de más de 13,5 millones de dólares derivados de secuestros, extorsiones y trata de personas.

A nivel global, las organizaciones criminales cibernéticas que operan bajo el modelo de ransomware-as-a-service (RaaS), como el grupo Lockbit, han transformado la extorsión en una industria multinacional.

Antes de que la operación Cronos golpeara su infraestructura principal, Lockbit extorsionó a más de 2.500 entidades públicas y privadas, recaudando más de 500 millones de dólares en rescates pagados en Bitcoin y Monero - (XMR) es una criptomoneda descentralizada de código abierto lanzada en 2014 que prioriza de forma absoluta la privacidad y el anonimato de sus usuarios-. Sus cabecillas empleaban cadenas de pelado (peel chain) y plataformas de cambio sin controles -KYC- para disimular las ganancias. Un patrón similar se observa con el grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano, el cual canalizó más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos sustraídos de protocolos DeFi a través del mezclador de contratos inteligentes Tornado Cash, destinando esos recursos a financiar programas de armamento y eludir sanciones multinacionales.

“La rápida expansión del ciberlavado no solo constituye un desafío policial; representa una amenaza directa a la gobernanza democrática y a la estabilidad social de América Latina, pues las características socioeconómicas de la región actúan como un terreno fértil que las organizaciones criminales, explotan de manera metódica.”

Uno de los principales factores de vulnerabilidad radica en la asimetría regulatoria e institucional. A pesar de los esfuerzos promovidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para hacer cumplir la Recomendación 15 sobre activos virtuales, la aplicación efectiva de la norma conocida como Travel Rule —que exige identificar a los generadores y beneficiarios de cada transacción— sigue siendo sumamente dispar entre los países de la región, permitiendo esta falta de homogeneidad actuarial, que los grupos transnacionales operen entre distintas jurisdicciones, instalando sus nodos funcionales en aquellos países que ofrecen menores capacidades de fiscalización tecnológica.

A esto se suma la elevada tasa de informalidad económica que atraviesa a las sociedades latinoamericanas. El uso masivo de medios de pago electrónicos y plataformas P2P sin una educación financiera o digital sólida, facilita que las organizaciones delictivas mimeticen sus operaciones ilegales entre millones de microtransacciones cotidianas. “El flujo constante e inmediato de liquidez limpia que el ciberlavado proporciona a las cúpulas delictivas, fortalece su capacidad financiera para adquirir armamento militar, financiar redes territoriales y disputar el monopolio de la fuerza al propio Estado.”

El impacto sobre la institucionalidad democrática es grave, ya que la inmensa masa de recursos lavados permite a estas estructuras desplegar estrategias de cooptación y fomento de la corrupción a gran escala, compra de voluntades en fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios políticos. Asimismo, la irrupción de estos capitales ilícitos en la economía formal distorsiona los precios en sectores estratégicos como el mercado inmobiliario o el comercio minorista, generando una competencia desleal para los actores económicos legítimos, destruyendo de manera complementaria la base tributaria de los Estados.

Argentina en la mira - la radiografía de las grietas normativas

En el escenario argentino, a pesar de las recientes reformas legislativas introducidas por la Ley 27.739 y la consecuente creación del registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), persisten vacíos legales, lagunas procesales y limitaciones estructurales que, potencialmente, pueden ser aprovechados por organizaciones criminales de distinto tipo.

La primera gran brecha reside en la imposibilidad práctica de fiscalizar el mercado entre particulares (Peer-to-Peer) y las billeteras de autocustodia (unhosted wallets). La normativa vigente exige a las plataformas de intercambio centralizadas radicadas en el país que implementen protocolos KYC -Know Your Customer, conozca su Cliente- y reporten operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); sin embargo, cuando las transacciones ocurren de manera descentralizada o a través de billeteras privadas donde el usuario posee el control exclusivo de sus llaves criptográficas, la capacidad de supervisión estatal se diluye casi por completo.

“Los ciberdelincuentes explotan esta brecha de vulnerabilidad transfiriendo fondos provenientes de estafas bancarias hacia traders P2P para adquirir monedas estables (USDT) en minutos, logrando retirar el dinero del circuito financiero supervisado antes de que se emita la primera alerta administrativa.”

El segundo pilar de vulnerabilidad es la desactualización del Código Penal sustantivo. La legislación argentina carece de tipos penales específicos y autónomos que sancionen modalidades delictivas contemporáneas como el phishing, la distribución de ransomware, la provisión de infraestructura para ciberataques o el uso de falsificaciones profundas creadas por inteligencia artificial para la suplantación de identidad. Ante esta omisión, los fiscales e investigadores se ven obligados a encuadrar estas complejas maniobras dentro de figuras jurídicas tradicionales como la estafa genérica (Art. 172 del Código Penal) o el daño informático (Art. 183 del Código Penal). Esta rigidez legal desencadena constantes conflictos de competencia, dilaciones procesales y dificultades para fundamentar imputaciones por crimen organizado o lavado de activos en términos del Artículo 303 del Código Penal.

A nivel procesal, la falta de un régimen unificado sobre la evidencia digital entorpece las investigaciones judiciales. Los códigos de procedimiento vigentes en la mayoría de las jurisdicciones del país no contemplan protocolos claros y expeditos para la preservación de pruebas informáticas, la incautación de activos virtuales ni el congelamiento preventivo e inmediato de billeteras criptográficas en la cadena de bloques (blockchain). La tramitación de requerimientos a empresas tecnológicas con sede en el exterior mediante exhortos internacionales choca de frente con la inmediatez de la tecnología blockchain, permitiendo que los fondos sean dispersados a través de mezcladores (mixers) mucho antes de que las autoridades argentinas lleguen a obtener una providencia precautoria.

A esto se le suma la proliferación indocumentada de las llamadas cuentas mula. Si bien los bancos y las fintech aplican validaciones de identidad, no existe una base de datos unificada en tiempo real que permita identificar patrones anómalos de apertura masiva de cuentas bancarias o virtuales; la ausencia de un marco penal que sancione con severidad a quienes ceden, alquilan o venden sus perfiles financieros facilita la creación de redes de contención compuestas por cientos de cuentas de paso que fragmentan el dinero ilícito en capas indetectables. Finalmente, la imposibilidad de aplicar sanciones efectivas a proveedores de servicios de activos virtuales del exterior que operan con residentes argentinos sin fijar domicilio ni representación en el país, genera una asimetría que favorece la fuga y el blanqueo de divisas fuera del alcance de la UIF.

La trampa de los casinos ilegales y las billeteras sin control

En el cruce entre la informalidad financiera, los vacíos normativos y el avance de la delincuencia digital, se ha consolidado un fenómeno socio-delictivo que afecta de manera directa a la estructura familiar básica, esto es, la expansión acelerada de los casinos de juego online clandestinos y su penetración en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

A diferencia de los sitios autorizados que utilizan el dominio oficial .bet.ar y aplican filtros de validación de identidad para impedir el acceso a menores, las plataformas de apuestas ilegales operan bajo dominios genéricos .com o mediante enlaces directos distribuidos de forma masiva a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Estos casinos clandestinos carecen de cualquier sistema de verificación de edad (Know Your Customer) o política de juego responsable. Cualquier usuario que posea un teléfono inteligente y acceso a una billetera virtual puede comenzar a apostar en cuestión de segundos, sin necesidad de presentar un documento de identidad o acreditar la mayoría legal de edad.

El atractivo visual de estas plataformas, diseñado bajo la lógica de la gamificación y alimentado por agresivas campañas de publicidad en redes sociales como Instagram o TikTok, convierte al teléfono móvil en un casino encubierto disponible las 24 horas; para financiar las partidas, la economía informal del juego ilegal ha establecido un canal fluido basado en las transferencias electrónicas a través de claves virtuales uniformes (CVU) y claves bancarias uniformes (CBU). Esta infraestructura sin supervisión adecuada funciona como un embudo que absorbe los ingresos familiares y los encauza directamente hacia los circuitos del ciberlavado y el crimen organizado.

Uno de los costados más graves de esta problemática es la cooptación y utilización sistemática de menores de edad por parte de las organizaciones criminales que administran el juego ilegal.

“Los adolescentes, atraídos por la promesa de ingresos rápidos o empujados por la necesidad de sostener su propia adicción, son captados para cumplir roles estratégicos dentro de la cadena logístico-financiera del ciberdelito.” A través de convocatorias abiertas en redes sociales, los reclutadores promueven la figura del cajerito o intermediario financiero; la función del menor consiste en ofrecer crédito a otros apostadores —frecuentemente sus propios compañeros de colegio o amigos del barrio—, recibir las transferencias en sus billeteras virtuales personales y cargar las fichas digitales en el sitio clandestino a cambio de una comisión que ronda entre el 10% y el 20% del volumen recaudado.

Investigaciones judiciales recientes en nuestro país han sacado a la luz la existencia de cientos de cuentas bancarias virtuales a nombre de adolescentes que eran utilizadas para canalizar millones de pesos diarios hacia las cúpulas del juego ilegal. En otros casos, los jóvenes son persuadidos o engañados para que presten o alquilen sus perfiles financieros a cambio de sumas fijas de dinero, convirtiéndose de esta manera en cuentas mula. Esos CVU o CBU son utilizados por las bandas criminales para recibir los fondos derivados de estafas virtuales, engaños telefónicos o el cobro de apuestas clandestinas.

Ludopatía precoz, ruina patrimonial y espiral extorsiva

La exposición continua de los adolescentes al juego clandestino ha desencadenado una crisis de ludopatía infantil y juvenil de proporciones alarmantes.

Informes sociosanitarios estiman que una porción considerable de la población escolarizada ha participado en apuestas online, experimentando cuadros acelerados de adicción conductual que se manifiestan en alteraciones severas del sueño, estados de ansiedad, irritabilidad, ausentismo y un paulatino aislamiento del entorno social y familiar. “A medida que la adicción avanza, la necesidad compulsiva de seguir apostando lleva a los menores a incurrir en engaños sostenidos dentro de sus hogares, recurriendo en ocasiones, los adolescentes, al robo de las tarjetas de crédito de sus padres, la extracción furtiva de fondos de cuentas familiares o la solicitud de dinero a prestamistas informales que operan en las mismas plataformas de apuestas.” En cuestión de semanas, familias trabajadoras descubren que sus ahorros de toda la vida han desaparecido o que enfrentan deudas exorbitantes en dólares que superan ampliamente su capacidad de pago.

Cuando los menores se endeudan con las administraciones de estas plataformas o fracasan en la rendición de los fondos cobrados en su rol de cajeritos, la dinámica delictiva adopta métodos abiertamente violentos. Las estructuras criminales, que obtienen los datos personales y de localización del menor a través de la propia información guardada en los dispositivos móviles, inician campañas de hostigamiento e intimidación directa. Se han documentado situaciones donde cobradores del crimen organizado realizan llamadas extorsivas nocturnas, envían mensajes con fotografías de armas de fuego e incluso se presentan en las inmediaciones del domicilio familiar o la escuela para exigir a los padres el pago inmediato de la deuda contraída por el hijo. La paz doméstica se quiebra por completo, sumiendo al grupo familiar en un estado de parálisis, terror y vulnerabilidad extrema.

Ciberlavado como actividad ligada a la explotación infantil

El peligro que acecha a la estructura familiar básica alcanza su punto más crítico en la intersección entre la ludopatía infantil, el endeudamiento de menores y las redes transnacionales de explotación sexual y trata de personas. Especialistas en ciberseguridad y fiscalías especializadas han advertido que cuando los niños y adolescentes pierden todo su dinero y quedan atrapados en saldos deudores insostenibles, reclutadores de estas plataformas ilegales aprovechan la desesperación del menor para ofrecer alternativas de pago. Bajo este esquema de coacción, se induce a las víctimas a enviar fotografías, videos o material con contenido de desnudez o de índole sexual a cambio de la cancelación de la deuda o de la acreditación de nuevo saldo para continuar apostando.

“Esta maniobra desliza al menor hacia una espiral ininterrumpida de extorsión (sextorsión), acoso cibernético (grooming) y eventual captura por parte de redes de pornografía e infiltración de abusadores.”

Los mismos canales digitales que comenzaron como un entretenimiento ilícito o un intento de generar dinero fácil se transforman en una red de sometimiento donde la intimidad y la integridad psíquica del niño son destruidas. Ante este escenario, organismos internacionales de protección a la infancia recalcan la necesidad de recurrir a herramientas como la Línea 145 (a nivel nacional) para la denuncia anónima de casos de trata y explotación, o a los canales de respuesta ante ciberdelitos, como única vía para romper el cerco de silencio que imponen estas organizaciones criminales.

El desafío del Estado y el rescate del núcleo social

La evidencia recopilada demuestra de forma contundente que el ciberlavado, la banca subterránea y la explotación del juego clandestino infantil forman parte de un mismo ecosistema delictivo transnacional; “lo que comienza como una transacción anónima en una cadena de bloques o una apuesta furtiva desde un teléfono inteligente en el aula de una escuela, puede terminar financiando la logística de los carteles de la droga y destruyendo la cohesión del hogar.” Frenar este avance exige una reconfiguración profunda de la respuesta estatal. Es imprescindible adecuar la legislación penal de fondo, para tipificar de manera autónoma los nuevos delitos cibernéticos y sancionar de forma severa la utilización de menores como herramientas financieras.

A nivel operativo, el Estado debe dotar a las fiscalías e investigadores judiciales de herramientas tecnológicas avanzadas para el monitoreo forense de cadenas de bloques en tiempo real y el congelamiento preventivo e inmediato de activos en billeteras virtuales.

Asimismo, resulta impostergable el establecimiento de controles estrictos y cruzados sobre las empresas de tecnología financiera, exigiendo sistemas de validación biométrica inquebrantables para la apertura de cuentas y la fiscalización rigurosa de las transferencias entre particulares. Por último, la respuesta no puede ser exclusivamente punitiva; se requiere una política pública integral que aborde la ciberludopatía como un problema de salud pública, implemente programas de alfabetización digital y financiera en las escuelas y proporcione a las familias las herramientas conceptuales y de contención afectivas necesarias para proteger la intimidad del hogar frente al asedio del crimen organizado.

Una investigación publicada por The New York Times el 15 de noviembre de 2025 describió agentes de inteligencia artificial capaces de ingresar a plataformas educativas, reproducir clases, resolver cuestionarios, entregar tareas y completar cursos online con una intervención humana mínima. El hallazgo plantea una preocupación que va más allá del uso de ChatGPT para redactar trabajos: si una máquina puede atravesar un curso diseñado para humanos, ¿qué capacidades estamos evaluando? (The New York Times, 15/11/2025).

La respuesta no debería limitarse a prohibir estas herramientas ni a perfeccionar los mecanismos para detectar su uso. La inteligencia artificial obliga a transformar la evaluación universitaria: las instituciones deberían dejar de concentrarse en productos fáciles de automatizar y evaluar, en cambio, la capacidad de comprender, formular problemas, verificar información, justificar decisiones y defender ideas, incluso mediante un uso regulado de la propia IA. La transformación educativa plantea que el sistema debe garantizar los conocimientos básicos y desarrollar estudiantes capaces de utilizar la tecnología con autonomía y juicio crítico.

Los que construyen el futuro están educando diferente

Algunas figuras centrales de la industria tecnológica impulsaron modelos educativos alternativos, aunque sus experiencias no constituyen, por sí mismas, evidencia de que esos modelos sean superiores.

Elon Musk creó Ad Astra en 2014, una escuela privada inicialmente destinada a sus hijos y a los de algunos empleados de SpaceX. Según explicó, la institución organizaba el aprendizaje alrededor de problemas y capacidades, en lugar de priorizar la división por edades y las materias tradicionales.

Ad Astra luego fue rebautizada como Astra Nova. Actualmente se presenta como una escuela online basada en problemas, con estudiantes de distintos países y actividades orientadas al razonamiento, la colaboración y la resolución de desafíos. Synthesis, otra iniciativa vinculada al ecosistema educativo de SpaceX, también promueve el pensamiento sistémico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. (Astra Nova, “About”; Synthesis, “About”)

Jeff Bezos eligió otro camino. Creada en 2020, Bezos Academy administra centros preescolares gratuitos para niños de familias de bajos ingresos. Su modelo, inspirado en Montessori, pone el acento en la autonomía, la exploración y el aprendizaje activo.

Peter Thiel creó en 2010 la Thiel Fellowship, un programa que ofrece a jóvenes menores de 23 años una beca de 100.000 dólares durante dos años para desarrollar una empresa, una investigación o un proyecto, con la condición de abandonar temporalmente —o no iniciar— la universidad.

Estas iniciativas comparten una crítica a ciertos rasgos de la educación tradicional: la organización rígida por edades, la centralidad de las materias convencionales y la asociación automática entre formación y título universitario. Sin embargo, no permiten concluir que exista un único modelo alternativo ni que la educación tradicional haya dejado de cumplir funciones relevantes.

Sí muestran que una parte del sector tecnológico está experimentando con formas de aprendizaje centradas en problemas, autonomía y aplicación práctica. La pregunta clave es si esos enfoques pueden trasladarse a sistemas educativos amplios, diversos y sujetos a objetivos públicos.

¿Qué vale la pena aprender cuando podemos saber casi todo?

Durante décadas, muchos sistemas educativos otorgaron un peso considerable a la memoria, la repetición, el cumplimiento de instrucciones y la capacidad de encontrar una respuesta correcta. Esas habilidades siguen siendo necesarias en numerosos contextos, pero algunas pueden ser automatizadas con mayor facilidad por los sistemas de inteligencia artificial.

Por eso, la expansión de estas herramientas reabre el debate sobre el equilibrio entre conocimientos básicos y capacidades de orden superior. Entre estas últimas se encuentran formular problemas, conectar disciplinas, evaluar fuentes, defender una idea, revisarla frente a nueva evidencia y decidir bajo incertidumbre. También adquiere importancia saber qué preguntar y cómo verificar una respuesta.

La prohibición general de la inteligencia artificial en las aulas no parece una respuesta suficiente. La cuestión central es establecer en qué actividades su uso favorece el aprendizaje y en cuáles lo sustituye. Un estudiante puede pedirle a ChatGPT que escriba un ensayo completo; otro puede redactar su propio texto y utilizar la herramienta para identificar objeciones, errores o argumentos alternativos. La herramienta es la misma, pero el proceso intelectual es diferente.

Esto puede generar una nueva forma de desigualdad educativa. No se trataría únicamente de tener o no acceso a la tecnología, sino de contar con los conocimientos necesarios para utilizarla, evaluar sus resultados y reconocer sus errores. Cuanto más convincente sea una respuesta automática, mayor será la importancia de verificarla.

¿Y entonces para qué sirve una universidad?

Durante siglos, las universidades concentraron tres funciones principales: producir y transmitir conocimiento, reunir a docentes y estudiantes, y certificar capacidades mediante títulos. Internet amplió el acceso a la información, mientras que la inteligencia artificial empieza a modificar la forma en que se produce, organiza y explica el conocimiento.

La certificación, sin embargo, sigue siendo una función central. Un diploma pretende indicar que una persona atravesó un proceso de formación y adquirió determinadas capacidades. Si un agente puede completar parte de ese proceso en nombre de un estudiante, las instituciones deberán reforzar los mecanismos que permiten comprobar qué sabe hacer efectivamente esa persona.

El problema no se limita al cheating. También afecta la credibilidad de las evaluaciones y de los títulos. Si las tareas pueden ser producidas por sistemas automáticos, una institución debe demostrar que sus métodos de evaluación distinguen entre la generación de un resultado y la comprensión necesaria para producirlo, revisarlo y defenderlo.

Una posible respuesta consiste en evaluar con mayor frecuencia capacidades difíciles de delegar por completo: defender una idea, resolver un problema nuevo, detectar errores en una respuesta de inteligencia artificial, conectar conocimientos, argumentar, crear y tomar decisiones justificadas.

También podría considerarse el uso regulado de inteligencia artificial durante algunos exámenes. En ese caso, las preguntas deberían exigir interpretar información, comparar alternativas, justificar decisiones y evaluar críticamente las respuestas de la herramienta. No se trataría de asumir que la IA vuelve innecesario el conocimiento, sino de comprobar si el estudiante puede utilizarla con criterio.

La tesis es, entonces, concreta: la universidad no debería evaluar si un estudiante puede producir sin ayuda un texto o una respuesta que una máquina genera en segundos, sino si puede comprender un problema, orientar una herramienta, controlar sus resultados y asumir la responsabilidad de sus decisiones. La IA no elimina la necesidad de evaluar; obliga a evaluar mejor.

¿Y Argentina?

Mientras en algunos sectores tecnológicos se discuten modelos educativos adaptados a un futuro con tutores de inteligencia artificial, Argentina enfrenta problemas previos de pobreza, permanencia escolar y aprendizaje.

Según Unicef Argentina, el 42,3 % de los niños y adolescentes vivía en hogares pobres durante el segundo semestre de 2025. El informe estimó que esa situación alcanzaba a unos 5,1 millones de menores de 18 años.

Además, un informe de Argentinos por la Educación indicó que 22 de cada 100 jóvenes de 15 años llegan en el tiempo esperado y alcanzan simultáneamente los conocimientos básicos en Matemática y Lectura. El cálculo combinó información sobre trayectoria escolar y resultados de las pruebas Aprender.

Estos datos no describen exactamente el mismo fenómeno. La pobreza refiere a las condiciones económicas de los hogares; el indicador educativo combina trayectoria y desempeño; y ninguno de los dos permite medir por sí solo la calidad de la experiencia cotidiana en el aula.

También es necesario distinguir entre matrícula, asistencia y aprendizaje. Las estadísticas disponibles permiten observar parte de las trayectorias escolares, pero no siempre muestran con precisión cuánto tiempo pasa cada estudiante en el aula ni qué aprende durante ese período. (Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación, “Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos”).

Carlos Torrendell impulsó la alfabetización y la Matemática como prioridades nacionales durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación. Dejó el cargo en febrero de 2025 y fue reemplazado por María Inés Baragatti.

En este contexto, la discusión sobre inteligencia artificial no puede reducirse a decidir si las escuelas deben incorporar una nueva herramienta. Argentina necesita una política con dos prioridades inseparables: garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos fundamentales y enseñarles a utilizar la IA para investigar, contrastar, crear y resolver problemas sin delegarle por completo su juicio.

La misma regla debería orientar a las universidades. Allí donde la IA pueda producir una respuesta, la evaluación debe trasladarse hacia el razonamiento que la sostiene: qué entiende el estudiante, qué pregunta formula, qué evidencia acepta, qué errores detecta y por qué decide una cosa y no otra. En la escuela, esto exige construir las bases; en la universidad, comprobar que esas bases se convierten en criterio profesional.

La pregunta ya no es solamente cómo incorporar inteligencia artificial a la educación. Es cómo rediseñar la educación para que la IA amplíe las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas.

La inteligencia artificial debería transformar la evaluación universitaria: menos énfasis en productos automatizables y más en comprensión, verificación, argumentación y decisiones justificadas. Para Argentina, esa transformación solo será educativa si empieza por garantizar los aprendizajes básicos y forma estudiantes capaces de usar la tecnología con criterio propio.

Durante 200 años, la Argentina vivió mirando la Pampa.

Les dimos la espalda a dos Argentinas y media que estaban sumergidas. Hoy, eso se terminó.

La Agrupación Argentina Azul no es un partido más. Es un movimiento nacional, transversal y federal que vino a poner al Mar Argentino, su plataforma y sus riquezas en el centro de la matriz productiva, industrial y humana del país.

Esta agrupación nace desde la Fundación Argentina Azul como el brazo territorial de dirigentes y de liderazgos que, abrazando una idea simple y revolucionaria, “MAR Y TIERRA, TODO ADENTRO”, actúa como formador de formadores.

Lo que empezó como una idea el 20 de diciembre de 2025, con el lanzamiento de la agrupación en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, explotó.

El 28 de febrero de 2026 se colmó con dirigentes entusiamados el teatro de San José 243 y oficializamos CABA con referentes de las 15 comunas.

El 28 de mayo de 2026, en el reeditado histórico Café de Marco -donde comenzaron las ideas revolucionarias de 1810-, más de 150 dirigentes de diversos espacios partidarios, gremiales, osicales, culturales, empresariales, firmaron el acta fundacional “Naveguemos Juntos las Aguas de la Esperanza”.

Hoy, 4 meses después, Argentina Azul ya está en 16 distritos y pronto lo estará en los 24, es decir en todo el país.

Tenemos adhesiones y mesas de trabajo activas en Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, San Juan, San Luis, Córdoba, Chaco, entre otras, y creciendo.

No somos del PRO, no somos del PJ, no somos libertarios. Somos argentinos que, sin renunciar a nuestras simpatías y convicciones ideológicas, entendimos que el futuro no es de izquierda o de derecha. Que la confrontación no nos lleva a ningún puerto seguro. El futuro es Azul, humanista y de unidad nacional.

Mientras otros discuten cargos, nosotros discutimos el mapa y el desarrollo para generar trabajo y bienestar en nuestra gente.

Argentina tiene 6.816 kilómetros lineales de costa y más de 6,5 millones de km2 de Plataforma Continental y Mar. Es el territorio olvidado más grande del mundo.

El proyecto de Argentina Azul es el único con planificación real a 20 años, pero que empieza a dar resultados al momento de tomar la decisión política de llevar adelante el proyecto de país. Es la primera vez que se dice que esta Argentina propuesta podrá ser disfrutada por todos nosotros, no por nuestros nietos, como siempre nos dijeron y siguen diciendo para justificar la inoperancia.

Argentina Azul será disfrutada por todos nosotros y nuestros nietos la vivirán consolidada y grande.

Algunos lineamientos del proyecto

Primera etapa de 100 Comunidades de Autoabastecimiento en la Costa fuera de los egidos urbanos actuales: no villas, no asentamientos. Ciudades inteligentes, autosustentables, abiertas, de hasta 20.000 habitantes cada una, con su comunidad propia. Con trabajo genuino en industria naval, pesca con valor agregado, gastronomía de mar, chacinados y embutidos, turismo, energía undimotriz, acuicultura, reciclado, etc. En 4 años, 2 millones de puestos de trabajo directos. Es el fin de la pobreza estructural que se fue del Conurbano al mar a producir.

Una segunda etapa de 8 años de creación de 500 ciudades autosustenables, más sobre la línea de la cordillera y en la Patagonia, lo que permitirá terminar con el 100% de la pobreza estructural de la Argentina.

Soberanía Real: recuperar la Marina Mercante, controlar la milla 200 y hasta la milla 350 sobre recursos marinos sedentarios, suelos y subsuelos; terminar con la caja negra del saqueo pesquero ilegal de 3.000 millones de dólares por año, y ejercer presencia efectiva en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del Sur, Antártida y paso bioceánco entendiendo todo como un solo sistema.

La política argentina está mal acostumbrada a usar la política de la sábana corta: tapa la cabeza y destapa los pies, o al revés. Argentina Azul propone crear una fábrica de sábanas: nueva producción, nuevos dólares genuinos, fortalecimiento del peso, nuevos alimentos, mercado nacional de capitales, inversión criolla, Defensa Nacional real y profesional. No ajustar lo que hay, sino producir lo que nos falta y producción sostenida y sustentable en el tiempo.

La agrupación Argentina Azul es no partidaria porque estamos convencidos que es la hora de construir la unidad nacional. EL MOMENTO ES AHORA. No hay que mirar para atrás, cada gobierno hizo sus trabajo. Es el momento de mirar para adelante y no cometer más errroes que siempre los termina pagando el pueblo. Es la oportunidad para juntos navegar las aguas de la esperanza. Argentina es un país MARÍTIMO, debemos dejar de desconocer o negar esa realidad.

Somos un país marítimo con agricultura, ganadería, minería, industria y servicios, y esta ecuación cambia todo, ya que podemos contruir un país para disfrute de todos y cada uno de nosotros, no de unos pocos.

La Argentina Azul del trabajo ya nació, vos sos parte aunque no hayas despertado todavía.

La Argentina del No se fue, empecemos con la Argentina del SI, la Argentina positiva, la Argentina Azul que nos dará prosperidad económica, trabajo, industria, igualdad de oportunidades, calidad de vida y garantizaremos la longevidad virtuosa.

El presidente Javier Milei ha declarado esta semana que tiene su futuro asegurado, mientras la mitad de la sociedad a la que representa y debiera ser parte de su desvelo tiene su futuro condenado por su presente endeudado, entre otros males.

Con total falta de empatía, en el Día de la Industria les contó a los argentinos -no en la UIA, sino en la Fundación Libertad- lo que todos ven cuando trascienden las declaraciones juradas propias y de los integrantes de su gabinete, ratificando aquello de que tienen sus futuros asegurados. No obstante, en un momento dijo: “Si nosotros no mostramos resultados, se hace difícil acompañarnos”. Podríamos decir que estos fueron los dos ejes del discurso presidencial, ya en campaña por su reelección en 2027.

Ignora esta cronista hasta dónde se extiende su mirada en esta última introspección.

¿Cuál es la observación sobre la realidad que tiene el Presidente y cuán amplia es la misma? ¿Empieza y termina en números que le muestran o puede caminar geografías donde los problemas no son los que él contempla? ¿Cuáles serían los resultados que evalúa que necesita la gente para ponerle el voto que traccione hacia su segunda presidencia?

Quizás el Gobierno entiende, tras la observación del siempre atento asesor en las sombras Santiago Caputo, que el oxígeno electoral necesario para el 2027 proviene de lo que está inserto transversalmente en el corazón de los argentinos: Malvinas (sus dos ministras de Seguridad, Bullrich y Monteoliva, no adhirieron a tal caro sentimiento).

Bastó una señal de DonaldTrump para que el gobierno argentino se envalentonara. El presidente norteamericano ha utilizado el tema Malvinas para resolver sus problemas de política exterior con Inglaterra. Y todo indicaría que hace lo propio el presidente Milei para posicionarse electoralmente. Habrá que ver.

El trapo que blandió la Selección Argentina tras ganarle a Inglaterra en el Mundial de fútbol pertenece a otro estatus emocional y transversal.

Imposible de replicar de la mano anarcocapitalista del Presidente. Pero en política todos los intentos son válidos, y los resultados inciertos.

Sucede que ese “Las Malvinas son argentinas” habla de una unidad conceptual e integral de un país que el Presidente no concibe.

Su proyecto (en un brutal resumen) es “sálvese quien pueda”, y el país de “Las Malvinas son argentinas” habla de un concepto común donde el otro existe y cuenta. Donde el esfuerzo cotidiano sirve, donde -como en la guerra- las espaldas se cuidan. No parece ser el proyecto en el que el Presidente cree.

Los “vientos de cambio” soplan y se llevan cualquier atisbo de realidad sobre políticas que incluyan posibilidades para todos. El Presidente ha ratificado que nada cambiará. El episodio ORT, donde el jefe de Estado instó a alumnos a insultar a todos los que piensen distinto -alejando al establecimiento de los valores de convivencia y pluralismo, poniendo en jaque en 40 minutos 90 años-, denota que todo aquello que sea diferente -ideológica o físicamente- no será contemplado por Milei. No será sujeto de sus políticas. Por eso no cumplirá nunca con la ley de Emergencia en Discapacidad ni con la Ley de Financiamiento Universitario.

La mirada sesgada presidencial hace que sus salvatajes tengan nombre y apellido. Cree en lo extractivo en desmedro de la industria, el comercio y los valores agregados. El IVA cae al 19% y también la importación de equipos, bienes e insumos industriales. No hay piso para la caída de los sectores que deben destruirse para nacer en algo nuevo (reinvertarse).

El núcleo de la industria metalúrgica está en Rosario y la región. Lleva 46 meses de caída. 73% de sus ramas facturan por debajo de la inflación. El miércoles 2, la Comisión Directiva de AIM invitó a la prensa y a Nicolás Romano, titular de “EMU”, fabricantes de equipos de alta presión para la industria del OIL & Gas, fundada en 1956 que acompañó el crecimiento del Polo Petroquímico proveyendo bienes de capital entre otras a Celulosa, Pasa, Refinería YPF.

Como dijo el titular de AIM, Rafael Catalano, fue “para mostrar alguien que le va mejor”.

Romano le dijo a Infobae: “Son sectores muy exigentes, no es fácil reconvertirse en poco tiempo. Cuando trabajamos para la CNEA en 1979, hicimos nuestro primer manual de calidad. Hemos participado de una reunión con el ministro de la Producción de San Juan en el Santa Fe Business Forum de esta semana. Vemos allí oportunidades, pero también dificultades de inserción. Son proyectos a largo plazo, exigentes en escala y con grandes proveedores globales, además de las normas de compre local”.

Rafael Catalano, conversando con Infobae, señaló: “Hoy, el principal enemigo es la caída de las ventas con el dólar planchado y con inflación. Crecen los concursos exponencialmente, al igual que la morosidad. Tenemos que pagar IVA a 30 días, cobramos a 120. Tenemos que pagar anticipos de ganancias que jamás tendremos. La capacidad ocupada es del 38%”. También se señaló que apenas unos años atrás, las heladeras fabricadas aquí tenían 80% de componente nacional y 20% extranjero. Hoy es exactamente al revés.

El empresario Ricardo Cicarelli, días atrás, en el marco del encuentro “Argentina produce: diálogo que construye”, fue noticia por sus lágrimas. Su rubro, hoy, en cuanto al crecimiento, está en -4,3%. Infobae habló con él: “Mi industria fabrica repuestos para amortiguadores para autos. Está dentro de las tres mejores de Latinoamérica. Es complicado, porque debemos tener muchas normas de calidad. Proveemos tanto al mercado de reposición como a terminales automotrices. Llegamos a exportar hasta el 60% de la producción a mercados de Brasil, España, México e incluso ¡piezas a China! Cayó el mercado de reposición en Brasil y luego en Argentina: esto pegó en 75/80% de mi producción. Estoy al 30% de la capacidad instalada".

Y concluyó: “El primer golpe fue prescindir de 60 empleados, para algunos son números, para mí son familia. El problema específico es China. Hubo un negocio muy grande, que fue el dumping. Estas empresas multinacionales están en China, te hacen figurar un amortiguador de China para Argentina a 4 dólares para no pagar impuestos. No te creas que te lo venden a 10 , te lo siguen vendiendo a 100/120 dólares, pero trajeron todo el mercado de reposición a Argentina y Brasil, se hicieron billonarios. En México le pusieron aranceles del 50%, EEUU 100%, y en algunos casos no los dejan entrar. Brasil despertó un poquito: ya le puso un 35%. Debemos tener un Presidente que nos cuide, que cuide a la industria, que es motor de producción y mano de obra. Te dicen ‘¡tenés que reinventarte!’ Sí, yo lo hago, pero lleva mucho tiempo”.

De la tristeza de la guerra a las imágenes de hoy, actualizar la foto de las Islas Malvinas 44 años después del arrebato, de las bombas y de nuestros soldados muertos puede resultar doloroso. No hay huellas de Argentina, no hay casi nada que nos remita a nosotros. Hay un lugar donde un argentino que llega se siente foráneo, y una diversidad global asentada que no se espera encontrar. Hay riqueza y prosperidad, y conductas anglosajonas que parecen férreas aun cuando existe la mezcla con chilenos o filipinos, las culturas migrantes que predominan. Los hábitos más comunes, el devenir rutinario de la vida, hablan de una pequeña Gran Bretaña austral, con bandera propia, té de las cinco y autonomía total. Desde luego, pareciera que tampoco hay chances de que los isleños abran un debate sobre soberanía, porque en el archipiélago todo parece estar claro: sus habitantes sienten que no hay nada que discutir.

Puerto Stanley/Argentino —el nombre combinado que proponen Google y la ONU en buena parte del mundo, aunque en la Argentina figura como Puerto Argentino y en el Reino Unido como Port Stanley— tiene un aire de suburbio londinense: calles ventosas, cabinas telefónicas vintage rojas, un pequeño puesto de fish and chips atendido, como muchos comercios, por un matrimonio chileno. Es una ciudad discreta, de casas bajas que no traslucen la riqueza que atesoran. Gracias a la venta de licencias de pesca, un negocio que arrancó en 1987 con la creación de la Zona Económica Exclusiva, Malvinas es hoy uno de los sitios más prósperos del planeta. Son unos 3.700 habitantes y el piso salarial —el de un puesto de maestranza— está en 20 mil dólares al año.

En la semana que me toca por trabajo vivir allí, el frío naturalmente cala los huesos. Cien personas acaban de entrar al teatro municipal sobre Ross Road, la calle principal. Terminó el maratón de las islas y comienza la entrega de premios. El director del Standard Chartered Bank dirige el acto con sobriedad, pero sin evitar palabras emotivas. Las usa especialmente para agradecer a los cerca de veinte argentinos que compitieron. “Los habitantes de las islas celebramos que vengan cada vez más deportistas de Argentina a participar”, dice con frases precisas. No habla más de lo que corresponde. No se sale del libreto.

Recuerda que corrieron ex soldados ingleses y argentinos que pelearon en los combates de Monte Harriet en 1982, y pide que “sucedan más de estos reencuentros”. Es una escena pequeña, casi doméstica, pero ahí adentro, en ese teatro calefaccionado a pleno, se cuela algo del fondo de la cuestión: la guerra está presente, como un sueño que va y que vuelve, y los isleños aceptan jugar de anfitriones, pero solo si los argentinos respetan ciertas condiciones y los reconocen como dueños de casa. No desprecian los arribos por turismo, maratones o visitas a las tumbas del cementerio de Darwin, pero tampoco esperan de brazos abiertos.

La Argentina, de hecho, es un tema frecuente en las páginas del Penguin News, el principal medio de prensa local, que se imprime una vez por semana. Los viajeros argentinos son noticia por sus visitas al sitio donde descansan los restos de los soldados abatidos. O porque con mucha frecuencia alguno es demorado por intentar llevarse recuerdos de los campos de guerra. Darwin fue escenario de emociones en los últimos años, cuando las madres de cientos de conscriptos hasta entonces “solo conocidos por Dios” llegaron para encontrarse, por fin, con la lápida y el nombre de sus hijos, tras la identificación que hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense. Pero la mayor parte del tiempo es un lugar difícil. Al recorrerlo, se siente el peso de la desolación que atraviesa las cruces, mantenidas por la Comisión Argentina de Familiares. Darwin, a 88 kilómetros de la capital, es la verdadera huella celeste y blanca en Malvinas. Luego no hay argentinidades a la vista.

Porque todo lo demás es británico puro. En las radios y en los hoteles suena Elton John y Amy Winehouse, como en Buenos Aires sonaría Calamaro. Los bares siguen el manual del british pub: una pinta a media tarde, la tele que pasa fútbol europeo, el cierre puntual a las once. Son apenas seis pubs, y solo en uno —The Victory, “el de los nacionalistas”— existe algo que dialoga con 1982: una foto de Galtieri enmarcada con una tapa de inodoro, colgada en la pared del baño, con la leyenda “Rot in hell you arsehole” (“pudrite en el infierno, pelotudo”).

Los isleños no aceptan que los visitantes lleven banderas argentinas o remeras patrióticas: los aterra la idea de toparse con esa imagen. Apenas se pisa el aeropuerto de Mount Pleasant, una base militar poderosa construida después de la guerra, los oficiales de migraciones otorgan un folleto instructivo: “Por favor, sea respetuoso con los sentimientos sobre el conflicto de 1982. No lleve banderas ni leyendas alusivas. No entone el himno. No recoja de los campos de guerra ninguno de los objetos que yacen a cielo abierto… Una bandera elevada por encima de la cintura es considerada una provocación y está prohibido”. Un caso famoso fue el del ex combatiente Luis Escobedo y otros siete acompañantes, demorados años atrás por mostrar una bandera argentina y cantar el himno frente a las tumbas de Darwin. Cuando me tocó estar allí, todavía seguía esa historia resonando en el ánimo crispado de muchos habitantes. En las reuniones del Consejo que administra las islas, los vecinos pedían un endurecimiento de esas normas. “Si son blandas, cámbienlas”, gritaba una señora enardecida. La mujer proponía que a todos los argentinos que lleguen les abran el equipaje y confisquen cualquier símbolo nacionalista.

Como los vuelos llegan una vez por semana, todo visitante completa los siete días en el lugar. Es por eso que resulta inevitable ver a los argentinos caminando a diario por la avenida principal de Stanley, luego de realizar sus paseos por los montes de combate —Harriet, London, Dos Hermanas—, donde los restos de la guerra siguen intactos por decisión del gobierno local. Muchos veteranos regresan a las trincheras que ocuparon para reencontrarse con sus elementos de fajina, ya petrificados por el tiempo. El viajero argentino, que practica ahí un extraño turismo triste, casi no se vincula con el kelper anfitrión. Pero se termina hermanando en la experiencia con sus pares coterráneos de vuelo: por lo bajo, arman un mundo aparte de silenciosas consignas patrias, que nadie ve ni comparte.

Del otro lado de ese silencio hay una sociedad que funciona en niveles altísimos de calidad de vida. En las islas no hay delincuencia. El desempleo no supera el 1% desde hace más de dos décadas, y tampoco se consumen drogas. Se necesita mano de obra para edificar casas e infraestructura; se garantiza buen salario y posibilidades de desarrollo para todos por igual. “Puedo estar bien, enviar dinero a mi familia y tener proyectos”, resumía Yanis, nacida en Cebú, Filipinas. Tenía 27 años y era camarera de un hotel boutique. “Aquí hay herramientas para desarrollarse, y el que quiere las usa. Somos una sociedad igualitaria”, decía el chileno Alex Olmedo, que llegó en 1990 y nunca se fue.

Los impuestos altos que se pagan son devueltos como servicios de calidad. La salud y la educación son gratis. A los 16 años, los jóvenes parten a continuar sus estudios en Gran Bretaña —aunque, según el último censo, la mitad de ellos termina volviendo a vivir y a trabajar en las islas—. Por esa razón hay un salto generacional visible: casi no se ven veinteañeros, y la edad promedio ronda los 37 años. Las complejidades de salud se atienden en Santiago, Punta Arenas o Montevideo; un traslado de urgencia se hace en jet privado, costeado por el gobierno. Incluso la infancia está regulada con una precisión que sorprende: los niños no pueden ser fotografiados sin autorización de sus padres, dos hermanos —varón y mujer— pueden dormir juntos en la misma pieza solo hasta los doce años, y ningún pariente de visita puede dormir en la habitación de los menores. Hubo casos de pedofilia, hace tiempo, y desde entonces se actúa de manera preventiva.

Los isleños están superabastecidos: ir al supermercado ahí es una experiencia globalizada. No hay nada de industria argentina, pero las góndolas están acribilladas de productos globales, y los cortes de carne de producción local son premium y notablemente baratos frente a los estándares europeos. Son, literalmente, ricos. De 1987 en adelante nunca dejaron de crecer, y ahora se restriegan las manos: el proyecto petrolero Sea Lion, a cargo de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, prevé el comienzo de la extracción comercial de petróleo y gas recién para el primer trimestre de 2028. Eso traerá más regalías y más población. Si es que prospera.

Tanto los nacidos y criados como los venidos y quedados perciben un fondo especial del gobierno para comprar pasajes. Al vuelo semanal que llega vía Punta Arenas hay que sumarle el que llega los martes desde Londres, con escala en Cabo Verde: un vuelo del Ministerio de Defensa británico, con servicio impecable, a la vieja usanza —asientos espaciados, mozos aéreos que ofrecen todo el tiempo todo—. El índice de felicidad debe ser elevado. La vida social es fuerte: la gente se desplaza en sus 4x4 Land Rover de último modelo para salir a cenar en sitios refinados. Durante la temporada de cruceros, entre octubre y abril, más de 65 mil personas de todo el planeta bajan a conocer las islas.

Desprecian a Néstor y Cristina Kirchner. Plantean que durante la gestión de CFK se intentó por todos los medios aislarlos del continente, con un aguerrido discurso en la ONU de reclamo de los territorios. Miraron con mejores ojos a Mauricio Macri, por dos razones: prometió deshacer medidas tomadas por Cristina —cosa que nunca terminó de hacer, aclaran ellos mismos— y avanzó con estrategias de acercamiento comercial, sobre todo basadas en la propuesta de sumar más vuelos desde la Argentina. ¿Qué pensarán ahora de Javier Milei, después de su proclama por cadena nacional? Es fácil adivinarlo.

En ese contexto de una sociedad próspera, cerrada, ordenada hasta el detalle y profundamente ajena, me crucé con visitantes argentinos. En sus rostros se adivinaba siempre una mezcla de nostalgia y fascinación. Algunos eran ex combatientes; otros, hijos de ex combatientes. Arribaban para cerrar una herida. “Vengo porque cierro el círculo de haber crecido con los silencios de mi padre. Siento que puedo terminar de contar su historia. Pero también descubrí un mundo inesperado y nuevo, de autonomía económica, muy diferente a la Argentina, que nada tiene de argentino. Eso es algo extraño y también novedoso”, me dijo Mariano López, cuyo padre había prestado servicios en el hospital de Puerto Argentino durante la guerra.

Óscar Álvarez, un odontólogo, reflexionaba: “El sentimiento es que las Malvinas son argentinas, pero vemos algo ajeno, claro. Están los campos de guerra y Darwin, que nos conmueven, pero vemos la vida de gente de otro país. Creo que debemos aceptarlo y pensar de qué modo podemos acercarnos más a ellos. Ese sería un ejercicio sano de soberanía”.

Uno tras otro, los testimonios argentinos hablaban de lo mismo: del encuentro con un universo inesperado, que ha conseguido niveles de desarrollo extraordinarios después de la guerra, pero que no pone ese trauma en un primer plano inmediato. Muchos kelpers, que rechazan prestarse a notas con periodistas argentinos, asumen —sin alardes— que “la guerra los salvó”. Un viejo chiste local dice que, en vez de haberle hecho un monumento a Margaret Thatcher, deberían haberle hecho uno a Galtieri. Las Malvinas parecen lejanas incluso cuando se camina a través de sus calles y de sus praderas.

Y sin embargo, el jueves por la noche, a catorce mil kilómetros de esas avenidas ventosas y esos pubs que cierran a las once, Javier Milei habló por cadena nacional para anunciar un paquete de leyes y una nueva base naval en defensa de la soberanía sobre las islas. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, dijo. Las palabras de Milei nos obligaron a todos a mirar de nuevo hacia allí y, más allá de lo económico y de la disputa política de siempre, a preguntarnos qué es, en definitiva, lo que reclamamos, cuando lo que hay del otro lado del mar es una comunidad chica, próspera y ajena, que hace mucho tiempo dejó de esperarnos.

Durante casi veinte años, los peruanos nos acostumbramos a una idea: el gas siempre va a estar ahí. Encendemos la cocina, pagamos un recibo de luz relativamente bajo y damos por hecho que el gasoducto de Camisea seguirá funcionando como hasta ahora. Pero a pocos kilómetros de nuestra frontera, Bolivia —gran proveedora de gas de Sudamérica durante dos décadas— está a punto de convertirse en importadora del mismo combustible que antes vendía. Las razones se parecen, más de lo que quisiéramos, a lo que hoy vive el Perú.

Bolivia es la prueba: sin exploración, no hay gas que dure

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía calcula que, entre 2028 y 2030, Bolivia dejará de ser autosuficiente en gas. Su producción cayó de 60,8 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a solo 27 millones hoy: más de la mitad en poco más de diez años.

La causa no fue un desastre natural ni una guerra, sino algo más simple: durante años nadie invirtió en buscar nuevos yacimientos. Los campos envejecieron y se agotaron, sin nada que los reemplazara. Un país autosuficiente durante generaciones está a punto de depender de sus vecinos para algo tan básico como cocinar o generar electricidad.

Camisea no va a durar para siempre

El Perú depende casi por completo de un solo yacimiento: Camisea, en Cusco. De ahí sale el 96% del gas que usamos en casa, el 70% del gas en balones y cerca del 40% de la electricidad del país. No tenemos un respaldo de ese tamaño si algo falla.

Los expertos calculan que las reservas de Camisea podrían agotarse hacia el 2040, y el gas que exportamos tiene un plazo más corto: apenas diez años más, en el mejor de los casos. Perupetro tiene el dato más preciso: gas confirmado para unos 13 a 15 años más, al ritmo actual de consumo. No es un plazo lejano: muchas familias que cocinan con gas natural, barato y directo a sus casas, podrían volver al balón de gas licuado, más caro e incómodo.

Esto no es una advertencia abstracta. En marzo de este año, la rotura de un tramo del gasoducto que administra Transportadora de Gas del Perú (TGP) obligó a racionar el suministro y paralizó temporalmente las exportaciones. El Ministerio de Energía y Minas la calificó como la crisis energética más grave en dos décadas. Bastó una sola falla de infraestructura para que todo el país lo sintiera.

Explorar hoy o importar mañana

Desde finales de 2014 no se ha perforado nuevos pozos productores en los lotes 88 y 56 (Yacimiento de Camisea). El último intento fue el pozo Kimara 1001 (Lote 88, febrero de 2016), con resultado negativo, tras el cual Pluspetrol suspendió indefinidamente su plan exploratorio. Todo lo que produce Camisea hoy viene de yacimientos descubiertos hace más de 20 años, sin ningún hallazgo nuevo desde entonces. El paralelo con Bolivia es directo.

Aunque recientemente Pluspetrol anunció una inversión de US$ 100 millones en el Lote 88, se trata de perforación de desarrollo para sostener la producción actual, lo cual no generará nuevas reservas. Mantener la infraestructura frena el declive inmediato, pero no reemplaza la necesidad crítica de explorar nuevos horizontes.

Poner a producir un pozo de gas nuevo toma en promedio una década: negociar acuerdos, planificar, perforar y llegar a una producción estable, como muestran los antecedentes de Camisea. Si a esos diez años les restamos los 13 a 15 que le quedan al país en reservas, el margen real para decidir, invertir y ejecutar un nuevo proyecto es de apenas tres a cinco años. Ya no estamos a tiempo de discutir si exploramos o no: la decisión debió tomarse ayer.

Una lección que no admite más demoras

Si el Perú sigue sin invertir en confirmar nuevas reservas, el camino de Bolivia podría repetirse aquí: precios más altos, cortes más frecuentes y la necesidad de importar lo que antes producíamos. En 2028, cuando venza el contrato de exportación del Lote 56, el próximo gobierno tendrá que decidir si prioriza el mercado interno o los compromisos con el exterior. Explorar en Camisea o Candamo implica inversiones enormes, por tratarse de áreas protegidas. Pero postergar esa decisión, como en Bolivia, cuesta más: cada año sin un proyecto en marcha es un año menos del escaso margen que todavía tenemos.

El Perú todavía conserva algo que Bolivia ya perdió: tiempo, aunque se mida en años y no en décadas. La autosuficiencia energética no se hereda, se construye con inversión constante en exploración. Lo que decidamos hoy determinará si en 2040 seguimos teniendo gas propio o terminamos importándolo, como ya le ocurre a nuestro vecino.

“Sin nuevos yacimientos, Camisea se agota y el Perú corre el riesgo de pasar de exportar gas a tener que importarlo, como ya le ocurre a Bolivia”.

Hay una pregunta que ninguna familia debería tener que hacerse al buscar una escuela para su hijo: “¿Lo van a aceptar cuando sepan que tiene una discapacidad?”

Sin embargo, para muchas familias argentinas, esa pregunta se convirtió en una realidad cotidiana.

Somos padres de niños con discapacidad y, como cualquier otra familia, buscamos una escuela en la que nuestros hijos puedan aprender, crecer, hacer amigos, compartir y sentirse parte. Buscamos una institución que pueda conocerlos, descubrir sus capacidades y acompañarlos en aquello que necesiten.

Pero muchas veces el proceso cambia drásticamente cuando aparece una palabra: CUD.

A partir de ese momento comienzan las preguntas sobre diagnósticos, terapias, acompañantes y necesidades de apoyo. Y, en demasiadas ocasiones, lo que inicialmente parecía un proceso normal de admisión termina con una respuesta que, con distintas palabras, significa lo mismo: “No estamos preparados para recibirlo”.

A veces ni siquiera existe una negativa explícita. Simplemente el proceso deja de avanzar. Se argumenta una supuesta “falta de vacantes”, se habla de un supuesto “cupo de inclusión” por aula o se imponen barreras burocráticas e indirectas vinculadas con la necesidad de contar previamente con un acompañante o con la cobertura de las prestaciones. La institución aduce que no puede garantizar los apoyos o que no sabe cómo abordar la situación, y la familia termina entendiendo el mensaje de fondo: su hijo no fue elegido.

Y ahí comienza el verdadero problema: antes de conocer al niño, se conoce su diagnóstico.

Nuestro hijo Rafael tiene discapacidad y cuenta con Certificado Único de Discapacidad. Necesita determinados apoyos y realiza distintas terapias. Nada de eso debería definir cuánto puede aprender, cuánto puede aportar a sus compañeros ni, mucho menos, si merece o no un lugar en una escuela.

No estamos pidiendo privilegios.

Estamos pidiendo igualdad.

No estamos pidiendo que una escuela ignore sus posibilidades institucionales ni que deje de evaluar las necesidades pedagógicas de un alumno. Estamos pidiendo algo mucho más básico: que cada niño sea evaluado como una persona, que se analicen sus necesidades concretas y que se busquen los apoyos y ajustes necesarios para que pueda aprender y participar junto a los demás.

Porque inclusión no significa que todos los chicos necesiten lo mismo.

Significa que todos tengan la posibilidad de estar, aprender y pertenecer.

Y esto no es solamente una preocupación de nuestra familia. Al hablar con otros padres descubrimos que somos muchos los que atravesamos situaciones similares. Familias que recorren colegios, tienen entrevistas, explican la situación de sus hijos y vuelven a casa con la sensación de que una condición que sus hijos no eligieron terminó convirtiéndose en una barrera para acceder a la educación.

Lo más difícil no es solamente encontrar una escuela.

Lo más difícil es sentir que, antes de conocer a nuestros hijos, algunas instituciones ya decidieron que son demasiado difíciles de acompañar.

La inclusión no es un favor: es un derecho

Argentina tiene un marco jurídico claro.

La Constitución Nacional establece, en su artículo 75 inciso 23, el deber de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de los derechos, especialmente respecto de los niños y de las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, reconoce expresamente el derecho a la educación y obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Su artículo 24 establece que las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y exige que se realicen ajustes razonables y se brinden los apoyos necesarios.

La Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que la educación es un derecho y que el sistema educativo debe garantizar la igualdad, la equidad y la inclusión.

Y existe una norma todavía más concreta: la Resolución CFE N.º 311/16. Esta norma establece criterios específicos para garantizar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad y contempla la obligación de identificar las barreras que enfrentan, brindar los apoyos necesarios y desarrollar las estrategias pedagógicas que permitan su inclusión. La información oficial del Estado es explícita al señalar que las escuelas no pueden rechazar la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad.

No se trata, entonces, de una interpretación de algunas familias. Se trata de derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Y existe un dato que debería interpelarnos como sociedad: el propio Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó su preocupación por los rechazos de inscripción de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, tanto estatales como privadas, pese a la existencia de la Resolución CFE 311/16. También señaló la insuficiencia de apoyos y ajustes razonables en los entornos educativos comunes.

Entonces la pregunta es inevitable:

Si el derecho está reconocido. Si existen leyes, una Convención con jerarquía constitucional y normas específicas que protegen la inclusión. Si las escuelas no pueden rechazar a un alumno por su discapacidad, ¿por qué tantas familias seguimos encontrando puertas cerradas cuando buscamos una escuela para nuestros hijos?

Porque una cosa es que la inclusión exista en los papeles y otra muy distinta es que exista realmente en las aulas.

Tampoco podemos ignorar el rol del Estado. La inclusión no se agota en dictar normas. Exige políticas públicas, fiscalización, acompañamiento y recursos reales para que las instituciones puedan cumplirlas. Y también exige que, cuando existan prácticas discriminatorias, haya mecanismos efectivos para detectarlas y corregirlas.

¿Quién decide cuánto vale un niño?

Quizás uno de los mayores problemas sea que todavía seguimos pensando la discapacidad desde lo que un niño “no puede hacer”, en lugar de preguntarnos qué necesita para poder hacerlo.

Si un niño necesita una maestra de apoyo, una adaptación, determinadas estrategias pedagógicas, más tiempo, una organización diferente o acompañamiento profesional, eso no debería convertirlo en un alumno “imposible”.

Debería activar los mecanismos de inclusión.

La discapacidad no está solamente en la persona. También está en las barreras que encuentra en su entorno.

Y una escuela inclusiva no es aquella que simplemente permite que un niño esté sentado dentro de un aula. Es aquella que trabaja para que pueda participar, aprender y formar parte de la comunidad educativa.

Nuestros hijos tampoco deberían convertirse en un problema que las familias tienen que resolver solas.

Necesitamos escuelas capacitadas, docentes acompañados, equipos de orientación preparados y un sistema que permita que la inclusión sea posible en la práctica y no solamente una declaración escrita en una ley.

Detrás de cada CUD hay un niño

A veces parece que cuando una familia dice “mi hijo tiene CUD”, el colegio deja de escuchar el nombre del niño y empieza a escuchar solamente su diagnóstico.

Pero detrás de cada CUD hay un niño.

Hay un nombre, una personalidad, una sonrisa, amigos que quiere hacer, cosas que quiere aprender, juegos que quiere compartir y sueños que todavía ni siquiera puede expresar.

Hay una familia que probablemente lleva años acompañando terapias, médicos, evaluaciones, tratamientos y esfuerzos que muchas veces nadie ve.

Y hay padres que no están pidiendo que sus hijos sean tratados de manera diferente.

Están pidiendo que tengan la misma oportunidad.

No queremos que nuestros hijos sean aceptados por lástima.

No queremos una escuela que les haga un favor.

Queremos una escuela que entienda que la diversidad forma parte de cualquier comunidad y que educar también significa aprender a convivir con las diferencias.

Porque nuestros hijos no necesitan que alguien les abra una puerta por compasión.

Necesitan que nadie se las cierre por tener una discapacidad.

La inclusión no debería depender de encontrar “el colegio que se anime”.

Debería ser una realidad.

Y quizás haya llegado el momento de que, como sociedad, dejemos de preguntarnos qué colegio está dispuesto a recibir a nuestros hijos y empecemos a preguntarnos:

¿Qué sociedad queremos construir para ellos?

En las últimas semanas, el juicio a Lindsay Clancy colocó a la salud mental perinatal en el centro de la conversación pública. Su historia circula por medios de comunicación y redes sociales acompañada de palabras como depresión posparto, psicosis posparto, suicidio, infanticidio, pensamientos intrusivos y problemáticas de salud mental.

Quizás una de las reflexiones más necesarias que este caso nos deja no tenga que ver solamente con preguntarnos qué ocurrió y porqué, sino además observar cómo hablamos de lo que ocurrió.

Porque visibilizar la salud mental perinatal es indispensable. Pero visibilizar no alcanza. Necesitamos también precisión y cuidado para formar e informar con evidencia y sensibilidad.

Cuando conceptos clínicos diferentes se utilizan indistintamente, cuando la psicosis posparto se presenta como una forma extrema de depresión posparto o cuando los pensamientos intrusivos son asociados rápidamente con el riesgo de ejercer violencia, la información que pretendía sensibilizar puede terminar generando confusión, temor y estigma.

Diferenciar también es cuidar

La depresión posparto y psicosis posparto no son términos intercambiables, y la psicosis posparto no debería comunicarse simplemente como una ‘depresión posparto grave’. Su presentación clínica incluye alteraciones en el criterio de realidad —como delirios y alucinaciones—, síntomas afectivos y cognitivos, suele tener un inicio abrupto y la evidencia actual señala una estrecha relación con el espectro bipolar. (Bergink et al., 2026).

Aunque pueden existir síntomas afectivos y presentaciones complejas, la psicosis posparto constituye una emergencia psiquiátrica poco frecuente, con una incidencia estimada de aproximadamente 1 a 2 casos cada 1.000 nacimientos. (Jairaj et al., 2023; Osborne, 2023).

Su inicio suele ser abrupto, habitualmente durante las primeras semanas después del nacimiento, y puede incluir insomnio severo, agitación, confusión, alteraciones marcadas del estado de ánimo, desorganización, delirios, alucinaciones y cambios rápidos o fluctuantes del estado mental.

Una característica particularmente relevante es que su presentación puede no coincidir con la representación social que tenemos de una persona con una descompensación psicótica. Pueden existir momentos de aparente organización alternados con períodos de profunda alteración. Los contenidos delirantes, además, pueden estar relacionados con el bebé, la maternidad, la culpa, la protección, la amenaza o determinadas creencias religiosas.

Reconocer estas particularidades requiere conocimiento específico y diferenciarlas de otras experiencias frecuentes durante el período perinatal también.

Los pensamientos intrusivos de daño, por ejemplo, pueden aparecer en trastornos de ansiedad y especialmente en el trastorno obsesivo-compulsivo perinatal. Son pensamientos, imágenes o impulsos no deseados que generan angustia precisamente porque resultan ajenos a los deseos y valores de quien los experimenta. No son equivalentes a un delirio ni a una alucinación y por tanto su presencia no significa, por sí misma, que una madre quiera dañar a su bebé. (Hudak & Wisner, 2012; Hudepohl et al., 2022).

Esta distinción clínica es también una distinción ética. Una mujer necesita poder hablar de aquello que piensa y siente sin temer que sus palabras sean inmediatamente interpretadas como evidencia de peligrosidad.

La formación especializada importa

El caso Clancy deja además otra pregunta compleja ¿Qué significa realmente tener acceso a atención en salud mental durante el período perinatal?

Sabemos que en este particular caso, existieron consultas, intervenciones profesionales, tratamientos farmacológicos e incluso una internación. Sin embargo, la reconstrucción de su trayectoria asistencial muestra también la complejidad que puede adquirir la búsqueda de ayuda cuando intervienen distintos profesionales y dispositivos.

Tener acceso al sistema no necesariamente significa acceder a atención especializada en salud mental perinatal.

Durante mucho tiempo, gran parte de nuestros esfuerzos de sensibilización se concentraron en transmitir un mensaje fundamental: pedir ayuda.

Necesitamos conservar ese mensaje, pero también ampliarlo. Porque cuando una mujer pide ayuda debe existir del otro lado un sistema capaz de reconocer aquello que está ocurriendo.

La salud mental perinatal requiere competencias específicas. Profesionales de psicología, psiquiatría, obstetricia, medicina familiar, pediatría, enfermería y otras disciplinas que participan del cuidado perinatal necesitan conocer no solamente la prevalencia de los trastornos mentales durante este período, sino también sus formas particulares de presentación, los diagnósticos diferenciales, los factores de riesgo y las señales que requieren una intervención urgente.

Esto resulta especialmente relevante frente a cuadros poco frecuentes pero potencialmente graves como la psicosis posparto y requiere saber qué hacer cuando aparecen. La formación especializada no debería ser un lujo reservado a quienes deciden dedicarse específicamente a este campo.

Conocimientos básicos sobre salud mental perinatal deberían formar parte de las competencias de quienes atienden mujeres y familias durante el embarazo y el posparto.

Psicosis posparto no es sinónimo de violencia

Existe, sin embargo, otro riesgo cuando hablamos de estos cuadros a partir de acontecimientos trágicos: Que terminemos definiendo una enfermedad por su desenlace más extremo.

La psicosis posparto merece ser conocida porque constituye una emergencia de salud mental que necesita reconocimiento y tratamiento específicos y rápidos. Pero asociarla automáticamente con infanticidio reproduce una relación simplificada entre enfermedad mental y violencia.

Los acontecimientos extremos reciben cobertura periodística precisamente porque son excepcionales.

Cuando una de las pocas oportunidades en las que la sociedad escucha hablar de psicosis posparto es después de la muerte de un niño, resulta fácil que quede instalada una asociación: psicosis posparto = madre peligrosa.

Esa asociación no solamente es clínicamente imprecisa. Puede tener consecuencias: puede aumentar el estigma hacia las mujeres que atraviesan enfermedades mentales graves. Puede incrementar el temor de las familias y puede dificultar que una mujer comunique experiencias que ya de por sí pueden resultar aterradoras o incomprensibles.

Hablar de riesgo es necesario porque ocultarlo tampoco protege, pero comunicar riesgo no significa convertirlo en linealidad

Una mujer que atraviesa una psicosis posparto es, antes que nada, una persona atravesando una emergencia de salud que necesita atención inmediata, especializada y compasiva.

Los medios y las redes también construyen salud

La forma en que los medios de comunicación y las redes sociales cuentan estas historias importa. Importan los titulares, las imágenes, las palabras elegidas y también importa qué información se decide dejar afuera.

La comunicación responsable sobre salud mental perinatal debería evitar tanto el sensacionalismo como la simplificación diagnóstica. Debería diferenciar depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y psicosis; evitar utilizar estos términos como intercambiables y contextualizar adecuadamente los acontecimientos excepcionales.

También debería recordar algo elemental: detrás de cada diagnóstico hay una persona y una familia.

Las redes sociales agregan otro desafío. La intención de sensibilizar puede conducir a producir mensajes breves, impactantes y fácilmente compartibles. Pero la complejidad clínica no siempre cabe en un post o reel.

Decir que “la depresión posparto puede terminar en psicosis” puede parecer una manera sencilla de alertar sobre la gravedad del sufrimiento materno, pero transmite una idea equivocada.

Decir que “los pensamientos de hacer daño al bebé son una señal de psicosis” puede generar alarma, pero también puede hacer que muchas mujeres con pensamientos intrusivos no se atrevan a contarlos.

Y utilizar un caso de infanticidio como ejemplo paradigmático de un trastorno del ánimo perinatal puede aumentar la visibilidad de un diagnóstico al mismo tiempo que profundiza su estigma, porque comunicar también es intervenir.

Hablar más. Pero también hablar mejor

El caso de Lindsay Clancy seguirá siendo analizado desde múltiples perspectivas: judiciales, de salud mental, familiares, sociales y mediáticas. Sería importante que la conversación que abre este caso no sea solo sobre la psicosis posparto. Quizás pueda servirnos para algo más:

1- Para preguntarnos cuánto sabemos realmente sobre las problemáticas de salud mental asociadas al período perinatal.

2- Para revisar la formación de los profesionales de salud acompañan embarazos y postpartos.

3- Para construir mejores circuitos de detección y atención.

4-Para diferenciar experiencias clínicas que no deberían confundirse.

5- Para exigir mayor responsabilidad cuando la salud mental materna/perinatal se convierte en noticia o contenido para redes sociales.

Durante años hemos trabajado para que la salud mental materna dejará de ser invisible y ese trabajo sigue siendo imprescindible.

Pero la visibilidad trae consigo una nueva responsabilidad: que aquello que hacemos visible no quede reducido a diagnósticos confundidos, información sensacionalista o titulares que producen miedo o estigma.

Porque sensibilizar sobre salud mental perinatal significa además de conseguir que se hable del tema, construir una conversación pública en la que una mujer pueda reconocer lo que le ocurre, una familia pueda identificar cuándo pedir ayuda y un profesional sepa cómo responder oportunamente.

*Licenciada y profesora en psicología María Agustina Capurro, MN 69748 (@psiagustinacapurro). Este artículo fue publicado en Postpartum Support International (PSI)

Eliminar barreras de entrada no alcanza. Sin precios reales de venta, información confiable y sistemas de cooperación entre inmobiliarias, el mercado inmobiliario seguirá fragmentado. El Estado debe aportar datos; los privados, interoperabilidad, cooperación y competencia.

Argentina discute la desregulación inmobiliaria y la pregunta más repetida es quién puede intermediar una propiedad. Pero hay otra bastante más importante: ¿cómo debería funcionar el mercado inmobiliario después de la desregulación? Es que eliminar una barrera no construye automáticamente un mercado eficiente.

Hoy Argentina tiene dos problemas estructurales.

- Falta de información sobre precios reales de venta.

Tenemos miles de propiedades publicadas y una enorme cantidad de precios de oferta. Pero conocemos mucho menos, de manera organizada y accesible, los valores a los que las propiedades efectivamente se venden.

Lo que todavía falta es infraestructura de mercado

Y no es lo mismo. El precio publicado es una expectativa. El precio de cierre es mercado.

Sin buenos datos de operaciones reales, el propietario recibe tasaciones muy diferentes, el comprador negocia con menos información, el desarrollador invierte con mayor incertidumbre y el banco evalúa peor el inmueble que tomará como garantía.

- Fragmentación de la oferta inmobiliaria.

Las propiedades están distribuidas entre inmobiliarias independientes, franquicias, redes privadas, portales, redes sociales y particulares. Cada uno tiene una parte del inventario. El comprador tiene que reconstruirlo.

Y cuando una inmobiliaria tiene al vendedor y otra al comprador, la cooperación muchas veces depende de relaciones personales y acuerdos improvisados, en lugar de reglas claras y estándares comunes.

Tenemos propiedades. Tenemos compradores. Tenemos tecnología. Lo que todavía falta es infraestructura de mercado.

Eliminar una barrera no construye automáticamente un mercado eficiente

Otros países resolvieron distintas partes del problema con herramientas diferentes.

• Estados Unidos desarrolló sistemas MLS privados que permiten compartir inventario bajo reglas comunes de cooperación y estándares tecnológicos.
• España y Finlandia desarrollaron mejores estadísticas construidas a partir de operaciones efectivamente realizadas.

No existe un modelo único. Pero existe una lógica común: un mercado funciona mejor cuando sabe qué se vendió, a qué precio y qué está disponible.

Argentina podría construir su propia solución. El Estado no necesita crear un portal inmobiliario ni un MLS estatal. Necesita hacer pocas cosas y hacerlas bien.

Las escrituras, registros y organismos públicos ya generan información sobre compraventas. Protegiendo la privacidad de las personas, estos datos podrían transformarse en estadísticas confiables sobre precios efectivos, zonas, tipologías, volumen de operaciones y evolución del mercado.

La próxima reforma debería preguntarse qué necesita el mercado para funcionar

El Estado debe aportar información. Después deben trabajar los privados. Inmobiliarias, franquicias, redes y plataformas deberían poder interoperar, compartir inventario bajo reglas voluntarias y competir por servicio, reputación, tecnología y resultados.

Los privados deben aportar conexión y competencia. Cooperar no significa dejar de competir. Significa que la información básica puede circular mientras las empresas compiten por hacer mejor su trabajo. Eso cambia completamente el eje.

Durante décadas Argentina se preocupó por definir quién podía entrar al mercado. La próxima reforma debería preguntarse qué necesita el mercado para funcionar.

La respuesta puede resumirse en tres ideas:

• más libertad para trabajar
• mejores datos para decidir
• mayor interoperabilidad para competir

Eso es desregular organizando. La motosierra puede eliminar estructuras, pero la etapa verdaderamente difícil viene después: construir un mercado inmobiliario más transparente, conectado y competitivo.

El autor es empresario inmobiliario

La política exterior de la segunda Administración de Donald Trump tiene cada vez más un rostro económico y financiero en el marco de la filosofía transaccional que promueve la Casa Blanca. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha denominado a esta concepción “economic statecraft”, que representaría el salto cualitativo del Tesoro a la geopolítica con el uso deliberado de herramientas económicas y financieras para alcanzar objetivos de seguridad nacional y política exterior. En el ejercicio e implementación de estos propósitos, se ha convertido en casi un Canciller de facto, aunque ese cargo le corresponda al Secretario de Estado Marco Rubio.

La diferencia no es meramente semántica. El enfoque se basa en la concepción estratégica de que, si Estados Unidos posee una ventaja económica y financiera de particular magnitud, debería utilizarla con la misma intensidad que al poder militar. Esa práctica se ha empezado a aplicar tanto para aliados como con respecto a adversarios. El ascenso del Secretario del Tesoro ilustra esa transformación. Mientras Rubio dispone de embajadas y diplomáticos, Bessent maneja bancos, sanciones, aranceles, deuda, mercados y, sobre todo, el dólar.

El conjunto de esas herramientas explica por qué Scott Bessent ha adquirido una relevancia internacional que excede ampliamente las funciones tradicionales del Tesoro. Varios ejemplos ilustran ese giro. En agosto de 2026, lanzó la denominada “Operation Economic Outcast”, una campaña, incluso en el marco del G-20, destinada a aislar económicamente a Irán e intentar modificar las decisiones de terceros países en el sentido que mantener determinados vínculos económicos o políticos con Teherán podría afectar seriamente el acceso al sistema financiero estadounidense.

Las sanciones contra Rusia, por la guerra contra Ucrania, demostraron hasta qué punto puede llegar el mecanismo de penalización ejecutado por Bessent, además de utilizar las sanciones como una herramienta o palanca gradual de negociación con Moscú sin provocar una crisis energética o financiera. También fue clave en el acuerdo sobre los recursos minerales de Kiev a favor de Estados Unidos.

Otro ejemplo del poder de Bessent se extiende a las negociaciones con China, donde no solo es factor decisivo de la disputa comercial y tecnológica entre Washington y Beijing, además de administrar la interdependencia entre las dos economías y reordenar las cadenas de suministro, sino que se ha convertido en el factótum principal de la táctica geopolítica para determinar quién controlará en última instancia las dependencias estratégicas de la economía mundial.

Con la India está intentando que se convierta en una alternativa comercial a China dentro de las cadenas globales de producción y suministro.

El mensaje a Nueva Delhi es que, si reduce la dependencia a Rusia y China, tendrá un acceso mucho más favorable al mercado y la inversión estadounidense. De hecho, convirtió el arancel en una ficha de negociación para reducir las compras de petróleo a Rusia. También logró que India contribuya a contener el modelo exportador chino.

En las negociaciones con la Unión Europea, el Tesoro parece utilizar el acceso al mercado de Estados Unidos con una intención de integración selectiva para conseguir mayores compromisos europeos incluso en áreas como los conflictos del Medio Oriente y otras prioridades en el marco de la OTAN. Canadá es otro ejemplo de ese accionar al utilizar la posibilidad de revisar el acuerdo de libre comercio para influir sobre la política interna y externa de un aliado histórico. Con la UE, como con Canadá, Bessent está intentando unir comercio, inversión y seguridad nacional en una misma negociación.

La diplomacia de Bessent tiene también otra cara más amigable y cooperativa destinada a sostener, estabilizar y premiar a países considerados estratégicos. Fue el caso de la asistencia otorgada a la Argentina a finales del 2025, pero también el respaldo a Japón en julio 2026, en el que también actuó con recursos del Exchange Stabilization Fund para sostener el yen o la operación destinada a estabilizar el won de Corea del Sur. En este marco, la estabilidad económica de aliados se convierte en un objetivo geopolítico.

Estos ejemplos refuerzan la idea de que la diplomacia de Estados Unidos ya no se mide solo por las fuerzas armadas y la capacidad nuclear que pueda movilizar. El punto central hoy son las puertas financieras que pueda abrir o cerrar. Por eso la gestión del Secretario del Tesoro merece ser observada con atención al haber llevado a la geopolítica la lógica de Wall Street donde todo tiene un precio, toda concesión exige una contrapartida y todo vínculo internacional puede convertirse en una transacción.

La Operación Eureka LXXVIII pone sobre la mesa un escenario que merece especial atención. Sus resultados muestran condiciones biológicas poco favorables para la anchoveta, con una elevada presencia de juveniles y niveles bajos de condición somática y contenido graso, en un contexto de condiciones ambientales todavía desfavorables. Los resultados no permiten mirar la próxima temporada con ligereza y hacen necesario mantener una vigilancia estrecha sobre la evolución del recurso.

La historia nos recuerda que no es la primera vez que la pesca peruana enfrenta un escenario de esta naturaleza. En 1997 y 1998, las condiciones asociadas a El Niño llevaron a una prolongada interrupción de la actividad extractiva. Años después, en 2014 y 2015, se presentaron nuevamente episodios que evidenciaron cómo las condiciones oceanográficas pueden alterar la disponibilidad y el comportamiento de la anchoveta. Estos antecedentes muestran que la pesquería está sujeta a ciclos marinos que pueden modificar las condiciones de una temporada y exigen capacidad de adaptación frente a un mar que no permanece constante.

Los resultados de Eureka aportan elementos relevantes para esa evaluación. La elevada presencia de juveniles, que alcanzó el 65 % en número y el 48 % en peso, junto con la persistencia de condiciones ambientales poco favorables, refuerza la necesidad de mantener un monitoreo cercano de la población. Al mismo tiempo, el incremento de la actividad reproductiva observado durante agosto muestra que el recurso continúa respondiendo a las condiciones del entorno. Es precisamente esta combinación de factores la que exige prudencia y evita que una fotografía del momento sea interpretada como una certeza sobre lo que ocurrirá en los próximos meses.

Para el sector pesquero, las decisiones que se desprenden de esta situación tienen un costo evidente. Una eventual ausencia de una segunda temporada supone menores ingresos para las empresas y efectos que alcanzan a trabajadores, proveedores y distintas actividades vinculadas a la cadena pesquera. No obstante, asumir ese costo no significa renunciar al futuro de la actividad. Por el contrario, supone reconocer que la continuidad de la pesquería depende de que las decisiones de hoy permitan conservar las condiciones para su desarrollo posterior.

En ese contexto, resulta relevante la disposición que ha mostrado el sector pesquero para apoyar el trabajo científico y poner sus capacidades a disposición del monitoreo del recurso. La Operación Eureka LXXVIII se realizó con la participación de embarcaciones de la flota industrial, bajo la coordinación del IMARPE, y permitió actualizar información sobre la distribución, estructura y condición biológica de la anchoveta. Esta colaboración adquiere especial importancia en un escenario en el que las condiciones pueden cambiar y en el que contar con información oportuna resulta indispensable para reducir la incertidumbre.

La principal enseñanza de esta operación, entonces, no está únicamente en la posibilidad de una temporada menos, sino en la importancia de contar con información suficiente para decidir cuándo pescar y cuándo esperar. El desafío hacia el 2027 será mantener ese esfuerzo de investigación y monitoreo, de manera que las decisiones sobre la anchoveta respondan a la evolución real del recurso y no a expectativas ajenas a ella.

Para una pesquería de la importancia de la peruana, esa capacidad de adaptarse a la evidencia será tan importante como la capacidad de aprovechar el recurso cuando las condiciones lo permitan.

Una pelea entre alumnos, un celular robado en el recreo, una amenaza entre compañeros, o el empujón que provoca lesiones. Situaciones variadas que se resuelven en el espacio escolar, con llamado a los padres y mediación docente. A partir del 5 de septiembre, con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, esos jóvenes podrían convertirse en imputados penales. Y los directores y maestros, en los primeros eslabones de una cadena que lleva a adolescentes de 14 años ante la Justicia.

La nueva norma establece un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que alcanza a jóvenes de entre 14 y 18 años recién cumplidos, pero lo más grave, es que aplica todo hecho tipificado como delito en el Código Penal. Su alcance va mucho más allá de modificar la edad mínima de imputabilidad: amplía considerablemente el universo de conductas que pueden llevar a un adolescente ante la Justicia penal.

El aula como antesala del juzgado

La escuela secundaria es el espacio donde los adolescentes comprendidos en esa franja etaria transcurren su cotidianidad. Allí se los conoce, se observa su trayectoria, sus vínculos, sus dificultades. Y, muchas veces, se detectan situaciones que ninguna otra institución del Estado llega a conocer a tiempo.

Pero la nueva ley le agrega a ese rol una carga inédita: la aplicación de todo el Código Penal y la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente cualquier delito que ocurra en el establecimiento. Lesiones, amenazas, hurtos, riñas: todos deberían ser reportados. Lo que hasta ayer era un conflicto escolar, desde el 5 de septiembre puede ser una causa penal.

El problema es evidente: si cada incidente escolar se judicializa, el colapso del sistema no tardará en llegar. Y la respuesta que los impulsores de la ley esperaban será obstaculizado por miles de denuncias con poco futuro real.

Denunciar no es lo mismo que judicializar

Hay una distinción crucial que la ley no termina de resolver: una cosa es cumplir con el deber legal de comunicar una situación que requiere intervención estatal eficiente, y otra muy diferente es convertir automáticamente cada conflicto protagonizado por adolescentes en una causa penal.

Hoy, gran parte de esos hechos son abordados por docentes, directivos y equipos técnicos que intentan construir soluciones reales a problemas cotidianos. Con herramientas pedagógicas, con mediación, con contención. Esa capacidad institucional no puede ignorarse ni desactivarse, sin más, por la nueva ley.

La obligación de denunciar no puede transformarse en una obligación de judicializar. Es necesario construir nuevos acuerdos sociales: prevenir sin criminalizar.

Qué modelo queremos para nuestros adolescentes

La propia Ley 27.801 reconoce que las respuestas al conflicto juvenil deben vincularse con la educación, la resocialización y la integración social. Incluso prevé medidas para garantizar la continuidad de los estudios de los adolescentes involucrados en procesos penales. Es una señal contradictoria: el mismo texto que amplía la punición también reconoce que la solución no puede ser solo punitiva.

Frente a ese escenario, la escuela necesita un papel institucional sólido: prevención, detección temprana, mediación, justicia restaurativa, y garantía de continuidad educativa. No para reemplazar a jueces ni fiscales, sino para actuar antes de que sean necesarios o en coordinación con ellos. Cuanto más amplio es el sistema penal, más urgente se vuelve una política de prevención que funcione río arriba.

Eso requiere equipos especializados, capacitación docente, articulación con los Servicios Locales de Protección de Derechos, mecanismos de mediación y, sobre todo, voluntad política de no abandonar al adolescente en la puerta de un juzgado, pensando que de esta manera resolvemos los problemas.

La verdadera discusión que abre esta nueva etapa, no es solo a qué edad comienza la responsabilidad penal, como muchos pretenden, sino qué modelo de política criminal queremos construir para los adolescentes de la Argentina. Y en esa respuesta, la escuela debería ser la primera oportunidad para evitar el sistema penal, no la primera puerta de entrada.

Tenga en cuenta el lector que a los problemas adolescentes del siglo XXI le estamos aplicando el Código Penal de 1921, con diferentes lógicas, miradas e intervenciones. Por ello, es necesario generar nuevos acuerdos, seguir acompañando a docentes, maestros y directivos en su labor cotidiana, fortalecer los espacios de responsabilidad administrativa escolar y programar realmente, cual es el futuro que pretendemos para la niñez y la adolescencia.

Cada vez que el Perú enfrenta la amenaza de un Fenómeno de El Niño, lluvias intensas, inundaciones o huaicos, la discusión suele concentrarse en una pregunta: ¿podemos predecir cuándo ocurrirá? Sin embargo, existe una pregunta quizá más importante: ¿qué hacemos con esa información cuando sabemos que el riesgo se aproxima?

Hoy contamos con una herramienta que puede cambiar radicalmente la manera en que respondemos a los desastres naturales: la inteligencia artificial. Pero antes de hablar de algoritmos, modelos predictivos o automatización, debemos hablar de datos.

Durante años hemos escuchado que los datos son “el nuevo petróleo”. La comparación resulta especialmente pertinente cuando hablamos de inteligencia artificial. Un automóvil no puede funcionar adecuadamente si utiliza un combustible incorrecto. De la misma manera, un modelo de inteligencia artificial difícilmente ofrecerá resultados confiables si se alimenta con información desactualizada, incompleta, fragmentada o de baja calidad.

El Perú tiene una ventaja importante: los datos existen. Tenemos información histórica de fenómenos anteriores, registros meteorológicos, información hidrológica, imágenes satelitales, información territorial y datos demográficos. Instituciones como el SENAMHI y el INEI generan información valiosa que podría contribuir a construir sistemas mucho más sofisticados de prevención.

El desafío está en integrar esas piezas.

Ese pronóstico es importante, pero todavía no responde la pregunta que realmente importa para la gestión pública: ¿qué va a pasar con las personas?

Para responderla necesitamos cruzar la información meteorológica con datos sobre ríos, cuencas y humedad del suelo, pero también con imágenes satelitales y, especialmente, con información sobre infraestructura y población.

¿Dónde están las carreteras? ¿Qué hospitales podrían quedar afectados? ¿Cuántos colegios podrían quedar aislados? ¿Qué comunidades se encuentran en zonas vulnerables? ¿Qué población necesitaría ser evacuada o atendida primero?

Ahí está una de las grandes oportunidades de la inteligencia artificial: pasar de predecir un fenómeno a anticipar su impacto.

La diferencia es enorme.

Saber qué carreteras quedarán interrumpidas, qué centros de salud podrían perder capacidad de atención y dónde se concentra la población vulnerable sí puede ayudar a priorizar acciones.

Por eso, la inteligencia artificial no debería plantearse como un reemplazo de los modelos meteorológicos, físicos o numéricos existentes, ni mucho menos del conocimiento de los especialistas. Su mayor potencial está en complementarlos, acelerar el análisis y conectar grandes volúmenes de información para generar escenarios que permitan tomar mejores decisiones.

Hace algunos años, integrar diferentes fuentes de información, realizar análisis estadísticos y desarrollar modelos predictivos podía requerir varios meses. Hoy, con las herramientas disponibles, determinados procesos pueden acelerarse significativamente. Esto abre una posibilidad que el Estado debería aprovechar: desarrollar soluciones progresivas que permitan probar, aprender, corregir y escalar.

No necesitamos esperar a construir el sistema perfecto para comenzar.

Podemos empezar con un caso concreto, integrar determinadas fuentes de información, desarrollar un modelo inicial, medir sus resultados y posteriormente incorporar nuevas variables. La tecnología permite evolucionar estos sistemas de manera mucho más rápida que en el pasado.

Pero existe un riesgo que debemos evitar: creer que tener un buen modelo equivale a estar preparados.

Si nadie utiliza esa información para tomar decisiones, seguimos teniendo únicamente información.

Este es, probablemente, uno de los principales desafíos del Perú: pasar de la información a la acción.

La inteligencia artificial puede generar una alerta, identificar una zona de riesgo o priorizar una determinada población. Pero alguien debe decidir qué hacer con esa alerta. ¿Se movilizan recursos? ¿Se habilitan refugios? ¿Se interviene una carretera? ¿Se prepara un centro de salud? ¿Se comunica a la población?

La tecnología no puede evitar que llueva. Tampoco puede impedir que ocurra un Fenómeno de El Niño. Lo que sí puede hacer es ayudarnos a reducir su impacto.

En gestión de riesgos existe una premisa fundamental: cuando un fenómeno no puede evitarse, debemos trabajar en su mitigación. Y mitigar significa anticiparnos, prepararnos y reducir las consecuencias.

Para lograrlo, el país necesita construir un verdadero ecosistema de datos. Las instituciones públicas deben poder interoperar y compartir información; las empresas tecnológicas pueden aportar conocimiento y capacidad para integrar esas fuentes; y los especialistas en meteorología, hidrología, territorio y gestión de riesgos deben continuar aportando el criterio técnico.

La trazabilidad y el gobierno de los datos serán fundamentales cuando las decisiones puedan tener consecuencias directas sobre miles de personas.

El Perú no parte de cero. Tenemos instituciones, información histórica, profesionales especializados y talento tecnológico capaz de desarrollar estas soluciones. No necesariamente necesitamos traer conocimiento desde fuera: gran parte de las capacidades ya existen en el país.

Lo que necesitamos es conectar esas capacidades.

Tenemos las piezas del rompecabezas, pero todavía están dispersas. El verdadero desafío consiste en unirlas, convertir datos en conocimiento y, finalmente, transformar ese conocimiento en decisiones.

Porque frente a un desastre natural, anticiparse no significa necesariamente saber exactamente qué ocurrirá. Significa saber dónde existe mayor riesgo, quiénes serán los más afectados, qué recursos debemos priorizar y cuánto tiempo tenemos para actuar.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a responder esas preguntas.

Pero el verdadero salto tecnológico no estará en tener más información. Estará en nuestra capacidad de convertirla en prevención.

Y frente al próximo gran fenómeno natural, esa diferencia puede significar mucho más que eficiencia: puede significar reducir pérdidas, proteger infraestructura y, sobre todo, proteger vidas.

Nadie votó para regresar al equilibrismo. El gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo una Argentina inequívocamente occidental, estratégicamente aliada de Estados Unidos y enfrentada políticamente a las autocracias globales. Comerciar con China es una cosa; convertir a Beijing en socio financiero, tecnológico y estratégico es otra completamente distinta. La diferencia no es semántica: se llama Seguridad Nacional.

El canciller Pablo Quirno pronunció recientemente una definición que merece ser evaluada con toda la honestidad que exige la política exterior. Consultado sobre la relación entre Estados Unidos, China y Argentina, afirmó que sería un “mito” que Washington condicione su apoyo a la reducción de los vínculos con Beijing. Añadió que China es nuestro segundo socio comercial y que las relaciones comerciales y estratégicas “no son excluyentes”.

Hasta aquí podría tratarse de una descripción comercial. El problema de fondo es la contradicción con el mandato político que usó el Gobierno para llegar al poder. Durante la campaña de 2023 la definición fue explícita: alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel y rechazo político a las autocracias comunistas. Al mismo tiempo, se aclaró, correctamente, que el Estado no debía impedir que los privados comerciaran con quienes quisieran.

Una cosa era libertad comercial; otra, política exterior. El mandato era apertura económica, pero pertenencia estratégica al Mundo Libre. Por eso resulta complejo utilizar la libertad de comercio como caballo de Troya para justificar una aproximación estratégica hacia China.

Nadie votó para reemplazar el viejo equilibrismo diplomático del kirchnerismo por una versión libertaria de la misma ambigüedad. No se votó para proclamar a Estados Unidos como aliado mientras el Estado argentino negocia simultáneamente con Beijing cuestiones financieras, inversiones sensibles, infraestructura y visitas políticas del más alto nivel.

Comerciar no es el problema. El peligro es no trazar la frontera donde termina el mercado y comienza la Seguridad Nacional. Vender carne vacuna a China es comercio. ¿Pero redes 5G administradas por Huawei? ¿El control de los datos? ¿La infraestructura de telecomunicaciones? ¿La energía, los minerales críticos, los puertos, las instalaciones espaciales y la tecnología que atraviesa Vaca Muerta?

No. Eso es poder. Y cuando un Estado extranjero adquiere capacidad de influencia sobre sectores críticos, dejamos de discutir una factura comercial para hablar de soberanía, inteligencia, dependencia y Seguridad Nacional.

La diplomacia ciudadana como contralor estratégico

La política exterior y la Seguridad Nacional no son patrimonio exclusivo de una burocracia. En una democracia, la sociedad civil tiene el derecho (y frente a decisiones estratégicas, también la responsabilidad) de observar, cuestionar e interpelar al poder. Esa es una de las funciones de la diplomacia ciudadana: ejercer participación y escrutinio cívico sobre aquellas decisiones que comprometen el lugar de la Argentina en el mundo.

Los modelos de participación internacional, desarrollados en el International Visitor Leadership Program (IVLP) del Departamento de Estado, se basan en una tradición democrática que reconoce a ciudadanos, organizaciones civiles, especialistas y medios de comunicación como actores de la conversación internacional.

Por eso interpelar públicamente temas de política exterior no significa sustituir a la diplomacia profesional. Significa ejercer ciudadanía. La posibilidad de cuestionar al poder, exigir coherencia a los gobernantes y hacerlo desde una prensa libre (incluso cuando periodistas y medios son atacados y denigrados) constituye precisamente una de las diferencias esenciales entre las democracias occidentales y los sistemas autoritarios que decimos no querer imitar.

Gratitud diplomática

Frente a esta desorientación, el embajador Peter Lamelas ha señalado vulnerabilidades estratégicas que se han relativizado, especialmente frente al uso de tecnología no confiable en redes, datos e infraestructura vinculada incluso a Vaca Muerta.

Resulta paradójico que deba ser un embajador extranjero quien advierta públicamente aquello que los funcionarios deberían estar discutiendo primero. Esta ambigüedad erosiona el capital estratégico y político acumulado con la administración del presidente Donald Trump. Estados Unidos estuvo cuando la Argentina lo necesitó y decidió apostar políticamente por el país en momentos críticos.

Una alianza sólida no nos convierte en colonia. Precisamente porque somos una Nación soberana debemos distinguir entre aliados, competidores y amenazas. La soberanía no significa tratar a todos como si fueran iguales. Eso no es independencia: es ausencia de estrategia.

El “China Shock 2.0” y el futuro de la soberanía

La desconexión diplomática se agrava con la ceguera frente a la realidad productiva. Mientras se celebran toneladas exportadas, el mundo debate el denominado “China Shock 2.0”: una nueva marea de bienes industriales subsidiados —vehículos eléctricos, baterías, semiconductores, energía solar y sectores tecnológicos avanzados— impulsada por crédito dirigido, planificación estatal y sobrecapacidad manufacturera.

Una Argentina que sueña con ser potencia no puede resignarse a ser una mina, una estación de servicio y un supermercado para la maquinaria industrial de Beijing. Queremos venderle alimentos a China, por supuesto. Pero también queremos fabricar acero, maquinaria, software, energía, biotecnología y tecnología argentina. Queremos trabajadores bien pagos, empresarios compitiendo e industria nacional capaz de sobrevivir.

Dejar indefensa la producción frente a una potencia que utiliza todo el aparato de su Estado para conquistar mercados no es libre competencia. Es competencia entre un empresario y un Estado. El propio canciller sostuvo que “los principios adquieren valor cuando se convierten en conducta”. Exactamente. Res non verba.

Si pertenecemos a Occidente, que se note. Si Estados Unidos es aliado estratégico, que se note. Si se busca defender la industria, los datos, las comunicaciones, la energía y los recursos estratégicos, que se note. Y si el Gobierno decidió abandonar aquella definición estratégica de 2023 para regresar al viejo juego de la ambigüedad entre Washington y Beijing, sería justo exponerlo públicamente.

La Seguridad Nacional no se terceriza ni se remata. La verdadera pregunta nunca fue quién nos compra la carne. La pregunta es quién controlará la tecnología, los recursos, los datos y la infraestructura de la Argentina que viene. Y eso no puede ser un mito. Es geopolítica y soberanía.

La exposición permanente al conflicto, a los discursos violentos, a las malas noticias y una política cada vez más polarizada puede llevar a muchas personas a evitar aquello que les genera malestar. El alivio es inmediato, pero tiene un costo: ciudadanos menos informados, creencias más rígidas y una democracia con menor capacidad para controlar al poder.

“Prefiero no mirar más las noticias”, “No quiero saber nada”, “Son todos iguales”, “La política no sirve para nada”. Son frases que escuchamos con creciente frecuencia, y no necesariamente provienen de personas históricamente desinteresadas por lo que sucede a su alrededor. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario, son ciudadanos que alguna vez siguieron las noticias, discutieron sobre política, economía o sociedad y que, en determinado momento, comenzaron a tomar distancia.

Algo de la realidad empezó a resultarles demasiado. Guerras, violencia, crisis económicas, corrupción, inseguridad, catástrofes, conflictos políticos, dificultades económicas que atraviesan la propia vida, escándalos que se suceden unos a otros, mientras las pantallas -y los algoritmos- continúan ofreciendo, durante las veinticuatro horas, nuevos motivos para preocuparse, indignarse o sentir impotencia.

Tal vez podamos denominar a ese fenómeno fatiga de la realidad. No se trata de una categoría diagnóstica ni de una enfermedad, es apenas una manera de intentar describir algo que parece cada vez más presente: personas que, frente a una realidad experimentada reiteradamente como amenazante, frustrante o desagradable, comienzan a alejarse de ella como mecanismo de protección.

Los números indican que no estamos solamente frente a una impresión. El Digital News Report 2026, elaborado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, señala que en Argentina apenas el 43% de las personas manifiesta estar muy o extremadamente interesado en las noticias. La confianza general en ellas cayó al 26%, su nivel más bajo en una década, mientras que el 46% reconoce evitarlas algunas veces o con frecuencia (Egan et al., 2026).

No sabemos si todos los que se alejan de las noticias lo hacen por cansancio, angustia o frustración. Sería incorrecto afirmarlo, pero la psicología puede ayudarnos a comprender al menos una parte del fenómeno.

Cuando mirar empieza a producir malestar

Desde una perspectiva cognitivo-conductual podemos imaginar una secuencia relativamente sencilla. Existe primero un estímulo: la exposición reiterada a acontecimientos que la persona percibe como negativos, amenazantes o frustrantes.

Ese estímulo puede desencadenar emociones: tristeza, miedo, bronca, angustia, rechazo, ira, asco, frustración o impotencia.

Y frente a esas emociones aparece una conducta posible: evitar (Beck, 1976; Beck et al., 1979).

Apagar el televisor, no abrir una aplicación de noticias, silenciar determinadas cuentas, pasar rápidamente una publicación, evitar conversaciones políticas, dejar de leer los diarios -de papel o digitales-, incluso abandonar deliberadamente determinados espacios informativos.

Entonces sucede algo importante: la persona se siente mejor. Por un rato, solo por un rato. La psicología cognitivo-conductual conoce bien este mecanismo. Cuando una conducta permite reducir o eliminar temporalmente una experiencia desagradable, aumenta la probabilidad de que esa conducta vuelva a repetirse. Es lo que denominamos reforzamiento negativo.

Si mirar noticias me produce angustia y dejar de mirarlas disminuye esa angustia, la evitación comienza a resultar eficaz. No significa necesariamente que haya dejado de importarme la realidad. Paradójicamente, puede ocurrir exactamente lo contrario: puedo evitarla porque me importa demasiado y porque aquello que observo me produce emociones que ya no quiero experimentar.

Benjamin Toff y Rasmus Kleis Nielsen (2022) estudiaron precisamente esta dimensión emocional de la evitación informativa. Encontraron personas que anticipaban las noticias como generadoras de ansiedad y que además les atribuían escaso valor práctico: las noticias las hacían sentir peor sin que percibieran que conocerlas les otorgara alguna posibilidad concreta de modificar aquello que sucedía. También existe evidencia de una relación entre sobrecarga informativa y evitación, un metaanálisis que reunió 17 investigaciones y más de 13.000 participantes encontró una asociación positiva entre ambos fenómenos (Xu et al., 2026).

Tenemos derecho, naturalmente, a apagar una pantalla. Seleccionar horarios, fuentes y cantidades de información puede incluso constituir una forma saludable de relacionarnos con ella. El problema comienza cuando dejamos de regular la información y empezamos a retirarnos sistemáticamente de la realidad sobre la que esa información habla.

El alivio tiene un costo

La noticia que evitamos puede dejar de producirnos malestar, pero la realidad que describe continúa existiendo. Y mientras disminuye la exposición también pueden disminuir los elementos con los que contamos para comprender fenómenos complejos.

Conocemos menos antecedentes, escuchamos menos argumentos, comparamos menos fuentes, perdemos matices, y podemos quedar cada vez más expuestos a una información incidental, fragmentaria y emocional que llega a nosotros a través de un video de pocos segundos, un título, un posteo compartido por alguien conocido o el contenido que un algoritmo decidió, sesgadamente, mostrarnos. Se produce entonces una paradoja: quien se retira de la información para protegerse de la sobreinformación puede terminar peor informado.

Una investigación reciente de Ludovic Terren y Ana Sofía Cardenal (2025), que combinó encuestas con datos reales de navegación en cinco democracias occidentales, encontró que la evitación intencional y consistente de noticias se encuentra especialmente asociada con menores niveles de conocimiento político. Otro estudio mostró una relación particularmente interesante para nuestro argumento: la exposición a comentarios incivilizados en espacios informativos digitales se asoció con mayor evitación de noticias y, a través de esa evitación, indirectamente con menor conocimiento político (Ardèvol-Abreu et al., 2024).

Podríamos expresarlo de una forma sencilla: la evitación puede proteger emocionalmente al individuo en el corto plazo, pero empobrecer cognitivamente al ciudadano en el largo plazo. Y allí un mecanismo que comenzó siendo psicológico empieza a tener consecuencias políticas.

Dejar de mirar también modifica aquello que pensamos

Nuestra mente no registra la realidad como una cámara. Seleccionamos información, interpretamos, clasificamos, generalizamos, prestamos más atención a determinados acontecimientos que a otros y construimos esquemas con los cuales intentamos comprender un mundo demasiado complejo para ser procesado en su totalidad.

Con el tiempo pueden consolidarse algunas creencias globales: “Todos los políticos son iguales”, “Todo es corrupción”, “La política es toda mala”, “El Estado nunca funciona”, “Nadie hace nada por nadie”, “Participar no sirve”, “Nada va a cambiar”.

No corresponde convertir esas expresiones en diagnósticos psicológicos ni patologizar a quien las sostiene, pero sí podemos reconocer detrás de ellas algunos mecanismos cognitivos conocidos: la sobregeneralización, el pensamiento dicotómico, la abstracción selectiva o el sesgo de confirmación. Una parte comienza a ocupar el lugar del todo. Un caso de corrupción sirve para demostrar que “todos roban”. Un funcionario incompetente confirma que “el Estado no sirve”. Una discusión degradada en el Congreso o en el Concejo Deliberante demuestra que “los políticos solamente se pelean y no resuelven nada”, un gobierno que fracasa permite concluir que “nada funciona”.

Y cuanto más sólida se vuelve esa representación, más fácilmente prestamos atención a aquello que la confirma y menos capacidad tienen los acontecimientos contradictorios para modificarla. El circuito comienza a retroalimentarse: creo que toda la política es mala y por eso evito informarme sobre política.

Al informarme menos, pierdo conocimiento, diversidad y matices, conciencia crítica.

Terminan atravesando esa barrera fundamentalmente aquellos acontecimientos suficientemente extremos, escandalosos o emocionalmente intensos como para capturar nuevamente mi atención. Y esos acontecimientos vuelven a demostrarme que tenía razón: “Viste, son todos iguales”. La creencia -muchas veces falsa- comienza así a fabricar sus propias pruebas.

Una política que también alimenta el cansancio

Pero sería demasiado cómodo explicar todo este fenómeno únicamente desde el comportamiento de los ciudadanos. También debemos preguntarnos qué tipo de política encuentra ese ciudadano cada vez que decide volver a mirar. Una de las características de nuestra época es la creciente transformación de la diferencia política en antagonismo personal.

El adversario deja de ser solamente alguien que propone otras soluciones, representa otros intereses o sostiene una visión diferente de la sociedad. Cada vez con mayor frecuencia se lo presenta como alguien moralmente inferior: corrupto, ignorante, peligroso, antipatriótico o directamente indigno de ser escuchado. La disputa deja de organizarse alrededor de la pregunta acerca de quién tiene mejores argumentos y comienza a estructurarse sobre una división mucho más elemental: nosotros y ellos.

La psicología política denomina polarización afectiva al fenómeno por el cual la distancia política deja de ser solamente ideológica y comienza a expresarse como desconfianza, rechazo o animosidad hacia quienes pertenecen al grupo contrario.

Investigaciones comparativas recientes muestran, incluso, una creciente importancia del rechazo hacia el adversario -el “odio al otro” antes que el “amor a los propios”- dentro de la polarización contemporánea. Esta forma de comunicación resulta especialmente funcional al circuito emocional que venimos describiendo (Garzia y Ferreira da Silva, 2025).

Una persona atravesada por miedo, frustración, bronca o impotencia encuentra en el discurso polarizado algo extremadamente poderoso: una explicación sencilla para una realidad compleja. Frente a la incertidumbre, ofrece certeza; frente a problemas con múltiples causas, identifica responsables únicos; frente a la frustración, señala culpables; frente a una identidad debilitada, proporciona un grupo al cual pertenecer.

La política corre entonces el riesgo de dejar de intentar procesar y transformar las emociones sociales para comenzar simplemente a representarlas. Ya no se trata solamente de convencer mediante argumentos, se trata de sintonizar con el enojo. Y cuanto más polarizo, cuanto más descalifico al que piensa diferente, cuanto más lo cancelo, cuanto más incompatible lo presento con “nosotros”, más fácilmente puedo reforzar la identificación con los propios.

Una investigación publicada en 2025 aporta un dato particularmente sugestivo sobre este ecosistema. Al comparar el algoritmo de X basado en interacción con un orden cronológico, los investigadores encontraron que el primero amplificaba contenidos emocionalmente cargados y hostiles hacia el grupo político contrario, incluso contenidos que los propios usuarios declaraban que empeoraban cómo se sentían respecto de sus adversarios (Milli et al., 2025).

No se trata, por supuesto, de responsabilizar únicamente a los algoritmos, ni de afirmar que toda polarización es artificial: el conflicto es constitutivo de la política. Una democracia sin conflicto probablemente tampoco sería una democracia. El problema aparece cuando conflicto y hostilidad comienzan a ser utilizados como sinónimos. Discutir con alguien no exige odiarlo, competir electoralmente no obliga a deshumanizar al adversario, sostener convicciones firmes no requiere cancelar al que piensa distinto.

La paradoja de la polarización

Aquí aparece una paradoja que merece ser observada. El ciudadano fatigado intenta escapar de una realidad política que percibe como agresiva mientras una parte de la política compite precisamente por aumentar la intensidad de esa agresión para capturar su atención. Cada insulto exige otro insulto. Cada exageración necesita una exageración mayor. Cada descalificación permite una nueva descalificación. Porque en un ecosistema saturado de estímulos, la moderación tiene dificultades para llamar la atención, y la consecuencia puede terminar siendo exactamente la contraria de aquella que una democracia necesita. La política polarizada moviliza intensamente a algunos, pero puede simultáneamente expulsar a otros.

Quienes tienen identidades políticas más fuertes, permanecen; quienes encuentran pertenencia o reconocimiento en la confrontación, permanecen; quienes pueden convertir la indignación en influencia, permanecen; pero una parte de los ciudadanos cansados, moderados, decepcionados o simplemente poco dispuestos a vivir permanentemente enfrentados, comienza a retirarse.

La conversación pública puede experimentar entonces una especie de selección adversa: cuantas más personas moderadas se retiran, proporcionalmente más intensa parece la confrontación; cuanto más intensa se vuelve la confrontación, más personas sienten deseos de retirarse.

Y nuevamente aparece el círculo: polarización, emociones negativas, evitación, menor información, creencias más rígidas, mayor rechazo y nueva evitación.

Lo más paradójico es que esa forma de hacer política termina ofreciendo pruebas permanentes a quienes ya habían construido la creencia de que “toda la política es mala”. La política confirma aquello que después lamenta que los ciudadanos crean sobre ella.

Del cansancio a la impotencia

Pero todavía existe un último paso. “No quiero saber” puede terminar transformándose en “Aunque supiera, ¿qué podría hacer?”. Y quizás allí aparezca una de las creencias más peligrosas para cualquier sistema democrático: “Nada de lo que yo haga puede cambiar las cosas”.

Una democracia necesita ciudadanos que conserven alguna percepción de eficacia sobre su propia participación: votar importa, informarse importa, participar importa, organizarse importa, reclamar importa, discutir importa. Controlar a quienes gobiernan importa.

No porque cada una de esas acciones garantice inmediatamente el resultado deseado, sino porque todo el sistema democrático descansa sobre una ficción imprescindible y, al mismo tiempo, profundamente real: que los ciudadanos tienen capacidad para intervenir sobre aquello que pertenece a todos. Cuando esa creencia desaparece, la fatiga puede convertirse en impotencia. Y quien se siente impotente suele terminar retirándose.

El lugar que dejamos nunca queda vacío

Existe entonces una dimensión final que no deberíamos perder de vista, cuando alguien decide alejarse de la conversación pública porque está harto, decepcionado o cansado, puede sentir que simplemente ha adoptado una decisión privada. Pero el espacio público del que se retira no queda vacío: las decisiones continúan tomándose, las leyes continúan aprobándose, los presupuestos continúan distribuyéndose, los recursos continúan asignándose, los intereses continúan representándose, el poder continúa ejerciéndose.

Por eso, la retirada puede ser individual, pero sus consecuencias nunca son exclusivamente individuales. Toda sociedad está integrada por actores con capacidades muy diferentes para defender sus intereses. Empresas, corporaciones económicas, estructuras políticas, organizaciones profesionales, sindicatos, medios, plataformas tecnológicas y distintos grupos organizados cuentan con recursos materiales, institucionales, comunicacionales y técnicos para influir sobre las decisiones colectivas.

No es necesario imaginar detrás de esto ninguna conspiración, es simplemente una cuestión de poder.

Quienes poseen información, organización, recursos y capacidad de influencia no dejan de utilizarlos porque otros ciudadanos hayan decidido dejar de mirar. El ciudadano fatigado, en cambio, puede comenzar progresivamente a renunciar a sus propias herramientas. Por eso los poderes fácticos no necesitan necesariamente producir la apatía para beneficiarse de ella. Les alcanza con encontrar una sociedad en la que una parte creciente de sus integrantes ha dejado de creer que informarse, participar o controlar al poder tenga algún sentido.

Cuantos más ciudadanos concluyan que “todos son iguales”, que “nada puede hacerse” o que “la política no sirve”, mayor será comparativamente la capacidad de incidencia de quienes nunca dejaron de organizarse para defender sus intereses. En ese punto, la fatiga de la realidad deja definitivamente de ser un problema individual, se convierte en un problema democrático.

Recuperar la realidad

La solución, naturalmente, no consiste en exigir a las personas que permanezcan indefinidamente expuestas a aquello que les produce angustia. Tenemos derecho a apagar una pantalla, a descansar, a seleccionar las fuentes con las que nos informamos, a preservar espacios de nuestra vida fuera de la lógica permanente de la urgencia.

Pero existe una diferencia decisiva entre descansar de la realidad y renunciar a ella. También quienes hacemos política, quienes comunican y quienes participan de la discusión pública deberíamos preguntarnos cuánto contribuimos a ese agotamiento. Una política democrática debería ser capaz de recibir la bronca, el miedo, la frustración y el malestar existentes en una sociedad y transformarlos en demandas, propuestas, instituciones y decisiones. No simplemente reproducirlos. La función de la política no debería ser multiplicar el enojo, sino darle una forma democrática.

Necesitamos también recuperar formas de información que expliquen y no solamente impacten; que contextualicen y no únicamente alarmen; que permitan comprender procesos y no obliguen a reaccionar permanentemente frente a episodios, porque el pensamiento crítico necesita información, pero necesita algo todavía más difícil: tolerar la complejidad.

Aceptar que no todos son iguales, que ninguna institución es completamente buena ni completamente mala. que la política puede producir corrupción y también derechos, que el Estado puede fracasar y también resolver, que quienes piensan distinto pueden equivocarse sin convertirse por eso en enemigos.

Y que una democracia puede decepcionarnos profundamente sin dejar por ello de ser el instrumento que hemos construido para convivir con nuestras diferencias y disputar pacíficamente nuestros intereses.

Quizás el mayor riesgo de la fatiga de la realidad no sea que un día decidamos apagar el televisor o dejar de leer las noticias, el verdadero riesgo aparece cuando, después de dejar de mirar durante demasiado tiempo, terminamos convencidos de que aquello que sucede en el espacio público ya no tiene nada que ver con nosotros. Porque entonces no solamente nos alejamos de la política, renunciamos, poco a poco, a una parte de nuestra condición de ciudadanos y dejamos en manos de otros la capacidad de decidir sobre aquello que también nos pertenece.

Hace días que no puedo escribir.

No encuentro las palabras.

Les cuento a mis hijos algunas cosas que quisiera que recordaran de Messi y de su papá. Y pienso: ¿qué escribiría el Topo hoy?

Mi mamá me mira. Le digo que la quiero. La saludo desde la televisión mientras hablo de Messi. Siento que la amo. Y pienso en todas las veces que me vio irme a cubrir a la Selección con Messi.

¿Te dije lo suficiente que te amo, ma? Ella estuvo conmigo en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Rusia y en tantos otros lugares. Ayudándome con mis hijos para que yo pudiera hacer mi trabajo.

No encuentro todavía las palabras para explicar algo que tampoco sé cómo explicar: media vida cubriendo a la Selección Argentina con Messi.

Todo lo que Messi fue para nosotros. Todo lo que nos inspiró. Todo lo que nos ilusionó. Todo lo que nos enseñó con su manera de ser. Porque la dimensión de Messi como ser humano es tan grande. Mi vida es mejor por Messi.

La del Topo lo fue. Y la de mis hijos también.

Porque Messi es una felicidad única.

Después del accidente del Topo, Messi me hizo llamar para que fuera a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Me recibió, me abrazó y me preguntó:

— “¿Qué puedo hacer por vos, por Agus y Lucía?”

¡Recordaba los nombres de mis hijos! Me sorprendió. No supe qué decirle. Lo miré a Daddy. ¿Qué podía pedirle yo a Lionel Messi? No sabía.

— “Quiero ayudarte. ¿Qué puedo hacer por ellos?"

Y yo le dije:

— “Ser Lionel Messi”.

Mis hijos son felices cuando te ven, Leo. Mis hijos lloran mucho. Solo quiero volver a verlos reír.

Leo me miró y me dijo:

— “No. Algo más, Vero…"

—Si no consigo más trabajo, si veo que la cosa se complica, le mando un CV a tu papá. Te lo juro.

Nunca le dije que estaba en el fondo del mar. Nunca le dije que no sabía cómo seguir sola. Él insistió.

— “Bueno, sí –le dije–, que los recibas a Agus y a Lucía algún día. Nada los hará más felices”.

Y tenía razón.

Messi es una felicidad tan grande. Yo fui muy feliz viajando y cubriéndolo. Me sentía una súper mamá. Es increíble decirlo así, pero es verdad. Messi me inspiraba. Me daba fuerzas cuando no las tenía.

Me empujaba a hacer cosas que nunca imaginé que podía hacer: sola, con mis dos chiquitos, por el mundo, siguiendo a la Selección. Decenas de viajes, centenas de partidos, zonas mixtas, entrevistas, muchos países. Tantas veces sin dormir, sin comer, sin descansos. Por eso solo quisiera que fuera muy, muy feliz.

Y agradecerle. Siempre. Por todo.

Messi es argentino. Pero a veces pienso que debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

Porque aunque aunque dejará de jugar para la Selección, aunque algún día se retire del fútbol, hay algo que nadie puede retirar: la felicidad que nos dio.

La felicidad que nos sigue dando. La que les dio a mis hijos, la que le dio al Topo, la que me dio a mí. Quizás ese sea su mayor legado.

No los títulos. No los récords. No los goles. La felicidad. Darnos felicidad. Esa que queda para siempre.

Gracias, Leo. Por todo.

Y por haber hecho un poquito más feliz la vida de los que tuvimos la suerte de cruzarnos con vos.

La Argentina atraviesa un cambio de etapa. Después de décadas en las que la emergencia condicionó demasiadas decisiones públicas y privadas, aparece una oportunidad: reemplazar la lógica de la incertidumbre por una cultura de previsibilidad.

Existen transformaciones económicas importantes en marcha. Algunas ya producen resultados y otras necesitarán tiempo para ser evaluadas. Pero aun si fueran exitosas, la transformación quedaría incompleta si no conseguimos convertir estabilidad en confianza y confianza en instituciones. El próximo salto debería permitir que una persona, una empresa o un inversor decida sin preguntarse permanentemente si las reglas esenciales cambiarán antes de que esas decisiones produzcan sus efectos.

La confianza necesita reglas

La seguridad jurídica no es un concepto reservado a abogados, jueces o grandes inversores. Quien firma un contrato necesita confiar en que será respetado; quien invierte, conocer las condiciones de su proyecto; y quien enfrenta un conflicto, contar con instituciones capaces de resolverlo en tiempos razonables.

Seguridad jurídica no significa inmovilizar las leyes. Los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de impulsar el programa para el cual fueron elegidos. Significa que los cambios deben producirse mediante procedimientos previsibles, respetando derechos y permitiendo anticipar sus consecuencias. La previsibilidad no impide transformar: permite hacerlo sin destruir confianza.

Anticipar para decidir mejor

La Argentina desarrolló una enorme capacidad para reaccionar frente a las crisis, quizás porque atravesó demasiadas. El desafío ahora es desarrollar la misma capacidad para anticiparlas. Gobernar, dirigir una empresa, invertir o asociarse implica decidir bajo incertidumbre. Una decisión seria debe contemplar no sólo el objetivo que persigue, sino también los riesgos que puede generar.

Ahí existe un espacio central para el Derecho. Un abogado no debería ser convocado únicamente para explicar una decisión ya tomada o intervenir cuando el expediente ya existe. En los asuntos complejos, su mayor valor puede aparecer antes: identificar riesgos, construir escenarios y encontrar caminos jurídicamente sólidos para alcanzar un objetivo sin generar un problema mayor.

Esto es particularmente visible en el derecho penal contemporáneo. Una decisión empresarial, societaria, financiera o institucional puede adquirir consecuencias penales que nadie contempló al adoptarla. Prevenir no significa inmovilizar ni convertir cada decisión en un dictamen interminable. Significa mejorar su calidad. Muchas veces, el mejor conflicto no es el que se gana. Es el que nunca llegó a producirse.

La inteligencia artificial puede fortalecer esa tarea. Su capacidad para analizar información, detectar patrones y mejorar controles permite anticipar riesgos con herramientas que hasta hace pocos años no existían. Pero no altera una regla jurídica y humana básica: la tecnología puede asistir una decisión; la responsabilidad por sus consecuencias sigue siendo de las personas. El desafío no es reemplazar criterio por tecnología, sino utilizarla para decidir mejor.

Democracia, reglas y calidad institucional

La democracia necesita elecciones, alternancia y participación ciudadana. Lo que no necesita es vivir permanentemente en campaña. Por eso considero razonable avanzar hacia la eliminación definitiva de las PASO nacionales. Las fuerzas políticas deben resolver sus candidaturas mediante mecanismos democráticos y transparentes, sin trasladar necesariamente sus disputas internas al conjunto de la sociedad ni extender un calendario electoral que durante meses condiciona decisiones económicas, empresariales e institucionales.

El problema no es votar. La democracia necesita que los ciudadanos decidan quién gobierna. La seguridad jurídica necesita que, gane quien gane, determinadas reglas esenciales permanezcan.

En materia electoral ya se produjo una transformación relevante: la incorporación de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales. Es un cambio que fortalece la autonomía del elector, concentra la oferta electoral en un instrumento oficial y reduce la dependencia de la distribución partidaria de boletas.

El paso siguiente debería ser que las jurisdicciones que todavía no cuentan con sistemas equivalentes evalúen avanzar en la misma dirección para sus elecciones provinciales y municipales, dentro de sus respectivas competencias. Puede contribuir a reducir intermediaciones innecesarias y oportunidades de condicionamiento, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad.

La libertad electoral no consiste solamente en poder votar. Exige que cada ciudadano pueda formar y expresar su decisión con autonomía, sin condicionamientos indebidos y con reglas claras. La calidad democrática no se mide por la cantidad de veces que una sociedad es convocada a las urnas, sino también por la libertad, transparencia y previsibilidad con la que decide.

El cumplimiento de los contratos, el respeto por la propiedad, la independencia judicial, la responsabilidad fiscal, las estadísticas confiables y los procedimientos institucionales previsibles tampoco deberían depender de una elección. Son parte de la infraestructura invisible sobre la cual se construye la confianza.

El próximo salto

La Argentina no necesita una sociedad sin conflictos. Necesita reglas que permitan anticiparlos, instituciones capaces de administrarlos y profesionales preparados para prevenirlos y resolverlos.

El próximo salto no consiste solamente en estabilizar la economía. Consiste en que quien trabaja pueda proyectar, quien emprende pueda decidir y quien invierte pueda hacerlo sin preguntarse cuándo volverán a cambiar las reglas. Eso es seguridad jurídica, pero también algo más sencillo de explicar y mucho más difícil de construir: confianza.

Después de tantos años administrando emergencias, llegó el momento de construir un país preparado para decidir, prevenir y resolver. Una Argentina previsible no será una Argentina sin conflictos. Será una Argentina en la que cada conflicto no obligue a empezar de nuevo.

El 10 de junio de 2025 quedó firme la sentencia que condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión por administración fraudulenta de recursos públicos, pena que está cumpliendo con arresto domiciliario. Ello, muy positivo para un Estado de derecho, en el que el imperio de la “justicia” debe prevalecer por sobre cualquier personaje o ideología.

Sin embargo, los prosélitos de Cristina Fernández siguen sosteniendo que ha sido víctima de una persecución política (lawfare), lo cual, si bien es delirante, puede tener cierto sentido discursivo en el contexto del folklore político o en el contexto del ejercicio del derecho de defensa por parte de los abogados a los que la exmandataria ha contratado para tal fin. El problema se presenta cuando esos falaces argumentos son invocados por funcionarios o legisladores, que sin pudor alguno invocan su condición de abogados.

Uno de estos casos es el del actual diputado nacional y políticamente zigzagueante Miguel Angel Pichetto, quien no se pone colorado a la hora de sostener que tener presa a la expresidente, “pone a la democracia en situación de extrema fragilidad”. Es preocupante que un legislador nacional no advierta que lo más lesivo para la democracia hubiera sido que la Justicia, después del torrente de pruebas en su contra, no condenara a una expresidente que se enriqueció dolosamente con los recursos de todos. Pero se sabe que las “lealtades” políticas, y sobre todo cuando provienen de dirigentes que las reparten en diversos espacios partidarios, debilitan la capacidad para comprender hasta los conceptos más básicos.

También sostuvo el mencionado dirigente que “la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo procedimientos especiales y no por las vías comunes”. Patético. ¿Habrá leído Pichetto, alguna vez, el artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual todos los habitantes tienen que ser juzgados por los jueces naturales que ella contempla –que son los del Poder Judicial-, y no por comisiones ni jueces especiales? Demás está decir que el diputado tampoco develó cuál es la legislación procesal que regula ese supuesto “procedimiento especial” al que temerariamente se refirió, ni tampoco sugirió cuál debería ser.

Pero lo más grave, desde un punto de vista jurídico, es haber sostenido que ante la situación de Cristina Fernández, el Congreso “debe intervenir”, declarando “la nulidad” del fallo que la ha condenado, para “hacer valer el equilibrio de poderes”. Desconcertante: para Miguel Ángel Pichetto, el Congreso tiene la potestad de anular sentencias. Una afirmación de semejante calibre, expresada por un alumno de derecho constitucional en cualquier Facultad de Derecho del país, conllevaría una irremediable e inmediata desaprobación.

Sería muy interesante que Pichetto cuente cuál es la Constitución con la que ha estudiado, o por la cual ha jurado cuando alguna vez ingresó al Senado, o en los últimos tiempos a la Cámara de Diputados. Frente a semejante desatino jurídico, como representante del pueblo de la Nación, Pichetto debe explicar en qué parte de la Constitución Nacional está prevista esa extraña potestad que le atribuye al Congreso, porque de lo contrario estaría poniendo de relieve que no la conoce (lo cual es gravísimo siendo abogado), o que mintió cuando juró “obrar en todo, en conformidad a lo que prescribe ésta Constitución” (Art. 67 del texto magno).

Haber atribuido semejante potestad al Congreso del cual forma parte no constituye un error de criterio del legislador nacido en Banfield a la hora de realizar una interpretación normativa; es algo mucho peor; constituye una grosería jurídica inexplicable e inexcusable para alguien que ha obtenido el título de abogado; que ha sido treinta y dos años legislador nacional; que lo sigue siendo aún desde 2023, y que hasta fue candidato a vicepresidente de la Nación.

La democracia, la república y el Estado de derecho no sólo se debilitan si la Justicia no actúa frente a funcionarios corruptos, sino también cuando representantes del pueblo manifiestan tan visiblemente un supino desconocimiento de la Ley Fundamental a la que deben ajustar su conducta.

Les regalamos educación y salud, quienes se llevan ese valioso conocimiento a sus países sin haber tributado aquí. Sin embargo, les prohibimos adquirir tierras. En paralelo, le impedimos al ciudadano local disponer libremente de sus bienes. La contradicción es absoluta: un Estado que regala y restringe.

Quienes bregamos por el progreso del país sostenemos que la compra de tierras por parte de extranjeros no constituye un despojo imperialista. Al contrario, representa una manifestación legítima y beneficiosa del libre mercado global, la propiedad privada y la división internacional del trabajo.

El falaz argumento de la extranjerización de tierras recurre al sentimentalismo para prescindir de la racionalidad y aproximarse al análisis marxista. Desde esta perspectiva, la propiedad foránea de la tierra trasciende el debate sobre la soberanía para convertirse en una manifestación explícita del imperialismo y el despojo global.

La libertad individual y el derecho a disponer de la propiedad privada se enfrentan de forma constante a discursos restrictivos que apelan al nacionalismo. ¿Dónde queda la libertad de disponer de los bienes? Limitar a quien puede vender su propiedad constituye una violación directa a las libertades individuales y al derecho de propiedad. Cuando el capital extranjero ingresa al país, queda de forma inmediata en manos del vendedor local, quien así puede volcarlo al consumo o invertirlo en otros sectores de la economía nacional.

Quienes bregamos por el progreso del país sostenemos que la compra de tierras por parte de extranjeros no constituye un despojo imperialista

Asimismo, cuando un inversor extranjero adquiere tierras, introduce tecnología, sistemas de riego e infraestructura clave. Esta inyección de capital optimiza la productividad del suelo, genera empleo, transfiere conocimientos técnicos y reduce los costos de producción agrícolas. En consecuencia, se impulsa un incremento en el volumen de las exportaciones, lo que no solo fortalece la competitividad internacional del país, sino que además garantiza el ingreso estratégico de divisas.

Quienes sostienen que la soberanía corre peligro olvidan que esta reside en el poder político y de policía que el Estado retiene de forma inalterable sobre todo su suelo. Planteada en esos términos, la cuestión de la soberanía no es más que una falacia emocional, explotada habitualmente por narrativas populistas y sustentada por intereses corporativos o visiones de identidad frágil. Obviamente, hay casos especiales que pueden debatirse: la posesión en áreas fronterizas desde la perspectiva de la defensa geopolítica, motivo por el cual muchos de países mantienen restricciones específicas para estas zonas.

El temor a lo extranjero opera habitualmente como un sesgo cognitivo que distorsiona la realidad. Por un lado, se nutre de la falsa creencia de que la adquisición de un bien por parte de un inversor externo reduce el patrimonio nacional; una premisa errónea, ya que la tierra permanece inamovible en el territorio. Por otro lado, responde al miedo a la pérdida de identidad y a la tendencia histórica de buscar un chivo expiatorio externo para camuflar las crisis institucionales o la falta de seguridad jurídica interna. El miedo paraliza; y en este caso, el miedo colectivo paraliza el pensamiento racional de la sociedad, bloqueando el desarrollo y dejándola cautiva de un proteccionismo aislacionista.

El falaz argumento de la extranjerización de tierras recurre al sentimentalismo para prescindir de la racionalidad y aproximarse al análisis marxista

Cuando se respetan las reglas del juego, se protege la propiedad privada y se ofrece previsibilidad institucional, el país se transforma en un destino atractivo para las inversiones locales y extranjeras, impulsando la matriz productiva y promoviendo una mejor calidad de vida.

Basta de argumentos falaces; la realidad se advierte al mirar la experiencia de otros países. Aquellos que optaron por la libre disponibilidad de sus bienes raíces no perdieron su soberanía; por el contrario, multiplicaron su riqueza y consolidaron su seguridad jurídica.

Frente a quienes demandan a viva voz restricciones a la propiedad privada, no debemos relegar la defensa de la libertad. Que nada nos turbe; bien señala el viejo adagio: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.

El autor es economista