A esta altura de la soirée ya parece haberse dicho todo y se complica irrumpir con algo original sobre el Indio, sobre su muerte o sobre la mística ricotera. Kilométricas filas de fans en carne viva de distintas generaciones lloran y cantan mientras caminan hacia la despedida del ídolo en Villa Domínico, en una tarde triste que, por ahora, se aguanta las ganas de llover. Esos restos, los de ese hombre amado, permanecerán en el polideportivo Gatica del Parque de los Trabajadores “hasta que haga falta”, dijo la familia, para dar tiempo a los que llegan desde lejos o tienen dificultad para trasladarse. Emociona tanta sensibilidad y reconocimiento a los otros en aquellos que vibran con el mayor dolor por esta muerte tan pública y sin consuelo.

Así como exhibieron respeto por la emoción popular, desde el entorno del músico también manifestaron conciencia de los riesgos de la procesión multitudinaria cuando escribieron que “no será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros”. Intuyo, por lo leído y escuchado, que hay un costado de la sociedad que vio hasta ahora frustradas sus expectativas de violencia y vandalismo, pese a que lo estimularon a viva voz. Son los mismos que, sin elementos concretos para agraviar a las multitudes dolientes, posiblemente seguirán con la cháchara acerca de la fortuna del Indio porque, ya sabemos, para ciertas personas es mucho más lógico amasar en un par de años una fortuna desde el poder político sin dar explicaciones, que ganar dinero con la música durante décadas y teniendo ideas progresistas.

A los buscadores de cinco patas se suman los provocadores, que necesitan diferenciarse para asegurar su singularidad y, entonces, desde sus redes pulcras les piden a quienes no paran de llorar desde el viernes a la mañana que no sobreactúen su dolor. Unos y otros (sommeliers de billeteras de izquierda y catadores de emociones ajenas) parecen personas reticentes o temerosas de cualquier acción colectiva y más proclives a la indignación que al disfrute. Y los Redondos fueron, son, y posiblemente serán el disfrute, aún en la adversidad, y por algo en este velorio popular el llanto se cruza con el pogo más triste del universo.

Es increíble tener que insistir en esto, pero no hay un arte progresista o un arte peronista. Lo que hay son estéticas, por supuesto. Pero, más allá de toda ideología, hay arte o no lo hay, y el Indio Solari fue un artista inmenso que le puso letra a la realidad y a la ilusión, a la postal social y a los sueños. El Indio Solari fue un artista que llenó el vacío de sentido con poesía y con frases que ingresaron en el decir argentino. Alguien que, por si fuera poco, dio mucha, muchísima felicidad. No lo soñamos: hay música en la que nos encontramos o no y hace tiempo que a la mayoría, en este país, si hay una música que nos hace pegar un salto para bailar en argentino, con amor, con bronca, con excitación y furia es Ji Ji Ji.

Por artista y por gurú

Además de la catarsis colectiva y de muchos textos autorreferenciales en diversos formatos, leí en estas horas muy buenas piezas de periodistas conocedores de rock y especializados en música. Es el día del periodista y aunque en el oficio vivimos una etapa difícil de hostigamiento y confianza, sigo pensando que el buen periodismo ayuda a iluminar lo oscuro y a divulgar lo complejo. Entre los materiales que leí, hay en particular una columna que me maravilló por lo que dice y por quién fue su autor. La posteó en X Eugenio Monjeau, hijo del querido colega Federico Monjeau (1957-2021), uno de los mayores críticos de música que tuvo la Argentina. Se publicó en abril de 2000, después de los shows de los Redondos en River que convocaron a 140 mil personas.

El texto es exquisito y hermoso, como exquisito y hermoso era Fede, y en particular me gusta lo que escribe acerca de las letras, de esa poesía hermética que logró llegar a tanta gente y tan diversa con versos nuevos y reversiones de grandes como Shakespeare o Borges.

Dice Monjeau: “La oscuridad o la dificultad de las letras no parece caprichosa o producto de una subjetividad desenfrenada; esa oscuridad no tiene, por decirlo así, una forma «lisérgica» sino la forma de un enigma. Bien mirados, no debería sorprender que unos textos tan elaborados y tan oscuros tengan tamaña resonancia: su poder proviene, efectivamente, de que son textos potenciales; textos que no entregan su contenido de inmediato y que producen una fricción intensa en la imaginación de los oyentes, aparte de proveerlos de algunos versos que son, por sí solos, de un brillo o de una sugestión incomparables”.

En esa misma columna de Federico hay una frase que tal vez explique mucho de lo que en estas horas nos preguntamos acerca de las palabras del Indio y es que “Los Redondos modificaron la prosodia del rock, modificaron la manera de decir”.

Es en esa silenciosa revolución del discurso que el Indio le dio letra a una sociedad resquebrajada y sin red que hoy lo llora por artista, por gurú y por haberles hecho llegar palabras a quienes no las tenían.

¿Aquellos que minimizan el dolor y la rabia contenida de tanta gente tienen acaso idea de lo que significa que un artista modifique “la manera de decir” de una cultura? Seguramente, no. Son los que quedaron al otro lado de la mecha.

Pobres almas.

Mi solidaridad y respeto a los ricoteros, cuando me enteré la noticia de la muerte del Indio Solari, siempre respeto al talentoso, del color político que sea, y lamento su partida.

Sabía que iba a ver una multitud llorando y que iban a ver largas colas para a acompañarlo, me puse a seguir minuciosamente el desenlace de una ceremonia de duelo.

Y hora tras hora fui siguiendo la metamorfosis qué paso del dolor por el ídolo a "aguante Cristina, viva Perón, carajo, vamos a volver, Milei te tenés que ir ya, somo´ el pueblo que no te queremo´".

Urgentemente Máximo y otros K se apropiaron del dolor.

Myriam Bregman con la nostalgia del 2001 deliro con una revolución popular al mejor estilo de la revolución francesa, instalar una guillotina en Plaza de Mayo y tomar el gobierno con la izquierda soñando en toneladas de choripanes, cervezas y fasos, llenando de humo el sueño de la izquierda y la ventaja de los K, volver y arrasar con lo poco que dejaron desde su gobierno anterior.

El oportunismo berreta, de los políticos berreta que no pueden armar un líder para competir más un pueblo, mejor dicho, una parte del pueblo ante la orfandad del cacique muerto, fue una fórmula ideal para sentirse poderosos capitalizando el dolor de los que en verdad seguían al cantante.

Empecé a escribir esta nota con miedo porque seguramente el obtuso fanatismo que mata al cartero no me iba a comprender, pero igual la escribo, porque me aterra que en tantos años nos sigamos pegando la cabeza contra la pared y lloremos para seguir llorando y que los políticos sigan usando las lágrimas del pueblo para someterlo.

Por supuesto, nada tiene esta nota que ver con un hombre que supo conducir las masas en sus misas ricoteras y reconozco al artista que desde sus letras mando un mensaje, por lo que vi, a los más sufrientes del pueblo pero que se olvidó que los más sufrientes del pueblo fueron estafados por los políticos qué hoy se rasgan las vestiduras tratando de caranchear y llevar el agua para su molino.

Por eso, el día que nos falte Joan Manuel Serrat dudo que los que lloremos, que somos los que nos criamos con sus letras, inteligencia y sabiduría, llenemos un ascensor y seguramente no estarán ni Máximo Kirchner, que jamás habría entendido sus letras, ni Bregman, que nunca se entero que Joan Manuel fue representante de la izquierda de verdad, en plena dictadura franquista y nos abrió la cabeza en plena dictadura Argentina.

Y digo Serrat entre muchos otros ídolos que nos enseñaron a pensar para la libertad, por eso, mis condolencias al pueblo ricoteros y mi sugerencia a los caranchos que siguen creyendo que lo popular es berreta y que somos 45.000.000 millones que como en mi caso nos duele no tener al indio, pero que tenemos por seguro que nunca más queremos choripán, birra y faso para construir esa Argentina berreta que le causa tanta nostalgia a algunos políticos inútiles.

Q.E.P.D. Solari.

Permítanme empezar por el final. Creo que esto se trata de “todos juntos”; creo que se trata de “acá estamos, esto somos”. Juntos, cantando a los gritos, haciendo un pogo salvaje que, sin embargo, es contacto y no agresión; para agredir, alcanza con un tuit. Es que el futuro llegó hace rato... todo un palo, ya lo ves.

No es nueva, claro, esta cosa devocional con el Indio Solari. Ya tienen hijos grandes los adolescentes que se subían a los trenes, viajaban muchas horas y dormían en cualquier parte para participar de una “misa ricotera” en cualquier parte del país. Una convocatoria a estar con otros, a mirarse, a empujarse, a burlarse de “teatro antidisturbios”. A escuchar otra vez que “esos chicos son como bombas pequeñitas”, a sentir el poder de ese cuerpo colectivo y joven. A sentirse poderoso por un ratito.

No son fáciles las letras de Los Redondos, siempre hubo discusión alrededor de ellas. ¿De qué nos hablan? ¿Por qué convocan de esta manera? ¿Será justamente por esa dificultad, esa ambigüedad, que nos deja ponerle a cada uno lo que queríamos escuchar? Pero.. ¿a cada uno y a todos a la vez?

“Si esta cárcel sigue así, todo preso es político”, cantaron, y se entendió que hablaban de mucho más que de la penitenciaría. “El muy verdugo cena distinguido”, cantaron: no me digan que no pueden ponerle cara a ese comensal (y no será la misma para cada uno). “No es sincera pero te gusta oírla”.

Alguna vez, hace como mil años, un buen músico de otra banda de rock me dijo que las noticias de Los Redondos no debían salir en Espectáculos sino en Policiales. ¿Sí? Hoy su gente parece decir que no. Pero ¿seguro que sabemos quién es su gente? ¿Seguros de que son “ricoteras” estas miles de personas que se ordenaron para entrar despacio a despedirse, y cantar y llorar? ¿Son “fanáticos”?

Mmm. Hay algo más.

Hay algo más que para muchos es nuestra juventud. Que para muchos es ese grito de poder que es un cross en la mandíbula de la impotencia. Un “todos juntos” que pocas figuras han podido encarnar.

Ese “todos juntos” al que uno más uno más uno se fue sumando un poco porque se había sumado el anterior o porque se miró para adentro y se sintió ese perro cruel “con la costumbre de no contentarse con los restos”.

¿A las páginas de Policiales, amigo? Fijate, un momento, la organización y la calma. Fijate que se puede así, entre nosotros, sin odio y en paz. Fijate cómo la “horda ricotera” se reúne, autoconvocada y emocionada y hace, ahora sí, otra misa, seguramente la última misa.

Porque, ¿qué es una misa sino un momento de encuentro con uno, con sus deseos y sus frustraciones, con la carga de su pasado y la potencia de su futuro? ¿Qué es una misa sino ese encuentro no como cosa de uno sino junto, en comunión con los demás?

Aquí, en un predio del suburbio pobre de Buenos Aires, miles se han juntado a decir adiós a un símbolo y una época.

Siempre da tristeza cuando algo termina pero ojo, que la Historia es una culebra resbalosa y se mete por recovecos impensados. Y siempre hay futuro.

Así que chau, Indio. Y acá estamos hoy, juntos y ricoteros. Chau: me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle.

Esta fecha fue establecida en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en conmemoración a la fundación de la “Gazeta de Buenos Ayres” en 1810, el primer periódico de la etapa independentista creado por Mariano Moreno.

En la plaza de los periodistas en la ciudad de Buenos Aires hay una placa puesta en su memoria a meses de su partida física que destaca sus valores y su legado.

Nínawa Daher, periodista y abogada (1979-2011), es frecuentemente homenajeada en esta fecha por su ética y su compromiso con los valores humanos, su defensa de la verdad y del ejercicio responsable de la comunicación.

Otro tema que se ha destacado en su vida como periodista ha sido la defensa de su fe católica en los medios de comunicación.

Nínawa ha tenido posturas de defensa de la religión cristiana, de defensa de Jesús y de su fe que han sido inspiración para muchos jóvenes quienes atónitos veían como se levantaba al aire de mesas conformadas por prestigiosos periodistas por que en sus expresiones se referían sin respeto o en forma ligera a la Iglesia o a los sacerdotes o a Jesús.

Ha defendido en forma extrema y reiterada en los medios de comunicación la presencia de los signos religiosos como crucifijos o imágenes de la Virgen en los claustros universitarios o en las dependencias de los organismos gubernamentales.

Las conocidas Cartas a Jesús escritas por Nínawa fueron la base y el instrumento de su ejercicio profesional como comunicadora. Citamos una de ella en la que consulta con Jesús a propósito de su profesión como periodista:

“Gracias Jesús por devolverme la fuerza. Por recibir mis súplicas y obtener una tan pronta respuesta. Gracias Jesús por ser tan atento. Porque tu inmediatez permite mi estado de contento. Cuando te abandono, me siento triste. Me invade una debilidad extrema que no me permite moverme. Pero al pedir tu socorro, vuelvo a existir y es inmediato. Vuelvo a ver el brillo en mis ojos y mi sangre se mueve con fuerza y vitalidad. Sé que es tu voluntad que yo hable en medios masivos, para poner tu mensaje en un mundo mediocre y frío. Dame voluntad para avanzar sin miedo, cada vez que pueda quiero que tu camino sea el que yo transite. Jesús. ¿cuán lejos debo llegar? La tele no será mi última parada. Para cambiar las cosas debo dedicarme a la política, pero ¿a qué precio? Ayudame Jesús a ser quien mi padre quiere que sea. Porque a él le debo mi vida, mi capacidad, mi inteligencia y mi belleza. Amén” (Extraído de Cartas a Jesús - Año 2004).

Recientemente en un encuentro de jóvenes se planteó el tema acerca de qué diría Nínawa respecto al uso de la inteligencia artificial. La respuesta fue unánime: “Ella la usaría para su trabajo, para investigar, pero privilegiaría la responsabilidad de confirmar la propiedad intelectual del contenido.”

“Nínawa elegiría el contacto humano, la empatía, el estudio profundo de cada tema y jamás aceptaría hablar acerca de algo sin re chequear mil veces la fuente como tampoco daría noticias en las que vislumbre alguna intencionalidad política o de otra índole. Muchas veces rehusó dar noticias donde no constaba la fuente aún estando al aire y a pesar de saber que sería suspendida de su trabajo”.

“Sus convicciones, su solidaridad y su defensa de la familia y de la vida antes del nacimiento así como su lucha en contra del aborto marcaron su vida”.

Hubo unanimidad en que el legado de Nínawa permanece hasta la actualidad entre nosotros.

Por un lado, la continuidad del legado de Nínawa ha permanecido vigente en sí mismo; y por otro, las actividades de la fundación creada en su memoria y que lleva su nombre recuperan en forma continua su nombre y confirman su legado en la defensa de la solidaridad y del compromiso con el prójimo en especial en la discapacidad.

Nínawa ha sido una periodista que en el ejercicio de su profesión nunca dudó en defender la discapacidad en épocas en las que poco se hablaba de ello así como defendió los derechos de las personas más necesitadas.

Las actividades más recientes de la fundación la recuerdan en su plenitud. En su proyecto “Santuarios Accesibles” la Fundación Nínawa Daher ha aportado el cuarto Plano Háptico del santuario de la Virgen del Valle de Catamarca sumándolo a otros tres aportados con anterioridad -el Santuario de Luján, el Santuario de San Nicolás y el Santuario de Guadalupe en Santa Fe- volviendo los templos en accesibles a las personas con discapacidad visual y brindando de este modo autonomía e independencia en el manejo del espacio.

Asimismo ha aportado estos recursos de accesibilidad a plazas, espacios públicos, teatros, museos y parques temáticos transformándose el nombre de Nínawa en una referencia de accesibilidad en la discapacidad visual.

Asimismo el deporte siempre ha sido un modo de recordar su legado en los medios de comunicación pues no se cansaba de manifestar en cámara su preocupación por la niñez y el futuro de nuestra juventud en relación a los trastornos psicosociales que la acechan, planteando que “solo la fe, el deporte y la música van a alejar a nuestros niños de la droga y del alcohol“.

El sábado 30 de mayo se llevó a cabo el Torneo Nacional de Síndrome de Down organizado por FADDIM (Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual), donde se entregó la primera Copa Nínawa Daher en un homenaje a este legado en los medios de comunicación.

Esta actividad deportiva se suma a las 14 ediciones del encuentro de escuelitas de fútbol que lleva su nombre y que cada año se realiza en Pinamar convocando a toda la zona balnearia.

Otra frase de Nínawa respecto al periodismo la muestra en su sentir más profundo:

“Necesitamos un periodismo que inspire. Un periodismo que brinde esperanza porque inspiración y esperanza son acciones que los medios de comunicación no buscan provocar en nosotros…”

A mi generación le repiten con frecuencia que es “el futuro del país”. Pero en estas elecciones esa frase ya no alcanza. Los jóvenes no somos una promesa lejana: somos una fuerza decisiva del presente. Hoy, cerca de 7 millones de peruanos entre 18 y 29 años están habilitados para votar, es decir, uno de cada cuatro electores del país. Y, dentro de ese grupo, 2,5 millones votaron por primera vez. No hablamos, entonces, de una voz periférica, sino de un actor con capacidad real de definir el rumbo y futuro del Perú.

Pero el voto joven no puede leerse como un bloque uniforme. El Perú no se explica desde una sola realidad. Las prioridades, urgencias y esperanzas de un joven en Lima no son idénticas a las de uno en la Amazonía, en la sierra o en una ciudad intermedia. Justamente por eso, hablar del voto joven exige una mirada más amplia y consciente de la diversidad del país.

Y, aun en medio del malestar que muchos sienten frente a la política actual, hay una señal esperanzadora. Según estudios de IPSOS, 7 de cada 10 jóvenes se muestran optimistas frente a las elecciones y cree que su voto puede mejorar el país; e igualmente Arellano Consultoría señala que el 66% de jóvenes considera que su voto influye en el futuro del Perú. Ese dato importa, porque demuestra que todavía existe una reserva de confianza democrática en una generación que, pese al cansancio, no ha renunciado a participar. El reto, entonces, no es solo votar, sino hacerlo con información, criterio y sentido de responsabilidad.

Por eso no deberíamos romantizar el voto nulo o viciado. En momentos de frustración puede parecer un gesto de rebeldía, pero casi nunca se convierte en una solución. Más bien, suele ser una forma de cederles a otros una decisión que también nos pertenece, porque la realidad es que igualmente habrá un ganador, lo único que eso demuestra es falta de responsabilidad. Y en un país que necesita reconstruir confianza, retirarse no fortalece la democracia: la debilita y tiene consecuencias.

Mi generación no solo debe pedir más, sino que debe comprometerse y proponer soluciones para mejorar nuestro país. Debemos involucrarnos e impulsar que se fortalezca la educación cívica en colegios, institutos y universidades para votar con pensamiento crítico y defendernos de la desinformación. Defender la inversión privada que genera empleo y desarrollo, exigir una ruta nacional de primer empleo descentralizado, promover la educación superior tecnológica de calidad. Y necesitamos más espacios de participación juvenil, vigilancia ciudadana y ciudadanía digital activa. Para no aparecer solo en campaña, sino también involucrarnos y sumar en las decisiones de manera permanente. Porque el voto joven no debería moverse por el resentimiento ni por el odio, sino por propósito, conciencia y responsabilidad.

El país no necesita una juventud perfecta, necesita una juventud presente. Una que no anule su voz por cansancio, que no desprecie el voto ajeno y que entienda que elegir con responsabilidad también es una forma de cuidar al Perú. No necesitamos un voto perfecto. Necesitamos un voto responsable. Porque anularlo no castiga al futuro: nos resta poder para construirlo.

La próxima administración recibirá un país cuya mayor riqueza —la Amazonía— se encuentra bajo asedio. La minería ilegal, la tala y el tráfico de vida silvestre avanzan a un ritmo que devasta ecosistemas enteros y, con ellos, la vida de las comunidades que los habitan. Frenar ese avance no es una aspiración más entre tantas: es la condición para que cualquier otra política ambiental tenga sentido. Por eso conviene ordenar, con claridad, los temas que deberían encabezar la agenda del nuevo gobierno.

El primero es el combate al crimen organizado y a la minería ilegal de oro. Estas mafias no solo destruyen el bosque; amenazan directamente a las poblaciones locales y a quienes las defienden. Desarticularlas exige una presencia estatal real y una acción coordinada, con el Ministerio del Ambiente a la cabeza, para recuperar las zonas afectadas. Y exige, además, un gesto político ineludible: derogar las llamadas «leyes pro-crimen» aprobadas por el Congreso actual, normas que debilitan la seguridad y la soberanía del país.

A ese combate se suma una deuda moral. El Perú es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el ambiente. Necesitamos un mecanismo estatal que reúna a todos los poderes públicos y genere condiciones efectivas para que los defensores dejen de ser amenazados y asesinados.

Detrás de estas urgencias hay un riesgo mayor: el punto de no retorno. Científicos y expertos advierten que la Amazonía se aproxima a un umbral crítico, a partir del cual el ecosistema perdería su capacidad de recuperarse. Las consecuencias trascienden el bosque: alteran el ciclo del agua y la estabilidad climática de toda la región. Evitarlo supone frenar la deforestación y apostar por economías verdes —la agricultura regenerativa, entre otras alternativas sostenibles— que reconozcan el papel estratégico de la Amazonía frente al cambio climático.

La gestión de la minería de pequeña escala merece un capítulo propio. Es indispensable poner en marcha el sistema de interoperabilidad de la minería artesanal y de pequeña escala, pero también controlar a quienes se amparan en ese régimen excepcional siendo, en realidad, medianos o grandes mineros. Ese control debe alcanzar, desde el gobierno nacional, a las plantas de beneficio. En la misma línea, urge prohibir el uso del mercurio y promover tecnologías limpias: diversos estudios han demostrado que la contaminación por esta sustancia —una de las más tóxicas del mundo— provoca daños irreversibles en la salud de las personas. La evidencia debería bastar para que las próximas autoridades aborden el problema con seriedad.

La agenda no se agota en la Amazonía. La transición energética es otra tarea pendiente: promover energías renovables y criterios de economía circular en el sector empresarial resulta cada vez más necesario, sobre todo cuando dependemos de combustibles fósiles que se agotan y aún no alcanzamos la independencia energética. En las ciudades, el transporte y la gestión de residuos siguen sin resolverse pese a tener roles claramente definidos; el caso de Lima Metropolitana, que alberga a casi un tercio de la población del país, es el más elocuente.

Hay, además, derechos que esperan ser garantizados. La seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas es el pilar para proteger sus territorios frente a amenazas externas, y eso pasa por concluir los procesos pendientes de saneamiento físico-legal, demarcación y titulación. A la par, debemos prohibir y controlar el uso de agroquímicos peligrosos, vinculados a enfermedades respiratorias, neurológicas e incluso al cáncer.

Finalmente, el mar, una agenda postergada pese a que la sobrepesca, la flota industrial no regulada y la contaminación por plásticos y derrames generan daños graves. Necesitamos una mejor fiscalización, el respeto a las cinco millas reservadas a la pesca artesanal y la consolidación de una economía azul, pero sobre todo una protección real y efectiva mediante áreas marinas protegidas.

Estos temas no agotan la realidad del país, pero trazan una ruta. Y todos comparten un mismo norte: entender que la agenda ambiental va más allá de proteger ecosistemas y especies. Su verdadero centro es la persona humana, pieza clave de toda política pública. Ese debería ser el compromiso del próximo gobierno.

A pocos días de una nueva elección presidencial, la salud debería ocupar un lugar prioritario en la agenda del próximo Gobierno. La experiencia internacional, las recomendaciones de la OCDE, la OMS/OPS, Banco Mundial, BID y la OIT coinciden en una misma conclusión: el Perú necesita dejar atrás un modelo fragmentado y hospitalocéntrico para avanzar hacia uno centrado en el primer nivel de atención con énfasis en la atención primaria de salud.

Desde la economía de la salud existe una imagen que resume el principal problema del sistema peruano. La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente el 80% de los problemas de salud de una población deberían resolverse en el primer nivel de atención, el 15% en el segundo nivel y apenas el 5% en hospitales altamente especializados.

Sin embargo, la realidad peruana se parece más a un triángulo invertido, con lo cual se afirma literalmente que “El Sistema de Salud Peruano está de cabeza”. Tanto en el sector público (MINSA y Gobiernos Regionales) como en EsSalud, la mayor inversión histórica se ha concentrado en hospitales y establecimientos (o centros asistenciales) de mayor complejidad, mientras que los policlínicos, centros y puestos de salud continúan enfrentando limitaciones de infraestructura, equipamiento, personal y falta de capacidad resolutiva y tecnológica.

Por ello, el reto más urgente para el próximo Gobierno es cerrar el déficit histórico, acumulado y creciente que sucede en la puerta de entrada del sistema, como es el primer nivel de atención.

En el caso del MINSA y los Gobiernos Regionales, ello implica modernizar establecimientos, refundar las Redes Integradas de Salud, mejorar la disponibilidad de médicos, enfermeras y medicamentos, y migrar progresivamente hacia mecanismos de financiamiento que premien resultados en salud (producción final) y no únicamente la ejecución presupuestal (producción intermedia). La OCDE ha señalado precisamente la necesidad de mejorar la coordinación, reducir la fragmentación y fortalecer la atención primaria.

Para EsSalud, el desafío es distinto pero complementario. El envejecimiento poblacional y el crecimiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades renales exigen un modelo menos centrado en hospitales y más orientado al seguimiento ambulatorio continuo de los pacientes. Tanto el MINSA como EsSalud tienen el reto de utilizar y potenciar el canal de telesalud para atenciones ambulatorias y la creación y expansión de IPRESS digitales, existen experiencias y asistencia técnica por parte de la CAF (Banco de Desarrollo de AlyC) en centroamérica.

Este enfoque se relaciona directamente con otro problema crítico: el acceso a medicamentos. Aunque cerca del 100% de los peruanos cuenta con algún seguro de salud, miles de familias siguen comprando medicamentos con recursos propios (gasto directo de su bolsillo) debido al desabastecimiento, la corrupción y las demoras en el acceso o las dificultades para conseguir atención oportuna. Diversos estudios muestran que el gasto de bolsillo continúa siendo una barrera importante y afecta especialmente a los hogares de menores ingresos.

Existe además una población frecuentemente olvidada y excluida: la Población Económicamente Activa (PEA). Millones de trabajadores en el Perú terminan su jornada laboral cuando los establecimientos (o centros asistenciales) ambulatorios ya han cerrado, por lo que la emergencia se convierte en su única puerta de entrada al sistema de salud. El próximo Gobierno debería impulsar horarios extendidos, centros ambulatorios especializados para pacientes crónicos y una mayor articulación de las IPRESS del primer nivel del MINSA y EsSalud, compartiendo infraestructura y capacidades tecnológicas y recurso humano donde sea posible.

La salud del futuro no dependerá únicamente de construir más hospitales. Dependerá de construir un sistema que prevenga más (educación oportuna) y cambie el paradigma de atender sólo a usuarios enfermos (pacientes), sino que también atienda a usuarios sanos para que continúen en ese estado y detecte antes (diagnóstico oportuno), atienda cerca de las personas (establecimientos y centros asistenciales ambulatorios de pequeño y masificados) y evite que una enfermedad controlable termine convirtiéndose en una hospitalización costosa para las familias y para las IAFAS en general. Ese es, probablemente, el mayor desafío sanitario del Perú hacia el 2030.

En esta reñida segunda vuelta electoral, las redes sociales han jugado un papel fundamental para trasladar e instalar mensajes en el debate público. En esta plenitud digital, en la que nuestra comunicación está atravesada por estas plataformas, cada candidato desplegó sus propias estrategias con el objetivo de llegar de manera más precisa al bolsón de votantes que necesita para obtener la presidencia de la República.

Para empezar, necesitamos tomar en cuenta algunos datos que nos ayuden a orientar el análisis. Según DataReportal, nuestro país tiene alrededor de 28.3 millones de usuarios en TikTok con un tiempo promedio de uso de 2 horas y 16 minutos; Facebook tiene alrededor de 24.7 millones de usuarios con un tiempo promedio de 43 minutos; e Instagram, 11.3 millones de usuarios con 40 minutos de uso diario. Estas tres plataformas concentran la mayor cantidad de usuarios e influencia en el ecosistema digital peruano. En una segunda vuelta que se decide por estrechos márgenes, ese ecosistema no es un punto aislado: es también el campo de batalla donde se disputa la elección.

Dos estrategias radicalmente distintas

Es en este escenario digitalizado donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez desplegaron estrategias radicalmente distintas para llegar a sus electores, aprovechando las lógicas específicas de cada plataforma.

Roberto Sánchez apostó por la inundación: una gran cantidad de publicaciones sostenidas en el tiempo, con el objetivo de saturar las redes con su contenido y mantener presencia constante. Facebook fue su plataforma central y su principal vehículo de distribución, donde su audiencia redistribuyó activamente cada publicación. El contenido compartido funcionó como un boca a boca digital de alcance territorial, la lógica que mejor aprovecha lo que Facebook ofrece: comunidades ya consolidadas que amplifican hacia adentro.

Keiko también usó Facebook, pero activó una lógica diferente. Su audiencia no distribuye tanto como debate, opina y confronta. Por cada 100 reacciones, 30 se convirtieron en comentarios, una intensidad que el algoritmo de Facebook premia con mayor alcance orgánico. Cada publicación se convertía en un campo de batalla propio, con una polarización que mantenía encendida la conversación mucho más allá del momento de la publicación.

Sin embargo, el verdadero motor de impacto de Fujimori fue TikTok, donde apostó por pocos contenidos pero de alta eficiencia. Frente a las decenas de publicaciones de Roberto Sánchez en esa plataforma, Keiko publicó apenas 18 veces y generó una respuesta masiva de su audiencia, con un promedio por post 18 veces superior al de su rival. La clave estuvo en entender la lógica propia de TikTok: contenido territorial, cercano, sin libreto aparente. Presencia física convertida en proximidad afectiva. Roberto Sánchez trasladó a TikTok el mismo formato de Facebook, y la plataforma penalizó ese trasplante con indiferencia.

¿Quién tuvo mejor resultado? No lo sabremos hasta la noche del 6 de junio. Uno apostó por la cantidad, la otra por la eficiencia. Uno construyó una red de distribución; la otra, una comunidad de alta intensidad. Pero ambas estrategias comparten un límite que los datos no revelan con claridad: el votante que aún no ha decidido, el que puede inclinar la balanza en una elección que se define por estrechos márgenes, probablemente no está en ninguno de esos dos feeds. Es posible que el voto decisivo esté en otro lugar, tomando su decisión de otra manera.

Ya son 18 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con más de USD 23.000 millones comprometidos. El régimen cumplió el objetivo de atraer inversiones para proyectos de gran escala en sectores estratégicos. La señal es clara: con estabilidad jurídica, fiscal y cambiaria a largo plazo, las empresas locales y extranjeras asignan capital y los proyectos avanzan.

Los primeros desarrollos ya comenzaron a inaugurarse; el parque solar El Quemado de YPF Luz fue una muestra.

Con las iniciativas ya aprobadas y un conjunto de proyectos en evaluación que elevaría los montos comprometidos, el eje de la discusión pasó de la adhesión inicial a la ampliación del esquema. La agenda oficial ahora incluye un capítulo adicional: un proyecto de ley para un régimen reforzado orientado a industrias que hoy no tienen escala en Argentina, con incentivos fiscales y cambiarios más intensos.

El eje de la discusión pasó de la adhesión inicial a la ampliación del esquema

En los últimos días hubo novedades concretas. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el comité evaluador aprobó dos nuevos proyectos: la construcción del gasoducto San Matías, con una inversión estimada de USD1.300 millones, y la segunda etapa de la mina Sal de Oro, con una capitalización de USD 208 millones.

Nuevos proyectos: gasoducto y litio

El gasoducto San Matías será clave para la exportación de GNL bajo el proyecto Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Tendrá una capacidad de transporte de 27 MMm3/d de gas natural, destinada a la exportación de SESA.

La obra conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro, donde el consorcio contará con dos buques de licuefacción con una capacidad de 6 MTPA.

En paralelo, la segunda etapa de Sal de Oro -una mina de litio en Salta y Catamarca- prevé que la surcoreana Posco construya una planta para producir 23 mil toneladas anuales de carbonato de litio.

Un pipeline en expansión y montos en evaluación

La cartera de posibles inversiones también creció. Chevron solicitó adherirse al régimen con una inversión de USD 13.800 millones para desarrollar el bloque El Trapial, uno de sus activos más importantes en el norte de Vaca Muerta.

YPF anunció recientemente su megaproyecto de exportación LLL Oil por USD 25.000 millones, con foco en bloques continuos cerca de La Angostura Sur

Desde mediados de febrero, cuando se prorrogó el esquema por un año y se extendió la adhesión a proyectos de upstream, grandes jugadores del sector O&G mostraron interés en incorporarse. En esa línea, YPF anunció recientemente su megaproyecto de exportación LLL Oil por USD 25.000 millones, con foco en bloques continuos cerca de La Angostura Sur para capturar sinergias operativas y de costos orientadas a la exportación de crudo.

Otros operadores, como Pampa Energía, Pluspetrol y Tecpetrol, presentaron proyectos por más de USD21.000 millones en conjunto, que siguen bajo evaluación del comité.

La apuesta por un beneficio ampliado

El pipeline no termina ahí. Las inversiones en carpeta superan los USD 100.000 millones, con predominio de iniciativas de O&G y minería. En ese marco, las inversiones potenciales bajo el régimen podrían exceder los USD 120.000 millones si el comité evaluador aprueba las propuestas pendientes. La cifra contrasta con los USD 23.000 millones ya aprobados y dimensiona el alcance del instrumento como acelerador de inversión y capacidad exportadora.

Con estos resultados y una cartera de proyectos que supera las proyecciones iniciales, el Gobierno buscó redoblar la apuesta con el “Super” RIGI. El nuevo esquema mantendría la arquitectura del régimen vigente, pero con incentivos fiscales y cambiarios más agresivos, orientados a megaproyectos de más de USD1.000 millones en sectores hoy poco desarrollados en Argentina.

Industrias como data centers de IA, producción de semiconductores, fabricación de baterías de litio, vehículos 100% eléctricos y desarrollos aeroespaciales podrían quedar alcanzadas por este régimen, que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

Industrias como data centers de IA, producción de semiconductores, fabricación de baterías de litio, vehículos 100% eléctricos y desarrollos aeroespaciales podrían quedar alcanzadas por el Super RIGI

El tratamiento del “Super” RIGI comenzó esta semana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Con posiciones divergentes entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, el Gobierno apunta a conseguir dictamen para llevar el proyecto al recinto durante la segunda quincena de junio.

De aprobarse, el “Super” RIGI podría acelerar la decisión de inversión de parte de los más de USD 80.000 millones mencionados en proyectos que todavía no solicitaron el ingreso. El régimen vigente ya dejó de ser una enumeración de anuncios: empezó a destrabar infraestructura y capacidad operativa que Argentina necesita para escalar su base exportadora. El “Super” RIGI buscaría extender ese impulso hacia industrias que hoy no tienen escala local.

La autora es Economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

Existen dos clases de deudas que impiden el avance de los argentinos: la humana, vinculada a las necesidades de subsistencia de las familias de la mitad de la población, y la deuda externa, tanto legítima como ilegítima, como expuso con pruebas uno de los pocos jueces que aún quedaba en Comodoro Py.

En 2026 el 60% de los adultos en Argentina mantiene algún tipo de deuda. El préstamo con tasas de interés se transformó en un negocio financiero cuando el “mala paga” eliminó el fiado. Es una herramienta de consumo tanto para bienes necesarios como útiles para la supervivencia. El 77% de los trabajadores manifiesta tener deudas, principalmente para cubrir gastos básicos, alimentos y medicamentos, lo que derivó en la tasa de morosidad más alta desde 2004. El “¿me lo anota, don Bautista?” fue reemplazado por el acuerdo casi automático y discreto de las billeteras virtuales. El celular desplazó al lápiz y papel, y la confianza fue sustituida por cálculos invisibles, ajenos a la comprensión del gallego de la esquina.

¿A qué llamamos deuda social?

Según el papa Francisco, “la deuda social se compone de privaciones que ponen en grave riesgo el sostenimiento de la vida, la dignidad de las personas y las oportunidades de florecimiento humano”. Estas incluyen inversiones como la tierra, la vivienda, la educación, la salud privada, la seguridad y los gastos extraordinarios.

Una magnitud millonaria de deudores

En 2025 y en lo que va de 2026, los créditos al sector privado pasaron a representar el 13,6% del PBI. Hay una diferencia entre la composición bancaria y no bancaria. El 55% de los hogares tiene deudas con bancos y tarjetas, mientras que casi un 60% utiliza canales no bancarios (fintechs, billeteras virtuales, ANSES y prestamistas). La falta de pago alcanzó niveles críticos. En el sistema bancario, la mora supera el 14%, mientras que en las financieras no bancarias y billeteras virtuales la irregularidad varía entre el 15% y el 35%. El impacto poblacional se estima en 6,3 millones de argentinos. El 18% de los adultos registra importantes atrasos en sus pagos y cuatro de cada diez jóvenes no pueden cumplir con sus obligaciones financieras.

Frente a salarios rezagados respecto a la inflación y los servicios, una parte significativa de la población se vio obligada a refinanciar sus saldos y a destinar ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, al pago de deudas. Para profundizar en el manejo de deudas y opciones de financiamiento oficiales, pueden consultarse las normativas y tasas de interés publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El aguinaldo de junio

Una encuesta reciente de la consultora Focus Market revela que aumentó de forma notable la cantidad de personas que destinarán el aguinaldo al pago de deudas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales, una tendencia que refleja el incremento de la morosidad en la economía de los hogares. La deuda de las familias, por su naturaleza jurídica y contable, es una deuda privada, pero su impacto y origen permiten analizarla como una profunda deuda social, debido a las causas estructurales que la generan: los aumentos de precios superan con creces a los incrementos salariales (fuentes: Elauditor.info, Focus Market, Revista Anfibia, Universidad Católica Argentina).

La Iglesia y la conciencia de la deuda social argentina

Se destaca el seminario “Las deudas sociales”, dictado en 2009 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio (véase Pastoral Social de Buenos Aires, “La deuda social según la Doctrina Social de la Iglesia”), así como los informes del Observatorio de la UCA.

El verdadero endeudamiento argentino

Bergoglio afirmó: “El verdadero endeudamiento de un país no es el financiero, sino el social: la exclusión, la pobreza estructural y la injusticia sistémica son las deudas más graves y peligrosas”.

“La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tienen sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos, en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos”, agregó. También señaló: “No puede haber estabilidad ni desarrollo real en un país que posterga a la mayoría de su población en nombre de equilibrios macroeconómicos impuestos desde el exterior” (léase, básicamente, FMI).

El cardenal Bergoglio también expresó: “Las deudas no son malas. Lo son cuando lo prestado no se invierte en desarrollo y crecimiento y se paga con el sacrificio de los trabajadores (inflación y bajos salarios), o cuando el prestamista termina dominando la vida del prestatario”. Siendo la deuda una relación, hay que medirla en cada caso con diversas variables económicas: PBI, déficit o superávit fiscal, entre otras. A pesar de las desviaciones y vicios de los últimos 200 años y hechos de corrupción, el desvío y la renovación permanente de la deuda son la verdadera causa de la opresión que aplasta el mundo laboral y la distribución de los ingresos, impidiendo el buen vivir de gran parte de la población argentina.

La necesidad de transparentar el destino del dinero de la deuda externa

Bergoglio advertía: “Mientras millones de niños carecen o se atrasan en su educación, pasan frío, hambre o mueren a causa de la miseria, muchos, a consecuencia de la deuda social, especulan con teorías y ataques —de unos contra otros— discursos casi siempre deformativos y diabólicos. De estos, podría decirse con el poeta que ‘…son como animales en una estepa, llevados al retortero por un espíritu maligno’ (Goethe). Al menos, inmorales, mientras la balanza de la justicia siga atendiendo en el mercado”.

“…Desde una antropología cristiana, el ser es siempre ‘ser en relación’ y no ‘ente aislado’. Cuando se separa el yo del otro-nosotros, existencialmente sobreviene una crisis por carencia de sentido de pertenencia o identidad. Cuando la acumulación del dinero, que debería perseguir el bien común, está destinada al interés propio por vía del egoísmo, nos transformamos en Caínes. La inequidad que implica la apropiación política de lo ajeno constituye un acto de violencia y de mutilación de la libertad del hermano”. Recordemos que los dólares son libertad física o material.

El Papa Francisco señaló más adelante que, en un “sistema social y económico injusto en su raíz, el bien tiende a comunicarse; el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su daño y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad siempre tiene un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, de las cuales no puede esperarse un futuro mejor” (Exhortación Apostólica del Papa Francisco E.G. N° 59 “No a la inequidad que genera violencia”, p. 61).

Hacia la reconquista del derecho laboral

Tras largas luchas, los argentinos lograron en los últimos cien años un sistema laboral jurídicamente justo, tanto en las relaciones laborales individuales como colectivas. Sin embargo, los regímenes neoliberales expulsaron a gran parte de los trabajadores y les hicieron pagar al mundo del trabajo y la producción sus propios desaciertos económicos. Las divisiones crónicas de las centrales sindicales, entre un ala negociadora y otra combativa, junto con la corrupción y la falta de unidad y de políticas del empresariado, fortalecieron esa parálisis. Así como el papa Francisco predicó en todo el mundo la acción y la superación del ensimismamiento, con una Iglesia en salida y actuando como hospital de campaña, el movimiento obrero organizado podrá reconquistar la excelencia de los beneficios sociales. Recuperemos la ley con la luz de Norberto Centeno.

El tejido social y la responsabilidad de los dirigentes

“Por eso, como indican los obispos argentinos, para superar esta deuda social es necesario reconstruir el tejido social y los vínculos comunitarios.” Reconstruirlo es urgente, ya que el tejido social está roto y el mundo del trabajo también, como lo denunciaron los dirigentes de la CGT y de las dos CTA en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo en la OIT, Ginebra, en la última semana. Bergoglio concluía que “esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya otras causas de la miseria”. Son estructuras de poder, como afirmaba el presidente Perón hace décadas, durante las cuales “el pescado comienza a pudrirse por la cabeza”, entendiendo la metáfora como “mente” de los dirigentes contaminados por la corrupción. La motosierra aplicada sobre la legislación laboral, la desocupación, la precarización del trabajo. La distancia entre los trabajadores y muchos dirigentes sindicales. Los discapacitados, los trabajadores de la salud, de las ciencias, los docentes, y en general el mundo del trabajo se ha visto degradado, y la situación de los jubilados y pensionados ha sufrido una reducción de ingresos. El derrumbe de las garantías constitucionales remite a ciertas dictaduras latinoamericanas de un tiempo que parecía definitivamente superado.

“Los derechos humanos —recordaba Bergoglio citando el Documento de Santo Domingo— se violan no sólo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades”.

Todo ser humano tiene derecho a sobrevivir y a vivir bien

“Por encima de la lógica del mercado, existe algo que es debido al hombre porque es hombre (y no cosa), en virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la humanidad”. “Sobrevivir”, entendido como “seguir vivo”, y “participar en el bien común” como forma del “buen vivir”. Esto se garantiza favoreciendo la producción en el agro y la industria, los recursos naturales, su exploración, extracción y enriquecimiento con valor agregado y exportación. Garantizar el derecho al trabajo y a una remuneración justa implica asegurar un reparto justo de la riqueza; satisfecho esto, se debe pagar la deuda pública. Los estados deben contratar personal y ajustar sus cuentas con rigor científico, además de repartir racionalmente las cargas impositivas respetando la justicia tributaria: deben pagar más quienes más tienen y quienes más ganan.

Un Estado activo que sostenga la justicia social

“Es necesario un Estado activo, transparente, eficaz y eficiente, que promueva políticas públicas como nueva forma de opción por nuestros hermanos más pobres y excluidos.” “La justicia social prohíbe que una clase excluya a la otra en la participación de los beneficios. Exige que las riquezas, que aumentan constantemente gracias al desarrollo económico social, se distribuyan entre todas las personas y clases, de modo que quede a salvo la utilidad común de todos”.

“Ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres (DA, 396), que brota de la fe en Jesucristo (Cf. DI, 3; DA, 393-394), requiere socorrer las necesidades urgentes y, al mismo tiempo, colaborar con otros organismos e instituciones para organizar estructuras más justas. Se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia”.

La unidad es superior al conflicto: el llamado a todos los sectores sociales

“La deuda social exige la realización de la justicia social. Ambas interpelan a todos los actores sociales, en particular a los distintos poderes del Estado, a la dirigencia política, al capital financiero, empresarios, agropecuarios e industriales, sindicatos, Iglesias y demás organizaciones sociales”.

Finalmente, Bergoglio se preguntaba: “¿Qué podemos hacer para que los recursos salden la deuda social y generen condiciones para un desarrollo integral para todos?”

“La Iglesia, al reconocer y referirse a la ‘deuda social’, pone de manifiesto una vez más su amor y opción preferencial por los pobres y marginados, con quienes Jesucristo se identificó especialmente (Mt. 25,40). Lo hace a la luz del primado de la caridad, atestiguado por la tradición cristiana, comenzando por la Iglesia peregrina (cf. Hech 4,32; 1 Co. 16,1; 2 Co. 8-9; Ga. 2,10) y siguiendo la tradición profética (Is. 1,11-17; Jer. 7,4-7; Am. 5,21-25)”.

La Constitución argentina de 1853-1860 estableció respecto de la selección y designación de los jueces federales anteriores a la Corte Suprema de Justicia la Nación un sistema político puro basado en la discrecionalidad política de los órganos intervinientes. De esta manera, el antiguo artículo 86 inciso 5 estableció como una de las atribuciones del Presidente nombrar a los magistrados de los tribunales federales inferiores con acuerdo del Senado.

La reforma constitucional de 1994 cambió el sistema político puro por un sistema mixto profesional-político al introducir al Consejo de la Magistratura y tal como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rizzo” (2013) el objeto que persiguió al dejar de lado “el sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario y de absoluta discrecionalidad que estaba en cabeza del Poder Ejecutivo del Senado de la Nación” como un “modo de fortalecer el principio de independencia judicial” fue “despolitizar parcialmente el procedimiento vigente desde 1853 para la designación de los jueces, priorizando en el proceso de selección una ponderación con el mayor grado de objetividad de la idoneidad científica y profesional del candidato, por sobre la discrecionalidad absoluta” (considerando 20). Con cita de Germán J. Bidart Campos el tribunal reafirmó que era inocultable la búsqueda del constituyente de “amortiguar la gravitación político-partidaria en el proceso de designación y enjuiciamiento de jueces”. Este nuevo modelo es totalmente distinto al sistema norteamericano y así debe ser interpretado y aplicado.

El mecanismo previsto en los artículos 99.4 y 114 incisos 1 y 2 de la Constitución argentina consiste en un procedimiento constitucional complejo donde intervienen tres órganos constitucionales ejerciendo distintas facultades. En la primera etapa, de carácter profesional o técnica, el Consejo de la Magistratura sustancia, ante una vacante, un concurso de oposición y antecedentes, luego, realiza una entrevista personal y establece un orden de mérito, y finalmente, confecciona una terna que es elevada al Poder Ejecutivo Nacional. En la segunda etapa, de naturaleza política pero acotada profesionalmente por la existencia de la terna, el Presidente elige a un candidato y candidata y eleva el pliego a la Cámara de Senadores solicitando el respectivo acuerdo. En la tercera etapa, de tinte político pero acotada a la situación de un candidato sostenido por la idoneidad técnica debidamente acreditada, el Senado de la Nación, en sesión pública, delibera y decide si le presta o no el acuerdo. En caso de hacerlo la persona adquiere la categoría de juez o jueza y solo resta que el Presidente dictado un acto meramente formal la designe.

Como acto constitucional complejo de formación progresiva donde cada órgano interviene dentro de una competencia específica, una vez agotada una etapa no es posible volver atrás. El Consejo de la Magistratura una vez que elevó la terna no le puede solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que se la devuelva para cambiarla, el Presidente una vez que eligió un candidato y remitió el pliego a la Cámara de Senadores no puede retirarlo y una vez que arribó a la Cámara de Senadores esta no puede inhibirse de tratar el tema en una sesión pública; esto implica que no puede convertir su competencia de prestar o no el acuerdo en una potestad de bloqueo silencioso, por cuanto si el pliego ingresó, tiene que deliberar y decidir, debido a que la publicidad del debate es parte esencial del diseño constitucional. Y si bien un candidato cuyo pliego llegó a esta última instancia no tiene el derecho a ser designado juez o jueza, titulariza el derecho constitucional a que su pliego sea debatido tomando como parámetro la idoneidad técnica acreditada ante el Consejo de la Magistratura y refrendada políticamente por el Presidente al elevar el pliego: la inexistencia de un derecho adquirido al cargo no habilita la inexistencia de un derecho al procedimiento constitucional debido.

En este nuevo sistema dispuesto por el pueblo argentino a través de la Asamblea Constituyente, la potestad presidencial se limita a elegir a uno de los integrantes de la terna y una vez que la Cámara de Senadores presta el acuerdo el decreto de designación constituye una obligación constitucional, al igual que sucede cuando ante una promulgación implícita de una ley sancionada por el Congreso o una ley vetada e insistida por el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional está obligado a realizar la pertinente publicación en el Boletín Oficial.

Sostener que una vez finalizado el procedimiento con el acuerdo prestado por la Cámara de Senadores, el Presidente puede elegir entre dictar o no dictar el decreto de nombramiento desconoce la estructura constitucional vigente debido a que transformaría el modelo en un sistema político puro dependiente de la exclusiva voluntad del Poder Ejecutivo. Además en un acto constitucional complejo donde intervienen tres órganos en distintas etapas se le adjudicaría al Presidente una ventaja que rompería con la lógica de un procedimiento complejo de naturaleza mixta profesional-político.

Si un Presidente no firma un decreto de designación incurre en la causal de mal desempeño y en el delito en el ejercicio del cargo de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

¿Qué camino le queda a una persona afectada? Interponer una acción judicial ante la justicia federal. El problema es que el menú procesal constitucional existentes no está pensados para conductas autocráticas de esta índole y además le brindan al Estado un amplio conjunto de herramientas procesales para que las mismas se perpetúen sin pagar ningún costo (como sucede actualmente con la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente y la suspensión de su vigencia mediante un decreto presidencial), salvo que, se interponga un proceso autosatisfactivo.

Cuando el Consejo de la Magistratura selecciona, el Presidente elige dentro de la terna y el Senado presta el acuerdo, la Constitución ya decidió. Lo único que resta es cumplirla. El decreto de designación no es una gracia presidencial, no es una facultad discrecional ni es una moneda de cambio política: es una obligación constitucional. En el Estado constitucional y convencional de derecho argentino ningún Presidente puede arrogarse el poder de suspender la eficacia de la Constitución negándose a dictar un acto meramente formal, si lo hace no está ejerciendo el poder democráticamente otorgado, sino que por el contrario, está sustituyendo la fuerza normativa de la Constitución por su voluntad. Y esto tiene un solo nombre: autocracia.

La explosión durante el lanzamiento de una nave estadounidense con dirección a la Luna es un golpe importante para la estrategia espacial de Estados Unidos. El 27 de febrero Donald Trump había dicho que para ganar la carrera espacial la estrategia estadounidense debía sostenerse sobre dos pilares: uno estatal (la NASA) y otro privado. En ese sentido, el fallido lanzamiento de la nave de la NASA, montada sobre cohetes de la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, implica un traspié relevante en esta estrategia.

Estaban programados otros dos lanzamientos similares para antes de fin de 2026, los cuales hoy han quedado en suspenso. El enfrentamiento político que tuvo Elon Musk con Trump a comienzos del gobierno hizo que el presidente “castigara” a este empresario sacándole los contratos más importantes que tenía con la NASA, pero esta decisión ha tenido un costo importante, en la medida que Space X, la empresa de Musk, tiene más experiencia en este tema que la de Bezos. La nave cuyo lanzamiento fracasó el 26 de mayo llevaba el nombre de “One Endurance” y tenía por objetivo construir la base en la Luna denominada “Moon Base 1”. Este iba a ser el primer paso hacia la construcción de una base lunar permanente en el polo sur de la Luna, donde existe agua.

El segundo lanzamiento previsto es para fines de este año y lo llevaría adelante la empresa Astrobotic Technology (el cohete llevaría 500 kilos de carga, incluido un Rover). A pesar del traspié, la NASA intentará retomar su programa, que contempla llevar a la Luna más de cuatro toneladas de material, repartidos en veinticinco lanzamientos y veintiún alunizajes hasta 2029. En lo que hace a la carrera espacial en sí, el fracaso estadounidense es una oportunidad para China.

En cuanto a la crisis de Medio Oriente, Estados Unidos ha pasado a tener una posición defensiva. Tanto el Presidente como el Secretario de Estado, Marco Rubio, han hecho esfuerzos en los últimos días para mostrar que la negociación con Irán sigue abierta. Por su parte, el gobierno iraní ha hecho lo contrario y difundió información que da cuenta de las diferencias irreconciliables entre ambas posturas. Estas se centran en dos puntos. Por un lado, la devolución a Irán de los treinta mil millones de dólares que tiene incautados en bancos occidentales, a través de las sanciones que le fueron impuestas por los países occidentales. Es una medida que se puede adoptar en forma rápida y en parte inmediata, pero que Occidente está dispuesto a demorar. La otra cuestión es el desarrollo nuclear de Irán. Está en discusión si el uranio enriquecido que tiene este país quedará depositado en un aliado de Occidente o en un país bajo la órbita rusa o china. Las diferencias son importantes e Irán está decidido a no perder el control sobre su desarrollo nuclear. Este punto es políticamente el más difícil porque se trata de una condición central para este país en la negociación. De esta manera, el acuerdo hoy parece estar más lejos que cerca de cerrarse.

Mientras tanto, la guerra en Medio Oriente continúa extendiéndose regionalmente. Se ha registrado una diferencia relevante entre Estados Unidos e Israel: Trump pidió a Netanyahu que suspenda sus ataques contra Hezbollah en territorio libanés, pero el primer ministro israelí se negó a hacerlo y siguió adelante con las operaciones, que ya están por dejar a Israel con la capacidad de controlar cerca de un tercio del territorio de este país.

La decisión de Netanyahu de imponer decisiones propias ante Estados Unidos implica una diferencia en el plano estratégico contra Irán, pero que no afectará por ahora la alianza política.

Es que si continúa el ataque israelí contra El Líbano, hay que descartar el éxito en un acuerdo en las tratativas de paz que impulsa el presidente estadounidense. Las fuerzas armadas estadounidenses están empezando a sentir el costo de llevar adelante una estrategia militar no prevista y que viene durando más tiempo del que se pensaba. Los proyectiles antiaéreos para proteger a la flota están en sus mínimos y los proveedores privados de estos armamentos manifiestan que harán falta años para reponer los stocks que se han utilizado. Quizás este factor, que contribuye al giro en la estrategia estadounidense de amenazar a Irán con su destrucción a buscar un acuerdo, tenga vinculación con esta situación.

Mientras tanto, los sondeos de opinión siguen mostrando que aproximadamente sólo un tercio de los estadounidenses apoya la ofensiva en Medio Oriente y esto sigue siendo una amenaza para el presidente con vistas a la elección de medio mandato de noviembre.

Al mismo tiempo, ha recrudecido la guerra entre Ucrania y Rusia. La interpretación de los medios occidentales es que el derrotismo que está sufriendo Putin en su propio frente interno es la causa de la intensificación de su ofensiva. Parece una interpretación un tanto voluntarista. Los últimos ataques con drones contra Ucrania produjeron decenas de víctimas y centenares de heridos. Rusia no parece tener limitaciones en cuanto a sus existencias de drones y ve la necesidad de mostrar signos de vitalidad militar, algo en lo que también coinciden los análisis estadounidenses.

La decisión de Putin es coincidente en cuanto a que él está buscando mostrar capacidad militar. Lo hace frente al virtual fracaso de Estados Unidos en Medio Oriente y las disidencias que aparecen entre Washington y Tel-Aviv. El presidente Zelensky, en forma insistente, ha solicitado apoyo occidental para enfrentar las ofensivas que está llevando adelante Rusia con sus drones. Hay dos drones de origen ruso que han caído en territorio rumano. Cabe la discusión de si se aplica o no el artículo 5 de la Carta de la OTAN, que establece la obligación de esta alianza militar de concurrir en la defensa de cualquier miembro que sea atacado militarmente por un país ajeno a la OTAN.

La reacción ha sido tímida: no solamente no ha habido una alerta militar, sino que tampoco ha habido reacción en el campo diplomático. En cuanto al presidente ucraniano, se encuentra debilitado políticamente por investigaciones de corrupción que afecta a su ex Jefe de Gabinete, que fue el hombre fuerte de su gobierno en los primeros años de su mandato. Mientras tanto, Rumania y Moldavia están discutiendo la posibilidad de una eventual unidad -fueron un solo país en el periodo de entreguerras- en el caso de que avance una ofensiva militar rusa sobre sus territorios.

Pero la tensión global se extiende: Irán ha bombardeado aeropuertos de Kuwait, nuevos drones -esta vez de origen occidental- han caído sobre Rumania, se realiza una elección en Armenia donde los intereses rusos y estadounidenses están en colisión, y la amenaza del conflicto extendiéndose a los Balcanes reaparece en el horizonte.

En medio de la tensa calma y la escenificada tregua en la desbocada y fratricida interna oficialista que enfrenta a las huestes del consultor presidencial Santiago Caputo y sus “Fuerzas del Cielo” con la cada vez más empoderada Karina Milei y su guardia pretoriana menemista, y justo cuando el Gobierno parecía haber recuperado algo de aire e iniciativa tras el aún irresuelto escándalo que involucra al jefe de gabinete, una nueva fisura asoma en el ecosistema libertario.

Aunque las internas entre las diversas terminales que animan la vida del oficialismo, plagadas de desconfianza mutua, recelos inocultables y operaciones frecuentes, no sean un hecho novedoso en la dinámica política libertaria, el posicionamiento diferenciador que viene marcando la senadora Patricia Bullrich respecto a algunos temas muy caros al mileísmo adquiere un cariz muy diferente al de las habituales desavenencias y escaramuzas que atraviesan al gobierno.

Es que no sólo la senadora porteña tiene musculatura política y volumen electoral propio, dilatada experiencia de gestión y expertise para la articulación política en un lugar clave como el Senado, sino fundamentalmente grandes ambiciones políticas que, por cierto, nunca ha ocultado.

Ello explica, en gran medida, el por qué una Karina Milei que en otros casos se ha mostrado implacable ante actitudes de dirigentes que cuestionan la “línea oficial”, calificándolos de traidores o sometiéndolos al destierro o al ostracismo, eligió -al menos por ahora- un método muy diferente para gestionar el vínculo con la ex ministra de seguridad y ex candidata presidencial del PRO.

Aunque haya trascendido en varias oportunidades la incomodidad de Karina con el protagonismo de Bullrich ante algunos logros parlamentarios -como la reforma laboral- y la irritación ante un método de articulación de mayorías parlamentarias que no rehúye al diálogo con actores desterrados del oficialismo como Villarruel, el presidente y su hermanísima parecen forzados a tolerar los gestos de desmarque y la agenda propia de la senadora.

Si bien Bullrich, desde su salida del gabinete, ya venía mostrando una agenda propia con gestos dirigidos a sus propios votantes potenciales, fue a partir del affaire Adorni cuando comenzó a manifestar públicamente sus diferencias sobre algunos temas clave para el oficialismo, generando una inocultable incomodidad en el círculo rojo del poder presidencial.

Esta semana la tensión escaló un poco más tras lo sucedido con el pliego para designar como jueza federal de La Plata a María Verónica Michelli: la senadora no solo manifestó públicamente sus diferencias con respecto a la decisión del gobierno de retirar el pliego, presuntamente en razón del parentesco de la abogada propuesta con el periodista Alconada Mon, sino que en medio de una sesión compleja y convulsa, y a cambio de avanzar con más de 70 designaciones en puestos claves del Poder Judicial, concedió a la oposición la posibilidad de votar y aprobar sobre tablas la propuesta de designación de la jueza cuestionada, forzando al presidente a pagar los costos de no firmar el decreto formalizando su nombramiento.

Sin embargo, pese a la resonante derrota legislativa y el desplante público, y un supuesto ofrecimiento de renuncia a la jefatura del bloque libertario en la cámara alta, al día siguiente, los equipos de comunicación de la Casa Rosada difundían una cuidadosamente escenificada coreografía tendiente a mostrar unidad: Karina recibía en su despacho oficial a quien horas antes había desafiado la orden presidencial.

Lo cierto es que se trata de una convivencia a todas luces forzada e incómoda que, por ahora, se sostiene por la mutua conveniencia de los involucrados.

Del lado de los hermanos Milei, sin desconocer la importancia de Bullrich para conducir el oficialismo en el Congreso de la Nación, parecen ser conscientes de la inconveniencia de una ruptura con una dirigente que tiene poder propio y apoyos en sectores del electorado que el oficialismo necesita para sostenerse en un contexto económicamente muy difícil para la mayoría de los argentinos, y que incluso podría verse favorecida si el presidente la elige para confrontar en un escenario de creciente deterioro de la imagen presidencial y crisis económica.

Del lado de Bullrich, porque sabe que esos gestos de “independencia”, aunque no exentos de riesgo, le permiten acumular más poder dentro del oficialismo y reafirmar su condición de aliada estratégica (es decir, no fagocitada) del presidente, sin resignar sus ambiciones electorales ni descuidar su posicionamiento como representante de otros sectores no integrados orgánicamente a las filas libertarias, como el PRO.

Así las cosas, ante un escenario electoral que se acelera y que convive con un contexto económico aún incierto que no da muestras de reactivación, y con las encuestas mostrando una caída en el apoyo presidencial que coexiste con la vacancia de alternativas, el presidente sabe que si bien conserva un piso mucho más alto que el de sus potenciales contendientes, no tiene mucho margen para crecer si la economía no arranca y no puede darse el lujo de espantar a una potencial compañera de fórmula.

Todo país capitalista necesita una burguesía nacional, es decir, un sector empresario unido al desarrollo de esa sociedad. De lo contrario, si esa burguesía es esencialmente extranjera, el país corre el riesgo de convertirse lentamente en colonia.

Ese empresariado suele ser productivo, generador de trabajo y de riquezas y en cada país donde se han dado enfrentamientos militares, esos sectores han estado unidos porque viven su adscripción a esa nación. No huyen ante al conflicto, se comprometen con él.

Nosotros tuvimos una burguesía nacional que nos permitió compartir ese motor con un Estado que no era burocrático, sino productivo, y existía, además, el de la industria militar. En aquellos tiempos tuve ocasión de tener algunas extensas charlas con José Ber Gelbard y con Rogelio Frigerio. Dos miradas sobre este desarrollo. Y tuve también dos interesantes encuentros con Mario Hirsch, el propietario más importante de nuestra sociedad. En su momento, sus gerentes llegaron a la conclusión de que en los gobiernos peronistas subía el consumo, y ese consumo era el que abarcaba dicha empresa de enorme presencia en la exportación de granos de peso internacional, que incluía a todos los sectores esenciales del consumo de nuestra sociedad, desde alimentos hasta telas y pinturas. Hirsh me planteó su pertenencia absoluta a nuestra sociedad y, al preguntarle yo, por qué no se iba del país, me respondió que todo lo que había construido estaba aquí y lo disfrutaba aquí.

Tanto Ber Gelbard como Frigerio habían tenido una amistad. En sus orígenes, ambos tenían una formación marxista que lentamente fueron abandonando al convertirse en industriales. Frigerio fue clave para la creación del Desarrollismo, entre 1958 y 1962, durante el gobierno de Arturo Frondizi, período que no se ha estudiado lo suficiente. Cuando Frondizi es derrocado por la maccarthista sospecha de versiones marxistas en su gobierno, ya la derecha antinacional se estaba imponiendo en nuestra sociedad. El frondizismo hacía hincapié en la industria pesada, tuvo conflictos con los contratos petroleros como también los había tenido el general Perón durante su gobierno.

Tanto nuestro Estado como Fabricaciones Militares lograron los niveles productivos más considerables del continente -aviación, tractores y motocicletas, tanques medianos- que expresaban el desarrollo de una voluntad industrial sobre la que se asentaban la integración social y aquello que nos caracterizó en el continente: la existencia de una clase media fuerte. El desarrollo de la industria y el comercio nos dieron un crecimiento social determinante. Ahora, Milei y su gobierno reivindican la Argentina de hace cien años, alegando su adhesión a los países más ricos. Sin embargo, falta agregar que era un país con grandes ricos mientras su sociedad transitaba la necesidad. No me canso de recomendar al respecto el informe “Bialet Massé” de 1904, porque en el mismo se desnuda la mentira de este país de ricos. Solamente lo fue cuando lo fueron sus habitantes, cuando ellos disfrutaron de esa distribución de la riqueza, pues no hay país rico con habitantes que lo son mientras otros padecen la miseria.

Esa burguesía industrial no fue fracturada en 1955. Suelo insistir en que en los gobiernos surgidos de la ilegitimidad de los golpes de Estado, el de Aramburu y los que vinieron después del 66 con Onganía, Levingston y Lanusse, se discutía qué sector de la sociedad conducía nuestro desarrollo, pero no se debatía la destrucción de nuestra estructura productiva.

El peronismo había tenido un Estado productivo democrático. En ese sentido, los sectores de empleados estatales no eran fundamentales para nuestra estructura de pertenencia ideológica. Por el contrario, eran los obreros industriales quienes expresaban como conciencia popular esa situación de desarrollo patriótico. Vuelvo una vez más sobre la idea de que este desarrollo llega hasta el año 1976 cuando la Argentina era un país integrado con una pequeña deuda externa, un bajo nivel de desocupación y un nivel de integración social realmente admirable. No me canso de contar que visité Roma y Madrid en tiempos en que eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires.

Cuando recuerdo que Aldo Ferrer fue ministro de Economía de uno de los últimos gobiernos militares, el del general Levingston, estoy marcando un hecho de relevancia: la conciencia nacional no sólo abarcaba al peronismo, había sectores militares nacionales y sectores industriales que también tenían esa participación ideológica.

Por otra parte, el debate entre el peronismo y el radicalismo se daba entre dos partidos políticos que coincidían en el sostén del desarrollo industrial. Así como Frigerio había sido clave en los tiempos de Frondizi, Gelbard lo fue en los de Perón, y cuando se critica su inflación cero, se lo hace sin tomar en cuenta que la muerte del General fue una fractura política que debilitó al gobierno a niveles tales que hicieron imposible sostener esa estructura.

No dejo de asumir que en el gobierno de Isabel Perón aparecen personajes que convocan a una devaluación cuyo sentido más profundo es la destrucción del sistema productivo. Así y todo, cuando es expulsada del gobierno, la deuda externa era cercana a los USD 6.000.000.000 (seis mil millones de dólares). Datos de poca importancia si pensamos en la abultada deuda que la Dictadura le dejó a Alfonsín o en el inconcebible e impagable endeudamiento de Macri y de Milei.

Luego vendrá el golpe de Estado y, por primera vez, el ala nacional del ejército será derrotada por el ala liberal. Es en ese momento cuando, con Martínez de Hoz, se promulga la Ley de Entidades Financieras que instala en la Ciudad de Buenos Aires una enorme cantidad de bancos y financieras que llevan a la idea de la renta por encima de la producción. En ese proceso se genera la primera etapa de la destrucción industrial y del consecuente endeudamiento. No es un detalle subrayar que las ganancias de dichas instituciones eran propias de los sectores bancarios mientras las deudas terminaron siendo una carga social para el conjunto de los argentinos. Este dato representa una voluntad de destrucción de la Argentina productiva que define como pocos aquel rumbo. Luego vendrá Menem, período en que varios de nosotros intentaremos una alianza con la estructura de “Bunge y Born” para recuperar la voluntad de lo productivo por encima del sector rentista, pero ese intento fracasa al no tener buenos ejecutores y termina en manos de esta teoría de la privatización que instala que aquello que construimos entre todos los argentinos debía pasar a manos privadas, o sea que privatizar el esfuerzo colectivo era sin dudas apropiarse del esfuerzo social. No estaban discutiendo el tamaño del Estado, que para ellos era secundario. La tesis de que el Estado era impotente para administrar sus riquezas iba en contra de lo que había sido el Estado hasta 1976, época en que se había gestionado con tanta eficiencia que teníamos una sociedad absolutamente integrada.

En cuanto a Néstor Kirchner, considero que en alguno de sus gestos recuperó el poder para el Estado por encima de los sectores privados, pero no puedo olvidar que también fue el Kirchnerismo el responsable de la privatización de YPF (después lo será de la nacionalización). El hecho de haber privatizado los bancos provinciales era el principio de la destrucción del poder económico y de la autonomía de las provincias, y en ese error hasta el mismo Kirchnerismo participó.

De ser el país más desarrollado tecnológica y socialmente del continente pasamos a la miseria actual de la cual no es responsable la burguesía nacional, lentamente disuelta, sino la idea colonial que, en la misma medida en que se impone, arrastra la destrucción de la clase media, de la industria, del comercio, y nos conduce a la miseria.

Ninguna sociedad del mundo plantea la insensatez de imaginar al proteccionismo como equivalente a cazar en un zoológico. Todas las sociedades son proteccionistas. No se inventó aquella que no lo sea, y tampoco se imagina al Estado incapaz de administrar sus propios bienes y elegir regalárselos en bajo valor a sectores privados que, al apropiarse de ellos, crean una burguesía rentista ajena a la burguesía nacional.

La experiencia de Milei es la exacerbación de la privatización y de la destrucción del Estado, que en rigor implica la idea de convertirnos en una colonia donde dé lo mismo que una empresa sea nacional o extranjera. El resultado es la miseria de las mayorías, queda fiel a ese proyecto aquel porcentaje de la sociedad cuya riqueza no le exige otro compromiso que la defensa de sus propios intereses.

Ha fracasado la política en nuestra sociedad, aquel lugar desde el cual se mira la necesidad colectiva, y en ese sentido, hemos perdido el poder del Estado y la presencia de la burguesía nacional, dos elementos esenciales a toda patria. Si no recuperamos ese rumbo, no volveremos a ser una sociedad integrada y digna de respeto.

Ya publican y analizan los diarios de derecha la corrupción de las privatizaciones. Siempre que se ha privatizado, se lo ha hecho a partir de la corrupción. No se conoce otra forma porque el objetivo es robar lo colectivo. Si las rutas las hizo el pueblo, el Estado, ¿por qué las tiene que controlar el privado? La ridícula teoría de que el privado se tiene que quedar con todo es una limitación mental inexistente en otros países, incluso en aquellos de los que el actual presidente dice estar enamorado y querer imitar.

No hay país fuerte sin Estado fuerte y sin sectores productivos integrados a esta concepción. Lo actual es solo una enfermedad de la conciencia nacional de la cual esperemos salir lo más pronto posible.

Hay una paradoja que los griegos conocían bien y que la política argentina acaba de redescubrir a su manera. Diógenes de Sinope, el filósofo que vivía en un tonel y escupía las convenciones de su época, fundó hace veinticuatro siglos la escuela cínica. Pero el cinismo original no era lo que hoy entendemos por esa palabra. Era exactamente lo contrario: una forma radical de autenticidad. Los cínicos griegos despreciaban la hipocresía social, rechazaban las riquezas, vivían sin apariencias. Eran, en el sentido más literal, genuinos.

El cinismo moderno -el que conocemos, el que padecemos- es la inversión perfecta de aquel. Ya no es el que dice la verdad aunque duela. Es el que miente sabiendo que miente y sonríe mientras lo hace.

Javier Milei llegó a la Presidencia cabalgando sobre algo que en política es extraordinariamente escaso y extraordinariamente poderoso: la genuinidad. No un programa. No una coalición. No una promesa de gestión. Una emoción encarnada sin filtro. La gente no lo votó a pesar del descontrol. Lo votó por el descontrol. Porque en un país donde todos los políticos hablan de la gente mientras le dan la espalda, apareció uno que parecía estar tan furioso como ella. Que no calculaba. Que no medía. Que rompía el libreto en vivo y en directo. Eso tiene un nombre: genuinidad. Una palabra que nadie usa, quizás porque nombra algo que casi nunca existe. Y menos en la política.

El problema es lo que pasó después.

Porque gobernar cambia a las personas. O las revela. Y lo que el sillón de Rivadavia reveló de Milei es algo que sus votantes más fieles todavía no terminan de procesar. Pero que en realidad no debería sorprender a nadie que haya seguido su biografía con atención.

Milei es economista. Y a diferencia de sus colegas que ejercen con independencia -asesorando empresas, cobrando por sus ideas, sin el jefe típico de una profesión liberal- él eligió otra cosa.

Durante casi veinte años prefirió el sueldo, el aguinaldo y las vacaciones pagas. Eligió ser empleado. De un solo jefe. Eduardo Eurnekian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, entre muchos otros negocios. Todo el que haya trabajado en una empresa sabe lo que eso implica: además de trabajar, hay que aprender a tragarse sapos. A bajar la cabeza cuando toca. A comerse, como se dice en el barrio, lo que haya que comerse. Milei aprendió. Durante dos décadas. Con el mismo jefe.

Eso forma carácter. O lo deforma. Porque alguien que incorporó ese reflejo durante veinte años no llega al poder sin él. Lo que el sillón de Rivadavia no le enseñó, ya lo sabía.

Por eso lo que ocurrió esta semana no debería leerse como cobardía. Milei y Bullrich se reunieron a solas. Sin testigos, sin mesa política, sin galería. Y Patricia Bullrich lo interrumpió y le dijo con toda claridad: “Yo no voy a acompañar la posición del Gobierno”.

Estaba hablando como todos saben del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Alconada Mon, que los hermanos Milei habían ordenado retirar del Senado.

Con el cuchillo entre los dientes, Bullrich hizo una pausa. Y lanzó el misil: “Tenés a disposición mi renuncia al bloque del Senado”. Milei siguió hablando. Como si no hubiera escuchado. Bullrich tuvo que repetirlo. Milei volvió a hablar de otra cosa. Fingió sordera dos veces seguidas. A solas. Sin nadie mirando.

El mismo que se animó a insultar a medio mundo en campaña. El mismo que se comparó con Moisés cruzando el Mar Rojo. Ese mismo se aguantó las ganas de putearla, y la ignoró como si no estuviera pasando nada.

La mayoría de los analistas vieron falta de liderazgo en ese no gesto. Pero leer en ese silencio cobardía es un error de diagnóstico. Milei sufre el ninguneo intelectual que sufrieron inexorable e históricamente todos los Presidentes argentinos.

Pero Javo sabe que no es momento de perder una “aliada” y sabe que Bullrich anhela su lugar. Milei no tiene un pelo de tonto.

Lo que Milei hizo fue puro cinismo estratégico. Instinto de preservación incorporado después de veinte años de práctica. Bullrich mide más que él en todas las encuestas. Soltarla es más peligroso que aguantarla. Y jamás le daría semejante excusa. En todo caso, si se va que pague el precio de la traición.

Los dos están hoy con el cuchillo entre los dientes, esperando que la economía defina quién termina hundiendo al otro.

Porque Bullrich tampoco es inocente en este juego. Ella le dijo a Jorge Macri que no quiere la Ciudad. No tiene 50 años de política para terminar preocupada por los baches. La elección de 2027, dice entre sus íntimos, es su última oportunidad. Con Milei ya lleva diecisiete jefes. Desde Firmenich y Galimberti, los jefes montoneros, para acá, según la cuenta del Turco Asís. Hablar de objeción de conciencia en boca de Patricia Bullrich es, en el mejor de los casos, una boutade. En el peor, una declaración de cinismo tan monumental que hace quedar a Milei como un principiante.

Son dos cínicos mirándose a los ojos. Pero solo uno de los dos prometió no serlo.

Y eso nos lleva de vuelta a Milei. Porque el cinismo no le llegó solo con Bullrich. Se filtró antes, de una manera que pasó casi desapercibida. Hace poco más de una semana, en el Foro Latam, alguien le recordó una promesa de campaña: “Si yo soy Presidente, Argentina va a ser investment grade.”

El investment grade es, en términos simples, la calificación que otorgan los organismos internacionales cuando consideran que un país es solvente y confiable para recibir inversiones. Es el carnet de buena conducta financiera que Argentina perdió hace décadas y que Milei prometió recuperar en primera persona, con nombre y apellido.

Pero en el Foro, frente a empresarios, dio marcha atrás con una elegancia que el Milei de 2023 jamás hubiera tenido. Dijo que esa promesa había sido “fatalmente arrogante” de su parte. Porque - explicó- el investment grade no depende del gobierno. Depende de los argentinos. Argentina llegará a esa calificación “el día que los argentinos decidan abrazar las ideas de la libertad.” El conductor solo conduce. Si no llegamos, es porque el pueblo no quiso subirse al tren.

(¿Recuerdan a Mauricio Macri cuando insinuó que el electorado no estaba a la altura tras perder las PASO y mandar a todos a dormir?)

Ahí está la coartada perfecta. Y ahí está la primera grieta visible en la genuinidad. El que prometía resultados en primera persona ahora los condiciona a la actitud del pueblo. Es el relato más viejo de la política argentina. El mesías que señaló el camino y el pueblo que no lo supo seguir. Eso no lo improvisa alguien genuino. Lo construye alguien que lleva décadas aprendiendo a administrar las apariencias.

La pregunta que sobrevuela la Argentina de hoy no es si Milei va a ser reelecto. Es mucho más interesante que eso. Es qué emoción va a encarnar el próximo que lo suceda. Porque si algo enseña esta historia es que los argentinos no votan propuestas. Votan estados de ánimo. Y votan, desde ya, con el bolsillo.

En 2023 votaron el enojo. Y hoy, con una sociedad que ya no está enojada sino atravesando algo mucho más difícil de movilizar -y mucho más urgente de nombrar-, la pregunta de quién viene después se vuelve la más importante de la política argentina.

Pero el resultado de esa pregunta queda para la próxima.

Posdata para el Presidente.

Javo: la genuinidad no se actúa. Se tiene o se pierde. Y vos ya sabés exactamente cuándo la perdiste.

Diciembre de 2023 fue un mes eléctrico para la Argentina. En esos días, Javier Milei asumía la Presidencia de la Nación, en un acto inédito en el que le dio la espalda al Congreso, imponía una mega devaluación y “el ajuste más importante de la historia humana”, y una derecha desprejuiciada, agresiva y con un liderazgo novedoso se acomodaba a sus anchas en el centro de la escena.

En ese contexto, el Indio Solari concedió una de sus entrevistas más políticas. La puesta en escena le agregaba algo más de drama al evento. Tanto Solari como su interlocutor -Julio Leiva, uno de los periodistas y productores más talentosos del país-aparecían a contraluz, seguramente porque el artista no quería exponer el deterioro que le había producido su dura enfermedad.

Ya en el comienzo de la nota, se produjo el siguiente diálogo:

-Yo sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar el modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales porque siempre nos cagan.

-Pero, ¿siempre fuiste peronista?

-Yo soy un artista peronista. Los artistas peronistas somos los que damos lo que tenemos para dar, la gloria que tenemos para ofrecer y no mucho más que eso. Porque a mí me aburre la política. No me gusta, porque en los términos en los que está en este momento, de la manera en que se resuelven las cosas, es algo que me hace reír de miedo.

En esa, y otras de sus entrevistas póstumas, Solari fue muy explícito. Su adhesión al peronismo y a su última versión, el kirchnerismo, no se agotaba en una identificación emotiva sino que derivaba de un conocimiento preciso de los debates que atravesaron al país en las últimas décadas. Las palabras que usaba constituían casi una herejía para el discurso hegemónico que se instaló en el país, al menos, desde el 2015.

-“Yo provengo de una familia peronista. Pero yo no he sido militante porque me considero un artista popular, y los artistas no deben ser militantes porque terminan haciendo de su obra panfletos. Y creo que hay otras formas de participar en la democracia, para lograr que la democracia sea fuerte, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la manera en que uno ve la revolución”.

-“La revolución es desde que te levantás hasta que te dormís. Todos los días hay que luchar por distintas causas, por los derechos humanos, por todas las causas que están plenas de virtudes. Yo lo que puedo proponer es otra manera de cumplir con la condición de ciudadano, de habitante de un país en democracia, que es a través de la literatura, que es a través del arte, a través de cualquier manifestación que nos acerque emotivamente para que uno tenga armas para luchar contra los enemigos de la justicia social, y todas esas formas de sojuzgamiento de los pueblos en general.

-“ Yo llamaría a los jóvenes a que estén atentos, a que se instruyan, que aprendan a ver cómo son los fenómenos, que no se dejen llevar por el poder de los medios hegemónicos, porque eso es verdad: hay un grupo de gente que está en el poder en un lugar que puede ponerle palos en la rueda a cualquiera. Cada cual tiene que hacer lo que siente pero desde un lugar de honestidad y virtud”.

-“Esperemos que nuestra juventud haga las cosas bien. Ellos tienen más noticias del futuro en sus nervios que lo que pueda tener un tipo de mi edad para aconsejarlos. Así que, bueno, que tengan buena suerte en sus elecciones de vida. Y cada uno desde el lugar que crea debe fortalecer las causas que piensan en los que no tienen nada, pasan hambre, esas criaturas que pasan hambre. Todas las cosas a las que debemos ser sensibles”.

En las mismas notas, hay referencias y reflexiones muy ácidas sobre Javier Milei, a quien llama “el enano de la motosierra”, y advertencias sobre la experiencia política libertaria –“Es el plan de siempre. Yo ya viví tres veces esto”. Desde el escenario, además, Solari respaldó muchas veces a las Abuelas de Plaza de Mayo e, incluso, realizó una reivindicación del programa 678. Más claro, realmente, imposible, Alguna gente señala que se hizo kirchnerista recién cuando llegó el kirchnerismo. Es cierto pero, también, bastante lógico: ¿Cómo podría haberlo sido antes?

La manifestación de sensibilidad popular que se está produciendo en estos días en la Argentina trasciende las opiniones del músico sobre la política. Sería una tontería sostener que quienes lloran al Indio Solari piensan en todo como él. Las relaciones entre los artistas y sus seguidores suelen ser más complejas. Pero, al mismo tiempo, era un personaje tan político, que tampoco se debería omitir que los millones que lo despiden, desde las calles y desde sus casas, no se han sentido agredidos por esas ideas, que no debilitaron la conexión emocional con él. Y muchos se han sentido muy identificados con ellas.

O sea, he aquí un artista peronista, kirchnerista, al que siguen millones. ¿Qué querrá decir esto? Es sencillo refugiarse en respuestas extremas. “Todo el que llora al Indio es kirchnerista”. “No tiene nada que ver. Lloran al artista sin que les importe su ideología”. Pero son acercamientos frágiles, que caen ante su propia enunciación.

Para quienes somos ajenos a ambas familias –la ricotera y la kirchnerista- la irrupción de fenómenos como el de estos días, representa el desafío de entender algo que no nos incluye, si es que a alguien le interesa entender lo que pasa. Ese desafío es particularmente duro para aquellos cuya perspectiva está contaminada por un rechazo visceral al peronismo, al kirchnerismo, o a todo lo que se pueda vincular con la idea de la justicia social. Y más aún para los que creen que cualquiera que se defina como peronista o kirchnerista merece un inmediato desprecio. Quienes despiden al Indio Solari –desde Lionel Messi hasta cualquiera de esos chicos que lloraban en distintas plazas- no comparten esa mirada. Pero otros sí.

Las reacciones de Javier Milei y de Jorge Macri son una expresión de esas limitaciones. El Presidente de la Nación no fue capaz de emitir un tuit –justo él, que es tan prolífico en ese ámbito-, una mínima expresión de condolencia ante la muerte de un ídolo popular. Evidentemente, como no pensaba igual que él, no lo merecía. En cualquier otro caso, el Gobierno de la Ciudad hubiera proyectado la imagen del ídolo sobre el obelisco. Esta vez, no.

O sea: es discutible que todos sus seguidores compartieran la ideología del músico. Pero para los referentes más importantes de las fuerzas antagónicas al peronismo eso era lo central. Por eso no pudieron elogiar el músico: porque antes que eso ellos vieron a un peronista, a un “kuka”. No merecía ningún homenaje pero no porque no fuera trascendente sino porque sus ideas les resultaban intolerables. No tienen idea de lo que contribuyen estas reacciones a alimentar el mito que ellos mismos rechazan.

Las conductas del gobierno nacional y del gobierno porteño coinciden con el tono habitual con que se encaran estos temas en la mayoría de los medios de comunicación tradicionales. Bastaba recorrer las transmisiones para encontrar una y otra vez la incomodidad de muchos conductores ante la irrupción inevitable de expresiones kirchneristas en los móviles. Lo que producían, en general, eran reacciones destempladas e irónicas, en lugar de debates interesantes o, al menos, un registro sereno de los hechos. Primaba la indignación.

Era la repetición de un fenómeno muy cristalizado. Hay ámbitos donde nadie se atreve a considerar que el kirchnerismo sea algo más que un hecho maldito que debe ser silenciado o insultado. Por ejemplo, esta semana, Carlos Pagni difundió una encuesta donde Cristina Kirchner aparece como la dirigente con mejor imagen del país. En la inmensa mayoría de las encuestas, figura al menos empatada con Javier Milei. Se trata de un dato tan impresionante que merecería debates serios sobre por qué el 35 por ciento de la sociedad la sigue queriendo, después de decirle tantas veces chorra, corrupta, y esas cosas. Pero, como decía Juan Perón, al enemigo ni Justicia: ni homenajes, ni debates. Solo insultos e incomodidad.

La despedida del Indio Solari parece reflejar la vitalidad de una cultura que es antagónica a la uniformidad que pretende imponer el Gobierno desde la Fundación Faro. No es un fenómeno aislado ni nuevo ni mucho menos moribundo. Hacia atrás se extiende hacia Hugo del Carril, Arturo Jauretche o Leonardio Favio, entre tantos. Pero ya tiene también sus ramificaciones hacia adelante.

El anuncio de la lista de los 26 seleccionados para el Mundial fue acompañado por Tierra zanta, una hermosa canción de Trueno. “La vida, la muerte, la pluma y la bala/la soledad del rico, el sueño del pobre/ las verdades que el gobierno nos esconde/ el cuándo y el dónde/ ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre”. En la última edición de los premios Gardel arrasó Milo J., un joven de diecinueve años, nieto de una desaparecida. Fue el artista más joven en participar del Tiny desk, uno de los más prestigiosos y populares lugares de difusión de la música internacional. En 2024 debió suspender un recital gratuito en la ESMA porque el Gobierno interpuso una medida cautelar en su contra. Las manifestaciones de estas horas concluyen una semana que ya vio a decenas de miles de mujeres marchar en todo el país por el “Ni una Menos”.

¿Todas estas expresiones prefiguran un fenómeno político que aún no es visible? ¿Son manifestaciones donde aparecen destellos de resistencia al discurso hegemónico pero que se agotan en eso y no serán capaces de articularse para objetivos más ambiciosos? ¿Es la Argentina que ya fue? ¿Es la Argentina que viene? ¿Es la que regresa? ¿Es la que nunca más regresará?

Quién sabe.

Por lo pronto, en un país normal, un artista popular de esta magnitud merece un homenaje, haya sido peronista, antiperonista, de izquierda, de derecha, o hincha del equipo que fuera, kirchnerista o macrista, se llame Carlos Solari o se llame Luis Brandoni.

Hay que ser muy pequeño, o muy fanático, para no entenderlo.

Ellos se lo pierden.

La inestabilidad política y social que sacudió a Bolivia fue la consecuencia directa y previsible de una crisis macroeconómica profunda, con raíces en las políticas populistas aplicadas durante dos décadas de poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Bolivia se convirtió en otra víctima del “socialismo del siglo XXI”" en Sudamérica.

De manera análoga a lo ocurrido en Venezuela a comienzos de los años 2000 con el petróleo, Bolivia atravesó un período de prosperidad gracias al super ciclo de materias primas y al alza de los precios internacionales de la energía, en particular del gas natural.

Durante la etapa comprendida entre 2008 y 2014, el país andino incrementó su producción de gas de forma sostenida: elevó los volúmenes extraídos desde un promedio de 40 millones de metros cúbicos por día hasta un pico histórico de 59,6 millones en 2014.

Aproximadamente el 80% de ese volumen se destinaba al mercado externo: abastecía primero a Brasil y luego a Argentina, que se vio forzada a incrementar sus importaciones tras años de políticas populistas que erosionaron su propia matriz energética.

En esos años, el gas natural se consolidó como la principal fuente de divisas para Bolivia. Por el efecto combinado de altos volúmenes y cotizaciones internacionales récord, las exportaciones gasíferas escalaron desde una media de USD 3.000 millones anuales hasta USD 8.000 millones entre 2013 y 2015. En ese período, los hidrocarburos concentraron la mitad de todas las exportaciones del país.

El colapso de la producción de gas

Al asumir Evo Morales en 2006, su primera medida fue expropiar todas las empresas extranjeras. Desde entonces, sostiene este análisis, nadie volvió a invertir en Bolivia y el Gobierno se limitó a usufructuar las inversiones realizadas antes de su llegada al poder.

La consecuencia se manifestó a partir de 2014, cuando cayeron los precios internacionales del gas. A ese shock se sumó la contracción de la capacidad productiva por falta de mantenimiento de infraestructura y por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos.

Al shock de precios de 2014 se sumó la contracción de la capacidad productiva por falta de mantenimiento de infraestructura y por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos

Durante los años de abundancia, la administración boliviana se limitó a explotar los yacimientos activos y canalizó la renta excedente hacia gasto público corriente y subsidios orientados al consumo directo, con el objetivo de sostener consenso político de corto plazo. Esa política asfixió incentivos y anuló la inversión en exploración e infraestructura.

Al agotarse la presión natural de las cuencas en producción y no existir nuevos descubrimientos, la oferta hidrocarburífera inició un declive drástico e irreversible que todavía no tocó piso. Hacia 2025, la producción sectorial se desplomó hasta 29 millones de metros cúbicos por día, una pérdida de más de la mitad del volumen registrado durante el auge.

En paralelo, el valor de las exportaciones de gas natural se hundió a USD 1.500 millones en 2025, lo que estranguló la principal vía de financiamiento externo de la economía.

A ese colapso interno de la oferta se sumó un giro geopolítico y comercial: Bolivia dejó de exportar gas a Argentina porque la producción argentina volvió a crecer con fuerza gracias a cambios políticos que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta.

El círculo vicioso fiscal y la pérdida de reservas

Bolivia, que hasta ese momento exhibía cuentas públicas relativamente equilibradas por el flujo de divisas energéticas, se negó a convalidar un ajuste fiscal una vez disipada la renta hidrocarburífera. Para sostener la continuidad de la asistencia social, las autoridades recurrieron de manera sistemática al endeudamiento.

A partir de 2015 se registraron déficits anuales superiores al 5% del PBI. Esa trayectoria culminó en un déficit de 11,6% del PBI en 2025. Ese pico se explicó por el intento del gobierno del MAS de retener poder político mediante un programa de expansión del gasto que terminó por dinamitar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese desequilibrio fiscal disparó la deuda pública. En poco más de una década, la deuda pasó de representar el 30% del PBI a alcanzar el 85% del PBI en 2025.

Ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional, el Estado comenzó a liquidar sus reservas: pasaron de un máximo histórico de USD 15.100 millones en 2014 a tocar un piso crítico de USD 1.600 millones en 2024.

El repunte contable observado hacia 2025, que situó las reservas en USD 3.700 millones, se explicó por la suba del precio del oro y no por una recomposición genuina.

Luego, ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional y el agotamiento de las reservas del Banco Central, los déficits fiscales pasaron a financiarse a través de la emisión monetaria del propio Banco Central.

El resultado directo de ese esquema fue la aparición y el ensanchamiento de una brecha cambiaria en el mercado paralelo, que actualmente se ubicó en el orden del 50%. A eso se sumó la escasez de productos importados esenciales, que afectó de manera crítica el abastecimiento interno de combustibles. Esa dinámica explicó el despertar de la inflación en los últimos años.

El espejismo del litio y el riesgo de una crisis regional

También conviene advertir el espejismo del litio. Bolivia posee los mayores recursos teóricos globales junto con Argentina, pero su producción es prácticamente nula. Al igual que en hidrocarburos, el Estado nacionalizó la totalidad de la cadena de valor y, sin tecnología ni capitales suficientes, se mostró estructuralmente incapaz de desarrollar la producción.

Tampoco consolidó socios estratégicos confiables: se apoyó en acuerdos con consorcios rusos y chinos que, hasta el momento, quedaron en letra muerta. En contraste, Argentina proyectó exportar este año litio por un valor cercano a USD 2.000 millones.

El drama de Bolivia reflejó el patrón histórico desplegado por el modelo chavista en Venezuela y que previamente vivió Cuba. La primera fase se caracterizó por expropiaciones generalizadas que el Estado utilizó para estimular artificialmente el consumo interno.

En la segunda etapa, el gasto público asistencialista ideado para sostener apoyo político sustituyó a la inversión y asfixió el desarrollo de sectores estratégicos.

La falta de inversiones derivó en un colapso de la producción y de los ingresos por exportaciones

Finalmente, la falta de inversiones derivó en un colapso de la producción y de los ingresos por exportaciones. Ese colapso económico culminó en una crisis política y social sin precedente para el país.

Luego de 20 años, Bolivia se ubicó en ese último estadio del “socialismo del siglo XXI”. Si no frenó la dinámica actual, las consecuencias serán aceleración de la inflación, desabastecimiento crónico de insumos básicos, conflicto social creciente y caos político.

Bolivia corrió el riesgo de caer en hiperinflación, lo que iniciará un flujo migratorio masivo capaz de transformar la crisis interna en un problema regional, con la frontera con Argentina como epicentro.

Paolo Rizzo es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia; Ramiro Castiñeira es director de la consultora Econométrica

En un país acostumbrado a los grandes anuncios desde Buenos Aires, el cambio más profundo suele ocurrir lejos de los focos. La inversión privada está modificando la vida de pueblos que durante años convivieron con el estancamiento: abre empleo, empuja formación técnica y amplía el horizonte de las familias. No se trata solo de dólares; se trata de trayectorias que se destraban.

Cuando un proyecto productivo llega al interior, no solo instala máquinas o contratos. Crea demanda de oficios, organiza cadenas de proveedores y vuelve razonable lo que antes parecía excepcional: estudiar una tecnicatura, emprender, acceder a un salario formal competitivo sin emigrar. La transformación es visible en energía, agro, minería y forestoindustria, con un efecto que se derrama sobre comercios, servicios y educación.

Lo escuché en un encuentro que compartí con el gobernador de Río Negro, y lo confirmé al recorrer historias similares en distintas provincias: donde antes había resignación, aparece urgencia por capacitarse, y donde antes el empleo era una promesa difusa, se vuelve un plan concreto.

Ingeniero Jacobacci: del empleo “seguro” a la demanda calificada

Durante décadas, en Ingeniero Jacobacci el mayor aspiracional de muchos jóvenes era conseguir un empleo estable en la estación de servicio del pueblo. Era el símbolo de la seguridad en un contexto de oportunidades escasas. Hoy, con inversiones en energía e infraestructura y el impulso de Vaca Muerta Sur, esa referencia empezó a quedar atrás.

Cuando un proyecto productivo llega al interior, no solo instala máquinas o contratos. Crea demanda de oficios, organiza cadenas de proveedores y vuelve razonable lo que antes parecía excepcional

El gobernador de Río Negro destacó públicamente esa transición: allí donde antes predominaba la idea de “conseguir algo” y sostenerlo, ahora aparece una necesidad inmediata de formación y empleo calificado. Gasoductos, obras de agua y proyectos energéticos atraen mano de obra y generan demanda de técnicos, soldadores, operadores y profesionales de logística.

El cambio no se mide solo en movimiento económico. Se mide en hogares que empiezan a planificar: jóvenes que acceden a capacitaciones, familias que reordenan prioridades y salarios que, hasta hace pocos años, parecían fuera del alcance local. La inversión privada no “ayuda” desde afuera: instala un nuevo estándar de expectativas.

San Carlos: el trigo, la tecnología y la economía que se enciende alrededor

En el corazón de la pampa gringa, San Carlos permite ver otra dimensión del fenómeno: el campo como motor de economías locales cuando se combina con inversión privada en maquinaria, tecnología y valor agregado. La siembra y la cosecha de trigo no generan solo ingresos para el productor: activan una cadena completa que incluye transportistas, acopios, talleres, comercios de insumos y servicios.

Cuando llega la cosecha, los pueblos cercanos -Esperanza, Rafaela y colonias aledañas- se recalientan. Hoteles completos, restaurantes con más turnos, mecánicos con jornadas extendidas y familias que suman ingresos estacionales que después se convierten en mejoras del hogar o inversión en educación.

La incorporación tecnológica también cambió el mapa. La inversión en siembra directa, drones y variedades de alto rendimiento elevó la productividad y multiplicó el efecto derrame. Un tractor moderno no es solo una máquina: es un eslabón que sostiene empleo indirecto y formaliza demanda de servicios.

Añelo: del pueblo ganadero al centro operativo de Vaca Muerta

El caso de Añelo es, probablemente, el más contundente por la velocidad del cambio. Hace poco más de una década era un poblado pequeño con actividad ligada a la ganadería de chivos. Hoy, por las inversiones multimillonarias en Vaca Muerta -con empresas como YPF, Chevron y Vista Energy, entre otras- se convirtió en el centro urbano-operativo del shale argentino.

La escena cotidiana lo muestra: más tránsito pesado, más proveedores, más profesionales que llegan desde distintas provincias, y una presión inmediata sobre vivienda, servicios y logística. Ese crecimiento desordena si no se gestiona, pero también abre una ventana que antes no existía.

Hoy Añelo, por las inversiones multimillonarias en Vaca Muerta -con empresas como YPF, Chevron y Vista Energy, entre otras- se convirtió en el centro urbano-operativo del shale argentino

Lo más relevante es lo que pasa con los jóvenes locales. Muchos que antes migraban encontraron razones para quedarse y capacitarse en oficios petroleros, soldadura, instrumentación y carreras vinculadas a la industria. La inversión privada no trajo solo pozos: trajo empleo, capacitación y una chance real de progreso sin romper el vínculo con el lugar de origen.

Otros polos de transformación

El patrón se repite, con matices, en distintas regiones del país:

• San Juan y la minería del cobre y oro: en departamentos como Iglesia y Calingasta, proyectos como Josemaría (más de USD 4.000 millones) empiezan a modificar la estructura local con empleos calificados y desarrollo de proveedores.
• Triángulo del Litio (Salta, Catamarca, Jujuy): en zonas como San Antonio de los Cobres y áreas de Catamarca, inversiones de Río Tinto, Posco y Galán Lithium empujan infraestructura, energía y formación técnica.
• Corrientes y la forestoindustria: la inversión de ARPULP por USD 2.000 millones en una planta de fibra de pino proyecta 13.000 empleos y la creación de una cadena de valor con impacto territorial.
• Mendoza y energías renovables: parques solares y el impulso minero revitalizan localidades turísticas y productivas como Tunuyán y Potrerillos.

Empleo, capacitación y el núcleo de la movilidad social

Estas inversiones no mueven solo el PBI. Cambian decisiones familiares. Una madre que puede sostener la universidad de su hijo por un empleo formal. Un joven que aprende soldadura TIG y pasa de un sueldo mínimo a un ingreso que le permite proyectar vivienda y familia. Comunidades que dejan de administrar resignación y empiezan a administrar crecimiento.

Nada de esto está exento de tensiones. La inversión privada también trae desafíos: vivienda, presión sobre servicios, estándares ambientales y convivencia social. Pero también aporta la herramienta más concreta de movilidad social en el interior: empleo digno y capacitación. Cuando un pueblo deja de depender de un único pagador y se conecta con capital productivo, se ensanchan los márgenes de libertad.

Argentina tiene recursos naturales, capital humano y una posición estratégica. El boom en energía, minería, agro y forestoindustria puede ser una oportunidad o un paréntesis: depende de si se acompaña con reglas claras, infraestructura, planificación urbana y formación continua.

Argentina tiene recursos naturales, capital humano y una posición estratégica

El cambio ya empezó en Jacobacci, en Añelo, en San Carlos y en decenas de pueblos más. Falta sostenerlo con políticas inteligentes y una mirada federal que entienda lo esencial: cada inversión privada que arraiga en el interior no es un número; es un proyecto de vida que se vuelve posible.

El futuro no llega desde la Capital. Se construye en los pueblos, con inversión, trabajo y visión. Y ya está en marcha.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market

En esta segunda vuelta, el voto no solo definirá una conducción política, sino también el tipo de reglas económicas que el país mantendrá o modificará en los próximos años. Desde una perspectiva económica, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, representan dos posiciones claramente opuestas.

Fuerza Popular propone mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la inversión privada. Su programa económico respetaría los aspectos considerados en la Constitución Política del Perú de 1993. Ese marco mantiene el modelo de economía social de mercado, con autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), libertad de inversión privada y pleno respeto a la libertad contractual.

Juntos por el Perú, en cambio, plantea un enfoque estatista, centrado en una mayor redistribución de la riqueza y en la llamada soberanía económica, con un fortalecimiento considerable de la función redistributiva del Estado. Esto probablemente implicaría nuevos impuestos directos y/o un mayor gasto público para cerrar brechas sociales por una vía que podría resultar poco sostenible.

Además, Juntos por el Perú propone desconocer la autonomía del BCRP y disponer de un porcentaje de las reservas internacionales netas, que son el ahorro del país. También plantea revisar contratos mineros y desconocer los contratos ley contemplados en la Constitución. Incluso ha planteado una nueva reforma agraria y, al hablar de la refundación de la nación, propone cambiar la Constitución.

Durante las últimas tres décadas, el principal motor del crecimiento económico nacional ha sido la inversión privada, que es cuatro veces mayor que la inversión pública. A ello se suman las exportaciones tradicionales y no tradicionales impulsadas por la apertura al comercio mundial. Estas exportaciones han permitido acumular, al año 2026, 100 mil millones de dólares en reservas internacionales netas. Ese nivel de reservas es una garantía para mantener bajo el riesgo país y acceder a menores costos financieros.

Cambiar la Constitución pone en riesgo logros económicos de los últimos 30 años: inflación dentro del rango meta —salvo algunos años con shocks negativos de oferta—, tipo de cambio estable, deuda pública cercana al 30% del PBI, déficit fiscal controlado y alto nivel de reservas. Todo ello permitió reducir la pobreza de 54% en 2002 a 20.2% en 2019, y la pobreza extrema a menos de 6%.

Fuerza Popular, por otro lado, debería priorizar la seguridad ciudadana, controlar las mafias del oro que operan a través del Reinfo y enfrentar la tala de árboles. Asimismo, debe preservar los equilibrios macroeconómicos: fiscal, monetario y de deuda pública.

Todos queremos lo mejor para el país. En esta segunda vuelta, corresponde pedir prudencia y veracidad en las propuestas, transparencia y compromiso con el crecimiento económico y con el desarrollo integral y solidario del Perú. Ese compromiso debe asumirse pensando siempre en el bien común y en la construcción de una sociedad más humana.

Durante décadas, los DDHH constituyeron uno de los pocos consensos morales universales alcanzados por la humanidad. Nacidos como respuesta a las tragedias del siglo XX, guerras mundiales, genocidios, la Shoá, totalitarismos y persecuciones sistemáticas, fueron concebidos para proteger a la persona frente a toda forma de abuso del poder.

Su fuerza moral radicó en su vocación universal. No fueron pensados como herramienta de facción ni recurso retórico al servicio de intereses ideológicos cambiantes, sino como un límite civilizatorio frente a la violencia, la arbitrariedad, el terrorismo, la persecución religiosa, la discriminación de minorías y la degradación de la dignidad humana.

La Declaración Universal de DDHH de 1948 partió de una premisa decisiva, el reconocimiento de la dignidad intrínseca e igual de todos los miembros de la familia humana. Jacques Maritain comprendió que distintas tradiciones religiosas, filosóficas y políticas podían discrepar acerca del fundamento último de los DDHH, pero coincidir en su necesidad práctica. Esa fue la grandeza del consenso de posguerra, afirmar un mínimo moral común frente a la barbarie.

Desde hace años ese consenso vuelve a ser interpelado por regímenes autoritarios, fanatismos violentos y una cultura internacional que muchas veces subordina los DDHH a alineamientos ideológicos, relativismos morales o narrativas políticas que terminan justificando aquello que deberían condenar.

Cuando la gravedad de una violación se mide menos por el daño causado a la víctima que por la identidad política, religiosa o nacional de quien la comete, se debilita el fundamento mismo de los DDHH. La tortura, la censura, la persecución de opositores, minorías religiosas o sexuales, la subordinación jurídica de la mujer, el castigo a disidentes, la pedofilia o esclavización de niños no son menos graves por ser practicadas en regímenes que ciertos sectores occidentales prefieren no incomodar por interés, afinidad ideológica, temor o cálculo geopolítico. El terrorismo tampoco se transforma en resistencia legítima por invocar una causa.

Michael Ignatieff advirtió que los DDHH son también una práctica política, y por ello requieren sobriedad, límites y responsabilidad. Cuando se los transforma en una herramienta facciosa, pierden su capacidad de proteger a las personas concretas. Por eso, una política exterior democrática, occidental y comprometida con la libertad sostiene que la dignidad humana no depende de coyunturas ni conveniencias.

Argentina está recuperando una orientación internacional más nítida, defendiendo el mundo libre, condenando inequívocamente el terrorismo, aliándose con democracias occidentales, valorando el Estado de Derecho, defendiendo la libertad religiosa, rechazando los autoritarismos, protegiendo las minorías vulneradas y afirmando la dignidad humana como fundamento de toda política pública responsable.

Ese rumbo resulta especialmente importante después de años en los que el lenguaje de los DDHH fue capturado por lecturas parciales, selectivas o partidarias. Recuperar su universalidad no significa debilitarlos, sino devolverles autoridad moral, consistencia jurídica y credibilidad internacional.

Argentina posee una responsabilidad singular en esta materia. Su historia constitucional, su tradición de acogida, su pertenencia cultural a Occidente, su experiencia y respuesta jurídica frente al totalitarismo, su compromiso con la memoria y su dolorosa vivencia del terrorismo la colocan en una posición especialmente relevante para contribuir a una agenda de DDHH seria, moderna y no ideologizada.

En ese marco, iniciativas como los Acuerdos de Isaac expresan una orientación internacional que vincula cooperación estratégica, defensa de la libertad, lucha contra el terrorismo, combate al antisemitismo y fortalecimiento democrático. Su importancia no reside sólo en la relación bilateral con Israel, sino en la posibilidad de proyectar desde la Argentina una agenda regional de DDHH, seguridad democrática, libertad religiosa, innovación y cooperación entre naciones comprometidas con el mundo libre.

La actual presidencia argentina de la IHRA refuerza esa misma dirección. La memoria de la Shoá no pertenece sólo al pasado, orienta la lucha contemporánea contra el antisemitismo, la negación histórica, la banalización del terrorismo y toda forma de deshumanización política. Así, permite proyectar esa memoria en educación, prevención, cooperación internacional y liderazgo público.

Natan Sharansky distinguió entre sociedades libres, donde las personas expresan sus convicciones sin temor, y sociedades del miedo, donde están obligadas a vivir bajo la mentira, la vigilancia u obediencia ideológica. Esa distinción resulta decisiva para una política exterior de DDHH que no confunda estabilidad con libertad ni retórica emancipatoria con respeto a la dignidad humana. Allí donde alguien debe callar para sobrevivir, no hay DDHH sino administración del miedo.

Congruentemente, la diplomacia en DDHH se fortalece cuando evita estridencias y sobreactuaciones, cuando no es neutral frente al terrorismo ni permanece en silencio frente a autoritarismos o equidistante entre Estados de Derecho democráticos y regímenes totalitarios, teocráticos o integristas. La diplomacia en DDHH se afirma con claridad moral, solvencia jurídica, prudencia institucional y responsabilidad política.

También debe incorporar los desafíos propios del siglo XXI. La IA, la vigilancia digital masiva, los datos biométricos, el reconocimiento facial ubicuo y la manipulación algorítmica de información y datos plantean interrogantes inéditos para la dignidad humana. La defensa de los DDHH ya no se limita a denunciar abusos del poder político tradicional, exige comprender las nuevas formas de concentración tecnológica que afectan la autonomía, la privacidad y la libertad personal.

La libertad religiosa merece una mención especial. Cristianos perseguidos en Medio Oriente y África, musulmanes reprimidos en China, judíos amenazados por el antisemitismo global, bahaíes hostigados en Irán y opositores religiosos silenciados en distintas regiones muestran que este derecho no es una cuestión confesional, sino un indicador decisivo de la libertad humana. Allí donde el poder decide qué se puede creer, expresar o enseñar, el problema ya no es sólo religioso, sino profundamente humano.

La defensa de la libertad religiosa resulta, además, inseparable de la lucha contra el antisemitismo. La historia argentina conoce en carne propia el dolor del terrorismo internacional yihadista. Por eso, una política exterior comprometida con los DDHH no puede ser indiferente frente al resurgimiento global de discursos y movimientos que vuelven a convertir al judío en blanco simbólico de odios políticos, religiosos o ideológicos. Combatir el antisemitismo no es defender sólo a una comunidad, sino a la arquitectura moral de las sociedades libres.

Václav Havel recordó que el verdadero poder de los DDHH surge cuando los individuos deciden vivir en la verdad incluso frente a sistemas que premian la conformidad y castigan la libertad. Esa enseñanza conserva plena vigencia frente a las nuevas formas de censura, disciplinamiento cultural, manipulación tecnológica y presión ideológica.

La Convención Americana sobre DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, más la Carta de la ONU no fueron concebidos para administrar preferencias ideológicas, sino para establecer límites frente a cualquier poder que pretenda desconocer la dignidad humana.

Por eso, una agenda argentina de DDHH alineada con la libertad, la democracia, la seguridad, la cooperación internacional y la defensa del mundo libre aporta una voz necesaria en el escenario global. Una voz capaz de unir memoria histórica, claridad moral, experiencia constitucional, diálogo interreligioso, comprensión bioética y solvencia jurídica.

Ese proceso consolida una política exterior de DDHH que no es rehén de viejas capturas ideológicas, sino expresión madura de una democracia que sabe distinguir entre libertad y opresión, dignidad y sometimiento, defensa legítima y terrorismo, pluralismo y fanatismo.

Los DDHH no pertenecen a izquierdas ni derechas, a gobiernos ni oposiciones. No son una herramienta de facción. Son el límite moral que toda forma de poder debe respetar.

Porque la dignidad humana no tiene ideología, tiene persona. Y precisamente por ello merece ser protegida siempre, en todas partes y frente a cualquier poder.

La pregunta más importante que plantea el proyecto de eutanasia presentado en el Congreso argentino no es quién puede morir. La verdadera pregunta es qué clase de sociedad estamos construyendo cuando la muerte comienza a ser presentada como una respuesta institucional frente al sufrimiento humano.

Este debate merece una reflexión profunda. No estamos discutiendo solamente un procedimiento médico ni un nuevo derecho individual. Estamos discutiendo cómo una sociedad responde a la fragilidad humana y qué valor otorga a la dignidad de quienes sufren. Por eso, esta discusión trasciende la política y alcanza el corazón mismo de la bioética.

Lo primero que debe aclararse es que la Argentina ya cuenta con una legislación que protege los derechos de las personas frente a enfermedades graves. La Ley 26.742, conocida como Ley de Muerte Digna, reconoce el derecho de los pacientes a rechazar procedimientos médicos desproporcionados o extraordinarios cuando estos solo prolongan artificialmente el proceso de morir. También protege el derecho a evitar el encarnizamiento terapéutico y a transitar el final de la vida con respeto por la voluntad del paciente.

Por lo tanto, el debate actual no gira alrededor del derecho a rechazar tratamientos invasivos o desproporcionados. Ese derecho ya existe.

Lo que hoy se propone es algo diferente.Se propone incorporar la eutanasia y el suicidio asistido como mecanismos legales mediante los cuales la muerte puede ser provocada o facilitada por intervención médica.

Esta diferencia no es un detalle técnico. Constituye el núcleo mismo de la discusión.

Durante siglos la medicina tuvo una misión clara: curar cuando fuera posible, aliviar cuando no fuera posible curar y acompañar siempre. La pregunta que hoy debemos formularnos es si provocar deliberadamente la muerte debe transformarse en una nueva función de la práctica médica.

Los defensores de esta iniciativa suelen fundamentar su posición en el principio de autonomía. Sostienen que cada persona debería tener derecho a decidir cuándo y cómo terminar su vida frente a situaciones de sufrimiento consideradas intolerables.

La autonomía es un valor importante y merece ser respetada. Sin embargo, la bioética nunca se ha construido sobre un único principio. Junto a la autonomía existen otros valores igualmente relevantes: la protección de los más vulnerables, la no maleficencia, la justicia y la responsabilidad de cuidar a quien atraviesa situaciones de extrema fragilidad.

Por eso, cuando una persona expresa deseos de morir, la primera pregunta ética no debería ser únicamente si puede decidir. La primera pregunta debería ser otra.

¿Por qué desea morir? ¿Sufre dolor físico mal controlado? ¿Tiene acceso adecuado a cuidados paliativos? ¿Está atravesando una depresión? ¿Se siente abandonado? ¿Percibe que se ha convertido en una carga para su familia? ¿Ha perdido la esperanza? Estas preguntas son esenciales porque el sufrimiento humano rara vez es exclusivamente biológico.

La experiencia médica demuestra que detrás de muchos pedidos de muerte conviven dolor físico, angustia emocional, miedo, soledad, desesperanza y sensación de inutilidad.

Cuando una persona pide morir, la primera obligación ética no es facilitar su muerte. La primera obligación ética es comprender y aliviar las causas que la llevaron a formular ese pedido.

Ninguna sociedad responde a la depresión ofreciendo la muerte. Ninguna sociedad responde a la soledad ofreciendo la muerte. Ninguna sociedad responde a la desesperanza ofreciendo la muerte. Por el contrario, destinamos recursos, profesionales y políticas públicas para rescatar a quienes atraviesan esas situaciones. ¿Por qué deberíamos cambiar ese principio cuando el sufrimiento aparece en el contexto de una enfermedad?

La compasión no consiste en abandonar la búsqueda del alivio. Consiste en redoblar los esfuerzos para encontrarlo.

Esta discusión adquiere una dimensión todavía más delicada cuando el proyecto contempla situaciones vinculadas a adolescentes desde los 16 años. Más allá de las posiciones ideológicas, resulta legítimo preguntarse si una decisión irreversible como la muerte exige una prudencia extraordinaria cuando involucra personas que aún atraviesan una etapa de maduración emocional, psicológica y neurobiológica.

La ciencia contemporánea demuestra que regiones cerebrales vinculadas al control de impulsos, la regulación emocional y la valoración de consecuencias continúan desarrollándose durante la adolescencia y la adultez temprana. Esto no implica negar la capacidad progresiva de decisión de los jóvenes, pero sí obliga a reflexionar cuidadosamente cuando se trata de decisiones definitivas e irreversibles.

Ningún médico le diría a un adolescente que expresa deseos de morir que su deseo debe ser simplemente acompañado. Lo correcto sería evaluar las causas de ese sufrimiento, ofrecer tratamiento, contención, apoyo familiar y esperanza.

¿Por qué deberíamos abandonar ese principio cuando el sufrimiento proviene de una enfermedad?

La compasión médica siempre ha consistido en combatir el sufrimiento, nunca en eliminar al que sufre.

Pero quizás el aspecto más preocupante de este debate no sea solamente el contenido del proyecto, sino el contexto cultural en el que aparece.

Vivimos en una época atravesada por una profunda crisis de salud mental. La ansiedad, la depresión, la soledad y el aislamiento social afectan a millones de personas. Cada año miles de argentinos pierden la vida por suicidio. Frente a esta realidad, el Estado desarrolla campañas de prevención, líneas de asistencia y programas de salud mental que parten de una convicción fundamental: cuando una persona expresa deseos de morir, la respuesta debe ser ayuda, acompañamiento, tratamiento y presencia humana.

Por eso resulta inevitable formular una pregunta: ¿Cómo dialoga una política destinada a prevenir el suicidio con otra destinada a facilitar la muerte médicamente asistida en determinadas circunstancias? No se trata de equiparar situaciones diferentes. Se trata de reflexionar sobre el mensaje cultural que una sociedad transmite cuando responde al sufrimiento.

Las leyes no solamente regulan conductas. También enseñan. Transmiten valores. Definen aquello que una comunidad considera aceptable. Y por eso este debate excede ampliamente la esfera individual.

Afecta la manera en que entendemos la enfermedad. La forma en que miramos a las personas con discapacidad. La valoración que otorgamos a la ancianidad. La percepción de quienes dependen de otros para vivir. Y la dignidad de quienes atraviesan los momentos más vulnerables de su existencia.

Los cuidados paliativos representan una de las respuestas más humanizadoras que la medicina ha desarrollado frente al sufrimiento. Su objetivo no es adelantar la muerte ni prolongarla artificialmente. Su propósito es aliviar el dolor físico, psicológico, social y espiritual, acompañando integralmente al paciente y a su familia.

Sin embargo, todavía existen importantes desigualdades en el acceso a estos cuidados. Muchas personas atraviesan enfermedades graves sin recibir el acompañamiento integral que necesitan.

Frente a esta realidad surge una pregunta ética inevitable.

¿Es razonable ofrecer la muerte como prestación sanitaria cuando todavía no hemos garantizado plenamente el acceso universal al alivio del sufrimiento?

Antes de debatir cómo provocar la muerte, la Argentina debería debatir cómo garantizar que cada ciudadano tenga acceso efectivo a cuidados paliativos de excelencia.

Antes de preguntarnos cómo facilitar la muerte, deberíamos preguntarnos cómo mejorar el cuidado.

Antes de institucionalizar la muerte como respuesta, deberíamos garantizar que nadie enfrente solo el sufrimiento.

Las personas que atraviesan enfermedades graves necesitan mucho más que tratamientos médicos. Necesitan saber que siguen siendo valiosas. Necesitan escuchar que su dignidad no desaparece con la dependencia, con la discapacidad o con la pérdida de autonomía. Necesitan una sociedad que les recuerde que el valor de una vida humana no depende de la productividad, de la juventud ni de la autosuficiencia.

La verdadera compasión no consiste en acelerar la muerte de quien sufre, consiste en permanecer a su lado, en aliviar el dolor cuando sea posible, acompañar cuando no haya cura, sostener la esperanza y afirmar la dignidad humana hasta el último instante de vida.

Las sociedades verdaderamente humanas no se distinguen por la velocidad con la que responden al deseo de morir. Se distinguen por su capacidad de encontrar razones para cuidar incluso cuando ya no pueden curar.

La grandeza moral de una nación no se mide por la facilidad con la que permite morir. Se mide por el compromiso con el que decide cuidar. Y esa es, quizás, la pregunta más profunda que hoy tenemos por delante. ¿Queremos construir una sociedad que acompaña el sufrimiento humano o una sociedad que comienza a aceptar la muerte como respuesta frente al dolor?

Soy un admirador nato de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. De hecho, antes de entrar al seminario estudié Arquitectura y cursé hasta tercer año. Luego dejé la carrera para seguir mi vocación sacerdotal.

Hace unos quince años trabajábamos en el barrio de Soldati con un grupo llamado Manos en Acción. Ahí conocimos a varias chicas que estaban terminando el secundario y tenían el deseo de seguir una carrera universitaria. Sin embargo, ingresar y sostener los estudios en la universidad pública les resultaba difícil por distintas circunstancias. Fue entonces cuando empecé a pensar que, si lográbamos conseguir becas, una universidad privada podía convertirse en una posibilidad concreta.

La ventaja que muchas veces ofrece la universidad privada es que los horarios suelen estar claramente establecidos. Esto permite que jóvenes con pocos recursos económicos, pero con buenas capacidades académicas, puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así nació el programa de becas de la Fundación San Lucas.

El primer paso fue posible gracias a la generosidad de la UADE y, particularmente, de Héctor Massoero, presidente de la Fundación UADE, quien nos ofreció cinco becas. A partir de ahí el programa comenzó a crecer gracias también al apoyo de Estudiantes Organizados que hace 4 años nos acompañan en todo este programa. Hoy contamos con cincuenta becas en esa universidad.

También pudimos recuperar la beca social de la Universidad Favaloro. Como dato interesante, desde sus orígenes el doctor René Favaloro estableció que el 5% de los estudiantes debían acceder mediante becas sociales. Actualmente la Fundación San Lucas trabaja junto a la universidad para hacer realidad ese objetivo, administrando ese porcentaje de la matrícula en la totalidad de las carreras que ofrece Favaloro, destinado a jóvenes con dificultades económicas. Un dato interesante es la amplia oferta que ofrece esta universidad -muchas veces poco conocida más allá de Medicina- que son una apuesta por el mundo de la salud y a formar profesionales del campo con una diversidad propias de carreras como Bioimágenes, Instrumentación Quirúrgica o Ingeniería entre otras.

A su vez, desde hace un año la UCA nos confió la gestión de las becas UNIR, una línea de cobertura completa dentro del programa de becas Papa Francisco. Nuestra fundación canaliza las postulaciones para este tipo de ayuda económica en la mayoría de las carreras de la universidad. Gracias a este trabajo, el año pasado 42 estudiantes pudieron empezar a estudiar en la UCA con una beca completa.

También comenzamos a trabajar con la Universidad del CEMA (UCEMA), apostando a la innovación educativa. Ahí ofrecemos becas para 4 carreras (Ingeniería en Informática, Licenciatura en Negocios Digitales, Licenciatura en Economía Empresarial, BA – Licenciatura en Artes Liberales y Ciencias), entre las cuales me gustaría destacar la Licenciatura en Artes Liberales y Ciencias, una propuesta poco frecuente en nuestro país. En un mundo tan cambiante como el actual, este tipo de formación permite una salida laboral amplia y flexible, acompañando mejor los intereses y talentos de cada estudiante.

Este año se suma además la Universidad de San Andrés, una de las instituciones de mayor prestigio de la Argentina. Junto a ella trabajaremos para otorgar becas de cobertura completa en todas sus carreras, ampliando nuestro alcance hacia la provincia de Buenos Aires y acercando nuevas oportunidades a jóvenes de la zona norte.

Fieles al espíritu de diversidad que caracteriza a la Fundación San Lucas, también incorporamos a la Universidad Evangélica, con una fuerte apuesta por carreras vinculadas a la gestión de la tecnología y al diseño y gestión de contenidos audiovisuales.

Pero nuestro objetivo no es solamente aumentar la cantidad de becas. Queremos ofrecer más opciones académicas, en distintas universidades y en diferentes puntos geográficos, acompañando perfiles e intereses diversos. Por eso entendimos también que una carrera universitaria no siempre es el único camino posible.

En la Argentina, donde muchas carreras demandan cinco o seis años de estudio, algunas personas necesitan alternativas más cortas y orientadas al trabajo inmediato. Por eso este año comenzamos a ofrecer cursos de oficios junto al ISEHG. Queremos que quienes no pueden o no desean afrontar una carrera universitaria tengan igualmente la oportunidad de capacitarse y construir un proyecto de vida.

Al mismo tiempo empezamos a desarrollar nuestro programa en el interior del país, porque creemos que el acceso a la educación no debe depender del lugar donde uno nació. Actualmente estamos trabajando para ampliar nuestra red de becas junto a universidades como la UNSTA, la Universidad Blas Pascal y la UCASAL, entre otras instituciones, con el objetivo de que los jóvenes del interior también tengan oportunidades concretas para estudiar.

Si conocés a alguien a quien esta propuesta pueda servirle, compartísela. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta julio, los cupos son limitados y este es el link para inscribirse.

Creo que en un momento en el que las bases de nuestro país muchas veces parecen debilitadas y en el que cuesta encontrar consensos, tenemos que volver a apostar por la educación. La educación es un puente que une, acompaña y permite que más personas accedan a un oficio, a una profesión y a la posibilidad de una movilidad social ascendente.

Esa es la apuesta de la Fundación San Lucas: creer que los sueños de los jóvenes no deben estar limitados por sus limitaciones económicas. Todos deberían tener la oportunidad de estudiar aquello que los apasiona y los convoca. Por eso hoy, más del 70% de nuestros aplicantes son primeros universitarios de la familia.

Porque solo cuando existen oportunidades reales podemos hablar seriamente de meritocracia. Solo cuando existen oportunidades podemos construir una sociedad que valore el esfuerzo y que forme más y mejores profesionales.

Esa es nuestra apuesta para la Argentina.

La Argentina necesita una legislación laboral moderna. Negarlo sería desconocer una realidad que cambia todos los días.

La irrupción de las plataformas digitales, las nuevas formas de contratación, el trabajo remoto y las transformaciones tecnológicas obligan a revisar normas que, en muchos casos, fueron pensadas para un mundo que ya no existe.

Ahora bien, modernizar no puede ser sinónimo de desproteger al trabajador.

Los cambios que propicia la Ley de Modernización Laboral y sus Decretos Reglamentarios introducen algunos cambios novedosos, que no siempre se alinean con mejores derechos para los trabajadores.

Un mundo del trabajo moderno necesita a través del diálogo de todos los actores sociales, consensuar los cambios a fin de que su implementación resulte posible y eficaz. La falta de consensos y adopción de posturas extremas deriva en la judicialización de las reformas.

Nadie puede poner en duda que las disposiciones vinculadas con la simplificación registral y administrativa, la digitalización de procesos y la actualización de herramientas pueden contribuir a reducir burocracia y facilitar la formalización del empleo.

Nadie debería oponerse a que el Estado funcione mejor y a que la gestión de las relaciones laborales, tanto en el plano individual como colectivo incorporen tecnología.

Pero la discusión de fondo no pasa por los trámites. Pasa por el equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores.

Toda sociedad moderna debe encontrar mecanismos para equilibrar una relación que, por naturaleza, es desigual. De un lado hay empresas, estructuras organizadas y capacidad económica; y del otro, trabajadores que dependen de su empleo para vivir una vida digna junto a sus familias.

Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen los abusos. Y cuando se debilitan los instrumentos colectivos que permiten defender derechos, el trabajador queda más expuesto.

Por eso nos preocupa que algunas de las modificaciones planteadas puedan derivar en una mayor individualización de las relaciones laborales. La negociación colectiva como resultado del dialogo social no debe ser debilitada, ya que eso va en contra de la calidad de vida de los trabajadores.

La Argentina no necesita confrontación de poderes, sino diálogo social intenso. Lo que necesita es construir un nuevo pacto laboral que combine competitividad, inversión y generación de empleo con protección efectiva para quienes trabajan. La verdadera modernización consiste en adaptar las reglas a los desafíos del presente sin resignar derechos básicos. Consiste en incorporar nuevas modalidades laborales sin crear trabajadores de primera y de segunda. Consiste en generar empleo formal sin convertir la precarización en una política pública.

El desfinanciamiento de la seguridad social no puede ser el pato rengo de los cambios. Redireccionar contribuciones patronales que fueron implementadas para financiar el sistema de la seguridad social hacia el pago de indemnizaciones en las grandes y medianas empresas no contribuirá a la superación de la informalidad laboral y la tasa de desempleo existente.

Los jubilados y quienes hoy contribuyen al sistema solidario de la seguridad social necesitan del fortalecimiento del sistema, no de su derrumbe.

Como el mundo cambia y vamos camino a una sociedad occidental con baja tasa de natalidad, indefectiblemente los sistemas de seguridad social sufrirán. Necesariamente en los planes de estudio se debe incorporar la enseñanza de finanzas personales. Los ciudadanos merecen estar informados y preparados para los cambios que se encuentran más cerca que lejos.

El futuro del trabajo debe construirse con diálogo, consensos y responsabilidad. Ni con inmovilismo ni con imposiciones. Porque una economía sana necesita empresas que crezcan, pero también trabajadores cuya dignidad y derechos se respeten y cuenten con herramientas que les permitan resguardarlos de posibles abusos.

Modernizar, sí. Debilitar al trabajador, no.

La crisis ecológica ya no es una amenaza futura. Las inundaciones, las olas de calor extremas, las sequías prolongadas, los incendios forestales y la pérdida acelerada de biodiversidad forman parte de una realidad que atraviesan los territorios, economías y comunidades en todo el mundo.

Frente a este escenario, la respuesta requiere más coordinación, capacidad estatal y cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, en Argentina ocurre lo contrario: la política ambiental se encuentra cada vez más desmantelada y fragmentada.

Mientras los desafíos ambientales exigen respuestas integrales y articuladas, las normativas recientes y la falta de aplicación de la legislación ambiental vigente genera capacidades estatales cada vez más débiles para proteger bienes comunes como los bosques, los glaciares, los humedales o las cuencas hídricas y las decisiones están cada vez más dispersas entre las provincias, intereses sectoriales y respuestas de corto plazo. Asimismo desoye los reclamos de las comunidades y la sociedad organizada que se moviliza frente a estas decisiones.

Tal como analizamos en la nueva edición del Informe Ambiental FARN (IAF) 2026, durante los últimos años Argentina ha experimentado un marcado retroceso en sus políticas ambientales. La degradación institucional, el recorte de recursos y una tendencia orientada cada vez más a transferir facultades a las provincias no son hechos aislados: forman parte de un proceso que dificulta cada vez más la construcción de una política ambiental coherente a escala nacional.

Recorte presupuestario de políticas ambientales

La llegada del nuevo gobierno en diciembre de 2023 representó una degradación institucional significativa. La eliminación del Ministerio de Ambiente, reducido al rango de subsecretaría, fue una de las expresiones más visibles de este proceso. A ello se sumó un fuerte ajuste presupuestario: durante 2024, el área registró un recorte real del 79,4% respecto de los fondos ejecutados en 2023. En 2025 la caída alcanzó el 80,8% y para 2026 se proyecta una reducción real del 79,6%, según los datos del Informe Ambiental FARN 2026.

Esta misma dinámica se replica en otras partidas vinculadas al cuidado del ambiente. Si se mantiene la comparación con 2023, la Administración de Parques Nacionales registra una caída real del 34% en 2024 y del 39,3% en 2025, mientras que para 2026 se proyecta una reducción real del 32,3%.

Por su parte, las partidas destinadas al saneamiento y mejora de infraestructura de la Cuenca Matanza-Riachuelo evidenciaron caídas reales del 76,6% en 2024, del 87,7% en 2025 y se espera una reducción real del 92,2% para 2026.

Lo mismo sucedió con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Durante 2024 se ejecutó apenas el 22% de su presupuesto, lo que implicó una caída real del 81% respecto de 2023. En 2025 se ejecutó el 76% de los fondos disponibles, mientras que para 2026 se proyecta una reducción real del 69,2% en comparación con 2023.

Al mismo tiempo que se consolida una regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas de protección ambiental, se puso en marcha el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el cual establece un orden de prioridades en el acceso a recursos estratégicos favoreciendo a intereses privados por sobre las necesidades de las poblaciones locales.

Incendios, pérdida de biodiversidad y degradación

Estas reformas y achicamiento del Estado se produce en un contexto atravesado por graves incendios forestales, como los ocurridos en Córdoba durante octubre de 2024 y los que afectaron a la Patagonia entre fines de 2025 y marzo de 2026, cuando el fuego arrasó zonas de Puerto Patriada y parte del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

Los incendios forestales representan uno de los principales factores de degradación ambiental, explicando el 13% de la pérdida total de bosques, además de afectar humedales y pastizales. De acuerdo con datos oficiales, entre 2022 y 2024 nuestro país perdió 550.851 hectáreas de bosque nativo.

En este contexto, el Gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y traspasó el Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad.

Una ciudadanía organizada

Frente a este contexto adverso, sabemos que la esperanza radica en el trabajo que podamos realizar como ciudadanía, de forma colectiva. El proceso de reforma de la Ley de Glaciares impulsado desde el gobierno para vaciar esta ley y desproteger estos ecosistemas, encontró a una ciudadanía organizada, con deseo de participar y defender nuestras reservas estratégicas de agua dulce. Durante el debate, más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, y más de 850 mil acompañaron la demanda judicial colectiva que presentamos desde FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas ante el Juzgado Federal de la provincia de La Pampa para plantear la inconstitucionalidad de la reforma.

Mientras el Gobierno nacional avanza en el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental, delega responsabilidades a las provincias y debilita los presupuestos mínimos que garantizan una protección común para todo el país, la ciudadanía manifiesta cada vez más atención y compromiso con la defensa de los bienes comunes.

Los sistemas naturales constituyen la base misma de la vida en la Tierra. Comprender esta interdependencia y actuar en consecuencia debe convertirse, con urgencia, en un principio transversal de la acción gubernamental y social. Lejos de ser una agenda sectorial, la política ambiental es hoy una condición estructural para garantizar la estabilidad económica, social y democrática del país.

Desde 1983, Argentina consolidó uno de los mayores logros institucionales de su historia contemporánea, el control civil de las Fuerzas Armadas. Tras décadas de interrupciones constitucionales, el instrumento militar quedó plenamente subordinado al poder democrático. Sin embargo, más de cuarenta años después, es necesario preguntarnos si ese éxito político estuvo acompañado por una conducción eficaz de la defensa nacional.

La respuesta, observando el estado actual de nuestras capacidades militares, parece evidente. Argentina logró controlar a las Fuerzas Armadas, pero nunca consiguió conducir estratégicamente la defensa como una política de Estado.

El politólogo Thomas C. Bruneau fue uno de los autores que mejor explicó esta diferencia. El control civil garantiza la subordinación militar al poder político y responde a la pregunta “quién manda”. La conducción estratégica, en cambio, exige que la dirigencia sea capaz de definir objetivos, asignar recursos, formular estrategias y sostener la preparación del instrumento militar en el tiempo. Responde a “hacia dónde se conduce y con qué capacidades”.

Bruneau advirtió que numerosos países alcanzaron el primer objetivo mientras fracasaban en el segundo, generando fuerzas armadas plenamente subordinadas, pero crecientemente ineficaces. Argentina encaja con notable precisión en esa descripción.

Tras la derrota de Malvinas y el retorno de la democracia, la sociedad argentina construyó un consenso sólido respecto de la necesidad de impedir cualquier forma de autonomía militar. Fue una decisión correcta y necesaria. El problema surgió cuando la defensa comenzó a ser interpretada casi exclusivamente desde la lógica del control institucional y dejó de ser concebida como una política pública destinada a preservar capacidades estratégicas.

Así, mientras se fortalecían los mecanismos democráticos de supervisión, se fue produciendo una pérdida constante de capacidades militares que terminó arrastrando al país hacia una situación cercana a la indefensión.

Durante gran parte de estas cuatro décadas, el Ministerio de Defensa funcionó más como un espacio de administración política coyuntural que como un verdadero órgano de conducción estratégica. La mayoría de los ministros llegaron al cargo por acuerdos partidarios, sin experiencia previa ni equipos especializados en la materia. Se consolidó entonces una paradoja recurrente, los civiles ejercían la autoridad formal pero dependían técnicamente de los propios militares para comprender el área que debían conducir, subordinando las recomendaciones profesionales recibidas a urgencias presupuestarias, factores electorales o ideológicos.

A ello se sumó la ausencia de continuidad estratégica. Desde 1983, la política exterior argentina osciló entre alineamientos contradictorios y visiones cambiantes del mundo. Cada gobierno redefinió prioridades, alianzas y amenazas. Como consecuencia, la política militar quedó subordinada a los ciclos políticos y jamás se consolidó un consenso básico sobre qué capacidades debía conservar el país y para qué escenarios.

Argentina tuvo “políticas de gobierno para las Fuerzas Armadas”, pero nunca tuvo una verdadera “política de Estado para la Defensa”.

La evolución presupuestaria refleja con claridad este proceso. El gasto en defensa cayó sostenidamente hasta ubicarse hoy por debajo del 0,5 % del PBI. Lo más grave es que esta reducción nunca estuvo acompañada por una reforma estructural coherente. No se reorganizó integralmente el instrumento militar, no se adecuaron las estructuras a los recursos disponibles ni se redefinieron prioridades estratégicas. Simplemente se ajustó.

El resultado fue previsible, estructuras cada vez más costosas para sostener capacidades cada vez menores.

Las consecuencias están a la vista. Obsolescencia de sistemas de armas, disminución de la disponibilidad operativa, reducción del adiestramiento y pérdida de capacidades críticas en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Durante años el país careció de aviación de combate supersónica, la Armada perdió sus capacidades submarinas, gran parte de sus medios de superficie, mientras el Ejército vio limitadas sus posibilidades de despliegue, movilidad y poder de fuego.

El hundimiento del ARA San Juan simbolizó de manera dramática las consecuencias de décadas de desinversión, improvisación y falta de previsibilidad. Desde hace más de dos décadas, el instrumento militar no está en condiciones de cumplir cabalmente con el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, que fija como misión garantizar la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Todo esto fue favorecido por la idea de que América del Sur se había convertido en una región donde los conflictos interestatales pertenecían al pasado y que, por lo tanto, la preparación militar había dejado de ser prioritaria. Sin embargo, los intereses vitales de una Nación no desaparecen porque disminuyan las probabilidades de conflicto. La defensa existe precisamente para garantizar que esos intereses puedan ser protegidos cuando las circunstancias cambian.

Y las capacidades militares no se improvisan. Requieren décadas de formación, doctrina, entrenamiento e inversión. Cuando se pierden, recuperarlas demanda enormes recursos financieros y mucho tiempo.

La discusión pública tampoco ayudó. Durante años, la agenda vinculada a la defensa quedó reducida a debates sobre derechos humanos, misiones de paz o asistencia a la comunidad. Todos temas relevantes pero insuficientes para abordar la eficacia, el problema central del instrumento militar. La defensa desapareció de la agenda política porque dejó de percibirse como una prioridad nacional.

La experiencia de la denominada “logística genética”, impulsada a partir de las lecciones surgidas del Informe Rattenbach, ilustra bien esta realidad. Se identificó correctamente la necesidad de planificar la generación de capacidades a largo plazo, pero nunca se consolidó una estructura permanente capaz de sostener esa visión más allá de los cambios de administración.

La falencia persiste hasta hoy. El Ministerio de Defensa carece de una estructura técnico-profesional robusta y estable en el área material, que permita conducir integralmente el ciclo de vida de las capacidades militares. Muchas funciones terminan fragmentadas o delegadas en las propias fuerzas, debilitando la continuidad y la coherencia de la conducción política.

Por eso, cada cierto tiempo reaparece el debate sobre si los ministros deberían ser civiles o militares retirados. La discusión, en realidad, parte de una premisa equivocada. El problema no es el origen profesional del ministro, sino su capacidad técnica y su visión estratégica. Existen excelentes ministros civiles y también militares retirados que han ejercido funciones políticas bajo estricto control democrático. La subordinación institucional está plenamente resuelta. El desafío pendiente es profesionalizar la conducción de la defensa.

La delicada situación económica argentina impide imaginar soluciones basadas exclusivamente en aumentos presupuestarios. Pero las restricciones fiscales no justifican la ausencia de planificación. Países con recursos limitados sostienen instrumentos militares eficaces porque establecen prioridades claras, desarrollan consensos estratégicos duraderos y administran racionalmente sus capacidades.

Argentina necesita avanzar precisamente en esa dirección. Construir acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno; profesionalizar la conducción política del área; formar a los cuadros superiores en gestión estratégica; adecuar las estructuras a los recursos disponibles; concentrar esfuerzos en capacidades prioritarias; y reconstruir gradualmente los sistemas de planeamiento, logística y generación de capacidades.

Sobre todo, necesita recuperar una discusión seria, madura y desideologizada sobre la defensa nacional.

La defensa no equivale al militarismo ni supone debilitar el control democrático. Un sistema eficaz requiere simultáneamente subordinación política, conducción profesional y capacidades materiales reales. Cuando una de esas dimensiones falta, el Estado se debilita.

El gran desafío argentino del siglo XXI ya no es evitar la intervención militar en la política. Ese objetivo fue alcanzado hace más de cuatro décadas y constituye uno de los principales logros de nuestra democracia.

El desafío pendiente, entonces, es construir una dirigencia capaz de pensar, planificar y conducir estratégicamente la defensa nacional. De lo contrario, seguiremos atrapados en una contradicción que se ha vuelto cada vez más evidente, haber logrado Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder político, pero con cada vez menos capacidad para cumplir la razón misma de su existencia, la defensa de los intereses vitales de la Nación.

El Gobierno acaba de ser víctima de sí mismo, una vez más, con variados costos. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado deja una lista larga de daños autoprovocados, que incluye el revés para Olivos en su intento de voltear el trámite legislativo, una derrota que dejó al bloque violeta en soledad y fisurado, y la exposición de internas sin freno que desarman otros planes del oficialismo. Con todo, la peor señal es el significado final de la carga sobre la jueza. Fue apuntada por su parentesco con un periodista de investigación, integrante, sin dudas, del 95% de colegas que Olivos dice no odiar lo suficiente. Un mensaje intimidante que incluye y supera el caso: una advertencia desde el poder político para críticos de cualquier origen.

De este modo, Javier Milei convirtió en tema nacional -más allá de los límites reducidos la política- el caso de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El oficialismo no logró articular nunca un argumento más o menos sostenible, ni cuando intentaba retirar el pliego enviado al Senado, ni después de la abrumadora aprobación en el recinto. Y ahora el Presidente debe decidir si prolonga aún más el deterioro -propio e institucional- que representa su decisión. Es decir, si da vuelta la página -aunque eso mismo no borre lo escrito- o agrava el mensaje evitando firmar el decreto de nombramiento de la jueza.

Eso último es lo que sostienen en estas horas desde el Gobierno. Se plantan en que el Presidente no tiene obligación de firmar el decreto y coronar el largo proceso de designación de jueces. Por lo bajo, dicen que Milei de ninguna manera dará ese paso. Si es así, aunque suene paradójico, mantendrá abierta una discusión y cerrará otra: seguirá el debate sobre las atribuciones presidenciales en este punto y reafirmará a la vez el sentido discriminatorio del empeño de Olivos contra la jueza.

En cuanto a las atribuciones discrecionales del Presidente, y aún en un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, existe discusión sobre los alcances de esa potestad. Hay posiciones encontradas entre juristas. De manera lineal, podría decirse que unos interpretan que la designación efectiva de un juez depende finalmente sólo del Ejecutivo -es decir, la firma del decreto correspondiente- y otros consideran que una vez aprobado el pliego por el Senado, el decreto formaliza el final del recorrido y es una “obligación constitucional”.

Se verá cómo sigue el tema en ese terreno. Pero por lo pronto, queda a la vista el objetivo de la obstinación de Olivos, que Karina Milei trató de imponer en la Cámara alta y ahora queda otra vez en terreno del Ejecutivo. La cuestión del sentido discriminatorio, que tiene abierta una vía judicial, queda expuesta además por la escasa y débil explicación del oficialismo cuando buscaba retirar el pliego y, ahora, para alimentar la intención de no firmar el decreto de nombramiento.

Por la vía del trascendido, el Gobierno ensayó un primer argumento frente a la creciente y fuerte repercusión del caso de la jueza. Insólito, pero intentó instalar que la postulación debía ser frenada bajo el supuesto de un “conflicto de intereses” por su condición de cuñada de un periodista. Insostenible desde cualquier punto de vista, jurídico y ético. No funcionó ni siquiera como consigna entre los oficialistas más alineados y menos, entre aliados o socios. Resultado: la idea de retirar el pliego fracasó sin vueltas.

Después de la votación a favor del pliego, y de manera inmediata, desde el Gobierno se hizo trascender que Milei no firmaría el decreto correspondiente. Eso fue destacado como decisión tomada, en algunos casos agregando que al menos así sería por ahora. Se verá. En concreto, la explicación fue otra. Se dijo que el tribunal que debe integrar Michelli -el TOF número 3 de La Plata- aún no fue constituido. Es algo que se sabía al firmar el envío del pliego. Por lo demás, la resolución de la cuestión práctica -la formalización del tribunal- estaría en la órbita del Poder Judicial y no del Ejecutivo.

Por supuesto, y aún poco sólida, esa letra busca atender a una cuestión de fondo. Parece discutible el alcance de la atribución discrecional del Presidente, pero resulta claro que debería tener algún sustento para no suscribir el decreto en cuestión. Se trataría de no dejar en evidencia el trazo discriminatorio de este cuadro. Tarea para la propia Justicia.

En la búsqueda de antecedentes, las fuentes del Gobierno transmiten sin disimulo similitudes con un par de casos de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Es llamativo: no preocuparía quedar asociado al kirchnerismo, aunque agregue un daño al discurso anticasta. El tema, de todos modos, es más complejo y también, inquietante.

Lo que se recuerda es la carga contra un juez con pliego aprobado para ser camarista, Juan Manuel Yalj, en 2011. Hubo entonces cuestionamientos no muy sonoros de kirchneristas duros por algunos de sus antecedentes, pero fue un episodio del momento -el choque de dos trenes y su secuela de acusaciones cruzadas sobre responsabilidades- lo que terminó provocando enojo y presiones del gobierno de CFK. El final de aquella serie fue la renuncia del magistrado.

¿Alguien en el Gobierno imagina posible algo parecido, es decir, forzar la renuncia de Michelli? Son épocas diferentes y nada está escrito, salvo el deterioro que supone mirarse en el espejo K. Y las huellas en el frente interno.

En la Cámara alta, el oficialismo necesita encarar sin demoras una tarea antes que nada doméstica. El bloque violeta quedó golpeado por el caso Michelli. Patricia Bullrich, que ya lleva un mes de tensiones en ascenso con Olivos, se abstuvo a la hora definir el tema en el recinto, después de días agitados por la difusión de su rechazo a la jugada de Karina Milei. Luis Juez prefirió ausentarse. Francisco Paoltroni votó a favor. Los otros 18 integrantes de la bancada violeta se mantuvieron en contra, solos. La UCR, el PRO y los bloques provinciales avalaron mayoritariamente el pliego.

La interna asomó a cada paso. Bullrich volvió a anotar sus propias líneas, después de buscar diferenciarse ya hace un mes frente al caso de Manuel Adorni. De arrastre pero de menor impacto en la estructura de LLA, tuvo su exposición Victoria Villarruel. Y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo motorizó en parte la ampliación del listado de pliegos a tratar en el recinto, causante a la vez del clima áspero que derivó en el tratamiento del ascenso de Michelli.

Son cuentas que tiene pendientes Olivos puertas adentro del oficialismo y que copan el temario político. Más grave, sin dudas, es el mensaje sobre la concepción de poder. De eso se trata también y casi exclusivamente el caso Michelli.

Hablar del negocio de las franquicias sin considerar el contexto económico es un error frecuente y, muchas veces, costoso. Ningún emprendimiento funciona aislado del mercado, y el franchising no es la excepción: la evolución del consumo, el nivel de ingresos y las expectativas de los clientes impactan a diario en la facturación, incluso en marcas consolidadas.

Invertir en franquicias exige leer el ciclo: en etapas de retracción suelen aparecer oportunidades inmobiliarias, margen para negociar costos de ingreso y tiempo para madurar una operación antes de una eventual recuperación. El modelo aporta procesos, marca y acompañamiento, pero no neutraliza el riesgo: lo traslada a la consistencia del plan, la elección de la enseña y la disciplina de ejecución.

En el sector circula una idea equivocada. Algunas personas creen que una franquicia funciona como refugio inmune a las crisis. La experiencia muestra lo contrario. Los locales de cadena también sienten la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los clientes. En los últimos años, los períodos de recupero de inversión se extendieron y, en muchos casos, duplicaron los plazos habituales de hace una década.

Entender el escenario permite explicar por qué una franquicia, a menudo, atraviesa mejor los períodos complejos que un negocio independiente

Reconocer esa realidad no implica desestimar el modelo. Entender el escenario permite explicar por qué una franquicia, a menudo, atraviesa mejor los períodos complejos que un negocio independiente. Una marca con recorrido ya resolvió parte del camino que un emprendedor debería construir desde cero: procesos, identidad, know-how comercial y una propuesta validada. Esa estructura reduce errores, ordena la operación y mejora la probabilidad de sostenerse cuando la economía pierde dinamismo.

En momentos de incertidumbre, la diferencia entre improvisar y operar con un sistema probado puede ser decisiva. Muchos emprendimientos independientes fallan porque deben resolver a la vez problemas operativos, comerciales y financieros. Una franquicia, en cambio, ofrece herramientas, acompañamiento y experiencia acumulada. Esa ventaja no elimina el riesgo, pero permite enfrentarlo con mayor preparación.

Por qué invertir en una etapa baja: lógica de ciclos y costo de entrada

La pregunta surge sola: ¿Por qué invertir ahora en franquicias si el contexto todavía presenta dificultades? La respuesta tiene varias capas, y se vincula con la lógica de los ciclos económicos:

1. La disponibilidad de oportunidades inmobiliarias. En etapas de retracción aparecen locales que, en escenarios de expansión, serían difíciles de conseguir. La menor competencia habilita mejores negociaciones, acceso a ubicaciones estratégicas y reducción de costos de ingreso. Para muchos inversores, es una chance de posicionarse en zonas de alto potencial antes de que el mercado vuelva a tensionarse.
2. El tiempo de construcción del negocio. Ningún local alcanza madurez comercial de inmediato. Armar equipos, desarrollar clientela y consolidar una operación eficiente demanda meses de trabajo sostenido. Quien ingresa en una etapa baja suele llegar mejor preparado al momento de la recuperación. Cuando el consumo vuelve a crecer, ese negocio ya cuenta con estructura, experiencia y clientes recurrentes.

Los ciclos operan así: los mercados suben, se desaceleran y luego vuelven a expandirse. Quienes esperan condiciones perfectas suelen entrar tarde, cuando los costos aumentaron y la competencia se intensificó. Quienes interpretan el momento pueden construir ventajas mientras otros quedan inmóviles.

Quienes interpretan el momento pueden construir ventajas mientras otros quedan inmóviles

La inversión como activos: respaldo, retorno y comparación con alternativas

Otro punto clave es la composición de la inversión. En una franquicia, una parte relevante del capital se transforma en activos propios: equipamiento, mobiliario, tecnología y stock pasan a integrar el patrimonio del franquiciado. Esa característica aporta un respaldo frente a cambios de escenario: la inversión no se evapora por completo ante una dificultad coyuntural, porque existe capital tangible con valor económico.

Un ejemplo ayuda a ordenar la idea. Una franquicia que proyecta un recupero de inversión en aproximadamente dos años supone una rentabilidad anual cercana al 50%. Como parte del capital se transforma en activos concretos y recuperables, no se trata solo de rentabilidad operativa: también hay respaldo en bienes que conservan valor. En la comparación con alternativas tradicionales de ahorro o inversión, el potencial de retorno luce más alto: en el caso del plazo fijo, es el doble.

Esa lectura no convierte a cualquier franquicia en oportunidad. La selección de marca es determinante. Conviene analizar antecedentes, capacidad de gestión, posicionamiento, rentabilidad y acompañamiento operativo. También importa evaluar si el concepto puede sostenerse en el tiempo y adaptarse a cambios en los hábitos de consumo.

El franchising no debe pensarse como fórmula mágica ni como garantía automática de éxito. Es un modelo de expansión y gestión que ofrece ventajas si hay planificación, análisis y una visión de largo plazo.

El franchising no debe pensarse como fórmula mágica ni como garantía automática de éxito. Es un modelo de expansión y gestión que ofrece ventajas si hay planificación, análisis y una visión de largo plazo

Hoy el contexto económico exige prudencia y capacidad para detectar oportunidades antes que el resto del mercado. Muchas inversiones nacen en períodos de incertidumbre, cuando predominan las dudas y pocos avanzan. Comprender el escenario económico no debería desalentar a quien evalúa entrar al mundo de las franquicias: leer el contexto permite decidir con más racionalidad, minimizar riesgos y construir negocios con mayor potencial de crecimiento. Esa es la diferencia entre reaccionar frente al mercado y anticiparse.

Invertir en franquicias sin leer el ciclo económico puede costar caro: el modelo no es inmune a la caída del consumo, pero sí puede ofrecer procesos y respaldo para atravesar etapas difíciles. En un contexto de retracción, aparecen locales disponibles, mejores condiciones de entrada y tiempo para madurar el negocio antes de la recuperación.

La etapa baja abre oportunidades para franquiciados que planifican: menos competencia por ubicaciones, costos de ingreso negociables y margen para construir equipo y clientela.

El franchising no elimina el riesgo, pero lo gestiona mejor si hay método. En períodos de incertidumbre, la ventaja puede estar en entrar antes: negociar ubicación, transformar inversión en activos y llegar con operación madura cuando el consumo repunte. La economía no es contexto: es parte del negocio.

El autor es Director Comercial de Lepus Consultora en Franquicias

La digitalización del certificado laboral y de los recibos -incluido el régimen de casas particulares- marca un cambio silencioso, pero profundo: el Estado ya no solo recauda, también cruza, valida y controla en tiempo real. Este nuevo escenario obliga a empleadores y contribuyentes a revisar cómo gestionan su información y cómo sostienen la consistencia de sus datos.

Durante años, en Argentina las obligaciones laborales y fiscales fueron casi sinónimo de papeles, trámites presenciales y procesos fragmentados. Sin grandes anuncios, y a un ritmo que muchos contribuyentes todavía no terminaron de dimensionar, se consolidó un cambio estructural: la digitalización integral de la información laboral, previsional y tributaria.

Este proceso -del certificado de trabajo digital a los nuevos esquemas de recibos electrónicos- no es solo modernización administrativa: redefine la forma en que el Estado controla, cruza datos y gestiona la relación con empleadores y trabajadores.

Redefine la forma en que el Estado controla, cruza datos y gestiona la relación con empleadores y trabajadores

El certificado de trabajo deja de ser un trámite “de salida”

Uno de los cambios más relevantes que introdujo la RG (ARCA) 5.848, publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo y alineada con la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral), fue la implementación del Certificado de Trabajo Digital, en el marco de la modificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. El giro es concreto: lo que antes era un documento que el empleador entregaba dentro de dos días hábiles de finalizada la relación laboral ahora pasa a ser un registro digital respaldado por información sistémica.

Antes de estas modificaciones, si el empleador no entregaba el certificado, el empleado recibía una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración, normal y habitual. Ese esquema derivó en una cantidad de juicios en los que se discutía si el certificado se había puesto o no a disposición, y ese fue el principal argumento por el cual la nueva ley derogó esa multa.

Hoy el empleador tiene dos caminos:

1. Formato digital: el empleador ingresa con clave fiscal nivel dos o superior al sistema de ARCA. No hace falta firma adicional de ninguna de las partes, porque el trabajador puede descargar el certificado desde el servicio Trabajo en Blanco.
2. Formato físico: se mantiene como opción, por duplicado y con firma de ambas partes, aunque la multa ya no esté vigente.

Según lo establecido, los certificados se nutren de bases de datos oficiales, principalmente de Anses y de las declaraciones juradas de seguridad social (Formulario 931). La consecuencia es evidente: ya no se trata de “emitir una constancia laboral”, sino de validar información que el propio Estado ya tiene.

Ya no se trata de “emitir una constancia laboral”, sino de validar información que el propio Estado ya tiene

En esa lógica, hay una restricción operativa que conviene tener presente: si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, esos datos no estarán disponibles y el empleador deberá completarlos con apoyo del libro correspondiente.

El cambio de fondo es otro: se reduce de manera drástica la posibilidad de inconsistencias entre lo declarado y lo certificado. Si un empleador declaró salarios menores, períodos incompletos o situaciones irregulares, el certificado digital lo expondrá de manera automática.

Más transparencia, y también más fiscalización

La digitalización ofrece ventajas reales: simplificación, trazabilidad y acceso inmediato. A la par, supone un salto en la capacidad de fiscalización del Estado.

Hoy los organismos pueden cruzar en segundos datos de remuneraciones declaradas, aportes y contribuciones, historial laboral e información previsional. Esa velocidad achica la informalidad “parcial”, esa zona gris en la que muchas empresas ajustaban parámetros sin que el sistema lo detectara en el acto.

La consecuencia es lineal: cualquier desvío se vuelve más visible, más rápido y más difícil de justificar, lo que obliga a muchas pyme a replantear su enfoque de cumplimiento y la consistencia entre sus sistemas.

El impacto en pyme y empleadores particulares

Las grandes compañías suelen contar con estructuras preparadas. El desafío aparece en las pequeñas y medianas empresas, y también en empleadores particulares.

El costo de la informalidad no es solo una multa eventual; es la acumulación de riesgos que, en un entorno digitalizado, tienden a materializarse más rápido

Para muchos, estos cambios se traducen en nuevas cargas administrativas, necesidad de asesoramiento profesional más frecuente y mayor dependencia de plataformas digitales. Al mismo tiempo, abren una oportunidad: ordenar procesos internos y reducir contingencias futuras. El costo de la informalidad no es solo una multa eventual; es la acumulación de riesgos que, en un entorno digitalizado, tienden a materializarse más rápido.

Qué cambia para el trabajador

Del lado del trabajador, el panorama puede resultar más favorable. El acceso se realiza desde la plataforma Trabajo en Blanco de ARCA, con CUIT y clave fiscal, o bien desde el homebanking.

Además del certificado del artículo 80, el trabajador puede descargar sus altas y los recibos de las últimas seis remuneraciones con código QR. También contará con un “buzón de novedades” para consignar lo que esté mal -sueldos o aportes-, con un efecto práctico: queda asimilado a un reporte directo al fisco contra el empleador.

En la misma línea, otro cambio importante -y menos difundido- es el avance hacia el recibo digital para el personal de casas particulares.

Se trata de un sector con altos niveles históricos de informalidad, que empieza a integrarse con mayor claridad al sistema. La digitalización de recibos implica formalizar el registro de pagos, dar trazabilidad a la relación laboral y facilitar el control por parte de los organismos.

Mejora la protección del trabajador, reduce conflictos por diferencias salariales, genera respaldo documental automático y refuerza la idea central de este nuevo esquema: todo queda registrado

Para muchos empleadores domésticos, esto puede percibirse como burocracia. En términos de gestión, funciona como un paso de normalización. Además, tiene efectos concretos: mejora la protección del trabajador, reduce conflictos por diferencias salariales, genera respaldo documental automático y refuerza la idea central de este nuevo esquema: todo queda registrado.

El nuevo rol del contador y la pregunta de fondo

En este contexto, el rol del contador se reconfigura. Ya no es solo quien liquida impuestos o cargas sociales, sino quien interpreta un ecosistema de datos interconectados y anticipa cómo “lee” el sistema.

Asesorar, hoy, implica detectar inconsistencias antes de que las marque la plataforma, anticipar cruces de información, alinear lo laboral con lo impositivo, traducir normativa a decisiones concretas y acompañar un cambio cultural: pasar de una lógica reactiva a una preventiva.

¿Estamos preparados? En muchos casos, no del todo. No es una crítica; es un diagnóstico: la velocidad de la digitalización suele superar la capacidad de adaptación de los contribuyentes. Pero hay un dato inalterable: el camino es irreversible. El Estado ya no necesita “salir a buscar” información; la tiene, y la organiza cada vez mejor. Eso redefine la relación entre contribuyente y fisco: ya no se discute solo qué se declara, sino si lo declarado coincide con el resto del sistema.

Con dificultades y fricciones, también aparece una oportunidad: regularizar situaciones, transparentar estructuras salariales y reducir contingencias legales. Para quienes se adapten, el escenario puede ser más simple; para quienes no, el margen de error se achica.

Desde la mirada tributaria, el mensaje es directo: el futuro no necesariamente es más complejo, pero sí más transparente. En ese marco, la mejor estrategia deja de ser esconderse en los detalles y pasa a ser ordenar la totalidad.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA

Kevin Warsh logró la presidencia de la Reserva Federal bajo la tesis de que la economía necesitaba tasas de interés más bajas. Pero, justo cuando asumió como jefe de la Reserva Federal en mayo pasado, la inflación se disparó tras el aumento del precio del petróleo.

El contexto cambió al asumir y las expectativas se revirtieron de inmediato. De anticipar una baja de tasas con el nuevo presidente, el mercado ahora espera que posponga cualquier recorte ante el fogonazo inflacionario que afronta la economía. Los objetivos que lo llevaron a la presidencia quedaron, por ahora, para más adelante.

Warsh llegó a la Reserva Federal con un mandato contradictorio: Donald Trump lo eligió para bajar tasas, pero la inflación se ubicó por encima de 3,8%, el mercado proyectó una política monetaria sin recortes durante el resto de 2026 y la discusión interna del FOMC quedó atravesada por la productividad asociada a la inteligencia artificial, el deterioro fiscal y la demanda de deuda del ecosistema cripto.

Warsh llegó a la Reserva Federal con un mandato contradictorio: Donald Trump lo eligió para bajar tasas, pero la inflación se ubicó por encima del objetivo

Inteligencia artificial y el nuevo argumento “deflacionario”

El argumento de Warsh no es monetario sino tecnológico. Sostuvo que la inteligencia artificial generaba un salto de productividad comparable al de la electrificación industrial, y que ese choque de oferta sería deflacionario por naturaleza: más producción por unidad de trabajo, costos marginales en descenso y eficiencias que se replican sin fricción. Su tesis fue que la Fed podía bajar todavía más rápido las tasas sin avivar la inflación.

Esa tesis no sedujo a todos por igual dentro de la Reserva Federal. La postura del Federal Open Market Committee (FOMC) fue más cautelosa: varios miembros del comité, entre ellos el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señalaron que el entusiasmo por la IA podía ser inflacionario en el corto plazo, al empujar inversión masiva y mayor demanda de energía antes de que los beneficios de productividad se materializaran.

El FMI, en su consulta del Artículo IV, fue explícito: “Con la tasa de política cerca del nivel neutral, hay poco margen para bajar en 2026”

Ante el nuevo contexto, el mercado esperó que las tasas de interés se mantuvieran sin cambios durante el resto de 2026.

El FMI, en su consulta del Artículo IV, fue explícito: “Con la tasa de política cerca del nivel neutral, hay poco margen para bajar en 2026”.

Déficit fiscal y el riesgo de “quién compra” la deuda

La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó un déficit federal de USD 1,9 billones en 2026, que crecería a USD 3,1 billones para 2036.

La deuda pública en manos del sector privado ya superó el 101% del PBI, un récord desde la Segunda Guerra Mundial, y los pagos de intereses sobre esa deuda superaron el billón de dólares anuales por primera vez en 2025.

Ahí emergió la tensión más aguda para Warsh. El flamante presidente habló de limpiar a mayor velocidad el balance de la Reserva Federal y reducir la tenencia de títulos públicos. Pero, si la Fed reduce su balance y los compradores extranjeros tradicionales siguen retirándose, ¿quién absorbe la oferta de deuda que genera el déficit?

Ray Dalio, fundador de Bridgewater, lo formuló sin rodeos en noviembre de 2025: “Si el balance comienza a expandirse significativamente mientras se recortan tasas y los déficits fiscales son grandes, lo veremos como una monetización clásica de deuda pública”.

Si la Reserva Federal no opera como comprador de deuda de última instancia, los rendimientos del Tesoro se disparan, lo que contrae el crédito, encarece la deuda hipotecaria y puede desencadenar un ciclo de inestabilidad que la Fed quiere evitar.

Demanda cripto: stablecoins como nuevo comprador marginal

Mientras los compradores tradicionales de deuda pública redujeron exposición -China bajó de USD 1,3 billones en 2013 a USD 604 mil millones hoy, a la mitad en una década- emergió un actor inesperado: el ecosistema de stablecoins, con Tether a la cabeza.

Tether, emisor de USDT, la stablecoin más grande del mundo, con USD 186 mil millones en circulación y 530 millones de usuarios, tenía USD 122 mil millones en Treasuries directos al cierre de 2025 -más del 83% de sus reservas- y una exposición total que superó los USD 141 mil millones. Eso lo ubicó como el 17° mayor tenedor mundial de deuda estadounidense, por encima de Alemania y Arabia Saudita.

El mecanismo fue simple: los usuarios depositan dólares para acuñar USDT; Tether invierte esos dólares en letras del Tesoro a corto plazo y captura el diferencial de tasas.

En 2025 ganó más de USD 10.000 millones con ese modelo. En paralelo, el Genius Act, aprobado en julio de 2025, obligó a todas las stablecoins reguladas a respaldar sus tokens con activos de alta calidad, como Letras del Tesoro. Standard Chartered estimó que el mercado de stablecoins podría crecer de USD 300 mil millones actuales a USD 2 billones para 2028, con hasta USD 1 billón de demanda adicional de T-bills.

El Genius Act, aprobado en julio de 2025, obligó a todas las stablecoins reguladas a respaldar sus tokens con activos de alta calidad, como Letras del Tesoro

La administración Trump, que presionó por tipos de interés bajos y quiso financiar su déficit, encontró en el ecosistema cripto a uno de sus principales compradores de deuda. Los “Tether del mundo” actuaron como bancos centrales paralelos y su balance en Treasuries creció trimestre a trimestre.

El dilema de tasas de interés, credibilidad y balance

Kevin Warsh llegó a la Fed con un mandato contradictorio. Trump lo eligió para bajar tasas de interés, pero la inflación se mantuvo por encima de 3,8%, el FOMC quedó dividido -la votación de abril fue 8-4, la más fracturada desde 1992- y los rendimientos del Tesoro a largo plazo, en 4,5% anual, advirtieron que el mercado descontó la persistencia de déficits fiscales que continuarían aumentando la oferta de deuda.

Forzar recortes en ese contexto podría destruir la credibilidad antiinflacionaria que la institución tardó décadas en construir.

Warsh también quiso reducir el balance. Pero si la Fed vende títulos públicos, los rendimientos del Tesoro suben y agravan el déficit del Tesoro.

Más aún: si China, Japón y otros soberanos continúan reduciendo su exposición a deuda estadounidense, la brecha de demanda se amplía. El ecosistema cripto cubre hoy una fracción relevante, pero insuficiente. La única alternativa real de largo plazo es fiscal: gastar menos de lo que se recauda, algo que ninguna administración en Washington logró en décadas.

Si China, Japón y otros soberanos continúan reduciendo su exposición a deuda estadounidense, la brecha de demanda se amplía

El dilema de Warsh quedó planteado: ¿puede un banco central independiente sostener disciplina monetaria cuando el fisco necesita financiamiento barato? La historia sugiere que no de manera indefinida.

El repunte inflacionario obligó a Kevin Warsh a dejar de lado su tesis de que la IA forzaría una deflación que permitiría a la Reserva Federal bajar tasas. Pero las tasas de corto plazo no fueron su principal problema: las proyecciones oficiales del déficit fiscal chocaron con su idea de limpiar el balance de la Fed, al menos a la velocidad que insinuó.

La apuesta a que el mundo cripto aumente la demanda de deuda estadounidense cuando se retira China lució auspiciosa, pero insuficiente

La apuesta a que el mundo cripto aumente la demanda de deuda estadounidense cuando se retira China lució auspiciosa, pero insuficiente para que la Reserva Federal también se desprenda de sus tenencias.

Los mercados, mientras tanto, esperarán su primera reunión el 16 y 17 de junio, para que revele cómo piensa afrontarlo.

El autor es CEO Pampa Capital / Profesor MFIN -UTDT

Cuenta Edmundo O´Gorman, historiador y filósofo mexicano, en su libro La invención de América, que, cuando Cristóbal Colón llegó a la desembocadura del río Orinoco durante su tercer viaje a América, comprendió que se encontraba ante algo que no encajaba en ninguna de las descripciones conocidas hasta entonces. Convencido de haber llegado a Asia y sin encontrar explicación alguna para aquella inmensidad natural, escribió en su bitácora que quizás había descubierto el Paraíso Terrenal. Siglos después, Alexander von Humboldt expresaría una impresión similar al definir a América como un “exceso de naturaleza”.

Ambas visiones ayudan a entender lo que significó y significa el paisaje americano para el mundo occidental, al cual fue incorporado desde el siglo XV. Por tal motivo, la visión de un “nuevo mundo”, como suele llamarse, debería ser, con mayor propiedad, la de “otro mundo” respecto de lo conocido hasta entonces. Sin embargo, más importante que ese descubrimiento resulta la manera en que ese paisaje fue domesticado por el hombre y dio lugar a un paisaje cultural cuya lectura aún es difícil de hacer, al tratar de entender esa particular relación entre artificio y naturaleza, o entre la arquitectura y el lugar, donde este último modifica y determina a la primera.

América no solo alberga algunos de los paisajes más diversos del planeta, desde la Cordillera de los Andes hasta la Amazonía, pasando por desiertos costeros y extensos sistemas fluviales; también es el lugar donde grandes metrópolis conviven con pequeños pueblos y aldeas. Son un patrimonio natural y cultural que expresa la identidad, la memoria y la relación histórica entre las comunidades y su entorno; es decir, un patrimonio vivo.

Estos paisajes no son vestigios del pasado, sino sistemas vivos que continúan sosteniendo identidades, economías y formas de habitar el territorio. Y, como patrimonio vivo, representan una oportunidad para inspirar a las nuevas generaciones y reafirmar que otro futuro es posible, basado en la justicia territorial y ambiental, la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el respeto por la sabiduría ancestral. En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad, expansión urbana desarticulada y crecientes desigualdades territoriales, el paisaje se consolida como un instrumento esencial para orientar nuevas formas de comprender, planificar y gestionar los territorios.

Con ese propósito, la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje y la Cátedra UNESCO de Ciudad, Paisaje y Patrimonio de la Universidad de Lima organizaron recientemente el Encuentro Internacional “El Paisaje de las Américas”. Como resultado de este espacio de reflexión y diálogo, se suscribió la Declaración de Lima por paisajes vivos y resilientes en las Américas, una hoja de ruta orientada a impulsar políticas públicas y marcos normativos que reconozcan el valor estratégico del paisaje para el desarrollo sostenible.

La Declaración de Lima busca posicionar al Perú en la agenda regional del paisaje y abrir un camino hacia la construcción de una política pública integrada que reconozca el paisaje como eje estructurante del territorio. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la protección, la gestión y la proyección de los paisajes del Perú y de las Américas como fundamento para sociedades más justas, biodiversas y en equilibrio con su territorio. Asimismo, invitamos a las instituciones, las comunidades, la academia y los actores públicos y privados a sumarse a este proceso.

“La ley es razón libre de pasión” (Aristóteles).

Las grandes revoluciones tecnológicas y económicas no dependen únicamente de la tecnología, sino también del derecho. Las innovaciones solo despliegan todo su potencial cuando existe un marco jurídico capaz de ofrecer previsibilidad, responsabilidad e incentivos, y de permitir así su desarrollo, adopción y expansión.

El derecho no existe solo para sancionar daños una vez que ocurren. También existe para ordenar expectativas, limitar riesgos y permitir que la sociedad innove sin caer en la anomia ni en el miedo paralizante.

Desde esa óptica, la Justicia no debe mirar la innovación con hostilidad, ni con ingenuidad. Su tarea no es sustituir al legislador ni sofocar el progreso, sino custodiar que la libertad tecnológica conviva con reglas claras, responsabilidad y seguridad jurídica.

La inteligencia artificial vuelve a poner esta discusión en el centro.

Regular demasiado temprano puede matar una industria antes de que nazca. Sin reglas mínimas, la innovación puede desplazar sus riesgos hacia terceros. El desafío jurídico está en encontrar ese punto de equilibrio.

La próxima revolución tampoco será solo de algoritmos.

Será de países capaces de ofrecer libertad, previsibilidad y responsabilidad. De sistemas jurídicos que entiendan que el derecho no debe correr detrás de la tecnología, pero tampoco ponerse delante de ella como un obstáculo.

Porque, al final, el verdadero progreso aparece cuando las reglas ofrecen seguridad y permiten crear e invertir.

Como profesional de la salud, he visto que en una emergencia cada minuto cuenta, pero también que muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte cabe en una bolsa de 450 ml de sangre. Una sola unidad puede separarse en plasma, glóbulos rojos y plaquetas, y así ayudar a salvar hasta tres vidas distintas. Sin embargo, en el Perú aún donamos muy poco: según datos publicados en 2024, apenas el 1.36% de la población dona sangre y, de ellos, solo el 20% lo hace de manera voluntaria. La mayoría dona cuando un familiar o amigo ya la necesita. En el marco del Día del Donante de Sangre, vale la pena preguntarnos: ¿por qué esperar a que la urgencia tenga nombre y apellido para tender el brazo?

Estas cifras deberían preocuparnos, porque nos colocan entre los países de la región con menor donación voluntaria de sangre. Y cuando hablamos de sangre, no hablamos de una necesidad excepcional o lejana: hablamos de pacientes que la requieren todos los días. Por ejemplo, una persona con cáncer hematológico podría necesitar hasta 20 unidades de paquete globular y 120 unidades de plaquetas simples durante su tratamiento. Detrás de cada una de esas unidades hay una oportunidad de seguir viviendo, de resistir una terapia, de llegar a una cirugía o de volver a casa. Por eso, donar sangre no debería ser solo una respuesta ante la emergencia de alguien cercano, sino un compromiso solidario con todos aquellos a quienes quizá nunca conoceremos, pero cuya vida puede depender de nosotros.

El próximo 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre; este año con el lema, “Una gota de humanidad. Dona sangre”. El objetivo de esta fecha es reconocer a los donantes voluntarios por su decisión altruista y sobre todo generar conciencia sobre la importancia de este acto de amor. Lamentablemente, este tema está inundado de mitos y desinformación, por lo cual en las siguientes líneas buscaremos hacer precisiones objetivas que puedan ayudarle a decidirse a donar.

1. Un adulto promedio -hombre de unos 30 años, 70 kg y 1.72 m o mujer de 30 años, 55 kg y 1.60 – contiene entre 4.5 – 5.5 litros de sangre aproximadamente. Cuando se dona, se obsequia menos del 10% del total de nuestra sangre, misma que se recuperará en los días posterior con una buena nutrición. Un hombre puede donar voluntariamente cada 3 meses, mientras que una mujer cada 4 meses.
2. La sangre se renueva permanente, pero para eso se necesita una buena nutrición. El hierro es fundamental para la formación de hemoglobina. Sin hierro suficiente la hemoglobina simplemente no se formará y se producirá anemia. Las principales fuentes de hierro incluyen al hígado, la sangrecita, las carnes rojas, las carnes blancas, las menestras (lenteja, garbanzos y frejoles) y los cereales fortificados. El ácido fólico (vitamina B9) y la vitamina B12 son indispensables para el desarrollo de los glóbulos rojos. Éstos son las células responsables de transportar la hemoglobina. Sin B9 o B12 no habrá quién pueda transportar a la hemoglobina, por tanto, también se producirá otro tipo de anemia. Las fuentes de B9 incluyen menestras (lentejas, garbanzos y frejoles) y algunos vegetales (espinacas, acelgas, brócoli; mientras que las fuentes de B12 comprenden básicamente alimentos de origen animal. Finalmente, en cualquier de los casos, la proteína es fundamental para la formación tanto de hemoglobina como de glóbulos rojos.
3. Donar sangre no produce debilidad. Algunas personas podrían sentirse ligeramente mareadas por no haberse preparado adecuadamente con reglas muy simples que describiremos más abajo. Tampoco genera anemia. La hemoglobina podría bajar ligeramente inmediatamente después de la donación, sin embargo, se recuperará totalmente, algunos días después, con una adecuada nutrición.
4. Antes de donar consuma una comida ligera, pero nutritiva. Evite alimentos muy grasos. De preferencia a frutas, lácteos y cereales. Además, beba al menos medio litro de agua para mantener una buena hidratación. El ayuno no es un requisito para donar sangre.
5. Después de donar es posible que en el centro de donación le proporcionen un refrigerio ligero para evitar una caída de los niveles de glucosa en sangre, en caso contrario, consuma un plátano, una manzana o un pan. También siga consumiendo agua en las horas posteriores. Es muy importante que no realice ejercicio intenso ni cargue objetos pesados el resto del día.

Donar órganos y donar sangre voluntariamente son actos de humanidad en el sentido más profundo de la palabra: formas concretas de permitir que la vida continúe a través de la vida de otros. En el Perú, los mitos y la desinformación han levantado barreras que nos mantienen entre los países con menor donación voluntaria de sangre en la región. En mi ejercicio profesional, he visto de cerca la angustia de muchos pacientes y familias cuando la sangre no llega a tiempo; y, como personas, casi todos hemos conocido alguna vez esa preocupación, propia o cercana, de esperar una unidad que puede cambiarlo todo.

Que ese recuerdo, esa espera o esa historia familiar no se quede solo como una experiencia difícil, sino que se convierta en una razón para actuar. Donar sangre no produce anemia, no debilita, no engorda, no mata. Donar sangre acompaña, sostiene y salva. Donar sangre genera vida.

El mercado de desarrollo de software atraviesa una transformación impulsada por la capacidad de la inteligencia artificial para generar código de manera automatizada. En este contexto, se observa una tendencia en la toma de decisiones corporativas que podríamos denominar “parálisis por expectativa deflacionaria”. Este fenómeno ocurre cuando las empresas postergan la ejecución de proyectos bajo la premisa de que la tecnología reducirá los costos de desarrollo en el futuro inmediato. Sin embargo, este análisis omite el cálculo del costo mensual de mantener procesos manuales y la ausencia de captura de datos durante el periodo de espera.

La discusión sobre la inversión tecnológica debe desplazarse desde el precio del contrato hacia el costo de oportunidad de no implementar la solución. Mientras el costo marginal de creación de software desciende, la brecha competitiva para quienes optan por la espera aumenta. La ejecución inmediata permite la acumulación de datos, el aprendizaje operativo y la iteración de procesos, factores que otorgan una ventaja en el mercado que no se recupera mediante ahorros en el presupuesto de programación.

El agotamiento del modelo de facturación por horas

La integración de herramientas de asistencia de código ha dejado en evidencia la fragilidad del modelo de facturación basado en horas hombre. Este sistema tradicional confunde el esfuerzo con el valor generado, creando una distorsión de incentivos. Si un equipo técnico resuelve en tres días una tarea que anteriormente requería tres semanas, el modelo de horas penaliza la eficiencia del proveedor y reduce su ingreso. Por el contrario, si el proveedor extiende los tiempos para mantener su facturación, se produce un quiebre en la confianza con el cliente.

Se observa una tendencia en la toma de decisiones corporativas que podríamos denominar “parálisis por expectativa deflacionaria”

La transición hacia la facturación por resultados y por impacto representa la evolución necesaria en la industria. El enfoque debe situarse en la resolución de problemas, la eliminación de procesos ineficientes y la generación de ventajas para el negocio. En Argentina, este cambio enfrenta la resistencia de estructuras de control basadas en planillas de tiempo, lo que genera una brecha entre la capacidad de la tecnología y los modelos de negocio vigentes.

Una alternativa a los esquemas tradicionales es la implementación de modelos de valor compartido, donde los honorarios del proveedor se vinculan directamente al aumento de ventas o a los ahorros generados por el software. Este enfoque alinea los intereses de ambas partes, transformando la relación de proveedor-cliente en una sociedad con riesgo compartido. Bajo este esquema, si el software no produce los resultados proyectados, el cobro diferencial no se ejecuta.

La viabilidad de este modelo depende de la existencia de métricas claras y de la disposición de las empresas a transparentar sus datos financieros. En el entorno local, existe una falta de hábito en la medición del impacto real de la tecnología en los resultados operativos. Por tanto, la labor inicial del consultor tecnológico consiste en asistir al cliente en la construcción de capacidades de medición antes de formalizar el vínculo contractual. Este rigor en la definición del problema permite una selección de proyectos con alta probabilidad de retorno de inversión.

El software como activo vivo y la evolución continua

Ante el temor a la obsolescencia técnica, surgen los contratos de evolución continua o modelos de suscripción de desarrollo. Bajo esta modalidad, el cliente no adquiere un producto estático, sino un activo vivo que recibe actualizaciones permanentes de acuerdo con los avances de la tecnología. Este sistema previene la necesidad de ejecutar reingenierías completas cada pocos años, garantizando la vigencia de la herramienta en el tiempo.

Mientras el costo marginal de creación de software desciende, la brecha competitiva para quienes optan por la espera aumenta

A pesar de su lógica técnica, la adopción de este modelo en mercados con alta inflación y volatilidad económica encuentra obstáculos estructurales. La resistencia a compromisos financieros de largo plazo es una respuesta a la incertidumbre del horizonte económico. Frente a esto, la estrategia de implementación sugerida es iniciar con proyectos de alcance definido que demuestren valor inmediato, permitiendo que la transición hacia una suscripción sea una consecuencia natural de los resultados obtenidos en la primera fase de trabajo.

De fábricas de código a proveedores de arquitectura

La democratización de la generación de código a través de la inteligencia artificial ha convertido a la programación estándar en una mercancía con precio a la baja. Las organizaciones que operan exclusivamente como fábricas de código enfrentan la competencia de herramientas automatizadas que operan sin interrupciones y con costos mínimos. El valor en el mercado actual se ha desplazado desde el volumen de líneas de código hacia la capacidad de diagnóstico y diseño estratégico.

La función crítica de las empresas de desarrollo hoy es la arquitectura de valor. Esto implica identificar el problema de fondo del negocio, algo que, a menudo, no coincide con los requerimientos expresados en el documento inicial del cliente. “La inteligencia artificial no ha reducido el valor del pensamiento estratégico, sino que lo ha encarecido al volver escasa la capacidad de discernir qué código es necesario generar y cuál debe omitirse para evitar deuda técnica.” En este sentido, la arquitectura define la capacidad de escala de un sistema y su alineación con los objetivos de largo plazo de la organización.

El riesgo competitivo regional para las empresas locales

El juicio técnico y la dirección estratégica de la arquitectura son factores diferenciales en un entorno donde el costo de los materiales básicos de construcción de software colapsa. Al igual que en la construcción civil, cuando los materiales se abaratan, la calidad final depende del diseño estructural. La capacidad de cerrar la brecha entre lo que el cliente solicita y lo que su operación requiere exige un entendimiento profundo tanto de la tecnología como del negocio.

En el entorno local, existe una falta de hábito en la medición del impacto real de la tecnología en los resultados operativos

En este nuevo escenario, el riesgo para las empresas que deciden esperar a la herramienta perfecta es perder su posición competitiva frente a actores regionales. Mientras se postergan decisiones en busca de menores costos, competidores en mercados como México, Brasil o Colombia ejecutan soluciones con las herramientas disponibles, acumulando un aprendizaje organizacional que no se puede adquirir mediante presupuesto.

Argentina cuenta con ventajas competitivas en términos de talento e ingenio para operar en condiciones de escasez. No obstante, la inacción compromete la relevancia regional y la capacidad de atraer inversión. La ejecución rápida y la aplicación de criterio sobre la tecnología disponible superan en términos de eficiencia a la búsqueda de la perfección técnica proyectada a futuro. Aceptar que la velocidad de implementación es un factor determinante permite a las organizaciones capturar valor en el presente y consolidar su posición en un mercado en constante aceleración.

En definitiva, la tecnología disponible hoy, bien aplicada, siempre le ganará a la tecnología perfecta de mañana que nunca se implementó. Tal como dijo Marc Benioff: “Faster is better than perfect!” (¡Rápido es mejor que perfecto!)

El autor es Co-Founder y CEO de The App Master

Durante años, hablamos de inteligencia artificial como si fuera solamente software, algoritmos o automatización. Pero algo empezó a cambiar en 2025: la IA dejó de ser un fenómeno puramente digital y empezó a impactar de lleno sobre la economía real.

Porque detrás de cada modelo de inteligencia artificial hay algo mucho más concreto: servidores, centros de datos, fibra óptica, energía y enormes inversiones en infraestructura. Y eso ya se empieza a reflejar en el comercio mundial.

Según el informe Geopolitics and the Geometry of Global Trade: 2026 Update, del McKinsey Global Institute, el comercio global de bienes creció 6,5% en 2025 y alcanzó los US$ 25 billones, incluso en un contexto de mayores tensiones geopolíticas y suba de aranceles. El dato no es menor. Sobre todo porque gran parte del mercado esperaba un escenario de desaceleración comercial producto de la guerra arancelaria.

La infraestructura detrás de la IA

Lo más interesante del informe aparece cuando se analiza qué sectores impulsaron ese crecimiento. Según McKinsey, el comercio global de hardware vinculado a inteligencia artificial —chips, servidores y equipos de red— creció cerca de 40% interanual durante 2025 y explicó aproximadamente un tercio de la expansión total del comercio mundial.

Eso empieza a modificar bastante la lógica tradicional. Durante años se instaló la idea de que la economía digital iba a “desmaterializar” buena parte de la actividad económica. Pero lo que empieza a verse es casi lo contrario: cuanto más avanza la IA, más infraestructura física necesita el mundo.

Los centros de datos consumen enormes cantidades de energía y requieren transformadores, turbinas, sistemas de refrigeración industrial, fibra óptica y equipamiento tecnológico de alta complejidad.

Estados Unidos habría concentrado cerca de la mitad de la nueva capacidad global de data centers durante 2025, mientras China avanzó fuerte en infraestructura tecnológica y construcción de capacidad industrial asociada. Se comenzaron a mover cadenas globales enteras.

La guerra comercial no frenó el comercio

Otro de los puntos más relevantes del informe es que la tensión entre Estados Unidos y China no terminó generando una caída global del comercio, sino una reconfiguración de los flujos. El comercio bilateral entre ambos países cayó cerca de 30%, pero gran parte de esos movimientos terminaron redireccionándose hacia terceros mercados. Es decir: el comercio global no desapareció. Cambió de socios, de rutas y de sectores estratégicos.

Eso también ayuda a explicar por qué Europa empezó a acelerar acuerdos comerciales que llevaban años trabados y a buscar mayor diversificación de mercados. Ahí aparece parte de la lógica detrás del avance del acuerdo MERCOSUR – UE.

El nuevo escenario y la oportunidad para Argentina

En este contexto, empiezan a ganar relevancia sectores donde Argentina tiene potencial. La expansión global de la inteligencia artificial aumenta la demanda de energía, minerales estratégicos y servicios basados en conocimiento. Y ahí aparecen discusiones donde el país ya empieza a posicionarse: litio, cobre, gas, infraestructura energética y economía del conocimiento. No es casualidad que el carbonato de litio haya ingresado al top ten de productos exportados por Argentina en marzo de 2026, según datos del INDEC.

Tampoco es menor que la economía del conocimiento se haya consolidado como uno de los principales complejos exportadores argentinos, acercándose a los US$ 10.000 millones exportados en 2025.

El desvío de flujos comerciales entre Estados Unidos y China empieza a abrir oportunidades para nuevos proveedores en distintos mercados.

La discusión ya dejó de ser solamente tecnológica

La lectura de fondo es bastante más estructural de lo que parece. La inteligencia artificial ya no impacta solamente sobre productividad o automatización. Empieza a modificar inversiones, cadenas globales, demanda energética y comercio internacional.

Y probablemente ahí esté uno de los cambios más importantes que empezó a atravesar la economía global en los últimos años. Porque la IA ya no solamente mueve datos. Empieza a mover el comercio mundial.

Durante años, cuando se hablaba de transformación digital, la conversación se concentraba en sectores como la banca, el retail o la logística. Eran las industrias que marcaban el ritmo del cambio, donde la tecnología redefinía procesos, modelos de negocio y la relación con los usuarios. Pero hay una transformación menos visible que empieza a ganar velocidad: la digitalización de la vida cotidiana en los edificios donde vivimos.

Los consorcios no suelen aparecer en los debates sobre innovación. Sin embargo, concentran una dimensión clave de la vida urbana: la organización de la convivencia, la administración de recursos compartidos y la experiencia diaria de millones de personas.

Y es justamente ahí donde empieza a notarse el cambio.

Durante mucho tiempo, la gestión de consorcios estuvo dominada por una lógica de urgencia. En contextos de alta inflación y costos crecientes, la prioridad era responder mes a mes a la presión económica. La eficiencia no era el eje principal; la continuidad operativa, sí.

Hoy, ese escenario empieza a modificarse. Sin que los desafíos desaparezcan, la velocidad de ajuste se estabiliza parcialmente y aparece un nuevo foco: cómo se gestionan mejor los sistemas existentes.

En ese punto, la transformación digital deja de ser un concepto asociado a modernización y pasa a ser una necesidad estructural.

La administración de edificios todavía presenta altos niveles de fragmentación operativa: información dispersa, procesos manuales, múltiples canales de comunicación y una fuerte dependencia de tareas administrativas repetitivas.

Ese modelo empieza a mostrar límites no solo por eficiencia interna, sino por algo más profundo: la evolución de las expectativas de las personas.

El cambio más relevante no es tecnológico, sino cultural. Hoy, los vecinos se relacionan cotidianamente con servicios digitales que ofrecen inmediatez, transparencia y autonomía. Esa experiencia se traslada, inevitablemente, a cómo esperan interactuar con la administración de su edificio.

La digitalización ya no transforma únicamente industrias tradicionales. También empieza a redefinir cómo se organiza la vida en comunidad. Esto plantea un cambio de paradigma.

La gestión de consorcios deja de ser un proceso centrado exclusivamente en la administración operativa para convertirse, progresivamente, en un sistema de experiencia: acceso a la información, trazabilidad de decisiones, comunicación más clara y procesos más ágiles.

La tecnología no reemplaza el rol del administrador. Lo redefine.

Permite liberar tiempo operativo, reducir fricciones y mejorar la calidad de gestión, para que el foco pase de la ejecución repetitiva a la toma de decisiones y el acompañamiento de las comunidades.

En paralelo, los edificios comienzan a incorporar herramientas digitales para votaciones, comunicación interna y gestión documental. Estos cambios no eliminan la complejidad propia de la convivencia, pero sí ordenan dinámicas que históricamente fueron informales y poco estructuradas.

En este contexto, aparece un fenómeno más amplio: la profesionalización de la administración de consorcios como parte de la transformación digital de las ciudades.

Los edificios dejan de ser solo estructuras habitacionales para convertirse en espacios donde también se expresa el cambio en los hábitos digitales, las expectativas de servicio y la forma en que las personas se organizan colectivamente.

La transformación digital, en ese sentido, ya no ocurre solo en las industrias. También ocurre en la vida cotidiana.

Quienes vieron la película El secreto de sus ojos probablemente recuerden una de sus reflexiones más memorables: una persona puede cambiar de apariencia, de entorno, de amistades o incluso de vida, pero difícilmente cambia aquello que constituye su verdadera pasión. La idea es sencilla: las circunstancias pueden modificarse, pero las convicciones suelen permanecer.

La política no es ajena a esa lógica.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez presentó una nueva versión de su plan de gobierno. El documento muestra un tono considerablemente más moderado que el defendido durante la primera etapa de la campaña. Varias propuestas que despertaron preocupación entre empresarios, inversionistas y analistas económicos han sido suavizadas, mientras que el discurso busca transmitir mayor tranquilidad y previsibilidad.

No se trata de algo inusual. Las segundas vueltas suelen empujar a los candidatos hacia el centro político en busca de nuevos electores. Sin embargo, la pregunta relevante no es si un plan de gobierno puede cambiar. La verdadera pregunta es cuál de los dos documentos refleja mejor la visión de país que se pretende implementar.

Un político puede cambiar de asesores, de aliados, de estrategia comunicacional e incluso de plan de gobierno. Lo que resulta mucho más difícil es cambiar la ideología que inspira sus propuestas. Y esa ideología quedó claramente reflejada en el programa presentado originalmente por Juntos por el Perú.

Allí encontramos una mayor participación estatal en sectores considerados estratégicos, sustitución de importaciones, revisión de concesiones, mayores impuestos, expansión del rol empresarial del Estado y aumentos salariales impulsados desde la política. No son propuestas aisladas. Responden a una visión específica sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía.

El problema es que América Latina ya ha recorrido caminos similares. Durante las últimas décadas, varios países apostaron por una creciente intervención estatal, expansión del gasto público, mayores controles sobre la actividad privada y un debilitamiento progresivo de los incentivos a la inversión. Los resultados fueron pérdida de competitividad, menor productividad y un crecimiento económico cada vez más frágil.

El caso venezolano constituye el ejemplo más dramático. La combinación de controles de precios, nacionalizaciones y creciente intervención estatal derivó en una profunda crisis económica y social. Millones de personas abandonaron el país y los niveles de pobreza alcanzaron cifras alarmantes.

Aunque el Perú enfrenta una realidad distinta, tampoco somos ajenos a experiencias similares. Durante los años ochenta convivimos con estatizaciones, controles de precios, manipulación de la política monetaria, escasez de productos e hiperinflación. Las consecuencias fueron devastadoras para millones de familias y empobrecieron al país.

Por supuesto, reconocer esos antecedentes no implica desconocer los problemas actuales. Persisten enormes brechas sociales, servicios públicos deficientes y un profundo descontento ciudadano. Pero precisamente por ello resulta fundamental no confundir el origen de los problemas con las soluciones.

El principal desafío del Perú no ha sido la falta de recursos, sino la incapacidad del Estado para administrarlos adecuadamente y convertirlos en bienestar para la población. Debilitar la inversión privada, incrementar la incertidumbre o ampliar indiscriminadamente el rol empresarial del Estado no corregirá esas deficiencias.

Los planes pueden cambiar. Los discursos también. Los asesores, las alianzas y hasta los símbolos de campaña. Pero, como sugiere aquella memorable reflexión cinematográfica, hay cosas que resultan mucho más difíciles de modificar. Y, en política, pocas son tan importantes como la ideología que da origen a un proyecto de gobierno.

La política nos sube a olas. Algunas, nos llevan –dependiendo de los tiempos en donde nos ubiquemos- a avances en los logros sociales o a retrocesos.

Hoy, en gran parte del mundo, donde se incluye Argentina, la cresta de la ola muestra un gran atraso en lo que podemos definir como la igualdad entre seres humanos (hombres y mujeres). Sectores de la ultraderecha dan por tierra las conquistas tachándolas de privilegios corporativos o sencillamente de reclamos de las oposiciones políticas. En Argentina, los femicidios de Chiara Páez y Agostina Vega demuestran que, luego de 11 años, el tema sigue tan vigente como irremediablemente vivo. Y siguen siendo heridas sociales sin sutura.

En 2015, fue casi unánime el grito de “Ni una menos”. Hoy, en 2026, hay sectores que lo vinculan solo a posicionamientos políticos.

“Ni una menos” surgió como una demanda social urgente y lamentablemente sigue siéndolo.

Desconocer, como hacen el Gobierno y la escindida Patricia Bullrich, las condiciones de inferioridad de una víctima ante su agresor, es sencillamente desinterés sobre el otro. Es agregarle a las víctimas un nuevo flagelo: la incomprensión, la invisibilidad. Si se escucha a cualquier víctima de violencia, se advertirá el miedo invalidante que la domina. Cortar presupuestos para su prevención y asistencia (-89%), sencillamente es ser cómplice de nuevas y multiplicadoras violencias, tras las 3424 muertes por esta causa en 11 años.

Imposible alegar ignorancia o dibujar realidades en las que la víctima es la culpable.

Otro peligro latente con el que nos enfrenta esta ola que cabalgamos, y dado que se acerca el día del periodista, tiene que ver con las expresiones del Dr. Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, quien solicita sencillamente castigar a las fuentes y a los periodistas que propician con sus trabajos “acoso mediático”, por lo cual solicita sean castigados porque aduce que hoy se protegen con “el triángulo protector de la libertad de prensa”.

Esto demuestra que existe en Argentina una porción social que viene desde hace años, habitada por ciudadanos retrógrados que quizás, de prosperar estas políticas, lleguen a impulsar el voto calificado.

Si bien el 2027 para el votante argentino queda muy lejos, veamos qué escenarios posibles nos ofrece la política hoy. En el oficialismo, Patricia Bullrich es protagonista de una interna que escala las domésticas (léase Karina Milei vs. Santiago Caputo), para comenzar a inscribir la mayúscula entre la senadora y –aunque se niegue- el presidente Javier Milei.

¿Puede Patricia Bullrich realizar este movimiento de escisión sin un guiño del círculo rojo? Círculo rojo que no quedó feliz después del episodio “Don Chatarrín”. Este sector, que es un actor protagónico en la política argentina, ¿tantea quizás la posibilidad de mantener a futuro las políticas de Milei sin él?

Patricia Bullrich tiene, además de otros modos, buen contacto con Israel y Estados Unidos, y además mide hoy mejor que el Presidente.

Ahora bien, el electorado del círculo rojo es solo una parte del electorado argentino.

Toda esta elucubración podría tener sentido si el hoy Presidente decidiese no presentarse. De no ser así, a Bullrich le puede pasar lo mismo que a Axel Kicillof, es decir sufrir el síndrome de no despegarse del original (Milei/Cristina Kirchner).

Hoy, Milei conserva su núcleo duro, ¿por qué razón no se presentaría?

Veamos el escenario del kirchnerismo-peronismo. Kicillof no dice que será candidato, pero está intentando traspasar los límites de la provincia que gobierna. Participó en Córdoba, junto a Héctor Daer, del Congreso de la Sanidad. Esta semana estuvo en Corrientes junto al gobernador local, Juan Pablo Valdés. El próximo martes, en la ciudad santafesina de Pérez, se reúne la Federación Argentina de Municipios (FAM) y crece la versión de su presencia. El anfitrión es el intendente Pablo Corsalini, quien a su vez lidera un espacio interno del justicialismo de Santa Fe, “Vamos”, que está dispuesto a protagonizar el 2027.

Corsalini le dijo a Infobae: “Hace seis años integro la FAM. Recibiremos a intendentes de la Región Centro y entiendo que si el peronismo quiere volver a ser protagonista, necesita de la cercanía que espacios como este aportan, con su mirada al diagnóstico provincial y nacional”.

Esta cronista ha escuchado que distintos actores hablan sobre cómo Cristina Kirchner, luego de descartar la candidatura de Wado de Pedro en 2027, alentaría la de Myriam Bregman, quien consultada sobre si ampliaría su núcleo político con otros sectores, incluyendo algún espacio de centroderecha, contestó que sí, y que eso debiera ocurrir ya, juntándose en Diputados para derogar el DNU 70/23 que cuenta con media sanción del Senado.

Por último, veamos el escenario político de Córdoba luego del tristísimo femicidio de Agostina Vega. Es muy probable que el gobernador Martín Llaryora encuentre dificultades para su reelección y crezcan las posibilidades de Luis Juez, quien cuenta con el aval del presidente Milei y del ex presidente Mauricio Macri. Esto no lo han logrado ni De Loredo ni Bornoroni.

Pero, en un país donde la opinión pública reemplaza a los partidos políticos, todo lo que hoy podría suceder, quizás mañana no.

Como lo vengo diciendo en los cursos y en los medios, Argentina es el lugar elegido para un experimento social de terribles consecuencias para la libertad humana, de pensamiento, de expresión, de vida digna, de espacios de intimidad, de libre albedrío; y esto viene de la mano de la no regulación de la IA que es la disolución de toda regla moral o jurídica, el fin del Estado, la privatización de la fuerza tanto militar como policial en manos de grupos privados: a saber, inversiones de super RIGI que, con inconsciencia, sin medir consecuencias, y a esta altura de absoluta mala fe, propician el presidente Milei y Federico Sturzenegger. Por lo que habilitar estos regímenes y habilitar esta ideología amenaza a la sociedad en su conjunto y nos lleva al pleno totalitarismo privado de una corporación: la de Peter Thiel.

Por eso es que él señala a León XIV como el anticristo. Porque clara y oportunamente, y como lo enseño en mis cursos, el Papa invoca a Hannah Arendt en “Los orígenes del totalitarismo”, libro que vengo enseñando desde hace 49 años en la universidad.

El problema que enfrentamos es existencial. Nadie puede hacerse el distraído y nadie quiere registrar, porque empieza el mundial. Y esto es una prueba de Dios. Quien no esté atento y siendo luz en medio de la oscuridad, diciendo no, aunque sea íntimamente, será culpable político desde hoy y para siempre del totalitarismo que se avecina. (Karl Jaspers, “La culpa en referencia a la culpa política del pueblo alemán”) Los llamo a la resistencia desde la conciencia.

Desde “VOCES, en defensa para nuestra cultura y por la justicia y la paz” exhortamos a defender la ley expresada en nuestra Constitución, la libertad auténtica, el libre albedrío, el derecho y la justicia, sin las cuales no hay sociedades posibles ni pensamiento crítico.

El artículo de opinión de hoy del presidente Milei en el Financial Times confirma su adhesión plena a Peter Thiel, su filosofía, sus creencias y su poder económico; y toma a la Argentina como experimento catastrófico para la dignidad humana.

A los que creen en Dios y a los que no creen, pero creen en la humanidad, a los valientes, a los abuelos, a los padres, a los jóvenes, los llamo a decir NO. NO en nuestro nombre, NO en nombre de la nación argentina, NO en nombre del capricho irracional del presidente. Está claro que el anticristo es Peter Thiel y que ellos forman parte de lo que se llama la ilustración oscura. Frente a la oscuridad tenemos que elevar la luz de nuestras conciencias y nuestras creencias más profundas.

“En el país donde reinaba la oscuridad apareció la luz” - Isaías 9, príncipe de la paz, el derecho y la justicia.

Este mes del Orgullo nos encuentra en un momento decisivo para el país. Llegamos a una segunda vuelta electoral después de una década marcada por la crisis política, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el avance de sectores que han convertido los derechos humanos en moneda de cambio para sus intereses.

En estos años hemos visto cómo el Congreso se consolidó como un espacio desde el cual se bloquearon avances fundamentales para las personas LGBTI y para otros grupos históricamente vulnerados. Y no solo desde la derecha. También desde quienes, habiendo prometido defender la igualdad y la justicia social, decidieron guardar silencio o abandonar sus compromisos cuando más se necesitaban.

Por eso, cuando alguien nos dice que el Orgullo no debería mezclarse con la política, vale la pena recordar las palabras del gran activista argentino Carlos Jáuregui (1957-1996): “En una sociedad que educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”

Sí, el Orgullo puede ser una fiesta. Y qué bueno que lo sea. Celebrar nuestras vidas también es una forma de resistencia. Pero el Orgullo es mucho más que una celebración. Es visibilidad. Es memoria. Es una organización comunitaria. Es el trabajo silencioso de activistas y organizaciones que durante todo el año sostienen procesos, impulsan campañas, acompañan casos, generan conocimiento y defienden derechos, muchas veces después de largas jornadas laborales y con recursos limitados. Porque no existe un único activismo: existen muchos activismos, diversas formas de construir comunidad y transformación social.

Hoy hay quienes intentan sembrar miedo para justificar alianzas y proyectos políticos que han demostrado ser profundamente hostiles hacia nuestras vidas. Sin embargo, pocas veces escuchamos la misma indignación cuando actores políticos se alían con sectores que nos llaman aberraciones, niegan nuestra existencia o promueven políticas destinadas a excluirnos de los espacios educativos y públicos.

Las consecuencias de esas decisiones son reales. Cuando se debilita la educación sexual integral o se eliminan referencias a la diversidad en las escuelas, quienes pagan el costo son las infancias y adolescencias LGBTI. Son quienes crecerán con menos información, menos herramientas para protegerse y menos posibilidades de encontrar espacios seguros donde desarrollarse plenamente.

Porque las personas LGBTI no existimos únicamente durante junio. Trabajamos, estudiamos, cuidamos a nuestras familias, pagamos impuestos, construimos comunidad y contribuimos al desarrollo del país. También enfrentamos desigualdades, discriminación, violencia y precariedad. Nuestras vidas atraviesan todos los ámbitos de la sociedad.

Por eso el Orgullo es político.

Lo es porque nuestros cuerpos han sido históricamente cuestionados, regulados y excluidos. Lo es porque salir a las calles sigue siendo una afirmación colectiva de existencia. Lo es porque marchar significa decir que seguimos aquí, a pesar de quienes intentan borrarnos de las políticas públicas, de los discursos oficiales o de la historia.

Este 27 de junio volveremos a encontrarnos en las calles. No solo para celebrar quiénes somos, sino también para defender nuestro derecho a vivir libres de violencia, con igualdad, dignidad y oportunidades.

Porque cada decisión política impacta nuestras vidas.

Porque nuestros derechos no son negociables.

Porque nadie nos borrará de este país.

Nos vemos en la Marcha del Orgullo.

Según la Constitución Nacional, a los jueces federales inferiores los designa el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Ello está previsto en el Art. 99 Inc. 4to. Sin embargo, el presidente no puede elegir libremente a quien desea, sino que, en forma previa, conforme lo dispone el Art. 114, el Consejo de la Magistratura debe convocar a un concurso de oposición y antecedentes, seleccionar a los tres mejores, armar una terna y elevarla al primer mandatario, quien debe elegir a uno de los integrantes de la misma.

Es esto todo lo que dispone el texto constitucional al respecto. Significa entonces que, en la Argentina, en el proceso de selección y designación de jueces federales inferiores, intervienen tres órganos: el Consejo de la Magistratura que selecciona y arma la terna, presidente de la Nación que nombra o designa y el Senado que brinda el debido acuerdo.

En la práctica, a la hora de cubrir una vacante de un juez federal inferior, el punto de partida es obviamente el Consejo de la Magistratura, pero luego, en la etapa de designación/acuerdo, ocurre que el presidente elige a un integrante de la referida terna; eleva su pliego al Senado; éste brinda su acuerdo y luego el presidente emite el decreto de designación.

Ahora bien: ¿puede el presidente elevar un pliego, como ocurrió ahora con la Dra. María Verónica Miceli, y luego arrepentirse, retirándolo antes de conferido el acuerdo senatorial, o no emitiendo el correspondiente decreto de designación una vez conferido dicho acuerdo? La respuesta es no.

Una vez que el presidente elevó el pliego del candidato que eligió dentro de la terna respectiva, el mismo ya ingresó en el ámbito de actuación del Senado, y para retirarlo necesita que éste se lo permita (Art. 137 del Reglamento de dicho cuerpo). Por lo tanto, aun cuando el presidente quisiera retirar el pliego presentado, el Senado podría brindarle su acuerdo, lo cual obligaría al primer mandatario a emitir el decreto de designación. En este caso, la candidata cuyo pliego está analizado (el de Verónica Miceli), si bien no tiene derecho a reclamar que el mismo sea aprobado, sí lo tiene para exigir que sea analizado.

Si en cambio el Senado brinda su acuerdo, el presidente no tiene margen para no hacer el acto formal de designación a través de un decreto. Y no lo tiene, porque la voluntad del Poder Ejecutivo, para que el candidato propuesto fuera uno u otro dentro de la anteriormente mencionada terna, ya fue expresada al momento de elevar el correspondiente pliego al Senado. Es que, jurídicamente, el acto de designación que corresponde al primer mandatario (dividido formalmente en dos pasos: elevación del pliego y designación), ya ha tenido comienzo de ejecución con la remisión del pliego al ámbito senatorial.

Si brindado el acuerdo, el presidente se negara a emitir el decreto de designación del candidato cuyo pliego fue aprobado, estaría incurriendo en mal desempeño, lo cual le acarrearía una responsabilidad política. Es como si el presidente se negara a publicar una ley en el Boletín Oficial, habiendo sido, dicha ley, previamente sancionada por el Congreso promulgada por él mismo.

En el caso que actualmente es de público conocimiento, el presidente Milei elevó, al Senado, el pliego de María Verónica Miceli, y cuando se enteró que es cuñada de Hugo Alconada Mon –periodista crítico de su gestión-, decidió retirarlo. Pues ese acto es inoponible a Senado, órgano que ahora tiene derecho a ejercer su potestad de aprobar o rechazar ese pliego.

De modo que, cuando el presidente twittea que por ser él quien designa a los jueces federales, y que la Constitución la asigna el derecho de retirar el pliego antes elevado al Senado, debería manifestar cuál es el texto constitucional que consulta, máxime porque, cuando asumió, tal como lo prevé el Art. 93 de la Ley Suprema, juró “observarla y hacerla observar”.

La realidad es que, detrás de todo ésta cuestión, se esconde un perverso criterio presidencial a la hora de elegir jueces, totalmente distanciado del mérito (tal como quedó demostrado con la postulación de Ariel Lijo para la Corte), cual es, en este caso, el de tomar en cuenta el parentesco de los candidatos con periodistas que lo incomodan.

El Poder Ejecutivo nacional presentó el mensaje presidencial 178/2026 para crear una ley de Transparencia y Publicidad de la gestión de intereses, una iniciativa que busca fijar reglas para las peticiones ante autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, al mismo tiempo, reforzar la trazabilidad de los asuntos públicos en un contexto en el que la transparencia impacta sobre la reputación de los funcionarios y la credibilidad del programa económico.

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión. También prevé multas económicas de 5 a 2.000 salarios mínimos vitales y móviles por incumplimientos a la ley.

La propuesta se limita a los poderes de gobierno en sentido clásico o activo: el Ejecutivo y el Legislativo. El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado.

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión

Uno de los ejes centrales del mensaje es la creación de un doble registro. La obligación alcanzará tanto a quienes gestionen intereses desde el sector privado como a los funcionarios que mantengan audiencias, con un sistema cruzado que coloca en ambas partes la responsabilidad de informar públicamente cada gestión de lobby.

El proyecto crea registros cruzados y fija una puerta giratoria de 24 meses

El mensaje incorpora además una cláusula de “puerta giratoria” con un plazo prudencial de 24 meses para áreas sobre las que una persona hubiera tenido responsabilidad. El texto la presenta como una inclusión relevante por el tipo de información calificada que puede circular en esos ámbitos.

Entre los sectores que quedarían alcanzados por la regulación aparecen de manera directa los actores y agencias de relaciones públicas. El proyecto los ubica entre quienes realizan de forma cotidiana actividades de gestión de intereses.

La iniciativa también dedica un título específico a la regulación de la gestión de intereses de extranjeros. Ese alcance se combina con las sanciones penales previstas para quienes actúen sin registro o sin publicidad suficiente, incluso cuando lo hagan en representación de personas extranjeras.

El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado

La dimensión de control aparece como uno de los rasgos más fuertes de la norma. El texto vincula esa necesidad con la revalorización de la transparencia después de escándalos públicos por reuniones con funcionarios en momentos o por hechos sometidos a reproche moral y legal.

La iniciativa vincula ética pública, mercado y acceso a la información

El mensaje sostiene que esas situaciones no solo afectan la reputación de los funcionarios. También inciden sobre la dinámica económico-política y sobre la credibilidad del programa económico, que el texto asocia con una relación estrecha entre ética y perspectiva liberal.

Esa lógica se traslada al plano del funcionamiento del mercado. El proyecto parte de que, si el motor económico se apoya en el esfuerzo individual, las reglas de juego deben permitir que quienes producen, invierten o tributan conozcan de qué modo se relacionan funcionarios y otros actores para evitar que la corrupción afecte su propiedad o les impida advertir gestiones opacas.

Desde ese enfoque, los registros previstos por la ley se equiparan en su función con la lógica de la Ley de Acceso a la Información Pública. El objetivo es que operen como una huella o trazabilidad permanente en la gestión de los asuntos públicos.

El texto también propone una lectura social de la norma que excede la idea de control. Presenta la ley como una herramienta de co-gestión o gestión colaborativa, abierta a sectores interesados en un sentido inclusivo y no exclusivo ni extractivo en lo económico.

Esa concepción se apoya en una idea de democracia en la que individuos y grupos participan de manera regular en asuntos concretos vinculados con su actividad. La publicidad de la gestión de intereses, según el mensaje, debe ampliar los sistemas de información para la toma de decisiones de los actores de la economía, la política y la sociedad argentina, así como de quienes se relacionen internacionalmente con el Estado y la sociedad civil.

Quienes formamos parte del sistema asegurador conocemos desde hace años una realidad difícil de sostener: mientras los índices de siniestralidad laboral muestran una tendencia descendente, la litigiosidad continúa creciendo en distintas provincias del país. Esa distorsión no solo afecta la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino también la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.

En ese contexto, la reforma impulsada por la provincia de Santa Fe representa una señal muy positiva. La sanción de la Ley 14.437 introduce cambios relevantes al Código Procesal Laboral y a la ley provincial de adhesión al sistema de riesgos del trabajo, con un objetivo claro: reducir la litigiosidad innecesaria, fortalecer la objetividad técnica y mejorar la previsibilidad para trabajadores, empleadores y aseguradoras.

Se trata de una iniciativa importante porque aborda algunos de los principales problemas que vienen afectando al sistema. Durante años, muchos procesos judiciales avanzaron sin una fundamentación técnica suficiente respecto de lo resuelto previamente por las Comisiones Médicas. A eso se sumó un esquema pericial que, en algunos casos, generaba incentivos distorsivos y profundizaba la conflictividad.

Mientras los índices de siniestralidad laboral muestran una tendencia descendente, la litigiosidad continúa creciendo en distintas provincias del país

La nueva normativa introduce criterios más claros. Por un lado, exige que quienes recurran a la Justicia expongan fundamentos concretos que justifiquen apartarse del dictamen administrativo. Por otro lado, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales dentro del Poder Judicial, integrado por expertos seleccionados por concurso, para intervenir en las pericias vinculadas a accidentes y enfermedades laborales.

Este último punto es especialmente relevante. La calidad técnica y la objetividad de las pericias son fundamentales para recuperar confianza en el sistema. Cuando existen reglas claras, criterios homogéneos y previsibilidad, se generan mejores condiciones para todos los actores involucrados.

El impacto de estas reformas excede lo jurídico. En provincias con fuerte perfil productivo, como Santa Fe, los costos asociados a la litigiosidad laboral terminan impactando directamente sobre las empresas, el empleo y la inversión. Para muchas pymes, la incertidumbre sobre los costos futuros vinculados a reclamos judiciales representa una dificultad concreta al momento de planificar, contratar o crecer.

Por eso, avanzar hacia sistemas más eficientes y técnicamente sólidos no debería entenderse únicamente como una discusión del sector asegurador. También es una conversación sobre competitividad, desarrollo productivo y generación de empleo formal.

La nueva normativa exige que quienes recurran a la Justicia expongan fundamentos concretos que justifiquen apartarse del dictamen administrativo

Desde ADIRA venimos sosteniendo la importancia de promover marcos regulatorios que aporten mayor previsibilidad y reduzcan la conflictividad innecesaria, sin afectar los derechos de los trabajadores. La experiencia de Santa Fe demuestra que es posible avanzar en ese equilibrio.

Naturalmente, el verdadero desafío comienza ahora: la implementación. Será clave que el nuevo esquema funcione con agilidad, profesionalismo y transparencia para que pueda cumplir con los objetivos planteados.

Pero más allá de su aplicación concreta, la iniciativa santafesina deja una señal importante para el resto del país. Argentina necesita discutir cómo construir sistemas laborales y aseguradores más modernos, eficientes y sostenibles. Y en esa conversación, “sería muy valioso que otras provincias también se animen a impulsar reformas que ayuden a reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para producir y trabajar”.

El autor es CEO de Grupo San Cristóbal y Presidente de ADIRA

La noticia tecnológica más importante de las últimas semanas fue la decisión de Google de convertir AI Mode en una experiencia central de búsqueda. El cambio parece técnico. No lo es. Representa una transformación profunda en la forma en que las personas acceden a la información.

La inteligencia artificial está cambiando el modelo de enlaces por un modelo de respuestas. Y eso modifica no solamente la experiencia de búsqueda, sino también la economía de la información, el valor de los medios y la manera en que las marcas construyen autoridad.

Mientras empresas de todo el mundo intentan entender cómo posicionarse en ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity o en el nuevo ecosistema de búsqueda impulsado por IA, comienza a emerger una realidad que pocos anticiparon: la inteligencia artificial le está devolviendo valor estratégico al periodismo y al earned media.

Los grandes modelos de IA no construyen sus respuestas desde la nada. Necesitan fuentes. Necesitan señales de autoridad. Necesitan contenidos confiables para responder preguntas sobre empresas, industrias, productos, regulaciones o tendencias.

Y esas fuentes, en gran medida, siguen siendo los medios de comunicación.

Durante años, muchas organizaciones desplazaron inversiones hacia canales propios, redes sociales y producción directa de contenido. La lógica parecía razonable: producir más contenido, controlar el mensaje y depender menos de intermediarios.

Sin embargo, la inteligencia artificial está introduciendo una nueva variable en la ecuación.

Los modelos de IA no construyen autoridad a partir de lo que una empresa dice sobre sí misma.

La construyen, en gran medida, a partir de lo que terceros confiables dicen sobre esa empresa.

Por eso el earned media está recuperando una relevancia estratégica que trasciende la visibilidad o la reputación tradicional.

Una cobertura periodística de calidad ya no solamente alcanza a lectores humanos. También se transforma en una señal que alimenta sistemas de inteligencia artificial que luego serán consultados por inversores, clientes, reguladores, periodistas, empleados y consumidores.

Lo que antes era una mención, hoy también es un dato. Lo que antes era reputación, hoy también es una señal de autoridad para los sistemas que organizan el conocimiento.

Esto genera un fenómeno particularmente interesante: Las marcas y empresas necesitan medios creíbles para construir autoridad.

Los medios necesitan organizaciones relevantes para generar información, análisis y cobertura especializada.

Y los sistemas de inteligencia artificial necesitan a ambos para producir respuestas confiables.

Por primera vez en mucho tiempo, comunicación, periodismo e inteligencia artificial forman parte de un mismo ecosistema de valor.

Un ecosistema donde la credibilidad se convierte en el principal activo compartido.

Sin embargo, detrás de esta aparente buena noticia existe una paradoja.

La misma tecnología que está devolviendo valor al earned media es también la que amenaza con alterar el modelo económico que históricamente sostuvo gran parte de la producción periodística.

Cuando un usuario recibe una respuesta directamente desde ChatGPT, Gemini o AI Mode de Google, muchas veces ya no necesita ingresar al sitio donde se originó la información.

El contenido sigue siendo utilizado. La autoridad sigue siendo reconocida. Pero la atención no siempre llega a la fuente.

Los medios están viviendo una situación inédita: la inteligencia artificial aumenta el valor de sus contenidos como fuente de autoridad y, al mismo tiempo, reduce la necesidad de que los usuarios visiten directamente sus sitios.

La paradoja es evidente: Nunca fue tan importante para las marcas aparecer en medios creíbles. Y nunca fue tan desafiante para esos medios encontrar modelos sostenibles en un entorno donde las respuestas comienzan a reemplazar a los clics.

Y allí aparece una pregunta mucho más profunda que cualquier discusión sobre posicionamiento digital.

¿Quién financiará la producción de información confiable en la era de la inteligencia artificial?

Porque la IA no investiga. No verifica información. No construye relaciones con fuentes. No cubre conferencias ni lee contextos. No habla con fuentes confidenciales. No sigue procesos regulatorios.

La IA produce respuestas. Pero no produce información.

Y la calidad de esas respuestas dependerá directamente de la calidad de las fuentes que alimentan el sistema.

Por eso, quizás, la discusión ya no debería limitarse a cómo optimizar la visibilidad de una marca dentro de los entornos de inteligencia artificial.

La discusión debería incluir una pregunta mucho más seria:

¿Qué tipo de ecosistema informativo queremos sostener?

Durante las últimas décadas, las empresas comprendieron la importancia de invertir en la sostenibilidad de los entornos donde operan. Entendieron el valor de la educación, la innovación, el desarrollo de comunidades o el cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque necesitan ecosistemas saludables para crecer.La inteligencia artificial nos obliga a incorporar una nueva dimensión a esa conversación: el ecosistema de información confiable.

Las compañías necesitan mercados informados.

Necesitan consumidores informados.

Necesitan periodistas especializados.

Necesitan análisis sectoriales.

Necesitan cobertura económica, tecnológica y regulatoria.

Y todo eso cuesta dinero.

De hecho, para una empresa energética, financiera, tecnológica o industrial, la pérdida de capacidad del periodismo especializado no es una buena noticia.

Es exactamente lo contrario.

Invertir en medios creíbles ya no es solamente una decisión de comunicación. Está empezando a convertirse en una decisión estratégica para proteger la calidad del ecosistema informativo del que dependen las propias empresas.

En América Latina, medios con capacidad de producir contenido original a escala regional, sostener equipos periodísticos robustos y generar cobertura especializada cumplen un rol que excede ampliamente la distribución de noticias. Constituyen parte de la infraestructura informativa sobre la que operan gobiernos, empresas, inversores y ciudadanos.

Quizás esa sea la verdadera paradoja de esta nueva etapa.

Nunca fue tan valioso para una marca aparecer en medios relevantes.

Y nunca fue tan importante preservar la capacidad de producir la información confiable que alimenta el sistema.

Porque en un mundo dominado por respuestas generadas por inteligencia artificial, la escasez ya no es el contenido.

La escasez es la credibilidad.

Y la credibilidad sigue produciéndose, en gran medida, dentro de las redacciones.

La inteligencia artificial puede generar respuestas. Pero seguirá necesitando periodismo para tener algo valioso que decir.

La escena no es nueva, pero hoy ocurre a una velocidad inédita. Una persona es acusada, su nombre empieza a circular, los fragmentos se multiplican, los titulares se condensan, las redes dictan una primera sentencia y, antes de que exista una investigación seria, el daño ya está hecho.

Puede tratarse de un artista, un empresario, un dirigente político, un periodista, un funcionario, un profesional o un ciudadano común. El patrón se repite: primero llega la acusación; después, la viralización; luego, la pérdida de reputación, contratos, vínculos, trabajo o credibilidad. Mucho más tarde, si llega, aparece la Justicia. Y cuando finalmente se acredita que no había delito, que no había prueba suficiente o que la acusación era falsa, la pregunta sigue en pie: ¿quién devuelve lo perdido?

Ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la verdad suele llegar después del castigo.

La cancelación contemporánea no funciona como una simple opinión social. En muchos casos opera como una pena sin garantías. No la dicta un juez, no exige prueba suficiente, no asegura defensa, no distingue entre sospecha y certeza, no admite fácilmente revisión y, con frecuencia, tampoco acepta absolución.

La democracia necesita libertad de expresión. Necesita prensa libre, investigación periodística, crítica, denuncia pública, sátira, debate incómodo y ciudadanos capaces de hablar sin temor al poder. Sin eso, no hay control republicano ni sociedad abierta. “La censura previa es incompatible con una democracia constitucional, y cualquier responsabilidad, cuando corresponde, debe ser siempre ulterior.”

Pero defender la libertad de expresión no obliga a negar los abusos que pueden cometerse en su nombre. Tampoco exige aceptar que toda publicación, toda campaña, toda operación o toda narrativa viral quede automáticamente protegida por el solo hecho de circular bajo el lenguaje de la información.

Durante décadas, la doctrina y la jurisprudencia construyeron estándares robustos para proteger la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público. Esos criterios fueron —y siguen siendo— esenciales. El punto no es debilitarlos. El punto es advertir que fueron pensados para un ecosistema comunicacional muy distinto al actual.

Hoy la información no circula solamente por medios tradicionales. Circula por redes, plataformas, buscadores, algoritmos, influencers, cuentas anónimas, recortes editados, campañas coordinadas y comunidades digitales que pueden amplificar una acusación en minutos. Ya no hace falta una tapa de diario para destruir una reputación. “A veces alcanza con un teléfono, una frase, una imagen fuera de contexto y una arquitectura digital preparada para premiar la indignación.”

Por eso el debate jurídico no puede seguir reducido a la vieja fórmula libertad de expresión versus censura. Esa dicotomía queda corta. El desafío actual consiste en proteger la libertad sin ignorar los daños concretos que puede producir la circulación irresponsable, manipulada o deliberadamente destructiva de información.

A ese fenómeno lo llamo daño informacional.

El daño informacional no se agota en la falsedad de un dato. Es el efecto que produce una narrativa cuando, antes de ser verificada, altera la vida de una persona, la confianza en una institución, la estabilidad de una empresa o la percepción pública de un hecho. Puede nacer de una mentira, pero también de una media verdad, de una omisión relevante, de una edición maliciosa, de una acusación prematura o de una campaña organizada para instalar una conclusión antes de que existan pruebas.

Ese daño tiene consecuencias reales. Puede destruir una carrera, quebrar una compañía, afectar decisiones de inversión, condicionar a un funcionario, presionar a un juez, modificar una elección, erosionar una marca o dejar a una persona reducida para siempre a una sospecha. No se trata solo de honor en sentido clásico. Se trata de reputación, salud psíquica, patrimonio, vínculos, libertad, trabajo y vida social.

En situaciones extremas, incluso puede matar una biografía.

No físicamente, sino públicamente. “La persona deja de ser una historia compleja y queda reducida a una etiqueta.” Su nombre queda asociado a una acusación que quizá nunca fue probada. La absolución, cuando llega, compite contra buscadores, archivos digitales, capturas de pantalla y algoritmos que no distinguen entre denuncia, sospecha, imputación, sobreseimiento o inocencia.

Kevin Spacey lo expuso con crudeza en su intervención ante la Oxford Union. Más allá de cualquier valoración personal sobre su caso, lo verdaderamente interesante fue la historia que recuperó: la de Roscoe “Fatty” Arbuckle, una estrella del cine mudo acusada, sometida a tres juicios y finalmente absuelta. El jurado lo exoneró. La Justicia habló. Pero la industria y la opinión pública ya lo habían condenado.

La pregunta final sigue siendo incómoda: ¿qué aprendimos exactamente?

Tal vez menos de lo que creemos. Cambiaron las plataformas, aumentó la velocidad y la memoria digital volvió casi permanente lo que antes podía disiparse con el tiempo. Pero el impulso de condenar antes de saber permanece intacto. “La diferencia es que hoy ese impulso cuenta con herramientas de amplificación mucho más poderosas.”

Informar no es operar. Investigar no es condenar. Publicar hechos de interés público no es presentar como probado lo que todavía debe ser investigado.

El periodismo serio cumple una función indispensable. Incomoda, revela, controla al poder y muchas veces permite que hechos gravísimos salgan a la luz. Sería un error, además de una injusticia, confundir ese trabajo con las prácticas que utilizan la apariencia de información para producir daño. Justamente por eso es necesario distinguir. Defender a la prensa seria también exige separar el periodismo responsable de la operación disfrazada de noticia.

El problema no es que la sociedad opine. El problema es que la opinión se convierta en castigo. El problema no es que una víctima denuncie. El problema es que la denuncia sea tratada como condena automática. El problema no es que un medio investigue. El problema es que una sospecha se transforme en identidad pública irreversible.

Este fenómeno no afecta solo a individuos. También atraviesa crisis empresariales, disputas políticas, conflictos institucionales y operaciones de desinformación internacional. La disputa contemporánea y a no es únicamente por imponer una opinión. Es, muchas veces, por definir qué será considerado verdadero, quién será creíble, quién quedará desacreditado y qué institución perderá confianza.

En ese terreno, la verdad deja de ser un punto de encuentro y se convierte en un campo de batalla.

Frente a ese escenario, la respuesta no puede ser la censura. Pero tampoco puede ser la resignación. Una democracia necesita medios que publiquen sin miedo, ciudadanos que hablen, víctimas que denuncien y periodistas que investiguen. Pero también necesita pruebas, defensa, jueces, reglas, proporcionalidad y tiempo institucional.

El debido proceso no es una formalidad de abogados. Es una barrera civilizatoria. Es lo que impide que una acusación se transforme automáticamente en castigo. Significa que entre denuncia y condena debe existir un procedimiento. Que la indignación no reemplaza a la prueba. Que la velocidad de las redes no puede convertirse en criterio de verdad. Que la gravedad de una acusación no autoriza a destruir a una persona antes de que pueda defenderse.

La Justicia puede ser lenta, burocrática y muchas veces insuficiente. Debe ser reformada cuando no responde a tiempo. Pero reemplazarla por tribunales mediáticos o digitales no mejora el sistema: lo debilita. Cuando la sanción social ya fue ejecutada y la reputación destruida, el Poder Judicial llega tarde. Y una Justicia que llega cuando todo está consumado corre el riesgo de volverse simbólica.

Esa es la cuestión que deberíamos discutir con seriedad. No para proteger impunidades. No para silenciar denuncias. No para blindar poderosos. Sino para evitar que una sociedad democrática termine aceptando como normal que alguien sea destruido antes de ser juzgado.

¿Qué queda de la presunción de inocencia cuando nadie está dispuesto a esperar?¿Qué queda del derecho de defensa cuando defenderse públicamente se interpreta como una nueva culpa?¿Qué queda del juicio cuando la sentencia social ya fue dictada?¿Qué queda de la República cuando la función de juzgar se desplaza hacia pantallas, tendencias y campañas?

Vivimos en una época en la que una mentira puede ser rentable, una sospecha puede ser viral y una operación puede presentarse como información. La respuesta no puede ser callar. Pero tampoco puede ser destruir primero y preguntar después.

La pregunta central no es qué ocurre cuando una persona culpable evita una condena. La pregunta verdaderamente difícil es qué ocurre cuando una persona inocente es castigada antes de ser juzgada.

Porque cuando una sociedad deja de esperar la verdad para castigar, el problema ya no es solo jurídico. Es institucional, democrático y profundamente humano.

Jorge Monastersky

Abogado – Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales

Posgrado en Derecho Procesal Penal Profundizado

X: @JorgeMonasOK

Instagram: @JorgeMonastersky

“...la democracia es una superstición basada en la Estadística, pero es la única manera de liberarnos de esos militares incapaces...”. J. L. Borges

La vida política parecía sonreírle al Presidente después del resultado inesperado de las elecciones legislativas del año pasado. No era una película a punto de terminar sino, al contrario, apenas las primeras escenas de un largo rodaje. Luego del primer enamoramiento del público, que le había permitido ascender a la primera magistratura del país, a la nueva estrella le empezaban a aparecer dificultades.

En nombre de la necesidad de gastar menos para encuadrar los números del Estado, Milei, con la motosierra en una mano y el pulsor de la licuadora en la otra, ajustó los salarios de los empleados públicos y los haberes de los jubilados, achicó la planta del Estado, la obra pública y un largo etcétera. Su liderazgo había emergido con fuerza, impulsado por una idea eficaz y socialmente legitimada, logrando cambios reales en sus inicios respecto al descontrol del gasto público y del desorden callejero, permitiéndole exhibir, de esta forma, una abrupta caída inicial de los índices de inflación.

El problema surge en el momento en que un instrumento de gobierno deja de ser un medio situado en un contexto y pasa a ser tratado como un principio absoluto, válido para todo tiempo y circunstancia, con igual dosis e intensidad. Todo liderazgo eficaz surge respondiendo a una necesidad, cuyo éxito inicial no fue casual en la medida que cambió el contexto. La crisis que justificó los instrumentos se atenúa y aparecen nuevas tensiones que requieren otras herramientas. Cuando el liderazgo no reconoce el cambio de contexto e interpreta su propio desgaste como insuficiencia de aplicación, la respuesta suele ser una huida hacia adelante, absolutizando los instrumentos y deslegitimando la crítica. La novedad de estos líderes ocasionales es que se quedan estacionados en el conflicto sostenido por la dieta informativa –sobre todo de los teléfonos celulares y las redes– que está guiada más por la reacción que por la reflexión, donde los algoritmos optimizan tiempo y esfuerzo. En ese estado de cosas, se agrieta el liderazgo y lo construido, y con ello la capitalización de la experiencia como aprendizaje… Como dato global, las personas dedican un promedio de 6 horas al día conectadas vía internet.

Durante ese tiempo, nos estamos relacionando con subjetividades similares, produciendo la mentalidad de rebaño donde se refuerzan las creencias, lo que atenta, sobre todo en Occidente, contra el sustento de las opciones que ofrecen las alternancias democráticas, concebidas históricamente para que el centro de gravedad no sean los extremos sino el centro, como punto de equilibrio.

El discurso anticasta empieza a naufragar en el torbellino de denuncias y evidencias de privilegios que alimentan el encono de los que más sufren las consecuencias del ajuste sobre sus ya famélicos bolsillos. En este escenario, donde se evidencian zonas y sectores beneficiarios del modelo y regiones y capas sociales perdedoras, surge la perspectiva esclarecedora de la herramienta democrática del voto popular igualitario para escrutar los resultados y el recuento de los excluidos, no en términos del crecimiento del PBI, sino considerando cómo les va a cada ciudadano y a sus respectivas familias en el reparto distributivo.

La pregunta fue y sigue siendo cuánto tiempo estarán dispuestos los argentinos a bancar un gobierno que parece tener, como principal objetivo, acomodar las cuentas públicas sin prevenir ni reparar las consecuencias productivas y sociales del proceso. Los ingresos cayeron en líneas generales, los jubilados dejan de comprar medicamentos, aumentó el pago con TC en supermercados y se triplicó la mora en el pago de esa herramienta de crédito. Los sondeos siempre son el registro de una circunstancia marcada por los dolores de un ajuste desigual, la baja del consumo, el incremento del temor a perder el empleo que se advierte en sectores poco competitivos, demandas múltiples expresadas en paritarias salariales tensas y pedidos de fondos de sectores ultrasensibles como los destinados a la atención médica de los jubilados y de los discapacitados.

El desafío de la oposición es construir una alternativa cuidando el equilibrio fiscal y el superávit cambiario, pero mejorando la distribución del ingreso y contemplando las complejidades de un mundo que va cambiando vertiginosamente con cuestiones sin retorno que no se pueden soslayar: 1) el proceso de envejecimiento progresivo del promedio poblacional, merced al aumento de la expectativa de vida y paulatino descenso de la fecundidad que se viene acelerando desde la década del 90 y 2) el avance tecnológico con la irrupción de la IA que cambia definitivamente el cuadro de demanda de empleo en términos de perfiles y carga horaria y que dificultará cada vez más significativamente la reconversión laboral sobre todo para los mayores y los menos capacitados.

En cuestiones económicas, la izquierda progresista habla en códigos del pasado. Por eso Trump termina representando al obrero de Detroit que hace 40 años era representado por el Partido Demócrata. Las nuevas derechas apelan a intentar traducir sufrimientos de origen socioeconómico en la gramática de la inseguridad.

En el mundo que enfrentamos emerge una racionalidad con un nuevo régimen de sentidos. Este régimen no se funda en la prueba, sino en la adhesión, no busca convencer, sino movilizar, no argumenta sino que conmueve. Se sirve de emociones primarias –el miedo, la indignación, el resentimiento– y construye relatos que no necesitan validarse en la realidad porque encuentran su eficacia en la resonancia afectiva que generan. Debemos ser capaces de entender la psicología de los descontentos, que es la verdadera caja negra de la vida política. Por eso deberíamos ser capaces de descifrar el malestar para paliarlo si tiene motivos, criticarlo cuando carece de razones y desenmascarar las soluciones fraudulentas o facilistas que se ofrecen a un pueblo erudito en frustraciones.

El caso Agostina debería obligarnos a hacer algo que como sociedad solemos evitar: detenernos a reflexionar. No sobre un expediente en particular, ni sobre una persona determinada, sino sobre qué clase de sistema queremos construir y cuál es la responsabilidad que nos corresponde a cada uno para hacerlo posible.

Durante años, movimientos como Ni Una Menos y expresiones como “Hermana, yo te creo” surgieron para enfrentar una realidad que durante décadas fue ignorada: mujeres que sufrían violencia, abusos sexuales o situaciones de sometimiento y que encontraban enormes obstáculos para denunciar, ser escuchadas y obtener una respuesta estatal adecuada. Esas consignas permitieron visibilizar problemas estructurales y generaron avances que sería injusto desconocer.

El caso Agostina interpela especialmente porque expone una cadena de responsabilidades que trasciende a una persona o a un expediente. Detrás de cada hecho de violencia extrema suele haber señales previas, antecedentes, intervenciones estatales insuficientes o decisiones que, vistas en retrospectiva, aparecen como oportunidades perdidas. Y cuando una tragedia ocurre, la reacción habitual consiste en buscar un único responsable. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja.

Lo que este caso parece mostrar es que el desafío no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se consumó, sino en desarrollar instituciones capaces de detectar los riesgos antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando el Estado, la Justicia, los organismos de protección o el entorno social fallan en identificar situaciones verdaderamente peligrosas, las consecuencias pueden ser irreversibles.

Precisamente por eso resulta indispensable que el sistema conserve su capacidad de distinguir, investigar y priorizar adecuadamente. Cada recurso humano, económico e institucional destinado a intervenir en conflictos que no son reales es un recurso que deja de estar disponible para proteger a quienes efectivamente se encuentran en riesgo. Y cuando eso ocurre, las principales perjudicadas vuelven a ser las verdaderas víctimas de violencia de género.

El feminismo nunca tuvo como objetivo reemplazar la búsqueda de la verdad por consignas. Por el contrario, nació para visibilizar verdades que durante demasiado tiempo fueron ignoradas. Por eso, defender la importancia de las denuncias verdaderas, exigir investigaciones rigurosas y reclamar respuestas estatales eficaces no constituye una renuncia a las conquistas alcanzadas; constituye la mejor manera de preservarlas.

La consolidación de esos avances exige una reflexión adicional. Si verdaderamente queremos que las víctimas sean escuchadas y protegidas, debemos trabajar para que la confianza social en el sistema de denuncias sea cada vez mayor. Y para que esa confianza exista, el objetivo debe ser que las denuncias que llegan a la justicia sean ciertas y puedan ser acreditadas mediante investigaciones serias, rigurosas y responsables.

Por eso, el debate sobre las denuncias falsas no debería ser utilizado para desacreditar a las mujeres ni para relativizar la violencia de género. Tampoco debería ser apropiado por quienes pretenden instalar la idea de que las víctimas mienten sistemáticamente. El verdadero problema es otro: cada denuncia falsa, cada utilización indebida del sistema penal, cada acusación impulsada con finalidades ajenas a la búsqueda de justicia, erosiona la confianza pública y termina perjudicando precisamente a quienes más necesitan ser escuchadas.

La discusión no debería plantearse como una elección entre “Hermana, yo te creo”, “Ni Una Menos” y “No más falsas denuncias”. Por el contrario. Una sociedad madura debería aspirar a que esas tres ideas convivan, se complementen y se fortalezcan mutuamente.

Porque creer y escuchar a quien denuncia es indispensable para que las víctimas puedan hablar. Combatir las falsas denuncias es indispensable para preservar la credibilidad del sistema. Y sostener la lucha contra la violencia de género es indispensable para evitar que miles de mujeres continúen siendo víctimas de agresiones, abusos y femicidios.

Lejos de ser consignas incompatibles, deberían formar parte de una misma construcción colectiva. Cuanto más confiable sea el sistema, más protegidas estarán las víctimas reales. Y cuanto más protegidas estén las víctimas reales, más legitimidad tendrán las herramientas creadas para defenderlas.

También es necesario reconocer que, en algunos casos, las denuncias falsas o infundadas han generado un daño significativo. Aunque representan una minoría y no explican por sí solas los problemas actuales, no puede ignorarse que estas situaciones han contribuido a erosionar la confianza pública y, en cierta medida, han terminado perjudicando a las propias mujeres y a las víctimas reales. Cuando una denuncia se utiliza de manera indebida, el impacto trasciende el caso concreto: alimenta prejuicios, fortalece discursos que desacreditan a quienes sí sufrieron violencia y dificulta que otras personas sean escuchadas cuando necesitan acudir a la justicia.

Como abogada penalista, me ha ocurrido en más de una oportunidad que me ofrecieran dinero para impulsar querellas por supuestos abusos sexuales respecto de situaciones que no eran ciertas y que perseguían finalidades completamente ajenas a la búsqueda de justicia. Siempre me negué. No sólo por una cuestión ética o profesional, sino porque creo profundamente en las conquistas alcanzadas por el movimiento de mujeres. Y precisamente porque creo en ellas entiendo que deben ser protegidas de quienes intentan utilizarlas de manera oportunista.

El compromiso con las víctimas exige seriedad. Exige investigaciones responsables. Exige jueces imparciales, fiscales comprometidos, defensores preparados y políticas públicas eficaces. Pero también exige honestidad intelectual para reconocer errores cuando ocurren y corregir aquello que no funciona.

Pero sería un error pensar que la responsabilidad recae únicamente sobre quienes intervienen en una causa judicial. El problema es mucho más amplio. La responsabilidad también es del Estado cuando suscribe tratados internacionales de protección de derechos humanos y luego incumple las obligaciones asumidas. Es de los legisladores cuando producen normas simbólicas que generan titulares pero no soluciones reales. Es de los jueces cuando abandonan la imparcialidad. Es de los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas. Es de las fuerzas de seguridad. Es de los medios de comunicación. Y también es de quienes educan.

Las transformaciones profundas no nacen en los tribunales. Comienzan en las aulas, en las familias, en los espacios de trabajo y en la forma en que enseñamos a convivir con el otro. La prevención siempre será más eficaz que cualquier condena.

Quizás la principal enseñanza que deja el caso Agostina sea precisamente esa: que la lucha contra la violencia de género, la necesidad de escuchar a las víctimas y la obligación de evitar las denuncias falsas no son objetivos enfrentados. Son partes de una misma tarea.

Una tarea que busca construir un sistema más creíble, más justo y más humano. Un sistema que pueda detectar a tiempo a quienes representan un peligro real. Un sistema que proteja a las víctimas antes de que sea tarde. Un sistema que investigue con seriedad, que actúe con responsabilidad y que no pierda nunca de vista la búsqueda de la verdad.

Porque cuando la verdad importa, ganan las víctimas reales. Y cuando ganan las víctimas reales, gana toda la sociedad.

El movimiento que en esa fecha depuso al presidente Ramón Castillo constituyó, junto a los de 1930, 1955, 1962, 1966 y 1976, un arco de media docena de putschs militares victoriosos registrados en la Argentina del siglo XX. Pero su gran peculiaridad reside en el hecho de que, a diferencia de todos los demás, fue, de alguna manera, convalidado por el voto popular libremente emitido dos años y medio más tarde.

En efecto, el golpe septembrino de Uriburu sólo pudo continuarse en la Concordancia, proscripción de la UCR mediante. El del ’55 desembocó en la elección de Frondizi, el candidato no deseado por el gobierno militar. El del ’62 fue a parar en la elección de Illia, que no era lo buscado por los “azules” triunfantes en los enfrentamientos castrenses. Ni qué decir de la “Revolución Argentina”, concluida con el ascenso de Héctor Cámpora en la orgía montonera del 25 de mayo de 1973. En cuanto al pronunciamiento macizo y homogéneo de las estructuras militares en 1976, concluiría siete años más tarde entronizando a Raúl Alfonsín, que promoverá el enjuiciamiento de todos sus responsables.

Rara avis, pues, la del 4 de junio, cuyo significado histórico profundo creemos que sólo puede ser desentrañado a partir de hechos, tendencias, amenazas y reacciones operadas en el mundo desde la década del ’30.

Habría que comenzar por Moscú en 1935, cuando el VII Congreso de la Komintern decidió un profundo giro estratégico para el conjunto del Comunismo internacional, férreamente liderado por la URSS. Se trataba nada menos que del abandono de la línea clasista dura –que denigraba a los dirigentes socialdemócratas como “socialfascistas”- y del comienzo de un camino común con todas las fuerzas del centro hacia la izquierda.

En la Argentina eso significaba que el PC buscaría la alianza con los aludidos socialistas, los demoprogresistas y, particularmente, la UCR que subsistía como el partido mayoritario del sistema local. Proyecto que se inspiraba en los “Frentes Populares” de Francia y España, conductores de sendas experiencias exitosas en el plano electoral, aunque históricamente nefastas en ambos casos: en el primer país por el debilitamiento militar y social que su gestión produjo y que lo convirtiera, en 1940, en presa fácil de Alemania, y en el ejemplo español por el desemboque en la Guerra Civil lisa y llana.

Entre nosotros, la avant-première se produjo el 1 de mayo de 1936, en un acto público en que compartieron tribuna Paulino Gonzalez Alberdi, Mario Bravo y Arturo Frondizi.

Todos estos movimientos no dejaban de alentar, por reacción, la preocupación del Ejército. Toda la década del ’30 y comienzos de la siguiente registran un puñado de conspiraciones castrenses abortadas, de variopinto sesgo, particularmente yrigoyenistas y nacionalistas.

En los años iniciales del período las mismas reconocían motivaciones esencialmente endógenas. Pero el conflicto intestino de España y sus repercusiones internacionales, seguido más tarde por la Segunda Guerra Mundial y la cambiante suerte de la URSS dentro de la misma, sumaron factores tóxicos a nuestra propia situación política, de modo tal que, según anota Alain Rouquié, Argentina ingresaría en los ’40 en una especie de “guerra civil fría”.

Como se ha indicado, dentro de los cuarteles operaban diversas tendencias políticas e ideológicas, pero existen ciertas difusas coincidencias, entre las que fundamentalmente se cuentan la inquietud por el crecimiento del comunismo –que el resultado de la Segunda Guerra Mundial podría alentar aún más- y el riesgo consecuente de una lucha fratricida. El Ejército comienza a verse crecientemente como la “salvaguardia de lo permanente”, para usar las apropiadas palabras de José Antonio Primo de Rivera.

La situación se agravará bruscamente con la muerte, en pocos meses, de tres figuras consulares del sistema político: el presidente Roberto Marcelino Ortiz, el ex-presidente Agustín P. Justo y Marcelo T. de Alvear, jefe del radicalismo.

Con la idea de cristalizar en una organización el estado de conciencia que crecía en las filas militares nacerá por entonces el GOU (Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación), sobre el cual han escrito lúcidamente Fernando Klappenbach y Enrique Díaz Araujo. Entiéndase bien: el GOU no hizo el 4 de junio. Pero la existencia de tal dispositivo sirvió para procesar en su interior las líneas políticas y las ambiciones competitivas de distintos oficiales superiores y jefes, evitando que las mismas se dirimieran en enfrentamientos armados como ocurriría en 1962 y 1963.

La orientación del GOU fue coherente solo en tres objetivos: evitar el crecimiento de las fuerzas de izquierda convocadas por el PC al Frente Popular, resistir las tempranas presiones externas belicistas y prevenir la guerra civil. En estos tres sentidos, su presencia permitió al Gobierno juniano consumar una genuina anticipación estratégica respecto de los objetivos sobre el país planteados tanto desde la Komintern como del progresismo anidado en el State Department de Roosevelt, anticipación que se completaría con el proceso de “nacionalización de las masas” emprendido en 1944, que descolocaría la estrategia argentina del Kremlin por muchos años. Los errores y horrores ulteriores del peronismo no empequeñecen este juicio.

El 24 de febrero de 1946 el candidato oficialista, Juan Domingo Perón, ganaría las elecciones y elegiría el 4 de junio como fecha de asunción de la presidencia.

Tradicionalmente, la pobreza ha sido definida como la ausencia de dinero. Es decir, no tener los ingresos necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar (S/ 1848 por un mes para una familia de 4 personas), que incluye bienes y servicios requeridos para vivir de manera apropiada. No obstante, la experiencia de las personas que están en situación de pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza no es simplemente un tema económico, sino un fenómeno que tiene múltiples dimensiones e incluye no solo la falta de ingresos, sino también la carencia de habilidades básicas para vivir con dignidad.

La pobreza multidimensional es una medida de la pobreza que considera diversos factores presentes en los hogares, desde su nivel de vida básico hasta el acceso a escolaridad, agua limpia y atención de salud. Ya que, por las brechas en servicios para la comunidad presentes en algunas regiones, se pueden contar con los ingresos suficientes, es decir no ser pobre monetario; sin embargo, en algunas zonas del país no se cuentan con los servicios básicos necesarios, tales como: agua potable, electricidad, centros de salud y escuelas de calidad.

La pobreza no se limita a la falta de ingresos. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permite medir las carencias en salud, educación y calidad de vida.

Desde un enfoque monetario, la pobreza supone la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. En consecuencia, están en situación de pobreza aquellas personas cuyo consumo mensual resulte inferior al gasto mínimo para alcanzar un nivel de vida aceptable.

Con esta metodología, la medición de la pobreza se basa en una estimación sobre la posibilidad de las personas de adquirir ciertos bienes; sin embargo, no se evalúa cómo se gastó ese monto o si se destinó mayoritariamente a cubrir necesidades básicas.

La pobreza monetaria mide cuánto hay en el bolsillo para alimentarse y vivir razonablemente, mientras que la pobreza multidimensional profundiza en la carencia de oportunidades para el desarrollo.

Los desafíos que persisten más allá de los ingresos incluyen las limitaciones en el acceso a servicios de salud, que disminuyeron del 28,4 % al 22,5 %; las limitaciones en educación, que disminuyeron del 52,3% al 51,1%; y las limitaciones en vivienda adecuada, que disminuyeron del 32,6 % al 32,4% entre 2024 y 2025.

El progreso en la reducción de la pobreza multidimensional se concentra en un mayor acceso a servicios de salud. Sin embargo, preocupa el retroceso en la cobertura de servicios básicos. Entre 2019 y 2025, la proporción de peruanos que accedió a agua a través de red pública en sus hogares disminuyó de 89,8 % a 88,1%, lo que equivale a 820.000 personas menos.

La obligación de los Estados de asegurar que las personas disfruten plenamente de sus derechos está estrechamente relacionada con el problema de la pobreza. Por esta razón, la ONU sostiene que eliminar la pobreza no es simplemente un deber moral, sino también una obligación legal conforme a las leyes internacionales de derechos humanos.

Es fundamental considerar que los derechos humanos, constitucionales o fundamentales son componentes cruciales y pilares de todo sistema democrático y constitucional de derecho, así como de las estructuras internacionales que protegen los derechos humanos.

En su columna del último 30 de mayo, la Dra. María José Binetti relata las principales conclusiones a las que arribara un grupo de colegas del CONICET, en un encuentro celebrado en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires dos días antes.

Sin entrar en valoraciones personales acerca de los antecedentes, experiencia, posicionamiento político y perfil de los colegas que intervinieron en dicho evento, creo necesario repasar algunos enunciados que, o bien están reñidos con información fehaciente y datos de acceso público, o bien configuran miradas políticas anacrónicas acerca del CONICET.

“Lejos quedó la época dorada de la ciencia argentina y sus dos históricos Nobel. Desde entonces el sistema no ha parado de derrumbarse a escala de la decadencia nacional”. La nota abunda en frases subjetivas por el estilo. Viniendo de un grupo de científicos, llama la atención la falta de especificidad y de respaldo en evidencia que sustente una afirmación tan grave. ¿A qué se refiere con “decadencia”? Si bien todos los “rankings” tienen sus sesgos y falencias, desde el año 2009 numerosas instituciones científicas de todo el mundo, incluido el propio CONICET, emplea el índice publicado por el SCImago Research Group, que tiene como propósito dar a conocer información sobre el desempeño en investigación, innovación e impacto social de las instituciones, caracterizándolas en términos de su aporte científico, económico y social.

El índice toma una ventana móvil de 5 años, por lo que aún es pronto para medir el impacto de las políticas de Milei. Si se observa la serie completa de 17 años, se advierte una mejora sostenida del CONICET tanto a nivel mundial como regional, con un aumento muy sostenido durante el intervalo 2009-2017, es decir dentro de las ventanas móviles atribuibles al mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces el CONICET mantuvo una posición estable (y siempre destacada a nivel regional): en 2025, el CONICET mantuvo su primera ubicación como institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica, pero ya registra una caída a nivel global que parece consolidarse en 2026. Si así fuera, la evidencia indica, entonces, un fenómeno contrario al expresado por Binetti y sus colegas: si hubiera una caída y una decadencia, sería atribuible al impacto de las políticas de Milei en los últimos dos años, que ya impactarían en la ventana móvil actual.

En otro pasaje, se lee “el peronismo intervino tres veces el Conicet, el kirchnerismo lo sobredimensionó para usarlo como bandera de militancia y propaganda. Hoy muchos investigadores nos encontramos atrapados en un aparato roto, empobrecido y desacreditado frente a la sociedad. Somos peones de una maquinaria anquilosada y poco eficiente.” Esta frase es puramente retórica: los gobiernos de turno nombran a quien ocupa la Presidencia del CONICET, no lo “intervienen”. Decir que el peronismo intervino tres veces el CONICET es desinformar al lector. Desde el retorno de la democracia, el radicalismo, el peronismo, el macrismo y el mileismo nombraron en la conducción del organismo a funcionarios de su confianza y su mirada política. ¿Por qué no habrían de hacerlo?

En relación al supuesto descrédito social, pareciera que el mismo se limita al micro-cosmos de las redes sociales e influencers libertarios a sueldo del Estado, mundillo caracterizado por la violencia verbal y la propagación de noticias falsas. Pero si se apela a estudios concretos sobre el tema, una vez más se refuta lo afirmado por Binetti: los resultados de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) dejan claro que el sector científico es aquel que cuenta con la opinión pública más positiva, sin importar las preferencias políticas/electorales de los encuestados.

En otro pasaje se alude a la exposición inaugural de la Jornada, que estuvo “a cargo del doctor José M. Bruniard, uno de los ocho directores del Conicet en representación del sector agropecuario, quien habló de sus dificultades para manejarse con un directorio corporativo, negado a avanzar en reformas estructurales. Sus propuestas de transformación son muchas, desde transparentar y diversificar los sistemas de evaluación hasta federalizar los recursos y fortalecer la vinculación público-privada, cosa que para el deep-state coniceteano es algo así como venderle el alma al diablo del capital.”

Esta frase encierra dos falacias. Por un lado, los miembros del Directorio del CONICET no son ni más ni menos corporativos que el propio Bruniard que, dicho sea de paso, no representa al “sector agropecuario”, sino a las cámaras y sociedades más concentradas de dicho sector (SRA, CRA, CONINAGRO). Ni pensemos por un instante que Bruniard representa a los campesinos de Santiago del Estero, o a los programas de la agricultura familiar. Los restantes miembros del Directorio son nombrados por la UIA, el Consejo Interuniversitario Nacional, las Provincias, y las cuatro grandes áreas del conocimiento que conforman el CONICET. Estos últimos 4 miembros son elegidos por los investigadores en elecciones libres, de acuerdo a la reglamentación vigente. Evidentemente, las “reformas estructurales” propuestas por Bruniard no cuentan con el acompañamiento de sus pares, pero como en cualquier cuerpo colegiado que respete sus encuadres democráticos, el doctor debería convencer a sus pares de la bondad de sus reformas, pues ellos tienen la misma legitimidad de origen que el representante del agro. Lo que Bruniard llama corporativismo no es otra cosa que el juego de mayorías e intereses en el seno de un cuerpo colegiado.

Por otro lado, deja entrever que hay un “deep-state” en CONICET que se opone a la transparencia, la federalización y la vinculación tecnológica. Este planteo sugiere que esos tres campos de acción son novedosos en el CONICET. Lo cierto es que no es así, y toda la comunidad científica del CONICET discute con total normalidad, más allá de las diferentes miradas, cómo federalizar el organismo y las causas de fondo que impiden o impulsan la vinculación tecnológica. Sobre la federalización, puede decirse que existió una agenda concreta hasta diciembre de 2023, y que desde entonces no hay absolutamente nada que pueda federalizarse, pues el CONICET en su totalidad está en retroceso y retracción.

El debate sobre una supuesta resistencia a la vinculación con el sector privado se riñe con la propia información oficial publicada por el CONICET. Tanto la provisión de servicios, como los convenios, la generación de empresas de base tecnológica, y la producción tecnológica despegan de manera exponencial en el período 2003-2015, luego se mantienen estables o en ascenso y se registra una caída en los guarismos del 2024, ya dentro de la gestión actual. La idea de una comunidad del CONICET resistente a la vinculación tecnológica no tiene sustento alguno. El compromiso por transferir el conocimiento a la sociedad es algo que ya forma parte de la cultura institucional.

En otro pasaje de la nota se menciona la intervención del Dr. Galo Soler Illia, quien “se refirió a un sistema científico-tecnológico fragmentado, desarticulado y desacoplado de la universidad –otro sistema quebrado– y del mundo productivo-empresarial, una ciencia que no encuentra su lugar institucional en el desarrollo estratégico del país, o un país que no se encuentra.”

En un rompecabezas las fichas encajan unas con otras. Si el mundo científico-tecnológico no encuentra acople con el mundo productivo-empresarial, un abordaje intelectualmente honesto requiere analizar ambas fichas: el sistema científico-tecnológico, y el “mundo productivo-empresarial”. Los análisis por derecha suelen cargar las tintas en el sector científico, pero rara vez caracterizan o interpelan al mundo productivo local. Surgen preguntas al respecto: ¿contamos con un empresariado nacional que defienda explícitamente el agregado de valor, el desarrollo tecnológico como estrategia para la valorización de sectores industriales y el desarrollo de economías regionales? ¿O por el contrario se trata de un sector propenso al extractivismo financierizante y financierizado, que en lugar de resistirse a las políticas anti-industriales de Macri y Milei, apostó a una rápida reconversión hacia la importación de bienes, buscando maximizar ganancias a expensas de la primarización económica y los despidos de trabajadores? ¿Por qué motivo la inversión privada en ciencia y tecnología se mantiene permanentemente baja sin importar el ciclo político? Sin duda no hay respuestas unívocas, y los matices abundan, pero es extraño que los encuentros de científicos de perfil liberal, como el celebrado en la Academia de Ciencias, siempre aborden el rompecabezas mirando solamente la ficha del sector científico-tecnológico, y pasen a la ligera por sobre las contradicciones de un sector empresarial que, a diferencia de conglomerados como el paulista en Brasil, tiende a desentenderse del desarrollo nacional.

En otro pasaje se menciona que “la peronización del sistema científico y universitario dio impulso al gremialismo combativo, el clientelismo académico y la implantación de agendas ideológicas.” Este enunciado encierra una violencia implícita, pues presupone que ser peronista es algo negativo y no deseable en el CONICET. Preconcepto arraigado, que reaparece cual mantra en las fases de proscripción del Peronismo, tanto las del pasado, como la que sufre actualmente. Al igual que en el resto de la sociedad, en el CONICET hay peronistas, radicales, trotskistas, libertarios, socialistas, así como colegas que prefieren no expresar sus simpatías políticas.

Tal vez muchos trabajadores del CONICET han visto que durante los gobiernos peronistas recientes (2003-2015, 2019-2023) se plasmó una mejora en sus salarios y condiciones laborales, y se los convocó a poner sus conocimientos al servicio de problemas específicos tanto de la vida social como del entramado productivo.

El aporte del CONICET ante la emergencia sanitaria del COVID-19 es el ejemplo por excelencia de dicha convocatoria desde la política a todos y cada uno de los científicos y académicos.

¿Será que esta actitud gubernamental de articulación, respeto y visibilización en un proyecto de país inclusivo y humanista genera simpatías al seno interno del CONICET? Tal vez, pero esto es sólo una hipótesis, y en esta nota sí se aclara cuando un dicho no se sustenta en evidencia.

Finalmente, es asombrosa la mención a la “opacidad del sistema de evaluación del CONICET, a cargo de comisiones designadas a dedo por el directorio. Los criterios de evaluación son difusos, muchas veces no explícitos o puestos ad hoc para favorecer su aplicación discrecional. La confidencialidad de los dictámenes impide comparar resultados o constatar conflicto de intereses.”

Este enunciado también se desmorona ante la evidencia disponible y accesible de manera abierta. El mecanismo de evaluación del CONICET es, probablemente, de los más complejos, transparentes, dinámicos, auditables, y garantistas de todas las instituciones científicas similares al Consejo. Las comisiones evaluadoras no son designadas “a dedo”, sino a propuesta de comisiones de especialistas agrupados por gran área del conocimiento, que elevan listados ajustados a preservar la diversidad disciplinaria, el balance de género y el carácter federal de sus integrantes. Todos los miembros evaluadores son conocidos públicamente a través del sitio web del organismo, pueden ser recusados por los investigadores antes de su evaluación reglamentaria o pedido de ascenso, y existen instancias de alzada y reconsideración ante evaluaciones que se pudieran considerar injustas o erróneas. Los criterios de evaluación empleados también son públicos y conocidos por los candidatos antes de presentarse a las distintas convocatorias. El simple acceso y estudio del sitio web institucional da por tierra con esta grave acusación.

Luego de haber respondido con evidencia concreta y pública a los dichos de la Dra. Binetti, sólo queda recordar que el CONICET ha resistido el ajuste de gobiernos neoliberales en el pasado, y su inercia y masa crítica le han permitido resurgir airoso de esos embates, para volver a generar conocimiento de calidad en todo el espectro continuo que va de la ciencia fundamental a las aplicaciones tecnológicas y sociales. El ataque que experimentamos desde el 10 de diciembre de 2023 no tiene parangón, pues combina:

a) Desfinanciamiento generalizado del Consejo

b) Degradación del salario y precarización de las condiciones laborales

c) Estigmatización permanente y discursos anti-ciencia emanados desde las propias autoridades nacionales

d) Persecución ideológica mediante sumarios y demora de trámites a colegas disidentes.

Todo ello en un contexto de desmantelamiento de otras instituciones científicas estratégicas para la industria, el sector nuclear, el satelital, la salud pública, el agropecuario y el biomédico-farmacéutico, entre otros, donde los equipos del CONICET han aportado históricamente a su consolidación.

Todos estamos comprometidos, aún con diferentes miradas, con el mejoramiento del CONICET. Algunas de las aspiraciones de los colegas que sesionaron en la Academia Nacional de Ciencias son legítimas y compartidas por muchos. Pero omitieron mencionar que no serán alcanzadas de ninguna manera por las políticas implementadas por Javier Milei y sus funcionarios del área, Darío Genua y Daniel Salamone.

Desde el seno del CONICET habrá que sumarse a otros sectores para trabajar por el fin de la persecución y proscripción política y por el regreso de un gobierno popular, defensor de los intereses argentinos. Sólo de este modo el CONICET volverá a ser un actor clave en el desarrollo social, productivo, cultural y educativo de nuestra nación.

*El autor es Doctor en Biología e Investigador Superior del CONICET

El producto más importante que X le da a la sociedad no es el entretenimiento. Es la visibilidad forzada.

Antes de existieran plataformas como X, las instituciones tenían un mecanismo de defensa muy efectivo: el silencio. Un abuso local se quedaba local. Un video de una cámara corporal podía ser ignorado. Un escándalo burocrático podía morir en un periódico regional. Un político podía decir una cosa en una sala y lo opuesto en otro lugar, confiando en que las audiencias nunca se encontrarían.

X rompe ese arreglo. No hace que todos sean sabios, justos o precisos. Hace algo más simple y más disruptivo: hace más difícil para las personas poderosas decidir de antemano qué se le permite al público notar.

Por eso tantas instituciones lo odian. No porque X sea siempre limpio. No lo es. Pero el viejo sistema tampoco era limpio. Solo era más lento, más estrecho y más fácil de manejar. Los guardianes confundieron el orden con la verdad porque el orden les convenía.

La plaza pública es desordenada porque la sociedad es desordenada. La respuesta a la mala información no es restaurar un sacerdocio de narradores aprobados. La respuesta es una corrección más rápida, más evidencia, debate visible y memoria permanente.

Cuando una plataforma obliga a un gobierno, una empresa, una universidad o un medio de comunicación a responder a evidencia que preferiría ignorar, eso no es caos. Eso es rendición de cuentas llegando sin permiso.

Durante décadas discutimos el futuro económico con una certeza casi religiosa: si sube el Producto Bruto Interno, el país progresa; si baja, retrocede. El PBI fue el gran termómetro del siglo XX.

Ordenó diagnósticos, justificó políticas públicas y se convirtió en una referencia inevitable para gobiernos, empresas, mercados y medios. El problema es que fue diseñado para medir una economía donde el valor estaba, sobre todo, en las cosas. Y el mundo que viene ya no gira solamente alrededor de las cosas.

La inteligencia artificial está corriendo el centro de gravedad de la economía hacia otro lugar: la capacidad cognitiva. Hacia la posibilidad de resolver más rápido, decidir mejor, automatizar tareas complejas, producir conocimiento a escala y ampliar, mediante software, lo que una persona puede hacer con su tiempo y su mente. Cuando eso ocurre, la vieja pregunta sobre cuánto produce un país empieza a quedarse corta. La pregunta pasa a ser otra: qué capacidad cognitiva tiene esa sociedad, cómo se distribuye, quién la potencia y quién captura el valor que genera.

El PBI fue diseñado para medir una economía donde el valor estaba, sobre todo, en las cosas. Y el mundo que viene ya no gira solamente alrededor de las cosas

No se trata de decir que el PBI fue un error. Al contrario: fue una creación formidable para la época en la que nació. Simon Kuznets lo formalizó en los años 30 para contar producción, consumo e inversión dentro de una economía industrial. Midió muy bien fábricas, rutas, acero, cosechas, exportaciones, viviendas y bienes con precio claro. Pero incluso antes del salto de la IA, mostraba grietas. El PBI nunca captó del todo el trabajo no remunerado, ni la calidad institucional, ni el valor social del conocimiento, ni la utilidad real de muchos servicios digitales que usamos a diario. Con la inteligencia artificial, esas grietas se vuelven estructurales.

Hoy una persona con acceso a buenos sistemas de IA puede realizar, en una mañana, tareas que antes llevaban varios días. Parte de ese salto de productividad aparece en balances y transacciones; otra parte no. Ese desajuste va a profundizarse.

La etapa actual, en la que la IA funciona como asistente externo, probablemente sea apenas un puente hacia otra fase: la de la inteligencia expandida. Es decir, seres humanos apoyados de manera cada vez más estrecha por software, sistemas predictivos, memoria aumentada, agentes autónomos y, en algún momento, también hardware conectado al cuerpo o al cerebro. Elon Musk lo resumió con una de esas frases que parecen exageradas hasta que dejan de sonar a ciencia ficción: un chip que da “poderes divinos”. Puede sonar extremo, pero la dirección es visible: una parte creciente de la productividad va a depender no solo del capital o del trabajo, sino del acceso a infraestructura cognitiva aumentada.

La inteligencia artificial está corriendo el centro de gravedad de la economía hacia otro lugar: la capacidad cognitiva

Y ahí aparece una de las discusiones económicas más incómodas de los próximos años. Si la inteligencia ampliada se vuelve un factor de producción decisivo, la desigualdad ya no va a ser solamente una desigualdad de ingresos o patrimonio. Va a ser también una desigualdad de capacidad. Habrá personas, empresas y países que puedan multiplicar su productividad gracias a mejores modelos, más datos y mejor infraestructura computacional. Y habrá otros que queden rezagados no porque trabajen menos, sino porque compiten con capacidades tecnológicas radicalmente desiguales.

Por eso el PBI empieza a quedarse viejo. Porque puede mostrar crecimiento mientras por debajo se ensancha otra brecha: la distancia entre quienes pueden amplificar su inteligencia y quienes no. Y esta, en muy poco tiempo, puede ser la desigualdad más importante de todas.

Argentina debería prestar especial atención a esta discusión. Somos un país con talento, creatividad y capacidad de adaptación, pero también con enormes brechas de educación, ingresos, infraestructura y acceso tecnológico. En una economía donde la productividad depende cada vez más de la inteligencia aumentada, esas brechas pueden ensancharse mucho más rápido que en la era industrial. Hoy no alcanza con discutir salarios, izquierda, derecha o tipo de cambio, si no discutimos también quién accede a las herramientas que van a definir la competitividad de la próxima década.

Si la inteligencia artificial cambia la forma de producir valor, también vamos a tener que cambiar la forma de registrarlo

Eso obliga a repensar cómo medimos el PBI, no va a desaparecer, pero necesita complementarse con indicadores capaces de capturar el valor del capital cognitivo, el acceso efectivo a inteligencia artificial, la propiedad y uso económico de los datos y el costo de quedar afuera de esa infraestructura. Si no medimos eso, vamos a seguir describiendo la economía con instrumentos pensados para un mundo en el que el valor principal era fabricar objetos, no expandir capacidades.

Pero si la economía que viene va a girar cada vez más en torno a datos, identidad digital, reputación y activos intangibles, vamos a necesitar mejores herramientas para registrar valor de manera confiable. Vamos a necesitar saber quién aporta, quién usa y bajo qué reglas se captura ese valor.

Ahí blockchain cumple un papel relevante. Puede aportar trazabilidad en una economía donde una parte creciente de la riqueza será cognitiva, fragmentada y difícil de atribuir. Si las ideas y los datos personales tienen valor, hará falta una arquitectura que reconozca propiedad intelectual, permisos y uso. Y si la inteligencia artificial cambia la forma de producir valor, también vamos a tener que cambiar la forma de registrarlo.

La discusión no es tecnológica, sino política y económica. El PBI fue una brújula excelente para el mundo industrial. Pero si el principal motor de riqueza empieza a ser la capacidad cognitiva aumentada, seguir gobernando solo con esa brújula es mirar el futuro con un mapa viejo. Al final del día, lo que no se mide no se gobierna.

La autora es cofundadora de PALA Blockchain

Hay algo que me llama la atención cada vez que hablo con emprendedores, profesionales o ejecutivos que están evaluando dar un giro en sus carreras: Nunca escuché a tanta gente decir que quiere emprender. Y, al mismo tiempo, nunca vi a tanta gente frenada por el miedo a hacerlo.

Los datos parecen confirmar esa sensación. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), más de la mitad de los adultos en América Latina manifiestan intención de iniciar un negocio propio. Emprender dejó de ser una aspiración reservada para unos pocos. Hoy forma parte de las conversaciones de miles de personas que buscan mayor autonomía, construir algo propio o simplemente encontrar una alternativa frente a mercados laborales cada vez más inciertos. Sin embargo, entre la intención y la acción existe una brecha enorme.

El último informe de GEM muestra que el miedo al fracaso sigue creciendo a nivel global. En 2019, el 44% de las personas que identificaban oportunidades de negocio reconocía que no avanzaba por temor a fracasar. En 2024, ese número llegó al 49%. Detrás de esa estadística hay algo mucho más profundo: personas que tienen ideas, capacidad y motivación, pero que no saben cómo dar el primer paso o sienten que el costo de equivocarse puede ser demasiado alto. Y es comprensible.

Más de la mitad de los adultos en América Latina manifiestan intención de iniciar un negocio propio

Emprender en América Latina implica convivir con incertidumbre económica, acceso limitado al financiamiento, cambios permanentes de contexto y reglas de juego que muchas veces se modifican sobre la marcha. El problema no suele ser la falta de ideas. El problema es saber cómo transformar una idea en algo real, cómo validarlo, cómo conseguir los primeros clientes, cómo construir un modelo de negocio sostenible, y cómo atravesar los momentos difíciles sin abandonar en el intento.

Durante años, la formación emprendedora estuvo dominada por dos extremos. Por un lado, programas con mucho contenido teórico y casos de estudio. Por otro, aceleradoras e incubadoras orientadas a startups que ya están en marcha. En el medio queda una enorme cantidad de personas que quieren emprender, pero que sienten que todavía no tienen las herramientas prácticas para hacerlo. Ahí está una de las grandes oportunidades de esta década.

Porque emprender ya no es solamente una cuestión de inspiración o valentía. Es una disciplina que puede aprenderse. Y cuanto más se aprende, más se reduce el riesgo. Por eso estamos viendo crecer en todo el mundo nuevas formas de formación emprendedora donde el foco está puesto en la persona que quiere emprender más que en el proyecto en sí: academias, venture studios, comunidades de founders y programas diseñados por personas que ya recorrieron ese camino.

El problema no suele ser la falta de ideas. El problema es saber cómo transformar una idea en algo real

La razón es bastante simple. Cuando alguien aprende de otros emprendedores que ya enfrentaron los mismos desafíos, puede evitar errores costosos, acelerar su curva de aprendizaje y tomar mejores decisiones desde el inicio. Y quizás lo más importante: descubre que no está solo. Porque uno de los mayores mitos del emprendedurismo es que se trata de una aventura individual. La realidad suele ser exactamente la contraria. Los mejores emprendedores que conozco construyeron sus proyectos apoyándose en mentores, comunidades, socios, equipos y redes de personas que los ayudaron a avanzar cuando aparecieron las dudas.

América Latina tiene creatividad, talento y una enorme vocación emprendedora. Lo que todavía necesitamos construir son más puentes entre las ganas de emprender y la capacidad de hacerlo. El verdadero desafío es ayudarlas a dar el salto con más herramientas, más acompañamiento y mayores probabilidades de éxito.

El autor es Co-fundador de Commit, Guayerd y BDP Group

Miles de personas volverán a salir a las calles bajo una consigna que, once años después, sigue siendo tan necesaria como dolorosa: Ni Una Menos.

Y mientras pensamos en las mujeres que ya no están, hay una imagen que no puedo sacar de mi cabeza.

La de nuestros hijos.

Los que hoy están sentados a nuestra mesa.

Los que mañana van a entrar a un aula.

Los que pasan horas encerrados en su habitación intentando descubrir quiénes son, qué sienten y cómo relacionarse con los demás.

Porque cada vez que una nueva historia de violencia nos conmueve, solemos hacernos las mismas preguntas.

¿Qué falló? ¿Quién no vio las señales? ¿Qué se podría haber hecho para evitarlo?

Pero tal vez exista otra pregunta, mucho más incómoda.

¿Qué conversaciones estamos teniendo con nuestros hijos?

Nos preocupa que aprendan matemáticas.

Nos preocupa que aprendan inglés.

Nos preocupa que tengan oportunidades, que ingresen a una buena universidad, que consigan un trabajo que los haga felices.

Y está bien que así sea.

Pero pocas veces nos preguntamos si están aprendiendo algo igual de importante.

Si están aprendiendo a construir vínculos sanos.

Si están aprendiendo a respetar límites.

Si están aprendiendo que nadie pertenece a nadie.

Si están aprendiendo a reconocer cuándo una relación deja de ser amor para convertirse en control.

Si están aprendiendo a expresar el enojo sin lastimar.

Si están aprendiendo a pedir ayuda.

Si están aprendiendo a decir “no”.

Y también a aceptar un “no”.

Como educadora, pero también como madre, veo con frecuencia adolescentes que saben resolver problemas complejos, pero tienen enormes dificultades para gestionar una frustración, sostener una diferencia o atravesar un conflicto sin sentirse devastados.

Y no porque sean peores que las generaciones anteriores.

Simplemente porque crecieron en un mundo que les enseñó muchas cosas, pero que muchas veces evitó las conversaciones más importantes.

Durante años pensamos que educar consistía principalmente en transmitir conocimientos.

Hoy sabemos que no alcanza.

Necesitamos enseñar a pensar, pero también a convivir.

Necesitamos formar jóvenes capaces de argumentar sin agredir.

De disentir sin humillar.

De amar sin controlar.

De poner límites y respetarlos.

De comprender que una persona no es una posesión.

Y esta no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. Tampoco de las familias. Es una responsabilidad compartida. Porque los jóvenes aprenden de lo que les enseñamos, pero también de lo que observan. Aprenden de cómo hablamos. De cómo discutimos. De cómo tratamos a quienes piensan diferente. De cómo ejercemos el poder en nuestras relaciones. De cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos.

Volveremos a marchar. Y debemos hacerlo. Pero quizás la mejor manera de honrar esa consigna sea empezar a hablar de aquello que solemos dejar para después. De los vínculos. Del respeto. De la empatía. De los límites. De la responsabilidad afectiva. De la manera en que habitamos nuestras relaciones con otros.

Porque la violencia no aparece de un día para otro. Y la prevención tampoco. La prevención empieza mucho antes. Empieza en casa. Empieza en la escuela. Empieza en cada conversación que ayuda a un niño o a un adolescente a comprender que el respeto no es una opción. Es la condición indispensable para convivir.

Y quizás esa sea una de las conversaciones más urgentes que todavía estamos postergando.

Cuando comencé investigar sobre el caso de Agostina Vega y los distintos interrogantes, la búsqueda todavía estaba activa. Hoy, el desenlace es conocido y es el peor posible.

No quiero hablar de culpas fáciles ni de monstruos. Quiero hablar de algo más incómodo: los tiempos en la etapa investigativa.

El principal sospechoso era conocido desde el primer día

Claudio Barrelier tenía una causa abierta por privación ilegítima de la libertad de otra mujer. No era un desconocido para el sistema. Sin embargo, el primer allanamiento a su domicilio se realizó cuatro días después de la desaparición de Agostina.

Según el propio fiscal, la muerte ocurrió en las primeras horas del domingo. Es decir que cuando finalmente se allanó la casa, Agostina ya no estaba ahí. Barrelier había tenido tiempo de sobra para trasladar el cuerpo.

Sería deshonesto afirmar que un allanamiento más temprano hubiera salvado su vida -en principio, la evidencia indica que ya era tarde-. Pero sí podría haber acortado la agonía de una familia que pasó una semana entera buscando a una hija que ya no iba a volver. Y podría haber preservado pruebas que, cuatro días después, alguien tuvo tiempo de hacer desaparecer o limpiar.

Hay otra pregunta que me incomoda: ¿qué hace falta para que un antecedente penal sea tomado en serio? Barrelier tenía una causa abierta por privación ilegítima de la libertad. Es exactamente el tipo de información que debería haber encendido una luz de alerta desde el minuto uno. Si ese antecedente hubiera pesado lo que debía pesar en la evaluación inicial, quizás el allanamiento no hubiera esperado cuatro días.

Hablemos del Alerta Sofía

El Alerta Sofía, se activó, se difundió e hizo que se llenaran las redes de carteles. Cumplió su función visible.

Pero el Alerta Sofía es una herramienta de difusión, no de investigación, y no reemplaza la decisión de actuar rápido cuando los indicios ya apuntan en una dirección clara. En este caso, los indicios estaban desde el domingo. El alerta puede encontrar a alguien que está perdido, pero en este caso el sistema ya tenía indicios claros sobre dónde mirar.

Por último, hay que mencionar que este caso no hubiera tenido la misma visibilidad sin la presión de los medios y las redes sociales. Eso debería alegrarnos y preocuparnos en igual medida. Alegrarnos, porque esa presión aceleró la investigación y mantuvo el caso en la agenda. Preocuparnos, porque no todas las “Agostinas” tienen esa visibilidad.

Hay familias buscando a sus hijos en silencio, sin cámaras, sin trending topic, con el mismo dolor y muchas menos respuestas. El sistema de justicia no puede funcionar a dos velocidades según el nivel de exposición mediática del caso.

La pregunta que el sistema de justicia tiene que hacerse no es solo quién mató a Agostina. Es también con qué criterio se decide, cuándo actuar, cuándo allanar y cuándo cruzar esa puerta. Porque cuando la víctima tiene 14 años, el sospechoso tiene antecedentes y las antenas del celular ya cuentan una historia clara, la respuesta no puede tardar cuatro días.

Eso no es una crítica al fiscal, es una pregunta que le debemos a Agostina.

Mientras Argentina se apresta para conmemorar once años del Ni Una Menos, aparece el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de Córdoba. Tenía 14 años. El sistema no la protegió.

El 3 de junio de 2015, más de 300.000 personas coparon las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires. El grito era uno solo: paren de matarnos. Era invierno, era urgente, era inédito. Ese día, algo se rompió, o, mejor dicho, algo se nombró por primera vez con esa fuerza colectiva: matar mujeres no es un drama privado, sino un problema político.

Once años después, volvemos a salir. Y la pregunta que hoy no puedo eludir es: ¿por qué un sistema que recibe el mismo mensaje durante once años no cambia?

No es ingenuidad preguntárselo. Es Psicología Política.

Gregory Bateson, sistémico, lo formula de un modo que no deja escapatoria: un sistema que no procesa el feedback de su entorno no es un sistema que falla, es un sistema que eligió cerrarse. La información entra, el sistema la expulsa, el circuito se repite.

Aplicado este concepto a la violencia de género en la Argentina de hoy, la conclusión es imposible de “caretearla”: no estamos ante un Estado que no sabe, estamos ante un Estado que sabe y decide no actuar o, lo que es peor aún, actúa en sentido contrario.

Javier Milei no cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por razones presupuestarias. Lo dijo él mismo en agosto de 2024, con orgullo: lo llamó “siniestro”, dijo que era una “herramienta de persecución ideológica”. No es negligencia. Es programa. Es la decisión política de sacar del Estado la responsabilidad de interrumpir un circuito de violencia que lleva décadas matando mujeres.

Cuando el Estado nombra “enemigo” lo que debería proteger, el daño deja de ser colateral y se vuelve deliberado.

Ignacio Martín-Baró, psicólogo salvadoreño asesinado por decir verdades que incomodaban al poder, nos enseñó que el daño psicosocial más profundo no lo produce el agresor individual, sino la institución que lo habilita. El trauma no es solo personal, es político.

Para Martín-Baró, una sociedad que normaliza la violencia contra las mujeres no está enferma por accidente, está organizada para tolerar esa violencia. Y, desmantelar las instituciones que interrumpen ese circuito no es reforma del Estado: es violencia institucional.

Dora Barrancos, quien lleva décadas cartografiando la historia del feminismo argentino, insiste en algo que conviene no olvidar en este aniversario: los derechos de las mujeres en este país no cayeron del cielo ni los otorgó ningún gobierno generoso. Fueron arrancados. Con organización, con cuerpo en la calle, con la acumulación paciente y furiosa de generaciones.

El “Ni Una Menos” no fue un estallido espontáneo, fue la expresión visible de un tejido social que venía tejiéndose en silencio desde mucho antes.

Por eso, once años no son derrota, son evidencia de que ese tejido resiste.

Pero resistir no alcanza si no nombramos una y otra vez lo que está pasando. Hoy, las mujeres víctimas de violencia de género en Argentina encuentran menos recursos, menos acompañamiento, menos Estado. Las políticas de protección fueron desarticuladas por convicción ideológica, no por ajuste. Y frente a eso, el grito del 3 de junio no puede ser solo conmemoración, tiene que ser diagnóstico.

Un sistema que llama “siniestro” a la protección no se reforma con buenas intenciones. Se transforma con consciencia crítica, con organización, con la decisión colectiva de no normalizar lo intolerable.

Once años gritando lo mismo no habla de nuestra debilidad. Habla de la magnitud de lo que enfrentamos. Y también de que seguimos en pie.

¿Nos pasamos tres pueblos? De ninguna manera. No nos pasamos: abrimos caminos que antes estaban cerrados. Nombramos lo que se escondía puertas adentro, hicimos visible lo que se naturalizaba en chistes, silencios, excusas y expedientes dormidos. Gracias a esa lucha colectiva, hoy existen registros sobre femicidios, leyes, capacitaciones, fiscalías especializadas, líneas de atención y herramientas para prevenir, asistir y reparar. Pero que existan no significa que que alcancen o que no puedan funcionar mejor: muchas veces llegan tarde, están desfinanciadas, no articulan entre sí o revictimizan a quienes deberían proteger. Por eso, el camino no puede ser desarmarlas, sino fortalecerlas, corregir lo que falla y exigir que respondan mejor. Porque cuando el Estado se retira, cuando recorta recursos, el panorama no mejora: deja a más mujeres y niñas libradas a su suerte.

Por eso indigna que, a once años del primer Ni Una Menos, todavía tengamos que explicar por qué el femicidio debe llamarse femicidio. Reconocerlo como tal no jerarquiza unas vidas sobre otras, sino que permite identificar una forma específica de violencia que no es un homicidio común, sino que visibiliza la expresión más extrema de una violencia estructural. Nombrarlo obliga al Estado a investigar con perspectiva de género, atender sus causas y actuar en consecuencia. El caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, vuelve esa discusión todavía más urgente: ¿cómo puede ser que, frente a hechos de esta gravedad, haya quienes sigan insistiendo en que las políticas de género son una exageración?

Ante un problema grave y estructural, la respuesta oficial no puede ser relativizar desigualdades y presentar como “igualdad ante la ley” lo que en realidad es una decisión ideológica: desmantelar las herramientas que permitieron identificar y enfrentar una violencia basada en desigualdades históricas de poder.

Decir que si en 2025 bajó la cantidad de femicidios “ya no hacen falta políticas de género” es tan irresponsable como decir que se pueden abandonar las políticas de seguridad vial porque un año disminuyeron las muertes en accidentes. Ninguna política pública seria se mide por una variación aislada ni por la fantasía de erradicar de un día para el otro un problema estructural, sino por su capacidad de prevenir, reducir daños, acompañar a las víctimas, reparar y evitar nuevas violencias.

Los femicidios no son una estadística aislada ni un termómetro de campaña: son la expresión más brutal de una trama de violencias económicas, psicológicas, sexuales, digitales, institucionales y simbólicas que condicionan todos los días la libertad de mujeres, niñas y diversidades. Cuando el país sigue contando femicidios cada pocas decenas de horas, ninguna variación estadística puede usarse para relativizar la gravedad de la violencia.

El caso de Agostina, como tantos otros, nos toca una fibra profunda: una niña asesinada puede ser una hija, una hermana, una amiga, una compañera. Y entonces la pregunta vuelve con toda su crudeza: ¿cómo llegamos hasta acá? La violencia de género no es sólo un tema de mujeres ni una agenda sectorial. Es una responsabilidad social. También interpela a los varones, no desde la culpa individual, sino desde la pregunta por los silencios, las complicidades cotidianas y las formas en que aprendimos a mirar —o a no mirar— la violencia.

Cada femicidio deja expuesta una incomodidad: todavía hay muchos hombres que no saben qué decir, no comparten, no preguntan, no se pronuncian. A veces porque sienten que no les toca; otras, porque temen incomodar a sus pares. En los grupos de WhatsApp, en las charlas entre amigos, en los comentarios al pasar, muchas veces se minimiza, se duda de la víctima, se justifica al conocido, se pregunta “qué hacía ahí”, “por qué fue”, “por qué no denunció”. No todos ejercen violencia, pero todos pueden hacer algo frente a las culturas que la toleran.

Porque los pactos de silencio también educan.

Educar y construir masculinidades sensibles, atentas y responsables también es parte de la solución. No alcanza con pedirles a los varones que no ejerzan violencia: necesitamos enseñarles a registrar el miedo ajeno, a escuchar sin burlarse, a no confundir deseo con derecho, a no naturalizar el control como amor ni la insistencia como conquista. También a intervenir cuando un amigo humilla, acosa, amenaza o justifica lo injustificable.

Porque la violencia no empieza con el golpe ni con el femicidio. Empieza mucho antes: en el chiste que degrada, en el comentario que culpa a la víctima, en el grupo de WhatsApp donde se comparte intimidad sin consentimiento, en la incomodidad de quien ve algo y decide callar.

Criar varones capaces de mirar de frente esas señales, de incomodarse ante la crueldad y de romper pactos de silencio no es una consigna ingenua: es prevención.

Finalmente, cuando todo falla, aparece la Justicia. O debería aparecer. Pero demasiadas veces llega tarde, investiga mal, lento y no adopta las medidas de protección que son indispensables para salvar una vida. Revictimiza, descree, demora, no activa protocolos, interpreta alertas como caprichos adolescentes o conflictos familiares. La impunidad no empieza solo cuando no hay condena: empieza cuando una familia pide ayuda y la institución no está a la altura.

Los feminismos no se pasaron tres pueblos. Se adelantaron a una sociedad que todavía discute si nombrar la violencia de género es exagerado mientras otra familia entierra a una hija. No pedimos privilegios. Pedimos algo elemental: que vivir sin miedo no sea una conquista pendiente.

El comportamiento reciente del consumo interno de cemento en el Perú continúa posicionándose como uno de los principales indicadores de recuperación del sector construcción. Como insumo fundamental para el desarrollo de viviendas, infraestructura y obras civiles, el cemento constituye uno de los pilares de la actividad constructiva y un referente directo del nivel de ejecución de proyectos en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este indicador registró un crecimiento de 17.86 % en marzo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado del primer trimestre alcanzó una expansión de 14.36 %. La evolución observada refleja una mejora gradual de la actividad edificadora y de infraestructura a nivel nacional.

El resultado reportado responde principalmente al avance de proyectos de vivienda, infraestructura y edificaciones impulsados por la inversión privada, además del sostenido aporte de la autoconstrucción. Este comportamiento evidencia una mayor tracción en el sector construcción, especialmente en segmentos vinculados al desarrollo habitacional, ampliaciones urbanas y ejecución de obras civiles, donde la demanda de materiales continúa mostrando una tendencia favorable.

Desde una perspectiva técnica, el consumo de cemento suele considerarse un indicador adelantado del comportamiento del sector construcción, debido a que participa directamente en la mayor parte de las obras de vivienda e infraestructura. Por ello, el incremento en su demanda generalmente anticipa mayores niveles de inversión, ejecución de proyectos y actividad constructiva. En paralelo, la industria viene incorporando cementos adicionados y materiales cementantes suplementarios alineados con estándares internacionales de desempeño, como la norma ASTM C1157, orientados a optimizar la durabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad en las aplicaciones del concreto.

Asimismo, la industria cementera atraviesa un proceso de transformación impulsado por mayores exigencias de eficiencia, competitividad y desempeño ambiental. A nivel internacional, organismos como la Asociación Global del Cemento y el Concreto (GCCA) y la Federación Interamericana del Cemento (FICEM) vienen promoviendo lineamientos orientados hacia la descarbonización progresiva de la industria para 2050. Considerando que la industria cementera representa entre el 7 % y el 8 % de las emisiones globales de CO₂, el sector viene incorporando estrategias como el uso de combustibles alternativos, la reducción del factor clínker y el desarrollo de cementos con menor huella de carbono.

En el mercado peruano, estas tendencias comienzan a reflejarse mediante mayores niveles de inversión, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades productivas. Este contexto no solo responde a la recuperación de la demanda interna, sino también a la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más exigente en términos de productividad y sostenibilidad.

En conjunto, los indicadores actuales muestran que el sector construcción atraviesa una etapa de recomposición sostenida, respaldada por la inversión privada, la ejecución de infraestructura y el crecimiento de la demanda vinculada a vivienda y mejoramiento habitacional. La evolución del consumo de cemento continuará siendo un referente clave para evaluar las perspectivas de crecimiento y consolidación del mercado en los próximos meses.

Cinco son las jurisdicciones que adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal oportunamente establecido por la Ley Nacional Nro. 27.743: Mendoza; Santa Fe; CABA; Entre Ríos y Chubut. Sólo las tres últimas dictaron las normas reglamentarias para su efectiva aplicación.

En lo que refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) estableció que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con excepción de aquellos comprendidos en el Régimen Simplificado, deben informar en la factura o documento equivalente que emitan a consumidores finales por operaciones realizadas en CABA, la alícuota aplicable a la operación celebrada. Se establece el 31 de agosto de 2026 como plazo para que los contribuyentes y responsables puedan adecuar sus sistemas técnicos e informáticos a tales fines.

La Administración Tributaria de Entre Ríos estableció que estarán obligados a informar la incidencia que tiene el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la formación de los precios de las ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios, discriminados en los comprobantes que emitan, los contribuyentes inscriptos en el régimen directo o en Convenio Multilateral, quienes deberán discriminar la alícuota a que está sujeta la operación en la provincia y el monto total del impuesto estimado resultante del comprobante. Se prevé la implementación de ello de manera gradual y escalonada por segmentación de contribuyentes; para los “grandes contribuyentes” será obligatorio a partir de los 60 días corridos de la entrada en vigencia de la resolución que así lo dispone, mientras que para el resto de los contribuyentes recién será obligatoria a partir de los 180 días corridos. El Poder Ejecutivo Provincial estableció asimismo la obligación de informar en la publicación de precios, el importe final y el importe neto de impuestos (Impuesto al Valor Agregado, impuestos nacionales indirectos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos), acompañado de la leyenda “precios sin impuestos”.

Se establece el 31 de agosto de 2026 como plazo para que los contribuyentes y responsables puedan adecuar sus sistemas técnicos e informáticos a tales fines

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Chubut estableció que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de esa provincia, que tributan bajo el régimen del Convenio Multilateral, deben exteriorizar obligatoriamente la incidencia del tributo en las facturas, tickets o documentos equivalentes emitidos a consumidores finales, por operaciones realizadas en dicha jurisdicción. A tales fines deben utilizar el esquema de cálculo que dicha Agencia de Recaudación dispone, a cuyos efectos se considera como alícuota efectiva promedio de la Jurisdicción Chubut, para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 3,5%.

En cuanto a los sujetos obligados, se establece una implementación gradual y escalonada por segmentación de contribuyentes, estableciendo que en una primera etapa será obligatorio para quienes posean una base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos atribuible a la jurisdicción Chubut en el año 2025, igual o superior a $4.000.000.000 y estén incluidos en la actividad de venta al por mayor y menor en hipermercados, supermercados y minimercados. Se establece el 31 de agosto de 2026 el plazo para que los contribuyentes y responsables adecúen sus sistemas técnicos e informáticos para cumplir con las obligaciones descriptas.

La Provincia de Mendoza dictó su norma de adhesión previendo la obligación de detallar en los comprobantes fiscales la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad del sujeto emisor. La Autoridad de Aplicación -Administración Tributaria Mendoza-, no dictó hasta el momento reglamentación alguna al respecto.

ARCA debería adecuar las normas de facturación correspondientes, estableciendo en qué lugar y de qué modo esa estimación debería detallarse en los comprobantes respectivos

En el caso de Santa Fe, no hubo una ley provincial formal de adhesión, sino que el Ministerio de Economía encomendó a la Administración Provincial de Impuestos (API) a dictar las resoluciones necesarias a fin de que los contribuyentes informen a los consumidores finales la incidencia que sobre el precio neto facturado tiene el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Agregó en ese sentido, que la normativa provincial deberá estar en coordinación con la metodología y/o segmentación que disponga la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Hasta el momento la Administración Provincial de Impuestos no dictó norma alguna al respecto.

Ahora bien, más allá de que las adhesiones de las Provincias son limitadas y que solo tres hasta el momento dictaron las reglamentaciones pertinentes para hacerlo operativo, está claro que se trata de un régimen en el que coexisten diferentes alícuotas según la jurisdicción y el tipo de actividades desarrolladas por los vendedores de bienes, prestadores o locadores de servicios.

Por ello, para que la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las Tasas Municipales puedan verse reflejadas en los comprobantes emitidos a consumidor final, es importante que a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación o del área que se estime pertinente, se establezca el denominado “agente de cálculo”, que las empresas obligatoriamente deberían utilizar a tales fines.

Mendoza dictó su norma de adhesión previendo la obligación de detallar en los comprobantes fiscales la alícuota del IIBB correspondiente a la actividad del sujeto emisor

Luego, ARCA debería adecuar las normas de facturación correspondientes, estableciendo en qué lugar y de qué modo esa estimación debería detallarse en los comprobantes respectivos.

Como el referido “agente de cálculo” sigue pendiente de establecerse, cada jurisdicción está previendo en su normativa particular de qué forma debe calcularse e informarse el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que implica que los contribuyentes tengan que realizar una adecuación y desarrollo de sistemas para cada provincia en particular. Esta última opción es inviable desde el punto de vista administrativo y económico.

Por el contrario, lo que resultaría razonable es establecer la “forma de cálculo” que debería aplicarse en general, de modo de que la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las Tasas Municipales puedan informarse al consumidor final en todas las jurisdicciones, sin que ello implique crear y administrar un sistema técnico e informático diferente para cada provincia.

Los autores son CEO y Gerente de Lisicki Litvin & Abelovich

Hay fenómenos que la ciencia puede anticipar con semanas de antelación. Y hay otros que se ven venir con meses, e incluso años. El Niño 2026-2027 pertenece a la segunda categoría. El Centro de Predicción Climática de la agencia del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) confirmó una probabilidad del 82% de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio de este año, y del 96% de que continúe a lo largo del invierno boreal 2026-2027. Algunos lo llaman Súper Niño. Otros, directamente, Niño Godzilla. Las lecturas actuales sugieren que el fenómeno 2026-2027 podría ser el más intenso de la historia moderna. Lo que lo hace diferente de todos los anteriores no es solo su magnitud proyectada, sino que llega sobre un planeta que ya viene batiendo récords de calor año tras año. Cuando un fenómeno como El Niño fuerte se superpone a una atmósfera ya recalentada, los efectos se multiplican. La ventana para actuar existe. Pero no es indefinida.

La historia tiene una memoria climática más larga que la nuestra. Hace casi 150 años, entre 1877 y 1878, el mundo vivió un evento de características análogas. El saldo fue devastador, ya que se calcula que entre 30 y 50 millones de personas murieron por hambre y falta de agua, aproximadamente el 4% de la población mundial de entonces. Las sequías destruyeron cosechas simultáneamente en India, China, Brasil y partes de África; las inundaciones arrasaron las costas del Pacífico sudamericano; y las epidemias completaron la catástrofe sobre poblaciones ya debilitadas.

La diferencia es que en ese entonces no existían sistemas de pronóstico ni alertas tempranas.

Lo que viene para la Argentina y la región

El Niño tiene sobre nuestro territorio una firma reconocible. A partir de la primavera de 2026 se consolidaría una señal húmeda en el noreste argentino, con anomalías de precipitación superiores a 100 mm. Durante el verano 2026-2027, el núcleo lluvioso cubriría Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y el noroeste bonaerense. Se espera también mayor frecuencia de tormentas severas, inundaciones repentinas y olas de calor, con impacto directo sobre la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua y la infraestructura. El momento más crítico coincide exactamente con la campaña gruesa: la influencia más marcada se espera entre octubre de 2026 y marzo de 2027, el período clave para soja y maíz.

La región tampoco llega en buenas condiciones. El informe más reciente sobre el clima en latinoamérica de la Organización Meteorológica Mundial, presidida por la argentina Celeste Saulo, describe una América Latina que ya registra señales “inequívocas” de cambio climático: temperaturas históricas, glaciares andinos en retroceso acelerado, sequías que afectaron el 85% del territorio mexicano, déficits hídricos del 40% en el sur de Sudamérica, y un huracán que en 2025 le costó a Jamaica el equivalente al 41% de su PBI. El mensaje es contundente respecto a que los eventos extremos ya no son excepciones sino la nueva normalidad.

La oportunidad que no podemos desperdiciar

Aquí es donde el análisis debe convertirse en acción. Porque lo notable (y llamativamente poco discutido) de este momento es que tenemos algo extraordinariamente valioso: la capacidad de anticiparnos.

La antelación científicamente respaldada es un privilegio histórico. Y ese privilegio se traduce en tres conversaciones urgentes que las economías regionales, los gobiernos provinciales y el sector privado deben tener ahora, no cuando las cosas sucedan.

La primera conversación es hídrica. Las cuencas del Paraná, el Uruguay y el Salado tienen comportamientos conocidos bajo El Niño. Las cámaras agropecuarias, los consorcios de riego, los municipios ribereños y los operadores logísticos pueden ya hoy revisar protocolos, actualizar seguros, ajustar calendarios de siembra y planificar contingencias para el exceso hídrico. Quien lo haga primero, pierde menos.

La segunda conversación es productiva. El Niño 2026-2027 no solo trae riesgos sino también oportunidades. Las economías del norte argentino, históricamente golpeadas por la sequía, podrían ver mejoras en la disponibilidad de agua. Las economías del centro-este deben preparar su infraestructura para absorber el exceso sin colapsar. El sector energético debe anticipar variaciones en la demanda y en la generación hidroeléctrica. Esto requiere planificar de manera oportuna y responsable.

La tercera conversación es institucional. Los sistemas de alerta temprana son infraestructura crítica, exactamente igual que una ruta o un puente. La OMM fijó como meta global para 2027 que ninguna comunidad quede sin cobertura de alertas tempranas. La Argentina tiene una red meteorológica de más de 150 años de historia y capacidad técnica reconocida internacionalmente. Fortalecerla es sentido común económico. Cada hora de anticipación ante un evento extremo se traduce en vidas protegidas y pérdidas evitadas.

El planeta nos avisa. Escuchemos.

En 1877, nadie sabía lo que venía. Hoy lo sabemos con algunas semanas de anticipación, con modelos climáticos de alta resolución, con series de datos históricas y con experiencia acumulada en gestión de riesgos. La diferencia entre una catástrofe y una crisis manejable no la hace el fenómeno. La hace la preparación que elegimos tener antes de que llegue.

Cada 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), y vuelve a aparecer una discusión que merece ser abordada con responsabilidad: la idea de que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fomenta los TCA, según sostienen parte de los detractores de la norma sancionada en octubre de 2021.

Y cada vez que se repite ese argumento surge la misma pregunta: ¿por qué frente a un problema complejo la solución propuesta es quitar información?

Siguiendo esa lógica, ¿deberíamos eliminar la carta de vinos de un restaurante porque existen personas con alcoholismo? ¿Dejar de informar los riesgos del tabaco porque hay personas con ansiedad? ¿Quitar los precios porque algunas personas tienen problemas de consumo compulsivo?

Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades graves, multifactoriales y con consecuencias potencialmente muy serias para la salud. Precisamente por eso merecen ser discutidos con evidencia y no utilizados como argumento para debilitar políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la información alimentaria.

La información no genera un trastorno alimentario. Los TCA tienen causas complejas, vinculadas a factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales y culturales. En los TCA, la comida no es el problema central sino el síntoma más visible. Detrás suelen existir factores psicológicos, emocionales, biológicos y sociales.

Así como en el trastorno de pánico el síntoma visible puede ser una crisis de angustia, en los TCA el síntoma visible puede ser la restricción alimentaria, los atracones o las conductas compensatorias. En ambos casos estamos frente a trastornos de salud mental que no se explican únicamente por el síntoma que observamos.

Reducir ese problema a la presencia de un octógono en un envase no sólo simplifica una realidad mucho más profunda, sino que además desvía la atención de los desafíos reales.

Si realmente nos preocupan los TCA, discutamos TCA. Discutamos acceso a equipos interdisciplinarios, tiempos de espera para recibir atención, cobertura efectiva de los tratamientos, formación profesional, abordajes preventivos en el ámbito escolar, que la ley también contempla, y estrategias de prevención. Porque utilizar a las personas con trastornos de la conducta alimentaria para cuestionar el derecho a la información de toda la población termina sin resolver ninguno de los dos problemas.

Para quienes trabajamos desde hace años en la implementación y defensa de esta política pública es importante aclarar algo: quienes defendemos la Ley de Etiquetado Frontal no estamos demonizando a la industria alimentaria ni catalogando alimentos como “buenos” o “malos”. Como nutricionistas trabajamos con personas reales, con historias, necesidades y contextos diferentes. La alimentación es mucho más compleja que un sello en un envase.

Los octógonos no prohíben, no castigan ni obligan a nadie a consumir o dejar de consumir un producto. Simplemente informan. Y la información es una condición necesaria para que las personas puedan ejercer su libertad de elección.

Por supuesto que toda política pública es perfectible. Si hay aspectos de la ley que deben revisarse, discutámoslos con evidencia, con transparencia y con participación de todos los actores involucrados. Pero revisar una norma no debería significar volver a foja cero ni perder herramientas que han contribuido a mejorar el acceso a la información alimentaria de la población.

Necesitamos más educación alimentaria, más acceso a la atención en salud y más información clara para las personas. No menos.

Según los datos de mora del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el pago de los créditos del sector privado con los bancos -sin incluir fintech-, a marzo el monto en mora sumaba el equivalente de USD 7.000 millones, sobre un total de financiaciones de 142 billones de pesos.

Las familias registraron una mora de 11,7% y las empresas en el 2,8 por ciento.

El dato central es que, si se toma la serie histórica que publica el BCRA, la mora total del sector privado quedó en su máximo histórico, con el 7% de la cartera, por encima del nivel observado durante la crisis de la pandemia.

Si se observa la serie histórica de la mora de las familias, el registro quedó, por amplio margen, en el mayor nivel de toda la serie. Ante esta situación, el Banco Nación lanzó una línea de créditos para asistir a deudores en mora. La propuesta contempló tasa de interés fija de 65% nominal anual y plazos de hasta 72 meses

La tasa no pareció especialmente conveniente para préstamos personales que informó el BCRA en su último informe monetario diario fue del 64 por ciento.

La discusión de fondo es si este récord de mora de las familias -tanto en préstamos personales como, en particular, en tarjetas de crédito, donde se concentran los porcentajes más altos- respondió a un sobreendeudamiento, como sostuvo el ministro Luis Caputo, bajo la hipótesis de “licuar” deudas con inflación, o si hubo otros factores relevantes.

En primer lugar, nadie se financia con tarjeta de crédito con el objetivo de licuar una deuda: históricamente, las tasas fueron muy altas.

Tampoco es cierto que la mora haya aumentado porque subió el stock de crédito. Si sube el denominador, por definición, baja el porcentaje.

Además, la inflación subió durante nueve meses, hasta marzo de 2026. Por lo tanto, apostar a licuar deuda no habría sido un error si el BCRA no hubiera aplicado un ajuste monetario que elevó las tasas de interés.

Apostar a licuar deuda no habría sido un error si el BCRA no hubiera aplicado un ajuste monetario que elevó las tasas de interés

Lo que sí ocurrió es que el salario formal -tomo el formal porque es el que permite acceder al crédito bancario- creció durante varios meses por debajo de la inflación. En otras palabras, cayó el salario real. Y esto, aun tomando un Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones desactualizadas, lo que sugiere que la caída del salario real pudo haber sido mayor que la estimada con el IPC que publica el Indec.

La tasa de interés real de los préstamos personales mostró una tendencia ascendente a partir de mediados de 2024

La tasa de interés real de los préstamos personales mostró una tendencia ascendente a partir de mediados de 2024. En efecto, tras salir de la zona de tasas reales negativas, primero se ubicó en el 2% mensual en términos reales y luego escaló hasta superar el 4% mensual. Esto equivale a una tasa de interés real del 60% anual: un nivel difícil de sostener para salarios que ni siquiera suben al ritmo de la inflación o que, en el mejor de los casos, la superan levemente.

Las causas por las cuales una parte de la población se endeudó y luego no pudo pagar pueden estar asociadas a gastos que no son flexibles a la baja en el corto plazo. Cambiar a los hijos de colegio no es una decisión que se tome de un día para otro si se considera el impacto emocional. Mudarse a un departamento más chico porque el alquiler subió fuerte tampoco se resuelve de inmediato.

En definitiva, es difícil atribuir un aumento de la mora a una conducta especulativa generalizada que buscó licuar deudas “por deporte”.

El problema es el nivel de tasas de interés que enfrenta Argentina. Las razones son varias:

1. El ahorro interno es bajo. El sistema financiero argentino es el más reducido de América Latina. Lo superan incluso Ecuador, Bolivia y Paraguay, por citar algunos ejemplos.
2. El tamaño del crédito al sector privado en Argentina es el más bajo de América Latina, tanto si se mide préstamos al sector privado/PBI y depósitos/PBI.
3. Un Estado que absorbe parte del escaso crédito disponible y empuja las tasas al alza.
4. A medida que crece la mora del sector privado, aumenta el riesgo crediticio y las tasas suben.
5. Si bien el Gobierno redujo encajes bancarios, los niveles continuaron elevados. Los depósitos a la vista y los de money market quedaron en el 40%, mientras los plazos fijos tradicionales se ubicaron entre el 15% y el 20%. Por comparación, Brasil tiene un encaje bancario del 21% sobre los depósitos a la vista.

Política del BCRA

En este marco, el BCRA debería bajar los encajes bancarios para reducir las tasas de interés. Aun después de las reducciones recientes, Argentina siguió operando con encajes muy superiores a los de Brasil y Chile.

Durante 2025 el BCRA llevó el efectivo mínimo hasta el 50%, uno de los niveles más altos de América Latina y de la historia reciente del sistema financiero argentino, salvo en el período de estatización de los depósitos bancarios en los años 70, bajo un gobierno peronista.

Bajar encajes implica que queden más pesos circulando y eso puede impactar en la inflación. La alternativa en la que cayó el programa monetario parece ser:

• Bajar encajes y aceptar más inflación y suba del tipo de cambio, o
• Sostener encajes y restringir al sector privado.

Mientras se mantengan tasas de interés de este nivel por la intervención del BCRA en el mercado crediticio, quienes quedaron endeudados seguirán bajo presión y el crédito no será un factor de impulso del consumo. Y, cuando el deudor no puede pagar, el problema pasa a ser del acreedor.

En los últimos dos años hemos sobreinterpretado y bastardeado ante la opinión pública no solamente las estadísticas oficiales del Indec sino también mediciones de consultoras privadas cuyos reportes surgieron para informar sobre la participación de mercado de sus clientes antes que para ser tomados como parámetro nacional de indicadores claves de la macroeconomía.

Gracias a este bastardeo mediático, hemos logrado que la gente desconfíe de los datos de inflación, de pobreza, de actividad económica, de desempleo y de salarios. Todos los que hemos estudiado la ciencia estadística sabemos que hay un trade-off entre tamaño de la muestra y calidad del dato obtenido, pero también conocemos que los intervalos de confianza nos permiten sortear esas limitaciones con herramientas científicas confiables.

Lo más importante de una secuencia de datos a lo largo del tiempo es que no cambie la forma en que la medimos, de manera que sea comparable en el tiempo. Esa comparabilidad prevalece a la necesidad de actualizar la fórmula que medimos. Y aunque debamos hacerlo en intervalos de tiempo prudentes para reflejar cambios de hábitos u otras cuestiones, toda la bibliografía aconseja hacerlo cuando los valores del dato objeto de medición haya alcanzado cierta estabilidad.

En una economía que se estabiliza es normal que durante los primeros dos o tres años se vean cambios significativos en los hábitos de consumo

Dicho esto, volvamos a la controversia preferida del sistema mediático: el consumo.

Vamos a intentar explicar las limitaciones de las conclusiones pesimistas con las que muchos analistas mediáticos pretenden afectar negativamente las expectativas del mercado a la vez que alterar nuestras emociones personales:

Falacia 1: Consumo no es lo mismo que consumo masivo

El consumo general que se calcula trimestralmente en las cuentas nacionales al momento de anunciarse el dato del PBI abarca cualquier tipo de bien o servicio en el que la población invierte sus ingresos. Incluye desde alimentos y artículos de limpieza, hasta vehículos, artículos electrodomésticos, viajes, medicina prepaga y tarifas de servicios públicos. Las estadísticas públicas son inequívocas a la hora de calcular que durante el año 2025 este indicador creció un 8% respecto al año anterior. Y eso no excluye que, simultáneamente, el consumo masivo pudo haber caído o no. Y mucho menos puede inferirse que haya una correlación inmediata entre este indicador y el de pobreza.

Falacia 2: La prestigiosa consultora Scentia arroja datos reñidos con los mencionados en el párrafo anterior del Indec

Eso es falso. Se trata de mediciones diferentes. Siempre que tenemos una duda, lo mejor es invertir tiempo yendo a las fuentes. Tuve la oportunidad de invertir una hora de charla con Osvaldo del Río, titular de Scentia, quien tuvo la gentileza de explicarme en detalle su excelente informe. Lo primero que me contó es que la data surge para nutrir a las principales marcas y supermercados sobre su participación de mercado en góndolas y nunca tuvo la pretensión de aportar un dato de utilidad macroeconómica.

Frente a una inflación del 200% anual, la compra compulsiva de cualquier producto de consumo masivo es casi la única alternativa de las clases más vulnerables

Abarca el 100% de las bocas de grandes superficies y una muestra para el caso de los supermercados chinos y almacenes de barrio. Además, sólo incluye en su reporte las ventas de productos empaquetados que representan alrededor del 60% del consumo masivo total, excluyendo, por ejemplo, pero no solamente, todo aquello que se conoce como productos frescos, tales como carnes, frutas y verduras.

Vale la pena aclarar que la calidad y confiabilidad del informe de Scentia en relación a la información que le brinda a sus clientes para entender la penetración de sus productos en sus respectivos segmentos es excelente. Simplemente se trata de no pedirle peras al olmo.

El consumo relevado por la consultora sólo responde a la porción que titula consumo principal. Y también cómo otros rubros muestran un comportamiento completamente diferente.

Falacia 3: el comercio electrónico ronda el 5% del consumo total

Desde la pandemia hasta el presente, los hábitos de consumo han cambiado notoriamente y su impacto es aún mayor cuando se lo mide verticalmente en la pirámide demográfica para entender cómo compran las nuevas generaciones.

No se puede esperar que famosas plataformas globales como Temu, Amazon o Shein estén dispuestas a darle sus datos al Indec o a Scentia para completar sus informes, con lo cual ya sabemos que tenemos un déficit allí de difícil resolución.

El consumo vía e-commerce en todas sus formas crece anualmente a tasas del 25% anual y hoy representa cerca de un 15-20% del total de compras de la población

Sin embargo, con sólo visualizar lo que crece la venta electrónica que sí se reporta año a año, podemos darnos cuenta de que venimos subestimando esta forma de consumo sistemáticamente en el tiempo. Mientras que las formas presenciales registran movimientos de un dígito bajo, las formas digitales lo hacen a tasas de dos dígitos altos, tal como se puede ver en el gráfico de abajo.

Falacia 4: El consumo en 2023 era más alto porque la gente tenía mejor poder adquisitivo

Esta quizás sea la falacia de las falacias. Conocida también como la ilusión de la nominalidad, frente a una inflación del 200% anual, la compra compulsiva de cualquier producto de consumo masivo es casi la única alternativa de las clases más vulnerables para protegerse de la pérdida diaria de poder adquisitivo de su salario frente a los precios.

Lejos está eso de representar una mayor capacidad de compra. En todo caso, representa la única opción disponible frente a muchas otras que tiene hoy, en particular, la de no apurarse para gastar porque la suba de los precios navega día a día a una velocidad mucho menor.

Esto, sumado al crédito y las cuotas, reactiva otras líneas de un consumo más durable y menos masivo, como los electrónicos, las motos, los autos y hasta los bienes inmuebles.

Conclusiones

En una economía que se estabiliza, es normal que durante los primeros dos o tres años se vean cambios significativos en los hábitos de consumo, pasando de un esquema de protección a un esquema de elección selectiva.

El consumo vía e-commerce en todas sus formas crece anualmente a tasas del 25% anual y hoy representa cerca de un 15-20% del total de compras de la población.

Al menos un 30% de los bienes consumidos (autos, textiles, electrodomésticos) bajaron sus precios en términos reales gracias a la mayor apertura de la economía

El informe de Scentia es una excelente herramienta para que sus clientes comprendan su posición en el mercado “empaquetado” del consumo masivo. No es una herramienta para evaluar el consumo masivo total ni mucho menos el consumo en general. Y tampoco fue pensado para eso.

Al menos un 30% de los bienes consumidos (autos, textiles, electrodomésticos) bajaron sus precios en términos reales gracias a la mayor apertura de la economía. Es lógico que las mediciones que se hacen en valor no rescaten que la caída puede deberse más a precio que a cantidad.

Debido al punto anterior, y a la presencia de consumidores más activos en la búsqueda de opciones, la eficiencia del precio y de las compras se vuelven ventajas competitivas inevitables para el éxito comercial. Eso conspira contra las micro pymes y empuja a cierto nivel de consolidación que explica en parte el cierre de empresas o negocios de muy pequeña facturación.

La estabilidad macroeconómica también genera un estímulo virtuoso al ahorro

Por último y no menos importante, la estabilidad macroeconómica también genera un estímulo virtuoso al ahorro. Eso lleva a postergar consumos inmediatos menos importantes para apuntar a consumos futuros más relevantes en la economía de una familia.

Como vemos, hay muchas razones que explican una eventual caída del consumo masivo reportado mientras el consumo general crece. Ninguna de ellas correlaciona ni con la suba ni con la baja de la pobreza que muchos confunden con el menor ingreso disponible de la clase media.

Una socia de un gimnasio en Arequipa denunció que, después de renovar su membresía, se le exigió registrar su huella digital para poder ingresar al local. Según la denuncia, no se le habría solicitado previamente un consentimiento expreso, informado y específico para el tratamiento de sus datos biométricos. Además, la usuaria sostuvo que no sabía en qué banco de datos se almacenaría su información ni si la empresa contaba con medidas de seguridad adecuadas.

El caso llegó a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. El resultado fue una multa de 27 UIT —más de S/ 139,000— contra la empresa, al considerar que la recopilación de huellas digitales para controlar el acceso al gimnasio no era necesaria, pertinente ni adecuada para la prestación del servicio.

La resolución señala que el gimnasio tenía almacenadas 7,132 huellas digitales correspondientes a 3,566 titulares. La empresa sostuvo que el sistema biométrico no almacenaba la imagen completa de la huella, sino puntos de minucia convertidos en un código binario no reversible. También indicó que el registro de huella no era obligatorio, sino una medida de seguridad para evitar suplantaciones.

La autoridad, sin embargo, concluyó que el tratamiento de datos biométricos era excesivo, pues la finalidad de verificar la identidad del socio al ingresar podía alcanzarse mediante mecanismos menos intrusivos, como la presentación del DNI.

El punto más importante: ¿proporcionalidad o consentimiento?

La resolución ha generado una discusión relevante para cualquier empresa que utiliza sistemas biométricos: ¿puede el consentimiento del usuario validar el tratamiento de su huella digital?

La respuesta exige cuidado.

Es cierto que el consentimiento no debe usarse como una fórmula vacía para legitimar cualquier tratamiento de datos personales. Un consentimiento genérico, escondido en un reglamento interno, entregado después de la contratación o sin explicar claramente qué dato se recopila, para qué finalidad, por cuánto tiempo y bajo qué medidas de seguridad, difícilmente puede considerarse válido.

Pero también sería equivocado leer esta resolución como si la autoridad pudiera desconocer cualquier consentimiento específico simplemente porque considera que existía una alternativa menos intrusiva.

Ese es el riesgo de una lectura demasiado amplia del caso.

La proporcionalidad no opera en el vacío. Un tratamiento de datos no es proporcional o desproporcionado en abstracto. Siempre debe analizarse en relación con una finalidad determinada, explícita y lícita. Y cuando el tratamiento se basa en consentimiento, esa finalidad debe haber sido informada al titular como parte esencial de aquello que acepta.

Por eso, antes de discutir si un tratamiento era proporcional, primero hay que preguntarse si existió realmente un consentimiento válido. Si el usuario no fue informado antes de contratar, si la finalidad fue explicada de manera genérica, o si el acceso a un servicio ya pagado quedó condicionado a aceptar el enrolamiento, el problema principal no es de proporcionalidad. Es de consentimiento.

Lo que el caso realmente parece mostrar

Más que un precedente contra el uso de biometría en gimnasios, la resolución parece revelar un problema práctico más concreto: el consentimiento de la empresa no estaba suficientemente blindado.

Según los hechos descritos en la resolución, la usuaria habría conocido la exigencia de registrar su huella después de pagar y firmar el contrato. También habría tenido problemas para ingresar pese a que, según se le indicó, podía hacerlo con su DNI.

Ese detalle cambia la lectura del caso.

No estamos necesariamente ante una situación en la que una persona recibió información clara, aceptó expresamente el uso biométrico y luego cuestionó lo que había consentido. El caso parece más cercano a una situación en la que la información fue insuficiente, tardía o contradictoria. Si eso fue lo que ocurrió, la discusión debía centrarse precisamente en eso: si el consentimiento fue previo, informado, específico y libre.

El consentimiento no es una formalidad

El caso deja una lección importante: cuando una empresa utiliza datos biométricos, el consentimiento no puede ser tratado como un simple párrafo dentro de un reglamento interno.

Debe ser previo, claro, específico, informado y documentado. Debe explicar qué dato se recopila, para qué finalidad concreta, cómo será tratado, cuánto tiempo será conservado, qué medidas de seguridad existirán y qué opciones tiene el titular.

En sistemas biométricos, además, conviene justificar expresamente por qué ese mecanismo es razonablemente adecuado para la finalidad perseguida. No porque la autoridad deba aprobar el modelo de negocio de la empresa, sino porque la empresa debe poder demostrar que el titular entendió exactamente qué estaba aceptando.

La resolución no debería leerse como una prohibición indirecta de la biometría ni como una regla según la cual el consentimiento nunca basta. Cuando el consentimiento es insuficiente, tardío o genérico, la empresa queda expuesta. Pero si el consentimiento fue claro, específico y completo, la proporcionalidad no puede convertirse en una herramienta para vaciar de contenido la decisión informada del titular sobre sus propios datos.

El punto no es negar que la autoridad pueda controlar los tratamientos de datos biométricos. Por supuesto que puede hacerlo. El problema es convertir el principio de proporcionalidad en una segunda autorización sustantiva de la autoridad sobre decisiones que el titular ya adoptó de manera libre e informada. Si el consentimiento fue defectuoso, el problema es el consentimiento. Pero si el consentimiento fue claro, específico y completo, la autoridad no debería sustituir la decisión del usuario y de la empresa por su propia preferencia sobre el mecanismo de identificación.

La empresa sancionada aún puede impugnar la decisión. Este caso marca una advertencia para el mercado: usar biometría no está prohibido, pero exige un estándar alto de información, documentación y coherencia operativa.

Se repite con frecuencia que los votos no son endosables, y es cierto. Sin embargo, los anuncios de apoyos y alianzas sí tienen un impacto significativo sobre la opinión pública. El respaldo inmediato y contundente de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella, por ejemplo, fortalece la percepción del candidato opositor como favorito para la segunda vuelta, y puede atraer nuevos votantes, no solo entre quienes apoyaron a Valencia, sino también entre abstencionistas, indecisos y votantes en blanco.

En un contexto en el que el presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda, desconocen los resultados, la oposición enfrenta un reto adicional: lograr una victoria tan contundente que no deje margen a narrativas incendiarias capaces de alimentar la desconfianza y promover movilizaciones, tanto pacíficas como violentas. De ahí la importancia de consolidar alianzas tempranas. No obstante, para De la Espriella parecen existir pocas expectativas más allá del respaldo del Centro Democrático y de la incorporación de las maquinarias políticas de “los de siempre”, que acompañaban la campaña de Paloma Valencia.

Por el lado de Sergio Fajardo, el candidato ha destacado la alta cotización de su millón de votos, que considera “importante para definir la suerte de nuestro país”. También anunció que tendrá un papel activo en las semanas venideras y que no se irá a ver ballenas a Nuquí. Sin embargo, sus conversaciones con las campañas podrían terminar siendo una reedición del encuentro en el Hotel El Prado de Barranquilla con Paloma Valencia: un ejercicio de purismo y distancia política sin acuerdos concretos. Resulta poco probable que Fajardo apoye a De la Espriella, a quien ha señalado de representar “la cultura mafiosa”, pero tampoco parece inclinado a respaldar a Cepeda, por sus mensajes contra la institucionalidad.

Los demás candidatos no alcanzaron el 1 %, aunque Claudia López y Santiago Botero superaron los 200.000 votos, y merecen una consideración aparte. En el caso de Botero, difícilmente alguien buscará el apoyo explícito de un dirigente acusado de violencia intrafamiliar en plena semana electoral. Respecto a López, su llamado a Cepeda para no desconocer los resultados estuvo acompañado por una invitación a “liderar una plataforma que defienda a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”. López prefiere celebrar de nuevo el triunfo del petrismo antes que respaldar a quien ha denominado “el abogado de la mafia”, aunque su adhesión podría terminar siendo una noticia de impacto limitado.

En definitiva, los apoyos y alianzas representan un impulso para quienes avanzaron a la segunda vuelta, pero no garantizan la transferencia automática de votos. Las campañas deberán desplegar estrategias capaces de conquistar tanto a quienes eligieron otras alternativas como a quienes decidieron no votar.

Para Abelardo de la Espriella, eso debería traducirse en un mayor protagonismo de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, cuya imagen proyecta confianza, honestidad y profesionalismo, y en una menor exposición de los influenciadores de “Defensores de la Patria”, cuya beligerancia aleja a posibles aliados y votantes que no son “abelardistas”.

Para la campaña del Pacto Histórico, la conquista de votantes provenientes de candidaturas derrotadas parece más compleja, por lo que su estrategia podría concentrarse en movilizar a quienes se abstuvieron de votar. En varios departamentos donde Cepeda obtuvo la victoria, la abstención superó ampliamente el promedio nacional, como ocurrió en Bolívar y Córdoba. En ese contexto, las estructuras de movilización electoral en la Costa Atlántica —bien conocidas en Colombia— vuelven a cobrar relevancia. Han sido decisivas en más de una segunda vuelta mediante prácticas cuestionadas o incluso abiertamente ilegales, pero difíciles de ignorar por su efectividad.

Así las cosas, mientras Abelardo de la Espriella tendría un mayor margen para disputar los votos de las campañas derrotadas, Iván Cepeda podría apostar con más fuerza por ampliar la participación entre quienes se quedaron al margen de las urnas.

Hay una idea instalada que es ineludible problematizar: la de que la educación superior es un gasto. Quienes trabajamos todos los días en las universidades públicas argentinas sabemos que es exactamente lo contrario. La educación superior es la infraestructura silenciosa sobre la que se apoya buena parte de lo que nuestro país produce, exporta y proyecta hacia el futuro.

La aceleración tecnológica y la irrupción de la Inteligencia Artificial dejaron de ser un debate del mañana. Están transformando el mundo del trabajo, y el desafío de la educación superior ya no es solo transmitir conocimiento: es convertirse en un motor directo de empleabilidad. Por eso, desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN.BA lanzamos la nueva Tecnicatura en Diseño Gráfico Digital, una propuesta ágil pensada para dar respuesta inmediata a las industrias creativas.

El perfil profesional que el mercado reclama cambió. El diseñador gráfico ya no solo compone visualmente: necesita entender de experiencia de usuario, moverse en entornos dinámicos e integrar la IA en su flujo de trabajo. La automatización, lejos de reemplazar a las personas, funciona como un acelerador. El verdadero diferencial hoy no es manejar un software, sino tener la capacidad crítica y estratégica de comandar estas tecnologías. El mercado pide perfiles híbridos, que unan la sensibilidad estética con el pensamiento lógico-tecnológico.

La educación superior es la infraestructura silenciosa sobre la que se apoya buena parte de lo que nuestro país produce, exporta y proyecta hacia el futuro

Esa demanda no es abstracta. Sectores de alto valor agregado -los videojuegos, la producción audiovisual, el marketing digital- enfrentan hoy un cuello de botella por falta de recursos humanos calificados. Ahí es donde la universidad tiene algo concreto para aportar. La UTN carga con la enorme responsabilidad de formar a cerca del 80% de los ingenieros del país: esa es nuestra columna vertebral de largo plazo. Pero a través de formatos de pregrado tenemos la agilidad para responder en el corto plazo a las industrias que necesitan de la academia para crecer. Nuestro objetivo es claro: generar empleo y dinamizar la producción a través de la educación de calidad.

El debate cobra otra dimensión cuando se cruza con los números. La economía del conocimiento viene de marcar un récord histórico de exportaciones por 9.600 millones de dólares y se consolidó como el tercer complejo exportador de la Argentina. En un país que necesita imperiosamente generar divisas genuinas, la universidad no puede quedarse mirando desde afuera.

Por eso el mensaje hacia el gobierno nacional es directo: desfinanciar a la universidad es, en realidad, desfinanciar a quienes producen, a quienes exportan con valor agregado y a quienes van a traccionar las tecnologías del futuro. No hay modernización económica ni crecimiento del sector privado posible sin la infraestructura del conocimiento que proveen las universidades argentinas.

El mercado pide perfiles híbridos, que unan la sensibilidad estética con el pensamiento lógico-tecnológico

El camino tiene obstáculos reales. La velocidad con que deben actualizarse las tecnicaturas choca muchas veces con la realidad presupuestaria. En las áreas digitales, donde el sector privado paga salarios en dólares, retener talento docente en las aulas se vuelve un desafío crítico. Dar la pelea por el salario docente y por presupuestos dignos no es un reclamo corporativo: es la condición para que todo lo demás suceda. No hay transformación digital en la educación superior sin docentes valorados.

Las dos movilizaciones que recorrieron el país en defensa de la universidad pública mostraron que la sociedad argentina entiende esto con claridad. La universidad no pide que la cuiden por nostalgia. Pide que la sostengan porque sabe hacia dónde va y porque el país la necesita para llegar. El gran desafío es innovar sin perder el norte de la inclusión y la excelencia académica. Estamos a la altura. Falta que la decisión política también lo esté.

El autor es Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN.BA

Con la inminente salida a bolsa de SpaceX, la Space Economy se muestra como uno de los sectores más atractivos y de mayor proyección. Y este atractivo no tiene mucho que ver con las especulaciones de una futura llegada a Marte sino con su carácter transversal y fundamental como infraestructura crítica impulsora de la economía terrestre de los próximos años.

Es que poco a poco la Nueva Economía Espacial va ganando un mayor lugar dentro de la infraestructura de negocios global y ubicua: en todas partes y en todos los comportamientos humanos económicos y sociales tendrá lugar una porción del espacio, por mínima que sea. Esa parte corresponderá bien a un satélite que transmite una comunicación entre dos personas, a un equipo dedicado a producir imágenes de los suelos fértiles de un territorio agrícola, o un tracking GPS de un carguero que lleva automóviles, petróleo o trigo surcando los océanos.

Si hablamos de Nueva Economía Espacial antes deberíamos mencionar la existencia de una Antigua Economía Espacial. Esta última fue la protagonizada principalmente por las grandes potencias de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética, que en una gran partida de ajedrez por la hegemonía mundial, escalaron la llamada “Carrera Espacial”. Esta competencia la comenzó liderando la URSS con el lanzamiento del primer satélite artificial -el Sputnik 1, en 1957- y la terminó ganando EEUU, con la llegada del hombre a la Luna en 1969, con Armstrong, Aldrin y Collins plantando la bandera norteamericana en suelo lunar.

La motivación de esa época distaba mucho de ser económica, era claramente política e implicó la asignación de considerables fondos públicos para los programas espaciales desde ambos lados de la contienda. Estas erogaciones fueron debidamente justificadas de cara a la sociedad en la necesidad de “ganar la Carrera Espacial”. Una vez logrado el objetivo, ya resultaba insostenible tanto gasto fiscal para programas espaciales. Entonces, el sector entró en un extenso letargo que duró hasta ya bien entrados en el siglo XXI, todo un tiempo donde los presupuestos públicos, para por ejemplo la NASA, fueron mucho más acotados.

La economía del espacio vuelve a surgir con fuerza a partir de una mirada empresarial sobre órbitas, satélites y lanzadores. El “momento Sputnik” para los negocios (al igual que el primer hito de esta historia) fue el recupero parcial del Falcon 9, cohete puesto en órbita por SpaceX, dando lugar a una futura disminución drástica de los costos de tener artefactos, infraestructura, hardware suspendido a miles de kilómetros de la Tierra brindando servicios de todo tipo.

Surge entonces la Nueva Economía Espacial, dejando atrás el monopolio estatal, dando lugar a startups, corporaciones y a un ecosistema de capital privado en busca de retornos por inversiones en la prestación de servicios de conectividad global y explotación de recursos más allá de la Tierra. El cambio de paradigma es contundente: el espacio deja de ser un trofeo de la geopolítica, privativo de las rrandes potencias, y se transforma en un generador de negocios, una nueva forma de ganar dinero.

La economía del espacio vuelve a surgir con fuerza a partir de una mirada empresarial sobre órbitas, satélites y lanzadores

En la Tierra, muchos sectores se benefician de un mayor dinamismo con lo generado desde el espacio. Por un lado, la agricultura se vale de la GEOINT para optimizar cultivos, predecir escasez, reducir la huella de carbono, etc. Asimismo, el sector de Transporte y Logística usa el GPS y las SatCom para la optimización de rutas marítimas globales, en tanto que compañías de distintos sectores se aseguran la provisión de servicios de conectividad global e ininterrumpida a partir de servicios como Starlink o Amazon Project Kuiper. Finalmente, también las aplicaciones para finanzas y seguros se valen en tiempo real de parámetros climáticos, de observación terrestre, y la lista es mucho más amplia.

El actual ecosistema económico espacial es lo suficientemente amplio como para atraer actores diversos; contempla una cadena de generación de valor que comienza en la tierra con la minería, sigue con la fabricación de materiales especiales (el espacio no perdona, se requieren compuestos ultraligeros y aleaciones capaces de resistir calor extremo, estrés mecánico y radiación intensa), con los elementos de propulsión y combustibles, electrónica y semiconductores, componentes y subsistemas, cohetes y satélites. En la capa superior de esta pirámide de negocios, se ubican los operadores satelitales y de servicios que monetizan el uso de la infraestructura espacial, la conectividad, los enlaces y datos regresando a la Tierra.

La Space Economy representa hoy negocios por USD 626 mil millones, un número equivalente al PIB de Argentina en un año, proyectándose hacia 2040 entre USD 1 y 2 billones. En cada segmento anteriormente mencionado existen ya actores de peso y van emergiendo nuevos emprendimientos. Incluso sobre los que están, Morgan Stanley ha elaborado su propio framework de firmas que cotizan en bolsa y donde el inversor puede echar un ojo: el “Space 60”.

El nuevo mundo está en la plataforma de lanzamiento. Es preciso que directivos e inversores miren hacia el espacio, no ya como un lugar de exploración sino como el nuevo soporte de la infraestructura digital, que se está volviendo decisivo para la competitividad de los negocios de manera ubicua.

La comercialización del espacio no está “en camino”. Ya ocurrió.

En 1982 se estrenó Blade Runner, la película de Ridley Scott basada libremente en la novela de Philip K. Dick ¿Los androides sueñan con ovejas eléctricas? En ese futuro distópico —Los Ángeles, 2019—, un grupo de replicantes, humanos sintéticos creados para realizar las tareas ingratas de los humanos, escapa y regresa a la Tierra en busca de libertad. La empresa que los creó contrata entonces a Rick Deckard, el detective interpretado por Harrison Ford, para cazarlos.

En la escena final, Roy Batty deja uno de los monólogos más recordados del cine. Habla de cosas que ningún humano había visto: naves en llamas más allá de Orión, rayos-C brillando cerca de la Puerta de Tannhäuser. Y concluye que todos esos recuerdos se perderán “como lágrimas en la lluvia”.

En ese futuro imaginado, el desafío no era crear replicantes avanzados, sino distinguirlos de los humanos reales. Para eso existía el test de Voight-Kampff, basado en respuestas emocionales. Se asumía que los sintéticos no reaccionaban frente a las emociones como los humanos.

Hoy la medicina empieza a enfrentarse a un problema parecido. Una de las pruebas utilizadas para evaluar agentes de inteligencia artificial en salud es si un médico, un radiólogo o cualquier profesional puede distinguir si un reporte fue generado por un colega humano o por una IA.

Hasta hace poco, los algoritmos médicos de inteligencia artificial requerían años de entrenamiento para realizar una tarea específica. Por ejemplo, se entrenaba un modelo con cientos de miles de mamografías para detectar cáncer. Ese tipo de herramientas demostró ventajas como apoyo profesional, pero también tenía límites: no daba lugar al diálogo ni al intercambio clínico entre colegas. Además, reentrenar cada sistema hiperespecializado demandaba muchas horas de trabajo y millones de dólares.

Hubo empresas que desarrollaron algoritmos precisos, pero que, después de años de validación y aprobaciones regulatorias, se encontraron con tecnologías envejecidas o con recursos insuficientes. Ese escenario cambió de manera radical en los últimos años.

Desde aproximadamente 2023, los grandes modelos de lenguaje capturaron la atención de casi todas las industrias por su capacidad de generar texto de una manera muy humana. Pero su verdadero impacto no está solo en escribir bien, sino en digerir enormes volúmenes de información, procesar conocimiento y responder con una base que abarca buena parte de lo producido por la humanidad.

Sobre esa tecnología se incorporaron herramientas que imitan capacidades asociadas al cerebro humano, como memoria de corto y largo plazo. Hoy, distinguir si quien nos habla es una persona o un agente de IA se volvió cada vez más difícil.

En salud, además, existe un número creciente de estudios en Argentina y en el mundo que muestran que los agentes de IA pueden responder ante casos clínicos con mayor precisión que la gran mayoría de los médicos. Y cuando se consulta a los pacientes sobre la calidad de esas respuestas, muchas veces prefieren a la IA por empatía, claridad y disponibilidad.

En mi especialidad, neurología, más del 90% de los pacientes que llegan a una consulta ya hicieron antes una pregunta en alguna IA disponible. Algunos incluso traen esa conversación al consultorio y validan en tiempo real lo que el médico les dice.

Los agentes de IA en salud ya pueden tomar notas, conversar sobre un caso clínico, ofrecer recomendaciones, leer imágenes y ayudar a generar reportes con un grado de especialización avanzado, que mejora día a día a una velocidad impensada hasta hace poco.

Esto no significa que no existan riesgos. Se han visto reportes de ChatGPT fallando en hasta el 50% de las emergencias médicas: pacientes que deberían haber concurrido a una guardia por cuadros críticos recibieron indicaciones de permanecer en sus casas o consultar más adelante. Ese tipo de errores marca la necesidad de regulación, validación y uso responsable.

Aun así, la liberación del conocimiento médico y la facilidad de consultar sin costo con una IA son un tren sin frenos. Ninguna regulación ni prohibición va a poder detener por completo este fenómeno. Por eso, como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de incorporarlas de la manera más inteligente posible en la práctica clínica, sin alienar a los pacientes ni alejarlos del sistema.

Una salida razonable es invitar a los pacientes a traer la IA a la consulta como traerían a un familiar: compartir lo que conversaron, transparentar dudas, corregir errores y ordenar la información junto con el profesional de la salud.

En poco tiempo, esto que hoy vemos de manera informal se incorporará a la práctica formal. Los médicos tendremos equipos de agentes que responderán 24/7 a nuestros pacientes de forma segura y monitoreada; los pacientes serán evaluados inicialmente por agentes de IA; cirugías, turnos y agendas serán asistidos por sistemas automatizados.

Todos los procesos administrativos y clínicos del sistema de salud serán modificados por la inteligencia artificial.

Eso no implica un futuro distópico sin médicos ni una profesión condenada a desaparecer. Imaginar médicos cruzados de brazos porque cambió la forma de trabajar es desconocer la pasión y la vocación que sostienen a la medicina.

En Blade Runner, los replicantes eran difíciles de distinguir porque parecían humanos. En salud, las mejores IA ya se parecen cada vez más a nosotros. Pero nuestro desafío no es perseguirlas ni erradicarlas, como en la película, sino distinguirlas, entenderlas e incorporarlas para hacer mejor nuestro trabajo y cuidar mejor a nuestros pacientes.

Vivimos en una época hiperconectada, pero emocionalmente frágil. Nunca hubo tantas formas de comunicarse y, al mismo tiempo, tantas dificultades para construir vínculos sanos. Las redes sociales amplifican emociones, aceleran conflictos y exponen a chicos y chicas a situaciones para las que muchas veces no están preparados. El problema no son solamente las pantallas, sino la ausencia de herramientas comunicativas y emocionales para enfrentarlas.

Cada vez que entro a una escuela para conversar con estudiantes sobre vínculos, redes sociales y convivencia, confirmo algo: los chicos necesitan ser escuchados mucho más de lo que solemos imaginar.

Y detrás de las conductas que habitan la escuela como burlas, exclusión, agresiones en redes, dificultades para comunicarse o conflictos permanentes, aparece una realidad silenciosa: la ausencia de espacios genuinos para que niños y adolescentes puedan hablar de lo que sienten.

En los encuentros que realizamos en instituciones educativas aparecen algunas frases -entre otras- que interpelan profundamente: “se ríen de alguien y dicen que es un chiste”, “hay muchos chicos que están solos en los recreos” o “nadie se da cuenta de lo que me pasa”.

Y ahí la escuela vuelve a ocupar un lugar fundamental. No solo como espacio de aprendizaje, sino como territorio humano donde debemos enseñar respeto, convivencia, cuidado y empatía, entendida esta última como la capacidad de compartir y resonar con las emociones de un otro.

En este sentido, hacer tomar conciencia a los estudiantes del peso que siente un compañero/a ante el acoso o al reenviar un mensaje falso, les permite reconocer y darse cuenta del daño que pueden ocasionar. En consecuencia, con algunas estrategias implementadas, aprenden a detectar situaciones o malestares que antes pasaban desapercibidos y, en la medida de lo posible, tener herramientas para resolverlos.

Cuando habilitamos conversaciones sobre autoestima, amistad o bullying algo cambia. Los chicos y chicas participan, preguntan y se reconocen en las historias de otros. Comprenden que detrás de cada perfil en redes hay una persona real y descubren, quizás por primera vez, que ser buen compañero también es una forma de transformar el mundo.

Después de cada encuentro siempre queda la misma sensación, que los chicos no necesitan discursos, sino adultos presentes, capaces de escuchar sin juzgar, que los orienten sin imponer y que los acompañen con acciones concretas en lo que les pasa a diario en estos tiempos complejos. Por eso las charlas y los talleres con los estudiantes no son actividades aisladas, sino planteadas como oportunidades pedagógicas para construir vínculos y fortalecer habilidades socioemocionales. Y es por esto que también incluyen abordajes para docentes y material para padres. Educar hoy es una responsabilidad conjunta que implica enseñar a convivir en entornos virtuales, gestionar emociones y desarrollar pensamiento crítico frente a lo que circula en redes.

Las instituciones que se animan a trabajar estos temas forman personas más conscientes, más empáticas y más preparadas para vivir en comunidad. Tal vez allí esté uno de los mayores desafíos educativos de nuestra época: volver a humanizar los vínculos en un mundo cada vez más atravesado por pantallas. Ningún algoritmo reemplaza el valor de sentirse mirado, escuchado y querido. Y la escuela puede hacer mucho para lograrlo.

La diferencia central, según Clavijo, no estaría en la existencia de una mayoría consolidada para alguno de los dos, sino en la capacidad de cada uno para construir apoyos. Sobre Valencia, Clavijo afirmó que “le tocaría hacer muchísimo lobby político” y tender puentes para ganar gobernabilidad en los próximos cuatro años.

Para el analista, la senadora tiene el aval de los partidos políticos tradicionales y conserva una buena representación dentro de esas estructuras, un activo que le daría margen para moverse mejor en la negociación legislativa.

Esa ventaja, de todos modos, no eliminaría el principal obstáculo institucional. Clavijo advirtió en su video columna para Infobae que no existiría una mayoría total en las bancadas capaz de respaldar de forma automática las propuestas del próximo gobierno.

Paloma Valencia tendría más margen para negociar

Clavijo sostuvo que un eventual gobierno de Valencia contaría con facilidades relativas en materia de gobernanza y gobernabilidad. Esa lectura se basa en su inserción previa en el mundo político y en el reconocimiento que, a su juicio, ya tiene dentro de los partidos tradicionales.

Ese capital político no implicaría control del Congreso. Para sacar adelante su agenda, Valencia tendría que negociar con fuerza y desplegar una estrategia intensa de lobby para obtener respaldo de las bancadas en cada propuesta.

La tesis del analista es directa: Valencia recibiría un Congreso fragmentado, pero llegaría mejor equipada para operar dentro de esa fragmentación. Su experiencia acumulada durante años de trayectoria política le permitiría, según planteó, un nombre y un reconocimiento que pesan dentro de las fuerzas tradicionales.

La falta de una mayoría obligaría a tender puentes

El problema estructural que Clavijo identificó para Valencia fue la ausencia de una bancada unificada que pudiera apalancar sus iniciativas de gobierno. Ese escenario la obligaría a construir acuerdos de manera permanente y no a partir de una base legislativa asegurada.

La consecuencia sería una gobernabilidad apoyada más en la negociación que en la disciplina partidaria. Clavijo planteó que, aun con ventajas comparativas sobre su competidor, la dirigente tendría que buscar apoyo propuesta por propuesta dentro de una posible negociación con el Congreso.

Abelardo de la Espriella partiría con más resistencia

Para Abelardo de la Espriella, el panorama sería “totalmente diferente”, según la video columna de Clavijo en Infobae. La razón principal es que no proviene del mundo político y, por eso, no tendría el mismo reconocimiento orgánico dentro de las bancadas ni dentro de los partidos.

Clavijo lo definió como un outsider apoyado más en el golpe de opinión, en el dominio de la imagen personal y en el respaldo de la opinión pública. Ese perfil, en su lectura, serviría para conectar con votantes, pero no para destrabar con facilidad la negociación legislativa.

La diferencia con Valencia se ubicaría en el tipo de poder disponible. Mientras ella podría activar vínculos ya construidos en el sistema de partidos, De la Espriella dependería mucho más del respaldo social y mediático para intentar empujar sus propuestas.

El apoyo popular sería su principal herramienta

Clavijo afirmó que De la Espriella tendría que apoyarse “muchísimo más dentro de la población”. Esa necesidad lo llevaría a montar una campaña comunicacional más fuerte para intentar sacar adelante sus iniciativas con un apoyo popular centrado en medios tradicionales y no tradicionales.

La lógica de esa estrategia sería compensar su debilidad frente a las estructuras políticas. En vez de entrar al Congreso con redes previas consolidadas, debería presionar desde fuera con opinión pública favorable.

Ese camino, según el analista, no resolvería el problema de fondo. La resistencia que su figura podría generar dentro de los partidos seguiría siendo un límite para transformar apoyo ciudadano en mayorías legislativas estables.

Su rechazo a la política tradicional complicaría acuerdos

Clavijo añadió un obstáculo político adicional para De la Espriella: su campaña se ha estructurado alrededor del rechazo a la política tradicional, a las plataformas y a las camarillas políticas tradicionales. Ese discurso, que puede fortalecerlo ante votantes de opinión, complicaría la construcción de alianzas con los mismos actores que necesitaría para gobernar.

La dificultad no sería solo biográfica, sino estratégica. Cuanto más se afirme sobre una identidad enfrentada al sistema de partidos, más costoso resultaría después buscar acuerdos con esas fuerzas dentro del Congreso.

Por eso, Clavijo concluyó que sería “muchísimo más complicado” para De la Espriella sacar adelante propuestas en un posible Congreso durante los siguientes cuatro años.

Argentina tiene hoy las mejores condiciones en décadas para encarar un proceso de crecimiento sostenido. Es un crecimiento sano, anclado en equilibrios externos e internos, impulsado por la inversión y las exportaciones, y no por el consumo financiado con emisión monetaria. El potencial de catch-up del país frente al mundo es amplio, luego de un contexto en el que la economía se mantuvo estancada durante más de una década.

Los datos recientes empezaron a desafiar el escepticismo sobre la capacidad de Argentina para ordenar su economía. En este escenario, los indicadores sugieren un cambio de régimen: inflación en descenso, actividad en recuperación, mejora del frente externo, consolidación fiscal y señales de revalorización del riesgo soberano. A partir de esa base, se abren condiciones para sostener un ciclo de expansión con inversión y exportaciones como motores.

A continuación, revisamos los datos que permiten sostener que el país ingresó en un ciclo virtuoso.

La inflación, principal fuente de inestabilidad económica y deterioro del ingreso real durante los últimos años, consolidó una desaceleración: el índice mensual descendió a 2,6% en abril y cortó una racha de aceleración que se inició en 2025 con la incertidumbre electoral.

Es cierto que entre marzo y abril del año pasado también se observó una fuerte desaceleración. La diferencia este año es doble: no hay un proceso electoral en curso y el contexto muestra mayor avance en recomposición de precios relativos, saneamiento fiscal y normalización monetaria.

El contexto muestra mayor avance en recomposición de precios relativos, saneamiento fiscal y normalización monetaria

Lo central es que la caída de la inflación no estuvo acompañada por un colapso persistente de la actividad. Por el contrario, distintos indicadores mostraron una recuperación robusta.

La actividad económica registró en marzo un crecimiento de 3,5% mensual y de 5,5% interanual, y alcanzó el nivel más alto de la serie histórica desestacionalizada. Desde el piso observado en abril de 2024, la economía acumuló una expansión cercana al 11 por ciento.

Al mismo tiempo, el sector externo empezó a transformarse en uno de los motores del crecimiento. En abril de 2026, las exportaciones alcanzaron USD 8.914 millones, un récord histórico mensual.

Las importaciones totalizaron USD 6.204 millones, lo que arrojó una balanza comercial positiva de USD 2.711 millones.

Este desempeño del intercambio comercial se apoya, además, en equilibrios macroeconómicos que durante años parecían inalcanzables: superávit fiscal y de cuenta corriente de la balanza de pagos en simultáneo, y una marcada reducción de la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

Señales de normalización: riesgo país, FMI y tasas de interés a la baja

El cambio de régimen económico empezó a reflejarse también en la percepción internacional. Las calificadoras de riesgo mejoraron la perspectiva crediticia del país y el Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del programa vigente.

El mercado comenzó a reconocer una consistencia macroeconómica que Argentina había perdido durante décadas

El mercado comenzó a reconocer una consistencia macroeconómica que Argentina había perdido durante décadas.

El punto de inflexión se vio en la caída de tasas de interés y la recuperación del crédito. Las tasas de interés iniciaron un descenso sostenido y de carácter endógeno desde finales de febrero. Actualmente, la tasa Tamar, una de las principales referencias del sistema financiero, se mantuvo estabilizada en torno al 20% nominal anual durante más de un mes.

Este escenario de menores tasas de interés y mayor estabilidad macroeconómica empezó a mejorar las condiciones para el crédito al sector privado, cuya expansión se desaceleró durante el período electoral y ahora muestra señales de reactivación.

La estabilidad de tasas de interés también repercutió en el tipo de cambio

La estabilidad de tasas de interés también repercutió en el tipo de cambio: disminuyó la percepción de riesgo devaluatorio, visible en el mercado de dólar futuro, que pricea estabilidad del dólar en los próximos meses.

Al mismo tiempo, continuó un proceso de apreciación genuina del tipo de cambio, impulsado no por controles o intervenciones discrecionales, sino por mayor entrada de capitales orientados principalmente a sectores exportadores y a proyectos de inversión de mediano y largo plazo.

En este contexto, el Banco Central pasó de administrar la escasez de divisas a recomponer reservas internacionales de forma sostenida, en un escenario en el que la acumulación de dólares surge del nuevo equilibrio macroeconómico y no de restricciones artificiales sobre el mercado cambiario.

Con inflación descendente, menor volatilidad y tasas reales más previsibles, el crédito empezó a expandirse nuevamente y acompañó la recuperación de distintos sectores de la economía real.

Productividad y reformas: el margen de convergencia

Quizás el aspecto más relevante de esta etapa es que buena parte de las reformas estructurales implementadas recientemente todavía no desplegó plenamente sus efectos sobre la productividad y la inversión.

Las desregulaciones, la apertura gradual de sectores históricamente cerrados y la recomposición de incentivos económicos configuran un escenario distinto al de los últimos veinte años. Argentina parte, además, de niveles de capitalización, productividad y crédito bajos en la comparación internacional.

En ese marco, el potencial de catch-up es considerable. El concepto de catch-up económico refiere al proceso por el cual un país rezagado crece durante un período prolongado a tasas superiores a las de las economías desarrolladas y reduce la brecha de ingresos, productividad y nivel de vida.

Suele ocurrir cuando una economía limitada por malas políticas corrige desequilibrios y empieza a incorporar capital, tecnología y mejoras institucionales. En esos casos, el crecimiento potencial puede ser elevado porque el país parte de niveles deprimidos de productividad y de utilización de recursos.

El concepto de catch-up económico refiere al proceso por el cual un país rezagado crece durante un período prolongado a tasas superiores a las de las economías desarrolladas

Argentina sigue contando con abundantes recursos naturales, capital humano competitivo y sectores con elevada productividad potencial. Durante años, esos activos estuvieron condicionados por una macroeconomía desordenada y reglas de juego inconsistentes.

El crecimiento que empezó a observarse tiene rasgos distintos a otros episodios expansivos recientes. No se apoya en consumo financiado con emisión monetaria o atraso cambiario, sino en una combinación de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, inversión y expansión exportadora.

Quienes interpretan el escenario actual como un simple rebote cíclico probablemente subestimen la magnitud del cambio en curso. Los fundamentos que se consolidan sugieren algo más profundo: la posibilidad de que Argentina ingrese en un ciclo de estabilidad y crecimiento sostenido, como no se observó durante décadas.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

La muerte de Edgar Morin a los 104 años representa la despedida de uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Pocas veces su obra ha resultado tan vigente como en este momento histórico, atravesado por la sobreabundancia de información, la inteligencia artificial, las redes sociales y la creciente dificultad para distinguir entre conocimiento, opinión y verdad.

Filósofo, sociólogo y pensador francés, Morin planteó un cambio de paradigma para interpretar el mundo, el Pensamiento Complejo, el cual propone entender el universo y la sociedad como redes interconectadas.

Su obra nos permitió cuestionar una de las principales debilidades de los sistemas educativos modernos: la fragmentación del conocimiento. Mientras las escuelas organizan los saberes en materias aisladas, él insistía en que la realidad no funciona de esa manera.

“Los problemas humanos, sociales, ambientales y culturales son complejos, están interrelacionados y requieren una mirada capaz de conectar dimensiones diversas.”

Quizás una de las contribuciones más importantes de Morin, como propuesta filosófica y pedagógica, haya sido su libro “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, publicada a pedido de la UNESCO. Allí presentó una profunda transformación educativa basada en la comprensión de la condición humana, la construcción de una conciencia planetaria, la capacidad de afrontar incertidumbres y el desarrollo de una ética orientada al bien común.

En la obra, plantea que uno de los primeros saberes el que hoy parece interpelarnos con mayor fuerza es la ceguera del conocimiento. Allí advierte que todo conocimiento está expuesto al error y a la ilusión. No solo podemos desconocer algo, sino que también podemos creer que sabemos cuando, en realidad, estamos equivocados.

Nuestras ideas, experiencias, emociones, prejuicios e ideologías actúan como filtros que condicionan la manera en que interpretamos el mundo.

Vivimos en una época donde millones de personas acceden diariamente a cantidades inéditas de información. Sin embargo, la abundancia informativa no siempre genera comprensión. Las noticias falsas, la desinformación, los algoritmos que refuerzan nuestras creencias y los discursos simplificadores constituyen nuevas formas de ceguera del conocimiento.

Por eso -sostenía- que una educación verdaderamente transformadora debía enseñar a comprender cómo funciona el propio conocimiento. Aprender no consiste únicamente en incorporar contenidos, sino también en reconocer los mecanismos que pueden conducirnos al error. La escuela debe ayudar a los estudiantes a formular preguntas incómodas: ¿Cómo sé lo que sé? ¿Por qué creo que esto es verdadero? ¿Qué evidencias sostienen mis afirmaciones? ¿Qué perspectivas estoy dejando afuera?

En ese sentido, destaco una frase que recuperó del filósofo Michel de Montaigne (1533-1592) que se transformó en una verdadera declaración pedagógica: “Más vale una cabeza bien puesta que una cabeza llena”. La afirmación parecía desafiar siglos de educación centrada en la acumulación de datos. Para Morin, la función de la escuela no consistía en llenar mentes de información, sino en enseñar a pensar, relacionar, comprender y contextualizar.

En una época en la que cualquier dato puede encontrarse en segundos, esta reflexión adquiere una relevancia extraordinaria. La pregunta ya no es cuánto sabe una persona, sino qué hace con aquello que sabe. Paradójicamente, cuanto más acceso tenemos a la información, más importante se vuelve la capacidad de analizarla críticamente.

Su mirada también nos puede servir para analizar la irrupción de la inteligencia artificial. Las máquinas pueden producir respuestas, redactar textos, resumir investigaciones y generar contenidos en cuestión de segundos. Pero ninguna tecnología puede reemplazar la capacidad humana de formular buenas preguntas, evaluar argumentos, reconocer sesgos o comprender contextos.

Morin comprendió, antes que muchos otros, que el desafío educativo del siglo XXI no sería tecnológico sino profundamente humano. Y, frente a una cultura obsesionada con las respuestas inmediatas, defendió la necesidad de enseñar a pensar. Ante las certezas absolutas, reivindicó la duda; ante la simplificación, propuso la complejidad y, al individualismo, impulsó una conciencia planetaria que entendiera que los grandes desafíos contemporáneos solo pueden resolverse colectivamente.

Hoy, despedimos a uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo. Su legado nos deja una pregunta que atraviesa a educadores, familias, universidades y responsables de políticas públicas: ¿estamos formando personas capaces de comprender el mundo o simplemente personas capaces de acumular información? La respuesta a esa interpelación probablemente defina no sólo el futuro de la educación, sino de la humanidad.

¿Por qué puedo trackear desde el celular un paquete de tres mil pesos, pero no puedo trackear una licitación pública de tres mil millones?

Parece ridículo enunciarlo así, y seguramente la máquina de impedir que habita la administración pública va a enumerar un montón de motivos por los que no se puede. La realidad es que no se quiere.

Estamos viviendo el mayor cambio tecnológico de la historia y el Estado argentino se sigue pensando como en 1950. Mercado Libre, Globant y Ualá compiten en mercados globales con tecnología de punta. Cualquier vecino puede trackear un paquete de tres mil pesos desde el celular, segundo a segundo. El Estado, mientras tanto, sigue en modo Windows 95.

¿Por qué puedo trackear un paquete pero no puedo trackear una licitación pública? No hay una buena respuesta. Hay decisiones que no se tomaron.

En Corea del Sur, distintos distritos implementaron blockchain para registrar las evaluaciones de propuestas en licitaciones públicas. Los puntajes quedan grabados de forma inmutable: no los toca nadie, ni el funcionario más poderoso. En Estonia, casi todo el Estado funciona sobre arquitecturas digitales verificables, desde la salud hasta los impuestos. En los Emiratos Árabes Unidos el gobierno está ejecutando un plan para usar agentes de inteligencia artificial y reducir un 50% del personal estatal, brindando los mismos servicios o mejores.

Nosotros, mientras tanto, seguimos hablando de “digitalizar procesos” como si fuera una conquista épica.

¿Blockchain para licitaciones públicas?

Antes de avanzar, vale la pena decir en una línea de qué hablamos cuando hablamos de blockchain. Es, básicamente, una base de datos con dos propiedades que la hacen distinta a cualquier otra. La primera es que está descentralizada: no vive en un único servidor que controle un funcionario, una empresa o un gobierno, sino que está replicada en muchas computadoras al mismo tiempo. La segunda es que es inmutable: lo que se escribe ahí queda escrito para siempre. Si alguien intenta modificar un registro, la propia red lo detecta y lo rechaza. Es la tecnología detrás de Bitcoin, sí, pero sus usos son muchísimo más amplios y mucho más interesantes: contratos, historias clínicas, certificaciones académicas, registros de propiedad y —lo que nos interesa acá— procesos de compras y contrataciones públicas.

El proyecto de ley que presenté en la Legislatura porteña propone implementar esta tecnología en todos los procesos de compras y contrataciones del sector público de la Ciudad: administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado, la propia Legislatura. ¿Qué significa esto en castellano? Que cada paso de cada licitación quede registrado en una base de datos descentralizada e inalterable. El pliego original, las ofertas que se presentaron, los puntajes con que se evaluó cada una, la adjudicación final. Nadie puede borrar nada. Nadie puede modificar nada. Y cualquier vecino lo puede auditar, cuando quiera, desde el celular.

El proyecto también contempla que blockchain pueda complementarse con otras tecnologías, como inteligencia artificial, siempre que sumen a los mismos objetivos de eficiencia y transparencia.

Acá no estamos hablando solo de transparencia. Estamos hablando de la plata de los porteños. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Mejor gasto para mejores vidas, midió el costo de la ineficiencia técnica del sector público en América Latina: en Argentina equivale al 7,2% del PBI, contra un promedio regional de 4,4%. Somos campeones de la región en tirar plata pública por la ventana. Y entre los tres rubros donde el BID identifica que se concentra esa ineficiencia, uno es justamente el de las compras públicas.

La única vía sustentable para bajar impuestos es tener un Estado más eficiente. La única vía para tener un Estado más eficiente es incorporar tecnología. Y la tecnología que mejor combate la principal fuga de recursos del Estado argentino —la opacidad en las compras y contrataciones— es blockchain.

Llevamos 40 años prometiendo transparencia. Es hora de programarla.

Cada peso que se desvía en una contratación turbia es un peso que sale del bolsillo de un contribuyente. Cada licitación dirigida es un servicio público peor, o un impuesto más alto. No es una discusión moral. Es una discusión de arquitectura: hay que diseñar sistemas donde robar sea técnicamente mucho más difícil, y donde la auditoría no dependa del humor del funcionario de turno.

Este es el primero de una serie de proyectos que voy a impulsar con un objetivo claro: empezar a construir un Estado del siglo XXI. Un Estado al que no haya que pedirle confianza ciega, porque lo podamos verificar.

Alan Turing y el equipo de Bletchley Park usaron la criptografía para descifrar el código Enigma y ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial: rompieron un cifrado para revelar lo que el enemigo escondía. Hoy podemos usar la misma disciplina para ganar la guerra contra la corrupción.

Esta es una pregunta que tal vez requeriría otro libro, decía el entonces cardenal Prevost, hoy papa León XIV, cuando prologó la obra sobre la Doctrina Social de la Iglesia del padre John Joseph Lydon McHugh, en el año 2024. Como consignamos en nuestra nota del domingo pasado, el autor de ese prólogo fue quien, en sus consideraciones de entonces, se pregunta: “¿Por qué la Iglesia se pronuncia sobre temas socioeconómicos y políticos? ¿No está la Iglesia solo para administrar sacramentos y reunir creyentes para orar en comunidad?”

“De hecho, esta interpretación ‘dualista’ considera que la realidad (la historia humana) va por un camino, mientras la religión va por otro… Las dos ideologías influyentes y opuestas de nuestros tiempos… La de Karl Marx, que interpretó toda religión desde la óptica de este ‘dualismo’. Para él, la religión solo apunta hacia el cielo y no hacia la tierra, y por eso solo sirve para adormecer a la gente y evitar sus reclamos frente a las graves injusticias que soporta. La segunda ideología brotó del lado opuesto de Marx, de la filosofía liberal, que sostiene que toda religión es un asunto privado, sin voz ni opinión válida en los campos socioeconómicos y políticos. En la medida en que la Iglesia critica a un gobierno por no respetar los derechos humanos, por el trato hacia los pobres, por la contaminación del medio ambiente, etcétera, con frecuencia los políticos responden: ‘quédense en sus sacristías’”.

Vigencia y decadencia de las ideologías

A no ser que con el término “ideología” se pueda significar un sistema de ideas que sirve para describir una realidad política, económica o social. Frecuentemente las ideologías se usan para enmascarar la realidad, fundamentalmente la económica. Los segmentos dominantes de la sociedad ocultan los verdaderos propósitos por medio de una ideología.

Si en la vida pública hay enmascaramiento de la realidad, no hay democracia

Dice el papa León, número 134: “La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Esta, en efecto, no se sustenta únicamente en normas y procedimientos, sino, ante todo, en una relación leal con los hechos y en una orientación real hacia el bien de las personas y del conjunto de la sociedad. El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, para el cual, como escribió la filósofa Hannah Arendt, los súbditos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino ‘las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción’”.

Pero la ideología, dice Ferrater Mora, a la vez que ocultación y enmascaramiento de una realidad, es decir, ficción, puede ser revelación de esta realidad y puede ser utilizada como bandera o herramienta de lucha. En este sentido, según Vilfredo Pareto, autor de la Teoría de las élites, no es ni ciencia ni descripción de la realidad social (aunque parta y analice la realidad y hasta describa leyes del comportamiento social), sino un discurso dirigido a la acción. Ha sido frecuente que la filosofía política o económica no descubra la verdad, sino al contrario, la oculte. ¿El “cogito, ergo sum” (pienso, luego existo) no sintetiza una ideología que promueve normativas individuales y plurindividuales, pero partiendo del “yo” como núcleo central del ser? ¿No es una ideología que parte del ego del individuo, mediante un razonamiento analógico que ha sido desenmascarado por la filosofía de la otredad? Dice Laín Entralgo que el cartesianismo piensa: “yo creo que tú existes realmente, que realmente eres hombre y otro yo porque sos lo que yo veo en ti…”. Quienes siguen a Descartes apelan al razonamiento por analogía para descubrir la condición humana del otro, por una débil inferencia. Sin entrar en mayores consideraciones, digamos con el filósofo español citado que, desde fines del siglo XIX, ese conocimiento del otro por vía de un pensamiento analógico ha sido refutado. Sin embargo, y más allá de sus buenas intenciones, dicha teoría fue usada como ideología. ¿Y cómo? Ese pensar ideológico ha tenido y sigue teniendo gran vigencia y en él se funda el individualismo. De igual modo, el “marxismo” es una ideología que ha servido de pilar en la lucha revolucionaria en muchos países del mundo sobre la construcción de categorías inexistentes, como la “lucha de clases” como “motor de la historia” y otras. Al igual que sucede con la llamada lucha libertaria, que tras el término “libertad”, de hondo contenido emocional, enmascara y oculta un proyecto de poder económico de una minoría.

El laissez faire, laissez passer (dejad hacer, dejad pasar) y la libertad sin los límites impuestos por el Estado para quienes más tienen y cubrir las necesidades de quienes no tienen, no es una herramienta capaz de lograr un equilibrio social. Es una ideología. Lo de la “mano invisible” del mercado es una falacia. El crecimiento económico de unos pocos no produce el efecto del “derrame” en el que “todos ganan”.

Dice el papa León, número 39, que “para la Doctrina Social de la Iglesia… la afirmación del vínculo entre dignidad del trabajo, solidaridad entre los pueblos y evaluación crítica de la democracia y la economía de mercado sigue ofreciendo criterios para juzgar las nuevas formas de explotación, exclusión y crisis de la representación política”.

La teoría del derrame es una idea superada en todo el mundo que enmascara una realidad de más miseria, más enfermedad, más emigración, más abandono. Realidad que en el mundo lleva esperando más de un siglo. Así lo demuestra el hito de la encíclica de León XIII, que quedó clavado en la historia allá por el año 1891, y tras las dos grandes guerras mundiales ha sido y sigue siendo la razón del gran drama de la humanidad: la injusticia social y el aumento constante de la brecha abismal entre ricos, segmentos medios, pobres y excluidos.

El papa León XIV, en su “Magnifica humanitas”, no solo recalca la especial importancia de los pobres y excluidos, la brecha entre ricos y pobres, sino que la riqueza está cada vez más concentrada en menos manos, ampliando las desigualdades. Ya es inaceptable, dice, depender únicamente de “la mano invisible” del mercado, por lo que pide a los gobernantes que orienten las políticas hacia el “bien común” y a “promover trabajo digno, inclusión social y una distribución equitativa de los beneficios de la innovación tecnológica”.

Fundamentos y principios de la DSI

En el capítulo II, titulado “Fundamentos y principios” de “Magnifica humanitas”, se enumeran el bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiaridad, el principio de solidaridad y el principio de justicia social (números 77/81).

Durante años creímos que el cigarrillo estaba perdiendo la batalla cultural. Las imágenes de médicos fumando en televisión, los autos de Fórmula 1 cubiertos de logos de tabacaleras o los paquetes de cigarrillos regalados en recitales parecían escenas de otra época. El “chau pucho” había logrado instalarse como un horizonte posible y, con mucho trabajo de salud pública, el tabaquismo empezó a perder terreno.

Pero mientras discutíamos el final del cigarrillo tradicional, la industria encontró nuevas formas de reinventar la adicción. Hoy la discusión se corrió hacia la nicotina y los nuevos productos diseñados para captar consumidores jóvenes. Cigarrillos electrónicos, vapeadores, tabaco calentado (Iqos) y bolsitas o pouches producidos a base de nicotina sintética o derivada del tabaco ganaron terreno en Argentina y recientemente quedaron habilitados por la resolución 549/2026 del Ministerio de Salud de la Nación.

El grupo más vulnerable es el de los menores de 18 años. Según el propio Ministerio, durante el último año los vapeadores y cigarrillos electrónicos registraron una prevalencia de consumo del 35,5% en adolescentes, posicionándose entre las sustancias más consumidas en ese grupo etario.

Estos productos son rápidos, discretos y socialmente aceptados: no dejan olor, no producen humo visible y algunos de ellos pueden consumirse sin que los adultos lo noten. Las bolsitas de nicotina resultan un ejemplo claro: se colocan en la boca, duran una media hora y liberan nicotina rápidamente. Producen un efecto estimulante intenso que va directo al cerebro y equivale a fumar 6 cigarrillos comunes. Muchos adolescentes las usan en fiestas, recitales o reuniones sociales casi como si fuera una golosina transgresora.

También cambió la imagen. Lo que antes era un paquete de cigarrillos, ahora puede ser un dispositivo con luces LED, conexión Bluetooth o sabores frutales pensado para captar a quienes jamás hubieran fumado un cigarrillo tradicional. Y ahí aparece uno de los problemas más preocupantes: muchos jóvenes desarrollan dependencia a la nicotina incluso sin haber fumado tabaco convencional.

La publicidad ahora circula a través de influencers y redes sociales, donde el mensaje se instala con mucha más naturalidad. Incluso instituciones deportivas tienen como sponsor a las principales marcas globales de cigarrillos electrónicos y vapeo.

La nicotina es el corazón del problema. Esta sustancia altamente adictiva, actúa sobre el cerebro, altera circuitos de recompensa y favorece conductas de dependencia. Pero, al cambiar el formato, cambió también la percepción del riesgo. Muchos consideran que vapear o consumir bolsitas de nicotina es algo “menor”, “más sano”, “una moda” o incluso “una ayuda para dejar de fumar”. Sin embargo, genera dependencia y funciona además como puerta de entrada al cigarrillo tradicional.

La evidencia médica ya empieza a mostrar consecuencias concretas: personas cada vez más jóvenes con enfermedades cardiovasculares, daño inflamatorio respiratorio y signos de dependencia severa. Cuadros médicos que antes aparecían en fumadores a partir de los cuarenta años, hoy empiezan a detectarse a los veinte y, paradójicamente, en quienes casi no consumieron cigarrillos.

Mientras tanto, hay un dato importante: con ayuda profesional es posible tratar esta adicción. A quienes la detecten los impulsamos a consultar con su médico de cabecera, centros de cesación tabáquica, programas provinciales u ONG dedicadas a esta problemática, donde podrán recibir orientación.

Por eso, en el Día Mundial Sin Tabaco, urge actualizar la conversación pública. Ya no alcanza con hablar solamente del cigarrillo. Tampoco, con mensajes basados exclusivamente en el miedo o la prohibición. Necesitamos poner el tema en agenda con información clara, comprensible y honesta. Porque lo que está en juego no es una moda pasajera. Es la normalización de nuevas formas de adicción en generaciones cada vez más jóvenes que ya están sufriendo severas consecuencias en su salud.

Tras varias semanas extenuantes y cargadas de tensión, no solo por la persistencia del affaire Adorni sino fundamentalmente por el impacto de una interna que desbordó los límites de lo imaginado, el oficialismo parece haber encontrado un leve y provisional respiro.

Un respiro que no proviene tanto de la política, sino más bien del contexto macroeconómico. Es que, como quedó en evidencia durante las conmemoraciones oficiales del feriado patrio del pasado 25 de Mayo, la pax interna del oficialismo es muy precaria y el Presidente no está dispuesto ni a laudar a favor de algunos de los contendientes ni a arbitrar para moderar las tensiones y encolumnar a las partes.

Por el contrario, los gestos presidenciales durante los festejos proyectaron una imagen de una tregua aparente, una escenificación de encuentro y reconciliación a todas luces forzada entre las “Fuerzas del Cielo” que lidera el influyente asesor sin cartera Santiago Caputo y el “karinismo” y su guardia pretoriana comandada por el clan Menem.

Un enfrentamiento que no solo da cuentas de diferencias políticas, estratégicas y tácticas, sino que esconde una encarnizada lucha por el control de la botonera del poder político en el marco de un gobierno en el que el presidente desdeña la política y se encierra en dogmas y teorías económicas, dejando un tentador vacío de poder que no pocos aspiran a conquistar.

En este marco, el optimismo oficialista tras casi dos meses y medio de una agenda copada por escándalos e internas llegó de la mano de la performance de algunos indicadores macroeconómicos y datos financieros. A la baja de la inflación, que se consolidaría en la próxima medición, se le suman la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, una mejora de casi 10% en los indicadores bursátiles y, sobre todo, un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se destinará a recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro le había colocado en los últimos años al Banco Central, y que servirá para sanear el el balance de la entidad.

A ello hay que sumarle una calma cambiaria que si bien, a la luz de la historia reciente puede ser decodificada positivamente como un indicador de estabilidad, y un aliciente para la acumulación de reservas, también entraña un escollo para la reactivación productiva. Si bien la actividad evidencia, en la última medición, una mejora de 3,3%, ello no se explica por un crecimiento económico real, sino por el rebote respecto a la fuerte caída del primer trimestre. Y más allá de la performance de sectores como el energético o minero, los industriales como la siderurgia, la metalurgia o las automotrices ya anunciaron que la leve recuperación que se había registrado en abril se revirtió rápidamente en mayo.

Aunque las variables macroeconómicas y financieras insuflen un mejor ánimo en el Gobierno y permitan -aun transitoriamente- migrar la conversación a la economía frente a una agenda hasta hace apenas unos días hegemonizado por el caso Adorni y las internas, sin brotes verdes en el horizonte no hay mucho para festejar en un escenario donde se amplía cada vez más la brecha entre las promesas de un modelo productivo apuntalado por grandes inversiones en petróleo, gas y minería, y la dura realidad personal y familiar de millones de argentinos.

La destrucción del empleo es ya un dato insoslayable, y el impulso a sectores extractivos de baja mano de obra intensiva no permite avizorar una mejora en ese plano. Además, si se tienen en cuenta tanto el comportamiento de los salarios reales como la pérdida de los ingresos disponibles en relación a la inflación, no se avizora una mejora en los deprimidos niveles de consumo. Y, todo ello, en el marco de una morosidad creciente, que en el caso de las familias ya alcanza un altísimo 12%.

Lo cierto es que frente a este panorama, aún ante la palmaria evidencia de que no hay alivio que se traduzca en una mejora en la vida cotidiana de los argentinos, Milei parece cada vez más convencido de que la economía acabará por ordenar la política, garantizarle su reelección y consolidar su modelo económico.

En algo tiene razón el Presidente: si los argentinos lo vuelven a elegir será por la economía, no por la política o la batalla cultural; y si no lo reeligen no será por las internas, los errores políticos, ni siquiera por escándalos de presunta corrupción como el del jefe de gabinete. Aunque, claro está, son todos problemas que potencian los desafíos e interrogantes, y le dan aire a una oposición que aún lucha por encontrar referencias competitivas.

Así las cosas, un presidente ensimismado y obsesionado por tener la razón sigue desperdiciando -como lo hizo durante los 80 días de zozobra por el caso Adorni- de un tiempo precioso que, tras el paréntesis del Mundial, ya no podrá recuperar en un proceso en que todo se teñirá inevitablemente de lo electoral. Allí ya será otra la historia.

No recuerdo qué pensador francés dijo que en la mayoría de los hombres las convicciones se corresponden con las conveniencias, sentencia que con tanta justeza explica las miradas del presente. Las encuestas juegan un papel acomodaticio, se parecen en lo general para adecuarse luego a las necesidades de cada sector.

La homilía de García Cuerva durante el Tedeum de la fecha patria marcó el peso y la centralidad que el Papa Francisco le aportó a la Iglesia Católica, y esas palabras, que transitan el espacio del ausente sentido común de nuestra política, lograron el apoyo de la mayoría de los argentinos, más allá de su convicción religiosa, y la distracción oportunista de un gobierno que espera ser beneficiado por la visita papal. El Papa León XIV, no casualmente de nacionalidad estadounidense, con evangelización en el país hermano del Perú, le impone al presidente Trump parecidas exigencias y limitaciones. Aquel cardenal Bergoglio, que los gobiernos kirchneristas se negaron a escuchar, devolvió con su sabiduría una vigencia a la religión que no permite ya semejantes ausencias. El mensaje de la Iglesia recupera lo central del ser humano, la trascendencia, y lo esencial de la política, la solidaridad. Los fracasos del presidente de Estados Unidos en sus absurdas pretensiones dejan también al desnudo la irracionalidad de nuestra política exterior.

En el presente y con premura, el gobierno de Milei se ocupa de privatizar lo que pueda, sin aclarar, naturalmente, que privatizar es una simple metáfora de robar, de dejar en manos de pocos lo que se construyó con el esfuerzo de todos. La idea de que el egoísmo de algunos puede generar mejoras en la desesperación de las mayorías es una turbia mezcla de falsedad y envilecimiento. Vivimos un proceso donde lo que se ha vuelto esencial, el egoísmo, intenta destruir los límites éticos de toda sociedad integrada. Cierto es que debemos asumir la responsabilidad de los gobiernos anteriores en deformar la solidaridad y terminar permitiendo la consecuente primacía del egoísmo.

Escuchar los despreciables intentos de formulación ideológica de las libertades de los poderosos para no hacerse cargo de los daños que generan en el resto de los habitantes no puede dejar de significar un despreciable gesto de decadencia. Toda sociedad necesita del éxito de sus sectores productivos tanto como del control y de la limitación a la corrupción de los intereses especulativos. El mero hecho de que se haya convertido en un lugar común la presencia de asesores extranjeros junto a los distintos candidatos deja al desnudo la carencia de políticos, de vocaciones dispuestas a defender lo colectivo que, como todo acto creativo, jamás puede depender de consejeros foráneos como cultores del oportunismo.

Cuando uno escucha a Julio María Sanguinetti o recuerda al Pepe Mujica, esos respetables ex presidentes uruguayos, toma conciencia de que las personas de bien, en su tránsito por la política, desarrollan las virtudes humanas y no las limitaciones de la picardía.

Día a día se va terminando la oscura demencia de que el egoísmo de los ricos permitiría la mejora de la angustia de los pobres merced al famoso derrame. No hay futuro sin Estado ni presente sin mercado, la demencia de valorar la moneda por sobre el ser humano se agota en la realidad de las necesidades cotidianas.

Empezando a pensar en las elecciones, es fundamental que la figura de Cristina Kirchner y La Cámpora dejen de ocupar su lugar de amenaza para cualquier recuperación del espacio de lo nacional. Las necesidades colectivas necesitan imponerse sobre las individuales más allá del debate acerca de la actuación de la Justicia. Por otro lado, las burocracias, acostumbradas a parasitar la política, deben ser obligadas a convocar a elecciones internas transparentes, solo después de las cuales estaremos en condiciones de recuperar el poder. Como nota de color, o no tanto, quiero agregar mi convicción de que en la próxima elección presidencial se enfrentarán Axel Kicillof y Patricia Bullrich, por más que en ambos bandos existan intereses decididos a complicarlos. Sin embargo, a veces la realidad derrota hasta a las mismas perversiones.

Quisiera cerrar este artículo con un pequeño homenaje: nos dejó Ernesto Jauretche, uno de los más respetables militantes de nuestro movimiento con quien la distancia en los proyectos jamás impidió el afecto y la solidaridad.

Existe una chance cierta de que en los próximos tiempos la Argentina sea incorporada a una especie de guerra —cómo decirlo— teológica o metafísica interplanetaria, lo que se sumaría a los pequeños problemas, discusiones y desafíos reales que ya la atraviesan. Esta afirmación —corresponde reconocerlo— parece disparatada. Y ojalá lo sea. Pero empieza a tomar forma apenas se pone atención en una de las historias más interesantes que se desarrollan en Buenos Aires: la llegada, con el objetivo de vivir aquí, de Peter Thiel, uno de los magnates tecno más poderosos del mundo. Thiel habita desde hace algunas semanas una mansión remodelada en Barrio Parque, junto a su marido y sus dos hijas. Desde allí desarrolla una activa vida política.

Thiel nació en Alemania. Es un brillante ajedrecista. Estudió filosofía y derecho en la Universidad de Stanford, el corazón intelectual del desarrollo tecnológico norteamericano. Es el fundador, inspirador y conductor de Palantir, la empresa de inteligencia artificial que trabaja más directamente con el Pentágono, y ha sido un instrumento central en las operaciones antiinmigración desde la llegada de Trump al poder. También fue uno de los principales financistas de las candidaturas del actual presidente norteamericano y de su vice, J.D. Vance. Ha escrito un par de libros muy fundamentados y profundos, y ha dedicado parte importante de su energía a la agitación política. Tal vez debido a esa inusual combinación es presentado muchas veces como el principal teórico de la derecha mundial en las últimas décadas.

La instalación de Thiel en Buenos Aires llamó, naturalmente, la atención de la prensa mundial, y este jueves The New York Times publicó una extensa nota sobre el asunto. Según el artículo, Thiel eligió la Argentina, en principio, porque si hubiera una guerra mundial no sería de los países más afectados. Ese dato es significativo. Muy pocas personas toman decisiones de vida trascendentes ante la eventualidad de que se produzca un holocausto nuclear. No figura eso en el horizonte de sus vidas. Pero Thiel le teme a ese escenario. O se trata de un caso de paranoia, o sabe cosas que el resto del mundo ignora: la potencia de los instrumentos que él y otros están creando, por ejemplo. Además, según la pieza periodística, Thiel está huyendo de California donde existe la amenaza de que aumenten los impuestos al patrimonio y a todo eso se le suma que está interesado en la experiencia libertaria de Javier Milei, con quien mantiene una fluida relación personal.

Todo eso, de por sí, es muy interesante. Pero hay algo en el artículo del diario neoyorquino que se introduce en una dimensión menos terrenal. Parece ser que Thiel invitó a su casa a un grupo de economistas argentinos y que uno de los temas centrales de los que habló en esa reunión fue “el anticristo”. Ese detalle no es menor ni casual. Porque ese concepto, el de “anticristo”, es casi una obsesión en el pensamiento del magnate. No se trata de algo tangencial, de una metáfora, o de una especulación: es una de sus preocupaciones centrales. Y es de eso de lo que está hablando con algunos de sus interlocutores locales.

Hay una enorme cantidad de material que permite conocer el pensamiento de Thiel, porque ha sido muy generoso al exponerlo en conferencias grabadas y en reportajes en medios muy influyentes. Hace poco menos de un año explicó el concepto de “anticristo”, en una extensa nota que concedió, también, a The New York Times. Allí se enredó en una discusión con Ross Douthat, el entrevistador que conduce el fascinante podcast Interesting Times (tiempos interesantes).

—Quiero que hablemos del Anticristo —propuso en un momento el periodista.

—¿Cuánto tiempo tenemos...? —lo desafío Thiel.

Thiel explicó entonces que en el siglo XVII la imagen del anticristo estaba asociada a la de un científico ambicioso y loco que pretendía usar su poder para dominar a la especie humana o desatar una tragedia que terminara en su extinción. Pero que actualmente el Anticristo tiene rasgos exactamente inversos. El pánico ante aquella idea ha generado un nuevo anticristo, que intenta construir un Estado global totalitario, para limitar, justamente, el desarrollo científico, que sería la única herramienta que podría terminar con el estancamiento humano. Para Thiel, la humanidad está estancada desde hace medio siglo. Y lo está por el poder de ese Estado totalitario mundial, construido por el Anticristo. En la red que teje el Anticristo figura cualquier regulación, especialmente las que se establecen por motivos medioambientales, pero también, por ejemplo, las regulaciones impositivas.

En sus propias palabras:

• “Existe una especie de texto distópico descontrolado. Existe el riesgo de una guerra nuclear, existe el riesgo de un desastre ambiental, existe el riesgo de armas biológicas. Obviamente existen ciertos tipos de riesgos con la Inteligencia Artificial. Pero si vamos a hablar de riesgos existenciales creo que tenemos que hablar de otro tipo de riesgos: el riesgo de un Estado totalitario mundial”.
• “Porque para todos estos riesgos, la solución por defecto que aparece es un gobierno mundial. ¿Qué hacemos con las armas nucleares? Tenemos las Naciones Unidas que las controlan. ¿Qué hacemos con la Inteligencia Artificial? Necesitamos una gobernanza mundial, que controle todos los ordenadores, cada pulsación de cada tecla. Tengo muchas ideas sobre el tema, pero una pregunta es: ¿Cómo se apodera el anticristo del mundo? Da discursos demoníacos e hipnóticos y la gente simplemente cae en la trampa”.

En la historia del capitalismo ha habido siempre debates parecidos alrededor de cuántos impuestos o cuánta regulación o cuántos controles se le puede imponer al desarrollo científico o al productivo para evitar crisis y, al mismo tiempo, no generar un estancamiento. La Argentina ha sido un territorio donde estas discusiones siempre estuvieron muy presentes. Pero aquí hay algo distinto. Para Thiel, las regulaciones y los controles son amenazas existenciales y espirituales para la humanidad.

Le pregunté a ChatGPT por qué Thiel utiliza términos teológicos como el “Anticristo” en lugar de enmarcar sus planteos en un debate político o económico clásico, o en una lucha de intereses. Me respondió: “Para Thiel, cuando la sociedad entra en pánico colectivo —ya sea por el cambio climático, las pandemias o la Inteligencia Artificial— el debate racional se suspende. El peligro real no es un mal argumento sino el miedo apocalíptico. El miedo ciega a las personas y las lleva a ceder voluntariamente su libertad a cambio de paz y seguridad. Thiel busca alertar sobre la naturaleza seductora y engañosa de ese control, el cual no se presenta como un tirano evidente sino como un ‘salvador’ o un administrador compasivo que promete protegernos del fin del mundo”.

Las teorías conspirativas han proliferado a lo largo de la historia humana y, por cierto, han producido un enorme daño. Lo relevante en este caso es que quien defiende esas ideas es un hombre con recursos económicos, tecnológicos y políticos infinitos. El mismo Thiel ha contado diálogos que mantuvo con Elon Musk, otro de los integrantes de esta curiosa cofradía, que parecen realmente de película: casi ninguna persona en el planeta hablaría de estas cosas. “Esta es una conversación que tuve con Elon en 2024. ‘Si Trump no gana estoy pensando en irme del país’, le dije. ‘No hay adónde ir… no hay adónde ir’, me respondió él. Unas horas después pensé que Elon ya había abandonado su idea de Marte. Lo de Marte no era un simple proyecto tecnológico. Era la creación de una alternativa. Pero en 2024 Elon llegó a creer que si ibas a Marte, el gobierno progresista de los Estados Unidos, la IA progresista, te seguiría hasta allí”. Se trata, como se ve, de gente que se siente muy amenazada y cree en la existencia de una batalla entre la Inteligencia Artificial woke y la de la derecha. En otra de esas conversaciones, por ejemplo, Musk calculó que en diez años los Estados Unidos contarán con mil millones de robots humanoides.

El relato de Thiel, en muchos momentos, se vuelve muy religioso. “¿Es tan absurdo lo que acabo de contarles, como explicación general del estancamiento, que el mundo entero se haya sometido durante 50 años a la paz y la seguridad? Esto se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:3, el lema del Anticristo es ‘paz y seguridad’”. Tesalonicenses refiere a un fragmento del Nuevo Testamento donde se reproduce una de las cartas que San Pablo le escribió a cristianos perseguidos en Grecia en el siglo I de la era cristiana.

Así que el tal Thiel vive entre nosotros y en ciertas mansiones se discute sobre el Anticristo y esas cosas. Tal vez Marte no era la solución para sus angustias, sino la Argentina: si no está a salvo, al menos se va a divertir. De hecho, en la nota del New York Times hay una referencia explícita a nosotros: “Nos hemos sometido a la FDA. Regula no sólo los medicamentos en los Estados Unidos sino en todo el mundo. La Comisión Reguladora Nuclear regula las centrales nucleares en todo el planeta. No se puede diseñar un reactor nuclear modular y simplemente construirlo en la Argentina. No confiarán en los reguladores argentinos”.

O sea, un grupo de hombres poderosísimos cree que el Anticristo domina el mundo y está dispuesto a armarse hasta los dientes para combatirlo. El más inteligente de ellos vive ahora en Barrio Parque porque sospecha que las garras del Estado global totalitario no lograrán cruzar la Avenida del Libertador. En su cabeza conviven algoritmos del Pentágono, citas de San Pablo y la idea de fabricar reactores nucleares eludiendo a los burócratas de Washington. Mientras tanto, agenda reuniones con el Presidente y el ministro de Economía.

Un genio de Silicon Valley suelto en Buenos Aires, intentando escapar del fin del mundo. No digan que no son tiempos interesantes.

Interesting times.

IUna mañana en el Instagram, una nota llamativa me atrapó, una balacera al auto de un empresario muy conocido, supuestamente por haber puesto a disposición del pueblo una plataforma de inversiones con IA de alta rentabilidad y cero costos.

Pensé en ese instante “qué raro, no leí en ningún portal esta info”.

Está claro que luego de la noticia venia un formulario de la Empresa para registrarse en ese sitio que daba unas ganancias fabulosas.

La tentación me llevó el dedito hasta… pero no, a último momento una vocecita gritó ¡ALTO!

En mi infancia, tenía una tía que a todas las publicidades que veíamos contestaba, sí, sí, te voy a creer, y estas palabras eran emitidas con una voz solemne y burlona y abarcaban cualquier producto o servicio, en cualquier parte del planeta.

Y si uno le preguntaba contestaba con una sonrisa divertida: ¡te lo dicen para que compres!

Claro que, como uno era un párvulo, quería comprarlo igual y exponerse al mísero destino de comprobar que era mentira.

Esa fue la vocecita que escuché antes de meter el dedo, la que me enseñó a dudar.

Al día siguiente un discurso del mismísimo y expresivo presidente de la Nación, presentando al susodicho empresario y una plataforma novedosa para ganar dinero sin hacer nada.

¿Pero cómo? ¿No era que el gobierno le había mandado a balear su auto?

Toda una contradicción.

Todo falso ciertamente. Los paraísos no existen, los rendimientos son falacias, las promesas vanas y bajar tres talles en un mes… imposible.

Por un lado, es como cuando uno se entera de que los Reyes son los padres o que el ratón Pérez no existe.

Una desilusión dolorosa, toda esa magia, todas esas promesas de bienestar, de figuras que se consiguen en un mes después de años de abandono, de dinero con grandes ganancias, todo mentira.

Qué triste, ni un poco de pensamiento mágico nos dejan.

En fin, el resultado es que ahora con la IA se puede clonar casi todo.

La imagen, la voz, los ademanes, las ideas, puedo clonar mi cara y hacer un anuncio de cualquier cosa y nadie se dará cuenta. O tomar una foto de cuerpo entero y fabricarme un video bailando como Michael Jackson, cantar una ópera, o dar un discurso en arameo.

También se puede acusar a cualquier persona e inventar pruebas condenatorias en su contra.

Un verdadero infierno.

Y no hay censura, eso es lo peligroso.

Nadie sale a decir esto es falso, ni siquiera el letrero del FBI que aparecía como advertencia de películas pirateadas…nada, solo un silencio que avala la mentira o favorece la incertidumbre.

Yo soy bastante fan de la IA bien usada, trabajo, facilito tareas, hasta me programé un Agente de IA.

Pero el contenido es mío, el esfuerzo es mío y todavía no le vendí el alma al diablo.

La pregunta es…hasta dónde pueden llegar para vender o convencer de algo.

¿Dónde está el límite entre la necesidad de ventas y la ética, la moral, la solidaridad en tal caso? Y la Generación Silver todavía es vulnerable a estos ataques.

Sun Tzu decía que al enemigo hay que conocerlo bien para ganar la batalla.

Y es cierto, cuanto más sepamos, más protegidos estaremos, nosotros los Silver, para que nadie nos quiera vender espejitos de colores.

Estudiemos el tema, comparemos, razonemos, antes que la IA nos devore.

Lo que aún no logra la IA, es el contacto humano.

El hecho de tomar un café con otros y comentar estas cosas, puede ser un primer y excelente recurso para desarmar cualquier teoría.

Hay que leer y estar atento, hay sitios en internet que enseñan lo básico en cursos gratuitos de cuatro días, tanto como para estar preparado o entender de por dónde va la cosa.

El marketing

Durante la pandemia se me ocurrió estudiar marketing digital en un Instituto Español.

Siete meses de sufrimiento y diversión por partes iguales, con tutorías a horas impropias y clases en las que aprendí a armar una publicidad atractiva, e impartirle la sensación de necesidad y de urgencia.

Varias frases como por ejemplo: “Hay quienes no quieren que veas esto”; “Este aviso desaparecerá” (teorías conspirativas, a la gente le encanta); o “La gran industria farmacéutica bloqueará este anuncio”, o “Las líneas aéreas no quieren que sepas esto”, en fin.

Nada que no sepamos, pero el incauto cae. Y capaz que no es una estafa, pero si un anuncio engañoso y perjudicial.

Y después eso evolucionó mil veces con la Inteligencia Artificial.

Más rápida, mejor presentada, más completa.

Por eso debemos conocerla.

Porque según quien la use es fantástica o tramposa.

Todos tuvimos una tía que nos enseñó a dudar… ¡escuchen la vocecita antes del clic!

Esta es la foto de la mejor desarmadora de engaños… y no es IA, es ella misma.

El Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), junto con las retenciones, es señalado por buena parte de los economistas como una de las cargas más regresivas de la economía nacional. Sin embargo, casi no se escuchan propuestas para eliminarlo: la lógica de “necesidad mata relato” opera como consigna recurrente de un populismo que, una y otra vez, busca justificar su permanencia.

Tras la sanción del RIGI, muchas voces plantearon que esa medida de promoción -que baja 10 puntos el Impuesto a las Ganancias- debería extenderse a todo tipo de inversiones. El punto es otro: son las grandes inversiones las que vuelven viable una baja de la carga tributaria con la estabilidad necesaria para generalizarla.

La minería del cobre puede mover de manera decisiva el amperímetro del desarrollo en las provincias donde se encuentra el mineral, en el marco de los objetivos de la transición energética planteados hace 11 años en París: electromovilidad, migración a energías renovables, necesidades de transmisión eléctrica y demanda de los centros de datos donde se desarrolla la inteligencia artificial.

Demanda global y escala productiva

Para cumplir con esos acuerdos, entre 2022 y 2042 se consumiría tanto cobre como el utilizado desde el inicio de nuestra civilización, al pasar de un consumo anual de 22 a 44 millones de toneladas (t.) de cobre fino por año.

Entre 2022 y 2042 se consumiría tanto cobre como el utilizado desde el inicio de nuestra civilización

Para producir 300.000 t. de cobre fino por año (Vicuña, Pachón o Taca Taca) se deben generar más de 900.000 t. de concentrados. Para lograrlo, se deberá extraer más de 250.000 t. de roca mineralizada por día. Esa escala explica el volumen de empleo y de actividad asociada: extracción, transporte, trituración, molienda y tratamientos, además de la construcción de escombreras y diques de colas para depositar rocas sin valor económico y sobrantes del proceso.

El trabajo sobre el impacto económico y social realizado por mi equipo de la Subsecretaría de Minería de la Nación aportó datos relevantes sobre el PBG sanjuanino.

Qué muestran los datos del PBG en San Juan

En la comparación del PBI nacional y el PBG provincial (índices base 100 = 1993 con empalme base 2004) se observó un comportamiento similar entre ambos hasta 2005, cuando comenzó la minería metalífera a gran escala.

Entre 2004 y 2015, San Juan acumuló un 146% de crecimiento de su PBG versus 49% de aumento del PBI del país. En 2015, el sector minas y canteras produjo un aporte directo de 7,8% al PBG, y el efecto indirecto (demanda intermedia, construcción y consumo) representó 10,2%. El aporte total del sector minas y canteras fue de 18% en 2015: casi un quinto del PBG sanjuanino, en un año con precios internacionales de los metales preciosos por debajo del promedio de años anteriores y con un contexto macroeconómico que dificultó la actividad, especialmente en exploración.

El aporte total del sector minas y canteras fue de 18% en 2015: casi un quinto del PBG sanjuanino, en un año con precios internacionales de los metales preciosos por debajo del promedio

Dos proyectos de cobre significarían un aporte por inversión extranjera directa durante los tres primeros años -construcción de infraestructuras, planta de procesos, aperturas del yacimiento, alojamientos con más de 2.500 camas en cada mina, oficinas, talleres, polvorines, laboratorios, comedores y otras dependencias— de USD 2.030 millones por año. De esa inversión extranjera directa para dos proyectos, USD 1.911 millones quedarían en San Juan: cinco veces más que el aporte actual de la minería en la provincia.

A partir del cuarto año se exportarían 520.000 t. de cobre fino por año: USD 6.240 millones, de los cuales unos USD 3.000 millones de esas ventas quedarían en San Juan, con indicadores económicos y sociales que cuadruplicarían los aportes de la minería del oro.

Competitividad, proveedores y la presión tributaria

Hoy hay que entender que se parte del 100% de cero, y así será hasta que se inicien las construcciones de los grandes emprendimientos de cobre. La producción de cobre requiere la mejor competitividad económica posible, además de confianza en las instituciones políticas.

Para lo primero, no cobrar IIBB a los proveedores de bienes y servicios puede acelerar decisiones de inversión. El fenómeno económico que se produciría en la economía provincial —vía poder de compra de los trabajadores y reinversiones de proveedores— ayudaría, en un futuro cercano, a eliminar el IIBB de toda la economía provincial.

Sin IIBB, el resto de las actividades industriales y económicas de la provincia también mejoraría su competitividad, y San Juan podría ser la primera provincia en salir de un sistema pensado solo para recaudar y competir en un mundo donde los precios finales de las mercaderías no se pueden esquivar.

El autor es Ex Subsecretario de Minería de la Nación Ex Diputado Nacional y Provincial

Argentina atraviesa uno de esos momentos históricos en los que la economía parece debatirse entre dos tiempos distintos: el técnico de la macroeconomía, que exige disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reformas estructurales, y el social y político de las familias y las empresas, que necesitan resultados concretos en su vida cotidiana para sostener expectativas, consumo, inversión y apoyo político.

El gobierno de Javier Milei decidió desde el inicio priorizar el ordenamiento macroeconómico como condición necesaria para cualquier recuperación futura. En términos conceptuales, la estrategia tiene fundamentos reconocidos por buena parte de la teoría económica moderna: reducción de la inflación, estabilización cambiaria, equilibrio fiscal, saneamiento del Banco Central, y disminución del peso de la deuda cuasifiscal como base para reconstruir credibilidad.

Economistas como Milton Friedman sostuvieron históricamente que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, mientras que Thomas Sargent y Robert Lucas Jr. desarrollaron la idea de que las expectativas económicas son determinantes en la dinámica inflacionaria. Bajo esa lógica, el ajuste fiscal y monetario del actual gobierno apunta a modificar expectativas y cortar con décadas de dominancia fiscal sobre la política monetaria argentina.

Señales macro y el límite de la percepción social

Los resultados iniciales en materia inflacionaria y de estabilización cambiaria muestran señales que el mercado internacional observa con atención. La desaceleración de la inflación, el superávit fiscal financiero y una mayor disciplina en las cuentas públicas representan cambios que, hasta hace pocos años, parecían políticamente imposibles en Argentina.

El desafío aparece cuando la macroeconomía choca con la percepción microeconómica de la sociedad

El desafío aparece cuando la macroeconomía choca con la percepción microeconómica de la sociedad. La economía no se mide solo en indicadores agregados: también se mide en la capacidad de una pyme de sostener ventas, pagar salarios, financiar capital de trabajo y evitar romper la cadena de pagos.

También se mide en hogares que todavía sienten pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y dificultades para llegar a fin de mes, aun cuando la inflación desacelera.

Costos inmediatos, beneficios diferidos y voto en presente

En economía política hay un punto central: los procesos de estabilización suelen tener costos sociales inmediatos y beneficios diferidos. John Maynard Keynes advertía que “a largo plazo estaremos todos muertos”, una frase usada para describir la tensión entre necesidades presentes y promesas futuras de los programas económicos.

El problema para el gobierno de Milei es que la sociedad vota en tiempo presente. Las empresas y los hogares no solo evalúan la dirección de la economía: evalúan su situación concreta. Una pyme puede reconocer que la inflación baja es positiva y aun así encontrarse asfixiada por caída de ventas, altas tasas reales, presión impositiva o dificultades de financiamiento.

Un trabajador puede valorar la estabilidad cambiaria y, a la vez, no registrar mejora real en su ingreso disponible

Del mismo modo, un trabajador puede valorar la estabilidad cambiaria y, a la vez, no registrar mejora real en su ingreso disponible.

Preocupación por no cobrar el resultado

Allí reside quizás el mayor riesgo político del programa económico: que el electorado comprenda intelectualmente la necesidad del ajuste, pero que emocional y materialmente no pueda sostenerlo en el tiempo. La legitimidad social de los programas de estabilización depende muchas veces de que los beneficios empiecen a percibirse antes de que el desgaste económico y psicológico erosione el capital político del gobierno.

La historia argentina ofrece antecedentes donde gobiernos atravesaron las etapas más difíciles del ordenamiento macroeconómico, pero no llegaron a capitalizar electoralmente los beneficios posteriores. El riesgo para la administración Milei es realizar el trabajo políticamente más costoso -el ajuste del gasto público, la corrección de precios relativos y el sinceramiento económico- mientras otro espacio político aprovecha en el futuro los efectos positivos sobre la actividad, el crédito y el consumo.

En términos económicos, puede existir una diferencia temporal entre la recuperación de la macro y la recuperación de la micro. La estabilización financiera puede anteceder varios trimestres a la mejora efectiva del empleo, los salarios reales y la rentabilidad empresarial. El problema es que los calendarios electorales suelen ser mucho más cortos que los tiempos de maduración de las reformas estructurales.

Las personas perciben las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias futuras esperadas (Kahneman)

También hay un componente psicológico y social que muchas veces la teoría económica subestima. Daniel Kahneman mostró cómo las personas perciben las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias futuras esperadas. En otras palabras, el sacrificio presente suele pesar más que una promesa racional de mejora futura.

Por eso, el desafío del Gobierno no pasa solo por ordenar variables macroeconómicas, sino también por construir una transición socialmente sostenible. La estabilidad económica necesita legitimidad política, y la legitimidad política requiere que las personas perciban algún alivio concreto en su economía diaria.

Argentina probablemente necesitaba un fuerte ordenamiento macroeconómico. Pero también necesita que ese ordenamiento se traduzca en una mejora tangible para la economía real antes de que el desgaste social transforme una eventual estabilización exitosa en una derrota política. Porque, paradójicamente, uno de los mayores riesgos para el gobierno de Milei es hacer el trabajo más ingrato de la política económica y dejarle a otro gobierno, a partir de 2028, el terreno fértil para capitalizar los beneficios de una macroeconomía finalmente estabilizada.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market

Hay cinco cosas que hay que hacer para fundir una empresa.

Robar. Un directorio y/o una gerencia dedicados a coimear y robar aseguran la decadencia de cualquier organización. En lugar de implementar la mejor estrategia para clientes y empleados, los gerentes deciden en función de su beneficio personal y directo. El resultado es predecible.

Tener equipos mediocres. En un mercado competitivo una empresa no subsiste sin un equipo de gerentes incentivado y capaz. El equipo puede ser honesto, pero si le falta hambre, profesionalismo o conocimiento de sus mercados es igualmente letal. La lentitud y las malas decisiones son música para los oídos de la competencia. Como decía Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe adónde va.

Vivir del lobby. Muchas empresas basan su ventaja competitiva en la capacidad de navegar en mercados regulados. Son expertas en despachos oficiales, hábiles para mantener privilegios frente a competidores locales o extranjeros. Es una ventaja real, pero efímera: a mediano plazo estas empresas suelen ser superadas por los verdaderos entrepreneurs, aquellos que crean valor en lugar de capturarlo.

Tener cash flow negativo. Las empresas con un flujo de fondos negativo de ingresos y gastos corrientes quiebran, sin excepción. Ni los accionistas ni el sistema financiero financian los déficits corrientes indefinidamente. El tiempo siempre le cobra a quién gasta más de lo que genera.

Endeudarse en exceso. En países volátiles, las empresas deben mantener niveles de endeudamiento conservadores. El costo del capital suele superar el retorno de los activos que financia. Mejor crecer en forma sostenida que montar ciclos de expansión y colapso que destruyen valor en cada vuelta.

Las empresas exitosas hacen lo opuesto: tienen equipos de management excelentes, mantienen una estructura de capital razonable, financian su crecimiento con cash flow operativo, premian las mejores prácticas de gobernanza, castigan la corrupción y crecen en función de sus verdaderas ventajas competitivas — no de privilegios temporales.

Cualquier analogía con la historia del Estado argentino es mera coincidencia.

* El autor es PhD en Economía y se dedica al private equity desde 1992.

La reciente decisión del Banco Mundial de destinar US$ 200 millones para fortalecer la competitividad y transparencia de la minería peruana envía una señal muy clara: el Perú sigue siendo visto como un país con enorme potencial para convertirse en un proveedor estratégico de los minerales que el mundo necesita.

La iniciativa busca modernizar la información geocientífica, optimizar los procesos de permisos y fortalecer las capacidades institucionales del sector. Son aspectos fundamentales para transformar recursos geológicos en inversión, empleo y desarrollo.

Quien asuma la Presidencia de la República el próximo mes de julio debe comprender la magnitud de esta oportunidad y el momento decisivo que enfrenta hoy la minería global.

La transición energética, la expansión de las tecnologías limpias y la reconfiguración de las cadenas de suministro han convertido a los minerales críticos en recursos estratégicos para las principales economías del mundo. Países como Estados Unidos, China y miembros de la Unión Europea están redefiniendo sus estrategias para asegurar el abastecimiento de minerales indispensables para la electromovilidad, las energías renovables, la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura eléctrica.

En ese escenario, el cobre ocupa un lugar central. Un vehículo eléctrico requiere entre tres y cuatro veces más cobre que uno convencional. Las redes de transmisión, los parques eólicos, las plantas solares y los sistemas de almacenamiento energético demandarán volúmenes crecientes durante las próximas décadas. Diversos organismos internacionales coinciden en que la demanda mundial de cobre continuará creciendo sostenidamente hacia 2035 y 2040.

El Perú tiene una posición privilegiada frente a esta nueva realidad. Somos el tercer productor mundial de cobre y aportamos cerca del 11.5% de la producción global. Además, contamos con una cartera de 65 proyectos mineros valorizados en más de US$ 63 mil millones, donde más del 70% corresponde a iniciativas cupríferas.

Estamos, por tanto, frente a una oportunidad extraordinaria no solo para impulsar el crecimiento económico del país, sino también para consolidar al Perú como uno de los principales proveedores de minerales estratégicos para el mundo.

Y esa oportunidad cobra aún más relevancia si consideramos que la minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas y continúa siendo una de las principales fuentes de inversión y empleo formal.

En un contexto internacional marcado por la desaceleración económica y la incertidumbre geopolítica, el desarrollo de nuevos proyectos mineros puede convertirse en un motor decisivo para dinamizar inversión, infraestructura y oportunidades en distintas regiones del país.

Pero el desafío no es únicamente contar con recursos minerales. La verdadera diferencia estará en nuestra capacidad para convertir ese potencial en proyectos viables, sostenibles y competitivos.

Eso exige fortalecer la institucionalidad, mejorar la eficiencia de los permisos, brindar predictibilidad a la inversión y avanzar con una visión de largo plazo. Requiere también liderazgo político y capacidad de articulación entre el Estado, las empresas, las comunidades y la academia.

Al mismo tiempo, resulta clave fortalecer alianzas internacionales y espacios de cooperación con organismos multilaterales y países estratégicos. En un contexto donde los minerales críticos son considerados esenciales para la seguridad económica y energética global, el Perú tiene la posibilidad de posicionarse como un aliado confiable dentro de cadenas de suministro cada vez más resilientes y diversificadas.

El mundo necesita más cobre y minerales estratégicos para sostener la transición energética y el crecimiento tecnológico. El Perú tiene los recursos, la experiencia y el potencial para responder a esa demanda. La gran pregunta es si tendremos la capacidad de actuar con la velocidad, visión y coordinación que exige esta oportunidad histórica. Porque hoy no solo está en juego el futuro de la minería peruana, sino también el lugar que el país quiere ocupar en la nueva economía global y su capacidad para convertir esa riqueza en desarrollo, infraestructura y bienestar para todos los peruanos.

Mientras América Latina concentra algunos de los índices de violencia más altos del mundo, una organización argentina intenta instalar en el sistema interamericano un debate históricamente postergado: el reconocimiento pleno de las víctimas del delito como sujetos de derechos humanos.

La iniciativa parte de un diagnóstico contundente: América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 33% de los homicidios del mundo pese a representar apenas el 8,3% de la población global, situación que evidencia -según el propio texto de la Convención- una crisis estructural de violencia y desprotección institucional.

En ese contexto, las Dras. Mariana Romano y María Jimena Molina, representantes de la Asociación Civil Usina de Justicia, participarán de la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este año tendrá lugar en Panamá, donde continuarán impulsando la “Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito”, una iniciativa inédita en la región destinada a establecer obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados americanos en materia de acceso a la justicia, reparación integral, protección frente a la revictimización y participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales.

Usina de Justicia -presidida por la Dra. Diana Cohen Agrest- es actualmente la única organización de la sociedad civil especializada en derechos de las víctimas reconocida como miembro permanente ante la OEA, condición que le ha permitido sostener durante años una agenda internacional de incidencia jurídica y diplomática en Washington DC y en distintos foros interamericanos.

La iniciativa no surge de manera aislada. Durante los últimos años, la organización desarrolló reuniones de trabajo con funcionarios, juristas, académicos y representantes diplomáticos de distintos países de la región, además de impulsar la circulación formal del proyecto ante las Cancillerías americanas. En las últimas semanas, las Cancillerías de Costa Rica, Colombia, Honduras y Chile respondieron favorablemente al envío de la propuesta, mientras que también se prevén encuentros institucionales y reuniones diplomáticas durante la Asamblea General en Panamá.

Asimismo, las representantes de la organización esperan mantener una reunión con el equipo de la Cancillería argentina y con el embajador argentino ante la OEA, Dr. Carlos Cherniak, en el entendimiento de que la Argentina podría desempeñar un rol central en el impulso diplomático de la Convención y liderar un cambio de paradigma regional en materia de derechos humanos de las víctimas.

En paralelo al trabajo internacional, las representantes de Usina de Justicia mantuvieron recientemente una reunión con la Directora Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cornelia Schmidt-Liermann, y con el Subsecretario Legal de la cartera, Diego Goldman, quienes manifestaron su apoyo institucional a la propuesta y la necesidad de avanzar en un trabajo articulado e interministerial que permita que la Argentina pueda liderar esta iniciativa en el ámbito regional.

La propuesta cuenta además con el respaldo de referentes internacionales de la victimología y la criminología contemporánea, entre ellos los Dres. Irvin Waller, María de la Luz Lima Malvido, Hilda Marchiori, Darío Solís, Marcelo Aebi y Luis Rodríguez Manzanera, quienes han acompañado las actividades académicas y los simposios internacionales organizados por Usina de Justicia.

También acompaña la iniciativa Victim Support Europe, considerada una de las organizaciones más relevantes del continente europeo en materia de asistencia y protección integral de víctimas, cuyos estándares fueron tomados como referencia en distintos aspectos del proyecto.

A diferencia de lo que ocurre en Europa y en otros sistemas regionales, el sistema interamericano no cuenta actualmente con un instrumento vinculante específico orientado a la protección integral de las víctimas del delito. La Convención impulsada por Usina de Justicia busca precisamente reparar ese vacío jurídico e institucional que, durante décadas, relegó a millones de víctimas a los márgenes del sistema, condenándolas muchas veces no solo al dolor del delito, sino también a un silencio lacerante.

Desde la organización sostienen que el proyecto no busca confrontar con las garantías constitucionales ni con los derechos del imputado, sino equilibrar un sistema que históricamente relegó a las víctimas a un rol secundario. El propio texto del instrumento afirma que un enfoque centrado en las víctimas es plenamente compatible con el debido proceso y constituye una condición necesaria para fortalecer la legitimidad democrática de la justicia penal.

La organización considera que el contexto actual ofrece una oportunidad histórica para que la Cancillería argentina incorpore formalmente la propuesta a la agenda diplomática nacional y encabece un proceso hemisférico orientado a reconocer estándares mínimos de protección para millones de víctimas en América.

El proyecto impulsado por Usina de Justicia no busca únicamente incorporar nuevas herramientas jurídicas, sino redefinir el lugar de las víctimas dentro del sistema de justicia y de la agenda regional de derechos humanos. Se trata de abandonar un paradigma que durante décadas las relegó a un rol secundario y avanzar hacia una concepción fundada en la dignidad humana, la verdad y la reparación efectiva. Lo que está en juego no es solo la aprobación de una convención interamericana, sino una decisión moral de la región: continuar administrando el sufrimiento de las víctimas como una consecuencia inevitable de la violencia o asumir, finalmente, que no puede existir una justicia verdadera allí donde el dolor humano permanece invisibilizado.

Argentina anunció el Gemelo Digital Social, una herramienta basada en IA para simular escenarios, anticipar impactos y asistir en el diseño de políticas públicas. Esto constituye un paso relevante al instalar en la agenda pública la posibilidad de una política social más predictiva, integrada y basada en evidencia, siendo por ello un error convertir esta iniciativa en una disputa entre oficialismo y oposición. Lo decisivo aquí es cómo gobernar éticamente la IA cuando el objeto modelado no es una máquina, una ciudad o una fábrica, sino la vida social de las personas.

El sistema integraría datos de distintas fuentes para describir fenómenos sociales, detectar patrones y proyectar escenarios, pudiendo mejorar diagnósticos, anticipar crisis, detectar vulnerabilidades y hacer más eficaces las políticas públicas. El avance cualitativo radicaría en pasar de un Estado predominantemente reactivo a uno con mayor capacidad predictiva, razón por la cual desde su origen necesita una gobernanza ética proporcional a su poder.

La experiencia indica que los fracasos de proyectos de IA estatal no son sólo técnicos, ocurren también cuando se pierde legitimidad pública, cuando la ciudadanía no comprende qué datos se usan, cuando no queda claro quién controla el sistema o cuando las decisiones parecen dictadas por una opacidad algorítmica. Luego, el Gemelo Digital Social constituiría una oportunidad para la Argentina incorporando una conducción ética sustantiva, visible y operativa.

Esa conducción no debe entenderse como obstáculo burocrático ni como señal de desconfianza, sino como condición para blindar institucionalmente el proyecto, hacerlo socialmente aceptable y evitar que una herramienta prometedora quede expuesta a sospechas, judicialización o rechazo público. Así, a la arquitectura técnica y jurídica se sumaría, desde el inicio, una instancia ética permanente e interdisciplinaria capaz de comprender el lenguaje de la tecnología, la sensibilidad de los datos sociales, la lógica de las políticas públicas, la protección de la persona vulnerable y la responsabilidad estatal.

La discusión internacional sobre IA pública ya no gira en torno a la mera eficiencia. La UNESCO adoptó en 2021 su Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, centrada en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la transparencia, la supervisión humana y la evaluación de impactos. El NIST publicó en 2023 su AI Risk Management Framework, organizado en torno a las funciones de gobernar, mapear, medir y gestionar. La Unión Europea aprobó en 2024 el AI Act, basado en riesgos y con obligaciones reforzadas para sistemas de alto impacto. El Reino Unido lanzó en 2021 su Algorithmic Transparency Recording Standard, luego consolidado como referencia de transparencia para organismos públicos. Claramente la IA puede ayudar al Estado, pero garantizando cuestiones éticas mediante controles, auditorías y responsabilidad humana indelegable.

El término gemelo digital proviene de ámbitos industriales y tecnológicos, donde se utilizan modelos virtuales para simular el comportamiento de sistemas reales. Pero un gemelo digital de la sociedad implica un salto ético importante. Una sociedad no es una turbina ni una red eléctrica. Está compuesta por personas libres, trayectorias biográficas, familias, creencias, vulnerabilidades, pobrezas, decisiones íntimas, errores, esperanzas y conflictos.

Cuando el Estado modela digitalmente la vida social, aun con finalidades nobles, ya no sólo administra información. También produce categorías sobre personas y grupos, anticipa comportamientos, clasifica riesgos, interviene sobre poblaciones, asigna prioridades y genera perfiles. Sin controles adecuados, una herramienta de asistencia pública puede derivar en una forma de poder predictivo difícil de auditar.

La ética institucional exige preguntar qué datos se usarán, de dónde provienen, qué sensibilidad tienen, si se cruzarán fuentes estatales y privadas, cuánto tiempo se conservarán, qué grado real de anonimización habrá, quién verificará que no exista reidentificación, si habrá auditorías externas, revisión humana y responsables ante daños, exclusiones o discriminaciones. Esto es congruente con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que exige datos ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos, evita usos incompatibles con la finalidad original y dispone su supresión cuando dejen de ser necesarios. Incorporar estos criterios desde el diseño reforzaría la finalidad definida, la responsabilidad institucional y la confianza pública del Gemelo Digital Social.

Helen Nissenbaum sostuvo en “Privacy in Context” que la privacidad no puede entenderse sólo como secreto, sino como integridad contextual, es decir, como circulación de datos respetuosa de los contextos y normas de uso que les dan sentido. Luciano Floridi subrayó en “The Ethics of Information” las obligaciones morales propias de los entornos informacionales. Virginia Dignum insistió en “Responsible Artificial Intelligence” en que la IA responsable requiere diseño, control humano y rendición de cuentas. Mireille Hildebrandt advirtió en “Smart Technologies and the End of Law” que el Estado de derecho se debilita cuando las decisiones automatizadas operan opacamente o desplazan la defensa jurídica. Cathy O’Neil mostró en “Weapons of Math Destruction” cómo los modelos cuantitativos pueden dañar cuando clasifican poblaciones vulnerables sin revisión ni posibilidad efectiva de impugnación. Básicamente, estos expertos no rechazan la tecnología, llaman a gobernarla responsablemente.

Por ello, la revisión ética debería integrarse desde el inicio, no añadirse al final como una instancia meramente validatoria. Debe estar en la arquitectura del proyecto, en la definición de finalidades, la selección de datos, las auditorías, los protocolos de daño, la comunicación pública y los límites que el sistema no podrá cruzar. En suma, se trata de una ética pública de la IA aplicada a sistemas estatales que procesan información sobre poblaciones humanas, anticipan conductas, definen prioridades y pueden afectar derechos, oportunidades o trayectorias vitales.

Una conducción ética temprana protege al proyecto de futuros cuestionamientos jurídicos, políticos, reputacionales y sociales, porque revisa finalidades, exige trazabilidad, advierte sesgos, evalúa proporcionalidad, recomienda auditorías, analiza impactos sobre grupos vulnerables y establece criterios de intervención humana obligatoria. No se reduce a una mirada informática, administrativa o jurídica, requiere formación específica, conocimiento de precedentes y normativas internacionales, experiencia en comités, familiaridad con dilemas bioéticos, comprensión del Estado y capacidad para distinguir entre un riesgo abstracto y un daño institucional concreto.

Por ejemplo, el Gemelo Digital Social debería aplicar el principio de no delegación. La IA puede asistir al Estado, pero no reemplazar su responsabilidad. Todo sistema predictivo debe tener un responsable humano, toda clasificación sensible debe ser revisable, toda recomendación automatizada que pudiera afectar derechos debe ser explicable, toda intervención sobre población vulnerable debe someterse a proporcionalidad y justicia, toda base de datos debe tener finalidad definida y todo proveedor tecnológico debe sujetarse a reglas claras.

Otros principios éticos aplicados contribuirían también a garantizar que el Estado use datos para mejorar políticas públicas, sin que la ciudadanía perciba que sus trayectorias vitales son objeto de modelización sin explicación suficiente. Asegurarían que la simulación de escenarios no predestine personas; que anticipar vulnerabilidades no las fije como identidades; que detectar riesgos no transforme la sospecha estadística en tratamiento político; y que mejorar la asignación de recursos no esconda decisiones morales detrás de cálculos automatizados.

Argentina tiene la oportunidad de construir un Estado más inteligente sin devenir en uno más invasivo. Sería un leading case regional de innovación responsable incorporando desde el inicio una conducción ética robusta; no como instancia secundaria, sino como función capaz de anticipar problemas, ordenar criterios, establecer protocolos, dialogar con técnicos, advertir riesgos y sostener públicamente la legitimidad del proyecto.

La ética no impide que el Estado innove, asegura que esa innovación pueda sostenerse en el tiempo con legitimidad, confianza y responsabilidad pública. En iniciativas de esta magnitud, siempre es provechoso convocar a tiempo a quienes pueden anticipar problemas antes de que se conviertan en daños, litigios o crisis de confianza.

Toda época cree reconocer con claridad el origen de sus crisis. Sin embargo, las sociedades suelen interpretar como decadencia moral aquello que muchas veces constituye una transformación estructural más profunda. La expansión contemporánea de la inteligencia artificial, el debilitamiento de las referencias colectivas y el crecimiento del poder tecnológico global forman parte precisamente de esa clase de mutaciones históricas ambiguas: producen simultáneamente progreso material, desorientación cultural y nuevas formas de organización del poder.

La técnica constituye una fuerza irreversible de la civilización moderna. Ninguna sociedad contemporánea puede sostener autonomía política, bienestar económico o capacidad estratégica sin desarrollo científico, infraestructura tecnológica y organización compleja. La industrialización primero, y la revolución digital después, modificaron de manera definitiva la relación entre economía, política y vida cotidiana.

Por esa razón, resulta insuficiente cualquier crítica puramente nostálgica de la modernidad tecnológica. Las sociedades contemporáneas no pueden regresar a formas tradicionales de cohesión social propias de épocas menos complejas, menos urbanas y menos interdependientes. El desarrollo técnico no es un accidente externo a la civilización moderna: es su propia condición de existencia.

Pero precisamente allí emerge la cuestión decisiva. Porque si la técnica resulta indispensable para la supervivencia de las sociedades avanzadas, también produce efectos que exceden la mera eficiencia económica. Toda gran transformación tecnológica reorganiza las formas de autoridad, las relaciones sociales y la percepción misma de la realidad.

La inteligencia artificial no representa solamente una innovación productiva. Introduce una nueva estructura de mediación entre el individuo y el mundo.

Los sistemas algorítmicos clasifican información, jerarquizan contenidos, anticipan comportamientos y condicionan decisiones cotidianas de manera cada vez más invisible. El problema ya no consiste únicamente en la automatización del trabajo, sino en la progresiva externalización de funciones cognitivas y deliberativas hacia sistemas técnicos cuya complejidad supera ampliamente la comprensión individual.

Sin embargo, conviene evitar simplificaciones apocalípticas.

La historia de la civilización puede leerse, en gran medida, como una sucesión de externalizaciones técnicas de capacidades humanas. La escritura externalizó la memoria. La imprenta transformó la circulación del conocimiento. La burocracia moderna reorganizó la administración estatal. La computación multiplicó la capacidad de procesamiento analítico.

La inteligencia artificial prolonga esa misma lógica histórica.

En muchos campos, los sistemas algorítmicos ya superan capacidades humanas específicas: diagnósticos médicos, procesamiento estadístico, optimización logística, análisis predictivo y automatización industrial. Negar esa realidad en nombre de una defensa abstracta de la “humanidad” equivale a desconocer el funcionamiento mismo de las sociedades complejas contemporáneas.

Pero el reconocimiento de la utilidad técnica no elimina la dimensión política del problema. Toda tecnología expresa relaciones de poder.

La concentración de datos, infraestructura digital y capacidad computacional en un reducido número de corporaciones transnacionales configura una transformación inédita de la soberanía contemporánea. Durante el siglo XX, el poder se organizaba principalmente alrededor del control territorial, industrial o financiero. En el siglo XXI, se desplaza crecientemente hacia el control de información, redes digitales y sistemas predictivos.

La cuestión ya no es solamente quién posee fábricas o recursos naturales, sino quién administra los flujos de información capaces de modelar consumo, opinión pública, crédito, vigilancia y comportamiento social.

Por eso la idea de que la tecnología es neutral resulta, al menos, incompleta.

Los algoritmos no existen en el vacío. Incorporan prioridades económicas, criterios de clasificación, sesgos culturales y objetivos políticos. Incluso la noción aparentemente inocente de “optimización” presupone siempre una decisión previa acerca de qué debe optimizarse.

Eficiencia para quién. Seguridad para quién. Productividad al servicio de qué intereses.

Aquí aparece una de las tensiones fundamentales de las sociedades contemporáneas.

La expansión tecnológica exige niveles crecientes de organización técnica y administrativa. Los Estados modernos necesitan sistemas complejos de planificación, automatización y análisis de datos para gestionar sociedades masivas e interdependientes. Pero cuanto mayor es esa complejidad, más tiende la vida social a reorganizarse alrededor de criterios impersonales de eficiencia.

El riesgo no reside simplemente en la existencia de burocracias técnicas, sino en la posibilidad de que la racionalidad instrumental termine convirtiéndose en principio ordenador absoluto de la vida colectiva.

Porque una sociedad puede ser extraordinariamente eficiente y al mismo tiempo profundamente desigual, fragmentada o espiritualmente vacía.

La experiencia contemporánea revela precisamente esa paradoja. Las sociedades desarrolladas alcanzaron niveles inéditos de bienestar material, conectividad y seguridad física, pero simultáneamente experimentan crecientes dificultades para producir cohesión simbólica, estabilidad emocional y horizontes compartidos.

La hiperconectividad no eliminó el aislamiento. La abundancia informativa no produjo mayor claridad intelectual. La expansión tecnológica no resolvió automáticamente la crisis de sentido.

Sin embargo, también aquí conviene evitar diagnósticos excesivamente románticos.

Con frecuencia, las críticas culturales contemporáneas idealizan formas pasadas de cohesión social olvidando que muchas de ellas descansaban sobre estructuras jerárquicas rígidas, homogeneidad cultural forzada y limitaciones severas de autonomía individual.

La modernidad tecnológica destruyó ciertas solidaridades tradicionales, pero también amplió libertades personales, movilidad social y acceso masivo al conocimiento.

La tensión entre comunidad y autonomía no posee solución definitiva.

Las sociedades contemporáneas enfrentan precisamente esa contradicción: necesitan integración colectiva suficiente para sostener instituciones comunes, pero también pluralismo compatible con sociedades abiertas y altamente diversificadas.

Por eso el problema central no consiste en elegir entre tecnología o humanidad, entre eficiencia o comunidad, entre modernización o identidad histórica.

La verdadera cuestión consiste en determinar quién orienta el desarrollo técnico y bajo qué principios políticos.

La inteligencia artificial puede profundizar dependencia, concentración económica y vigilancia social. Pero también puede fortalecer sistemas sanitarios, productividad industrial, investigación científica y capacidades estatales.

No existe destino automático inscrito en la tecnología.

El verdadero peligro aparece cuando las sociedades renuncian a deliberar políticamente sobre los fines colectivos y aceptan que las decisiones fundamentales queden subordinadas exclusivamente a dinámicas corporativas, financieras o tecnocráticas.

Porque la técnica no reemplaza la política. La desplaza, la reorganiza y la obliga a formular nuevas preguntas.

¿Qué grado de automatización resulta compatible con la dignidad del trabajo? ¿Qué límites deben existir para la vigilancia algorítmica? ¿Cómo preservar autonomía ciudadana en entornos digitales altamente concentrados? ¿Qué significa soberanía en una economía gobernada por infraestructuras transnacionales de información?

Ninguna de esas preguntas admite respuestas puramente técnicas.

La ilusión contemporánea consiste muchas veces en creer que problemas políticos complejos pueden resolverse únicamente mediante optimización administrativa o innovación tecnológica. Pero las sociedades no se organizan solamente alrededor de eficiencia material. Necesitan también legitimidad, pertenencia y algún horizonte compartido de sentido.

Eso no implica regresar a nostalgias premodernas ni rechazar el progreso técnico. Implica reconocer que toda civilización enfrenta finalmente una decisión política fundamental: si la tecnología será orientada hacia fines colectivos deliberados democráticamente o si las sociedades terminarán adaptándose pasivamente a lógicas técnicas que ya nadie controla plenamente.

La cuestión decisiva del siglo XXI quizás no sea si la inteligencia artificial superará ciertas capacidades humanas. Probablemente lo haga.

La cuestión verdaderamente importante es otra: si las sociedades conservarán suficiente voluntad política y cohesión cultural para decidir qué tipo de humanidad desean preservar en medio de transformaciones tecnológicas cada vez más aceleradas.

Alguna vez se dijo premonitoriamente:

“A los pueblos han sido descubiertos hechos de asimilación no enteramente sencilla. Se ha persuadido al hombre de la conveniencia de saltar sin gradaciones de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario; de la fe a la opinión, de la obediencia a la incondición. La libertad, conquista máxima de las modernas edades, no se produjo acompañada de una previa reestructuración de sus corolarios.”

La discusión sobre el modelo universitario abarca las perspectivas de políticas públicas, desarrollo económico y transformación tecnológica. La universidad pública argentina se estructuró sobre tres principios fundamentales: la Reforma Universitaria de 1918, la gratuidad educativa y el federalismo académico. Estos pilares permitieron consolidar un sistema de educación superior orientado simultáneamente a la democratización del conocimiento, la movilidad social ascendente y la construcción de capacidades científico-tecnológicas nacionales.

El actual modelo presenta un conjunto de problemas sobre los que hay que actuar: bajas tasas de graduación, bajas designaciones docentes de tiempo completo, falta de desarrollos en investigación en áreas disciplinares y la más baja inversión en educación superior, ciencia, tecnología y transferencia de 1983 a la fecha.

Sin embargo, el debate presenta una paradoja significativa, las críticas hacia el sistema universitario suelen formularse sin la explicitación de un modelo alternativo de universidad.

A más de la mitad de mandato del actual período de gobierno, resulta muy difícil poder establecer cuál es el modelo de educación superior que promueve la actual administración. En efecto, todo modelo universitario se encuentra necesariamente inscripto dentro de un determinado proyecto político, económico, productivo, social y cultural. Las universidades no constituyen instituciones aisladas, sino dispositivos estratégicos vinculados directamente con las capacidades de desarrollo de una nación. En varias intervenciones los funcionarios gubernamentales vaticinaron el fin de las universidades tal como las conocemos; entonces: ¿cuál es el modelo universitario alternativo que promueve el gobierno?

En el contexto de la actual revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, este debate adquiere una centralidad aún mayor.

Resulta particularmente significativo que figuras centrales de la transformación digital global, como Sundar Pichai (CEO de Google y Alphabet), haya reivindicado recientemente el papel estratégico de la educación universitaria frente a los cambios acelerados del mercado laboral y de la economía del conocimiento.

En la entrevista realizada tras el evento Google I/O 2026, sostuvo que “como humanos no estamos preparados para este ritmo de cambio”, advirtiendo sobre los efectos de la aceleración tecnológica permanente sobre las trayectorias educativas y laborales.

En este marco, el posicionamiento de Pichai respecto de la universidad adquiere especial relevancia académica e institucional.

Frente a las opiniones de sectores de Silicon Valley, que desde hace más de una década cuestionan la educación universitaria tradicional, el CEO de Google afirmó explícitamente: “Si tuviera 18 años, iría a la universidad”. Esta afirmación adquiere particular importancia en un contexto donde diversos referentes tecnológicos han promovido históricamente modelos alternativos basados exclusivamente en el emprendedurismo acelerado o en trayectorias educativas breves.

Este argumento resulta consistente con numerosos estudios contemporáneos sobre transformación tecnológica y capital humano.

Según datos de la OCDE, las economías con mayores niveles de innovación presentan simultáneamente altos índices de formación universitaria, especialmente en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Asimismo, investigaciones del Banco Mundial, sostienen que el incremento en los niveles de educación terciaria produce mejoras sustanciales en productividad, salarios y competitividad económica.

La propia evolución de la inteligencia artificial parece reforzar esta tendencia.

Aproximadamente el 75% del código producido actualmente por ingenieros de software incorpora sugerencias generadas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, lejos de implicar la desaparición del trabajo profesional calificado, esta transformación redefine las competencias requeridas. La tarea principal ya no consiste únicamente en producir código, sino en coordinar sistemas inteligentes, evaluar resultados, formular problemas complejos y tomar decisiones estratégicas.

Competencias como pensamiento crítico, razonamiento abstracto, capacidad analítica, interpretación contextual y evaluación ética resultan difícilmente reemplazables por sistemas automatizados. Precisamente, dichas capacidades constituyen uno de los principales objetivos históricos de la formación universitaria integral.

En consecuencia, la educación superior no pierde relevancia frente a la inteligencia artificial; por el contrario, se vuelve aún más estratégica. Las transformaciones tecnológicas aceleradas tienden a incrementar —y no a reducir— la necesidad de formación profunda, flexible e interdisciplinaria. Tal como sostuvo Pichai, “la capacidad de pensar lentamente sobre las cosas importantes” continúa siendo un diferencial central en contextos de cambio permanente.

Desde la perspectiva del desarrollo productivo, esta discusión posee implicancias estructurales. Argentina y Brasil constituyen los dos principales países latinoamericanos con capacidad significativa para formar recursos humanos avanzados en sectores estratégicos como energía, minería, biotecnología, software, ingeniería e investigación científica. Según datos de la CEPAL, las economías con mayores niveles de complejidad productiva y tecnológica presentan simultáneamente mayores proporciones de profesionales universitarios y mayores inversiones en ciencia y tecnología.

Asimismo, la UNESCO señala que los países desarrollados invierten entre el 2% y el 4% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo, mientras que América Latina apenas supera el 0,6%. La evidencia internacional demuestra que existe una correlación directa entre inversión en educación superior, producción científica y niveles de bienestar social.

En nuestro país, invertimos 0,85% del PBI en el año 2015, 0,69% en 2019, 0,69% en 2023 y 0,51% en el año 2025 siendo este registro la más baja inversión en educación superior en los últimos 20 años.

Por esto, la discusión sobre el financiamiento universitario no puede reducirse exclusivamente a criterios fiscales de corto plazo. Toda sociedad asigna recursos públicos a múltiples finalidades estratégicas. La cuestión central reside en definir qué modelo de desarrollo se pretende construir: uno basado exclusivamente en actividades primario-extractivas o uno sustentado en conocimiento, innovación, ciencia y tecnología.

En este contexto histórico, la universidad pública no constituye simplemente un gasto presupuestario, sino una inversión estratégica vinculada directamente con la soberanía tecnológica, la competitividad económica, la movilidad social y la calidad democrática.

La experiencia internacional demuestra que los países capaces de liderar las transformaciones tecnológicas globales son precisamente aquellos que fortalecen sus sistemas universitarios, científicos y de investigación avanzada, por lo que sus sociedades logran niveles crecientes de bienestar.

En toda democracia existe una verdad incómoda: las decisiones públicas no se toman en el vacío. Empresas, sindicatos, cámaras sectoriales y decenas de actores privados interactúan cotidianamente con funcionarios y legisladores para influir en leyes y políticas. Eso es el lobby. El problema no es que exista, sino que en la Argentina ocurre sin reglas, sin registro y sin que la ciudadanía lo sepa. Y lo que ocurre sin registro, en política, tiende a ocurrir en beneficio de quien más puede pagar el silencio.

El principio republicano exige publicidad de los actos de gobierno y responsabilidad de quienes ejercen el poder. Ese principio se vacía cuando la formación de las decisiones ocurre en la opacidad: cuando no sabemos quién habló con el ministro, qué interés representaba ni sobre qué proyecto buscaba incidir. La ausencia de regulación no elimina el lobby; lo hace invisible y, por tanto, incontrolable. Un Estado que tolera esa invisibilidad no está siendo neutral: está eligiendo a quién protege.

La confusión más frecuente es identificar lobby con corrupción. Son fenómenos distintos, aunque la opacidad los vuelve indistinguibles. El lobby es la gestión legítima de intereses ante decisores públicos; el tráfico de influencias es la venta ilegal de decisiones a cambio de beneficios personales. Precisamente por eso, regular el lobby es la herramienta más eficaz para combatir la corrupción institucional: lo que está registrado y verificable es participación democrática; lo que permanece en las sombras, sin trazabilidad, es el terreno donde prospera la captura del Estado. Quien se opone a regularlo debería explicar qué tiene para esconder.

El derecho comparado lo confirma. Chile obliga a los funcionarios a publicar en registros electrónicos todas las audiencias de gestión de intereses: quién los contactó, en nombre de quién, sobre qué materia y cuándo. La carga recae sobre el funcionario, lo que hace el sistema robusto con independencia de la conducta del lobbista. Canadá, por su parte, prohíbe la llamada “puerta giratoria” por cinco años: un ex funcionario de alto rango no puede convertirse en lobbista ante el mismo organismo que dirigía, utilizando sus contactos e influencia residual para beneficiar intereses privados. Esa prohibición no limita derechos; defiende la integridad del cargo público. Ninguno de estos países vio restringida su democracia por regular el lobby: la vio fortalecida.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la cuestión se inscribe en el estándar de gobierno abierto que proyectan la Convención Americana y la Carta Democrática Interamericana: transparencia en la formación de las decisiones, participación ciudadana efectiva y rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información no comprende solo el resultado final de los actos de gobierno, sino también los procesos mediante los cuales esos actos se forman. Saber quién influyó en una decisión es parte del derecho a saber.

Sin registro público, la incidencia es estructuralmente desigual: quienes tienen más recursos y acceso informal a los decisores llevan siempre ventaja sobre el ciudadano común o la organización civil sin capacidad de presión. La regulación del lobby no democratiza el poder en abstracto, pero crea condiciones mínimas de igualdad informativa: todos podemos saber quién habló con quién. Eso es, en sí mismo, un acto de igualación política que ninguna democracia seria puede darse el lujo de ignorar.

Regular el lobby no es prohibirlo. Es sacarlo de las sombras. Y transparentar el poder es, en definitiva, devolverlo a quien siempre debió pertenecer.

El relato en primera persona de los profesores del secundario resulta cada vez más inquietante. Me refiero, sobre todo, a quienes se toman su trabajo en serio y miran las reformas actuales de la enseñanza media con una preocupación razonada. Lo que señalan es simple: las decisiones de política educativa no terminan cuando se publica una resolución; el tablero de comando de un ministerio puede parecer razonable pero en una escuela real se convierte en horarios, aulas, planillas, estudiantes, docentes, familias y problemas concretos.

Esa distancia entre la “bajada”, como suelen decir los docentes, y la realidad escolar se vuelve especialmente visible en los nuevos regímenes académicos y de asistencia de la escuela secundaria. Sus propósitos son atendibles: evitar el abandono, reducir la repetición y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje. El problema aparece cuando esos fines abstractos, se traducen en nuevas capas de dificultad para escuelas que ya estaban exigidas y, en muchos casos, desbordadas.

Una directora me envió este mensaje: “Usted que es un investigador, que fue ministro, que estuvo en lo más alto. ¿Cómo se hace para que venir a la escuela tenga sentido cuando todas las normas dicen que, vengas o no, vas a terminar igual? Me la paso todo el día haciendo trabajo administrativo y atendiendo padres que vienen a la escuela por temas de violencia, robos o vulneración de derechos, en lugar de hacer tarea pedagógica. ¿Arriba no ven lo que pasa abajo? ¿No calculan el impacto real de las medidas que diseñan?”.

La fórmula “no van, no estudian, no repiten, no aprenden” no debe leerse como una acusación contra los estudiantes sino que describe una secuencia, producida por decisiones políticas. Cuando la asistencia pierde peso, el esfuerzo escolar deja de tener consecuencias claras, la repetición de curso se reduce o se elimina sin asegurar aprendizajes y cuando pasar de año o egresar empieza a pesar más que saber, la escuela se aleja de su finalidad principal.

La preocupación por reducir la repetición es legítima: repetir el año no garantiza aprendizajes y muchas veces solo ordenó administrativamente el fracaso. También es razonable evitar que las inasistencias se transformen automáticamente en exclusión: nadie debería defender una secundaria que expulse a los alumnos, en especial a quienes más la necesitan. Pero el problema no se resuelve con fórmulas y modismos como “acompañar trayectorias”, “andamiar”, “ampliar derechos” o “intensificar”. Si un alumno pasa de año sin haber asistido y aprendido lo necesario, la deuda educativa no desaparece: se patea para adelante, hacia materias pendientes, contenidos adeudados, recursadas parciales e intensificaciones diferidas. Y también se desplaza hacia el futuro: trabajo, nivel terciario y enfrentar una vida adulta en la que las acciones tienen consecuencias.

En la vida cotidiana de la escuela, estas reformas también modifican el trabajo docente. Un profesor ya no tiene únicamente un grupo de alumnos cursando una materia en un año determinado. Tiene estudiantes que cursan regularmente, otros que adeudan contenidos, otros que intensifican, otros que recursan parcialmente, otros que llegan tarde a la trayectoria definida y otros que requieren apoyos específicos. Aun si ese modelo fuera pedagógicamente deseable, que no lo es, exigiría recursos, tiempo, coordinación, información clara y autoridad institucional. Allí aparece otro problema: muchas normas hiperregulan la actividad pedagógica y dejan poco margen para tomar decisiones concretas frente a situaciones concretas.

Una docente me lo explicó así: “Planificás para el año en curso, para los que van bien, para los que les cuesta y para los que deben el año anterior”. En esa escena, las expresiones cool de las reformas pierden consistencia: en la práctica, cada docente debe reconstruir artesanalmente, estudiante por estudiante, qué contenidos adeuda, cómo los trabajó, con quién los cursó y qué debe acreditar ahora, mientras sigue enseñando al resto del curso.

Una profesora de Geografía me aportó otro ejemplo: “Estamos en mayo y siguen entrando chicos a recursar mi materia porque recién dirección les definió su trayectoria”. Imaginemos eso: un estudiante entra a recursar tres meses después de iniciado el año escolar y se encuentra con que la clase ya empezó, el grupo ya tiene una dinámica y la planificación ya está en marcha. La recursada, que en teoría buscaba evitar una repetición completa, se convierte en una experiencia poco clara y difícil de sostener: el alumno, la familia y el docente.

Una directora sintetizó la situación con una frase inquietante: “hay que ayudarlos a egresar”. La consigna tendría sentido si significara que los estudiantes terminan la secundaria con saberes, hábitos de estudio y capacidades reales pero se vuelve problemática cuando egresar pesa más que reasegurar aprendizajes. La escuela no puede limitarse a producir egresados “formales”: es una estafa que perjudica a quienes se dice proteger.

Además, estos nuevos formatos generan desidia y frustración. El sistema puede mostrar más estudiantes con título secundario sin demostrar que esos egresos correspondan a mejores aprendizajes. Ese es, quizá, uno de los daños más difíciles de reparar: los adolescentes necesitan criterios claros, ejemplos adultos y una identificación razonable de las consecuencias. Cuando todo parece recuperable, postergable o administrable, la escuela transmite que aprender importa menos que el trámite.

Aprender o no aprender no puede reducirse a un ítem administrativo. La política educativa debería crear condiciones para que docentes y estudiantes se comprometan con la tarea y sean responsables de sus resultados, dentro de un marco de autonomía en el que los directivos puedan tomar decisiones para sus alumnos según su saber profesional y no solo según una instrucción general bajada desde arriba.

Estos docentes comprometidos con la educación no denuncian oscuras intenciones ni imaginan una política deliberada para embrutecer a la población y tienen razón. Estas reformas son, en general, intentos fallidos de resolver una tensión real entre abandono y derecho a la educación. Que el abandono se reduzca es positivo, pero el derecho a la educación no consiste solo en estar en la escuela: consiste en aprender en la escuela. Si no, es el escenario trágico de la inclusión excluyente.

No se trata de volver al viejo modelo punitivo. No estoy en desacuerdo con aquel modelo solo por punitivo, sino también porque muchos de los pocos que llegaban a la secundaria tampoco aprendían y terminaban abandonando. Para ser claro, el tema no es pasar o repetir; ser más duro o más permisivo, facho o progre: el tema es aprender y por eso no conviene descartar ninguna herramienta pedagógica de antemano. Los docentes suelen saber cuándo repetir el curso o quedar libre por faltas puede ser formativamente útil para un estudiante y para sus compañeros. ¿Por qué prohibir, en todos los casos, lo que en algunos puede ser necesario?

En el fondo, estas “bajadas” tienden a hiperregularlo todo. Como los funcionarios suelen desconfiar del criterio profesional de las escuelas, terminan imponiendo un cepo educativo que, como los cepos económicos, empeoran lo que venían a mejorar. Sería mejor girar 180 grados y cambiar el eje de la decisión de las burocracias educativas a las escuelas, y que los gobiernos apoyen a las escuelas en vez de decirles a los docentes qué es lo que tienen que hacer.

El gobierno iraní advirtió a Donald Trump que la guerra podría extenderse. La amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní tuvo lugar tras el último ultimátum del presidente norteamericano para alcanzar un pacto que ponga fin al conflicto, pero que no tuvo resultados.

El Jefe de Gobierno de la República Islámica de Irán, después de las nuevas amenazas estadounidenses, dijo que no cederá hasta que se logre un acuerdo. “Si se repite una agresión contra Irán, la guerra regional que había sido prometida, esta vez se extenderá más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los hundirán en la miseria en los lugares que ni siquiera imaginan”, advirtió en un comunicado difundido por la Agencia Tass-Min. El canciller iraní Araghchi admitió además que un retorno a la guerra traería “más sorpresas” para las fuerzas armadas estadounidenses.

Mientras tanto, se reunieron Putin y Xi Jinping, pidieron una pronta reanudación de las negociaciones para encontrar una solución y reclamaron la ratificación de la solidaridad de sus relaciones bilaterales. La reunión tuvo lugar casi inmediatamente después del encuentro entre Xi y Trump. El comunicado conjunto sostuvo: “Compartimos la opinión de que los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y minan gravemente la estabilidad de Medio Oriente”.

Es así como en la última semana de mayo, mientras continúan las negociaciones, la tregua en términos militares se ha roto. La ofensiva israelí contra Hezbollah en El Líbano se ha reanudado. El gobierno israelí ordenó a sus fuerzas militares ocupar hasta el 70% de la región de Gaza. A su vez, Irán ha denunciado acciones de Estados Unidos contra sus bases en el sur del país. A ello se suma un conflicto abierto entre Estados Unidos y Omán, una de las monarquías del Golfo que en los últimos años fue aliada de Washington. Es un contexto en el que no parece fácil que se pueda mantener la tregua -que en los hechos no se mantiene- y hace difícil la negociación.

El tema nuclear sigue siendo central. Irán estaría dispuesto a entregar su uranio enriquecido a potencias “amigas”, como serían Rusia o China, pero esto no satisface a los Estados Unidos, una potencia antagónica a las mencionadas. No parece fácil que se logre mantener la tregua de sesenta días en base a la cual busca enmarcarse un plazo de negociación largo que ya está siendo debilitado. Trump parece seguir su estrategia clásica de negociar avanzando y retrocediendo, buscando crear confusión en su adversario.

Mientras tanto, el control del estrecho de Ormuz, clave para el precio del petróleo, continúa incierto. Varios buques continúan esperando la autorización para poder cruzar. La débil marina iraní -muy debilitada pero todavía operativa- mantiene capacidad de controlar el estrecho pese a sus pérdidas. La armada estadounidense no parece tener voluntad militar para emprender una operación que termine con este bloqueo. Esto no impide que determinados buques hayan podido pasar por el estrecho, previa negociación y autorización por parte de Irán. El pasaje de Ormuz forma también parte del núcleo de la negociación entre Irán y Estados Unidos, pero tampoco se ha logrado un acuerdo en este punto.

Es que el desarrollo nuclear de Irán y su control sobre Ormuz parecen los núcleos centrales de las discrepancias entre los dos países. Mientras tanto, la guerra muestra cierto desorden, con los protagonistas en actitudes duales y confusas. Los países del Golfo no están actuando en conjunto y el mundo árabe está todavía más dividido. Estados Unidos sigue sin poder armar una coalición que le permita respaldar una acción político-militar contra Irán en el Golfo Pérsico. En este contexto, Pakistán -país muy cercano a China- sigue intentando reconstruir canales de negociación, pero hasta ahora sin éxito. Cabe señalar que los cinco meses que restan hasta la elección estadounidense probablemente vayan a ser, desde el punto de vista del conflicto, un escenario tenso y complejo, aunque los mercados creen que a largo plazo ello jugará a su favor.

La situación del presidente estadounidense en su frente interno aparece cada vez más complicada en términos electorales. La elección de medio mandato nunca fue relevante en los Estados Unidos, pero esta vez sí lo es. La circunstancia -concretamente la guerra con Irán- se lo han dado. Por eso es que la guerra ha entrado en una fase en la cual las operaciones militares están siendo decididas pensando en el frente interno.

En este contexto, Estados Unidos sigue mostrando su predisposición para actuar en Cuba. Hay quienes piensan que una operación de este tipo buscaría consolidar el apoyo de la comunidad hispana a favor de los republicanos en términos electorales. El voto anti-Trump está consolidado en torno al 60% y hoy uno de cada cinco republicanos no vota por Trump, lo que hace muy difícil su triunfo.

Por su parte, el presidente intenta introducir modificaciones en los sistemas electorales de varios estados, que de ser aprobadas por la Justicia le permitirían mejorar sus resultados. En un contexto de este tipo, se especula con que un eventual éxito en Cuba podría revertir la tendencia electoral, pero se trata de una especulación sobre la cual todavía no hay certeza. En los cinco meses que restan hasta la elección estadounidense muchas cosas pueden pasar, pero la decisión de Trump es si avanza buscando terminar la guerra con Irán y se declara triunfador, aunque en los hechos logre un empate, o que tome el riesgo de intentar un cambio de régimen en Cuba. Se trata de un rédito incierto.

El régimen cubano se ha mantenido en el poder durante casi siete décadas y en consecuencia las fuerzas armadas, de seguridad y los servicios de inteligencia mantienen una natural adhesión al régimen. La idea de repetir en Cuba el cambio de régimen realizado con éxito en Venezuela no parece fácil en este caso. Una operación exitosa en este país, una posible intervención en Cuba y la suspensión de las operaciones en Medio Oriente crearían una situación confusa que no sería fácil de explicar a los votantes.

En este contexto, Trump analizará sus opciones militares pensando siempre en retener la mayor cantidad de votantes republicanos posible de cara a noviembre.

El pasado 28 de mayo, un grupo de destacados investigadores del Conicet se reunió en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires con el objetivo de evaluar la situación del sistema científico y tecnológico argentino, y pensar alternativas de avance. Lo hicieron en calidad de sujetos involucrados activamente en el sistema para diagnosticarlo desde adentro. No pretendieron representar a todos los científicos ni reclamar presupuesto, programas y empleo público. Hablaron en primera persona y plantearon transformaciones profundas.

Lejos quedó la época dorada de la ciencia argentina y sus dos históricos Nobel. Desde entonces el sistema no ha parado de derrumbarse a escala de la decadencia nacional. El peronismo intervino tres veces el Conicet, el kirchnerismo lo sobredimensionó para usarlo como bandera de militancia y propaganda. Hoy muchos investigadores nos encontramos atrapados en un aparato roto, empobrecido y desacreditado frente a la sociedad. Somos peones de una maquinaria anquilosada y poco eficiente.

La exposición inaugural de la Jornada estuvo a cargo del doctor José M. Bruniard, uno de los ocho directores del Conicet en representación del sector agropecuario, quien habló de sus dificultades para manejarse con un directorio corporativo, negado a avanzar en reformas estructurales. Sus propuestas de transformación son muchas, desde transparentar y diversificar los sistemas de evaluación hasta federalizar los recursos y fortalecer la vinculación público-privada, cosa que para el deep state coniceteano es algo así como venderle el alma al diablo del capital.

A continuación, el doctor Galo Juan Soler Illia se refirió a un sistema científico-tecnológico fragmentado, desarticulado y desacoplado de la universidad –otro sistema quebrado– y del mundo productivo-empresarial, una ciencia que no encuentra su lugar institucional en el desarrollo estratégico del país, o un país que no se encuentra. Luis Quesada Allue expuso las cifras del derrumbe científico y tecnológico de Argentina. El país pasó de estar en la posición 26 en el ranking de países durante la década del sesenta al puesto 51 en el 2023, superado por todos los países de la región a excepción de Bolivia y Paraguay. El investigador Sebastián F. Cavalitto abordó la cuestión de la vinculación tecnológica y destacó la mejora en los números de facturación y patentamiento durante el último año, sin dejar de observar la necesidad de optimizar las herramientas de transferencia al sector productivo y privado.

En el área de humanidades, el doctor Rubén Pereto Rivas criticó la captura ideológica del aparato científico durante los últimos años de populismo, hecho que contrastó con la formación humanista y filosófica. El investigador explicó que las humanidades constituyen el sustrato cultural en el cual florece todo otro conocimiento, desarrollo y producción. Renunciar a ellas es perder de antemano la batalla cultural que nos define como civilización. Por su parte, Héctor Ghiretti partió del principio liberal de la neutralidad del Estado para pasar a historizar la apropiación corporativa y patrimonialista del Estado por el partido político del Estado, el peronismo. La peronización del sistema científico y universitario dió impulso al gremialismo combativo, el clientelismo académico y la implantación de agendas ideológicas.

Constanza Ceruti –quien acaba de obtener un reconocimiento Konex por su trayectoria como primera arqueóloga de alta montaña de toda la historia y descubridora de las momias de Llullaillaco– destacó la importancia del espíritu de exploración y la libertad de pensamiento en la práctica científica, amenazadas por el lastre burocrático del sistema. Guido Galafassi se refirió igualmente a la creciente burocratización, pérdida de libertad y mecanismos de censura encubiertos en las publicaciones científicas nacionales y populares. Por último, Luciano Damián Laise y quien esto escribe expusimos la opacidad del sistema de evaluación del Conicet, a cargo de comisiones designadas a dedo por el directorio. Los criterios de evaluación son difusos, muchas veces no explícitos o puestos ad hoc para favorecer su aplicación discrecional. La confidencialidad de los dictámenes impide comparar resultados o constatar conflicto de intereses.

El opaco sistema de evaluación del Conicet constituye el pivote de su mecánica de ingresos, promoción, permanencia o expulsión del sistema, hoy controlado por un directorio militante que reproduce de manera endogámica el monopolio corporativo de la producción científica. Al respecto, se propusieron comisiones conformadas por sorteo, criterios de evaluación explícitos e inequívocos, dictámenes públicos de acceso abierto y hasta el uso de la inteligencia artificial para evaluar resultados. Los investigadores coincidieron en la necesidad de desarmar el extractivismo burocrático, desideologizar el Conicet y fijar temáticas prioritarias conforme con las necesidades de desarrollo del país. Se coincidió además en la necesidad de federalizar recursos y proyectos hoy concentrados en el 65% en la ciudad y provincia de Buenos Aires, así como de promover la vinculación tecnológica y fortalecer alianzas con el sector privado productivo a fin de que la investigación científica se traduzca en soluciones concretas.

La Jornada dejó un diagnóstico contundente sobre el estado crítico del sistema, pero también sobre el potencial multiplicador de la inversión en ciencia y tecnología. El conocimiento científico y tecnológico es un valor económico que, bien invertido, genera enormes tasas de retorno. Por eso los países desarrollados han asumido la política científica como un motor estratégico de crecimiento. Esa política –que algunos definen como el arte de lo posible en el aquí y ahora– nos incumbe a todos. Se trata de conocer el mundo cada vez mejor, de producir más patentes, de vivir mejor y morir más tarde.

Conocimiento y techné –decían los antiguos– son un bien común. El desarrollo en juego es económico, pero es también, sobre todo, espiritual, moral y civilizatorio. Y en eso contamos con milenios de tradición que nos permiten pensar la humanidad que somos y la que queremos ser.

[La autora es Doctora en Filosofía, Magíster en Estudios de las Mujeres e Investigadora del Conicet]

Fuera de las prácticas habituales en la relación con el Vaticano y con evidente mensaje para consumo local, el Gobierno dio prácticamente por hecho el viaje de León XIV a la Argentina, en noviembre, como parte de un recorrido regional. Es probable que así sea, aunque recién hacia fines de junio podría ser confirmada la gira del Papa. En cualquier caso, es llamativo el contexto y el sentido de la esperanza libertaria: supondría en ese imaginario una especie de aporte al esfuerzo oficialista para recrear expectativas, después de un arranque de año -en rigor, un cuatrimestre- complicado para Olivos. El problema asoma cuando se proyecta el mensaje de la Iglesia. Esta semana incluyó una muestra del impacto que provoca un señalamiento crítico. Y la reacción fue manejada en el caso de Javier Milei, pero sin límites en versión de “ideólogos” violetas y extrema en las redes sociales.

“Altamente probable”. El Presidente utilizó esa definición para exponer la expectativa libertaria por el viaje papal. Y de paso, elogió a Pablo Quirno por las gestiones para abrir la puerta a la visita. Un ex diplomático uruguayo había dejado trascender la posibilidad y el canciller lo había sugerido. Después, las fuentes del Gobierno lo difundieron con entusiasmo. Todo sucedía en paralelo con las consideraciones sobre el tedeum del 25 de Mayo. Esa celebración religiosa, y los movimientos previos del Gobierno, expusieron esta vez inquietud frente a las señales que viene emitiendo La Iglesia Católica, con foco social.

De hecho, existían prevenciones que le dieron mayor volumen y expectativa a la homilía en la Catedral metropolitana. Fue difundido el encuentro previo de Quirno y otros funcionarios con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; el arzobispo Jorge García Cuerva, y otras autoridades eclesiásticas. Hasta ese momento, el tope de las preocupaciones del oficialismo era ocupado casi exclusivamente por las internas sin fin y el caso Adorni. Esa cita añadió a la lista un dato externo, fuerte. Una señal de lo que sucede fuera de los límites libertarios.

El mensaje de García Cuerva y la posible visita del Papa son dos elementos de muy desigual magnitud, pero que se combinan para colocar en el temario político la relación de Olivos con la Iglesia, marcada por una mala lectura política del Gobierno.

El señalamiento en el Tedeum fue significativo por las referencias explícitas y las reacciones del oficialismo. Y la probabilidad de una visita de León XIV, que ganó títulos en simultáneo con el impacto de su primera encíclica, asomó abordada con cierta liviandad de análisis, al menos por su presentación con tono de logro para consumo de política nacional. Vale ir por parte.

García Cuerva fue preciso, con los cuidados del caso, en la homilía que, como suele ocurrir, es interpretada como un mensaje a la dirigencia en general. Por supuesto, el foco principal apunta al poder político. Nada nuevo. Por eso mismo y frente a las autoridades nacionales, la traducción es repetida. El error básico, en este caso y en muchos anteriores, es analizarlo como un mensaje aislado, sin considerar el conjunto de declaraciones episcopales, es decir, la “línea”. En espejo, las expresiones de malestar y sobre todo las andanadas contra el arzobispo porteño -las descalificaciones ácidas sobre su trayectoria- podrían ser interpretadas como un aviso para un destinatario más amplio.

Era esperable lo que resonó en la Catedral de Buenos Aires. García Cuerva repitió el reclamo sobre la necesidad de diálogo, apuntó contra los “odiadores”, el “terrorismo” verbal en las redes y la polarización aguda. Fue quizás más fuerte cuando aludió a algunos efectos del ajuste -especialmente, en los sectores más vulnerables- y advirtió sobre un peligro de “desmembramiento social”. Milei evitó transmitir malestar. En cambio, el diputado Benegas Lynch y Nicolás Márquez -considerados exponentes más “ideológicos” del mileismo- no ahorraron en la descalificación: uno lo consideró militante “con sotana” del peronismo y el otro, directamente “hereje” y hombre del “apóstata Bergoglio”. En las redes, escalaron las cargas violetas.

Nadie, de todos modos, podría considerarse sorprendido si presta atención a mensajes en paralelo de otros obispos, y a los antecedentes inmediatos. Alcanzan un par de ejemplos del presidente de la Conferencia Episcopal. Hace poco más de dos semanas, Marcelo Colombo destacó el empobrecimiento de franjas de clase media y media/baja, y lo ilustró diciendo que gente que llevaba ayuda a las iglesias, ahora se acerca a pedir asistencia. Antes, había insistido con la necesidad de atender la situación en el área de discapacidad. Ese tema motorizó incluso una carta del episcopado al ministro Mario Lugones.

En conjunto, son datos significativos al momento de considerar los ingredientes de la relación con el episcopado argentino y su proyección hacia el Vaticano.

“De Roma viene lo que a Roma Va”: a esa vieja frase suelen recurrir quienes conocen el tema para explicar en parte cómo funciona la relación entre las autoridades locales de la Iglesia y el Vaticano. Eso no es mecánico ni disimula rispideces cuando existen, pero puede dar una pista sobre el mensaje a los gobiernos, es decir, cómo es atendida en Roma la mirada del episcopado de cada país. En el caso argentino, se produjo un cambio, de hecho, durante el pontificado de Francisco, porque la mirada política apuntaba casi sin escalas al Vaticano. Ya no es así.

Está claro, además, que León XIV recrea una concepción de mínima incómoda para la visión libertaria. En su primera encíclica, “Magnífica Humanitas”, el Papa coloca a la Iglesia frente a la etapa de la inteligencia artificial. Más allá de otras consideraciones, y mirado en términos políticos, es un señalamiento sobre los riesgos de la concentración de poder y riqueza. Por supuesto, el extenso texto abarca otros temas, desde doctrina religiosa hasta cuestiones sensibles de la agenda internacional: guerras, migrantes, multilateralismo.

Se trata de un trazo fuerte del cuadro. Otro, nada menor, exhibe la tensión entre el Papa y Donald Trump. Es la expresión de miradas enfrentadas sobre cuestiones geopolíticas, tema que expone el alineamiento internacional de la gestión Milei.

Pero todo eso, al menos por el momento, no entraría en la consideración del Gobierno. El posible viaje de León XIV es expuesto ahora con sentido de logro, para nada ajeno a los movimientos que se suceden en el intento de recrear expectativas sociales. Eso mismo habla de necesidades inmediatas del Gobierno, lejos de lo que podría plantear la visita del Papa. Falta mucho para noviembre.

Argentina atraviesa dos realidades económicas que conviven con tensión: una mejora en algunos indicadores macro y sectores puntuales, y un deterioro en la vida cotidiana de empresas y hogares. Los cambios no impactan de la misma manera en todos los actores. La pregunta central es si estos resultados son deseables o esperables, y si el Gobierno puede modificar los efectos no deseados. También cabe preguntarse si la macroeconomía está desconectada de la microeconomía.

Una forma de interpretar la situación actual del país exige retroceder algunos meses. Antes de las elecciones de octubre de 2025, cuyo resultado implicó un triunfo para el Gobierno y sorprendió al mercado, el Poder Ejecutivo adoptó una política fuertemente sesgada para asegurar la continuidad. Eso implicó subir la tasa de interés para sostener estable el dólar.

Las tasas de interés llegaron a niveles muy altos: por ejemplo, el descuento de cheques superó el 80% anual. Ese costo del dinero impacta en toda la economía: en las empresas, al tomar capital de trabajo, invertir, financiar a sus clientes; y en los consumidores, al tomar créditos personales, pagar tarjetas, acceder a pagos mínimos y financiar compras, entre otras decisiones.

La suba de las tasas de interés impacta en toda la economía: en las empresas, al tomar capital de trabajo, invertir, financiar a sus clientes; y en los consumidores en el costo del crédito y capacidad de repago

Durante varios meses, la economía argentina convivió con esas tasas. El resultado fue una actividad resentida: se encareció vender a plazo, pagar a plazo, comprar a plazo, y tomar y otorgar crédito. Las utilidades de muchas empresas quedaron golpeadas porque el componente financiero del giro se volvió muy costoso y, en numerosos casos, derivó en un virtual corte de la cadena de pagos.

Los consumidores vieron una carga de intereses y valores de cuota mucho más elevados. En muchos casos, eso imposibilitó pagar créditos, obligó a demorar cuotas o directamente a recortar consumos para priorizar necesidades básicas, según los criterios de cada familia. A eso se sumó la caída de los ingresos reales -es decir, del poder adquisitivo del ingreso ajustado por inflación-, que viene retrocediendo desde agosto de 2025 en los sectores formales. El salario nominal creció a una tasa menor que la inflación, que se aceleró desde mayo de 2025.

Lo que se vive en la calle y en el mundo de los negocios -oferentes y demandantes- es heterogéneo. Parecen coexistir realidades opuestas: por un lado, la situación cotidiana de una proporción grande de la sociedad; por el otro, el discurso oficial, con narrativa y datos que subrayan lo positivo del rumbo y proyectan un futuro favorable.

El EMAE de marzo arrojó un crecimiento interanual de 5,5%. La actividad de la construcción mostró en el primer cuatrimestre, medida por el índice Construya, un incremento interanual de 0,6%: leve e incipiente, pero positivo.

En sentido contrario, el Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró en abril una caída de 3,2% a precios constantes frente al mismo mes del año anterior, con 12 meses consecutivos de baja.

Desde noviembre de 2023 cerraron 24.437 empresas, un número que representó 4,8% del total (Fundar)

Desde noviembre de 2023, un mes antes de que iniciara el gobierno del presidente Milei, un informe de la fundación Fundar con datos de la SRT mostró que cerraron 24.437 empresas, un número que representó 4,8% del total. La única provincia que incrementó el número de empresas fue Neuquén.

Además, un informe de la consultora Scentia destacó que, entre abril de 2026 y abril de 2025, el total del consumo masivo disminuyó 3,8%. La medición incluyó categorías como supermercados de cadena y autoservicios independientes, entre otros. El rubro farmacia fue levemente positivo, mientras que el e-commerce creció 40,4 por ciento.

Ganadores, perdedores y el costo de la transición

Sin duda, hay ganadores y perdedores. Energía, minería y parte del sector agrícola presentan signos positivos y perspectivas aún más alentadoras. Los sectores que sufren contracción son la industria, el comercio y la construcción, entre otros.

A esta altura se pueden extraer algunas conclusiones:

• Hay una realidad vinculada con la dirección que va tomando la economía y otra vinculada con la transición de ese proceso;
• La dirección es correcta: una economía más libre, con menor intervención del Estado; un Estado más chico y eficiente;
• Un país abierto al mundo y a las inversiones;
• Seguridad jurídica e institucional; tres poderes independientes; y
• Un sector privado pujante, competitivo y eficiente.

No obstante, no considero que el proceso haya sido ordenado o planificado. La vida económica de un país no es una planilla de cálculo ni un cúmulo de informes: funciona con tiempos, fricciones y adaptación. Se trata de pensar un proceso de ajuste y de generar herramientas que permitan a los actores económicos flexibilidad para adaptarse.

La vida económica de un país no es una planilla de cálculo ni un cúmulo de informes: funciona con tiempos, fricciones y adaptación

Hay que tener en cuenta que el EMAE -un indicador adelantado de la variación del PBI- asigna a sectores como industria, comercio mayorista y minorista, actividades inmobiliarias, construcción, transporte y comunicaciones un peso cercano al 50%. A la vez, son sectores con altas proporciones de empleo dentro de la economía.

Por eso, el Gobierno debería generar condiciones:

• En lo impositivo, bajar la carga de manera significativa para las empresas;
• En lo monetario, sostener un esquema de tasas de interés estables, acordes y razonables para invertir, consumir y ahorrar; y
• En lo laboral, reducir los costos sobre las plantas de personal actuales, no solo sobre nuevas incorporaciones, para que la mayor parte de la sociedad y de los mercados argentinos puedan crecer y competir en igualdad de condiciones.

El autor es Economista, director de Authentica Consulting

En los últimos años, el Ingreso Universal Básico dejó de ser una idea marginal para convertirse en un tema central de debate. Su impulso proviene de dos mundos que rara vez dialogan: el de la tecnología de punta y el de la religión.

Por un lado, referentes de la inteligencia artificial advierten que la automatización podría dejar a millones de personas sin empleo. Por el otro, el papa Francisco y otros religiosos de peso sostienen que un salario básico universal es una cuestión de justicia social y dignidad humana.

La coincidencia resulta llamativa: Silicon Valley y el Vaticano, cada uno desde su lógica, terminan defendiendo la misma propuesta.

La mirada tecnológica

Líderes de la IA como Sam Altman, Elon Musk y Geoffrey Hinton sostienen que el avance de los algoritmos y los robots hará desaparecer muchas tareas humanas. Frente a ese escenario, el Ingreso Universal Básico aparece como un ingreso garantizado que permita a las personas vivir con seguridad, aun si el mercado laboral se achica.

El Ingreso Universal Básico aparece como un ingreso garantizado que permita a las personas vivir con seguridad, aun si el mercado laboral se achica

La idea es pragmática: si la IA multiplica la productividad, parte de esa riqueza debería distribuirse. El ingreso básico funcionaría como puente entre un futuro más automatizado y una sociedad que intenta evitar la exclusión.

La mirada religiosa

El papa Francisco hablaba desde la doctrina social de la Iglesia y entendía el salario universal como un mandato ético frente a la exclusión. Sin embargo, el texto plantea que esa discusión alcanzó su máxima jerarquía magisterial con el papa León XIV, a partir de la encíclica Magnifica Humanitas (mayo de 2026), con la que la Iglesia Católica habría oficializado y elevado el debate a un plano doctrinal.

Francisco insistía en que no se trata de asistencialismo: el ingreso básico reconoce el valor de trabajos invisibles, como el cuidado familiar, y busca liberar a las personas para actividades que den sentido a la vida. En tiempos de crisis y automatización, lo presentaba como una medida de justicia elemental.

Según el texto, León XIV advirtió que la inteligencia artificial no es moralmente neutra y pidió un “desarme tecnológico” regulado por instituciones públicas independientes. También comparó el peligro de los algoritmos corporativos con el del armamento nuclear y planteó que el avance descontrolado de la IA no solo amenaza el empleo: también pone en riesgo la soberanía del pensamiento humano y la democracia.

León XIV advirtió que la inteligencia artificial no es moralmente neutra y pidió un “desarme tecnológico” regulado por instituciones públicas independientes

En ese marco, medidas de compensación económica como el Ingreso Universal Básico ya no se discuten solo como respuesta al desempleo, sino como un resguardo para la dignidad humana y un límite a la vigilancia automatizada.

Dos argumentos, un mismo punto de llegada

El discurso tecnológico y el religioso terminan en el mismo lugar: la IA lo propone como solución práctica ante la reducción del empleo; la Iglesia, como exigencia moral frente a la exclusión. En ambos casos, el Ingreso Universal Básico aparece como un mecanismo para garantizar que nadie quede fuera de los bienes esenciales.

La convergencia sugiere un problema de fondo: los desafíos del futuro -automatización y pobreza estructural- obligarán a repensar la economía desde la perspectiva de la dignidad humana. En ese cruce, algoritmos y fe convergen en un lenguaje común.

También llama la atención que la tecnología y la religión, dos ámbitos que suelen transitar por carriles separados, se encuentren en un punto compartido. El Ingreso Universal Básico queda, así, como símbolo de esa convergencia: una forma de articular productividad y solidaridad.

Autonomía, propósito y la pregunta por el sentido del trabajo

El debate no se agota en lo económico. Sam Altman lo resumió así: “Lo que la gente realmente quiere es prosperidad, autonomía, la capacidad de tener una vida interesante, sentirse realizado y tener algún impacto”. La pregunta es cómo lograrlo en un mundo donde la IA desplaza tareas humanas a gran escala.

La IA no solo reordenará la distribución de la riqueza: también puede redefinir el sentido de las horas de trabajo, la identidad y la necesidad de sentirse útil.

Lo que la gente realmente quiere es prosperidad, autonomía, la capacidad de tener una vida interesante, sentirse realizado y tener algún impacto (Altman)

Elon Musk propuso una “renta alta universal” financiada por el Gobierno Federal, bajo la premisa de que la productividad de la IA y la robótica generará bienes y servicios en abundancia. En el texto, esa visión se contrasta con la posición de Francisco, para quien el ingreso universal es un derecho ligado a la dignidad humana. Ambas posturas reflejan la dificultad de encontrar respuestas frente a un cambio que amenaza tanto al trabajo manual como al de oficina, al mismo tiempo y a una velocidad inédita.

Un debate que excede la economía

Quizás el desafío no sea solo económico, sino existencial: cómo construir un mundo donde la prosperidad tecnológica se traduzca en vidas plenas y no en sociedades sin propósito. En ese cruce entre religión y tecnología, el Ingreso Universal Básico se vuelve un concepto que obliga a repensar no solo cómo vivimos, sino por qué vivimos.

En conclusión, el futuro del trabajo y la justicia social ya no se discuten solo en laboratorios de inteligencia artificial ni en templos: se discuten en ambos. Eso abre una oportunidad para pensar un modelo de sociedad más justo, más humano y más inclusivo, en el que la IA se integre a un sistema económico distinto del que hoy conocemos.

El autor es economista, Mg Globalización, Comercio Internacional y Mercados emergentes (Universitat de Barcelona) y consultor

En la última semana, el Índice Merval comenzó a recuperar parte del terreno perdido. Venía muy golpeado y volvió a acercarse a la zona de los USD 2.000. Esto llevó a los inversores a analizar el contexto de los activos locales. Es relevante entender por qué el rally de acciones argentinas no fue parejo.

En los últimos meses, el sector energético y el de Oil & Gas concentraron buena parte de la atención. YPF, Vista y otras compañías vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta hace tiempo tienen argumentos sólidos para sostener el interés de los inversores. La producción no convencional sigue siendo una de las historias estructurales más importantes de la Argentina: los proyectos de infraestructura avanzan y el país necesita transformar ese potencial en inversiones y exportaciones. A esto se sumó un contexto internacional que también ayudó al sector.

Es de público conocimiento que la tensión en Medio Oriente volvió a poner al petróleo en el centro de la discusión global y reforzó el atractivo de las compañías con exposición al crudo.

La tensión en Medio Oriente volvió a poner al petróleo en el centro de la discusión global y reforzó el atractivo de las compañías con exposición al crudo

Por todo esto, nos sigue gustando el O&G argentino. Es uno de los sectores con mayor perspectiva a largo plazo, con fundamentos concretos y con un rol clave para la economía local. Sin embargo, desde una mirada de mercado, también parece razonable preguntarse si parte de esa historia ya está reflejada en precios.

Dicho esto, pensando hacia adelante, sobre qué sectores del Merval tendrían mayor potencial de upside ante una mayor normalización de las condiciones macro, aparecen los bancos locales: un sector que fue de los más golpeados y castigados en el último tiempo.

Obviamente, esta caída no fue casual. Durante buena parte del año pasado, el endurecimiento de las condiciones monetarias pegó de lleno sobre el negocio financiero. Las tasas en pesos más altas y volátiles, una política de encajes más exigente y una liquidez más ajustada redujeron el margen de maniobra del sistema. Para un banco, ese escenario tiene efectos directos:

• limita la capacidad de expandir el crédito,
• complica la administración de los fondos,
• aumenta la presión sobre la mora cuando la actividad todavía no termina de recuperarse, y
• el ajuste económico afectó el poder de pago de familias y empresas, lo que llevó a los inversores a mirar al sector con mayor cautela.

En otras palabras, los bancos no solo sufrieron por valuación: también enfrentaron un deterioro concreto en las variables que definen su negocio.

Los bancos no solo sufrieron por valuación: también enfrentaron un deterioro concreto en las variables que definen su negocio

Entonces, ¿por qué hoy podría ser una oportunidad para rotar hacia el sector bancario? ¿Qué cambió en el último tiempo? Empezaron a aparecer señales de estabilización. La mora sigue siendo el principal punto de atención, pero el mercado comienza a pensar que lo peor ya quedó atrás.

Si el empeoramiento de la calidad de cartera encuentra un techo durante el segundo trimestre y mejora gradualmente hacia la segunda parte del año, las acciones bancarias podrían empezar a anticipar una normalización antes de que los balances lo muestren por completo. En el equity, muchas veces el precio se mueve primero y los resultados llegan después.

Además, la estabilización de las tasas de interés en pesos colabora. Luego de un período de fuerte volatilidad, el mercado parece entrar en una etapa algo más ordenada. Para los bancos, una curva de tasas de interés más predecible permite administrar mejor la liquidez, cuidar márgenes y volver a pensar en aumentar los préstamos ante una macro que empieza a mostrar señales de recuperación.

Esto sin dejar de lado que novedades desde el frente regulatorio también podrían ayudar. En concreto, el Gobierno empezó a dar señales de querer desandar parte del endurecimiento de encajes. Si ese proceso avanza, los bancos tendrían más margen para administrar su liquidez y expandir el crédito.

Para los bancos, una curva de tasas de interés más predecible permite administrar mejor la liquidez, cuidar márgenes y volver a pensar en aumentar los préstamos

Este punto es importante porque el sistema financiero argentino sigue siendo chico en relación con la economía y frente a otros países de la región. En un país con bajo nivel de crédito privado, cualquier normalización puede tener un impacto relevante sobre el volumen de préstamos y sobre la rentabilidad del sector.

Dentro del sector, nuestros top picks son BBVA Argentina (ticker: BBAR) y Banco Macro (ticker: BMA). Para el primero, vemos una combinación atractiva entre crecimiento potencial del crédito, mejora de ingresos principales, eficiencia y una posición de capital razonable. En Banco Macro, el atractivo pasa por una estructura más defensiva, con fuerte solvencia, liquidez elevada y buena capacidad para atravesar un escenario todavía exigente. Ambos nombres mantienen exposición directa a una eventual recuperación del negocio bancario y, al mismo tiempo, muestran fundamentos para destacarse dentro del sector.

Entendemos que los riesgos siguen latentes, pero el punto es que el mercado ya castigó bastante al sector y empieza a encontrar argumentos para mirarlo con otra perspectiva. Si el Merval logra sostenerse en la zona de los USD 2.000 y la macro sigue mostrando señales de ordenamiento, los bancos pueden volver a ganar lugar dentro de las carteras locales. En nuestra visión, hoy el sector ofrece un punto de entrada atractivo para inversores con mayor tolerancia al riesgo, con BBVA Argentina y Banco Macro como las principales alternativas dentro del universo bancario argentino.

El autor es Analista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

Perú llega a una segunda vuelta con un sistema político cada vez más fragmentado y con menor capacidad de ordenar mayorías. Esta dispersión es clara en las urnas: mientras que en 2016 los dos candidatos más votados concentraban cerca del 61% de los votos, hoy apenas superan el 29%. Más que un fenómeno electoral, esto refleja a una ciudadanía que mira la política con distancia. Según el Barómetro de las Américas 2025/26, solo el 31% de los peruanos declara interés en la política y apenas el 18% está satisfecho con la democracia.

Esta desconexión convive con una conflictividad territorial latente. Solo en abril de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 190 conflictos sociales. Las tensiones reales se disputan en el territorio, en torno a recursos naturales, seguridad, empleo, inversión y la presencia efectiva del Estado.

El balotaje definirá mucho más que la Presidencia. El próximo gobierno enfrentará el reto de administrar demandas sociales activas y construir acuerdos en un Congreso bicameral sin mayorías automáticas. Por eso, el punto central ya no es solo quién gane, sino cómo se reconfigurará el poder institucional. En este escenario móvil, la clave no será esperar certezas, sino fortalecer las capacidades de anticipación.

Para el sector privado, esto exige un riguroso análisis de escenarios para identificar señales tempranas de presión regulatoria, reputacional o de negocio, distinguiendo los riesgos coyunturales de las transformaciones estructurales.

La predictibilidad económica será central. Ante demandas sociales y un menor margen fiscal, el riesgo radica en medidas cortoplacistas o cambios regulatorios que puedan frenar la inversión. Frente a una eventual presión recaudatoria, la dirección del Banco Central de Reserva será un ancla vital de estabilidad.

A esto se suman riesgos cuya intensidad varía por sector. Según un estudio de LLYC (diciembre de 2025), sectores con contacto directo ciudadano (servicios, banca, retail) enfrentarán mayor escrutinio público. La industria y la construcción lidiarán con debates sobre empleo y transparencia; y la minería, el agro y la pesca con presiones territoriales y de recursos. En todos los casos, la vulnerabilidad dependerá del capital reputacional acumulado.

Prepararse exige lectura temprana, definición de escenarios y el mapeo de los nuevos interlocutores para ordenar una agenda de relacionamiento proactiva, antes de que la urgencia límite los márgenes de acción. A la par, será vital afianzar las narrativas corporativas, explicando mejor el aporte empresarial al desarrollo y al empleo. Una mejor reputación no elimina el riesgo, pero sí lo amortigua: reduce la exposición regulatoria, fortalece la legitimidad y mejora la capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

En resumen, el balotaje no despejará la incertidumbre: probablemente inaugure una nueva etapa de negociación institucional, disputa regulatoria y reconfiguración de prioridades. En un contexto de baja visibilidad, la diferencia no estará solo en reaccionar rápido, sino en leer mejor el entorno, anticipar escenarios y construir una ruta propia. En el Perú que viene, anticiparse será tan importante como adaptarse.

Durante años se creyó que las guerras eran un capítulo cada vez más lejano de la historia y que la globalización acercaría a los pueblos. Que el crecimiento económico terminaría derramando bienestar y la tecnología resolvería problemas que parecían imposibles.

Sin embargo, el comienzo del siglo XXI parece haber tomado otro rumbo. Las guerras volvieron a ocupar el centro de la escena internacional y la desigualdad sigue creciendo en muchas regiones. Las nuevas tecnologías concentran enormes cuotas de poder y la polarización erosiona la confianza social y política en numerosos países.

Es en este contexto donde León XIV publica Magnifica Humanitas, una encíclica que probablemente será recordada menos por lo que dice sobre la inteligencia artificial que por la pregunta más profunda que atraviesa todo el documento: quién gobierna las fuerzas que están transformando el mundo.

Hay una frase que resume el espíritu del texto: desarrollar la técnica sin que retroceda el corazón. El Papa observa una paradoja característica de nuestra época. Nunca la humanidad dispuso de tantos recursos científicos y tecnológicos, y sin embargo crecen la incertidumbre, los conflictos y las nuevas formas de exclusión. Por eso la encíclica no se detiene únicamente en lo que las tecnologías son capaces de hacer. La cuestión decisiva es quién las controla, con qué finalidad y al servicio de quiénes.

La preocupación de León XIV, en realidad, es más amplia que el fenómeno tecnológico. En varios pasajes advierte sobre una creciente cultura del poder que vuelve a rehabilitar la fuerza como instrumento legítimo de la política internacional. Después de décadas en las que el diálogo y la cooperación parecían consolidarse como horizonte común, reaparecen la lógica del enfrentamiento, la carrera armamentista y la búsqueda de supremacías geopolíticas.

Por eso, Magnifica Humanitas constituye una defensa del derecho internacional y de las instituciones multilaterales en un tiempo en que muchas de sus normas son relativizadas por intereses estratégicos y económicos cada vez más agresivos.

La paz, insiste León XIV, no puede reducirse a un equilibrio precario entre actores enfrentados ni a una simple ausencia de guerra. La paz requiere justicia, reconocimiento mutuo y estructuras capaces de proteger la dignidad de todos los pueblos, especialmente de aquellos que suelen quedar subordinados a las decisiones de los más poderosos.

Esa misma preocupación aparece cuando la encíclica aborda la economía. León XIV cuestiona una convicción que dominó buena parte de las últimas décadas: la idea de que el mercado, por sí solo, puede corregir los desequilibrios sociales y distribuir adecuadamente los beneficios del desarrollo. La encíclica recuerda que las injusticias no nacen únicamente de decisiones individuales equivocadas. También existen estructuras económicas, culturales y políticas que producen desigualdad de manera sistemática. Cuando esto sucede, no basta con apelar a la responsabilidad personal. Es necesario revisar los mecanismos que generan exclusión.

Desde esta perspectiva, el Papa recupera una enseñanza clásica de la Doctrina Social de la Iglesia: la función social de la propiedad privada y lo hace trasladando esa discusión al escenario contemporáneo. Si durante mucho tiempo el debate giró en torno a la tierra, los recursos naturales o la propiedad industrial, hoy aparecen nuevas formas de riqueza que también concentran poder: los datos, los algoritmos, las plataformas digitales, las patentes y las infraestructuras tecnológicas.

La afirmación es significativa porque cuestiona la idea de que estos bienes puedan quedar completamente al margen de cualquier consideración sobre el bien común. Es aquí donde aparece la reflexión sobre la inteligencia artificial, uno de los aspectos más comentados de la encíclica.

León XIV evita los dos extremos que suelen dominar el debate público. No comparte el catastrofismo de quienes ven en la IA una amenaza inevitable para la humanidad, pero tampoco el entusiasmo ingenuo que identifica automáticamente innovación tecnológica con progreso humano. La encíclica recuerda que la inteligencia artificial puede procesar información y ejecutar tareas complejas, pero no puede reemplazar la conciencia moral, la responsabilidad ética ni la capacidad de compasión.

León XIV propone una defensa explícita de la fragilidad humana. Frente a una mentalidad tecnocrática que suele considerar los límites como obstáculos que deben ser superados, el Papa recuerda que la vulnerabilidad, la dependencia mutua y la necesidad de cuidado forman parte de aquello que nos hace profundamente humanos.

Su preocupación principal no es la tecnología en sí misma, sino la posibilidad de que las nuevas herramientas profundicen desigualdades ya existentes. Si los datos, los algoritmos y las infraestructuras digitales quedan concentrados en pocas corporaciones o potencias globales, lo que estará en juego no será solamente la distribución de la riqueza, sino también la libertad de las personas, la calidad de las democracias y la autonomía de los pueblos.

En uno de los pasajes más sugerentes del documento, León XIV contrapone dos imágenes bíblicas: Babel y Jerusalén. Babel representa la soberbia del poder sin límites, la ilusión de autosuficiencia y la concentración de capacidades en pocas manos. Jerusalén simboliza una comunidad reconciliada, donde la diversidad no es una amenaza y donde cada persona conserva una dignidad irreductible. Más allá de su significado religioso, las imágenes funcionan como una metáfora de dos modelos de civilización.

Quizás por eso el aporte más original de Magnifica Humanitas no sea una respuesta concreta, sino una pregunta. En una época fascinada por la velocidad, la innovación y la acumulación de poder, León XIV invita a preguntarse si el progreso que estamos construyendo nos vuelve realmente más humanos.

La primera encíclica de León XIV propone detenerse a leer y pensar. Se estima que una enorme parte de la humanidad termina cada año sin haber leído un libro completo. Magnifica Humanitas es una invitación a ir a contramano de esa lógica, a dedicar tiempo a reflexionar sobre algunas de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. La versión completa de la encíclica puede leerse haciendo click aquí.

¿Qué ocurre cuando el eje principal no es el deber, sino el propósito? ¿Qué cambia cuando el legado, en lugar de experimentarse como una exigencia implícita, puede ser aceptado, transformado o incluso postergado, sin que eso afecte los vínculos familiares?

Estas preguntas no sólo interpelan a quienes forman parte de una empresa de familia, sino también a cualquier persona que, en algún momento de su vida, se enfrenta con la necesidad de otorgarle sentido a lo que hace y a lo que proyecta.

Cuando pertenecer era obedecer

Durante mucho tiempo, el modelo predominante en las empresas familiares estuvo estructurado en torno al mandato: continuar, sostener, honrar; un mandato que no se discutía y que, en muchos casos, constituía la condición misma de pertenencia. Este modelo está cambiando profundamente: en las últimas décadas, con la aparición de las generaciones millennial y centennial, comenzó a insinuarse otra lógica, que no supone negar el legado sino abrirlo a una reinterpretación que lo vuelva más habitable para quien lo recibe.

Del deber al sentido

En ese punto resulta especialmente fértil el concepto japonés de ikigai, entendido como aquello que da sentido a la vida, no como una obligación externa sino como un espacio de convergencia entre lo que una persona ama, aquello en lo que puede desplegar sus capacidades, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puede ser reconocida.

Desde esta perspectiva, el legado familiar no necesariamente se configura como una carga; puede constituirse en una propuesta, en una plataforma, en un punto de partida que, para desplegar todo su potencial, requiere ser pensado, conversado y, sobre todo, elegido.

Cuando el legado pesa demasiado

Cuando el legado se impone sin habilitar un proceso de apropiación personal, tiende a volverse pesado y, en ese contexto, no resulta extraño que emerjan distancias, conflictos o incluso rupturas que afectan tanto a la familia como a la empresa. Por el contrario, cuando ese legado se ofrece y admite ser reinterpretado, puede transformarse en un puente entre generaciones, un puente que no obliga a ser transitado pero cuya existencia amplía las posibilidades de encuentro y continuidad.

Cambios en el rol de cada generación

Este desplazamiento implica, a su vez, una revisión del rol de la generación mayor, que ya no se limita a transmitir un camino, sino que asume también la responsabilidad de habilitar búsquedas, del mismo modo que interpela a las nuevas generaciones a construir una relación más consciente, menos reactiva y más creativa con aquello que reciben.

Elegir para continuar

El pasaje del mandato al propósito no suprime las tensiones propias de toda empresa de familia, aunque sí modifica su carácter, en la medida en que introduce la posibilidad de que la continuidad se sostenga en una elección con sentido y no en una inercia difícil de cuestionar.

En ese cruce entre lo recibido y lo elegido, entre la historia y la proyección, es donde el legado encuentra su forma más fértil; y precisamente cuando confluyen lo individual y lo compartido con la familia, la búsqueda del ikigai nos ilumina para lograr empresas exitosas y ayudar a la felicidad de personas y familias.

Una nota de Infobae publicada el pasado 17 de mayo volvió a poner de relieve la relación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo. Allí se describen experiencias provinciales que buscan tender puentes entre ambos mundos mediante pasantías, prácticas educativas, visitas a empresas y alianzas con sectores productivos.

La imagen es importante no solo por lo que describe, sino por la pregunta que abre: ¿debe la secundaria seguir pensándose, casi exclusivamente, como antesala de estudios superiores? ¿O debe animarse a reconocer que no todos los jóvenes necesitan, desean o pueden recorrer la misma trayectoria para construir un futuro digno?

Una educación verdaderamente libre no puede empujar a todos hacia el mismo camino. Libertad educativa no significa únicamente elegir escuela. También exige que existan trayectorias diversas, exigentes y socialmente reconocidas. Si todos los caminos conducen al mismo destino, la libertad termina siendo mucho más estrecha de lo que parece.

El proyecto de Ley de Libertad Educativa ofrece un marco especialmente relevante para este debate. Al definir la finalidad de la educación secundaria, su artículo 22 establece que debe preparar para “la vida social, el trabajo y/o la continuidad de estudios superiores”. Y contempla “trayectorias personalizadas” que faciliten la elección entre estudios superiores, formación técnica o inserción laboral. El artículo 40, por su parte, dispone que las jurisdicciones promuevan la articulación entre instituciones de educación secundaria y sectores de la producción y el trabajo, y permite organizar prácticas educativas vinculadas al mundo laboral con participación de personas o instituciones públicas o privadas registradas.

Preparar para el trabajo no es degradar la escuela. Significa reconocer que la escuela debe preparar para la vida real, y que la vida real no se agota en la universidad. Una sociedad libre no debería considerar que un único recorrido es digno y que todos los demás son alternativas menores.

Allí aparece el sistema de educación dual alemán, no como fórmula mágica ni como un modelo para copiar sin más, pues la Argentina no es Alemania. Pero vale la pena estudiarlo con seriedad, pues demuestra que una trayectoria orientada al trabajo puede ser exigente y socialmente respetada.

La OCDE señala que en Alemania “la forma predominante de la formación profesional es el sistema dual”, el cual ofrece aprendizajes que combinan formación vocacional en escuelas con formación en empresas sobre la base de estándares nacionales. En 2021, agrega, el 32% de los estudiantes alemanes de 15 a 19 años de la secundaria superior estaba matriculado en programas vocacionales.

Por su parte, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional describe los programas de aprendizaje del sistema dual en Alemania como “el pilar de la formación profesional de secundaria superior”. Suelen durar tres años, combinan empresa y escuela vocacional, abarcan 326 ocupaciones, tienen aproximadamente un 75% de aprendizaje basado en el trabajo y contemplan remuneración para los aprendices. No se trata de una pasantía ocasional ni de un agregado marginal al final de la secundaria. Es una trayectoria, y esa diferencia no es menor.

Mientras la formación profesional sea vista como el destino de quienes no llegan a la universidad, seguirá cargando un estigma injusto. Pero si se la piensa como una opción exigente, con valor social y oportunidades reales, puede convertirse en una forma concreta de inclusión. Más aún: en una expresión real de libertad educativa.

Los jóvenes no aprenden del mismo modo ni proyectan su futuro de la misma manera. No todos necesitan que la escuela les diga, explícita o implícitamente, que el único camino respetable es la universidad. Algunos encontrarán allí su mejor destino.

Otros pueden encontrarlo en una formación profesional rigurosa, vinculada al mundo del trabajo, con certificación reconocida y posibilidad de seguir aprendiendo.

La libertad educativa no consiste en que todos hagan lo mismo en instituciones distintas. Consiste en que existan alternativas reales para proyectos de vida distintos. No para bajar expectativas, sino para hacerlas más realistas, más diversas y cercanas a los talentos concretos de cada joven.

El modelo dual alemán muestra que elegir una formación profesional no tiene por qué significar renunciar al futuro. Puede ser, precisamente, una forma realista y digna de construirlo. La Argentina no necesita imitar a Alemania. Necesita animarse a discutir si seguirá llamando inclusión a empujar a todos hacia la misma ruta, o si comenzará a construir una libertad educativa hecha de caminos distintos, exigentes y socialmente reconocidos.

En el puzzle de la Argentina, solo una voz imprescindible, milenaria, intenta que las piezas que el Gobierno desecha en su armado, sean vistas y tenidas en cuenta: la Iglesia.

En su homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva expresó la necesidad de que ese armado sea el correcto. Es decir, inclusivo, que el encastre sea con todos. El Gobierno desecha piezas originales y las cambia por otras. Lo hace en nombre de una batalla cultural que solo esconde las viejas mañas de la vieja casta, con el aditamento de agresividad y compulsión a mostrar los privilegios del poder.

En el puzzle que propone la Iglesia, aparecen piezas claves como el diálogo, el respeto, la escucha, la sensibilidad, la empatía. Por suerte, hay una multitud, dentro de la cual hay muchos jóvenes, que cree en estas palabras fundantes de valores permanentes.

Para el puzzle presidencial, Argentina tiene otro formato, presenta una geografía nueva, priorizando al sector económicamente más fuerte en desmedro de los pobres, los de siempre y los nuevos.

No está mal que un sector sea priorizado, como los de la montaña y el agro, en tanto y en cuanto ese 20% vigoroso de nuestra economía encaje en el armado de la planificación total del país. Es decir, que sea polea de tracción para rescatar a los sectores desclasados de la industria y el comercio y quienes trabajan en ellos. Pero no está concebido así. Mientras la inversión extranjera no pagará impuestos por años, a la industria argentina no se la benefició con un solo peso, y en este rubro la competencia es absolutamente desigual.

La economía argentina tiene un oasis en sus recursos naturales: suelos fértiles, yacimientos de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), minerales críticos como el litio, reservas de agua dulce, bosques nativos, mar, ríos. Pero la concepción gubernativa es más achique sobre la matriz industrial que fue concebida en décadas, supo estar muy robustecida y hoy muestra sus flaquezas.

El Presidente ha dicho: “Mi competidor soy yo”. Aquí el problema. El Gobierno no tiene oposición ni límites políticos. El Congreso sigue acompañándolo. La corrupción y los escándalos podrían ser una barrera que la sociedad reconozca, pero la población parecería no castigar esos pecados. El ajuste permanente quizás sea el límite, si es que las encuestas reflejan el sentir social. Hay un promedio del 60% de rechazo a las políticas del Ejecutivo, con énfasis en la falta de trabajo y en el derrumbe del salario. Pero el resultado electoral de octubre permite que la duda siga instalada.

El Presidente hoy compite contra sí mismo y las internas de su gobierno que no maneja.

Patricia Bullrich no encuentra su lugar. Se ofrece ante los Milei como quien podría traccionar al PRO, la UCR, etc. Este sería el significado del abrazo que le dio a Mauricio Macri.

A propósito del ex presidente, viene a Santa Fe y Paraná el viernes 5 de junio. Por ahora, mira la cancha. Y, como define un allegado, “si ve que la pelota entra al área, va a jugar, él es ingeniero”.

El Presidente está muy esperanzado con el viaje del Papa León XIV a Latinoamérica y las chances de que visite Argentina. Acaba de publicar su primera encíclica: Magnifica Humanitas.

Infobae se comunicó con el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación de la CEA, y le consultó sobre lo central de la nueva encíclica: “Para mí, hay dos temas: el primero es una renovación del pensamiento católico, lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, desde el lugar donde la propiedad privada está al servicio del bien común y donde habla también de la justicia social y sus nuevos nombres: migrantes, refugiados, los sin tierra, personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. Es como volver a aterrizar la justicia social a las nuevas realidades de pobreza. El otro tema es de lectura obligatoria para quienes gobiernan los pueblos del mundo: es la superación del concepto de guerra justa y cualquier concepto que justifique la guerra. Bajo ningún punto de vista se puede hablar de guerra justa. El Papa se está ocupando de la paz, un liderazgo en continuidad con Francisco. La Iglesia, en el tema de la paz, es una voz privilegiada, a veces la única”.

Agrega: “Sobre la inteligencia artificial, el Papa propone poner al hombre nuevamente en el centro. Como pastor, no le toca analizar el proceso de la IA, pero sí nos invita a no renunciar al pensamiento propio y al discernimiento sobre la verdad. León XIV sostiene que ni la mejor IA puede suplantar el pensamiento propio”.

Jurcinovic, remata: “El gran pedido del Papa es que el desarrollo tecnológico no permita que el corazón retroceda”.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, plantea eliminar el régimen tributario especial aplicable al sector agroexportador y llevarlo al esquema general del impuesto a la renta. La propuesta puede sonar políticamente atractiva bajo el argumento de “eliminar privilegios”, pero vuelve a evidenciar una preocupante desconexión respecto a cómo funciona realmente una de las actividades más exitosas de la economía peruana.

Las agroexportaciones no crecieron por casualidad ni aparecieron de la noche a la mañana. Hace apenas veinticinco años, el Perú exportaba menos de US$ 650 millones en productos agrícolas. Hoy supera los US$ 14,500 millones y lidera el mundo en exportaciones de arándanos, uvas y espárragos, además de posicionarse entre los principales exportadores globales de paltas y mangos.

Detrás de ese resultado no hubo magia. Hubo inversión privada, seguridad jurídica, apertura comercial y un conjunto de incentivos orientados a compensar los enormes costos y riesgos que implica desarrollar agricultura moderna en el Perú. Porque el agroexportador peruano no opera en condiciones normales. Antes de exportar una sola caja de fruta, se requiere transformar desiertos en tierras productivas, construir sistemas de irrigación, desarrollar infraestructura y llevar agua desde zonas altoandinas hacia la costa.

En ese contexto, la tasa de 15% del impuesto a la renta no debe analizarse de manera aislada. Forma parte de un esquema diseñado para sostener competitividad frente a países como Chile, Colombia, México, Marruecos o Sudáfrica, con los que el Perú compite permanentemente por mercados e inversiones.

Además, muchas veces se omite que el sector ya enfrenta importantes sobrecostos laborales. Uno de ellos es el denominado bono beta, equivalente al 30% de la remuneración mínima. Cada incremento del salario mínimo impacta automáticamente sobre ese componente y eleva significativamente los costos laborales del sector formal agroexportador.

Por eso, la discusión no debería centrarse únicamente en si existe o no una tasa diferenciada, sino en cómo preservar competitividad y empleo formal en las regiones. Miles de trabajadores rurales pasaron de la informalidad y el subempleo a empleos formales gracias al desarrollo agroexportador.

Incluso algunos empresarios del sector han señalado disposición a discutir una transición hacia otro esquema tributario, pero condicionada a corregir mecanismos que hoy generan incertidumbre y sobrecostos automáticos. Por ejemplo, revisar el bono beta para convertirlo en un monto fijo y no atado al salario mínimo, o mantener esquemas de contratación acordes con la estacionalidad de las campañas agrícolas.

El verdadero problema es discutir el agroexportador únicamente desde una lógica tributaria y no desde la competitividad. Porque cuando un sector pierde competitividad, lo que finalmente se pone en riesgo no son únicamente utilidades empresariales. Son inversiones, oportunidades y miles de empleos formales en las regiones del país.