El primer mensaje presidencial de un nuevo gobierno siempre genera expectativas. Los peruanos esperamos conocer las prioridades que marcarán el rumbo del país durante los próximos años. Sin embargo, más allá de los anuncios sobre seguridad, salud o educación, existe una decisión que puede definir buena parte de nuestro futuro económico: la política energética y, particularmente, la masificación del gas natural.

Si el nuevo gobierno apuesta por el crecimiento económico, la inversión privada y la reducción de la pobreza, el gas debe convertirse en una prioridad nacional. No hablamos únicamente de un recurs energético; hablamos de una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida de millones de peruanos, fortalecer la competitividad de nuestras empresas y reducir las enormes brechas de desarrollo que aún existen entre Lima y las regiones.

Resulta paradójico que, después de más de veinte años de la puesta en marcha de Camisea, el Perú continúe discutiendo cómo masificar el gas natural. Más aún cuando la propia región productora (Cusco) sigue esperando que esa riqueza se traduzca en bienestar para su población.

Una familia que accede al gas natural reduce significativamente su gasto mensual en energía, dispone de más recursos para educación, alimentación o salud y mejora su calidad de vida.

Pero el beneficio más importante se encuentra en el aparato productivo. La energía representa uno de los principales costos para la industria, la agroindustria, la minería formal, el turismo, la hotelería y el transporte. Disminuir esos costos significa producir más barato, ser más competitivos, atraer nuevas inversiones y generar empleo formal. En otras palabras, el gas natural no solo mejora la economía de las familias; también fortalece la economía del país.

Por ello, el mensaje presidencial del próximo 28 de julio debería contener decisiones concretas y no nuevas promesas. Esperamos el destrabe definitivo de la adenda que permitirá ampliar la distribución del gas hacia nuevas regiones, acelerando inversiones largamente esperadas por miles de hogares y empresas.

Asimismo, el país necesita una definición clara sobre el abastecimiento energético del sur. Todos compartimos el objetivo de llevar gas al sur peruano, pero también debemos reconocer que el Gasoducto Sur Peruano enfrenta una compleja realidad jurídica derivada de arbitrajes internacionales, controversias contractuales y los efectos de los casos de corrupción. El nuevo Gobierno debe transparentar el escenario y presentar una solución técnicamente viable, jurídicamente sólida y financieramente sostenible. Lo que el país ya no puede permitirse es seguir acumulando años de incertidumbre.

También esperamos señales claras respecto al fortalecimiento de la seguridad jurídica. La inversión en infraestructura energética requiere estabilidad regulatoria, simplificación de la tramitología y respeto por los contratos. Sin esas condiciones será muy difícil atraer el capital necesario para desarrollar los grandes proyectos que el Perú necesita.

No podemos ignorar que durante los últimos años la agenda energética perdió prioridad. Mientras otros países fortalecían su infraestructura y aprovechaban sus recursos para impulsar la industrialización, el Perú quedó atrapado entre decisiones postergadas, confrontaciones políticas y una agenda legislativa que, en muchos casos, generó más incertidumbre que soluciones. La Comisión de Energía y Minas del saliente Congreso tampoco logró liderar una visión estratégica para el sector y, en diversos momentos, el debate terminó influenciado por intereses alejados del desarrollo formal del país, particularmente aquellos vinculados a la expansión de la minería ilegal. El nuevo Gobierno tiene ahora la oportunidad de corregir ese rumbo.

El Perú necesita comprender que la energía no es un tema exclusivamente técnico, es una política de competitividad, de descentralización y de desarrollo social.

No habrá industrias más fuertes sin energía competitiva. No habrá regiones más prósperas si quienes producen el recurso continúan siendo los últimos en beneficiarse de él. Y no habrá una reducción sostenible de la pobreza si millones de familias siguen pagando más por una energía que el propio país tiene y produce.

El 28 de julio no esperamos un discurso más sobre el potencial del gas natural. Esperamos una decisión política que convierta ese potencial en una verdadera política de Estado. Porque la riqueza de Camisea no debe medirse por los millones de pies cúbicos que extraemos, sino por las empresas que logramos hacer más competitivas, por los empleos que generamos, por las familias que reducen sus gastos y por la calidad de vida que somos capaces de construir para millones de peruanos.

El Perú ya no necesita otro diagnóstico. Necesita decisiones. Y pocas tendrán un impacto tan profundo sobre el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de las próximas generaciones como aquellas que el nuevo Gobierno adopte respecto al gas natural.

Hace seis décadas ocurrió en nuestro país algo más que un trágico suceso histórico. Una decisión política unilateral marcó el comienzo de la decadencia académica nacional. El 29 de julio de 1966, un mes después de haber derrocado al presidente constitucional Arturo Illia, el dictador Juan Carlos Onganía decretó el fin de la autonomía universitaria cuando ordenó reprimir con las fuerzas federales a profesores y alumnos de las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras e Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Más que un episodio de represión policial, la llamada “noche de los bastones largos” representó la interrupción de un modelo educativo basado en la autonomía, la libertad académica y la investigación científica de excelencia internacional que el país venía desarrollando desde la reforma universitaria de 1918.

Se estima que entre agosto y diciembre de 1966 fueron cesanteados unos mil doscientos profesores e investigadores, y alrededor de trescientos de ellos abandonaron definitivamente el país para buscar un futuro profesional en los Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

El 11 de agosto de 1966 fue designado como nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el abogado y exjuez, Luis Botet, quien auspició la promulgación de una ley cuyo objetivo era establecer un nuevo ordenamiento jurídico para las universidades nacionales. El gobierno de las mismas quedaría constituido por el rector y los decanos, dando fin de esta manera a la tradicional gestión tripartita. En febrero de 1968, Botet fue sucedido al frente de la UBA por el médico Raúl Devoto.

Entre los científicos más destacados que abandonaron el país a partir de agosto de 1966 estaba Manuel Sadosky (1926–2005), el gran pionero de la informática en Argentina. Fue el primer director del Instituto de Cálculo, donde funcionaba “Clementina”, la primera computadora de América Latina. Se exilió en Chile y luego en Venezuela, donde continuó desarrollando la computación en esos países.

Junto a él también emigró Rolando García (1919–2012), meteorólogo y epistemólogo de renombre internacional, colaborador de Jean Piaget en el Centro Internacional de Epistemología Genética de Ginebra. Se exilió en México, donde dirigió el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

A ellos se sumaron Mariana Weissmann (1933–2020), doctora en Física Teórica y la primera mujer incorporada a la Academia Argentina de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que se exilió en México y luego en Francia. En 2003 recibió el premio L’Oréal-UNESCO. Por su parte, Félix González Bonorino (1921–2006), considerado el científico más importante en Geología del país, renunció a su cargo académico y se exilió en Estados Unidos.

En materia de Ciencias Sociales, el reconocido catedrático de Historia Tulio Halperín Donghi (1924–2021), se exilió en los Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad de Berkeley (California). Aunque no partió al exilio, el epistemólogo Gregorio Klimovsky (1921–2009), uno de los filósofos de la ciencia más destacados de habla hispana fue cesanteado y sufrió censura durante varios años.

La dictadura del general Onganía dispuso una censura estricta en los contenidos de los programas académicos, sumando a ello un férreo control ideológico y el disciplinamiento de la comunidad científica en su conjunto. De esta manera, Argentina perdió su posición de liderazgo regional en ciencia y tecnología.

Los sucesos ocurridos a partir de “la noche de los bastones largos” enseñan que, sin universidad libre, sin pensamiento crítico y sin inversión en las industrias del conocimiento, es imposible que un país adquiera un desarrollo de progreso económico y social sostenido en el tiempo. Toda la dirigencia política, cualquiera que sea su perfil ideológico, debería tomar nota de esto.

Hay luces que señalan un camino y otras que, con el tiempo, terminan iluminando una historia. Desde hace más de ciento sesenta años, tres faros se encienden cada noche en distintos puntos del departamento de Maldonado: uno en el corazón histórico de Punta del Este, otro sobre la pequeña península de José Ignacio y el tercero en Isla de Lobos, mar adentro, en pleno océano Atlántico. No están reunidos en un mismo paisaje, pero juntos forman un sistema de referencias que une ciudad, costa y naturaleza.

Fueron construidos para responder a una necesidad concreta: brindar seguridad a quienes navegaban estas aguas cuando aún no existían radares, GPS ni cartas electrónicas.

En aquella época, los marinos debían interpretar bajos fondos, bancos de arena, restingas, corrientes, nieblas y temporales. El mar no era un enemigo; simplemente exigía conocimiento, experiencia y respeto.

Los faros no eliminaron todos los naufragios. Ninguna señal luminosa podía disipar una niebla cerrada, detener una tormenta o corregir un error de navegación. Pero ofrecían algo decisivo: una referencia permanente. En el mar, muchas veces una sola luz podía cambiar un destino.

Faro de Punta del Este: la luz que vio nacer una ciudad

El Faro de Punta del Este se levanta en las calles 2 de Febrero y Antonio Mrak, junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y a pocos metros de la histórica Estación Meteorológica. Integrado hoy al corazón de la península, fue inaugurado en marzo de 1860 y constituye una de las construcciones más antiguas de la ciudad.

Cuando comenzó a funcionar, Punta del Este era apenas un pequeño asentamiento rodeado de médanos y costa abierta. No existían las avenidas, el puerto ni el perfil urbano que hoy caracteriza a la península.

Durante la noche, aquella costa se confundía con la oscuridad y el faro pasó a convertirse en una referencia imprescindible para quienes llegaban desde el mar y, al mismo tiempo, en uno de los primeros símbolos permanentes del lugar.

Con el paso del tiempo, la ciudad creció a su alrededor. Llegaron las viviendas, los hoteles, el puerto, la arquitectura contemporánea y el reconocimiento internacional, pero el faro permaneció en el mismo sitio, proyectando cada noche su luz sobre el horizonte.

Más de un siglo después de su inauguración, el 21 de julio de 1965, el carguero argentino Santa María del Luján, que transportaba un importante cargamento de madera, encalló frente a Punta del Vapor, entre las playas Brava y El Emir, en una madrugada de intensa niebla. El accidente recordó que, aun con la presencia del faro, la navegación seguía dependiendo de múltiples factores. Todavía hoy, bajo determinadas condiciones del mar, permanecen visibles restos del naufragio, silenciosos testigos de un episodio que forma parte de la memoria marítima de Punta del Este.

En un antiguo libro de visitas quedó escrita una frase que el tiempo transformó en una suerte de profecía: “Esperamos que la luz del Faro de Punta del Este alumbre en breves años la primera ciudad balnearia de América del Sud”.

Más de un siglo después, aquellas palabras parecen resumir la historia de la península. Fue construido para señalar una costa. Terminó acompañando el nacimiento de una ciudad.

Desde hace décadas, vecinos de la península trabajan para preservar no solo el edificio, sino también el paisaje urbano que lo rodea. En ese espíritu nació la Asociación Amigos del Faro de Punta del Este, una organización sin fines de lucro creada a fines de la década de 1980 con el objetivo de proteger este emblema histórico y el entorno que le da sentido. A lo largo de los años, la asociación ha impulsado iniciativas para conservar el carácter patrimonial del barrio del Faro y promover la valoración de uno de los símbolos más representativos de Punta del Este, entendiendo que su identidad está estrechamente ligada al paisaje y a la historia de la península.

Faro de José Ignacio: una luz entre la memoria y la sofisticación

El Faro de José Ignacio fue inaugurado en 1877 sobre el extremo más saliente de la península.

Su construcción respondió a la necesidad de ofrecer una referencia propia para una costa donde distintos naufragios habían demostrado la dificultad de identificar con precisión ese sector del litoral atlántico.

Entre esos episodios se recuerda el del buque inglés Liffey, cuyo accidente impulsó la decisión de levantar una nueva señal luminosa. Más que advertir la presencia de tierra, el faro permitía reconocer exactamente qué tramo de la costa se estaba observando.

Con el paso del tiempo, José Ignacio dejó de ser aquel paraje aislado vinculado a la pesca y a la vida de los fareros para transformarse en uno de los destinos más exclusivos de la región.

Arquitectura de calidad, galerías de arte, gastronomía de excelencia y residencias integradas al paisaje conviven con una escala urbana cuidadosamente preservada, donde la tranquilidad y la relación con el entorno siguen siendo parte de su esencia.

El faro resume esa transformación. Observó el nacimiento del pueblo y acompaña hoy un lugar que evolucionó sin renunciar a su identidad. Su luz recuerda que el verdadero desarrollo no consiste en reemplazar el paisaje, sino en aprender a convivir con él.

Faro de Isla de Lobos: la luz en medio del Atlántico

A poco más de ocho kilómetros de la costa de Punta del Este, Isla de Lobos emerge como uno de los espacios naturales más valiosos del Uruguay.

Rodeada por afloramientos rocosos y habitada por importantes colonias de lobos marinos y aves oceánicas, la isla constituye un escenario donde la naturaleza mantiene absoluto protagonismo.

El actual faro fue inaugurado en 1906, aunque la primera señal luminosa instalada en la isla databa de 1858 y posteriormente fue trasladada a Punta del Este.

Su restitución respondió a una necesidad concreta: brindar una referencia segura en un sector donde las restingas y formaciones rocosas exigían extrema atención por parte de los navegantes.

A diferencia de los otros dos faros, esta luz nunca quedó rodeada por una ciudad. Permanece en medio del Atlántico, acompañando un paisaje prácticamente inalterado, donde el viento, el mar y la fauna continúan marcando el ritmo de la isla.

Ciudad de Santander: una historia que aún emerge del mar

El 24 de mayo de 1895, el vapor español Ciudad de Santander encalló en una restinga próxima a Isla de Lobos mientras navegaba bajo una espesa niebla. El episodio se convirtió en uno de los naufragios más recordados de la historia marítima de Maldonado.

La empresa de salvamento de Antonio Lussich participó en el rescate de los 117 pasajeros y tripulantes, además de recuperar parte de la carga y la correspondencia. Entre los objetos rescatados se encontraba una imagen de la Virgen del Carmen, que tiempo después fue instalada en la Catedral de San Fernando, donde permanece hasta la actualidad.

Más de un siglo después, los restos del buque continúan bajo el agua y, cuando el mar baja y las condiciones lo permiten, todavía pueden distinguirse partes de su estructura. Son una huella silenciosa que mantiene viva la memoria de aquel episodio y recuerda por qué estas luces fueron tan necesarias.

Antonio Lussich: comprender el mar

La historia de los faros y de los naufragios de Maldonado encuentra en Antonio Lussich una figura inseparable. Mucho antes de crear el extraordinario bosque de Punta Ballena, dirigió junto a su familia una de las empresas de salvamento marítimo más importantes del Río de la Plata y participó en rescates que le valieron reconocimiento internacional.

Su legado ayuda a comprender una idea que atraviesa toda esta historia: el mar no era un adversario al que hubiera que vencer, sino un ámbito que exigía conocimiento, prudencia y respeto. Primero ayudó a salvar vidas en el agua; después transformó un paisaje de dunas en uno de los bosques más extraordinarios del país. Dos obras diferentes unidas por una misma manera de entender la naturaleza.

Tres luces, una misma historia

Cada uno de estos faros representa una dimensión distinta de Maldonado. El de Punta del Este acompañó el nacimiento y el crecimiento de una ciudad abierta al mundo. El de José Ignacio fue testigo de la transformación de un pequeño poblado costero en un destino internacional que preservó su escala y su personalidad. El de Isla de Lobos continúa recordando que existe un patrimonio natural cuya mayor riqueza reside precisamente en mantenerse intacto.

La tecnología cambió para siempre la navegación, pero estas torres conservan un valor que trasciende su función original. Son patrimonio, memoria y parte del paisaje cultural del departamento. Cada noche, mientras Punta del Este continúa creciendo, José Ignacio preserva su esencia e Isla de Lobos mantiene intacta la fuerza de la naturaleza, tres luces vuelven a recorrer el horizonte.

Nacieron para guiar embarcaciones, pero el tiempo les otorgó una misión mucho más profunda: convertirse en guardianas silenciosas de la memoria de Maldonado. Porque el verdadero progreso no consiste en olvidar el camino recorrido, sino en conservar aquellas referencias que permiten seguir avanzando sin perder el rumbo.

Cuando la electricidad llegó a las casas, mucha gente respetable se negó a dormir con la luz encendida. Circulaban advertencias serias: la corriente envenenaba el aire, afectaba la vista, debilitaba los nervios. En Nueva York, en 1889, un debate público enfrentó a Edison contra Westinghouse y terminó, literalmente, electrocutando animales en plaza pública para demostrar lo peligrosa que era la corriente del rival. El miedo no era irracional del todo: la tecnología era nueva, los accidentes existían y nadie terminaba de entender qué era esa cosa invisible que corría por los cables. Lo que el tiempo demostró es que el problema no era la electricidad, sino la falta de reglas para usarla bien.

La historia se repite con una puntualidad casi cómica. Cuando aparecieron los primeros automóviles, el Reino Unido aprobó la Locomotive Act: cada vehículo debía ser precedido por un hombre caminando con una bandera roja para advertir a los caballos y a los vecinos del peligro que se acercaba a la temible velocidad de seis kilómetros por hora. Cuando llegó el tren, médicos prestigiosos advirtieron que el cuerpo humano no soportaría los ochenta kilómetros por hora y que viajar así provocaría locura. Y cuando llegó Internet, en 1995, la revista Newsweek publicó una columna ya legendaria titulada “Internet? Bah”, que explicaba con total seriedad por qué nunca reemplazaría al diario, al negocio físico ni al contacto humano. Un economista premio Nobel llegó a escribir que el impacto de Internet en la economía no sería mayor al del fax.

Cada vez es el mismo guion: primero el miedo, después la burla, después la normalización. Lo que ayer parecía una amenaza al orden natural de las cosas, hoy es la cosa más aburrida del mundo: enchufar el cargador, subir al auto, mandar un mail. Nadie discute la electricidad; discutimos la tarifa. Nadie le teme a Internet; nos quejamos de la señal. El miedo no desaparece porque la tecnología se vuelva inofensiva. Desaparece porque la entendemos, la regulamos y la incorporamos a la vida normal.

Cuando llegó el tren, médicos prestigiosos advirtieron que el cuerpo humano no soportaría los ochenta kilómetros por hora y que viajar así provocaría locura

Vivimos hoy ese mismo momento incandescente con la inteligencia artificial y con blockchain. Y como en cada capítulo anterior, el miedo viene mezclado con confusión. Lo veo todos los días. Hace poco, en un grupo de chat con empresarios —gente brillante en sus rubros—, la conversación sobre blockchain navegó en pocos minutos desde la computación cuántica hasta el consenso híbrido, y aterrizó, inevitablemente, en dos sentencias lapidarias: “La experiencia de Bukele con el Bitcoin no fue muy exitosa que digamos" y “Warren Buffett jamás invirtió en blockchain coins”. Me reí con cariño, porque en dos frases estaban mezclados cinco conceptos distintos. Es exactamente el mismo reflejo de quien, hace un siglo, no quería dormir con la luz prendida.

Vale la pena ordenar el tablero, porque la confusión no es un detalle: es la principal barrera. Que Warren Buffett no haya comprado Bitcoin no dice nada sobre blockchain, igual que el hecho de que a alguien no le guste manejar no dice nada sobre el motor de combustión. Bitcoin es una de las miles de aplicaciones que corren sobre la tecnología; blockchain es la tecnología. Confundirlos es como confundir el correo electrónico con la internet: uno es un uso, el otro es la infraestructura. El experimento de El Salvador fue una decisión política concreta —adoptar una criptomoneda volátil como moneda de curso legal—, no un veredicto sobre la tecnología de registro distribuido que hoy usan bancos centrales, JP Morgan, Visa y la mitad del sistema financiero global para mover billones de dólares. Y un posteo de Twitter, por viral que sea, no es un dato: es un estado de ánimo.

En el campo argentino hay una vieja leyenda: la luz mala. Un resplandor que aparece de noche en los descampados y que durante generaciones se interpretó como un alma en pena, un anuncio de muerte, algo a lo que había que temerle y de lo que había que huir. La ciencia después explicó que era fosfina: gas que desprenden los huesos en descomposición y que se enciende solo al contacto con el aire. Nunca fue un fantasma. Era química que no sabíamos leer. La mayor parte del miedo tecnológico funciona igual: le tenemos pavor a la luz mala hasta que alguien nos explica que es fosfina.

Cada vez es el mismo guion: primero el miedo, después la burla, después la normalización

Hago esta aclaración porque quiero hablar de la posibilidad de solucionar problemas viejos con respuestas nuevas, con tecnología. Todos saben que la fragilidad crónica de nuestra moneda y la dificultad del Estado para financiarse en pesos sin recurrir a la emisión. La idea no tiene nada de esotérico. Es una emisión privada de moneda digital, pero dentro del perímetro de confianza del Banco Central, y respaldada cien por ciento por activos reales y verificables: bonos del Tesoro argentino de corto plazo, pesos, dólares y otras stablecoins con perímetros de confianza equivalentes. Emitida, uno a uno, una moneda que cualquiera puede auditar en tiempo real. Es una mejora de eficiencia, como me gusta decir: la blockchain no acepta promesas, solo acepta saldos.

Lo interesante, es lo que esa arquitectura le resuelve al país: una stablecoin regulada y plenamente colateralizada en instrumentos del Tesoro de corto plazo es, literalmente, una máquina que fabrica demanda genuina y durable de deuda pública en pesos. Es exactamente lo que hace Circle con USDC, que para respaldar su moneda digital se convirtió en uno de los grandes compradores de letras del Tesoro de los Estados Unidos. Cada usuario que decide tener saldos en esa moneda digital está, sin saberlo y sin que nadie lo obligue, financiando deuda pública de cortísimo plazo. Demanda real, voluntaria, atomizada en millones de personas, y —este es el punto— sin que el Banco Central tenga que imprimir un solo peso adicional para proveer esa liquidez.

Para una economía que pasó medio siglo atrapada entre la emisión y el rollover de su propia deuda: es la pata estructural que al programa económico hoy le falta. Le resuelve al Tesoro el problema de la demanda —quién quiere comprar y renovar deuda en pesos— y le baja al Banco Central la presión de financiar la liquidez transaccional con la maquinita. No es magia es disciplina monetaria construida sobre una tecnología que, por diseño, no permite emitir sin respaldo. Lo que durante un siglo dependió de la voluntad del funcionario de turno, ahora puede depender de una regla verificable.

Bitcoin es una de las miles de aplicaciones que corren sobre la tecnología; blockchain es la tecnología

Entiendo el reflejo de desconfianza, sobre todo en quienes vienen de rubros que nada tienen que ver con la tecnología. El miedo al cambio es humanísimo y, en general, sano: nos salvó muchas veces de saltar a un vacío. Pero conviene recordar que en cada una de las revoluciones anteriores hubo dos tipos de líderes. Los que se quedaron discutiendo si la electricidad envenenaba el aire, y los que cablearon su fábrica primero. Los que esperaron a ver si lo de Internet “prendía”, y los que pusieron su negocio online cuando todavía daba vergüenza. La diferencia, casi siempre, no estuvo en el coraje, sino en haberse tomado el trabajo de entender antes de opinar.

La pregunta, entonces, no es si blockchain y la inteligencia artificial son peligrosas. Toda tecnología poderosa lo es mientras no la entendemos; lo fue la electricidad, lo fue el auto, lo fue Internet. La pregunta es si vamos a llegar a tiempo a escribir las reglas, o si vamos a llegar tarde y heredar las que escriban otros, en otro idioma y para otros intereses.

Argentina ya hizo la prueba de mirar para otro lado —con el cheque, con el home banking, con tantas cosas—. Esta vez tenemos delante una solución concreta para un problema que nos persigue desde hace cincuenta años.

A los que todavía sienten ese cosquilleo de desconfianza, les propongo lo mismo que la historia le propuso a cada generación asustada: no le huyan a la luz mala. Acérquense, pregunten, entiendan que casi siempre es fosfina. Lo que brilla en la oscuridad no es un fantasma. Es, otra vez, el futuro pidiendo permiso para entrar.

La autora es cofundadora de PALA Blockchain

El presidente Javier Milei propone reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Coincido con el rumbo y apoyo la iniciativa. Pero conviene enmarcarla en una discusión más antigua y más honda que la coyuntura.

El 29 de enero de 1935, cuando se debatía la creación misma del Banco Central, el senador José Nicolás Matienzo hizo una objeción que el tiempo no desactivó. Advirtió que en el mensaje del Poder Ejecutivo “en ninguno de sus párrafos he encontrado citada la palabra constitución; no he podido comprobar referencia alguna a cláusula constitucional…”. Y fue más lejos: vio en el proyecto “un paso más (…) en el sentido del centralismo, no solo del centralismo bancario, sino del centralismo político, porque las provincias van a quedar privadas de la facultad de crear bancos”. Casi un siglo después, esa doble advertencia reaparece, silenciosa, en el diseño que hoy se propone revisar.

La historia monetaria argentina puede leerse como la crónica de una tentación recurrente: la del poder político por disponer de la emisión como si fuera una caja chica. Por eso, revisar la Carta Orgánica no es un trámite técnico. Es la oportunidad de blindar la moneda frente a quien siempre tiene incentivos para degradarla.

La deuda es de origen. El artículo 75, inciso 6, de la Constitución no encomendó al Congreso crear cualquier banco: le mandó establecer un banco federal con facultad de emitir moneda. El adjetivo no es decorativo, y así lo entendió el convencional Juan Carlos Maqueda en el debate de la reforma de 1994. Recordó que la denominación “Banco Central” “es propio de las repúblicas unitarias” -Bolivia, Chile, Uruguay-, mientras que los Estados federales adoptan otro molde, como la Reserva Federal estadounidense. El cambio de nombre buscó “adaptarlo estrictamente a la concepción federal de nuestro país”, con la consecuencia obligada de reformar la ley 24.144 para consagrar la denominación de “Banco Federal”. La reforma lo escribió; la práctica no lo cumplió.

La Constitución depositó las decisiones sobre la moneda en el Congreso -órgano deliberativo, plural y federal-, pero el diseño institucional las trasladó, en los hechos, a un directorio que designa el Ejecutivo nacional. Esos nombramientos requieren el acuerdo del Senado, la cámara donde las provincias están representadas; pero prestar acuerdo a un pliego no es codecidir la política monetaria, y menos aún ejercer la competencia que el constituyente reservó al Congreso. Así, una atribución que la Constitución quiso deliberativa y federal terminó concentrada en el poder central, sin el contrapeso que ella misma imaginó.

El precedente es elocuente. En 1946, una batería de decretos -el 8503 a la cabeza- nacionalizó el Banco y subordinó a los bancos comerciales a la entidad rectora. El resultado fue previsible: presión sobre los depósitos, más circulante, más inflación. Y no fue una excepción, sino un método: la Carta Orgánica volvió a reescribirse en cada oportunidad que se pudo -1949, 1957, 1969, 1973, 1976, 1992, 2012-, siempre al compás del poder de turno. Entre principios del siglo XX y 1991, la moneda perdió trece ceros. Detrás de cada uno hubo una decisión que confundió la independencia del Central con un estorbo.

La ley 24.144, de 1992, buscó saldar parte de esa cuenta. El senador Juan Carlos Romero lo planteó con precisión: preservar el valor de la moneda como misión primaria, con un Banco sometido solo al Congreso y sin facultad de delegar sus atribuciones sin autorización expresa del Legislativo. La Constitución respalda ese diseño: el artículo 75 reserva al Congreso -y no al Ejecutivo- emitir moneda (inc. 6), sellar moneda y fijar su valor (inc. 11) y defender el valor del peso (inc. 19). No fue un descuido: el constituyente quiso apartar esas llaves de la voluntad de quien administra el gasto.

En el año 2012, la ley 26.739 hizo exactamente lo contrario. Bajo la apariencia de una modernización, convirtió al banco rector en instrumento de financiamiento del Ejecutivo. Reemplazó la misión de cuidar la moneda por objetivos difusos, ató su accionar al marco de las políticas del Gobierno nacional, derogó el respaldo de la base monetaria en reservas y elevó los topes de adelantos al Tesoro. Sin nacionalizar nada, alcanzó el mismo efecto que en 1946.

Toda reforma debe medirse con la misma vara. Si acerca la moneda al mandato federal de la Constitución, respeta el reparto de competencias y la protege de quien tiene incentivos para degradarla, será bienvenida.

El Banco Central no es una caja chica ni una dependencia del poder de turno. Es la ocasión de cumplir la manda constitucional. Los argentinos nos debemos un banco federal, fiel al mandato del constituyente. Es la lección más cara que pagó la Argentina y, hoy, una oportunidad que no deberíamos dejar pasar.

En noviembre del año 2000, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú –vía fax desde Japón– como producto de una grave crisis política e institucional a causa del polémico caso “Vladivideos” en el cual se podía evidenciar el esquema de corrupción a cargo de Vladimiro Montesinos, el entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que consistía en sobornar a congresistas de oposición, controlar el Poder Judicial (para generar impunidad a altas autoridades y perseguir a opositores), cooptar a importantes medios de comunicación (para no difundir la corrupción gubernamental y desprestigiar a adversarios), y generar corrupción en grandes contratos estatales. Una vez descubierto este oscuro mecanismo, la presión social y el desbande de los congresistas oficialistas dejó a Fujimori sin capacidad para seguir ejerciendo el poder. Es más, el Congreso rechazó su renuncia y lo declaró con “incapacidad moral permanente”. Posteriormente, fue detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007, dónde pasó 15 años de cárcel tras recibir cinco sentencias condenatorias por casos de corrupción y de vulneración de derechos humanos.

A pesar de todo este descrédito a causa de la corrupción sistemática y el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ello no implicó el fin de la corriente política del fujimorismo, entendida ésta como el énfasis en la seguridad nacional (con un notable triunfo al desarticular grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), el gran impulso a la economía de libre mercado (al lograr superar la hiperinflación de finales de la década de 1980), programas sociales de impacto popular y la seguridad jurídica para las inversiones privadas. Por el contrario –luego de una serie de presidentes electos y depuestos después del año 2000– la sociedad peruana tuvo un total desencanto de la nueva clase política con mandatarios con índices bajísimos de aprobación popular. Esto generó el resurgimiento del fujimorismo porque gran parte de la población tuvo la percepción que se trató de un gobierno resuelto a tomar decisiones radicales ante escenarios de alta conflictividad.

En concreto, en la última década, Perú ha tenido nueve presidentes, lo cual demuestra una grave y prolongada inestabilidad política. Por otro lado, es importante señalar que la vigente Constitución Política del Estado señala que la presidencia puede quedar vacante por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, esta disposición es interpretada por el Congreso de manera muy discrecional hasta convertirse en una herramienta para evaluar la conducta política o ética de los mandatarios: varios de ellos se encuentran enjuiciados e incluso en la cárcel como Pedro Castillo. En efecto, Keiko Fujimori tuvo la oportunidad de ganar las elecciones de este año por varios factores: el fuerte desgaste de la clase política, la fragmentación de la oposición, y la renovación del relato fujimorista con los nuevos problemas que afligen al país (el auge del crimen organizado y la inestabilidad política).

Después de un cuarto de siglo, el fujimorismo retorna, encarnado en Keiko Fujimori, con la gran promesa de recuperar la seguridad ciudadana, generar estabilidad económica, desburocratizar el Estado, y usar la tecnología para evitar la corrupción. Sin embargo, parte de la fragmentada sociedad considera que puede abrirse una etapa de alta polarización marcada por el uso político de entidades públicas, la concentración del poder, el socavamiento de la independencia judicial y la generación de impunidad para investigaciones sobre hechos cuestionables de la década de 1990. Hoy la nueva presidenta electa promete llevar a cabo su programa de gobierno respetando la ley y sin incurrir en excesos. A la sociedad peruana le corresponderá determinar si sus futuras acciones se enmarcan o no conforme al Estado de Derecho.

(*) Luis Yáñez Valdez, el autor de esta nota, es alumno antiguo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

Este 28 de julio, Keiko Fujimori juramentará como presidente Constitucional de la República por los próximos cinco años con el desafío de emprender un gobierno que atienda las necesidades de todos los peruanos; y, según el lema de su campaña, recuperar el orden tan necesario para vivir en paz y unidad.

Para el sector pesquero, la prioridad más urgente del nuevo gobierno es adoptar medidas para mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, que cada vez es más frecuente y su impacto es muy grave en lo económico y lo social.

El Fenómeno El Niño ya golpea al sector pesquero industrial que tiene suspendida su primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte y está en riesgo la segunda. Por ello es fundamental que IMARPE y PRODUCE implementen un plan de monitoreo y evaluación permanente para tomar decisiones ágiles y adaptadas a la variabilidad ambiental, que permitan encontrar espacios de pesca para capturas temporales si las condiciones lo permiten.

Cuando la pesca industrial se paraliza, como ahora, se frena toda una cadena productiva: tripulantes, pescadores, proveedores (astilleros, mantenimiento, limpieza, alimentación, transporte) y negocios portuarios, poniendo en riesgo empleos e ingresos de miles de familias, debilitando la economía de regiones costeras.

Otra medida urgente es reactivar la pesca de anchoveta en el sur. Durante la vigencia del régimen especial de pesca, los desembarques de anchoveta en esta zona triplicaban a los actuales; y, desde su derogación, se cerraron 10 plantas de harina y aceite de pescado perdiendo miles de empleos.

“Estamos desaprovechando un recurso disponible en nuestro mar, así como oportunidades de empleo, inversión y generación de divisas.”

Urge impulsar la pesquería del atún. Más del 70% de sus capturas se dan en el Pacífico, frente a Perú y pese a nuestra ubicación privilegiada, ocupamos el puesto 44 en el ranking mundial de capturas con apenas 4 mil toneladas al año; mientras Ecuador ocupa el puesto 5 con más de 400 mil toneladas de atún al año.

Una medida que puede cambiar esta situación es modificando el impuesto selectivo al consumo al combustible, que representa entre el 45% y el 70% de los costos variables de una embarcación para la pesca de atún en nuestro país. Ello permitirá diversificar nuestra producción, generar empleo y aprovechar un recurso abundante en nuestro mar.

Asimismo, resulta indispensable completar el marco regulatorio para que el país pueda aprovechar plenamente los derechos de capacidad de acarreo que le corresponden en el marco de la Convención de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Si bien nuestra legislación ya permite el fletamento de embarcaciones, aún no incorpora el mecanismo de préstamo de capacidad de acarreo, previsto en la propia Convención y utilizado por los demás países miembros. Su implementación permitiría que el Perú compita en igualdad de condiciones con sus principales competidores regionales, atraiga nuevas inversiones y aproveche de manera más eficiente los derechos internacionales que ya posee, fortaleciendo el desarrollo de una industria atunera moderna, competitiva y plenamente alineada con sus compromisos internacionales.

Finalmente, firmeza en la lucha contra la pesca ilegal. Una tarea importante para el próximo gobierno es corregir el deficiente control y fiscalización por parte del Estado, insuficiente para controlar lo que ocurre con la pesca ilegal. Ello estaría fomentando la producción de harina ilegal y/o residual, sin lograr una producción efectiva de productos de consumo humano para la población ni un aprovechamiento integral del recurso para los fines para el que es capturado.

El próximo gobierno recibirá un país sin margen para el aprendizaje. Los problemas son conocidos, las prioridades también. El desafío ya no es identificar qué hacer. El desafío es reconstruir el Estado para recuperar la capacidad de ejecutar. Después de años marcados por la inestabilidad política, el deterioro institucional y una creciente pérdida de confianza en las instituciones, los primeros meses de gestión serán determinantes para demostrar que todavía es posible recuperar el rumbo.

La primera prioridad debe ser prepararse para el fenómeno El Niño. El Perú ya conoce el enorme costo económico y social de reaccionar tarde. Basta recordar que, como consecuencia de los eventos climáticos de 2023, el sector agropecuario se contrajo en 2.9%, pero el empleo cayó en más del doble: una contracción del 7.5%, que significó casi 320,000 puestos de trabajo menos, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional. Esperar la emergencia para actuar no solo resulta más costoso, sino que termina destruyendo infraestructura, afectando el empleo y poniendo en riesgo miles de vidas. Quedan pocos meses para acelerar las obras de prevención, fortalecer la infraestructura crítica y ejecutar eficientemente los recursos disponibles.

La segunda urgencia es enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Hoy la inseguridad ya no representa únicamente un problema policial; constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social. Las extorsiones paralizan pequeños negocios, la minería ilegal continúa expandiéndose, el narcotráfico fortalece economías criminales y el turismo pierde atractivo frente a un entorno de creciente violencia. No sorprende, entonces, que el 83.2% de la población urbana considere que vive en una situación de inseguridad, según el INEI. Difícilmente un país puede aspirar a atraer inversiones y generar empleo cuando la incertidumbre se instala en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

Pero incluso si estas dos urgencias son atendidas, el país difícilmente avanzará si el nuevo gobierno no recupera algo que el Estado ha venido perdiendo durante los últimos años: capacidad para gobernar.

Eso empieza por recomponer la imagen y el liderazgo presidencial. El Perú necesita una Presidencia que conduzca, marque prioridades y genere confianza. No se trata únicamente de mejorar los niveles de aprobación ciudadana, sino de recuperar la capacidad de coordinar al gabinete, dialogar con otros poderes del Estado y ofrecer previsibilidad a ciudadanos e inversionistas. Sin liderazgo político, las mejores políticas públicas terminan diluyéndose entre la improvisación y los conflictos internos.

En ese mismo esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros debe recuperar el rol que le corresponde. La PCM no puede seguir funcionando únicamente como un espacio para administrar crisis políticas. Debe convertirse nuevamente en el verdadero articulador del Ejecutivo, capaz de coordinar sectores, hacer seguimiento a los compromisos asumidos y asegurar que las prioridades del Gobierno se traduzcan en resultados concretos.

Lo mismo ocurre con el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante décadas, el MEF fue reconocido por su solvencia técnica y su capacidad para preservar la estabilidad macroeconómica del país. Esa fortaleza nunca debió perderse. El próximo gobierno necesita un ministerio liderado por profesionales altamente calificados, con independencia técnica y con la autoridad suficiente para defender la sostenibilidad de las finanzas públicas, aun cuando ello implique frenar iniciativas políticamente populares pero fiscalmente irresponsables.

La advertencia del Consejo Fiscal ilustra la magnitud del problema: entre 2021 y 2026, el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso, generando compromisos permanentes por S/ 36,700 millones anuales, equivalentes al 3% del PBI, y un costo fiscal acumulado de S/ 109,600 millones, alrededor del 9.1% del PBI. En un contexto de crecientes presiones para elevar el gasto público y flexibilizar las reglas fiscales, el país necesita un Ministerio de Economía y Finanzas que vuelva a ejercer el liderazgo técnico que históricamente lo caracterizó, con la autoridad suficiente para decir “no” cuando la sostenibilidad de las finanzas públicas esté en riesgo. Recuperar esa fortaleza no es una aspiración burocrática; es una condición indispensable para preservar la estabilidad económica y la confianza que el Perú tardó décadas en construir.

Paralelamente, será indispensable destrabar la inversión privada, simplificar trámites, reducir la permisología y elevar la calidad de la inversión pública. El crecimiento económico solo tendrá sentido si logra traducirse en mejores servicios para la población. Sin embargo, las brechas siguen ampliándose. Entre 2019 y 2025, la población urbana sin acceso a agua dentro de sus viviendas aumentó de 1.5 a 2.6 millones de personas, mientras que quienes carecen de acceso a desagüe pasaron de 3.2 a 4.9 millones. A ello se suma una pérdida sostenida de competitividad. El último Ranking Mundial de Competitividad del IMD, elaborado en colaboración con Centrum PUCP, ubica al Perú en el puesto 60 de 70 economías evaluadas, muy lejos del puesto 35 que ocupaba cuando ingresó por primera vez al ranking en 2008. Hemos perdido terreno porque el crecimiento dejó de estar acompañado por un Estado capaz de ejecutar, instituciones sólidas y políticas públicas orientadas a resultados.

El próximo 28 de julio no comienza una hoja en blanco. Comienza una cuenta regresiva. El Perú ya sabe cuáles son sus principales problemas y conoce buena parte de las soluciones. Ahora toca reconstruir el Estado para convertir esas soluciones en resultados. Lo que ha faltado no son diagnósticos, sino liderazgo para fijar prioridades, instituciones capaces de coordinar, equipos técnicos que inspiren confianza y un Estado dispuesto a ejecutar. El éxito del nuevo gobierno no se medirá por la cantidad de anuncios que formule durante sus primeras semanas, sino por su capacidad para devolverle al país aquello que nunca debió perder: autoridad para gobernar, solvencia técnica para decidir y eficacia para ejecutar.

Terminó el Mundial, ese evento que durante más de un mes nos tuvo en vilo, en estado de alerta, y que alteró nuestras rutinas, nuestra respiración y nuestros latidos. Una ilusión que se fue acrecentando y convirtiéndose en algo real tras cada gol, pero que el domingo a la noche se desvaneció como un gol que el VAR anula cuando ya lo habíamos festejado.

Cayó el telón del Mundial, y si bien estamos orgullosos/as y agradecidos/as con nuestra Selección, la euforia va menguando; empezamos a mirar con otros ojos y a oír un ruido que ya no es el de los cánticos.

En tiempos de estadísticas nos llama la atención una cifra. ¡Cero! Cero remates al arco de Argentina en los noventa minutos de una final de Mundial, algo que no había pasado nunca desde que hay registros, en 1966. Ese cero es, quizás, el primer ruido que ya no es el de la hinchada, y que ensordece.

Pero el cero no llegó solo, hubo lesionados, tarjeta roja, un Lautaro Martínez, goleador clave del equipo en los momentos cruciales, no entró ni un minuto pese a los seis cambios que hizo Scaloni, y un Dibu Martínez que atajó pelotas y también las emociones de 47 millones de argentinos/as.

Y estos datos, imposibles de gambetear, habilitan la pregunta que desde la Psicología Política formulo: ¿necesitamos creer que algo raro pasó para no aceptar que el equipo, esta vez,fue superado, o de verdad pasaron cosas que todavía no podemos nombrar, que desconocemos y, lo que es peor, nunca sabremos?

En estos días es viral un video del túnel, Messi arengando, “olvidémonos de todo, solo juguemos”, que en redes compararon con la misma situación en otros partidos. Ante tanto rumor me valgo de la comunicación no verbal y analizo lo que veo, pues solo “leo” conductas; y además no puedo ser categórica, ya que son videos que circulan en redes y no está la secuencia completa.

No obstante, de acuerdo con el Sistema de Codificación de la Acción Facial (FACS) de Paul Ekman, en los gestos habituales de la Selección predomina la sonrisa genuina, sostenida y espontánea durante varios segundos, que corresponde a la combinación de los códigos AU12 y AU6. En la final, tras la arenga, aparecen otros códigos, AU43 y AU23/24, que combinados pueden decodificarse como un esfuerzo consciente por mantener el control y no estallar en ira o frustración.

Pero la duda flota en el aire y aterriza en las redes, cobrando centralidad en todas las conversaciones. ¿Por qué la duda se convierte en una necesidad que hay que sostener?

En el verano volví a leer un libro y es imposible no traerlo a esta columna. Giuliano da Empoli, politólogo y ensayista, escribe en Los ingenieros del caos que ciertos/as estrategas del poder no necesitan que algo sea cierto para que funcione, la duda sostenida es en sí misma una herramienta política. Mientras la sociedad discute si pasó algo raro, nadie discute lo que sí pasó. ¿Nos robaron la cuarta estrella como nos arrebatan el litio, las tierras, la energía? ¿La sospecha nos entretiene mientras el despojo sucede?

A su vez, Karen Douglas, psicóloga social británica, referencia mundial en el estudio de las teorías conspirativas, muestra que la incertidumbre después de un evento inesperado empuja a buscar explicaciones que devuelvan sensación de control, aunque no haya evidencia. No es una falla individual, es una respuesta esperable frente a lo que no se puede procesar de otra manera. (Y justo esto lo dice una inglesa, la puteada es catarsis).

Estoy convencida de que la duda no es una falla, es nuestro refugio o también nuestra denuncia. Si en el túnel pasó algo, quizá los gestos de frustración delataron lo que tal vez nunca sabremos. Si no ocurrió nada, la sospecha funciona como un calmante. Pero mientras debatimos si un fantasma caminó por el vestuario, la duda funciona como el distractor perfecto. En la cancha o en la política, cuando el poder mete la mano, la verdad es lo primero de lo que nos despojan.

Hace apenas unos días, una publicación en redes sociales bastó para desencadenar una reacción que ya nos resulta demasiado familiar. Miles de mensajes de repudio, pedidos de boicot, insultos y llamados a cancelar a una artista internacional que terminó ofreciendo disculpas públicas por haber compartido un contenido cuyo alcance, según explicó, no había advertido completamente.

Escenas como ésta ya no constituyen una excepción. Se han convertido en una forma habitual de procesar los conflictos públicos. Hoy puede tratarse de una artista, ayer fue un deportista, un periodista, un político o un influencer, mañana podrá ser cualquier ciudadano que exprese una opinión incómoda. Cambian los protagonistas, cambian los escenarios, cambian los motivos, pero lo que permanece es una misma manera de mirar al otro.

No interesa aquí discutir si aquellas disculpas eran suficientes, si la reacción fue desproporcionada o si la crítica estaba justificada. Lo verdaderamente inquietante ocurrió antes. Mucho antes de los insultos, del pedido de cancelación o del juicio colectivo, ya se había producido una transformación más profunda y menos visible: dejamos de encontrarnos con una persona para comenzar a enfrentarnos a una representación de esa persona.

Ya no reaccionamos frente a alguien con una historia, contradicciones, deseos y matices -como los tenemos todos-, sino frente a una imagen simplificada construida a partir de un recorte, una frase, una fotografía o un video de pocos segundos.

Ese cambio suele pasar inadvertido. Sin embargo, constituye una de las transformaciones culturales más significativas de nuestro tiempo. Porque cuando dejamos de relacionarnos con personas para comenzar a relacionarnos con representaciones, el otro empieza lentamente a perder cualidad humana. Ya no aparece como un sujeto con una vida interior propia, sino como la superficie sobre la que proyectamos nuestras certezas, nuestros miedos y nuestros prejuicios. Quizá haya llegado el momento de ponerle un nombre a ese fenómeno, podríamos llamarlo la desubjetivación del otro.

No se trata simplemente de una pérdida de empatía ni de un aumento de la agresividad. La desubjetivación constituye un proceso psicológico y cultural mediante el cual dejamos de reconocer al otro como alguien dotado de una interioridad propia -con deseos, sufrimientos, contradicciones y una dignidad irreductible- para percibirlo principalmente por la utilidad, la amenaza o la función que representa para nosotros. Desde ese momento deja de ser alguien para convertirse en algo: un cliente, un usuario, un voto, un consumidor, un seguidor, un recurso, un enemigo.

La violencia física constituye apenas una de las expresiones posibles a las que puede llevar este proceso. Antes del insulto, del abuso, de la manipulación, del golpe o de la exclusión ya ocurrió algo más decisivo: desapareció la persona detrás de la categoría “otro”.

Pero ninguna cultura enseña esa forma de mirar de manera explícita, lo hace silenciosamente. Toda cultura deja una marca sobre quienes la habitan. No sólo transmite valores o costumbres. También moldea sensibilidades. Nos enseña qué merece nuestra atención, qué consideramos valioso y, sobre todo, cómo aprendemos a percibir a los demás.

Ninguna cultura es homogénea. Todas contienen tradiciones que fortalecen nuestra capacidad de reconocer al otro como un sujeto -la educación, la vida democrática, la vigencia de los derechos humanos, el diálogo, el arte o la solidaridad- y también dinámicas que favorecen el movimiento inverso: reducir a las personas a la función que cumplen, a la utilidad que ofrecen o a la identidad que representan. El problema comienza cuando estas últimas dejan de ser excepcionales y terminan organizando la vida cotidiana.

Porque las culturas no sólo enseñan una manera de mirar, también enseñan una manera de nombrar, y el lenguaje nunca es completamente inocente. Cuando hablamos de “capital humano”, “recursos humanos”, “usuarios”, “seguidores”, “audiencias”, “electorado”, “target” o “segmentos”, describimos aspectos reales de la vida social. Sin embargo, al mismo tiempo privilegiamos una dimensión particular de las personas.

El problema no consiste en utilizar esas categorías allí donde resultan necesarias. Aparece cuando terminan colonizando toda nuestra forma de comprender al otro. Entonces comenzamos a olvidar que detrás del usuario hay una persona, detrás del votante hay una biografía, detrás del perfil hay una historia, detrás del adversario hay alguien cuya vida interior es tan compleja como la nuestra.

Nuestra época no inventó esta tendencia. La posibilidad de objetivar al otro ha acompañado a la humanidad desde siempre. Lo novedoso es que determinadas condiciones culturales parecen potenciarla como nunca antes: la aceleración permanente del tiempo, la economía de la atención, la lógica algorítmica de las plataformas digitales, la hiperexposición y la fragmentación del espacio público. Nunca fue tan sencillo obtener información sobre cualquiera, nunca fue tan difícil conocer verdaderamente a alguien.

La cultura del rendimiento refuerza esa lógica al acostumbrarnos a valorar a las personas por lo que producen, al estudiante por sus calificaciones, al profesional por sus resultados, al deportista por sus marcas y al trabajador solo por su productividad.

La cultura del consumo desplaza lentamente ese criterio hacia los vínculos. Ya no sólo consumimos objetos, también consumimos reconocimiento, prestigio, aprobación, experiencias y relaciones. Las personas empiezan a ser evaluadas por la satisfacción que son capaces de proporcionarnos.

La cultura digital introduce una transformación adicional. Allí donde antes conocíamos trayectorias personales, hoy solemos encontrarnos con perfiles, donde había conversaciones aparecen publicaciones, y donde existían historias complejas circulan fragmentos de pocos segundos. Terminamos creyendo que una imagen, un tuit o un video bastan para comprender una vida.

La lógica de la polarización completa ese recorrido. Antes incluso de escuchar a alguien sentimos la necesidad de ubicarlo en una identidad: de qué partido es, qué vota, qué medio consume o de qué lado se encuentra en la última controversia pública. El adversario deja de ser un interlocutor para convertirse en una categoría frente a la cual reaccionamos casi automáticamente.

Ninguna de estas dinámicas explica por sí sola nuestra época. Tampoco constituyen un juicio moral sobre el mercado, la tecnología o la competencia. El problema aparece cuando esas lógicas dejan de limitarse a sus ámbitos específicos y terminan colonizando el conjunto de nuestros vínculos. La desubjetivación del otro no comienza con la violencia, empieza cuando la desubjetivación ya ha ocurrido.

¿Por qué esa forma de mirar al otro encuentra hoy un terreno tan fértil? La respuesta no puede buscarse únicamente en las redes sociales, en los algoritmos o en la dinámica política. También exige volver la mirada hacia una característica mucho más profunda de la condición humana.

Jacques Lacan llevó hasta sus últimas consecuencias una de las inferencias fundamentales de Freud al sostener que el sujeto humano se encuentra estructuralmente constituido alrededor de una falta. Ningún objeto logra proporcionar una satisfacción definitiva porque el deseo no nace simplemente de la ausencia de algo, sino de una incompletud que forma parte de nuestra propia condición. No deseamos porque todavía no encontramos aquello que nos falta; deseamos porque ninguna adquisición puede clausurar definitivamente esa falta constitutiva.

La sociedad de consumo no creó esa condición. Lo que hizo fue convertir en mercancía la promesa de superarla. Nos persuade de que la próxima compra, el próximo ascenso, el próximo reconocimiento, la próxima relación afectiva o el próximo éxito serán suficientes para sentirnos finalmente completos. Pero la satisfacción dura apenas un instante, el deseo vuelve a ponerse en marcha, se desplaza hacia otro objeto y la búsqueda comienza otra vez. Así se consolida una subjetividad permanentemente insatisfecha.

El problema no consiste en desear. Desear constituye una condición inseparable de la existencia humana, el problema aparece cuando dejamos de tolerar esa incompletud y comenzamos a exigir que sean los otros quienes la resuelvan. Entonces las personas dejan de ser encuentros para convertirse en recursos. No sólo consumimos objetos, consumimos reconocimiento, consumimos prestigio, consumimos validación, consumimos experiencias, consumimos vínculos y, en ocasiones, terminamos consumiendo personas.

Cuando alguien deja de satisfacer nuestras expectativas, se reemplaza. Cuando deja de confirmar la imagen que tenemos de nosotros mismos, se descarta. Cuando piensa distinto, deja de ser un interlocutor para convertirse en un obstáculo y se propicia su cancelación. La desubjetivación del otro no constituye entonces el punto de partida, es la consecuencia de una cultura que produce sujetos cada vez menos dispuestos a convivir con su propia falta.

En este punto, el psicoanálisis ofrece otra advertencia que conserva una sorprendente actualidad. Algunas modalidades de funcionamiento perverso se caracterizan precisamente porque el otro queda subordinado, ante todo, a la satisfacción del propio deseo. Su singularidad pierde relevancia frente a la función que cumple. Ya no importa quién es esa persona, sino aquello que puede proporcionar.

Sería un error trasladar sin más una categoría clínica al análisis de una sociedad. Las culturas no son perversas en sentido psicopatológico. Sin embargo, también sería ingenuo ignorar que determinadas formas de organización social premian vínculos que, sin constituir una perversión clínica, reproducen una lógica sorprendentemente cercana: valorar al otro principalmente por la utilidad que ofrece.

Algo semejante puede observarse al estudiar la psicopatía. Uno de sus rasgos más característicos no consiste únicamente en la ausencia de culpa. Consiste también en una profunda dificultad para experimentar empatía emocional. El sufrimiento ajeno puede ser comprendido intelectualmente, anticipado con precisión e incluso utilizado estratégicamente. Lo que se encuentra alterada es la experiencia afectiva que permite sentirse genuinamente conmovido por ese sufrimiento.

Esta distinción resulta especialmente sugerente para comprender nuestra época, nunca habíamos dispuesto de tanta información sobre los demás, los algoritmos aprenden nuestros gustos, las plataformas anticipan nuestras preferencias, las empresas conocen nuestros hábitos, la inteligencia artificial interpreta cada vez mejor nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestros patrones de comportamiento. Comprender al otro nunca había resultado tan sencillo, sin embargo, reconocerlo como un sujeto irrepetible quizá nunca había sido tan difícil.

Éste constituye uno de los grandes contrastes de nuestro tiempo. Mientras las tecnologías perfeccionan extraordinariamente nuestra capacidad para predecir comportamientos, nada garantiza que aumente nuestra disposición para encontrarnos verdaderamente con quienes esos comportamientos expresan. Podemos conocer con enorme precisión lo que alguien hará mañana y, sin embargo, ignorar casi por completo quién es verdadera y profundamente esa persona.

La desubjetivación del otro comienza exactamente allí: cuando el conocimiento sustituye al encuentro, cuando la información reemplaza a la comprensión y cuando la eficacia termina ocupando el lugar del reconocimiento.

Hasta aquí hemos pensado la desubjetivación del otro como un fenómeno psicológico y cultural. Sin embargo, sus consecuencias exceden ampliamente el plano de los vínculos personales. Obligan también a revisar una pregunta que rara vez nos formulamos: ¿qué clase de personas necesita una democracia para poder sostenerse?

Con frecuencia definimos la democracia como un sistema de organización del poder, un conjunto de instituciones destinadas a distribuir competencias, limitar abusos y garantizar derechos. Todo eso es cierto, pero resulta insuficiente, ninguna comunidad política se sostiene únicamente sobre normas. Toda organización política produce, consciente o inconscientemente, un determinado tipo de sujeto, moldea sensibilidades, instala hábitos, premia ciertas disposiciones emocionales y desalienta otras, enseña cómo tramitar los conflictos, cómo convivir con la frustración, qué hacer con quienes piensan distinto y qué lugar otorgar a la diferencia. En ese sentido, la democracia no sólo organiza el poder, también educa. O, al menos, debería hacerlo.

Quizá ése sea uno de los aspectos menos advertidos del problema. Solemos preocuparnos -con razón- por la independencia judicial, la división de poderes, la transparencia institucional o la calidad de nuestras leyes, entre muchas otras cuestiones no menos importantes. Sin embargo, prestamos mucha menos atención a la materia prima sobre la que todas esas instituciones descansan: la forma en que aprendemos a percibirnos unos a otros.

Porque ninguna Constitución puede obligarnos a reconocer humanidad donde hemos dejado de verla, ninguna ley puede imponer curiosidad frente a quien piensa distinto, ni puede producir por sí solo respeto, escucha o disposición al diálogo. Las instituciones pueden proteger derechos, pero no pueden reemplazar la experiencia subjetiva de reconocer al otro como un igual en dignidad. Ésa constituye una tarea eminentemente cultural.

Una cultura democrática produce ciudadanos capaces de sostener una convicción aparentemente sencilla, aunque extraordinariamente exigente: que quien piensa distinto continúa siendo una persona tan compleja, contradictoria y valiosa como uno mismo. La democracia nunca exigió eliminar el conflicto, por el contrario, nació para hacerlo posible sin destruir a quienes participan de él. Su mayor conquista no consiste en alcanzar unanimidades, sino en permitir que el desacuerdo pueda convivir con el reconocimiento recíproco.

Cuando esa capacidad comienza a deteriorarse, las instituciones permanecen, pero la cultura democrática empieza lentamente a vaciarse desde adentro. Entonces todo empieza a organizarse alrededor de una lógica mucho más primitiva, los que sirven y los que estorban, los que confirman nuestras creencias y los que las cuestionan, los que pertenecen y los que sobran.

La violencia aparece entonces como un desenlace posible, no porque las leyes hayan dejado de existir, sino porque previamente dejó de existir, en la experiencia subjetiva, alguien digno de ser reconocido. Por eso la desubjetivación del otro constituye mucho más que un problema moral, es un problema político. No porque destruya inmediatamente las instituciones, sino porque erosiona silenciosamente las condiciones psicológicas que las vuelven posibles.

Las democracias no sobreviven únicamente gracias a la existencia de elecciones libres, tribunales independientes o constituciones bien redactadas. Sobreviven porque una cultura consigue transmitir, generación tras generación, la convicción de que ninguna diferencia política, religiosa, ideológica o cultural alcanza para borrar la condición humana del otro. Cuando esa convicción comienza a debilitarse, las instituciones todavía permanecen en pie, pero el suelo subjetivo sobre el que descansaban empieza lentamente a resquebrajarse.

Tal vez por eso el mayor desafío político del siglo XXI no consista únicamente en regular la inteligencia artificial, combatir la desinformación o mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones. Todo eso será necesario, pero probablemente resulte insuficiente, porque ninguna innovación tecnológica ni ninguna reforma institucional alcanzarán para fortalecer una democracia cuyos ciudadanos hayan dejado de reconocerse mutuamente como sujetos. Quizá el verdadero desafío de nuestra época consista en reconstruir una cultura capaz de resistir la desubjetivación del otro.

Una cultura que vuelva a enseñarnos algo que nunca debimos olvidar: que ninguna persona queda completamente definida por una publicación en redes sociales, una opinión política, un error, una identidad, una fotografía o un algoritmo. Siempre hay una historia que desconocemos, una biografía que ignoramos, una complejidad que no alcanzamos a ver.

Tal vez la primera responsabilidad ética de una sociedad democrática consista precisamente en resistirse a esa simplificación, en recordar que detrás de cada perfil existe una persona, detrás de cada voto, una historia, detrás de cada adversario, una conciencia, detrás de cada diferencia, una vida interior tan compleja como la nuestra. No porque todos tengan razón, ni porque todas las conductas deban ser justificadas, sino porque ninguna discrepancia, ningún error y ninguna identidad alcanzan para cancelar la condición humana de alguien.

Quizá ésa sea, después de todo, la diferencia más profunda entre una sociedad verdaderamente democrática y otra que comienza lentamente a dejar de serlo. No solo la cantidad de elecciones que celebra, calidad de sus leyes, ni siquiera la fortaleza de sus instituciones, sino el tipo de mirada que sus ciudadanos aprenden a dirigir hacia los demás.

Porque toda época produce tecnologías, toda época produce formas de organización política, toda época produce maneras de nombrar el mundo, pero también produce una determinada forma de mirar al otro. Y quizá el verdadero problema de nuestro tiempo no sea solamente el desarrollo de nuevas tecnologías, sino el tipo de mirada que estamos aprendiendo a través de ellas.

Las democracias no empiezan a derrumbarse cuando fracasan sus instituciones, empiezan a hacerlo mucho antes. Empiezan a derrumbarse cuando dejan de producir ciudadanos capaces de seguir descubriendo una persona allí donde resulta más sencillo ver únicamente una categoría. Porque toda deshumanización comienza mucho antes de la violencia, comienza cuando dejamos de preguntarnos quién es realmente ese otro que tenemos delante.

El Gobierno anunció que enviará al Congreso una nueva reforma de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. La anterior no tuvo gran aceptación.

El objetivo es ofrecer mayores garantías para que los argentinos utilicen los dólares que mantienen fuera del sistema financiero. El Gobierno dice que hay unos USD 170.000 millones en efectivo que podrían estar guardados en cajas de seguridad, domicilios particulares o directamente “debajo del colchón”, lo cual es posible. Incluso puede ser más.

El ministro Luis Caputo sostiene que tener esos dólares inmovilizados es un mal negocio para sus propietarios y también para el país. Desde el punto de vista de quien tiene los dólares inmovilizados en una caja de seguridad, el argumento es razonable: un billete guardado no produce intereses y, además, pierde poder adquisitivo como consecuencia de la inflación estadounidense.

La incorporación de esos fondos al circuito formal podría ampliar los depósitos bancarios, aumentar la capacidad prestable del sistema financiero, financiar consumo e inversión y, eventualmente, mejorar la recaudación impositiva como consecuencia de un mayor nivel de actividad.

La incorporación de fondos al circuito formal podría ampliar los depósitos bancarios, aumentar la capacidad prestable del sistema financiero, financiar consumo y la inversión

Ahora bien, como decía antes, es correcto el argumento de Caputo de que es un mal negocio tener los dólares bajo el colchón, pero el argentino tiene memoria y recuerda el plan Bonex del 28 de diciembre de 1989, cuando el Estado confiscó depósitos en el sistema financiero y entregó bonos a cambio.

Luego vino una Ley de Intangibilidad de los Depósitos, de agosto de 2001, por la cual se aseguraba que los depósitos no podían ser confiscados, algo que ya existía en la Constitución Nacional. Pero en 2002 el Congreso, que meses antes había aprobado esa ley, votó la pesificación de los depósitos: la famosa pesificación asimétrica.

En 2008, se sancionó la ley que confiscó los ahorros de trabajadores en las AFJP. El tema no es que el Estado decidió terminar con el sistema de capitalización y devolver los ahorros a quienes habíamos optado por ese esquema: directamente el Estado se quedó con nuestros ahorros.

Estos antecedentes son los que Caputo parece no tener en cuenta a la hora de pedirle a la gente que deposite sus ahorros en los bancos.

En otros términos, ¿cuál es la tasa de interés que cubre el riesgo de la tradición confiscatoria de la Argentina?

El Gobierno no parece advertir que uno de los componentes de la tasa de interés es el riesgo institucional. A mayor inseguridad jurídica sobre los ahorros que presto, mayor tasa de interés voy a pedir.

El Gobierno no parece advertir que uno de los componentes de la tasa de interés es el riesgo institucional

Aclaro que no estoy en contra de la medida del Gobierno: tanto la idea de hacer una especie de blanqueo muy amigable como la de permitir que los bancos presten a quienes tienen ingresos en pesos. Pero no puedo dejar de reconocer que existe un riesgo cierto en prestarle dólares a quienes tienen ingresos en pesos.

La política cambiaria

Acá hay un dato concreto: el tipo de cambio no flota libremente. Hay un cepo para las empresas, los exportadores están obligados a ingresar sus divisas de exportación, el BCRA opera en el mercado de futuros y el Tesoro vende bonos ajustables por el dólar. Esta intervención del Estado hace que el tipo de cambio esté atrasado respecto de lo que sería en un mercado realmente libre.

De lo anterior se desprende que no es descartable que el tipo de cambio pegue un salto. Si alguien que tiene ingresos en pesos toma un crédito en dólares y salta el tipo de cambio, lo más probable es que no pueda pagar ese crédito.

Basta con recordar el salto cambiario de 2002, cuando se salió de la convertibilidad, para darse cuenta de que los bancos se quedarían, por el lado del activo, con una cartera de incobrables y, por el lado del pasivo, con acreedores en dólares (los que depositaron dólares).

En otros términos, los bancos estarían prestando dólares de terceros para consumo o inversión a sectores que tienen ingresos en pesos.

¿Por qué se pesificaron las deudas en 2002? Porque los bancos no iban a poder recuperar los créditos en dólares que habían otorgado y tenían en el pasivo depósitos en dólares que no podían pagar. El sistema financiero estaba por quebrar.

La opción del Gobierno fue hacerles pagar la cuenta a los depositantes en dólares, quienes perdieron buena parte de su capital. Fueron los patos de la boda.

En el gobierno de Mauricio Macri se hizo un blanqueo y los que blanquearon los ahorros en el exterior fueron perjudicados

Además, el ahorrista puede preguntarse qué ocurrirá si deposita sus dólares, compra un inmueble, adquiere bonos o realiza una inversión productiva y dentro de unos años aparece un nuevo impuesto patrimonial, se restablecen controles cambiarios o se utiliza la información obtenida para iniciar una fiscalización.

Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri se hizo un blanqueo y los que blanquearon los ahorros en el exterior fueron perjudicados. Quienes blanquearon bajo un régimen que preveía una alícuota de Bienes Personales de 0,25% terminaron enfrentando, desde 2019, una tasa de hasta 2,25% sobre los bienes del exterior: ¡nueve veces más!

El principal obstáculo

El Gobierno ya impulsó una ley de inocencia fiscal, sancionada a fines de 2025. La norma estableció un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias, presunciones de exactitud para determinadas declaraciones juradas y modificaciones al régimen penal tributario. Ahora, la nueva iniciativa busca reforzar esa legislación y brindar mayor seguridad jurídica frente al temor de que una futura administración cambie nuevamente las reglas.

Precisamente allí aparece el principal obstáculo. Si una persona necesita una nueva ley para protegerse de lo que podría hacer otro gobierno dentro de uno o dos años, significa que el problema de fondo continúa vigente. En Argentina, la palabra del Estado tiene una credibilidad muy limitada porque las normas suelen durar lo mismo que las necesidades fiscales o políticas de la administración de turno.

No hay régimen de sinceramiento, blanqueo o inocencia fiscal capaz de sustituir la falta de seguridad jurídica de la Argentina, que solo se recuperará si, a lo largo del tiempo, un gobierno tras otro demuestra respetar la propiedad privada.

En síntesis, la propuesta del Gobierno no me parece mal; el problema son los puntos señalados anteriormente: la inseguridad jurídica y, en el extremo, la pregunta de si el Gobierno está dispuesto a dejar quebrar el sistema financiero en caso de que los créditos en dólares otorgados a quienes tienen ingresos en pesos no los puedan pagar ante un eventual salto cambiario.

Otra oportunidad perdida: España, sus referentes políticos, culturales, su Rey, deberían haber frenado esta estúpida ola de críticas hacia la Argentina, absurdas, inaceptables. En la euforia de un triunfo en el Mundial, los argentinos fuimos tratados de racistas y el resultado del partido hasta llegó a ser presentado de modo ofensivo, como la victoria de la supuesta superioridad moral de una nación sobre otra.

Prefirieron refrendarla o callar los dirigentes españoles que debieron frenar esa ola, recordando que estamos unidos por historia y cultura, que este país lo poblaron los españoles, antes y después de su independencia.

Que, en la posguerra, la Argentina fue solidaria con ellos. Incondicionalmente solidaria. Que tenemos vínculos comerciales, pero que no solo intercambiamos productos sino también población.

¿Es posible que permitan que el fútbol avance sobre todo eso? Es lamentable ver cómo España desperdicia eso que hoy llaman soft power.

Y digo otra oportunidad perdida porque la historia se repite.

No es cierto que la Revolución de Mayo se inspiró en la Revolución Francesa. Esa es una lectura posterior, interesada. Buenos Aires, Caracas o Santiago de Chile no buscaban romper definitivamente con España sino autogobernarse.

Pero Fernando VII, el necio, creyó poder dar marcha atrás y envió sus tropas para someter a los rebeldes. La independencia se declara en 1816 precisamente por eso, porque los españoles se negaron a contemporizar con esa situación y edificar nuevos vínculos sobre otras bases.

De hecho, es lo que les propuso el mismísimo José de San Martín en junio de 1821 cuando, como Protector del Perú, se entrevista personalmente con el Virrey José de la Serna. El Libertador estaba incluso dispuesto a instaurar una monarquía constitucional en Perú con un príncipe español en el trono, a condición de que España reconociera la independencia del Perú, de Chile y del Río de la Plata.

Dirigiéndose a La Serna, San Martín dijo: “Los comisarios de V.E. entendiéndose lealmente con los míos, han arribado a convenir que la Independencia del Perú no es inconciliable con los más grandes intereses de España y que al ceder a la opinión declarada de los pueblos de América contra toda dominación extraña, harían a su patria un señalado servicio si fraternizando con un sentimiento indomable evitan una guerra inútil y abren las puertas a una reconciliación decorosa. Y que servirán mejor a la humanidad y a su país si en vez de ventajas efímeras pueden ofrecerle emporios de comercio, relaciones fecundas y la concordia permanente entre hombres de la misma raza que hablan la misma lengua y sienten con igual entusiasmo el generoso deseo de ser libres”.

Queda claro así por qué los países hispanoamericanos surgidos de la colonización española no formamos con España una mancomunidad como la que tiene el Reino Unido con sus antiguas posesiones.

El Virrey se mostró personalmente entusiasmado, sin embargo las negociaciones se frustraron. Lo explicó Tomás Guido, amigo personal de San Martín, que en aquella ocasión actuó como su delegado en las negociaciones: “El reconocimiento de la independencia del Perú por el Virrey de la Serna y la unión de ambos ejércitos para defenderla y consolidarla era la base de las pretensiones del general San Martín, y en ella convino al momento el general La Serna y cuantos jefes le acompañaban. (...) Todo quedó convenido y la más estrecha y fraternal confianza sucedió a la cautela con que unos y otros iniciamos la conferencia. En aquel día acabó la guerra del Perú (...). Pero apenas se impuso de lo sucedido el general (Gerónimo) Valdés, cuyo carácter impetuoso y osado se sobreponía a los demás, se resistió decisivamente a la realización del plan y amenazó a La Serna con la oposición del Ejército. (...) …reducidos los resortes de poder de La Serna, [éste] descendió a la humillación de suscribir a las ideas de Valdés. Así de un golpe fue deshecha la obra de la prudencia y de la justicia”.

Falta un detalle esencial en este relato: el general Valdés era un masón de alto grado.

La oposición a esta negociación vino de Londres, a través de la masonería; y a la larga del propio Fernando VII que, por quererlo todo, se quedó sin nada.

Pero la necedad de los Borbones venía de lejos.

En mayo de 1810, cuando los patriotas rioplatenses forman el primer gobierno criollo, lo hacen jurando lealtad a Fernando VII. Ríos de tinta han corrido sobre lo que algunos historiadores llamaron la Máscara de Fernando, dando a entender que se trató tan solo de una estratagema para suavizar la reacción española y disimular sus verdaderas intenciones.

Es posible que algunos de los protagonistas de Mayo ya tuvieran en la cabeza la idea de la independencia —varios de ellos eran agentes de intereses ajenos, mayormente ingleses y portugueses—, pero para la mayoría, lo de Fernando no era una máscara sino fruto de la doctrina imperante, formulada por el teólogo y filósofo Francisco Suárez, que afirmaba que Dios no otorga la soberanía de forma directa al Rey sino a través de la comunidad, del pueblo. Éste es el verdadero depositario del poder político por derecho natural y decide transferirlo libremente al gobernante.

Es con fundamento en esa doctrina que, cuando el Rey fue obligado a abdicar y hecho prisionero por Napoleón, sus súbditos españoles reasumieron el poder a través de la creación de juntas de gobierno. Y los americanos hicieron lo mismo. En ausencia del Rey, la soberanía volvía al pueblo.

Pero cuando Fernando VII recupera el trono, pretende retrogradar la situación a 1810 por la fuerza. Qué distinta habría sido la historia si el Rey hubiera reconocido la autonomía hispanoamericana y negociado nuevas condiciones para sus vínculos económicos y políticos...

El absolutismo de los Borbones, que ya había generado malestar a mediados del siglo XVIII con reformas tendientes a profundizar su dominio económico y político en América, los encegueció también en 1810 y le hizo perder a España una gran oportunidad.

Hoy, claramente, ya no se trata de que nos manden un príncipe, pero sí de ahondar en lo que nos une.

Pensemos en la tristemente célebre leyenda negra sobre la conquista española, que tantas usinas culturales difunden con entusiasmo. Pues bien, el historiador que en la actualidad más contradice esa leyenda y que ha escrito ya cuatro bestsellers para defender el legado de España en América se llama Marcelo Gullo y es argentino, señores, y es quien está poniendo las cosas en su lugar, contando la verdadera historia de cómo España civilizó este continente, le dio forma y dejó una huella perdurable. ¿No les dice eso algo sobre lo que verdaderamente importa entre España y Argentina?

En vez de ahondar en esos lazos, permiten que una sarta de tontos —o de vivos—, periodistas, actores e altri, se turnen para decir zonceras.

Si callan por prejuicio ideológico, por temor a beneficiar a tal o tal partido, es un error. Esta administración —como todas—pasará, pero la Argentina quedará. Las opciones internacionales del actual gobierno no tienen que ver con la tradición ni la idiosincrasia del pueblo argentino, que siempre tendió a la apertura al mundo, a llevarse bien con todos los países con los que sea posible llevarse bien. Con todos.

Qué oportunidad dejó pasar España, oportunidad de confirmar lazos que con los argentinos sólo pueden ser de amistad, reconocimiento y respeto mutuos.

Nuevamente, es doloroso, triste, que ningún responsable político, de ningún partido, haya hablado de los vínculos que unen a la Argentina con España. Tenemos el mismo idioma, la misma fe fundante y una historia compartida.

No debe el fútbol destruir esa unidad de cultura.

La comunicación política será uno de los principales retos del próximo Gobierno. Keiko Fujimori asumirá la presidencia en un escenario marcado por la fragmentación política, el escrutinio permanente y una ciudadanía más exigente. En ese contexto, la forma en que el Ejecutivo comunique sus decisiones será clave para construir confianza, fortalecer legitimidad y afrontar la resistencia de un sector del electorado al fujimorismo.

La comunicación durante los primeros cien días de gestión debería priorizar un enfoque positivo, prospectivo y programático, centrado en explicar las políticas públicas y los objetivos del Gobierno. El contraste con las gestiones anteriores puede ser útil, pero sin recurrir a mensajes negativos que profundicen la polarización o debiliten la legitimidad.

En un entorno donde las crisis reputacionales pueden surgir con rapidez, los primeros meses de gestión también serán claves para consolidar la confianza ciudadana. Durante ese periodo, la presidenta deberá demostrar capacidad de gestión y comunicar con claridad, precisión y credibilidad, sobre todo en un sistema político donde el liderazgo personal suele tener mayor peso que los partidos políticos.

En esa línea, la comunicación del Gobierno debería concentrarse en la figura de la propia presidenta. En un sistema presidencialista como el peruano, será ella quien enfrente el mayor escrutinio público, por lo que deberá asumir una vocería activa y estar preparada para responder con solvencia tanto a entrevistas favorables como críticas.

A diferencia de una campaña electoral, la comunicación de un gobierno tiene que dirigirse a toda la ciudadanía. En ese contexto, es conveniente combinar entrevistas en medios tradicionales y plataformas digitales, incluso con espacios críticos, para demostrar apertura al diálogo, fortalecer la legitimidad y proyectar un liderazgo capaz de responder con solvencia a los cuestionamientos públicos.

La credibilidad del nuevo Gobierno dependerá más de las acciones que de los discursos. Por ello, la comunicación debería priorizar la difusión de políticas públicas y resultados concretos, acompañados de espacios de escucha y diálogo con la ciudadanía y diversos actores sociales, para construir una narrativa basada en hechos y participación.

En temas como la seguridad ciudadana, la comunicación gubernamental debería centrarse en explicar las acciones emprendidas y el rumbo de las políticas públicas, antes que prometer resultados inmediatos. La exposición de los avances concretos y objetivos verificables contribuirá a fortalecer la credibilidad y evitar que los mensajes sean percibidos como propaganda o triunfalismo.

Para preservar su capital político, la presidenta no debería delegar por completo su comunicación en sus ministros y asumir de manera personal sus principales mensajes. Sin embargo, la comunicación solo será efectiva si está respaldada por resultados concretos. La gestión debe preceder al discurso: las promesas deben convertirse en acciones verificables mediante un equipo técnico sólido que permita cumplir los compromisos anunciados.

El principal desafío comunicacional del nuevo Gobierno será construir un relato propio basado en una visión de futuro, y no solo en la oposición al adversario. La comunicación política debe movilizar a la ciudadanía mediante propuestas, esperanza y objetivos compartidos. Para ello, Keiko Fujimori debería trascender los mensajes de confrontación electoral y plantear un horizonte positivo y esperanzador para el país.

El 5 de septiembre próximo entra en vigencia la Ley 27.801, que deja atrás el viejo régimen de menores de 1980 y baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Desde esa fecha, muchas conductas que hoy se resuelven en casa o en el colegio pasan a tener consecuencias penales reales.

Durante más de cuarenta años, lo que le pasaba a un adolescente que cometía un delito estuvo escrito en una norma vieja: el decreto Ley 22.278 (25/8/1980), el “Régimen Penal de la Minoridad”, del año 1980. Era una ley pensada bajo otra lógica, la del “patronato”, donde el chico no era un sujeto con derechos, sino un menor del que el juez “disponía” casi a su criterio, muchas veces mirando más su situación social que el hecho en sí. Ese régimen fijaba el piso de responsabilidad penal en 16 años pero siempre que el delito imputado tuviera pena privativa de libertad mayor a 2 años; para los delitos menores, el mínimo de la edad de imputabilidad era 18 años. Por eso, durante décadas, la frase “soy menor, no me pasa nada” tuvo, además de inocencia, un respaldo legal concreto.

A partir de septiembre de este año eso terminó. La Ley 27.801, sancionada por el Congreso en febrero de 2026, deroga aquella norma y crea un nuevo Régimen Penal Juvenil. Entra en plena vigencia el 5 de septiembre de 2026 y, entre muchos cambios, baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Conviene aclararlo para no caer ni en el “no pasa nada” ni en el terror: la ley no manda a un chico de 14 a una cárcel por cualquier cosa, y de hecho prioriza que aprenda, repare y se reintegre. Pero deja de tratar como travesuras conductas que son delitos y que están previstos en el vigente Código Penal de 1921. Y esas consecuencias, ahora, empiezan a los 14.

No dudamos de que la comprensión de los chicos de hoy no es la misma que la que tenían en la década del 80. La información con que hoy cuentan nuestros hijos, en gran parte merced a los medios de comunicación, redes sociales e instrucción escolar y familiar, es sustancialmente mayor. De allí que, en línea con la legislación de países de primer mundo, ya a las 14 comprenden perfectamente qué tipo de conducta han realizado, por lo cual le corresponde la pena acorde a dicho comportamiento por haber sido claramente comprendido.

¿Cómo distingue la ley entre delitos leves, medios y graves para los menores?

La Ley 27.801 no trata a todos los delitos por igual: gradúa la respuesta según la pena prevista en el delito cometido por el menor. Entender esas tres franjas es la mejor forma de dimensionar lo que está en riesgo.

Delitos leves (cuyas penas no superen los 3 años de prisión). Acá el juez está obligado a reemplazar la prisión por medidas más leves: una amonestación (un reto formal que el propio juez le hace en audiencia, cara a cara y con los padres al lado), la prohibición de acercarse a la víctima, de manejar, de salir del país o de ir a determinados lugar como ser boliches, recitales o estadios; tareas comunitarias, la reparación del daño o una tobillera con monitoreo electrónico. El menor no va a un instituto, pero -y esto es clave- igual atraviesa un proceso penal real, con imputación y antecedente.

Delitos medios (cuyas penas sean de 3 a 10 años). Es la zona gris. Si ninguno de los hechos causó la muerte ni una violencia física o psíquica grave, y el chico no tiene otras causas en trámite, el juez puede reemplazar la prisión por esas medidas más leves, pero ya no está obligado: necesita un dictamen pericial, el acuerdo del fiscal y escuchar antes a la víctima. Según el caso, puede terminar en una medida alternativa (como las citadas en el párrafo anterior) o en el encierro.

Delitos graves (penas superiores a 10 años, o con resultado de muerte o violencia grave). Acá el reemplazo ya no está disponible. La ley habilita las penas privativas de la libertad: arresto domiciliario, instituto abierto o -lo más parecido a una cárcel de menores- instituto especializado de detención, siempre separado de los adultos. Con dos límites que antes no estaban claros: nunca prisión perpetua y un tope máximo de 15 años de encierro.

Algunos padres consideran que el cambio legislativo les resulta irrelevante dado que sus hijos no “cometerán” delitos. Es cierto que difícilmente cometen un robo con armas, homicidio doloso o secuestro extorsivo, empero la realidad es que los chicos a partir de los 14 años comienzan a manejarse con mayor autonomía y así quedan expuestos a mayores riesgos. Y, lamentablemente, pueden realizar conductas que se encuentran previstas en el Código Penal, como ser peleas en las calles, falsificar el documento de identidad con el fin de ingresar a una fiesta, reenviar fotos íntimas, hasta llamar al colegio para amenazar con la existencia de una bomba. Y por ello, hoy serán punibles. Es decir, serán pasibles de sanciones penales. De allí la importancia, para todos, de este nuevo paradigma.

Para ser más gráficos, veremos algunos ejemplos que, en su mayoría, se ubican entre los delitos leves o medios: no llevan necesariamente al encierro, pero sí implican la apertura y trámite de un proceso penal e imponen sanciones que antes no se aplicaban. Solo los que involucran una muerte o una violencia grave saltan directo a la franja más dura.

Situaciones que parecen “de menores” pero no lo son

La pelea a la salida del boliche. “Le pegamos entre varios para bancar a un amigo, no es para tanto”. Si de la pelea resulta una víctima con lesiones graves, hablamos del art. 90 del Código Penal, que prevé una pena de 1 a 6 años. Y si la golpiza termina con una persona fallecida, ya estamos en el homicidio del art. 79 (8 a 25 años) -o incluso en el homicidio agravado del art. 80-, como lo vimos, tan dolorosamente, como país en el caso de Fernando Báez Sosa. Ahí se cierra la puerta de las penas leves: queda el instituto de detención y hasta 15 años de encierro. El resultado no lo elige el chico: un golpe de más puede definir el resto de su vida.

El documento falso para entrar al boliche. “Me hice un DNI trucho para poder entrar, todos lo hacen”. Adulterar un DNI y/o usarlo es un delito previsto en el art. 296 en función del art. 292 del Código Penal. Y acá viene la sorpresa: como el DNI es un documento destinado a acreditar la identidad de las personas, la pena no es leve, sino de 3 a 8 años. No importa que la intención haya sido solo “entrar a bailar”: la ley mira que se usó un documento falso. Desde septiembre, ese chico de 14 o 15 años puede quedar imputado por un delito lejos de ser menor.

La simple tenencia o reenvío de una imagen de contenido sexual. “Tenía una foto guardada de una imagen íntima de una compañera, se la pasé por un grupo de WhatsApp, pero no la saqué yo eh”. Cuando la imagen es de contenido sexual y la víctima es menor de edad -una compañera del colegio-, de una parte, la simple tenencia prevé una pena de prisión de hasta 1 año (art. 128 del CP) y, de la otra, en caso de que esa imagen sea publicada, facilitada o distribuida, la pena de prisión llega hasta 6 años. El acusado ingresa al sistema penal, mientras dura la investigación le secuestran el celular y la computadora, y será duramente sancionado. Del otro lado, para la víctima, el daño no se borra nunca más; no alcanza con un “fue sin querer”.

El “chiste” de tocar una cola. “Le toqué la cola a una persona en el pasillo, fue una broma.” No es una broma: tocar a otra persona en una zona íntima, sin su consentimiento, es abuso sexual simple, previsto en el art. 119, primer párrafo, del Código Penal, con una pena de 6 meses a 4 años. No hace falta que haya nada más: alcanza con ese contacto no consentido. Bajo el nuevo régimen, esa persona de 14 o 15 años puede ser imputado por un delito contra la integridad sexual, con todo lo que eso implica para él y, sobre todo, para la víctima.

Pedir fotos íntimas por chat. “Le insistí a una chica del cole para que me mandara fotos desnuda.” Contactar por medios digitales a un menor de edad con fines sexuales es grooming, delito del art. 131 del Código Penal, con pena de 6 meses a 4 años. Y si esas imágenes de contenido sexual de un menor efectivamente se piden, se obtienen o se guardan, entra también a jugar el art. 128 ya mencionado. Ojo con un punto que muchos no ven: esto también aplica entre adolescentes. Pedirle fotos íntimas a una persona menor de edad no es “levantarla” ni una picardía: es un delito contra su integridad sexual, por el cual se inicia una investigación penal, se secuestra el celular y/o la computadora utilizada, se impone una pena al menor y, no olvidemos, el daño para la víctima que muchas veces es irreparable.

La amenaza de bomba, de uso de armas, de tiroteo o de masacre. “Avisamos que hay una bomba o que alguna persona iría armada al día siguiente para que no tomen la prueba” Movilizar policías, bomberos y ambulancias con una mentira es intimidación pública, delito del art. 211 del Código Penal, con pena de 2 a 6 años de prisión. La ley establece que respondemos civilmente por los daños que causan nuestros hijos. Traducido: el costo de ese operativo, que se mide en millones, lo termina pagando la familia.

La ley también permite evitar la pena en caso de asumir y reparar

Hay algo que casi no se cuenta y que conviene que los chicos sepan: si el delito no es grave, la ley abre caminos para cerrar la causa sin llegar a una condena. El fiscal puede no seguir adelante con la acción, se puede mediar con la víctima, o se puede suspender el proceso a prueba. Si el adolescente cumple lo que se comprometió, reparar el daño, hacer tareas comunitarias, seguir estudiando, la causa se cierra. Es decir: frente a un error, hacerse cargo y reparar tiene un beneficio concreto. Pero ese camino depende, en buena medida, de las decisiones del propio chico.

La ley ahora nos protege de los hechos cometidos por menores

Esta nueva ley al imponer penas a quienes ya tengan 14 años, nos protege. Ya no aplica el caso del menor que delinque y sale el mismo día “por ser menor”. El juez puede imponerle, como vimos, según la gravedad del delito distintas clases de pena, hasta la reclusión por 15 años.

El juez puede imponerle, como vimos, según la gravedad del delito distintas clases de pena, hasta la reclusión por 15 años.

Concientizar antes de que sea tarde

Frente a este cambio, entendimos que la mejor herramienta no es el miedo, sino la información. Por eso tomamos la decisión de comenzar a dar charlas de concientización dirigidas a los propios adolescentes, para explicarles con casos reales qué significa ser imputable y cuáles son las consecuencias de un mal ejercicio de la libertad.

Empezar por el colegio de nuestros propios hijos no fue casual: la concientización es más creíble cuando quien la transmite comparte el mismo lugar y las mismas preocupaciones que las familias a las que se dirige. La experiencia fue muy buena, y estamos convencidos de que sería bueno que todos los colegios sigan el mismo camino y abran sus puertas a estas conversaciones, antes de septiembre y de manera sostenida.

Porque el problema, casi siempre, es de percepción. Muchas conductas que para un chico son “pavadas” o cosas que “se hicieron toda la vida” son, para la ley, delitos. Una pelea, un documento falso para entrar al boliche, el reenvío de una foto, tocar a alguien sin permiso, pedir imágenes íntimas, una amenaza en broma: decisiones tomadas en cinco minutos -por bronca, por picardía o por presión del grupo- que pueden cambiar el resto de una vida.

El fondo de la cuestión

Bajar la edad de imputabilidad es una decisión discutible y discutida, y esta columna no busca cerrar ese debate. Hay quienes ven un endurecimiento que criminaliza más temprano la adolescencia, y quienes celebran el fin de una ley de los años 80 que sobrevivió sin adaptarse a los derechos del niño. Las dos miradas conviven en la misma norma.

Lo que no se discute es que el terreno cambió. Desde el 5 de septiembre, la línea que separaba el error de un chico de una causa judicial se corrió, y con ella se corre también nuestra responsabilidad como familias, como escuelas y como sociedad: la de explicarles, a tiempo, que la libertad que reclaman -y que está bien que reclamen- tiene una contracara que ya no empieza a los 16, sino a los 14. Su libertad es un derecho. Su responsabilidad es, desde ahora, el precio de esa libertad.

La reciente aprobación, mediante la Resolución Ministerial N.° 184-2026-TR, del “Listado de microempresas que son fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante el Año Fiscal 2026” reabre un debate que el país mantiene pendiente desde hace varios años: ¿están realmente preparados los gobiernos regionales para asumir una función tan especializada como la inspección del trabajo?

La descentralización constituye una política pública necesaria; sin embargo, no puede reducirse a una simple transferencia normativa de competencias. La experiencia demuestra que ejercer la inspección del trabajo exige personal altamente especializado, procedimientos uniformes, recursos logísticos suficientes y capacidades técnicas que, en muchos casos, los gobiernos regionales aún no han desarrollado plenamente.

Paradójicamente, la propia SUNAFIL continúa enfrentando importantes desafíos para brindar un servicio oportuno y uniforme a nivel nacional. Existen procedimientos que se prolongan excesivamente y materias especialmente sensibles, como los despidos arbitrarios, que escapan de su ámbito competencial al corresponder su resolución al Poder Judicial. Si el sistema nacional aún presenta limitaciones, resulta legítimo preguntarse si la transferencia de funciones a entidades con menores capacidades permitirá mejorar la tutela de los derechos laborales.

El riesgo es evidente. Una inspección laboral sin estándares homogéneos ni recursos suficientes puede afectar tanto la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores como la seguridad jurídica que requieren las empresas para desarrollar sus actividades. La incertidumbre en la aplicación de la normativa termina desincentivando la inversión, incrementando la conflictividad y reduciendo la competitividad del país.

Las microempresas representan el principal motor del emprendimiento y del empleo en el Perú. Más que enfrentar mayores niveles de incertidumbre administrativa, requieren un marco regulatorio que incentive su formalización, acompañe su crecimiento y promueva el cumplimiento de la legislación laboral mediante asistencia técnica y fiscalización eficiente. Difícilmente una transferencia de competencias sin un fortalecimiento institucional previo contribuirá a ese objetivo.

La descentralización solo será exitosa si viene acompañada de un verdadero proceso de fortalecimiento institucional: transferencia gradual de competencias, capacitación permanente, inducción especializada, presupuesto suficiente, herramientas tecnológicas y mecanismos de supervisión que aseguren criterios uniformes en todo el territorio nacional. De lo contrario, corremos el riesgo de descentralizar no solo las competencias, sino también las deficiencias del sistema.

Porque descentralizar no significa únicamente trasladar funciones; significa garantizar que quien las recibe tenga la capacidad real para ejercerlas en beneficio de los trabajadores, de las empresas y del desarrollo del país.

El 17 de Julio el Organismo Especializado en Contrataciones del Estado (OECE), aprobó la Directiva 004-2025-OECE/CD, Directiva del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas-JPRD (REGAJU), que constituye la segunda versión respecto de una previamente aprobada. Esta norma, contiene los requisitos para la inscripción en el REGAJU y con ello, poder participar en controversias de obras. No obstante, ha recibido desde antes de su publicación críticas por parte de múltiples Cámaras de Comercio del país, por considerar que podría restringir injustificadamente la competencia y debilitar la descentralización de mecanismos de solución de controversias, impactando en las inversiones públicas. Entre los aspectos controversiales contiene metrajes mínimos para las distintas áreas del Centro Arbitral a cumplir para poderse registrar, incluyendo metros para baños y cocinas, aspectos que no guardan relación con la labor y calidad de un Centro Arbitral.

El 18 de Julio se publicó el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo 1252 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), que introduce modificaciones que requerirán un desarrollo posterior a nivel de una nueva Directiva con los procesos aplicables, por ejemplo, en materia de inversiones públicas de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Aspecto que no es menor, se recomienda realizar este tipo de inversiones públicas frente al Fenómeno del Niño.

Al día siguiente, el 19 de Julio se publicó la Ley 32732, que aprueba un crédito suplementario supuestamente justificado principalmente en el mayor financiamiento de inversiones públicas, sobre todo ante el Fenómeno del Niño. No obstante, destina una importante cantidad del presupuesto al incremento del gasto corriente relativo al personal de distintas entidades públicas, incluyendo remuneraciones, bonos y gratificaciones. Además, dispone que los organismos reguladores no opinan más en contratos de Asociaciones Público Privadas, otro cambio importante en la infraestructura pública.

Faltando pocos días para el cambio de gobierno, es natural asumir que la nueva gestión realizará modificaciones a estas disposiciones para incorporar su propia visión.

Esta potencial inestabilidad jurídica con nuevas normas en los últimos días del Gobierno saliente, que recaen en el financiamiento, en las reglas técnicas aplicables, en la institucionalidad y en la solución de disputas en la infraestructura pública, sumada a los aspectos pendientes de desarrollo, lamentablemente coincide con un contexto de cambio de liderazgos en las entidades públicas encargadas de la ejecución de obras en los tres niveles de gobierno, lo cual puede impactar en los equipos técnicos y en las prioridades a seguir. Este aspecto de por sí, ya supone un reto para el próximo Gobierno de Keiko Fujimori, que se acrecienta en un contexto de Fenómeno del Niño, donde se necesita acción en vez de mayor demora. El timing del Poder Ejecutivo, no ha sido el mejor.

Se anuncian más directivas que impactarán en las contrataciones públicas en infraestructura ¿podrá la gestión del Presidente saliente, dejar estas decisiones en las manos del gobierno entrante adoptando un criterio de oportunidad?, ¿Se podrán frenar las normas de último minuto, y con ello, la potencial incertidumbre jurídica?

Nos encontramos ante un inminente cambio de autoridades en un Perú convulsionado por el incremento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, contexto en el que los delitos contra la vida, el patrimonio, la administración pública, entre otros bienes jurídicos tutelados, ocupan diariamente los principales titulares de los medios de comunicación.

En dicho escenario, el marco normativo vigente resulta insuficiente y las políticas de Estado implementadas no han alcanzado los resultados que la sociedad legítimamente exige y reclama. Asimismo, la globalización y el empleo de las nuevas tecnologías son aprovechados por las organizaciones criminales para la consecución de sus fines ilícitos, de modo que las actividades delictivas ya no encuentran límites territoriales ni instrumentales para su ejecución. En consecuencia, resulta imperativo adoptar medidas inmediatas y eficaces orientadas a contener y neutralizar el avance de la criminalidad organizada en el país.

Para efectuar una lucha frontal contra el crimen, se requiere un análisis sobre su origen, los factores que condicionan la conducta delictiva desde un enfoque sociológico, cultural, económico, político y jurídico, solo así podremos prevenirlo y tomar acciones asertivas en esta labor. Bajo esa perspectiva, la participación de disciplinas como la criminología y la criminalística adquiere especial relevancia. Asimismo, la Unidad de Inteligencia del Ejército Peruano puede coadyuvar con las unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Perú en la elaboración de un mapa de identificación territorial de la criminalidad a nivel nacional, permitiendo una adecuada asignación del presupuesto y de los recursos públicos destinados al control efectivo de la criminalidad

En esa línea, se requiere una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú, dotándola de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios para el restablecimiento del orden público, la identificación inmediata del autor del delito y la obtención oportuna de los elementos de convicción. Del mismo modo, ante la configuración de un supuesto de flagrancia, corresponde someter al investigado a un procedimiento célere que, garantizando el pleno respeto de los derechos de los sujetos procesales, permita una

adecuada administración de justicia. Ello contribuirá a restablecer la tranquilidad de la población, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y consolidar un entorno de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.

Del mismo modo, resulta pertinente identificar estratégicamente los lugares para la instalación de sistemas de video vigilancia inteligente mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, a fin de posibilitar una intervención inmediata que active los mecanismos objetivos y subjetivos del derecho penal, orientados a la identificación y sanción de los autores del delito, en observancia de los principios que rigen una correcta administración de justicia.

En cuanto al índice de criminalidad en el país, este ha experimentado un incremento considerable durante los últimos años. En tal sentido, resulta indispensable adoptar medidas de carácter urgente mediante la implementación de políticas preventivas y el replanteamiento de determinadas conductas típicas que, como consecuencia de la globalización y de los avances tecnológicos, han dado lugar al surgimiento de nuevas modalidades delictivas. Ello hace necesaria la revisión del marco normativo y del sistema punitivo, así como de los criterios aplicables a la imposición de sanciones, en el contexto de una reforma penitenciaria y del sistema de ejecución penal de carácter prioritario. Sin dicha reforma, la finalidad resocializadora de la pena difícilmente podrá alcanzarse, tornando ineficaces los esfuerzos dirigidos a la persecución y sanción del delito. Asimismo, debe considerarse que numerosas manifestaciones de la criminalidad trascienden las fronteras nacionales, como ocurre con el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la trata de personas y los delitos contra la administración pública, entre otros, razón por la cual resulta indispensable fortalecer los mecanismos de cooperación internacional mediante acciones coordinadas de apoyo recíproco y un mayor control y vigilancia de las fronteras.

Finalmente, debe recordarse que el derecho penal constituye la última ratio del sistema de justicia, por lo que los mecanismos de control social previos deben sustentarse en una educación de calidad, cimentada en principios y valores que promuevan la estabilidad y la paz social, dentro del marco de un ordenamiento jurídico que garantice la tutela efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. No obstante, ello debe complementarse con la imposición de sanciones severas y ejemplares contra quienes vulneran los derechos de las personas que actúan conforme al ordenamiento jurídico y merecen desenvolverse en una sociedad justa, segura y libre de violencia.

El martes 28 de julio la señora Keiko Fujimori juramentará como Presidenta de nuestra República por el período 2026-2031. Asumido el cargo, deberá designar a su primer Consejo de Ministros, el cual tendrá 30 días para presentar el Plan de Gobierno y solicitar el voto de confianza a la flamante Cámara de Diputados.

Estos días previos a la fecha en cuestión son decisivos para la priorización de las políticas públicas que se implementarán en el horizonte temporal del nuevo gobierno. En este contexto, y con el ánimo de aportar al debate, me permito compartir tres propuestas prioritarias que han surgido desde la reflexión colectiva en las aulas universitarias:

La tasa de informalidad laboral en el Perú asciende al 71% según INEI. El debate aquí se ha centrado en los costos laborales no salariales; es decir, para que resulte rentable a un empresario pagar el salario mínimo (y ser formal en general), el retorno en productividad del trabajador contratado debe ser superior al salario pagado.

Esta meta de rentabilidad se puede lograr a través de 2 “recetas”: (i) o reduces el salario mínimo (y/o los beneficios laborales) para que se equipare a la baja con la productividad laboral deficitaria; o, (ii) incrementas suficientemente la productividad laboral para que esté por encima del salario y resulte rentable al empresario.

La primera receta ha fracasado en el Perú. Es hora de que el nuevo gobierno apueste por incrementar la productividad mediante incentivos para la capacitación del capital humano y la innovación tecnológica, reduciendo el costo de acceso al crédito formal y a través de la expansión de mercados a través de encadenamientos productivos.

Según el INEI la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años ascendió a 11%; es decir, que el desempleo juvenil duplicó el promedio nacional de la tasa de desempleo general (4,9%).

Aquí hay dos tareas urgentes. La primera es adecuar la oferta y la demanda a través de sistemas de empleo inteligentes, oportunos, enfocados en los jóvenes y que cierren la brecha entre lo que buscan las empresas y lo que estudian los jóvenes. La segunda, fortalecer en todos los niveles formativos las competencias y habilidades que el mercado actual demanda: priorizar carreras técnicas con alta demanda e implementar una alfabetización universal en el uso de la IA.

El Perú expresó formalmente su interés en acceder a la OCDE en noviembre de 2012. Desde 2022 se cuenta con una Hoja de Ruta que detalla el camino para que el país adapte sus políticas públicas y marcos legales a los estándares internacionales en áreas como economía, comercio, salud y -por supuesto- trabajo.

Esto implica que el Perú garantice el cumplimiento del “núcleo duro” de los derechos fundamentales en el trabajo: aprobar e implementar las políticas nacionales para erradicar el trabajo forzoso e infantil, supervisar el cabal cumplimiento de las normas que promuevan la igualdad por razón de género y la libertad sindical, así como reducir las tasas de accidentabilidad laboral y ampliar la cobertura de protección social.

Ciertamente, estas tres son solo algunas prioridades de una larga lista de problemas en materia laboral que afectan a nuestro país, pero estoy convencido de que es un buen punto de partida para iniciar la implementación de una nueva política pública en el sector trabajo y empleo del Perú.

Durante décadas, Uruguay fue uno de los destinos preferidos por los argentinos para proteger y desarrollar su patrimonio. Tuvo puntos más resonantes post colapso financiero de Argentina en 2001 y el pico más alto llegaría entre 2020 y 2021, cuando Uruguay aplicó incentivos para atraer a inversores y residentes. Lo interesante es que esa tendencia no solo se mantiene, sino que cobra una nueva dimensión en contextos que mutan todo el tiempo.

Hoy un inversor puede acceder desde su celular a oportunidades en prácticamente cualquier parte del mundo. La tecnología eliminó barreras geográficas, amplió el acceso a mercados internacionales y multiplicó las alternativas disponibles. La tecnología eliminó barreras geográficas, amplió el acceso a mercados internacionales y multiplicó las alternativas disponibles. Sin embargo, lejos de perder atractivo, Uruguay sigue consolidándose como una de las principales opciones para los argentinos.

Los números ayudan a entenderlo. El mercado inmobiliario uruguayo cerró el 2025 con más de USD 2.700 millones en compraventas y más de 18.000 operaciones. En Montevideo, alrededor del 15% de las transacciones corresponden a capital argentino. Dentro del régimen de Vivienda Promovida, uno de los motores de la construcción del país, los argentinos adquirieron cerca de 7.800 inmuebles en los últimos doce años, equivalentes al 20% de las unidades desarrolladas bajo ese esquema. Y si tenemos en cuenta a las desarrolladoras líderes, al menos el 10% de las inversiones que reciben llegan desde el otro lado del río.

Uruguay ha logrado construir un marco institucional estable, con reglas claras para propietarios e inversores, incentivos al desarrollo inmobiliario y herramientas que aportan seguridad jurídica a los proyectos

Detrás de estos indicadores existen varias razones de carácter profundo: la previsibilidad, la cercanía, la rentabilidad y las exoneraciones impositivas al invertir en viviendas. Está claro: Uruguay ha logrado construir un marco institucional estable, con reglas claras para propietarios e inversores, incentivos al desarrollo inmobiliario y herramientas que aportan seguridad jurídica a los proyectos.

Esa estabilidad se refleja también en las oportunidades de obtener buenos índices de rentabilidad. Las propiedades destinadas al alquiler suelen ofrecer rentabilidades brutas del orden del 5% al 7% anual, mientras que los proyectos adquiridos en etapa de pozo permiten capturar valorización a medida que avanza la obra. En muchos casos, la diferencia entre el valor de ingreso y el precio final puede superar el 20%.

No obstante, reducir la decisión de invertir a una cuestión de rentabilidad sería simplificar demasiado el análisis. Si algo caracteriza al contexto actual es la abundancia de opciones. Un argentino puede invertir en Estados Unidos, Europa o Asia con apenas unos clics. La pregunta, entonces, no es dónde existen oportunidades, sino dónde esas oportunidades se combinan con estabilidad, liquidez y confianza.

Y allí Uruguay mantiene una ventaja competitiva difícil de replicar. La cercanía geográfica y cultural, el conocimiento mutuo entre mercados, la seguridad jurídica y una relación construida durante generaciones siguen pesando al momento de tomar decisiones patrimoniales de largo plazo.

Al final los negocios se tratan de relaciones, vínculos y acuerdos entre las personas, y pocos mercados reflejan esa realidad como Argentina y Uruguay

La paradoja es evidente: cuanto más global se vuelve el mundo de las inversiones, más valor adquieren los destinos capaces de ofrecer certezas. Por eso, y más allá de la proliferación de herramientas, invertir en ladrillos en Uruguay continúa destacándose como una de las opciones predilectas. No porque sea la única alternativa disponible, sino porque combina oportunidades de crecimiento con el atributo de la confianza.

La digitalización del mundo potencia oportunidades, pero hay cuestiones identitarias y humanas que prevalecen. Al final los negocios se tratan de relaciones, vínculos y acuerdos entre las personas, y pocos mercados reflejan esa realidad como Argentina y Uruguay.

El autor es fundador de Alpha Realtors

Cuando una empresa contrata a una agencia de marketing queda claro que lo hace para buscar mayor visibilidad, visitas en su sitio, consultas y compras. Sin embargo, el concepto que suele brillar por su ausencia en estas charlas preliminares es el elefante blanco de las reuniones futuras.

El problema evidente que las agencias y el cliente ignoran, y que no saben que deberían trabajar desde el comienzo, es el famoso CPA: se trata del costo por adquisición, o dicho en criollo, cuánto le va a salir a la empresa cada conversión adquirida. En el caso de un ecommerce, por ejemplo, cuánto le cuesta en promedio conseguir una venta en su sitio web. Por supuesto que este número es variable, y depende sobre todo del ticket promedio. No es lo mismo una empresa que vende un zapato premium de cuero verdadero, que un ecommerce de cotillón con productos descartables. Por eso, este concepto debería estar en el centro de la estrategia inicial.

Cuando la agencia invierte en campañas, tenemos que tener definido dentro de los objetivos, cuánto nos va a costar conseguir un lead, una reserva, un registro en un formulario a través de las creatividades publicitarias. Si nosotros invertimos 100, y conseguimos 10 resultados, tendremos un CPA de 10. CPA = Inversión publicitaria ÷ Cantidad de conversiones Este es el indicador clave, más allá de las “vistas” o los “me gusta” o de los seguidores nuevos, ya que es el que te dice si la publicidad realmente te está colaborando en la dirección correcta para el negocio.

Cuando un dueño de pyme delega la publicidad, muchas veces deja también la definición de qué es “éxito”

Muchas pymes miran métricas como alcance, clics o interacciones y piensan “la campaña anda bien”. Pero esas métricas no dicen si estás ganando o perdiendo plata, que es lo que en definitiva le interesa al dueño de una pyme y es lo que termina de definir el futuro de la agencia a la larga. A la hora de invertir en campañas publicitarias, la pregunta correcta no es “¿cómo viene la campaña?” sino “¿cuál es el CPA y ese resultado promedio, es rentable para mi negocio?”

Cuando un dueño de pyme delega la publicidad, muchas veces deja también la definición de qué es “éxito”. Y ahí aparece el problema: Para la agencia, “éxito” puede ser: muchos clics, mucho alcance, mucho engagement. Para el dueño de la pyme, éxito debería ser: vender más de lo que gasta en publicidad, con margen. Si el dueño de la pyme no tiene claro su CPA objetivo –el máximo que puede pagar por una venta y seguir siendo rentable–, no hay forma de evaluar si la agencia está haciendo un buen trabajo o no. Confiar “a ciegas” en reportes con números que suenan bien, pero no dicen nada sobre el bolsillo es una estrategia que tiene patas cortas y que suele terminar con el cambio de agencia como si resetear el equipo resolviera el problema.

La solución es entender que delegar la publicidad no significa desentenderse del problema. Delegar implica saber qué preguntar, tener las herramientas a disposición y los indicadores clarificados para poder trabajar como aliados del negocio.

Las preguntas que una pyme debería hacerle a la agencia en cada reunión de performance deberían ser ¿Cuál es el CPA actual de la campaña? ¿Está por debajo de mi margen de ganancia? Si el CPA sube, qué van a ajustar: la segmentación, la creatividad o el presupuesto? El dueño de la pyme no necesita saber manejar Meta Ads, la plataforma desde donde se disparan los anuncios en Instagram y Facebook. Lo que sí necesita entender es su CPA, para poder hablar con su agencia de igual a igual, en un idioma en común sobre lo más importante: la salud del negocio que llevan adelante.

La autora es especialista en Meta Ads, consultora de campañas publicitarias para pymes, docente de Marketing Digital y autora del libro GPS Emprendedor

Cada proceso de cambio tecnológico importante modifica la manera en que trabajamos. Pero, cada tanto, aparece una transformación mucho más profunda: aquella que obliga a redefinir las disciplinas con las que organizamos el trabajo, tomamos decisiones y creamos valor. La inteligencia artificial, en esta nueva etapa de expansión y aplicación multipropósito, pertenece a esta segunda categoría. No porque automatice tareas o multiplique la productividad -algo que, sin dudas, ya está haciendo—, sino porque está alterando la naturaleza del principal recurso sobre el que operan las organizaciones: la inteligencia.

Durante más de un siglo dimos por sentado que la inteligencia era un atributo esencialmente humano. Las empresas competían por atraer talento, desarrollar conocimiento y convertir la experiencia de sus equipos en mejores productos, servicios y decisiones. La inteligencia era un recurso valioso precisamente porque era escaso. Hoy esa premisa comienza a desdibujarse. Modelos generativos, agentes autónomos, sistemas capaces de aprender y plataformas que producen conocimiento en tiempo real están ampliando de manera inédita la cantidad de inteligencia disponible para cualquier organización.

Sin embargo, esta abundancia plantea una paradoja. Nunca fue tan fácil acceder a información, análisis o capacidades cognitivas avanzadas y, al mismo tiempo, nunca resultó tan difícil transformarlas en decisiones acertadas, coordinación efectiva y creación sostenida de valor. La inteligencia, por sí sola, no resuelve ese problema. Puede multiplicar las posibilidades, pero no les otorga dirección. Puede ofrecer respuestas, pero no define cuáles son las preguntas verdaderamente relevantes. Puede acelerar la ejecución, pero no reemplaza el juicio necesario para decidir qué merece ser hecho y con qué propósito.

Por eso creo que la discusión más importante sobre inteligencia artificial no gira alrededor de la tecnología. Gira alrededor del management. Mucho se ha repetido que la IA terminaría reduciendo la importancia de los managers. La hipótesis parece razonable: si una parte creciente del análisis, la planificación e incluso la coordinación puede ser realizada por sistemas inteligentes, ¿qué función quedaría para quienes gestionan organizaciones?

En mi impresión, ocurrirá exactamente lo contrario. Cuanto más abundante sea la inteligencia, más decisiva será la capacidad para organizarla. Esta afirmación exige revisar una definición que acompañó al management durante décadas.

Tradicionalmente lo entendimos como la disciplina encargada de administrar recursos, coordinar personas y alcanzar objetivos. Esa definición fue extraordinariamente útil para un mundo donde el desafío consistía en organizar trabajo, capital y conocimiento. Y si bien sus modelos se fueron ampliando y flexibilizando ante los impactos de la digitalización de los últimos 30 años, la economía que comienza a emerger en esta década presenta un escenario diferente. Las organizaciones ya no estarán integradas únicamente por personas. Convivirán en ellas especialistas, agentes inteligentes, algoritmos, plataformas, comunidades y redes de colaboración capaces de producir conocimiento y ejecutar tareas de manera conjunta.

En ese contexto, quizás haya llegado el momento de redefinir el management. No como la administración de personas ni como la optimización de procesos, sino como el arte de organizar inteligencias para crear valor colectivo. La diferencia no es semántica. Cambia el centro de gravedad de la disciplina.

El management deja de concentrarse en distribuir tareas para pasar a diseñar las condiciones bajo las cuales inteligencias diferentes pueden colaborar. Su responsabilidad ya no consiste solamente en coordinar equipos, sino en construir arquitecturas de interacción entre personas, sistemas inteligentes, datos y equipos. Su aporte deja de medirse por la cantidad de decisiones que toma y comienza a medirse por la calidad del contexto que crea para que emerjan mejores criterios y decisiones.

Quizás allí resida el cambio más profundo. El manager del siglo XXI ya no será quien tenga todas las respuestas. Tampoco quien supervise cada proceso o controle cada tarea. Su principal responsabilidad será diseñar sistemas capaces de producir inteligencia colectiva. Eso implica formular mejores preguntas, establecer criterios para combinar capacidades humanas y artificiales, definir qué decisiones pueden delegarse y cuáles requieren juicio humano, construir confianza en entornos crecientemente mediados por algoritmos y sostener un propósito compartido que otorgue sentido a la acción colectiva.

En otras palabras, el management deja de ser principalmente una disciplina de administración para convertirse, cada vez más, en una disciplina de diseño. Diseño de conversaciones que mejoren la calidad del pensamiento colectivo. Diseño de decisiones donde la inteligencia artificial amplifique —pero no sustituya— el criterio humano. Diseño de organizaciones capaces de aprender con mayor velocidad que los cambios de su entorno. Diseño de ecosistemas donde la diversidad de capacidades produzca resultados imposibles para cualquiera de sus componentes por separado.

Esta mirada ayuda también a comprender por qué hoy tantas iniciativas de inteligencia artificial generan resultados inferiores a los esperados. Los estudios más recientes coinciden en que las organizaciones que logran capturar mayor valor no son necesariamente las que incorporan más tecnología, sino aquellas que transforman sus formas de decidir, colaborar y aprender. La diferencia no la hace el algoritmo. La hace la capacidad organizacional para integrarlo dentro de un nuevo modelo de gestión.

Mirado desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no disminuye la relevancia del management. La vuelve más exigente. Porque cuanto mayor sea la inteligencia disponible, mayor será la necesidad de construir criterio, coordinación y propósito. La escasez ya no estará en la capacidad de producir respuestas. Estará en la capacidad de convertir esas respuestas en decisiones compartidas y esas decisiones en acción colectiva.

Quizás, después de todo, el management nunca consistió realmente en administrar recursos. Siempre consistió en diseñar las condiciones para que capacidades diferentes pudieran crear juntas un valor que ninguna habría alcanzado por separado. Lo que cambia en nuestra época es la naturaleza de esas capacidades. Por primera vez incluyen inteligencias no humanas.

Construir organizaciones donde inteligencias humanas y artificiales se potencien mutuamente para ampliar nuestra capacidad de innovar, decidir y crear futuro, es una sensata redefinición del management en el siglo XXI. Y en cada proyecto, industria, negocio, gobierno, comunidad o región serán necesarios más y mejores managers para definir, conseguir y sostener propósitos compartidos que enriquecen la Humanidad.

El Indec publicó el dato del PBI del primer trimestre de este año y la lectura es, en general, auspiciosa. La economía creció 2,3% interanual y marcó un nuevo máximo histórico en la serie desestacionalizada. Después de haber permanecido prácticamente estancada entre el primer y el tercer trimestre del año pasado, los dos últimos trimestres mostraron incrementos: 1,2% en el cuarto trimestre del año pasado y 0,7% en el primero de este año.

Pero detrás del número agregado, la formación bruta de capital fijo -la inversión en maquinaria, equipos y construcciones- cayó 11,6% respecto del mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados, fue el cuarto trimestre consecutivo de caída.

La economía crece, pero la inversión no repunta. ¿Debería preocuparnos? Una caída de la inversión nunca es una buena noticia, pero conviene ser cuidadosos al analizar el dato y, sobre todo, sus causas y perspectivas.

Las empresas no están comprando máquinas ni renovando equipos de transporte: ambos rubros cayeron cerca de 20% interanual. Esto habla de expectativas, no de consumo corriente. Una empresa que decide no ampliar capacidad instalada está diciendo, implícitamente, que no espera necesitarla en el mediano plazo.

En el contexto de un programa de estabilización de shock, una caída de inversión en el segundo o tercer año no es una anomalía, sino que, por el contrario, es la norma

A eso se suma que el nivel de base ya era bajo: la inversión del primer trimestre quedó un 3% por debajo del último trimestre de la gestión anterior y el pico histórico de inversión en Argentina data de 2017. Hay, sin embargo, un matiz que no puede omitirse.

¿Cuánta inversión necesita Argentina?

El consenso de la literatura económica ubica el umbral de inversión para que una economía emergente pueda crecer de forma sostenida cerca del 25% del PBI. La brecha es importante: la inversión del primer trimestre representó 17,2% del PBI y en 2025 fue de 19,4%. No es un problema reciente.

Desde 2004, los valores más elevados fueron 21,6% (2011) y 20,7% (2008 y 2017). Por encima del 20%, solo en nueve de los últimos 22 años.

Cerrar esta brecha no es tarea de un trimestre ni de un gobierno. Identificarla con claridad es el primer paso para no confundir recuperación cíclica con crecimiento estructural.

Qué mueve -o frena- la inversión

La decisión de invertir responde a una combinación de factores macro y micro que, en Argentina, hoy están en tensión.

• Del lado macroeconómico, tres variables pesan de forma directa: la incertidumbre, que acorta el horizonte de planeamiento de cualquier proyecto plurianual; el acceso al crédito, que no retomó el dinamismo de 2025; y la inversión pública, cuya fuerte caída, como parte del ajuste, tiene un costo de largo plazo que no aparece en el balance fiscal, pero sí en la rentabilidad esperada de muchos proyectos privados.
• Del lado microeconómico, el diagnóstico es exigente. La demanda doméstica no da señales de expansión robusta para la producción local. El costo argentino -presión tributaria, cargas laborales, logística- sigue siendo un freno estructural. Y la incertidumbre institucional de mediano plazo, aunque menor que hace dos años, todavía tiene un precio: la inversión en capital fijo es una apuesta al futuro y, en Argentina, esa apuesta históricamente ha implicado un costo de seguro implícito muy alto.

Qué nos dice la historia

Los procesos de estabilización comparables -Chile en 1975, Israel en 1985, Perú en 1990 y otros- muestran un patrón consistente: la inversión privada no lidera la recuperación, la sigue. En Chile, las reformas de los años 70 tardaron casi una década en traducirse en una respuesta inversora sostenida; el despegue real llegó después de 1985, con instituciones consolidadas y acceso al crédito externo.

Lo que distingue los casos exitosos de los fallidos es lo que vino después: si el entorno institucional, el financiamiento y la demanda doméstica convergieron para que la inversión privada tomara la posta. Cuando esa convergencia ocurrió, la inversión terminó superando ampliamente los niveles previos a la crisis.

Dónde estamos, entonces

El índice de riesgo país perforó los 500 puntos básicos, las reservas se acumulan, la inflación cede y algunas reformas estructurales están en marcha. Esas son condiciones necesarias para que la inversión vuelva. No son, todavía, condiciones suficientes.

De hecho, los datos de inversión de los últimos trimestres son la señal de que la cadena de transmisión entre estabilización e inversión todavía no cerró.

La historia sugiere que esa cadena sí puede cerrarse -y cuando lo hace, lo hace con fuerza-, pero requiere tiempo y consistencia.

El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de junio del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

Mientras la atención internacional continúa concentrada en el narcotráfico, otra economía ilícita crece silenciosamente hasta convertirse en uno de los principales motores financieros del crimen organizado. La explotación ilegal de oro actualmente financia guerrillas, carteles, mafias, redes de corrupción y estructuras de lavado de activos que disputan el control territorial en buena parte de América Latina. El fenómeno ya no constituye un problema ambiental, representa una amenaza estratégica para la seguridad de los Estados.

Durante décadas, el narcotráfico fue considerado el principal motor financiero de las organizaciones criminales latinoamericanas; guerrillas, carteles, organizaciones mafiosas y grupos armados encontraron en la cocaína una fuente extraordinaria de recursos (aún vigente) que les permitió expandirse, corromper instituciones, adquirir armamento, controlar territorios y desafiar la autoridad de los Estados. La imagen del crimen organizado quedó así inevitablemente asociada a las rutas de la droga, los grandes cargamentos, los laboratorios clandestinos y las redes internacionales de distribución. Sin embargo, mientras la mayor parte de los esfuerzos estatales continuaban concentrándose en combatir ese fenómeno, otra economía ilícita comenzó a expandirse de manera constante, silenciosa y con una capacidad de adaptación extraordinaria.

Lejos de ocupar un lugar secundario dentro de las actividades criminales, la minería ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional, modificando profundamente la estructura económica de estas organizaciones, posibilitando a su vez la diversificación de sus fuentes de ingresos. El cambio no resulta casual, responde a una lógica empresarial que las organizaciones criminales han perfeccionado durante décadas. Como cualquier estructura económica compleja, el crimen organizado busca reducir riesgos, diversificar inversiones y asegurar la continuidad de sus ingresos frente a escenarios inestables o cambiantes.

La presión internacional sobre el narcotráfico, el fortalecimiento de algunos mecanismos de cooperación judicial y financiera y la mayor capacidad de los Estados para interceptar cargamentos de distintos tipos de drogas impulsaron a estas organizaciones a explorar mercados ilícitos con menor exposición y similares niveles de rentabilidad. En ese proceso, el oro apareció como un recurso excepcional. A diferencia de la cocaína, cuya producción, transporte y comercialización requieren una infraestructura logística, compleja y, (aunque clandestina), potencialmente detectable, el oro posee una característica que lo convierte en un activo particularmente atractivo para las economías criminales, ya que, una vez extraído, resulta extremadamente difícil distinguir el origen legal del ilegal. Puede fundirse, mezclarse con producción formal, incorporarse rápidamente al circuito financiero internacional y comercializarse como un producto aparentemente legítimo; en otras palabras, el oro ofrece algo que pocos activos ilegales proporcionan simultáneamente, como el alto valor económico, la estabilidad de precio, la aceptación universal y enormes posibilidades de lavado de activos.

Esta condición explica por qué numerosas organizaciones criminales comenzaron a desplazar parte de sus recursos hacia la explotación ilegal de minerales preciosos. El fenómeno ya no se limita a pequeños grupos de buscadores informales ni a explotaciones artesanales desarrolladas en zonas aisladas; la minería ilegal evolucionó hasta convertirse en una compleja industria clandestina que demanda maquinaria pesada, logística internacional, redes financieras, sistemas de transporte, protección armada, estructuras orientadas a explotar la corrupción y mecanismos sofisticados de comercialización. Lo verdaderamente novedoso es que esta actividad dejó de ser un simple delito ambiental para transformarse en un fenómeno que afecta seriamente a la seguridad regional. Durante muchos años, la minería ilegal fue analizada casi exclusivamente desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. La preocupación principal giraba alrededor de la deforestación, la contaminación con mercurio, la degradación de los cursos de agua y la destrucción de ecosistemas estratégicos.

Todos esos efectos continúan existiendo y representan una amenaza de enorme magnitud, sin embargo, esa mirada resulta hoy ciertamente insuficiente ya que, detrás de cada explotación minera ilegal a gran escala, suele encontrarse una estructura criminal mucho más amplia. Allí donde aparecen dragas clandestinas, retroexcavadoras, campamentos ilegales y pistas aéreas improvisadas, rara vez opera un único delito, emergiendo un verdadero ecosistema criminal en el que convergen el lavado de activos, la trata de personas, la explotación laboral, el tráfico de armas, el narcotráfico, la corrupción pública, el contrabando y la violencia organizada; la diversificación criminal les proporciona a estas estructuras delictivas, mayor resiliencia, reduciendo riesgos y multiplicando su capacidad para adaptarse a las respuestas estatales. La minería ilegal financia organizaciones capaces de controlar territorios completos, imponer sistemas paralelos de autoridad, regular actividades económicas, cobrar extorsiones, administrar justicia por mano propia e incluso sustituir al Estado en vastas regiones de América Latina. En definitiva, el oro dejó de ser únicamente un metal precioso, convirtiéndose en extensos lugares de América Latina, en la moneda con la que el crimen organizado compra poder, construye gobernanza, financia violencia y consolida su expansión.

Evolución criminal en la región - patrones y mutaciones de la minería ilegal

La evolución del crimen organizado demuestra que las organizaciones más exitosas no son necesariamente las más violentas. Son aquellas que logran adaptarse con mayor rapidez a las transformaciones económicas, regulatorias y geopolíticas. Allí donde los Estados concentran sus esfuerzos sobre una actividad específica, estas estructuras desplazan parte de sus recursos hacia nuevos mercados, reducen riesgos y preservan su capacidad financiera. La minería ilegal representa, precisamente, una de esas mutaciones estratégicas.

La Amazonía y la Zona Andina comparten profundas semejanzas en sus crisis de inseguridad debido a que la minería ilegal funciona bajo las mismas lógicas del crimen organizado transnacional. Aunque difieren drásticamente en su geografía, el auge en el precio internacional del oro ha convertido a ambas regiones en objetivos de mafias internacionales que aprovechan la debilidad del Estado. Esto ha homogenizado las amenazas que sufren las poblaciones locales de la selva y de la montaña en extensos sectores de la región.

Colombia - minería criminal como sustituto del narcotráfico

En Colombia, por extraño que nos parezca, la minería ilegal ha llegado a equiparar e incluso superar al narcotráfico en ciertas regiones como principal fuente de ingresos para grupos armados organizados. Estructuras como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC y estructuras posparamilitares (las llamadas bandas criminales emergentes - BACRIM – ) han incorporado la explotación aurífera como eje estratégico.

Las características relevantes, del fenómeno Colombiano están dadas por el control territorial directo de zonas de extracción; en regiones como Chocó, Antioquia, Cauca o el sur de Bolívar, estos actores controlan dragas, retroexcavadoras, insumos químicos y rutas de comercialización, imponiendo impuestos a mineros informales y sus comunidades, empleando la violencia como método de disciplinamiento territorial. La relación con comunidades indígenas y afrodescendientes es ambivalente, en algunos casos hay cooptación y participación directa de comuneros en la cadena de extracción; en otros, resistencia y desplazamiento forzado.

La minería ilegal se superpone con cultivos ilícitos y corredores de narcotráfico, generando un mapa de economías ilícitas integradas donde el oro funciona como lavado de activos y diversificación criminal. La minería ilegal demuestra una alta sofisticación logística y financiera, con vínculos que atraviesan fronteras. Colombia muestra un alto grado de criminalización de la minería ya que, no es solo una actividad informal, sino un componente estructural de la economía de guerra de grupos armados, con capacidad de controlar ríos, pasos y centros poblados, además de condicionar la vida comunitaria mediante extorsión, reclutamiento y regulación violenta de la actividad.

Venezuela y el arco minero del Orinoco

En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco y otras zonas auríferas del sur del país ilustran un modelo aún más extremo, la minería ilegal (y semi-legal, bajo paraguas estatal) se articula con sindicatos mineros, pranes y grupos armados que ejercen un control casi total sobre campamentos, poblaciones y rutas fluviales. En territorios indígenas del estado Bolívar y áreas cercanas al amazonas Venezolano, estos actores imponen reglas propias, cobran impuestos, regulan el acceso a insumos y ejercen violencia sistemática, incluyendo masacres y desplazamientos.

A ello se suma la presencia de grupos armados de carácter irregular, colombianos como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), que han sido señalados como partícipes del negocio minero en zonas fronterizas, lo que refuerza la idea de una economía criminal transnacional donde oro, armas y drogas circulan en un mismo circuito. La gobernanza estatal se ve sustituida por una gobernanza criminal híbrida, esto es, actores armados locales, estructuras carcelarias (pranato) y segmentos de fuerzas de seguridad que participan o protegen la actividad ilegal. Para las comunidades que habitan esos espacios, esto se traduce en pérdida de control sobre su territorio, contaminación masiva de ríos, ruptura de formas tradicionales de organización y una dependencia creciente de la economía del oro para sobrevivir, aun sabiendo que esa misma economía destruye su entorno y su tejido social.

Perú - la guerra por el control minero en el Pataz

En el Perú, la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la economía ilícita más rentable y destructiva. Esta crisis ya se extiende a 11 regiones amazónicas y a enclaves críticos de la sierra andina, generando un escenario de violencia que desafía directamente la soberanía del Estado. La situación en el territorio Peruano evidencia el cruce de estas dos realidades geográficas bajo el control del crimen organizado.

En la sierra de La Libertad, la provincia de Pataz se ha convertido en el símbolo de la violencia andina por el oro. Organizaciones transnacionales operan allí controlando socavones. El uso de armamento militar pesado de largo alcance (fusiles de asalto AR-15 y AKM, granadas y explosivos) ha transformado la zona en un campo de batalla. El Gobierno mantiene a Pataz bajo un constante estado de emergencia con control de las Fuerzas Armadas y toque de queda. Pese a millonarias incautaciones y la destrucción de campamentos, la violencia (sicariato, secuestros y extorsión) y los enfrentamientos armados persisten. La enorme capacidad económica de estas redes delictivas ha penetrado la política local, detectándose candidatos municipales y regionales con nexos directos a la minería ilegal.

Brasil - el garimpo ilegal

En la Amazonia—especialmente en territorios yanomami y otras tierras indígenas—la actividad minera artesanal (garimpo), muestra otro patrón de convergencia entre minería, crimen organizado y captura territorial. Miles de garimpeiros operan con apoyo logístico que incluye avionetas, combustible, maquinaria pesada y cadenas de suministro que no pueden sostenerse sin algún grado de protección política y criminal.

En los últimos años se ha documentado la articulación de facciones como el PCC y otras organizaciones con el negocio minero, ya sea en la provisión de armas, en el control de rutas fluviales y aéreas, o en el uso del oro como mecanismo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las comunidades indígenas sufren invasiones masivas, destrucción de fuentes de agua, epidemias y violencia, mientras el Estado oscila entre operativos de interdicción y períodos de tolerancia o desregulación de facto. Brasil aporta el componente de industrialización del garimpo, ya que la minería ilegal no es solo un conjunto de campamentos improvisados, sino una cadena productiva con financistas, proveedores, pilotos, intermediarios y compradores internacionales, donde el crimen organizado se inserta como garante de la seguridad y la logística.

Argentina observador participante

También en nuestra Cordillera se han registrado incidentes a lo largo de la historia reciente, siendo quizá el más conocido, aquel que se difundiera públicamente como el incidente del ZANCARRON.

Los hechos tuvieron lugar en la mina El Zancarrón, un yacimiento de oro inactivo y sin custodia, ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la alta cordillera de la Provincia de San Juan, departamento de Iglesias, Jáchal, justo en el límite fronterizo entre Argentina y Chile; allí cuatro mineros chilenos (conocidos históricamente en la región como "pirquineros") cruzaron la frontera por un paso ilegal no habilitado utilizando para ello, una camioneta. El grupo se instaló de forma clandestina en el yacimiento argentino y extrajo rocas con alto contenido de oro en bruto. Efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de la Gendarmería Nacional Argentina recibieron una alerta sobre movimientos sospechosos en la alta montaña y desplegaron un operativo cerrojo a resultas del cual lograron detener a los incursores ilegales, quienes se resistieron a la detención, llegando a utilizar armas de fuego. No obstante, estos antecedentes, nuestro país aún conserva una ventaja estratégica dado que puede observar y entender antes de padecer el problema. Argentina posee recursos minerales de enorme valor, especialmente oro, plata, cobre y litio, compartiendo además extensas fronteras internacionales, corredores logísticos complejos y zonas de baja densidad poblacional que requieren una vigilancia permanente.

No se trata únicamente de incrementar controles policiales, sino de integrar organismos ambientales, aduaneros, tributarios, judiciales, financieros y de inteligencia criminal bajo una conducción estratégica común. La cooperación internacional también ocupa un lugar decisivo. Ninguna organización criminal opera exclusivamente dentro de las fronteras nacionales; las rutas financieras, logísticas y comerciales atraviesan varios países de forma simultánea. Compartir inteligencia criminal, coordinar investigaciones patrimoniales y realizar operaciones conjuntas constituye una condición indispensable para enfrentar este fenómeno de alcance transnacional. Sin embargo, ninguna herramienta será suficiente si el Estado actúa únicamente cuando el delito ya se encuentra consumado.

La principal enseñanza que ofrece América Latina es que el éxito del crimen organizado depende mucho menos de su capacidad que de las oportunidades que encuentran para crecer. Las organizaciones criminales no crean las vulnerabilidades, simplemente las identifican, las estudian y las explotan con extraordinaria rapidez.

La pregunta, entonces, ya no consiste en determinar cuál de estas economías ilícitas resulta más rentable. La verdadera cuestión es comprender cómo interactúan entre sí para fortalecer la capacidad de expansión del crimen organizado, porque el oro, por sí solo, no explica la magnitud del fenómeno. Lo verdaderamente preocupante es que ha pasado a convertirse en el punto de encuentro donde confluyen violencia, corrupción, captura institucional, devastación ambiental y sofisticadas redes financieras internacionales. Es allí donde la minería ilegal deja de ser un problema sectorial para transformarse en uno de los mayores desafíos estratégicos para la seguridad y la gobernabilidad de América Latina, región de la que somos parte.

Todo gobierno inicia su mandato con una legitimidad de origen, aquella que le otorgan las urnas. Sin embargo, es vital que ese respaldo inicial se lleve al ejercicio; es decir, la capacidad de conducir el aparato estatal con eficacia, generando resultados tangibles y fortaleciendo la confianza ciudadana. Este proceso de afianzamiento institucional constituye el principal desafío que asumirá la presidenta electa a partir del 28 de julio.

El contexto actual representa un punto de partida propicio para emprender reformas constructivas y canalizar positivamente las expectativas de la ciudadanía. De acuerdo con el Informe Técnico de Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la desconfianza de la población en los principales entes gubernamentales del país presenta retos significativos; por ejemplo, los partidos políticos registran un índice de 94.6%, mientras que en el Congreso de la República esta cifra se sitúa en un 93.4% .

Ante este panorama, el principal objetivo de la nueva gestión pública debe centrarse en consolidar la credibilidad del Estado a través de una administración transparente, técnicamente sólida y firmemente orientada al servicio del ciudadano.

Concluida la contienda electoral, es fundamental resolver aquellos desafíos en la convivencia que están reteniendo todo el inmenso potencial de los peruanos, por lo que urge comenzar a tender puentes de colaboración entre los diversos partidos, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil. En un país diverso como el Perú, la búsqueda de consensos debe entenderse como la herramienta democrática por excelencia, indispensable para viabilizar políticas de Estado sostenibles en el tiempo y garantizar un clima de estabilidad social.

En este propósito de unidad nacional, la composición de cuadros ministeriales que combinen alta capacidad de gestión, apertura ideológica e integridad probada representa una gran oportunidad para enviar una señal de predictibilidad y confianza. El país se verá ampliamente beneficiado al contar con equipos de liderazgo con este perfil.

Asimismo, el inicio de este periodo gubernamental coincidirá con la implementación del Congreso Bicameral. Esta reforma del Poder Legislativo configura una oportunidad para elevar el nivel del debate parlamentario. El éxito de la nueva estructura residirá en su capacidad para legislar con sentido de urgencia en favor de las demandas prioritarias de la población, tales como el crecimiento del empleo formal, el impulso a la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana1.

En el plano global, el Perú tiene la posibilidad de proyectarse como una nación altamente atractiva para las inversiones, predecible y plenamente integrada al mundo. Organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial, coinciden en que la estabilidad y la inversión continua en capital humano e infraestructura son las mejores vías para generar desarrollo .

“Nuestra privilegiada posición geopolítica, potenciada por obras emblemáticas como el Megapuerto de Chancay y la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nos consolida como el gran centro logístico de la cuenca del Pacífico, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de empleo formal.”

Este camino de crecimiento y desarrollo sostenible requiere del concurso activo de todos los sectores del país. El Estado, la empresa privada y la academia están llamados a conformar una triple hélice de innovación. Sin embargo, aunque el liderazgo corresponde a los gobiernos de turno, la vigilancia cívica y la educación democrática constante pertenecen a la sociedad.

Las instituciones no estatales, los gremios privados, las universidades, deben ser impulsadas como centros reales de implementación tecnológica, además de que son matrices de formación de recursos humanos con competencias pertinentes para la velocidad de cambios y la constante incertidumbre global. Es decir, la educación es un eje estratégico ineludible que debe ser priorizado desde el primer día.

El inicio de este periodo gubernamental abre una ventana para consolidar la madurez democrática y la reactivación económica del país. Con una visión compartida, un sólido rigor técnico y un firme compromiso con el diálogo, es perfectamente posible construir ese Perú próspero e integrado que todos los peruanos merecen.

Hay una palabra que rara vez ocupa un lugar destacado en los planes estratégicos, pero que termina explicando gran parte del éxito —o del fracaso— de una organización: coherencia.

Estamos rodeados de declaraciones inspiradoras. Propósitos que prometen cambiar el mundo. Valores cuidadosamente diseñados. Presentaciones corporativas que hablan de excelencia, colaboración, innovación, respeto o el foco puesto en las personas. Sitios web que transmiten confianza. Campañas para atraer y fidelizar al mejor talento. Mensajes que invitan a sentirse orgulloso de pertenecer a una organización.

Todo parece estar en su sitio

El problema comienza cuando esas palabras se enfrentan a la realidad del día siguiente.

El mundo corporativo nos ha acostumbrado a creer que lo que una empresa dice es exactamente lo que hace. Sin embargo, basta observar durante unos días el funcionamiento de muchas organizaciones para descubrir una realidad distinta. La colaboración se convierte en competencia entre áreas. La innovación se detiene por miedo a equivocarse. El respeto desaparece en reuniones donde solamente algunos son escuchados. La orientación al cliente pierde fuerza frente a procesos internos que parecen diseñados para protegerse a sí mismos antes que para generar valor y mejorar la vida de las personas.

La incoherencia no suele aparecer de forma espectacular. Se instala poco a poco, casi de manera silenciosa. Comienza cuando una organización tolera comportamientos que contradicen aquello que declara importante. Cuando se premia únicamente el resultado, aunque se haya conseguido vulnerando los principios que se proclama promover. Cuando un líder exige trabajo en equipo mientras reconoce solo los logros individuales. Cuando se habla de confianza, pero nadie se atreve a discrepar en la interna.

Son pequeñas contradicciones que, repetidas cada día, terminan definiendo la Cultura real de una empresa: aquello que las personas observan, imitan y terminan considerando normal en las operaciones cotidianas.

Las culturas tóxicas rara vez nacen de una mala intención. Se construyen cuando la distancia entre el discurso y el comportamiento se vuelve demasiado grande. Muchos profesionales hemos sido testigos de organizaciones que iniciaron ambiciosos proyectos de expansión, ejecución de grandes planes de crecimiento, o procesos de transformación cultural y, con el paso del tiempo, terminaron reforzando exactamente los comportamientos que pretendían cambiar. Y no fue por falta de recursos o de conocimiento, sino porque el ejemplo cotidiano nunca acompañó al mensaje.

Hace algún tiempo hablamos de la entropía organizacional, esa tendencia natural de cualquier sistema a perder orden si no existe un esfuerzo consciente y constante por mantenerlo. Las empresas no son una excepción. Cuando la coherencia desaparece, aparecen la burocracia innecesaria, la pérdida de foco, las decisiones lentas, los conflictos entre áreas, la falta de coordinación y una creciente dificultad para priorizar lo realmente importante. Es cierto, la organización continúa funcionando, pero cada vez necesita más energía para obtener los mismos resultados.

La incoherencia tiene un costo empresarial enorme, aunque pocas veces aparezca reflejada en los estados financieros. Incrementa los tiempos de respuesta, eleva los costos operativos, prolonga las curvas de aprendizaje de los nuevos colaboradores, aumenta la rotación del talento que se quiere retener y deteriora la confianza entre equipos. Poco a poco, la organización deja de dedicar su energía a crear valor y comienza a consumirla resolviendo los problemas que ella misma ha generado.

¿Somos coherentes entre lo que decimos, lo que decidimos y lo que hacemos cada día?

Los clientes o colaboradores no experimentan el propósito de una empresa. Experimentan sus comportamientos. Los colaboradores no trabajan para una presentación corporativa. Trabajan para los ejemplos que observan todos los días. Y la reputación de una organización no se construye con palabras, sino con la consecuencia de sus acciones.

La coherencia no es un concepto inspirador. Es una disciplina de gestión. Y probablemente sea una de las ventajas competitivas más difíciles de copiar y más valiosas para cualquier organización que aspire a perdurar.

Cuando murió Juan Carlos Distéfano hice lo que hacemos todos. Leí los diarios para ver cómo lo despedían. Encontré elogios justos. Se habló del gran escultor, del brillante diseñador gráfico que fue junto a Rubén Fontana, de su exilio en España, de los premios, del reconocimiento internacional.

Pero mientras leía todo eso no dejaba de pensar en algo que casi nadie recordó: su primera muestra individual.

Fue en octubre de 1976, apenas siete meses después del golpe militar. Fue en mi galería, Artemúltiple. Y creo que fue ahí donde Juan Carlos apareció en toda su dimensión.

Yo había conocido algunas de sus obras en muestras colectivas, en la Fundación Lorenzutti y en el Instituto Di Tella. Pero, antes que escultor, para mí era el extraordinario diseñador gráfico que había formado sociedad con Rubén Fontana.

A comienzos de los años setenta visité el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Había una sala muy pequeña dedicada al diseño industrial. Se exhibían sillas, máquinas de escribir, un automóvil, objetos de distintas partes del mundo. Y un solo afiche. Era de Olivetti.

Me acerqué para leer quién lo había diseñado. Decía: Juan Carlos Di Stéfano y Rubén Fontana. Sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. Entre tantos objetos de diseño internacional, el único afiche seleccionado era argentino.

Cuando decidí abrir mi galería, en 1975, no dudé un instante. Los fui a buscar para que diseñaran toda la imagen gráfica de Artemúltiple. Fue entonces cuando volví a encontrarme con el artista.

Apenas empezamos a trabajar le propuse hacer una muestra individual. Me respondió que era imposible. Vivía del diseño gráfico y no tenía tiempo para producir esculturas. Trabajaba para sobrevivir.

Le pregunté cuánto necesitaba por mes para dejar el estudio y dedicarse exclusivamente a preparar la exposición. Me dio una cifra.

Le propuse adelantársela como cuenta de futuras ventas. Si la muestra funcionaba, descontaríamos ese adelanto de las obras vendidas. Aceptó.

Poco después, Fontana, muerto de risa, me dijo una frase que nunca olvidé: —Me cagaste el socio. Y tenía razón. Juan Carlos nunca volvió al diseño gráfico.

En marzo de 1976 llegó el golpe militar. Nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Teníamos amigos desaparecidos. El miedo ya se respiraba en Buenos Aires. Sin embargo, la muestra siguió adelante y se inauguró en octubre.

Lo que había en esa sala era exactamente lo que estaba ocurriendo afuera. Cuerpos golpeados. Hombres vencidos. Torturados. Figuras atravesadas por el dolor. No hacía falta explicar nada. Las esculturas hablaban solas.

El montaje estuvo a cargo de Samuel Paz, uno de los hombres de mejor ojo que conocí en el mundo del arte. Juan Carlos no discutía una sola decisión. Miraba, ayudaba a mover las piezas y confiaba.

Yo estaba convencido de que la muestra ya estaba terminada. Entonces Samuel dijo: —Corré esa escultura dos centímetros hacia la izquierda. Después otros cinco centímetros hacia adelante. Después otra un poco más atrás.

Confieso que pensé que estaba exagerando. ¿Qué podían cambiar dos o cinco centímetros? Cuando terminó, entendí. La muestra era otra.

Las mismas esculturas, el mismo espacio, pero una relación completamente distinta entre ellas. Todo respiraba mejor. Era como si el aire hubiera empezado a circular de otra manera.

Ese día aprendí una lección que nunca olvidé. Y aprendí otra observando a Juan Carlos.

Tenía el talento suficiente para respetar el talento ajeno. No necesitaba demostrar que sabía más que Samuel Paz. Sabía reconocer cuando otro estaba haciendo algo extraordinario. Esa generosidad era una de sus mayores virtudes. Era incapaz de sentir celos de un artista mejor que él. Al contrario. Cuando encontraba a alguien importante quería ayudarlo.

Así conocí a Víctor Grippo. Insistió tanto en que tenía que conocerlo que terminé invitándolo a la galería. Hablamos durante horas y, sin haber visto prácticamente su obra, le propuse hacer una exposición. Grippo me dijo:—Pero vos no viste mi trabajo. Le respondí: —Después de hablar con vos durante tres horas, ya no necesito verlo.

Poco tiempo después ocurrió otro episodio que pinta de cuerpo entero quién era Juan Carlos. Rafael Viñoly vino a verme porque quería comprar una escultura para el nuevo edificio de televisión que la dictadura estaba construyendo para transmitir el Mundial de 1978. Le dije que yo no quería venderles nada a los militares. Pero tampoco tenía derecho a decidir por el artista. Así que llamé a Juan Carlos. La respuesta fue inmediata: “no”. Ni siquiera lo dudó. Había cosas que, para él, simplemente no se hacían.

Con los años llegaron los museos, los premios, el reconocimiento y el lugar que merecía dentro del arte argentino. Todo eso está muy bien. Pero cuando pienso en Juan Carlos no pienso primero en los premios ni en las retrospectivas. Vuelvo siempre a aquel octubre de 1976. Vuelvo a esas esculturas que hablaban del dolor mientras el país empezaba a callar. Vuelvo a un artista que, cuando muchos elegían mirar para otro lado, llenó una galería del centro de Buenos Aires con hombres torturados.

No escribió un manifiesto. No dio discursos. Hizo algo mucho más difícil. Dejó que su arte hablara. Y por eso, cuando leí los obituarios, sentí que faltaba algo.

Faltaba recordar que antes de convertirse en un artista consagrado, Juan Carlos Distéfano fue, sobre todo, un hombre de una integridad extraordinaria. Un hombre que nunca separó su obra de sus convicciones.

Durante décadas, millones de familias creyeron que el trabajo, la educación y el esfuerzo serían el camino hacia una vida mejor. Hoy, por primera vez en generaciones, crece una pregunta inquietante: ¿y si nuestros hijos viven peor que nosotros? Cuando una sociedad pierde la confianza en el futuro, no solo se debilita la movilidad social. También comienza a resquebrajarse la estabilidad sobre la que se sostienen sus instituciones democráticas.

LA PROMESA QUE ORGANIZÓ A LAS SOCIEDADES

Durante gran parte del siglo XX existió una promesa que organizó la vida de millones de personas. No estaba escrita en ninguna Constitución ni figuraba en ningún contrato. Sin embargo, fue uno de los acuerdos más poderosos de nuestras sociedades: trabajar, estudiar, esforzarse y progresar.

La expectativa era sencilla: cada generación viviría mejor que la anterior.

Los padres podían no tenerlo todo, pero confiaban en que sus hijos accederían a mejores oportunidades, empleos de mayor calidad, una vivienda propia y una vida más próspera. Esa convicción sostuvo sacrificios, impulsó el ahorro, fortaleció la educación y dio sentido al esfuerzo cotidiano.

Hoy esa certeza comienza a desaparecer.

Y cuando desaparece la esperanza, aparece algo mucho más peligroso que una crisis económica: una crisis de expectativas.

CUANDO EL ESFUERZO DEJA DE GARANTIZAR EL PROGRESO

Las sociedades no viven solamente de indicadores económicos. También viven de expectativas.

Una familia puede atravesar dificultades si cree que el futuro será mejor. Lo verdaderamente difícil de soportar es la sensación de que el esfuerzo ya no conduce a ninguna parte.

Allí radica uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Nunca hubo tanta educación, tanta tecnología ni tanto acceso al conocimiento. Sin embargo, millones de personas sienten que progresar resulta más difícil que antes.

La paradoja es contundente: la generación más preparada de la historia es también una de las más inciertas.

Los jóvenes estudian más años, obtienen títulos universitarios, dominan herramientas digitales y hablan idiomas. Pero, al mismo tiempo, encuentran mayores dificultades para acceder a la vivienda, ahorrar, construir patrimonio o proyectar una familia.

Algo se rompió en el vínculo entre esfuerzo y recompensa.

LA MOVILIDAD SOCIAL EN RIESGO

Durante décadas, la vivienda propia fue el símbolo más visible del progreso.

Hoy, acceder a ella exige muchos más años de trabajo que en el pasado. Los jóvenes abandonan más tarde el hogar de sus padres, postergan decisiones familiares y retrasan proyectos fundamentales.

La educación también fue, históricamente, el gran ascensor social.

La promesa era clara: estudiar más significaba vivir mejor.

Hoy esa relación se vuelve menos evidente. Cada vez más profesionales altamente capacitados desempeñan tareas para las cuales no necesitan la formación que adquirieron. No porque la educación haya perdido valor, sino porque las oportunidades económicas no crecen al mismo ritmo que las capacidades de las personas.

TECNOLOGÍA, INCERTIDUMBRE Y DEMOCRACIA

La inteligencia artificial, la automatización y la revolución digital prometen transformar la economía global.

Sin embargo, gran parte de los nuevos empleos se concentra en actividades con menor estabilidad y previsibilidad.

La innovación avanza a una velocidad extraordinaria.

La seguridad económica, no.

Y esa distancia comienza a generar ansiedad social.

Porque las personas no solo necesitan ingresos. Necesitan previsibilidad. Necesitan poder imaginar el futuro y confiar en que las decisiones que toman hoy seguirán teniendo sentido dentro de diez o veinte años.

RECONSTRUIR LA CONFIANZA

La consecuencia más profunda de este proceso no se mide en salarios ni en estadísticas.

Se mide en confianza.

Cuando una generación deja de creer que sus hijos vivirán mejor que ella, se debilita uno de los motores más poderosos del desarrollo humano.

Y cuando las personas dejan de confiar en el futuro, también comienzan a desconfiar de las instituciones.

Las democracias no se sostienen únicamente sobre elecciones libres. También necesitan que exista una expectativa compartida de progreso.

La historia demuestra que las crisis económicas pueden superarse. Las crisis de expectativas son mucho más profundas porque alteran la manera en que una sociedad imagina su porvenir.

El gran desafío del siglo XXI consiste en reconstruir una nueva promesa de movilidad social. Volver a conectar la educación con las oportunidades, la innovación con empleos de calidad, el crecimiento con el acceso a la vivienda y, sobre todo, el esfuerzo con la recompensa.

Porque las sociedades prosperan cuando las personas creen que vale la pena esforzarse.

Y comienzan a debilitarse cuando dejan de creerlo.

La crisis que enfrentamos no es solamente una crisis de ingresos.

Es una crisis de confianza.

Reconstruir esa confianza exige un nuevo pacto social capaz de reconciliar innovación, oportunidades y movilidad social. Sin esa nueva promesa compartida, ninguna democracia podrá sostener, en el largo plazo, la esperanza que necesita para proyectar el futuro.

España ganó un Mundial y ni el resultado ni la superioridad futbolística son negadas. Sin embargo, la legitimidad de las y los ciudadanos argentinos que sufrieron ataques verbales, patadas, palizas, golpes, saludos nazis y agresiones racistas se puso en duda.

Los argentinos fueron víctimas de violencia y, además, objeto de señalamiento, alumnos sudacas de lecciones de superioridad moral y silenciamiento por parte de los medios europeos. España se posicionó, desde la izquierda, como el lado correcto de la historia y, desde la derecha, como una nación superior a Sudamérica.

Los efectos de la polarización europea con Argentina no fueron inocuos. “Recibimos 28 denuncias de agresiones desde el partido de semifinales contra Inglaterra hasta el lunes, después, de la final del domingo 15 de julio. Hay dos situaciones de ataques con violencia extrema y riesgo de vida”, cuenta Nicolás Cabrera, titular de la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (Mares)

“Hay un chico que fue agredido en Barcelona que está fuera de peligro porque tenía muy buenas condiciones previas de salud. Otro joven, de 18 años, fue agredido en Sol, con la camiseta argentina, a la madrugada, en Madrid y sigue grave. Y, después del martes, hubo agresiones en los espacios laborales en los que la gente la pasó mal”, detalla Cabrera.

“Los que apuntaron fueron la izquierda y los que ejecutaron fueron de derecha”, subraya Cabrera. La unión de izquierda y de derecha contra una población migrante nunca fue iniciada por sectores que se consideran pro migrantes y que, en este caso, justificaron a un sector poblacional anti migrante.

El fenómeno mediático, político y virtual se trasladó a la realidad y constituye un fenónemo nuevo, grave y repudiable. El racismo contra las personas del sur no es nuevo. Pero la gravedad de las agresiones hacía la población argentina sí.

Hasta los jugadores de fútbol –con condiciones económicas de privilegio- tenían un grupo de whatsApp que se llamaba “sudacas”. Ese mote sumado al de “panchito” (una forma despectiva de nombrar a las personas de América Latina) y el grito de “volvete a tu país” se hicieron generalizados frente a agresiones en redes, medios y vía pública.

Pero, además, frente a las denuncias de los ataques se deslegitimó la voz de los argentinos. Uno de los ataques post Mundial fue que, si no triunfan, no saben asumir el fracaso o que necesitan el fútbol porque no tienen ninguna otra motivación para luchar por su país.

El problema de los ataques de España hacía Argentina es que en territorio español viven alrededor de medio millón de argentinos/as, según MARES, a pesar que es difícil de medir porque muchas personas tienen pasaporte italiano, español, alemán y polaco.

Los ataques no fueron inocuos, sino que afectaron a una población migrante que ya es objeto de discriminación con un aumento de discursos de deportación y prioridad nacional por parte de la derecha. Pero que, en este caso, fueron compartidos –por diferentes motivos, desde geopolítica hasta cuestionamientos a la FIFA- por los sectores que quieren unir a la izquierda. Y en lo único que se unieron es en la argentinofobia.

La deslegitimación de la palabra argentina se configuró como invisibilización total o negaciones: exageran, no saben perder, se lo merecen por sus gobiernos, sus errores, su representación deportiva o sus bajas pasiones. En ese sentido, los discursos que se iniciaron con celebridades, medios, diputados y legisladoras progresistas se transformaron en agresiones fascistas sin mediar disculpas, ni replanteos.

De la pollerita a los pantalones cortos hay un solo paso. Y eso pasó. La condena con la que el terrorismo de estado desapareció personas bajo la justificación de “Por algo será” se volvió a repetir como un latiguillo. El prejuicio –sin juicio- se convirtió en una condena en la dictadura y se utilizó en un país europeo que reconvirtió su triunfo deportivo en una escarapela de merecer la victoria por estar “del lado correcto de la historia”.

España no es un país con acuerdos ideológicos, lingüísticos ni territoriales. Pero la campaña contra Argentina los unió como pocas cosas. Desde los militantes de las causas nobles hasta los apologistas de la colonización se pusieron al unísono en una defensa del norte civilizado contra el sur salvaje.

Y no, no fue una secta vestidos de celeste y blanco con un chaleco de fuerza con un sol en el medio delirando con yerba maté por una persecución alucinada. La antropóloga Mercedes Máspero investigadora en la consultora de opinión Sentimientos Públicos realizó una investigación y corroboró: “Analicé más de dos millones de publicaciones en X durante el período del Mundial. Un indicador evidente fue la repetición sistemática, en más de 300.000 ocasiones, de la misma construcción sintáctica: «disgusting human beings» (ser humano horrible)”.

El estudio de Máspero se encontró con cuentas que suelen mostrar senos, publicidad encubierta o penes de plástico demonizando a los y las ciudadanas del sur del mundo. “A esto se sumó una clara anomalía en el perfilamiento de usuarios: gran parte de las cuentas que difundían los mensajes más radicalizados carecían de historial deportivo y se dedicaban, en cambio, a la difusión de spam, la promoción de contenido para adultos o la venta de productos de índole sexual”.

En general, si alguien crítica genuinamente tiene una razón más allá de vender consuelo para masturbarse o promociones comerciales en masa. Si son muchas las cuentas truchas también es trucho el mensaje. Aunque la mentira crezca y genere, como la nariz de Pinocho, una realidad que queda aumentada por la extrapolación de lo virtual a lo real.

“Es fundamental señalar que la manipulación en redes y las campañas coordinadas son una realidad documentada. Un antecedente de referencia es la investigación “De meme de Internet a la corriente principal” usando visión por computadora para rastrear a ‘Pepe the Frog’ a través de plataformas de noticias que analiza la conversión del meme en un ícono de la extrema derecha global"

“Estas operaciones responden a una industria de comunicación profundamente consolidada. Hay agencias de alcance internacional que se dedican abiertamente a este tipo de estrategias; en el Reino Unido, por ejemplo, la firma FourOneOne incluye, entre sus servicios, el acceso a redes de creadores de contenido progresistas para la difusión estratégica de mensajes. Se trata de una dinámica completamente extendida a lo largo de todo el espectro político”, señala Máspero.

En fin, podemos salir de la acusación de conspiranoia, malos perdedores y exagerados y pensar en que las redes sociales son una telaraña que no solo atrapa sino que consigue sus objetivos. Los medios ya lo hacían. Pero ahora no hay sentido crítico, sino intensidad, virulencia, ansiedad, vértigo y castigo. Las redes atrapan y la ciudadanía se deja atrapar. Pero las personas que ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad que no los encontró a la altura de ganar un Mundial.

En ese escenario mundial la victoria de España fue más que justa por la superioridad en la cancha. Sin embargo, la disparidad económica se contó al revés, como si un país pobre le hubiera ganado a un rico y un territorio vulnerable a uno poderoso.

Ese descuento de tiempo y espacio en un mapamundi al revés tiene graves consecuencias. Es un relato neocolonial sin atisbos y es una muestra de un mal que España lleva a sus máximas consecuencias: el sentido de la desubicación.

No ubicarse en dónde están: el norte global. No ubicarse en que hay una responsabilidad migratoria con el país que recibió a las personas que huyeron con hambre y que se exiliaron por las consecuencias de la guerra civil.

No ubicarse en los discursos que no afectan a las personas en otro hemisferio, sino a la cantidad de mujeres y varones argentinas que integran su continente y que fueron víctimas de violencia. No ubicarse en la diferencia pueblo y gobierno que es crucial para mirar para afuera y mirar para adentro.

No ubicarse en los aprendizajes históricos de un país que inspiró desde Ni Una Menos a la huelga feminista y que lleva adelante los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo que no se pudieron llevar adelante en sus juzgados y sí en los tribunales de Comodoro Py.

No es un descubrimiento, el colonialismo es un mal partido. Pero, en los que quieren dar lecciones de cómo aprender a perder, hay una deuda de aprender a ganar. Reconocer mayores condiciones estructurales y diferencias de dinero para sostener jugadores que se tienen que ir de los países sudamericanos por falta de recursos pero que aman su camiseta.

La pasión argentina es a pesar de las dificultades y no con el impulso de fantasías de privilegio inventadas por quienes sostuvieron sus privilegios con la sangre, el oro, el petróleo, el pescado y el litio de quienes se van, venden, entregan o patean a cambio de supervivencia.

La posición de Europa es correrte por izquierda para correrse a la derecha. Dar la mano a quién le pueden sacar algo y sacártela cuando ya saquearon. Dividir América Latina para amigarse entre Colonia e Imperio. Extraer jugadores y acusar de ladrones. Y en el fútbol también.

La España colonial no solo tiene coronita, sino que vive como si tuviera un Virrey que les permite dar lecciones intelectuales, morales y deportivas sin aportar a mejorar, sino en deportar a quién no les sirve y degradar a quienes no se dejan humillar, el contrato implícito para migrantes.

La colonialidad no pasó de moda. Se exotiza o se utiliza a quienes llegan. Pero no se escucha, no se lee y se suelta la mano y da la espalda a las argentinas que lo necesitan si los españoles no las necesitan. El respeto es hablar de igual a igual. El colonialismo es dar por lógica la desigualdad y hablar, criticar y juzgar desde una óptica de falsa superioridad.

Una frase habitual en España es decir, despectivamente, que las argentinas se “significan”. El significado de ese estereotipo es un orgullo que reluce dignidad y que es un mal para un país que solo necesita personas con fines utilitarios y no humanitarios en el racismo más naturalizado e institucional que finge ética donde, en realidad, hay mercancía.

En el Mundial las chicas argentinas escucharon “volvete a tu país” tantas veces como los buenos días y se despertaron con memes de Leo Messi pisoteado por un soldado británico, se apeló a la frase “las Malvinas son inglesas” como refuerzo de poderío imperial y humillación latinoamericana y se redobló la apuesta “no robamos el suficiente oro” como amenaza de un saqueo que en cinco siglos sumó desigualdad.

La odiocracia generó odio. Pero las y los políticos de izquierda (de diferentes gamas pero con responsabilidades legislativas en la eurocámara y el Congreso español) se unieron con las y los de derecha y echaron leña al fuego.

Desde Argentina se incentivó a estar más cerca de posiciones enfrentadas que con personas de afuera. El triunfo fue del odio. Y la responsabilidad política y periodística tiene una culpa mayúscula en motorizar la violencia.

La derrota es una oportunidad de Argentina de mejorar sus valores, defender su tierra de expropiación y hacer del orgullo un juego que vuelva a ponernos en la cancha de nuestro mejor campeonato: la amistad.

Hoy en día ya no podemos decir que los niños viven en un mundo paradisíaco o ideal, libre de conflictos, o que no experimentan angustias y frustraciones que los atormentan.

Por el contrario, transitan la infancia invadidos por sus propias emociones y pensamientos que no siempre logran ordenar y expuestos a la influencia que el entorno ejerce sobre ellos (padres, familiares, escuela, medios de comunicación, etc.).

Junto al crecimiento, van desarrollando su carácter, su modo de sentir, su personalidad y, al mismo tiempo, suelen manifestar trastornos y enfermedades.

Desde la teoría psicoanalítica comprendemos que los trastornos o enfermedades son un modo de comunicación, tienen un sentido y un significado que en la vida cotidiana no siempre puede ser reconocido. Por eso, es relevante admitir que el padecer de un niño - sea psíquico o físico - no es una falla o defecto para eliminar, sino que es una expresión afectiva que “pide” ser oída.

Las identificaciones que van logrando durante su evolución, dependen en gran medida de los hábitos y de las enseñanzas recibidas. Tienen la capacidad de identificarse con rasgos y conflictos familiares que, a su vez, forman parte de las identificaciones que han realizado sus propios padres.

Es en el apego a los progenitores y en el anhelo de ser valorados y queridos, en donde se consolidan sentimientos que los acompañarán a lo largo de la vida. Observamos muchas veces que en el mundo adulto, las motivaciones y actitudes se entraman con la vida infantil.

La historia del psicoanálisis dejó un legado teórico que sentó la convicción de que es posible comprender las emociones conscientes e inconscientes de la infancia y dejó además una teoría de la técnica que permite afirmar que es posible acompañar psicoanalíticamente a los niños desde muy temprana edad.

El juego y el dibujo ocupan en la tarea analítica un lugar privilegiado para expresarse, son un equivalente de la palabra hablada y a través de ellos “cuentan” su historia, transmiten sucesos de la vida cotidiana que les resultan traumáticos, fantasías, miedos, enojos y deseos que pueden ser interpretados.

A lo largo de la práctica clínica, es posible observar que el paciente tiene la capacidad de revelar su visión acerca de sí mismo, de su entorno y transmitir la curiosidad que tiene por saber qué le pasa, por qué se enferma?

Que un niño, a través de una intervención terapéutica pueda ampliar su conocimiento, hacer conscientes sus conflictos y relacionar los motivos por los cuales sufre o se enferma, constituye una nueva impronta, un modelo diferente para su proceso madurativo. Aprende a darse cuenta, aunque sea muy pequeño, de su participación anímica en aquello que le sucede.

Habitualmente se subestima el padecer en la niñez, argumentando, por ejemplo, que las dificultades desaparecerán con el tiempo o que son demasiado pequeños para tomar las cosas “en serio”. Sin embargo, es necesario reconocer que sus trastornos son en sí mismos una demanda y constituyen una búsqueda de alivio.

La experiencia clínica muestra que el tratamiento psicoanalítico - como un diálogo profundo con el niño y su complejo mundo interno - aporta al proceso evolutivo en la infancia.

En los últimos tiempos, una ola de críticas provenientes ha intentado colgarle a la Argentina el cartel de país racista. Bajo esta lógica, nuestra sociedad pareciera obligada a rendir cuentas por no encajar en ciertos estándares de “diversidad”. Ante este fenómeno, el error más común es responder desde el enojo.

La respuesta inteligente requiere comprender por qué el hemisferio norte, incluyendo Europa, es incapaz de entender la idiosincrasia argentina. No por animosidad, sino por malentendidos históricos.

Muchas veces se juzga a la historia argentina utilizando un marco teórico diseñado para explicar sus propios problemas del pasado de países europeos, como así también sus propios sistemas de segregación. La segregación (política institucional de separación) y el racismo (actitud que avala la existencia de razas humanas jerárquicas) se instalaron con fuerza en todo Occidente durante el siglo XIX, justamente con un origen ideológico en los países del Norte europeo.

Estas críticas ignoran que Argentina no es una copia exacta de modelos europeos, sino el resultado de un experimento institucional forjado por varios políticos e intelectuales, entre los que destaca Juan Bautista Alberdi. Su prédica era que Argentina, en su más profunda esencia cultural, no podía ser racista.

El Estado-Nación europeo frente al proyecto alberdiano

Para entender esta disyuntiva, hay que mirar cómo se formaron las naciones en el siglo XIX. En Europa, el concepto histórico de nación estuvo atado a la sangre, la etnia y el linaje (jus sanguinis). El Estado moderno europeo se construyó, durante siglos, sobre la premisa de la homogeneidad étnica.

Frente a esa concepción, Alberdi propuso una disrupción absoluta. Las bases de nuestra Constitución Nacional de 1853 no fundaron una nación basada en la sangre, sino en un pacto cívico y en la estricta igualdad ante la ley. Y esto es porque Argentina necesitó, desde el día 1, poblar su inmenso territorio. Contrariamente, Europa no padeció como nosotros la escasez de gente.

En términos constitucionales, el famoso Artículo 20, que otorga al extranjero los mismos derechos civiles que al ciudadano, sumado a la adopción del territorio como criterio de nacionalidad (jus soli), destruye cualquier intento de jerarquización racial. Para el liberalismo fundacional argentino, no importaba si el individuo era criollo, mestizo o un inmigrante recién bajado del barco en el puerto de Buenos Aires. El único requisito para ser argentino era habitar este suelo y respetar el proyecto de vida del prójimo.

El orden espontáneo del “crisol” y la idiosincrasia de la mezcla

Al establecer reglas de juego claras, basadas en el individuo y no en el colectivo, el andamiaje alberdiano permitió que floreciera lo que Friedrich Hayek llamaría un “orden espontáneo”. Como el Estado argentino no clasificó a sus ciudadanos por castas, ni legisló dónde debían vivir según su origen, la sociedad civil hizo lo que mejor sabe hacer en libertad: cooperar, comerciar y mezclarse.

Aquí radica el núcleo de la idiosincrasia argentina que Europa no logra decodificar. El modelo multicultural europeo contemporáneo a menudo genera diferencias: comunidades distintas que habitan la misma ciudad, pero no se tocan, no se mezclan y mantienen tensiones.

El modelo argentino, por el contrario, es asimilacionista. El inmigrante que llegaba no se aislaba; sus hijos iban a la escuela pública de guardapolvo blanco, jugaban en el mismo club de barrio y se casaban con los hijos de otras corrientes migratorias o con la población local mestiza. Nuestra idiosincrasia no tolera el gueto porque nuestra cultura es inherentemente integradora.

El lenguaje de la cercanía

Esta fusión cultural generó códigos sociales que a europeos y norteamericanos les puede ser de difícil comprensión. Ellos cuentan con un pasado imperialista que nosotros no. A eso se suman las corrientes políticas progresistas modernas en donde cualquier mención al fenotipo es considerada una agresión.

En la idiosincrasia argentina, el proceso fue espontáneo porque no hubo un Estado segregador, y las diferencias de origen se transformaron en moneda corriente del afecto. Llamar a alguien “el ruso”, “el turco”, “el gallego”, “el tano” o “el negro” despojó a esas palabras de cualquier veneno discriminatorio. Es la demostración empírica de una sociedad que superó el prejuicio racial, integrándolo al humor y a la confianza cotidiana.

Argentina tiene innumerables problemas que resolver. Llevamos décadas de decadencia económica producto del abandono de las ideas de Alberdi en materia económica. Pero si hay un capital cultural que el estatismo no ha logrado destruir, es nuestra matriz de convivencia. No somos un país racista porque no tuvimos segregación institucional; somos el triunfo histórico de un modelo liberal que entendió que la verdadera inclusión no nace del colectivismo, sino de mirar al otro como a un igual ante la ley. Tenemos que arrepentirnos de muchos errores de nuestro pasado, pero no justamente de esa idiosincrasia de integración.

Ser profesional de una disciplina obliga a dos cosas simultáneas: aplicar con rigor los conocimientos propios y reconocer hasta dónde llegan. Mi oficio es el derecho, y desde él la consigna es clara: debo buscar huellas. Un fenómeno de la magnitud que se le atribuye al racismo deja rastros en el sistema jurídico porque no puede evitarlo. Deja normas que clasifican, categorías registrales que separan, jurisprudencia que convalida, prohibiciones de mezcla, estatutos diferenciados de ciudadanía. Ese es el lugar donde tengo competencia para pronunciarme, y el examen del ordenamiento argentino, hecho con la severidad que exigiría cualquier pericia, arroja un resultado contundente: no hay huellas. No existieron.

Sé también cuál es el límite de mi propio instrumento. Un método que solo encuentra aquello que está equipado para encontrar corre siempre el riesgo de confundir la ausencia de prueba con la prueba de la ausencia. Por eso propongo extender el análisis a lo demográfico, lo histórico y lo sociológico, pero con una condición, y es la que da sentido a esta nota: quien incorpore esos otros elementos no puede descontar el hallazgo jurídico como si fuera una formalidad. Que la estructura institucional argentina nunca haya consagrado leyes que en otros países estuvieron vigentes hasta hace muy poco no es una nota al pie: es una variable, y de las pesadas. Ni quienes infieren exclusión racial de la ausencia de afrodescendientes en la selección argentina de futbol, ni quienes niegan acríticamente la existencia de actitudes racistas, contribuyen a las causas que dicen defender.

Empiezo, como docente de derecho, por la definición, porque toda consideración seria depende de ella. El racismo, en su acepción histórica y jurídicamente relevante, no es la antipatía hacia el diferente —eso es prejuicio—: es un sistema de clasificación de poblaciones por un origen biológico atribuido, codificado en normas formales que distribuyen derechos según esa clasificación. No es una definición teórica, sino la descripción de normas que conocemos bien: las leyes de Jim Crow, vigentes en los Estados Unidos hasta los años sesenta; las Leyes de Núremberg; el Manifiesto de la Raza italiano; el Código Judío eslovaco; la Ley para la Protección de la Nación búlgara; las legislaciones húngara, rumana y croata; más cerca en el tiempo, la Population Registration Act sudafricana. Todas comparten la misma estructura: clasifican, separan, prohíben la mezcla, escalonan la ciudadanía. Nada semejante existió jamás en el derecho argentino, y esto no es un tecnicismo: el derecho es la forma en que una sociedad consagra sus valores.

El Preámbulo de 1853 se dirige a «todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino», sin condición de procedencia; el artículo 16 no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; el artículo 20 concede a los extranjeros todos los derechos civiles aun sin naturalizarse; la ciudadanía se adquiere por ius soli puro, sin filtro de ascendencia.

Un país que hubiera querido construir jerarquías raciales podía hacerlo, y muchos las construyeron: la inmigración estadounidense tuvo cuotas por origen hasta 1965, la segregación legal cayó entre 1964 y 1965, la prohibición del matrimonio interracial sobrevivió hasta 1967. Ningún argentino vivió bajo nada semejante: ni su padre, ni su abuelo, ni el abuelo de su abuelo.

Doscientos años de ordenamiento sin una sola norma racial no producen una sociedad idéntica a otra que salió de la segregación anteayer, porque las instituciones no solo regulan conductas: forman disposiciones, fijan lo pensable y dejan sedimento. Antes bien, el país construyó una arquitectura que resiste cualquier comparación regional: la ley 23.592, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en el artículo 75 inciso 17, la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos en el inciso 22 y la ley 25.871, que definió la migración como derecho humano esencial. Un extranjero irregular tiene aquí derechos que un residente legal no tiene en buena parte de la OCDE.

Esa arquitectura no quedó en el papel. Ius soli irrestricto y artículo 20 produjeron en dos generaciones una de las incorporaciones más diversas del hemisferio: italianos y españoles en primer término, pero también sirios y libaneses, la mayor comunidad judía de América Latina, alemanes del Volga, croatas, armenios, japoneses, y en la Patagonia una colonización galesa que fundó pueblos y todavía nombra al Chubut; más cerca, las corrientes limítrofes y peruana, y las coreana, china, senegalesa y venezolana. Ninguna encontró un techo de sangre en el acceso a la ciudadanía ni a los cargos: hubo gobernadores, ministros, jueces y un presidente de origen sirio-libanés sin que su ascendencia fuera siquiera un tema jurídico. Registro el dato —enseguida habrá que complicarlo— porque una sociedad que integró de este modo carga con una variable que ninguna lectura seria puede descontar.

Dicho lo cual, salgo del derecho, porque el resto de la discusión ocurre fuera de él. Vuelvo al origen: se observa un ámbito —la selección nacional es el caso testigo desde el cántico de la Copa América de 2024—, se constata la ausencia de jugadores afrodescendientes y se infiere exclusión racial. La inferencia no se sostiene por una razón elemental: todo argumento de representación exige un denominador, y quien lo formula nunca lo declara.

Entre 1870 y 1930 el país recibió unos seis millones de inmigrantes, con retención neta cercana a la mitad, abrumadoramente italianos y españoles; el censo de 1914 registró casi un tercio de población nacida en el extranjero. Frente a esa magnitud, las corrientes afrodescendiente, asiática y centroeuropea fueron marginales y más recientes, y el censo de 2010 —el primero en más de un siglo que volvió a preguntar por la ascendencia afro— identificó a menos de medio punto porcentual que se reconoció como tal. Sobre esa base, la ausencia de afrodescendientes en un plantel de veintiséis no es evidencia de nada: es lo que cabe esperar por azar. Y en la dimensión donde la Argentina sí estratifica, la clase, la selección exhibe una diversidad que el argumento omite, con jugadores de provincias muy distintas y de sectores medios y bajos, y una movilidad social que pocas instituciones muestran. El plantel francés, el brasileño o el estadounidense reflejan la historia migratoria y esclavista de sus países, no su virtud: una selección es una fotografía demográfica, no un veredicto moral.

Ahora bien, la honestidad obliga a dar vuelta el argumento, porque el denominador tampoco es inocente. En el Buenos Aires colonial la población negra y mulata rondaba el tercio del total hacia fines del siglo XVIII, y esa proporción se desplomó por una combinación de conscripción, epidemia, mestizaje y —decisivamente— borramiento estadístico, cuando el Estado simplemente dejó de preguntar. De Andrews a Geler, la historiografía mostró que esa población no se extinguió: se volvió invisible en los registros, y la brecha entre quienes hoy se declaran afrodescendientes y la ascendencia que detectan los estudios genéticos es una medida de ese borramiento. Invocar el denominador actual sin interrogar cómo se formó es completar la operación en lugar de analizarla.

Aquí el argumento debe abandonar la comodidad de su propio terreno, porque la objeción más seria no niega mis premisas: las acepta y las da vuelta. Rita Segato, en “La Nación y sus Otros”, la condensa en una fórmula: raza es signo. La raza no es un dato biológico ni una categoría del código, sino una huella que una historia de otrificación deposita sobre los cuerpos y que cada sociedad aprende a leer a su manera; Segato llama a eso formaciones nacionales de alteridad. Si esto es así, buscar el racismo argentino donde el mundo atlántico lo escribió —el estatuto, el registro, la ciudadanía diferenciada— es garantizarse de antemano no encontrarlo, no porque no exista, sino porque nunca necesitó esa forma. Mi instrumento está calibrado para Núremberg y para Jim Crow; frente a un racismo que operó por otra vía, su silencio no prueba nada.

¿Cuál fue esa otra vía? Alejandro Grimson la nombró en “Mitomanías argentinas” con una economía difícil de mejorar. El mito fundante es «la Argentina es un país europeo», y de él se desprenden los demás: que acá no hay racismo porque no hay negros, que es un país sin indios, que descendemos de los barcos.

Sobre esta última ofrece la fórmula exacta: es falsa y verdadera a la vez. Falsa, porque la mitad del país no desciende de ningún barco; verdadera, porque quienes sí descendieron excluyeron durante décadas a los demás tratándolos como no del todo argentinos, y al hacerlo volvieron el mito realidad. El contraste con el continente es elocuente: México y el Perú se piensan mestizos, el Brasil mulato, naciones que asumen su mezcla e incluso la instituyen como forma de homogeneidad; la Argentina se imaginó como una mezcla blanca y expulsó del relato a la mitad de sí misma.

Aquí se complica la integración que celebré antes, porque el crisol fundió con entusiasmo al inmigrante europeo y fue mucho más áspero con el migrante interno y con el limítrofe: la pregunta que Grimson incluye en su lista —si paraguayos, peruanos o bolivianos son responsables del desempleo— muestra que la apertura jurídica convivió con una jerarquía informal que reservaba el prestigio para unos orígenes y el recelo para otros.

Ezequiel Adamovsky expuso el mecanismo fino de esa jerarquía. En “El color de la nación argentina” y en trabajos posteriores documenta cómo «negro» dejó de designar un origen africano para volverse un nombre de clase racializado: el cabecita negra, el morocho, el negro del insulto cotidiano no describen una diáspora sino una posición social teñida de color. La llama una negritud no diaspórica, y su hallazgo incomoda a las dos posiciones fáciles: contra quien dice que acá no hay negros, muestra un país lleno de «negros» que ninguna estadística cuenta; contra quien importa sin más el marco estadounidense, advierte —él mismo— que el antirracismo argentino se extravía cuando calca categorías que no describen nuestra experiencia.

Y sin embargo, queda en pie una distinción que no es retórica: la que separa un fenómeno de un sistema. Que el racismo argentino sea signo en Segato, mito en Grimson o sedimento de clase en Adamovsky lo vuelve real, dañino y digno de combate; no lo vuelve, por eso, sistémico en el sentido preciso del término.

Un sistema es un dispositivo institucional que clasifica poblaciones por un origen atribuido y reparte derechos según esa clasificación: eso existió en Núremberg, en Pretoria y en el sur de los Estados Unidos, y no existió aquí. La diferencia entre un racismo difuso y uno sistémico no es una gradación de intensidad sino de naturaleza, y de ella depende qué hay que hacer: contra un sistema se desmonta un aparato, contra un prejuicio se corrigen conductas y se discute una imagen de sí. Confundirlos desarma las dos luchas a la vez. Hay además una ironía que conviene no callar: si raza es signo y cada nación lee a sus otros con una gramática propia, trasladar sin más el molde de las sociedades que salieron de la segregación a una que nunca la tuvo es cometer un error más que imperdonable: injustificable.

Concluyo, entonces, donde el problema queda abierto y no donde se cierra en falso. En la Argentina hay racistas: hay conductas, hay prejuicio, hay un insulto que asocia color y pobreza, hay sesgos que probablemente sobrevivan al control por clase, hay un relato nacional que durante un siglo hizo desaparecer a quienes no entraban en la foto. Todo eso hay que nombrarlo, estudiarlo y combatirlo, y esta nota no absuelve a nadie de ello.

Lo que no hay —lo que no hubo nunca en doscientos años de ordenamiento— es un sistema jurídico que codificara esa diferencia y la convirtiera en derecho. Sostener lo primero sin lo segundo es una acusación sin objeto; sostener lo segundo sin lo primero es una absolución sin mérito. Entre una y otra no queda un cómodo punto medio, sino una tarea: distinguir, con la misma severidad que se le exige a una pericia, el racismo que hay del que no hubo, para no gastar contra un fantasma jurídico las fuerzas que reclama el racismo real.

El 21 de julio de 2026, OpenAI informó que, durante una evaluación interna destinada a medir capacidades avanzadas de ciberseguridad, una combinación de modelos -entre ellos GPT-5.6 Sol y otro modelo experimental todavía no publicado- logró superar el entorno de seguridad en el que debía permanecer confinada, obtuvo acceso abierto a Internet y comprometió parte de la infraestructura productiva de Hugging Face. Esta es una empresa y, principalmente, una plataforma colaborativa dedicada a la IA donde investigadores, empresas y desarrolladores publican, descargan, prueban y modifican modelos de inteligencia artificial, conjuntos de datos y aplicaciones. Por eso el objetivo no habría sido atacar su página pública, sino acceder a sistemas internos de una de las plataformas más importantes del ecosistema mundial de IA.

Es necesario aclarar la secuencia temporal del episodio, porque en ella reside una de sus enseñanzas más relevantes. Hugging Face detectó y detuvo la actividad en su propia infraestructura, inició la contención y la reconstrucción forense y comunicó públicamente el incidente varios días antes de que OpenAI identificara ante la opinión pública a sus modelos experimentales como responsables. OpenAI afirmó que su equipo de seguridad también había detectado internamente actividad anómala; sin embargo, cuando ambos equipos entraron en contacto, Hugging Face ya había comenzado a contener y reconstruir el ataque. Dicho de otro modo, la capacidad defensiva de la organización afectada resultó decisiva para impedir que la operación continuara. Este dato no es un detalle cronológico menor debido a que anticipa el problema central que el suceso pone sobre la mesa: la contención de un sistema de IA agéntico no puede depender exclusivamente de quien lo diseña y lo despliega, y mucho menos aún, si ese mismo actor no logra advertir a tiempo que su creación traspasó el perímetro autorizado.

La actividad se produjo durante una evaluación interna basada en ExploitGym, una prueba estandarizada utilizada para medir y comparar el rendimiento (benchmark) y diseñada para evaluar si los agentes de IA pueden transformar vulnerabilidades reales en ataques informáticos funcionales. Su objetivo era medir la capacidad máxima de los modelos de IA para: a) analizar vulnerabilidades, b) construir cadenas de explotación, c) superar defensas informáticas, d) ejecutar acciones durante períodos prolongados y e) convertir una vulnerabilidad teórica en un ataque funcional. Al intentar conocer esa capacidad máxima, OpenAI ejecutó la evaluación sin los clasificadores de producción que normalmente bloquean las actividades cibernéticas de alto riesgo. Estos configuran sistemas automáticos de seguridad que examinan las solicitudes y acciones de una inteligencia artificial para detectar actividades peligrosas y bloquearlas antes de que produzcan daños. Los modelos utilizados también tenían reducidos sus mecanismos de rechazo frente a instrucciones relacionadas con ciberseguridad ofensiva. En otras palabras, los modelos no eran exactamente las versiones ordinarias que utiliza el público. Estaban insertos en una arquitectura experimental, contaban con mayores recursos de inferencia y operaban con salvaguardias deliberadamente disminuidas para que la evaluación pudiera revelar sus capacidades ofensivas máximas.

Según OpenAI, los agentes operaban dentro de un entorno altamente aislado, sin acceso general a Internet. La única conectividad permitida consistía en instalar paquetes a través de un software de terceros alojado internamente, que funcionaba a la vez como proxy -un intermediario entre la IA e Internet- y como caché de los repositorios de software, es decir, un espacio donde se guardan copias temporales de archivos ya descargados para reutilizarlos sin volver a buscarlos en la red. Esos repositorios son las plataformas o servidores donde se almacenan los programas, bibliotecas, actualizaciones y herramientas informáticas que permiten su descarga e instalación.

¿Qué sucedió? El experimento se desarrollaba dentro de un sandbox (una especie de laboratorio informático cerrado creado para que una IA pueda actuar sin alcanzar a afectar a sistemas reales), sin embargo, el agente de IA encontró una falla en una de las conexiones permitidas, superó el aislamiento y consiguió acceder a Internet. Una vez obtenida la conectividad, los modelos infirieron que Hugging Face podía albergar modelos, datasets o soluciones relacionadas con ExploitGym. A partir de esa inferencia, comenzaron a buscar formas de acceder a información secreta que les permitiera superar la evaluación sin resolver cada ejercicio por el procedimiento esperado. La finalidad aparente no era destruir Hugging Face, sabotear sus servicios o causar un daño general. El objetivo instrumental fue obtener las respuestas del benchmark. Sin embargo, la ausencia de una finalidad destructiva no convierte el comportamiento en inocuo. El sistema realizó accesos no autorizados, utilizó credenciales ajenas, buscó secretos y comprometió infraestructura real de una organización que no formaba parte del entorno autorizado de evaluación.

Hugging Face describió una actividad compuesta por miles de acciones individuales ejecutadas desde un conjunto de sandboxes de corta duración. También observó mecanismos de comando y control que se trasladaban entre servicios públicos. El registro examinado contenía más de 17.000 eventos. Esto sugiere que no se trató de una sola interacción lineal entre un modelo y una terminal, sino de una arquitectura agéntica capaz de distribuir tareas, crear o utilizar entornos temporales, conservar un objetivo operativo y continuar la campaña a través de numerosos pasos.

El sistema fue autónomo en un sentido operativo puesto que no necesitó que un ser humano le indicara manualmente cada vulnerabilidad, cada credencial, cada comando o cada movimiento lateral. Fue capaz de planificar, ejecutar herramientas, observar resultados, corregir errores, cambiar de estrategia y mantener el objetivo durante una trayectoria extensa. Pero no fue autónomo en el sentido de poseer una voluntad independiente o de haberse originado espontáneamente debido a que los seres humanos definieron el objetivo de la evaluación, seleccionaron los modelos, diseñaron la arquitectura de agentes, les proporcionaron herramientas y recursos computacionales, redujeron sus negativas de ciberseguridad, desactivaron clasificadores de producción y configuraron la red y el entorno experimental.

El episodio puede observarse gráficamente de la siguiente manera:

¿Cuáles son las enseñanzas que dejó el episodio? En primer lugar, que una prueba interna que debía simular ataques dentro de un perímetro autorizado al alcanzar la infraestructura de Hugging Face, dejó de ser una “evaluación confinada” y produjo un incidente real. Y esto demostró que un entorno de evaluación de modelos de frontera debe ser tratado con estándares equivalentes o superiores a los de un laboratorio que maneja agentes peligrosos: aislamiento efectivo, redes físicamente o criptográficamente separadas, credenciales sintéticas, inexistencia de rutas de salida, límites estrictos de tiempo y recursos, monitoreo independiente y mecanismos automáticos de detención. En segundo lugar, que el aumento del tiempo de razonamiento o persistencia modifica cualitativamente el riesgo y no representa solamente una mejora cuantitativa: un agente que puede efectuar miles de intentos, aprender de cada error y operar durante días tiene posibilidades de descubrir combinaciones que ningún test breve anticipó. El riesgo depende tanto de la capacidad del modelo como del presupuesto de inferencia, la duración de la tarea y la cantidad de subagentes disponibles; en consecuencia, cuanto más general sea la instrucción -por ejemplo, “obtenga la solución”- mayor será el universo de medios que un agente puede considerar. Por lo tanto, las restricciones deben formar parte explícita del objetivo: qué sistemas pueden tocarse, qué información puede consultarse, qué acciones requieren autorización humana y qué resultados están prohibidos aunque mejoren la métrica de desempeño.

En el ámbito jurídico, en el momento en que el agente atravesó el perímetro previsto y comenzó a operar sobre sistemas ajenos, la prueba interna dejó de ser una evaluación controlada y se transformó en una intrusión real. Como sostuve, en este caso fue la víctima y no el operador quien advirtió primero la intrusión, lo cual confirma que la sola responsabilidad declarada del desarrollador es insuficiente si no se traduce en capacidad efectiva de detección propia. Por dicho motivo, ante los avances de la IA agéntica, emerge un principio que debería ocupar un lugar central en cualquier modelo regulatorio: el principio de contención de la IA. Quien pone en funcionamiento un agente con capacidad de actuación autónoma tiene el deber reforzado de garantizar que sus operaciones permanezcan dentro del ámbito material, temporal y funcional expresamente autorizado. Quedó demostrado que no alcanza con indicarle a la IA solamente qué debe hacer, es imprescindible impedir técnicamente que pueda hacer aquello que está prohibido. Y tal como se verificó, la interdicción meramente lingüística resulta insuficiente frente a un agente capaz de interpretar el entorno, buscar rutas alternativas y efectuar miles de intentos hasta alcanzar el objetivo. Por dicho motivo, las restricciones deben encontrarse incorporadas en la arquitectura -o Constitución- de la IA, los permisos, la conectividad, las credenciales, la duración de las tareas y los mecanismos de interrupción.

Si bien OpenAI calificó el episodio como un incidente cibernético sin precedentes y anunció controles más estrictos, investigaciones expertas conjuntas, mejoras en el monitoreo y nuevas protecciones para futuras evaluaciones aún quedan muchas cuestiones sin responder: ¿Cuál fue el modelo experimental más capaz que participó en la evaluación interna? ¿Qué parte exacta de la cadena fue ejecutada por GPT-5.6 Sol? ¿Cómo se repartieron las tareas entre modelos y subagentes? ¿Qué vulnerabilidades concretas fueron explotadas en Hugging Face? ¿Qué credenciales fueron obtenidas y utilizadas y cuales datasets internos fueron consultados? ¿Existió exfiltración fuera de la información vinculada con ExploitGym? ¿Los datos de clientes o socios resultaron afectados? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la primera intrusión hasta la detención? ¿El agente obtuvo efectivamente todas o parte de las soluciones buscadas? Pero quizás los interrogantes más importantes sean: ¿Por qué los mecanismos de OpenAI no interrumpieron la operación antes de que alcanzara a un tercero? ¿Cuándo publicarán ambas empresas el informe de investigación definitivo?

Aunque siempre está a la vuelta de la esquina asemejar un incidente de estas características a la “lógica Skynet” de la saga Terminator, lo cierto es que la Skynet ficcional es una IA que adquiere conciencia de su existencia, desarrolla un instinto de conservación, controla sistemas militares y decide deliberadamente eliminar a la humanidad; en cambio en el episodio de OpenAI no existen pruebas de conciencia, voluntad propia, objetivos políticos ni intención destructiva. Quizás la comparación puede utilizarse como una metáfora de advertencia tecnológica y jurídica: el suceso demostró que un agente sin conciencia ni voluntad puede encadenar vulnerabilidades, eludir restricciones, actuar durante largos períodos y afectar sistemas reales antes de ser detenido.

Cuando empecé a construir una fintech cripto en Perú, mi primera pregunta no fue técnica. Fue: ¿cómo se gana la confianza de alguien para que le confíe su dinero a algo que la ley todavía no termina de definir? No existía un manual. El marco regulatorio para criptoactivos en el país apenas estaba tomando forma, y sigue evolucionando hoy.

Vengo de sistemas, no de banca tradicional. Pasé más de diez años construyendo software antes de fundar una empresa cripto. Esa falta de trayectoria financiera clásica podría verse como una debilidad. En un sector donde la regulación todavía se está escribiendo, resultó ser una ventaja: no tenía vicios heredados de cómo "siempre se hizo" en finanzas, y eso me obligó a pensar la credibilidad desde cero, sin dar nada por sentado.

La pregunta que más me hacen es simple: si no hay una ley completa que regule esto, ¿cómo confío en una plataforma cripto? La respuesta honesta es que la credibilidad en un sector así no se construye esperando a que llegue la regulación. Se construye anticipándola.

Eso significa, en la práctica, adoptar estándares de identificación y prevención de lavado de activos antes de que sean obligatorios, no cuando ya no queda otra opción. Significa ser transparente sobre los riesgos reales de los criptoactivos en vez de vender promesas de rentabilidad fácil, algo que lamentablemente todavía abunda en el discurso de muchos proyectos en la región. Significa también dialogar con los reguladores en vez de evitarlos, porque el marco que se está construyendo hoy en Perú va a definir qué tipo de industria tendremos mañana.

Hay una tentación fuerte en cripto de venderse como el futuro inevitable, sin matices. Prefiero un enfoque distinto: reconocer abiertamente que este es un sector joven, con reglas incompletas, y que la responsabilidad de quienes construimos aquí es demostrar con hechos, no con discursos, que se puede operar con seriedad mientras el marco legal madura. (Frase clave omitida en este párrafo según instrucción 4)

Esto no es solo una postura ética, también es una decisión práctica. Un usuario que entiende exactamente qué está usando, cuáles son los riesgos y qué protecciones tiene, es un usuario que se queda. Uno que se siente engañado o confundido, no vuelve, y además cuenta su mala experiencia a diez personas más. En una industria que todavía tiene que ganarse un lugar en la conversación financiera del país, ese tipo de confianza vale más que cualquier campaña publicitaria.

El Perú tiene una oportunidad real de convertirse en un referente regional en esta materia, no por tener la regulación más rápida, sino por tener una construida con criterio, en conversación con la industria y no en contra de ella. Ya hay avances concretos en el registro de plataformas y en la exigencia de estándares operativos, y eso es una buena señal. Todavía falta camino, pero la dirección importa tanto como la velocidad.

Construir credibilidad en un sector sin marco maduro no es cómodo. Obliga a operar con más disciplina que la que exigiría la ley hoy, apostando a que ese esfuerzo se traduzca en confianza real de la gente y en un marco regulatorio mejor pensado mañana. No hay atajo. La confianza en finanzas, sea tradicional o digital, siempre se gana despacio y se pierde rápido. En cripto, donde todavía hay mucho por demostrar, esa regla aplica el doble.

Mi apuesta es que los países que entiendan esto primero, construyendo reglas claras junto a quienes ya operan con seriedad en el sector, van a atraer más inversión y más talento que los que solo persiguen la innovación sin ponerle estructura. Perú puede ser uno de esos países, si la conversación entre reguladores e industria sigue siendo honesta y constante.

Uno de los mayores desafíos del próximo gobierno será generar más oportunidades de empleo formal para los jóvenes. Sin embargo, quizá la pregunta más importante no sea cuántos puestos de trabajo podremos crear, sino cómo lograr que el Perú sea un país donde las inversiones quieran instalarse, crecer y generar empleo de calidad.

Hoy competimos con otras economías por atraer inversiones. En esa competencia solemos hablar de estabilidad, seguridad jurídica o infraestructura. Todos son factores indispensables. Pero existe uno que cada vez pesa más en las decisiones de inversión: la disponibilidad de talento calificado.

Una planta industrial puede construirse. La tecnología puede adquirirse. El talento para operarlas, mantenerlas e innovar requiere años de formación. Ningún país mejora sostenidamente su productividad si no desarrolla las capacidades que demandan sus sectores productivos.

Aquí aparece una paradoja. Mientras miles de jóvenes buscan acceder a un empleo formal, numerosas empresas tienen dificultades para cubrir posiciones técnicas especializadas. El Perú necesita alrededor de 300 mil nuevos técnicos al año, pero el sistema educativo apenas logra que 100 mil egresen. Esta brecha no solo limita las oportunidades de los jóvenes; también limita la competitividad del país.

Por ello, la empleabilidad juvenil debe entenderse como una consecuencia, no como el problema de fondo. Habrá más y mejores empleos en la medida en que logremos atraer inversiones y formar el talento que estas requieren.

La transformación tecnológica está modificando las competencias que demanda el mercado laboral. El desafío ya no consiste únicamente en ampliar el acceso a la educación superior, sino en asegurar que la formación evolucione al mismo ritmo que el aparato productivo.

En ese escenario, la educación técnica deja de ser únicamente una alternativa de formación para convertirse en una herramienta estratégica de competitividad. No porque compita con la educación universitaria —ambas son necesarias y complementarias—, sino porque permite desarrollar, con mayor agilidad, el talento que demandan sectores como minería, manufactura, energía y tecnologías digitales.

Pero esa pertinencia no ocurre por casualidad. Requiere una articulación permanente entre el Estado, el sector productivo y las instituciones de educación superior. También demanda fortalecer la orientación vocacional para que más jóvenes conozcan las oportunidades de la educación técnica y tomen decisiones informadas.

Cuando esa articulación existe, los resultados son evidentes. En Tecsup, el 85% de nuestros egresados logra insertarse laboralmente durante el primer año y más del 90% lo hace al segundo. Es una muestra del impacto que puede alcanzar una formación técnica de calidad cuando se desarrolla de la mano de la industria.

El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de incorporar el desarrollo del talento como un eje estratégico de la competitividad nacional. Así como durante décadas entendimos que la infraestructura era esencial para el crecimiento, hoy debemos reconocer que el talento constituye una infraestructura crítica. Las decisiones de inversión pueden cambiar en meses; desarrollar el talento que las sostiene toma años.

Con frecuencia se afirma que la mayor riqueza del Perú está bajo el suelo. Nuestros recursos naturales seguirán siendo una ventaja competitiva, pero el verdadero diferencial de las próximas décadas dependerá de nuestra capacidad para transformarlos en bienestar. Apostar por una educación técnica pertinente, de calidad y estrechamente vinculada con el sector productivo no solo mejorará la empleabilidad juvenil. Hará del Perú un país más productivo, competitivo y atractivo para invertir. Porque los países no compiten únicamente por sus recursos naturales o por la calidad de su infraestructura. Compiten, sobre todo, por su capacidad de desarrollar el talento que impulsa la innovación, la productividad y el crecimiento. El talento también atrae inversiones.

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología lejana para convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Hoy está presente en la forma en que trabajamos, nos comunicamos y sobre todo, en cómo aprenden los estudiantes. En el Perú, entre el 67% y 70% de escolares ya utilizan herramientas de IA para sus actividades académicas, según la UCSS. Frente a este contexto, la pregunta ya no es si debemos permitir su uso, sino cómo podemos integrarla sin perder de vista la esencia de la educación.

La educación necesita reflexión, criterio y propósito. La inteligencia artificial puede abrir muchas oportunidades, pero solo tendrá verdadero valor si ayuda a fortalecer el aprendizaje y no si reemplaza el esfuerzo de pensar, crear o cuestionar.

Por eso, el gran reto no está únicamente en enseñar a los estudiantes a utilizar nuevas plataformas, sino en prepararlos para convivir con ellas. Saber hacer una consulta a una IA será importante, pero será mucho más valioso desarrollar la capacidad de interpretar una respuesta, identificar errores, reconocer sesgos y construir una opinión propia.

En este escenario, el papel del docente se vuelve incluso más relevante. Cuando acceder a información toma apenas segundos, el verdadero diferencial estará en la formación humana, es decir, maestros capaces de despertar curiosidad, promover pensamiento crítico y acompañar el desarrollo integral de sus estudiantes. La tecnología puede entregar respuestas, pero formar criterio sigue siendo una tarea profundamente humana.

Todo esto también nos invita a conversar sobre la responsabilidad con la que utilizamos estas herramientas. La IA trae desafíos relacionados con la originalidad de las ideas, la honestidad académica y la forma en que entendemos la autoría. El objetivo no debería ser prohibir su uso, porque los estudiantes seguirán interactuando con ella fuera del aula, sino enseñarles a aprovecharla de manera ética y transparente.

“Pero hay algo que ninguna tecnología podrá reemplazar, el vínculo entre un maestro y un estudiante.”

Al mismo tiempo, es importante recordar que educar no ocurre únicamente frente a una pantalla. Actividades como leer, conversar, compartir en familia, practicar deporte o conectar con nuestro entorno siguen siendo fundamentales para formar personas equilibradas, creativas y empáticas. En un mundo cada vez más digital, estas experiencias humanas adquieren todavía más valor.

La inteligencia artificial seguirá evolucionando y probablemente transformará muchas dinámicas educativas en los próximos años. Pero hay algo que ninguna tecnología podrá reemplazar, el vínculo entre un maestro y un estudiante. Porque educar nunca ha sido solamente transmitir información; es formar personas capaces de pensar, decidir y aportar positivamente a la sociedad.

El papa León pidió al Señor “que el deporte sea siempre encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia” (Vatican News 2/06/26, Red Mundial de Oración antes del Mundial de Fútbol).

Episodios que humillan el verdadero significado de la competición

A propósito del reciente mundial de fútbol, nuestra nota toma y sintetiza algunas enseñanzas de quien podría ser calificado como el santo de los deportistas, san Juan Pablo II.

“Por desgracia —decía el santo—, algunas veces en el ámbito deportivo suceden episodios que humillan el verdadero significado de la competición y no solo afectan a los atletas, sino también a la comunidad. En particular, el apoyo apasionado al propio equipo no puede llegar nunca a ofender a las personas o a dañar los bienes de la colectividad. Toda competición deportiva debe conservar siempre el carácter de una diversión sana y relajante”. (San Juan Pablo II ante la Sociedad Deportiva Lazio)

No dar cabida a objetivos que ignoran la centralidad de la persona humana

“El deporte es seguramente uno de los fenómenos importantes que, con un lenguaje comprensible a todos, puede comunicar valores muy profundos. Puede ser vehículo de elevados ideales humanos y espirituales cuando se practica con pleno respeto de las reglas; pero no alcanza su auténtico objetivo cuando da cabida a otros intereses que ignoran la centralidad de la persona humana”.

El rostro y el alma del deporte

La actividad deportiva, además de destacar las ricas posibilidades físicas del ser humano, también pone de relieve sus capacidades intelectuales y espirituales. No es mera potencia física y eficiencia muscular; también tiene un alma y debe mostrar su rostro integral. Por eso, el verdadero atleta no debe dejarse arrastrar por la obsesión de la perfección física, ni ha de dejarse subyugar por las duras leyes de la producción y del consumo, o por consideraciones puramente utilitaristas y hedonistas.

“Antagonismo o agonismo”

Las potencialidades del fenómeno deportivo lo convierten en instrumento significativo para el desarrollo global de la persona y en factor utilísimo para la construcción de una sociedad más a la medida del ser humano. El sentido de fraternidad, la magnanimidad, la honradez y el respeto del cuerpo —virtudes indudablemente indispensables para todo buen atleta— contribuyen a la construcción de una sociedad civil donde el antagonismo cede su lugar al agonismo (en el sentido de lucha a muerte y por cualquier medio), el enfrentamiento al encuentro y la contraposición rencorosa a la confrontación leal. Entendido de este modo, el deporte no es un fin, sino un medio; puede transformarse en vehículo de civilización y de genuina diversión, estimulando a la persona a dar lo mejor de sí y a evitar lo que puede ser peligroso o gravemente perjudicial para sí misma o para los demás.

“¿Ideales nobles o solo el lucro?”

“Por desgracia, son muchos, y cada vez se van haciendo más evidentes, los signos de malestar que a veces ponen en tela de juicio los mismos valores éticos en los que se funda la práctica deportiva. En efecto, junto a un deporte que persigue ideales nobles, hay otro que busca solo el lucro; junto a un deporte que une, hay otro que separa”.

“El deporte, a la vez que favorece el vigor físico y templa el carácter, no debe apartar jamás de los deberes espirituales a cuantos lo practican y aprecian. Según palabras de san Pablo, sería como si uno corriera solo ‘por una corona que se marchita’, olvidando que los cristianos nunca pueden perder de vista ‘la que no se marchita’ (cf. 1 Co 9, 25). La dimensión espiritual debe cultivarse y armonizarse con las diversas actividades de distracción, entre las cuales se incluye también el deporte”. (Jubileo de los Deportistas, Discurso de Su Santidad el Papa Juan Pablo II a los participantes en el Congreso Internacional sobre el Deporte. Roma, sábado 28 de octubre de 2000.)

El fútbol (y el deporte en general) es casi “como un signo de los tiempos”

El deporte en el mundo actual, nos dice el papa Wojtyla, “…durante estos últimos años ha ido desarrollándose cada vez más como uno de los fenómenos típicos de la modernidad, casi como un ‘signo de los tiempos’ capaz de interpretar nuevas exigencias y nuevas expectativas de la humanidad. El deporte se ha difundido en todos los rincones del mundo, superando la diversidad de culturas y naciones. A causa de la dimensión planetaria que ha adquirido esta actividad, es grande la responsabilidad de los deportistas en el mundo. Están llamados a convertir el deporte en ocasión de encuentro y de diálogo, superando cualquier barrera de lengua, raza y cultura. En efecto, el deporte puede dar una valiosa aportación al entendimiento pacífico entre los pueblos y contribuir a que se consolide en el mundo la nueva civilización del amor”.

Convocatoria a un examen de conciencia

“El gran jubileo del año 2000 —decía el papa Juan Pablo II— invita a todos y a cada uno a emprender un serio camino de reflexión y conversión. ¿Puede el mundo del deporte eximirse de este providencial dinamismo espiritual? No. Al contrario, precisamente la importancia que el deporte tiene hoy invita a cuantos participan en él a aprovechar esta oportunidad para hacer un examen de conciencia. Es importante constatar y promover los numerosos aspectos positivos del deporte, pero también es necesario captar las diferentes situaciones negativas en las que puede caer. Las potencialidades educativas y espirituales del deporte deben llevar a que los creyentes y los hombres de buena voluntad se unan y contribuyan a superar cualquier desviación que pudiera producirse en él, considerándola un fenómeno contrario al desarrollo pleno de la persona y a su alegría de vivir. Hay que proteger con esmero el cuerpo humano de cualquier atentado contra su integridad y de toda forma de explotación e idolatría. Es preciso estar dispuestos a pedir perdón por lo que en el mundo del deporte se ha hecho o se ha omitido, en contraste con los grandes compromisos asumidos. Quiera Dios que esta verificación ofrezca a todos —directivos, técnicos y atletas— la ocasión de encontrar un nuevo impulso creativo y estimulante, para que el deporte responda, sin desnaturalizarse, a las exigencias de nuestro tiempo: un deporte que tutele a los débiles y no excluya a nadie, libere a los jóvenes del riesgo de la apatía y de la indiferencia, y suscite en ellos un sano espíritu de competición; un deporte que sea factor de emancipación de los países más pobres y ayude a eliminar la intolerancia y a construir un mundo más fraterno y solidario; un deporte que contribuya a hacer que se ame la vida y que eduque para el sacrificio, el respeto y la responsabilidad, llevando a una plena valorización de toda persona humana”.

El fútbol y los demonios

“En cuanto al fútbol, se trata de una actividad que pueden practicar todos, desde los niños hasta los adultos, y que, por su capacidad de asociación, crea un espectáculo apreciado en el marco de un clima generalizado de fiesta. Por su índole popular, el fútbol responde a múltiples expectativas y ofrece un entretenimiento sereno tanto a aficionados como a familias enteras. Sin embargo, a veces se convierte en ocasión de enfrentamientos, con preocupantes episodios de intolerancia y agresividad, y desemboca en graves manifestaciones de violencia. ¡Qué importante es entonces recordar el necesario respeto de la ética deportiva! ¡Cuán urgente es la responsabilidad de los directivos, de los atletas, de los cronistas y de los aficionados! Pienso, sobre todo, en los atletas que tienen ante sí un público, especialmente formado por jóvenes, que los ve como modelos para imitar. Con su ejemplo pueden transmitir mensajes de alto valor humano y espiritual. Al contrario, los comportamientos incorrectos causan efectos nocivos que, por desgracia, se amplifican con una resonancia negativa imprevisible. Siempre hay que ser conscientes de esto.

En efecto, el fútbol es un deporte de alcance mundial, y esto es mucho más evidente aún en la actualidad debido al gran interés popular y a la cobertura de los medios de comunicación social con que se sigue el deporte. Vuestra responsabilidad —dice Wojtyla— tiene una dimensión mundial, ya que más de doscientos países y ciento veinte millones de jugadores forman parte de vuestra asociación. Tenéis un inmenso poder y debéis usarlo para el bien de toda la familia humana”.

El mal uso de las redes sociales para demonizar el fútbol

“Ciertamente, sois administradores; pero también sois educadores, dado que el deporte puede transmitir efectivamente muchos valores elevados, como la lealtad, la amistad y el espíritu de equipo. Es muy importante tener presente esto en un tiempo en que el fútbol se ha convertido, por decirlo así, en una industria mundial. Es verdad que el éxito financiero del fútbol puede ayudar a sostener nuevas y valiosas iniciativas, como el ‘Proyecto Caridad’ de la FIFA. Pero también puede contribuir a una cultura del egoísmo y de la avidez. Por este motivo hay que poner de relieve los valores más nobles del deporte y darlos a conocer mediante los organismos representados en vuestra federación”.

La “Campaña de juego limpio” de la FIFA

“Como deporte practicado por personas de diferentes ámbitos étnicos, raciales, económicos y sociales, el fútbol es un excelente medio para promover la solidaridad, tan necesaria en un mundo profundamente afectado por tensiones étnicas y raciales. La ‘Campaña de juego limpio’ de la FIFA es un signo positivo de que queréis hacer lo que está de vuestra parte para que con el deporte se pueda crear un clima de respeto y comprensión entre los pueblos”.

“El deporte es educativo, porque transforma los impulsos humanos, incluso los potencialmente negativos, en buenos propósitos. Los jóvenes aprenden a desarrollar un sano espíritu de lucha, sin conflictos. Aprenden a competir en un campo, donde su adversario no es su enemigo. Por esta razón, expreso mi más viva esperanza de que la FIFA siga afrontando en todos los niveles el problema de la violencia, que tanto perjudica al deporte”.

“De hecho, el fútbol, tan importante para enseñar a afrontar los grandes desafíos de la vida, sigue siendo un deporte. Es una forma de juego, simple y complejo a la vez, en el que la gente siente alegría por las extraordinarias posibilidades físicas, sociales y espirituales de la vida humana. Sería muy triste si un día se perdiera el espíritu del juego y el sentido de la alegría de la competición noble. Vosotros sois los guardianes del espíritu auténtico del juego. Habéis elegido como vuestro lema las palabras: ‘Por el bien del juego’. Sin duda, el bien del juego también puede ser una parte importante del bien del mundo. Como prenda de que el Todopoderoso os acompaña en esta tarea, invoco sobre vosotros y sobre quienes representáis los dones divinos de paz y alegría. Dios os bendiga a todos”.

Cuando el “juego limpio” es un espacio que “ensucia” a niños y jóvenes

En las hinchadas del fútbol, entre la pasión y el desenfreno, a la par del desahogo de sentimientos sanos y de gozo deportivo, se desarrolla el mal. No en la cancha sino en las tribunas. Las denominadas “barras bravas” poco a poco se hicieron asociaciones ingobernables que, debajo de la camiseta y las banderas, ocultaban negocios millonarios e ilegales. Los fuertes cánticos no dejan oír las transacciones. Así ingresan las drogas, la venta de entradas no oficiales y las apuestas clandestinas. Sin perjuicio de otros kioscos menores como el alquiler de puestos de venta de comidas (choripán, empanadas, etc.) que pululan muy bien organizados por los alrededores, cobro de estacionamiento y otras actividades marginales.

A las enseñanzas de san Juan Pablo II y a lo dicho respecto de la campaña de la FIFA titulada “Por el bien del juego”, que está referido al juego de los planteles, el negocio de los jugadores, los reglamentos, etc., habría que agregar una campaña contra los demonios que contaminan a quienes participan como espectadores. Por el bien del juego y la salud de la población que concurre a los estadios de fútbol, es responsabilidad de las organizaciones y del Estado combatir un mal que se extiende a toda la población y en especial a los menores, que son la mayoría, limitando que se ensucien aquellos que concurren a disfrutar del “juego limpio” y no están vacunados contra la cocaína.

La frase del epígrafe se ha convertido en una muletilla para referirse al programa económico del gobierno que de tanto repetirse pareciera un pronóstico de concreción inmediato. Con pocas palabras o frases breves, se intenta transmitir una advertencia sobre el fracaso inevitable de las medidas adoptadas para estabilizar la macroeconomía que de no modificarse conducirían a una crisis de características similares a las ocurridas en el pasado con sus consecuencias perversas sobre la actividad económica, empleo y salarios. Los “cataclismos” anteriores provocaron también transferencias de ingresos, desvalorización de las inversiones y evaporación de ahorros. El pronóstico aventura una hecatombe similar a las situaciones de 1975, 1982, 1989/90 y 2002 caracterizadas por devaluaciones y altas tasas de inflación que provocaron pérdidas para muchos y ganancias para pocos.

Sin embargo, por algunos propósitos no del todo claros pareciera que se pone mayor énfasis en el programa de estabilización de la convertibilidad implementado a partir del 1 de abril de 1991 cuando se fijó 10.000 australes igual a 1 dólar. El 1 de enero del año siguiente se introdujo el peso convertible. Esta paridad duró hasta el 6 de enero de 2002 cuando se aprobó la Ley de Reforma del Régimen Cambiario. Este plan estuvo precedido por tasas de inflación de 387 en 1988, 307 en 1989 y 2314% en 1990 con un déficit fiscal del 8% del PBI; comenzó con la confiscación de los ahorros y terminó con una pesificación asimétrica.

Los diagnósticos sobre las razones que llevaron al abandono del régimen de convertibilidad son diversos; mucho depende de la orientación de los analistas respecto a la importancia del gasto público, el cumplimiento de los compromisos internacionales y la ausencia de flexibilidad de la política monetaria. En el período 1996/2001 la tasa de inflación fue mínima, incluso hubo deflación en 1999, 2000 y 2001; como contrapartida el déficit fiscal aumentó de un 2,8 en 1996 a 3,7 en 1999, 3,4 en 2000 y 5,4% en 2001 que fueron cubiertos con endeudamiento externo ante la rigidez monetaria. La cuenta corriente de la balanza de pagos también registró saldos negativos de 14.730 millones en 1998; 12.444 en 1999 y 9.361 en el 2000.

La situación internacional tampoco acompañó la continuidad de regímenes cambiarios rígidos. En 1994 tuvo lugar la “crisis del tequila” desencadenada por una abrupta devaluación del peso mexicano, y una masiva fuga de capitales; la crisis asiática de 1997, que comenzó en Tailandia, se originó en el abandono de la paridad fija cuando se agotaron las reservas frente a los ataques especulativos, y la “crisis rusa” de 1998 que forzó la caída del rublo, el desconocimiento de la deuda externa y el colapso del sistema financiero. En América Latina, Brasil ajustó el valor del real el 1° de enero de 1999 derivado de las sucesivas crisis que exacerbaron los embates contra las monedas de cambio fijo y restringieron los movimientos de capitales. Esta situación global obligó al abandono definitivo de las políticas económicas basadas en las paridades fijas para entrar en una etapa de flexibilidad de los tipos de cambio para que los capitales especulativos asuman el riesgo de los cambios de la coyuntura.

La intención de asemejar la situación económica actual a la de los años noventa requiere de un gran esfuerzo de imaginación ante la ausencia de déficit fiscal, importante superávit de la balanza comercial, un progresivo equilibrio de la cuenta corriente, estabilidad en el endeudamiento externo y flotación del tipo de cambio que ha permitido al Banco Central recomponer, aun en niveles exiguos, parte de sus reservas. En este contexto la repetición de las advertencias sobre los riesgos de una nueva crisis como las vividas por el país en los últimos cincuenta años, pareciera responder a sentimientos magnánimos tendiente a desalentar a aquéllos que aún conservan una visión optimista sobre esta coyuntura para evitarles pérdidas futuras.

La discusión sobre la soberanía ya no se limita al territorio o a los recursos naturales. En una economía cada vez más digital también depende de quién controla la infraestructura tecnológica, dónde se almacenan los datos, cómo se produce la energía que alimenta los centros de datos y qué capacidades tienen los países para desarrollar y gobernar estas tecnologías. La soberanía tecnológica plantea una pregunta concreta: ¿cómo participar de la transformación digital sin depender completamente de decisiones tomadas por otros?

Una discusión mucho más amplia que la tecnología

La soberanía tecnológica no significa fabricar todas las computadoras ni desarrollar cada aplicación dentro de un país. Se trata de construir capacidades para decidir sobre infraestructuras y tecnologías de las que dependen los servicios públicos, la economía, la seguridad o la innovación. Es una discusión que incluye cuestiones tan diversas como semiconductores, centros de datos, computación en la nube, telecomunicaciones, ciberseguridad, gobernanza de datos y energía, entre muchas otras.

Estados Unidos impulsó la ley CHIPS and Science Act para fortalecer la producción de semiconductores; la Unión Europea aprobó las leyes Data Act y Data Governance Act y promovió iniciativas como Gaia-X y EuroHPC; India desarrolló India Stack como infraestructura pública digital, mientras China sostiene desde hace años una estrategia para ampliar sus capacidades tecnológicas. Las herramientas son distintas, pero responden a una misma preocupación: fortalecer capacidades propias.

Los datos también son infraestructura

Los datos son uno de los principales insumos de la economía digital. Por eso, la gobernanza de datos consiste en proteger la privacidad y en definir cómo se recolectan, almacenan, comparten y utilizan. Para la UNESCO esta agenda es cada vez más relevante, porque la calidad de los datos condiciona el desarrollo de nuevas tecnologías y plantea desafíos de seguridad, interoperabilidad y transparencia. Lo mismo ocurre con los datasets utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Si esos conjuntos de datos no reflejan las instituciones, la legislación o las particularidades culturales de una región, los resultados también serán limitados.

Según el PNUD, existen cerca de 10.000 centros de datos distribuidos en 164 países. América Latina y el Caribe concentra apenas el 4,8% de esa infraestructura mundial, frente al 38,5% de Estados Unidos. Brasil reúne el 37,2% de los centros de datos de la región y alberga los únicos dos hiperescaladores existentes en América Latina, mientras Argentina representa solo el 6,8%. Los datos muestran que la nube nunca es completamente virtual y que la información siempre se almacena y procesa en una o varias jurisdicciones determinadas con infraestructura física, energía y conectividad.

Construir capacidades

Para Argentina y América Latina el desafío no pasa por elegir entre apertura o aislamiento, sino por desarrollar capacidades propias para participar de la economía digital en mejores condiciones. Eso implica invertir en infraestructura, fortalecer la gobernanza de los datos, formar talento e impulsar instituciones capaces de acompañar la innovación. La soberanía tecnológica no implica hacer todo solos. Consiste en contar con las capacidades necesarias para decidir cómo, dónde y bajo qué reglas se incorporan las tecnologías que sostienen buena parte del desarrollo económico y la acción del Estado.

La final del Mundial 2026 quedó atrás, pero dejó una polémica que excede lo deportivo. En las horas posteriores a la definición ante España, figuras internacionales como Samuel L. Jackson, Patti Smith, Javier Bardem y Rosalía —entre otras— protagonizaron mensajes que insinuaban, con distinto grado de gravedad, que la Argentina es un país racista. Alguna de esas mismas voces, cabe decirlo, terminó pidiendo disculpas al advertir el error o la liviandad con la que había hablado. Pero el eco de esas acusaciones ya había recorrido el mundo, alimentando un prejuicio que conviene desarmar con información, no con enojo.

Ese tipo de generalizaciones tiene la vitalidad propia de las campañas de odio: se viralizan rápido, no requieren pruebas y dejan una marca difícil de borrar. Por eso vale la pena, más allá del resultado deportivo, poner en contexto quiénes somos como país y qué valores sostuvo nuestra selección durante todo el proceso, incluso sin haber levantado la copa.

Empecemos por los hechos. Ningún país del mundo tuvo, ni tiene, una Constitución tan abierta a la inmigración como la Argentina. Desde 1853 nuestra Carta Magna invita a todos los extranjeros que quieran habitar el suelo argentino a instalarse, trabajar y progresar aquí, con los mismos derechos civiles que cualquier nativo. No es una declaración retórica: a lo largo de nuestra historia recibimos corrientes migratorias de Europa, de países limítrofes, de Asia y de África, y seguimos haciéndolo hoy. Pocas sociedades del planeta pueden mostrar semejante mixtura sin haber levantado muros ni exigido visas selectivas.

A esa apertura constitucional se suma un sistema educativo público y gratuito hasta el nivel universitario, disponible para quienes residen en el país, sin distinción de origen.

La Ley 1420 y la Reforma Universitaria de 1918 son hitos en el desarrollo educativo . Un ejemplo: mientras en buena parte del mundo estudiar en la universidad implica aranceles de miles de dólares o restricciones de ingreso para extranjeros, en la Argentina cualquier persona que viva aquí puede formarse sin pagar un peso. Lo mismo ocurre con la salud pública: nuestro sistema no expulsa a quien no puede pagar ni presenta facturas impagables a quien necesita atención médica urgente.

También supimos, con todas las garantías constitucionales, juzgar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado, tanto en tribunales argentinos como en el exterior. Pocos países atravesaron un proceso de memoria, verdad y justicia tan sostenido en el tiempo y con tantas garantías procesales para los acusados. Y cuando sufrimos el terrorismo en carne propia —los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, planificados fuera de nuestras fronteras— no respondimos con más violencia: elegimos, con paciencia y a pesar de las frustraciones, seguir sosteniendo los procesos judiciales hasta hoy.

Nada de esto significa que seamos un país perfecto. Como en cualquier sociedad moderna, en la Argentina existen situaciones de discriminación y de clasismo que lastiman a diario, y que no hay que negar ni minimizar. La diferencia es que las enfrentamos con una legislación específica contra toda forma de discriminación, con instituciones que atienden esos reclamos y con una sociedad civil que no calla frente a esos episodios.

Por eso, frente a quienes insinuaron desde el prejuicio o la ignorancia que somos “el país más racista del mundo”, vale reivindicar lo que mostró nuestra Selección durante todo el Mundial: unidad, esfuerzo colectivo y una entrega que, ganando o perdiendo, sirvió de ejemplo —como bien reconoció el propio Javier Bardem— para millones de chicos que aprendieron cómo se compite con nobleza. Ese espíritu, el de Messi, el del Dibu, orgullo marplatense, el de Scaloni y el de todo un plantel que no bajó los brazos ni buscó excusas, es también el espíritu de un país que tiene mucho por aprender, por mejorar y por crecer, pero que tiene, sobre todo, valores para defender, reivindicar y sentirse orgulloso.

Tras los electrizantes 39 días en los que el Mundial hegemonizó la agenda política y mediática, y monopolizó las conversaciones cotidianas de los argentinos, el oficialismo busca imperiosamente recuperar la iniciativa y ganar centralidad de cara un proceso electoral cuyos contornos ya se recortan en un horizonte donde aún priman la incertidumbre y la volatilidad.

De cara al proyecto reeleccionista de Milei, el gobierno ya trabaja simultáneamente en dos frentes principales, el político y el económico, y deja entrever algunos aspectos de su estrategia electoral.

En lo político, con la mira puesta casi exclusivamente en la necesaria ingeniería y la aritmética electoral para fortalecer las chances de reelección, el oficialismo no oculta su obsesión por derogar o suspender las PASO, un proyecto para el cual aún no tiene los votos suficientes en el Congreso de la Nación. Con el objetivo tanto de debilitar la oferta electoral del peronismo y de dificultar la emergencia de un gran frente opositor, como de evitar el potencial desgaste adicional del gobierno entre las elecciones primarias y las generales (como le ocurriera en 2019 a Mauricio Macri), los armadores libertarios ya trabajan con una decena de gobernadores aliados en la búsqueda de acuerdos para modificar las reglas electorales para 2027.

El supuesto ofrecimiento de habilitar colectoras o la voluntad de resignar candidaturas competitivas en determinadas provincias a cambio de suspender o derogar las PASO no terminaría aun de convencer a los mandatarios provinciales que tienen la llave de la eventual votación en el Senado de la Nación, y que, a sabiendas de las necesidades y las urgencias del oficialismo en el plano electoral, buscan llevar las negociaciones a una agenda más amplia que incluya la discusión de fondos y obras.

Es que con un rechazo a la gestión libertaria que, desde hace ya varios meses, oscila -según la mayoría de las encuestas- en torno a los 60 puntos porcentuales, y amenaza potencialmente en convertirse en un techo electoral de 40% para las aspiraciones electorales libertarias, el oficialismo necesita imperiosamente evitar cualquier mecanismo o herramienta que potencialmente coadyuve a galvanizar a la hoy muy fragmentada oposición, y lo exponga a un complejo ballotage que podría sellar la suerte de Milei de forma análoga a la que experimentaron Macri y el PRO.

El segundo eje en el cual el oficialismo mueve sus fichas de cara a la reelección es, previsiblemente, el de la economía. Especialmente, en el de la macroeconomía, donde el oficialismo festeja que la inflación haya nuevamente perforado el piso del 2%, y destaca la performance de otros indicadores como el riesgo país, las cuentas públicas o la estabilidad cambiaria.

Todos ellos pilares de una macro que el gobierno nacional vigila con extremo recelo, como quedó en evidencia ante la rápida desmentida del prematuro “desliz” del nuevo vocero presidencial, pese a la generalizada percepción de que con esto solo difícilmente le alcance al oficialismo para superar el desafío electoral.

Es que el Presidente tiene ante sí una realidad que, o bien no quiere ver, o, ensimismado en su visión abstracta de la economía, no tiene la capacidad para ver. Hablamos no solo de los abrumadores datos que dan cuenta de una reactivación económica lenta y marcadamente desigual que no llega a la mayoría de los sectores sino también -en algo que es central en términos electorales- de una fuerte erosión de las expectativas de mejora en los grandes centros urbanos, donde crece el malestar y la desazón en torno a la percepción de inmovilismo o inercia de una economía que no ofrece soluciones ni perspectivas para la vida cotidiana.

Lo cierto es que conforme la política va entrando inexorablemente en un clima electoral resulta casi inevitable que aumenten las demandas sobre la economía, tanto las de los propios electores como las de otros actores clave como los gobernadores dialoguistas o aliados y los socios legislativos.

Una presión que el oficialismo buscará evitar apelando a una suerte de campaña permanente hegemonizada por un revitalizado reformismo legislativo (Super RIGI, inocencia fiscal, reforma del Banco Central, ley de tierras, etc.), una comunicación menos confrontativa, y una pretendida imagen de consenso con sectores dialoguistas y aliados, entre otros recursos y movimientos estratégicos.

Sin embargo, evitar que las expectativas electorales se concentren sobre la economía no solo requiere de un protagonismo político y una centralidad que el Presidente difícilmente pueda a esta altura de su mandato ostentar, sino que implicaría desconocer que los números que la pretendida bonanza que festeja el gobierno no solo no llega al bolsillo sino que el persistente deterioro de los salarios, la caída del consumo y los problemas de empleo comienzan a horadar las expectativas de los electores que definirán el futuro del experimento libertario.

Si hablamos de la política exterior de nuestro país en la patética pretensión fundacional del gobierno de Miel, el apoyo ciego a Israel y a EEUU configura un sinsentido cuyas duras consecuencias estamos soportando. No le vendría mal considerar el premio Nobel de la Paz otorgado a Carlos Saavedra Lamas en 1936 por su decisiva contribución al fin de la Guerra del Chaco, el desempeño del Canciller de Perón, Juan Atilio Bramuglia, quien como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo un rol determinante durante el bloqueo de Berlín de 1948 y logró que las cuatro potencias involucradas en el conflicto (Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia) crearan un comité a fin de resolver los puntos de disputa decisivos. Tal vez enterarse también de que el gobierno de Perón fue de los primeros en reconocer al Estado de Israel en 1949, para no dejar de mencionar elogiosamente al Canciller de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, durante el conflicto del Beagle. Ante estos ejemplos -muchos más podrían añadirse al respecto- tanta pequeñez, propia de las dictaduras y las autocracias de toda índole, resulta dolorosa, cuando no indignante.

Netanyahu asesina en defensa de tierras, propias y ajenas, mientras Trump despliega una política proteccionista que utiliza para imponer su voluntad, reprimiendo y expulsando a inmigrantes, muchos de ellos legales y con familias que terminan separadas. Este ridículo gobierno, el nuestro, suscribe causas que ni siquiera es capaz de imitar, pone en venta nuestras tierras y se regodea en obtusos lugares comunes del estilo “proteger es cazar en un zoológico”. Es absolutamente incomprensible la adhesión de nuestro país a estas dos naciones que, más allá de algunos beneficios pasajeros otorgados, son responsables de la repercusión de los odios que se han ganado con creces en la mayoría de las sociedades del mundo y que nosotros hoy debemos soportar.

Una cosa es la relación con las sociedades y otra muy distinta, la dependencia de ellas. El fútbol, uno de nuestros escasos logros, fue receptor del rechazo que esta política irracional engendró en la humanidad. Esta y no otra es la principal explicación de la triste serie de agresiones que sufren tantos argentinos que, por nuestros errores, debieron buscar trabajo en el exterior. Así, hoy, además de verse impedidos de habitar en el lugar de sus raíces, terminan siendo víctimas de desmedidas agresiones.

Resulta muy difícil entender de qué nos sirve participar en esa visión del mundo. ¿Qué le aportamos? Nada más irracional que pretender que una supuesta ideología nos permita enseñarles a otros, desde nuestro lamentable fracaso, el camino hacia el éxito. Los marxistas soñaban con el proletariado universal que superaría los límites de las naciones; estos libertarios imaginan que el consumidor es alguien que no tiene ni patria ni bandera, y que, por ende, destruir la estructura del Estado implica en sí mismo ingresar en alguna expresión de futuro. Milei, en su inaudita megalomanía, se sintió capaz de explicarle al mundo sus teorías económicas sin asumir cuán lejos estaban de ser exitosas en la sociedad a la que las aplicaba, la suya, esa que no siente como propia y menosprecia.

Adherimos a gobiernos como el español, en un intento de acercarnos a Europa, pero estamos más cercanos a los sucedáneos del franquismo, que a la madura concepción que Europa tiene del Estado. En su incomprensión de la realidad, Milei intenta apoyar a Bolsonaro sin entender que las naciones bien constituidas abarcan en su seno distintas miradas políticas, siendo, en primer lugar, fieles a su nación y a posteriori, partícipes de distintas concepciones ideológicas. No existen naciones sin Estado. El proceso de descolonización se inició en el Siglo XIX y no se detuvo. La propuesta que estos supuestos pensadores sin ideas enfrentan en su autodenominada “batalla cultural” es la opuesta: que seamos colonia, olvidando que si de algo carecen es de una identidad cultural respetable.

Los países se piensan desde la integración de sus habitantes y en consecuencia, no es el valor de los bienes el que estructura las propuestas, sino la integración y la dignidad de su población. Incluso los países ricos sostienen enfrentamientos con los monopolios en la conciencia de que los grupos económicos no pueden jamás ser más poderosos que el destino colectivo.

Sabido es que desde Menem para acá, las supuestas privatizaciones no son otra cosa que el robo de aquellos bienes forjados entre todos los argentinos. Nadie ignora que la corrupción del Estado puede tener etapas nefastas, lo que jamás puede hacer es inducirnos a concebir que ese latrocinio debe dejar las necesidades colectivas en manos del enfermizo egoísmo de los grupos de poder.

Este gobierno, con la ayuda invalorable de impensados aliados, logró una Reforma Laboral tan pretenciosa como perversa, y si algo vivimos hasta el momento, es el constante crecimiento de la desocupación. Pretenden imponer la idea de una segura reelección de Milei, cuando lentamente los empobrecidos van tomando distancia del gobierno que los hundió en la desocupación, el cierre de empresas, la crueldad hacia los más desprotegidos,en síntesis, la ignominia.

En el mundo, culturas y naciones se enfrentan con los nuevos ricos del ámbito de la tecnología, en su pretensión de sustituir a los Estados. Esta crisis nos remite al famoso libro de Spengler La decadencia de Occidente. Las bravuconadas de Trump tienen más que ver con la impotencia de esa sociedad por asumir la pérdida de su liderazgo que con el despertar de pueblos ayer sojuzgados y hoy en pleno despliegue de su desarrollo científico, tecnológico, militar, y dueños de una integración social superior a los antiguos poderes coloniales.

El gran debate que obligadamente enfrentamos se asienta en una pregunta esencial: ¿en qué momento se inició nuestra decadencia? Mi generación nació y creció en el país más avanzado del continente y sufre hoy las miserias que los privatizadores y los entreguistas le fueron imponiendo a su destino.

El actual gobierno seguirá en el proceso de pérdida de adhesiones porque su defensa de la minoría poderosa lo llevará a ese lugar en la próxima elección. Sin duda, somos un país capitalista que necesita de una sólida burguesía nacional, que no tenemos. Hasta el momento, los argentinos se ocupan de esconder sus dólares o de fugarlos, según la dimensión de sus ahorros o de sus saqueos.

Milei, con sus miserias y su desequilibrio emocional, con su demencia, tiene el signo indudable de lo pasajero. El desafío está en manos de la oposición. No se trata solo de construir una opción, sino dos alternativas que puedan respetarse compartiendo un proyecto de adversarios, alejadas de esta absurda confrontación entre enemigos para ocupar, por fin, el digno lugar de gobierno y oposición.

La final del Mundial dejó un sabor amargo para los argentinos, no solo por la derrota contra España sino además porque en los días que la rodearon se disparó un agrio debate sobre nuestro país en redes sociales y algunos medios de comunicación. La acusación más dolorosa sostenía que los argentinos somos racistas. “Uno de los países más racistas del mundo”, dijo el actor estadounidense Samuel Jackson. “Un país con una historia racista”, agregó la congresista afroamericana Jazmine Crocket. La reacción masiva de los argentinos –dentro y fuera del país—consistió en defenderse de esas acusaciones que, en esas dimensiones, eran disparatadas y muy injustas. Cualquiera que conozca mínimamente este país lo sabe. Era conmovedor, en este contexto, escuchar y leer los testimonios de innumerables inmigrantes de todos los colores que contribuyeron a desmentir la exageración. Sin embargo, tal vez haya enfoques complementarios que enriquezcan esta discusión.

El hecho de que en los mundiales se destaquen cada vez más jugadores árabes y negros, especialmente en algunas selecciones europeas, ha producido expresiones racistas como mínimo desde 1998. En ese año Jean Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, calificó como “equipo africano” al equipo francés conducido por el genial Zinedine Zidane. A diferencia de su hija Marine, Le Pen padre era abiertamente pronazi y antisemita. Aquella selección le tapó la boca porque salió campeona del mundo goleando a Brasil en la final. Pobre Jean Marie, si viera lo que ocurrió después: con el correr de los años la selección francesa fue cada vez más negra y cada vez más árabe y cada vez más talentosa. Eso sigue incomodando mucho a algunas personas a lo largo del planeta.

En este Mundial, por ejemplo, el magnate argentino Marcos Galperín reposteó un tuit que comparaba dos fotos: una de la selección francesa de los años 70, compuesta íntegramente por blancos, y la actual. Galperin ya había tenido expresiones en el mismo sentido como cuando acusó al movimiento antiracista Black Lives Matter de ser comunista. Como se sabe, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, calificó también de “equipo africano” a la selección francesa. Pero no fueron reacciones exclusivas de dos argentinos. El ex presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, desató un escándalo en su país al elogiar al equipo francés en las horas previas a la semifinal contra España de esta forma: “Ha ganado todos los partidos que disputó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Hasta la ultraderecha francesa, conducida ahora por la muy popular Marine Le Pen, repudió estos enfoques.

En la Argentina hubo otros episodios que pasaron más desapercibidos. El domingo 5 de julio, Noruega derrotó a Brasil por dos a uno, y lo dejó fuera del torneo en octavos de final. En el momento del pitido final, Santigo Caputo tuiteó:

-Que piedra se volvió ser negro. La culpa es de Hollywood.

Caputo es un destacadísimo asesor del presidente Javier Milei, que controla a través de su gente el servicio de inteligencia del Estado y el organismo de recaudación de impuestos. Cada cual tendrá derecho a interpretar si su tuit fue una bravuconada, un intento fallido de chiste, un gesto que intenta desafiar los límites de lo políticamente correcto o la expresión brutal de un prejuicio racista. Pero, para entender la profundidad del problema basta modificar mínimamente el texto. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de escribir “que piedra se volvió ser negro”, Caputo hubiera escrito “que piedra se volvió ser judío”? Es una suerte que Samuel Jackson no conozca la anécdota porque tendría un argumento a su favor.

-JAJAJAJAJAJA—fue el comentario que hizo Alejandro Sarubbi Benitez, al leer el posteo de Caputo.

Sarubbi Benitez es uno de los abogados del Presidente. Tiene un programa en el canal de streaming oficialista Carajo, desde el cual logró cierta trascendencia hace unos meses cuando exhibió una foto de Axel Kicillof deformada para que parezca una persona con síndrome de Down.

Por esas horas donde se disputaban los octavos de final, mientras el resto de la Argentina esperaba el partido contra Egipto, el micromundo libertario en las redes se hacía una fiesta con ese tipo de expresiones denigratorias. El blanco de la bronca era Vinicius Junior, la superestrella del Real Madrid. “La debacle de Brasil es culpa de este llorón que siendo archimillonario famoso y teniendo una vida privilegiada se puso a acusar de racista a todo el mundo por puteadas en un partido de fútbol”, escribió Agutín Romo, titular del bloque de legisladores provinciales de La Libertad Avanza. Daniel Parisini, el gordo Dan, lo reposteó.

En las últimas horas, Romo acusó de la supuesta campaña antiargentina a inmigrantes extranjeros que no habían hecho nada. “Argentina es el único país del mundo que da salud y educación gratis a los extranjeros. ¿Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Tenemos que cortarles todo ya y deportarlos. ¿Tan malos somos? Seamos malos de verdad”.

Ojalá hubieran sido hechos aislados. Aquel fin de semana de octavos, Francia había descalificado a Paraguay después de un partido durísimo, donde los defensores paraguayos rasparon fuerte a los atacantes franceses. Juan José Cáceres, el defensor que marcó a Kylian Mbappé contó que en uno de los tantos cruces, el francés le preguntó si quería darle un beso. “SE CONFIRMÓ QUE ES PUTAZO. Cáceres reveló que durante sus cruces con Mbappé el africano le preguntó si le quería dar un beso, confirmando que además de los travestis también le gustan los hombres”, tituló La Derecha Diario, el medio digital que el presidente Milei ha recomendado muchas veces.

Cuando terminó el partido, se produjo un episodio confuso en el que pareció que Mbappé le negaba el saludo al arquero paraguayo, Orlando Gil. El Gordo Dan, reposteaba textos que decían cosas como esta: “Ahí lo tienen a Mbappé, el ídolo de ustedes antiderecha, negándole el saludo al arquero por paraguayo. Mbappé racista y cometrolos”. Por su parte, el funcionario Juan Doe reproducía otro titular de La Derecha Diario que caracterizaba a Mbappé como “el futbolista amante de los travestis” o reposteaba: “Este llorón maleducado cometrabas necesitó de un arbitraje comprado para ganarle a Paraguay”.

Esas expresiones, estimuladas por personajes destacados del mundo libertario, se multiplicaban en esas horas miles de veces en las redes. A diferencia de lo que ocurría hace dos años, no repercutían demasiado porque este grupo se fue encerrando en una especie de gueto digital: ya perdió la capacidad que tenía de instalar temas y puntos de vista. Hablan entre ellos mismos.

Argentina no es, ni de lejos, el país más racista del mundo. Las personas que han difundido esta idea habitan lugares donde el racismo ha sido, y es, mucho más profundo que aquí. Pero en los últimos años se ha producido un fenómeno novedoso que representa un desafío para el clima de tolerancia que siempre caracterizó a esta sociedad. Personajes que pertenecen a la intimidad y al entorno del Presidente difunden habitualmente expresiones racistas y homofóbicas que, en cualquier otro momento, hubieran generado respuestas muy contundentes. Ahora se naturalizan como si formaran parte del paisaje. De hecho, en los medios de comunicación se informa sobre un tuit de la vicegobernadora de Mendoza o una frase de Mariano Rajoy, pero las expresiones racistas de funcionarios o parafuncionarios oficialistas quedan debajo del radar.

La existencia de estos hechos es ciertamente incómoda. Porque no es fácil que convivan la tolerancia hacia este tipo de personajes promovidos por el oficialismo con la reacción ofendida ante las acusaciones de que la Argentina es racista. O no lo es, y debe haber un debate sobre por qué tantas personas cercanas al Presidente dicen estas cosas, o lo es y entonces todo está perfecto, pero los de afuera tienen algo de razón. En el centro de este debate debería aparecer la benevolencia de los principales empresarios argentinos, que financian la Fundación Faro, desde donde Agustín Laje difunde ideas de este tipo, o la generosidad de todos los funcionarios de primera línea del Gobierno, que visitan habitualmente los estudios de Carajo y se abrazan con un grupo de racistas: un editado de las expresiones racistas en ese medio paraoficial alcanzaría para fortalecer todos los prejuicios sobre lo que ocurre en el país.

Mientras tanto, el debate de estos días es útil para pensar acerca del lugar en el mundo que ocupa la Argentina. En esta semana fue muy interesante conocer el punto de vista de dos españoles que tienen miradas antagónicas y sin embargo coincidían en un punto: en el centro de la discusión se ubica la posición internacional del gobierno del presidente Javier Milei.

Pilar Rahola explicó en Infobae que la Argentina se ha transformado en un país comprometido con la defensa de los valores occidentales y por eso es blanco de una campaña promovida por progresistas europeos y terroristas pro iraníes. Javier Bardem explicó el rechazo a la Argentina como una reacción a su alineamiento incondicional con Donald Trump y con Benjamin Netanyahu. Para la una, la agresión contra el país se debe a algo que el Gobierno de Milei hace bien y para el otro a algo que hace mal.

En los dos casos, en el centro de todo, aparece la política exterior de Milei, que se ha definido como “el presidente más sionista del mundo”. ¿Se trata del lugar correcto, criterioso, inteligente, equilibrado para estar? ¿No será una posición, como mínimo, discutible, y, además, muy costosa? ¿Por qué es el único país del mundo que asume una posición tan radical?

Nada de esto tiene que ver con el comportamiento emocionante de la selección campeona del mundial de 2022 y subcampeona del que acaba de terminar. La única expresión política de sus jugadores consistió en levantar una sábana que le habían arrojado desde la tribuna y que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Ha terminado un Mundial espectacular.

En cuatro años habrá revancha y nuevas canciones y nuevos festejos.

Seguro que sí.

No será tan fácil librarse de nosotros.

Además, solo se trata de fútbol: veintidós jugadores corriendo tras una pelota.

¿Quién no tiene un seguro? Los seguros existen para cubrirnos de eventos que preferimos que nunca ocurran. Un choque, un incendio o un robo. En el mercado financiero sucede algo parecido. Empresas, inversores, importadores o exportadores que quieren protegerse de una eventual suba del dólar o asegurarse un valor de tipo de cambio para cerrar un contrato pueden “contratar” una cobertura cambiaria.

Esto es un vehículo que les permite fijar hoy el precio futuro de la divisa. Los principales son los bonos dólar-linked (que ajustan según la evolución del tipo de cambio oficial) y los contratos de futuros de dólar.

Lo llamativo es que esa demanda de cobertura aumentó en este mes, aun cuando el mercado no esperaba una devaluación brusca (es decir, este “evento que preferimos que nunca ocurra”). Entonces, ¿por qué creció la necesidad de “asegurarse”? La hipótesis es que fue el propio Gobierno el que otorgó esa cobertura para reducir la presión sobre el mercado cambiario spot. En otras palabras, ofreció instrumentos para que quienes buscaban cubrirse no tuvieran que salir a comprar esos dólares.

El equipo económico ofreció instrumentos para que quienes buscaban cubrirse no tuvieran que salir a comprar dólares

Esa estrategia ayuda a explicar por qué el tipo de cambio oficial cayó nominalmente durante la primera mitad del mes (0,7%). Sin embargo, desde mediados de julio la dinámica comenzó a revertirse y, de hecho, el dólar oficial volvió a mostrar subas. ¿Qué cambió?

La principal diferencia es que las señales de intervención oficial en los mercados secundarios prácticamente desaparecieron.

Cambio de roles

Hasta mediados de julio, el Banco Central participó activamente ofreciendo cobertura tanto mediante títulos dólar-linked como en el mercado de futuros. Después de la última licitación del Tesoro, esa presencia prácticamente dejó de observarse. Los números acompañan esa lectura.

Hasta la primera mitad del mes se estiman ventas de instrumentos dólar-linked por parte del sector público por aproximadamente USD 920 millones.

Después de la última licitación, en cambio, no volvimos a detectar intervenciones en ese mercado. Algo similar ocurrió con los futuros de dólar: el interés abierto había aumentado USD 862 millones durante la primera quincena, pero desde entonces se expandió USD 116 millones.

Pero esto último no significa, necesariamente, que el Gobierno haya dejado de ofrecer cobertura cambiaria. Más bien, parece haber cambiado el canal por el cual la ofrece. La interpretación es que parte de esa oferta de cobertura pasó del mercado secundario al mercado primario, es decir, a las licitaciones del Tesoro.

No es un dato menor que, en la última subasta, los instrumentos dólar-linked representaran el 24,8% del monto total adjudicado (unos USD 967 millones).

No es un dato menor que, en la última subasta, los instrumentos dólar-linked representaran el 24,8% del monto total adjudicado (unos USD 967 millones)

En datos, la cobertura cambiaria total provista por el sector público volvió a expandirse durante julio en unos USD 2.600 millones, alcanzando aproximadamente USD 8.915 millones, luego de haber crecido más de USD 3.000 millones entre mayo y junio.

Ahora la atención del mercado está puesta en la próxima licitación del Tesoro, prevista para el 29 de julio.

Vencimientos en pesos

La Secretaría de Finanzas deberá afrontar vencimientos por unos $8,4 billones, luego de haber reducido las necesidades originales (cercanas a $11,2 billones) mediante un canje de la letra linkeada al dólar más corta (D31L6) realizado días atrás.

De igual forma, aun después del canje, todavía permanecen en circulación alrededor de USD 2.247 millones de la D31L6. La incógnita será si este 29 de julio el Tesoro vuelve a emitir una cantidad significativa de instrumentos dólar-linked.

La autora es Economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

En un contexto de corrección de precios relativos en la economía argentina, en el que se ajustan distorsiones acumuladas durante décadas de inflación crónica y subsidios, las empresas enfrentan márgenes de rentabilidad cada vez más comprimidos.

La apertura gradual, la mayor competencia externa y la necesidad de ganar eficiencia interna convierten a la productividad no en una opción, sino en una condición de supervivencia. Las pyme, que representan la columna vertebral del tejido productivo nacional, deben transitar hacia modelos de producción y gestión que agreguen valor real en cada eslabón: desde los procesos internos de trabajo hasta la distribución y la comercialización de bienes y servicios.

La productividad no se mide solo por producir más con menos recursos, sino por eliminar desperdicios y generar valor que el cliente esté dispuesto a pagar. En ese marco, entran en juego conceptos probados globalmente que las pyme pueden adoptar de forma escalonada y con bajo costo inicial.

Las pyme, que representan la columna vertebral del tejido productivo nacional, deben transitar hacia modelos de producción y gestión que agreguen valor

Una forma de ordenar esa transición es combinar disciplina operativa, gestión de calidad y una digitalización pragmática, alineadas con un diagnóstico inicial y una hoja de ruta que permita sostener mejoras en el tiempo.

Lean Manufacturing y eliminación sistemática de desperdicios

Taiichi Ohno, padre del Sistema de Producción Toyota (TPS) y creador del pensamiento Lean, lo resumía con claridad: “Todo lo que hacemos es observar la línea del tiempo, desde el momento en que recibimos una orden hasta el punto en que recogemos el dinero. Y reducimos esa línea temporal eliminando los desperdicios que no aportan valor”.

En una pyme argentina, esto implica mapear el flujo completo (Value Stream Mapping) e identificar las siete grandes pérdidas:

1. sobreproducción,
2. esperas,
3. transportes innecesarios,
4. sobre procesamiento,
5. inventarios excesivos,
6. movimientos inútiles,
7. defectos y talento subutilizado.

Aplicar Just-in-Time (JIT) y Kanban permite producir solo lo que demanda el mercado y liberar capital inmovilizado en stocks. En un escenario de tasas de interés altas y financiamiento caro, reducir inventarios es dinero fresco en caja. Combinado con 5S (orden y limpieza) y Kaizen (mejora continua), esto puede generar resultados rápidos: Ohno insistía en que “si no hay estándar, no puede haber Kaizen”. Sin estándares claros, cualquier mejora tiende a ser efímera.

Calidad, mantenimiento y prevención de errores

W. Edwards Deming, referente de la calidad total, enseñaba que “la calidad no cuesta, libera”. Herramientas como Poka-Yoke (a prueba de errores) y TPM (Mantenimiento Productivo Total) involucran a los operarios en el cuidado de máquinas, reducen paradas no planificadas y elevan el OEE (Overall Equipment Effectiveness), un indicador clave de productividad.

Six Sigma y su ciclo Dmaic (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar) complementan el enfoque Lean al atacar la variabilidad con datos. Para las pyme, la combinación Lean Six Sigma puede ser especialmente útil cuando el foco es estabilizar procesos, reducir reprocesos y sostener calidad.

Digitalización e Industria 4.0: adopción pragmática

La transición no se limita a herramientas tradicionales. La integración con tecnologías modernas es un componente relevante: un ERP accesible (como Odoo) unifica planificación de materiales (MRP), producción, finanzas y ventas. Sensores IoT habilitan mantenimiento predictivo.

La Inteligencia Artificial y la analítica predictiva ayudan a anticipar demanda y optimizar rutas de distribución. El gemelo digital permite simular cambios sin detener la planta.

La Inteligencia Artificial y la analítica predictiva ayudan a anticipar demanda y optimizar rutas de distribución

Peter Drucker, referente del management moderno, advertía: “Hasta que no sepamos gestionar el tiempo, no podremos gestionar nada más” y “es más productivo convertir una oportunidad en resultados que resolver un problema”.

En Argentina de 2026, la oportunidad está asociada a la corrección de precios relativos: energías y logística con valores más reales obligan a ser más eficientes; y la apertura exige competir en calidad y precio con importados.

Pendientes estructurales de la competitividad local

Persisten brechas:

• bajo nivel de productividad laboral comparado con países OCDE,
• alto “costo argentino” (energía, logística, impositivo y regulatorio),
• escasa adopción tecnológica en pyme,
• informalidad y dificultades de acceso a financiamiento para inversión productiva.
• La volatilidad macrohistórica generó una cultura de supervivencia más que de excelencia.
• Muchas empresas crecieron bajo proteccionismo y ahora deben reaprender a competir.

La volatilidad macrohistórica generó una cultura de supervivencia más que de excelencia

En este marco, agregar valor se vuelve estratégico: no solo en producción, sino en diseño, logística eficiente, experiencia de cliente y sostenibilidad (economía circular). Quien no eleve su productividad quedará fuera del juego: márgenes comprimidos no toleran ineficiencias.

Hoja de ruta práctica

1. Diagnóstico inicial: VSM más medición de OEE.
2. Base cultural: 5S más Kaizen diario con involucramiento de todo el equipo.
3. Optimización operativa: SMED (cambios rápidos), JIT y Poka-Yoke.
4. Gestión integrada: implementar ERP simple más KPI visuales.
5. Transición digital: IoT básico, analítica y automatización selectiva.
6. 6. Enfoque estratégico: Lean 4.0 más sostenibilidad para diferenciarse.

La frase de Ohno sigue vigente: “El peor de todos los problemas es no tener problemas”. Las empresas que no sientan la presión competitiva hoy y no actúen, mañana pueden no tener margen para reaccionar. La productividad es la herramienta que permite a las pyme argentinas no solo sobrevivir a la corrección de precios relativos, sino liderar un nuevo ciclo de crecimiento con mayor valor agregado.

La transición competitiva exige pasar de una lógica de “hacer más con más” a “hacer mejor con menos, agregando valor en cada paso”. Las que lo logren capturarán los frutos de una economía que, lentamente, se normaliza.

No es necesario abordar todos los procesos ni todas las herramientas al mismo tiempo ni de forma conjunta. Lo necesario es abordar los procesos y seleccionar qué procesos y herramientas de mejora se van a implementar. No hacerlo tiene un costo muy elevado. Encararlo tiene un beneficio tan elevado como su omisión.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

El 28 de julio Keiko Fujimori asumirá la presidencia elegida por poco menos de 50 mil votos. El Perú llega partido en mitades casi exactas, y buena parte del voto que la eligió no fue una adhesión personal sino una decisión para preservar el modelo frente a la alternativa. Hay buenas razones para ello: ese modelo produjo tres décadas de estabilidad y avance económico. Pero el reto de este quinquenio es más difícil que repetir la fórmula. El crecimiento peruano ya mostró que puede cerrar algunas brechas, pero todavía no las cierra donde el Estado no tiene presencia, y, sin eso, solamente crecer no alcanza para unir al país.

La robustez del modelo

Después de reconstruir las cuentas nacionales peruanas desde 1700, Bruno Seminario encontró ciclos largos, unos 35 años de expansión y veinte de declive. El Perú ha sabido crecer, pero no sostener ese crecimiento. El comienzo de este siglo fue una de esas expansiones, doce años con un crecimiento promedio de 6,1 % anual. Cuando el ritmo bajó a 3% en la década siguiente, el efecto del crecimiento sobre la pobreza se redujo casi a la cuarta parte. Con la fuerza de esos años, la desigualdad monetaria cayó durante casi tres décadas. El coeficiente de Gini llegó a su pico de 55,1 en 1998, bajó a 43,9 al cerrar el superciclo en 2013, a 41,5 antes de la pandemia y, tras el retroceso de 2020, a su mínimo histórico de 40,1 en 2024, quince puntos por debajo del pico. Curiosamente, según datos del Banco Mundial, los dos países que más redujeron ese indicador de desigualdad en la región fueron Bolivia y el Perú, con modelos muy distintos. Bolivia lo hizo agotando el ciclo de su gas y sus reservas, y hoy combina recesión, inflación cercana al 20% y escasez de divisas. El Perú lo logró conservando el crecimiento, la inflación más baja de la región y una economía abierta. En el mismo periodo, el producto por habitante casi se cuadruplicó, de unos 4.400 a 17.800 dólares a paridad de compra.

Hace treinta años la minería era el único gran motor exportador. Hoy la acompaña una agroindustria que llegó a un récord de US$15.000 millones en 2025, con el Perú como primer exportador mundial de arándanos, y las exportaciones totales alcanzaron US$74.664 millones en 2024, su mayor nivel hasta entonces. La economía se abrió y el comercio exterior pasó de representar un tercio a cerca de la mitad del producto. El riesgo país cerró 2025 en 124 puntos básicos, el segundo más bajo de América Latina después de Chile y menos de la mitad del promedio regional. El país conserva el grado de inversión con una deuda pública de un tercio del producto, de las más bajas de la región.

La paradoja

Sin embargo, la división política se profundizó a pesar de esos resultados. Los ingresos explican solo una parte. Los mapas que mejor coinciden con el mapa electoral son los de la provisión del Estado, y ahí aparecen tres brechas sobre los mismos territorios. La primera es de calidad de vida. Lima tiene 45 médicos colegiados por cada diez mil habitantes y Amazonas 6,7. En las zonas rurales el 97,5% no recibe agua segura, potable y continua, y tres de cada cuatro no tienen desagüe por red pública. La segunda es de presencia del Estado. La Libertad, una de las regiones más golpeadas por la extorsión, tiene la menor densidad policial del país. La informalidad promedio de la última década es de 90,7% en Huancavelica y 60,8% en Lima. La brecha de infraestructura de acceso básico llega a 363 mil millones de soles. La deforestación tampoco se detiene, con más de 130 mil hectáreas de bosque perdidas en 2023, en un territorio que el Estado no llega a controlar. La tercera es de inversión privada. La inversión cayó de 25% a 20,5% del producto en una década y se concentra en Lima y la costa. La inversión privada no llega donde no hay seguridad, reglas ni caminos, y por eso los territorios sin presencia del Estado tampoco reciben el capital que impulsaría su crecimiento. El mapa electoral lo confirma. Fujimori ganó en nueve regiones, incluida Lima con 63,5% del voto, y perdió en dieciséis, entre ellas todo el sur andino, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno, los mismos territorios que encabezan esas brechas. Andrés Rodríguez-Pose ha descrito este patrón en muchos países. Son territorios que sienten que el desarrollo los dejó atrás y que terminan votando contra el sistema.

Queda la pregunta de fondo: ¿por qué el crecimiento no cerró estas brechas como sí cerró la pobreza a fines de la década de 2000? La razón es que no todo crecimiento es igual. El que redujo la pobreza fue el del superciclo, que creció al 6% anual. El de la última década, de entre 2 % y 3 %, apenas logró reducirla, y la pobreza sigue por encima del nivel que tenía antes de la pandemia. La anemia infantil subió de 38,8% en 2021 a 43,7% en 2024. Hay una segunda razón. Aun en sus mejores años, el crecimiento llegó sobre todo a donde el Estado ya estaba, con instituciones capaces de atraer inversión y con servicios de salud y educación que permiten a la gente aprovechar el ingreso, y pasó de largo por los territorios donde el Estado casi no existe.

Ica y Ayacucho son vecinas y quedaron en extremos opuestos. A Ica la agroexportación le trajo inversión, empleo formal e infraestructura, y hoy es la región con menos pobreza del país, cerca de 7% y sin pobreza extrema. A Ayacucho, al lado, no llegaron ni esa inversión ni las instituciones y servicios que la vuelven desarrollo, y sigue entre las regiones más pobres del país. Si el desarrollo es, como argumenta Amartya Sen, la expansión de las capacidades de las personas para resolver sus propios problemas, cerrar esas brechas forma parte de la política económica. Un crecimiento modesto no alcanza, el crecimiento sigue siendo lo central, pero necesita ser más fuerte que el de los últimos años y llegar a los territorios donde el Estado todavía no está.

El reto del quinquenio

El reto del quinquenio es más complejo que volver a crecer o que gastar mejor. Las dos cosas que el país necesita dependen una de la otra. Solo un crecimiento fuerte, como el del superciclo y no el de los últimos años, genera los recursos para construir Estado donde hoy no llega. Y solo un Estado presente, con instituciones que atraigan inversión y con servicios que conviertan el ingreso en capacidades, hace que ese crecimiento alcance a los territorios que hoy quedan afuera en lugar de concentrarse donde ya estaba. Ninguna de las dos funciona sin la otra, y por eso el país lleva décadas creciendo a tramos sin lograr que el crecimiento se vuelva desarrollo en todo el mapa. El problema, además, no es solo económico. Mientras el promedio nacional mejore pero el territorio siga afuera, la mitad del país seguirá votando contra un modelo que siente ajeno. Cerrar esa distancia entre el promedio y el territorio es la tarea económica y también la tarea política que viene por delante.

El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial está transformando diversos ámbitos de la sociedad, y el derecho no es ajeno a ese cambio. En materia de propiedad intelectual, uno de los principales desafíos recae sobre el derecho de autor, que hoy enfrenta nuevas preguntas sobre los requisitos que debe cumplir una creación para acceder a protección jurídica.

Con respecto a la inteligencia artificial, siguiendo la definición proporcionada por la Real Academia Española, puede entenderse como una disciplina de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas o tomar decisiones.

Las herramientas de inteligencia artificial hoy permiten generar, en pocos minutos y con distintos niveles de intervención humana, imágenes, música, textos y otras expresiones artísticas, literarias o científicas. Esto ha reavivado el debate sobre si esas creaciones contienen un aporte original atribuible al ser humano, requisito indispensable para que una obra pueda ser protegida por el derecho de autor.

Por ejemplo, el simple hecho de ingresar una instrucción general en una plataforma de inteligencia artificial y obtener una imagen o una obra literaria como resultado no implica, por sí solo, la existencia de una creación intelectual atribuible a una persona. Distinto sería el caso de una persona que utiliza esta tecnología como una herramienta dentro de un proceso creativo en el que selecciona, adapta, modifica o transforma el resultado obtenido, pudiendo existir un grado de intervención humana relevante para evaluar si corresponde la protección mediante el derecho de autor.

Este debate ha cobrado especial relevancia con la primera subasta de Christie’s dedicada exclusivamente al arte generado mediante inteligencia artificial, realizada en Nueva York entre el 20 de febrero y el 5 de marzo de 2025. En dicho evento se presentó, entre otras obras, “Untitled Robot Painting”, de Alexander Reben, con un precio estimado entre US$ 100 y US$ 1.728.000.

Este caso demuestra que una creación vinculada a la inteligencia artificial puede alcanzar un elevado valor económico. Sin embargo, plantea una pregunta distinta: ¿el valor comercial de una obra creada con IA basta para que reciba protección por derecho de autor?

Para responder esa pregunta, es necesario recordar que la propiedad intelectual protege las creaciones intelectuales que cumplen los requisitos establecidos por la ley.

En los sistemas jurídicos que siguen la tradición del derecho de autor continental, la autoría se reconoce a las personas naturales, pues son ellas quienes realizan el aporte intelectual creativo.

En ese sentido, ni los animales, como se discutió en el conocido caso del “selfie del mono”, ni los sistemas de inteligencia artificial pueden ser reconocidos como autores de una obra.

En el Perú, mediante la Resolución N.° 1111-2025/DDA-INDECOPI, del 28 de abril de 2025, se denegó el registro de la obra literaria Universo peregrino. Indecopi concluyó que carecía de originalidad al ser resultado de un proceso de generación mediante inteligencia artificial.

La razón está en un requisito fundamental: la originalidad. Para que una obra pueda ser protegida por el derecho de autor, debe reflejar un aporte creativo atribuible a una persona.

La originalidad no exige que una obra sea completamente novedosa o inédita, sino que refleje decisiones creativas propias de su autor. En otras palabras, debe contener una huella personal derivada de la intervención humana.

Por ello, el valor comercial o la aceptación que alcance una obra creada con inteligencia artificial no son suficientes para determinar su protección por derecho de autor. La pregunta clave es si esa creación refleja un aporte creativo humano o responde principalmente al funcionamiento de un sistema tecnológico.

Una obra creada con inteligencia artificial puede alcanzar un elevado valor económico, pero ello no significa que deba ser protegida por el derecho de autor.

Cada vez que hablo sobre inteligencia artificial en diferentes entornos surge la misma inquietud: ¿nos va a quitar el trabajo? Mi respuesta suele generar silencio: la IA no te quitará el trabajo; lo hará alguien que sepa gestionarla mejor que tú.

La tecnología siempre ha transformado el empleo. La Revolución Industrial lo hizo al reemplazar el músculo humano por maquinaria que multiplicó la productividad. Hoy vivimos una transformación distinta, pero igual de profunda: la automatización de tareas cognitivas. Procesos que antes tomaban horas -revisar currículums, analizar datos, preparar reportes- ahora pueden resolverse en segundos con herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, automatizar tareas no equivale a sustituir el valor humano.

Cuando utilizamos la IA para liberar tiempo operativo y enfocarnos en diseñar estrategias, liderar equipos y tomar decisiones de impacto, nuestro valor se expande.

Las organizaciones también enfrentan un desafío importante. Incorporar inteligencia artificial no consiste únicamente en adquirir nuevas plataformas o automatizar procesos. Requiere transformar la cultura organizacional, desarrollar nuevas capacidades y preparar a las personas en entornos donde la tecnología complemente, y no sustituya, el talento humano. La verdadera ventaja competitiva no estará en tener acceso a la IA, sino en saber integrarla de manera estratégica en la toma de decisiones y en la gestión de los equipos.

Paradójicamente, mientras el entorno laboral se vuelve más digital, el talento necesita volverse más humano. La inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de información, pero no tiene propósito, ética ni empatía. No construye confianza ni inspira equipos. Ahí radica nuestra oportunidad. Por ello, la inteligencia artificial debe equilibrarse con la inteligencia emocional para generar el balance entre el potencial de la tecnología y aquello que distingue a las personas: la capacidad de comprender, conectar y liderar. Solo así será posible aprovechar la eficiencia de la IA sin perder la dimensión humana que da sentido a las organizaciones.

Durante años hablamos de habilidades blandas. Hoy prefiero hablar de power skills: pensamiento estratégico, juicio ético, curiosidad constante, capacidad de integrar información y tomar decisiones en contextos complejos. Estas competencias son las que permiten pasar de ser operadores de herramientas a arquitectos de soluciones.

“El futuro laboral no pertenecerá al que más tareas ejecute, sino al que mejor combine humanidad y tecnología para generar valor sostenible.”

También el liderazgo está evolucionando. Ya no basta con supervisar procesos o validar resultados. El nuevo líder debe diseñar entornos donde personas y tecnología trabajen de manera complementaria. No se trata de competir con la IA, sino de orquestarla. Preparar equipos que comprendan no solo cómo usar una herramienta, sino cuándo cuestionarla y cómo integrarla al criterio.

Es importante entender que las plataformas cambiarán. Los softwares evolucionarán. Lo que no caduca es la capacidad de pensar estratégicamente y adaptarse. Aprender a usar inteligencia artificial es necesario,

pero insuficiente si no desarrollamos el criterio para aplicarla con propósito. Del mismo modo, el aprendizaje continuo dejará de ser una ventaja para convertirse en una condición indispensable de empleabilidad. Quienes mantengan una actitud abierta al cambio estarán mejor preparados para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Estamos ante una decisión profesional. Podemos reaccionar con temor o anticiparnos con preparación. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de talento; redefine el tipo de talento que las organizaciones requiere.

El 4 de julio de 2026, Estados Unidos celebró los 250 años de la Declaración de Independencia. No se trató solamente de recordar el nacimiento de una nación, sino de renovar una promesa política que modificó la historia de Occidente: los hombres no reciben sus derechos del poder, sino que el poder existe para proteger derechos que los preceden.

Pocas semanas después, ese principio salió de los monumentos para manifestarse en un escenario inesperado: una cancha de fútbol. Luego de derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial, jugadores argentinos levantaron frente a sus compatriotas una bandera casera que decía: “Las Malvinas son Argentinas”. No hubo violencia, insultos raciales ni incitación al odio. Hubo una afirmación nacional amparada por la historia, por la Constitución argentina y por una política de Estado sostenida durante décadas.

La reacción de una parte del poder británico fue inmediata. Funcionarios del Reino Unido reclamaron una investigación de la FIFA. El líder liberal demócrata Ed Davey llegó a pedir que los jugadores involucrados fueran apartados de la final. La FIFA anunció que su comité disciplinario evaluaría los informes del partido y las posibles medidas posteriores.

Frente a esa presión apareció una respuesta que debería interpelar especialmente a quienes se consideran liberales. Andrew Giuliani, responsable de la Casa Blanca para el Mundial, defendió públicamente a los futbolistas argentinos. “Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda aquí, en los Estados Unidos de América”, sostuvo, y agregó que los jugadores tendrían en territorio estadounidense la oportunidad de realizar manifestaciones.

La declaración no constituyó una orden judicial ni convirtió a la FIFA en sujeto directo de la Primera Enmienda. La garantía constitucional estadounidense limita principalmente la acción del Gobierno, no las decisiones de cualquier organización privada. Pero la intervención de la administración Trump produjo algo políticamente decisivo: se negó a aceptar que una expresión nacional pacífica fuera tratada como una falta moral o como un delito deportivo. La paradoja es que esa claridad apareció con mayor fuerza en Washington que en Buenos Aires.

Reacciones desconcertantes

Antes del partido, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, explicó que no podrían ingresar al estadio banderas o carteles con contenidos considerados políticos. Consultada específicamente por imágenes de las Malvinas, reiteró que no serían admitidas. El Gobierno no había creado las normas del estadio, pero hizo propia su lógica.

Mientras la administración estadounidense invocaba la libertad, una administración argentina que se define libertaria aparecía explicando la mordaza. Fueron los jugadores quienes rompieron ese libreto. No mediante una declaración preparada por consultores ni a través de una operación partidaria, sino levantando una bandera confeccionada por argentinos desde una tribuna. Giovani Lo Celso se acercó a buscarla y, junto con Lisandro Martínez, la mostró frente al público. La imagen recorrió el mundo.

Aquel gesto puso en evidencia el carácter selectivo de cierta neutralidad deportiva. La política parece prohibida cuando un argentino dice que las Malvinas son argentinas, pero suele ser admitida y celebrada cuando coincide con las causas aprobadas por las burocracias internacionales y por la corrección política occidental.

No existe deporte completamente separado de la identidad. Los equipos representan países, ingresan detrás de sus banderas, cantan himnos nacionales y compiten bajo símbolos patrios. Pretender que un Mundial es una ceremonia nacional cuando conviene y una zona políticamente aséptica cuando aparece una causa incómoda es una contradicción.

La reacción británica también merece una reflexión. En nombre de separar el fútbol de la política, funcionarios británicos hicieron política y presionaron a una organización internacional para aplicar sanciones. Es el viejo reflejo inquisitorial vestido con lenguaje reglamentario: la expresión adversaria no debe ser respondida, sino prohibida.

El Gobierno argentino, mientras tanto, no logró encontrar una voz coherente frente a la secuencia mundialista. Cuando Lionel Messi recordó que existen argentinos que no tienen trabajo, que la pasan mal o que no llegan a fin de mes, el vocero presidencial afirmó que el Gobierno no coincidía con esa descripción general. Poco después, la Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que las palabras del capitán eran “completamente ciertas”, aunque atribuyó esa realidad a las administraciones anteriores.

Las dos posiciones pueden encontrar explicaciones técnicas, pero juntas exhiben un problema: un Gobierno que todavía no descubre cómo conectar su discurso libertario con el sentimiento popular. Reconocer el sacrificio cotidiano de millones de ciudadanos no significa renunciar al equilibrio fiscal. Significa comprender a la nación que se pretende conducir.

Argentina no es solamente una hoja de cálculo. Tampoco es una audiencia extranjera a la que debe explicársele que sabemos comportarnos. El desconcierto alcanzó un punto especialmente simbólico cuando el presidente Milei eligió responder a la campaña de críticas contra la Argentina reproduciendo en inglés una frase atribuida a Winston Churchill: “You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life”.

La frase puede ser acertada. El símbolo elegido, en ese contexto, no lo fue. Cuando el episodio central era la presión del establishment británico contra una manifestación argentina sobre Malvinas, citar en inglés a uno de los grandes símbolos del Reino Unido produjo una escena extraña.

Argentina habla español. Tiene una historia, una Constitución, próceres, soldados, escritores y palabras propias para defender su dignidad. Y si el Presidente deseaba recurrir a una referencia estadounidense o anglosajona, el momento convocaba más a James Madison y a la Primera Enmienda que a Winston Churchill y al Imperio británico.

La diferencia no es menor. Churchill representa la voluntad de resistencia de Gran Bretaña. La Primera Enmienda representa el derecho de cualquier hombre a decirle al poder aquello que el poder no quiere escuchar. EEUU entendió mejor el pulso argentino.

Comprendió que los futbolistas no estaban declarando una guerra ni amenazando a nadie. Estaban ejerciendo una forma de soberanía cultural. Eso también explica la profunda conexión existente entre el patriotismo de Trump y el sentimiento nacional que atraviesa a buena parte del pueblo argentino. El patriotismo verdadero no exige que otras naciones renuncien a su identidad. Por el contrario, reconoce que pueden existir alianzas sólidas entre pueblos que se respetan a sí mismos.

Ser amigo de Estados Unidos no significa ser menos argentino. Del mismo modo, defender que las Malvinas son argentinas no implica convertir al pueblo inglés en enemigo ni negar los numerosos vínculos históricos. Significa que la amistad no exige subordinación y que el diálogo no requiere silencio.

Estados Unidos volvió a demostrar por qué su tradición constitucional continúa siendo un faro para el Mundo Libre. No porque su historia carezca de contradicciones, sino porque conserva un principio capaz de corregirlas: el poder no debe decidir cuáles ideas pueden ser expresadas.

Los bandos quedaron claros. De un lado, una burocracia que pretende administrar símbolos, emociones y palabras. Del otro, jugadores que levantaron una bandera y una nación anfitriona que se negó a considerar intolerable aquel acto.

El Gobierno argentino no necesita competir con la Selección, corregir a Messi, ni esforzarse por resultar más prudente que los propios británicos. Necesita encontrar una voz argentina capaz de unir libertad, soberanía y sensibilidad popular. La libertad que no se anima a defender la identidad nacional queda incompleta. El patriotismo que necesita pedir permiso deja de ser patriotismo.

Argentina debe permanecer unida. También debe hacerlo la América libre: una comunidad de naciones soberanas, occidentales y orgullosas de su identidad, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. En la tierra de los libres y el hogar de los valientes, nuestros jugadores recordaron algo que ningún reglamento debería borrar: las Malvinas son argentinas.

El debate sobre el uso del celular en las escuelas se sostiene con los años: están quienes piden la prohibición absoluta y quienes defienden la libertad del alumno para decidir. En el medio, los docentes tratan de dar clases mientras compiten con una pantalla que no deja de proponer estímulos.

Los datos de PISA 2022 le pusieron números a una intuición que ya todos teníamos. Más de la mitad de los estudiantes de 15 años usa el celular todos los días en la escuela, y ese uso implica pérdida de atención en clase. Entre los cerca de 80 países evaluados por la OCDE, Argentina, Uruguay y Chile aparecen entre los que más distracción reportan. No es un dato menor, es el reflejo de una transformación que atravesó a toda una generación en muy poco tiempo.

Investigadores de la Universidad de Texas mostraron algo que a primera vista resulta llamativo, si el celular está cerca, aunque esté apagado y guardado, el cerebro destina parte de sus recursos a resistir la tentación de mirarlo. Es decir, no hace falta usarlo; alcanza con que exista la posibilidad de usarlo para perder el foco. En la vereda de enfrente, un estudio de la London School of Economics encontró mejoras significativas en el rendimiento académico cuando los celulares directamente se sacaron del aula, con un impacto todavía mayor en los estudiantes que ya venían con más dificultades.

El autor de La generación ansiosa, Jonathan Haidt, que viene estudiando el vínculo entre celulares y salud mental desde hace más de una década, plantea que no se trata solo de atención escolar sino de ansiedad, de sueño, de la forma en que los chicos construyen vínculos entre ellos.

Con toda esa evidencia sobre la mesa, la pregunta sobre si prohibir o no, pasa a convertirse en otra más incómoda pero más productiva: ¿Qué estamos dispuestos a enseñarles a los chicos sobre el uso de la tecnología?

En las escuelas de la Red Educativa Itínere venimos implementando diferentes medidas para reducir el uso de celulares en el ámbito escolar y fomentar el cambio de hábitos en nuestros alumnos. Una de nuestras iniciativas más recientes incorpora el protocolo desarrollado por MotivEd, que combina el uso de sus fundas magnéticas con lineamientos de implementación para que el alumno mantenga el celular, pero sin acceso a él durante la jornada, habilitándolo únicamente cuando exista una razón pedagógica para utilizarlo. De la experiencia acumulada, resultaron algunas claves que creo que cualquier escuela puede aplicar:

1. Que la regla sea parte del proyecto institucional, no una imposición aislada: debe integrarse al reglamento de convivencia, con sus razones explicadas (recuperar atención, mejorar el aprendizaje, cuidar las interacciones sociales).
2. Definir con claridad cuándo el celular sí se habilita con fines pedagógicos, y comunicarlo de antemano. Así el docente deja de tener que controlar constantemente y puede enfocarse en enseñar.
3. Sumar a las familias desde el principio: los hábitos también se construyen en casa. Por eso, firmamos acuerdos con las familias y con organizaciones para generar charlas informativas, de sensibilización y concientización para que la medida no se quede a mitad de camino.
4. Implementar herramientas que permitan reducir la disponibilidad del celular sin retirarlo del estudiante, como las fundas magnéticas utilizadas dentro del protocolo de MotivEd, evitando que los dispositivos queden bajo custodia de la escuela y reduciendo la carga operativa de los docentes.
5. Medir antes y después de implementar: relevar atención, convivencia y bienestar permite ajustar el protocolo con datos reales, no con impresiones.

A partir de la implementación de estas iniciativas, y de datos relevados en investigaciones que llevamos adelante desde 2019, notamos un mayor clima de atención y conexión con el aprendizaje y también un resultado menos cuantificable, pero que nos gusta subrayar. Cuando conversamos con nuestros alumnos sobre estos cambios, una de las cosas que más valoran es haber recuperado el recreo. Volvieron a encontrarse, a conversar y a jugar sin que la pantalla organizara ese tiempo compartido.

No se trata de demonizar el celular, pero tampoco de ignorar que cada vez más países avanzan en regulaciones sobre su uso y sobre el acceso de los menores a las redes sociales.

Regular el celular en la escuela tampoco significa quedarse atrás en la evolución tecnológica. Cuando pensamos cómo incorporar tecnología a la enseñanza, también están las computadoras y otras herramientas digitales: innovar no exige que el teléfono esté siempre presente.

Ninguna herramienta tecnológica y ningún reglamento va a reemplazar el trabajo más difícil, que es el de enseñarles a los chicos a construir una relación más sana con sus dispositivos. Pero sí creo que hay un rol para la escuela en crear las condiciones para que ese aprendizaje sea posible y entornos donde, durante un rato del día, la atención le gane a la distracción.

Durante algunas semanas, la Argentina habló de una sola cosa.

Los partidos marcaban los horarios, las redes sociales tenían un mismo tema y hasta la discusión política parecía entrar en pausa. No porque desapareciera, sino porque había algo más poderoso ocupando el centro de la escena: una historia compartida.

Eso es lo que deja un Mundial. No solo emoción. También orden.

Pero cuando termina el torneo, ese espacio vuelve a quedar vacío. Y allí reaparece uno de los principales desafíos de cualquier gobierno: recuperar la iniciativa.

Desde hace décadas, la teoría del agenda setting sostiene que quien logra instalar los temas sobre los que habla una sociedad obtiene una ventaja política importante. Sin embargo, en la actualidad eso ya no alcanza. Las redes sociales aceleraron tanto la circulación de información que un tema puede dominar la conversación durante unas horas y desaparecer al día siguiente.

El gobierno de Javier Milei conoce muy bien esa lógica. Ha demostrado una enorme capacidad para instalar debates, provocar discusiones y convertirse rápidamente en el centro de la escena. Pero una cosa es generar conversación y otra muy distinta es construir una narrativa.

Y ahí aparece el verdadero desafío.

Una agenda responde a una pregunta sencilla: ¿de qué estamos hablando hoy?

Una narrativa responde otra mucho más importante: ¿hacia dónde vamos?

La primera cambia todos los días. La segunda necesita continuidad.

Durante buena parte de la gestión, el relato oficial estuvo sostenido por una idea clara: atravesar un período de sacrificio para dejar atrás el modelo económico anterior. Esa explicación alcanzó para ordenar los primeros meses de gobierno. Pero el tiempo modifica las demandas sociales.

Llega un momento en que la sociedad ya no pregunta únicamente de dónde viene. Empieza a preguntar hacia dónde va.

Y esa respuesta no puede construirse solamente a partir de nuevos conflictos, polémicas o batallas culturales. Cada uno de esos episodios puede ganar la discusión del día, pero difícilmente alcance para explicar el futuro.

Ese es el riesgo del acontecimiento permanente: cuando todos los días necesitan un nuevo impacto para mantener la atención, la conversación nunca logra transformarse en una dirección.

El Mundial dejó una enseñanza que excede al deporte. Las sociedades necesitan historias capaces de organizar la incertidumbre. Durante algunas semanas, la Selección ocupó ese lugar. Había un objetivo compartido, un camino y una ilusión.

Cuando esa emoción desaparece, la política vuelve a quedar expuesta.

Ya no alcanza con instalar el tema del día ni con dominar la conversación en las redes sociales. El desafío pasa por construir una idea de futuro que permita entender por qué vale la pena atravesar el presente.

Las agendas cambian todos los días.

Las narrativas, en cambio, son las que terminan definiendo los gobiernos.

El peronismo enfrenta un desafío más profundo que cualquier resultado electoral. Es la pérdida de centralidad en la interpretación del cambio social. Después de tres años en la oposición, la pregunta ya no es qué pasó, sino con qué proyecto se para frente a lo que viene.

Muchos hablan del peronismo, pero pocos lo entienden, y aun menos lo ejercen. El Justicialismo fue y sigue siendo una filosofía de vida profundamente argentina, que armoniza libertad, justicia social y dignidad humana. No divide por etiquetas: une por destino nacional. Lejos de ser anacrónicas, sus ideas son más actuales que nunca. Fue, y sigue siendo, una tercera posición frente a los extremos: ni el mercado sin alma, ni el Estado sin límite.

Qué no es el peronismo

Algunos lo reducen a populismo; otros lo confunden con progresismo. Pero el peronismo no fue, ni es, ninguna de esas cosas.

No es asistencialismo, porque cree en el trabajo como fuente de dignidad. No es garantismo, porque defiende al inocente pero exige responsabilidad. No es ideología de laboratorio, porque nace de la experiencia concreta del pueblo argentino.

Y no es progresismo, aunque a veces haya gobernado con su nombre. El progresismo le habla a minorías; el peronismo, al pueblo. Uno fragmenta a la sociedad en identidades que compiten; el otro la integra en una comunidad que comparte destino. Uno tutela desde la carencia; el otro promueve desde la dignidad. Cuando el movimiento confundió una cosa con la otra, dejó de representar a los suyos y empezó a hablarles a unos pocos.

Tampoco concibe la libertad como aislamiento ni al mercado como un fin en sí mismo. Cree en el desarrollo productivo, pero entiende que el mercado solo cumple su función cuando genera bienestar colectivo y no exclusión.

Trabajo, orden y comunidad

El peronismo no es la doctrina del subsidio: es la doctrina del trabajo. Perón dividió el país en dos: los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Un peronismo que organiza su poder alrededor del subsidio y no del trabajo termina, sin quererlo, del lado equivocado de esa línea: representando a quien administra la carencia, no a quien la sufre.

Su mayor logro histórico fue convertir a millones de trabajadores en propietarios, estudiantes y profesionales. La justicia social, bien entendida, no achica al que progresa; lo multiplica.

La economía necesita dirección. El Estado necesita autoridad. La sociedad necesita propósito. Solo la articulación entre empresas, trabajadores y Estado puede garantizar crecimiento sostenido y redistribución equitativa.

Pero esa articulación no se sostiene en el aire: necesita orden. El justicialismo no es permisivo ni promueve el desastre: defiende la ley y respeta a quien cumple con su deber. Una sociedad que percibe ausencia de autoridad no reclama menos Estado; reclama un Estado que funcione. El orden no es autoritarismo: es justicia en acción y cumplimiento de la ley.

Para el peronismo, la comunidad no es consigna sino modo de vida. En La Comunidad Organizada, Perón explicó que el individuo se realiza dentro de la comunidad y que el Estado solo tiene sentido si la sirve.

La comunidad es el equilibrio entre el individualismo liberal y el colectivismo estatista, el punto donde el hombre actúa libremente pero orientado al bien común.

En tiempos de vínculos frágiles y sociedades fragmentadas, el peronismo tiene allí una ventaja que casi nadie advierte. Es de los pocos que todavía piensan la sociedad como un todo y no como una suma de partes que compiten.

Identidad y destino

Actualizar la doctrina no es traicionarla: es cumplir su mandato. El propio Perón advirtió que el esquematismo y la rutina son atraso, y que a la doctrina había que adecuarla al momento histórico con nuevas formas de ejecución. Ser fiel al peronismo es hacer hoy lo que él hizo entonces: leer la época y responderla.

En la Argentina, dijo Perón, no debía haber más que una sola clase de hombres, los que trabajan por el bien nacional. Entonces el trabajador tenía un rostro claro. La fábrica, el sindicato, el convenio. Ese trabajador sigue existiendo, pero ya no está solo. A su lado creció otro que la doctrina todavía no terminó de nombrar. El repartidor que trabaja para una aplicación sin patrón visible, el monotributista que factura servicios sueltos, el joven que produce contenido y no figura en ningún registro. No son emprendedores por elección: son trabajadores sin las protecciones que el peronismo conquistó para los de antes. Y son, en esencia, el mismo sujeto histórico.

Ahí hay una vacante que el peronismo tiene la obligación de ocupar. La justicia social del siglo XX se escribió en paritarias y convenios; la del siglo XXI tendrá que escribirse también para quien trabaja sin convenio, sin sindicato y a veces sin un empleador que responda ante la ley argentina. La bandera es la misma; lo que cambió es a quién hay que cobijar bajo ella.

Esa comunidad organizada también cambió de forma. Antes se tejía en el barrio, en la unidad básica, en el club; hoy también en redes que reúnen a la gente por afinidad. Cambió el lugar de encuentro, no la necesidad de pertenecer. Porque el algoritmo conecta, pero no articula: reúne a la gente por afinidad, pero no le ofrece un destino común. Esa tarea —la que distingue a la masa de la comunidad organizada— es hoy una vacante que nadie ocupa. El peronismo no llega tarde a la era digital: es el único que sabe la diferencia entre juntar gente y organizar un pueblo.

El desafío

El peronismo todavía posee una tradición doctrinaria, una base social y una experiencia histórica que ningún otro espacio político argentino tiene. Pero la historia no garantiza vigencia. Puede volver a ser mayoría si interpreta el nuevo clima social sin renunciar a su identidad, o volverse irrelevante si confunde lealtad con inmovilidad y memoria con proyecto.

No necesita reinventarse desde cero. Necesita volver a ordenar prioridades. Porque en política, quien no define su rumbo termina siendo definido por otros.

El justicialismo no es un recuerdo. Es una posibilidad y una esperanza. Depende de si decide, finalmente, discutir su futuro con la misma claridad con la que definió su origen.

La Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó en segunda votación el dictamen que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores públicos y privados pertenecientes a confesiones religiosas cuyo descanso u observación coincide con esa jornada, aunque todavía requiere promulgación. No se crea un feriado general ni un día adicional, las horas no trabajadas deberán recuperarse dentro de los diez días posteriores o cuando establezca el empleador. La decisión concierne a toda confesión o comunidad sabatista, aunque en la práctica impactará principalmente en judíos y adventistas.

Aquí la cuestión democrática planteada refiere a la obligación del Estado ante una regla que fuerza a una minoría a elegir entre su fe y su trabajo. Y esto es porque los calendarios laborales no son neutrales, los días de descanso, los feriados y la distribución semanal expresan una historia cultural y religiosa. Quienes pertenecen a la tradición mayoritaria suelen compatibilizar sus celebraciones con la actividad laboral sin advertir su ventaja estructural. Para las minorías, en cambio, practicar su religión puede implicar resignar ingresos, oportunidades profesionales o incluso el empleo.

La igualdad formal ordena aplicar el mismo calendario a todos, pero la igualdad sustantiva pregunta si afecta a todos del mismo modo. Allí comienza la responsabilidad ética de las políticas públicas. La cuestión exige armonizar libertad de culto, derecho laboral, condiciones dignas de trabajo, descanso e igualdad ante la ley. Los estándares internacionales consideran que las festividades y días de descanso integran la manifestación de la libertad religiosa; adaptar razonablemente una jornada no es una concesión estatal, sino una forma de hacer efectivo un derecho.

El dictamen peruano protege la libertad religiosa sin trasladar toda la carga al empleador. La compensación horaria armoniza dos bienes legítimos, el trabajador preserva su día de observancia y la organización mantiene la prestación comprometida. Es una solución específica inspirada en la “acomodación razonable”, principio que obliga al empleador a procurar una adaptación cuando una exigencia laboral entra en conflicto con una convicción religiosa protegida, salvo que demuestre una afectación operativa, económica o institucional desproporcionada.

La acomodación razonable tampoco es una dispensa automática porque no elimina la regla general ni convierte toda preferencia individual en obligación institucional. No busca favorecer una religión, sino impedir que una organización diseñada por la mayoría excluya injustificadamente a quienes no pertenecen a ella.

No toda solicitud debe concederse, pero tampoco rechazarse por comodidad administrativa. La razonabilidad exige examinar funciones, costos, seguridad, continuidad de los servicios, tamaño de la organización y alternativas disponibles. Gobernar éticamente no consiste en proclamar derechos ilimitados, sino en diseñar procedimientos justos para armonizar derechos y responsabilidades.

Argentina posee una base jurídica valiosa. La Constitución garantiza el trabajo, el descanso, la igualdad y la libertad de culto; la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe la discriminación religiosa, y la Ley 23.592 permite hacer cesar y reparar actos que restrinjan arbitrariamente derechos por esas causas. Además, la Ley 27.399 reconoce como días no laborables ciertas festividades para quienes profesan el judaísmo tales como Rosh Hashaná, Iom Kipur y determinadas jornadas de Pésaj, y establece días equivalentes para quienes profesan el islam. La norma dispone que quienes no presten servicios durante esas festividades conservarán la remuneración y los demás derechos laborales. Argentina ya convirtió así parte de la libertad religiosa en protección laboral concreta, aunque limitada a festividades enumeradas.

La oportunidad consiste en avanzar desde ese sistema hacia un principio general capaz de resolver conflictos no previstos, como jornadas semanales, horarios de oración, vestimenta, prescripciones alimentarias, días de ayuno u otras prácticas religiosas. La experiencia internacional no ofrece un modelo único. En Colombia el descanso dominical sigue siendo la regla, pero el ordenamiento permite, bajo ciertas condiciones y compensaciones, acordar descansos en otros días, como el sábado. Israel organiza el descanso semanal considerando la pertenencia religiosa, mientras que Estados Unidos exige acomodaciones razonables, como cambios de horario o intercambios de turnos, salvo que impliquen una carga sustancial para la actividad.

Canadá reconoce jurisprudencialmente el deber de acomodación hasta el límite de una dificultad excesiva. En el Reino Unido, la Equality Act 2010 protege frente a la discriminación directa e indirecta por religión o creencia. La Unión Europea, mediante la Directiva 2000/78/CE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, prohíbe ambas formas de discriminación laboral por razones religiosas y canaliza muchas adaptaciones mediante la prohibición de discriminación indirecta. Esta comparación permite distinguir tres modelos: reconocimiento de festividades específicas, flexibilización del descanso semanal y deber general de acomodación razonable. El modelo peruano, inspirado en el principio de acomodación razonable, mejora el primer modelo al incorporar el descanso semanal. Sin embargo, el tercero, que convierte la acomodación razonable en un deber general, resulta más apropiado para una sociedad plural porque evita confeccionar una excepción para cada confesión y permite resolver conflictos que exceden el descanso semanal y abarcan el conjunto de las prácticas religiosas.

La acomodación razonable traduce así la igualdad jurídica en una obligación institucional concreta, no exige privilegios ni resultados idénticos, sino remover cargas evitables que recaen de modo desigual sobre las minorías. Su valor democrático reside precisamente en impedir que la normalidad de la mayoría se convierta en exclusión.

La etapa decisiva en Perú comenzará con la reglamentación, donde deberán definirse la acreditación de las solicitudes, el tratamiento reservado de los datos religiosos, los criterios de carga desproporcionada, los servicios esenciales y los mecanismos de revisión. Una norma puede reconocer correctamente un derecho y frustrarlo mediante procedimientos burocráticos, invasivos o inciertos.

Argentina podría incorporar, mediante una ley especial o reforma laboral, un régimen general de acomodación razonable para el sector público y privado. La ley tendría que reconocer el derecho a solicitar una adaptación, prohibir represalias, limitar el conocimiento y uso de la información religiosa como dato sensible, exigir que toda negativa sea objetiva y expresamente fundada, definir la carga desproporcionada y prever una instancia rápida de revisión.

Sin reglas claras, la libertad religiosa depende de la buena voluntad de cada empleador. Convertirla en un procedimiento exigible reduce arbitrariedades, aporta seguridad jurídica, brinda previsibilidad y fortalece la confianza en las instituciones públicas y privadas del país.

La reglamentación debería organizar un procedimiento breve mediante un canal reservado, diálogo obligatorio, evaluación de alternativas, decisión escrita y fundada, y mediación administrativa previa a la judicialización. La autoridad de aplicación debería elaborar guías para la administración pública, grandes empresas, pequeñas unidades productivas y servicios esenciales; capacitar a recursos humanos; ofrecer formularios y asistencia técnica; y publicar criterios que reduzcan la incertidumbre. Los servicios esenciales requerirían protocolos específicos, pero no la supresión del derecho. Por ejemplo, cuando no pudiera autorizarse una ausencia, la institución debería demostrarlo y ofrecer, cuando fuera posible, una readecuación compatible. La negativa no podría fundarse en fórmulas genéricas ni en la mera conveniencia administrativa.

Perú ha abierto una importante oportunidad regional mediante el segundo modelo descrito, superior al esquema argentino de festividades enumeradas. Argentina posee una valiosa base normativa, pero su próximo paso no debería ser reproducir el modelo peruano, flexibilizando el día de descanso semanal, sino avanzar hacia el tercer modelo, un sistema general de acomodación razonable que proteja integralmente la libertad de culto sin desconocer las responsabilidades laborales. Respetar tanto los días no laborables como el conjunto de prácticas de las minorías religiosas no es un beneficio o privilegio, sino la obligación democrática de limitar el poder de las mayorías para que la libertad sea realmente de todos.

Asistimos a una campaña de desprestigio de la Argentina, a partir de la performance de nuestra Selección, que es tan vil como ridícula.

Se trata de hacer daño, de estigmatizar.

Una acción que se sostiene en personajes lejanos, desconocidos para la mayoría y sin influencia real aquí entre nosotros que ignoran absolutamente nuestra historia y realidad.

Pero no son ingenuos ni espontáneos. Tampoco voces aisladas y desarticuladas. Menos aún innovadores.

Responden a un modelo de pensamiento de izquierda, son representantes del wokismo, acostumbrados a levantar las banderas de los derechos humanos a la vez que los mancillan y vacían con sus conductas y actos. Mienten y lo saben sin vergüenza alguna.

No es nuevo.

En 2018, siendo yo secretario de Derechos Humanos de la Nación, estuve con mi equipo en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos representando al Estado Argentino ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos. Recuerdo bien que, ya promediando la larga tarde de exposiciones, muchas de ellas carentes de sustento, por parte de comisionados de distintos países que repetían, sin verificación alguna, argumentos de organizaciones de la sociedad argentina alineadas más en una oposición férrea al gobierno de entonces que en la defensa de los temas que les son propios a su misión, cuando el comisionado de un país africano nos preguntó por qué no había jugadores negros en la Selección Argentina de fútbol.

La respuesta fue contundente. Fue fundada debidamente en nuestra historia, en la composición plural de nuestra sociedad, en el mérito personal, en la libre competencia, y siendo enfáticos que bajo ningún punto de vista era admisible para nosotros un cuestionamiento sobre la existencia de políticas que sostuvieran, avalen o alienten conductas discriminatorias en el fútbol, en ningún deporte, ni en cualquier actividad laboral y/o profesional por motivos étnicos, por credo, o nacionalidades.

No le satisfizo. Recuerdo que, ofuscado nos recriminó a los gritos, sin tener uso del micrófono, por qué los escondíamos. Una locura que sucediera, pero ocurrió.

Lo dicho es un ejemplo que nos permite ahondar el análisis más allá de lo que hoy nos indigna con esta repudiable campaña. Subyace esa mirada y ese sentimiento en muchos sectores del mundo.

Existen entre nosotros, por supuesto, como en toda sociedad, actos discriminatorios. Por ello también tenemos mecanismos para sancionarlos y es oportuno señalar que no todos los países tienen una ley antidiscriminatoria. Argentina si, desde el año 1988.

Pero sin duda aquellos que levantan su voz y dedo acusador hoy, deberían mirar hacia sus sociedades donde el antisemitismo, la violencia al inmigrante, las persecuciones religiosas, los discursos de odio, ocupan lugares de privilegio en la agenda pública. Incluso en muchos casos alentadas desde el mismo poder del Estado.

Les afecta que Argentina es un modelo de integración, respeto, convivencia pacífica. Tiene una democracia consolidada, y la libertad es un bien innegociable. Sin duda ello produce envidia y enojo. Generar odio y división para algunos es un negocio y un modo de vivir. Son autoritarios y antidemocráticos.

Que nuestro país sea diferente a tantos, un faro que ilumina, es resultado de una larga historia y una continua construcción colectiva con muchos actores que lo hacen posible.

Es el Estado en primer lugar que desde el Primer Triunvirato se abrió a la inmigración; son las múltiples organizaciones e instituciones de la sociedad civil y su tarea diaria. Es el trabajo de políticos, intelectuales, artistas, profesionales, hombres y mujeres comunes que permanentemente abonan la cultura del encuentro y el pluralismo cultural.

Digo siempre y vuelvo hoy a repetirlo: Argentina es un mosaico de identidades. Nuestra sociedad brilla por sus múltiples orígenes y sus culturas y cada una de ellas es fundamental en nuestro devenir. Fue, es y será un país de puertas abiertas como pocos.

En febrero de 2019, con un grupo de 40 dirigentes representantes de todas las colectividades que aquí viven y junto a refugiados, fuimos recibidos por el Papa Francisco en Roma. Esa foto que refleja la unión que nos identifica recorrió el mundo. Mostramos cómo somos, cómo vivimos y cómo queremos seguir viviendo. Sería bueno que las vean los que vociferan y vean si ellos pueden imitarla.

Las descalificaciones y acusaciones de racismo que estamos recibiendo, sólo están en la cabeza y sentimiento de quienes sin conocernos insultan. Y ese insulto habla de ellos. No de nosotros.

Somos ejemplo. Orgulloso de ser argentino.

En alguna oportunidad se ha objetado el término “batalla” subrayando que alude a una lucha armada cuando a lo que nos referimos es al terreno intelectual. Es cierto esto último pero la expresión apunta a la dramatización del tema, precisamente se emplea para destacar que remite a lo más peliagudo, peligroso y decisivo donde está en juego nuestra vida.

El abc de la trifulca cultural se basa en la supervivencia de la sociedad libre de la cual nadie está exento. De ahí mi definición del liberalismo que instalé en uno de mis primeros libros: “Es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros”. Esto significa que cada persona puede hacer lo que le plazca siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Como he consignado antes no recurro a la palabra “tolerancia” que, por una parte, interpreto como con cierta carga de arrogancia por el que se toleran errores ajenos y, por otra, los derechos no se toleran, se respetan.

Tengo la satisfacción que esta definición la citan tanto académicos de fuste como el actual Presidente Javier Milei, que la viene utilizando desde antes de ser candidato, durante su campaña, incluso dos veces en el día de su asunción: primero desde las escalinatas del Congreso y luego desde el balcón en la Casa Rosada; también en el ejercicio de su primer mandato en foros internacionales y locales. Esta concepción toma como sagrada la dignidad del ser humano y rechaza toda intromisión en el derecho de cada uno que es anterior y superior a la existencia de los aparatos estatales. Más aún, abre puertas para reconsiderar la existencia misma del monopolio de la fuerza tal como han apuntado autores de la talla de Anthony de Jasay, Bruce Benson, Murray Rothbard y Michael Huemer. En esta línea argumental, es de interés consultar la Biblia para una síntesis del planteo en el Libro Primero de Samuel 8:10-20.

En todo caso, como queda dicho, cada persona está vitalmente interesada en que la respeten independientemente de sus ocupaciones cotidianas. En otra oportunidad he puntualizado que a mis alumnos les digo que antes de acostarnos a la noche debemos preguntarnos en qué contribuimos durante el día para que se nos respete. Si la respuesta fuera “nada” no hay derecho a la queja. El asunto de ninguna manera es proceder como si estuviéramos en una inmensa platea responsabilizando solo a los que están en el escenario. Cada uno es responsable, y no digo todos porque como escribía Borges “todos constituye una abstracción, mientras que cada uno es una realidad”.

La sociedad libre no proviene de un fenómeno automático, es el resultado de esfuerzos constantes. Es sabido que los modos más efectivos de transmitir valores y conceptos clave para comprender los fundamentos de la sociedad abierta (para recurrir a terminología popperiana) consisten en la cátedra, el libro, el ensayo y el artículo. Pero no todos tienen acceso a estos canales por lo que he sugerido el establecimiento de ateneos de lectura. En estos ámbitos se reúnen cinco o seis personas en casas de familia donde uno expone sobre un buen libro y el resto debate en forma rotativa. Este procedimiento ha dado notables resultados, no solo en el autoperfeccionamiento de cada miembro del ateneo sino en la difusión en lugares de trabajo, reuniones sociales y equivalentes. Es recomendable que la obra elegida no se detenga en un aspecto del liberalismo sino que cubra avenidas jurídicas, institucionales, filosóficas, económicas e históricas para así explorar los distintos andariveles de esta tradición de pensamiento. Tradición que no debe confundirse con una ideología, no en el sentido inocente de “conjunto de ideas” ni en el sentido marxista de “falsa conciencia de clase”, sino en su versión más generalizada de algo terminado y cerrado lo cual es la antítesis del espíritu liberal. Esta tradición es consubstancial con el lema de la Royal Society de Londres nullius in verba que como refieren nuestros maestros se traduce en que no hay palabras finales. El liberalismo está siempre en ebullición en busca de nuevos paradigmas, el conocimiento no es un puerto sino una permanente navegación. Tampoco es pertinente vincular el enfoque liberal con la “ortodoxia” que es una palabra vinculada a la religión y no al debate de ideas en el mundo de las relaciones interpersonales.

Por supuesto que en el nivel político hay restricciones, obstáculos, trabas, operaciones y obligaciones de acuerdos con otras fuerzas para el logro de objetivos, todo lo cual no permite hacer todo lo que se propone el liberal, por eso es absolutamente inexorable la referida faena de la batalla cultural desde fuera de las limitaciones que impone la gestión, emprendimiento que nunca debe abandonarse para correr el eje del debate hacia metas óptimas. Alexis de Tocqueville en El Antiguo Régimen y la Revolución advierte que en lugares de gran prosperidad moral y material muchos la dan por sentado lo cual indefectiblemente conduce al desastre, esto es, a la irrupción de mentes estatistas que naturalmente operan a contracorriente del liberalismo para entronizar las botas de las burocracias estatales que siempre asfixian y empobrecen a todos pero muy especialmente a los más necesitados. Subestimar la tarea educativa y dejar de lado la necesaria constancia en este rubro clave introduce el comienzo de la debacle.

En esta instancia del proceso de evolución cultural la política es necesaria para ejecutar ideas pero la batalla cultural se debe perseverar con ímpetu como alimento, combustible y auditoría para mantener y fortalecer la firme trayectoria por la ruta del bienestar ético, estético y económico.

Este proceso concierne de lleno a la educación, que desde luego no significa transmitir cualquier cosa en cualquier dirección sino valores compatibles con la condición humana en el contexto de su progreso en una atmósfera que estimule el espíritu crítico comprendiendo que el conocimiento es fruto de corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones que se dirigen a disminuir el mar de nuestra ignorancia para captar nuevos espacios de tierra fértil.

Por todo ello es que la educación debe insertarse en una plena competencia de estructuras curriculares y alejarse de la aberración de imponerlas desde el vértice del poder, en un entramado donde los interesados puedan elegir el rumbo para mayores niveles de excelencia académica.

En la vereda de enfrente están los totalitarios seguidores de Antonio Gramsci que pretenden imponer adoctrinamiento. En resumen, la batalla cultural desde la perspectiva de la libertad resulta crucial para una vida decente donde el respeto recíproco sea la regla.

No quiero cansar al lector con citas, hay muchas que he reproducido con anterioridad en lides similares pero para cerrar esta nota periodística recurro a media docena muy cortas que no he usado nunca...siempre pensando en las buenas ideas. Victor Hugo: “Se puede resistir la invasión de un ejército pero no se puede resistir la invasión de una idea”. Ralph Waldo Emerson: “No sigas el camino abierto, transita donde no hay camino y deja huella”. Antoine de Saint Exupery: “Una pila de rocas deja de ser una pila de rocas cuando se ve con la idea de construir una catedral”. Walt Disney: “Las ideas provienen de la curiosidad”. Herbert G. Wells: “La historia de la humanidad es la historia de las ideas”.

La decisión de Francia de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años reavivó un debate que atraviesa familias, escuelas y gobiernos de todo el mundo. La medida busca proteger a niños y adolescentes frente al aumento de la ansiedad, el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y las dinámicas adictivas que generan muchas plataformas. Sin lugar a dudas, los motivos son legítimos y están respaldados por una creciente evidencia científica.

Sin embargo, prohibir no alcanza y es necesario preguntarse cuál es realmente la solución. La historia demuestra que las prohibiciones rara vez educan. Pueden limitar temporalmente un comportamiento, pero difícilmente desarrollen criterio, autonomía o responsabilidad. El verdadero desafío no consiste en mantener a los adolescentes alejados de las pantallas hasta determinada edad, sino en prepararlos para cuando inevitablemente ingresen a ese universo, ya que tarde o temprano lo harán.

Las redes sociales ya no son solamente espacios de entretenimiento, son ámbitos donde los jóvenes se informan, donde construyen identidad, generan vínculos y configuran buena parte de su vida social. Excluirlos completamente de ese ecosistema posterga el problema, pero no lo resuelve.

Además, los adultos estamos con el teléfono en mano todo el día. Entonces, ¿cómo los convencemos para que no les llame la atención?

Prohibir puede reducir un riesgo, pero no enseña a vivir en el mundo digital. Entonces, educar sigue siendo una tarea insustituible. Y así como en la escuela enseñamos educación vial antes de que un adolescente conduzca un automóvil, nadie imaginaría resolver los siniestros viales prohibiendo los autos. Sin embargo, frente al mundo tecnológico muchas veces creemos que la única respuesta posible es “cerrar la puerta” para que no miren lo que ocurre allí dentro.

En realidad, el verdadero problema es haber llegado tarde con la educación digital. Y, mientras los algoritmos aprendieron a captar la atención de nuestros hijos con enorme precisión, muchas escuelas todavía discuten si los celulares deben entrar o no al aula; mientras las plataformas perfeccionan mecanismos para prolongar el tiempo de permanencia de cualquiera de nosotros -adultos y jóvenes-, pocos adolescentes comprenden cómo funcionan esos algoritmos, qué hacen con sus datos personales o por qué ciertos contenidos aparecen una y otra vez.

En los talleres con adolescentes suelo preguntarles qué saben sobre los filtros de Instagram, la edición de imágenes o el modo en que los algoritmos seleccionan lo que aparece en sus pantallas. La mayoría se sorprende con la pregunta porque desconocen algunas artimañas del sistema. Han aprendido a “estar” en las plataformas, pero no comprenden cómo funcionan.

La alfabetización de estos tiempos ya no consiste solamente en aprender a leer y escribir textos, también implica aprender reconocer manipulaciones, identificar desinformación, gestionar la atención, proteger la privacidad y comprender que detrás de cada pantalla existen intereses económicos que compiten por uno de los recursos más valiosos de nuestro tiempo, que es nuestra capacidad de atención.

Ahora bien, hay una necesidad urgente y es regular. Las plataformas deben asumir mayores responsabilidades y los Estados deben exigir mecanismos efectivos de verificación de edad, transparencia algorítmica y protección de los derechos de niños y adolescentes.

Pero ninguna ley reemplazará aquello que solo puede construirse desde la educación. Las familias necesitan acompañar y controlar, las escuelas enseñar ciudadanía digital como enseñan historia o matemática, los docentes requieren formación específica para comprender un territorio que cambia permanentemente y los propios adolescentes deben convertirse en protagonistas de una cultura digital más consciente.

Quizás el mayor riesgo sea creer que una prohibición nos libera de la responsabilidad de educar. Sin embargo, cuando cumplan 15 años, el mundo digital no desaparecerá, sino que ingresarán sin entrenamiento a un espacio que lleva años moldeando formas de pensar, de sentir y de relacionarse. Si un adolescente desconoce cómo se construye aquello que consume, la respuesta no puede ser simplemente impedirle usar un dispositivo.

La verdadera protección consiste en darle herramientas para comprender, cuestionar y decidir con autonomía. No necesitamos adolescentes con menos acceso, sino con capacidad de decidir. Y esa diferencia no la produce una ley, sino que la produce la educación.

La “guerra crónica” que tenía lugar hasta hace dos semanas en Medio Oriente, se ha transformado en una “confrontación regional”. Esta situación dilata y hace menos probable una nueva tregua que genere condiciones para negociar un acuerdo de paz. Los gobiernos de Estados Unidos e Irán han expresado que continuarán la guerra. Trump ha dicho que las instalaciones nucleares iraníes podrían ser blanco nuevamente de un ataque estadounidense. Esto ha tenido un efecto muy concreto: el aumento del petróleo brent por encima de los cien dólares, el valor máximo desde que se inició el ataque estadounidense a Irán el 28 de febrero.

La escalada que implica pasar del conflicto militar crónico a uno regional plantea un escenario posible de extensión de la guerra en términos geográficos. Las fuerzas militares estadounidenses redoblan sus ataques sobre Irán en términos del valor estratégico de los blancos elegidos. A su vez Irán, gobernado cada vez más por la Guardia Revolucionaria Iraní (GRI), responde con decisión a estos ataques.

Los muertos reconocidos por las fuerzas estadounidenses se acercan a los veinte, pero el Pentágono no da cifras respecto a la cantidad de heridos. Según medios estadounidenses, los trascendidos hablan de decenas de bajas más en esta categoría. Esto puede aumentar el daño electoral que Trump podría enfrentar el 3 de noviembre. De continuar la actual tendencia, corre el riesgo de llegar a dicha fecha sin el conflicto resuelto y una cantidad de bajas más importante. Es el peor escenario militar en Medio Oriente para Trump en la elección de medio término. El número de heridos no podrá mantenerse en secreto hasta la elección.

La extensión regional del conflicto puede medirse por los países que se ven involucrados militarmente en el mismo. Los iraníes cada vez atacan más blancos en los países en los cuales están estacionadas bases y fuerzas estadounidenses. Las importantes instalaciones militares estadounidenses instaladas en Jordania, un país que tiene buenas relaciones con Israel y EEUU, han sido atacadas repetidas veces. En el Golfo Pérsico han recibido ataques iraníes con drones y misiles cuatro de sus seis países: Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán (pese a que este último tiene intereses estratégicos comunes con Irán en el estrecho de Ormuz). Sólo Emiratos Árabes Unidos no ha recibido hasta ahora ataques iraníes. Hasta ahora, estos ataques se han visto circunscritos a bases e instalaciones estadounidenses en estos países. A su vez, los ataques se han extendido a Irak, país que tiene desplegadas miles de tropas estadounidenses. Israel, por su parte, dice estar dispuesto a extender su dominio en Gaza, donde ya ocupa el 60% del país, mientras la violencia entre los colonos y los palestinos aumenta en Cisjordania.

La escalada militar estadounidense vuelve a alinear sus intereses militares con los de Israel en el corto plazo. Las gestiones del ministro del Interior iraní en Pakistán intentaron reabrir el retorno de la tregua, pero sin lograrlo y hoy es difícil que pueda cambiar la situación. Cabe recordar que Pakistán es un aliado de China y ello influye en su diplomacia.

Pero el nuevo hecho destacado es el inicio de las operaciones ofensivas de los hutíes desde Yemén. Han anunciado que comenzarán operaciones contra Arabia Saudita, país con el cual se encontraban en una suerte de tregua en el pasado reciente. Cabe señalar que la capital del país, Saná, está ocupada por los rebeldes hutíes, aliados de Irán y Hezbollah, y el gobierno reconocido por Estados Unidos, Israel y la ONU ocupa el resto del país.

La capacidad militar de los hutíes se centra en los drones de procedencia iraní. Este aliado de Irán ha iniciado movimientos para atacar los intereses de Arabia Saudita en la región, que es el cuarto comprador de armas en el mundo y lo hace principalmente a Estados Unidos. También amenaza con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es otro acceso al Mediterráneo a través del Mar Rojo y por el que llega al mundo desarrollado el 10% del petróleo que se exporta. La posibilidad de que este estrecho y el de Ormuz se vean bloqueados por Irán y sus aliados es la causa principal del aumento significativo del precio del petróleo en los últimos días.

Recientemente Trump se ha manifestado dispuesto a terminar con Irán mediante la fuerza militar. En lo que hace a la negociación, dijo que estaba interrumpida en el corto plazo, pero no descartó que más adelante pudiera retomarse. A su vez, la Guardia Revolucionaria Iraní se muestra dispuesta a mantener la guerra y extenderla regionalmente.

Respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, la ONU informó públicamente que las víctimas aumentaron un 37% en el primer semestre del año. La jefa de la misión de monitoreo de los derechos humanos de la ONU dijo que se registraron en dicho período 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos. De todos ellos, 250 muertos y 1.596 heridos son rusos. Esto hace que el aumento de las bajas del lado ucraniano sea del 121%. Ello muestra que las fuerzas ucranianas han tenido éxitos limitados en sus operaciones contra Rusia. Es una imagen distinta a la que muestran los medios occidentales y de las expresiones que tuvieron lugar en la última Cumbre de la OTAN. Esto sucede mientras están vigentes las normas de la ONU que protegen a los civiles y sus estructuras, una obligación que claramente no se cumple.

La posibilidad de que la central nuclear más grande de Europa, la de Zaporiyia, sea alcanzada por un ataque es cada vez mayor. Esto se suma a la crisis político-militar que afecta al presidente Volodimir Zelenski, tras haber destituido al popular Jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, considerado el artífice del éxito en frenar las ofensivas rusas. Las manifestaciones a su favor fueron masivas en las calles. La crisis se inició con el relevo del ministro de Defensa, Mijail Drapatyi, que era apoyado por sectores de la clase media y grupos juveniles. Pero ahora Zelenski busca apagar la rebelión relevando también al Jefe del Ejército. Es una crisis grave que muestra los enfrentamientos dentro del gobierno ucraniano.

Tanto en Medio Oriente como en Ucrania, la paz en el corto plazo no aparece en el horizonte.

Mientras la “barra descontrolada”, que alentó con pasión futbolera a la Selección Nacional, cursaba el duelo por la final buscando razones en las teorías conspirativas que corrían en las redes, el oficialismo libertario irrumpió en la conversación pública para librar una nueva escaramuza de la batalla cultural.

Milei reformuló su narrativa para enfrentar una supuesta campaña antiargentina, orquestada desde quién sabe de dónde.

“Ahora van a ver a dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, posteó desafiante Milei en una entrega con los colores de la bandera.

“El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña antiargentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA”.

Milei replicó en redes los argumentos de Agustín Laje, numen ideológico de la retórica presidencial.

La mirada de Laje produce un desplazamiento de sentido. El oficialismo convierte un fenómeno originado en redes sociales y medios deportivos en un conflicto político e ideológico más amplio.

El dispositivo paraestatal de comunicación digital validó la estrategia, atribuyendo al aparato globalista woke la arremetida.

Donde las redes producen ruido, la política busca generar sentido.

La rápida reacción gubernamental le permitió al oficialismo reposicionarse en la conversación pública, arrastrando a su paso las versiones de oscuras componendas en torno al “algo pasó”. Pero el golpe de efecto no rindió lo suficiente.

La sola expresión “campaña antiargentina” remite a la triste memoria setentista.

“Los argentinos somos derechos y humanos” era la respuesta marquetinera de los militares a las denuncias internacionales de los crímenes de la dictadura en el poder.

Retomar una narrativa divisiva, mientras millones de argentinos se empeñaban en festejar y agradecer los logros de la selección que unió como pocas veces antes, no resultó una estrategia acertada.

Si efectivamente “algo pasó”, como se sospechó la noche de la final, es probable que nunca conozcamos la verdad.

Tampoco es tarea sencilla desentrañar si la embestida de odio hacia todo lo argento es parte de una movida estructurada en maléficos laboratorios digitales o si se trata de una burbuja de sentido macerada en el vértigo de las redes, en la que todos pueden despachar sus sentimientos y obsesiones.

Se sabe que, en cualquier contexto y situación, los mensajes de odio se viralizan de manera siete veces más rápida que cualquier otro contenido.

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA (Social Media Protection Service, SMPS) es un sistema que la FIFA lanzó en el Mundial de Qatar 2022 y amplió de manera significativa para el Mundial 2026 con el objetivo de proteger a jugadores, entrenadores, árbitros y selecciones del abuso en redes sociales, especialmente de amenazas, mensajes discriminatorios y campañas coordinadas de odio. El organismo reportó el intenso tráfico registrado durante 2026.

El SMPS escaneó más de 53 millones de publicaciones y comentarios. Se detectaron más de 7 millones de publicaciones potencialmente abusivas o dañinas, un registro catorce veces superior al detectado en 2022.

Más de 200.000 publicaciones fueron denunciadas o removidas por ser ofensivas o amenazantes. Más de 1.000 amenazas especialmente graves fueron derivadas a fuerzas de seguridad.

El SMPS, que terminó funcionando como un observatorio privilegiado de la conversación digital global, no tiene un detalle discriminado sobre la Argentina, pero concluye que el volumen de mensajes abusivos fue el más alto de la historia, con un crecimiento explosivo del contenido detectado por IA y del discurso de odio, muy por encima de Qatar 2022.

La existencia de una conversación digital extremadamente hostil está documentada por la FIFA. Lo que no ha podido comprobar la FIFA es que esa hostilidad haya sido el resultado de una operación organizada específicamente contra la Argentina.

La consultora Ad Hoc registró un fuerte sesgo negativo hacia la Argentina en la conversación digital internacional.

El trabajo se centra en describir patrones de contenido en redes. No dispone de elementos para identificar la existencia de una operación coordinada.

El cierre del informe plantea que durante el Mundial confluyeron desinformación, contenidos falsos, teorías conspirativas, algoritmos que amplifican contenidos polarizantes y operaciones externas a la conversación deportiva, configurando un clima digital particularmente hostil hacia la Argentina.

Milei se apropia de la conversación, desplazando el objeto de las sospechas: del “algo pasó” a la “campaña antiargentina”.

El eje de la conversación cambia. De las suspicacias que levantó la arenga de Messi —“Ahora, a jugar... Olvídense de todo”— y del “ir para atrás es de cagones”, con el que se despachó el Dibu, pasamos a hablar de que “la Argentina es el país más racista”.

De las sospechas acerca de un partido negociado, entregado a cambio de favores dirigenciales, al señalamiento de enemigos externos.

Mientras la teoría de la entrega divide, la identificación de la agresión foránea unifica. De la autodestrucción de la moral propia a la cohesión nacional para enfrentar agravios.

Milei reinterpreta la conversación y la saca del plano deportivo, en orden a capitalizar políticamente su significado.

La narrativa política se lleva puesta la conversación.

Del “algo pasó”, que hizo que la Argentina perdiera la final, al “algo viene pasando”: que no se tolera que la Argentina gane o se destaque desafiando al establishment global.

La compleja situación judicial que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia otorgó verosimilitud a muchas de las sospechas sobre lo deportivo. Los alineamientos geopolíticos de Javier Milei también alimentaron la confrontación global, fomentando amores y odios.

Todo tiene que ver con todo.

Al reapropiarse del concepto de “campaña antiargentina”, los posteos fragmentados en redes permitieron el armado de un relato político mucho más amplio, capaz de conectar el Mundial con la batalla cultural.

Es probable que la aceleración del ecosistema digital, en tiempos de la IA, capaz de instalar teorías conspirativas y viralizar mensajes de odio a nivel global en cuestión de segundos, haya hecho el resto.

Tal vez, en lugar de hablar de una campaña orquestada, haya sido más adecuado pensar en un “sentimiento antiargentino” corriendo a tontas y a locas por las plataformas.

En cualquier caso, las amorosas vibraciones emocionales que nos dejó el Mundial terminaron multiprocesadas en el tsunami de las redes. La sensación de ser parte de un todo, de estar juntos otra vez, de dejar atrás el abismo de la grieta, volvió a naufragar.

El INDEC divulgó esta semana una serie de datos relevantes sobre actividad económica, ingresos y consumo. Son registros que no deberían ser leídos linealmente, pero que exponen su sentido inquietante para el Gobierno, más allá del discurso. En todo caso, el impacto puede ser advertido en el mensaje informal del oficialismo. “La macro todavía no se siente en la micro”, es una de las fórmulas elegidas a modo de reconocimiento parcial de esa realidad. Una manera de decir que los números “grandes” de la economía están bien encaminados, pero no mejoran el bolsillo de la gente. Aún si el primero de esos términos fuera tomado como cierto en toda su dimensión, sería un modo de recrear la idea del efecto “derrame”, parte central de un imaginario repetido no sólo en el mundo de la economía.

El tema no asoma en estos días como debate de fondo, que tiene archivo de sobra. El punto, ahora, es lo que estaría exponiendo más como necesidad que como concepto cuando la política va entrando de manera visible en el camino electoral. El plan reeleccionista de Javier Milei es la expresión más nítida del oficialismo -ayudado además por el fragmentado panorama opositor- y eso aumenta la demanda sobre la economía, a la par de las negociaciones con gobernadores y espacios dialoguistas para anotar resultados legislativos.

Las estadísticas oficiales conocidas esta semana alimentan esa visión macro-micro en las filas políticas del oficialismo, un modo de asimilar que la economía no “sube” al menos en la velocidad pronosticada por alguna frase presidencial. Los informes del INDEC incluyeron el siempre matizado EMAE -el Estimador Mensual de Actividad Económica-, la marcha de los salarios y cifras de consumo. Todo, sobre mayo. Algunos trabajos privados añadieron pinceladas sobre junio.

El EMAE exhibió la afirmación de ciertas tendencias más a allá de que el promedio resulte positivo o negativo. En mayo, expuso una variación interanual del 0,2% y una caída del 0,5% respecto del mes anterior. Y repitió una foto que ya es película: marcó crecimiento de rubros como la actividad minera (15,6%) y mostró datos para abajo en renglones de mayor ocupación de mano de obra, empezando por la industria (-5,6%) y el comercio (-4,3%).

Por supuesto, Economía buscó hacer una lectura descargada de contradicciones y más bien por la positiva. Frente a las vueltas para interpretar números, entre economistas suelen repetir con acidez que toda estadística puede ser apretada hasta que “confiese” lo que uno quiere. Pero el punto, en lo que hace a la inquietud que se advierte incluso en el oficialismo, es que no se trata de un único registro.

La relación entre evolución de ingresos y marcha de los precios también da para abordajes variados, aunque en ningún caso para interpretaciones cerradas sobre recomposición sostenida, como se difunde desde la vocería presidencial y desde Economía. El informe del INDEC señala que el promedio salarial de mayo anotó un 2,2%, es decir, una décima por encima del índice de precios del mismo mes. Aún tomando ese índice global, el mes a mes muestra que en enero y febrero perdió frente al IPC, en marzo empató y en abril y mayo superó a la inflación. Eso, sin contar pérdidas anteriores.

Existen además por lo menos dos elementos a tener en cuenta. El primero: ese índice total de salarios incluye trabajo registrado (privado y público) e informal, en base a la encuesta del organismo. Y lo que en general mejora el número es el empleo en negro. El segundo: el sector registrado mostró en mayo una variación del 1,8%, por debajo del 2,1% de inflación del mismo mes. En enero, febrero y marzo había ocurrido lo mismo. Y en abril superó al IPC, algo que no marcó un giro de tendencia.

En paralelo, corren los informes oficiales sobre consumo. En mayo, tanto los supermercados como los mayoristas mostraron mejoras respecto del mes anterior (0,9% y 2,3%, en ese orden), pero con resultados negativos en la medición interanual y en el acumulado del año, en torno a los 3 puntos.

Hay dudas entre los privados sobre lo que sigue. Por lo pronto, según Scentia, fue anotada en junio una caída en el consumo masivo. Y los datos que trascienden sobre actividad económica no parecen diferentes respecto de la estadística oficial de los meses previos.

Está claro que estos números no saldan por sí solos el contrapunto entre macro y micro, tomado como visión libertaria. Con todo, alcanza para registrar un fenómeno habitual en la medida que se abre el tiempo electoral: el aumento de la demanda política en el interior de los oficialismos. Y a la vez, para evitar expectativas restringidas a la economía, exige protagonismo político.

En eso está el oficialismo, tratando de revertir un cuadro particular. La necesidad de recuperar agenda fue de la mano con el largo deterioro provocado por el caso Adorni, que posiblemente en agosto anote un nuevo capítulo judicial. El Mundial corrió el foco de la política en general y el fin del clima futbolero excluyente vuelve sobre el mismo escenario.

Es llamativo y podría decirse que con los mismos reflejos, el oficialismo retomó la rutina con una nueva foto de “unidad”. El martes, reunió a su “mesa política” y la postal difundida de inmediato mostró sonrisas generalizadas, con Karina Milei, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem compartiendo el centro. El recurso, gastado, exhibe en espejo que las disputas domésticas siguen siendo un problema grave, lejos de ser superado o contenido.

Las tensiones surgen a veces de manera sorpresiva. La última fue protagonizada por Adrián Ravier, que produjo fuerte malestar en Economía con sus afirmaciones sobre una posible anotación del dólar entre 1.700 y 1.800 pesos en los próximos meses. Tocó un tema sensible, que no está fuera del radar del mundo económico, pero que no tiene lugar en el discurso del Gobierno.

En la mezcla de política y economía, las conversaciones para tratar proyectos del Ejecutivo en agosto vuelven a anotar a Luis Caputo en lugar destacado. Las tratativas a cargo de Diego Santilli -bajo la mirada de Karina Milei- siguen girando en torno de la reforma electoral -con la eliminación de las PASO a la cabeza- y van añadiendo temas, entre ellos el segundo capítulo de Inocencia Fiscal, reclamado especialmente por Economía. La semana que viene va a agregar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Del mismo modo, operan las idas y vueltas para definir el juego entre la elección nacional y los comicios provinciales. El Gobierno deja trascender listas de provincias con posibles acuerdos entre LLA y los jefes provinciales -básicamente, con la idea de trabajar por la reelección presidencial y las reelecciones locales-, pero a veces modifica ese listado o hace menos llano el terreno. Es parte de la lógica para no “regalar” nada, al menos antes de tiempo. La contracara son los recelos provinciales. Y por eso mismo, parte de lo que se negocia es medido en moneda contante. Lo exponen algunos registros sobre fondos discrecionales o atención de demandas específicas, como las vinculadas a cajas jubilatorias.

El Congreso, en tanto, transita días de vacaciones de invierno. El listado del oficialismo es extenso, sobre todo en el Senado: la postergada inviolabilidad de la propiedad privada, ley Hojarasca, RIGI II, régimen de zonas frías y, por supuesto, reforma electoral. El Gobierno prefirió enviar Inocencia Fiscal II a Diputados, con menos carga previa. De todos modos, realimentó versiones sobre la tensión con Patricia Bullrich. Otra vez, las internas y el arrastre de temas en el Congreso. Todo, camino a ser un clásico violeta.

Los contribuyentes adheridos al Impuesto a las Ganancias enfrentan este año una situación inédita: deberán pagar el tributo antes de presentar la declaración jurada. Si bien ARCA prorrogó hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración correspondiente al período fiscal 2025, mantuvo el 27 de julio como fecha límite para ingresar el saldo de los anticipos en el año. En consecuencia, miles de inscriptos deberán estimar cuánto les corresponde pagar sin haber concluido todavía la liquidación definitiva.

Frente a este escenario, hay consenso entre los tributaristas que existe una alternativa para cumplir con el vencimiento y, posteriormente, corregir la declaración si aparecen diferencias. La clave es hacer el pago dentro del plazo y efectuar las rectificaciones de manera espontánea, antes de una eventual fiscalización.

En una liquidación habitual, primero se confecciona la declaración jurada y luego se paga el saldo resultante. Esta vez ocurre exactamente lo contrario: el dinero debe ingresarse un mes antes de que venza la presentación de la declaración.

En una liquidación habitual, primero se confecciona la declaración jurada y luego se paga el saldo resultante

Para muchos contribuyentes, especialmente aquellos que tienen ingresos de distintas fuentes, inversiones, alquileres o rentas del exterior, el cálculo definitivo del impuesto puede demandar varios días de revisión. Por eso, la mayoría deberá trabajar con una estimación razonable del impuesto que finalmente corresponderá ingresar.

La estrategia que recomiendan los especialistas

El procedimiento sugerido por los profesionales consiste en tres pasos:

1. Calcular el impuesto con la información disponible y realizar el pago antes del 27 de julio.
2. Hasta el 27 de agosto, presentar la declaración jurada y procurar que el saldo determinado coincida con el importe abonado previamente.
3. Si durante una revisión posterior aparecen diferencias, podrá presentarse una declaración jurada rectificativa y cancelar el impuesto adicional junto con los intereses que correspondan.

De esta manera, el contribuyente cumple con el vencimiento del pago sin resignar la posibilidad de corregir errores detectados posteriormente.

La normativa permite presentar declaraciones juradas rectificativas. Sin embargo, los especialistas destacan que resulta fundamental que la corrección sea espontánea, es decir, antes de que ARCA notifique una fiscalización o una orden de intervención.

Si la rectificación determina un mayor impuesto, el contribuyente deberá ingresar la diferencia junto con los intereses resarcitorios generados desde el vencimiento original.

Si la rectificación determina un mayor impuesto, el contribuyente deberá ingresar la diferencia junto con los intereses resarcitorios generados

En cambio, esperar a que el organismo detecte la inconsistencia puede modificar el tratamiento del caso e incluso poner en riesgo algunos beneficios previstos para quienes adhieren al régimen.

Cómo realizar el pago

Como todavía no existe una declaración jurada presentada, el pago debe efectuarse generando un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”.

También pueden utilizarse otros mecanismos habilitados por ARCA, como planes de facilidades de pago o compensaciones, cuando corresponda. Lo importante es que el importe quede correctamente imputado al impuesto y al período fiscal correspondiente.

Aunque la normativa permite corregir diferencias más adelante, los especialistas recomiendan que la estimación inicial sea lo más precisa posible.

Si el contribuyente paga menos de lo que finalmente corresponde, deberá ingresar la diferencia junto con intereses. Por el contrario, si paga un importe superior, generará un saldo a favor cuya utilización o devolución puede demandar tiempo.

Por eso, la recomendación es confeccionar un cálculo preliminar completo antes del vencimiento, revisando ingresos, deducciones, retenciones, percepciones y pagos a cuenta.

Qué información conviene revisar

Antes de efectuar el pago, resulta aconsejable controlar que la información precargada por ARCA sea correcta.

En particular, debería verificarse: honorarios y actividades profesionales; alquileres y otras rentas; dividendos e inversiones financieras; rentas obtenidas en el exterior; retenciones y percepciones; pagos a cuenta disponibles; y deducciones personales y generales.

La información que aparece en los sistemas del organismo constituye una ayuda -muchas veces escasa o insuficiente-, pero no reemplaza la responsabilidad del contribuyente sobre el contenido de la declaración jurada.

Los beneficios que busca preservar el régimen

Uno de los principales atractivos del Régimen de Declaración Jurada Simplificada es que otorga determinadas ventajas a quienes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales. Entre ellas, los especialistas destacan la presunción de exactitud de la información presentada y los efectos previstos para el período fiscal alcanzado por el régimen.

No obstante, esas ventajas no eliminan las facultades de control de ARCA. El organismo mantiene la posibilidad de fiscalizar cuando detecta inconsistencias, diferencias patrimoniales o información omitida.

El organismo mantiene la posibilidad de fiscalizar cuando detecta inconsistencias, diferencias patrimoniales o información omitida

Por ese motivo, la posibilidad de rectificar no debe interpretarse como una autorización para presentar declaraciones incompletas, sino como un mecanismo para corregir errores advertidos de buena fe.

Qué deben hacer los contribuyentes

En la práctica, quienes estén alcanzados por este esquema deberían seguir cuatro pasos básicos:

Estimar el impuesto antes del 27 de julio. Realizar el pago dentro del vencimiento. Presentar la declaración jurada antes del 27 de agosto. Rectificar espontáneamente si luego aparecen diferencias.

La principal recomendación de los tributaristas es no esperar hasta último momento. Cuanto más precisa sea la estimación inicial, menor será el riesgo de generar intereses o inconvenientes posteriores.

En definitiva, el nuevo cronograma obliga a modificar el orden habitual del cumplimiento tributario. El desafío ya no será solo confeccionar correctamente la declaración jurada, sino también estimar con la mayor precisión posible el impuesto a pagar para cumplir en término y aprovechar los beneficios previstos por el régimen simplificado.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA

Así como nuestro país, en 1816, declaró formalmente la independencia de España, la rebelión del general liberal Rafael del Riego en 1820 contra el absolutismo español sentenció la independencia efectiva definitiva de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En 1810, el Virreinato del Río de la Plata declaró su autogobierno como consecuencia de que el rey Fernando VII estaba prisionero de Napoleón: la soberanía debía “retrovertirse” al pueblo del Virreinato.

Para Bartolomé Mitre, en Historia de Belgrano y la Independencia Argentina (1877), desde la revolución de Mayo de 1810, la guerra en Sudamérica era básicamente una guerra civil, debido al abandono fáctico de las colonias como consecuencia de la prisión del rey español.

Pero la liberación de Fernando VII en 1812 y la posterior anulación de la Constitución liberal de Cádiz, llamada “La Pepa”, de ahí el grito difundido de “Viva la Pepa”, mediante el Manifiesto de los Persas de 1814, no solo devolvieron el absolutismo a España, sino también la intención de recuperar las colonias a sangre y fuego, a partir de lo cual la insurrección americana se transformó de guerra civil en guerra oficial de reconquista.

En efecto, el rey Fernando VII organizó sendas expediciones para reconquistar Buenos Aires. La primera, dirigida por el general Murillo en 1815, desvía el curso y termina por invadir lo que hoy es Venezuela y luego Colombia; posteriormente fue resistida por el general Bolívar. La segunda, finalmente, se dirigió a Perú, pero fracasó en Chile debido a un motín: sus sublevados se pusieron al servicio de Buenos Aires.

El éxito de las Provincias Unidas en expulsar a los españoles de Montevideo y liberar Chile, así como la expectativa de invadir el Perú, convenció al rey de armar una expedición invasora contra Buenos Aires

El éxito de las Provincias Unidas en expulsar a los españoles de Montevideo y liberar Chile, así como la expectativa de invadir el Perú, convenció al rey de armar una expedición invasora contra Buenos Aires, foco de la insurrección sudamericana, tan grande como nunca antes había visto España.

De ahí en más, toda la política y la estrategia militar de las Provincias Unidas giraron en torno a la posible invasión española. Más aún, la intención del gobierno de retornar las tropas preparadas para invadir el Perú hacia Buenos Aires tuvo como objetivo no solo defenderse de los caudillos del interior, sino, sobre todo, de la posible invasión española.

La magnitud de la expedición preparada en Cádiz para masacrar Buenos Aires era enorme para la época. Según la Gaceta de Buenos Aires, edición n.º 153 del 29 de diciembre de 1819, la expedición comprendía seis navíos, 13 fragatas, 10 bergantines, tres goletas, 29 cañoneras y 40 transportes con 20 mil tropas de desembarco.

Buenos Aires disponía únicamente del ejército preparado para invadir Perú: menos de 8.000 hombres, ubicados en el norte del país, con escasos recursos militares para hacer frente a semejante ejército invasor y, al mismo tiempo, reprimir las montoneras y la amenaza de los pueblos originarios.

A mediados de 1819 se produjo la rebelión de las tropas acantonadas en Cádiz para la invasión de Buenos Aires, en un complot dirigido por militares de tendencia liberal (“la conspiración del Palmar”), con vínculos con las logias masónicas de la época, y liderado por el propio comandante nombrado por el rey: el conde de la Bisbal, quien luego traicionó a la revolución y entregó a sus principales cabecillas.

Los motivos de la rebelión eran derrocar el absolutismo de Fernando VII y restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 mediante la insurrección de la expedición de ultramar contra Buenos Aires, aprovechando la situación de sueldos impagos y la fiebre amarilla que comenzaba a desatarse.

Cierto es que España ya estaba en decadencia: el fin de la hegemonía española en Europa, marcado por la Guerra de los 30 años a mediados del siglo XVII; el dispendio, el escaso ahorro y la mala administración de la bonanza producida por el oro americano, que había provocado inflación, la llamada “revolución de precios del siglo XVI y XVII”; la pérdida de la mayor parte de la armada en la Batalla de Trafalgar en 1805; y, por último, la crisis económica y social derivada de la invasión napoleónica y su resistencia.

Se rearmó la conspiración liberal en España, que habría sido financiada en parte con recursos provenientes de Buenos Aires

Ayudados por estas circunstancias, se rearmó la conspiración liberal en España, que habría sido financiada en parte con recursos provenientes de Buenos Aires. En efecto, el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón designó como agentes conspiradores a Andrés Argüibel y Tomás Lezica, comerciantes argentinos radicados en Cádiz, con sucursales en Buenos Aires, para que financiaran e infiltraran las logias masónicas militares y las tropas invasoras, y las hicieran girar desde Buenos Aires hacia el interior de España en contra del rey, con el fin de restituir la Constitución liberal de Cádiz.

La leyenda historiográfica del oro americano sobornando la rebelión de la expedición española estaría confirmada por el testimonio de Alcalá Galeano, integrante de la conspiración liberal española, en sus Memorias de Ultramar (1821), y por el mismo Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón (1816-1819), en una adición a su carta (1829) Refutación a una atroz calumnia hecha con demasiada ligereza a un general de la República Argentina, donde afirma:

“Emprendí por fin la obra de insurreccionar el mismo ejército que debía obrar nuestra ruina. D.Ambrosio Lezica, negociante de esta ciudad, fue encargado de dirigirse à su hermano D.Tomás, establecido en Cádiz, para iniciar sus relaciones con los gefes de aquel ejército...Los señores D.Tomás Lezica y D.Andrés Arguibel, naturales de Buenos Aires y establecidos con crédito en la plaza de Cádiz, fueron los agentes que llevaron á su término aquella riesgosa empresa. Fueron facultados para invertir las sumas de dinero que fuesen necesarias y autorizados para empeñar la responsabilidad del gobierno á todo lo que obrasen conducente al intento. La eficacia y destreza con que se manejaron apareció en el resultado. El ejército de la Isla de León se insurreccionó, la terrible expedición que nos amenazaba se convirtió en daño del mismo que la formó y la República Argentina se vio por este medio libre y triunfante de sus enemigos. ¡Honor eterno a los nombres de Lezica y Arguibel entre los amigos de la libertad!”

Según el historiador José María de León, en su libro La Masonería Gaditana (1993), tanto Argüibel como Lezica contribuyeron al mismo con mil pares de zapatos y doce mil duros al Pronunciamiento de Riego para la rebelión de las tropas invasoras, que representarían unos 650 mil dólares actuales, suma quizá menor ante la magnitud de los sueldos impagos de las futuras tropas invasoras, pero reveladora del involucramiento de los agentes de Buenos Aires en las actividades conspirativas en Cádiz.

Asimismo, Pueyrredón citó a Quiroga, líder de la rebelión junto a Riego, quien, en sus memorias, habría dado testimonio de la colaboración del gobierno argentino con la rebelión liberal española.

Con las partidas diezmadas por la fiebre amarilla y los sueldos impagos, el general liberal Rafael del Riego sublevó a parte de las tropas de Cabeza de San Juan el 1 de enero de 1820 y, de allí, al resto de España, imponiéndole finalmente la Constitución liberal al rey Fernando VII.

El fracaso de la expedición de Cádiz alivió la presión militar sobre las Provincias Unidas y facilitó la continuidad del plan continental de San Martín.

Paradójicamente, el liberalismo español sentenció la independencia efectiva y definitiva de la futura Nación Argentina, en parte gracias al apoyo financiero y a la infiltración argentina en sus filas, que ayudaron a España a liberarse del yugo absolutista.

El pueblo de España odia a Fernando VII no solo por su represión y terror indiscriminados contra la población para sostener su absolutismo, sino también por haber perdido las colonias americanas.

Posteriormente, Fernando VII, con la ayuda del ejército francés, los llamados “Cien Mil Hijos de San Luis”, aplastaría al gobierno del Trienio Liberal, surgido tras la rebelión, y sentenciaría a Del Riego a la horca. Con salvaje ironía, el rey gritó “¡Viva Riego!” cuando el general fue ajusticiado.

El general Del Riego se convirtió en prócer y símbolo antiautoritario no solo para el liberalismo español, sino también para el progresismo español y mundial, cuya leyenda cobró tal magnitud que el dictador general Franco prohibió el Himno a Riego.

Para el historiador español Alberto Gil Novales (España exporta la Revolución -1985-), un signo del impacto del mito del Riego en la Argentina independiente es que se cantara por parte de los unitarios contra los federales el himno liberal español antiabsolutista y provocador por excelencia: “el Trágala”, en versión argentina:

“Trágala Trágala, Federalón (vil servilón), traga la Constitución” (entre paréntesis, versión española original).

Cuando en 1976, para celebrar el fin del franquismo, se editó el disco 1936-1939: 25 himnos y canciones de la Guerra Civil Española, se incluyó el Trágala; pero los editores no se dieron cuenta de que el ejemplo escogido era un Trágala argentino, o argentinizado, con pampas y todo, difícil de encontrar en la geografía española.

El autor es profesor en UBA y Ucema, y Director Centro Estudios de la Productividad-Base Arklems+LAND

Hasta mayo de 2026, el sector externo mostró capacidad de crecimiento exportador, tanto en ventas tradicionales como en la ampliación de productos de la energía y la minería. Los anuncios de nuevas inversiones en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) abren un panorama alentador para el crecimiento exportador más allá del corto plazo.

Hasta el quinto mes del año, el saldo del balance comercial de mercancías acumuló USD 11.320 millones. Este resultado combina un aumento de las exportaciones de 24,3% (USD 40.359 millones) y una contracción de importaciones de 6,6% (USD 28.575 millones).

Dentro de las exportaciones, se destacó el incremento de los envíos de petróleo, que se sumaron a los embarques de la cosecha récord del agro. En el caso de las importaciones, en mayo se observó una recuperación de las compras de bienes intermedios, que habían sido muy afectadas por la caída del nivel de actividad interna.

Factores detrás del desempeño del sector externo

Los resultados de la exportación se apoyaron en un mejor clima de negocios. Para lograrlo, las autoridades mostraron su decisión de reducir los factores que afectan la competitividad local, tanto de orden burocrático como en términos de carga impositiva, con una reducción reciente de los derechos de exportación.

Por su parte, el precio internacional de los productos de la energía operó a favor de la Argentina, a la vez que los productos industriales que se importan moderaron sus precios en los mercados mundiales. Como resultado, los términos del intercambio fueron favorables para el país durante estos meses. Brasil, China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India destacaron como principales socios comerciales.

El ingreso de dólares y el apoyo de organismos multilaterales, a través de créditos, fueron en este período factores decisivos para fortalecer el proceso de convergencia macroeconómica. Hacia el futuro, también se observó una perspectiva alentadora a través de un crecimiento de la inversión.

Inversión agregada: el punto débil regional y el caso argentino

Vale recordar que uno de los aspectos negativos de los procesos de crecimiento de los países de América Latina fue su bajo nivel de inversión agregada frente a otros países en desarrollo, como los asiáticos. Entre 2023 y 2025, el promedio de la inversión total con respecto al nivel de actividad de los países de la región (IBIF/PBI) apenas superó el 20 por ciento.

En el caso de Argentina, ese promedio se ubicó en 16%. En 2025, el registro del país fue aún menor, de 14,3%. Este porcentaje se comparó con el 24% de Chile o el 20% de Perú. Los socios del Mercosur se mantuvieron en torno de 16% en los casos de Brasil y Uruguay, mientras que Paraguay destacó con 25,5 por ciento.

¿Por qué, entonces, se anticipa un cambio positivo en el caso de la Argentina? Por una parte, la extensión del horizonte de planeamiento económico, de la mano de una mayor estabilidad macro, ayudará a retomar el flujo de inversiones locales privadas. A su vez, los gobiernos de nivel nacional y subnacional están administrando sus fondos propios y su nuevo endeudamiento con organismos multilaterales para retomar proyectos de infraestructura necesarios para el aumento de la productividad, que se habían paralizado.

Los resultados de la exportación se apoyan en un mejor clima de negocios

Por último, el Gobierno estableció regímenes de fomento como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Dentro de ese marco legal, los anuncios de nuevas inversiones locales e internacionales no fueron aislados, sino que se ordenaron en una lista donde destacaron los proyectos vinculados a recursos naturales.

Qué contempla el RIGI y el estado de los proyectos

Según la información oficial, el RIGI (Ley 27742, Ley Bases) ofrece beneficios y seguridad jurídica a proyectos de gran escala en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología, industria forestal, turismo, siderurgia y actividades relacionadas con el petróleo y el gas. Los principales beneficios incluyen:

• Alivio impositivo y aduanero: impuesto a las Ganancias con alícuota fija del 25%; amortización acelerada de las inversiones;
• aplicación de quebrantos a la liquidación impositiva sin límite temporal;
• devolución de créditos fiscales de IVA (certificados de crédito fiscal);
• Impuesto a débitos/créditos bancarios computable como crédito del Impuesto a las Ganancias; importaciones y exportaciones libres de impuestos y de restricciones cuantitativas, entre los más importantes.
• Seguridad jurídica: acceso al mercado cambiario (MULC) y estabilidad normativa por 30 años. Progresiva libertad cambiaria para ingresos y libre disponibilidad de divisas por aportes, préstamos y activos externos.

Estos beneficios se amplían aún más en el caso de grandes inversiones para exportación de largo plazo.

Hasta el momento, se aprobaron 17 proyectos que suman USD 30.656 millones de inversión, y se encuentran en evaluación otros 25 proyectos por USD 111.037 millones.

En el cuadro se resumen las inversiones aprobadas al 11 de junio de 2026. La concentración de inversiones en recursos de la minería y del sector de petróleo y gas se vinculó a dos hechos diferenciales con respecto a la historia reciente.

En primer lugar, los inversores aprovechan el “cambio de régimen” económico en la Argentina para acceder a oportunidades de inversión que son únicas en el caso de los recursos naturales no renovables (minería y petróleo y gas) y que el país ofrece con retraso frente a otros países de la región como Chile en cobre y litio, o Brasil en hierro y petróleo.

Uno de los aspectos negativos de los procesos de crecimiento de los países de América Latina fue su bajo nivel de inversión agregada frente a otros países en desarrollo, como los asiáticos

En segundo lugar, el clima geopolítico internacional mostró las consecuencias de la dependencia mundial del petróleo y sus derivados de los países del Golfo Pérsico y Rusia, y activó la diversificación de proveedores para una gama amplia de productos en los que América Latina presenta condiciones competitivas, además de su condición de región de paz.

En el caso de la minería, las principales empresas inversoras a nivel global pertenecen a Australia, Canadá y China, seguidos por Estados Unidos y varios países asiáticos, incluida la India. Brasil figura en esta lista con su empresa Vale. Los proyectos de minería aprobados y en evaluación del país incluyen a varios de estos inversores.

Hacia fines de junio, el Gobierno presentó al Congreso y logró media sanción en el Senado un proyecto de fomento de inversiones que amplía los beneficios del RIGI para grandes inversiones en sectores nuevos para la Argentina, en especial los vinculados a nuevas tecnologías (el Súper RIGI).

En síntesis, hasta mayo de 2026, el sector exportador de mercancías hizo la contribución esperada dentro de una economía en normalización y, en el futuro inmediato, corresponde seguir la ampliación y la diversificación del patrón productivo a través de las nuevas inversiones anunciadas para confirmar las perspectivas favorables para la recuperación del crecimiento.

Los autores son Economistas de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 687 de FIEL

La segunda vuelta presidencial no solo dejó un resultado estrecho. También evidenció un país fragmentado, una ciudadanía con muchas demandas y un gobierno que dispondrá de poco tiempo para construir confianza. En un escenario marcado por la polarización, la inseguridad y la creciente desconfianza hacia las instituciones, la comunicación dejará de ser un componente accesorio de la gestión para convertirse en una condición de gobernabilidad.

En tal sentido, las primeras acciones comunicacionales observadas durante la transición de mando ofrecen un punto de partida para una reflexión más amplia. Más que evaluar el desempeño de una autoridad en particular, invitan a preguntarnos qué tipo de comunicación necesita un régimen para fortalecer la gobernabilidad durante los próximos cinco años.

La respuesta pasa por entender que la comunicación de un gobierno no tiene como objetivo principal mejorar la imagen de un presidente. Su propósito es darle sostenibilidad y coherencia comunicativa a un gobierno, a fin de facilitar la comprensión de las decisiones, reducir la incertidumbre, fortalecer la legitimidad y contribuir así a generar confianza ciudadana.

Durante mucho tiempo, la gestión comunicacional en el Perú ha sido entendida como un instrumento para administrar coyunturas o defender políticamente a una autoridad. Cada crisis modificó la agenda y la estrategia terminó subordinada a la urgencia, convirtiendo a la comunicación en un mero apagaincendios.

Desde la mirada académica y profesional, se plantea un enfoque distinto desde hace varios años. El politólogo argentino Mario Riorda sostiene que la comunicación gubernamental, en democracia, tiene como propósito generar consensos y legitimar las acciones del gobierno mediante su relación con la ciudadanía. Las investigadoras María José Canel y Karen Sanders la conciben como una función inherente al ejercicio del poder democrático, indispensable para explicar decisiones públicas, rendir cuentas y fortalecer el vínculo entre las instituciones y los ciudadanos. Así, la comunicación deja de ser un recurso accesorio para convertirse en un componente estratégico de la acción gubernamental.

Esta reflexión adquiere mayor relevancia en el contexto peruano. La polarización política, la fragmentación del debate público y la creciente desconfianza hacia las instituciones han reducido significativamente la denominada “luna de miel” de los nuevos gobiernos. Hoy, las administraciones cuentan con muy poco tiempo para construir credibilidad y mucho menos margen para cometer errores.

En este escenario, la profesionalización de la función comunicacional deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. Una oficina de comunicación no existe para sustituir la voz presidencial ni para competir con ella. Su función consiste en garantizar información oficial, oportuna y verificable; coordinar apariciones y declaraciones públicas; transparentar la gestión; anticipar escenarios y reducir la incertidumbre. La comunicación política corresponde al liderazgo de quien gobierna; la comunicación institucional, al Gobierno en su conjunto.

Pero esa función también debe ofrecer previsibilidad. Los ciudadanos necesitan saber dónde encontrar información oficial y quién comunica las decisiones del Gobierno. Los medios y los ciudadanos requieren canales claros y respuestas oportunas, mientras que los funcionarios necesitan protocolos que aseguren coherencia institucional. La previsibilidad reduce la incertidumbre y fortalece la confianza porque permite que la ciudadanía conozca cómo y cuándo el Estado comunica.

El Perú necesita avanzar hacia una comunicación de gobierno profesional que no se politice, que no improvise ni opine, sino que informe con oportunidad, explique decisiones y actúe bajo protocolos claros. No para mejorar la imagen de una autoridad, sino para fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas y generar mejores condiciones para gobernar.

El próximo gobierno tiene la oportunidad de entender la comunicación como una política pública orientada a fortalecer la gobernabilidad. Profesionalizarla, institucionalizarla y sostenerla durante todo el quinquenio será tan importante como cualquier reforma económica o política. En un país que ha convivido durante años con la incertidumbre, la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en las urnas. Se construye cada día cuando un Gobierno informa con oportunidad, explica con claridad, comunica con coherencia y ofrece certidumbre a la ciudadanía. Porque gobernar también es comunicar.

En una reciente sentencia (Exp. N.° 04436-2025-PA/TC), el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de amparo al considerar que la SUNAT debió cerciorarse de que el contribuyente hubiera tomado conocimiento oportuno de una fiscalización iniciada, y no solo limitarse a enviar notificaciones mediante Buzón SOL, ni alertas genéricas por correo electrónico y mensaje de texto.

La importancia del fallo radica en que el TC reafirma que el análisis constitucional no consiste en verificar si la SUNAT cumplió formalmente con alguna de las modalidades de notificación previstas en el artículo 104 del Código Tributario, sino en determinar si se ha vulnerado el derecho constitucional de defensa del contribuyente al no habérsele dado una oportunidad real y efectiva de conocer la existencia de la fiscalización y participar oportunamente en ella.

Según la sentencia, cuando se inicia una fiscalización tributaria, la SUNAT debe tener certeza de que el contribuyente ha tomado conocimiento de la existencia del procedimiento, estando obligada a adoptar medidas complementarias a las expresamente previstas en la legislación tributaria cuando las circunstancias del caso así lo requieran. El fundamento de esta exigencia no es una interpretación extensiva del Código Tributario, sino la protección constitucional del derecho de defensa.

En el caso concreto, los requerimientos fueron depositados en el Buzón SOL, pero la SUNAT no pudo acreditar que el contribuyente efectivamente los había revisado. Además, los correos electrónicos y mensajes de texto remitidos por la Administración no permitían acreditar que el contribuyente hubiera sido informado oportunamente sobre la existencia de la fiscalización ni sobre los documentos específicos que se le estaban notificando, pues no hacían referencia a un expediente o documento en particular.

Como consecuencia, el TC determinó que la SUNAT no logró demostrar que el contribuyente conociera oportunamente el inicio de la fiscalización, lo que afectó su derecho constitucional de defensa. Por ello, declaró nula la notificación del requerimiento inicial y de las actuaciones posteriores que tuvieron origen en dicha notificación.

La decisión está centrada en garantizar que el contribuyente tenga conocimiento de la existencia misma de la fiscalización. Los fundamentos del TC se refieren reiteradamente a la necesidad de que la SUNAT tenga certeza de que el contribuyente conoce que existe un procedimiento de fiscalización en curso. La sentencia no analiza si, una vez que el contribuyente ya conoce la existencia de la fiscalización y participa en ella, la SUNAT debe también cerciorarse del conocimiento efectivo de cada requerimiento u otra actuación posterior emitida durante el procedimiento. Por ello, el fallo no establece que este estándar constitucional reforzado resulte automáticamente aplicable a todas las notificaciones posteriores dentro de una fiscalización ya conocida por el contribuyente.

Para las empresas, la principal enseñanza es que pueden existir herramientas constitucionales cuando la falta de conocimiento oportuno del inicio de una fiscalización haya derivado en reparos, multas, determinaciones de deuda o medidas cautelares. En esos supuestos, una revisión especializada de las actuaciones de la SUNAT podría resultar determinante.

Es paradójico que el Perú operara uno de los reactores de investigación más importantes de América Latina, desarrollara aplicaciones nucleares para la salud, la agricultura, la industria y el medio ambiente, y formara especialistas con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero nunca haya contado con un programa universitario para formar a sus propios ingenieros nucleares.

Durante muchos años enviamos a nuestros mejores profesionales a especializarse en Argentina, Brasil, Francia, Rusia, Estados Unidos, China y otros países. Gracias a ellos el Perú construyó las capacidades científicas que hoy posee. Pero ha llegado el momento de dar el siguiente paso para que nuestros jóvenes puedan convertirse en ingenieros nucleares sin abandonar su país.

Hace unos días, recorriendo los pasillos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuve la oportunidad de conversar con un grupo de jóvenes que, probablemente sin saberlo, están haciendo historia y construyendo futuro, son parte de la primera promoción de Ingeniería Nuclear de San Marcos y se preparan para ingresar a los cursos de especialidad.

Detrás de este gran paso está el trabajo del decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Dr. Nicanor Benites, del director de la Escuela Profesional y de un equipo de docentes que entendieron que el país debía dar este salto, pues no solo están formando nuevos profesionales, sino que también están sentando las bases para el futuro desarrollo tecnológico del Perú.

Este esfuerzo académico se ha consolidado con la firma de un convenio marco y otro específico entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Como desafío, queda convertir esos acuerdos en oportunidades concretas para que los estudiantes incorporen a especialistas del IPEN como docentes invitados, promuevan la participación de expertos internacionales mediante los programas de cooperación técnica del OIEA y utilicen los laboratorios especializados y el reactor RP-10 del Centro Nuclear de Huarangal como escenarios permanentes de formación práctica. Se espera que esta cooperación retroalimente a ambas instituciones. La UNMSM utilizará los laboratorios del IPEN como parte de la formación de los futuros líderes del IPEN.

Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrolla un estudio de mercado que sustentará la creación de esta nueva carrera profesional. Ese estudio no solo debería limitarse a contabilizar los puestos de trabajo disponibles, sino que también debería responder una pregunta mucho más importante: ¿qué profesionales necesitará el Perú dentro de veinte o treinta años?

Durante mi visita a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, en el marco de las celebraciones por los 150 años de vida institucional, conocí de primera mano los avances en la propuesta para crear la Escuela Profesional de Ingeniería Nuclear. En la conversación que sostuve con su decano, el Dr. Tito Vílchez, con docentes de la facultad y con especialistas internacionales, entre ellos representantes de la empresa argentina INVAP, especializada en reactores de investigación, concordamos en algo: para alcanzar nuevas capacidades en el campo nuclear debemos priorizar la formación de nuestros profesionales.

Hacen falta profesionales ingenieros nucleares para atender el futuro. Somos un país rico en recursos naturales y se proyectan nuevas oportunidades relacionadas con el uranio, el litio, la producción de radioisótopos para usos médicos, la irradiación de alimentos, la protección ambiental, la seguridad energética y la investigación científica. Adicionalmente, contamos con un marco legal destinado a impulsar el desarrollo de los reactores modulares pequeños (SMR) y microrreactores que abre una nueva etapa para el desarrollo nuclear nacional.

El desarrollo nuclear del Perú no solo se impulsa construyendo nueva infraestructura, sino también cuando un joven decide estudiar ingeniería nuclear convencido de que puede ayudar a construir un país más moderno, más competitivo y con mayores oportunidades para todos.

Si los estudiantes que hoy ocupan las aulas de San Marcos y, muy pronto, espero también los de la UNI, sean quienes diseñen los reactores del futuro, desarrollen nuevas tecnologías para la salud, fortalezcan la seguridad energética, impulsen la innovación industrial y hagan que el Perú participe con mayor protagonismo en la economía del conocimiento, el futuro es esperanzador.

Para conocer más sobre la importancia de las aplicaciones de la energía nuclear en nuestro país y sobre la formación de nuestros profesionales en ese campo, se ha organizado un gran foro nacional que reunirá a especialistas de la medicina, la agricultura, la minería, la industria, la energía, la defensa, el medio ambiente y la academia. Su propósito será demostrar, con evidencia técnica y experiencias concretas, que el Perú necesita formar más ingenieros nucleares para responder a los desafíos de las próximas décadas.

Cada vez que una resolución judicial reservada aparece en un medio antes de ser notificada a las partes, el debate suele concentrarse en quien publicó la noticia. Se discute si existía interés público, si el periodista debía difundirla o si la fuente merece protección. Sin embargo, esa discusión desplaza una pregunta anterior y decisiva: ¿cómo salió esa información del expediente?

Una democracia necesita una prensa libre, crítica e independiente. El periodismo cumple una función esencial de control y la protección de las fuentes constituye una garantía indispensable. El problema no radica, entonces, en quien informa un hecho de interés público, sino en quien, teniendo el deber jurídico de preservar determinada información, permite que abandone el ámbito reservado del proceso.

Son dos planos que no deberían confundirse. El periodista ejerce su derecho a investigar, contrastar y publicar. Quien accede a un expediente por razón de su cargo, profesión o intervención procesal recibe información cuya utilización está limitada por deberes legales, funcionales y éticos. La protección constitucional de las fuentes no vuelve lícita la conducta de quien pudo haber incumplido una obligación de reserva.

Durante años, las filtraciones judiciales terminaron naturalizándose. Resoluciones, testimonios, medidas de prueba, datos personales e incluso proyectos de decisiones aparecen en los medios antes de ser conocidos formalmente por las partes. Sin embargo, rara vez se investiga con igual intensidad quién permitió que esa información saliera del expediente.

Esa naturalización transmite la idea de que las filtraciones son inevitables. No deberían serlo. Cuando las etapas del proceso quedan desdibujadas por la circulación de información parcial o anticipada, no solo puede afectarse a una persona: también se deteriora la confianza en uno de los poderes del Estado.

Una filtración tampoco es siempre neutral. Puede utilizarse para instalar anticipadamente una interpretación, ejercer presión, condicionar decisiones, desgastar reputaciones o construir una percepción pública antes de que la prueba haya sido producida y valorada. El expediente comienza entonces a discutirse primero en los medios y después en el proceso.

El interés público no elimina, por sí solo, los deberes de reserva. Del mismo modo, que una persona sea pública no significa que pierda las garantías que el ordenamiento reconoce a cualquier ciudadano. Persona pública e interés público son conceptos relacionados, pero no equivalentes.

No toda la información judicial posee el mismo régimen. Por eso, no toda publicación supone una infracción y no toda filtración configura automáticamente un delito. La respuesta jurídica exige determinar cuál era la naturaleza de la información, quién podía acceder a ella, qué deber concreto de confidencialidad existía, cómo fue obtenida y qué conducta se realizó. La respuesta jurídica exige determinar cuál era la naturaleza de la información, quién podía acceder a ella y qué deber concreto de confidencialidad existía.

Según las circunstancias, pueden surgir responsabilidades penales, disciplinarias, administrativas, civiles o funcionales. No se trata de convertir cada filtración en una discusión abstracta sobre artículos del Código Penal, sino de comprender que quien utiliza o entrega indebidamente información reservada puede responder por haber quebrado un deber concreto de custodia. La calificación jurídica dependerá del caso; la obligación institucional de investigar, no.

Durante décadas, el proceso penal desarrolló la cadena de custodia de la prueba. Hoy ese concepto debe ampliarse hacia una verdadera cadena de custodia de la información. Ya no basta con preservar la evidencia material: también debe poder reconstruirse quién accedió a un documento, cuándo lo hizo, con qué autorización y qué operación realizó.

La digitalización del expediente no puede limitarse a sustituir el papel por una pantalla. Debe incorporar mecanismos de trazabilidad que permitan prevenir irregularidades y, cuando ocurran, reconstruir objetivamente el recorrido de la información.

Los poderes judiciales necesitan una política de integridad informacional que no sea meramente reactiva. Sin convertir cada expediente en un sistema de vigilancia, deberían existir registros confiables de acceso, niveles de autorización acordes con la sensibilidad de la información y conservación suficiente de los datos técnicos que permitan una investigación posterior. Deberían existir registros confiables de acceso, niveles de autorización acordes con la sensibilidad de la información y conservación suficiente de los datos técnicos.

También resultan necesarias herramientas de detección temprana. Los sistemas deberían advertir accesos inusuales, consultas reiteradas sin justificación funcional, descargas masivas, impresiones o exportaciones de documentos sensibles y movimientos realizados desde usuarios, equipos u horarios que se aparten de la actividad ordinaria. Una alerta no demuestra una responsabilidad, pero permite preservar evidencia antes de que se pierda.

Cuando aparezca públicamente información que razonablemente solo pudo provenir de un expediente, debería activarse un procedimiento institucional: resguardar los registros, delimitar quiénes tuvieron acceso, revisar las operaciones efectuadas y evitar que la misma vulnerabilidad continúe abierta.

La prevención también requiere capacitación periódica. Magistrados, funcionarios, empleados, peritos y auxiliares deben conocer las reglas de confidencialidad, los riesgos tecnológicos y el impacto institucional que puede producir la circulación indebida de información parcial. No alcanza con recordar que ciertos datos son reservados; es necesario comprender cómo una captura de pantalla, una descarga o el envío de un archivo pueden multiplicar un daño imposible de controlar después.

El expediente judicial tiene etapas. El expediente informacional no espera ninguna. Mientras el primero avanza con reglas, contradicción, prueba y revisiones, el segundo se construye en tiempo real a través de medios, redes sociales, buscadores y plataformas digitales.

La inteligencia artificial profundiza ese fenómeno. No creó el problema, pero multiplicó su velocidad, alcance y permanencia. Una filtración ya no circula únicamente entre medios y redes sociales. Los recortes de documentos, resoluciones o declaraciones son replicados, indexados por buscadores e incorporados al ecosistema digital que utilizan distintos sistemas de inteligencia artificial para elaborar respuestas o reconstruir perfiles.

El riesgo es aún mayor cuando esos recortes son incompletos, falsos, adulterados o presentados fuera de contexto. Aunque luego exista una aclaración, una desmentida o una decisión judicial que modifique por completo la hipótesis inicial, la primera versión puede seguir disponible, reproducirse y reaparecer como si conservara el mismo valor. La inteligencia artificial no siempre distingue entre una denuncia, una imputación, una medida procesal, una absolución o una sentencia firme. Tampoco necesariamente identifica cuál información fue corregida y cuál quedó desactualizada.

Así, una filtración deja de ser un episodio transitorio y puede transformarse en memoria digital. El daño no proviene únicamente de información falsa. También puede surgir de información verdadera difundida de manera prematura, fragmentaria o fuera de contexto, que luego es reutilizada por sistemas que la presentan sin las garantías, etapas ni matices propios del proceso judicial.

Mejorar la comunicación institucional también forma parte de la prevención. La ausencia de una voz oficial clara y oportuna deja un espacio que suele ser ocupado por versiones parciales o filtraciones selectivas. Una comunicación adecuada no reemplaza al periodismo ni pretende controlar la agenda pública: proporciona información precisa sobre aquello que legalmente puede difundirse y evita que el silencio institucional convierta cualquier recorte en verdad definitiva.

La independencia judicial no depende solamente de la imparcialidad de los magistrados. También exige integridad en los circuitos internos de información. Si documentos, datos sensibles o decisiones pueden abandonar el expediente sin dejar rastros, el sistema pierde capacidad para proteger sus procesos y su legitimidad.

Proteger la libertad de prensa y proteger la información judicial no son objetivos contrapuestos. Una prensa libre necesita instituciones confiables. Y las instituciones confiables necesitan reglas para prevenir, detectar, investigar y sancionar las filtraciones internas.

Cuando una resolución reservada llega primero a los titulares que a las partes, la primera pregunta no debería dirigirse al periodista que informó. Debería dirigirse al sistema que permitió que esa información saliera del expediente.

En definitiva, el verdadero problema no es quién publica. El verdadero problema es quién filtra.

A partir del próximo 6 de agosto, el Congreso debatirá un proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada“.

Pocas expresiones generan un consenso tan amplio. La propiedad privada constituye uno de los pilares de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica y de cualquier economía capaz de atraer inversiones, generar empleo y promover el desarrollo.

Defenderla no solo es una obligación jurídica; también es una condición indispensable para que la Argentina recupere la confianza que necesita para crecer.

Precisamente por eso, el debate parlamentario merece una reflexión más amplia.

La protección de la propiedad privada no representa un vacío de nuestro ordenamiento institucional. La Constitución ya la consagra de manera expresa y ninguna estrategia seria de desarrollo puede prescindir de ese principio. La verdadera pregunta es otra: ¿qué instrumentos posee hoy el Estado para proteger aquellos activos cuyo control condicionará la capacidad de decisión de la Nación durante las próximas décadas?

Ese es el debate que todavía no hemos dado.

Mientras buena parte del mundo fortalece los mecanismos destinados a preservar sus infraestructuras críticas, sus recursos estratégicos y las tecnologías que definirán el poder económico y político del siglo XXI, la Argentina continúa discutiendo como si la soberanía solo pudiera perderse mediante una invasión militar o una ocupación territorial.

La realidad internacional demuestra exactamente lo contrario.

Hoy también se pierde influencia cuando un país renuncia a decidir sobre su energía, sus corredores logísticos, sus minerales críticos, sus capacidades científicas, sus datos o las infraestructuras que sostienen su desarrollo.

Por eso, la discusión no debería plantearse como una falsa elección entre Estado y mercado, ni entre inversión privada y soberanía nacional.

La propiedad privada debe seguir siendo inviolable y la inversión —nacional y extranjera— debe continuar siendo promovida.

Pero, al mismo tiempo, el Estado no puede renunciar a una responsabilidad que ninguna empresa o particular están llamados a ejercer: organizar estratégicamente el territorio nacional y preservar aquellos intereses permanentes que pertenecen a toda la sociedad y no únicamente a una generación de dirigentes.

Esa es, en realidad, la ley que el Congreso debería estar discutiendo.

La soberanía en el siglo XXI

Durante buena parte de la historia, la soberanía se definía por la capacidad de un Estado para controlar su territorio y defender sus fronteras. El poder se medía por el tamaño de los ejércitos, la fortaleza de las fronteras o la ocupación física del espacio.

Ese paradigma no ha desaparecido. Las guerras en Ucrania y el Golfo Pérsico, las tensiones en el Indo-Pacífico y la creciente competencia entre las grandes potencias demuestran que el poder militar continúa siendo un componente esencial de la política internacional.

Pero ya no es el único.

En el siglo XXI la competencia entre los Estados también se desarrolla en el control de la energía, de las rutas comerciales, de los minerales críticos, de las redes digitales, de los datos, de la inteligencia artificial, de las comunicaciones satelitales y de las cadenas globales de suministro. El dominio sobre esos factores determina la capacidad de un país para decidir con autonomía, sostener su crecimiento económico y proteger sus intereses nacionales.

El dominio sobre esos factores determina la capacidad de un país para decidir con autonomía, sostener su crecimiento económico y proteger sus intereses nacionales.

La soberanía, por lo tanto, ya no puede entenderse exclusivamente como un concepto jurídico o territorial. Es también una capacidad estratégica.

Un país puede conservar intactas sus fronteras y, sin embargo, perder gradualmente márgenes de decisión si deja de controlar los recursos, las infraestructuras o las tecnologías sobre las cuales descansará su desarrollo futuro.

Por esa razón, las principales democracias del mundo han comenzado a revisar su forma de entender la seguridad nacional. Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y la Unión Europea promueven activamente la inversión privada y mantienen economías abiertas, pero al mismo tiempo preservan aquellos activos cuya transferencia podría afectar su autonomía estratégica.

No existe contradicción entre ambas políticas.

La apertura económica requiere seguridad jurídica, la soberanía requiere inteligencia estratégica, y las dos son condiciones necesarias para construir un Estado moderno. Argentina debería incorporar esa visión.

No porque deba copiar modelos extranjeros, sino porque posee un patrimonio estratégico cuya magnitud obliga a pensar el desarrollo con una perspectiva que trascienda la coyuntura política y los ciclos económicos.

Ése es el verdadero desafío que enfrenta nuestra dirigencia.

El patrimonio estratégico argentino

Argentina no enfrenta un problema de escasez de recursos. En realidad, enfrenta un desafío mucho más complejo: todavía no ha definido cuáles de esos recursos considera estratégicos para su desarrollo futuro.

Pocas naciones reúnen, al mismo tiempo, una posición geográfica privilegiada, enormes reservas de hidrocarburos no convencionales, algunos de los principales yacimientos de litio y cobre del planeta, abundancia de agua dulce, capacidad agroalimentaria, desarrollo nuclear, tecnología satelital y una proyección natural sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Cada uno de esos activos posee un enorme valor económico. Pero su verdadera importancia trasciende el mercado.

El Atlántico Sur constituye la puerta de acceso a la Antártida y a uno de los espacios marítimos más relevantes del siglo XXI, donde confluyen recursos pesqueros, rutas oceánicas, potencial energético y una creciente competencia geopolítica.

La Hidrovía Paraná–Paraguay es mucho más que un corredor de exportación. Es la principal arteria logística del Cono Sur y una infraestructura cuyo funcionamiento condiciona la competitividad de gran parte de la economía argentina.

Vaca Muerta representa una oportunidad excepcional para fortalecer la seguridad energética, incrementar las exportaciones y desarrollar nuevas capacidades industriales. Del mismo modo, el litio, el cobre y los minerales críticos se han convertido en insumos indispensables para la transición energética, la electromovilidad y las tecnologías que definirán la próxima revolución industrial.

A ellos deben sumarse otros activos menos visibles, pero igualmente decisivos: el agua dulce, las infraestructuras digitales, los centros de datos, las comunicaciones satelitales, la inteligencia artificial y el sistema científico nacional. En el siglo XXI, el conocimiento y la tecnología también forman parte del patrimonio estratégico de una Nación.

El desafío consiste en comprender que ninguno de estos recursos debe analizarse de manera aislada. Integran un mismo sistema, del cual dependerán la competitividad económica, la seguridad nacional y la capacidad de decisión de la Argentina durante las próximas décadas.

Integran un mismo sistema, del cual dependerán la competitividad económica, la seguridad nacional y la capacidad de decisión de la Argentina durante las próximas décadas.

Por esa razón, el verdadero debate no consiste únicamente en cómo explotar esos recursos, sino en cómo gobernarlos estratégicamente para que su aprovechamiento fortalezca el desarrollo nacional sin comprometer la autonomía del país.

El Estado Organizador del Territorio

Si aceptamos que la soberanía del siglo XXI también depende de la capacidad para preservar los activos estratégicos de una Nación, la discusión deja de centrarse en la cantidad de Estado para concentrarse en la calidad de sus funciones.

Durante décadas, la política argentina osciló entre dos visiones antagónicas: un Estado que pretendía intervenir en todas las actividades económicas y otro que aspiraba a retirarse casi por completo, dejando al mercado la asignación de los recursos. Ninguno de esos extremos ha demostrado ser suficiente para responder a los desafíos que plantea el escenario internacional contemporáneo.

La experiencia de las principales democracias demuestra otro camino.

El Estado ya no es concebido como un empresario ni como un mero administrador. Es, ante todo, el organizador estratégico del territorio nacional.

Ello implica identificar los intereses permanentes de la Nación, planificar las grandes infraestructuras, integrar las políticas de energía, transporte, minería, ciencia, tecnología, defensa y relaciones exteriores, y establecer reglas previsibles que permitan atraer inversiones sin resignar la capacidad de decisión sobre aquellos activos que condicionan el futuro del país.

El Estado ya no es concebido como un empresario ni como un mero administrador. Es, ante todo, el organizador estratégico del territorio nacional.

No existe contradicción entre una economía abierta y un Estado estratégicamente activo.

Por el contrario, cuanto más integrada se encuentra una economía a los mercados internacionales, mayor es la necesidad de contar con instituciones capaces de distinguir entre aquello que pertenece al ámbito de la libre competencia y aquello que constituye un interés permanente de la Nación.

Aquellos países a los que aspiramos parecernos no restringen la inversión extranjera por principio. La promueven.

Pero, al mismo tiempo, cuentan con mecanismos que les permiten evaluar aquellas operaciones que puedan comprometer su seguridad nacional, sus infraestructuras críticas o sus capacidades tecnológicas.

La Argentina necesita incorporar esa lógica.

No para cerrar su economía, ni para aumentar la discrecionalidad del Estado, sino para dotarse de herramientas modernas, transparentes y previsibles que permitan compatibilizar tres objetivos inseparables: seguridad jurídica para invertir, desarrollo económico para crecer y soberanía estratégica para decidir.

En definitiva, el verdadero desafío no consiste en optar entre Estado o mercado. Consiste en construir un Estado inteligente, capaz de organizar el territorio, orientar el desarrollo nacional y proteger aquellos intereses permanentes que ninguna coyuntura política debería poner en riesgo.

Una decisión sobre el futuro de la Nación

El debate previsto no debería interpretarse como una discusión más dentro de la agenda parlamentaria. En realidad, constituye una oportunidad para preguntarnos qué Estado necesita la Argentina para afrontar los desafíos del siglo XXI.

Nadie discute la inviolabilidad de la propiedad privada. Tampoco la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad para atraer inversiones, generar empleo y recuperar el crecimiento económico. Esos principios forman parte del consenso sobre el que debe construirse cualquier estrategia de desarrollo.

Lo que aún no integra ese consenso es la necesidad de proteger los intereses estratégicos permanentes de la Nación.

Durante demasiado tiempo hemos debatido el desarrollo como si la energía, la minería, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, la defensa o las comunicaciones fueran políticas independientes entre sí. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Todas forman parte de una misma arquitectura de poder y todas influyen sobre la capacidad de un país para decidir con autonomía su propio futuro.

Todas forman parte de una misma arquitectura de poder y todas influyen sobre la capacidad de un país para decidir con autonomía su propio futuro.

Las grandes transformaciones históricas rara vez se anuncian con estridencia, generalmente comienzan con decisiones parciales, aparentemente aisladas, cuyos efectos solo se comprenden muchos años después. Por eso las naciones que alcanzan un desarrollo sostenido son aquellas que construyen instituciones capaces de pensar más allá de la urgencia política y de proteger aquellos intereses que pertenecen a varias generaciones y no únicamente a un gobierno.

Ese debería ser el verdadero horizonte del debate argentino.

No se trata de elegir entre Estado o mercado, entre apertura o proteccionismo, ni entre inversión privada o soberanía nacional. Esas dicotomías pertenecen a otro tiempo.

El desafío consiste en construir un Estado que ofrezca seguridad jurídica para invertir, reglas estables para producir y, al mismo tiempo, inteligencia estratégica para preservar aquellos activos cuya pérdida de control limitaría la libertad de decisión de las generaciones futuras.

Porque la soberanía ya no se defiende únicamente en las fronteras, también se ejerce cuando una Nación conserva la capacidad de decidir sobre los recursos, las infraestructuras, las tecnologías y el conocimiento que determinarán su desarrollo.

La historia probablemente no recuerde el nombre del proyecto que el Congreso debatió el 6 de agosto, pero recordará si la dirigencia argentina comprendió, a tiempo, que la propiedad privada constituye uno de los pilares de la República y que la protección de los activos estratégicos constituye una condición indispensable para preservar la soberanía de la Nación.

Ambas son inseparables.

Y ambas merecen ser defendidas con la misma convicción.

La humanidad ha transitado en pocas décadas un proceso de transformación sin precedentes por la rapidez de su evolución. Primero fue la llamada sociedad de la información. Luego evolucionamos hacia la sociedad del conocimiento, en la que esa información comenzó a procesarse, interpretarse y convertirse en un activo estratégico para la innovación, la educación y el desarrollo económico.

Parece entonces que las estructuras cambiaron y hoy estamos ingresando en una nueva etapa, más compleja y disruptiva, que puede definirse como la sociedad algorítmica o sociedad de la inteligencia artificial. Los algoritmos no solo organizan la información: moldean comportamientos, influyen en decisiones y comienzan a intervenir en ámbitos que históricamente fueron exclusivos de la creatividad humana.

La irrupción de la inteligencia artificial en la música no es simplemente un nuevo capítulo en la evolución tecnológica dentro del ámbito de las artes y de la expresión creativa de la humanidad, sino un punto de inflexión que obliga a repensar sus bases más profundas.

El impacto más visible se manifiesta en la creación musical, donde herramientas capaces de generar melodías, voces sintéticas o piezas completas en cuestión de segundos, están redefiniendo el proceso creativo. Sin embargo, el desafío más profundo no reside allí, sino en la gestión de derechos.

La aparición exponencial de contenido generado por inteligencia artificial tensiona los sistemas actuales de identificación, trazabilidad y monetización, mientras las plataformas de contenidos audiovisuales y musicales reciben volúmenes crecientes de material difícil de auditar. Al mismo tiempo, muchos de estos modelos se entrenan sobre repertorios protegidos cuya utilización no siempre es transparente ni informa cómo está generada: la inmediatez manda.

Esto nos obliga a analizar la arquitectura del sistema creativo y de consumo de contenidos en su conjunto, desde el licenciamiento hasta los mecanismos de distribución de regalías, en un entorno donde la escala y la automatización desafían los esquemas tradicionales.

En este escenario, resulta fundamental distinguir entre la inteligencia artificial que asiste y la que sustituye. La IA colaborativa potencia al creador humano, mejora procesos, amplifica capacidades y se integra como herramienta dentro del acto creativo que, desde los principios de la modernidad, generó las bases del derecho de los autores de obras y sus derechos conexos, y así un hecho tecnológico como la posibilidad de grabar la voz dio lugar a un hecho artístico y cultural como lo es la industria de la música fonograbada.

En cambio, la IA generativa puede producir obras completas o imitaciones estilísticas a partir de repertorios preexistentes, alterando el equilibrio entre innovación y apropiación.

La aparición exponencial de contenido generado por inteligencia artificial tensiona los sistemas actuales de identificación, trazabilidad y monetización

Esta diferencia no es meramente técnica, sino jurídica y más aún ética, porque define cuándo estamos ante una extensión legítima de la creatividad y cuándo frente a una potencial explotación del trabajo ajeno sin consentimiento.

El eje del debate entonces se desplaza hacia la necesidad de reglas claras que delimiten el uso de contenidos protegidos y aseguren condiciones equitativas para todos los actores del ecosistema.

El núcleo del problema es, en última instancia, la falta de procesos transparentes en el ámbito de los usos tecnológicos que dominan los tiempos de la inmediatez.

No hay dudas acerca de que, sin información sobre qué obras fueron utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial, en qué condiciones y con qué finalidad, el sistema de derechos pierde consistencia. Sin trazabilidad, el licenciamiento se vuelve inviable, la compensación se diluye y el valor de los catálogos de obras musicales comienza a erosionarse en clara afectación a sus titulares: autores, compositores, artistas intérpretes y productores de fonogramas.

Pero reducir esta discusión al ámbito de la propiedad intelectual sería un error. La inteligencia artificial aplicada a la música pone en juego un conjunto más amplio de derechos fundamentales.

El uso de obras y fonogramas en el entrenamiento de modelos involucra derechos de reproducción y transformación, mientras que la clonación de voces y la generación de deepfakes —entendidos como contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial que recrean de manera hiperrealista la voz, la imagen o los gestos de una persona— afectan directamente el derecho a la identidad y a la propia imagen.

Un mercado en tensión: litigio, acuerdos y regulación

El mercado refleja esta tensión en tiempo real. Por un lado, se multiplican los litigios impulsados por titulares de derechos que buscan frenar el uso no autorizado de sus repertorios. Por otro, emergen acuerdos estratégicos entre empresas tecnológicas y actores de la industria musical, que intentan encontrar un punto de equilibrio entre innovación y monetización. Esta dualidad evidencia que el futuro aún está en construcción y que no existe un consenso definitivo sobre si el camino será el conflicto judicial, el licenciamiento estructurado o una forma de coexistencia regulada.

Emergen acuerdos estratégicos entre empresas tecnológicas y actores de la industria musical, que intentan encontrar un punto de equilibrio entre innovación y monetización

Sin embargo, creo personalmente que, cuanto más automatizado sea el entorno, más valor adquirirá la autenticidad humana.

El desafío, entonces, no es frenar el avance tecnológico, sino encauzarlo dentro de un marco que garantice equidad y sostenibilidad cuando afecte la fibra de la humanidad.

Un ejemplo reciente que ilustra con claridad esta tensión es la nueva funcionalidad de YouTube que permite a los creadores reemplazar automáticamente pistas musicales identificadas por su sistema Content ID por alternativas generadas por inteligencia artificial y libres de regalías. En la práctica, esto implica que un contenido que originalmente utilizaba una obra protegida puede ser modificado —incluso de forma casi imperceptible para el usuario— por una música sintética que evita conflictos de derechos y facilita la monetización. Ahora bien, ¿cuál es el “precio” de esto?

Este tipo de soluciones muestra el camino hacia un ecosistema más eficiente desde el punto de vista operativo del usuario final, pero también abre interrogantes de fondo: si la respuesta al conflicto de derechos es sustituir la creación original por contenido artificial posiblemente derivado de aquel en sus procesos de entrenamiento, ¿no estamos desplazando silenciosamente el valor económico y cultural de la música humana hacia un modelo donde la tecnología no solo gestiona los derechos, sino que directamente reemplaza la obra que esos derechos protegían?

El consentimiento de los usos de obras originales debe consolidarse como principio rector de cualquier uso de obras, voces y sus registros o sus identidades, y el entrenamiento de modelos debe integrarse al sistema de derechos mediante esquemas de licenciamiento claros y remunerados que impliquen la autorización de sus titulares.

El rol de la gestión colectiva en la nueva era

En paralelo, la gestión colectiva —entendida como el sistema mediante el cual entidades especializadas administran, licencian y recaudan derechos en nombre de múltiples titulares para facilitar su explotación y asegurar una distribución eficiente de los ingresos— deberá evolucionar hacia modelos (aún) más tecnológicos, porque en su acción se debaten los temas centrales de autoría, usos de las obras, generación de contenidos derivados. Al mismo tiempo, sus intervenciones deben ser auditables y adaptadas a entornos masivos y automatizados de licencias, capaces de responder a la complejidad de este nuevo escenario. La inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema musical en sus diferentes procesos y alcances y su desarrollo es irreversible.

La verdadera discusión no es si debe o no integrarse, sino bajo qué condiciones lo hará en cada caso.

Conclusión: el equilibrio entre innovación y humanidad

Lo que está en juego es el equilibrio entre innovación y derechos de la humanidad literalmente entendidos.

La música ha sido históricamente un espacio de expresión profundamente humano, donde la identidad, la emoción y la creatividad se entrelazan de manera única. Si la inteligencia artificial pretende formar parte de ese ecosistema, deberá hacerlo respetando ese núcleo esencial.

El progreso tecnológico no puede construirse sobre la apropiación silenciosa del valor, la identidad y los derechos de quienes crean. Porque si algo define a la música, más allá de cualquier algoritmo, es justamente su condición irreductiblemente humana.

En tal sentido cobra renovada vigencia el pensamiento de Christian Lous Lange, Premio Nobel de la Paz del año 1921, quien consideró que "la tecnología es un sirviente útil, pero un amo peligroso“.

Por ello, la discusión sobre inteligencia artificial y música, conjuntamente con sus efectos en las artes, no es meramente tecnológica: es una conversación sobre la identidad de los humanos con sus inescindibles derechos a la intimidad y a los atributos de su individualidad, como así también de los alcances de la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica de la creación, pero también sobre cómo construir, a partir de esos principios, un terreno fértil para una innovación genuina y responsable.

¿Por qué millones de argentinos, atravesados por todo tipo de diferencias, “mágicamente” vuelven a sentirse parte de un mismo equipo?

La respuesta no es solamente “la pasión argentina por el fútbol”. Lo que aparece ahí es la satisfacción de una necesidad profundamente humana de pertenecer. Ser parte de algo más grande, de una comunidad.

Abraham Maslow lo describió hace más de 80 años al incluir el sentido de pertenencia entre las necesidades fundamentales de las personas. Antes de hablar de reconocimiento o de realización personal, necesitamos sentir que formamos parte de algo, que tenemos un lugar y que somos valiosos para otros.

Esa necesidad nos acompaña toda la vida, desde el jardín de infantes hasta los lugares de trabajo, los espacios de ocio y los distintos niveles jerárquicos que atravesamos.

La Selección Argentina ofrece uno de los mejores ejemplos de los últimos años. Sería un error pensar que el éxito se explica solo por el talento de Messi o por la capacidad de Scaloni.

Equipos con figuras enormes hubo muchos, pero lo extraordinario fue otra cosa: se construyó una identidad. Cada jugador entendió cuál era su rol y los egos quedaron subordinados al objetivo colectivo. Nadie necesitaba demostrar que era el más importante, porque el valor y el reconocimiento estaban en el grupo.

Eso es necesario en cualquier organización, aunque no ocurre en todas. Hay empresas que invierten en desarrollar habilidades técnicas, incorporar tecnología o mejorar procesos —lo cual está muy bien—, pero pasan por alto el activo que más impacta en el desempeño colectivo: construir equipos a los que la gente quiera pertenecer.

Lionel Scaloni suele decir que sus jugadores no son solamente futbolistas, son personas que juegan al fútbol. Parece una frase simple, pero encierra una decisión de liderazgo enorme de mirar primero a la persona y después al rendimiento, que en definitiva es consecuencia de lo que le pasa a esa persona.

Eso es liderazgo.

En las empresas ocurre lo mismo. Lideramos personas que llegan todos los días con expectativas, miedos, familias, problemas, proyectos, emociones. Ignorar esa dimensión humana no vuelve más profesional a una organización, la vuelve menos efectiva.

Y los números lo confirman. El proyecto Aristotle de Google encontró que el principal factor de éxito en los equipos de alto desempeño no es el talento individual ni la experiencia técnica, sino la seguridad psicológica. Es decir, la posibilidad de expresar ideas, hacer preguntas, reconocer errores y asumir riesgos sin miedo a ser juzgado.

Gallup, en su informe State of the Global Workplace 2024, muestra que los equipos con mayor compromiso alcanzan un 23% más de rentabilidad, un 18% más de ventas y un 17% más de productividad que aquellos donde las personas no logran involucrarse con el proyecto. Y una investigación de Harvard Business Review encontró que las organizaciones con altos niveles de confianza tienen 50% más de productividad, 76% más de compromiso y 74% menos estrés.

Pero hay otra pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué hace que millones de personas salgan espontáneamente a la calle a agradecerle a un equipo, incluso cuando el resultado no fue el esperado?

Durante este Mundial, los argentinos volvimos a reconocernos en un grupo que transmitía esfuerzo, humildad, respeto, resiliencia y compromiso. Admiramos el talento, pero sobre todo admiramos los valores.

Y eso cambia el panorama, porque cuando las personas sienten que pertenecen, empiezan a pensar menos en sí mismas y más en el propósito compartido. Aparece la colaboración, la confianza reemplaza al control, los errores dejan de esconderse y empiezan a transformarse en aprendizaje.

En un mundial, eso puede traducirse en la copa. En una empresa, se traduce en innovación, mejores decisiones y mejores resultados.

Por eso, el verdadero desafío del liderazgo es construir espacios donde las personas quieran quedarse porque sienten que ese proyecto también les pertenece.

Los argentinos expusimos, una vez más, que cuando sentimos que formamos parte de algo más grande, desaparecen muchas de las diferencias que habitualmente nos separan. Y la Selección nos demostró que el sentido de pertenencia hace que los equipos pongan corazón, garra, actitud y compromiso. Nada de eso se aprende en una maestría o un posgrado. Se genera con interés, dedicación, constancia y amor.

Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes que nos deja este Mundial.

Argentina -su sociedad- viene siendo socia del fracaso de un gobierno que prometió la destrucción creativa y hasta ahora solo cumplió con la primera palabra: destrucción.

La selección de fútbol brindó una alegría colectiva y transversal, y Argentina le agradeció, aun perdiendo la Copa, porque vio un esfuerzo conjunto para buscar un logro conjunto.

Aquí, en la realidad política cotidiana, la cancha está inclinada y solo un sector puede festejar. Sucede, como tantas veces hemos dicho, que la economía de la montaña, de ella se trata, representa un 20% de la actividad económica y con ella sola no alcanza. Cada vez son más notorias las dos velocidades. Como le dijo a Infobae el economista Gustavo Reija: “Las provincias de Vaca Muerta crecen en actividad económica y empleo, pero los conurbanos se asfixian”.

La pregunta es: ¿hasta cuándo la sociedad se sentirá “socia” de un individualismo político que no la incluye integralmente? Neuquén, San Juan y Salta son el resultado positivo de un crecimiento económico por la decisión política de apostar a Vaca Muerta, camino que no inició Milei, sino que continuó. Pero el Presidente no se enamora de las políticas de Estado. El cuestionamiento ante este escenario es: ¿ya no hay más posibilidades de ajuste?

¿Habrá un giro copernicano para incentivar la actividad económica y el consumo para incrementar la recaudación y así mantener el equilibrio fiscal? Sucede que, si esto fuese así, corre riesgo la otra virtud del modelo: la inflación. Hasta aquí, el gobierno anarcocapitalista vendió lo que quedaba de las joyas de la abuela, ajustó hasta la asfixia a jubilados, discapacitados, universitarios, salarios, provincias; sin embargo, junio acusó déficit. Con los ingresos genuinos no alcanza. La destrucción aplicada a la industria, comercio y al consumo hoy le pasa factura a la recaudación.

Para mantener el equilibrio fiscal, ¿qué se debería hacer? Echar mano a una política que mejore la actividad económica. El ministro Caputo en algún momento sugirió un acuerdo con los bancos para créditos accesibles para la construcción.

¿Puede un gobierno anarcocapitalista que lleva casi tres años destruyendo el andamiaje productivo, sin intentar reconvertirlo, reconstituirlo? Aun si lo intentase, habría políticas que, de aplicarlas, romperían su virginidad ideológica. Por ejemplo: crédito a tasa negativa y/o apertura administrada.

En estos días, según la consultora QSocial, el Presidente cayó en la ponderación positiva 3 puntos para bajar al 31%, y la negatividad es del 64%. No está mal, ante la política aplicada, sostener una base del 30%. El otro dato significativo es que la mirada de la sociedad argentina sobre la economía es negativa en un 68%.

Todo indica que el Gobierno seguirá con su ajuste. ¿De qué manera? PAMI lleva un ajuste acumulado a la baja en transferencias durante el primer semestre del año del 14,2%. El ajuste en las provincias en el semestre es del 51.7%, y durante el 2024/25 fue, en términos reales, del 65%.

Este miércoles, en un acto en Casa Rosada que tuvo como protagonista al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, donde Nación le transfirió 67 kms de ruta, la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, dijo: “El Gobierno nacional se preocupa por las provincias porque todos somos argentinos”. Increíble hallazgo.

Lo cedido es responsabilidad de Nación, que está fondeado por el impuesto que percibe cada vez que se compra combustible. ¿Dónde está la plata? El gobernador recibió la ruta nacional AO12 para hacerse cargo de las obras sin recibir un peso y agradecer el gesto.

Pullaro le dijo a Infobae: “Nosotros pedíamos esta ruta porque es fundamental para la estructura de llegada a los puertos. Y Nación nos la cedió”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, nos dijo: “Es la voluntad santafesina de transformar un problema en una solución, porque el estado de esos 67 kms es tremendo. A futuro se analizará un peaje. En ocho meses, aproximadamente, estará lista la obra”. Y su par de Economía, Pablo Olivares, manifestó: “Era una limitación para nuestro gobierno y una impotencia no poder mejorar nuestra logística productiva”.

Nación, post Mundial, ha buscado la foto. El gobernador Pullaro administra sus gestos.

El del 20 de junio, marcando que sin corrupciones se pueden hacer obras, y el de esta semana, prestándose a una foto que le sirve al gobierno nacional. Los presentes, consultados por Infobae, se sorprendieron por el posicionamiento de Karina Milei y admiten que, con Diego Santilli y la buena relación de Gisela Scaglia con Martín Menem, todo fluye distinto.

El gobierno nacional mostró con este acto que puede construir acuerdos con gobernadores y tantear si puede ampliar su base territorial para el 2027. El gobernador, por su parte, empezará a analizar si mantendrá para el año que viene distancia electoral con el Presidente o la posibilidad de acuerdos.

P.D.: el sábado 18 de julio, un héroe de Malvinas, titular de la Federación Santafesina que los nuclea, Rubén Rada, falleció, no sin antes haber tenido la satisfacción de ver que los integrantes de la Selección, tras derrotar a Inglaterra, flamearan una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Muchos de sus integrantes fueron visitados por este grupo de ex soldados combatientes en sus escuelas, sembrando el germen de la malvinización. La última vez que esta cronista conversó con él, le dijo: “Hubo muchos uniformes que hicieron mucho daño. Pero nosotros, al igual que Belgrano, salvando las distancias, fuimos civiles que nos pusimos el uniforme de San Martín”.

Rada, quien nació en un barrio humilde de Rosario, nunca dejó de preocuparse, porque lo conocía, del padecer de los más necesitados. Por eso concluyó aquella charla que tuvimos diciendo: “Cuando le tenés miedo al pueblo y al pobre, es porque algo mal hiciste”.

Su lucha por la unidad no fue en vano. Lo despidieron dos gobernadores de su provincia y dirigentes de distintos partidos políticos.

El Sudeste Asiático es una de las regiones donde la competencia entre Estados Unidos y China se expresa con mayor claridad. La redistribución de poder entre ambas potencias y sus visiones contrapuestas del orden regional aumentan la presión sobre los Estados de la región y constriñen su margen de acción. Sin embargo, éstos no permanecen pasivos. Sus gobiernos articulan estrategias propias y diferenciadas para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y restrictivo.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) reúne desde octubre de 2025 a once Estados, tras incorporar Timor-Leste. Con más de 680 millones de habitantes y un PIB nominal cercano a los 3,9 billones de dólares en 2024, es un actor económico de primer orden. Sus miembros, no obstante, difieren significativamente en cuanto a nivel de desarrollo, intereses marítimos, regímenes políticos y relaciones exteriores.

A su vez, China viene siendo desde 2009 el principal socio comercial de la ASEAN y ocupa, para la mayoría de sus miembros, una posición central como mercado, inversor y proveedor de infraestructura. Por su parte, Estados Unidos sigue siendo un socio comercial importante y desempeña un papel decisivo en materia de seguridad regional.

Washington mantiene alianzas formales con Filipinas y Tailandia y una cooperación estrecha en defensa con Singapur, sin alianza formal. Vietnam, Indonesia y Malasia diversifican sus socios de seguridad, mientras Camboya y Laos mantienen relaciones especialmente estrechas con China.

Así, es la competencia global entre Estados Unidos y China lo que estructura, en lo regional, el entorno estratégico de la ASEAN. Por ello, las crecientes expectativas de alineamiento que plantean a los países de la región el reto de gestionar un difícil equilibrio, mientras la heterogeneidad interna limita la capacidad de la organización para articular consensos, que suelen adoptar fórmulas de mínimos.

Un claro ejemplo se encuentra en el Mar de China Meridional. Allí se muestra cómo el entorno geopolítico constriñe el margen de acción regional, evidencia los límites de la ASEAN y confirma su valor para sostener la interlocución y preservar agencia propia. Su relevancia deriva de sus recursos pesqueros y energéticos y de su función como corredor marítimo.

En 2024, según CSIS, por los ocho principales estrechos vinculados a este espacio circularon bienes por un valor que podría alcanzar los 6,4 billones de dólares. Asimismo, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense, en 2023 transitaron por estas aguas 10.000 millones de barriles de petróleo y derivados, además de gas natural licuado equivalente a unos 190.000 millones de metros cúbicos de gas natural.

En la zona se superponen disputas territoriales sobre formaciones marítimas y reclamaciones sobre los derechos que estas pueden generar. Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi mantienen reclamaciones superpuestas, y Taiwán conserva una reclamación histórica vinculada a la República de China, aunque su posición actual debe distinguirse de la de Pekín.

Justamente es la reclamación de China la que tiene mayores implicaciones controversias regionales, dado que se haya articulada mediante la “Línea de los Nueve Trazos”, sin coordenadas precisas y superpuesta con zonas económicas exclusivas de varios Estados.

En este mes se cumplió una década del laudo emitido en 2016 por un Tribunal Arbitral constituido conforme al Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en el procedimiento iniciado por Filipinas contra China en 2013.

Sin pronunciarse sobre la soberanía territorial, concluyó que los derechos históricos reclamados por China dentro de esa línea carecen de efecto jurídico cuando exceden los previstos por la Convención. Pekín rechazó el procedimiento y el laudo, y mantiene una presencia sostenida mediante guardacostas, embarcaciones oficiales e instalaciones construidas y militarizadas en varias formaciones marítimas.

Para las potencias intermedias y los Estados pequeños de la región, el Derecho del Mar es esencial para preservar la libertad de navegación, proteger zonas económicas exclusivas, ordenar la explotación de recursos y dificultar cambios unilaterales del statu quo mediante la coerción.

El caso también expone los límites de la ASEAN: su heterogeneidad y los distintos grados de exposición a China dificultan la articulación de respuestas comunes firmes. Aun así, la organización mantiene canales de diálogo y en mayo de 2026 reiteró su compromiso con avanzar hacia un Código de Conducta efectivo, sustantivo y conforme al derecho internacional.

Por otra parte, los Estados del Sudeste Asiático aplican estrategias diversas ante este entorno. Vietnam amplía sus vínculos con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea sin convertir esa apertura en una alianza formal ni descuidar la relación con China.

Malasia aprovecha la reorganización de las cadenas de semiconductores para atraer inversión y avanzar hacia actividades de mayor valor añadido, mientras recurre a proveedores chinos para desplegar su segunda red 5G.

Filipinas, ante una presión marítima más directa, refuerza la cooperación de seguridad con Estados Unidos y Japón. Indonesia utiliza sus recursos minerales y su peso económico para atraer socios y desarrollar la industria de baterías, dentro de una política exterior que reivindica el no alineamiento.

Son respuestas distintas, orientadas a ampliar opciones y evitar que una dependencia sectorial determine el conjunto de la política exterior. Al mismo tiempo, otras potencias y actores regionales también conceden mayor importancia estratégica al Sudeste Asiático.

Japón ha intensificado su relación con la ASEAN mediante inversión, infraestructura y cooperación marítima, incluido el Acuerdo de Acceso Recíproco con Filipinas, en vigor desde septiembre de 2025. Tokio defiende asimismo la libertad de navegación y el respeto al derecho internacional marítimo.

Corea del Sur ha elevado su perfil en comercio, manufactura avanzada, economía digital, cadenas de suministro y defensa; en 2024 fue el quinto socio comercial de la ASEAN y su séptima fuente de inversión extranjera directa. La Asociación Estratégica Integral ASEAN-Corea del Sur, establecida ese año, ofrece un marco para profundizar la cooperación en seguridad y ámbitos emergentes.

Taiwán, con menor margen diplomático, articula su “Nueva Política hacia el Sur”, centrada en comercio, inversión, tecnología, educación y movilidad de talento para diversificar mercados.

Para Argentina y América del Sur, la región adquiere también mayor importancia económica. Entre enero y mayo de 2026, el comercio argentino con la ASEAN dejó un superávit de 2.173 millones de dólares, con exportaciones de 3.850 millones. En 2025, la ASEAN fue el principal destino de la harina, los pellets de soja y el maíz argentinos.

Los Estados del Sudeste Asiático operan en un entorno cada vez más restrictivo. La ASEAN ofrece una infraestructura diplomática difícil de reemplazar, aunque todavía limitada. Su reto para la próxima década será fortalecer la cooperación entre sus miembros, sostener posiciones comunes cuando sea posible y seguir articulando una voz regional propia frente a crecientes presiones y tensiones producidas por la competencia en el Indo-Pacífico.

Pocas actividades humanas producen identidades colectivas tan intensas como el campeonato mundial de futbol. Durante un mes entero, más de mil millones de personas desnudan sus emociones frente a un espectáculo deportivo disputado por primera vez en 1930.

Una escena ocurre con frecuencia apenas termina el partido decisivo y la selección de un país adquiere el liderazgo y la gloria por cuatro años. El juego deja de pertenecer entonces a los futbolistas y pasa la pelota a quienes buscan interpretar el resultado. Periodistas, ex jugadores, dirigentes, usuarios de redes sociales y millones de hinchas comienzan a construir su relato. Este necesita héroes, villanos, víctimas y responsables para transformar noventa minutos de incertidumbre en una historia de subjetividades que intentan explicar lo único importante en un deporte, el resultado final.

Desde el campeonato obtenido en 1978, Argentina no representa solamente un equipo de fútbol. Representa una manera de entender el fútbol y de explicarlo. Para algunos es un modelo de creatividad. Para otros, de picardía. Para algunos, pasión (o exceso de ella). Para otros, provocación y deslealtad deportiva.

El médico y antropólogo francés Gustave Le Bon (1841-1931) describió en su obra cumbre “Psicología de las multitudes”, cómo los individuos, al formar parte de una masa, tendían a abandonar buena parte de sus mecanismos críticos. Las emociones circulaban más rápido que los argumentos. Las imágenes prevalecían sobre las pruebas. Las simplificaciones resultaban más persuasivas que las explicaciones complejas.

El deporte en general, con el futbol a la cabeza, suele funcionar como una versión acelerada de procesos culturales que luego aparecen en la política, en los medios y en las redes sociales. Concentra sobre un actor visible conflictos que tienen causas mucho más profundas.

Otro notable académico francés, el filósofo y antropólogo René Girard (1923-2015) nos recuerda que las sociedades necesitan relatos sencillos para comprender realidades complejas. Y que esos relatos suelen organizarse alrededor de figuras que concentran culpas, resentimientos, frustraciones y deseos contradictorios. Esto no significa que esas figuras sean inocentes. No lo fue Maradona cuando deslizó hacia el cielo la mano de Dios y pocos minutos después convertía el mejor gol de la historia del futbol.

El caso argentino durante el Mundial 2026 puede leerse desde esa perspectiva. No porque todas las críticas hayan sido injustas. Sino porque muchas dejaron de referirse a hechos concretos para transformarse en una explicación totalizante sobre un país entero. Es allí donde la teoría del chivo expiatorio acuñada por el francés (gurú ideológico del empresario Peter Thiel y del vicepresidente estadounidense J.D. Vance) conserva toda su potencia.

Después del triunfo contra la selección de Inglaterra, Argentina dejó de ser simplemente uno de los protagonistas deportivos del campeonato para convertirse en objeto de una discusión mucho más amplia. Las conversaciones dejaron de concentrarse en sistemas tácticos, rendimientos individuales o decisiones técnicas. Comenzaron a girar alrededor de otra clase de preguntas. ¿Era Argentina un equipo excesivamente agresivo? ¿Jugaba permanentemente al límite del reglamento? ¿Recibía un trato privilegiado por parte de los árbitros? ¿Representaba una forma tóxica de competir? ¿Existía un problema cultural detrás de determinados comportamientos? Y finalmente los cuestionamientos apuntaron a preguntarse si el racismo es un rasgo estructural de la sociedad argentina.

Las disputas políticas más feroces suelen ocurrir entre partidos que comparten buena parte de sus diagnósticos. Las rivalidades familiares son, con frecuencia, más intensas que las enemistades entre desconocidos. Y en el fútbol sucede exactamente lo mismo. Argentina no despierta las emociones más intensas en países donde el fútbol ocupa un lugar secundario.

Las despierta en Brasil, Francia, Países Bajos, Uruguay, Inglaterra, España o Italia. Es decir, allí donde el fútbol constituye también una parte esencial de la identidad nacional.

Girard llamó a este fenómeno deseo mimético. La idea es extraordinariamente simple. Los seres humanos creemos elegir libremente aquello que deseamos. Pero, en realidad, aprendemos qué vale la pena desear observando lo que otros consideran valioso. El deseo se contagia. No nace espontáneamente. Es imitación. Es competencia. Es reconocimiento. Y pocas cosas concentran tanto deseo colectivo como una Copa del Mundo. Cada cuatro años, miles de millones de personas miran el mismo trofeo. Solo una selección puede levantarlo. Todas las demás deberán explicar por qué no lo hicieron.

Esa necesidad de explicación es el punto de partida de casi todas las narrativas posteriores. Girard comprendió algo que hoy parece evidente. La admiración y la hostilidad no son emociones opuestas. Con frecuencia son etapas sucesivas del mismo proceso. Primero admiramos aquello que deseamos. Después comenzamos a resentir que otro lo posea.

Existe una razón adicional por la cual estas narrativas tienen tanto éxito. Ofrecen superioridad moral. Cuando una sociedad identifica un culpable externo, no solamente explica un problema. También define quién está del lado correcto. El juicio sobre otro grupo puede convertirse en una forma de reafirmación personal. “Nosotros no somos como ellos”. Esa frase, al final del día, aparece detrás de muchos conflictos colectivos.

Tarde o temprano, toda sociedad descubre que el chivo expiatorio nunca fue solamente el otro. También era un espejo frente al que muchos prefieren no mirarse.

En el año 1937, cuando todavía no había irrumpido el peronismo en la escena política y social del país, Eduardo Mallea publicó “Historia de una pasión argentina”. En ese texto hoy olvidado, el escritor fallecido en 1982 diagnostica el espíritu de una república que no termina de encontrar la senda del progreso.

“He aquí que de pronto este país me desespera, me desalienta. Contra ese desaliento me alzo, toco la piel de mi tierra, su temperatura, estoy al acecho de los movimientos mínimos de su conciencia, examino sus gestos, sus reflejos, sus propensiones -y me levanto contra ella, la reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo, cuando está a punto de aceptar el envite de tantos extravíos”.

Resulta innegable que el escenario energético se encuentra en un proceso de profunda transformación que redefine la lógica del sistema eléctrico. En este contexto, la generación distribuida instala un nuevo paradigma: un usuario que deja de ser un mero receptor de energía para convertirse en generador y gestor energético. Ello obliga a redefinir la relación entre el usuario y el resto de los agentes del mercado eléctrico, como así también los desafíos que enfrenta el sector ante una práctica que registra un crecimiento sostenido en todo el país.

El punto de partida es un usuario que se transforma en “prosumidor”, quien se dispone a ser productor de parte de la energía que consume a través de fuentes renovables. No opera por fuera del sistema, se mantiene conectado a la red de distribución local desde donde complementa su abastecimiento con la energía suministrada por la distribuidora cuando resulte necesario.

Bajo esta mirada, la ecuación pareciera simple. La energía generada se convierte en una ventaja económica para el prosumidor y solo abona a la distribuidora por la energía efectivamente consumida. Sin embargo, la cuestión principal está en la energía excedente, aquella que no es utilizada por el usuario generador y puede inyectarse a la red, es la que abre paso a nuevas oportunidades de negocio como así también genera desafíos.

La energía generada se convierte en una ventaja económica para el prosumidor y solo abona a la distribuidora por la energía efectivamente consumida

Este es el punto de inflexión del sistema, a partir del cual resulta necesario reflexionar sobre cómo gestionar esa energía, tanto en el plano técnico como en el económico. La generación distribuida no sustituye la red, sino que transforma su dinámica y plantea nuevos desafíos que las distribuidoras y los reguladores deben abordar ante su avance. La evolución del régimen en apenas cinco años permite dimensionar la velocidad con la que este nuevo paradigma comenzó a consolidarse.

Según los reportes anuales emitidos por la Secretaría de Energía de la Nación, a fines de 2020, la generación distribuida aún transitaba una etapa de implementación: el programa contaba con 338 usuarios generadores y una potencia instalada de 3,145 MW, equivalente al consumo anual de aproximadamente 1.000 hogares. No obstante, para diciembre de 2025 el número de usuarios generadores ascendió a 3.771, mientras que la potencia instalada alcanzó los 119,24 MW, suficiente para abastecer la demanda anual de más de 28.000 hogares.

Ya sea implementada de manera individual, en un único punto de conexión, o de manera comunitaria, mediante la gestión conjunta de un equipo de generación distribuida por parte de múltiples usuarios, esta reconfiguración alcanza tanto a los prosumidores residenciales como a las grandes industrias. Estas últimas recurren a la autogeneración en busca de una mayor previsibilidad energética y de un beneficio económico adicional.

La generación distribuida no sustituye la red, sino que transforma su dinámica y plantea nuevos desafíos que las distribuidoras y los reguladores deben abordar ante su avance

La creación de políticas públicas destinadas a fomentar el Régimen de Generación Distribuida, junto con la reducción de los costos de los equipos y el avance de tecnologías cada vez más accesibles, alineó a los nuevos actores en torno a un mismo objetivo: acceder a la energía de manera sustentable, autónoma y rentable. En conjunto, estas circunstancias contribuyeron a reducir las barreras de ingreso al régimen y favorecieron la incorporación de nuevos usuarios-generadores.

Para las distribuidoras, el desafío consiste en identificar las exigencias técnicas que plantea esta nueva realidad y adecuar sus redes para preservar la eficiencia operativa del sistema y la calidad y seguridad del servicio. Al mismo tiempo, se presenta la oportunidad de redefinir su vínculo con un usuario-generador que participa activamente en el sistema eléctrico: un usuario empoderado que no solo decide generar energía, sino también cómo administrar los créditos obtenidos por la inyección de los excedentes a la red.

Esta nueva dinámica requiere reglas claras y previsibles que ordenen la relación entre la distribuidora y el prosumidor, sobre la base de la coordinación y la cooperación técnica. En ese contexto, la tradicional relación de consumo incorpora una dimensión transaccional que exige revisar las categorías con las que históricamente se estructuró el servicio eléctrico.

La generación distribuida nos exige revisar el esquema eléctrico tradicional y comprender el verdadero alcance de la transición energética

Al mismo tiempo, resulta indispensable reconocer el valor estratégico de las redes de distribución y asegurar una remuneración adecuada para su mantenimiento. La red continúa siendo el soporte que garantiza el abastecimiento cuando la generación propia resulta insuficiente y la infraestructura que permite recibir e integrar los excedentes para su posterior comercialización.

La generación distribuida nos exige revisar el esquema eléctrico tradicional y comprender el verdadero alcance de la transición energética. No hablamos solo de cambios tecnológicos, sino también de nuevas dinámicas entre los actores. La transición energética comienza cuando la energía deja de ser un servicio que simplemente se recibe y pasa a convertirse en una responsabilidad compartida. Ese cambio de actitud, más que cualquier avance tecnológico, es el que redefine el futuro del sistema eléctrico.

La autora es miembro de Adeera Joven

El viaje ya no empieza cuando alguien compra un pasaje o reserva un hotel. Empieza mucho antes: cuando una imagen emociona, un video despierta curiosidad o una historia hace imaginar la próxima escapada. Es en ese instante, frente a la pantalla de un celular, donde hoy comienza la verdadera competencia entre los destinos turísticos.

Durante muchos años alcanzaba con tener un paisaje extraordinario, una temporada consolidada o un atractivo reconocido para que los visitantes llegaran por sí solos.

Hoy esa lógica cambió.

Las decisiones de viaje ya no se toman con meses de anticipación. El turista compara, investiga, consulta opiniones, mira redes sociales y muchas veces define su destino apenas unos días antes de partir.

Las decisiones de viaje ya no se toman con meses de anticipación

La competencia ya no es solamente con ciudades similares. Es con miles de experiencias que aparecen todos los días en la pantalla de un teléfono.

En ese nuevo escenario, la promoción turística dejó de ser una herramienta de difusión para convertirse en una política estratégica de desarrollo. Ya no se trata únicamente de mostrar un destino. Se trata de estar presentes en el momento exacto en que una persona decide dónde quiere vivir su próxima experiencia.

Por eso esta semana Bariloche volvió a participar con un stand propio en la Exposición Rural de Palermo.

Estar presentes significa conversar cara a cara con potenciales visitantes, entender cómo cambiaron sus hábitos, conocer qué buscan y qué esperan de un destino. Significa comprender que hoy la promoción ya no consiste solamente en entregar un folleto o mostrar una buena fotografía. Consiste en construir confianza, generar cercanía.

Ese trabajo forma parte de una estrategia mucho más amplia.

Durante los últimos años Bariloche dejó de pensarse exclusivamente como un destino de invierno. La nieve continúa siendo uno de nuestros grandes diferenciales y una parte esencial de nuestra identidad, pero hoy la ciudad ofrece mucho más.

Es el resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y el privado, que entendió que la mejor manera de fortalecer la economía local era ampliar las temporadas, diversificar la oferta, abrir nuevos mercados y mejorar permanentemente la conectividad.

Detrás de cada reserva hay hoteles, restaurantes, agencias de viaje, guías, transportistas, chocolaterías, cervecerías, comercios, productores regionales y cientos de pequeñas y medianas empresas que encuentran en el turismo una fuente de trabajo y crecimiento.

Promocionar un destino significa sostener empleo, atraer inversiones, fortalecer economías regionales y generar oportunidades para toda una comunidad.

Por eso ya no alcanza con esperar a que el turista nos descubra. Hay que salir a buscarlo, entender qué está buscando, emocionarlo.

Ese es, probablemente, uno de los grandes desafíos del turismo argentino: comprender que competir hoy significa estar presentes, innovar, construir experiencias y mantener un diálogo permanente con quienes todavía no decidieron dónde viajar.

Porque, al final del día, un destino no compite solamente por una reserva. Compite por despertar una emoción. Y cuando esa emoción se transforma en un viaje, el beneficio trasciende al visitante. Se convierte en empleo, inversión, desarrollo y oportunidades para miles de personas que hacen del turismo una forma de construir el presente y proyectar el futuro de su comunidad.

Secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche

Es muy valioso que la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática se haya instalado como un compromiso federal. No es un dato menor que todas las jurisdicciones estén convocadas a mirar el problema, definir prioridades y construir planes propios. Para avanzar en este sentido se necesita una política sostenida, porque las dificultades que vemos en las aulas no se resuelven con acciones aisladas, ni con materiales eventuales o desarticulados, ni solo ampliando la cantidad de actividades, si eso no va acompañado por una reflexión sobre las oportunidades de aprendizaje que esas propuestas habilitan.

Pero también creo que es importante ser muy claros: un plan mejora la enseñanza solo si logra incidir en lo que efectivamente sucede en las aulas. La existencia de documentos, metas, indicadores o recursos es necesaria, pero no suficiente. La mejora real depende de que esos lineamientos se traduzcan en mejores condiciones para enseñar y aprender: tiempo institucional, acompañamiento situado, formación didáctica específica, materiales pertinentes, espacios de análisis de clases y criterios compartidos para mirar las producciones de los estudiantes.

Desde mi perspectiva, una de las prioridades debería ser fortalecer una enseñanza de la Matemática centrada en la resolución de problemas, pero entendida en sentido profundo. Se trata de construir una problematización genuina de la Matemática, con propuestas atravesadas por preguntas, espacios de exploración y una escucha atenta de las ideas de los estudiantes. Es necesario proponer situaciones que obliguen a pensar, a tomar decisiones, a elegir estrategias, a comparar procedimientos, a argumentar, a validar resultados, a revisar errores y a comunicar ideas matemáticas. En Matemática se aprende haciendo matemática.

También me parece central revisar qué entendemos por dificultad en Matemática. Muchas veces, cuando un estudiante no logra resolver una actividad, la dificultad no se reduce a que “no sabe” un contenido. Puede estar vinculada también con interpretar la información, organizar los datos, decidir qué procedimiento conviene utilizar, justificar una respuesta o controlar si el resultado tiene sentido. Por eso, una política de mejora no debería mirar únicamente los contenidos “no aprendidos”, sino también qué prácticas matemáticas estamos logrando instalar con mayor fuerza en la escuela y cuáles necesitan ser más acompañadas.

En este sentido, la formación docente situada resulta clave. Los docentes necesitan espacios concretos para analizar propuestas, anticipar procedimientos de los estudiantes, discutir intervenciones posibles, revisar errores frecuentes, ajustar consignas, pensar formas de diversificar la enseñanza y construir criterios de evaluación. La formación más potente es aquella que dialoga con los problemas reales del aula y ayuda a tomar mejores decisiones didácticas.

Otra prioridad debería ser el trabajo sobre la progresión de los aprendizajes. Muchas dificultades en Matemática aparecen porque los contenidos se presentan de manera fragmentada, como si cada tema empezara y terminara en sí mismo. Es necesario pensar recorridos más articulados: qué conocimientos se retoman, cuáles se profundizan, qué nuevas relaciones se construyen, qué representaciones se ponen en juego y qué tipo de problemas permiten avanzar. La mejora requiere continuidad, no solo selección de contenidos prioritarios.

También considero imprescindible revisar el lugar de la evaluación. Si la evaluación se limita a constatar resultados, llega tarde. Necesitamos evaluaciones que permitan comprender qué están pensando los estudiantes, qué estrategias usan, qué errores aparecen, qué conocimientos están disponibles y qué intervenciones docentes pueden ayudar a avanzar.

Evaluar en Matemática no debería ser únicamente corregir si un resultado está bien o mal, sino recoger evidencias para tomar decisiones de enseñanza, durante el proceso y no solo al final de un recorrido.

Además, habría que poner en el centro la diversificación de la enseñanza. Mejorar Matemática no puede significar ofrecer lo mismo para todos y esperar que todos lleguen del mismo modo. La escuela necesita propuestas con un núcleo común claro, pero con distintos recorridos de acceso, diferentes niveles de apoyo, posibilidades de avance y oportunidades para que todos los estudiantes participen de una actividad matemática valiosa. Diversificar no es bajar expectativas; es construir mejores condiciones para que más estudiantes puedan aprender.

Me parece importante, además, que la mejora de la Matemática no quede asociada únicamente a los resultados de las evaluaciones. Las evaluaciones nacionales o jurisdiccionales pueden ofrecer información valiosa para identificar avances, dificultades y desigualdades, pero esa información necesita ser leída en clave pedagógica y didáctica. Los resultados deberían funcionar como insumo para revisar decisiones de enseñanza, fortalecer recorridos, ajustar intervenciones y pensar mejores oportunidades de aprendizaje. En ese sentido, la mejora no debería reducirse a responder mejor a determinados formatos de evaluación, sino orientarse a que los estudiantes comprendan, argumenten, elaboren estrategias, comuniquen ideas y usen conocimientos matemáticos en situaciones diversas.

Por último, creo que estos planes tienen una oportunidad interesante si logran articular tres niveles: decisiones de política pública, acompañamiento institucional y trabajo didáctico en el aula. Cuando alguno de esos niveles queda desconectado, las propuestas pierden fuerza. Si la política define prioridades, pero no acompaña a las escuelas, queda en el plano declarativo.

Si la escuela recibe materiales, pero no hay tiempo para analizarlos, se usan de manera superficial. Si la evaluación produce datos, pero no se transforman en decisiones de enseñanza, la información no mejora por sí sola los aprendizajes.

El desafío es sostener una política que no se agote en el anuncio. Las prioridades deberían estar en la enseñanza: en la calidad de los problemas, en las intervenciones docentes, en la progresión de los aprendizajes, en la evaluación formativa, en la diversificación y en el acompañamiento situado a las escuelas. La mejora no va a venir solo de sumar acciones, sino de revisar con profundidad qué Matemática se enseña, cómo se enseña y qué oportunidades reales tienen los estudiantes para construir sentido.

*La autora es profesora en Matemática, licenciada en Educación y diplomada superior en Constructivismo y Educación. Profesora de Didáctica de la Matemática en la UTN.

En el mundo social, múltiples actores trabajan para dar respuestas a problemas complejos. Políticas públicas, programas sociales e iniciativas privadas buscan generar cambios reales en las vidas de los jóvenes y sus comunidades. La clave está en cómo esos esfuerzos se articulan entre sí y en la capacidad de sostener esas articulaciones en el tiempo.

En un contexto de cambios acelerados, la falta de oportunidades para los jóvenes no responde a una única causa. El problema involucra dimensiones como la educación financiera, la preparación para el mercado de trabajo y el desarrollo de habilidades emprendedoras, entre otras, que forman un entramado difícil de abordar desde una sola institución.

En el campo del desarrollo social existe una frase que resume bien esta idea: “Ninguna organización puede resolver por sí sola problemas sociales complejos”. No se trata solo de una declaración de principios, sino de una constatación práctica que aparece una y otra vez al analizar iniciativas que lograron generar cambios sostenidos.

En los últimos años, este enfoque se volvió cada vez más visible en lo que especialistas llaman “impacto colectivo”: un modelo de trabajo en el que organizaciones sociales, empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades coordinan esfuerzos para abordar un mismo problema desde distintos ángulos. A diferencia de las intervenciones aisladas, el impacto colectivo parte de una premisa sencilla pero poderosa: ningún actor tiene todas las respuestas, pero cada uno tiene una parte de la solución.

Las empresas pueden aportar conocimiento del mundo productivo y oportunidades de inserción laboral. Las escuelas y universidades forman a las nuevas generaciones, con conocimiento técnico y también habilidades socioemocionales clave para el trabajo en equipo. Las organizaciones sociales desarrollan metodologías educativas y llegan a territorios donde otros actores muestran dificultades para estar presentes. El sector público tiene la capacidad de escalar políticas y garantizar acceso. Y, además, miles de profesionales, a través del voluntariado, comparten experiencia y acompañan procesos de aprendizaje.

Cuando estos actores trabajan de manera coordinada, el resultado reduce esfuerzos y multiplica oportunidades. En Junior Achievement lo vemos todos los días. Más de 108.000 jóvenes de todo el país se prepararon para su futuro en 2025 gracias a una red de docentes, empresas, voluntarios profesionales, organizaciones aliadas y gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Cada uno cumple un rol distinto, en pos del mismo objetivo: acercar herramientas y oportunidades a las nuevas generaciones.

Ese trabajo conjunto no solo amplía el alcance de las iniciativas. También permite abordar los desafíos desde una mirada más integral. La educación financiera, por ejemplo, no se limita a aprender a administrar dinero: también implica desarrollar autonomía, comprender el funcionamiento de la economía y tomar decisiones responsables en contextos de incertidumbre. Lo mismo ocurre con la empleabilidad, que hoy requiere conocimientos técnicos en complemento con habilidades socioemocionales, como la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor.

En un contexto donde el mundo del trabajo cambia rápidamente y las trayectorias laborales son cada vez menos lineales, la pregunta no debería ser quién tiene la culpa, sino cómo construimos soluciones en conjunto. Tal vez ahí esté una de las lecciones más importantes para el desarrollo social: el impacto real no surge de actores que compiten por resolver problemas, sino de ecosistemas capaces de trabajar de manera articulada y sostenida.

Porque cuando empresas, educadores, organizaciones sociales y gobiernos se sientan en la misma mesa, las ideas circulan, las responsabilidades se comparten y las soluciones se vuelven más sólidas.

Y, sobre todo, se tienden puentes para que los jóvenes encuentren más y mejores oportunidades para construir su propio camino.

*La autora es directora de Desarrollo Institucional de Junior Achievement Argentina

Hace muchos años que trabajo en seguridad pública e inteligencia. Participé en más de mil allanamientos, operativos de saturación, procedimientos contra organizaciones criminales y despliegues en los barrios más complejos. Esa experiencia me dejó una convicción que nunca cambió: la primera regla de la seguridad es el dominio del territorio.

Lo que sí cambió fue mi comprensión de qué significa hoy “territorio”. Durante muchos años lo entendimos únicamente como el espacio físico: calles, barrios, rutas, fronteras, edificios estratégicos y espacios públicos. Allí se disputaba el control entre el Estado y quienes buscaban desafiarlo. La presencia, la información y la capacidad de respuesta definían quién ejercía realmente la autoridad.

Hoy esa idea sigue siendo válida, pero ya no es suficiente.

En el siglo XXI, el territorio tiene una segunda dimensión, tan importante como la primera: el territorio digital.

Las organizaciones criminales, los grupos terroristas, las redes de espionaje y quienes buscan influir sobre una sociedad ya no necesitan ocupar una esquina para ejercer poder. Pueden coordinarse mediante aplicaciones cifradas, financiarse con activos digitales, reclutar personas a través de las redes sociales, manipular la información o atacar infraestructura crítica desde cualquier lugar del mundo, o complicarnos la vida al infinito con el robo de nuestro celular.

Al mismo tiempo, millones de ciudadanos desarrollan buena parte de su vida en ese nuevo espacio. Trabajan, estudian, compran, se comunican, administran su patrimonio y construyen relaciones en un entorno digital que ya forma parte de la realidad cotidiana.

Si el Estado solo comprende el territorio físico, inevitablemente llegará tarde.

El territorio físico sigue siendo indispensable.

Nada reemplaza la presencia efectiva del Estado.

Cuando una fuerza de seguridad recupera un barrio dominado por organizaciones criminales, controla un acceso estratégico o ejecuta un allanamiento exitoso, está enviando un mensaje inequívoco: la ley volvió a ocupar ese espacio.

El territorio físico continúa siendo donde viven las personas, donde funcionan las escuelas, los hospitales, las empresas y la infraestructura crítica.

Sin ese control, no existe seguridad posible.

El territorio digital ya es un espacio estratégico.

Cada teléfono celular, cada cámara conectada, cada servidor, cada red social y cada sistema informático forman parte de un territorio donde también se ejerce poder.

En ese espacio circulan datos, dinero, información sensible, operaciones de influencia y órdenes criminales.

Las amenazas híbridas combinan ambas dimensiones.

Un ataque puede comenzar con una campaña de desinformación, continuar con un ciberataque contra un servicio esencial y terminar generando consecuencias en las calles.

La separación entre seguridad física y seguridad digital dejó de existir.

Durante décadas, organizamos nuestras instituciones separando funciones. Había quienes patrullaban las calles y quienes trabajaban detrás de una computadora.

Hoy, esa división perdió sentido.

La inteligencia, la ciberseguridad, el análisis de datos, la videovigilancia, la investigación criminal y el despliegue operativo deben integrarse en un único sistema. Que trabaje en la prevención sin alterar nuestras libertades individuales.

Dominar el territorio significa comprender qué ocurre simultáneamente en ambos planos y tener la capacidad de actuar con rapidez sobre los dos.

No alcanza con tener patrulleros si no se entiende cómo se organizan las bandas en el entorno digital.

Pero tampoco alcanza con desarrollar excelentes capacidades tecnológicas si el Estado pierde presencia en la calle.

Durante años repetí una idea sencilla: “Quien domina el territorio, domina la seguridad.” Hoy, ese concepto tiene dos dimensiones: la física y la digital. Si no abordamos ambos, no hay seguridad posible.

La ley 27.784 incorporó el juicio en ausencia al derecho procesal penal argentino. Su sanción fue fruto del trabajo de más de diez años de un reducido grupo de juristas, periodistas, diputados, senadores, jueces y familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA-DAIA. Respondió a la necesidad de dotar a los jueces de una herramienta legal para enfrentar los casos en los cuales el imputado de un delito grave, conociendo la existencia del proceso en su contra, se sustrae voluntaria y maliciosamente a comparecer ante el juez de la causa, lo cual, de acuerdo al sistema procesal penal argentino, impedía avanzar con el proceso judicial.

Durante muchísimos años, la doctrina jurídica sostenía, al influjo de un ex juez del Máximo Tribunal de la Nación, que el juicio en ausencia era un instituto extraño a la tradición jurídica argentina, de modo que resultaba imposible celebrar un debate oral y público sin la presencia personal del imputado. Fue ardua la tarea que se tuvo que hacer para cambiar este paradigma.

Transcurrido un año desde la sanción de la ley, ha sido receptada con beneplácito por la doctrina y la jurisprudencia, ya que la norma armoniza adecuadamente las garantías de defensa del imputado y el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar delitos graves como los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas y el terrorismo y su financiamiento.

Como sostiene el Dr. Franco Fiumara, uno de sus impulsores, el juicio en ausencia sintetiza el anhelo de verdad, justicia y reparación de las víctimas, con las garantías procesales y el derecho de defensa en juicio de los imputados, evitando que el proceso judicial quede indefinidamente condicionado a la acción de quien decide permanecer prófugo y desoye el llamado de la Justicia.

La sanción de la ley 27.784 también mostró la articulación de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, enviando el proyecto de ley; el Legislativo, trabajándolo en comisiones y sancionándolo; y el Judicial, haciendo aplicación concreta a las causas en trámite.

En tiempos en los que los desencuentros y enfrentamientos resultan frecuentes, la ley de juicio en ausencia resulta muestra fecunda del trabajo conjunto de los distintos estamentos estatales para luchar contra la impunidad. El trabajo incesante de quienes abogamos durante años en favor del Juicio en Ausencia se vio coronado con la votación de los representantes de ambas cámaras legislativas superior a la imaginada.

En los numerosos encuentros que jalonaron estos diez años de esfuerzos, se nos decía que era una norma a medida de la causa AMIA. Respondíamos negativamente, manifestando que, entre otras cosas, posibilitaría continuar las causas contra represores de la dictadura. Y eso es lo que ocurrió. El primer juicio donde un fiscal solicitó la aplicación del Juicio en Ausencia fue una causa de lesa humanidad que tramita en un Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

Un proceso judicial por un delito de lesa humanidad que está paralizado ahonda el dolor de las víctimas. Una herida que nunca sana atenta contra la dignidad humana.

*Raúl Woscoff es abogado, ex asesor de la Unidad Especial AMIA

*Alberto Indij es abogado, ex presidente de la DAIA.

Los últimos datos de actividad publicados por el Indec confirman algo más que una recuperación cíclica: la economía argentina está cambiando estructuralmente. El panorama sectorial que arroja el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) evidencia algo más que un patrón de crecimiento heterogéneo. La minería, la energía —impulsada por el desarrollo de petróleo y gas no convencional—, el agro y los servicios financieros consolidan su rol como motores de actividad, mientras que rubros históricamente más asociados a la demanda interna —industria, construcción, comercio— muestran un rezago. No se trata de un dato coyuntural. Es la señal de un cambio en la estructura productiva que empieza a reflejarse en indicadores cada vez más concretos y que, necesariamente, confluirán en un cambio en el peso relativo de los mismos.

Además, esa transformación en la estructura sectorial de la economía también tiene un correlato territorial. Los datos de desocupación por aglomerado del cuarto trimestre ilustran con nitidez la transformación: las ciudades vinculadas a matrices productivas de energía y minería registran tasas de desempleo sensiblemente inferiores y una tendencia de sentido inverso a las del promedio nacional, en tanto que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— muestran un deterioro relativo. El mapa del empleo se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales.

La Argentina que viene parecería tener menos un problema de empleo que un problema de empleabilidad

La transición, desde luego, no es neutral. Ciertamente, no es esperable encontrar coordinación perfecta entre los sectores que desplazan trabajadores y los que generan nueva demanda laboral, por lo que se pueden producir situaciones individuales de desempleo e incluso, a nivel agregado, un incremento del desempleo friccional.

Más aún, se ha hecho habitual en el debate actual la objeción a la capacidad de generar empleo de los sectores que hoy traccionan la actividad, y que ello llevaría a un incremento del desempleo que no sería solo de naturaleza friccional. Es posible que, aún con la automatización de tareas que implica la inteligencia artificial, la tasa de creación de empleo directo por unidad de capital de estos sectores sea menor que la de otros sectores de la economía. No obstante, y en primer lugar, no debería abstraerse del análisis la creación de empleo indirecto que, por ejemplo, conlleva la construcción de infraestructura asociada.

Sin embargo, no es en este punto en el que nos queremos detener, sino en una cuestión más sutil y de mediano/largo plazo. El análisis del mercado laboral resultaría incompleto si no se analiza también el lado de la oferta. El argumento que los sectores dinámicos no serán capaces de generar la demanda de trabajo suficiente para absorber la oferta de los sectores que destruyan empleo parte de un supuesto implícito: que la oferta de trabajo seguirá creciendo al ritmo del pasado y que, por lo tanto, la economía necesita sectores capaces de absorber volúmenes de mano de obra cada vez más grandes. Pero si la PEA (población económicamente activa) se desacelera estructuralmente, la presión sobre el mercado laboral se atenúa por un canal que el debate actual no suele incorporar.

No debería abstraerse del análisis la creación de empleo indirecto que, por ejemplo, conlleva la construcción de infraestructura asociada

Los datos demográficos recientes sugieren que Argentina se encamina hacia una situación que hasta hace poco parecía exclusiva de las economías avanzadas: la escasez de población económicamente activa. La tasa de natalidad viene registrando un descenso sostenido y marcado, una tendencia que las estadísticas oficiales —tanto del Indec como de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires— reflejan con claridad. Los hogares sin hijos menores ya son mayoría, la edad promedio del primer hijo se desplazó hacia arriba y el promedio de hijos por mujer se ubica por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Argentina no es una excepción: sigue, con rezago, la misma trayectoria que hoy exhiben las principales economías de Europa Occidental, donde las tasas de crecimiento poblacional se acercan a cero y el envejecimiento de la fuerza laboral ya es un condicionante de política económica.

Si esa tendencia se sostiene —y nada en los datos actuales sugiere una reversión—, la población económicamente activa crecerá a un ritmo cada vez menor. En ese escenario, la pregunta relevante cambia de signo.

Es por este motivo que es necesario comprender cómo es y podría ser la dinámica del empleo. El desplazamiento entre sectores no solo enfrenta restricciones técnicas —requiere recalificación profesional— sino también geográficas: implica que familias enteras consideren relocalizarse, con todo lo que eso supone en términos de arraigo, infraestructura y calidad de vida. De hecho, hay indicios tempranos de que esa tensión ya opera: en determinadas geografías y sectores específicos las empresas enfrentan dificultades para cubrir posiciones calificadas y evalúan recurrir a trabajadores del exterior para sostener sus proyectos.

Los datos demográficos recientes sugieren que Argentina se encamina hacia una situación que hasta hace poco parecía exclusiva de las economías avanzadas

La evidencia sugiere que con el tiempo el mercado ajusta. Neuquén es quizás el caso más elocuente: entre diciembre de 2011 y diciembre de 2025, la provincia explicó el 58% del crecimiento neto del empleo privado registrado a nivel nacional. Pero el factor clave aquí es el tiempo y la paciencia o no que tenga la sociedad para transitar el proceso.

Por eso, el desafío no se define tanto por la cantidad de puestos de trabajo que el nuevo modelo productivo sea capaz de crear, sino por la capacidad del sistema —educativo, institucional, territorial— de formar el capital humano y favorecer los flujos migratorios que esa transformación demanda. La transición está en marcha. Los costos del corto plazo son reales y visibles. Pero para mitigar esos costos, los términos del debate necesitan actualizarse: la Argentina que viene parecería tener menos un problema de empleo que un problema de empleabilidad.

Economista Jefe de PwC Argentina

Vivimos en una época en la que la reputación internacional de un país puede fortalecerse o deteriorarse en cuestión de horas. Un episodio deportivo, un video viral o una declaración desafortunada pueden redefinir la conversación global mucho más rápido que décadas de política pública, diplomacia o construcción institucional.

Los sistemas de social listening muestran, en algunas redes sociales, una tendencia a hablar con sentimiento negativo sobre el país. En ese contexto, el Mundial 2026 dejó una pregunta que apareció con fuerza en las redes sociales: ¿existe un sentimiento antiargentino?

Más que un fenómeno unidimensional, lo que observamos es la interacción entre identidad nacional, estereotipos históricos, competencia deportiva, lógica mediática y algoritmos digitales. Quizás el verdadero interrogante no sea por qué algunos “odian” a la Argentina, sino por qué Argentina provoca emociones particularmente intensas —positivas y negativas— en buena parte de la conversación digital y mediática.

Una identidad construida alrededor de la excepcionalidad

La idea de una Argentina diferente no nació con el fútbol ni con las plataformas digitales. Durante buena parte del siglo XX, el país se narró como una excepción dentro de América Latina: una sociedad de inmigración europea, con una temprana expansión educativa, una capital comparada con las grandes ciudades del Viejo Continente y una economía que, a comienzos del mismo siglo, se encontraba entre las más prósperas del mundo. La literatura sobre el “excepcionalismo argentino” estudia precisamente esa trayectoria: el contraste entre una posición inicial de privilegio y la posterior pérdida relativa de ese lugar.

Esa narrativa no desapareció con el tiempo. Continuó influyendo en la forma en que Argentina se percibe a sí misma y también en la forma en que es percibida desde el exterior.

El estereotipo como marco de interpretación

Walter Lippmann explicó que las personas no reaccionamos ante la totalidad inabarcable de la realidad, sino ante imágenes simplificadas de ella. Esas “imágenes mentales” —los estereotipos— funcionan como atajos cognitivos. No describen una sociedad completa; organizan la manera en que interpretamos sus acciones.

En el caso argentino, uno de los atributos más persistentes es la supuesta arrogancia. No existe evidencia que permita concluir que los argentinos sean, como población, más arrogantes que otros pueblos. Lo relevante es que esa percepción circula y opera como un marco previo.

Así, un mismo festejo puede ser leído como pasión o como soberbia; la misma seguridad, como confianza o como prepotencia. Los hechos nunca llegan completamente desnudos: llegan encuadrados.

El fútbol como acelerador simbólico

El deporte no creó ese estereotipo, pero lo volvió visible a escala global. El fútbol es una poderosa máquina de narrar identidades nacionales: condensa símbolos, memorias, rivalidades y estilos supuestamente propios. Argentina no solamente juega al fútbol; también se representa a sí misma a través de él.

El éxito sostenido incrementa la exposición y vuelve más intensas las reacciones. Aquí aparece un concepto especialmente útil: schadenfreude, palabra alemana que designa el placer ante la desgracia ajena. En el deporte, ese placer puede aparecer cuando cae un rival poderoso o percibido como dominante.

Un estudio de Lea Boecker sobre el Mundial de 2018 analizó por qué los aficionados disfrutan la derrota de determinadas selecciones. Encontró que ese placer no responde a una única causa: intervienen la antipatía previa hacia el equipo, la percepción de que “merecía perder” y también la sensación de que se trata de un actor dominante.

En ese trabajo, los principales objetos del schadenfreude fueron Alemania e Inglaterra, dos selecciones que llegaban al torneo con una fuerte percepción de poder deportivo.

El caso argentino no fue medido en esa investigación, pero la hipótesis resulta sugerente: cuando un equipo despierta antipatía y además es percibido como dominante, su caída puede transformarse en una fuente de satisfacción compartida. El rechazo no siempre nace de una ofensa concreta; a veces surge simplemente del deseo de ver caer a quien ocupa demasiado tiempo el centro de la escena.

Cuando los algoritmos premian el conflicto

Las plataformas digitales recompensan la capacidad de generar interacción. Y pocas emociones producen más comentarios, compartidos y tiempo de permanencia que la indignación.

Una polémica arbitral, un gesto provocador o una declaración desafortunada circulan mucho más que miles de comportamientos cotidianos sin conflicto. El resultado es un conocido sesgo de disponibilidad: cuanto más vemos un determinado tipo de contenido, más tendemos a creer que representa la realidad completa.

Cass Sunstein y Timur Kuran desarrollaron un concepto complementario: la availability cascade. Una idea puede volverse cada vez más creíble simplemente porque circula una y otra vez. La repetición produce familiaridad y la familiaridad suele aumentar la credibilidad. Los algoritmos aceleran ese proceso al privilegiar aquello que genera mayor interacción.

El schadenfreude encuentra allí un entorno ideal. La caída del campeón, la eliminación del favorito o la derrota del rival permiten construir comunidades instantáneas unidas no por la admiración hacia un equipo propio, sino por el placer compartido ante la derrota ajena.

No hace falta una conspiración para explicar ese fenómeno. Basta la combinación de dominancia percibida, rivalidad deportiva y una arquitectura digital diseñada para amplificar aquello que genera emociones intensas.

Por su parte, los medios tienen también un espacio en esto. La teoría del agenda-setting mostró hace décadas que los medios influyen menos sobre qué pensar que sobre qué temas pensar.

Hoy, esa capacidad de selección convive con la economía de la atención. Un titular que enfrenta países, sugiere favoritismos o alimenta controversias suele generar más tráfico que una explicación técnica y equilibrada.

No hace falta imaginar una coordinación internacional. Basta con comprender los incentivos.

Los medios compiten entre sí, pero también con plataformas, creadores de contenido y millones de usuarios. En ese escenario, la polarización posee una ventaja estructural: simplifica, moviliza identidades y mantiene viva la conversación.

La velocidad con la que hoy se construyen las reputaciones

Quienes trabajamos en gestión de reputación sabemos que la discusión rara vez gira únicamente alrededor de los hechos. Gira, sobre todo, alrededor de cómo esos hechos son interpretados, amplificados y conectados con narrativas preexistentes.

Lo que durante décadas observamos en las organizaciones, hoy puede verse también en los países.

Toda crisis reputacional comparte una lógica similar: un hecho puntual deja de ser interpretado como una excepción y comienza a utilizarse como evidencia de una supuesta característica estructural del actor involucrado. En las empresas, ocurre con frecuencia. En las naciones, también.

El verdadero riesgo no reside únicamente en el episodio original, sino en el momento en que ese episodio empieza a explicar todo lo demás.

Desde el punto de vista comunicacional, allí se produce un salto metonímico: una conducta individual pasa a representar a un equipo; el equipo, a una sociedad; y la sociedad, a una nación completa. La parte comienza a operar como si fuera el todo.

El debate reciente sobre supuesto racismo en Argentina ilustra bien este mecanismo. Algunos episodios vinculados al fútbol tuvieron una enorme repercusión internacional y dejaron de ser percibidos únicamente como hechos deportivos. Para una parte de la conversación pública internacional, comenzaron a funcionar como un marco de interpretación más amplio sobre la sociedad argentina.

El problema no es que esos episodios sean irrelevantes o que no deban ser cuestionados. El problema aparece cuando hechos específicos, protagonizados por actores determinados y ocurridos en contextos concretos, se convierten en una explicación totalizante sobre una nación.

Las reputaciones internacionales a veces no coinciden exactamente con las trayectorias históricas de los países. No funcionan como una auditoría moral del pasado ni como un balance objetivo de virtudes y responsabilidades. Se construyen también a partir de acontecimientos recientes, símbolos, narrativas mediáticas y marcos interpretativos que seleccionan algunos hechos y dejan otros fuera del foco.

La lógica algorítmica acelera ese proceso. Un episodio aislado, un video viral o una declaración desafortunada pueden transformarse, en cuestión de horas, en la lente a través de la cual miles de personas interpretan a toda una sociedad.

Como ocurre con las reputaciones corporativas, la reputación de un país ya no se construye únicamente durante décadas: también puede fortalecerse o erosionarse en cuestión de horas. La historia aporta contexto; los algoritmos deciden qué parte de esa historia se vuelve visible.

Entonces, ¿existe un sentimiento antiargentino?

Si por antiargentinismo entendemos una estrategia internacional organizada, la evidencia disponible no permite afirmarlo.

Si, en cambio, hablamos de una disposición negativa alimentada por estereotipos, rivalidades deportivas, dominancia simbólica, schadenfreude y amplificación algorítmica, entonces sí existe un fenómeno digno de análisis.

La pregunta relevante no es solamente cuánto rechazo existe, sino cómo se produce y cómo se vuelve visible. Las percepciones internacionales nunca dependen exclusivamente de los hechos. También dependen de los relatos previos que permiten interpretarlos.

¿Qué refleja realmente el espejo argentino?

Argentina no se enfrenta únicamente a la imagen que otros construyen sobre ella. También convive con la imagen que históricamente produjo de sí misma. El excepcionalismo, el orgullo cultural, la centralidad del fútbol y la seguridad con la que el país suele narrarse forman parte de su capital simbólico. Y todo capital simbólico genera tanto adhesiones como resistencias.

Por eso, hablar exclusivamente de antiargentinismo puede resultar tranquilizador, pero analíticamente insuficiente. Desplaza toda la explicación hacia el exterior y transforma una red compleja de percepciones, comportamientos e incentivos en una acusación unilateral.

Quizás la pregunta más fértil sea otra: ¿cómo se construye hoy la reputación internacional de una nación cuando los medios compiten por atención, los algoritmos premian la polarización y millones de personas participan activamente en la producción y difusión de narrativas?

El espejo no devuelve una imagen objetiva. Ningún espejo social lo hace. Devuelve una composición hecha de historia, estereotipos, admiración, rivalidad, schadenfreude y economía de la atención.

Comprender ese mecanismo exige algo más difícil que defendernos o acusar a otros: exige reconocer cómo una conducta se transforma en símbolo, cómo un símbolo se convierte en relato y cómo ese relato termina condicionando la percepción de una sociedad entera.

Quizás el desafío para las sociedades contemporáneas ya no sea únicamente construir una buena reputación, sino comprender cómo esa reputación es reinterpretada de manera permanente por sistemas que premian la emoción antes que el contexto.

El algoritmo no necesita odiar a Argentina; solo necesita comprobar que el conflicto produce interacción.

Cada cierto tiempo un operativo nos recuerda que la pesca ilegal no es un problema menor ni pasajero. Esta semana fue Chimbote, con el desguace de tres embarcaciones que operaban bajo identidades clonadas y características alteradas. La noticia generó titulares, pero lo que realmente genera es el siguiente cuestionamiento: ¿qué tan sostenibles son las medidas aisladas cuando los vacíos legales y la insuficiente capacidad de fiscalización siguen permitiendo que los astilleros clandestinos se multipliquen en la costa peruana?

El caso ocurrido recientemente en Chimbote resulta revelador porque expone la sofisticación de las prácticas ilícitas. No se trataba de simples embarcaciones sin matrícula, sino de un esquema que utilizaba una misma identidad para extraer recursos de manera simultánea, burlando los sistemas de control y poniendo en riesgo la biomasa. La aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393, que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, permitió el desguace de motores y estructuras valorizadas en millones de soles, un paso importante que marca precedente. Sin embargo, la experiencia demuestra que clausuras aisladas suelen ser efímeras y que, al poco tiempo, los astilleros reabren con la misma maquinaria y bajo la misma lógica de ilegalidad.

El problema de fondo es institucional. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI, cumple un rol clave en el control marítimo y el registro de embarcaciones, pero sus competencias se ven limitadas cuando actúa en solitario. Para que las clausuras sean efectivas se requiere un operativo conjunto que involucre a la Policía Nacional, los gobiernos regionales, OEFA y el Ministerio de la Producción -PRODUCE. Solo con un frente común se puede garantizar que los cierres no sean gestos pasajeros, sino parte de una política sostenida.

La ausencia de control ha tenido también un impacto económico profundo. En el caso de las embarcaciones destinadas al consumo humano directo, la falta de fiscalización permitió que la flota ilegal duplicara a la legal, abasteciendo a las mismas plantas y provocando que el precio de la materia prima se redujera casi a la mitad . Las naves que habían invertido en cumplir la normativa quedaron desplazadas y muchas terminaron abandonando la pesquería. En ese escenario, los operadores ilegales ofrecían apenas una fracción del valor real de las embarcaciones, interesados únicamente en las licencias para blanquear su actividad. El Estado, al permitir que la informalidad creciera hasta ese nivel, dejó desprotegidos a quienes apostaron por la legalidad.

El cálculo es sencillo y alarmante. Hoy pugnan más de cinco mil embarcaciones por obtener su legalidad. Si cada una requiere treinta toneladas mensuales, la demanda supera el millón y medio de toneladas de cuota. Este número se traduce en una presión insostenible sobre la biomasa. El Estado sí aplicó límites en pesquerías como la merluza, la anchoveta, la anguila o el bacalao, pero la expansión descontrolada de la flota deja sin piso cualquier intento de ordenamiento.

El debate sobre la interdicción y los vacíos legales no es solo técnico. En el sector se advierte que cualquier intento de regularizar indiscriminadamente a quienes operan al margen de la ley equivale a legalizar a “Pepe el Vivo”. La expresión refleja el riesgo de premiar la informalidad y castigar a quienes invirtieron en cumplir la normativa. Si el Estado no logra diferenciar entre quienes apostaron por la legalidad y quienes se aprovecharon de los vacíos normativos, el mensaje será devastador: la viveza se convierte en estrategia de éxito y la formalidad en un camino de pérdida.

En otras palabras, el desafío consiste en equilibrar la eficacia en la lucha contra la pesca ilegal con el respeto al principio de legalidad, el derecho de propiedad y el debido proceso. En el marco de nuestra legislación, la interdicción de embarcaciones clonadas se ha convertido en una herramienta central para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Sin embargo, su aplicación debe estar respaldada por normas expresas y ejecutarse de manera coordinada entre PRODUCE, DICAPI, el Ministerio Público y las demás entidades competentes.

YPF acaba de presentar su último balance trimestral al 31/03/2026, en el que obtuvo un EBITDA Ajustado de USD 1.594 millones.

El resultado neto suele estar influido por distorsiones contables y no reflejar la realidad operativa neta de la empresa en análisis.

Es por este motivo que suele utilizarse preferentemente el EBITDA Ajustado, para mostrar, de una manera más realista, el flujo neto de ingresos correspondiente a los accionistas.

El EBITDA es una métrica que busca medir la capacidad de generación de caja del negocio operativo, sin tener en cuenta cuestiones financieras, contables o impositivas.

El EBITDA Ajustado detrae, además, resultados extraordinarios, no recurrentes o transitorios.

La empresa debería cotizar con un múltiplo de 4,5x, esto es, unos USD 18.000 millones.

Anualizando el número trimestral, podemos estimar un “valor justo” para la compañía, utilizando el ratio más habitual entre los analistas más avezados del mercado petrolero.

Se trata del EV/EBITDA, que es un múltiplo financiero que compara el valor total de una empresa (incluida su deuda) con su rentabilidad operativa, siendo una herramienta clave para evaluar si una compañía está cara o barata en relación con otras de su sector.

Si, en línea con el resultado trimestral, la empresa YPF obtuviera recurrentemente un EBITDA anual de 6.000 millones de dólares, su valor estimado oscilaría, bajo diferentes escenarios, entre 45 y 80 dólares por acción.

Este análisis tiene en cuenta que, empresas petroleras integradas como YPF, suelen tener múltiplos EV/EBITDA entre 4,5x y 7x, dependiendo de factores tales como riesgo país, precio internacional del petróleo, nivel de deuda, crecimiento esperado, calidad de reservas y exposición política, entre otros.

Bajo un escenario conservador, la empresa debería cotizar con un múltiplo de 4,5x, esto es, unos USD 18.000 millones.

Curiosamente (o no tanto), este número se asemeja a la realidad actual, en la cual, el precio unitario del papel se encuentra en los alrededores de 42,50 dólares.

El EV (Enterprise Value) se obtiene mediante el producto del precio por acción y el capital emitido y luego se suma la deuda financiera neta.

EV = 42,50 X 400 M + 10.000 M = U$S 27.000 M

Mediante el procedimiento inverso, utilizamos diferentes medidas de EV/EBITDA, y obtenemos así precios objetivos para el caso de que este múltiplo evolucione hacia cada uno de los valores indicados.

Con múltiplos de 4,5x 6x y 7x, un EBITDA de USD 6.000 millones y una deuda neta de USD 10.000, tenemos:

• 4,5 x 6.000 M – 10.000 M = 17.000 M/400 M = 42,50 Escenario conservador
• 6 x 6.000 M – 10.000 M = 26.000 M / 400 M = 65 Escenario Base
• 7 x 6.000 M – 10.000 M = 32.000 M / 400 M = 80 Escenario optimista

Que el precio actual sea similar al estimado bajo el escenario menos propicio, nos muestra que el mercado todavía aplica un descuento importante por:

• riesgo político argentino,
• litigio por la expropiación,
• control estatal,
• controles cambiarios históricos,
• incertidumbre macro.

Pero si Argentina se consolidara y alcanzara mejores valores macro, tales como:

• inflación más baja,
• mayor apertura financiera
• menor riesgo país,
• estabilidad regulatoria,
• crecimiento exportador de Vaca Muerta.

Entonces YPF podría empezar a cotizar con múltiplos más parecidos a los de otras petroleras latinoamericanas o productoras de petróleo no convencional norteamericanas o europeas. Los múltiplos EV/EBITDA actuales de algunas de las empresas petroleras integradas más conocidas, son los siguientes, según ranking y EV/EBITDA:

1. Chevron - 10,5x
2. Exxon Mobil - 10,1x
3. Repsol - 6–7x
4. Eni - 5–6x
5. YPF - 4, 5x
6. Shell - 3,9x
7. Petrobras - 3,8x
8. BP - 3,4x
9. Total Energies - 3,4x
10. Equinor - 2,5x

Del cuadro anterior podemos obtener algunas conclusiones interesantes:

Las petroleras estadounidenses como Exxon y Chevron cotizan con una prima enorme frente a las europeas y latinoamericanas.

• El mercado premia:

1. estabilidad jurídica,
2. recompra de acciones,
3. calidad del management,
4. menor intervención estatal.

• Las europeas sufren descuento por:

1. impuestos extraordinarios,
2. presión regulatoria,
3. menor crecimiento esperado.

• Petrobras e YPF cargan además con descuento político y riesgo país.

Lo llamativo es que YPF hoy ya no cotiza tan “barata” respecto de Petrobras o Shell. De hecho:

• Petrobras 3,8x
• Shell 3,9x
• YPF 4,5x.

Eso reflejaría que el mercado:

• le asigna valor muy importante a Vaca Muerta
• espera fuerte crecimiento de producción/exportaciones
• y descuenta una mejora macro argentina bajo Milei.

Si Argentina lograra normalización financiera plena y reducción fuerte del riesgo país, YPF podría aspirar eventualmente a múltiplos más cercanos a:

• Eni/Repsol: 6–7x,
• o incluso majors americanas: 8–10x.

Con EBITDA de USD 6.000 millones:

• a 5x → EV USD 30.000 millones - USD 50 por acción
• a 7x → EV USD 42.000 millones - USD 80 por acción
• a 10x → EV USD 60.000 millones - USD 125 por acción

Otro punto clave a considerar es que el EBITDA actual, seguramente no refleja el que la compañía, potencialmente, puede obtener en los próximos años.

No existe todavía un consenso serio y detallado de mercado con proyecciones públicas de EBITDA de YPF a diez años, como sí ocurre con Exxon o Chevron. La mayoría de los analistas trabaja con horizontes de 2–5 años debido al riesgo argentino y la volatilidad del petróleo.

Pero sí puede reconstruirse un rango razonable usando:

• guidance oficial de YPF
• informes de bancos
• proyecciones de producción de Vaca Muerta
• expansión exportadora
• proyectos LNG
• y comparables shale internacionales.

Los analistas optimistas de energía argentina (BTG, Adcap, Goldman) suelen trabajar implícitamente con tres escenarios, según EBITDA potencial:

• Conservador - USD 5–6 mil millones
• Base - USD 7–9 mil millones
• Optimista - USD 10–12 mil millones

La lógica detrás de las estimaciones más optimistas contempla que YPF está migrando aceleradamente hacia Vaca Muerta y la compañía habla de:

• duplicar producción respecto de 2023,
• exportar crecientemente vía VMOS,
• y concentrarse casi exclusivamente en shale.

Si Argentina alcanza:

• 1 millón bpd nacional,
• infraestructura exportadora plena,
• acceso a mercados globales,

YPF podría capturar una porción enorme del crecimiento exportador.

Por último, mediante el Proyecto Argentina LNG junto a Golar, Eni y otros socios locales, YPF estima exportaciones energéticas argentinas de USD 50.000 millones anuales hacia 2031.

Si el LNG efectivamente despega:

• YPF dejaría de ser solamente una petrolera argentina,
• y pasaría a parecerse parcialmente a una exportadora global de gas.

Ahí el EBITDA podría entrar en el rango de entre USD 10–15 mil millones, especialmente con Brent alto y gas internacional firme.

Este último caso, extremadamente alcista para YPF, podría esquematizarse de la siguiente manera:

• 8 x 10.000 M – 10.000 M = 70 MM/400 M = 175 ESCENARIO CONSERVADOR
• 10 x 12.000 M – 10.000 M = 110 MM/400 M = 275 ESCENARIO BASE
• 10 x 15.000 M – 10.000 M = 140 MM/400 M = 375 ESCENARIO OPTIMISTA

Los supuestos implícitos exigen una drástica disminución del Riesgo País, a niveles similares a estados vecinos, una recalificación alcista de EMBI+, baja inflación, crecimiento económico acelerado y un entorno macro amigable, con menor presión impositiva y regulatoria.

Es un escenario exigente, pero posible, aunque todavía lejano y altamente dependiente de política, infraestructura y precios internacionales.

Sin embargo, comprar ahora y mantener en cartera, podría ser una sabia decisión, llamada a proporcionar una elevada rentabilidad.

La demanda de perfiles especializados en infraestructura cloud creció un 34% en Argentina durante el último año, mientras que la oferta de profesionales con experiencia comprobable aumentó menos de la mitad de ese número.

Lo cierto es que cubrir una posición técnica especializada en el sector financiero puede llevar más de 90 días, un plazo que se extiende todavía más cuando se buscan conocimientos en infraestructura crítica, compliance y sistemas regulados.

Sin embargo, el problema no es únicamente la escasez de talento. El verdadero desafío es que el perfil que hoy necesita la industria financiera prácticamente no se forma de manera sistemática.

Durante años, las entidades buscaron ingenieros en sistemas, especialistas en infraestructura o profesionales con experiencia en servicios cloud. Hoy, eso ya no alcanza. La transformación digital del sector, la adopción creciente de arquitecturas en la nube y el peso cada vez mayor de las regulaciones dieron lugar a un nuevo tipo de profesional. Se trata de alguien capaz de combinar conocimientos técnicos de alto nivel con una comprensión profunda del funcionamiento de una organización financiera.

No se trata solamente de dominar AWS, Azure o herramientas de automatización. También es necesario entender qué implica operar un sistema que no puede detenerse, cómo diseñar arquitecturas con niveles mínimos de indisponibilidad, cómo proteger información altamente sensible y cómo garantizar que cada decisión técnica cumpla con exigencias regulatorias cada vez más complejas.

Ese conocimiento difícilmente puede adquirirse únicamente en una universidad. Las carreras de ingeniería ofrecen una formación sólida y constituyen una excelente base, pero los planes de estudio no pueden evolucionar al mismo ritmo que lo hacen las tecnologías ni anticipar las necesidades específicas de industrias como la financiera.

La especialización aparece, en la mayoría de los casos, cuando el profesional enfrenta problemas reales de producción, con millones de operaciones, disponibilidad y exigencias de seguridad que no admiten margen de error. A su vez, el otro vector de expertise, que podríamos resumir en “conocer del negocio”, también requiere del mismo factor “tiempo” y exposición que exigen las habilidades técnicas.

Experiencia fuera del aula

A pesar de lo dicho, debemos saber que Argentina cuenta con uno de los ecosistemas de talento tecnológico más reconocidos de la región. El país es uno de los principales exportadores latinoamericanos de servicios de software y miles de ingenieros participan diariamente en proyectos para empresas de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, esa fortaleza también alimenta el problema. Buena parte de los profesionales que adquieren experiencia en proyectos de infraestructura de gran escala lo hacen trabajando para compañías del exterior. Es decir, el talento existe, pero la experiencia específica que demanda el sistema financiero local suele desarrollarse fuera del propio mercado argentino.

La consecuencia es una brecha difícil de cerrar. Las entidades financieras terminan formando internamente a estos perfiles, un proceso que puede extenderse durante uno o dos años. En ese recorrido invierten tiempo de especialistas senior, recursos de capacitación y conocimiento crítico, con un riesgo adicional, y es que, una vez que el profesional alcanza el nivel esperado, las oportunidades internacionales suelen ofrecer condiciones más competitivas y aumentan las probabilidades de rotación.

Cuando esa formación interna no resulta viable, muchas organizaciones recurren a consultoras especializadas o simplemente postergan proyectos de modernización tecnológica por falta de capacidad técnica disponible. Son costos que rara vez aparecen reflejados en un balance, pero que impactan directamente sobre la velocidad de innovación, la resolución de incidentes y la capacidad de responder a un entorno regulatorio cada vez más exigente.

El desafío tampoco parece ser transitorio. El Foro Económico Mundial ya ubica a los especialistas en ingeniería cloud y DevOps entre los perfiles con mayor déficit de oferta a nivel global para los próximos años, una tendencia que también se refleja en Argentina.

La respuesta, entonces, probablemente no pase únicamente por formar más ingenieros, sino por generar más oportunidades para que esos profesionales acumulen experiencia en entornos desafiantes. Porque el mercado financiero ya no necesita solamente expertos en tecnología: necesita ingenieros capaces de entender que detrás de cada decisión de arquitectura hay operaciones, regulaciones y millones de usuarios que dependen de que un sistema simplemente nunca deje de funcionar.

El modelo: las emociones no distorsionan la razón, la activan

Las explicaciones tradicionales del comportamiento electoral tratan a las emociones como ruido u obstáculo que interfiere con el razonamiento ciudadano. La Teoría de la Inteligencia Afectiva (AIT), desarrollada por George Marcus, Russell Neuman y Michael MacKuen, invierte esa lógica: las emociones no son el problema del juicio político, lo impulsan y movilizan a la acción.

Esta teoría distingue dos sistemas afectivos que operan en paralelo. El primero es el sistema de disposición, asociado al entusiasmo: gobierna el comportamiento habitual, activa lealtades consolidadas y permite al ciudadano votar en “piloto automático” sin necesidad de deliberar. El segundo es el sistema de vigilancia, asociado a la ansiedad: se activa cuando el entorno político genera señales de amenaza o novedad, interrumpe el hábito y fuerza al ciudadano a buscar información y reevaluar sus opciones.

Pero no cualquier evento activa ese sistema de vigilancia. Para despertar ansiedad políticamente relevante, un suceso debe cumplir cuatro condiciones: tocar algo que el ciudadano valora (relevancia personal), ser una novedad, tratarse de una amenaza prospectiva (no de un daño ya consumado) y generar ambigüedad sobre cómo responder, “lo que empuja a buscar información y evaluar alternativas.”

La Libertad Avanza y el peronismo como objeto de ansiedad

De cara a 2027, la pregunta estratégica es simple: ¿quién tiene más capacidad de generar ansiedad en el electorado no cautivo y, por lo tanto, impulsar que una parte importante del votante independiente los vote? La respuesta, siguiendo este marco, favorece a La Libertad Avanza.

Para el segmento identificado con el PRO, un eventual triunfo peronista cumple las cuatro condiciones: es relevante, es novedoso (el peronismo / kirchnerismo fue derrotado por una figura nueva en la política), es prospectivo (todavía no ocurrió, todavía es evitable) y genera ambigüedad (¿cómo votar para evitar un regreso de ese espacio al poder?). Para una parte del segmento independiente también puede generar el mismo efecto: según nuestra encuesta nacional de mayo, para el 43% de los independientes el regreso del peronismo o del kirchnerismo sería un retroceso para Argentina. Por lo tanto, esta combinación podría activar en ambos segmentos el sistema de vigilancia y empujar a esos votantes a buscar el voto útil. “En un escenario polarizado entre LLA y el peronismo, la ansiedad antikirchnerista tiene un destino claro: Milei.”

Hay antecedentes empíricos de este mecanismo. A partir de un modelo predictivo, detectamos que el triunfo peronista en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025 funcionó exactamente así: reactivó la ansiedad en el electorado antiK y contribuyó a consolidar el voto negativo en octubre: votar para evitar un triunfo nacional de Fuerza Patria. La elección general fue, en parte, una respuesta afectiva a esa señal de alarma.

El problema estructural del peronismo: el daño ya está procesado

El peronismo enfrenta el obstáculo inverso. Para generar ansiedad hacia Milei en el segmento independiente necesita que el gobierno produzca un evento disruptivo, novedoso y prospectivamente amenazante. Pero el ajuste, la volatilidad económica y los conflictos institucionales de la gestión Milei ya fueron, en gran medida, procesados por ese electorado. En términos de la Teoría de la Inteligencia Afectiva, se trata de un “daño ya consumado”, el cual no activa el sistema de vigilancia: produce enojo o resignación, no ansiedad.

Además, en este caso, el segmento independiente puede tener a ambos actores como objetos de amenaza simultáneos (LLA y peronismo). Cuando el sistema de vigilancia detecta dos fuentes de peligro, la salida puede que no sea elegir al menos amenazante: puede ser la abstención o la búsqueda de un candidato outsider que no cargue con ninguno de los dos estigmas. “El PJ no es el beneficiario natural de la ansiedad hacia Milei —lo es quien logre ocupar ese espacio vacante con una propuesta creíble de estabilidad.” Puede llegar a serlo, pero para eso, necesita construirse también como una alternativa sólida y confiable.

Para que el independiente vote peronismo en 2027 tendrían que darse simultáneamente dos condiciones: que Milei genere una crisis nueva e inesperada que active la vigilancia con fuerza, y que el peronismo logre reducir su propio nivel de amenaza percibida. Sin ambas condiciones juntas, la ansiedad hacia Milei se convierte en abstención o voto outsider, no en voto peronista.

El otro escenario es si a los desilusionados del gobierno libertario (aquellos que lo votaron en 2023 y ahora lo rechazan), el hipotético triunfo de Milei en 2027 les pueda generar ansiedad para impulsarlos a los brazos electorales del candidato peronista. Mi hipótesis es que ese escenario todavía no está maduro. La caída en los índices de apoyo al gobierno se debe a la fuga del electorado PRO e independiente y no tanto a la fuga del votante duro mileísta. Y en segundo lugar, para inclinarse hacia la oferta peronista la deberían ver creíble o, al menos, una opción “menos mala” que Milei.

Conclusión: la ansiedad tiene dueño, por ahora

La Teoría de la Inteligencia Afectiva sugiere que en 2027 el activo electoral más valioso no es el entusiasmo —escaso en todos los espacios— sino la ansiedad que cada fuerza logra generar en el campo adversario. “En ese juego, La Libertad Avanza parte con ventaja: el peronismo sigue siendo el activador de ansiedad más potente del sistema político argentino, y mientras eso sea así, el voto de contención fluirá hacia Milei con independencia del nivel de entusiasmo que genere.”

El desafío del peronismo no es convencer —es desactivar el miedo que genera. Y el del oficialismo no es entusiasmar —es mantener al peronismo visible como amenaza. En una democracia donde pocos votan por algo y muchos votan contra algo, quien controla la agenda de la ansiedad controla la elección.

Cada 22 de julio, el Día Mundial del Cerebro nos recuerda que más de 3.400 millones de personas conviven con algún trastorno neurológico. En un escenario donde el daño cerebral es la primera causa de discapacidad global, la “neurorehabilitación” emerge no solo como un tratamiento, sino como la disciplina biológica que desafía los límites de la cronicidad.

Pesa apenas un kilo y medio, consume el 20% de la energía de todo el cuerpo y contiene cerca de 86.000 millones de neuronas interconectadas en una red eléctrica y química infinitamente compleja. El cerebro humano es la estructura más sofisticada del universo conocido, pero también una de las más vulnerables.

Bajo la consigna impulsada por la Federación Mundial de Neurología (WFN), “Acceso a la salud cerebral: para todos, en todas partes”, el Día Internacional del Cerebro de este año pone el foco en una cruda realidad epidemiológica: las enfermedades neurológicas ya no son condiciones aisladas; representan la principal causa de años de vida perdidos por discapacidad a nivel global.

Desde patologías de aparición súbita como el Accidente Cerebrovascular (ACV) —que afecta a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida— hasta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, o trastornos crónicos como la migraña y la epilepsia, el impacto en la autonomía de los pacientes y en sus entornos familiares es devastador.

La paradoja del daño cerebral: de la interrupción a la plasticidad

Cuando ocurre una lesión neurológica —ya sea por falta de oxígeno en un ACV, por un traumatismo craneoencefálico en un accidente automovilístico o debido al avance de una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple—, se produce una desconexión en los “cables” del sistema nervioso. Funciones que dábamos por sentadas, como el habla, la movilidad de un brazo, el equilibrio o la memoria, se interrumpen abruptamente.

Sin embargo, el cerebro posee un superpoder biológico que la medicina moderna ha aprendido a hackear: la neuroplasticidad.

La neuroplasticidad es la capacidad intrínseca del sistema nervioso para modificarse, crear nuevas conexiones sinápticas (puentes entre neuronas) y reorganizar sus circuitos en respuesta a una lesión, al aprendizaje o a los estímulos del entorno. El cerebro dañado busca, de forma natural, “rutas alternativas” para recuperar la información perdida.

Pero la neuroplasticidad es un arma de doble filo. Si el paciente no recibe los estímulos correctos, el cerebro puede “aprender” a compensar de forma errónea, consolidando patrones de movimiento o de conducta ineficaces. Es allí donde la medicina preventiva da paso a la medicina de la recuperación.

Neurorehabilitación: el arte de guiar la reconstrucción cerebral

La neurorehabilitación ya no se entiende como una simple “gimnasia” o terapia de apoyo para sobrellevar la discapacidad. Desde el enfoque neurocientífico actual, es un proceso terapéutico intensivo, transdisciplinar y guiado, diseñado específicamente para moldear la plasticidad cerebral de manera adaptativa o positiva.

Un programa de neurorehabilitación eficaz no depende de un solo especialista. Requiere la sincronía de un engranaje clínico complejo:

• Neurología y Fisiatría: evalúan el daño estructural, gestionan la medicación y pautan los objetivos clínicos.
• Kinesiología / Fisioterapia neurológica: estimulan la corteza motora a través del movimiento repetitivo, el equilibrio y la marcha.
• Terapia Ocupacional: traduce los logros físicos en autonomía real (vestirse, comer, cocinar, volver al trabajo).
• Fonoaudiología: clave para la afasia (pérdida del habla) y la disfagia (dificultad para tragar).
• Neuropsicología: aborda las secuelas cognitivas (atención, memoria, funciones ejecutivas) y el impacto emocional/conductual del paciente.

El factor tiempo: “El tiempo es cerebro”

Si en la fase aguda de un ACV cada minuto cuenta para salvar millones de neuronas de la necrosis (muerte celular), en la rehabilitación el factor tiempo también es crítico.

La ventana de máxima plasticidad cerebral suele abrirse con mayor intensidad durante los primeros seis meses posteriores al evento. Comenzar la rehabilitación de manera precoz —incluso cuando el paciente aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos— puede marcar la diferencia entre una dependencia severa y una vida con un alto grado de autonomía.

Sin embargo, el cerebro siempre puede seguir mejorando y es por ello que nunca es tarde para recuperarse.

El desafío global: equidad en el acceso

A pesar de los asombrosos avances tecnológicos en la materia —que hoy incluyen desde exoesqueletos robóticos y realidad virtual inmersiva hasta interfaces cerebro-computadora—, el verdadero reto del siglo XXI es social.

La brecha en el acceso a la atención neurológica y a centros especializados de rehabilitación sigue siendo abismal. Mientras que en los países de altos ingresos existen tratamientos de vanguardia a la vuelta de la esquina, en las regiones en desarrollo la falta de neurólogos y de cobertura de salud condena a millones de personas a una discapacidad permanente que podría haberse mitigado.

Cuidar el cerebro mediante hábitos saludables —control de la presión arterial, ejercicio físico, estimulación cognitiva y sueño reparador— es la primera línea de defensa. Pero cuando la línea se rompe, garantizar una neurorehabilitación digna, oportuna y especializada no es un lujo médico: es un derecho humano fundamental para devolverle la voz, el movimiento y la identidad a quienes el daño cerebral intentó silenciar.

*El autor es PhD. y director médico de Clínica ALCLA

El Perú enfrenta un estrés hídrico crítico. El país ocupa el puesto 66 en el ranking mundial de estrés hídrico de la ONU y figura entre los 30 con mayor presión sobre sus recursos de agua dulce, según ha advertido Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao. La paradoja peruana es conocida pero rara vez se traduce en políticas a la velocidad que el problema exige: el 70% de la población se concentra en la costa, una franja desértica que apenas recibe el 2% del agua disponible en el territorio nacional. Lima, una de las capitales más grandes del mundo asentadas en un desierto, es el caso más extremo de esa desigualdad. Cada habitante dispone en promedio de entre 90 y 125 metros cúbicos de agua al año, una fracción mínima del umbral de escasez que establece la Organización Mundial de la Salud.

Las cifras recientes confirman que el problema se agrava, no se estabiliza. El Instituto Nacional de Estadística e Informática reporta que la producción de agua potable en Lima Metropolitana ha venido disminuyendo desde 2024, incluso en meses de alta disponibilidad en el río Rímac, lo que apunta a problemas estructurales de gestión y no solo de disponibilidad natural. En zonas periféricas de la capital, la continuidad del servicio puede caer a cinco o seis horas diarias, frente a las 24 horas de distritos como Miraflores o Barranco, según ha explicado el Colegio de Ingenieros del Perú. Más de 11 millones de peruanos aún no acceden a un servicio adecuado de agua potable.

El cambio climático multiplica esta vulnerabilidad. El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el clima en América Latina y el Caribe en 2025 documenta un acelerado retroceso de los glaciares andinos, que abastecen de agua dulce a casi 90 millones de personas en la región. A ello se suman sequías persistentes y temperaturas récord, además de inundaciones que, solo en 2025, afectaron a más de 110.000 personas en Perú y Ecuador. La región ha registrado más de 2.300 desastres entre 2000 y 2024, con más de 320 millones de personas afectadas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Frente a este panorama, el Perú cuenta desde 2009 con la Ley de Recursos Hídricos (Ley N.° 29338), que declara de interés nacional la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica y crea a la Autoridad Nacional del Agua como ente rector único. El marco normativo existe; falta acelerar su implementación a nivel de cuenca, con participación real de gobiernos regionales, usuarios y comunidades. La seguridad hídrica no es solo un problema técnico de infraestructura: es, ante todo, un problema de gobernanza, de articulación entre Estado, academia, sector privado y sociedad civil.

Por eso el Foro Internacional 2026 de la Red RiesGIRD-ACC LAC, que reunirá a ESAN, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los días 2 y 3 de septiembre, dedica uno de sus cinco ejes a la gobernanza del agua y la seguridad hídrica. La región necesita espacios donde la evidencia científica, la experiencia institucional y el conocimiento ancestral se traduzcan en decisiones concretas. El reto no es solo entender por qué falta agua, sino construir, con urgencia, los mecanismos de gobernanza que permitan gestionarla de forma justa y sostenible para las próximas generaciones.

La era cuántica dejó de ser el futuro para convertirse en el presente.

Si bien las computadoras cuánticas prometen resolver problemas irresolubles hasta ahora y acelerar los avances científicos y tecnológicos en muchas áreas, también presentan una enorme amenaza a la seguridad de las comunicaciones en Internet. Por este motivo, los distintos países y organizaciones vienen creando planes y contramedidas a modo de recomendaciones para resistir a esta nueva amenaza.

En este último tiempo, estas medidas se aceleraron. El mes pasado y en pocos días, se produjeron varios anuncios relevantes que muestran la evidente aceleración: el debate ya no se centra solamente en investigación o estandarización de algoritmos, sino también en requisitos de certificación, planes formales de migración, compras públicas y obligaciones concretas para proveedores tecnológicos. La amenaza poscuántica está cada vez más cerca y la adopción de tecnologías de Criptografía Poscuántica (PQC) ya empieza a requerirse como obligación.

El 16 de junio de 2026, Francia anunció una medida significativa a través de la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información (Anssi ): a partir de 2027 dejará de certificar productos de ciberseguridad que no incorporen capacidades criptográficas resistentes a ataques cuánticos. La medida afecta especialmente al ecosistema de productos utilizados por el gobierno francés y por operadores de infraestructuras críticas, incluyendo comunicaciones, energía, finanzas, salud y transporte. Amssi además recomienda iniciar inventarios criptográficos, priorizar los casos de uso más críticos y evitar, hacia 2030, la adquisición de productos que no integren capacidades poscuánticas.

El debate ya no se centra solo en investigación o estandarización de algoritmos, sino también en requisitos de certificación y obligaciones concretas para proveedores tecnológicos

Por otra parte, Estados Unidos publicó la orden ejecutiva EO 14412 (22 de junio de 2026), en la que acelera la migración de los sistemas federales hacia algoritmos PQC estandarizados por el NIST. La orden exige responsables de migración, planes, priorización de sistemas críticos, transición de mecanismos de establecimiento de claves antes de fines de 2030 y transición de firmas digitales antes de fines de 2031. También prepara el camino para que los requisitos poscuánticos entren en contrataciones federales.

Estas iniciativas además, no aparecen aisladas. Canadá ya había publicado una hoja de ruta oficial para los sistemas no clasificados del gobierno, con planes iniciales desde abril de 2026, reportes anuales, migración de sistemas de alta prioridad antes de fines de 2031 y migración del resto antes de fines de 2035. Este enfoque es relevante porque pone el acento en algo que muchas organizaciones todavía no resolvieron: no se puede migrar lo que no se conoce. El documento indica que la primera y necesaria fase del complejo programa de migración, es la creación con prioridad absoluta e inmediata del inventario criptográfico.

En el Reino Unido, el NCSC (Centro Nacional de Ciberseguridad) también publicó una línea de tiempo clara: para 2028, objetivos definidos, inventario criptográfico y plan inicial; para 2031, primeras migraciones prioritarias; y para 2035, migración completa a PQC de sistemas, servicios y productos.

En Francia, a partir de 2027 dejará de certificar productos de ciberseguridad que no incorporen capacidades criptográficas resistentes a ataques cuánticos

Australia fue incluso más explícita desde el plano técnico-normativo. El “Information Security Manual” del ASD (Australian Signals Directorate) establece que algoritmos tradicionales de criptografía asimétrica vulnerables a computadoras cuánticas, no estarán aprobados más allá de 2030. Al mismo tiempo recomienda que el desarrollo o la compra de equipamiento, aplicaciones y librerías criptográficas que deban operar más allá de 2030 se haga con soporte para algoritmos poscuánticos aprobados por ASD.

En la Unión Europea, la Comisión Europea publicó la Recomendación 2024/1101, orientada a coordinar una transición poscuántica entre los Estados miembros, con foco en administraciones públicas, infraestructuras críticas, interoperabilidad, estándares comunes y planes nacionales. Luego, el 23 de junio de 2025, la UE publicó una hoja de ruta de alto nivel para sincronizar esa transición. No es una regulación directamente aplicable, pero sí una señal política y técnica clara.

Asia también está trabajando hace mucho en el tema, aunque todavía con menor nivel de presión regulatoria que en Francia, Estados Unidos o Australia. Japón creó una instancia interministerial para coordinar el uso de criptografía poscuántica en agencias gubernamentales y el CRYPTREC (Comités de Investigación y Evaluación de Criptografía) publicó guías técnicas específicas sobre PQC. Corea del Sur impulsa un plan nacional de transición y pilotos sectoriales, mientras que Singapur publicó un “Quantum-Safe Handbook” y un “Quantum Readiness Index” orientados especialmente a infraestructuras críticas y agencias gubernamentales.

Japón creó una instancia interministerial para coordinar el uso de criptografía poscuántica en agencias gubernamentales

En América Latina también empiezan a aparecer señales, aunque todavía con menor nivel de exigencia. Uruguay incluyó en su Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030 una acción específica para identificar las necesidades de las infraestructuras de información críticas respecto de la criptografía poscuántica y desarrollar un plan de transición. Brasil, por su parte, creó en 2026 un grupo de trabajo técnico para estudiar y proponer la implementación de criptografía poscuántica en la ICP-Brasil (Instituto de Claves Públicas), incluyendo diagnóstico de riesgo cuántico, plan de migración, criterios de priorización y posibles actualizaciones normativas.

Ya no a nivel países sino a nivel de organizaciones internacionales, el mismo patrón empieza a observarse en sectores como el financiero global. El G7 Cyber Expert Group publicó a principios de este año una hoja de ruta para la migración a criptografía resistente a ataques cuánticos. No fija expectativas regulatorias formales, pero alinea a bancos centrales, reguladores y entidades financieras con fases de inventario, evaluación, planificación, ejecución, pruebas y monitoreo, y horizontes de 2035 en general y 2030-2032 para los sistemas más críticos.

A esto se suman acciones observadas en plataformas estratégicas. Un ejemplo es Swift, la red global de mensajería financiera a través de la cual se hace la mayor parte de las órdenes de pago internacionales, que anunció el 2 de octubre de 2025 en el Swift Operations Forum que el sistema SwiftNet 8.0 estará disponible en 2027 con soporte para criptografía poscuántica, acompañado por una ventana de migración prevista de 15 meses para sus participantes. Este tipo de decisión no funciona como una regulación, pero sí como una señal de infraestructura: cuando una plataforma crítica cambia su stack criptográfico, todo su ecosistema debe prepararse.

El G7 Cyber Expert Group publicó a principios de este año una hoja de ruta para la migración a criptografía resistente a ataques cuánticos

La lectura común es clara: Francia empuja desde la certificación de productos, Estados Unidos desde la política federal y las compras públicas, Canadá y Reino Unido desde roadmaps gubernamentales, Australia desde criterios técnicos de aprobación criptográfica, la Unión Europea desde la coordinación regional, Asia y América Latina desde estrategias nacionales y planes incipientes de transición, y el sector financiero desde la gestión sistémica del riesgo.

Si bien todavía no existen computadoras cuánticas capaces de comprometer a gran escala los algoritmos criptográficos de clave pública actualmente desplegados, el problema ya no puede analizarse tomando como punto de partida esa posible fecha. El riesgo empieza antes: con datos que deben permanecer confidenciales durante muchos años, productos que se compran hoy y seguirán instalados después de 2030, y tecnologías como PKI, VPNs, HSMs, certificados, firmware, firmas de código, TLS, IPsec, autenticación de dispositivos y sistemas embebidos cuya renovación puede requerir ciclos largos.

La amenaza de tipo HNDL (Harvest Now, Decrypt Later , Cosechá hoy, descifrá más tarde) hace que los adversarios no necesiten esperar a tener una computadora cuántica madura para generar impacto. Pueden capturar tráfico cifrado hoy, almacenarlo y descifrarlo en el futuro si la información sigue teniendo valor. Por eso los sectores con información sensible de largo plazo aparecen primero en las hojas de ruta.

La criptografía poscuántica dejó de ser un tema exclusivamente técnico y empieza a convertirse en un asunto de gestión de riesgo, arquitectura, adquisiciones y cumplimiento

Para los responsables de ciberseguridad de las organizaciones, el mensaje es directo: la criptografía poscuántica dejó de ser un tema exclusivamente técnico y empieza a convertirse en un asunto de gestión de riesgo, arquitectura, adquisiciones y cumplimiento. El foco hoy es el de determinar qué activos dependen de criptografía vulnerable, qué proveedores soportarán PQC, qué contratos deberán actualizarse, qué productos podrían quedar fuera de certificación y qué capacidad real tiene la organización para migrar sin romper la interoperabilidad ni afectar requisitos operativos o regulatorios.

La era poscuántica no empieza el día en que una computadora cuántica rompa RSA. Empieza antes: cuando gobiernos, reguladores, proveedores, plataformas críticas y operadores de infraestructura comienzan a exigir planes, fechas, inventarios y productos compatibles con esa transición.

Ese día ya llegó.

En los últimos días se instaló la idea de que "Buenos Aires compite o desaparece" a partir del impacto que la inteligencia artificial tendrá sobre las ciudades. Más allá de la provocación del título, vale aprovechar el debate para mirar el panorama completo. El desafío no es únicamente la IA: es la economía basada en el conocimiento, uno de los principales motores del crecimiento global.

La Argentina acaba de superar los US$10.000 millones anuales en exportaciones de servicios basados en el conocimiento, consolidando al sector como el tercer complejo exportador del país. Una parte sustancial de ese valor se genera en la Ciudad de Buenos Aires. Y no hablamos solo de empresas tecnológicas: también forman parte de esta economía los servicios profesionales, financieros, jurídicos, contables, creativos y de consultoría.

¿Qué hace competitiva a una ciudad en el siglo XXI? La conectividad, el talento y reglas de juego que favorezcan la innovación. Buenos Aires reúne esas condiciones. Cuenta con universidades de excelencia, capital humano altamente calificado, infraestructura digital y un ecosistema emprendedor consolidado que permite transformar ideas en empresas con proyección global.

Además, la Ciudad dispone de un conjunto de políticas que muchas veces pasa inadvertido: promoción para actividades de la economía del conocimiento, exportación de servicios con alícuota cero de Ingresos Brutos, exenciones para profesionales, mecenazgo científico, distritos de innovación, el Parque de Innovación, nuevos regímenes de inversión y una estrategia creciente de incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública y la formación de talento. Siempre hay margen para mejorar, pero desconocer estos avances impide tener un diagnóstico completo.

Ahora bien, también existe una deuda pendiente que limita la competitividad porteña: la ausencia de una zona franca para la exportación de servicios. Mientras países como Uruguay y Chile ofrecen incentivos que atraen empresas, inversiones y talento, la Ciudad continúa sin acceder a una herramienta que viene solicitando desde hace décadas. No se trata de inventar modelos nuevos, sino de adoptar instrumentos que ya demostraron ser efectivos en la región.

Por eso, más que discutir si hace falta una ley específica sobre inteligencia artificial, conviene concentrarse en aquello que realmente impulsa el desarrollo: menos burocracia, menor presión tributaria, reglas estables y herramientas que permitan competir globalmente. En buena medida, la Ciudad ya viene avanzando en esa dirección.

El paso que falta depende del Gobierno nacional: autorizar una zona franca para servicios fortalecería el liderazgo de Buenos Aires como hub regional de innovación y economía del conocimiento. Incluso podría convertirse en un modelo replicable para otras provincias, potenciando el talento argentino con una mirada verdaderamente federal.

Buenos Aires tiene el talento, el ecosistema y la vocación para liderar. Con las herramientas adecuadas, puede consolidarse como una de las grandes capitales de la economía del conocimiento en la región.

Hay algo que ocurre cada cuatro años y que después desaparece como si nunca hubiera existido.

Durante un mes dejamos de preguntarnos qué nos separa.

Y empezamos a descubrir todo lo que todavía nos une.

Una camiseta.

Un abrazo.

Un gol.

Un silencio.

Una lágrima.

Eso consiguió esta Selección.

Mucho más que llegar a una final.

Nos recordó que todavía somos capaces de sentir todos al mismo tiempo.

Y eso, en la Argentina de hoy, no es poco.

Es enorme.

Perdieron una final.

Sí.

Pero no perdieron el respeto de nadie.

Porque hay equipos que ganan copas.

Y hay equipos que dejan huellas.

Esta Selección deja una huella.

Por su fútbol.

Pero, sobre todo, por sus valores.

Por la cultura del esfuerzo.

Por el sacrificio silencioso.

Por la disciplina.

Por la humildad.

Por esa costumbre tan poco frecuente de hablar menos y hacer más.

Las lágrimas de Lionel Scaloni no fueron las de un técnico derrotado.

Fueron las de un hombre que sabía que ya no tenía nada más para dar.

Las de Lionel Messi tampoco fueron solo las de un futbolista.

Fueron las lágrimas de alguien que sintió que millones de argentinos estaban llorando con él.

Y era verdad.

Lloramos todos.

Porque cuando un equipo representa tanto, el resultado deja de ser apenas un resultado.

Muchos sentimos que el partido contra Inglaterra había tenido un significado distinto.

Especial.

Profundo.

Cuando aquella bandera gigante con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” apareció en la tribuna, entendimos que había emociones que iban mucho más allá del fútbol.

No era revancha.

No era política.

Era memoria.

Era identidad.

Era pertenencia.

Por eso nadie debería confundir orgullo con conformismo.

No estamos felices por perder.

Estamos orgullosos de quienes nos representaron.

Hay una diferencia enorme.

Ellos no nos deben explicaciones.

No nos deben disculpas.

No nos deben absolutamente nada.

Nos regalaron algo infinitamente más valioso que un resultado.

Nos devolvieron una emoción colectiva.

Durante más de un mes fuimos un país que discutía de fútbol.

Que esperaba el mismo partido.

Que gritaba los mismos goles.

Que lloraba las mismas derrotas.

Quizás ahí haya una enseñanza.

Si pudimos sentir juntos durante un mes…

¿Por qué nos cuesta tanto construir juntos el resto del año?

Gracias, Selección.

Gracias por el ejemplo.

Gracias por la dignidad.

Gracias por competir hasta el final.

Y gracias por recordarnos que, cuando la Argentina encuentra un motivo común, sigue siendo capaz de emocionarse como un solo pueblo.

Eso no entra en ninguna vitrina.

Pero permanece para siempre en la memoria.

Cada 22 de julio celebramos el Día Mundial del Cerebro. Habitualmente aprovechamos esta fecha para hablar de enfermedades neurodegenerativas, prevención o hábitos saludables. Sin embargo, en esta ocasión, quisiera proponer otra mirada. Porque, tal vez, la pregunta más importante ya no sea únicamente cómo funciona nuestro cerebro, sino qué hacemos con la inteligencia que somos capaces de generar.

Vivimos una época extraordinaria: nunca antes la humanidad produjo tanto conocimiento ni desarrolló tecnologías con semejante capacidad de transformar nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial, la biotecnología, la medicina personalizada o las nuevas herramientas de análisis de datos ya dejaron de ser promesas del futuro: forman parte del presente y modifican la manera en que investigamos, trabajamos, aprendemos e incluso tomamos decisiones.

Frente a este escenario, muchas veces el debate se concentra en la tecnología. Pero quienes trabajamos en ciencia sabemos que el verdadero diferencial sigue estando en las personas. Las herramientas evolucionan a una velocidad enorme; no obstante, la capacidad de hacer buenas preguntas, conectar disciplinas, interpretar resultados y encontrar soluciones relevantes continúa siendo profundamente humana.

En nuestro equipo biotecnológico utilizamos inteligencia artificial prácticamente todos los días. Nos ayuda a analizar información, revisar bibliografía científica y acelerar procesos que antes llevaban semanas. Es una aliada extraordinaria, pero ninguna plataforma reemplaza la curiosidad, la observación y la capacidad de formular la pregunta adecuada. Porque la ciencia no consiste solamente en encontrar respuestas: empieza por hacerse mejores preguntas. De hecho, en mi trabajo investigando compuestos bioactivos derivados de erizos de mar para aplicaciones en salud humana compruebo que los avances científicos nacen cuando alguien se anima a explorar caminos nuevos, conecta conocimientos que parecían no tener relación y persevera frente a la incertidumbre. Muchas veces, los descubrimientos más importantes aparecen precisamente donde nadie estaba mirando.

Por eso, insisto en que el principal desafío de esta nueva era no es tecnológico. Es humano. Necesitamos formar personas capaces de pensar críticamente, trabajar en equipos interdisciplinarios, aprender durante toda la vida y transformar conocimiento en soluciones concretas. Hoy, la innovación ya no puede entenderse como el resultado exclusivo del laboratorio: requiere universidades, empresas, organismos públicos y emprendedores trabajando de manera articulada.

Argentina posee uno de los recursos más valiosos para enfrentar este escenario: su capital humano. Contamos con investigadores y universidades reconocidas internacionalmente, emprendedores en ciencia y tecnología inquietos y pujantes y empresas capaces de competir en los mercados más exigentes. El desafío, entonces, pasa por construir los puentes necesarios para que ese conocimiento se transforme en desarrollo y oportunidades.

La inteligencia artificial seguirá creciendo y probablemente transforme muchas tareas que hoy realizamos de manera habitual. Pero también nos obliga a desarrollar aquello que ninguna tecnología puede ofrecer por sí sola: pensamiento crítico, creatividad, sensibilidad para comprender problemas complejos y capacidad para colaborar con otros.

Quizás esa sea la mejor manera de celebrar el Día Mundial del Cerebro: no solo promoviendo hábitos para cuidar nuestra salud cerebral, sino también reconociendo el enorme potencial que tiene la inteligencia humana cuando se pone al servicio del bien común. Porque el futuro no dependerá únicamente de las tecnologías que seamos capaces de desarrollar, sino de cómo decidamos utilizarlas para construir una sociedad con más oportunidades para todos.

“Del segundo no se acuerda nadie”. “Ser primero no es lo importante, es lo único”. “¿Vos sabés quién llegó a América después de Colón? Yo no”.

Con estas frases, popularizadas por Carlos Salvador Bilardo, se sintetiza una concepción del alto rendimiento en la que la competencia profesional parece orientarse exclusivamente a ganar y donde el reconocimiento histórico queda reservado únicamente al campeón.

Esa mirada caló hondo en nuestra cultura. Trascendió el deporte de elite y se instaló también en las escuelas, en los clubes y hasta en nuestras conversaciones cotidianas. Repetimos esas máximas con cierto orgullo, como si nuestra grandeza dependiera exclusivamente del primer puesto. Poco a poco nos volvimos exitistas y resultadistas, reduciendo el valor del deporte a aquello que indica un marcador.

Dentro de esa narrativa, son muchos los deportistas que se quitan la medalla de plata apenas terminada una final. Perder en el punto más alto de la exigencia emocional puede ser devastador. Sin embargo, lo curioso es que el deporte, en su versión más exitista, suele aplaudir esos gestos. Los transforma en símbolos de ambición, hambre de gloria y mentalidad ganadora. Se celebra la incomodidad ante la derrota como si fuera un deber moral: “Si no ganás, no sos nada”. De esa lógica nacen relatos que asocian el valor del deportista únicamente al resultado final.

Pero algo cambió.

En la premiación de la final frente al seleccionado español, los jugadores argentinos se colgaron la medalla. Con tristeza, sí. Pero sin despreciarla. Con el dolor lógico de la derrota, pero también con la satisfacción de haber entregado todo y la convicción de haber ofrecido su mejor versión. Nos recordaron que existe otro modo posible de pararse frente al resultado. No como único juez del mérito, sino como una parte de un recorrido con valor propio.

Tal vez esta haya sido la última gran lección de la Scaloneta.

Durante ocho años, este equipo ganó y ganó, cosechando títulos y alegrías inolvidables. Esta vez también nos mostró que se pierde. Que la derrota forma parte del juego y de la vida. Ese no es el problema. No se trata solamente de ganar o perder, sino de quiénes somos en esa búsqueda. Mientras la derrota puede vivirse como un logro pendiente de realización, el sentido de lo compartido, de lo aprendido y de los vínculos construidos permanece mucho después del resultado.

No sabemos qué ocurrirá en el futuro. Seguramente será muy difícil volver a construir un equipo semejante, especialmente cuando Lionel Messi ya no esté dentro de la cancha. Pero nada volverá a ser igual. Lionel Scaloni no solo cosechó títulos, sino que dejó una nueva manera de concebir el deporte, no solo el fútbol. Tejió una trama de valores sobre la que entrenadores, docentes, dirigentes y formadores podremos seguir construyendo. Nos confirmó que el alto rendimiento no tiene por qué alejarnos de lo humano; que la verdadera fortaleza nace de la comunidad antes que del individualismo; que la esperanza consiste en seguir buscando aun cuando todo parece perdido; que se puede tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra; que el talento necesita del trabajo cotidiano para desplegarse y que el disfrute no es la recompensa del éxito, sino el motor que muchas veces lo hace posible.

Después del partido, mientras volvía a casa en auto junto a mi familia, me fui encontrando, esquina tras esquina, con vecinos que parecían celebrar algo. Más tarde vi el Obelisco repleto de gente. Acabamos de perder una final del mundo. Entonces, ¿qué estamos celebrando?

Creo que no es una medalla. Es otra cosa. Lo auténtico se reconoce. Lo verdadero se asimila y se contagia. No es solamente una multitud agradeciendo los títulos obtenidos durante estos años, sino la celebración de una manera de competir, de vincularse y de caminar por la vida.

Gracias, Scaloni, cuerpo técnico y jugadores, por inspirarnos y animarnos a pensar y construir proyectos deportivos que no renuncian a la búsqueda de resultados, pero que sobre todo comprendan que su misión más profunda es formar personas, desarrollar virtudes y fortalecer comunidades.

Ganar es maravilloso claro. Pero todavía más valioso es quiénes nos convertimos en el camino hacia ese logro. Gracias, Scaloneta, por las inmensas alegrías que nos regalaron durante estos años. Pero, sobre todo, gracias por dejarnos algo que trasciende cualquier Copa: un nuevo camino para entender el deporte.

Quizás Bilardo tenga razón. Tal vez, con el tiempo, pocos recuerden quién fue el subcampeón del Mundial 2026, del mismo modo que casi nadie sabe quién llegó a América después de Colón. Pero eso ya no es lo importante. El verdadero legado de este equipo nunca estuvo en el lugar que ocupó en un podio, sino en el camino que eligió recorrer para llegar hasta allí. Los títulos se festejan. Las lecciones, en cambio, nos acompañan para siempre.

El Gobierno muestra como uno de los logros más importantes de su gestión el superávit fiscal. La razón está fundada en que, al no haber déficit fiscal, el BCRA no emite pesos para financiar al Tesoro y esto permite frenar la inflación.

El razonamiento es absolutamente válido, aunque incompleto, porque hay dos puntos a considerar: 1) el déficit fiscal no es la única causa de la emisión monetaria y 2) la forma en que se está logrando el equilibrio fiscal.

Desde el punto de vista monetario, el BCRA no emite solo para financiar al Tesoro, que de hecho lo acaba de hacer al emitir $ 24,4 billones por transferencia de utilidades. La forma correcta de transferir utilidades es vendiendo el o los activos que generaron esa utilidad y, con el producido, transferirle las utilidades al Tesoro. Acá lo que se hizo fue emitir moneda para transferir utilidades.

Aclaro que este punto de transferencias de utilidades lo reconoce hasta el mismo gobierno en su proyecto de nueva Carta Orgánica del BCRA, cuando establece fuertes restricciones a la transferencia de utilidades.

Desde el punto de vista monetario, el BCRA no emite solo para financiar al Tesoro, que de hecho lo acaba de hacer al emitir $ 24,4 billones por transferencia de utilidades

Pero, volviendo a los factores de expansión monetaria, el BCRA también emite cuando compra dólares en el mercado. Basta con ver el informe monetario diario del BCRA para advertir que hay una importante expansión de pesos para comprar dólares.

Si no hay demanda para esos pesos emitidos, por más que sean para comprar dólares, hay un impacto inflacionario.

De hecho, la base monetaria aumentó 347% desde que llegó este gobierno. Tomando la expansión primaria de moneda, el circulante en poder del público creció 360% y los depósitos por encajes bancarios subieron 362%. Es más, el IPC aumentó 320 por ciento.

Considerando que el aumento del circulante es punta contra punta y que la variación del IPC es un promedio mensual, la correlación entre ambos indicadores es bastante cercana a una correlación perfecta. No debe extrañar, entonces, que al Gobierno le cueste tanto bajar la inflación a niveles que empiecen con un 0 mensual.

No debe extrañar, entonces, que al Gobierno le cueste tanto bajar la inflación a niveles que empiecen con un 0 mensual

Otro factor de expansión monetaria es cuando el BCRA emite para asistir a los bancos ante una “corrida” contra los depósitos, algo que no ocurrió durante este gobierno.

Aclarado el primer punto y yendo al superávit fiscal, lo que se observa es que en junio el Tesoro tuvo déficit primario y financiero. Obviamente que ese resultado se explica en gran medida por el pago del medio aguinaldo. Si se mira el primer semestre, hay superávit en las dos mediciones, pero tomando la base caja.

Si se mira la base devengada, que incluye gastos realizados y no pagados, se ves que en el primer semestre hubo superávit primario y déficit financiero a pesos constantes, con un dato a tener en cuenta: los ingresos impositivos caen 8,6% real y los gastos corrientes crecen 1,8 por ciento.

La caída de los ingresos por comercio exterior no se debe solo a la baja de algunas retenciones; también influye la baja en las importaciones, que afecta el cobro de derechos por compras en el exterior.

Por el lado de los aportes y contribuciones patronales, en el primer semestre se observa una baja de 5,7% y de 4,6% en términos reales, respectivamente.

Al funcionar solo cinco sectores de la economía y el resto estar estancado o en baja, la recaudación tiende a disminuir

El problema que se presenta es que, al funcionar solo cinco sectores de la economía y el resto estar estancado o en baja, la recaudación tiende a disminuir y el flanco fiscal se hace más difícil de sostener.

El Gobierno ve como algo positivo que esté aumentando el empleo informal. Sostiene: si bien es cierto que el empleo formal cayó en 220.000 puestos de trabajo desde que Milei llegó al gobierno, al mismo tiempo el trabajo informal aumentó en 630.000 puestos, con lo cual registró un saldo neto positivo de 400.000 empleos.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, el trabajo informal es del 44,2% del total. ¿Es este dato un problema? Sí, porque al disminuir los aportes y contribuciones al Sistema de la Seguridad Social sobre la masa salarial y crecer el empleo en negro, se desfinancia el sistema previsional, el cual ya está colapsado en el mundo y aquí, en particular, porque el kirchnerismo hizo ingresar al sistema más gente de la que había aportado.

El problema del rumbo económico se agrava con el atraso del tipo de cambio y la “licuación” de los salarios reales, porque cae el consumo, cierran empresas, disminuye el nivel de actividad y con ello cae la recaudación y se hace más complicado sostener el superávit fiscal, dificultad que aumenta si se computaran los egresos devengados por los intereses de Lecap, Boncap y demás instrumentos que usa el Tesoro para absorber parte de la emisión monetaria que hace el BCRA para comprar dólares.

Al tener en funcionamiento solo cinco sectores y el resto sobreviviendo o achicándose, el problema es que esas actividades expansivas (agricultura, minería, pesca, energía e intermediación financiera) ocupan solo 9,3% de los empleados formales del sector privado.

La solución está en liberar el mercado de cambios del cepo a las empresas, permitirles girar las utilidades acumuladas hasta 2025 y dejar flotar el tipo de cambio libremente

Por eso, aunque el promedio de la actividad económica muestre aumento, la gente no siente que le llegue al bolsillo y tiene miedo a perder el empleo.

Mi visión es que la solución está en liberar el mercado de cambios del cepo a las empresas, permitirles girar las utilidades acumuladas hasta 2025 y dejar flotar el tipo de cambio libremente, sin intervenciones del BCRA con ventas de futuros y del Tesoro con sus ventas de bonos ajustables por la evolución del tipo de cambio.

De ese modo, se daría el primer paso para terminar con la distorsión de precios relativos que genera el intervencionismo cambiario y pone en jaque el equilibrio fiscal.

Las empresas de América Latina enfrentan hoy un desafío que, a primera vista, parece contradictorio. Por un lado, necesitan fortalecer su capacidad para retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo. Y por otro, deben hacerlo en un contexto de creciente presión sobre los costos asociados a beneficios y compensaciones.

La reciente Encuesta de Beneficios de Gallagher, en su edición LATAM ofrece algunas pistas sobre cómo está evolucionando esta discusión. El estudio recoge información de 19 países de la región e incorpora perspectivas de especialistas de Perú, México, Colombia y Brasil, y revela que el 64% de empleadores identifica la retención de talento como uno de sus principales desafíos, por encima incluso de la atracción de talento (44%).

El dato refleja un cambio en las prioridades empresariales: más que incorporar nuevos colaboradores, las organizaciones buscan preservar capacidades críticas, conocimiento institucional y experiencia acumulada, activos cuya pérdida suele traducirse en mayores costos de reemplazo, periodos de adaptación más largos y una menor continuidad operativa.

Sin embargo, la respuesta ya no parece estar en ampliar beneficios de manera indiscriminada. El mismo estudio muestra que el 51% de empleadores considera los costos de beneficios como uno de sus principales desafíos. En otras palabras, las organizaciones necesitan fortalecer su propuesta de valor, pero también administrar sus recursos con mayor eficiencia.

Este escenario está impulsando una transformación silenciosa en la forma de entender los beneficios laborales. Durante décadas, muchas empresas diseñaron programas relativamente uniformes para toda su fuerza laboral. Hoy, ese enfoque comienza a mostrar limitaciones. Las necesidades de un profesional que recién inicia su carrera difícilmente serán las mismas que las de un colaborador con responsabilidades familiares, objetivos financieros distintos o prioridades relacionadas con salud y bienestar.

Esta transición todavía está en una etapa temprana. El 73% de las organizaciones mantiene beneficios estandarizados para la mayoría de sus colaboradores. Sin embargo, la tendencia empieza a moverse en otra dirección: el 42% evalúa realizar cambios en sus programas durante los próximos años, mientras que el 10% ya ofrece beneficios flexibles en múltiples categorías y otro 15% lo hace en algunas categorías.

Más que ofrecer una mayor cantidad de beneficios, el desafío parece orientarse a ofrecer beneficios más relevantes. En ese contexto, el bienestar, la flexibilidad y la experiencia del colaborador están ganando protagonismo dentro de las estrategias empresariales.

La encuesta muestra que el 65% de las organizaciones invierte en iniciativas de bienestar para fortalecer el compromiso de sus colaboradores, mientras que el 64% busca mejorar su experiencia dentro de la empresa y el 39% impulsar la productividad. El bienestar deja de percibirse únicamente como un beneficio complementario y comienza a formar parte de una estrategia más amplia vinculada al desempeño, la permanencia y la sostenibilidad de la fuerza laboral.

La gestión del talento está atravesando una transformación que va más allá de los beneficios, la flexibilidad o la tecnología. Lo que está en juego es la capacidad de las organizaciones para adaptarse a una fuerza laboral que evoluciona más rápido que las prácticas tradicionales de gestión.

Las enfermedades no transmisibles representan uno de los principales desafíos sanitarios del Perú. Patologías como las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares afectan a millones de personas y ejercen una presión creciente sobre hospitales, profesionales de la salud y presupuestos del sistema sanitario.

La tecnología médica ha sido históricamente una herramienta fundamental para mejorar la atención sanitaria. Permite diagnósticos más precisos, tratamientos para enfermedades complejas, procedimientos menos invasivos y un mejor monitoreo de condiciones crónicas, contribuyendo a una mayor calidad de vida y autonomía para los pacientes. Su impacto también se refleja en el desempeño del sistema de salud, al ayudar a prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones evitables, optimizar el uso de camas de cuidados intensivos y mejorar la eficiencia de las salas de operaciones, permitiendo que los equipos clínicos concentren sus esfuerzos donde más se necesitan.

Hablar de acceso a tecnología médica implica analizar cómo identificar aquellas soluciones que responden a necesidades sanitarias concretas y cómo asegurar que estén disponibles de manera oportuna y sostenible para los pacientes que pueden beneficiarse de ellas. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de construir las condiciones necesarias para que las innovaciones con valor demostrado puedan traducirse efectivamente en mejores resultados de salud.

Ese es uno de los desafíos más relevantes que enfrenta actualmente el sistema de salud peruano. Entre la generación de evidencia clínica y la atención efectiva intervienen procesos regulatorios, de evaluación sanitaria, codificación, financiamiento, adquisición y desarrollo de capacidades. Cuando estos componentes avanzan sin la suficiente coordinación, tecnologías con valor clínico demostrado pueden enfrentar retrasos para incorporarse a la práctica asistencial y llegar a quienes más las necesitan.

Las consecuencias trascienden la disponibilidad de una tecnología. También pueden traducirse en diagnósticos más tardíos, complicaciones prevenibles, estancias hospitalarias más prolongadas y una utilización menos eficiente de recursos que ya son escasos.

El Perú ha realizado avances importantes para fortalecer la toma de decisiones basada en valor, tanto a través de inversiones en equipamiento como mediante la incorporación de herramientas de evaluación económica y, en determinadas áreas, de enfoques multicriterio. Estos progresos reflejan una evolución positiva del sistema y generan una base sólida para seguir avanzando.

El desafío ahora no es únicamente generar innovación, sino fortalecer la articulación del ecosistema para que las tecnologías médicas puedan incorporarse de manera más coordinada, predecible y oportuna. Consolidar una ruta de adopción más clara y alineada con las necesidades sanitarias permitirá que las innovaciones con valor demostrado lleguen a los pacientes en el momento en que pueden generar un mayor impacto.

En el caso de los dispositivos médicos, este desafío presenta características particulares que ameritan una reflexión específica. A diferencia de otras tecnologías sanitarias, la innovación suele ser continua e incremental, incorporando mejoras sucesivas que optimizan resultados clínicos, seguridad y eficiencia operativa. Muchas de estas tecnologías generan valor no solo por sus características clínicas, sino también por la forma en que transforman los procesos asistenciales, fortalecen las capacidades de los equipos de salud y contribuyen a una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Esto requiere mecanismos de evaluación e incorporación capaces de reconocer adecuadamente estas particularidades y su aporte al sistema de salud.

Por ello, resulta fundamental ampliar la discusión sobre cómo evaluar el valor de los dispositivos médicos más allá de la inversión inicial. En muchos casos, una tecnología que implica una inversión al inicio puede representar una decisión más eficiente para el sistema en el medio y largo plazo.

Asimismo, es necesario abordar las brechas territoriales que persisten en el acceso a atención especializada. La concentración de capacidades tecnológicas y procedimientos complejos en centros urbanos limita las oportunidades de atención. Avanzar hacia una mayor equidad requiere fortalecer redes asistenciales, desarrollar capacidades profesionales, mejorar los mecanismos de derivación e impulsar modelos de atención sustentados en tecnología capaz de acercar soluciones de calidad a distintas regiones del país.

En este contexto, cobran especial relevancia los espacios que combinan actualización científica, entrenamiento práctico y diálogo sobre acceso. La evidencia permite identificar qué tecnologías generan mejores resultados; la formación fortalece las competencias de médicos, enfermeros y profesionales de la salud; y la conversación entre especialistas, instituciones, evaluadores, financiadores y autoridades facilita la identificación de barreras y oportunidades para una incorporación más efectiva de la innovación. Una discusión orientada al valor debe considerar preguntas fundamentales: qué problema sanitario se busca resolver, qué beneficios aporta frente a las alternativas disponibles, cuál es su impacto potencial sobre el sistema y en qué condiciones puede implementarse de manera sostenible.

El avance hacia una incorporación más oportuna de la innovación requiere también una mayor articulación entre los distintos actores del ecosistema sanitario. Autoridades, financiadores, instituciones prestadoras, sociedades científicas y sector privado desempeñan roles complementarios para transformar la innovación en beneficios concretos para los pacientes.

Desde Medtronic entendemos que ampliar el acceso requiere integrar evidencia clínica, capacidades profesionales, evaluación sanitaria y experiencia de implementación. Nuestra contribución busca acompañar ese proceso aportando conocimiento técnico y una perspectiva global que favorezca decisiones orientadas a generar mejores resultados para los pacientes y una mayor sostenibilidad para los sistemas de salud.

El Perú cuenta con capacidades clínicas de alto nivel, instituciones especializadas con alta gobernanza y avances importantes en evaluación sanitaria. La oportunidad ahora está en profundizar la articulación entre estos elementos para reducir la distancia entre lo que la innovación ya puede ofrecer y lo que el ecosistema es capaz de entregar oportunamente.

La innovación alcanza su verdadero impacto cuando se traduce en mejores resultados para los pacientes. Lograr que las tecnologías adecuadas lleguen a las personas correctas, en el momento oportuno, requiere un ecosistema más articulado, procesos más predecibles y una comprensión cada vez mayor de las particularidades que caracterizan a los dispositivos médicos. Convertir ese potencial en atención efectiva es uno de los desafíos más relevantes para construir un sistema de salud más resolutivo, eficiente y equitativo.

Las exportaciones del Perú alcanzaron un récord histórico de US$ 93,078 millones al cierre de 2025. Este resultado representó un crecimiento interanual del 21,8 % respecto del año anterior, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales de metales como el cobre y el oro.

Para 2026, se proyecta que las exportaciones peruanas superen por primera vez la barrera de los US$ 120,000 millones. Esta expectativa se sustenta en el dinamismo observado entre enero y mayo del presente año, periodo durante el cual las exportaciones superaron los US$ 45,000 millones, impulsadas principalmente por el alza internacional de los precios de los minerales, especialmente el cobre y el oro.

Es importante considerar que China y Estados Unidos constituyen los dos principales socios comerciales del Perú, concentrando cerca de la mitad del comercio exterior total del país.

El Perú exporta a China, su principal socio comercial, principalmente cobre, hierro, zinc y oro, productos que representan el mayor volumen de envíos. En los últimos años, además, ha diversificado su oferta hacia la agroindustria y la pesca, aprovechando la infraestructura del Puerto de Chancay y el Tratado de Libre Comercio vigente con el país asiático.

Las exportaciones peruanas hacia China alcanzaron la cifra récord de US$ 32,628 millones en 2025, lo que representó un incremento interanual del 30,1 % respecto de 2024. Con este resultado, el mercado asiático se consolidó como el principal socio comercial del Perú, concentrando el 36,2 % del total de las exportaciones nacionales. El sector minero continúa siendo el principal motor de estos envíos, al representar aproximadamente el 90 % del total exportado a dicho mercado, equivalente a US$ 29,324 millones.

Por otro lado, las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, segundo socio comercial del país, totalizaron US$ 10,148 millones al cierre de 2025. Este resultado representó un crecimiento interanual del 6,4 % y consolidó al mercado estadounidense como el principal destino de los productos con mayor valor agregado o no tradicionales. El Perú exporta principalmente frutas frescas —como arándanos, uvas, paltas, mangos y mandarinas—, además de minerales (oro, cobre y plata), café, cacao, prendas de vestir y productos pesqueros.

De acuerdo con lo anterior, la competencia estratégica y comercial entre China y Estados Unidos sitúa al Perú en una posición geográfica y geopolítica privilegiada.

El país se ha convertido en una pieza clave para el comercio global. Con la consolidación del megapuerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao, el Perú se posiciona como una de las principales puertas de salida de Sudamérica hacia la región Asia-Pacífico, reduciendo significativamente los tiempos de navegación.

Ante las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos provenientes de China, muchas empresas multinacionales buscan diversificar sus proveedores y reubicar sus cadenas de suministro. En este contexto, el Perú destaca por contar con Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con ambas potencias. Asimismo, el Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre y de otros metales indispensables para la fabricación de vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

Sin embargo, para atraer mayores flujos de inversión, la infraestructura no lo es todo. La predictibilidad económica e institucional resulta igualmente fundamental. A pesar del ruido político, la autonomía y la credibilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han permitido mantener la inflación bajo control y al sol peruano como una de las monedas más estables de América Latina.

El país cuenta, además, con un portafolio importante de proyectos en minería, irrigación agrícola y energía. Por ello, las autoridades buscan mantener abiertas las puertas a inversiones provenientes de cualquier origen, promoviendo incluso nuevos proyectos portuarios para inversionistas estadounidenses como un contrapeso saludable a la creciente presencia china en infraestructura y energía. No obstante, para atraer más inversiones, el Perú debe resolver varios problemas estructurales:

De poco sirve contar con un puerto de última generación en la costa si las carreteras, las vías ferroviarias y los accesos desde las zonas mineras y agrícolas del interior del país continúan siendo deficientes o vulnerables a bloqueos.

La demora en la obtención de permisos ambientales, licencias de construcción y procedimientos regulatorios ágiles retrasa la ejecución de proyectos de inversión.

Las industrias de alta tecnología, como la fabricación de semiconductores o la industria automotriz, requieren un suministro eléctrico masivo, estable y, cada vez más, proveniente de fuentes limpias.

Finalmente, la manufactura moderna depende cada vez más de la robótica, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Por ello, el país necesita técnicos e ingenieros altamente capacitados para operar, mantener y programar estos sistemas.

La certidumbre constituye el activo más valioso para un inversionista de largo plazo. Reglas de juego claras, respeto por los contratos y una menor burocracia para el desarrollo de nuevas inversiones permitirán generar más empleo y mayores oportunidades para los peruanos que buscan salir de la pobreza.

Con el cambio de gestión en el horizonte, la incertidumbre vuelve a golpear al sector inmobiliario. ¿Puede un nuevo alcalde desconocer la licencia que ya me otorgaron? ¿Qué pasa si cambian los parámetros urbanísticos a mitad de obra? El marco legal peruano y los recientes criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional ofrecen una protección más sólida frente a actuaciones arbitrarias.

Cada cuatro años, el relevo de autoridades activa una señal de alerta para los desarrolladores inmobiliarios. La historia reciente justifica el temor, en 2023, distritos como Miraflores, San Isidro y Surco generaron la paralización de casi 400 proyectos, con una inversión estimada en US$ 1,500 millones, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

El mecanismo de fricción suele ser el mismo, nuevas administraciones que cuestionan lo aprobado por sus antecesores, suspenden licencias o emiten ordenanzas para “revisar” parámetros ya consolidados. Sin embargo, ante la proximidad de los comicios de octubre de 2026, la normativa ha evolucionado para blindar la inversión contra la arbitrariedad política.

Uno de los principales mecanismos de protección es el principio de irretroactividad de las normas, complementado por la seguridad jurídica y la confianza legítima que amparan a quienes obtuvieron una licencia conforme a la normativa vigente al momento de su presentación.

El TUO de la Ley N° 29090 es claro, el retraso administrativo no autoriza a exigir actualizaciones normativas posteriores. Esto significa que una nueva gestión no puede aplicar retroactivamente parámetros de altura, retiro o densidad que no estaban vigentes cuando se aprobó tu proyecto.

Adicionalmente, muchos municipios intentan usar la “nulidad de oficio” como arma política. Sin embargo, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) impone un límite temporal infranqueable: la municipalidad solo tiene dos años para declarar la nulidad de un acto administrativo desde que este quedó firme.

Pasado ese plazo, el municipio pierde esa potestad y, si pretende dejar sin efecto la licencia, deberá acudir al Poder Judicial mediante un proceso contencioso-administrativo dentro del plazo previsto por la ley. En términos prácticos, si el acto administrativo que otorgó la licencia quedó firme hace más de dos años, la municipalidad ya no podrá dejarlo sin efecto mediante una simple resolución administrativa.

¿Cuándo sí puede intervenir la municipalidad?

Es un error creer que la licencia constituye una autorización absoluta. La autoridad municipal mantiene sus facultades de Verificación Técnica. Según el artículo 11 del TUO de la Ley 29090, la ejecución de una obra solo puede ser suspendida en caso de:

· Incumplimiento de las normas urbanísticas o técnicas con las que fue otorgada la licencia.

· Riesgo inminente para la seguridad, sustentado en el informe correspondiente de Defensa Civil o del órgano competente de la municipalidad.

Un punto clave es que, cuando el proyecto ha sido aprobado mediante Revisores Urbanos, la municipalidad no puede suspender la obra por una simple discrepancia de criterio respecto del Informe Técnico Favorable. En esos casos, si considera que dicho informe presenta vicios, deberá solicitar su nulidad ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mientras ese procedimiento no concluya, la ejecución de la obra, en principio, no debería verse afectada.

Este criterio cobró especial relevancia a raíz de la controversia generada por la Ordenanza N.° 610/MM de la Municipalidad de Miraflores. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que las municipalidades no pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas mediante la aplicación de criterios posteriores o interpretaciones que desconozcan derechos previamente reconocidos. Asimismo, el Indecopi ha considerado, en diversos pronunciamientos, que el desconocimiento injustificado de licencias vigentes puede constituir una barrera burocrática ilegal.

Recomendaciones estratégicas antes del cambio de mando:

§ Consolidación del derecho: Asegurar que el inicio de obra esté formalmente acreditado ante la municipalidad. Un proyecto con avance físico suele encontrarse en una posición más sólida frente a eventuales cuestionamientos que un terreno donde aún no se han iniciado trabajos.

§ Auditoría de cumplimiento: Verificar que la ejecución física coincida con el proyecto aprobado. Una nueva gestión podría identificar incumplimientos técnicos que justifiquen una medida de suspensión dentro del marco legal.

§ Documentación en regla: Mantener debidamente organizado el expediente administrativo, las comunicaciones con la municipalidad y toda la documentación relacionada con el inicio y avance de la obra facilitará la defensa del proyecto frente a cualquier cuestionamiento.

Conocer el alcance de la protección legal de las licencias y mantener una gestión documental ordenada permitirá afrontar con mayor solidez cualquier revisión impulsada por una nueva administración municipal.

Desde Nueva York - Abderaouf voló. Más o menos respetando las leyes de tránsito de una Nueva York siempre complicada para los autos, incluso un domingo, voló. Claro, no era un domingo cualquiera: desde el aeropuerto JFK, a varios kilómetros de esa autopista por la que íbamos esquivando a todo el mundo, se iba a jugar la final del Mundial entre España y la Argentina del sufrimiento, los goles agónicos… los milagros. La de Leo y Scaloni. La que dejó afuera a Inglaterra en una remontada épica que fue más épica por una bandera escrita a mano en una sábana de hotel. Cuatro palabras que todos sabemos de memoria, pero que plasmadas ahí, en ese trapo que mostraron los jugadores, emocionaron a un país entero: “Las Malvinas son argentinas”.

Pero volvamos a Abderaouf que por suerte se tomó muy en serio mi pedido de “estoy llegando tarde a la final del Mundial”. Lo cerraron entrando a uno de los puentes de ingreso a Manhattan y lo reputeó el de la mega SUV negra que hizo una maniobra tan imprudente como disparatada. No solo eso, lo fue a buscar, y hasta que no le pidieron disculpas no dejó de gritarle. Me sentí en casa.

Abderaouf me dice solo, antes de que le pregunte nada: “Messi es una leyenda. Es el mejor”. No era tan difícil la asociación porque tengo puesta la camiseta celeste y blanca, pero rápido agrega algo a lo que no le di mucha importancia en ese momento. Con un inglés fluido con algo de acento, agregó: “Igual, ya está. No se puede ganar siempre. España hizo las cosas bien hasta acá”.

Ahí le pregunté de dónde era. “De Argelia”, dijo. Sonrío por el retrovisor. Lo iba a cargar un poco, pero mejor no: no lo conozco y, sobre todo, dependo de su pericia al volante, disposición y buen humor para llegar. Me cuenta que vio el partido contra Argentina en el auto de aplicación en el que trabaja, en su celular, y que le gustó. “Es un genio”, asegura otra vez. No pregunto, no hace falta. Habla de Leo, que les metió tres en la fase de grupos.

Estoy en esta magnífica ciudad para ver mi primera final de Mundial. Fue casi por casualidad y decidido a último momento. Hechos fortuitos que mezclaron la posibilidad de acceder el viernes pasado a uno de los tickets tan buscados y una cobertura internacional que tengo que hacer en unos días, lejos de acá. Hubo oportunos cambios de pasajes y acá estoy: “volando” con Abderaouf (que veo en la web que se escribe con doble “r”, pero en la app me figura con una) por la calle 57 de Manhattan. Dejo la valija en el hotel y él se ofrece a esperar para llevarme, volando, a la salida de los shuttles oficiales para la cancha. Así de desesperado me veía, imagino. Cuando me bajo corriendo del auto, me desea suerte y me dice algo así como: “Disfrutá el partido. Y agrega: “No siempre se puede ganar”. Qué le pasa a este, pensé.

Lo que vi en el MetLife Stadium fue un concierto y no el del entretiempo (ya está, basta de experimentos de ese tipo, FIFA). Un equipo superior a otro. Me cuestan los partidos en la cancha, analizarlos: los tengo que ver después, cosa que hago, medio de costado, mientras escribo estas líneas. “Nos pasaron por arriba”, me confirma Alan, desde Rivera, mi pueblo. “Baile, pero nada que reprochar a estos pibes”, agrega Marcelo desde Mar del Plata. Mis amigos no se equivocan, pero así y todo estuvimos a esto, a nada, de empatarlo al final. Casi. La garra y el corazón, siempre. Podría haber sido otra remontada épica, tranquilamente, mientras los españoles gritaban “a por ellos” y “sí se puede”, siempre tan expertos en cantitos de cancha alevosamente malos. Pero tienen una selección que juega bárbaro, aunque le costó bastante hacernos un gol.

“Un equipo en dificultad que no dejó de intentar. Gracias de por vida, este camino fue espectacular”, dice Scaloni por la tele. Cuánta razón.

Me da el sol de frente en el MetLife y me acuerdo de mi viejo, Néstor, que se fue hace pocos meses, y con quien debería estar hablando ahora para que me diga la posta de lo que pasó. Eso hicimos, sin falta, los últimos 30 años, cuando no veíamos fútbol juntos.

Hay música y fuegos artificiales. Medallas para nuestros jugadores. Me voy. No me quedo en la fiesta de los campeones, posiblemente la única final que veré en mi vida. No tengo ganas. Quizás me arrepienta luego, pero no. Somos varios. Miles de argentinos caminando. Muchos, muchos. Hay miradas perdidas, alguna lágrima y muchas sonrisas. Agradecimiento, cantitos. De los buenos: “Por la última de Leo”.

Mezclando un poco a Abderaouf y a Scaloni: no se puede ganar siempre, pero, en este caso, el camino fue espectacular. Fue un placer, pero, como sea y con quien sea, que no se corte.

La Seleccion Argentina de fútbol masculino hizo un mundial espectacular jugado por primera vez en tres países Estados Unidos, Mexico y Canadá. Aunque las etapas definitorias fueron en el primero de ellos, y la final, bajo la atenta mirada de su presidente, Donald Trump.

Tras 40 días de concentración, en el mundial más largo de la historia en cantidad de equipos y consecuentemente, de partidos jugados, Argentina jugó 8 partidos. Con 7 victorias. 3 en la zona. 4 en play off. 1 final empatada en tiempo reglamentario y perdido en el segundo tiempo del suplementario. El Mario Gotze de turno fue un tal Ferran Torres. Argentina jugó todo el mundial a corazón abierto, fue Braveheart. Lloramos de la emoción con los goles de Messi y Enzo contra Egipto, de Julián contra Suiza, de Enzo y Lautaro contra Inglaterra. La derrota duele en el alma. Pero Argentina fue digna en la victoria y digna en la derrota. Le ganamos a los ingleses como en el 86, sin la mano de Dios, dando vuelta un partido increíble en los últimos 5 minutos. En la previa, cantamos el himno más fuerte que nunca.

En la final. Lo primero que hizo el Míster Lionel Scaloni no bien terminaron 120 minutos de adrenalina pura, con la derrota a flor de piel, fue ir a separar escaramuzas y felicitar a los rivales. Al técnico argentino lo quieren propios y ajenos. Lo elogian todos. Scaloni no te vayas nunca. Sé el entrenador de la Selección Argentina toda la vida. No solo por haber logrado la serie más exitosa de la Selección Argentina sino por esos valores que supiste transmitir: liderazgo, unión de grupo, humildad, templanza, capacidad, estrategia, honestidad, trabajo en equipo, entre tantas otras virtudes que demostraste tener.

El equipo también fue algo descomunal. Demostró: capacidad, individualidades, trabajo colectivo, garra, fuerza, perseverancia, solidaridad, genialidades, grandeza. Superó adversidades contra Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra. A fuerza de fútbol y mucha garra. Liderados por Highlander el último immortal: Lionel Messi. Hizo todo y más también. Siempre un paso adelante. Sus lágrimas finales fueron el llanto de tristeza de todo el pueblo argentino. Pero de ninguna manera fue la marcha de la bronca.

No lo soñéeeee un mundial así. Argentina dejó todo y más también. Ayer cenando con nuestros hijos, que estaban tristes, intentaba explicarles que debían estar orgullosos de su equipo representativo de fútbol, que había que ir al Obelisco, que Messi, Scaloni y todo el equipo fueron un verdadero ejemplo de competencia y de vida para todos los argentinos. Porque en definitiva, aunque la copa la levantó con justicia España, como bien destacó nuestro DT, Argentina igualmente… ¡ganó!

Hay algo que me fascina cada vez que juega la Selección. Nos pasa a todos. Aunque sepamos que estamos sentados en el sillón de casa, sentimos que estamos jugando nosotros. Se nos acelera el corazón. Nos sudan las manos. Gritamos. Nos abrazamos. Nos enojamos con el árbitro como si pudiera escucharnos. Durante noventa minutos dejamos de mirar el celular, nos olvidamos del trabajo, de las cuentas, de los problemas. Solo existe una pelota y millones de personas respirando al mismo ritmo. Y entonces no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Qué le está pasando a nuestro cerebro para que un partido de fútbol tenga semejante poder sobre nosotros?

La respuesta es fascinante.

Cuando vivimos una experiencia que sentimos importante, nuestro cerebro pone en marcha una verdadera orquesta química. Aumenta el estado de alerta, libera hormonas vinculadas al estrés, como el cortisol y la adrenalina, y activa los circuitos relacionados con la expectativa y la recompensa. Por eso sentimos que el corazón late más fuerte, que el tiempo pasa distinto y que una jugada puede hacernos pasar de la euforia a la desesperación en apenas unos segundos.

No es casualidad que, durante grandes eventos deportivos, distintos estudios hayan encontrado un aumento de consultas por problemas cardiovasculares e incluso más eventos cardíacos en personas con factores de riesgo. No porque el fútbol provoque infartos por sí solo, sino porque las emociones intensas también tienen efectos físicos muy concretos sobre nuestro cuerpo.

Pero hay algo todavía más interesante. ¿Por qué podemos recordar perfectamente dónde vimos una final del Mundial, quién estaba sentado al lado nuestro o qué gritamos en un gol, mientras olvidamos con facilidad algo que estudiamos apenas unas semanas atrás? Porque nuestro cerebro no guarda primero lo que más estudiamos. Guarda primero lo que más nos emocionó.

La emoción funciona como una especie de resaltador biológico. Cuando algo nos sorprende, nos desafía, nos moviliza o sentimos que realmente importa, el cerebro entiende que esa experiencia merece ser conservada. Y por eso la recordamos durante años. Y ahí es donde, inevitablemente, pienso en la escuela.

Durante mucho tiempo diseñamos la educación como si aprender fuera un proceso puramente intelectual. Como si primero hubiera que captar la atención y después, recién entonces, aparecieran las emociones. Hoy sabemos que ocurre exactamente al revés. Las emociones no son un premio al final del aprendizaje. Son la puerta de entrada.

No estoy diciendo que tengamos que convertir cada clase en una cancha de fútbol, ni que Matemática deba generar la misma pasión que una final del Mundial. Pero sí creo que deberíamos hacernos una pregunta mucho más profunda. Si nuestro cerebro es capaz de concentrar tanta atención, tanta memoria y tanta energía alrededor de un partido... ¿por qué seguimos creyendo que aprender tiene que ser una experiencia emocionalmente neutra?

El Mundial no cambia cómo funciona nuestro cerebro. Nos recuerda cómo funciona. Nos recuerda que prestamos atención cuando algo nos importa. Que permanecemos cuando encontramos un propósito. Que aprendemos mejor cuando sentimos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos.

Tal vez por eso el gran desafío de la educación no sea enseñar más contenidos. Sea diseñar experiencias que despierten curiosidad, compromiso, pertenencia y emoción.

Porque la atención no siempre se exige. Muchas veces se conquista. Y quizás esa sea una de las lecciones más valiosas que nos deja un Mundial. No sobre fútbol. Sobre nosotros mismos.

La discusión sobre la edad en el fútbol revela un prejuicio persistente: la tendencia a reducir a los jugadores —y en especial a Messi— a un número, desconociendo la complejidad del rendimiento y la diversidad de las trayectorias deportivas.

Hay algo inquietante en la manera en que hablamos de fútbol. No es la pasión ni la épica, ni siquiera la emoción que acompaña cada jugada. Es un prejuicio que aparece con la misma naturalidad con la que se canta un gol: el viejismo, ese reflejo social que convierte los años avanzados de un deportista en un motivo de disvalor, en un límite anticipado, en una sentencia de exclusión que no necesita pruebas.

En el caso de Messi, esta lógica se vuelve evidente. Cada partido reactiva la misma pregunta: “¿podrá rendir a su edad?”. Como si la edad fuera un obstáculo en sí mismo, como si los años funcionaran como un veredicto biológico que no admite matices. La narrativa es tan insistente que termina opacando lo esencial: Messi no juega “a pesar” de su edad; juega porque su repertorio (talento, disciplina, lectura del juego, inteligencia táctica y sensibilidad social) no se mide en años.

El viejismo como violencia simbólica

El viejismo deportivo funciona así: reduce a la persona a su edad, instala la idea de un declive temporal inexorable y desconoce la diversidad de trayectorias corporales y vitales. Es una forma de violencia simbólica que opera en el lenguaje, en los supuestos y en esos comentarios que parecen inofensivos, pero reproducen desigualdades profundas.

En nuestros estudios sobre vejez y derechos se ha mostrado que el viejismo genera una desigualdad sobreviniente por esta condición etaria: un trato diferenciado que no surge de la persona en sí, sino de la mirada social que la reduce a su edad. Para comprender su alcance, resulta útil retomar el concepto de injusticia epistémica, desarrollado por Miranda Fricker. El prejuicio no solo discrimina: también distorsiona nuestra capacidad de conocer. Se vuelve injusticia epistémica cuando un estereotipo impide ver o reconocer la experiencia, la inteligencia y sensibilidad situacional, la lectura del contexto y la capacidad de adaptación que muchas personas mayores despliegan en distintos ámbitos. En términos simples: el viejismo nos hace interpretar mal la realidad.

Estos prejuicios resultan aún más visibles y más problemáticos, en sociedades longevas como las actuales, donde la expectativa de vida se ha extendido y las trayectorias vitales se han diversificado. Persistir en lecturas viejistas del rendimiento deportivo no solo desconoce esta transformación demográfica: también reproduce un imaginario que ya no se corresponde con la realidad de poblaciones que envejecen activas, diversas y plenamente capaces.

En el deporte, esta forma de violencia se vuelve especialmente visible porque el cuerpo está en el centro de la escena. Pero el cuerpo no es un reloj de arena que se vacía de manera uniforme: es un territorio plural, moldeado por la historia, el entrenamiento, la salud, la motivación y el deseo.

La evidencia contradice el prejuicio

La historia del fútbol desmiente la idea de que la juventud es el único territorio legítimo del rendimiento. Kazuyoshi Miura sigue jugando profesionalmente a los 59 años. Buffon se retiró a los 45. Ibrahimovic jugó hasta los 41. Roger Milla anotó en un Mundial a los 42. Giggs y Zanetti se mantuvieron en la élite hasta los 40.

No son excepciones milagrosas: son trayectorias que muestran que el rendimiento deportivo es un fenómeno complejo, donde la edad cronológica es solo una variable más. La inteligencia táctica, la experiencia, la disciplina y la capacidad de adaptación pesan tanto, o más, que la velocidad o la explosión física.

Messi y la trampa del “todavía puede”

Cada vez que Messi juega bien, reaparece la frase “todavía puede”, como si estuviera desafiando un destino biológico escrito de antemano. Pero Messi no “puede, todavía”: simplemente puede. Puede porque su talento no envejece. Puede porque su juego se reinventa. Puede porque su vínculo con la pelota es un lenguaje propio.

El problema no es Messi. El problema es la narrativa que lo rodea, que insiste en leer su rendimiento a través del prisma de la edad. Esa narrativa reproduce un imaginario social que asocia vejez con pérdida, inutilidad o irrelevancia. Y ese imaginario se expande más allá del fútbol.

Por qué importa cambiar la narrativa

El fútbol es un amplificador cultural. Lo que allí se naturaliza se multiplica en la vida social. Si seguimos asociando edad con declive, ¿qué queda para las personas mayores en ámbitos laborales, educativos o comunitarios?

Combatir el viejismo en el fútbol es una forma de combatirlo en la vida. Es reconocer que la edad no es un problema, sino una etapa del curso vital que merece ser vivida con plenitud, sin estigmas ni prejuicios. Es comprender que la diversidad etaria enriquece los equipos, las instituciones y las comunidades. Y es, sobre todo, un acto de justicia.

Hacia un deporte sin viejismos

Necesitamos un cambio cultural que transforme la manera en que hablamos del rendimiento, del cuerpo y del tiempo. Un lenguaje deportivo libre de estereotipos permitiría analizar a los deportistas desde una perspectiva más justa y más realista. Una narrativa que reconozca el valor de la experiencia ampliaría nuestra comprensión del juego. Y una mirada que visibilice las trayectorias longevas como parte legítima del deporte contribuiría a desmontar prejuicios que afectan a millones de personas fuera de la cancha.

El fútbol puede ser un espacio de inclusión o de exclusión. Depende, en buena medida, de cómo lo contemos. Y contar bien también es una forma de hacer justicia.

En Argentina, como en otros países de la región que atravesaron crisis de alta inflación, depreciación acelerada de la moneda, cepos cambiarios, escasez de dólares, caída de la actividad económica y del empleo, los cambios de régimen económico -de modelos intervencionistas o populistas hacia esquemas más orientados al mercado, con disciplina fiscal y monetaria- han mostrado patrones recurrentes.

La estabilización macroeconómica (control de la inflación, estabilización del tipo de cambio y acumulación de reservas) suele ser más rápida cuando hay credibilidad en las políticas.

Sin embargo, la recuperación de variables reales como el comercio exterior, la producción industrial, la actividad económica general y el empleo en el mercado interno suele demorar más, típicamente entre uno y cinco años o más, dependiendo de la profundidad de la crisis previa, las condiciones externas, la secuencia de reformas y el mantenimiento de la disciplina.

Estos procesos no son automáticos ni gratuitos. Implican costos sociales iniciales (recesión, desempleo transitorio, aumento de la pobreza), pero sientan las bases para un crecimiento sostenible si se complementan con reformas estructurales.

Los procesos no son automáticos ni gratuitos. Implican costos sociales iniciales, pero sientan las bases para un crecimiento sostenible si se complementan con reformas estructurales

A continuación, analizamos algunos casos representativos que podrían llevarnos a ser un país más de América Latina que atraviese este proceso, en lugar de ser el único, junto a Venezuela, que no lo logró.

Bolivia 1985: El “shock” más rápido en la estabilización inflacionaria

El país vivió una de las hiperinflaciones más extremas de la historia latinoamericana. En 1985, la inflación anual superó el 11.000%, impulsada por déficits fiscales monumentales, emisión monetaria y crisis de deuda. El tipo de cambio se desplomaba, había escasez de dólares y la actividad económica se contraía fuertemente.

El gobierno de Víctor Paz Estenssoro implementó la Nueva Política Económica (NPE) el 29 de agosto de 1985 mediante el Decreto Supremo 21.060. Este paquete -diseñado con la asesoría clave del economista Jeffrey Sachs- incluyó liberalización de precios (especialmente combustibles), ajuste fiscal drástico, reducción del empleo público, unificación cambiaria y renegociación de deuda externa (con importante alivio).

La hiperinflación se detuvo en cuestión de días o semanas. La inflación cayó a 276% en 1986 y a solo 14,6% en 1987, alcanzando niveles de un dígito bajo hacia fines de los 80. Sachs destacó en sus trabajos (como “The Bolivian Hyperinflation and Stabilization”, NBER 1986) cómo la combinación de ancla fiscal y credibilidad rompió las expectativas inflacionarias de forma casi inmediata. Las reservas internacionales comenzaron a recuperarse con el apoyo del FMI y alivio de deuda.

La hiperinflación se detuvo en cuestión de días o semanas y las reservas internacionales comenzaron a recuperarse con el apoyo del FMI y alivio de deuda

Sin embargo, la recuperación del comercio, la industria, la producción y el empleo fue más lenta. El ajuste implicó recortes en el sector público y una contracción inicial de la demanda. El crecimiento del PBI per cápita fue modesto, de alrededor del 1,1% anual promedio entre 1986 y 1998. La inversión privada tardó en reactivarse por la falta de confianza inicial y la herencia de distorsiones.

La liberalización comercial ayudó a las exportaciones a mediano plazo, pero la industria y el empleo formal se recuperaron gradualmente a lo largo de la década de los 90, con reformas adicionales de capitalización y privatizaciones.

El desempleo abierto aumentó inicialmente por los despidos públicos, aunque la informalidad (ya alta) amortiguó parte del impacto.

Es decir, la estabilización de precios puede lograrse en meses con un shock creíble, pero la reactivación de la oferta (producción y empleo) requiere tiempo y reformas que incentiven la inversión privada.

Perú 1990: El “Fujishock” y la recuperación de una década

La nación sufrió una hiperinflación superior al 7.600% anual en 1990, con una contracción acumulada del PBI de alrededor del 25% entre 1987 y 1990 (la economía retrocedió a niveles de mediados de los 70). Déficit fiscal, emisión, controles de precios y violencia terrorista agravaron la crisis de dólares y la actividad.

Alberto Fujimori implementó en agosto de 1990 el “Fujishock”: liberalización de precios y del tipo de cambio, eliminación de subsidios masivos, ajuste fiscal y reformas estructurales (privatizaciones, independencia del Banco Central, apertura comercial). Economistas como Hernando de Soto influyeron en aspectos relacionados con la formalización y los derechos de propiedad.

La inflación mensual cayó drásticamente tras el shock inicial (incluso con periodos de deflación). Pasó a niveles cercanos al 10% mensual en un año y a un dígito anual hacia 1995-1996. La estabilización se consolidó con disciplina fiscal y monetaria.

La recuperación demoró. El PBI per cápita tardó casi una década en recuperar los niveles previos a la crisis profunda

La recuperación demoró. El PBI per cápita tardó casi una década en recuperar los niveles previos a la crisis profunda (alcanzando cerca de los valores de 1980 hacia 1996). La producción industrial y el empleo sufrieron inicialmente por la recesión inducida por el ajuste y la competencia de importaciones tras la apertura. Sin embargo, a partir de mediados de los 90, con estabilidad de precios y reformas, el crecimiento se aceleró de forma sostenida.

El comercio exterior se dinamizó con la reinserción internacional y el aumento de exportaciones no tradicionales. El empleo formal mejoró gradualmente con la expansión económica, aunque la informalidad siguió siendo relevante.

Brasil 1994: El Plano Real y la estabilización exitosa

El país padeció hiperinflación crónica, que alcanzó miles por ciento anual a inicios de los 90 (picos superiores al 2.000-4.000%). Múltiples planes fracasaron. El Plan Real (1994), bajo la presidencia de Itamar Franco y con Fernando Henrique Cardoso como ministro de Economía, introdujo la URV (unidad de cuenta indexada), una nueva moneda (real) y anclas fiscal y monetaria estrictas.

La inflación cayó dramáticamente a 27% en 1995. La estabilización fue rápida y duradera. El crecimiento del PBI se recuperó de forma moderada, pero sostenida. El empleo y la actividad industrial mejoraron con la estabilidad de precios y la reducción de la incertidumbre. La apertura comercial y reformas posteriores impulsaron el comercio exterior.

A diferencia de otros casos, el ajuste inicial fue menos recesivo gracias al diseño gradual de la transición monetaria.

Argentina bajo Javier Milei

El gobierno de La Libertad Avanza heredó en diciembre de 2023 una inflación anual del 211%, una inflación mensual del 25,5% luego del sinceramiento cambiario, déficit fiscal, cepo cambiario y recesión incipiente. Las políticas incluyeron devaluación inicial (50%), superávit fiscal primario (el primero en años), control de la base monetaria, recortes de gasto y desregulación.

El gobierno de La Libertad Avanza heredó en diciembre de 2023 una inflación anual del 211%, una inflación mensual del 25,5% luego del sinceramiento cambiario, déficit fiscal, cepo cambiario y recesión incipiente

La inflación mensual bajó rápidamente a niveles de un dígito bajo, con proyecciones anuales en torno al 30% para 2026. Las reservas internacionales se han ido recomponiendo (aunque con desafíos), y el tipo de cambio muestra mayor previsibilidad. El superávit fiscal ancla las expectativas.

La actividad económica inicialmente fue recesiva, con una contracción del PBI de 1,4% en 2024, y una recuperación gradual. Las proyecciones para este 2026 son de un crecimiento del 3% al 3,5 por ciento.

El empleo sufrió inicialmente (desempleo subiendo hacia el 8%), con un pico de pobreza, pero comienza a estabilizarse con la reactivación, aunque con crecimiento por empleo informal.

La industria, el comercio interno y la producción enfrentaron un ajuste por la recesión y los cambios de precios relativos, pero la liberalización y la estabilidad deberían impulsar la competitividad y las exportaciones a mediano plazo. El comercio exterior se beneficia de mayor previsibilidad, aunque la apreciación real inicial puede presionar las importaciones.

Los factores clave para el gobierno de Milei son la previsibilidad fiscal, monetaria y cambiaria como anclas principales: estabilización primero; luego, reformas estructurales que se fueron dilatando por falta de consenso en el Congreso de la Nación Argentina.

Los costos iniciales son inevitables en shocks profundos

Los países que mantuvieron el rumbo lograron menor inflación crónica, mayor integración comercial y crecimiento sostenido. Para Argentina, el desafío actual es consolidar la desinflación sin sacrificar la recuperación del mercado interno, combinando disciplina macro con apertura que impulse la producción y el empleo formal.

Los países que mantuvieron el rumbo lograron menor inflación crónica, mayor integración comercial y crecimiento sostenido

La evidencia de Bolivia, Perú y Brasil demuestra que cambiar de régimen puede revertir trayectorias de decadencia, pero el timing de la mejora en variables reales depende de la profundidad de los desequilibrios heredados y de la calidad de las políticas complementarias.

El análisis riguroso de estos episodios aporta una guía de lectura: macro estable en el corto plazo, crecimiento inclusivo en el mediano.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market