Entendemos contrapoder como la capacidad de generar estructuras alternativas frente al poder oficial, ya sea en lo político, lo social o cultural. Según Negri (2001), el contrapoder no tiene como objetivo sustituir el poder existente sino desarrollar nuevos enfoques de vida, de organización, producción y disidencia.

La música, cuando asume el rol de contrapoder, se transforma en vehículo cuestionador de posiciones dominantes y a su vez, impulsa nuevas estéticas. Fidelio, la única ópera compuesta por Beethoven (1805/14), es una denuncia directa a la tiranía y los abusos de poder. La 5ta. sinfonía de Shostakovich (1937) ha sido interpretada como una crítica oculta al régimen stalinista. En la América Latina de los 1970, Os Mutantes y Los Jaivas, por ejemplo, utilizaron el rock como artefacto de denuncia. En EE. UU. el hip hop surgió como voz de barrios marginados, cuestionando desigualdades raciales y sociales. En contextos rurales, el folklore ha servido para preservar identidades y resistir la homogeneización cultural.

En lo que hace a la música electrónica, la definimos a partir de una sucesión de cambios tecnológicos en la que cada innovación fue ampliando las fronteras de lo audible. Así, en nuestra mirada, funcionó como una emancipación estética, ofreciendo un lenguaje que desafiaba la rigidez del sistema temperado, desplazando la hegemonía de la notación tonal hacia un paradigma tecnológico en el que los ruidos, en tanto sonidos, y la manipulación digital expandieron los límites de lo audible.

La electricidad, a fines del siglo XIX, no solo iluminó fábricas y ciudades, asimismo permitió la apertura de un horizonte sonoro inédito que pronto se transformó en materia de experimentación. Ferruccio Busoni lo intuyó en 1907. En su ensayo Esbozo de una nueva estética de la música, inspirándose en el Telharmonium (1897) de Thaddeus Cahill, primer instrumento enteramente electrónico y polifónico, se plantea la posibilidad de emancipar la música de los medios acústicos tradicionales.

El Telharmonium fue un artefacto monumental, un dinamófono que ocupaba salas enteras y transmitía su sonido por líneas telefónicas. Sin embargo, para nuestra pena, no quedó ninguna grabación de su sonido, lo que de alguna manera lo convierte en un fantasma tecnológico. Así, podría decirse que la música electrónica nace con un vacío, en algo que se afirma en la imaginación más que en la experiencia directa.

Desde entonces cada innovación -el Theremin (1920) de León Termen, las Ondes Martenot (1928) de Maurice Martenot, los experimentos de John Cage en Imaginary Landscape No. 1 (1939) con bandejas giradiscos- fue desplazando los límites de lo audible y cuestionando la frontera entre música y ruido.

La invención del grabador a cinta abierta (1935) permitió no solo registrar sino también manipular sonidos reales. Pierre Schaeffer inauguró así la música concreta con étude aux chemins de fer (1948), obra para la cual llevó su grabadora a la estación de trenes de Batignolles, en París, y captó locomotoras y maniobras ferroviarias. En el estudio, montó y transformó esos ruidos en música. Un paso aún más adelante es dado por Karlheinz Stockhausen en los estudios de Radio Colonia, Alemania. En Studie I (1951) este compositor lleva la abstracción al extremo a partir de la utilización de generadores de frecuencia. En lugar de grabar ruidos del mundo real (como Schaeffer), Stockhausen generó tonos sinusoidales con osciladores electrónicos. Así, el sonido mismo se convirtió en materia prima y la escucha cambió para siempre. Lo que antes era efímero se volvió perpetuo, y lo que era acústico se transformó en objeto manipulable.

A manera de compartir algunas reacciones hacia las nuevas tecnologías que fueron emergiendo, retrocedamos por un instante más de medio siglo para situarnos en el momento en que la voz humana pudo conservarse por primera vez gracias a una creación revolucionaria. En 1888, el coronel George Gouraud, agente encargado de promover en Europa la invención de Thomas Alva Edison -el fonógrafo (1877)-, utilizó ese mismo aparato en su residencia londinense, Little Menlo, para registrar la voz del compositor inglés Sir Arthur Sullivan. Sullivan, en la que se considera la grabación no musical más antigua que se conoce, profiere palabras que, para algunos, podrían ser proféticas: “Por mi parte, solo puedo decir que estoy asombrado y un poco aterrorizado por los resultados de los experimentos de esta noche. Asombrado por el maravilloso poder que usted ha creado y aterrorizado con la idea de que se puede conservar para siempre tanta música mala y detestable.”

Años más tarde y con un tinte más optimista, Carlos Gardel, antes de iniciar la gira fatal de 1935, dejó una frase que hoy resuena como profecía. Las grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán oyentes “cordiales e interesados”. Y es en su intuición en donde se condensa la paradoja. Por un lado, la fidelidad creciente del sonido, por otro, la democratización de la escucha. Gardel comprendía que la música ya no dependería de la presencia física del intérprete, sino de la mediación tecnológica. Implícitamente su advertencia había sido doble. La técnica puede mejorar la calidad, pero lo decisivo es la disposición del oyente, su capacidad de escuchar con interés genuino y no como consumidor pasivo.

En los años 60 la contracultura juvenil absorbió parte de las exploraciones sonoras que se gestaron en la primera mitad del SXX, experiencias que fuimos describiendo en los párrafos anteriores. En este sentido, un primer punto de inflexión ocurre con Tomorrow Never Knows (1966), obra donde The Beatles abren el juego al trasladar la vanguardia sonora al rock y a su vez, a la masividad del público. Si bien compuesto por John Lennon, es McCartney quien aportó los loops de cinta en este tema, influido principalmente por su interés en la música concreta y su contacto con el compositor Luciano Berio. En paralelo, Frank Zappa con The Mothers of Invention, en su primer álbum, Freak Out (1966), experimenta asimismo con sonidos concretos y de vanguardia. Su admiración por Edgard Varèse lo lleva a trasladar tal disrupción sonora al propio corazón del rock.

En un mismo clima de época, The Rolling Stones ofrecieron su propia versión de la vanguardia en Their Satanic Majesties Request (1967). En Sing This All Together (See What Happens) exploran texturas psicodélicas y collage sonoros. El uso de ruidos, distorsiones y efectos de estudio en “Interstellar Overdrive” (1967) asimismo ubica a Pink Floyd en un similar sendero de experimentación. Al año siguiente, The Beatles, esta vez de la mano de John y Yoko, volverían a revolucionar el rock dando un paso aún más arriesgado. Con Revolution #9, obra que sigue generando debate por su radicalidad experimental, inscribieron al rock en un espacio que venía gestándose ya desde fines de los 1940 en los estudios de Schaeffer y Pierre Henry, aquel de total experimentación concreta.

Queda claro que, a partir de la absorción de las vanguardias musicales y la tecnología, el rock expandió sus fronteras sonoras, pero a su vez, puso en jaque al poder. En el festival de Woodstock (1969), Jimi Hendrix convirtió la guitarra eléctrica en un laboratorio sonoro. Su despliegue de distorsiones, feedback y manipulación tímbrica demostraron que incluso un instrumento tradicional podía transformarse en medio de experimentación radical. Al distorsionar el “Star Spangled Banner” hasta ubicarlo en los límites de lo reconocible, el nacido en Seattle inscribía al rock dentro de la lógica contestataria, mostrando que desde el ruido generado por medios electrónicos se podía cuestionar el poder de la política y luchar contra la barbarie de la guerra. De alguna manera, quizás sin saberlo, Hendrix retomaba la estética que Krzysztof Penderecki pone en juego en “Treno por las víctimas de Hiroshima” (1960), obra visceral que utiliza disonancias extremas para evocar el horror y el sufrimiento causado por el lanzamiento de la bomba atómica.

Si bien, como hemos visto, gran parte de la transformación del rock se desarrolló en Estados Unidos e Inglaterra, la música electrónica también encontró un terreno fértil en otros escenarios culturales. Alemania, marcada por la posguerra, se convirtió en un laboratorio intelectual a partir de la Escuela de Darmstadt. Fundada en 1946 por Wolfgang Steinecke, dicha ciudad reunió a compositores de la talla intelectual de Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luigi Nono y el propio Penderecki, entre otros. Allí se debatió qué rumbo debía tomar la música, hacia dónde avanzar y qué parámetros formales podían sostenerla, inscribiendo a la electrónica en un linaje de ruptura cultural.

No es de extrañar, entonces, que en esa misma nación surgiera el krautrock como búsqueda de identidad autónoma, ofreciendo resistencia a la hegemonía anglosajona del rock. En Berlín, Tangerine Dream, fundada en 1967 por Edgar Froese, abrió un sendero hacia la electrónica astral. Con la incorporación de Christopher Franke y Peter Baumann, el grupo convirtió la tecnología de los sintetizadores modulares, el Mellotron y los secuenciadores analógicos en portales hacia lo cósmico. Discos como Electronic Meditation (1970), Zeit (1972), Phaedra (1974) y Rubycon (1975) marcaron hitos en la construcción de atmósferas hipnóticas y paisajes sonoros que reconfiguraron el formato canción. Su música, más cercana a la contemplación espacial que a la mecanización de la modernidad, inscribió la electrónica en una tradición de emancipación estética, influyendo en la futura ambient, la space music y las bandas sonoras electrónicas.

Paralelamente desde Düsseldorf, Ralf Hütter y Florian Schneider se reúnen para formar Kraftwerk (1970), banda que transformó la energía industrial en fuente acústica, convirtiéndose en una especie de “central eléctrica del pop”. Principalmente Kraftwerk tomó el legado sociocultural del futurismo, que en la Italia de la primera década del SXX había exaltado a las máquinas como emblema de modernidad. Luigi Russolo, en su manifiesto L’arte dei rumori (1913), defendía la incorporación del ruido urbano e industrial al arte musical, donde sus intonarumori reproducían sonidos de motores, explosiones y engranajes operando como símbolos de un nuevo tiempo sonoro acorde a la segunda revolución industrial.

Al igual que lo hecho por Russolo en Milán, en su laboratorio Kling Klang Kraftwerk transformó las máquinas en instrumentos. Sintetizadores analógicos, secuenciadores, vocoders y drum machines se volvieron protagonistas de un sonido que hacía de la precisión maquínica su estética. Discos como Autobahn (1974) y Trans-Europe Express (1977) anticipan cambios sociales. Las secuencias repetitivas nos trasladan a través de autopistas y redes ferroviarias. A su vez, con su iconografía robótica e informatización de la vida cotidiana, The Man-Machine (1978) y Computer World (1981) consolidan la fusión entre hombre y máquina. El legado de Kraftwerk fue decisivo para el techno de Detroit, el synthpop británico y el hip hop neoyorquino, demostrando que la electrónica podía a su vez ser emancipación cultural. Ahora, desde el continente europeo la dependencia de la norma anglosajona pasaba a ser parte de la historia.

A pesar de la continua evolución de la tecnología que ha acompañado a la música desde fines del SXIX, el legado de la máquina como emblema cultural encuentra hoy un nuevo horizonte ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA). La plataforma algorítmica, con su capacidad de producir y distribuir sonidos de manera automatizada, reabre la pregunta sobre el rol del arte musical como espacio de contestación. Si antes la utilización de artefactos electrónicos fueron símbolo de emancipación estética, ahora el algoritmo plantea un nuevo dilema entre creación autónoma y estandarización digital. Dicha tensión nos conduce a plantearnos si la plataformización y la IA pueden, por ejemplo, ser entendidas como un nuevo contrapoder cultural o, más bien, como parte constitutiva del poder mismo en un canon que se autoreproduce. Tal interrogante, al igual que cuando se discutió el futuro de la música en la Alemania de posguerra, nos abre las puertas hacia nuevos debates sobre el destino y rol del arte sonoro en la sociedad industrial 5.0.

Europa decidió hace dos décadas que quería ser virtuosa. Cerró centrales nucleares que funcionaban perfectamente. Prohibió el fracking. Ignoró sus propias reservas de gas y petróleo en el Mar del Norte. Y llenó sus paisajes de molinos de viento y paneles solares que, según la narrativa oficial, iban a salvarla del cambio climático y de su dependencia energética. El resultado ha sido exactamente el opuesto.

En 2021, Europa importaba de Rusia el 45% de su gas natural. Países como Alemania llegaban al 65%, Hungría al 95%, Letonia y República Checa al 100%. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, ese grifo se cerró de golpe. Los precios del gas en los mercados europeos se multiplicaron por cuatro en cuestión de semanas. La industria alemana, que había construido su competitividad sobre energía barata y abundante, entró en una crisis estructural de la que no ha salido. Alemania, la mayor economía de Europa, lleva dos años en recesión. “La industria alemana, que había construido su competitividad sobre energía barata y abundante, entró en una crisis estructural de la que no ha salido.”

Europa reemplazó el gas ruso comprando gas natural licuado en mercados internacionales, mucho más caro y mucho más vulnerable a los conflictos globales. Y entonces llegó el conflicto con Irán. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado que se comercia en el planeta. Cuando esa ruta se convirtió en zona de guerra, los precios del gas en el mercado de referencia europeo subieron un 55% en una sola semana. Dos crisis energéticas en cuatro años, provocadas por conflictos militares que Europa no tiene capacidad de resolver ni de evitar. Ahí está el problema de fondo. Europa no es potencia militar y tampoco quiere serlo. Durante la Guerra Fría gastaba cerca del 3% de su PIB en defensa. Hoy gasta el 1,9% de media, y países como España llevan décadas incumpliendo incluso el objetivo mínimo del 2% acordado con la OTAN. Un continente que no puede protegerse a sí mismo depende de que otros lo protejan, y cuando esos otros tienen sus propios problemas, Europa queda expuesta.

Lo más irónico es que los recursos propios existían. El Mar del Norte tiene petróleo y gas en cantidades suficientes para reducir drásticamente la dependencia exterior. El subsuelo europeo tiene gas extraíble mediante fracking, técnica que Europa prohibió por motivos medioambientales mientras la usaba sin problema para importar gas licuado producido exactamente con esas mismas técnicas en otros países. Las centrales nucleares que cerraron Alemania, Bélgica y Suiza generaban electricidad limpia, estable, barata y sin emisiones. Todo eso fue sacrificado. “Las centrales nucleares que cerraron Alemania, Bélgica y Suiza generaban electricidad limpia, estable, barata y sin emisiones. Todo eso fue sacrificado.”

Lo que Europa eligió en cambio son molinos de viento y parques solares. Instalaciones que generan energía intermitente: solo funcionan cuando hay viento o cuando brilla el sol, y se apagan cuando no los hay. Esa intermitencia desestabiliza las redes eléctricas, genera desequilibrios de frecuencia y provoca apagones. La solución técnica a la intermitencia son las baterías de gran escala. Europa no las fabrica. Las compra en China. Y el impacto paisajístico de estas instalaciones no es menor. España obtiene el 13% de su PIB del turismo, unos 218.000 millones de euros anuales según el INE. La gente viene a ver las sierras, los valles, los horizontes del interior. Y en esos mismos horizontes proliferan ahora los parques eólicos y solares, instalaciones con una huella ecológica real y visible que ningún estudio de impacto ambiental parece capaz de frenar. Europa prohibió el fracking por su impacto sobre el suelo y autorizó la industrialización del paisaje rural.

Ahora viene el argumento que los fanáticos medioambientales europeos prefieren ignorar. “Las temperaturas suben. Las olas de calor son más frecuentes e intensas. Eso no lo niega nadie con acceso a datos.”

El cambio climático existe. Las temperaturas suben. Las olas de calor son más frecuentes e intensas. Eso no lo niega nadie con acceso a datos. En España, la temperatura máxima diaria en verano sube a un ritmo de 0,41 grados por década, lo que se traduce en cuatro olas de calor mortales más por década. En el verano de 2022, Europa registró más de 61.000 muertes atribuibles al calor. En 2023, 47.690. España sola registró 8.352 muertes por calor ese año, convirtiéndose en el segundo país europeo con mayor carga de mortalidad absoluta por este motivo.

La solución más eficaz contra el calor extremo no es un acuerdo climático ni un parque solar. Es el aire acondicionado. En Estados Unidos, el 90% de los hogares tiene aire acondicionado. En Francia, el 5%. En el conjunto de Europa, la penetración es mínima, especialmente en el norte y el centro del continente. La consecuencia es directa y medible: ante temperaturas equivalentes, mueren muchas más personas en Europa que en Estados Unidos. Los CDC estadounidenses registran unas 700 muertes anuales por calor. Europa registra decenas de miles. La diferencia no es el clima. Es la refrigeración.“La diferencia no es el clima. Es la refrigeración.”

Europa tiene dos opciones para explicar esta brecha. La primera es que sus ciudadanos no tienen aire acondicionado porque culturalmente lo rechazan, convencidos de que soportar el calor es más virtuoso que consumir electricidad. La segunda es que no pueden pagarlo, porque la electricidad en Europa cuesta el doble o el triple que en Estados Unidos, precisamente como consecuencia de la política energética que eligieron. Las dos explicaciones son ciertas y las dos son el resultado de las mismas decisiones. Europa construyó un sistema energético caro, intermitente e ideológicamente condicionado, y ahora sus ciudadanos mueren de calor en verano porque no pueden permitirse la tecnología que los protegería.Es difícil imaginar una demostración más clara del fracaso de una política pública.

Pero el problema más grave no es el presente. Es el futuro.Estamos en la era donde la energía no es solo calefacción, transporte e industria. La energía es inteligencia artificial. Entrenar un modelo de IA de frontera consume la misma electricidad que miles de hogares durante meses. Procesar cada consulta que millones de personas hacen cada día a ChatGPT, Claude o Gemini requiere centros de datos que funcionan las 24 horas consumiendo cantidades masivas de electricidad. Según McKinsey, la inferencia, es decir el procesamiento de respuestas en tiempo real, representará más de la mitad de toda la computación de IA y entre el 30% y el 40% de la demanda total de centros de datos para 2030.

Prácticamente nada de esa computación ocurre en Europa. Según un informe de Oxford, Estados Unidos opera 87 centros de datos de IA avanzada. China opera 39. Europa entera tiene 6. Estados Unidos cuenta con más de 5.400 centros de datos en total, más que Alemania, Reino Unido, China, Francia, Australia, Países Bajos, Rusia, Japón y Brasil juntos. El estado de Virginia, por sí solo, tiene más capacidad de centros de datos de hiperescala que todo el continente europeo.“El estado de Virginia, por sí solo, tiene más capacidad de centros de datos de hiperescala que todo el continente europeo.”

Cuando un europeo usa ChatGPT, la respuesta se procesa en Texas. Cuando usa Claude, en Virginia o en California. Cuando usa DeepSeek, en Shanghái. Los europeos consumen inteligencia artificial pero no la alojan, no la construyen y no la controlan.

La razón es directa: construir centros de datos de IA requiere energía abundante, barata y fiable. Las tres cosas que Europa ha elegido sistemáticamente no tener. Los grandes centros de datos de IA que se están construyendo ahora en Estados Unidos se alimentan de gas natural y energía nuclear. En Europa, esa combinación es políticamente imposible en la mayoría de los países. Así que Europa prohibió el fracking, cerró sus nucleares, ignoró su petróleo y gas propios, llenó sus paisajes de molinos que no pueden garantizar suministro estable, compró las baterías que necesita en China, dejó morir a sus ciudadanos de calor en verano porque la luz es demasiado cara para encender el aire acondicionado, y quedó sin capacidad de construir la infraestructura digital del siglo XXI. Se suicidó energéticamente justo cuando la energía dejó de ser un recurso industrial para convertirse en el recurso cognitivo más importante de la historia.

En el Perú, la educación suele ocupar algún lugar en el debate electoral, pero no siempre el adecuado. Con frecuencia, la conversación se limita a cobertura, infraestructura o presupuesto. Sin embargo, si queremos mejorar los aprendizajes de manera sostenida, debemos poner en el centro un factor clave que aún recibe poca atención: el liderazgo educativo.

Hoy el país enfrenta un sistema de más de 8.3 millones de estudiantes, 550 mil docentes y cerca de 60 mil directivos. En este contexto, la evidencia internacional es contundente: el liderazgo escolar es el segundo factor intraescolar con mayor impacto en los aprendizajes, solo por detrás de la calidad docente.

No se trata de un elemento accesorio. El liderazgo es una palanca estructural del sistema educativo.

Desde el British Council, organización del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, con más de 70 años de trabajo en el Perú, hemos observado de manera consistente que los sistemas que logran mejoras sostenidas en aprendizaje son aquellos que no solo invierten en el desarrollo de sus directivos, sino que construyen trayectorias de crecimiento profesional y aprovechan estratégicamente su rol para impulsar la mejora del sistema.

Cómo impacta el liderazgo en los aprendizajes El liderazgo educativo no es un concepto abstracto. Su impacto se materializa en dimensiones concretas dentro de la escuela y el aula.

Influye en la calidad de la enseñanza, a través de la observación de aula y el acompañamiento docente; en la cultura escolar, al establecer altas expectativas y promover el trabajo colaborativo; en la gestión pedagógica, asegurando el uso efectivo del tiempo y el seguimiento de los aprendizajes; y en la articulación con el entorno, protegiendo las trayectorias educativas de los estudiantes. Este impacto es particularmente significativo en contextos de mayor vulnerabilidad, donde un liderazgo efectivo marca una diferencia decisiva en los resultados educativos.

Cuando estos elementos no están presentes, incluso las inversiones más importantes pierden efectividad. La evidencia muestra que la infraestructura por sí sola no mejora los aprendizajes: lo que marca la diferencia es cómo se gestionan las escuelas.

Lecciones desde la evidencia internacional La experiencia comparada ofrece aprendizajes valiosos. En Ceará, Brasil, una estrategia que combinó liderazgo escolar, uso sistemático de datos, acompañamiento técnico e incentivos alineados a resultados permitió aumentar la alfabetización en segundo grado de alrededor de 40% a más de 85% en poco más de una década.

El elemento central no fue una intervención aislada, sino la alineación del sistema en torno a objetivos claros de aprendizaje, con directores enfocados en resultados pedagógicos.

Perú: avances y oportunidades El Perú ha avanzado en ordenar su sistema educativo y en definir el rol directivo y sus buenas prácticas. Sin embargo, persisten desafíos importantes: formación fragmentada, supervisión predominantemente administrativa, uso limitado de datos para la mejora pedagógica y escasa diferenciación del liderazgo según el contexto territorial de las escuelas.

En contraste, la experiencia internacional en sistemas como el del Reino Unido han desarrollado estándares claros centrados en liderazgo pedagógico, trayectorias estructuradas de desarrollo profesional y mecanismos de evaluación autónomos enfocados en la calidad.

La diferencia es clara: pasar de gestionar procesos a liderar aprendizajes y evaluar resultados.

Un espacio para construir consensos Conscientes de este desafío, recientemente coorganizamos, junto a CAPPES y con el apoyo de la Embajada Británica en Lima, el encuentro “Diálogo electoral sobre calidad y liderazgo en la educación”.

Este espacio reunió a especialistas y equipos técnicos de distintas fuerzas políticas en un momento clave para el país. Su propósito no fue respaldar propuestas ni candidatos, sino contribuir a un diálogo informado, técnico y basado en evidencia.

El resultado fue significativo: emergieron consensos claros sobre la necesidad de fortalecer el liderazgo educativo, y avanzar hacia marcos regulatorios que promuevan la calidad.

De la evidencia a la acción El reto ahora es traducir estos consensos en políticas sostenibles. Esto implica consolidar el liderazgo pedagógico como eje del rol directivo, alinear estándares, formación y evaluación, vincular incentivos a resultados de aprendizaje y fortalecer las capacidades del sistema para acompañar y escalar prácticas efectivas.

Pero, sobre todo, implica algo más profundo: construir una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. La educación requiere continuidad, evidencia y acuerdos técnicos.

Hoy, el Perú tiene una oportunidad única. Si logramos colocar en el centro de la agenda el liderazgo educativo, la medición de resultados y la gestión de alianzas público-privadas que fortalezcan el sistema, no solo estaremos mejorando la gestión de las escuelas, sino ampliando las oportunidades de millones de estudiantes.

Porque, al final, la calidad de un sistema educativo depende, en gran medida, de la calidad de quienes lo lideran.

La guerra en Irán no parece estar saliendo como Trump y Netanyahu preveían. El régimen iraní sobrevivió a su decapitación, las protestas internas fueron sofocadas a través de asesinatos masivos, al tiempo que Irán no quedó aislado internacionalmente. Peor aún, Rusia y China están colaborando con el régimen y este parece más radicalizado que antes. Ojalá esto cambie en el futuro, pero hasta el momento no pareciera ser el caso.

Un grave problema de Trump es que posee una mirada muy superficial y unidimensional del mundo. Suele comportarse como un niño caprichoso. Por ejemplo, si pierde una elección, no lo reconoce y alega fraude. Si alguien le hace una crítica, lo ataca. Si se le ocurre que desea algo, pretende tomarlo sin pedir permiso. Se maneja con nociones de poder bruto y visible, sin atender al largo plazo, a los sistemas de alianzas, a la cultura y al poder blando o prestigio. Su única estrategia es infundir temor y para eso quema sus cartas y tiende a quedar expuesto. Es cierto que su imprevisibilidad y temeridad le han otorgado, en algunos casos, mayor poder de negociación en el corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, arrasó con la influencia y prestigio de Estados Unidos, alejó a sus aliados, unió a sus enemigos y quebró la confianza en las instituciones americanas (una confianza que fue construida durante siglos). Todo eso es una enorme pérdida para Estados Unidos, que lo deja peor posicionado para contener el expansionismo chino que se avecina.

Para colmo de males, con Estados Unidos enfrascado en otra guerra en Medio Oriente —y en una que no tiene salida fácil a la vista—, China se fortalece mirando desde afuera, sin actuar. La disminución del flujo petrolero golpeó a China en el corto plazo, pero no tanto como se pensaba. Y, en el largo plazo, le concede una oportunidad estratégica para proyectar su influencia global. Casualmente, Pekín ha estado acumulando reservas petroleras y diversificando sus fuentes energéticas precisamente para sortear este tipo de conflictos. En paralelo a ello, China es el principal facilitador del programa de drones (como los Shahed) y misiles balísticos iraníes, al tiempo que otorgó a la nación persa acceso militar a su red de satélites de navegación global.

A raíz del conflicto, Irán ha profundizado su reemplazo del dólar por el yuan en sus transacciones internacionales. La Guardia Revolucionaria Islámica comenzó a exigir el pago de “peajes” en yuanes chinos a cambio de escolta y paso seguro por el estrecho. Ha clausurado el tráfico para Estados Unidos y sus aliados, mientras deja pasar barcos amigos, entre ellos los chinos. Cabe agregar que Rusia vio subir exponencialmente sus ingresos petroleros. Asimismo, las democracias liberales orientales, aliadas históricas de Occidente, están quedando a merced de una China cada vez más confiada y poderosa. Hay quienes pronostican la invasión de Taiwán por parte del gigante asiático para los próximos años.

Nadie duda de que el régimen iraní es asesino. Se trata de una dictadura terrorista que masacra y sofoca a su pueblo de forma inhumana. Pero Trump no posee ni la autoridad moral —se encuentra deteriorando aceleradamente la democracia en casa y afirma abiertamente que no le interesa defender la democracia en el mundo—, ni la formación ni la capacidad para enfrentar a ese régimen tan maligno. Allí reside el problema. Fue el propio Trump quien criticó la guerra de Irak por ser demasiado costosa y no tener una salida positiva a la vista. Significaba desgastar y sobreexigir a la democracia estadounidense sin un beneficio concreto y tangible ni para los americanos ni para los propios iraquíes. Bien, ¿por qué no dice lo mismo ahora sobre la guerra contra Irán, país bastante más grande y poblado que Irak?

Básicamente, porque hubo un doble error de cálculo que Trump no desea admitir. Pensó que el régimen no tardaría en caer y que, en el peor de los casos, si no caía, quedaría aislado internacionalmente. Pero ninguna de las dos cosas pasó. Estados Unidos chocó contra un muro de contención que China venía levantando silenciosa y sigilosamente. Es un muro que coloca a China en una posición cómoda y privilegiada, fortaleciéndose sin actuar mientras su rival global, Estados Unidos, se debilita.

El mundo es un lugar muy complejo como para que una persona como Trump dirija a la primera potencia mundial. Históricamente, en Estados Unidos la política exterior pasaba por numerosos filtros institucionales y eso evitaba errores groseros. Por eso llegó a ser la potencia mundial hegemónica que es. Pero, desde antes de que Trump fuera presidente, el poder ejecutivo empezó a concentrar facultades y a ganar creciente discrecionalidad en la política exterior. Esto se acentuó con Trump, que inició dos guerras sin autorización del Congreso. Hace y deshace a su antojo, y los errores estratégicos se pagan caros.

El movimiento “No Kings” (sin reyes) en Estados Unidos no es casualidad. Trump se encuentra destruyendo lo mejor que posee ese país, que son sus instituciones políticas. Buena parte de su influencia mundial fue posible porque nadie dudaba de sus instituciones democráticas. Eso ahora cambió y llevará muchísimo tiempo reconstruirlo.

Es más, incluso aunque se lo reconstruya, ya nada será igual. Europa aprendió que ninguna democracia es indestructible y que no puede delegar su defensa en otro país, por más democrático que sea. Quizás el mejor aprendizaje sea que la función que cumplía Estados Unidos la debe ejercer una organización internacional de democracias liberales. De esa manera, la seguridad colectiva ya no dependería de un solo país. Lo triste es que esto sea aprendido, no por previsión, sino por tragedia. Porque en esa tragedia China y Rusia se están fortaleciendo y las democracias del planeta están quedando más vulnerables.

Es una incógnita cómo va a terminar la guerra contra Irán. Hay quienes creen que a Trump solo le queda una opción como salida mínimamente decorosa, que no le inflija un costo interno demasiado alto. Esta sería la invasión de Irán para tomar el estrecho de Ormuz.

Si le saliera bien, Estados Unidos pasaría a controlar un nuevo nodo del flujo petrolero internacional y Trump quedaría como el emperador exitoso que aspira a ser. Pero sería un control muy costoso de mantener, que probablemente le traería más dolores de cabeza que beneficios a la potencia americana.

Por otra parte, es posible que China no se quede de brazos cruzados ante esta posibilidad. Por el contrario, si este intento saliera mal, sería probable que la imagen de Trump se desplomara y que Estados Unidos quedara fuertemente desprestigiado y debilitado a nivel mundial, con una dictadura china en fuerte ascenso que se mostraría como un nuevo gran estabilizador global. Es un riesgo demasiado alto para Estados Unidos, para las democracias del mundo y para la humanidad, que parece tener como única prioridad el ego y el capital político de una sola persona.

*Rafael Eduardo Micheletti es educador, analista político y escritor. Especializado en ciencia política, relaciones internacionales y pedagogía. Estudió Abogacía y Profesorado de Derecho. Cursó un Doctorado en Relaciones Internacionales y una Maestría en Innovación Educativa. Investigador externo de Fundación Libertad. Integrante de Docentes por la Educación.

Usualmente cuando se habla del cine político o social de Héctor Olivera, se hace referencia a La Patagonia Rebelde, No habrá más penas ni olvido, La noche de los lápices, Ay Juancito, Una sombra ya pronto serás. Sin embargo hay una película que aparentemente no tiene esa condición, pero que con el correr de los años se ha convertido en un interesantísimo testimonio de época.

En 1973, un año antes del estreno de La Patagonia Rebelde, Olivera rodó Las venganzas de Beto Sánchez, un filme que por causa de la censura del gobierno militar tuvo que esperar para ser estrenado.

Beto Sánchez (Pepe Soriano) es un solterón desempleado que vive con los padres. No consigue trabajo. Sufre una crisis personal con la muerte de su padre. Su principal frustración es que ha fallecido en un hospital (público) y no en un sanatorio (privado). Beto no ha podido brindarle una mejor atención. Sobre su tumba jura vengarse contra todos los que han causado su fracaso personal: su maestra de primaria (China Zorrilla), su oficial de la colimba (Héctor Alterio), el cura de su parroquia (Tacholas), su antigua novia (Irma Roy), su amigo de la infancia (Federico Luppi), los ejecutivos de la empresa de la que fue despedido.

A punta de pistola, Beto lleva a cabo su venganza, que consiste en pequeñas e inocuas humillaciones en público o en privado, en la que les enrostra su cuota de responsabilidad por su triste vida.

En las únicas personas en las que parece encontrar consuelo es en su madre (Nora Cullen) y en la prostituta a la que acude regularmente (Alicia Bruzzo). La última venganza, contra el gerente de la empresa de la que lo echaron, fracasa. No encuentra nadie a quien culpar. Vuelve amargado a la tumba de su padre. Ha fracasado hasta en su propósito de vengarse. De hecho ahora le parece que nadie tiene la culpa.

Hasta que descubre al verdadero responsable. Beto vuelve a su casa y recrimina a su madre por haberlo traído al mundo. Dice que se las va a cobrar a ella, y le apunta con su revólver. Su mamá le dice que si eso lo alivia, que lo haga. Beto se arrepiente, la abraza. Su mamá le dice que es su bebito, pero que ya no es más su chiquito. Beto cae en la cuenta de que ya no es un niño. Es un hombre: “soy un hombre, papá”, exclama, y se pregunta “¿Qué debe hacer un hombre?”

La película es una interesante crítica contra el victimismo, el mecanismo psicológico que releva a las personas de asumir la propia responsabilidad por sus actos y sus decisiones, y permite trasladar las causas del fracaso a factores externos: personas, contexto, circunstancias. En el filme la mentalidad victimista es presentada -acertadamente a nuestro juicio- como un rasgo propio de inmadurez psicológica. Beto Sánchez es un hombre grande que ha pensado toda su vida como un niño.

El victimismo es una forma de renunciar al futuro, a la proyección individual y colectiva del porvenir. Es una narrativa retrospectiva, que identifica la causa de los males en el pasado y busca (o más bien espera) una reparación que le haga justicia y que restablezca el balance.

No hay desborde vital, sobreabundancia de energías volcadas a la construcción individual y/o colectiva, sino una retracción razonada que se centra en explicaciones exógenas del fracaso. Una actitud resentida y revanchista, encerrada sobre sí, a la defensiva. Estéril.

Lo sorprendente es que Las venganzas de Beto Sánchez es una película completamente anticíclica, contracultural. En ese momento, y de forma mucho más pronunciada en los años posteriores, se estaba formando la conciencia victimista dominante de la Argentina, que llega hasta hoy. La constitución de un argumentario que permite ocultar las verdaderas causas del fracaso nacional. Poderes fácticos, contextos desfavorables, puja distributiva, especuladores, términos desiguales de intercambio, imperialismo, restricción externa, etc. Chivos expiatorios.

En 1971, un par de años antes del rodaje de la película, Eduardo Galeano publicó Las venas abiertas de América Latina, el libro que lo haría internacionalmente famoso, y que serviría como vector eficaz de difusión masiva de las tesis victimistas aplicadas a la historia de la región. Un día habrá que analizar cuánto del discurso victimista (desde la conquista a las hegemonías de las metrópolis y las élites, pasando por los diversos imperialismos) inoculado desde los tiempos de la Independencia, ha pesado en las frustraciones de América Latina. Es una perspectiva muy presente tanto en las narrativas de izquierda como de derecha.

Por entonces el cine argentino se estaba convirtiendo por esos años en una factoría de relatos victimistas. En 1973 pudo estrenarse La Hora de los Hornos, rodada en 1968, hito fundamental del relato victimista en el cine. El propio Olivera se entregaría de forma entusiasta a esa nueva y funesta tendencia de la cultura nacional, que sigue hasta hoy. Padres, patrones, políticos, parejas, militares, policías, funcionarios, curas y obispos, gremialistas, maestros y profesores, capitalistas, jefes, profesionales, empresarios, terratenientes, europeos, españoles, anglos, instituciones varias. El cine argentino se ha dedicado a explorar y explotar el victimismo en todas sus formas locales. Es una de las razones por la que no gusta ni es realmente popular.

Pudiendo ser un medio principal de entretenimiento, un instrumento valioso de soft power y un recurso formidable de formación de identidades en una cultura de masas, el cine argentino se ha empeñado en mostrar una Argentina chiquita, marginal, subalterna, doblada sobre su vientre, llorando por sus heridas, reales o imaginarias.

El papa León XIV ha defendido consistentemente la solución de dos Estados como la única vía para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Al igual que el papa Francisco los pontífices rechazaron y rechazan la guerra, siempre, y en especial cuando se trata de desalojar comunidades para quitarles sus tierras.

Francisco reiteradamente pidió “el fin de la inercia del mal y los vientos mortíferos en Palestina, Israel, Siria y Líbano”. Netanyaho no sólo no oyó, siguió ordenando a sus soldados que sigan bombardeando y asesinando a hombres, mujeres y niños. Y produjo una escalada en el conflicto provocando el asesinato inmoral, ilegítimo e ilegal del Ayatolá Alí Jomenei, parte de su familia y miembros de su gabinete. Comprometiendo en eso a la Primer potencia de la Tierra.

Innumerables fueron los mensajes y acciones del papa Francisco tendientes a articular un diálogo que hiciera posible una paz duradera. Como lo recuerda Andrea Tornielli (Vatican News, 3/05/2025) el papa Francisco que mientras fue el Jefe de la Iglesia católica y una de las máximas autoridades morales del planeta pidió por la paz en “(…) su último grito al mundo. Él, profeta desoído y casi sin voz por la enfermedad, quiso gritar al mundo su mensaje de paz. Su mensaje contra la loca carrera armamentística que sustrae recursos para el bien de los pueblos y los invierte en instrumentos de muerte y destrucción: “¡No hay paz posible sin un verdadero desarme!, dijo el papa Francisco en el Urbi et Orbi del Domingo de Pascua de 2025. ¿Y la respuesta del Sr. Netanhyahu cual fue?, la expresión más mundana y brutal. La continuación de las agresiones en Gaza y la exhibición de un espectáculo macabro de armas mortíferas lo más sofisticadas y dañinas que la imaginación pudo concebir.

“La necesidad que cada pueblo de proveer a su propia defensa —dijo Francisco hace justo un año hoy— no puede convertirse en una carrera armamentística general (…)”. Para enunciar, seguidamente, cuales son las “armas” de la paz: “la utilización de los medios disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que favorezcan el desarrollo”.

Claro que el Santo Padre, el de hace un año y el actual Pontífice, rechazaron implícitamente la anexión forzada. Han abogado por el reconocimiento del Estado palestino, denunciado la violencia, el sufrimiento en Gaza y el incumplimiento del derecho internacional.

Puntos clave de las declaraciones papales

• Solución de dos Estados: León XIV reiteró que la coexistencia de dos Estados es la única solución posible, reconociendo que, por el momento, Israel no acepta esta propuesta.
• Derecho a la tierra: El Papa afirmó que el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra.
• Crítica a la violencia: Expresó que no hay “futuro basado en la violencia, el exilio forzado, la venganza”.
• Situación en Gaza: Mostró dolor por el inmenso sufrimiento de la población en Gaza, describiendo la situación como una “tierra martirizada”.
• Mediación del Vaticano: Reiteró el apoyo de la Santa Sede a una paz duradera y se ofreció como mediador para alcanzar una solución justa.

El presidente Donald Trump y el gobierno de Israel

En días recientes dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar”.

Contrariamente a ello, el pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí avanza hacia la anexión de facto del territorio que representaría una gran parte del futuro Estado palestino.

El ministro de Defensa Israel Katz y el de Finanzas Bezalel Smotrich fueron los encargados de anunciarlas el 8 de febrero y afirmaron que cambiarán “drásticamente” el registro de tierras y la adquisición de propiedades en Cisjordania, facilitando “el desarrollo acelerado de asentamientos” judíos. El Ejecutivo israelí, y en concreto Smotrich, han apoyado activamente la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados, desafiando la ley internacional.

Las nuevas medidas van a “permitir a los judíos comprar tierra en Judea y Samaria igual que lo hacen en Tel Aviv o Jerusalén”, dijeron los dos ministros en un comunicado conjunto, empleando el nombre bíblico para Cisjordania.

También el ministro de Energía Eli Cohen afirmó que las nuevas medidas equivalen a la “soberanía de facto” de Israel sobre Cisjordania. En declaraciones a la radio del Ejército israelí, aseguró que las medidas “establecen una realidad sobre la base de que no habrá un Estado palestino”.

El Secretario General de la ONU

Antonio Guterres acusó a los líderes mundiales de admitir que en lugar de las normas del Derecho Internacional Público se esté aplicando en los conflictos internacionales “la ley de la selva” y en una declaración posterior expresó que “los líderes mundiales están dejando moribunda la cooperación global en medio de flagrantes violaciones del derecho internacional“.

El renacimiento cruento del lebensraum (de Hitler a Netanyahu)

La Primer Guerra Mundial se llevó a cabo entre 1914 y 1918. Fue una guerra de trincheras y finalizó con el triunfo de las fuerzas aliadas del Reino Unido, Francia y el Imperio ruso, entente a la que se incorporó en la última etapa Estados Unidos. Por otro lado estaban los imperios Austro Húngaro, el Otomano y el Imperio alemán. Con la derrota de estos últimos, dejó entre 15 y y 20 millones de muertos entre civiles y militares.

En el año 1919 se firmó entre otros el Tratado de Versalles que reconfiguró el mapa de Europa y otras áreas vinculadas. En 1923 se produjo una grave crisis económica en Alemania. En ese mismo año Hitler publico Mein Kamp (Mi Lucha), intentó derrocar al gobierno democrático, fue preso y desarrollo las primeras acciones políticas.

En julio de 1928 el partido nacional-obrero alemán perdió con el 2,6 por ciento de los votos, pero en 1932 en medio de una debacle económica mundial tras la crisis del 1929 ganó. El mariscal Von Hindenburg el 30 de enero de 1933 designó Canciller a Adolf Hitler. Este, con un discurso violento y autoritario prometió expansión territorial, estabilidad económica y estimuló el sentimiento de nacionalidad herido por los términos del Tratado de Versalles. Alemania desde el Tratado de 1918 perdió el 10 por ciento de su población y el 13 por ciento de su territorio y fue obligada a pagar una deuda monumental por los daños causados sin que se le permitiera participar en la discusión de los tratados de paz.

El término Lebensraum fue acuñado por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904). Durante las dos últimas décadas del siglo XIX Ratzel expuso una teoría según la cual el desarrollo de todas las especies, incluidos los humanos, está determinado principalmente por su adaptación a las circunstancias geográficas. Hitler que tenía un discurso mesiánico y actuaba bajo el influjo de un poder superior, tenía la más firme creencia de que por encima de Dios, el Destino, la Necesidad y la Historia está la Naturaleza (Mein Kampf, Londres,1939 Hurst and Blackett, pag.3).

Ante todo, Ratzel “consideraba la migración de especies como el factor crucial en la adaptación social y el cambio cultural. Creía que las especies que se adaptaban con éxito a un lugar se extenderían naturalmente a otros. De hecho, llegó a argumentar que, para mantenerse sanas deben expandir continuamente el espacio que ocupan, ya que la migración es una característica natural de todas las especies, una expresión de su necesidad de espacio vital”.

Con este término —Lebensraum, en alemán— el célebre geógrafo designaba “el área geográfica necesaria para que una población sobreviva según su modo de vida”. Desde la política fue un principio fundamental del nazismo que sirvió de fundamento para la expansión territorial alemana en Europa Central y Europa del Este (The New Fontana Dictionary of Modern Thought (1.999 p. 473, cit. en Lebensraum, nota 3, en Wikipedia).

Los nazis de ayer (extrema derecha de Alemania) y los likudniks o colonos israelíes de hoy (extrema derecha israelí) en diferentes tiempos comulgan en la creencia del supremacismo de la raza aria los nazis y del supremacismo de la raza judía los likudniks o colonos en Cisjordania y Gaza.

Guerra de ocupación territorial e invasión cultural

La guerra de ocupación territorial e invasión cultural forma parte de la estrategia geopolítica de los imperios. Reeditado por Netanyahu con la teoría del Eretz Israel o Gran Israel, que comienza por anexar la Franja de Gaza, Cisjordania y el Sur del Líbano. Tal concepción coincide con la visión nazi y sionista revisionista y va en contra de las fronteras fijadas por la Organización de las Naciones Unidas. El atentado del grupo terrorista Hámas del 7 de octubre que provocó una represalia de la que hablamos en detalle en nuestras notas anteriores.

La mecánica de las guerras de ocupación y apropiación

A fines del siglo XIX y principios del XX los gobiernos de Europa central fomentaban las colonias agrarias. Alemania promovió el establecimiento de colonias de alemanes fuera de Alemania con el propósito de conquistar territorios en Europa.

Esta era una de las políticas pregonadas por la Liga Pangermánica. Von Bernhardi, un militar de alto rango llegó a publicar en 1912 un libro titulado “Alemania y la próxima guerra” (1916, en español, 6ta. Edición, Barcelona, Biblioteca de la Univ. de Sevilla), comentando y difundiendo la Geografía política de Ratzel. Esta ideología dio lugar a un programa de expansión territorial lanzado por el Líder y Canciller Adolfo Hitler (1934) que se desarrollo durante los años 1934 a 1945. En ese proceso —según lo anticipara Ratzel— los de afuera debían operar colectivamente en forma de “pueblos” (Völkeanticiparar), donde un Völk (pueblo) conquistaba efectivamente a otro. Por “colonización” se refería al establecimiento de granjas campesinas por parte de los nuevos ocupantes.

Von Bernhardi discípulo de Ratzel sostenía la oportunidad de los Estados de aprovechar una guerra victoriosa para ganar terreno en Europa del Este promoviendo el asentamiento de campesinos en colonias.

El punto de inflexión crucial en el desarrollo del programa Lebensraum se produjo cuando los ejércitos alemanes conquistaron Polonia y el oeste de Rusia después de 1914. Se estableció entonces un régimen militar alemán (Oberost) en las provincias bálticas y en parte de Bielorrusia, bajo el mando del general Erich Ludendorff. La idea de adquirir Lebensraum en Europa del Este se convirtió así en algo bastante común, y cobró más impulso a medida que Alemania avanzaba en los diferentes frentes durante la Primera Guerra Mundial. La idea era que, una vez expulsada la mayor parte de la población autóctona, agricultores alemanes se asentarían en la tierra. Estos colonos serían principalmente veteranos de guerra y trabajadores urbanos, considerados clave para garantizar la “salud física y ética” de la nación alemana. Estrategia que veinte años después se intensificaría durante el período del nazismo.

Bajo el lema de “Trabajo alemán”, Oberost pretendía introducir una forma de auto gobierno burocrático en una zona que los ocupantes alemanes consideraban semibárbara. En este proceso, esta región pasó a ser vista como un “espacio” (Raum) alemán.

El modelo del lebensraum en las tierras de Gaza y Cisjordania

El gobierno alemán de posguerra, mantuvo unos años esta situación en muchos casos conflictiva hasta que a finales de 1919 cuando los Aliados obligaron a los Cuerpos Libres a disolverse y regresar a Alemania.

De hecho, una razón de peso que decidió a Hitler invadir la Unión Soviética, en la llamada Operación Barbaroja en junio de 1941, fue su deseo de imponer el modelo nazi.

Hoy el pueblo palestino y de Cisjordania resisten el avance de los lebensraum. Un muro de contensión y control de parte de uno de los ejércitos mejor armados del planeta en el marco de una cuestionable legalidad. Todo lo cual apunta al desplazamiento o desalojo de esas tierras y/o a su destrucción y/o aniquilamiento de los habitantes y apropiación definitiva de la tierra.

Este cronista se pregunta ¿no se parecen demasiado la política de Netanyahu al plan de la política del lebensraum? ¿No se oye en el rugir de los lanzamisiles del Estado israelí y de los grupos terroristas el “Sangre y tierra” (Blut und Boden) de los soldados pangermánicos de la Alemania nazi? ¿No hay un paralelo entre la ilegalidad del Derecho Internacional y Humanitario en uno y otro caso? ¿El genocidio de Gaza y Cisjordania no es una “limpieza étnica” de la Tierra Prometida? ¿No son tan herejes los que invocan el Corán para poner una bomba y asesinar un lleno de miles de jóvenes espectadores como aquellos que invocan las Sagradas Escrituras para justificar los ataques a las poblaciones donde viven miles y miles de familias inocentes o el que reduce a escombros escuelas, hospitales, jardines de infantes o cementerios?

El único camino seguro de la paz es el diálogo, decía Francisco

Lo que se ha hecho hasta hoy es un fracaso. “La guerra siempre es un fracaso” decía el papa Francisco. Dios no permita que siga escalando. La cultura de la muerte como sucedió en la Alemania nazi o en Armenia con el gobierno del Comité de Unión y Progreso en el Imperio Otomano o el genocidio congoleño en el llamado Estado Libre del Congo o en las matanzas de los pueblos originarios durante y después de la conquista de América, el más actual genocidio rohinyá en Birmania por citar tan solo algunos pocos infiernos donde se instaló la inhumanidad de infames asesinos portadores de la peste, la cadena del mal demoníaco se hace interminable.

No obstante cuando llegue la paz —a través de la única arma efectiva que es el diálogo— para que esta sea perdurable “habrá que estar siempre atentos, porque los bacilos de la peste —como escribió el gran Camus— no mueren ni desaparecen jamás”.

Que el Señor nos bendiga a todos en estas Pascuas de Resurrección y que la mirada del papa Francisco desde el más allá ilumine la sabiduría de los líderes mundiales.

La estrategia del Presidente y su hermana Karina para sostener al cada vez más complicado jefe de Gabinete es tan conocida como poco eficaz: apelar a culpas ajenas, señalando disparatadas conspiraciones y presuntas operaciones políticas, y replegándose hacia sus votantes duros, a quienes interpela con un discurso recargado contra los medios y la oposición.

Y, mientras tanto, mostrar públicamente un sobreactuado respaldo al funcionario al tiempo que intentar escenificar una supuesta normalidad. Una tarea que, a la luz de lo ocurrido desde que se revelara el pasado 8 de marzo el viaje a Nueva York de su mujer en la delegación oficial, no solo no estaría dando resultados, sino que parece instalar el tema como centro gravitante de la agenda política y, conforme se conocen nuevos capítulos sobre el patrimonio del funcionario, se registra un impacto cada vez mayor sobre la ya horadada imagen del gobierno.

La gestión de crisis del oficialismo, una vez más, da cuentas de los inocultables déficits de un gobierno que no solo no logra eludir el recurrente autoboicot y los daños autoinfligidos, sino que prolonga el impacto de los escándalos con una pobre estrategia de control de daños y una mala comunicación.

Las similitudes con el caso Espert son bastante obvias, tanto por los argumentos esgrimidos para defender a ambos referentes libertarios como por el empecinamiento en sobreactuar un respaldo cada vez más oneroso en términos de imagen y credibilidad, y prolongar la agonía entendiendo erróneamente que es mayor el costo de propiciar la salida del funcionario cuestionado que el de respaldarlo e intentar resistir hasta que el tema se diluya de la agenda o se produzca algún otro acontecimiento que se lleve toda la atención.

En el caso del frustrado candidato a diputado fue el resultado electoral, tan sorpresivo como contundente, el acontecimiento que desplazó el eje de la conversación y condenó al dirigente al ostracismo y el peregrinaje por tribunales. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la frustrada candidatura bonaerense de Espert, en el caso Adorni se condensan otras variables que explican tanto su persistencia en la agenda como la profundidad del daño, y que tienen que ver no solo con la cercanía del funcionario al corazón del poder libertario, sino por su propio papel como mordaz y pendenciero ariete de la batalla cultural contra los privilegios de la casta.

Lo cierto es que el gobierno no logra dar vuelta la página, y el escándalo está lejos de disiparse en un escenario donde la justicia avanza rápidamente para asegurar pruebas que podrían configurar una acusación formal por enriquecimiento ilícito, a la vez que investigaciones periodísticas habrían de confirmar un nuevo viaje del vapuleado funcionario a un destino de lujo a todas luces incompatible con lo que mostraría su declaración jurada patrimonial. Frente a ello, el atroz silencio del jefe de gabinete hace más ruidoso un escándalo que golpea de lleno al discurso libertario.

Ni siquiera el fallo favorable a la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF, un acontecimiento de alto impacto por su trascendencia política y económica, que el gobierno buscó capitalizar para renovar la estrategia de confrontación con el kirchnerismo en general y el gobernador Kicillof en particular, logró eclipsar el escándalo.

No es, por cierto, el primer escándalo que atraviesa la gestión, más allá del ya mencionado caso de Espert. Desde el caso ANDIS y los audios de Spagnuolo a la todavía vigente polémica por el presunto fraude de la criptomoneda Libra, son varias las situaciones de este tipo que hubo de enfrentar el gobierno, y en todas se repitió un mismo patrón: una deficiente gestión de crisis que lejos de controlar daños e intentar reconstruir la reputación del gobierno, profundizó las heridas autoinfligidas.

Lo que cambia, ahora, no es solo el perfil del funcionario involucrado, sino fundamentalmente un contexto económico cada vez más complejo en el que reaparece la inflación, disminuyen los ingresos disponibles de las familias, se consolida el desplome del consumo, crece el temor al desempleo y se erosionan las expectativas de una reactivación económica que se haga sentir en el bolsillo de los ciudadanos de a pie.

Así las cosas, el gobierno se repliega una vez más en su discurso victimizador y se endurece para interpelar a sus votantes duros, procrastinando a la espera de que todo se ordene mágicamente con una mejora de la economía que recree expectativas e insufle nuevos bríos a una gestión que evidencia notables signos de desgaste. En este sentido, entre los más conspicuos representantes del voluntarismo mileista comienzan a aferrarse a las perspectivas de un segundo trimestre en el que la liquidación de la cosecha, la baja de la inflación y la caída de las tasas habrían de inaugurar un período más virtuoso.

Un optimismo, como mínimo, algo desmedido no solo frente a un escenario local cada vez más complejo, sino frente a un contexto geopolítico global que introduce nuevas fuentes de incertidumbre, y reduce las posibilidades de un nueva intervención providencial de las “fuerzas del cielo” (sea el FMI o Trump).

A partir de ahora, los temas y las urgencias serán muy terrenales, incluso muchas de ellas implicarán tratar de hacer pie en un verdadero lodazal.

Como sabemos, la justicia estadounidense anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF. Significativo logro que implica la salida de una de las crisis que nos atemorizaba y frente a la cual, las reacciones son tan diversas como complejas. Sin embargo, lejos estuvo el gobierno de Milei y su conjunto de aplaudidores de diverso rango de tener la grandeza de asumirlo como un triunfo para la totalidad de la sociedad.

En los pocos minutos que en cadena nacional dedicó Milei al tema, mezcló sin ton ni son, como suele hacerlo, sus odios y su supuesta ideología. El enemigo era Kicillof, y la ideología, la estatización y la disolución del Estado. El objetivo es el de un rico que pretende convencer a la sociedad de que no hay que hacerse más cargo de los pobres. Seríamos el primer intento de retroceso en la humanidad a nivel selvático de colonia sin Estado. Cuando digo “sin Estado”, sé perfectamente que este gobierno va a reservar todos aquellos resortes que permitan el enriquecimiento de sus miembros y colaboradores con cargo o sin él, sin asumir responsabilidad alguna respecto del resto de la sociedad a la que desdichadamente gobiernan.

Lejos estuvo Milei de festejar, y en esos ocho minutos, expuso uno de los discursos más contradictorios, conflictivos y decadentes que uno haya escuchado en la historia de la política nacional. En rigor, Kicillof queda bien parado porque fue el responsable de la privatización, pero aparece luego el Grupo Eskenazi con un porcentaje que lo muestra como testaferro del poder de Kirchner, quien se había apropiado de un 30% de la empresa petrolera. Hay una continuidad en los últimos gobiernos de luchar por este logro, el equipo de profesionales encargado de hacerlo no varió, pero asombra la estafa de los Eskenazi, tanto como el porcentaje del que se había apropiado el Kirchnerismo. Toda esta línea argumental desnuda lo peor de nosotros consagrado por el discurso presidencial del cual no tenemos nada que rescatar.

Agreguemos que por su parte, con solo haber movido la denuncia de Elisa Carrió, Ariel Lijo, despreciable representante de la Justicia, nos hubiera evitado la demencia del juicio. Vale, entonces, preguntarse si “cajonear” temas como este se hace por ideología o por intereses, recordando siempre que Milei intentó convertirlo en juez de la Corte Suprema. Esos hechos muestran a las claras la idea que este Gobierno conserva de “la Casta”. Vendrá, después, para completar el panorama de la incondicionalidad absoluta al oficialismo, el actual ministro Juan Bautista Mahiques. Cuando desde el gobierno se refieren a la “Casta”, están aludiendo a aquellos que no les obedecen; el resto son amigos, los que este presidente , que oscila entre la frivolidad farandulesca y la ausencia de lecturas, denomina “la gente de bien”. Queda claro que la gente de bien son los que poseen bienes, el bien de los bienes, es decir aquellos que están unidos a esa maldita dignidad que da el poder económico por sobre el resto de la sociedad.

Asociar el logro de esta resolución jurídica a nuestra humillante relación con el presidente Trump es un dato falso con el cual se intenta manchar la imagen de aquellos que nos ayudaron. Si la Justicia estadounidense tiene que recibir influencias o directivas concretas para fallar en nuestro favor, es que nos —y los— estamos asumiendo como limitados mentales, como si careciéramos de derechos en la resolución de este juicio.

Queda claro que la imagen de Milei está en caída y que la misma crisis que vive nuestra sociedad va a convertir dicha realidad en un continuado hasta dejar a este triste personaje fuera de la lamentable opción de ser reelegido.

Como suelo reiterar al cerrar algunos de mis artículos, esto obliga a la oposición a gestar una alternativa digna, lo que implica quitar del medio aquellos restos del pasado que tienen que ver con la decadencia y la corrupción.

Y, de ser Kicillof el candidato, también debe permitir que su alianza se constituya con la alternativa radical, conservadora, liberal, independiente, con todos aquellos que estén convocando al patriotismo. El tema central es que necesitamos construir una propuesta electoral que esté más allá del desvirtuado sello peronista y se instale en la necesaria instancia del patriotismo.

Tal vez no era lo más apropiado. Pero así fue. El martes a las 16 horas, el Indec informó que la pobreza había descendido, en el último semestre del 2025, al 28,2 por ciento. Un minuto después, apareció el primer tuit celebratorio: “La pobreza bajó al 28,2 por ciento. Es la más baja en 7 años. Fin.”. Lo firmaba el aún jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mezclar pobreza con Adorni no parece en estos días el método más inteligente para difundir un logro importante. Pero, ¿es realmente un logro lo que difundía Adorni o se trata de una manipulación estadística? En el Gobierno no estaban para esas preguntas. Unos minutos después, otra cuenta de Twitter, la de la Oficina de Respuesta Presidencial, posteó dos imágenes. En una se veían a Alberto Fernández y a Sergio Massa. “52,3: Más de la mitad de los argentinos en la pobreza”. En la otra, aparecían Javier Milei y Luis Caputo: “28,2. La pobreza más baja en 7 años”. O sea, para el Gobierno la pobreza bajó 25 puntos en su gestión. Javier Milei lo tradujo en una cifra concreta en varios de sus discursos: “Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”. Se trata de un número fantástico, en cualquier sentido que se le quiera dar a la palabra.

Es difícil que esos datos coexistan con otros que pertenecen a la misma realidad. Por ejemplo, el Observatorio de la industria láctea informó que entre enero y febrero se consumió un 25 por ciento menos de leche fluida que hace siete años y 10 por ciento menos que en el momento en que asumió Milei. Más aún, 2026 fue el peor año en ese sentido de la última década, si se exceptúa el 2024, en el que también gobernaba Milei. Entonces, ¿hay muchos menos pobres pero a cada vez más gente no le alcanzan los ingresos para comprar leche? ¿Cómo funcionará eso? El Indec, al mismo tiempo, registra caídas de consumo en supermercados en comparación con noviembre de 2023. La periodista Rosalía Costantino enumeró otros datos de contexto: “Tenemos niveles RéCORD de mora en todo tipo de créditos y préstamos, siendo mayor la mora en los montos más chicos de préstamos (es decir, la gente que más se endeuda es la que menos ingresos tiene y la que menos puede pagar la cuota de la deuda). Cae el poder de compra del salario hace 6 meses consecutivos. Pierde casi 10% la jubilación mínima con bono vs nov 23, cae el poder de compra de la AUH con la canasta alimentaria”.

El contraste entre el número de pobreza que difunde el Indec y esas otras realidades ha generado una polémica cada vez más relevante entre los máximos especialistas en pobreza del país. Como se verá, no se trata de una campaña opositora sino de algo mucho más profundo y documentado.

Para entender lo que pasa, conviene primero despejar un dato incorrecto. Nadie toma en serio que la diferencia entre la herencia recibida por Milei y la situación actual sea de 25 puntos o de 15 millones de pobres. La maniobra oficialista es fácil de detectar. El Gobierno analiza la variación entre el pico (52,3) y la situación actual (28,2). El problema es que el pico se produjo en el primer semestre de gobierno de Milei, y fue posterior a la gran devaluación de diciembre del 2023, que tuvo un enorme impacto en los precios. El Frente de Todos dejó una herencia de pobreza altísima, de 41 por ciento. Pero no es lo mismo 41 que 52. Así las cosas, la diferencia real, según las cifras del Indec, entre la herencia y la situación actual, sería de 13 puntos. Recibió 41 y ahora hay 28 por ciento de pobres. Aún cuando ese número represente la mitad del logro que se atribuye Milei, sería igual gigantesco.

Pero la historia no termina allí. El índice de pobreza surge de cruzar dos datos: los precios de la canasta básica con los ingresos de la población. Cualquier variación de uno u otro factor, por las razones que fuera, modifica el resultado final. En enero de este año, como se sabe, Marco Lavagna renunció a conducir el Indec porque el Gobierno no le permitía modificar la composición de la canasta que mide la evolución de los precios pese a que se había comprometido a hacerlo. Ese pequeño escándalo puso a mucha gente en guardia, porque todavía está fresco el recuerdo de la intervención del organismo en 2007. La actual canasta subestima la influencia de los aumentos de servicios dispuestos por este gobierno. La canasta alternativa hubiera reflejado mayores índices de inflación en estos dos años.

Martín Gonzalez Rosada es un investigador de la Universidad Di Tella que hace varios años mide mensualmente la evolución de la pobreza. Se trata de un estudioso de muy bajo perfil. Esa condición fue afectada por Javier Milei. Como González Rosada difundía números mensuales en los que la pobreza bajaba más de lo que había informado el Indec en la medición previa, Milei empezó a citarlo y el Ministerio de Capital Humano a difundir sus datos. Cada mes, la cuenta de Twitter presidencial celebraba los números de Gonzalez Rosada. El mismo científico analizó cuánto sería la pobreza si se midiera con la canasta de precios que el Gobierno no le deja utilizar al Indec. “Habría cinco o seis puntos más de pobreza”, declaró. Esa proyección figura en su página web.

El Gobierno dice que la pobreza disminuyó 25 puntos. Si se tiene en cuenta su período real de Gobierno, las cifras del Indec reflejan que la pobreza habría caído 13 puntos. Pero si se midiera con la canasta actualizada, según los cálculos del técnico más citado por Milei, la caída sería de alrededor de 8 puntos.

Pero la historia tampoco termina acá.

En octubre de 2025, el economista Emanuel Alvarez Agis difundió un dato curioso. Si se mira la evolución de los salarios comparados con la inflación hay dos comportamientos distintos: los salarios formales evolucionan casi como los precios, pero los informales superan esa evolución en más de un cien por ciento. Dicho de otro modo, el ingreso de los trabajadores en negro habría aumentado abrumadoramente, según el Indec, por encima de la inflación. No hay forma de congeniar ese dato con los números de consumo masivo, por ejemplo.

Ese es otro punto que generó alertas y consultas de todo tipo entre los estudiosos del tema en la Argentina. La versión que más consenso genera entre los investigadores es que ese registro exagerado obedece a que las preguntas de la Encuesta Permanente de Hogares permiten acceder a un panorama más preciso que antes del 2023: captan ingresos que antes no captaban. Entonces, no es que los asalariados en negro ganen más, sino que se registra que ganan más.

El primero que se animó a hacer un cálculo sobre el tema fue el ecomonista Martín Rapetti. A principios de enero difundió un trabajo en el que sostenía que esa modificación en el registro del ingreso disminuiría en un 4 por ciento la brecha entre la pobreza heredada y la actual. Hace pocos días, ese trabajo fue complementado por un paper que difundió el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). La conclusión fue muy contundente y rebotó mucho en las redes sociales: la baja real de la pobreza al primer semestre del año pasado fue, según sus cálculos, un 2 por ciento. Se trataría de alrededor de un millón de pobres menos que en 2023. El paper del CEDLAS generó un impacto fuerte entre los académicos, políticos y periodistas que observan este debate porque el prestigio de sus investigadores es indiscutible y trasciende las fronteras del país. Entre otros, Martín Tetaz y Hernan Lacunza expresaron en las redes que el registro de ingresos ha cambiado y eso tiene impacto en la comparación entre la pobreza heredada y la actual. El Indec no ha hecho ninguna manifestación pública sobre el tema.

Milei dice 25 por ciento. El Cedlas dice 2 por ciento. ¿Quién tiene razón?

Pero hay más.

Los especialistas coinciden en que desde octubre del año pasado, con el aumento de la inflación, la pobreza volvió a crecer. Eso se puede ver en los informes mensuales de Gonzalez Rosada, por ejemplo, donde la curva descendente pega la vuelta. Curiosamente, desde que se produjo ese cambio, Milei ya no se refiere a los números de este investigador, y el Ministerio de Capital Humano dejó de publicarlos.

El cambio de tendencia se refleja en muchos otros informes. La consultora ex Quanty está integrada por técnicos del Indec, que trabajan para la Universidad de Buenos Aires. En base a datos del Indec y de la Universidad Di Tella cuantificaron la cantidad de pobres en los últimos años. Sus números eran y son buenos para evaluar la gestión libertaria. En esos registros, Milei recibió 18 millones de pobres. Seis meses después la cifra había trepado a 25 millones. La caída de la inflación produjo un descenso vertical de ese número y tocó un piso de 13 millones en el tercer trimestre del año pasado. Pero luego empezó a subir y, a fin de año, el número era de 15,5 millones. O sea que, según esos cálculos, en el mejor momento, Milei y Caputo habían logrado que los 18 millones de pobres heredados disminuyeran a 13. No habían disminuido en 15 millones pero sí en 5: un gran logro. Pero en el último trimestre del año pasado, el número aumentó en 2,7 millones. La diferencia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 sería de 2.5 millones, alrededor de un 5 por ciento de la población. Faltan contabilizar los dos primeros meses de este año, donde la inflación siguió alta.

Este debate está destinado a alterar los nervios de la Casa Rosada. En principio, porque pondrá la lupa en los números que difunde el Indec y especialmente en los que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares que, como su nombre lo indica, es una encuesta. Al cierre de esta nota, el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires señalaba que existen diferencias muy grandes entre los salarios formales registrados en el Índice de Salarios del Indec y los que refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Los primeros son mucho más bajos que los segundos. Pero son los segundos los que se usan para calcular quién es pobre y quién no. ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de otra índole? En todo caso, sería mejor explicarlo.

La propaganda y las exageraciones alrededor de la caída del número de pobreza han sido un punto central de la estrategia discursiva oficial. Depende el día, o el funcionario, el Gobierno rescató a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 millones de argentinos de la pobreza. Pero el mecanismo se extiende a casi todos los sectores de la economía. Hace dos semanas, por ejemplo, Milei se apoyaba en el número mayorista para sostener que la inflación empezaba con 0. En diez días se verá que seguramente empieza con 3 y que la mayorista no debe ser tomada como número de referencia. La semana pasada Caputo se burlaba de los periodistas que reflejaban los problemas de actividad y consumo de la economía. El miércoles reconoció que el periodismo tenía razón: “Puede ser que la producción haya caído en febrero y que la inflación haya crecido en marzo”. Hace dos semanas, Federico Sturzenegger sostenía que el Gobierno había creado 400 mil empleos. El Indec lo desmintió: el desempleo creció de 5,7 a 7,5 desde la asunción de Milei. Y así hasta el infinito.

Se trata de un patrón que consume una energía interminable y refleja una ingenuidad y un voluntarismo casi infantiles. Bajar la pobreza es muy difícil en un país como la Argentina. Nadie dijo que no lo sería. Pero suponer que alguien la baja porque dice que la baja es una tontería contraproducente. Milei tiene el mérito de haber aumentado los aportes de la Asignación por Hijo y de la tarjeta Alimentar, dos instrumentos creados por gobiernos anteriores de ideología antagónica. La caída de la inflación mejoró aún más la situación, lo que refleja la irresponsabilidad del gobierno anterior, que la dejó crecer por encima del 200 por ciento. Pero la pelea recién empieza y los últimos datos reflejan que el tejido social se ha deteriorado nuevamente.

Ninguna persona seria podría sostener que hay 25 por ciento menos de pobres que en diciembre de 2023.

Los datos, siempre, son los datos.

Por eso, mejor cuidarlos.

Argentina lleva décadas discutiendo la necesidad de una reforma laboral. Incluso ahora que finalmente se sancionó la reforma de la Ley 20.744, la disputa se ha vuelto más virulenta. Esta discusión siempre evita el punto central: nuestro sistema jurídico, concebido para proteger al trabajador, ha terminado generando el efecto contrario, expulsándolo del empleo formal.

No se trata de una afirmación ideológica, sino de una constatación empírica. Allí donde el Derecho del Trabajo debía garantizar acceso al empleo, lo que generó fue una creciente informalidad, una litigiosidad estructural y un temor generalizado a contratar. El problema no es la protección. El problema aparece cuando la protección se vuelve incompatible con la realidad económica.

En los últimos cincuenta años, la protección” otorgada se tradujo en una colección de privilegios incompatibles con la creación de empleo. Un derecho laboral que no puede ser cumplido en condiciones normales deja de ser un sistema jurídico y pasa a ser una ficción.

El problema no es la protección. El problema aparece cuando la protección se vuelve incompatible con la realidad económica

Durante años, el enfoque dominante ha puesto el acento casi exclusivamente en el conflicto. Se parte de la premisa de que la relación laboral es, por definición, un campo de tensión en el que el empleador debe ser controlado, limitado y eventualmente sancionado. A partir de allí, se construye un entramado normativo que, en muchos casos, desconoce por completo cómo funciona una empresa real.

El resultado es un Derecho que no describe la realidad, sino que intenta imponerle un modelo abstracto, muchas veces inviable.

Hay además un aspecto más profundo que explica este fracaso. El centro de la discusión ha dejado de ser el trabajo y ha pasado a ser la pelea política. Se habla de lo que “le sirve al Gobierno” para cuestionar la reforma, ocultando la aversión que muchos sienten hacia las empresas. El rechazo a toda reforma laboral se convierte en una bandera política que está desconectada de la realidad.

Fracasada la oposición política en el ámbito natural del debate democrático, es decir, el Congreso, la discusión se ha trasladado a los tribunales. Lo que no se logró allí se intenta obtener mediante una proliferación de planteos de inconstitucionalidad, que en su mayoría solo posterga una definición que finalmente corresponderá a la Corte Suprema. Mientras tanto, esto genera la continuidad de la incertidumbre laboral de millones.

Cuando el trabajo se utiliza como instrumento de disputa ideológica, deja de ser una realidad económica para transformarse en un discurso. El empleo no se crea en los discursos ni en las protestas, a veces violentas, en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Se habla del trabajador, del Estado, de los derechos, de las garantías. Pero rara vez se mencionaba a la empresa como la entidad capaz de generar empleo a gran escala.

Se habla del trabajador, del Estado, de los derechos, de las garantías. Pero rara vez se mencionaba a la empresa

Como afirmó el ex primer ministro británico Winston Churchill: “Algunos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

Sin empresa no hay trabajo. Esta afirmación, que debería ser evidente, ha sido sistemáticamente ignorada. Cuando el sistema jurídico ignora su presupuesto básico, termina produciendo lo que pretende evitar.

Un régimen laboral excesivamente rígido, con costos imprevisibles y una litigiosidad que en muchos casos se transforma en industria, no protege al trabajador: desalienta la contratación. Y cuando se desalienta la contratación, el resultado no es más protección, sino menos empleo.

La consecuencia es visible: millones de personas fuera del sistema formal, sin derechos, sin cobertura, sin estabilidad. Lo contrario de lo que el sistema dice defender.

Proteger mejor el trabajo no es agregar capas de privilegios rígidos, sino generar condiciones para que más empresas demanden trabajadores y para que más personas accedan a empleos dignos.

No hay una contradicción entre trabajador y empresario, sino entre un sistema que genera empleo y uno que lo destruye.

El autor es Abogado – Especialista en Asesoramiento de Empresas

El informe del PBI del cuarto trimestre de 2025 arrojó una cifra que dejó a muchos analistas sin palabras: un crecimiento del consumo del 1,7% respecto al trimestre anterior y 4,1% interanual. ¿Cómo se explica esto si las ventas en supermercados muestran caídas trimestrales?

Es que esta variable abarca todo gasto de las familias, no solo en supermercados. La respuesta está en el cambio de los hábitos de los argentinos.

Los llamados indicadores adelantados o tradicionales del consumo miden principalmente el mercado de bienes, pero omiten el desplazamiento de las familias hacia los servicios y bienes importados de uso final.

El desempleo sigue en niveles bajos

Las cifras de empleo también cuentan una historia distinta a la de la crisis terminal.

Con un desempleo promedio del 7,4% en 2025 y un cierre de año en el 7,5%, Argentina se mantiene en niveles de desocupación bajos si se compara con las últimas tres décadas.

El problema real que (ya era una tendencia en la última década) no es la falta de puestos, sino la informalidad. El desafío no es crear empleo estatal ficticio, sino profundizar en las reformas estructurales como la legislación laboral es necesario para que los trabajadores informales pasen a la economía formal.

¿Estamos en una estanflación?

La respuesta técnica es no. La estanflación combina recesión con alta inflación, pero los datos no reflejan ese escenario. Desde diciembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se ubica en máximos históricos y la tendencia ciclo -indicador clave para identificar fases recesivas o expansivas- acumula 23 meses consecutivos de variaciones positivas. En ese contexto, 2025 cerró con un crecimiento del 4.4 por ciento.

Respecto a la inflación, su tendencia creciente desde mediados del año pasado se debió principalmente a la incertidumbre electoral, sumado a que en los últimos meses hubo ajustes de precios relativos (precios de la carne y corrección de tarifas). Cuando estos efectos se disipen, la inflación va a tomar el descenso, porque las condiciones están dadas para ello: La cantidad de pesos circulando en términos reales está en mínimos históricos.

Con una base monetaria y un M2 transaccional bajo control, el sendero de desinflación es inevitable una vez que se disipen los efectos de la recomposición de precios.

Con una base monetaria y un M2 transaccional bajo control, el sendero de desinflación es inevitable

Si los indicadores agregados muestran un panorama favorable, ¿por qué algunos sectores perciben estancamiento? La clave está en la heterogeneidad de la recuperación. La economía atraviesa un cambio en su matriz productiva, dejando atrás un esquema basado en protección, tarifas reguladas e inflación alta. En este proceso, algunos sectores se expanden con fuerza, mientras otros enfrentan costos de adaptación.

La energía y el agro lideran el crecimiento, mientras que sectores como la industria y la construcción transitan una etapa más desafiante. El comercio, por su parte -segundo sector con más peso en el PBI- también está en proceso de transformación: tras décadas operando en un entorno inflacionario, debe adaptarse a un esquema donde los márgenes ya no se sostienen vía remarcación de precios.

El camino hacia la normalidad implica precisamente este reordenamiento. La apertura comercial favorece a los sectores más competitivos, como agro, minería y energía. A su vez, la expansión del crédito observada en 2024 y parte de 2025 impulsó al sistema financiero y a actividades vinculadas, como el mercado inmobiliario.

En el otro extremo, un sector más intensivo en trabajo como lo es la industria tiene dificultades para competir con el exterior, pero incluso dentro de este sector conviven realidades muy distintas.

La apertura comercial favorece a los sectores más competitivos, como agro, minería y energía

Sectores como alimentos y bebidas, refinación de petróleo, petroquímica o producción de motos muestran niveles de competitividad elevados. En contraste, rubros como textiles, indumentaria o productos de metal enfrentan mayores dificultades para competir internacionalmente.

Tras más de una década de estancamiento, la economía se encuentra en un proceso de reacomodamiento. La desregulación, la disciplina fiscal y la desaceleración inflacionaria sientan las bases para el crecimiento.

Hacia adelante, la reducción del índice de riesgo país profundizará la expansión del crédito, especialmente para pyme y familias, como ya se observó en 2024 y comienzos de 2025.

Los autores son economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; y economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Hace casi un año, el gobierno de Javier Milei firmaba un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscaba, vía implementación de metas cuantitativas y cualitativas, reabrir el financiamiento internacional a inicios de 2026. Este meta-objetivo no solo es importante para que Argentina haga roll-over de los elevados vencimientos de deuda en moneda dura de 2027, sino también para que el Fondo pueda reducir significativamente su exposición -acreencias- a nuestro país.

Por lo general, los desembolsos del FMI aparecen cuando los privados dejan de financiar a un país y el Fondo logra recuperarlos solo cuando se restablece la confianza y se regulariza el mercado de bonos soberanos.

El acuerdo de principios de abril 2025 se basaba -más allá de metas cualitativas y reformas de leyes- en tres patas de política económica:

1. consolidar el superávit fiscal del gobierno nacional, vedando la asistencia del BCRA al Tesoro, y limitando la acumulación de deuda flotante;
2. remover restricciones cambiarias (los particulares volvieron a comprar divisas en el mercado oficial, se eliminó el blend exportador y se redujeron impuestos a las importaciones) para unificar el mercado e implementar un esquema de bandas de flotación cuyo piso y techo ajustaban al 1% mensual; y
3. acumular reservas netas vía compras de divisas por parte del BCRA dentro de la banda (especialmente durante la cosecha gruesa).

El Tesoro colocó diversos instrumentos de deuda que capitalizan intereses que se contabilizan por debajo de la línea, generando una necesidad financiera que no abulta el pago “caja” de intereses

El pilar fiscal se ha sostenido pese a que la meta de superávit primario del gobierno nacional para 2026 es 1,5% del PBI, por debajo del 2,2% del PBI estipulado en el Acuerdo con el Fondo. El Tesoro colocó diversos instrumentos de deuda que capitalizan intereses que se contabilizan por debajo de la línea, generando una necesidad financiera que no abulta el pago “caja” de intereses.

Revisión de políticas

La posibilidad de que los individuos compren dólares en el mercado oficial junto con la unificación del tipo de cambio exportador e importador redujo la brecha cambiaria a un solo dígito, pero la calma cambiaria duró la liquidación de la cosecha gruesa: el BCRA no compró divisas y, para julio, el mercado comenzó a tensionarse.

Tras el triunfo opositor en las elecciones de provincia de Buenos Aires, el dólar tocó el techo de la banda -que se apreciaba en términos reales porque la inflación superaba sistemáticamente el 1% mensual-. El alivio de la eliminación de derechos de exportación duró un par de semanas y la corrida recién pudo frenarse tras la compra de pesos por parte del Tesoro estadounidense. El triunfo electoral de La Libertad Avanza en las nacionales de octubre terminó de calmar las aguas.

La decisión de que el BCRA no compre divisas hasta que llegue al piso de la banda -probablemente para tratar de bajar la inflación a menos de 1% mensual- derivó en el incumplimiento rápido de la meta de acumulación de reservas netas, un punto que tanto el FMI como los inversores consideran garantía de repago de deuda en moneda dura.

El techo y piso de la banda ajustan por inflación pasada (para evitar apreciación real) y el BCRA asumió el compromiso de comprar al menos USD 10.000 millones en 2026

A principios de este año el Gobierno corrigió este desvío: ahora el techo y piso de la banda ajustan por inflación pasada (para evitar apreciación real) y el BCRA asumió el compromiso de comprar al menos USD 10.000 millones en 2026, remonetizando la economía.

En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista bajó casi 4% nominal, alejándose del techo de la banda y el BCRA compró USD 4.250 millones, aunque la inyección de pesos por dichas adquisiciones fue esterilizada probablemente por la aceleración de la inflación, que promedió 3% mensual en el primer trimestre del año.

Cuando parecía que el meta-objetivo de lograr la reapertura del financiamiento externo para el Tesoro nacional se conseguía -tras el triunfo electoral, colocaron deuda en moneda dura tanto las empresas como las provincias-, apareció el shock de la guerra en Medio Oriente que elevó por partida doble el costo financiero del soberano: el índice de riesgo país pasó de 572 puntos básicos (pb) a fines de febrero a 617 pb, trepando casi 45 pb en marzo; y la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense subió 50 pb, alejado de la reapertura del financiamiento externo.

A diferencia de la invasión rusa a Ucrania, este conflicto bélico encontró a Argentina con superávit comercial energético, por lo que el alza de precios internacionales impactó de forma positiva sobre las exportaciones y elevó algo las importaciones (sobre todo fertilizantes y GNL en invierno).

Si la mejora de términos de intercambio por la guerra persiste, habría una ganancia de USD 4.000 millones en 2026. Sin embargo, la irrupción de este shock genera presión inflacionaria adicional en un contexto local de aceleración de precios: en el primer bimestre del año el alza de precios rozó el 3% mensual y alcanzó 3,3% en marzo según los relevamientos de precios de Equilibra consultores, explicando la suba de combustibles por efecto internacional la aceleración (0,4 puntos porcentuales).

Escenarios tras el shock externo

Dado que es muy difícil saber cuán intenso y duradero será el shock de estanflación generado por el cierre del Estrecho de Ormuz, es probable que la administración Milei deba realizar modificaciones de política económica para reencausar el rumbo. Una posibilidad es tratar de inducir una baja del índice de riesgo país por diversas vías. Entre ellas se destacan:

1) eliminar restricciones que enfrentan las empresas para comprar divisas (las que no estén bajo el paraguas del RIGI);

2) captar parte de los depósitos en dólares en el sistema financiero local (el Tesoro licitó Bonares a 2028 a tasas altas y colocó menos del tope de USD 250 millones);

3) conseguir préstamos bilaterales; y

4) acelerar las compras de divisas para fortalecer significativamente el stock de reservas netas en la temporada alta de liquidación de agro-divisas (lo opuesto a lo sucedido en 2025).

Para lograr la reapertura de los mercados financieros, este camino requiere una política de financiamiento activa, un tipo de cambio más elevado en el segundo semestre, lo que posterga la meta de inflación por debajo de 1% mensual, y que, en algún momento del año, se reduzca la incertidumbre en los mercados financieros tras el estallido de la guerra.

Para lograr la reapertura de los mercados financieros, este camino requiere una política de financiamiento activa, un tipo de cambio más elevado en el segundo semestre, lo que posterga la meta de inflación

Si el Gobierno no aprovecha a comprar divisas y prioriza de nuevo la baja de inflación anclando el tipo de cambio, es posible que no consiga una desaceleración significativa en la suba de precios: el proceso inflacionario ha demostrado una elevada inercia y la acumulación de reservas netas sería acotada, generando pocos anticuerpos para el segundo semestre, cuando el paredón de vencimientos de deuda en moneda dura de 2027-USD 8.000 millones entre BCRA y Tesoro en enero- esté a la vuelta de la esquina.

Conviene alertar sobre otro riesgo que viene creciendo: las familias enfrentan problemas de calidad de empleo, caída de ingreso real y disponible, y problemas de endeudamiento -elevada mora y peso de los servicios financieros- que generan una demanda interna anémica.

El microclima que están viviendo las actividades primarias (sector agropecuario, pesca, minería y energía) no derrama en los grandes centros urbanos y el resto del entramado productivo se encuentra estancado o cayendo. Si el Ejecutivo no trabaja activamente para mitigar esta situación, es probable que pierda apoyo popular con el correr del tiempo.

Menor confianza en el gobierno y mayores chances de un triunfo opositor son un combo tóxico para los inversores que necesita Argentina que le presten sus dólares para atravesar con la menor presión cambiaria y financiera posible las elecciones presidenciales de 2027.

El autor es Socio Fundador y Director de análisis macroeconómico de Equilibra Consultores

En los últimos días, la discusión sobre la libertad de expresión dejó de ser teórica.

Las revelaciones de un consorcio internacional de periodistas, que expuso la existencia de estructuras organizadas de producción y difusión de contenidos —que, potencialmente, habrían sido financiadas por Rusia— obligan a revisar un supuesto que durante años se dio por indiscutido: que todo lo que se presenta como opinión o periodismo queda automáticamente protegido por ese derecho.

Ese reflejo —casi condicionado— empieza a mostrar sus límites.

La libertad de expresión es, sin duda, uno de los pilares centrales de cualquier sistema democrático. No solo protege la posibilidad de opinar, sino que garantiza la circulación de ideas, la crítica al poder y el debate público. Sin ese marco, no hay sociedad abierta posible.

No es un derecho absoluto. Y, sobre todo, no es una cobertura para cualquier cosa.

Desde hace años vengo señalando —en ámbitos profesionales y académicos— un fenómeno que, por su forma, suele pasar desapercibido: la utilización de la libertad de expresión como cobertura formal de prácticas que buscan influir deliberadamente en la opinión pública a partir de información distorsionada o de intereses no transparentes.

En esa misma línea, desde hace mucho tiempo vengo trabajando y escribiendo sobre la relación entre libertad de expresión e interés público. No todo lo que se expone públicamente reviste interés público, aun cuando involucre a personas públicas. Esa distinción es central. Porque cuando se difunden contenidos que no responden a un interés público genuino, sino que evidencian una intención dolosa o direccionada a generar desgaste, deja de tratarse de un ejercicio legítimo del derecho y comienza a configurarse otra cosa.

Las recientes revelaciones no hacen más que confirmar un esquema que no es nuevo, pero sí cada vez más sofisticado en su ejecución.

En ese marco, promoví una denuncia penal. No como reacción aislada, sino como respuesta institucional frente a un fenómeno que, de confirmarse, excede lo comunicacional.

Cuando existen indicios de operaciones organizadas, con financiamiento y capacidad de incidir en la opinión pública —incluso con potencial de desestabilizar un gobierno constitucional—, la intervención del Poder Judicial deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

En este caso, además, el contexto es particularmente grave: se trataría de maniobras orientadas no solo a generar desinformación en la sociedad, sino también a producir un desgaste y eventual desestabilización de un gobierno. Este tipo de conductas no pueden ser desatendidas.

Si lo que surge de las investigaciones periodísticas llegara a corroborarse judicialmente, estaríamos frente a un esquema de una magnitud inusitada, sin antecedentes en la Argentina.

No se trataría de publicaciones aisladas, sino de estructuras diseñadas para influir de manera sistemática en la información que circula en la sociedad, no solo en la Argentina sino también en otros países.

Frente a estos escenarios, corresponde una respuesta clara, firme y sin ambigüedades del sistema judicial. Investigar, determinar responsabilidades y separar con precisión a quienes eventualmente utilizaron estructuras periodísticas para fines personales o negocios espurios, de aquellos que ejercen legítimamente su función.

En ese marco, la investigación judicial deberá avanzar de manera concreta en la identificación de responsabilidades: determinar quiénes fueron los periodistas que se aprovecharon de estructuras mediáticas para introducir información falsa con fines económicos, quiénes fueron los autores intelectuales de estas maniobras y quiénes las financiaron. También deberá establecer si detrás de estas operaciones existió la intervención de un gobierno extranjero o la participación de actores insertos en la sociedad argentina, sean nacionales o extranjeros.

Pero además, la intervención judicial cumple un rol esencial: garantizar a la ciudadanía la fiabilidad de la información y esclarecer quiénes fueron los responsables de estas maniobras. Esto implica identificar no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y a quienes financiaron estas operaciones.

Esa respuesta no es menor. Es una exigencia propia de un Estado democrático.

En ese contexto, la discusión no puede quedar atrapada en una defensa automática de la libertad de expresión como si se tratara de un valor abstracto, inmune a cualquier análisis.

Exige, por el contrario, una distinción precisa: una cosa es el ejercicio legítimo del derecho —incluida la crítica dura, incómoda o incluso disruptiva— y otra muy distinta son las prácticas que, bajo esa apariencia, buscan erosionar instituciones, afectar reputaciones o intervenir en procesos democráticos mediante mecanismos encubiertos.

No se trata de cuestionar al periodismo ni de limitar el derecho a opinar. Muy por el contrario: la libertad de prensa y la pluralidad de voces son condiciones esenciales para el funcionamiento democrático.

“Una cosa son los periodistas y los medios serios, que cumplen una función esencial en el sistema democrático, y otra muy distinta son quienes, bajo esa apariencia, participan de maniobras organizadas”.

Esa distinción es clave para no confundir el ejercicio legítimo del periodismo —indispensable en cualquier democracia— con prácticas que pueden responder a intereses ajenos, incluso en algunos casos vinculados a operaciones de carácter mafioso.

En ese punto, ya no se trata de un debate abstracto sobre los límites de la libertad de expresión.

Se trata de determinar si, bajo la apariencia de periodismo, se han desplegado maniobras organizadas capaces de afectar el orden institucional y el normal funcionamiento del sistema democrático.

Cuando la información es deliberadamente falsa, cuando responde a intereses económicos o geopolíticos ocultos, o cuando se disfraza de contenido independiente lo que en realidad es una operación, la discusión deja de ser exclusivamente comunicacional para ingresar en el terreno de la responsabilidad.

La defensa de la libertad de expresión no puede implicar la convalidación de su uso como herramienta de encubrimiento.

En esos supuestos, invocar la libertad de expresión no solo resulta improcedente: termina vaciando de contenido al propio derecho que se pretende resguardar.

La cuestión de fondo no es restringir la palabra, sino evitar su degradación. Porque cuando todo queda amparado bajo la misma etiqueta —lo verdadero y lo falso, lo genuino y lo manipulado—, la libertad de expresión deja de ser una garantía para convertirse en una herramienta funcional a quienes buscan distorsionar el debate público.

Y en ese punto, el daño ya no es solo individual. Es estructural.

Una sociedad que pierde la capacidad de distinguir entre información y operación, entre crítica legítima y acción encubierta, erosiona su propio sistema de deliberación democrática.

La libertad de expresión es un pilar. Pero justamente por eso, no puede transformarse en un cheque en blanco. Defenderla también implica evitar que sea utilizada como escudo de impunidad.

*El autor es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado

El 11 de marzo de 2004, Madrid amaneció atravesada por explosiones. Diez bombas estallaron en trenes de cercanías, dejando doscientas personas muertas, centenares de heridos y un país paralizado por el horror. Los dispositivos fueron detonados de manera simultánea desde teléfonos celulares.

Apenas horas después de producirse el atentado, el gobierno español señaló a ETA como responsable. Una versión que se sostuvo con vehemente obstinación, a pesar de que todas las evidencias empezaban a apuntar hacia el terrorismo islámico.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la autoría a los etarras y se dedicó a calificar como “intoxicación” cualquier versión alternativa.

Mientras el funcionario plantaba su relato, los investigadores y periodistas constataban indicios indiscutibles que llevaban hacia el terrorismo yihadista: una furgoneta con material en árabe, detonadores similares a los usados por células islamistas y reivindicaciones vinculadas a grupos ligados a Al Qaeda.

En apenas horas se sabía cómo había operado la célula atacante y de qué domicilios habían salido los atacantes portando mochilas con la carga letal.

“Si ha sido ETA, barremos; si han sido islamistas, gana el PSOE”. Fue la rápida conclusión a la que se adhirió el oficialismo.

España estaba activamente comprometida en la guerra de Irak, una decisión muy impopular en la sociedad española. El gobierno del PP pretendía despegarse del costo de ese involucramiento.

Entre el 12 y el 13 de marzo, desconociendo la veda electoral, la gente comenzó a concentrarse frente a la sede del Partido Popular. La convocatoria se hizo mediante mensajes por SMS; no existían las redes ni WhatsApp.

Una multitud rodeó el edificio en el que se encontraba el candidato del PP, Mariano Rajoy. “Rositas para Aznar”, viralizaban los mensajes recibidos en las pantallas de los teléfonos que todavía no eran del todo inteligentes.

En una tensa vigilia previa a la jornada electoral, se salió a confrontar la información falsa del oficialismo.

Liberados de cualquier compromiso con la veda, los medios más importantes del mundo que se encontraban en Madrid cubriendo el atentado registraron el curso de los acontecimientos. Fue una movida pacífica. Imperaba un clima de conmoción y duelo.

El 14 de marzo ocurrió uno de los vuelcos electorales más abruptos de la democracia española. Ganó el candidato del PSOE, el opositor José Luis Rodríguez Zapatero. Apenas 48 horas antes, las encuestas lo daban 7 puntos abajo.

La estrategia narrativa montada en una mentira, que desplegó el Gobierno del Partido Popular, le hizo perder las elecciones nacionales a manos del PSOE.

El manejo informativo del atentado fue un factor decisivo en la derrota del gobierno.

No fue solo el clima de conmoción por la tragedia lo que cambió la historia. Fue la sospecha de que la verdad había sido deliberadamente manipulada.

La mentira siempre existió en política. Lo nuevo es su escala, su velocidad y su impunidad.

El ecosistema digital acelera el proceso de distribución de contenidos. Lo falso, lo negativo, lo ofensivo y lo violento se instalan más rápidamente.

La mentira se viraliza, deviene combustible de identidad política. Se usa como una forma de dominar la agenda pública; importa que circule.

La mentira en los tiempos de Trump pierde su categoría de error para convertirse en un insumo del poder, un método naturalizado, un dispositivo político movilizador. En la política contemporánea, el discurso se funde con el espectáculo y la falsedad deja de ser un desvío moral para transformarse en una tecnología narrativa.

El salto que introduce Trump es distinto. Ya no se trata solo de ocultar información, sino de producir tantas versiones falsas que la verdad pierde centralidad. La saturación reemplaza al secreto: no se esconde la verdad, se la ahoga.

Trump miente a sabiendas, miente para negociar, miente para apretar, miente para protegerse de sus desbordes. El uso deliberado de la mentira, que pareció rendirle al inefable presidente norteamericano, ha comenzado a perder su eficacia.

Trump no sabe cómo salir de la guerra y pretende confundir con sus dislates discursivos, pero no le está funcionando para intervenir en el mercado global, donde el peso de sus anuncios no está impactando como ocurrió apenas unas semanas atrás.

El miércoles por la mañana Trump dijo que Irán pidió un alto el fuego, lo que el alto mando iraní no tardó en desmentir.

En la noche del mismo día, en un discurso formal —el primero en horario central desde que comenzó la guerra— Trump dijo que los objetivos norteamericanos están muy cerca de completarse y no descartó la posibilidad de un acuerdo con el régimen iraní.

“En dos o tres semanas, los haremos retroceder a la Edad de Piedra, que es a la que pertenecen”.

Trump intenta salir de la guerra presentando logros que la realidad le desmiente. Sus declaraciones de estos días no fueron, esta vez, registradas por el mercado.

El petróleo cierra la semana en USD 110 por barril y la economía mundial se derrumba. Con la palabra devaluada, la manipulación de la verdad ya no le rinde.

Hannah Arendt, que en su ensayo Truth and Politics hizo un planteo que merece ser tenido en cuenta para entender este momento: la mentira reiterada, pensada como un arma para destruir la certeza de que la verdad existe.

Si todo puede ser falso, todo puede también ser verdadero. La palabra política pierde consistencia, pierde densidad y se torna muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso.

Una cosa es la mentira. Otra, el ocultamiento. No son lo mismo, pero operan juntos.

La mentira es una afirmación falsa; el ocultamiento es administración de la verdad: dosificación, demora, silencio estratégico. Y muchas veces el daño político nace más del ocultamiento que de la falsedad explícita.

El derrotero de nuestro todavía jefe de Gabinete de Ministros va en ese sentido.

La mentira no siempre se trata de decir algo falso. A veces consiste en impedir que se conozca lo verdadero. El ocultamiento es más difícil de detectar, pero más corrosivo.

Retener información relevante, retrasar su difusión, responder sin responder, fragmentar la información, ampararse en tecnicismos. De eso se trata. Para que funcione, demanda una pericia, un expertise, una capacidad de la cual Manuel Adorni parece estar careciendo.

Pero mentir u ocultar no cambia la realidad. Lo real termina imponiéndose con crudeza.

Ni los festejos por el juicio de YPF ni los anuncios por la baja de la pobreza lograron sacar de la conversación pública el Adornigate. Todo demasiado explícito, demasiado visual.

Las chapucerías pergeñadas por él, por ahora, ministro coordinador para registrar sus bienes y propiedades, que inevitablemente salieron a la luz, lo hunden aún más en un mar de inconsistencias que le será difícil explicar.

El jefe de Gabinete no está, por el momento, procesado. La Justicia está trabajando en la recolección de pruebas. Los delitos que se investigan van desde la dádiva y las negociaciones incompatibles con la función pública hasta el enriquecimiento ilícito.

Adorni es percibido como un lastre por buena parte del funcionariato. Están los que ya empiezan a tomar distancia de lo que consideran una mancha venenosa.

A las veleidades propias de lo que el libertarianismo llama “casta”, que dan cuenta del perfil aspiracional del ex vocero, se suma la torpeza con la que pretendió defenderse.

Tras haber dado respuesta vaga e imprecisa acerca de si aparecerían nuevos hechos reprochables, Adorni respondió: “No hay nada más”.

“No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice: irme cuatro días con mis nenes”. Se refería al viaje en vuelo privado a Punta del Este.

La investigación judicial analiza ahora la trazabilidad de un viaje en familia registrado en diciembre de 2024. Todos los caminos conducen a la isla caribeña de Aruba. De comprobarse, al ocultamiento se suma la mentira.

En una suerte de inconducente sobreactuación, Martín Menem recurrió al más común de los lugares para alinearse.

“Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, dijo en una entrevista televisiva.

Parte del círculo más íntimo de Karina Milei, Menem considera que hay que esperar el veredicto de la Justicia.

El presidente y su hermana reforzaron en las últimas horas el respaldo al funcionario en caída libre. El empeño por arroparlo resulta tan conmovedor como temerario.

Los tiempos políticos apremian. La seguidilla de torpezas desplegadas por quien ganó su lugar en el Gobierno ejerciendo como vocero y escudero mediático del Presidente no deja margen para esperar los tiempos de la Justicia.

Las estrategias de ocultamiento, dilación de respuesta, beligerancia defensiva y altanería desplegadas por MA no están funcionando.

El ecosistema digital provee dispositivos precisos y veloces para la difusión de mentiras y falsas verdades, pero también pone a disposición herramientas que perforan la opacidad, aportando nitidez y transparencia.

La mentira y el ocultamiento son recursos de corto plazo, estrategias dilatorias; pueden comprar tiempo, pero no compran impunidad.

La realidad siempre se impone y termina pasando factura. Y en este caso el costo es político y lo terminará pagando el gobierno libertario de Javier Milei.

El 25 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. El proyecto, elaborado para la consideración del Consejo de la Magistratura, propone a lo largo de sus 54 páginas continuar y ampliar los concursos anticipados como regla, a fin de desvincular las vacantes de coyunturas políticas; implementar un legajo digital único y auditable; y establecer un sistema de calificación de antecedentes rigurosamente tabulado. Busca darle transparencia y trazabilidad al proceso de selección de jueces y juezas, y minimizar la discrecionalidad política en el marco de ese procedimiento.

El lunes 30 de marzo, en el Palacio de Justicia, se presentó ese Proyecto de Reglamento en un acto multitudinario. En el público estuvo el flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien apenas asumió el cargo se comprometió ante los propios ministros de la Corte a comenzar con el envío de pliegos de jueces al Senado; su segundo, el viceministro y consejero de la magistratura, Santiago Viola, y varios de los colegas de éste en el Consejo de la Magistratura, quienes serán finalmente los encargados de tratar la iniciativa en una próxima reunión plenaria.

La presentación de los alcances de la propuesta la hicieron los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ellos dos firmaron la acordada. El tercer ministro, presidente de la Corte y por ende titular del Consejo, no la firmó, aunque compartió con ellos dos la mesa principal del acto.

Sentado, Horacio Rosatti pronunció unas breves palabras iniciales. Luego habló Rosenkrantz y después Lorenzetti, parados frente a un atril.

“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo de la Magistratura, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario”, señaló Rosenkrantz. “Consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y esperamos aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales”.

Lorenzetti agregó que la acordada habla de un “déficit estructural”, y advirtió que ese déficit “no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país”.

“La discrecionalidad es el tema central. Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento, tanto en la nación como en las provincias”, agregó.

La consejera Jimena de la Torre, quien respaldó la medida con una serie de posteos en la red social X, en Infobae a la Tarde, reconoció que “no estamos garantizando que lleguen los mejores, no estamos garantizando que lleguen los más idóneos”, y agregó: “Ojalá que aprobemos rápido este reglamento y sigamos trabajando en las mejoras necesarias para garantizar independencia judicial. Lo que está en juego es la estabilidad jurídica y, en definitiva, la vida cotidiana de todos”.

Atajo

El 30 de marzo pasado, el mismo día del acto de presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados, trascendió que el presidente Javier Milei envió una primera tanda de pliegos al Senado y, entre ellos, propuso para ocupar el cargo de juez federal de Santa Fe a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y, por ende, del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de seleccionar las ternas de candidatos que se envían al Poder Ejecutivo.

A partir de ese momento, se multiplicaron las notas periodísticas en casi todos los medios de comunicación del país, destacando las particularidades del concurso que lo dejó a Emilio Rosatti a un paso de convertirse en juez federal. En síntesis: el joven abogado, funcionario judicial, no fue quien sacó la mejor nota en los exámenes, ni fue evaluado positivamente por sus antecedentes profesionales, sino que escaló posiciones luego de las entrevistas personales que le hicieron los consejeros de la Magistratura. Son las mismas entrevistas que el Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados, la acordada que tiene las firmas de Rosenkrantz y de Lorenzetti, pretende que se regulen para disminuir los niveles de discrecionalidad.

¿Qué favor se le hace a la legitimidad de la Justicia, agujereada de vacantes en todas sus jurisdicciones, con la propuesta de candidatos que llegan con tantas objeciones y levantan suspicacias de acomodo que salpican a lo más alto del Poder Judicial?

Si, como país, queremos tener futuro, es indispensable fortalecer la confianza en la Justicia y garantizar que sean los más idóneos los que ocupen sus cargos. Si lo que se busca es un Poder Judicial sólido, confiable y transparente, la dirección a tomar es la que plantean proyectos como el propuesto por Rosenkrantz y Lorenzetti.

Con atajos, en cambio, solo se logrará destruir su credibilidad.

En la campaña presidencial escuchamos promesas sobre crecimiento, inversión, seguridad y mano firme contra la corrupción. Y algunos, un poco de educación o de salud, pero en la mayoría de los casos desde generalidades sin propuesta, y siempre hablando desde el sistema formal, como si aquellos que no estudian en la escuela, el instituto o la universidad, no fueran también estudiantes y ciudadanos que aprenden.

El error de obviarlos es doloso, no queremos ver que también desde sus centros laborales, sus hogares o sus comunidades muchos aprenden sin ayuda del Estado. Y es un error que invisibiliza. Pero además es un error que empobrece.

Esto arrastra una deuda silenciosa: esos millones que no terminaron la educación básica, que abandonaron el sistema o que nunca accedieron a formación técnico-productiva, no son una minoría. Son el corazón del país que trabaja. Y, sobre todo, son el corazón de la informalidad que son alrededor del 70%.

No es solo un problema de fiscalización ni de exceso de trámites. Es, en gran medida, un problema de capacidades no desarrolladas y no reconocidas. Quienes no concluyen la educación básica o no acceden a formación técnica tienen muchas más probabilidades de terminar en empleos precarios, de baja productividad y sin protección social.

El país discute cómo atraer inversión, pero evita responder a ¿qué tipo de capital humano estamos ofreciendo?

A esto se suma otra bandera roja: los jóvenes que no estudian ni trabajan (los llamados “NINIs”), que representa aproximadamente el 20% de la población joven en el Perú. Muchos no están “inactivos”: están atrapados en trabajos informales, intermitentes o invisibles.

El sistema educativo los perdió. El mercado laboral (el poco mercado formal que existe) no los integra. Y el Estado, en gran medida, no los reconoce.

Y mientras tanto, la educación superior en el Perú sigue fuertemente sesgada hacia lo universitario, cuando la economía real demanda habilidades técnicas. La educación técnico-productiva —la que podría conectar directamente con empleo, productividad y desarrollo local— sigue siendo subvalorada, fragmentada y de baja escala. Esto genera una paradoja: empresas que no encuentran trabajadores calificados y trabajadores que no encuentran empleos de calidad.

Y como Lima no es el Perú, el problema se vuelve aún más crítico si miramos fuera de la capital. En muchas regiones, especialmente rurales, las oportunidades de continuar estudios o acceder a formación técnica son limitadas o inexistentes. La educación para adultos —cuando existe— es rígida, urbana y desconectada de la realidad productiva local.

¿El resultado? Economías territoriales atrapadas en baja productividad, con alta informalidad y escasa diversificación. Y peor aún, juventudes condenadas a vivir de las economías ilícitas, presos de otros horrores como la criminalidad, la delincuencia, y peor aún, la trata de personas y otras desgracias propias de Estados ausentes.

Si en esta campaña presidencial queremos votar por la educación a lo largo de la vida, deberíamos exigir propuestas como un sistema nacional de aprendizaje a lo largo de la vida, que integre educación básica, técnica y formación continua, y un Ministerio de Educación que sepa articular a otros Sectores y Niveles de Gobierno en esa tarea que excede largamente a su Sector.

Además, necesitamos impulsar programas masivos de reconversión laboral para jóvenes y adultos fuera del sistema educativo. De la misma manera, se debe de reconocer los saberes previos, a fin de formalizar competencias adquiridas en la práctica. Y no debemos olvidar en priorizar una inversión sólida en educación técnico-productiva, alineada a cadenas productivas regionales.

Ignorar este tema tiene consecuencias concretas: menor productividad, mayor informalidad, menor recaudación, más desigualdad territorial. Y, en el largo plazo, un crecimiento económico limitado.

El Perú no va a reducir la informalidad con discursos sobre emprendimiento. La informalidad se combate construyendo y reconociendo capacidades ahí donde ya las hay. Y esto comienza al inicio de nuestra vida escolar, pero resulta que también recomienza en distintos momentos de nuestra trayectoria formativa.

Los electores tenemos que exigir que se gobierne en razón de las necesidades de nuestras vidas, y no en razón de las cifras obsoletas que muchos candidatos insisten con necedad en mantener en sus planes de gobierno. Que nos miren. Nuestros votos son para los que se atreven a no esquivarnos la mirada.

El fracaso de la 14° Conferencia Ministerial de la OMC realizada en la ciudad de Yaoundé, Camerún, del 26 al 30 de marzo, agudizó la tensión sobre las posibilidades de la organización de lograr algún progreso en las graves circunstancias actuales donde la diplomacia ha sido reemplazada por los estallidos de las bombas. Las dificultades de alcanzar acuerdos básicos sobre temas que se arrastran hace años revelaron la falta de compromiso de los principales miembros con la defensa del sistema multilateral de comercio a pesar de las declamaciones públicas.

Si bien la página web de la Conferencia Ministerial celebra los trabajos efectuados durante los cuatro días, los hechos concretos señalan que no fue posible concluir ninguno de los temas de la agenda por las dificultades para alcanzar consensos unánimes como requiere la metodología de la organización. La Directora General, Okonjo-Iweala, celebró, como corresponde a una experimentada diplomática, los “borradores” sobre el plan de trabajo para la reforma del organismo y el sistema multilateral de comercio, la moratoria sobre la aplicación de aranceles a las transmisiones digitales, la incorporación a la OMC del Acuerdo de Facilitación de Inversiones para el Desarrollo y la moratoria sobre las reclamaciones no violatorias del TRIPS y un reiterado paquete de sugerencias sobre los países de menor desarrollo.

La página no hace referencias a la segunda fase del Acuerdo sobre Subsidios a la Pesca y el de Agricultura que se encontraban en la agenda original. La delegación argentina intentó sin éxito volver a incluir la agricultura en el temario de la organización.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que, siendo la Conferencia Ministerial el órgano decisorio, la Directora General destaque que el trabajo de los ministros se limitara solo a elaborar borradores como si esta convocatoria fuera una continuación de la labor que llevan a cabo las representaciones en Ginebra donde tuvieron entre idas y vueltas un lapso de dos años desde la última reunión en 2024 para alcanzar alguna definición.

La delegación de los Estados Unidos estuvo presidida por el Representante Comercial, Jamieson Greer, que, en su discurso de presentación, indicó la importancia de extender sin fecha la moratoria sobre la prohibición de arancelar las transmisiones digitales. Esta aspiración, que hubiera justificado el traslado, chocó con la oposición de Brasil y Turquía a pesar de contar con el apoyo de 164 miembros. Estos dos países consideraron que la prórroga indefinida limitaba sus derechos a aplicar políticas en el sector y en especial la posibilidad de aumentar los ingresos fiscales.

La India, como viene repitiéndose desde hace décadas, ejerció su poder de veto para rechazar la incorporación a la OMC del Acuerdo sobre Facilitación de Inversiones, la definición de los subsidios a la pesca y la posibilidad de avanzar en el tema agrícola. La delegación de este país ha sido consistente en oponerse a cualquier intento de ampliar los compromisos, reafirmando que su prioridad es proteger los ingresos de su extensa población dependiente de esos sectores a pesar de los progresos de los últimos años.

El Embajador Greer expresó al finalizar la Conferencia su desaliento sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos mínimos ante las discrepancias en Yaoundé. En una declaración publicada en la página del USTR expresó que siempre fue escéptico sobre el valor de la OMC y que los resultados de la última semana le confirmaron que "esta organización solo tendrá un papel limitado en el diseño de la política de comercio global“.

La 14° Conferencia Ministerial confirmó la inexistencia de voluntad para mostrar un mínimo de progreso que reivindique el sistema multilateral de comercio. En las presentes circunstancias donde prima la incertidumbre no existen incentivos para efectuar concesiones. Todo indica que la OMC entrará en un cono de sombra hasta tanto cedan las tensiones geopolíticas que permitan reanudar el diálogo entre los principales miembros del organismo. Las palabras de Jamieson Greer solo confirman que Estados Unidos continuará con su visión unilateral centrando sus esfuerzos en la reducción del déficit comercial y en las negociaciones bilaterales.

Pasado el impacto inicial, el caso Noelia Castillo Ramos permite ver con mayor nitidez lo que realmente está en juego. Muchos defensores de la eutanasia lo presentaron como una victoria de la compasión, la autonomía y la dignidad. Pero una lectura más rigurosa sugiere lo contrario. No revela sólo una pendiente resbaladiza posterior en la práctica eutanásica, sino algo más grave, su ampliación ya estaba contenida en la propia arquitectura de la ley española. La Ley Orgánica 3/2021 no se limitó a enfermedades terminales ni a tortuosas agonías irreversibles, sino que admitió también la muerte asistida en supuestos de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, aun sin final inmediato de vida.

Ese punto es decisivo. Si un caso como este entra jurídicamente en la norma, entonces el problema ya no pasa por una desviación posterior ni por un abuso imprevisto. La amplitud estaba en el origen. No se trata de una excepción que forzó la ley, sino de una consecuencia posible de su propio diseño.

Noelia, de 25 años, había quedado con paraplejia por lesión medular irreversible tras un intento de suicidio en 2022, en un cuadro, además, atravesado por dolor crónico, sufrimiento psíquico persistente y dependencia funcional para su cuidado cotidiano. Solicitó formalmente la eutanasia en abril de 2024. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó el pedido en julio de ese año. Tras una disputa judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el 10 de marzo de 2026 una medida cautelar para frenar el procedimiento. Días más tarde, el 26 de marzo, la eutanasia fue practicada.

Pero el problema no sólo es jurídico, sino moral y civilizatorio. Noelia no llega a ese final desde una historia de contención robusta, cuidados integrales y reparación suficiente, sino desde una biografía atravesada por sufrimiento psíquico severo, dolor físico crónico, extrema vulnerabilidad, dependencia funcional intensa y profunda ruptura biográfica vital. Y ahí emerge la pregunta bioética insoslayable ¿se agotaron realmente todas las formas del cuidado o se legitimó la solución letal allí donde correspondía intensificar la asistencia y el acompañamiento?

Aquí aparece una inversión de prioridades inquietante. El mismo entramado social e institucional que no consigue proteger suficientemente a una persona vulnerable ni reconstruir de manera sólida sus condiciones de sostén, sí demuestra eficacia para organizar el procedimiento que habilita su muerte asistida. La insuficiencia para cuidar es reemplazada por la eficiencia protocolar para administrar la muerte. Y eso, más allá de la prolijidad procedimental, constituye un fracaso moral.

Quienes defienden la posición permisiva recuerdan, con razón, que la ley prevé salvaguardas como la reiteración de la solicitud, controles médicos, evaluación adicional, intervención de comisiones y posibilidad de desistimiento. Nada de eso es falso. Pero un procedimiento cuidadosamente regulado no resuelve por sí mismo la cuestión ética de fondo. La pregunta decisiva no es si el Estado ha logrado regular la muerte asistida, sino si le corresponde convertirla en respuesta institucional frente a ciertas formas de sufrimiento.

Y cuando el Estado no sólo permite, sino que además financia, organiza y estandariza la ayuda para morir, deja de emitir un mensaje neutro. La muerte provocada empieza a consolidarse como solución legitimada y disponible frente a determinadas vidas atravesadas por dependencia, discapacidad irreversible o derrumbe subjetivo. Por eso el problema no es meramente legal, sino médico, antropológico, cultural y, más profundamente, un problema de límites. Del límite moral del poder estatal, del límite de la medicina y del límite que una civilización se impone frente a la vulnerabilidad.

Desde la ética del Límite, el problema se vuelve aún más claro. No toda capacidad legalmente habilitada debe transformarse en potestad moralmente legítima. Una sociedad civilizada no se mide sólo por la ampliación de opciones individuales, sino por su aptitud para imponer límites éticos al poder, sobre todo cuando ese poder se ejerce sobre vidas vulnerables. Allí donde el Estado deja de contenerse frente al sufrimiento y asume la facultad de administrar la muerte como respuesta, el límite protector se erosiona y el poder cruza un umbral que ya no resguarda al vulnerable, sino que lo expone.

El caso también deja ver otra forma de descarte, que es la conversión del sufriente en emblema de una causa. En el debate público contemporáneo existe una inclinación a transformar historias humanas complejas en piezas de validación ideológica. La persona concreta cede así su lugar al símbolo, a la consigna y al argumento. Y en esa operación también se la deshumaniza.

Por eso la invocación abstracta de la autonomía no alcanza. Ninguna decisión nace en el vacío. Toda elección se forma en un entramado previo de vínculos, asistencia material, sostén psicológico y horizonte de sentido. La cuestión no es sólo si una persona expresó formalmente su voluntad, sino bajo qué condiciones vitales lo hizo. Cuando ese trasfondo ha sido erosionado por la violencia, el abandono y la insuficiencia de contención, el recurso a la autonomía corre el riesgo de convertirse en un formalismo que encubre un fracaso previo del cuidado.

Nada de esto obliga a imputar mala fe a médicos, jueces o comisiones. Pero sí permite advertir una peligrosa mutación cultural manifiesta en la progresiva aceptación de que, frente a determinadas vidas heridas por el sufrimiento, la dependencia o la ruina subjetiva, la medicina pueda ofrecer la muerte como solución jurídicamente válida y sanitariamente ejecutable. Eso es, precisamente, una forma de cultura del descarte.

Frente a ello, la cultura del cuidado parte de una premisa radicalmente distinta. Sostiene que la respuesta humana y médica al sufrimiento no debe consistir ni en el ensañamiento terapéutico ni en la provocación ni aceleración deliberada de la muerte. Entre ambos extremos existe una vía ética más exigente constituida por los cuidados paliativos integrales, alivio del dolor, acompañamiento psicológico y espiritual, asistencia social, contención familiar y, llegado el caso, la remoción de aquello que impide una muerte inminente e irreversible, sólo prolongando una artificiosa y tortuosa agonía. Lo decisivo es que una sociedad auténticamente cuidadora no coloque en el mismo plano institucional el alivio del sufrimiento y la eliminación del sufriente.

La ética del Límite recuerda además que el poder no se vuelve justo por su sola legalidad ni por la eficacia de sus procedimientos, sino por su capacidad de autolimitarse. También el Estado debe saber abstenerse. No todo lo que puede protocolizar, financiar y ejecutar debe convertirse en práctica legítima. Cuando la respuesta institucional al sufrimiento deja de orientarse prioritariamente al cuidado y comienza a admitir la eliminación deliberada del sufriente, no estamos ante una ampliación neutral de derechos, sino ante una redefinición severa de lo que una comunidad política considera digno de ser sostenido.

La dignidad de una civilización no se mide por la prolijidad de sus protocolos letales, sino por la fuerza moral e institucional con la que se niega a convertir la muerte médicamente administrada en sustituto del cuidado.

El caso Noelia, entonces, no debería leerse sólo como confirmación empírica de la pendiente resbaladiza. Debería entenderse como prueba de que esa pendiente ya estaba inscripta en la propia ley. Y en este episodio aparece agravada por algo todavía más perturbador, el desplazamiento desde una vida dañada por sufrimiento psíquico extremo, lesión irreversible, dolor crónico y vulnerabilidad notoria hacia una respuesta estatal que termina validando la muerte asistida. Cuando una sociedad aprende a organizar la muerte como solución, pero pierde aptitud para sostener la vida vulnerable mediante el cuidado, lo que entra en crisis no es sólo un procedimiento, sino la idea misma de medicina, de derecho y de humanidad que esa sociedad ha decidido consagrar.

Antes que nada, subrayo que días pasados, cuando expuse ante un grupo lo que ahora paso a considerar, la gran escritora Mercedes Vigil -presente en esa tertulia- entusiasmada con mis propuestas idiomáticas sugirió el título con que encabezo esta nota periodística muy telegráfica en ocho puntos, por lo que le reconozco un muy merecido crédito.

Como es sabido, las palabras sirven para pensar y para trasmitir pensamientos; si las usamos incorrectamente, fallan los silogismos y se entorpece la comunicación. Hay varios términos que, a nuestro juicio, no son utilizados con propiedad por más que, en general, se emplean con la mejor buena voluntad y propósito noble. El asunto no se refiere a intenciones, sino a resultados.

Primero, no debería recurrirse a la expresión “educación pública” puesto que la educación privada es también pública, puesto que naturalmente apunta al público. Se trata de educación estatal. En otras oportunidades hemos sugerido medidas para eventualmente ejecutar en esta área tan medular, al efecto de dirigirnos al mayor nivel de excelencia académica posible, pero en esta oportunidad nos circunscribimos a la terminología de marras.

Segundo, resulta del todo improcedente aludir a “clases sociales” ya que el concepto proviene del marxismo, que sostiene que el proletario y el burgués son paridos por clases distintas de personas que, entre otras cosas, arguyen se deben a estructuras lógicas diferentes, de ahí el polilogismo. Ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten los silogismos que los diferencian de los tradicionales aristotélicos ni, por ejemplo, qué le ocurre en la mente del proletario que se gana la lotería, etc. Resulta repugnante y ofensivo hacer referencia a “la clase baja”, anodino a la “media” y de una frivolidad alarmante la “alta”. No son clases de personas, simplemente son aquellas que al momento perciben ingresos bajos, medianos o altos, y eso es precisamente lo que hay que mencionar en este contexto. También tengamos en cuenta que todos nuestros ancestros provienen de lo más miserable: la cueva, el taparrabo y el garrote. Los criminales nazis, luego de embarrarse en absurdos criterios clasificatorios, copiaron la idea marxista y concluyeron que los denominados “arios” y los judíos los separaba estructuras lógicas distintas, lo cual los hacía pertenecer a clases de personas diferentes, al tiempo que tatuaban y rapaban a sus víctimas como único medio para separarlos de sus victimarios. Todo esto está íntimamente conectado con la sandez de “clase trabajadora”, expresión que constituye la base de la teoría de la explotación, como si el empresario y el comerciante no fueran trabajadores.

Tercero, ya que mencionamos al empresario, se debe precisar que “empresario prebendario” es una contradicción en los términos. El empresario es aquel que opera en el mercado abierto y competitivo y no el que recibe favores y privilegios del gobierno de turno, un barón feudal que construye su patrimonio en base al empobrecimiento de sus semejantes.

Cuarto, muchos de corrido nos referimos al “aborto” cuando en verdad nos deberíamos referir al homicidio en el seno materno a juzgar por lo reiteradamente explicado por las Academias de Medicina en cuanto a que desde la concepción estamos frente a un ser humano en acto con toda la carga genética completa, en potencia de muchas variantes como lo estamos todos.

Quinto, a esta altura, las expresiones izquierda y derecha resultan tan poco ilustrativas como arriba, abajo, atrás o adelante. Las ubicaciones geográficas no ayudan a clarificar conceptos. Los ubicados a la izquierda del Parlamento en los debates de la Revolución Francesa (antes de la nefasta contrarrevolución de los jacobinos) se oponían a los abusos del poder y a los cortesanos, lo cual traicionaron a muy poco andar y se acoplaron a las botas, la violencia y la liquidación de derechos enfatizados en la declaración de 1789, pergeñada por liberales como el sustancioso Pierre-Paul Mercier de la Riviere (en los dos primeros puntos se subraya la importancia de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad). Por su parte, derecha remite al fascismo o a conservadores en el peor sentido del término (en línea con lo escrito por Friedrich Hayek en “Por qué no soy conservador”), es decir, encadenados al statu quo, sin comprender que el espíritu liberal está siempre atento a nuevos paradigmas en un proceso evolutivo, ya que el conocimiento no es un puerto sino una navegación permanente. Estimo que la mejor manera de dividir aguas entre el totalitarismo y la libertad es referirse a liberalismo o estatismo.

Sexto, hemos aludido a la igualdad ante la ley, un concepto fundamentalísimo que es inseparable de la noción clásica de Justicia en cuanto a “dar a cada uno lo suyo”, que, a su vez, está enlazado a la irremplazable institución de la propiedad privada. No aceptamos ser iguales ante la ley para ir a un campo de concentración. En este plano de análisis, resulta medular la demolición de positivismo legal que desconoce los mojones y puntos de referencia extramuros de la legislación vigente.

Séptimo, hemos mencionado la larga y fecunda tradición de pensamiento liberal. En Estados Unidos se dejaron expropiar esa palabra por lo que inventaron “libertario”. El premio Nobel en economía Milton Friedman ha reiterado que debería insistirse en el noble término liberal, puesto que el asunto hace a un tema clave de comunicación, advertía que dentro de poco arrancarán “libertario” y habrá que hacerse de otra expresión y así sucesivamente sin solución de continuidad. Con mucho más razón en nuestra región hispanoparlante, que esa denominación mantiene su potente significado original. Como he consignado en otras oportunidades, bajo mi computadora tengo un letrero que reza nullius in verba -el lema de la Royal Society de Londres- que, como, entre otros, ha explicado Ernst H. Gombrich se traduce en que no hay palabras finales… nada más liberal.

Y octavo, sobre la mal llamada “inteligencia artificial”, puesto que inteligencia remite a libre albedrío y no a programación o reprogramación. En las tres Academias Nacionales a las que pertenezco he sugerido que esa maravillosa tecnología se denomine “algoritmos informáticos”. Tal como nos han enseñado maestros como Karl Popper (filósofo de la ciencia) y John Eccles (premio Nobel en neurofisiología) en su colosal obra que lleva el muy sugestivo título de El yo y su cerebro, muestran que la condición humana no se limita a kilos de protoplasma. Si solo fuéramos carne y hueso, todo lo que decimos y hacemos estaría inexorablemente determinado por los nexos causales inherentes a la carne y al hueso. Tenemos mente, psique o estados de conciencia que permiten ideas autogeneradas, revisar nuestros propios juicios, proposiciones verdaderas y falsas, responsabilidad individual, moral y libertad, es decir, libre albedrío. El materialismo filosófico convertiría al liberalismo en pura ficción. Todo lo cual para nada niega posibles problemas químicos en el cerebro y alteraciones en los neuroblastros y la sinapsis. Cuando un agente inmobiliario nos muestra un departamento y alega que tal o cual persiana es inteligente, pone de manifiesto una descomunal ofensa a la condición humana. En esta línea argumental respecto a los problemas semánticos, a mis alumnos les comento que no es apropiado sostener que los equipos a que recurrimos a diario tienen memoria puesto que son impulsos eléctricos, nuestros abuelos o bisabuelos hacían un nudo en el pañuelo para recordar algo y nadie en su sano juicio alabaría la memoria del pañuelo, del mismo modo que si guardamos archivos en un galpón de gran almacenamiento no nos referimos a la memoria del galpón. Por último, es cierto que las tecnologías sofisticadas pueden utilizarse mal, lo cual no es una novedad, ya que desde el martillo se puede emplear para introducir un clavo o para romperle la nuca al vecino.

Es necesario debatir estos signos lingüísticos y a todo trance evitar relativismos hermenéuticos, tal como nos advierte Umberto Eco y así no caer en las tenebrosas figuras plasmadas por Miguel de Unamuno sobre “mamíferos verticales”, por Giovanni Papini sobre “almas deshabitadas” o por Mario Vargas Llosa sobre “sujetos sin mayor trastienda”.

En última instancia, y en un ámbito más general, siempre habrá que sacarse de encima regulaciones de los aparatos estatales que todo lo oscurecen, que hasta pretenden administrar el lenguaje. El periodista le preguntó a Borges si era cierto que pregonaba la abolición de estructuras estatales, a lo que el escritor contestó afirmativamente, frente a lo cual el encuestador de ideas repregunta cuánto tiempo calcula para llegar a ese ideal: como respuesta obtuvo un vacilante doscientos o trescientos años. Y mientras le consultan, “mientras jodernos”.

Imaginemos por un instante un cuerpo hablante cuyas modalidades, actitudes y discursos se acomoden de manera perfecta con las pautas que la cultura digital impone en esta nuestra actual época. Tal tarea debería construir un sujeto provisto de celular como parte integrante del cuerpo que sostiene su humanidad y el espacio de intimidad que el mismo supone, en cuanto a movimientos, autonomía, y cuidados. Una presencia cuya relación con el entorno se viera mediada por el teléfono de forma tal que los cuerpos y los objetos adyacentes no revistieran mayor consideración. Se trataría entonces de un ser humano al que, en cuanto a la palabra empatía, le estaría reservada una decisiva e imperiosa objeción. Esto es: la proximidad que la locación de un cuerpo imprime sobre un par, un similar, un semejante. De esta manera, por primera vez en la historia de la humanidad habría un dispositivo capaz de alterar, interrumpir, y perturbar el molde con el que un sujeto adviene al entorno propiamente humano.

Para decirlo todo: hoy, el paisaje de los cuerpos humanos se distingue por la atracción que un celular genera entre las personas. Todas y todos miran para abajo. Sea caminando en la calle, cenando en familia o viajando en un colectivo, la mirada se inclina hacia el reflejo que emana de una pantalla jugando con nuestras manos.

Ahora bien, nuestra constitución subjetiva indica que lo más íntimo del sujeto habita en el Otro. De allí la expectativa de aceptación o rechazo ante la efectiva presencia de otra persona. Luego, mirar para abajo ya insinúa una suerte de ilusorio control con el costo de reducir la satisfacción de la mirada al exclusivo coto de lo privado. De hecho, si damos un paso más, mirar para abajo conduce la atención hacia los propios genitales, tal como insinúa la práctica de la masturbación. Signo de la renuencia para acceder a la diferencia que implica el encuentro con la propia intimidad en el cuerpo del partenaire. Al respecto, síntomas como la extendida adicción a la pornografía o la ludopatía online hablan por sí solos (¡precisamente!).

Por algo Freud considera que todas las adicciones son sustitutos de la masturbación, a la que considera la “adicción primordial”[1]. De hecho, precisa: “El ‘vicio’ del onanismo es sustituido por la manía del juego, derivación esta que se trasluce en la insistencia sobre la apasionada actividad de las manos. Real y efectivamente la furia del juego es un equivalente de la antigua compulsión onanista, y en la crianza de niños no se usa otro término que el de ‘jugar’ para nombrar el quehacer de las manos en los genitales”[2].

Si de estas líneas se desprende que el hábito de mirar para abajo para manipular un celular constituye una suerte de masturbación, bien podemos concluir que el lector ha interpretado el texto.

Es que, si es cierto que la intimidad habita en un pliegue de lo público, bien podemos colegir que esa dimensión carente del contacto de los cuerpos se reduce a la esfera de lo privado, allí donde las palabras, por carecer del espacio narrativo, quedan sometidas al capricho del algoritmo. Signo inequívoco de una pavorosa inhibición generalizada resultante de la falta de la falta que constituye el deseo humano y cuyo desenlace no es otro que la angustia primero y la violencia después.

Con razón se suele argumentar que las largas horas que una persona –no solo los adolescentes- transcurre con el celular (el denominado scrolleo) se sostienen en la amenaza de estar perdiéndose algo. Eso que el acrónimo inglés FOMO (fear of missing out) nomina para dar cuenta de la ansiedad por quedarse afuera de algo: un temor que encierra.

En este punto, se hace notable advertir que el gesto de mirar para abajo supone una ciega obediencia. Notabilidad que se hace sorpresa si advertimos que la actual promoción de lo privado alentada por las redes hoy se practica con el argumento de proteger la libertad de los in-dividuos.

Si tal como afirma Nietzsche “nuestros útiles de escritura participan de la formación de nuestros pensamientos”[3], hoy, que la hiper-conectividad invade la intimidad de una persona a manos de la privado, nos tienta preguntarnos hasta qué punto la ciega obediencia a mirar para abajo nos deja afuera de compartir… una cama.

[1] Sigmund Freud (1950 [1892-1899]), “Fragmentos de la correspondencia con Fliess” (Carta 79) en Obras Completas, A. E. Tomo I, p. 314.

[2] Sigmund Freud (1928[1927]), “Dostoivesky y el parricidio”, en Obras Completas, A. E. Tomo XXI, p. 190.

[3] Friedrich Nietzsche, “Carta a Heinrich Koselitz”, citado en Nicholas Carr, Superficiales ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Madrid, Taurus, 2001.

Cada día, en miles de hogares, se repite la misma escena: un adulto pide que apaguen el celular y un adolescente resiste sin despegar la mirada de la pantalla.

No es desobediencia, ni falta de interés, ni apatía generacional: es la evidencia de un cambio de época en el que la atención -indispensable para los vínculos y para el aprendizaje- dejó de estar disponible. Y en esa disputa, muchas veces, las familias llegan tarde.

No se trata de demonizar la tecnología. Sería un error tan simplista como ineficaz. El problema no es la pantalla en sí, sino los entornos digitales que operan bajo la lógica de la economía de la atención: sistemas diseñados para captar, sostener y monetizar cada segundo de interés.

En ese contexto, los adolescentes no solo usan dispositivos, sino que habitan espacios que moldean hábitos, emociones y formas de vincularse.

Diversos informes de UNICEF y UNESCO advierten que el uso intensivo y desregulado de pantallas se asocia con dificultades atencionales, alteraciones del sueño, mayor ansiedad y debilitamiento de los vínculos presenciales. Pero también señalan algo clave: el impacto no depende únicamente del tiempo de uso, sino de la calidad de la mediación adulta.

Y es allí donde aparece el verdadero desafío.

Durante mucho tiempo, educar implicaba establecer normas claras y esperar obediencia. Hoy, ese modelo está en tensión. Las familias se transformaron, los roles se volvieron más flexibles y, en muchos casos, los límites más difusos. A eso se suma una incoherencia que los propios adolescentes detectan con rapidez: adultos que piden desconexión mientras permanecen conectados de manera constante.

En ese marco, crecen la infancia y la adolescencia, en medio del mundo digital que desplaza experiencias esenciales como el juego libre, el aburrimiento creativo o la interacción cara a cara. No es que los jóvenes no quieran aprender o vincularse, es que compiten con entornos que están diseñados para no soltarlos.

En ese escenario, reducir el problema a la orden “dejá el celular” no solo resulta ineficaz, sino que evidencia la falta de herramientas para abordar una problemática compleja.

Educar hoy exige un cambio de posición. Implica reconocer que no todo uso es igual. Existen prácticas digitales que potencian la creatividad, el aprendizaje y la comunicación. Pero también hay consumos que generan dependencia, fragmentación de la atención y desregulación emocional. La diferencia no está en el dispositivo, sino en el vínculo que se construye con él.

Implica, también, abandonar la lógica del control sin diálogo. Como sostiene Daniel Goleman, la autorregulación no se impone: se aprende. Y se aprende en contextos donde hay adultos presentes, coherentes y disponibles emocionalmente.

Esa presencia no es vigilar ni castigar. Es algo más difícil y más necesario: escuchar sin juzgar, preguntar sin invadir, interesarse por lo que los adolescentes miran, sienten y comparten. Es construir acuerdos -no imponerlos- sobre tiempos de uso, espacios libres de tecnología, momentos de descanso y formas de cuidado. Porque el gran riesgo no es que los adolescentes estén conectados; el verdadero riesgo es que estén solos en esa conexión.

Muchas veces, las familias intervienen cuando el problema ya es visible: bajo rendimiento escolar, irritabilidad, aislamiento, conflictos. Sin embargo, las señales aparecen antes: cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sueño, necesidad constante de validación, pérdida de interés por actividades presenciales. Leer esos indicios a tiempo no es controlar más, sino cuidar mejor.

Y hay un punto que incomoda, pero es imprescindible: los adultos también tenemos que revisar nuestra propia relación con la tecnología. No se puede educar en la regulación desde la hiperconexión. No se puede exigir coherencia sin ofrecerla. No se puede construir confianza desde el control permanente.

Educar en tiempos digitales no es una tarea técnica. Es una tarea profundamente humana. Supone recuperar el valor de la palabra, del tiempo compartido, de los límites con sentido. Supone formar sujetos capaces de elegir en un entorno que, muchas veces, decide por ellos.

En definitiva, la pregunta no es cuánto usan el celular los adolescentes. La pregunta es si hay un adulto dispuesto a enseñarles a soltarlo.

Fotos de abrazos, reuniones con ministros, agenda que busca mostrarlo tomado por la actividad, como si fuera la normalidad de la función. Esa movida de respaldo a Manuel Adorni, difícil de sostener en el tiempo, excluye por ahora declaraciones y conferencias de prensa. Llamativo, porque en la escala de valoración violeta, era señalado como figura destacada de la comunicación, un “domador” de opositores, periodistas, críticos de la economía, según el término repetido en la lógica de la descalificación. Habrá que ver cuánto se extiende el actual estado de cosas, pero, por lo pronto, el silencio forzado del jefe de Gabinete hace más ruidoso el quiebre en el discurso libertario.

El respaldo de Javier Milei fue expresado ante las cámaras de TV, algo que no constituye una novedad absoluta en el circuito oficialista. Alguna anécdota cuenta que la energía y la duración del abrazo presidencial terminan siendo datos significativos frente a tensiones domésticas o inquietudes externas. Lo registra, por ejemplo, Santiago Caputo. También, Luis Caputo.

El esfuerzo de Olivos para respaldar al jefe de Gabinete -que inició su propio proceso de crisis hace casi un mes, con el viaje oficial a Nueva York- no repara en la totalidad del mensaje. Llegó al punto de desvirtuar el acto por el 2 de Abril. Voceros del oficialismo se habían encargado de destacar en las horas previas que el foco de la ceremonia estaría puesto sobre la presencia de Adorni y el saludo presidencial. Es decir, el tema destacado no sería el discurso ni el significado del homenaje. Y así fue.

El antecedente inmediato en este mismo terreno fue la reacción del Gobierno apenas trasmitido desde Nueva York el fallo favorable al país por el caso YPF. El oficialismo intentó explotar el tema -y en rigor, lo malgastó- reduciendo todo a dos objetivos de mínima coyuntura: adjudicarse aquella decisión judicial como exclusivo mérito propio y utilizarla para alimentar un capítulo más en la pelea con el kirchnerismo, en particular con Axel Kicillof.

Existe una diferencia entre los dos episodios y es significativa.

Frente a la novedad de YPF, Milei buscó imponer un cambio de foco duradero en la agenda pública, tomada inicialmente por el impacto del fallo de la cámara neoyorquina. Es decir, modificar el clima -no sólo mediático- y apostar a que fuera algo más que un cambio de aire temporal. La persistencia del caso Adorni -que fue añadiendo novedades corrosivas- expuso la limitación del intento oficialista.

En cambio, el acto del 2 de Abril no estuvo impulsado ya por el objetivo de modificar el temario, sino de ratificar el apoyo al funcionario a pesar del desgaste en continuado que produce. Eso, con el agregado repetido en todas las gestiones de gobierno: la insistencia en los actos y gestos de esta naturaleza son síntoma del impacto profundo de la situación que rodea al funcionario. Mantenerlo en el tablero del poder, en este caso, tiene mayor significado que el propio cargo, porque se trata de una pieza atada a Karina Milei.

El Presidente recibió a Adorni en Olivos y el hecho, nada inusual en otro contexto, fue acompañado por un comunicado que trataba de presentarlo como la “superación” del tema. Da la impresión de que juega en sentido contrario. La idea de mostrar un funcionario repuesto incluso emocionalmente fue transmitida de un modo más bien básico: se dijo que habían tratado temas que trascienden por mucho los días que corren -planes para la etapa 2026/2027- y fue anunciada una serie de reuniones con ministros. Para completar, fue agregado después que Milei encabezará una reunión de gabinete a principios de la semana que viene, otra vez para exponer su apoyo al jefe de ministros.

A pesar de todo y de la disciplina que cuidan como imagen funcionarios y referentes violetas, desde pliegues del oficialismo trascienden cuestionamientos o al menos prevenciones frente al costo que el sostenimiento del funcionario le provoca a Olivos. Y en paralelo, circulan trascendidos sobre recelos en el interior del oficialismo. La interna grande -es decir, entre Karina Milei y Santiago Caputo- asoma contenida como consecuencia del caso Adorni, pero no hay señales de que la tensión haya sido revertida. Y por lo demás, como exponen otros capítulos, son combustible de recreadas sospechas y viejas disputas.

Esos trazos se reproducen a su manera en el cuadro del Congreso. Parece demasiado lejano por el desgaste persistente de estos días, pero LLA debe moverse pensando en la cita para Adorni en Diputados -el último miércoles de abril debe dar su informe de gestión- y los intentos por ahora desarticulados de la oposición para intentar una interpelación al jefe de Gabinete. En cualquier caso, la inquietud frente a este panorama marca al oficialismo, por diferentes razones.

Algunos socios transmiten poca predisposición para blindar al funcionario. Es más, ya se escucharon o se dejan trascender mensajes que reclaman su renuncia, presentada como un paso ineludible para evitar mayores costos al Gobierno. En la conducción violeta pesan además las consideraciones domésticas. La elección de Diputados como ámbito del informe de gestión ofrece esa lectura: es la Cámara presidida por Martín Menem, donde también operan en sintonía los amarillos.

En cambio, el Senado vuelve a ser territorio de tensiones. La pelea con Victoria Villarruel volvió a producir otras entregas -incluso en los actos por el 2 de Abril- frente al impulso ahora apurado del Gobierno para avanzar con pliegos de jueces y fiscales. La relación de la vicepresidente oscila entre la convivencia frágil y los cortocircuitos -ahora en esa última fase- con Patricia Bullrich, a quien el “karinismo” tampoco quiere darle mayores créditos.

Las sospechas se extienden frente a cualquier hecho que abunde en el cuadro pintado por Adorni, aunque no exclusivamente. El caso $LIBRA estaría mostrando señales de cierta reactivación práctica. Eduardo Taiano acaba de pedir nuevas medidas de prueba, algo que no sería adjudicable únicamente al ambiente del fuero federal. A la vez, las decisiones del fiscal generan prevenciones en la oposición. Diputados de la comisión legislativa creada por este tema ya presentaron una denuncia contra el fiscal, a quien cuestionan por “pisar la causa”.

No es todo en cuanto al clima más amplio. Suman temas como la difusión de la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas. La respuesta violeta busca cerrarse sobre el “cumplimiento” de las disposiciones vigentes. Pero el tema del jefe de Gabinete y el eco de las consignas mileístas contra el banco estatal se mezclan para ponerlo en la mira de cuestionamientos y chicanas. Se agrega para completar que el banco tiene como presidente a Darío Waseserman, esposo de Pilar Ramírez, pieza de Karina Milei en el paño porteño.

Eso último va de la mano con el efecto central de la sucesión de hechos que alimentan el caso Adorni: el impacto sobre el discurso anticasta. Y en cuanto a la agenda, ratifica que es difícil de manejar. La semana que viene deberá declarar ante la Justicia la escribana que intervino en las compras de propiedades del funcionario. Y los trascendidos sobre otro viaje turístico podrían escribir otra línea en esta historia. Larga.

Estamos entrando a una nueva fase de retiro de fondos de pensiones. Sería el noveno retiro que se inició durante la Pandemia. Es decir, desde hace 5 años venimos haciendo continuos retiros del fondo de pensiones. De momento hay un proyecto de ley que permite el siguiente de retiro por hasta 4 UITs (S/. 22,000).

La reforma del sistema de pensiones del 2024, con reglamento publicado en el diario El peruano en el 2025, contemplaba el no retiro de fondos de pensiones. La ley fue discutida en el congreso con la participación de las comisiones de Economía, Trabajo y Asociación de AFPs. Tambien se contó con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. En la ley se estipularon una serie de reglamentaciones que permitirían alinear intereses en favor de los afiliados, generando un valor compartido entre las empresas administradoras de pensiones y los afiliados. Sin embargo, no es correcto desestimar los acuerdos de la ley y su reglamento.

No solamente se ha soslayado el acuerdo de no retirar los fondos de pensiones sino de permitir la libre disponibilidad a los 65 años para todos aquellos afiliados mayores de 40 años, contados a partir del 2024. El problema es que desde el 2016, el congreso dictamina las medias que son aprobabas por el Ejecutivo, pero son medidas que no impactan en el empleo y productividad de las empresas.

Las medidas del congreso han sido retiros de AFP, CTS y elevaciones de gasto que no necesarios para impactar positivamente en el crecimiento de largo plazo y en algunos casos impactan negativamente en la formalización de la economía. Los retiros de AFP solo llegan a un 10% de la Población económicamente activa (PEA). Es decir, son medidas inocuas que solamente tiene cierta rentabilidad política sin algún efecto en el bienestar del trabajador.

Lo que se necesita son reformas profundas en la formalización de la economía, reduciendo las rigideces laborales. De momento no se escucha alguna medida del ministerio de trabajo o la PCM. Como indicamos líneas arriba, se han dictaminado medidas del congreso hacia el ejecutivo cuando la causalidad es a la inversa. Lo que sucede es que el ejecutivo aprueba medidas que muchas veces son cuestionadas por el Consejo Fiscal, para evitar un roce con el congreso y no perder la confianza con el mismo. La política se superpone a las reformas de política económica idóneas.

Los retiros afectan negativamente el valor cuota de mercado de los fondos de pensiones. Hipoteca el futuro y deteriora el ahorro interno del país. Se debería revisar ese retiro con una evaluación apropiada de la SBS y MEF. Hay algunos casos puntuales en los que el afiliado no va a poder programar su pensión y allí si le convendría el retiro pero eso no debe pasar por congreso sino con las instituciones que tienen al ámbito de análisis.

El crecimiento volvió en 2025, pero con una característica: los sectores que impulsan la actividad generan cada vez menos empleo. Qué cambió y por qué ya no alcanza con crecer.

En diciembre de 2025, la actividad fue 3,5% superior a un año atrás. Una gran noticia, pero también marcó un quiebre en la forma en que el país vuelve a expandirse.

2025 fue el único año en más de dos décadas en que el PBI superó el 3% sin que aportaran nada la industria, la construcción, el comercio y los servicios, los grandes movilizadores históricos del empleo en los centros urbanos. El impulso provino casi exclusivamente del agro, la minería, la energía y el sistema financiero.

El impulso provino casi exclusivamente del agro, la minería, la energía y el sistema financiero

Ese dato refleja una mutación profunda en el patrón de crecimiento, con sectores como el agro, la minería y la energía explicando apenas 6,5% del empleo formal privado. Son sectores altamente productivos para la generación de divisas. Sin ellos no hay estabilidad macroeconómica posible, pero tampoco pueden resolver el problema laboral.

El contraste resulta claro: en los últimos doce meses, los empleos industriales formales perdidos equivalen aproximadamente a la mitad del stock total del empleo minero-energético. En términos simples, una caída moderada en la industria puede neutralizar todo el empleo que genera uno de los sectores más dinámicos del país.

Cambio de paradigma

Aquí aparece la cuestión estructural: el nuevo motor de dinamismo es intensivo en capital y tecnología, no en trabajo. Durante décadas, la relación parecía clara: crecer implicaba emplear. La elasticidad empleo-producto era relativamente elevada, especialmente en ciclos liderados por construcción e industria. Hoy esa relación se debilita.

El nuevo motor de dinamismo es intensivo en capital y tecnología, no en trabajo. Durante décadas, la relación parecía clara: crecer implicaba emplear

En 2025, la energía, la minería, el agro y las finanzas expandieron su nivel de actividad, pero paradójicamente perdieron empleo. Por otro lado, la industria, el comercio y los servicios se contrajeron tanto en actividad como en empleo. La construcción no aportó nada.

Además de factores locales, este proceso sigue una tendencia global: mayor automatización, digitalización y uso de inteligencia artificial. La minería moderna, el agro avanzado y la energía no convencional son ejemplos de alta productividad con baja absorción laboral directa. Argentina no está aislada; converge hacia un patrón típico de economías exportadoras de recursos naturales altamente tecnificadas.

Este esquema es necesario para asegurar la estabilidad macro para una Argentina que estuvo marginada del financiamiento internacional, pero no garantiza la creación de empleo. El set de precios relativos actual y las expectativas de inversión sugieren que este patrón difícilmente cambie en el corto plazo.

De hecho, representa una oportunidad. Países como Australia, Canadá y Chile, con fuerte peso de recursos naturales, exportan bienes primarios por entre 5.000 y 12.000 dólares per cápita. Argentina apenas llega a USD 1.500. El desafío es cómo expandir esa capacidad generando puestos de trabajo.

El empleo masivo no surge solo del recurso, sino del ecosistema construido alrededor: ingeniería, servicios técnicos, tecnología aplicada, logística, financiamiento y proveedores industriales. Limitarse a extraer y exportar puede consolidar una economía dual: un núcleo exportador eficiente y un entramado urbano con menor dinamismo laboral. Ese esquema puede sostener el PBI, pero difícilmente sostenga la cohesión social.

La próxima etapa requiere una hoja de ruta clara. Argentina necesita escalar sus exportaciones y densificar su entramado productivo local. En paralelo, los servicios basados en conocimiento deben consolidarse como motor de empleo en las ciudades. Allí confluyen talento, tecnología y acceso a mercados globales.

Argentina necesita escalar sus exportaciones y densificar su entramado productivo local

Nada de esto será posible sin mejoras en la competitividad sistémica: marco normativo, estructura tributaria, reglas laborales y mercado financiero. Acercarse a estándares internacionales es una necesidad estratégica y parece estar en camino.

La dinámica laboral exige una política de formación alineada con los sectores más dinámicos. El eje ya no es únicamente el puesto de trabajo, sino la empleabilidad: la aptitud para adquirir nuevas competencias, migrar entre sectores y adaptarse a tecnologías cambiantes. La política de desarrollo debe ayudar a gestionar las transiciones. Cuando las oportunidades surgen lejos de las áreas urbanas, aparecen costos sociales invisibles: desarraigo, presión sobre infraestructuras y fracturas comunitarias.

Argentina comienza a dejar atrás su restricción externa. Sería un error reemplazarla por otra: la escasez de empleo de calidad. Una macroeconomía ordenada es necesaria, pero no suficiente. Sin trabajo formal, productivo y digno, el crecimiento no encuentra legitimidad.

El eje ya no es únicamente el puesto de trabajo, sino la empleabilidad: la aptitud para adquirir nuevas competencias, migrar entre sectores y adaptarse a tecnologías cambiantes

En última instancia, el éxito no se medirá solo en puntos de PBI o en dólares exportados, sino en la posibilidad de transformar expansión económica en oportunidades concretas para las personas.

Se modifica la dinámica del trabajo y de las políticas públicas y empresariales asociadas: la relación entre actividad, estabilidad y trayectoria laboral no es lineal. En este escenario, el rol de las organizaciones, los Estados y sus liderazgos requiere habilidad para anticipar cambios, desarrollar nuevas calificaciones y acompañar procesos de transición.

La capacidad de articular productividad, transformación y generación de nuevas oportunidades de trabajo de calidad será determinante.

Los autores son directores de VDC Consultora

Una de las novedades más relevantes del mercado financiero local en la mini semana que pasó es la emisión por parte del Ministerio de Economía del nuevo Bonar 2028 (AO28). Se trata de un bono en dólares, con pagos de intereses mensuales a una tasa del 6% anual y vencimiento en octubre de 2028.

Lo interesante es que, desde febrero, el Gobierno venía emitiendo bonos en dólares con la misma estructura (Bonar 2027 – AO27), pero con vencimiento en octubre de 2027. Es decir, la única diferencia entre ambos bonos es su fecha de vencimiento: el nuevo bono cae dentro del próximo mandato presidencial.

En este contexto, la diferencia de rendimiento entre ambos instrumentos funciona como un termómetro de las expectativas del mercado sobre la posibilidad de que Argentina entre en default después de las elecciones.

Como se observa, la diferencia de rendimiento anual entre el Bonar 2027 y el Bonar 2028 es de 3,7 puntos porcentuales. Sin embargo, esta cifra no representa la mejor forma de medir la compensación por extender un año el plazo de inversión. Para eso es necesario calcular la tasa de futuros, es decir, la tasa a la que debería reinvertirse el dinero en el futuro para igualar el rendimiento de un bono más largo. En este caso, si hoy se compra el Bonar 2028 y se mantiene hasta el vencimiento, el retorno directo es de 24,1% en 31 meses.

En cambio, si se invierte en el Bonar 2027 durante los 19 meses que restan hasta su vencimiento, el retorno es de solo 8%. Por lo tanto, para igualar el rendimiento del Bonar 2028, el inversor debería reinvertir los fondos cobrados en octubre de 2027 a una tasa del 14,9% durante un año. Es decir, el mercado exige una tasa mayor que 3,7 puntos porcentuales para asumir el riesgo electoral.

Para igualar el rendimiento del Bonar 2028, el inversor debería reinvertir los fondos cobrados en octubre de 2027 a una tasa del 14,9% durante un año

De estos números se desprende que el mercado asigna una baja probabilidad de default durante este mandato, pero mantiene dudas sobre la capacidad de pago hacia 2028. Mientras que el Bonar 2027 rinde apenas 137 puntos básicos por encima de un bono del Tesoro norteamericano a igual plazo, la tasa forward entre el Bonar 2028 y el Bonar 2027 se ubica 1.080 puntos básicos por encima de la tasa equivalente del Tesoro para ese período.

Este salto también se observa en otras curvas. Por ejemplo, la tasa forward entre un bono CER con vencimiento en junio de 2028 (TZX28) y diciembre de 2027 (TZXD7) se ubica en 14,2% anual. Algo similar ocurre con los Bopreales: la tasa de futuros entre octubre de 2028 (BPOB8) y octubre de 2027 (BPOD7) alcanza el 13,2 por ciento.

Estos datos muestran que las elecciones presidenciales tienen un impacto en la valuación de los activos financieros en Argentina. El compromiso del Gobierno con el déficit cero, su defensa de la propiedad privada, el respaldo financiero de Estados Unidos y el historial reciente de cumplimiento permiten acceder a financiamiento a tasas relativamente bajas, pero solo en plazos cortos. Esto muestra las dificultades que enfrenta el gobierno para refinanciar los vencimientos sobre todo de 2027.

Cómo impactan las elecciones en la deuda argentina

El rendimiento de 5% anual que ofrece el Bonar 2027 parece bajo en relación con el riesgo de invertir en un país con alta volatilidad. Si bien la administración actual logró reducir el déficit fiscal y mejorar el perfil crediticio, la experiencia de 2019 muestra que las elecciones pueden convertirse en un evento binario. Por ejemplo, tener deuda con vencimiento durante la gestión del presidente Mauricio Macri no fue suficiente para evitar la reestructuración de Lete y Lecap en agosto de 2019, tras el resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Por eso, para inversores conservadores que busquen rendimiento en dólares con baja volatilidad, recomendamos priorizar bonos corporativos (obligaciones negociables) de empresas con buena calificación crediticia y plazos medios. Estos instrumentos ofrecen mejores rendimientos y menor exposición al riesgo electoral. Algunas opciones son: Oleoductos del Valle 2029 (OLC6D; TIR: 6,5% y MD: 2,6 años), Telecom Argentina 2031 (TLCMD; TIR: 7% y MD: 3,4 años) y PCR 2031 (PQCSD; TIR: 8% y MD: 3,8 años).

El rendimiento de 5% anual que ofrece el Bonar 2027 parece bajo en relación con el riesgo de invertir en un país con alta volatilidad. Si bien la administración actual logró reducir el déficit fiscal y mejorar el perfil crediticio

Para perfiles moderados, también resulta atractivo sumar bonos provinciales. Aunque a primera vista no resulte evidente, algunas provincias tienen mejor historial crediticio que la Nación, explicado por mayor disciplina fiscal y estabilidad política. Incluso en los procesos de reestructuración de 2020, las condiciones fueron más favorables que en el caso soberano, lo que implicó una menor pérdida de valor presente. Entre las opciones se encuentran: Santa Fe 2034 (SFD4D; TIR: 8,4% y MD: 5,2 años), Córdoba 2032 (CO32D; TIR: 8,5% y MD: 4,0 años) y Mendoza 2029 (PM29D; TIR: 6,7% y MD: 1,6 años).

Por último, para inversores agresivos que consideren probable la reelección del Gobierno, puede tener sentido posicionarse en instrumentos con mayor potencial de retorno. Este es el caso de los bonos largos bajo legislación local, como el Bonar 2038 (AE38), que rinde 10,6% anual.

Si se decide asumir riesgo soberano, conviene hacerlo donde el potencial de ganancia compense ese riesgo. En un escenario de continuidad política, es razonable pensar que los spreads de los bonos largos en dólares podrían converger hacia niveles similares a los de 2017. Esto implicaría un índice de riesgo país cercano a 375 puntos básicos, todavía por encima del promedio de Latam (308), pero menor al actual. Si ese escenario se concreta, se estima que el Bonar 2038 podría rendir 6,6% anual, lo que implicaría un retorno total cercano al 34% hacia fines de 2027 entre compresión de tasas y pago de cupones.

El autor es Research Asset Management de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

La economía ingresa en una transición profunda: cambia la lógica de generación de rentabilidad. Durante años, el mercado interno funcionó bajo un esquema donde la inflación elevada, las restricciones cambiarias y una política comercial cerrada generaban un entorno en el que la rentabilidad no dependía tanto de la eficiencia o la competencia, sino de capturar una renta implícita.

El mercado argentino operaba, en términos metafóricos, como si se jugara al “El Estanciero”: quien tenía activos, stock o posición dominante, ganaba casi por inercia. Ahora, ese escenario da paso a uno distinto, donde la lógica se asemeja al “Monopoly”: triunfan quienes gestionan mejor, invierten, innovan y logran eficiencia sostenida. Así, la rentabilidad deja de ser un subproducto de la macroeconomía y pasa a ser una construcción microeconómica.

Las reglas han cambiado. Con la apertura comercial, el aumento de la competencia y consumidores más exigentes, en un contexto de salario real deteriorado y alta morosidad en tarjetas, créditos personales, prendarios y fintech, el mercado ya no premia la mera tenencia de activos, sino la capacidad para adaptarse.

La rentabilidad deja de ser un subproducto de la macroeconomía y pasa a ser una construcción microeconómica

Como argumentaba el economista austríaco Friedrich Hayek, el sistema de precios en mercados competitivos funciona como un mecanismo de información que obliga a las empresas a ajustarse constantemente. En sistemas cerrados, esa señal se distorsiona; en abiertos, se vuelve ineludible.

Milton Friedman, Nobel de Economía estadounidense, sostenía que la competencia mejora la eficiencia y protege al consumidor disciplinando márgenes y evitando abusos. Mejorar el consumo masivo y las ventas minoristas ahora requiere más que la recuperación del ingreso: demanda una transformación empresarial profunda. Se pueden identificar seis claves estratégicas:

• Precios inteligentes y financiamiento selectivo: Con los consumidores más restringidos, la elasticidad precio adquiere un papel central. Las empresas deberán dejar atrás la lógica de remarcar precios por inflación y avanzar hacia esquemas de precios dinámicos, promociones segmentadas y financiamiento estratégico. El objetivo no es vender más barato, sino vender mejor.
• Productividad como condición de supervivencia: La baja de tasas es una señal positiva, pero el crédito continúa elevado respecto al Producto Bruto Interno. Mejorar la productividad resulta imprescindible: implica revisar procesos, automatizar, eliminar ineficiencias y ganar escala. Michael Porter, profesor emérito de la Universidad de Harvard, advertía que la competitividad procede de la capacidad de innovar y mejorar, no de la protección estatal.
• Calidad y diferenciación frente a importados: La apertura comercial suma jugadores que suben la vara. Las empresas locales deben competir en precio, pero también en calidad, diseño y experiencia. Esto implica inversiones, pero sobre todo un cambio cultural: pasar de vender lo que se produce a producir lo que el consumidor realmente demanda.

Las empresas deberán dejar atrás la lógica de remarcar precios por inflación y avanzar hacia esquemas dinámicos, promociones segmentadas y financiamiento estratégico

• Logística y distribución como ventaja competitiva: En un país con déficits estructurales de infraestructura, optimizar la logística puede generar una fuente clave de eficiencia. Reducción de tiempos, mejora en la última milla, integración de canales físicos y digitales, resulta relevante en un contexto de márgenes más exigentes.
• Capital humano y transformación digital: El cambio tecnológico global redefine el mundo empresarial. Erik Brynjolfsson, profesor del MIT, ha enseñado que las empresas más exitosas son aquellas que conjugan tecnología y talento humano. No basta con digitalizar procesos: es crucial contar con equipos capaces de interpretar datos, adaptarse con agilidad y tomar decisiones rápidamente.
• Foco estratégico y redefinición del negocio: En muchos casos, las empresas deberán repensar su posición en la cadena de valor. Ya no será eficiente abarcar todo el proceso productivo. Especialización, tercerización inteligente y enfoque en nichos pueden significar la diferencia entre permanecer o desaparecer.

Cambio de escenario

El modelo previo, basado en alta inflación, restricciones externas y protección, generaba una sensación de rentabilidad sostenida, pero esa rentabilidad no era producto de la competitividad, sino de distorsiones originadas en el esquema macroeconómico.

El nuevo escenario exige competir. Y competir implica márgenes más bajos, pero genuinos; requiere inversión, innovación y asumir riesgos. Joseph Schumpeter, referente de la teoría del desarrollo económico, definía al capitalismo como un proceso de “destrucción creativa”, en el que las estructuras menos eficientes son desplazadas por otras más dinámicas.

El desafío argentino presenta condiciones propias: la transición afronta altos costos locales, presión tributaria significativa, regulaciones complejas y una infraestructura rezagada en transporte y comunicaciones. Esta situación genera tensión: se demanda competir globalmente con una coyuntura local que no acompaña todavía en todos sus aspectos.

Joseph Schumpeter definía al capitalismo como un proceso de “destrucción creativa”, en el que las estructuras menos eficientes son desplazadas por otras más dinámicas

Por eso, se entiende la apertura y la reforma estructural como un proceso de transición, no como un destino final. El fortalecimiento de la competitividad -mediante reducción de impuestos distorsivos, simplificación regulatoria y mejoras en infraestructura- será central para consolidar el cambio de paradigma. El sector privado, entre tanto, no dispone de margen para postergar la adaptación.

Peter Drucker, referente ineludible en management, sostenía: “La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”. En Argentina de 2026, crear el futuro demanda abandonar la lógica de la renta y adoptar la lógica de la generación de valor. El paso de “El Estanciero” al “Monopoly” implica mucho más que un reemplazo de reglas: constituye un cambio profundo de mentalidad y construye el marco en que se definirá el crecimiento de los próximos años.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

Tras el “no hay plata” y el reacomodamiento de la caja pública, muchos municipios parecen haber encontrado una salida tan conocida como riesgosa: tasas cada vez más creativas, más caras y, en no pocos casos, más difíciles de justificar.

El problema empieza cuando la “tasa” deja de financiar un servicio real y empieza a parecerse demasiado a un impuesto encubierto. Ahí deberían aparecer los límites que importan de verdad: legalidad, previsibilidad, razonabilidad y, si la cosa se desmadra, la garantía constitucional de no confiscatoriedad.

1. La caja cambió y el municipio lo sintió

En el Gran Buenos Aires, 23 de los 24 municipios dispusieron en 2025 aumentos de tasas de entre 10% y 150%, muchas veces por encima de la inflación acumulada del año. La “merma de recursos” dejó de ser una excusa de sobremesa para convertirse en un problema concreto.

Y cuando un municipio se queda sin aire, hace lo que tiene más a mano: ordenanza fiscal, actualización automática y una batería de tasas que, bien administradas, sostienen servicios, pero mal usadas empiezan a romper todo alrededor.

Hasta ahí, el diagnóstico se entiende. La patología aparece cuando la urgencia recaudatoria le gana a la lógica jurídica. Ahí la tasa se disfraza y empieza a cobrar como si fuera otra cosa.

2. Las tasas de siempre y el “no hay plata” como acelerador

Históricamente, el menú municipal tiene dos platos fuertes. Por un lado, las tasas ligadas a servicios urbanos, como ABL o servicios generales. Por otro, las vinculadas a la actividad económica, con la clásica tasa de Inspección, Seguridad e Higiene a la cabeza.

Nadie discute que los municipios deban financiarse. La discusión pasa por otro lado. La pregunta no es si pueden cobrar, sino cómo.

Y en ese punto los relevamientos muestran una señal clara. Hay municipios que ajustan por inflación de manera automática y otros que combinan aumentos fuertes con habilitaciones para seguir subiendo después. Cuando la regla es “sube por IPC”, todavía discutimos técnica tributaria. Cuando la regla es “sube 80% y además hasta 150% más”, ya no discutimos técnica. Estamos tanteando la paciencia del contribuyente y el borde de la Constitución.

La discusión ya salió del expediente y entró en la política. Que hoy existan proyectos para reducir tasas y canales oficiales para denunciar excesos muestra que el problema dejó de ser técnico y pasó a ser un conflicto público sobre presión fiscal local y competitividad.

3. Creatividad municipal cuando el ingenio sale caro

En el Gran Buenos Aires se expandió además la llamada “tasa vial”, que varios municipios cobran sobre la carga de combustible. El dato no es menor, porque muestra hasta qué punto la imaginación fiscal puede avanzar sobre actividades cotidianas con una naturalidad inquietante.

Si alguien cree que lo de “creatividad municipal” suena exagerado, conviene mirar el sistema con algo de distancia. El Vademécum tributario argentino 2025 del IARAF identifica 155 tributos entre los niveles nacional, provincial y municipal. Dentro de ese universo aparecen 85 tributos municipales, entre ellos la tasa al combustible, la aeroportuaria y la de seguridad e higiene.

No estamos frente a una tasa aislada mal diseñada. Estamos frente a una tendencia. Más rubros, más etiquetas, más hechos imponibles, más imaginación fiscal.

Desde la tasa al combustible hasta la tasa por monitoreo, pasando por las distintas variantes de control, seguridad o mantenimiento, el problema ya no es sólo cuánto se cobra. El problema es que, cuando la necesidad fiscal empuja a que todo tenga boleta, la tasa deja de ser precio de un servicio y empieza a parecer una estrategia de supervivencia.

Las consecuencias prácticas son bastante obvias. Se generan diferencias de precios entre distritos, se distorsiona la competencia y se castiga de manera desigual a actividades iguales según dónde operen. Pero el problema jurídico es todavía más simple. Si el hecho imponible y la base de cálculo empiezan a parecerse a un impuesto general, sin una contraprestación clara e identificable, la discusión deja de ser “cuánto” y pasa a ser “qué es”.

Y no es una discusión de café. La tasa de Seguridad e Higiene es, en muchos municipios, la principal fuente de recaudación local y muchas veces funciona como una especie de Ingresos Brutos con escudo municipal. Cuando eso pasa, el concepto de tasa empieza a evaporarse.

El universo probablemente tenga límites. La creatividad recaudatoria, al parecer, no siempre. En estos tiempos incluso podemos dar fe de que hay tasas o adicionales para luchar contra las cotorras. El problema deja de ser teórico cuando aparecen casos de pequeñas empresas que pagaban menos de $ 175.000 mensuales y hoy enfrentan reclamos por $ 8.000.000, con retroactividades apoyadas en reempadronamientos opacos y expedientes más parecidos a una emboscada que a una gestión administrativa seria.

4. Potestad municipal, sí. Pero la tasa no puede ser un impuesto tímido

En mi trabajo con empresas, sí, de esas que pagan, invierten y después hacen cuentas, el punto nunca fue si el municipio puede cobrar. Claro que puede. El punto es otro. Para que una tasa exista como tasa, tiene que haber un servicio, una obra o un beneficio estatal focalizado.

Ahí está la diferencia clásica. El impuesto grava capacidad contributiva sin contraprestación específica. La tasa, en cambio, nace de una prestación estatal que beneficia de manera concreta al contribuyente.

El propio Vademécum del IARAF lo explica con claridad. Una tasa, en principio, no es un impuesto. Pero si el monto cobrado excede el valor de la contraprestación, puede aparecer dentro de ella una parte impositiva. Y ahí empieza el problema.

La desnaturalización no aparece sólo en el nombre del tributo. También aparece en cómo se lo calcula.

Cuando el municipio usa variables con relación remota con el servicio, el tributo empieza a despegarse de su causa. Pasa, por ejemplo, cuando una tasa de mantenimiento se determina según los metros cuadrados techados de una propiedad. Ese dato puede servir para valuar un inmueble, pero no explica por sí solo la prestación concreta de un servicio divisible.

Algo parecido ocurre con la llamada tasa al combustible. Gravar la carga en estaciones de servicio como porcentaje del valor del expendio puede ser un buen mecanismo para recaudar. Lo que exige, precisamente por eso, es una justificación especialmente rigurosa sobre cuál es el servicio municipal específico, efectivo y mensurable que se está retribuyendo.

El problema no es sólo qué se cobra. También importa cómo se determina. Cuanto más se aleja la base de cálculo del servicio específico, más se acerca el tributo a la lógica del impuesto.

Ahora miremos el mapa. En el Gran Buenos Aires, Seguridad e Higiene puede ser 6,3% en un municipio y 0,5% en otro. Incluso, según el rubro, puede llegar a 8%. Ese rango no demuestra por sí solo ilegalidad. Pero sí muestra algo incómodo. No estamos frente a un “precio” razonablemente conectado a un servicio homogéneo. Estamos frente a una herramienta que, mal usada, se convierte en un tributo general disfrazado.

La Corte Suprema, en Gasnor c/ Municipalidad de La Banda, fue clara en lo esencial. Para que una contribución sea tasa y no un tributo con nombre amable, tiene que identificarse un servicio concreto y el municipio debe poder probarlo. Traducido al castellano empresarial, si quiere cobrar, tiene que explicar qué hace, para quién lo hace y por qué ese monto guarda relación con esa actividad. Si no puede, la tasa pierde causa y el litigio deja de ser un accidente para convertirse en destino.

5. Los límites que importan

Los límites no son una sutileza doctrinaria. Son frenos concretos al exceso.

En los últimos años apareció una señal política llamativa. El conflicto por las tasas municipales escaló incluso al plano nacional, con herramientas oficiales para exhibir o denunciar tributos locales considerados excesivos o irregulares. Eso no prueba por sí solo la invalidez de una tasa. Pero sí muestra que la sospecha social sobre su exceso dejó de ser marginal. Y cuando un tributo necesita un canal de denuncias para ser monitoreado, el problema ya no es sólo de caja. Es de confianza.

La reacción judicial tampoco tardó. En el caso de la tasa por servicios esenciales del Municipio de Azul, la Cámara de Apelación de Mar del Plata declaró su invalidez respecto de los actores por un vicio de origen. No se trató tanto de discutir si el monto era alto o bajo, sino de recordar algo bastante más elemental. En materia tributaria, la urgencia recaudatoria no reemplaza ni al procedimiento ni a la Constitución. Si la Constitución provincial exige una mayoría agravada para crear o aumentar tributos municipales, ese requisito no es decoración institucional.

Hay otro límite todavía más simple. La autonomía municipal existe y es valiosa, pero no habilita a inventar peajes regulatorios ni a expandir competencias como si cada intendencia fuera una aduana con plaza propia. La Corte Suprema viene recordando desde hace años que ninguna carga tributaria es exigible sin una disposición legal válida y que la tasa exige, además del nombre, causa suficiente, servicio identificable y razonabilidad.

Dicho sin vueltas, no alcanza con ponerle un rótulo simpático. No alcanza con cobrar “porque sí”. Una tasa necesita estructura normativa clara y una explicación que no dependa de trucos semánticos.

6. Cuando la tasa se vuelve confiscatoria

Acá está el verdadero meollo.

No toda tasa alta es confiscatoria. Y no todo contribuyente que protesta tiene razón. La confiscatoriedad es un estándar exigente y requiere prueba seria. La jurisprudencia admite que un tributo válidamente dictado puede, en un caso concreto, absorber una porción sustancial de la renta o del capital y perder en esa medida su validez constitucional.

Pero empieza a asomar un fenómeno que merece atención. Algo así como una confiscatoriedad manifiesta en clave municipal.

No hablo de una categoría ya cerrada por la jurisprudencia con ese nombre. Hablo de otra cosa. De aumentos abruptos, bases de cálculo desvinculadas de toda prestación razonablemente mensurable, retroactividades encubiertas y montos que, por su sola desproporción inicial, ya encienden una sospecha seria de exceso.

Cuando una empresa pasa de pagar menos de $ 175.000 a enfrentar reclamos por $ 8.000.000 en expedientes confusos y bajo lógicas de reempadronamiento opacas, el problema ya no parece ser sólo de cuantificación. Empieza a aparecer una patología recaudatoria que choca de frente con la razonabilidad constitucional.

En ese escenario, ya no alcanza con mirar la capacidad contributiva de quien paga. Empieza a importar, y mucho, la proporcionalidad entre el monto de la tasa y el servicio que invoca quien quiere cobrarla.

La idea es sencilla. La tasa puede financiar. Lo que no puede hacer es asfixiar.

Y esto importa por dos razones. La primera es que desarma el atajo del “esto es injusto” sin números. La confiscatoriedad no se declama, se prueba. La segunda es que obliga a los municipios a mirar el mundo real. Si la tasa se come la renta, mata actividad. Y si mata actividad, también mata recaudación futura. Es caja de corto plazo con daño estructural.

Cuando la tasa empieza a parecer una multa por existir, la creatividad deja de ser ingeniosa y pasa a ser rudimentaria. El sistema ya no castiga sólo a las empresas. Se castiga a sí mismo.

7. Las tasas con criterio y el diálogo que conviene

Que los municipios fijen tasas está bien. Es una expresión concreta de su autonomía, de su cercanía con el vecino y de la necesidad de financiar servicios que no se prestan desde un escritorio en la Capital.

La salida no pasa por prohibir todo ni por repetir el clásico “que paguen los de siempre”. Hace falta algo menos estridente y bastante más útil. Criterio, proporcionalidad, reglas claras y un mínimo de inteligencia institucional.

Los relevamientos sobre tasas municipales dejan una enseñanza práctica. Hay municipios que diseñan políticas para atraer inversión y ofrecen alivios o estabilidad. Otros tensan la cuerda hasta que parece a punto de cortarse. No es una cuestión de ideología ni de camiseta partidaria. Es, en el fondo, una cuestión de prudencia en el gobierno.

Y cuando el equilibrio se rompe, el mejor camino para recomponerlo sigue siendo el constitucional. Reclamo administrativo, demanda judicial y control institucional. Para eso existen las reglas, las competencias y los límites. Para proteger no sólo a los contribuyentes, sino también la credibilidad del propio Estado.

Este debate, bien encarado, puede ser una oportunidad. Si el municipio conversa en serio con el sector privado y convierte tasas en reglas previsibles, con servicio real, base razonable y procedimiento válido, no pierde poder. Gana futuro.

De eso se trata. No de recaudar a los manotazos, sino de gobernar con plan y hacer que la tasa vuelva a ser lo que debe ser.

Precio de un servicio, no castigo.

Y quizás este sea un buen momento para que cada municipio se haga una pregunta bastante sencilla y bastante incómoda. ¿Y por casa cómo andamos?

*Andrés M. Bousquet

Abogado. Socio de JP O’Farrell.

Docente de Derecho Administrativo (UCA)

La discusión sobre la eutanasia volvió a ocupar la agenda pública en Argentina. Su futuro dependerá de la capacidad del sistema sanitario, de los legisladores y de la sociedad en su conjunto para colocar en el foco a los más vulnerables, en un país donde menos del 14% de quienes necesitan cuidados paliativos acceden efectivamente a ellos.

Actualmente, la “Ley de Derechos del Paciente” y la llamada “Ley de Muerte Digna” -un término ambiguo que no expresa bien su contenido- garantizan la autonomía del paciente para aceptar o rechazar tratamientos y promueven la adecuación terapéutica según la evolución de cada enfermedad. Estas leyes no autorizan la eutanasia, procedimiento que implica la administración directa al paciente de una sustancia que provoca su muerte, realizada por un profesional con su consentimiento.

Sin embargo, se habla mucho de eutanasia y poco de las herramientas eficaces que hoy existen para aliviar el sufrimiento, que están contempladas por una tercera norma, que no se cumple del todo. Si bien desde 2022 Argentina cuenta con una Ley Nacional de Cuidados Paliativos (27.678), aún hay un camino por recorrer para que se traduzca en acciones concretas que garanticen el derecho al alivio del dolor.

Los cuidados paliativos son una rama de la medicina cuyo objetivo es aliviar el padecimiento causado por enfermedades graves, a través del abordaje interdisciplinario que se brinda tanto al paciente como a su familia en el proceso de enfermedad. Pero la implementación de la normativa al respecto es insuficiente: sólo seis provincias adhirieron y el presupuesto 2026 no contempla acciones ni recursos específicos.

Por lo tanto, el debate sobre el deseo de morir debe centrarse en el sufrimiento de los pacientes, la falta de implementación de los cuidados paliativos y la necesidad de un debate legislativo profundo. El máximo de muertes por eutanasia no supera el 3%. El 97% restante necesita buenos cuidados paliativos, pero la mayoría sufre innecesariamente.

La aprobación de una ley de eutanasia en Argentina modificaría sustancialmente la práctica médica. Se presenta como una solución rápida ante una formación deficitaria para abordar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades avanzadas.

Sociedades como la Asociación Médica Mundial y la American Medical Association rechazan esta práctica y alertan sobre los riesgos. La aceptación varía según la cultura: en Canadá, hubo 15.343 muertes por eutanasia en 2023; en California, 884. Pese a ello, pocos médicos participan activamente.

Estas prácticas se solicitan principalmente en pacientes con cáncer avanzado y, en menor medida, con patologías neurológicas, demencias o trastornos psiquiátricos. Sin embargo, con una atención integral, ese deseo de morir varía con el tiempo y lo más frecuente es que desaparezca.

Es por eso que fortalecer los cuidados paliativos, formar a los equipos de salud y garantizar un acompañamiento digno son pasos indispensables para construir políticas responsables y sostenibles.

En un país donde la mayoría de los pacientes siguen sin acceso real a cuidados paliativos, el debate sobre la eutanasia interpela a toda la sociedad. Más que una discusión técnica o legislativa, se trata de decidir qué tipo de acompañamiento queremos garantizar a quienes atraviesan el final de la vida.

El gasto militar en el mundo y el mercado de armas convencionales atraviesa una fase de expansión en 2026, impulsada por las guerras en curso y un contexto internacional cada vez más delicado.

Informes del Instituto Internacional de Investigación de Estocolmo (SIPRI) destacan que los presupuestos militares han alcanzado el récord de 2.718 millones de dólares y que el volumen de transferencias de armas ha crecido en forma exponencial en los últimos cinco años, consolidando una tendencia que ya se perfilaba desde mediados de la década pasada. Este rearme plantea un ciclo de super defensa que se extiende en casi todas las regiones.

En este escenario, según datos del SIPRI (2021-2025), Estados Unidos es el principal exportador de armas convencionales, con el 42% del mercado. Francia lo sigue con el 10% y detrás están Rusia, con el 7%, y Alemania y China, con el 6%. Europa se ha convertido en el principal importador, triplicando sus adquisiciones tradicionales (representa el 33% del total global), en gran medida en virtud de la guerra en Ucrania. Medio Oriente es la región que sigue en importancia. En America Latina, Brasil es el principal motor de las compras de armamentos, concentrando cerca del 60% de todas las importaciones de la región.

La mayor parte del rearme está dominada por una combinación de sistemas tradicionales y nuevas tecnologías. Los aviones de combate de última generación continúan siendo el eje del poder militar. A esto se suman los misiles y drones de precisión, capaces de impactar objetivos con gran exactitud, lo que ha redefinido las operaciones militares contemporáneas.

A diferencia de los ejércitos convencionales del siglo XX, el proceso actual de rearme refleja un acento en la guerra tecnológica, donde la precisión, la movilidad, la propulsión nuclear naval y la disuasión tienen particular peso estratégico.

Las características de la arquitectura militar global responden, en gran medida, al contexto actual de graves tensiones y rivalidades geopolíticas.

Sin embargo, no se debería considerar como si fuera un fenómeno inevitable. Hubo momentos del siglo XX en los que se pudo controlar el llamado dilema de seguridad, donde las acciones defensivas de un Estado son percibidas como amenazas por otros, alimentando un espiral de rearme.

Aunque en las actuales circunstancias alcanzar un equilibrio que reduzca esas percepciones es más difícil por la inestabilidad internacional de los grandes conflictos, es importante que la cuestión vuelva a ser una prioridad de la agenda multilateral.

Lamentablemente, en las últimas décadas la diplomacia internacional ha mostrado debilidad y ha quedado atrás frente a la carrera de armamentos.

Mas allá del Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales (ATT), que regula parcialmente el comercio de armas, y otros instrumentos que prohíben armas inhumanas (bombas racimo, minas antipersona, armas laser cegadoras y armas incendiarias contra civiles), no existen instrumentos multilaterales capaces de limitar la compra masiva de tanques, artillería, aviones, drones y misiles.

Los acuerdos históricos como el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa o la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, han perdido fuerza y carecen de mecanismos vinculantes.

Consecuentemente, es hora de volver a movilizar la diplomacia multilateral, como se hizo en plena Guerra Fría cuando se convocó en Naciones Unidas a la Primera Sesión Especial de Desarme (SSOD I), que marcó un hito al abordar de forma integral los problemas de armamentismo y seguridad de la época. Es urgente celebrar una nueva Sesión Especial (SSOD IV) para recuperar protagonismo en la regulación de armas y evitar que la carrera armamentista tecnológica continúe creciendo sin freno.

Sin liderazgo diplomático robusto, el mundo enfrenta un escenario militar cada vez más inseguro, volátil y peligroso.

El presidente Milei propuso dolor presente para logros futuros. Se comprometió a un cambio político que incluía desplazar los vicios de la política. Sonó a una verdadera revolución para una Argentina enrarecida por los vicios de la casta. Esto último no sucedió aún. El dolor sigue extendiéndose en tiempo de presente continuo y los cambios económicos no llegan a los bolsillos de la gente.

Veamos los diferentes escenarios que plantea la Argentina de hoy. En lo económico, el ministro Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Rosario -donde el auditorio estaba radiado de presencias y sin invitación al gobierno provincial-, no hizo anuncios para el sector. Solo dijo que las retenciones y su baja y/o eliminación quedan para otra ocasión porque ello atenta sobre el equilibrio fiscal.

La definición tal vez más importante fue: “Para nosotros, lo que cuenta es el promedio entre la macro y la micro, y eso nos da positivo. Hay crecimiento”.

En esta oportunidad, no hubo palabras altisonantes hacia el gobierno de Maximiliano Pullaro. Y sin la presencia de éste, Caputo hizo dos anuncios esperados hace tiempo: le transferirá al gobierno santafesino las obras de la AO12 y autorizará –saliendo de garantía- el crédito de la CAF por U$S 150 millones.

El momento más álgido tuvo como protagonistas a los economistas que, según cree el ministro, piden una devaluación. Con lenguaje de redes sociales, les prometió patadas en el trasero.

Algunos que hablaron con él muy íntimamente lo encontraron un tanto desilusionado con ciertos desvíos de la política que le impiden afianzar sus logros. No lo dijo, pero parecía referirse al tema Adorni.

Esto da pie al escenario político y su análisis. La última encuesta de Zuban Córdoba, sobre 1200 casos, muestra una imagen negativa del jefe de Gabinete del 66%. El 86,9% dice saber sobre el tema. El 70,4% considera que debe renunciar. Y el 70,2% cree que la defensa de Adorni y del gobierno es más una estrategia para tapar el tema que para dar una respuesta transparente.

Esto último nos lleva al escenario social. Luego de impresionantes marchas a lo largo y ancho del país el 24 de marzo contra las interrupciones democráticas, se conoció el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal determinando que la ley de financiamiento educativo debe acatarse. Además, se dio a conocer la resolución del juez nacional del trabajo Raúl Ojeda que suspendió 82 artículos de la reciente Reforma Laboral, sobre los que sigue en vigencia la ley anterior.

Llegó sí para alivio del gobierno el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre YPF que desobliga a la Argentina al pago de U$S 16 mil millones.

Hasta aquí, Manuel Adorni es un problema para el Gobierno, pero a su vez podría leerse como una ayuda. Mientras los ojos del periodismo, la justicia y la sociedad sigan sobre él, solo mirarán al Presidente por carácter transitivo.

Podríamos inferir que el actual jefe de Gabinete actúa de pararrayos de un gobierno con ciertos problemas. Pareciera que la arrogancia, en épocas de bolsillos flacos, no cotiza en adhesiones.

El Gobierno tiene para mostrar en su haber una baja en la pobreza, y es real. Pero no puede desdecir con argumentos el empobrecimiento de toda la sociedad argentina.

Coinciden esta semana el 2 de abril con Semana Santa. Sobre el primero, el docente Julio Más le dice a Infobae: “Fuimos a Malvinas con el uniforme de San Martín y la bandera de Belgrano. Cuando volvimos de la guerra –los que volvimos-, no conseguíamos trabajo. Nadie se arriesgaba con “esos loquitos de la guerra”. Nueve años estuvimos así”.

Julio Más fue uno de los soldados estaqueados por robar un pedazo de pan para él y sus compañeros. “Sabía que el inglés era nuestro enemigo, pero no esperaba el ataque de quienes nos conducían. Ya no tengo odio, la vida me dio nietos. Me presenté y declaré ante la Justicia, la que dejó libres a tantos. Vendrá el tiempo de la Justicia de la Historia, la de las generaciones venideras”.

Marcelo González, docente y directivo de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, tristemente célebre por la tragedia escolar allí ocurrida, le dijo a Infobae: “Lo sucedido me lleva a mirarme para adentro, a interrogarme: ¿hice todo lo que pude como docente? ¿Lo estoy haciendo?. Veo cómo los chicos –doy clase en primaria, secundaria y terciaria- van perdiendo sueños. Creo que la sociedad misma es la que los lleva a que los pierdan”.

El hombre viaja a la Luna, también debiera viajar al corazón del otro. La Semana Santa va en ese sentido. La Pascua es ahondar en nosotros, en nuestras vidas, en el misterio de quienes somos y hacia dónde vamos. Y, fundamentalmente, la búsqueda permanente de la capacidad de amar.

Los debates electorales de hoy parecen seguir un mismo guion. Los candidatos desfilan con cifras aprendidas de paporreta: tantos puntos de anemia, tantos colegios en mal estado, tantos niveles de inseguridad, tantos asesinatos al día. Los números se repiten con precisión, casi como si bastara enunciarlos para demostrar conocimiento de la realidad. “Todo suena posible en el discurso, pero nadie - absolutamente nadie - explica cómo ni con qué se hará realidad.”

En ese vacío, lo que crece es el ruido. Los insultos baratos, las puyas y las descalificaciones ocupan el espacio que deberían tener las propuestas. El debate se convierte en un espectáculo donde importa más el golpe mediático que la solidez de las ideas. Y mientras tanto, el ciudadano mira, escucha… y no encuentra respuestas. Aspirar al llamado “Sillón de Pizarro” debería implicar algo más que buena memoria y frases efectistas. Gobernar no es repetir cifras, es resolver problemas. Es saber priorizar, gestionar recursos y tomar decisiones difíciles. Pero nada de eso aparece con claridad en los debates.

Por el contrario, lo que vemos es una preocupante homogeneidad. No importa si los candidatos van de rojo, amarillo, verde o negro; todos parecen haber estudiado el mismo libreto. Un libreto repetido, predecible, que promete mucho y explica poco. El mismo cuento de siempre, contado con distintas voces, pero con idéntico vacío. Y mientras ellos actúan, los peruanos nos preparamos para una elección que, más que una decisión informada, parece un acto de fe. Porque encima de todo, vamos a tener que buscar entre un “papelote” interminable a algún candidato que nos genere, al menos, una mínima confianza. No solo eso: al ritmo que vamos, votar será casi como jugar al “una, de dos, tres” esperando no equivocarnos.

La gran pregunta es inevitable: ¿cuántos peruanos tienen realmente claro por quién votar? ¿Un tercio? ¿Menos? La sensación general no es de convicción, sino de incertidumbre. Y eso debería ser una señal de alarma. Porque el problema ya no es solo de los candidatos, sino del sistema que permite que el debate se vacíe de contenido sin consecuencias. Un sistema donde decir cualquier cosa parece suficiente, donde prometerlo todo no cuesta nada y donde explicar el “cómo” sigue siendo opcional.

Los debates de antes —con todos sus defectos— al menos intentaban contrastar ideas. Hoy, en cambio, predominan las frases, los ataques y las cifras recicladas. Mucho diagnóstico, cero aterrizajes. El Perú no necesita más números ni más espectáculo. Necesita claridad, propuestas viables y, sobre todo, respeto por una ciudadanía que ya está cansada de lo mismo.

Porque si algo ha quedado claro, es que los peruanos no solo están indecisos. Están agotados. Y con razón.

Cada ciclo electoral, el Perú repite el mismo ritual: debates llenos de promesas, ataques cruzados y propuestas que suenan bien como titulares, pero sin contenido técnico. Pero más allá de la falta de propuestas técnicas, los debates han mostrado, también, que los políticos no escuchan al ciudadano, a quienes pretenden atender si acceden al puesto al que postulan. Ello fue evidente cuando muchos candidatos no contestaron con solidez –y en muchos casos ni siquiera trataron de contestar directamente– las preguntas formuladas por los ciudadanos durante el debate.

Esto es revelador de un problema que se viene profundizando en nuestro país desde hace varios años: la ciudadanía no tiene mecanismos que faciliten la articulación de una demanda propia, pero, al mismo tiempo, tampoco existe quien las reciba, las escuche y las resuelva. Los políticos no escuchan al ciudadano, por ello, difícilmente los candidatos articulan propuestas técnicas que puedan atender eficazmente sus problemas.

Ante ese vacío nació el año pasado Encontrarnos por el Perú, iniciativa de Es Hoy y Apoyo Consultoría. La iniciativa buscó generar medidas técnicas en seguridad, salud y empleo, pero partió de la premisa de escuchar a la ciudadanía para identificar y buscar atender sus preocupaciones. Ello se logró a través de encuestas con representatividad a nivel nacional (realizadas con Ipsos Perú) para conocer, desde la perspectiva de la población, las causas y posibles soluciones de los problemas que los aquejan en esos tres ámbitos.

El punto de partida fue la escucha ciudadana. Otro atributo importante fue la formación de consensos acerca de cómo atender lo revelado por el ciudadano. Para ello, reunimos a personas con miradas distintas, a veces contrapuestas, en 5 regiones que representan el 50% del electorado nacional, para escucharse, dialogar y construir propuestas concretas en los tres temas mencionados.

En un país marcado por la desconfianza no solo ante las instituciones sino entre personas, juntar en una misma mesa a sindicalistas, líderes gremiales, representantes de la sociedad civil, académicos, empresarios y representantes de partidos políticos parece insólito, pero es exactamente lo que sucedió. Además, que se hayan logrado consensos para atender lo revelado por la ciudadanía es, sin duda, una luz de esperanza.

Lo relevante no ha sido solo el resultado, propuestas validadas por expertos de distinto espectro para asegurar que sean viables y que están disponibles para cualquier candidato o funcionario en www.encontrarnosporelperu.pe; también es importante el proceso: encuentros improbables que partieron de escuchar a las personas y en donde se procuró entender y atender sus preocupaciones, no solo en Lima sino en otras de las principales regiones del país como Arequipa, Cusco, Loreto y La Libertad.

Por eso resulta tan revelador que en los debates los candidatos muestren que no escuchan a la población. La pregunta natural que surge es: ¿De dónde vienen sus propuestas? ¿Las construyeron poniendo al ciudadano al centro? ¿Han verificado si efectivamente atienden sus demandas? Lo que vimos en el debate sobre seguridad y corrupción, los principales dolores ciudadanos, por ejemplo, fue una mezcla de buenas intenciones y propuestas demagógicas que no atienden los dolores más inmediatos de la población.

Atender y escuchar a la ciudadanía debería ser una razón en sí misma para hacer las cosas de manera distinta. Pero, además, puede permitir que salgamos de la crisis de confianza en la que está inmerso nuestro país y que afecta nuestro desarrollo. Cuando el privado desconfía del Estado, no invierte. Cuando el ciudadano desconfía de las instituciones, evade las normas. Cuando el Estado desconfía del privado, regula de más o mal. No encontrarnos genera retrocesos. Encontrarnos, permite escucharnos, diseñar mejores soluciones y asegurar que su implementación sea posible y sostenible en el tiempo.

(A cuarenta y cuatro años de Malvinas: ¿Otra vez en guerra?)

A fines de diciembre de 1982, por primera vez, un músico argentino brindaba un concierto en un estadio de fútbol local. Charly García presentaba su long play “Yendo de la cama al living” en la cancha del club Ferro Carril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Se terminaba un año trágico para nuestro país: cientos de pibes habían muerto en la Guerra de Malvinas, mientras sus compañeros sobrevivientes regresaban en medio de la indiferencia o más bien el desprecio que les dedicó la Junta Militar de aquel entonces.

Como no podía ser de otra manera para un artista siempre conectado con el entorno en que le tocó componer, grabar y actuar, la guerra palpitó a lo largo del show. Pero el plato fuerte se dio sobre el final, cuando García interpretó “No bombardeen Buenos Aires”, mientras la notable puesta de Renata Schussheim simulaba un bombardeo que hacía caer las estructuras previamente montadas en el escenario. ¡No bombardeen Caballito! terminó gritando Charly para darle más verosimilitud a ese impactante instante.

El arte suele mostrar lo que el sentido común se encarga de negar u ocultar. Con aquel tema del final este músico genial desnudaba la falsa conciencia de un sector de la ciudadanía en relación a Malvinas, a la política, a lo común, al Otro. La canción recorre escenas cotidianas en que la total ajenidad con el drama de la guerra contrasta con el desesperado ¡No bombardeen Barrio Norte!, cual sinónimo de “hagan lo que quieran pero a mí no me jodan”. Esas mismas corrientes de opinión que, infatuadas de patriotismo con el desembarco en las islas, habían elogiado al dictador de turno para consumir el discurso que la prensa oficialista exudó sin pudor. Lo cierto es que apenas Reagan y la OTAN hicieron explícita la pavorosa improvisación de los militares argentinos, los patriotas ufanos de los misiles Exocet, que supuestamente nos llevaban al triunfo, se transformaron en individuos concernidos por la preservación de su privada seguridad e intereses.

“No bombardeen Buenos Aires” explora esa subjetividad consumidora de medios de información tan irresponsables como los militares que llevaron a la muerte a cientos de pibes argentinos en las islas.

“Los ghurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV/ Los jefes de los chicos,/Toman whisky con los ricos/Mientras los obreros hacen masa/En la Plaza como aquella vez/ Como aquella vez ( Hijos de Puta)”. Aquella “aventura militar”, tal como la denominó el Informe Rattenbach que recomendó pena de muerte a los responsables, fue perpetrada en dictadura. Es decir, por un gobierno de facto que atropelló la Constitución y las normas básicas que diferencian a una comunidad humana de la barbarie.

Hoy no se necesitan gobiernos de facto para que la sinrazón y la violencia prevalezcan en nuestras existencias. De hecho, estamos comprometidos en una guerra. Milei nos involucró en la infame guerra que Estados Unidos e Israel sostienen con Irán y ya manifestó su intención de enviar tropas a Medio Oriente. Basta recordar los dos brutales atentados que sufrimos por el envío de naves al Golfo Pérsico ordenado por Menem en 1990 para colegir el oscuro y peligroso abismo al que nos conduce este presidente, en cuyo despacho cuelga el cuadro de la asesina Margaret Thatcher, responsable del ataque al General Belgrano donde murieron 323 soldados argentinos. La mitad de las bajas argentinas en la guerra de Malvinas.

Hoy las bombas no distinguen estados de derecho de dictaduras. Con el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela -y las amenazas sobre México, Colombia y Cuba- Latinoamérica ha ingresado en una etapa en la que el más brutal y descarado poder de las armas se impone por sobre cualquier reparo ético, legal, constitucional o acuerdo entre partes. El diálogo ha quedado definitivamente relegado al capricho de un mandamás, cuya desvariada vocación imperialista provoca un cambio sustantivo en las expectativas para una convivencia democrática. “Mi único límite es mi propia moralidad”, enunció el Donald Führer después de bombardear Venezuela. El avance del miedo y el atropello habita en todos los rincones del continente. En nuestro país, la endeblez de las instituciones -empezando por la degradada administración de Justicia- hace pensar que solo una decidida actitud de la oposición podría poner cierto freno al desquicio del gobierno libertario y sus aliados. Vaya como ejemplo que, tras el reciente bombardeo a Caracas, algunos edificios oficiales de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron disfrazados con los colores de la bandera venezolana como elogio al atropello del Emperador norteamericano. El mismo sujeto que le permitió a Milei alzarse con el triunfo en las elecciones de medio término. No obstante, la inmensa multitud reunida el 24 de marzo en el aniversario de los cincuenta años del Golpe de estado, nos hace pensar que la Memoria del Terrorismo de estado (que incluye a los soldados muertos y torturados en Malvinas); el reclamo de Justicia, y la búsqueda por la Verdad, guardan su chance de prevalecer por sobre la subjetividad individualista que tan bien describió Charly en aquella noche de 1982. ¡No bombardeen Buenos Aires!

*Psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.

Los recientes hechos en torno a las denominadas “Propofest”, investigaciones judiciales sobre reuniones privadas donde se habrían consumido sustancias de uso hospitalario como el propofol y el fentanilo —con el resultado de un anestesista fallecido y dos médicos imputados—, han provocado un lógico estupor en la opinión pública.

Sin embargo, más allá de la crónica policial y del impacto de ver los nombres de instituciones prestigiosas involucradas, este fenómeno nos obliga a realizar una reflexión profunda, científica y fundamentalmente humana sobre la salud mental de quienes cuidan la salud de los demás: los médicos.

Existe una construcción social que presenta al médico como un profesional inmune al dolor, al cansancio y a la enfermedad mental. Esta es una visión peligrosa. Los médicos somos, ante todo, personas. Padecemos conflictos, atravesamos crisis y somos susceptibles de contraer  enfermedades (no olvidemos que han muerto mucho más médicos comparativamente que la población general en la pandemia de COVID del año 2020).

También podemos incurrir en consumos problemáticos de la misma manera que cualquier otro integrante de la comunidad. La idea del “médico invulnerable” solo contribuye a ocultar el sufrimiento y a retrasar la búsqueda de ayuda.

La realidad no es una percepción subjetiva, sino una crisis sanitaria documentada. Según una reciente investigación realizada a través del Foro de Sociedades Médicas (que incluye a las Sociedades Médicas de la Argentina), basada en una muestra federal de casi 3.000 profesionales de nuestro país, el 64,5% de los médicos padece burnout. Casi dos de cada tres colegas manifiestan síntomas de agotamiento emocional, tristeza, problemas de sueño y ansiedad.

Este desgaste es aún más dramático en los profesionales más jóvenes (los de 25 a 34 años), franja en la que la prevalencia escala al 78,7%, y aumenta también en especialidades críticas como la Terapia Intensiva (80%) o la Pediatría (75%).

Además, cuando un profesional está sometido al multiempleo y a niveles de estrés crónico, el riesgo de conductas desadaptativas aumenta exponencialmente.

Por otro lado, el acceso a sustancias psicotrópicas y  el conocimiento técnico constituyen una combinación de alto riesgo. El uso de fármacos fuera del contexto clínico no debe leerse solo como una falta ética, sino que frecuentemente es el síntoma de un padecimiento subyacente que no encontró un cauce de tratamiento adecuado en un sistema que exige perfección constante.

Prevención temprana: cuidar a los que cuidan

Para evitar que se repitan episodios trágicos como el que evocamos al inicio, la prevención debe ser el eje central: un médico que sufre necesita ayuda, no silenciamiento ni condena social ciega.

Es importante rediseñar los esquemas laborales y fortalecer las redes de contención y los departamentos de asistencia al profesional así como implementar herramientas de monitoreo de salud mental.

Cuidar la salud mental de la comunidad médica no es solo un acto de justicia hacia el profesional; es la única forma de garantizar la seguridad del paciente.

Un sistema de salud que descansa sobre una fuerza laboral agotada y silenciada es un sistema frágil. Es momento de que la sociedad en su conjunto actúe sobre este problema y en particular las autoridades a través de políticas de estado.

[El autor es Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras]

Cada mes de abril, el mundo se tiñe de azul para recordarnos que la neurodiversidad es una dimensión esencial de la condición humana. Precisamente, el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y, con este objetivo, voluntarios y representantes de diferentes ONGs lanzaron la “Semana Azul”, una iniciativa que por 7 días tendrá como lema #hablemosdeautismo.

El objetivo es ganar espacios, hablar de autismo, dejar de lado los estigmas y construir una sociedad más inclusiva.

Sin embargo, para cientos de familias en la Ciudad de Buenos Aires, el azul no es solo un símbolo de calma y concientización: es también el recordatorio de una lucha persistente contra las barreras invisibles de un sistema que, demasiadas veces, les da la espalda.

En esta “Semana Azul” resulta imprescindible reflexionar sobre el rol de la justicia y de la gestión pública en la eliminación de esas barreras, particularmente en el ámbito educativo.

Durante años, la falta de información y la opacidad en la asignación de vacantes escolares han sido algunos de los principales obstáculos para las familias de niños con discapacidad. Se trata de una problemática transversal que afecta a hogares de todos los sectores sociales, sin distinción de recursos ni de posición económica. La incertidumbre sobre el futuro escolar de un hijo no debería ser el costo de la neurodiversidad.

Nuestro país cuenta con marcos normativos sólidos. La Ley Nacional de Autismo N.º 27.043, sancionada en 2014, declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA, promoviendo la investigación, la formación profesional, la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a prestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires la Ley N.º 2.681 dispone que los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial no pueden negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente. La norma fue recientemente modificada por la Ley N.º 6.872, creando el Registro Público de Vacantes de Establecimientos Educativos de Gestión Privada incorporados a la enseñanza oficial en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la inclusión escolar.

Este registro apunta al núcleo del problema: la falta de transparencia. A partir de su implementación, las instituciones educativas deben publicar de manera actualizada la nómina de alumnos rematriculados y, especialmente, el detalle de los cupos disponibles desde octubre hasta el inicio del ciclo lectivo. La información pública es el mejor antídoto contra la arbitrariedad. Cuando las familias conocen cuántas vacantes existen y bajo qué criterios se asignan, el margen para la discriminación se reduce de forma significativa.

No obstante, la realidad judicial de los últimos años ha mostrado un panorama más complejo. Por cada acción de amparo que llega a los tribunales porteños, existen numerosos reclamos por vacantes no otorgadas que nunca se judicializan. Ese “silencio administrativo”, sumado a prácticas discrecionales en los procesos de rematriculación, ha dejado a muchos niños fuera del sistema bajo argumentos frecuentemente presentados como razones pedagógicas o limitaciones de infraestructura.

Un punto de inflexión se produjo en 2019, cuando un fallo clave de la Justicia de la Ciudad (ACIJ c/ GCABA s/ Amparo - Educación) no solo resolvió un caso particular, sino que expuso la fragilidad del sistema de información vigente. A partir del trabajo conjunto entre asociaciones de familias, legisladores y diversos actores institucionales, esa debilidad comenzó a transformarse en una herramienta de empoderamiento ciudadano, afirmándose el derecho de todas las personas con discapacidad a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se erige como principio general que debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una sociedad más justa.

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabaja con la responsabilidad de garantizar que el derecho a una educación inclusiva sea una realidad concreta, ya que toda política pública vinculada a la educación debe velar, facilitar y promover el libre acceso a la enseñanza, en igualdad de oportunidades y sin discriminación, tanto en escuelas públicas como privadas.

Particularmente, es imprescindible mencionar que en el Encuentro “Miradas que Conectan” realizado recientemente en el Facultad de Derecho de la UBA, impulsado por la asociación civil TEActiva, las ONG´s participantes firmaron un documento conjunto para reclamar al Estado Nacional, gobierno de la Ciudad y gobiernos provinciales estadísticas oficiales sobre el autismo, la cual es una petición largamente esperada por quienes conviven con el Trastorno del Espectro Autista y buscan respuestas efectivas.

La “Semana Azul” busca algo simple pero profundo: pasar de la concientización a la acción, para que la inclusión sea una realidad cotidiana y no solo un mensaje. Así, se promueve la concientización sobre el autismo, se fomenta la inclusión social y educativa y se visibilizan los derechos de las personas con Trastornos del Espectro Autista.

La verdadera inclusión comienza con una certeza básica: hay un lugar para todos.

Se discute actualmente sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Esta reforma, que sostiene los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, podría ser un avance para evaluar realmente la función de reserva hídrica que puede tener un glaciar bajo un riguroso criterio científico.

Cuando se menciona que hay en Argentina más de 16.000 glaciares y se muestran mapas de las cuencas a las que los glaciares aportan y que son la reserva de agua, no se explica cómo, ni en cuánto tiempo ni en que condiciones se podría aprovechar esa reserva. No se cuantifica lo que eventualmente puede suministrar, ni se compara con los caudales que anualmente generan las precipitaciones en cada cuenca. Si se presenta un mapa de una cuenca y se menciona que en sus cabeceras hay glaciares sin dimensionar su aporte, se lleva a pensar que el agua de toda la cuenca depende de los glaciares. Algo que no es cierto.

Hoy, buena parte de la discusión se centra en las áreas periglaciares y los Glaciares de Escombros (GdE). Se citan cifras grandilocuentes, como los 16.000 glaciares o los 7 millones de habitantes en cuencas que puedan tener glaciares en su cabecera, pero esos números no ilustran realmente la relevancia que puedan tener como recurso hídrico aprovechable.

Si se presenta un mapa de una cuenca y se menciona que en sus cabeceras hay glaciares y no se dimensiona su aporte, podría pensarse que el agua de toda la cuenca depende de los glaciares

Para aportar a esa discusión, se ponen a consideración aquí algunas estimaciones para dar órdenes de magnitud.

Pongamos números sobre la mesa.

Glaciares y aporte a la cuenca

Consideremos una cuenca hídrica, comparemos caudales, pongamos algunos números e incorporemos supuestos.

Tomemos la cuenca del río San Juan. Su superficie es de 38.462 km² y el río tiene un caudal medio de 56.000 litros por segundo (l/s). Esto es, derrama 1.766 hm³ por año. Según datos del geofísico Silvio Pastore, en esta cuenca hay 3.227 Glaciares de Escombros, que cubren un área de 264 km², el 0,69% de la cuenca. El volumen estimado de agua equivalente de los 3.227 GdE es de 2.191 hm³.

¿Cómo el agua contenida en esos 3.227 GdE podría pasar de ser reserva potencial a ser utilizable? Una muy buena parte del GdE es un permafrost (hielo permanente). Para que eso suceda, el planeta debería calentarse; de otro modo, esos cuerpos de roca y hielo no entregan agua. Supongamos entonces un escenario de calentamiento global promedio tal que, en 75 años, todos estos GdE entreguen toda su reserva de agua (esto es 1,33 % anual).

El resultado sería que en promedio estarían entregando 29 hm³ al año (suponiendo que no hubiera sublimación ni evaporación). Esto es el 1,65 % del caudal del río San Juan. Es interesante ver que para una persona que no está habituada a manejar estos temas, si se le presentan números de que en la cuenca hay 3.227 glaciares y se le dice que el agua depende de ellos, se asuste ante la posibilidad de tocar esa fuente y esté de acuerdo con la prohibición lisa y llana.

Pero si se le aclara que esos 3.227 glaciares podrían aportar en condiciones extremas un máximo del 1,65 % del caudal de la cuenca, tal vez tenga una mirada más amplia y acepte la posibilidad de evaluar científicamente el rol de cada glaciar como reserva estratégica.

Además, cabe una pregunta, ¿las potenciales actividades mineras, afectarían a todo los 3.227 GdEs de la cuenca?

Definitivamente, no. La minería podría afectar a los glaciares que estén en el área de un proyecto, o no, porque en el área de un proyecto pueden haber, por citar ejemplos: cero, 2, 4, 12, GdEs, pero no todos ellos necesariamente deberían ser afectados, ya que dentro de lo posible, las instalaciones, operaciones, infraestructura, construcciones, se ubicarán de modo que no afecten a los GdEs. Solo si fuera estrictamente necesari se evaluaría su rol como reserva estratégica y eventualmente, se removería. Por eso es importante el análisis individual.

¿Cuál sería el aporte de agua de un glaciar de escombros?

Hagamos el planteo de un modelo simplificado. Consideremos un GdE de 10 ha de superficie (500 m x 200 m), con 20 m de espesor y 60 % de su volumen de hielo y agua, porque es un glaciar de escombros (el otro 40 % es roca y sedimentos). Contendría entonces 1,2 hm³ de reserva hídrica.

Bajo los supuestos planteados, entrega en 75 años, entonces el GdE aportaría de su reserva anualmente 16.000 m³/a (0,51 l/s o 30 litros por minuto). Esto es el 0,0009 % del caudal del río San Juan. Tomemos nota de la diferencia, todos los glaciares de la cuenca potencialmente aportarían el 1,6 % del caudal, un solo glaciar aportaría 0,0009 % (son 9 partes por millón).

¿Cómo podemos dimensionar ese caudal para interpretar qué significa en términos cotidianos? Por caso, una canilla estándar de 1/2 pulgada entrega de 9 a 18 litros por minuto, dependiendo de la presión de agua. Por lo tanto, en términos de caudal total lo que aportaría el GdE (30 litros por minuto) es lo que aportarían 2 canillas domésticas abiertas.

Si hacemos un parangón con una pileta de lona familiar, en la que el volumen anual que derrama el río equivaliera al volumen de la pileta de 4.500 litros, lo que estaría entregando el GdE a la cuenca equivale a agregar un pocillo de café (40 cc) a esa pileta.

Otra comparación para dimensionar. En los conglomerados urbanos se desperdicia mucha agua actualmente. Si tomamos como deseable para el cuidado del agua un uso de 100 litros por habitante por día, entonces en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desperdician cada año a lo que suministrarían 82.125 glaciares como el analizado, en la ciudad de Córdoba se derrochan lo que suministrarían 8.555, en Comodoro Rivadavia lo que estarían suministrando 1.605 glaciares y en Santa Rosa de La Pampa el equivalente que entregarían 794 glaciares. Todo esto es derroche actual, no es uso racional del agua .

Las alternativas de uso de recursos

Agua y cobre son recursos naturales alternativos o complementarios. Pensar en el mejor uso de ambos es importante. Para ello podríamos hacer una comparación. De nuevo supuestos.

Supongamos que un glaciar como el modelo descrito, debiera removerse para habilitar el espacio para operaciones mineras. Hablamos de una reserva que libera 30 litros por minuto (2 canillas).

Pensemos en utilizar ese recurso hídrico para un uso habitual en esa cuenca, por ejemplo, se podrían regar 2 hectáreas de vides. Esto generaría unos 3 puestos de trabajo y un valor bruto de producción de 15.000 dólares/año.

Como alternativa, pensemos que una mina requiere remover ese GdE. Y acá un punto importante, el agua contenida tampoco se pierde, sino que va a parar a la cuenca en un año, en lugar de hacerlo en 75 años en un escenario de calentamiento global. ése sería el costo, pero eso habilitaría utilizar otro recurso, el cobre. Para dimensionar lo que habilitaría la remoción del glaciar, usemos un modelo.

Modelo utilizado: Mina de cobre. Inversión 6.000 millones USD, 3 años de construcción, 25 de operación. Impuestos según esquema RIGI. Producción promedio 435.000 t cobre anual, precio 4,5 USD/lb.

¿Qué impacto económico tendría?

Durante 28 años en promedio, cada año, la utilización de ese recurso mineral generaría 1.782 millones de dólares para los argentinos (pagos a proveedores nacionales y empleados nacionales por 1.251 M USD/año); Recaudación directa provincial Regalías e Ingresos Brutos por 125 M USD/año. En empleo, generaría 24.000 puestos de trabajo. El Estado Nacional recibiría 406 millones de dólares anuales de impuestos. Con esa recaudación tributaria anual se podrían cubrir alternativamente: alrededor de 2 presupuestos de hospitales como el Garrahan; o 100.000 jubilaciones mínimas; o casi 1 presupuesto del CONICET.

Consideraciones finales

La reforma de la ley sostiene el objeto de preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Pero incorpora la evaluación de cada caso, que deberá ser realizada a partir de estudios técnicos-científicos, para determinar la magnitud de una reserva estratégica. Esto es más investigación y ciencia aplicada.

Argentina tiene proyectos mineros en zonas donde hay GdEs y otros cuerpos de hielo. Las minas se pueden construir donde están los yacimientos y éstos son muy escasos. No es correcto decir: no pretendemos prohibir la minería, solo pedimos que se haga en otras zonas. Es como decir prohibamos la agricultura en la pampa húmeda, porque se desarrolla sobre una reserva de agua estratégica (el agua subterránea), entonces, hagan agricultura en otras regiones.

Dimensionar es importante, sobre todo en el contexto de influencia. Los números grandilocuentes pueden llevar a interpretaciones erróneas. No es cierto que 7 millones de personas dependan del agua de los glaciares. Dependen fundamentalmente de las precipitaciones, el aporte de los glaciares de escombros a las cuencas es ínfimo y puede ser nulo, si el planeta se enfría.

Si en la cordillera de los Andes hay 16.078 cuerpos de hielo relevados y, tal vez, una, dos o cuatro decenas de ellos pudieran estar en conflicto de uso con proyectos mineros, ¿no parece lógico cuantificar el aporte potencial de cada uno de ellos a su respectiva cuenca? Y a partir de una evaluación científica, decidir ¿cuál es el mejor uso que se le pudiera dar?

Si el aporte posible de un glaciar de escombros fuera el equivalente a 2 canillas abiertas, pero eso estuviera bloqueando la posibilidad de generar trabajo para 28.000 personas y generar 1.700 millones de dólares anuales para los argentinos, principalmente en las provincias, ¿no parece correcto evaluar el impacto real de cada proyecto en el recurso hídrico y decidir si remover o no ese glaciar y permitir o no la minería en cada caso puntual, en lugar de una prohibición general? Si se habilitara la remoción de ese glaciar, parte de los fondos para el Estado que se generarían por la actividad minera permitirían hacer más investigación, más inversiones para cuidar el agua y tener efectos positivos en su aprovechamiento. Con los fondos generados, los organismos de gobierno y de investigación podrán fortalecerse en capacidades de control y supervisión, federalizando el conocimiento.

Las poblaciones que estarán mejor preparadas para afrontar el cambio climático, de aquí a 75 años, serán aquellas con economías más fuertes, mejor infraestructura, más recursos, más conocimiento. ¿Queremos un flaco desarrollo viendo a nuestros nietos aprovechar un hilo de agua de un glaciar que se derrite? o pensar que trabajamos para dejarles un país más desarrollado, con mayores capacidades para cuidar su agua y enfrentar el futuro de manera resiliente.

Los desafíos deben abordarse mediante la aplicación rigurosa del método científico, basado en la observación, la formulación de hipótesis, la investigación, la medición, la experimentación y el análisis de evidencia, en lugar de recurrir a prohibiciones generalizadas carentes de sustento empírico, propias de enfoques dogmáticos.

El autor es geólogo, contador público y profesor de grado UNLAR y Posgrado UBA. Ex Director Nacional del Promoción Minera

Este 31 de marzo se celebró el día del backup.

Tener copias de los archivos importantes en la nube, en un Google Drive o OneDrive, es un backup. No está mal, y es mejor que nada, desde ya, pero la época exige un poquito más: que seamos más responsables.

Y lo mismo con el trabajo del día a día: hay que tener un sistema que permita restaurarte a un esquema de trabajo o de funcionamiento anterior a la catástrofe que ocurra. A primera impresión, el mercado parece girar en torno a plataformas de procesamiento, NVIDIA y sus GPUs, pero para dar impulso a la Inteligencia Artificial también hacen falta memorias RAM y SSDs de alta velocidad.

Eso es lo que en una empresa se llama plan de contingencia operativa. ¿Cómo restauro después de lo que suceda, sea una falla de software, de equipo, de disco, etcétera? ¿Cómo vuelvo a una situación donde todo funcione como antes? La estrategia es la de siempre y es la más fácil, y es la que hay que cumplir: la regla de la copia de seguridad 3-2-1. Es decir, tres copias de los datos almacenadas en dos tipos de medios diferentes y al menos una fuera del sitio. En ese caso, podría ser la nube: la nube sería tu copia fuera de tu casa u oficina, pero tendrías que tenerla en dos medios diferentes y siempre mantener esas copias actualizadas.

Hay mucha gente que confía en la nube, “tira” todo ahí y después tiene múltiples copias de los mismos archivos, sin saber qué tiene ni de qué fechas son. Eso hace que el costo de la nube se dispare. Entonces, hay que ser más organizados y, lo más importante, cuidar con mucho celo los datos personales, como claves bancarias, información de cuentas, seguros médicos y de auto, casa y vida. Tener todo eso muy bien resguardado, no en un archivo TXT en el escritorio, sino en una unidad encriptada donde esté protegido, y que todos los integrantes de la familia sepan cómo restaurar y acceder a esa información.

Sin embargo en todo este contexto, también se presentan distintos escenarios como la ciberseguridad y la falta masa crítica. En referencia a la estrategia en materia de la ciberseguridad, conviene usar productos robustos en un contexto en el cual hay una demanda mayor a la normal.

Todavía en las empresas y en las organizaciones no se dio la masa crítica de conciencia necesaria para avanzar con esos proyectos en serio, con inversión, con capacitación del personal. La necesidad está clara, pero no está la decisión política y la decisión económica de invertir. Eso debería crecer mucho más rápidamente, pero aquí, en Argentina, no está pasando.

Y no debo dejar de lado lo que ocurre con la oferta para el centro de datos, no sólo abarca los ámbitos empresariales y de consumo, sino también en el centro de datos y la nube. En ese sentido, vemos que en este segmento hubo ciertos movimientos, como es el caso de grandes empresas de software que empujan a sus clientes a subirse a la nube. Pero, al mismo tiempo, hay empresas que están buscando un esquema híbrido. La nube es una buena solución, pero no es una solución para todo el mundo. Esos escenarios híbridos que las empresas requieren pueden demandar servidores on premises o de borde (edge).

El esquema híbrido está para quedarse. Hay soluciones que van en la nube y hay soluciones locales. Nuestra empresa atendiendo a todo el mundo. Estamos en ambos lados de la ecuación, con una fuerte oferta de SSDs y memorias para servidores.

El autor es Gerente de Tecnología de Kingston

El Perú ha retrocedido en el Índice de Progreso Social. No es un dato aislado ni una sorpresa. Es el reflejo de fallas estructurales que el país arrastra hace años y que pocos quieren enfrentar. Mientras el debate público gira en torno a coyunturas, se deja de lado lo esencial: la capacidad del Estado para convertir recursos en bienestar.

Una de esas fallas es la descentralización. En teoría, buscaba acercar el Estado al ciudadano y mejorar la provisión de servicios. En la práctica, no está cumpliendo. Hoy, los gobiernos regionales y, sobre todo, las municipalidades concentran una porción creciente de los recursos públicos, pero no logran traducirlos en obras ni en mejoras concretas en la calidad de vida.

Las cifras lo evidencian. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos locales administraron el año pasado más de S/ 30,000 millones en inversión pública, por encima del Gobierno nacional y el doble que los gobiernos regionales. Sin embargo, su nivel de ejecución apenas alcanzó el 70%, mientras que los otros dos niveles superaron el 90%. No es solo cuánto se asigna, sino qué se hace —o no se hace— con esos recursos.

El problema no es únicamente de gestión; es de diseño. Los municipios, el eslabón más débil del aparato público, están sobrecargados de funciones bajo la premisa de ser “los más cercanos al ciudadano”. A ello se suma la falta de planificación: iniciaron el año con un presupuesto de S/ 16,000 millones y terminaron administrando casi el doble. Difícil exigir resultados cuando ni siquiera hay claridad sobre los recursos disponibles desde el inicio.

Pero hay un elemento aún más crítico: las capacidades. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 72.7% de los funcionarios municipales reconoce necesitar capacitación en administración tributaria; el 66.5%, en formulación y evaluación de proyectos públicos; y el 75.8%, en procesos administrativos. Es decir, quienes deben ejecutar, planificar y gestionar recursos públicos admiten no contar con las herramientas necesarias para hacerlo.

El dato es revelador —y preocupante—. Sobre estos funcionarios recae la responsabilidad de transformar recursos en servicios de calidad para millones de ciudadanos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo fueron seleccionados? ¿Existieron procesos meritocráticos o primaron criterios políticos y de cercanía? Sin capacidades técnicas, no hay buena ejecución; sin buena ejecución, no hay progreso.

Los tres niveles de gobierno no están operando como un equipo. La desarticulación es evidente y sus costos también. Recursos que no se ejecutan, proyectos que no se concretan y servicios que no llegan. En ese contexto, el retroceso en progreso social deja de ser una estadística y se convierte en una consecuencia directa de malas decisiones públicas.

Es momento de tomarse en serio la gestión del Estado. Profesionalizar el servicio civil, fortalecer capacidades y ordenar la asignación de funciones no es opcional. Es condición necesaria para que la descentralización funcione.

El problema está identificado. La evidencia es clara. Sin embargo, no vemos candidatos hablando de esto.

En el centro histórico de Lima, la Semana Santa transforma el espacio urbano en una experiencia que combina arquitectura, ritual y memoria colectiva. En ese contexto, la tradicional visita de las siete iglesias organiza el recorrido devocional y le da sentido a la ciudad como escenario de fe.

Entre los templos más visitados se encuentran la Catedral de Lima y el Sagrario; la iglesia del convento de San Francisco y el templo anexo de La Soledad; la iglesia de La Merced; la iglesia del convento de Santo Domingo; la iglesia de San Pedro; el santuario de Las Nazarenas y la iglesia de Santa Rosa de Lima. En Barrios Altos, destacan, además, las iglesias del Carmen y de Santa Catalina.

Estos espacios congregan fieles y turistas no solo por su valor religioso, sino también porque encarnan la memoria y el espíritu del lugar. En ellos se expresa la herencia virreinal y la huella de órdenes como dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas.

A ello se suma la presencia de amplios claustros conventuales, una característica menos frecuente en templos de otras ciudades del país.

A diferencia de ciudades como Cusco, Arequipa o Cajamarca, donde predomina la piedra, Lima desarrolló una arquitectura adaptada a los terremotos. El uso de técnicas como los telares de quincha y las bóvedas encamonadas permitió edificaciones más ligeras y flexibles.

Otro rasgo distintivo es su diversidad estilística. Las iglesias no responden a un único estilo, sino a una superposición de lenguajes arquitectónicos producto de reconstrucciones tras sucesivos sismos. Esta evolución ha configurado una identidad dinámica.

En el siglo XVI predominó una arquitectura que fusionaba elementos del gótico isabelino, cubiertas mudéjares y fachadas renacentistas. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, el barroco se impuso con portadas ornamentadas. Desde inicios del siglo XIX, el neoclásico introdujo mayor sobriedad en las fachadas.

Durante Semana Santa, estos templos adquieren una dimensión sensorial particular. Retablos dorados, yeserías, azulejos, esculturas y óleos se integran con la luz tenue, el incienso y la acústica, intensificando la experiencia devocional.

Cada 2 de abril, cuando el mundo conmemora el Día de la Concienciación sobre el Autismo, proclamado por la ONU en 2007, vuelvo al mismo punto: no necesitamos más discursos, sino abrir nuevas conversaciones y más oportunidades.

Soy el papá de Iván. Me presento de esta forma con orgullo y emoción. Hace 24 años, recibimos un diagnóstico que, en ese momento, sonaba como una sentencia: Trastorno Generalizado del Desarrollo con conductas autistas. Hoy seguimos hablando del Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde un marco diferente. La llegada de Iván a nuestras vidas nos transformó para siempre y nos hizo mejores personas. Para muchos padres como yo, nuestro hijo se convirtió en mi guía.

Durante décadas, el autismo fue concebido desde el límite. Se miraba a las personas desde todo lo que no iban a poder ser ni hacer. Aprendí —a fuerza de burocracias, incertidumbre, miedos y del amor como fuerza principal — que ese es el primer error que necesitamos corregir. No solo los padres, sino todos los seres humanos que forman parte de un entramado social que pretende sanarse.

Iván no es lo que no puede hacer. Iván es quien es y todo el despliegue de su insospechado e inesperado potencial. Amarlo desde su ser y criarlo desde una mirada diferente nos cambió la vida y modificó sus futuros posibles.

Iván fue pionero, abrió caminos, sin proponérselo. Fue el primer alumno con integración particular en la provincia de Buenos Aires, en una época donde cruzar la General Paz implicaba también cruzar una frontera en términos de derechos.

Nada fue sencillo. Hubo que insistir, argumentar y sostener decisiones frente a miradas limitantes y estructuras que, muchas veces, terminan restringiendo posibilidades.

Necesito insistir: un diagnóstico no es pronóstico. Es un punto de partida, una primera comprensión. Nunca es un destino. En el autismo, cada caso es único, así como somos las personas todas. Todos los que acompañamos el crecimiento de nuestros hijos sabemos muy bien que no hay recetas, ni atajos, ni caminos lineales. No hay garantías, no hay causas y consecuencias predeterminadas. En el autismo también es así.

¿En qué es bueno Iván? ¿Qué le gusta? ¿Qué disfruta? ¿En qué lugares y junto a quiénes él despliega todo lo que es? Preguntas como estas nos ayudaron a tomar buenas decisiones, para nosotros como padres y, lo más importante, para la vida de él.

La música apareció como una gran respuesta, y con la música, el lenguaje. Iván no hablaba, pero cantaba. No se comunicaba como nosotros, pero encontraba formas de decir. Hoy es percusionista, cantante y fundador de Iván y sus amigos. Junto a músicos profesionales, desde hace más de 13 años es parte de un proyecto que no solo produce música: demuestra que la inclusión y la convivencia son posibles y reales.

Recientemente, el documental sobre su vida, “Los silencios de Iván”, fue nominado a los Premios Emmy Suncoast 2025. Se trata de un hecho inédito que trasciende lo artístico: pone en evidencia que, cuando existen oportunidades y acompañamiento, las diferencias no limitan, sino que potencian.

Sin embargo, esta no es la realidad de la mayoría. Las estadísticas ayudan a dimensionar el desafío. A nivel internacional, se estima que 1 de cada 36 niños se encuentra dentro del espectro autista. En Argentina, si bien no existe aún un censo oficial específico sobre TEA, distintas proyecciones permiten estimar que más de un millón de personas podrían estar dentro del espectro. Es decir, no se trata de una realidad marginal: atraviesa a toda la sociedad. Y, sin embargo, las respuestas aún son insuficientes.

Lo digo con claridad: una gran parte de las familias no cuenta con los recursos necesarios para acceder a los tratamientos, apoyos y profesionales que sus hijos requieren. Allí aparece una deuda estructural: el acompañamiento no puede depender exclusivamente de la capacidad económica.

A esto se suma un factor más silencioso, pero igualmente determinante: el desconocimiento. Y con él, el miedo. Cuando no conocemos, nos incomoda. Y cuando nos incomoda, tendemos a alejarnos. Por eso insisto en hablar, en visibilizar, en compartir experiencias. No para dramatizar el autismo, sino para comprenderlo.

Es necesario correrse de los rótulos. Las etiquetas, lejos de ayudar, muchas veces encasillan y reducen. Las personas no son diagnósticos.

Como padre, hay una pregunta que nunca deja de aparecer: ¿qué va a ser de la vida de tu hijo cuando vos no estés? Esa es la verdadera urgencia. Y la respuesta trasciende a las posibilidades de la familia.

La respuesta está en una sociedad que incluya de manera efectiva. En escuelas que integren con sentido. En profesionales que no subestimen. En un Estado que facilite en lugar de obstaculizar. Y también en un sector privado comprometido.

A las empresas les digo algo concreto: abran la mente. Generen oportunidades reales de inclusión laboral. No lo planteo desde una experiencia individual, sino desde una convicción colectiva. Sabemos lo que significa encontrarse con barreras. También sabemos lo que sucede cuando alguien decide confiar.

Por eso hoy, más que nunca, la inclusión no es un discurso. Es una decisión.

A las familias que están recibiendo un diagnóstico, quiero comunicarles algo con serenidad: no se asusten. El mundo no se termina. Comienza un camino distinto. Exigente, sí, pero también profundamente transformador. No se aíslen. No tengan vergüenza. Consulten, compartan, busquen redes. Y, sobre todo, miren a sus hijos: allí están las claves.

En lo personal, Iván transformó mi vida. Me enseñó a ampliar la mirada, a ser más empático, a comprender que todos tenemos limitaciones, pero también capacidades. Y que el verdadero desafío está en descubrirlas y desarrollarlas.

Si logramos, como sociedad, pasar de una lógica centrada en la limitación a una enfocada en el potencial, estaremos más cerca de una convivencia real, donde la diversidad no reste sino que sume.

Porque, en definitiva, de eso se trata: de que todas las personas tengamos las mismas oportunidades para lograr nuestra mejor versión.

Frente a las actuales circunstancias internacionales, la disputa entre las grandes potencias por la hegemonía mundial, los conflictos armados existentes y el balance apreciado de poder, desde la fundación Argentina Azul consideramos que es el momento oportuno para que se concrete la descolonización de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y que Argentina recupere la posesión y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dichas islas al tiempo que coopera con la estabilidad global.

Sin descartar cierta información pública que difunde algún distanciamiento entre las partes, la larga y profunda asociación estratégica y la cooperación existentes entre Estados Unidos y la Corona Británica con el Reino Unido y sus demás Estados de la mancomunidad, se mantienen consolidadas para enfrentar su creciente disputa global con la República Popular China asociada a la Federación Rusa.

El Atlántico Sur, y en particular el Sudoccidental, incrementan su relevancia para las potencias mundiales conforme escala el conflicto global, debido a las necesidades de asegurar sus intereses, controlar los espacios y negarlos a su oponente.

En particular, la estabilidad y el control ordenado de la región marítima argentina es importante para proteger y desarrollar los valiosos intereses estadounidenses y británicos en Argentina continental, las Islas del Atlántico Sur, los espacios marítimos, la Antártida, la comunicación Norte-Sur con la Antártida y la Este-Oeste con el Pacífico.

Hoy día, con el conflicto de Medio Oriente, el riesgo en las líneas de comunicaciones marítimas y el desabastecimiento generalizado de petróleo mundial catapultó la relevancia de preservar la seguridad para la próxima explotación petrolera en la plataforma continental argentina del yacimiento de León Marino por parte del Reino Unido con su socio Israel, que puede ser brindada por Argentina permitiendo su asociación.

Como declara la Constitución Nacional, Argentina ha ratificado en la Disposición Transitoria Primera su legítima e imprescriptible soberanía sobre sus Islas, y la recuperación de la posesión y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

En consecuencia, desde la Fundación Argentina Azul advertimos que hay una coincidencia de intereses entre Estados Unidos y Argentina en torno a la soberanía y posesión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la Antártida Argentina y jurisdicciones marítimas correspondientes y el control de dichos espacios e intereses estadounidenses en la región que, de llegarse a una cooperación, hasta pueden preservar los intereses económicos británicos existentes, que son la razón de la usurpación de las islas y su entorno.

Ante la creciente y compleja disputa de Estados Unidos y la Corona Británica con China, se incentiva la asociación con Argentina una vez recuperada la posesión y el ejercicio pleno de la soberanía. Esta vinculación puede motivar a Estados Unidos a inducir a la Corona a reintegrar cuanto antes los 2.600.000 km2 de jurisdicciones insulares y marítimas invadidas a la Argentina, así como a establecer una presencia militar estadounidense que, sumada al desarrollo de la defensa argentina, permitan controlar la región continental, marítima y antártica.

En este sentido, proponemos una alianza estratégica bilateral que profundice la actual declaración unilateral estadounidense de Aliado extra-OTAN de Argentina, con la creación de una base militar mixta argentino-estadounidense en las Islas Malvinas por un plazo de 20 años, hasta que Argentina esté en condiciones de garantizar por sí misma el control, la administración, la prevención y la proyección en toda la zona jurisdiccional nacional y espacios adyacentes de interés.

A pesar de las agresiones estadounidenses a Argentina de 1831 y del apoyo directo a la Corona Británica en 1982 en contra de nuestro país, esta futura alianza estratégica propuesta demostraría con claridad meridiana la determinación de Estados Unidos y Argentina de ser socios estratégicos confiables y duraderos, y garantizaría a Argentina la posesión, el ejercicio de la soberanía plena, el control y el cuidado absoluto de nuestros intereses marítimos. Asimismo, permitiría la solución del importante y largo conflicto con la Corona Británica, favoreciendo el equilibrio regional y la seguridad de paz del Atlántico sur, dejando como contrapartida de negociación un reconocimiento de los intereses estadounidenses y británicos en la región.

La creación de esta base militar combinada implicaría: la consolidación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con su mar correspondiente; el efectivo ejercicio de la doctrina Monroe (América para los americanos); y la preeminencia del poder estadounidense en la región, al tiempo que se contribuye a la preservación de sus intereses y constituye un ejemplo de cooperación internacional en el mundo.

Objetivos argentinos

• Recuperar la posesión y el ejercicio de la soberanía plena de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
• Establecer una alianza estratégica con Estados Unidos de conveniencia y confianza mutua.
• Garantizar el control y cuidado absoluto de los recursos naturales e intereses marítimos de Argentina, Estados Unidos y la Corona Británica en la región.
• Promover la cooperación internacional en la región.

Plazos

La intervención estadounidense y el acuerdo para la devolución a Argentina de las jurisdicciones invadidas por la Corona Británica y su Reino Unido debería iniciarse de inmediato para su cumplimiento con la entrega de la posesión definitiva en el año 2027.

La base militar mixta, a partir de la posesión argentina de las Islas se establecería por un plazo de 20 años, hasta que Argentina esté en condiciones de garantizar por sí misma la defensa, el control, la administración y la proyección de poder en toda la zona jurisdiccional nacional continental, insular, marítima y antártica.

Emilio Rosatti es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Desde el año 2022, se encuentra concursando para acceder a una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Se trató del Concurso N° 473. Dicho concurso se encuentra regido por el Régimen de Selección de Magistrados actualmente vigente en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El mismo prevé un llamado (arts. 5, 6 y 49), una inscripción (arts. 21 al 28), la convocatoria a jurado (arts. 7 a 20) y la prueba de oposición escrita y evaluación de antecedentes (arts. 30 a 36).

En el mencionado concurso, hasta la etapa mencionada (prueba de oposición escrita y evaluación de antecedentes), Rosatti había quedado segundo en el examen escrito (sacando un 88 y solo siendo superado por Gonzalo Fernández con un 99), pero en la evaluación de antecedentes quedó noveno con 62,2 puntos.

El art. 37 del actual reglamento prevé que se fije un orden de mérito, teniendo en cuenta la prueba de oposición y la evaluación de antecedentes. En dicho orden de mérito, quedó: 1) Gonzalo Fernández (172,75); 2) Walter Alberto Rodríguez (155,70); 3) Patricio Octavio Longo (153,95) y 4) Emilio Rosatti (150,45).

Este orden de mérito es impugnable (conforme lo prevé el art. 38), y las impugnaciones las resuelve una subcomisión. Dicha subcomisión, conformada al efecto por Diego Molea y Carlos Matterson, redujo ciertos puntos a Fernández; y sumó algunos otros a Rosatti, generando que éste quede en tercer lugar.

Este tercer lugar acarreaba una complicación para Rosatti: el art. 44 del Régimen actual prevé que debe incorporarse una mujer en la terna.

Posteriormente a ello, los arts. 40 y 41 prevén las convocatorias a entrevistas personales y el dictamen de la Comisión de Selección. Allí es donde su problemática pareció verse resuelta: luego de las entrevistas, duramente cuestionadas por los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz por carecer de parámetros objetivos para valorar su influencia en el orden de mérito, Emilio Rosatti pasó del tercer puesto al primer puesto. En dichas entrevistas personales, de acuerdo con la Resolución 71/2024, estuvieron presentes Hugo Galderisi, Miguel Piedecasas, Alberto Agustín Lugones, Álvaro González, Maria Alejandra Provitola, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio y Diego Gustavo Barroetaveña; mientras que los Dres. Galderisi y Piedecasas, integrantes de la Subcomisión, elevaron el informe para consideración del Plenario.

Dicho dictamen (art. 44 del Régimen) fue elevado al Plenario y allí tratado (arts. 45, 46 y 48).

Mediante la Resolución 71/2024, se aprobó la terna para remitir al Poder Ejecutivo Nacional en el siguiente orden: 1°) Emilio Rosatti; 2°) Gonzalo Fernández; 3°) Sofia Chiambretto. De la lectura del acta de la entrevista personal, se detalló que Rosatti “demostró un cabal conocimiento de la jurisdicción en concurso, fundado en su trayectoria profesional en el tribunal concursado”. Asimismo, que respondió de forma “detallada y solvente” y que respondió “ampliamente respecto de los tiempos del proceso”. Asimismo, se tuvo en cuenta que “entiende que el nuevo código va a acelerar los procesos” y que la presión social sobre los fallos de los magistrados, será resuelto por los medios que el nuevo Código brinda con la “oralidad y publicidad”.

El presidente Milei, el mismo día que los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz presentaron el nuevo proyecto de Régimen para la Selección de Magistrados, remitió la terna que incluye a Rosatti al Senado de la Nación con la firma del ministro Mahiques.

La entrevista personal mencionada y los fundamentos -aparentes- que permitieron a Rosatti quedar primero en la terna en cuestión, parecen estar en franca oposición a la nueva regulación promovida por la Corte. Específicamente, la entrevista personal fue un tema central mencionado tanto por Lorenzetti como por Rosenkrantz. El punto VII de la acordada 4/2026 destaca, en referencia a la entrevista personal, que “la relativa amplitud con la que dicha instancia sido diseñada ha permitido que, en la práctica, su valoración se desarrolle sin criterios suficientemente estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos. Ello aconseja introducir reglas más claras y previsibles que aseguren que esta etapa cumpla adecuadamente su finalidad institucional, evitando que la valoración de los postulantes se haga de modo disfuncional para el objetivo de lograr identificar a los más meritorios e idóneos y que se altere de manera significativa el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas”.

Parece ser que, a estas cuestiones, se referían los ministros en cuanto a su motivación para introducir las modificaciones propuestas. Incluso, en el punto XI, la acordada dispone la acotación de la incidencia de esta etapa, “otorgándole un máximo de veinte (20) puntos sobre un total de doscientos (200), distribuidos en pautas tasadas, y estableciendo reglas objetivas para la conformación de las ternas y las listas complementarias, erradicando la posible manipulación de los resultados finales”.

Hay obras que se ven.

Y hay obras que te transforman por dentro.

Hamlet, de William Shakespeare, es una de las piezas más complejas jamás escritas: poder, traición, duda, muerte. Un príncipe enfrentado no solo a un crimen, sino al peso de existir en un sistema que ya no reconoce como propio.

Pero lo que está ocurriendo hoy con Hamlet desde Perú no es una interpretación más.

Es una intervención.

La versión dirigida por Chela De Ferrari en Teatro La Plaza toma ese texto universal y lo coloca en los cuerpos, las voces y la presencia de jóvenes actores peruanos con síndrome de Down — entre ellos Jaime Cruz, Manuel García, Cristian Alarcón, Ximena Rodríguez, Diana Gutiérrez.

Y en ese gesto, algo se transforma.

No el texto.

El sistema.

Tuve la increíble oportunidad de asistir a una de las primeras funciones en 2019, en Lima.

Y lo que vi fue realidad, fue verdad, fue belleza.

Fue una pregunta que no se podía esquivar: ¿Quién decide quién puede representar lo universal?

Hoy, esa misma obra está recorriendo el mundo.

Actualmente, el elenco se presenta en Nueva York, en el Polonsky Shakespeare Center, como parte del circuito internacional que ha llevado esta obra a escenarios en Europa y América Latina.

Estamos hablando de centros culturales donde se define el canon contemporáneo.

Y ahí están ellos.

Ocupándolo.

Lo que ocurre en escena es difícil de explicar con lenguaje técnico.

Porque no se trata solo de actuación.

Se trata de presencia.

Cada gesto, cada silencio, cada palabra resignifica Hamlet.

Lo desplaza del conflicto individual al conflicto estructural: ser visto, ser escuchado, ser reconocido en un mundo que históricamente ha decidido quién importa.

Esto no es solo inclusión.

Es una reconfiguración cultural.

Es el momento en que un grupo de jóvenes peruanos —desde el arte— empieza a transformar las reglas no escritas de quién tiene acceso a los espacios de legitimidad global.

Y hay algo profundamente poderoso en esto.

Porque no están pidiendo permiso.

No están adaptándose al sistema.

Están obligando al sistema a adaptarse.

Estoy seguro de que lo que me transformó en esa sala en Lima en 2019 es lo mismo que hoy está impactando a audiencias en Nueva York, en Europa, en cada ciudad donde esta obra se presenta.

No es solo empatía lo que generan, es algo aún más poderoso, es reconocimiento.

En un mundo que sigue operando con categorías estrechas de talento, capacidad y valor, esta obra hace algo radical: expande el campo de lo posible.

Y por eso —más allá del teatro— esto es tan transformador.

Porque cuando se redefine quién puede estar en escena, también se empieza a redefinir quién puede estar en el poder, en la economía, en la toma de decisiones.

Lo que está ocurriendo con Hamlet no es solo un logro artístico, es un acto político, cultural y simbólico de enorme escala.

Y sí, hay que decirlo con claridad: es algo que debe llenarnos de orgullo.

Un orgullo enorme ver a estos jóvenes peruanos no solo representar a Perú, sino transformar, desde el arte, la conversación global sobre talento, dignidad y posibilidades.

Porque al final, la pregunta de Hamlet siempre fue existencial: ¿ser o no ser?

Ellos ya respondieron.

Y lo hicieron ocupando el escenario del mundo.

El reciente predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras, ha sido presentado como una medida para dinamizar el acceso al territorio. Sin embargo, más que una solución, representa un riesgo para el desarrollo del país y una señal preocupante de desconexión con la realidad del sector.

La minería no funciona en ciclos cortos. Desde la exploración hasta la producción, pasando por ampliaciones y reposiciones, los proyectos requieren décadas para madurar. En el Perú, los grandes desarrollos mineros han tomado incluso hasta 40 años. Pretender acortar los plazos de concesión en este contexto no solo carece de sustento técnico, sino que genera incertidumbre y desalienta inversiones que son clave para el crecimiento económico y el desarrollo territorial.

Esta propuesta ni siquiera responde a las verdaderas prioridades del sector. El principal desafío del país no es la duración de las concesiones, sino la expansión de la minería ilegal, que avanza en ausencia del Estado, depreda ecosistemas y somete a miles de peruanos a condiciones de violencia y explotación. Debilitar el marco formal —como lo hace esta iniciativa— solo abre más espacios para estas economías ilícitas.

Quienes defienden este predictamen, señalan que se busca impulsar la pequeña minería. La evidencia demuestra lo contrario. La mayoría de concesiones invadidas por la minería informal pertenecen justamente a pequeños mineros y mineros artesanales, quienes hoy no cuentan con la protección efectiva del Estado. Reducir los plazos de concesión no los fortalece; los expone aún más.

La verdadera ruta pasa por la formalización. La ilegalidad no se combate con más informalidad, sino con reglas claras, instituciones sólidas y políticas públicas coherentes. En esa línea, el Congreso tiene una tarea urgente: consolidar una Ley MAPE que permita el desarrollo sostenible de la pequeña minería, con criterios técnicos y mecanismos reales de acompañamiento.

Asimismo, es indispensable abordar uno de los principales cuellos de botella del sector: la permisología. Hoy, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar décadas no por falta de recursos, sino por la complejidad y lentitud de los procesos administrativos. Agilizar evaluaciones, mejorar la calidad de los expedientes y consolidar herramientas como la Ventanilla Única Digital debería estar en el centro de la agenda de nuestras autoridades.

El reto del país no es solo atraer inversión, sino convertir la minería en desarrollo sostenible para la ciudadanía. Eso implica mirar el largo plazo, generar confianza y asegurar que los beneficios de la actividad lleguen efectivamente a las regiones.

Lamentablemente, iniciativas como este predictamen refuerzan la percepción de que se legisla respondiendo a intereses de corto plazo o de grupos específicos, en lugar de pensar en el bienestar colectivo. Esta desconexión alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

El Perú merece autoridades con una visión más amplia, capaces de entender la complejidad del sector y de priorizar políticas que generen desarrollo real. Ese es un desafío que también corresponde a la ciudadanía, que tiene en sus manos la posibilidad de exigir mejores decisiones.

Reducir concesiones no es el camino. Apostar por la formalidad, la competitividad y la sostenibilidad sí lo es.

En el mundo jurídico -y especialmente en el ejercicio profesional de la abogacía- hay una discusión que, más que técnica, parece cultural: si se debe o no admitir el uso de inteligencia artificial (IA) en la elaboración de escritos, dictámenes o incluso decisiones judiciales.

Algunos sectores proponen regularla. Otros, directamente, limitarla o prohibirla. Y muchos, en la práctica, la utilizan en silencio.

El problema es que el debate, tal como está planteado, parte de una premisa equivocada: supone que la intervención de la inteligencia artificial sería algo excepcional dentro del proceso jurídico, cuando en realidad lo excepcional sería que alguien produzca un escrito o una decisión completamente en soledad.

En la práctica, eso nunca existió.

En estudios jurídicos -grandes, medianos o incluso pequeños- los escritos rara vez son obra de una sola persona. Hay equipos, borradores, revisiones, aportes cruzados. Finalmente firma un abogado, que asume la responsabilidad profesional.

En el Poder Judicial ocurre algo similar. Jueces y fiscales firman resoluciones que muchas veces han sido trabajadas por relatores, secretarios o equipos técnicos. Nadie discute eso. Nadie exige que se detalle quién redactó cada párrafo.

La firma es lo que ordena la responsabilidad jurídica.

Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿por qué cuando interviene una herramienta de inteligencia artificial el sistema reacciona distinto? ¿Por qué se plantea la necesidad de advertirlo, declararlo o incluso restringirlo?

La respuesta no es estrictamente jurídica. Es, en gran medida, cultural.

Porque la inteligencia artificial expone algo que el sistema siempre prefirió mantener en una zona difusa: que la producción jurídica es, en esencia, un trabajo colectivo, asistido y construido por capas.

La idea del “autor individual” en el derecho -ese profesional que produce en soledad cada línea que firma- es, en gran medida, una ficción funcional.

Una ficción que ordena responsabilidades, pero que nunca describió del todo la realidad.

La diferencia es que ahora esa asistencia puede provenir de una herramienta tecnológica, más rápida, más eficiente y, en muchos casos, más incómoda.

Incomoda porque obliga a redefinir el rol.

El abogado, el fiscal o el juez dejan de ser vistos únicamente como quienes “producen” el contenido, para pasar a ser quienes lo validan, lo controlan y, sobre todo, lo asumen.

Y ese cambio de paradigma no es menor. Porque el punto central no es si se utilizó o no inteligencia artificial. El punto es quién responde por el contenido y bajo qué estándares de control profesional.

La discusión en el país

Este debate ya no es ajeno a nuestro sistema: en Argentina también comienza a discutirse -cada vez con mayor intensidad- el impacto del uso de inteligencia artificial en aspectos sensibles como el secreto profesional, la trazabilidad de la información y la validez de los escritos judiciales.

Esto no es un problema teórico: mal utilizada, la herramienta puede generar riesgos probatorios, comprometer evidencia, provocar filtraciones de información o incluso afectar la estrategia de defensa.

Y en ese punto aparece un aspecto que muchas veces se subestima: el riesgo no es tecnológico, es jurídico. Quien firma un escrito -sea elaborado por un equipo, por un relator o con asistencia tecnológica- es quien asume la responsabilidad jurídica, ética y profesional.

Plantear la prohibición o limitación de la inteligencia artificial en nombre de una supuesta “pureza” del proceso no solo desconoce cómo funciona realmente el sistema desde hace décadas, sino que además introduce una discusión que, en muchos casos, se apoya más en la apariencia que en la sustancia. Ahí es donde el debate empieza a volverse más incómodo.

Porque exigir transparencia sobre el uso de inteligencia artificial, sin aplicar el mismo estándar a las múltiples intervenciones humanas históricamente invisibilizadas, revela una tensión que no es tecnológica, sino discursiva.

Lo que incomoda no es la herramienta. Es lo que deja en evidencia.

Pero también sería un error ir al extremo contrario: usar estas herramientas sin control. La diferencia, hoy más que nunca, no la hace quien escribe. La hace quien dirige, quien revisa y quien entiende el impacto de lo que firma.

En la práctica, esto redefine el modo en que se construye la estrategia jurídica: ya no alcanza con producir contenido correcto, sino que es necesario comprender cómo se genera, qué sesgos puede introducir y cómo impacta en el caso concreto.

La conducción del proceso -y no la mera redacción- pasa a ser el verdadero diferencial profesional. En ese escenario, la inteligencia artificial no reemplaza la capacidad técnica ni la estrategia jurídica. La potencia.

Del mismo modo en que en su momento la incorporación del ADN o de la identificación por huellas dactilares transformó la criminalística sin reemplazar al investigador, la inteligencia artificial se integra como una herramienta que acelera procesos, ordena información y amplía capacidades.

Nadie discute hoy el uso de esas herramientas. Simplemente se las utiliza. Porque el valor nunca estuvo en el instrumento, sino en quién lo interpreta, lo dirige y lo convierte en una estrategia.

Por eso, el debate serio no debería ser si se usa o no se usa. Eso ya está saldado en la práctica.

La discusión real pasa por otro lado: cómo se usa, bajo qué estándares, con qué controles y con qué nivel de intervención humana.

En el derecho, la diferencia nunca estuvo en la herramienta, sino en la responsabilidad profesional y en la estrategia de quien la utiliza.

En un sistema donde la producción siempre fue colectiva, pero la responsabilidad siempre fue individual, la inteligencia artificial no cambia las reglas. Lo que cambia es quién entiende lo que está firmando… y quién no.

Y eso, en derecho, nunca es un detalle menor.

*El autor es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 24 de marzo de 2026, sobre las políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en el Perú, generó un consenso poco habitual al reconocer un sistema de gestión pesquera, particularmente en el ámbito industrial, sustentado en evidencia científica, con un marco de ordenamiento sólido y alineado con estándares internacionales.

La OCDE no sólo muestra que el Perú tenga una buena política pesquera, sino también que, en ese sector, el Estado peruano ha logrado construir un sistema que funciona. Uno que toma decisiones con base en información científica, que aplica reglas previsibles y que cuenta con mecanismos de control efectivos. En otras palabras, un sistema que, en los hechos, ya opera con estándares OCDE.

Ese es el verdadero punto de partida.

La gestión pesquera peruana no es improvisada, esta se sostiene sobre una arquitectura institucional compleja que articula la investigación científica y la regulación. Las decisiones sobre cuotas, vedas y temporadas de pesca se sustentan en recomendaciones técnicas y en información científica. A ello se suma un conjunto de herramientas de trazabilidad y seguimiento que permiten supervisar de manera continua la actividad, particularmente en la flota industrial.

En esa línea, los resultados son concretos, al obtener pesquerías en niveles biológicamente sostenibles, el posicionamiento de una de las principales industrias pesqueras del mundo y una reputación internacional que hoy es validada por la OCDE.

Hay, además, un elemento poco destacado que resulta especialmente revelador. A diferencia de muchos países de la OCDE, el Perú ha desarrollado este sistema con menor dependencia de subsidios, con niveles de apoyo significativamente inferiores al promedio de esos países. Ese equilibrio entre sustento científico, legislación basada en información técnica y científica y la capacidad de gestión constituye un activo que el país aún no termina de reconocer plenamente.

Sin embargo, el informe no es solo una validación. Es también una advertencia.

El Perú ha logrado consolidar un estándar alto en la pesca industrial, pero ese mismo nivel no se replica de manera homogénea en todo el sector pesquero peruano. Persisten brechas importantes en la pesca artesanal, en la acuicultura y, sobre todo, en la capacidad de implementación a nivel regional. La informalidad, las limitaciones institucionales en territorio y la fragmentación en la gestión siguen siendo desafíos pendientes.

El desafío que plantea la OCDE ya no es meramente técnico, pues no se trata de aprender a gestionar mejor la pesca —eso, en gran medida, ya se ha logrado— sino de avanzar hacia una segunda generación de políticas, fortalecer la gobernanza territorial, simplificar marcos regulatorios, integrar mejor a los actores más rezagados y consolidar la sostenibilidad en todo el ecosistema.

En ese tránsito, la pesca ofrece una lección que trasciende al propio sector.

Demuestra que es posible construir políticas públicas basadas en evidencia científica, con instituciones técnicas sólidas y normas, incluso en contextos complejos. Demuestra, también, que el Estado peruano sí tiene la capacidad de operar con estándares internacionales cuando existe continuidad, enfoque técnico y voluntad de sostener decisiones en el tiempo.

Por ello, el informe de la OCDE no debe leerse solo como una buena noticia para el sector pesquero. Se trata de un estudio técnico que analiza la legislación, la planificación y la gestión científica de la pesca industrial peruana, y evidencia cómo el Estado peruano ha desarrollado capacidades institucionales para operar con estándares internacionales. En este ámbito, el Perú ya constituye un ejemplo, y cabe preguntarse por qué solo el sector industrial sigue siendo la excepción dentro de la pesca nacional.

La Ley de Modernización Laboral ocupó un lugar destacado en la agenda política hasta su aprobación, pero en pocas ocasiones su discusión pública excedió aspectos elementales de su redacción o la intención de su utilización partidaria.

Despejada esa efervescencia inicial y con la ley ya vigente, es imprescindible recordar por qué es necesaria y cuál será el rol del nuevo esquema normativo en la reorganización legal laboral y en la expectativa de reactivación del empleo iniciada con la Ley de Bases en julio de 2024. Ello, para no caer nuevamente en errores del pasado.

Los extremos de nuestro abanico ideológico pretendieron simplificar la discusión, asignando al proyecto de ley un rol de generador automático de inversión o bien el papel de destructor del empleo y del tejido social.

Ahora bien, el rol fundamental de la legislación laboral es la de ser un marco normativo claro para no entorpecer una actividad económica que no obedece tan linealmente a cuestiones legales; mientras garantiza derechos elementales para los empleados. Todo ello en un marco de desempleo y precariedad laboral que siempre fue preocupante en nuestro país.

El rol fundamental de la legislación laboral es la de ser un marco normativo claro para no entorpecer una actividad económica

Simplificando el origen de este contexto y considerando que los mayores empleadores en Argentina son las pymes, la crisis de empleo obedece básicamente a que el empleo registrado es caro, tanto para el empleador como para el empleado; la actividad económica no justifica a los ojos de las empresas una mayor incorporación de personal; y la inseguridad jurídica hace percibir como un riesgo a la incorporación de personal.

La reducción real del costo empresario del empleo considerando las contribuciones patronales y la afectación del salario por los aportes no aparecen como opciones viables en el esquema actual, donde hay menos de dos empleados aportantes por cada beneficiario del sistema previsional. Y el desarrollo de la actividad económica excede con creces al análisis estrictamente laboral.

Donde la legislación laboral sí puede y debe ocupar un lugar preponderante es en su rol como organizador y garante de reglas claras para una actividad determinada. La Ley de Modernización Laboral pretende entonces poner cierto orden en este aspecto; el de la inseguridad jurídica que tornaba inviable cualquier proyección legal seria de nuestra realidad laboral.

Donde la legislación laboral sí puede y debe ocupar un lugar preponderante es en su rol como organizador y garante de reglas claras para una actividad determinada

Nuestro esquema legal laboral era insostenible en las condiciones previas a la modificación iniciada con la Ley de Bases en 2024. Se encontraba plagado de inconstitucionalidades, normas en desuso e interpretaciones judiciales tan disímiles como contradictorias. Explicar nuestro orden laboral a un posible inversor no era complejo (ciertos países europeos cuentan con esquemas más protectorios que el nuestro), pero lo que era increíble para quien pudiera proyectar una inversión es que casi no contábamos con regulaciones legales laborales cuyo cumplimiento pudiera generar previsibilidad. Esto es, entender que el cumplimiento de la normativa laboral rara vez garantizaba la inexistencia de contingencias.

Recibir asesoramiento legal se volvió algo frustrante para el empresario, donde el riesgo siempre se encontraba presente por la indefinición y confusión legal.

Las pautas principales de la Ley de Contrato de Trabajo se encontraban tan desvirtuadas por su constante reinterpretación que resultaba improbable tener certeza sobre aspectos básicos y fundamentales. El régimen indemnizatorio, las modalidades de contratación, los beneficios, la jornada, las alternativas de contratación de servicios o la registración laboral elemental pasaron de ser reglas claras, a objetos de discusión constante, reinterpretación judicial y planteos de inconstitucionalidad. Siquiera podíamos contar con un criterio unánime de cómo debían actualizarse los créditos laborales cuando nuestros tribunales no lograron consensuar un criterio aritmético de actualización de obligaciones monetarias.

Nuestros tribunales ya están plagados de planteos de su inconstitucionalidad en algo tan lineal como la unificación del cálculo de intereses que dispone

La erosión constante de la normativa laboral derivó con los años en un escenario legal completamente inútil como regulación, en un inusitado incremento de la litigiosidad laboral y en términos generales, en un contexto que desalentaba cualquier análisis serio de viabilidad de inversión en términos de empleo.

Preguntas tan elementales como la forma adecuada de calcular una indemnización, la viabilidad de un régimen de jornada o el costo actualizado de un juicio sencillamente no tenían una respuesta concreta. Esta indefinición fue ignorada durante años desde lo legislativo.

El mayor aporte de la Ley de Modernización Laboral es entonces la definición de pautas claras que nos permitan superar la confusión que imperaba en el orden laboral, especialmente en cuanto a la definición de indemnizaciones, qué debe entenderse conceptualmente como salario y cierta libertad en la reorganización de la jornada que era imprescindible. Además, modernizan el esquema del trabajo y otorgan herramientas financieras (como el Fondo de Asistencia Laboral) que reducirán el impacto de las indemnizaciones y garantizarán su cobro por parte de los empleados.

Ahora, la tentación de la anarquía legal anterior subyace. A muchos de los protagonistas legales les cuesta comprender que la sanción de una ley es la finalización de un proceso, no el comienzo de una revisión legal y judicial para verificar si lo que decidió el Poder Legislativo se adecua o no a sus intereses particulares.

No nos encontramos con un cambio en el paradigma del empleo, sino con un ajuste y recalibración que ya no podía seguir posponiéndose

A menos de un mes del dictado de la nueva ley, nuestros tribunales ya están plagados de planteos de su inconstitucionalidad en algo tan lineal como la unificación del cálculo de intereses que dispone. Diversos sectores sociales denuncian anacrónicamente una supuesta pérdida de derechos laborales, el debilitamiento la representación sindical como garante de los derechos laborales y la afectación de garantías constitucionales y pactos internacionales. Por otro lado, además, los tiempos en la tramitación de los juicios laborales generan incertidumbre sobre los pronunciamientos pendientes respecto la constitucionalidad o no de otros aspectos de la Ley de Bases.

El carácter protectorio del Derecho del Trabajo es innegable y fundacional y también es incontrastable que la subsistencia de la mediana y pequeña empresa se encuentra en riesgo si no logra adaptarse a muchos de los vaivenes de la economía. Pero esta necesidad social y empresarial no puede dejar de lado que la relación de empleo es un contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes y que su contenido debe evolucionar para no perjudicar a quienes debe proteger.

No nos encontramos con un cambio en el paradigma del empleo, sino con un ajuste y recalibración que ya no podía seguir posponiéndose. Tenemos un elemento fresco en cuando a su validez legal, moderno y que, si bien es perfectible, nos otorga una nueva oportunidad para ordenar nuestra realidad laboral.

Proteger y velar por el mantenimiento de este nuevo punto de partida es una responsabilidad de todos los actores del marco legal laboral, abogados, jueces, doctrinarios, sindicatos y cámaras empresariales.

Tenemos una nueva oportunidad. Tratemos de hacerlo mejor esta vez.

El autor es Counsel del área de Derecho Laboral en Bomchil

¿Logrará la gestión de Javier Milei abrir el camino hacia una confianza de largo plazo?

Hasta el presente, y a pesar de los avances en términos legislativos y regulatorios introducidos por la Ley 26.831 y las reformas posteriores de la Ley 27.440, así como de la continua actualización impulsada por la Comisión Nacional de Valores, el mercado de capitales en Argentina continúa siendo de escasa dimensión y bajo atractivo relativo, sin lograr canalizar un flujo sostenido de financiamiento hacia la oferta pública comparable al de otras economías de la región.

El gobierno que asumió en diciembre de 2023 aportó, como primer resultado relevante, evitar un escenario de hiperinflación de magnitud similar al experimentado en el período de la hiperinflación argentina de 1989-1990. El giro en las expectativas fue abrupto, reflejando una decisión social mayoritaria de abandonar una dinámica de crisis considerada inevitable y apostar a un programa económico sin antecedentes de gestión, pero percibido como una alternativa frente a un escenario extremo.

El modelo libertario a partir de 2023, fue percibido como “confuso” en sus etapas iniciales, en parte debido a la simultaneidad y urgencia de las reformas propuestas

Este episodio se inscribe en una trayectoria más amplia: la economía argentina ha transitado, en las últimas décadas, una sucesión de enfoques de política económica -heterodoxos y ortodoxos- que más allá de sus diferencias, no han logrado consolidar un sendero sostenido de confianza, credibilidad y crecimiento.

El modelo libertario a partir de 2023, fue percibido como “confuso” en sus etapas iniciales, en parte debido a la simultaneidad y urgencia de las reformas propuestas. No obstante, implicaba una redefinición más radical del rol del Estado y de la política económica.

Propuestas como la dolarización, la eventual eliminación de la moneda local y del sistema monetario formó parte del marco conceptual inicial, aunque posteriormente fueron postergadas —o eventualmente descartadas— frente a restricciones institucionales, macroeconómicas y de implementación, tales como la ausencia de reservas suficientes, financiamiento externo y ahorro privado dispuesto a sostener el proceso.

A dos años del inicio de la gestión, se observan avances concretos junto con persistentes zonas de indeterminación.

En este marco, la cuestión central ya no reside únicamente en la validez del diagnóstico, sino en la capacidad de la política económica para traducir la velocidad y consistencia de los ajustes en un proceso sostenido de construcción de confianza de largo plazo. En particular, el período crítico hacia 2027 constituirá un punto de inflexión para evaluar si los avances logrados se consolidan en términos de credibilidad intertemporal o si, por el contrario, tienden a diluirse.

1. Claves del éxito: confianza de largo plazo y consistencia intertemporal

La construcción de confianza de largo plazo y la consistencia intertemporal constituyen dimensiones complementarias de la credibilidad de la política económica.

A dos años del inicio de la gestión, se observan avances concretos junto con persistentes zonas de indeterminación

Mientras la primera refiere a la formación de expectativas estables por parte de los agentes económicos, la segunda alude a la capacidad del gobierno de sostener en el tiempo políticas coherentes con los compromisos asumidos.

La ausencia de cualquiera de estas dimensiones tiende a erosionar la efectividad de las políticas, limitando su impacto sobre la inversión, el ahorro y el crecimiento.

Un ejemplo ilustrativo puede observarse en la evolución de los tipos de cambio en economías de América Latina durante la última década. Países como México, Chile o Brasil exhiben trayectorias que, con matices, reflejan cierta estabilidad relativa, consistente con niveles de inflación moderados y previsibilidad macroeconómica. En contraste, la dinámica de Argentina revela una volatilidad extrema, incompatible con la formación de expectativas de largo plazo.

La construcción de escenarios futuros en economías estables se apoya en supuestos relativamente previsibles, basados en trayectorias consistentes en el tiempo, independientemente de los cambios políticos. En el caso argentino por el contrario, la elaboración de proyecciones requiere incorporar supuestos adicionales vinculados a su propia inestabilidad estructural.

La profundidad efectiva del mercado de capitales continúa siendo limitada

En este sentido, la construcción de credibilidad intertemporal no puede ser el resultado de un único ciclo de gobierno, sino que probablemente requiera períodos prolongados de estabilidad -más cercanos a décadas que a años-. Este aspecto constituye un factor clave para evitar extrapolaciones excesivamente optimistas basadas en logros de corto plazo.

2. El caso del mercado de capitales

Argentina ha registrado avances significativos en el plano normativo del mercado de capitales.

La Ley 26.831 introdujo reformas estructurales relevantes, reemplazando a la Ley 17.811, mientras que la Ley 27.440 amplió el conjunto de instrumentos disponibles y facilitó el financiamiento de empresas y proyectos a través de la oferta pública.

La Comisión Nacional de Valores ha promovido una actualización regulatoria continua orientada a alinear el sistema con los requerimientos del mercado, incorporando cambios que mejoran el atractivo de instrumentos como los Fondos Directos de Inversión Inmobiliaria, Fideicomisos Inmobiliarios, el régimen de Tokenización para inversiones entre otros.

Sin embargo, la profundidad efectiva del mercado de capitales continúa siendo limitada. La reducida participación de empresas en la oferta pública, junto a otros factores como la evasión fiscal, la informalidad y el desconocimiento de los instrumentos disponibles, restringen su potencial como canal de financiamiento.

En consecuencia, el desafío ya no es exclusivamente regulatorio, sino institucional y cultural: requiere alinear incentivos, mejorar la confianza y promover una mayor integración entre el sistema financiero y la economía real.

Conclusiones

• La persistencia de una confianza limitada al corto plazo y la ausencia de credibilidad intertemporal constituyen las principales restricciones al éxito del modelo económico.
• La consolidación de un marco económico estable requiere no solo resultados inmediatos, sino la construcción sostenida de expectativas de largo plazo, aún insuficientemente internalizadas en la estrategia de la política económica.
• Si bien los obstáculos regulatorios al desarrollo del mercado de capitales han sido en gran medida superados, la canalización efectiva de financiamiento hacia la economía real sigue siendo muy reducida.
• A los avances ya logrados deben sumarse políticas orientadas a consolidar una visión de largo plazo como condición indispensable para sostener el proceso de inversión y crecimiento.
• En ausencia de consensos básicos de mediano y largo plazo, la incertidumbre política expresada en interrogantes como la eventual reversión del modelo a partir de 2028 continúa operando como un factor negativo determinante sobre las decisiones de inversión.
• El resultado negativo a mediano plazo (2027/2028) por ausencia de confianza y credibilidad intertemporal conduce a recesión económica y clara la postergación de proyectos de inversión.
• La ausencia de financiamiento accesible a través del sistema bancario (empresas, familias e individuos), mercado de capitales (instrumentos con O.P.), o insuficiente aporte de capital propio, puede trasladar la demanda de fondos Off-Shore que buscan opciones en economías emergentes (Latam), concentradas en sectores de alto potencial y rentabilidad (Oil&Gas, energías renovables, minería, IA aplicada, agronegocios, otros) y estructuración legal en jurisdicciones creíbles.

El autor es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires

El mercado inmobiliario argentino empieza a mostrar señales que, después de mucho tiempo, invitan a pensar en un posible punto de inflexión. No se trata de una percepción aislada ni de un entusiasmo pasajero: hay indicadores concretos que empiezan a alinearse y que marcan un cambio en el clima del sector.

En primer lugar, volvió la actividad. Se observa un mayor volumen de operaciones y, sobre todo, un crecimiento en las consultas, especialmente en el segmento residencial. Este dato no es menor: cuando la demanda vuelve a moverse, el mercado empieza a recuperar dinamismo. A eso se suma la reaparición del crédito hipotecario, con bajas de tasas en varios bancos, lo que permite reconectar a muchas familias con la posibilidad de acceder a la vivienda. El crédito es, sin dudas, el motor del sector, y su recuperación empieza a sentirse.

También hay un contexto macroeconómico que acompaña. La desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad generan un escenario más ordenado que el que veníamos atravesando. Esto impacta directamente en las decisiones de inversión, porque en real estate las expectativas son determinantes. Cuando hay previsibilidad, cuando la volatilidad cambiaria se reduce y las reglas son más claras, el inversor vuelve a mirar el ladrillo no solo como refugio, sino como una oportunidad de crecimiento patrimonial.

Para quienes desarrollamos, este cambio también es relevante. Un entorno más estable permite proyectar costos, plazos de obra y estrategias comerciales con menos incertidumbre. Y eso es clave en un negocio en el que las decisiones se toman a largo plazo.

Sin embargo, es importante entender que la estabilidad actual, por sí sola, no alcanza para consolidar un cambio de ciclo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que esta tendencia se afiance, se necesita continuidad. Se necesita que el crédito gane profundidad, que el ingreso acompañe y que la incertidumbre siga bajando. El mercado inmobiliario argentino responde muy bien cuando aparecen confianza, horizonte y reglas claras, pero también necesita que esas condiciones se sostengan en el tiempo.

Hoy vemos además que los distintos segmentos reaccionan de manera diferente. El mercado residencial es el primero en moverse cuando mejora la confianza, porque responde a decisiones de vida concretas: mudarse, ampliar o acceder a la primera vivienda. En cambio, el segmento de inversión analiza con mayor detalle la rentabilidad esperada, el valor de reposición y el comportamiento del dólar. En ese escenario, el ladrillo vuelve a ganar atractivo cuando el costo de entrada es competitivo y cuando se percibe que los precios todavía tienen recorrido.

En los proyectos en desarrollo, la reacción es más gradual. Depende de la absorción comercial, del costo de construcción y de la capacidad de financiamiento. Lo que estamos viendo es que el inversor vuelve primero a productos muy seleccionados: buena ubicación, ticket razonable, diseño eficiente y respaldo empresario. No hay espacio para la improvisación.

También aparecen realidades distintas según la ubicación y el tipo de producto. En algunas zonas, como GBA Norte, los valores de venta mostraron subas interanuales, mientras que en otros mercados se observan ajustes vinculados a cambios normativos que impactan directamente en el valor del suelo, como en Tigre o la ciudad de La Plata, donde los cambios del COU (Código de ordenamiento urbano) generan limitaciones que impactan directamente. A esto se suma una dinámica particular en el segmento de casas, donde la comercialización presenta mayores dificultades en comparación con otros productos.

Si efectivamente estamos ante un cambio de ciclo, los próximos 12 a 18 meses van a ser determinantes. La mejora tiene que dejar de ser una expectativa y transformarse en un proceso sostenido. Para eso, es necesario que la inflación continúe descendiendo, que la estabilidad cambiaria se mantenga, que el crédito hipotecario se expanda con mayor volumen y que la actividad económica acompañe.

Pero, por sobre todo, lo que el mercado necesita es consistencia. El real estate argentino tiene una enorme capacidad de recuperación, pero requiere de condiciones claras y sostenidas para desplegar todo su potencial.

Cuando aparecen confianza, horizonte y reglas claras, el sector responde. Y hoy, después de mucho tiempo, empezamos a ver esas señales.

¿Qué pasaría si fuéramos capaces de cocinar más rápido de lo que demoramos en comer? No terminamos de aprender a usar una herramienta tecnológica y, al día siguiente, o se actualiza o aparece una superior. Sin embargo, una mayor capacidad de ejecución no implica claridad de decisión. Mucho modelo, mucho agente, pero poco se habla del paso previo que marca verdadera ventaja competitiva en la interacción humano-máquina: la abstracción.

Desde la psicología cognitiva, se define como el proceso mental que nos permite extraer patrones comunes entre diferentes elementos a fin de comprender su esencia. Así, alude a la capacidad de traducir complejidad en decisiones precisas, lo que, en tiempos de IA —en esta columna, la referencia alude a la generativa y agéntica—, adquiere relevancia como competencia productiva.

Hoy, incorporar agentes —IA que percibe, decide y actúa— parece ser el propósito o discurso en cualquier directorio que se respete. En esa línea, representan la nueva fuerza laboral que hoy ofrecen, desde el cielo tecnológico, las «big tech», cuyas trompetas celestiales resuenan a miles de millones de dólares.

Pero aquí, en la tierra, donde habitan el común de las organizaciones mortales, aunque parece haber consenso, existe poco entendimiento de algunas variables que no aparecen a primera vista.

Según recoge MIT Sloan, a partir del trabajo de diez investigadores de distintas instituciones, la adopción exitosa de la inteligencia artificial con agentes enfrenta cinco grandes retos: la integración de datos, la validación del modelo, la garantía del valor económico, la supervisión y la gobernanza; por ello, requiere una transformación organizacional integral.

Ahora bien, para correr, primero hay que gatear. ¿Qué sucede si invertimos en agentes cuando en casa apenas se usa la IA generativa? Más aún, ¿para resolver ese problema realmente necesitamos agentes? Digo, no nos pagan por automatizar problemas a gran escala, ¿o sí?

De acuerdo con PwC (2025), en una encuesta a ejecutivos de empresas estadounidenses, la mayor barrera para la implementación de agentes de inteligencia artificial es la mentalidad, la disposición al cambio y el nivel de compromiso de los empleados. En consecuencia, destinar miles de dólares a la consultora más prestigiosa, al proveedor y a la licencia más costosos, o al modelo mejor posicionado en el ranking, solo será gasto mientras esté divorciado de la esencia o causa raíz de los problemas y de su complejidad.

Vayamos a la práctica. Un gerente de comunicaciones, sin el esfuerzo cognitivo mencionado, podría limitar las iniciativas de vibe coding (programación en lenguaje natural) de sus colaboradores, ya sea por desconocimiento de cómo integrar las herramientas disponibles actualmente o por temor a la shadow AI (uso de IA fuera de la gobernanza empresarial). En ese escenario, esperaría a que el área de TI brinde las soluciones para su departamento.

Por el contrario, muy distinto es gestionar dejando de lado el «copy-paste» operativo. Al aplicar abstracción, se identificarían los flujos de trabajo propicios para implementar la tecnología y si los datos no son sensibles, las actividades son de muy bajo riesgo, la empresa aún no ofrece una solución formal y sus políticas de gobernanza siguen siendo incipientes, ¿por qué frenar la proactividad?

La magia no es la respuesta, sino la pregunta

Según Gartner, para 2030, el promedio de vida útil de las habilidades técnicas se reduciría a solo dos años. Es decir, el dominio de herramientas tecnológicas es perecedero. La abstracción, en cambio, no parece caducar; es duradera. Ese atributo la convierte en una competencia productiva valiosa en la colaboración humano-IA.

Por su naturaleza probabilística, la inteligencia artificial nos brinda innumerables respuestas, entonces la verdadera exigencia mental recae en formular preguntas precisas. En ese sentido, también es saludable reflexionar sobre el nivel de interacción que se tiene con estos sistemas. Existe un espejismo de falsa autoridad: al chatear diariamente con la IA, gran parte de la sociedad los hace cómplices de sus «genialidades», pero ello no implica, de ninguna manera, expertise en la materia.

Es decir, aunque estén relacionadas no es lo mismo utilizar que desarrollar una competencia de IA. En el primer caso, si todos tenemos la posibilidad de escribir una instrucción del tipo «haz esto», el valor se reduce a cero. El segundo escenario refiere la aplicación de técnicas de prompt y otras de distinta naturaleza que explotan el potencial tecnológico.

Así, si la inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo, la educación, el arte y otras formas de expresión cultural, entonces resulta evidente que debemos entrenar el pensamiento que subyace a todas esas manifestaciones.

Pero ¿cómo damos ese primer paso? A nivel de usuario, cultivando el hábito de preguntar. Algunas interrogantes previas a la interacción pueden ser: ¿La respuesta que necesitamos es determinista o probabilística? ¿Estamos en capacidad de supervisar el resultado? ¿Nuestras actividades son repetitivas o variables? Y si son repetitivas, ¿cómo las automatizamos?

En el plano organizacional, corresponde mirar hacia adentro por responsabilidad y no hacia afuera por moda: ¿estamos apuntando a resolver con agentes problemas estructurales o microeficiencias individuales? ¿Nuestros procesos se relacionan de manera armónica con la nueva tecnología que buscamos incorporar o estamos implementando agentes sobre ineficiencias previas? ¿Todas las áreas requieren el mismo nivel de supervisión?

En suma, invertir en sofisticados agentes de IA sin procesos claros, datos ordenados, integraciones adecuadas y, sobre todo, capital humano capacitado y mentalidad para incorporar la tecnología a la resolución de problemas, es como pretender comprarse un auto de lujo en un lugar donde no saben repararlo, no hay repuestos ni talleres especializados. Volviendo a la importancia de abstraer: si te vas a comprar un Ferrari, asegúrate primero de saber conducirlo. Y, por favor, recuerda que no es para manejarlo en trocha.

Con gran alegría queremos compartir que este año estaremos realizando el Seder de Pesaj el día jueves 2 de abril, en el Gran Templo Paso, situado en la calle Paso 423, preparando un encuentro para 1.000 personas, en un espacio de unión, tradición y משמעות para toda la comunidad.

Asimismo, estaremos distribuyendo bolsones de ayuda para otras 3.000 personas, incluyendo Hagadot, matzot y todos los insumos necesarios para poder celebrar adecuadamente esta festividad de Pesaj.

También llevamos esta misma ayuda al servicio penitenciario, acercando a quienes allí se encuentran Hagadot, matzot y todo lo necesario para que puedan participar del Seder y conectarse con el mensaje de libertad que transmite Pesaj.

En esta época tan especial, deseamos a toda la comunidad judía y a todo el planeta Tierra que reine la paz verdadera, y que cada persona pueda trascender y salir de todas sus limitaciones psíquicas, físicas y emocionales, alcanzando una auténtica libertad.

Pesaj Kasher V’Sameaj.

Este miércoles, después de la puesta del sol, daremos comienzo a Pésaj. Será esa noche en la que familias y amigos nos sentaremos juntos a la mesa del Seder para leer la Hagadá, que es el relato que nos define: la historia de un pueblo de esclavos que alcanzó la libertad gracias a la mano de Dios, con milagros y señales que el mundo entero pudo ver. Como dice el versículo: “Recordá este día en el que saliste de Egipto” (Éxodo 13:3).

El Seder no es un simple ejercicio de memoria histórica; es un precepto vivo que se renueva: “Y se lo contarás a tu hijo en aquel día” (Éxodo 13:8). Es la noche en la que nos preguntamos tres cosas fundamentales: quiénes somos, para qué vivimos y cuál es el camino correcto.

Hoy el mundo no nos da respuestas claras. La ciencia explica cómo funcionan las cosas, pero no su sentido. La tecnología nos da un poder enorme, pero no siempre nos enseña a usarlo correctamente. El conocimiento solo no alcanza para darle un propósito a la vida.

Ahí es donde la Hagadá responde. Nos enseña que ser judío no es una idea abstracta, sino una historia viva: un viaje de travesías, de enfrentar el dolor con valentía y de superar pruebas. Es una historia que debemos recordar siempre: “Para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto todos los días de tu vida” (Deuteronomio 16:3).

En la Hagadá vemos que Dios no es sólo el Todopoderoso de nuestros antepasados, sino el Todopoderoso del presente, que interviene en la historia. Como dice el texto: “Y oyó Dios su clamor… y Dios supo” (Éxodo 2:24-25). La salida de Egipto no es solo un hecho del pasado; es la base de nuestra fe. Como enseña el Rambam (Maimónides), la fe se construye sobre la revelación y la acción de Dios en nuestro mundo.

Uno de los momentos clave del Seder es “Aramí oved aví” (Un arameo quiso destruir a mi padre). Este pasaje resume nuestros inicios: desde la amenaza de Labán, que intentó arrancar de raíz al pueblo de Israel atacando a nuestro patriarca Yaakov en sus comienzos, pasando por la bajada a Egipto como una familia pequeña que creció rápido, hasta la esclavitud y el grito a Dios que trajo la redención con mano fuerte y brazo extendido.

Este relato tiene una conexión profunda con el precepto de los Bikurim (los primeros frutos). Al ofrecer lo mejor de la tierra, el texto sagrado nos pide volver a nuestras raíces: “Y responderás y dirás delante de Hashem tu Dios: ‘Un arameo intentó destruir a mi padre…’” (Deuteronomio 26:5). La Torá nos enseña que, al agradecer por los frutos de hoy, primero debemos reconocer nuestra historia.

Los judíos somos un pueblo que vio a Dios actuar en la historia. Fuimos los primeros en darle un sentido trascendente al tiempo: no es una repetición de hechos, sino un camino con propósito. Por eso, recordar es para nosotros un deber religioso.

Aquí aparece una verdad profunda: la identidad judía se construye con la memoria. No sólo vivimos el presente, cargamos con nuestro pasado: “Y recordarás todo el camino por el que te condujo Hashem tu Dios” (Deuteronomio 8:2). Ese es el secreto de nuestra existencia. Una identidad que resistió dos mil años de exilio y dispersión. Pero la Torá también nos advierte: “Cuidate de no olvidar a Hashem tu Dios” (Deuteronomio 8:11). Cuando la memoria flaquea, la identidad se debilita.

Nuestra identidad es quizás la más resiliente que conoce el mundo. La única que se mantuvo intacta por dos mil años siendo una minoría dispersa, y la única que devolvió a un pueblo a su tierra ancestral.

Nuestra esencia es nuestro recuerdo, y el relato de Pésaj es la garantía de que ese recuerdo no se perderá.

Hoy, muchas naciones se preguntan si su identidad como pueblo sobrevivirá en las nuevas generaciones. ¿Lograrán los jóvenes continuar con el legado? En el judaísmo, la respuesta es clara: sin memoria, no hay identidad; y sin relato, no hay continuidad.

En cada Seder contamos quiénes somos con singular dedicación. De ahí nace nuestra identidad: una identidad profunda, fuerte y presente a través de los siglos.

En una era en la que nuestra memoria y la información dependen cada vez más de la tecnología, mientras nuestra propia capacidad de recordar parece reducirse, el judaísmo tiene un mensaje para toda la humanidad: la identidad no se le encarga a una máquina. Nuestra historia se cuenta, se vive cada año y se transmite de padre a hijo.

Porque cuando contamos lo que pasamos, estamos construyendo el futuro de nuestros hijos.

Justo en estos tiempos, en los que somos testigos del avance de la ignorancia y el antisemitismo en tantas partes del mundo, nuestra responsabilidad se vuelve más clara que nunca. El pueblo de Israel sigue de pie gracias a la fuerza de la fe y la memoria.

Que en este Seder no sólo contemos la historia, sino que la sintamos de verdad en nosotros, para transmitirla a la siguiente generación unidos y con orgullo.

¡Pésaj Kasher veSaméaj para toda la comunidad!

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web de la AMIA

La reciente condena a Carolina Pardo Said en Chubut —ex jefa de Compras del Ministerio de Seguridad provincial— ha sido leída por muchos como un triunfo de la legalidad en la administración pública. El tribunal la halló culpable de negociaciones incompatibles, con una pena de un año de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿El hecho? El direccionamiento de fondos estatales hacia empresas vinculadas a su círculo íntimo.

No obstante, el caso ofrece una capa de análisis adicional que trasciende la sentencia misma. El veredicto unánime no surgió de un tribunal de jueces profesionales exclusivamente, ni de un jurado de ciudadanos solos, sino de un modelo escabinado: un cuerpo mixto donde tres jueces técnicos y dos ciudadanos legos deliberaron y votaron en conjunto.

Este formato, previsto específicamente para delitos de corrupción en la Ley XV N° 30 de la provincia, nos invita a reflexionar sobre una tensión histórica en nuestro sistema republicano: ¿cómo debemos juzgar los delitos que afectan al Estado?

Nuestra Constitución de 1853 fue clara al exigir el juicio por jurados, pero el “formato” quedó bajo la potestad de cada provincia. Esto ha generado una convivencia de modelos que hoy divide aguas en la doctrina.

Por un lado, contamos con el modelo clásico o “puro”. Es el que predomina en la tendencia federal reciente (Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, CABA). Aquí, el jurado de doce ciudadanos decide la culpabilidad en soledad. El juez técnico dirige el debate, pero no entra a la sala de deliberación.

Por el otro, tenemos el modelo escabinado o “mixto” (utilizado en Chubut, y Córdoba desde 2004) compuesto por un tribunal mixto integrado por jueces profesionales y ciudadanos legos que juzgan juntos. Todos los miembros –técnicos y legos– deliberan en la misma sala y votan conjuntamente el veredicto. Este modelo tiene fuerte raigambre en la tradición jurídica continental europea: está vigente, con variantes, en países como Francia, Alemania, Italia, Portugal o Grecia.

Típicamente, el jurado escabinado busca equilibrar la voz del pueblo con la pericia jurídica: por ejemplo, en Francia el tribunal de la Cour d’Assises combina tres magistrados con nueve ciudadanos; en Alemania, ciertos tribunales criminales incluyen dos jueces legos (SchöAen) junto a jueces de carrera. En todos los casos, la idea central es que jueces y ciudadanos deciden juntos sobre los hechos y la culpabilidad, a menudo exigiéndose mayorías especiales reforzadas para condenar. Además, el veredicto suele plasmarse en una sentencia fundada redactada por los jueces, lo que aporta razones formales a la decisión del jurado.

Quienes defienden el sistema aplicado en el caso Pardo Said sostienen que representa una “síntesis necesaria”. Desde esta óptica, el escabinado no es una desconfianza hacia el pueblo, sino una forma de robustecer su decisión. El principal activo de este modelo es la colaboración. El juez aporta el rigor técnico, el lenguaje de las normas y el respeto por las garantías procesales, mientras que los ciudadanos aportan el sentido común y la visión de la realidad social. Se argumenta que esta interacción eleva la calidad del fallo, asegurando que el veredicto sea, además de justo, jurídicamente sólido y motivado. En casos de corrupción, donde la prueba suele ser documental y compleja, el apoyo del técnico es visto como una herramienta de claridad para el lego.

En la vereda opuesta, un sector importante de la doctrina argentina mira con recelo la mixtura de jueces y ciudadanos. El interrogante aquí es la independencia de la deliberación.

El argumento central es que la presencia del juez profesional —investido de autoridad y conocimiento específico— puede ejercer, incluso sin quererlo, una influencia determinante sobre el ciudadano. ¿Puede un vecino común sostener una discrepancia técnica frente a un magistrado de carrera en la intimidad de la deliberación? Para estos críticos, el modelo clásico es el único que garantiza una participación democrática plena, donde el veredicto es propiedad exclusiva de la comunidad, sin “tutelas” institucionales que puedan diluir el mensaje social de la condena o la absolución.

Un debate de fondo sobre la legitimidad

El fallo contra Pardo Said es un mensaje firme contra la corrupción, pero el modo en que se alcanzó nos deja una pregunta política y jurídica abierta. ¿Buscamos una justicia que priorice la eficiencia técnico-legal o una que priorice la legitimidad democrática directa?

No hay una respuesta única.

La elección de un modelo sobre otro responde a cómo cada provincia entiende la participación ciudadana en el acto de juzgar. Mientras la tendencia nacional parece inclinarse por el jurado clásico como herramienta de relegitimación del Poder Judicial, casos como el de Chubut demuestran que el modelo mixto sigue siendo una alternativa vigente que apuesta a la deliberación compartida.

Al fin y al cabo, como enseñaba Alexis de Tocqueville, el jurado es ante todo una institución política: una escuela de democracia donde la sociedad civil asume la responsabilidad de hacer justicia. Y en última instancia, el éxito de cualquiera de estos sistemas no se mide solo por el resultado de la sentencia, sino por la confianza que logren inspirar en la sociedad.

Que Argentina sea titular de la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) constituye un hecho de enorme valor, tanto real como simbólico, que merece ser ponderado y reconocido. Se trata de un logro político que debe ocupar un lugar destacado y permanente en la conversación pública.

Este liderazgo a nivel mundial llega en un momento crucial de nuestra historia, en el que el antisemitismo resurge en el mundo con una fuerza brutal. Se despliega en nuestras sociedades de manera masiva, libre en la mayoría de los casos de sanción, a través de figuras públicas en todos los ámbitos y de organizaciones internacionales. Se expresa y actúa con la complicidad de instituciones de la sociedad civil, partidos políticos y autoproclamados defensores de los derechos humanos que, mediante sus discursos, acciones y silencios, lo legitiman.

Son discursos de odio que se validan en la ignorancia de cientos de miles que, desde el anonimato, los replican en las redes sociales y a los que debemos enfrentar con conocimiento y decisión.

Argentina llega a la presidencia de la IHRA por un largo y sostenido trabajo a conciencia llevado a cabo por el estado nacional, con diferentes matices a lo largo de los años, y que contó, sin lugar a dudas, con la perseverancia y compromiso de las principales organizaciones de la comunidad judía.

Fue un camino que comenzó en el Foro Internacional sobre el Holocausto en Estocolmo, en enero de 2000, convocado por el primer ministro sueco, Göran Persson, quien ya entonces advertía la urgencia de que los países del mundo abordaran la amenaza del antisemitismo que volvía a emerger con fuerza en Europa. También señalaba la necesidad de establecer políticas nuevas y articuladas en materia investigación, preservación de la memoria y educación.

Fue un encuentro histórico, avalado por presidentes y altísimos representantes políticos de 46 países, que contó con la presencia de intelectuales, historiadores, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil. Acompañaron al presidente Fernando de la Rúa la DAIA, el Museo del Holocausto, la B´nai B´rith, la WIZO y AMIA.

Fuimos el único país latinoamericano en firmar la declaración final e ingresar como miembro pleno, y se tornó imperioso constituir el capítulo argentino. Debía crearse en el ámbito de la Cancillería. Era responsabilidad del estado conformarlo, tener una presencia activa e impulsar y centralizar un trabajo profundo de impacto en la educación.

No fue hasta el 2005 -año en que las Naciones Unidas aprobaron la resolución 60/7 que adopta el 27 de enero, Día de la liberación de Auschwitz, como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto- que se logró ese objetivo.

Fue una tarea muy ardua y en muchos momentos ingrata, que tuvo en la DAIA a su gran impulsora acompañada siempre del Museo del Holocausto y otras organizaciones. Hubo numerosas reuniones con funcionarios que abrían sus puertas, escuchaban y luego ignoraban. Fue un tiempo difícil, en el que quedaba claro que solo pocos comprendían y asumían con convicción y sensibilidad el impacto del flagelo del antisemitismo. Muy pocos entendían que no se trataba de una agenda exclusivamente judía, y menos aún que el antisemitismo no es un problema judío. Fueron muchas más las veces en que primaron el interés personal y la ideología por sobre la responsabilidad colectiva.

Vivimos un momento de profunda emoción quienes estuvimos en al Palacio San Martín y fuimos testigos de este hecho histórico. No fue un acto más: fue la expresión viva de un triunfo de la memoria, de la resistencia y de la dignidad frente a la barbarie. Lo vivimos como una respuesta clara y necesaria ante los nazis del pasado, frente a los episodios de antisemitismo que han manchado la historia argentina, ante las políticas restrictivas de nuestra propia Cancillería argentina durante la Segunda Guerra Mundial frente a los refugiados judíos, y también frente a las sombras del presente: los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA, el odio que aún persiste y quienes siguen justificando la muerte y el terrorismo, desde Irán y sus brazos ejecutores Hamás y Hezbolla.

El palacio San Martin brilló en su contenido, en su convicción y en su mensaje.

Las palabras del canciller Pablo Quirno enorgullecieron y conmovieron: “El Holocausto no pertenece al pasado, dejó una marca permanente en la conciencia moral de la humanidad y nos impuso una misión que no admite fatiga ni indiferencia. Recordar a sus víctimas y preservar la verdad histórica constituye un imperativo de nuestro tiempo, más aún cuando el odio, la intolerancia y la muerte vuelven a asentarse bajo nuevas consignas, nombres y mascaras”.

Fue un discurso que dejó en claro algo esencial: el compromiso inequívoco del gobierno nacional con la libertad religiosa y la lucha contra toda forma de discriminación. Que reconoció sin ambigüedades la necesidad de hacer frente el antisemitismo en donde la educación y la formación docente son de primerísima necesidad. Que reafirmó que en este tiempo nuestro país esta del lado correcto de la historia.

El lema elegido para este ejercicio de la presidencia, “Expandiendo las fronteras de la memoria”, tal como lo explicó el presidente Marcelo Mindlin al asumir, tiene por finalidad que la Argentina, desde su lugar en la IHRA, sea un puente entre ésta y los países de la región para que incorporen el estudio de la tragedia de Shoá en forma permanente como una fuente de aprendizaje para mejorar nuestras sociedades.

Este logro de nuestro país tiene un enorme significado y merece ser entendido. Es mucho más que hablar del Holocausto. Es un potente llamado a profundizar nuestra democracia y el estado de derecho. Es un llamado a la celebración de la vida, la convivencia en la diversidad y la paz.

La presidencia de la IHRA no es un simple ítem en la agenda política del estado. Es un hito del cual debemos todos los argentinos sentirnos orgullosos.

Hace apenas unos días se dio a conocer el último Informe Mundial sobre la Felicidad, un reporte publicado anualmente por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, junto a la consultora Gallup y con el respaldo de las Naciones Unidas. Este informe evalúa el nivel de felicidad de los países a través de encuestas poblacionales que consideran una serie de indicadores clave: ingresos, apoyo social, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. El dato más destacado de esta edición fue que Finlandia fue elegido nuevamente como el país más feliz del mundo, marcando su noveno año consecutivo en la cima del ranking.

Hablar de felicidad muchas veces puede parecer una aspiración demasiado elevada, casi inalcanzable. Por eso, personalmente prefiero enfocarme en el concepto de bien-estar, que resulta más tangible y alcanzable en nuestra vida cotidiana. En este contexto, considerando que por cuestiones familiares tengo una conexión cercana con Finlandia, me parece interesante reflexionar sobre cómo los aprendizajes de este país —que año tras año lidera el ranking mundial de felicidad— pueden ser aplicados no solo a la realidad de América Latina, sino también a la forma de vida individual de cada uno de nosotros.

En una ocasión, un paciente me respondió que, para él, la felicidad era como la “acupuntura”, haciendo referencia a lo ligera y efímera que puede ser esa sensación. Esto contrasta con la era de las redes sociales, donde nos quieren convencer de que con cinco “tips” podemos alcanzarla al instante. Sin embargo, si observamos cómo viven los finlandeses, entenderíamos que la felicidad, tal como se mide en estos reportes, no es un estado de euforia constante, sino un equilibrio entre diferentes factores que promueven el bienestar y una vida con propósito. Son factores que bien conocemos quienes estamos viviendo la segunda mitad de la vida. A partir de las investigaciones de David Blanchflower de la Universidad de Darthmouth en Estados Unidos, este investigador fue quien describió la famosa “curva en U”, en la que el segundo pico corresponde a la segunda mitad de la vida, momento en el cual la satisfacción de vida suele ser alta según sus estudios.

Sus investigaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de adoptar hábitos que prioricen el bienestar físico, mental y emocional, porque estos, inevitablemente, terminan construyendo un bienestar social. Esto implica ser más conscientes de nuestras prioridades y, por encima de todo, aprender a valorar lo esencial en lugar de lo material. Por supuesto, este enfoque no depende únicamente de nuestras decisiones individuales; también es fundamental el rol de las políticas públicas. Un gobierno comprometido con el bienestar debe fomentar una cultura de apoyo mutuo y colaboración comunitaria, promoviendo entornos donde las personas puedan prosperar tanto a nivel personal como social. Sin embargo, a nivel individual, podemos comenzar por reflexionar sobre nuestras propias elecciones diarias, priorizando aquello que realmente contribuye a una vida equilibrada y significativa.

¿Por qué digo que esto es importante? Porque muchas veces escuchamos a personas preguntarse: “¿Hay que ir a vivir a Finlandia para ser feliz?”. La clave no está en idealizar un lugar o una cultura, sino en reflexionar sobre qué podemos aprender de ellos y, más importante aún, cómo podemos adaptar esas enseñanzas a nuestra propia idiosincrasia, forma de vida y pensamiento personal. La felicidad no es un destino geográfico, sino un equilibrio que cada uno puede construir desde su entorno.

El Bien-estar no depende únicamente del lugar donde vivimos, sino de cómo vivimos y, sobre todo, de cómo contribuimos al bien-estar de quienes nos rodean. Este es uno de los elementos clave que comparten los países más felices: la comprensión y necesidad de una construcción colectiva.

Cada uno de nosotros puede estimular, de manera consciente, aspectos fundamentales como las relaciones sociales, el propósito y el sentido de vida, la salud física y mental, y la libertad para tomar decisiones. Estas son cuestiones profundamente personales, pero que, en nuestro caso, y a diferencia de los finlandeses, deberían complementarse con ciertos valores culturales que nos son propios, como la resiliencia, la fortaleza, la modestia, la satisfacción con lo esencial y el enfoque en la comunidad. Estos valores forman parte de nuestro bagaje y pueden ser un puente hacia un bienestar más auténtico y sostenible. El bienestar no es un logro externo, sino un estado que cada uno puede cultivar a través de sus elecciones y su forma de vivir.

En este sentido, nuestra capacidad para generar conexiones significativas, para apoyar y ser apoyados, y para contribuir de manera activa a nuestro entorno juega un papel esencial. La felicidad no es un estado aislado, sino un equilibrio entre nuestras decisiones personales y el impacto que estas tienen en la comunidad que nos rodea. Finlandia nos enseña que el poder de la simplicidad, la equidad y la conexión con la naturaleza no se encuentra en los lujos, sino en garantizar que cada persona tenga acceso a una vida digna, tiempo para disfrutar y un entorno que fomente la paz y la estabilidad. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo el bienestar puede construirse desde lo esencial, priorizando aquello que realmente importa.

En América Latina, a pesar de los desafíos, tenemos la oportunidad de repensar nuestra vida social y cultural para encontrar el bienestar en lo cotidiano. Podemos aprender que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en construir relaciones significativas y en valorar la sencillez. Es fundamental que comprendamos que la felicidad no es un destino final, sino la calidad del viaje que emprendemos día a día, en cada elección, en cada interacción y en cada experiencia que nos conecta con los demás y con nosotros mismos.

Durante años, la idea de tener un solo empleo estable fue sinónimo de seguridad. Un buen trabajo, un ingreso fijo y la promesa de crecimiento dentro de una empresa eran suficientes para proyectar el futuro. Hoy, esa lógica ya no alcanza. El aumento sostenido del costo de vida y la incertidumbre laboral han cambiado las reglas del juego, especialmente en países como el Perú.

Las cifras lo confirman. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más del 60% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Detrás de ese número hay una realidad más amplia: millones de personas que no cuentan con ingresos estables ni previsibles y que deben buscar alternativas para sostener su economía personal o familiar. En ese contexto, la segunda fuente de ingresos deja de ser una opción aspiracional para convertirse en una necesidad estratégica.

Pero hay un punto clave que suele generar confusión. Diversificar ingresos no significa renunciar al trabajo actual. Por el contrario, el enfoque más inteligente hoy es construir nuevas fuentes de dinero sin poner en riesgo la estabilidad existente. No se trata de saltar al vacío, sino de avanzar en paralelo.

Cada vez más profesionales, sobre todo entre los 25 y 50 años, están adoptando esta mentalidad. Ya no buscan únicamente escalar dentro de una organización, sino también desarrollar proyectos propios que les den mayor control sobre su tiempo y su economía. Esta transformación responde tanto a una necesidad financiera como a un cambio cultural más profundo, el deseo de independencia y autonomía.

El primer paso no está en el mercado, sino en uno mismo. Identificar habilidades, conocimientos o intereses es el verdadero punto de partida. Aquello que una persona sabe hacer, ya sea por formación profesional o experiencia personal, puede convertirse en una fuente de valor para otros. Y donde hay valor, hay oportunidad de ingreso.

En este escenario, los productos digitales han ganado protagonismo. Cursos online, asesorías, contenido especializado o membresías permiten monetizar conocimientos sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Además, ofrecen algo que el empleo tradicional no siempre garantiza, la escalabilidad. Es decir, la posibilidad de generar ingresos sin depender directamente del tiempo invertido en cada transacción.

Sin embargo, es importante desmontar una expectativa peligrosa. No existe el dinero rápido ni automático. Construir una segunda fuente de ingresos requiere disciplina, aprendizaje y, sobre todo, gestión del tiempo. Implica trabajar después del horario laboral, validar ideas, equivocarse y ajustar el rumbo. Es un proceso, no un atajo.

Ahí es donde muchas personas se quedan a mitad de camino. No por falta de talento, sino por falta de constancia. La diferencia no la hace quien tiene más recursos, sino quien logra sostener el esfuerzo en el tiempo, incluso cuando los resultados no son inmediatos.

También es fundamental entender que no todas las segundas fuentes de ingresos deben convertirse en grandes negocios. Para algunos, puede ser un ingreso complementario que alivie gastos mensuales. Para otros, el inicio de una transición hacia la independencia financiera. Ambos caminos son válidos.

Lo que sí parece claro es que depender de un solo sueldo se ha vuelto cada vez más riesgoso. La estabilidad ya no está en el empleo, sino en la capacidad de generar valor desde distintas fuentes, en aprender, adaptarse y aprovechar las herramientas disponibles.

La oportunidad existe, pero no es automática ni inmediata. Requiere iniciativa y una mirada distinta sobre el trabajo y el dinero. En un entorno cambiante, quienes logren diversificar sus ingresos no solo estarán mejor preparados para enfrentar la incertidumbre, sino también para construir una vida con mayor libertad de decisión.

Porque, al final, ya no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuántas formas tienes de generarlo.

La reciente avalancha de normas aprobadas por el Congreso de la República, que incrementan de manera permanente el gasto público, constituye un golpe directo a la sostenibilidad fiscal del país. El Consejo Fiscal ha advertido con claridad que estas medidas suponen un costo anual de al menos S/ 11,4 mil millones, cifra que podría elevarse hasta S/ 15 mil millones. Se trata de decisiones que comprometen no solo el presente, sino también el futuro de las finanzas públicas, en un contexto en el que el déficit fiscal ya se encuentra en el límite de las reglas vigentes.

El problema no es únicamente cuantitativo. La literatura económica ha demostrado que el aumento sostenido del gasto corriente, especialmente en pensiones y remuneraciones, genera rigideces presupuestarias que reducen el espacio para la inversión pública y para políticas sociales de largo plazo. Así, los países que privilegian gasto corriente sobre inversión tienden a experimentar menor crecimiento potencial y mayor vulnerabilidad frente a crisis externas. En el caso peruano, destinar miles de millones adicionales a esquemas de “cédula viva” o beneficios laborales permanentes implica sacrificar recursos que podrían financiar infraestructura educativa, programas de nutrición infantil o becas universitarias.

Más grave aún es la forma en que estas normas han sido aprobadas. El Congreso, consciente de que no tiene iniciativa de gasto, ha decidido ignorar lo establecido por la Constitución y por sentencias recientes del Tribunal Constitucional, que han reiterado esta prohibición. El Congreso no puede tener esta prerrogativa sin tener coordinación previa con el Ejecutivo que asegure las fuentes de financiamiento, cosa que no ha sucedido. El parlamento insiste en aprobar leyes por insistencia, reabriendo mecanismos prohibidos y generando obligaciones que comprometen la estabilidad macroeconómica. Es un acto institucionalmente vergonzante.

El Ejecutivo, por su parte, ha mostrado una irresponsabilidad aún mayor. En lugar de observar estas normas o plantear demandas de inconstitucionalidad, ha optado por promulgarlas. Con ello, no solo abdica de su rol de garante de la disciplina fiscal, sino que se convierte en cómplice de un deterioro que será muy difícil de revertir. La pasividad del Ejecutivo frente a normas que claramente vulneran la Constitución y las reglas fiscales es un mensaje peligroso: se normaliza la indisciplina y se erosiona la credibilidad de la política económica.

Las consecuencias de este comportamiento son previsibles. El incremento del gasto permanente presionará al alza la deuda pública, reducirá el margen de maniobra de futuras administraciones y pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Perú ha construido en las últimas décadas. Como advierte el Consejo Fiscal, el costo de estas medidas equivale a varias veces el presupuesto de programas sociales prioritarios. En otras palabras, cada sol destinado a financiar privilegios pensionarios o laborales es un sol que se le quita a la lucha contra la pobreza, la educación y la salud.

La irresponsabilidad fiscal no es un asunto técnico menor; es un problema político y ético. Aprobar leyes sabiendo que no hay financiamiento, y promulgar normas que se sabe son inconstitucionales, es un acto de populismo que compromete el bienestar de largo plazo de los peruanos. La disciplina fiscal es un bien público que debe ser defendido con firmeza, porque sin ella no hay estabilidad, no hay inversión y no hay crecimiento sostenible.

Dado que el Ejecutivo ha renunciado a su rol de garante al no acudir al Tribunal Constitucional, corresponde que otras instituciones legitimadas por la Constitución —colegios profesionales, firmas jurídicas, asociaciones civiles— y ciudadanos respetables tomen la bandera de la responsabilidad con el país. Ellos deben ser quienes demanden estas leyes irresponsables del Congreso ante el TC, porque nuestros políticos han renunciado a esa tarea. Solo una acción firme desde la sociedad organizada permitirá preservar la sostenibilidad fiscal y evitar que decisiones populistas sigan hipotecando el futuro del Perú.

Lo sucedido en San Cristóbal no es un episodio aislado ni inesperado. Es la expresión más brutal de un entramado de violencias que hace tiempo se viene gestando y que, como sociedad, no estamos logrando desarticular.

Hablar de bullying ya no alcanza. Nombrarlo como “acoso escolar” parece incluso insuficiente frente a la escalada de situaciones que pasan del hostigamiento a la agresión, y de la agresión a lo irreparable. Sin embargo, comprender ese proceso sigue siendo clave: la violencia no aparece de un día para otro. Se construye, se habilita, se naturaliza.

El bullying implica intencionalidad de daño, persistencia en el tiempo y una desigualdad de poder. Pero hay algo más inquietante aún: la presencia de otros, observadores que callan, que miran y que muchas veces legitiman. Y en ese silencio colectivo se gesta una cultura donde el otro pierde valor.

Las consecuencias son profundas. Ansiedad, depresión, aislamiento, pérdida de autoestima. Pero también, en algunos casos, la imposibilidad de tramitar el dolor deriva en respuestas violentas. Esto no lo justifica, pero sí lo interpela: ¿Qué estamos dejando de ver antes de que todo estalle?

Uno de los cambios más significativos de las últimas décadas es el lugar del adulto. La autoridad ya no se sostiene, se ha desdibujado, fragmentado, en muchos casos debilitado. Antes, la palabra del adulto estructuraba. Hoy, muchas veces, duda, llega tarde o directamente no llega.

No se trata de volver a modelos autoritarios, sino de recuperar una autoridad con sentido: presente, coherente, que ponga límites claros y, al mismo tiempo, habilite la escucha atenta y amorosa.

Porque donde no hay límites claros y donde todo parece permitido, la violencia encuentra terreno fértil.

La escuela no puede sola. Pero tampoco puede correrse. Necesita asumir un rol activo, con abordajes institucionales sostenidos, formación y capacitación docente específica y estrategias concretas para intervenir antes de que los conflictos escalen. No alcanza con tratar el tema en una jornada o una materia: la educación emocional debe ser transversal.

Las familias, por su parte, tampoco pueden delegar. Educar implica mucho más que acompañar: implica enseñar a convivir, a respetar, a reconocer al otro. Implica coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Implica presencia real.

Y hay algo que no podemos seguir postergando: la prevención. Detectar señales, escuchar lo que incomoda, intervenir a tiempo. Generar canales seguros para que los jóvenes hablen. Porque cuando el dolor no encuentra palabra, muchas veces encuentra otras formas de expresión.

El desafío es profundo: formar sujetos capaces de convivir en la diferencia, de regular sus emociones, de resolver los problemas sin violencia. No es un contenido más. Es el núcleo de la educación en este tiempo. Y sin adultos comprometidos no hay crianza responsable.

Lo ocurrido en San Cristóbal no puede quedar reducido a una noticia policial. Es un llamado urgente a la escuela, a las familias, al Estado, pero también a la sociedad en su conjunto. Educar con límites es enseñar a gestionar los conflictos, a respetar los derechos propios y ajenos, a interactuar con otros con igualdad y sin violencia.

Hay estrategias de abordajes, hay posibles soluciones; solo hay que elegir qué políticas públicas son prioritarias.

Porque cuando la violencia atraviesa la escuela, no es sólo un problema educativo. Es un síntoma social. Y si no lo leemos a tiempo, se convierte en tragedia.

Si se analiza el peso relativo del gasto público primario nacional, una primera comparación entre el acumulado de 12 meses a febrero de 2026 y el acumulado de 12 meses a diciembre de 2023 determina una caída equivalente a 5,2 puntos porcentuales del PBI. En efecto, entre ambos periodos el peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte. El hecho de que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste de corto plazo sobre el flujo económico.

A esto debe sumarse una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda. Más allá de la controversia existente con relación a la contabilización o no sobre la línea de una parte de los intereses, lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulado a diciembre de 2023 a hacerlo con un 1,2% del PBI en el acumulado de 12 meses a fines de febrero de 2026. Esto implica una caída de 0,5 puntos porcentuales del PBI entre ambos periodos.

Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto en intereses, se tiene que la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI entre ambos periodos de 12 meses. La caída porcentual en este caso también es del 26,5%.

¿Qué pasó con cada uno de los gastos nacionales?

Lo primero que resulta importante destacar es que solamente dos gastos aumentaron su peso relativo entre ambos periodos, cayendo en consecuencia el de los catorce gastos restantes.

El peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte

Al analizar los cambios de los gastos más relevantes, se considera apropiado clasificarlos en tres grupos.

El primero está integrado por las Transferencias no automáticas a provincias (23 provincias), Programas sociales, Inversión real directa, Subsidios a la energía y gasto salarial, que sumó una pérdida relativa de 4,07 puntos porcentuales del PBI. De esto surge que la mayor variación negativa de peso relativo la tuvieron las Transferencias no automáticas a provincias, con un 83%. De estar en 1,11 puntos porcentuales del PBI en los 12 meses de 2023, bajaron a 0,19 puntos porcentuales del PBI en los últimos 12 meses.

El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73% y el tercero los Programas sociales con un 56%.

En orden de importancia de caída, le siguieron los subsidios a la energía, las transferencias a universidades, los subsidios al transporte, el gasto salarial, las asignaciones familiares, el consumo de bienes y servicios, las pensiones no contributivas y el PAMI. Este último con baja del peso relativo del 3%.

El segundo grupo está integrado por los gastos cuyo peso relativo prácticamente no tuvieron variación proporcional entre ambos periodos, que son las jubilaciones y pensiones contributivas, que pasaron de 6,15% del PBI a 6,13% del PBI. Es importante destacar que este es el gasto más importante que tiene el gobierno nacional en la actualidad, con una participación relativa del 43%. Este comportamiento evidenciado es consecuencia de que luego del gran ajuste de 2024, la implementación de una suba nominal en función de la inflación de dos meses previos derivó en suba real, dada la baja de la tasa de inflación durante el año 2025.

El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73%

Por último, el tercer grupo está constituido por los únicos dos gastos cuyo peso relativo aumentó en los últimos dos años. Las transferencias no automáticas a CABA aumentaron 0,04 puntos porcentuales del PBI (56% de incremento) y la Asignación Universal para Protección Social 0,33 puntos porcentuales del PBI (88% de incremento).

¿De cuánto fue el cambio acumulado del peso relativo de cada gasto durante los últimos 26 meses?

Es posible acumular las diferencias de peso relativo, ya sean negativas o positivas, entre el promedio mensual del año 2023 y los 26 últimos meses. Concretamente, se puede calcular cuánto ha bajado o subido de manera acumulada el peso relativo de cada uno de los principales gastos nacionales. Del análisis surge que la caída acumulada del gasto público primario nacional fue de 10,4 puntos porcentuales del PBI durante los últimos 26 meses.

Se aprecia que tres gastos terminaron los 26 meses con una diferencia acumulada de peso relativo positiva. En efecto, la asignación universal para protección social aumentó 0,5% del PBI y las transferencias no automáticas y el PAMI lo hicieron con 0,1% del PBI.

Los trece gastos restantes acumularon una baja de peso relativo. El gasto que más cayó es el relativo a las transferencias no automáticas a las 23 provincias, con 2 puntos porcentuales del PBI. Le siguieron los programas sociales con 1,9 puntos porcentuales, la inversión real directa con 1,8 puntos porcentuales y los subsidios a la energía con 1,5 puntos porcentuales del PBI.

¿De cuánto fue la disminución del gasto medida en pesos reales y dólares?

Otro análisis de interés es el relacionado con el tamaño real del gasto público. Se determina que el gasto primario se redujo $62 billones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses.

Los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA

El de mayor caída real fue, lógicamente, el de transferencias no automáticas enviadas a las 23 provincias. De ser de $11,2 billones en moneda de febrero de 2026 en los 12 meses acumulados de 2023 pasaron a ser de $1,9 billones en los últimos 12 meses.

En el segundo se presentan el gasto del PAMI y de las jubilaciones y pensiones contributivas, que tuvieron caídas reales del 1,7% y del 3,5%, respectivamente.

Por último, en el tercero se presentan los gastos reales en asignación universal para protección social y en transferencias nacionales no automáticas a CABA. Los aumentos fueron del 74% y del 73% respectivamente.

En términos acumulados, la caída de los últimos 26 meses asciende a $122 billones de pesos, medidos en moneda de febrero de 2026. Los programas sociales y las transferencias a provincias se redujeron en casi en $21 billones cada uno.

Si se hacen los cálculos en dólares corrientes, se determina que el gasto primario se redujo USD 32.800 millones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses. Si se acumulan los 26 meses transcurridos entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída asciende a USD 67.000 millones.

Los gastos que más cayeron en el acumulado de 26 meses, es decir, transferencias no automáticas y programas sociales, lo hicieron en aproximadamente USD 13.000 millones cada uno.

En el otro extremo, los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA. Los aumentos acumulados fueron de USD 3.700 millones, USD 400 millones y USD 700 millones, respectivamente.

Con la llegada de Semana Santa, miles de familias y comerciantes en Argentina se preparan para viajar o reducir su actividad habitual. Lo que muchos no saben es que este período representa uno de los momentos de mayor exposición a robos y situaciones de inseguridad. Según datos del sector de seguridad electrónica, los fines de semana largos concentran picos de eventos de intrusión, especialmente en viviendas deshabitadas y comercios cerrados, donde la ausencia prolongada facilita el accionar delictivo.

En este contexto, los especialistas coinciden en que la prevención no depende solo de medidas básicas, sino de la combinación entre hábitos inteligentes y tecnología adecuada. La realidad es que estos métodos ya no alcanzan por sí solos. Los sistemas modernos permiten detectar aperturas, movimientos, sabotajes o pérdidas de comunicación en tiempo real, algo imposible de lograr con medidas tradicionales.

Uno de los factores más importantes a la hora de proteger una propiedad es contar con un sistema conectado a una central de monitoreo profesional.

En Argentina, se estima que menos del 20% de los hogares cuentan con sistemas de alarma monitoreados

Cuando la alarma está monitoreada, cada evento se transmite en tiempo real a operadores capacitados que pueden verificar la situación y activar protocolos de emergencia, como el aviso a fuerzas de seguridad o contactos del usuario.

Este servicio no solo reduce el tiempo de respuesta, sino que también actúa como un fuerte elemento disuasivo. En Argentina, se estima que menos del 20% de los hogares cuentan con sistemas de alarma monitoreados, lo que evidencia un enorme margen de crecimiento y una gran oportunidad en términos de prevención.

Tecnología: el diferencial que hoy marca la diferencia

Los sistemas actuales incorporan funcionalidades que elevan significativamente el nivel de seguridad:

• Comunicación dual (internet + celular) para evitar sabotajes
• Dispositivos inalámbricos supervisados y encriptados
• Aplicaciones móviles para control remoto
• Integración con cámaras de videovigilancia
• Alertas automáticas ante fallas o intentos de intrusión

Estas prestaciones permiten que el usuario tenga visibilidad total de lo que ocurre en su propiedad, incluso a miles de kilómetros de distancia.

La importancia de elegir productos nacionales

Un punto clave que destacan los especialistas del sector es la conveniencia de optar por sistemas desarrollados y fabricados en el país.

Hoy existen marcas nacionales que cumplen con normas internacionales y compiten tecnológicamente con las principales marcas globales, con una ventaja clara: el soporte técnico, la disponibilidad de repuestos y la atención postventa. En un contexto donde la seguridad no puede fallar, contar con respaldo local marca una diferencia crítica.

Consejos prácticos antes de viajar

Además de la tecnología, hay acciones simples que pueden reducir significativamente el riesgo:

• Verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarma
• Activar todas las zonas de protección antes de salir
• Evitar publicar en redes sociales que la vivienda quedará vacía
• Coordinar con un vecino o familiar de confianza
• No dejar llaves ocultas en lugares predecibles

La seguridad electrónica dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta esencial de protección.

En un país donde la percepción de inseguridad sigue en aumento, invertir en tecnología no solo protege bienes materiales, sino también brinda tranquilidad. Porque al final del día, la verdadera diferencia no está en reaccionar ante un problema, sino en evitar que ocurra.

El autor es Director Ejecutivo de Garnet Technology

La clásica imagen del derecho de familia -padres, hijos, un juez y un territorio definido- ya no alcanza para describir la realidad. Hoy, las familias cruzan fronteras con naturalidad: trabajan en remoto, migran, se reconfiguran y, sin embargo, el derecho muchas veces sigue pensando en clave local. Ahí aparece una tensión cada vez más evidente: ¿qué pasa cuando un conflicto familiar no cabe en un solo país?

La Convención sobre los Derechos del Niño, impulsada por Naciones Unidas, dejó claro hace décadas que el norte debe ser el interés superior del niño. Pero llevar ese principio a la práctica, en contextos internacionales, dista de ser sencillo. Los casos no son hipotéticos, son cotidianos. Un padre que traslada a su hijo a otro país sin consentimiento, una madre que quiere regresar a su lugar de origen con el niño tras una separación, una familia que inicia un proceso de adopción internacional sin conocer los riesgos. En todos estos escenarios, entran en juego instrumentos como el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores o sobre adopción internacional, diseñados para ordenar lo que, de otro modo, sería puro conflicto.

El problema no es la falta de normas; es la distancia entre la norma y la realidad. Los tiempos judiciales habitualmente no acompañan la urgencia que requiere un niño o su familia y la coordinación entre países es, muchas veces, más teórica que efectiva. Y en especial, la falta de especialización técnica convierte situaciones delicadas en laberintos legales. Mientras tanto, los chicos esperan. En paralelo, fenómenos como la migración -donde organismos como UNICEF advierten sobre la creciente vulnerabilidad de menores- vuelven aún más evidente que la protección de la infancia no puede depender del azar geográfico.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿está preparado el derecho de familia para este mundo sin fronteras? La respuesta, por ahora, es parcial. Hay avances, hay herramientas, pero también hay una deuda: la de formar profesionales capaces de pensar los conflictos familiares en clave internacional para actuar con rapidez, coordinación y sensibilidad.

Porque cuando el derecho llega tarde o mal, no se trata solo de un expediente, se trata de una infancia y ella, a diferencia de las leyes, no admite prórrogas.

En marzo de 2024 fui víctima de motochorros. No tendría que estar escribiendo esta nota, porque tendría que haber muerto en una banquina de la autopista Panamericana.

Me dispararon a quemarropa un tiro certero al pecho con una frialdad y naturalidad propia de quien realiza una tarea repetitiva. Me emboscaron para robarme la moto. No me resistí; estaba lleno de gente, en hora pico a plena luz del día saliendo del trabajo. No les importó nada.

Atravesé un infierno (5 cirugías), sobreviví de milagro, con secuelas que me quedarán de por vida.

No tuve justicia… lo único que obtuve de la justicia fue el dato de que los que me dispararon eran de un barrio de emergencia de San Martín, GBA... y la recomendación sobre qué moto comprar para que no me roben.

Anteriormente me habían intentado robar múltiples veces cada vez con mayor violencia, en lugares y horarios que antes consideraba seguros. Me fui acomodando, resignando... acostumbrando.

Luego del ataque no quedé con estrés postraumático, ni ataques de pánico, miedo o resentimiento… quedé con bronca y un feroz sentido de propósito.

Creo que resignarse y acostumbrarse implica aceptar que estemos cada vez peor; por eso elijo tener bronca...

Imposible procesar lo que viví como una “anécdota triste”… porque no fue un hecho aislado, ocurre constantemente. Está concentrado en el conurbano bonaerense pero se replica en muchas otras partes de nuestro país, que parecen zonas de guerra donde no se puede salir a la calle. Ahí el Estado brilla por su ausencia o administra la inseguridad y la batalla la damos nosotros solos, sin poder defendernos. “A la buena de Dios”.

Invertimos en alarmas, rejas, cámaras, seguros carísimos, no podemos circular por ciertos lugares u horarios o hacemos verdaderas estrategias logísticas para entrar o salir de nuestras casas o para caminar a la parada del colectivo, etc., etc. cuando ya estamos pagando impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales ridículas para que nos garanticen seguridad. Una verdadera estafa que cuesta vidas, detrás de cada hecho de inseguridad quedan familias destrozadas.

El sentido común y la lógica no importan, las propuestas más elementales chocan con la política, estando todo a la vista... las redes sociales como herramienta del delito, subcultura marginal aspiracional, el delito como un trabajo, los celulares en las cárceles (PyMES del delito), los casos impunes, los delincuentes haciendo lo que quieren, la ausencia de consecuencias. Teniendo fuerzas de seguridad que conducen autos de aplicaciones para no estar por debajo de la línea de pobreza... mantener un preso cuesta casi tres sueldos de un policía. Hay drones para fotomultas pero no combustible para los patrulleros, etc.

Cada vez peor y nadie hace nada

Se puede revertir. Otros países con menos recursos lo lograron y con problemas de inseguridad aún más graves. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de grandes recursos, con impacto inmediato en la realidad de la gente.

Necesitamos medidas drásticas urgentes. Con leyes (reforma del código penal) únicamente no alcanza. Lo que se está haciendo no sirve, el sistema está mal; no hay una única solución. Tiene que existir voluntad política de combatir la inseguridad seriamente, con sentido común. Se pueden adaptar soluciones que funcionan en otros países, no hay que inventar nada.

El costo de delinquir tiene que aumentar (resumido: la probabilidad de que los agarren y la pena impuesta tiene que ser mayor que el beneficio que puedan ganar).

Tan simple como que los busquen, los agarren, no los suelten y que cuando salgan no se hayan perfeccionado en el delito. Tan obvio, tan lógico y tan tremendamente difícil de que ocurra...

Las fuerzas de seguridad necesitan menos marketing y mejores sueldos, que no se castigue la iniciativa, que estén capacitadas y equipadas a la altura de la situación que vivimos; empoderadas pero responsables, auditadas y profesionales.

Lo que pasé me convirtió involuntariamente en referente. Bien o mal, hablo desde mi lugar de víctima con bronca. Espero mucho de la nueva política porque prometió soluciones; de la vieja política que nos trajo a esta realidad no espero nada.

No es una sensación, no es una batalla perdida, no es más divertido que Suiza. La inseguridad no es un derecho adquirido; no es joda.

Personalmente apoyo todo lo que sume en seguridad. Inicié una petición online para exigir medidas urgentes (casi tengo más amenazas que firmantes), convoqué a marchas; impulsé y presenté propuestas y proyectos como el agravamiento de penas y encubrimiento (Art. 277 166 del código penal) que quedará dentro del proyecto de reforma del código penal. Esperemos que lo traten y aprueben en el Congreso lo antes posible.

Hice, hago, y haré todo lo posible con esa bronca hasta que las cosas cambien. Antes que resignación, elijo tener bronca y creo que sería lógico que todos la tengamos.

El caso del adolescente de 15 años que protagonizó el ataque en una escuela de San Cristóbal genera conmoción social, pero también exige una explicación jurídica clara para evitar confusiones peligrosas.

Hoy, en Argentina, ese adolescente no es punible. ¿Por qué? Por una razón elemental en un Estado de Derecho; rige la ley vigente al momento del hecho.

Actualmente sigue en plena vigencia la Ley 22.278, que establece que las personas menores de 16 años no son punibles. Esto significa que no pueden ser sometidas a un proceso penal ni recibir una condena.

Es cierto que el Congreso sancionó la Ley 27.801, que baja la edad de punibilidad a 14 años. Pero esa norma todavía no entró en vigencia; su propio texto establece un plazo de 180 días desde su publicación. Hasta entonces, no puede aplicarse.

Y aquí aparece una garantía fundamental; la ley penal más gravosa no puede aplicarse retroactivamente. Es decir, no se puede usar una ley nueva para empeorar la situación de una persona por un hecho ocurrido antes de que esa ley rija. Hacerlo violaría el principio de legalidad y abriría la puerta a arbitrariedades incompatibles con cualquier democracia.

Ahora bien, decir que el adolescente no es punible no significa que el Estado no intervenga.

Al contrario; la intervención existe, pero no es penal, sino protectoria e integral. El sistema de niñez debe actuar con equipos interdisciplinarios, medidas de contención, abordaje psicológico y seguimiento institucional. El objetivo no es castigar, sino comprender, intervenir y evitar la repetición de hechos de violencia.

Reducir el problema a si el adolescente puede o no ser condenado es, en realidad, una simplificación que impide ver lo más importante.

Porque las preguntas de fondo son otras;

¿Cómo accedió un menor de edad a un arma de fuego?¿Qué fallas hubo en los controles estatales y familiares?¿Existían señales previas que no fueron advertidas?¿Se trató de un hecho dirigido o de una explosión de violencia sin objetivo específico?¿Era víctima de violencia en el hogar o de bullying en la escuela?¿Qué contexto atravesaba ese adolescente?

Estas preguntas son incómodas, pero imprescindibles. Porque el derecho penal llega siempre tarde; actúa después del daño. La prevención, en cambio, exige políticas públicas, controles eficaces y presencia estatal antes de que los hechos ocurran.

En definitiva, lo que hoy rige no es una decisión discrecional, sino una regla básica del Estado de Derecho; nadie puede ser juzgado por una ley que no estaba vigente al momento del hecho.

“La violencia, la exclusión, la salud mental, los vínculos familiares y el acceso a armas no pueden seguir siendo temas secundarios.”

Llamar a esto impunidad no solo es incorrecto; es desconocer las garantías que nos protegen a todos.

Pero además, este caso debe interpelarnos en un plano más profundo; no alcanza con discutir la punibilidad si no estamos dispuestos a tomar en serio las problemáticas que atraviesan a nuestros adolescentes.

Si la única respuesta que ofrecemos es el castigo —cuando llega, además, siempre tarde—, estamos renunciando a comprender y a prevenir. Y eso, en definitiva, es lo que la sociedad no puede permitirse.

La baja de encajes bancarios anunciada por el Banco Central a partir del 1 de abril, con la eliminación del recargo transitorio de 5 puntos, permitirá a los bancos recuperar parte de la liquidez que tenían inmovilizada a partir de abril. La medida apunta a reducir la intervención del BCRA en el sistema financiero.

De todos modos, el nivel de encajes en Argentina sigue siendo elevado si se lo compara con otros países de América Latina. Todavía persiste una fuerte regulación de los encajes y queda un largo camino por recorrer en desregulación bancaria.

Con la eliminación del adicional de 5 puntos, los encajes sobre los depósitos a la vista disminuirán aproximadamente del 50% al 45%. Esto significa que, por cada $100 que un banco recibe en cuentas corrientes o cajas de ahorro, debe inmovilizar cerca de $45. En cualquier comparación con países de América Latina, ese número sigue resultando alto.

Comparación internacional

Para dimensionar el nivel de intervención del BCRA en el sistema financiero argentino, basta observar lo que sucede en la región. En Brasil, uno de los países con mayores restricciones en su sistema financiero, el encaje ronda el 20%. En México y Colombia se sitúa en torno al 10%. En Perú, cerca del 6 en moneda local. En Chile, el porcentaje oscila entre 4% y 5 por ciento.

Por cada $100 que un banco recibe en cuentas corrientes o cajas de ahorro, debe inmovilizar cerca de 45 pesos

Incluso en economías más dolarizadas como Uruguay, los niveles son notoriamente inferiores a los de Argentina.

Aun después de la baja, en términos estructurales y técnicos, el sistema financiero argentino mantiene encajes bancarios entre tres y cinco veces superiores al promedio de América Latina. Este nivel de regulación afecta de modo significativo la operatoria crediticia, encarece el financiamiento y tiene impactos directos en el nivel de actividad económica.

Considerando además que el sistema financiero nacional es chico, debido a la tradicional desconfianza de los ahorristas frente a antecedentes de confiscación de depósitos, los encajes elevados limitan todavía más el acceso al crédito privado. Además, el Estado absorbe buena parte del escaso crédito bancario colocando bonos a las entidades financieras.

El sistema financiero argentino termina siendo reducido por la falta de confianza de los ahorristas ante prácticas estatales de confiscación y porque los bancos destinan el poco crédito disponible a la compra de bonos del Tesoro en vez de canalizarlo al sector privado.

Impacto de la baja en el crédito

El interrogante principal ahora es si la reducción de 5 puntos en los encajes bancarios se traducirá en mayor financiamiento para el sector privado. Se estima que este recorte podría incrementar en un 6% el crédito al sector privado, tomando como referencia el stock vigente al momento de la decisión.

Se estima que este recorte de encajes podría incrementar en un 6% el crédito al sector privado, tomando como referencia el stock vigente al momento de la decisión

Sin embargo, existe la duda respecto al destino de los fondos liberados: podrían destinarse tanto al otorgamiento de nuevos créditos como a la compra de bonos indexados por inflación, dado el contexto previsto para los próximos meses.

Suena extraño esperar un notable incremento en los préstamos a las familias, considerando que la mora en los créditos a hogares representa el 10,6% de la cartera de los bancos. Además, la morosidad en préstamos personales pasó del 3,5% en enero de 2025 al 13,2% en enero de 2026, y en el caso de las tarjetas de crédito, del 2% en enero de 2025 subió al 11% en enero de 2026.

Un posible escenario es que, si bajan las tasas de interés, los bancos refinancien deudas familiares a tasas más bajas. Un comportamiento similar puede darse con las empresas, aunque su nivel de mora es sustancialmente menor.

Perspectiva sobre tasas, inflación y consumo

El impacto sobre la economía real podría ser más limitado de lo previsto inicialmente. Es probable que se observe cierta baja en las tasas de interés y una leve expansión del crédito, aunque no sería esperable un fuerte crecimiento del consumo.

Otro factor relevante es que, si la demanda de moneda no aumenta, la baja de encajes podría trasladarse a los precios, manteniendo la tasa de inflación en torno al 3% o haciendo que el descenso de la inflación sea más lento de lo deseado por las autoridades para agosto.

Al mismo tiempo, la relajación de los encajes podría moderar la caída del dólar en un escenario de inflación en alza y afectar el tipo de cambio real. Si la evolución del tipo de cambio se traslada o no al Índice de Precios al Consumidor dependerá de múltiples variables. Con el actual nivel de encajes bancarios, la caída del salario real y un tipo de cambio retrasado, las perspectivas de crecimiento son limitadas.

La reciente aprobación de la Acordada N° 4/2026 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intenta marcar un punto de inflexión en la organización judicial argentina. Este nuevo "Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados" no es solo una reforma técnica; parece que vienen a dar una respuesta institucional a la necesidad de fortalecer la independencia judicial (o más bien la imagen judicial) y consolidar la confianza ciudadana en un sistema que ha sido percibido (y que aún hoy se percibe) como opaco.

El proyecto intenta poner el foco en el mérito y la idoneidad como vectores determinantes para acceder a la magistratura. A través de un diseño que prioriza la objetividad, se busca que el camino hacia el estrado judicial sea el resultado de la excelencia académica y profesional, y no del “azar” o de las supuestas influencias políticas de turno.

La apuesta por los concursos anticipados es una muy buena decisión estratégica para desvincular la cobertura de vacantes de las coyunturas políticas. Al planificar los llamados con antelación, el Consejo de la Magistratura podrá mantener un flujo constante de candidatos idóneos, evitando que las urgencias políticas dicten los tiempos de la justicia.

Una de las innovaciones más destacadas es la implementación de la Prueba de Oposición Escrita (POE) en dos etapas; una general, donde se valora la formación jurídica general a través de un cuestionario de 120 preguntas de opción múltiple a la que no se le asigna puntaje y solo se aprueba o desaprueba, con una vigencia para el postulante de 5 años. Y una etapa especial, consistente en una evaluación escrita dividida en dos partes: una orientada a evaluar el razonamiento jurídico, la interpretación normativa, etc., por medio de consignas prácticas e hipotéticas, y una segunda que consiste en la elaboración de una sentencia sobre un caso práctico vinculado a la competencia del cargo concursado.

Ambas etapas de la POE garantizan no solo el anonimato mediante sistemas informáticos auditables y claves alfanuméricas para los postulantes sino también a través de un comité de evaluación que confecciona los exámenes y un jurado diferente que realiza las correcciones. Esto quiere decir que la persona que realiza el caso de examen y la que lo corrige son personas completamente diferentes. “Agrega el nuevo proyecto que el jurado, conformado por cuatro juristas provenientes de un sorteo, debe emitir un voto individual cada uno, fundado y autónomo sin deliberación ni comunicación entre sí durante el proceso evaluativo.” ¿Y la calificación final del postulante se hace bajo cuatro correcciones diferentes? Sí, pues resultará del promedio aritmético simple entre las 4 notas asignadas por cada uno de los jurados.

Este mecanismo parece eliminar cualquier posibilidad de identificar al postulante antes de que su examen sea evaluado, asegurando que la calificación responda exclusivamente a la calidad técnica de sus respuestas. Asimismo, incluye para el jurado nuevas pautas y guías de corrección para ponderar la asignación de puntaje; pautas que elaborará la escuela judicial. Esta última asume una participación activa en varias etapas del proceso, estableciendo pautas para la POE, para el cuestionario, para la calificación de antecedentes, para las impugnaciones y hasta para la elaboración del orden de mérito provisorio y el final.

El reglamento introduce también el "Legajo Digital" único y permanente, ya vigente en casi todos los Consejos de la Magistratura del resto del país, permitiendo mayor transparencia sobre los antecedentes de cada aspirante y actualización constante.

Otra de las modificaciones que promueve el proyecto de la CSJN es en cuanto a la calificación de antecedentes de los postulantes, que aunque mantiene el máximo de 100 puntos, los distribuye de otra manera. Primero, porque cambia los parámetros de calificación, agregándole la categoría “formación” con hasta 30 puntos, luego antecedentes profesionales (hasta 50 ptos) y por último académicos (hasta 20 puntos). En la actualidad se puede otorgar un máximo de 70 puntos a los antecedentes profesionales y un máximo de 30 para los académicos.

Algunas curiosidades al respecto de la calificación de antecedentes: la primera es que los 100 puntos equivalen a un alto porcentaje de incidencia sobre la nota final del postulante. En el resto del país, la valoración de los antecedentes tiene un lugar importante en la calificación total del concursante pero no tan alta como aquí en la Nación. La mayoría de los CM del país le otorgan a esta etapa entre el 20 y el 30 % de la nota final (salvo los casos por ejemplo de Salta, Mendoza, Neuquén y Corrientes).

En todos los casos de los CM del país que valoran los antecedentes de los postulantes, también los agrupan en profesionales y académicos y de hecho, dentro de esa división también hay Consejos que le otorgan mayor calificación a la academia que al ítem profesional: son los casos por ejemplo de Neuquén, La Pampa, Catamarca, Salta y Santiago del Estero. En este proyecto la academia y la formación equivalen a la mitad del puntaje, el otro 50% es para la carrera profesional.

Ahora bien, la frutilla del postre del proyecto de reforma es la incidencia de la entrevista personal en el total de la puntuación, etapa del proceso que ahora tendrá puntaje cuando antes no lo tenía. Es decir, el postulante concurría a una entrevista personal pero no se la puntuaba, se calificaba conceptual y subjetivamente. Con la reforma, el puntaje de la entrevista personal puede alcanzar un techo máximo de 20 puntos sobre un total de 200.

La otra novedad es que las preguntas de la entrevista están preestablecidas (formuladas por una subcomisión) y la puntuación tabulada (hasta 5 puntos por planes de trabajo, hasta 5 puntos por opiniones referidas a cuestiones generales y “valores democráticos”, y hasta 10 puntos por la “valoración de opiniones”, criterios o puntos de vista vinculados a tópicos referidos a la especialidad de la vacante a cubrir). ésta sí que es una innovación respecto a la modalidad con la que se lleva adelante entrevista personal en otros consejos de la magistratura argentinos.

Este nuevo proyecto de reglamento se alinea con una tendencia consolidada exitosamente en varios de los consejos de la magistratura provinciales, ya que en el resto del país, la mayoría de los Consejos de la Magistratura puntúan desde sus inicios la etapa de la entrevista personal y hasta en algunos casos su puntuación es menos del 10% de la nota total, con lo cual, la discrecionalidad del final se ve bastante disminuida. Es el caso por ejemplo del CAM de Tucumán, de la CABA, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Neuquén –que equipara en igual medida la entrevista con el puntaje del examen técnico– y Santiago del Estero –que mantiene todas las etapas del concurso con el mismo puntaje–, entre otros.

La entrevista personal, en principio y como bien dice el nuevo proyecto, no es una instancia de evaluación: sino que más bien valora la idoneidad y las aptitudes personales de cada aspirante. Incluso en este caso, al tabular y tasar los criterios de esta instancia, se pretende evitar que una etapa tradicionalmente subjetiva altere de forma arbitraria el orden de mérito construido en las rigurosas evaluaciones técnicas previas.

Ahora bien, ¿es real que no se altera el orden de mérito? ¿Es cierto que hay un blindaje del resultado del examen técnico que el puntaje de la entrevista personal no puede alterar? La puntuación de la entrevista corresponde solo al 10 por ciento de la nota final, por lo cual, parecería que no puede alterarse la técnica y profesionalización del candidato. Esto sí que resulta auspicioso y un verdadero paso adelante en la selección de magistrados. Tal vez a futuro, podría hacerse hincapié en trabajar la posibilidad de que la audiencia final establecida en los artículos 97 y concordantes del proyecto, actúe de termómetro final del orden de mérito como se propone, pero en el caso de que pretenda alterar la terna y el trabajo de la comisión, lo haga con fundamento y hasta tal vez con alguna tabulación o parámetro objetivo preestablecido.

En conclusión, este nuevo proyecto de la Corte busca retirar los hilos invisibles de la selección judicial. Al tecnificar cada etapa y reducir el margen de la discrecionalidad personal, se intenta rescatar la figura del juez de las sombras de la influencia. Si bien ninguna norma puede anular por completo la última instancia política, este paso hacia la neutralidad técnica es una promesa de independencia. Es, en última instancia, el intento de que el acceso al estrado dependa de la excelencia y no de la cercanía, devolviéndole a la ley el lugar que la política le había disputado.

En el día de la fecha se ha dictado una resolución judicial que cautelarmente dispone, en una acción iniciada por la CGT, Confederación General del Trabajo, la suspensión de la aplicación de la Ley de Modernización Laboral hasta que se dicte sentencia definitiva.

Los argumentos del juez han sido insostenibles y demuestran en muchos aspectos un desconocimiento de la ley, de sus efectos, de la legislación vigente y de la jurisprudencia aplicable. Solo ha sido una sentencia dictada con la clara intención de suspender la ley y lo ha hecho en forma genérica, sin que siquiera exista lo que es indispensable, que es la configuración de un “caso”.

La inconstitucionalidad no puede declararse en abstracto y mucho menos sin escuchar a las partes afectadas a favor o en contra de la ley. Sin embargo, igualmente lo hizo y trata de repetir lo sucedido en oportunidad de la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/24 que fue una hipótesis absolutamente diferente, ya que el vicio sostenido en ese entonces por la Justicia fue la sanción de una norma de necesidad y urgencia cuando no existía la misma y hasta el Congreso estaba funcionando normalmente. Usar argumentos que eran válidos en situaciones distintas no pueden serlo frente a una norma sancionada legalmente por el Congreso de la Nación. En realidad lo que quiso hacer fue suspender la norma y luego buscó fundamentos demasiado cuestionables para justificar su decisión.

No puede aceptarse que sostenga que lo hace para que exista. “Paz social” mientras se dicta la sentencia definitiva. Donde o cómo se afectaría esa paz social si está vigente esta ley? Sobre todo cuando existe la Justicia que frente a un caso individual de un trabajador o de un sindicato pueda resolver la cuestión en debate. Y además, ¿cuánto tiempo puede tardar la Justicia en resolver este caso?

Hay jueces que la ley aplicable solo puede ser la que a ellos les gustaría que se hubiera sancionado y no la que el Congreso dictó. Y hay que señalar que esta norma se aplicaría solamente a los trabajadores registrados y no a los que se encuentran en negro, o sea al 55% del trabajo en el sector privado. Por otra parte, el juez en el dictado de la cautelar incursiona abiertamente en el fondo de la cuestión, ya que emite opinión en varios temas sobre su cuestionamiento a la norma dictada.

Es comprensible el accionar de la CGT y su reclamo, ya que nunca estuvieron de acuerdo con esta norma y sin duda tienen que hacer lo que crean conveniente en defensa de los intereses individuales o de las entidades sindicales que representa. Porque si así fuera también deberían dejar ser parte en estas actuaciones y escuchar a los sectores empresarios en defensa de las empresas que representan. Pero no es lo mismo en el caso de un juez que debe resolver un tema desprovisto de intereses o ideologías y con absoluta imparcialidad y escuchando a todas las partes porque así como la CGT puede entender que se afectan sus derechos si se mantiene la vigencia de la ley los sectores empresarios pueden entender que se vulneran sus derechos y se les genera incertidumbre jurídica e imprevisibilidad si se suspenden sus efectos.

Es más, en su afán de detallar todos los temas objeto de esta cautelar, más allá que luego lo hace genérico, detalla los temas, prácticamente toda la ley, y aparecen cuestiones que hacen pensar o que no conoce acabadamente la ley que suspende, o la ley vigente, o la jurisprudencia o la historia de la legislación.

Cuando hace referencia al FAL, sin que esto signifique una valoración sobre su procedencia o no, sostiene que no protege contra el despido arbitrario y en realidad no parece haberlo entendido bien, ya que el empleador sigue siendo el responsable del pago de la indemnización y ahora el trabajador tiene todavía más garantía de percibir la misma frente a la insolvencia del empleador. Lo mismo sucede cuando afirma que el pago de la prepaga se considere no remunerativo. Esto ya es así en la actualidad y ello en modo alguno desfinancia el sistema como afirma, porque no es así, sino que brinda a los trabajadores una mejor cobertura de salud para ellos y sus familias. Parece ignorar que el sistema indemnizatorio ha transitado numerosas modificaciones a lo largo de su existencia que ha sido mejor o peor y nadie nunca lo cuestionó salvo en los supuestos del caso Vizzotti que pese a la existencia de dos modificaciones en la legislación laboral desde que la Corte dictó ese pronunciamiento no se incorporó a la legislación sino hasta esta reforma y ello favorece a los trabajadores. La Constitución Nacional en su art. 14 bis solo hace referencia en que debe existir una protección contra el despido arbitrario y es el legislador el que debe determinar en qué consiste y ha variado en el tiempo. Pero al juez parece no gustarle ese mecanismo legal.

Lo mismo sucede cuando cuestiona que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el que revise los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cuando ello además se deriva de reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que no le gusta lo que dice el Congreso ni lo que dice la Corte Suprema.

El tema de los intereses o actualización monetaria en los juicios en trámite tampoco le gusta y lo único cierto es que en esos juicios hoy no hay ajuste ni tasa aceptada, ya que la Corte Suprema ha revocado reiteradamente los criterios de la Cámara del Trabajo y en los juzgados provinciales se aplican tasas muchísimo más bajas que a nivel de la Nación.

Lo que parece sostener a lo largo de su fallo es que debe primero sortearse un control de constitucionalidad y quizás entienda que debe analizar primero la Justicia tema por tema si ello sucede y luego promulgarse la ley. O sea, confunde su rol de juez para casos individuales del de legislador.

A muchos puede razonablemente no gustarle la ley de modernización laboral por motivos que pueden ser atendibles, ya que todos tienen el legítimo derecho de opinar, pero cuando se sanciona una ley por parte del Congreso con las mayorías legales pertinentes, la suspensión de sus efectos o la declaración de inconstitucionalidad deben ser la última ratio del orden jurídico y no el primero como ha sucedido en este caso.

El ataque armado ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, volvió a poner en el centro del debate la edad de imputabilidad en la Argentina y sus efectos concretos. El autor tiene 15 años y, pese a la reciente aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, no será condenado.

El hecho es de una gravedad extrema. La conmoción social es absoluta. Sin embargo, la respuesta jurídica es clara —y difícil de explicar—: no puede ser condenado penalmente.

No se trata de una discusión interpretativa ni de un vacío legal. El sistema hoy cuenta con una ley que permitiría juzgar a un menor de esa edad. El problema es otro: esa ley todavía no está en vigencia.

El nuevo Régimen Penal Juvenil baja la edad de imputabilidad a los 14 años y establece un sistema específico de responsabilidad penal juvenil. Dentro de ese esquema, frente a delitos graves como el homicidio, se prevé la posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión.

Es decir, bajo el nuevo régimen, un joven de 15 años podría ser juzgado, declarado responsable y condenado.

Pero la propia norma establece un límite temporal decisivo. En su artículo 52 dispone que su entrada en vigencia operará recién a los 180 días de su promulgación.

Como el hecho ocurrió antes de que ese plazo se cumpla, el caso queda regido por la legislación anterior, que fija la imputabilidad penal recién a partir de los 16 años. En consecuencia, el autor del hecho no puede ser sometido a un proceso penal ni recibir una condena.

Este caso vuelve a plantear el alcance real del régimen de imputabilidad penal juvenil en la Argentina y sus límites frente a delitos graves.

Sí pueden activarse medidas de protección, intervenciones estatales y abordajes interdisciplinarios. Pero no hay pena.

Si los padres de la víctima hoy se sientan frente a un abogado, la explicación es tan clara como incómoda. Hay una ley que permitiría juzgar este hecho. Hay un régimen que prevé penas de hasta 15 años. Pero no se aplica. Y la razón es tan técnica como difícil de asimilar: faltan aproximadamente 160 días para que esa norma entre en vigencia.

No se trata de una crítica al actual impulso legislativo. El Congreso finalmente avanzó en una reforma necesaria. El problema es anterior: años de postergación y una mirada que debilitó herramientas del derecho penal.

El garantismo es indispensable: asegura el debido proceso, la defensa en juicio y la presunción de inocencia.

El abolicionismo es otra cosa: es la negación de la pena como respuesta.

Cuando esa lógica se impone, el sistema pierde capacidad de respuesta frente a hechos extremos.

Hoy existe una ley que permitiría juzgar este hecho. Hoy podría aplicarse una pena relevante. Pero no se aplica.

El nuevo régimen representa un avance. Pero llega después de décadas de inacción. Y en este caso, después del hecho.

La discusión sobre la edad de imputabilidad en la Argentina dejó de ser teórica. Es un problema concreto, actual y con consecuencias directas. Entender cómo funciona el régimen penal juvenil y cuándo aplica es clave para dimensionar qué puede —y qué no— hacer hoy el sistema de justicia.

Durante años pensamos a la inteligencia artificial como algo lejano y parte del futuro. Luego, irrumpió de golpe la IA generativa y la recibimos fascinados por lo que podía hacer por nosotros, pero aun así llegó a nuestras vidas como una herramienta o asistente: una tecnología que nos ayudaba a escribir, armar nuestras vacaciones, responder dudas, analizar datos y hacer todo más rápido.

En 2026 se consolida una etapa distinta, la de la IA agéntica. Los agentes de IA ya no solo asisten, sino que puede ejecutar de manera autónoma las tareas que les indicamos y operan procesos completos. Sigue sonando a ciencia ficción, pero ya las empresas de frontera, a la vanguardia de la tecnología están empleando agentes como parte de un cambio profundo de su forma de trabajar. Los datos de IDC muestran que estas organizaciones no solo adoptan IA más rápido, sino que están logrando beneficios de negocio hasta tres veces mayores que aquellas que incorporan IA de forma fragmentada o experimental.

La clave es esta, porque en la era agéntica, el cambio no es solo tecnológico, sino que es fundamentalmente organizacional, cultural y, sobre todo, de liderazgo.

Los agentes no son simplemente “IA más avanzada”, son una nueva forma de trabajo digital que obliga a repensar cómo se organiza una empresa, cómo cambian los roles y quién toma las decisiones. Ya no se trata de asistir a una persona en una tarea puntual, sino de sistemas que planifican y actúan dentro de un marco definido. No es casual que, según el Índice de Tendencias Laborales 2025, el 36% de las organizaciones argentinas ya esté utilizando agentes para automatizar flujos completos, en un contexto donde el 79% de los trabajadores afirma no tener suficiente tiempo o energía para hacer su trabajo. La pregunta clave para los líderes ya no es si van a adoptar agentes, sino si están preparados para dirigirlos.

Liderar agentes no significa programarlos, sino saber definir objetivos claros, establecer límites, decidir qué métricas importan y cuándo intervenir. El liderazgo deja de ser solo gestión de personas y pasa a ser, también, orquestación de inteligencia. La idea de que las empresas del futuro van a ser lideradas por humanos y operadas por agentes empieza a tomar forma concreta.

Por eso, la adopción de agentes no puede ser un proyecto exclusivo del área de tecnología. El verdadero valor aparece cuando el negocio define prioridades, procesos críticos y criterios de éxito, y tecnología habilita el marco seguro para que eso suceda. Los agentes generan impacto cuando están conectados con la lógica del negocio, no cuando funcionan como una capa aislada de automatización.

En este contexto, empiezan a emerger organizaciones con equipos híbridos, donde humanos y agentes trabajan juntos de forma coordinada. En este modelo, las personas aportan criterio, contexto y responsabilidad; los agentes aportan escala, velocidad y consistencia. No se trata de reemplazo, sino de complementariedad. Las empresas que entienden esto logran liberar tiempo y enfocar el talento humano en decisiones de mayor valor.

Esto también redefine la responsabilidad. Cuando una persona dirige equipos humanos, existen reglas, procesos y marcos claros que ordenan la toma de decisiones. Con los agentes ocurre lo mismo: si van a ejecutar trabajo real, alguien debe definir cómo operan, hasta dónde llegan y bajo qué criterios se los supervisa. A medida que las organizaciones avanzan hacia estos modelos, se vuelve necesario diseñar nuevos sistemas de gobernanza. No para limitar la innovación, sino para hacerla sostenible. La supervisión humana, la trazabilidad de las acciones y las reglas claras de acceso a la información dejan de ser un tema técnico aislado, para ser parte del rol de liderazgo. En este contexto, la IA responsable se vive en nuestra práctica cotidiana en el momento en que tomamos las decisiones.

Los datos muestran que este cambio ya está en marcha. Según el Índice de Tendencias Laborales 2025 de Microsoft, la mayoría de los líderes planea incorporar agentes digitales en el corto plazo, y un 37% espera que sus equipos aprendan a entrenarlos, mientras que un 29% anticipa que deberán gestionarlos activamente como parte de su trabajo cotidiano. Por su parte, IDC proyecta que el número de empresas que utilizan IA agencial se triplicará en los próximos dos años. El diferencial, entonces, no está en adoptar agentes primero, sino en hacerlo mejor. En integrarlos al corazón del negocio, con una visión clara de impacto y con personas en el centro de cada decisión.

La próxima ventaja competitiva no va a ser tecnológica, va a ser organizacional. Las empresas que entiendan que liderar agentes es una nueva habilidad clave estarán mejor preparadas para un mundo donde el trabajo se redefine. Porque, al final del día, la tecnología puede escalar capacidades, pero el liderazgo sigue y seguirá siendo una responsabilidad humana.

En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar el control de YPF, que estaba en manos de Repsol. Esa decisión, en sí misma, es legal. Los Estados pueden expropiar. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo.

El problema no fue la expropiación. El problema fue cómo se hizo.

YPF tenía un estatuto claro. Ese estatuto —aceptado por todos, incluido el propio Estado argentino— establecía que, si alguien tomaba el control de la compañía, debía hacer una oferta pública para comprarle las acciones al resto de los accionistas. Es una regla básica de mercado: proteger a los minoritarios cuando cambia el control.

Eso no ocurrió.

Argentina avanzó con la toma de control, pero no cumplió esa obligación. Y ahí está el corazón del fallo. La jueza Loretta Preska fue clara: el estatuto es un contrato, y los contratos se cumplen. Incluso —y sobre todo— cuando quien interviene es un Estado.

La Cámara de Apelaciones no cambió esa lógica. No dijo que la expropiación fuera ilegal. Confirmó algo más incómodo: que el país quiso actuar como soberano para tomar el control, pero como si no fuera parte del juego cuando debía respetar las reglas.

Ese doble estándar no pasó el filtro judicial.

El punto es más profundo que YPF. Es un mensaje directo al mundo: podés ejercer tu soberanía, pero no podés desconocer las obligaciones que asumiste. No podés elegir cuándo sos Estado y cuándo sos un actor más del mercado.

Las consecuencias son concretas. La condena es millonaria. El riesgo de embargos existe. Y, sobre todo, el daño a la credibilidad es real. Porque en el mundo de las inversiones, la confianza no se declama: se construye cumpliendo reglas.

Este caso deja una lección incómoda pero necesaria. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto. Es la diferencia entre atraer capital o espantarlo. Entre financiarse o quedar aislado.

Argentina no perdió por querer recuperar YPF. Perdió por no respetar el marco en el que decidió hacerlo.

Y eso, en cualquier parte del mundo, tiene un precio.

La medida cautelar dictada a pedido de la CGT suspendió, con efecto general, una parte sustancial de la ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, incluyendo normas sobre contrato de trabajo, tercerización, solidaridad, jornada, indemnizaciones, huelga, ultraactividad, negociación colectiva, tutela sindical, teletrabajo y el Fondo de Asistencia Laboral. Según la resolución, la CGT promovió una acción declarativa del artículo 322 del CPCCN y el juzgado hizo lugar a una cautelar innovativa que paraliza provisoriamente 82 artículos hasta que se resuelva el fondo.

Desde una mirada estrictamente jurídica, el primer problema de la resolución es su escala. No estamos ante la suspensión puntual de una cláusula específica, claramente individualizable y prima facie incompatible con la Constitución. Estamos ante la paralización cautelar de un bloque normativo heterogéneo, extenso y técnicamente muy diverso. La propia sentencia admite que no corresponde, en esta etapa, determinar en detalle la constitucionalidad de ese conjunto de disposiciones, pero al mismo tiempo igual las suspende. Ese salto lógico es el punto débil central del pronunciamiento: cuanto más vasto es el objeto cautelar, mayor debía ser la carga argumental del juez. Aquí ocurrió lo contrario: a mayor amplitud del remedio, menor densidad del fundamento.

El segundo problema es la tensión con la ley 26.854. El artículo 13 de esa norma exige, para suspender los efectos de una ley, la concurrencia simultánea de presupuestos especialmente rigurosos: perjuicio grave de imposible reparación ulterior, verosimilitud del derecho, verosimilitud de la ilegitimidad, no afectación del interés público y ausencia de efectos irreversibles. La resolución afirma que todos esos requisitos se encuentran reunidos. Pero cuando se observa el desarrollo argumental, se advierte que el “peligro en la demora” aparece construido sobre hipótesis generales y no sobre daños concretos, actuales y suficientemente individualizados. El fallo menciona, por ejemplo, qué ocurriría si se pusiera en marcha el FAL y luego fuera declarado inconstitucional, o si se avanzara con la deshomologación de convenios colectivos. Son escenarios posibles, sí, pero siguen siendo escenarios. En una cautelar contra una ley del Congreso, la mera conjetura no debería alcanzar.

La tercera objeción es todavía más seria: la resolución incurre en caracterizaciones normativas que, al menos en algunos puntos, aparecen exageradas o directamente inexactas. El propio fallo sostiene que el nuevo artículo 9 de la LCT “quita el in dubio pro obrero en la interpretación de la norma”. Sin embargo, el texto reformado mantiene expresamente que “en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador”, agregando el criterio de agrupamiento por instituciones. Es decir, podrá discutirse el cambio metodológico, su conveniencia o su constitucionalidad, pero no puede afirmarse, sin más, que el principio desapareció. Ese modo de describir la ley debilita la premisa sobre la que luego se construye la verosimilitud del derecho.

Algo similar ocurre con el artículo 23 de la LCT. La sentencia afirma que la reforma “elimina la presunción por prestación de servicios, agregando que deben ser subordinados”. Pero el texto reformado no elimina la presunción: la redefine y la circunscribe a la prestación de servicios “en situación de dependencia”, excluyendo ciertos supuestos instrumentados como obra, servicios profesionales u otras formas no dependientes con facturación o pago bancarizado. Otra vez: puede discutirse si el legislador restringió demasiado la presunción, pero no es correcto presentar esa modificación como una supresión lisa y llana del instituto. La diferencia no es menor, porque en un proceso cautelar la fidelidad en la descripción del objeto impugnado es decisiva.

Hay además un cuarto punto especialmente criticable: la competencia. La propia resolución reconoce que el Estado planteó inhibitoria y que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.° 12 una causa destinada a discutir si la Justicia del Trabajo podía intervenir. Aun así, el juzgado laboral avanzó y dictó una medida de altísimo impacto institucional. El problema no es solo prudencial. El artículo 79 de la reforma remitía justamente al fuero contencioso administrativo federal los casos en que fuera parte el Estado Nacional, y expresaba que en esos supuestos la Justicia Nacional del Trabajo no podía expedirse. Es cierto que esa misma regla forma parte de la ley impugnada. Pero precisamente por eso la cautela exigía un plus de autocontención jurisdiccional. Resolver primero y discutir después la competencia es una técnica extremadamente riesgosa cuando lo que se suspende es una ley del Congreso.

La quinta crítica está en el estándar argumental que utiliza el fallo para justificar la apariencia de ilegitimidad. La resolución llega a decir que la inconstitucionalidad surge de la “mera comparación de regulaciones”, en forma “patente” y “flagrante”. Esa fórmula puede ser útil como giro retórico, pero no reemplaza el análisis jurídico serio que una decisión de este tamaño requería. La reforma laboral no es un bloque uniforme. Contiene disposiciones de muy distinta naturaleza: algunas podrán ser plausiblemente cuestionables, otras probablemente defendibles y otras, lisa y llanamente, reglamentarias dentro del margen de configuración del legislador. Tratar todo ese universo como si exhibiera una invalidez ostensiblemente evidente desde el primer examen cautelar es una simplificación impropia para un caso de esta magnitud.

El sexto problema reside en la manera en que la sentencia invoca el principio de progresividad. El juez parece asumir una premisa particularmente intensa: toda reforma que reduzca tutela en algún punto del sistema sólo podría ser válida si viniera compensada por una mejora equivalente o superior en otro segmento del “botiquín de derechos”. Esa formulación, utilizada en el fallo, no es la forma en que tradicionalmente se estructura el control de constitucionalidad sobre la actividad legislativa en materia laboral. La progresividad opera como un límite, sin duda, pero no convierte al Congreso en rehén de una regla de intangibilidad general del régimen previo. El legislador conserva facultades de reglamentación, siempre que no vacíe el contenido esencial de los derechos ni incurra en arbitrariedad. Llevar el principio de progresividad a una versión casi petrificante del sistema anterior es, también, una forma de sustituir la decisión legislativa por una preferencia judicial.

Tampoco convence la forma en que el fallo trata el interés público. La resolución sostiene que suspender provisoriamente la ley aportará seguridad jurídica, porque evitará conflictos futuros hasta que se dicte sentencia definitiva. Ese razonamiento es, cuanto menos, discutible. También puede decirse exactamente lo contrario: suspender una ley recién sancionada, de modo amplio y con argumentación apenas preliminar, multiplica la inseguridad jurídica. Empresas, trabajadores, sindicatos, asesores y tribunales quedan sin una regla cierta de transición. Y ello sucede, además, respecto de institutos centrales de la organización del trabajo. En otras palabras, el fallo presenta como tutela de la seguridad jurídica lo que en los hechos puede convertirse en un factor de incertidumbre sistémica.

Hay, además, un componente institucional que no debería soslayarse. La ley 27.802 fue dictada por el Congreso en ejercicio de sus competencias. En estos casos, la presunción de constitucionalidad no desaparece, sino que exige un control particularmente prudente, más todavía en etapa cautelar. La sentencia reconoce la gravedad de suspender una ley, pero luego neutraliza esa gravedad con afirmaciones amplias sobre el deber judicial de controlar constitucionalidad y convencionalidad. Nadie discute ese deber. Lo que se discute es otra cosa: si ese control, antes del contradictorio pleno y respecto de 82 artículos, podía ejercerse con semejante grado de generalidad. Allí es donde la resolución luce más vulnerable.

Lo dicho no significa sostener que la reforma laboral sea inmune a reparos constitucionales. Sería una exageración igualmente impropia. Varias de sus disposiciones probablemente abrirán debates serios y legítimos. Pero una cosa es admitir la debatibilidad constitucional de ciertos artículos y otra muy distinta es convalidar una suspensión cautelar masiva, nacional y prácticamente integral de un paquete normativo complejo, sobre la base de fundamentos todavía embrionarios, descripciones discutibles del texto legal y un peligro en la demora apoyado más en hipótesis de sistema que en lesiones concretas e inmediatas.

En síntesis, la cautelar es criticable por tres razones decisivas. Primero, porque avanza con una intensidad inusual sobre una ley formal del Congreso. Segundo, porque lo hace con una fundamentación insuficientemente granular, que mezcla institutos muy distintos bajo una misma sospecha de inconstitucionalidad. Tercero, porque en algunos puntos describe la reforma de manera sobreactuada, debilitando la base misma de la verosimilitud invocada. El problema, entonces, no es sólo lo que el fallo decide. El problema es cómo lo decide.

Esa es, precisamente, la razón por la cual la discusión en Cámara será tan importante. No tanto para definir hoy si toda la reforma es constitucional o inconstitucional, sino para establecer algo previo y decisivo: si en un Estado de Derecho un juez puede, en sede cautelar y con esta densidad argumental, congelar de un solo golpe una parte tan significativa de la política legislativa laboral.

Lo que se discutió en Davos puede parecer lejano. Pero si hoy estás renegociando condiciones con un proveedor, esperando que te confirmen un embarque o revisando el costo de un crédito, ya sabés que no lo es.

El Foro Económico Mundial 2026 se desarrolló en un contexto que dejó de ser teórico. A pocos días del inicio de nuevos conflictos bélicos y con disputas comerciales abiertas entre potencias, el mundo dejó de hablar de riesgos potenciales y empezó a gestionar consecuencias concretas.

Uno de los consensos más claros fue que el mundo entró en una etapa de fragmentación sostenida: disputas comerciales, tensiones tecnológicas y alianzas cada vez más inestables. No se trata de una crisis puntual. Se trata de una normalidad marcada por la desconfianza.

Y cuando la confianza se vuelve escasa en la economía global, también se vuelve escasa en la economía local… y en la empresa.

Las cosas no encarecen porque sí. Encarecen cuando el mundo pierde previsibilidad y el riesgo aumenta.

Eso es economía real entrando en la operación diaria.

Durante años, el mundo funcionó con una arquitectura de poder distribuida. Hoy, con conflictos abiertos, poder en disputa y energía convertida en herramienta geopolítica, los costos ya no los pagan solo los países. Los paga cada empresa en su operación diaria.

Las empresas funcionan como pequeñas economías abiertas. Dependen de proveedores, financiamiento, talento y acuerdos externos.

Cuando el entorno global pierde previsibilidad, esas dependencias se vuelven más caras, más lentas y más selectivas.

El crédito no desaparece, se vuelve más exigente. Los proveedores no desaparecen, priorizan. Los acuerdos no se frenan, se negocian con más cautela.

Si alguna vez tuviste que esperar una confirmación que antes era automática, sabés exactamente de qué hablo.

Ahí empieza a aparecer una diferencia que no siempre se explica por números.

Claudio Zuchovicki insiste en una idea incómoda pero profundamente real: el verdadero termómetro del mercado no son sólo los datos, es la confianza.

El dólar no sube o baja únicamente por matemática. Los mercados se mueven cuando cambia la confianza y la percepción de riesgo. No reaccionan sólo a los hechos, reaccionan a lo que las personas creen que va a pasar.

Y cuando eso ocurre, el crédito se encarece, los acuerdos se retrasan y las decisiones se vuelven más conversadas.

Ese mismo fenómeno hoy atraviesa la economía global. La economía local y tu empresa también.

Por eso, en mercados tensos, la confianza deja de ser reputación. Se convierte en acceso económico.

Acceso a crédito cuando el financiamiento se restringe.Acceso a proveedores cuando los insumos escasean.Acceso a acuerdos cuando otros quedan afuera.

Muchos líderes ya vivieron situaciones que lo explican mejor que cualquier teoría: un proveedor que decide sostener entregas aun cuando el mercado está inestable. Un banco que mantiene una línea de crédito cuando otros clientes quedan en revisión.

No siempre es una cuestión de dinero. Muchas veces es una cuestión de credibilidad acumulada.

Porque cuando el mundo se vuelve incierto, los actores económicos no eligen sólo por precio. Eligen por previsibilidad. Eligen a quienes consideran confiables.

Estamos frente a un nuevo giro del mercado. Cuando el mundo pierde confianza, el CEO se convierte en el principal estabilizador económico de su organización. Pasa a ser una pieza central de la economía real de su empresa. Se convierte en el responsable de sostener la credibilidad que mantiene la posibilidad del crédito, los acuerdos y el flujo operativo.

En un mundo fragmentado, la diferencia entre operar y detenerse ya no depende sólo de la eficiencia. También depende del nivel de confianza que la organización supo construir antes de que el contexto se vuelva incierto.

Y eso no es teoría. Es lo que define si una empresa sigue operando… o empieza a frenarse.

La economía lo sabe desde siempre. Hoy el liderazgo empieza a tratar la confianza como lo que realmente es: un activo económico.

En un entorno donde la inteligencia artificial avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para adaptarse, cada vez más compañías optan por combinar su conocimiento del negocio con experiencia externa especializada, para transformar sus procesos y generar valor real, buscando achicar esa brecha entre la velocidad de la aparición de nuevas tecnologías y la adopción natural de las organizaciones.

Al igual que cualquier proceso que genere alto valor e impacto, la innovación alcanza su máximo potencial, efectividad y sostenibilidad cuando se concibe de manera colaborativa. Esta premisa no es una simple analogía; responde a fundamentos estructurales que potencian el éxito compartido.

Distintos estudios de firmas como McKinsey y BCG muestran que la mayoría de las iniciativas de innovación fracasan cuando se intentan desarrollar exclusivamente con capacidades internas. No porque falte talento, sino porque las organizaciones están ocupadas haciendo lo que ya saben hacer: operar, crecer, atender clientes, gestionar contextos complejos, adaptarse a regulaciones, inflación o cambios globales. En ese entorno, encarar una transformación transversal como la inteligencia artificial -comparable en impacto al nacimiento de Internet- no es trivial.

 Innovar en soledad puede ser el mayor error estratégico de una empresa.

Incluso las empresas más innovadoras del mundo lo entienden así, y la inteligencia artificial llegó para impulsar este proceso. Así, por ejemplo, Google adquirió DeepMind para acelerar sus capacidades en inteligencia artificial, y Microsoft ha invertido más de USD 10.000 millones de USD en OpenAI. Si quienes lideran la innovación global eligen asociarse para avanzar más rápido, la pregunta es inevitable: ¿por qué otras organizaciones creen que pueden hacerlo solas? ¿por qué no adoptar éstas prácticas adaptadas a la escala de su negocio?

Hay una razón de fondo, casi obvia, pero muchas veces ignorada: la especialización. Las empresas existen porque hacen algo mejor que el resto; y pretender dominar, además, un campo tan complejo y cambiante como el software y en (solo) una de sus áreas de negocios a “la IA” puede diluir el foco que genera los verdaderos ingresos de una compañía .

Cada empresa debe concentrarse en lo que mejor sabe hacer y apoyarse en quienes saben acelerar el resto.

En esta dinámica aparece otro problema: la confusión sobre qué es realmente innovar. Hoy abundan mensajes que prometen reemplazos masivos de personas o mejoras del 80% o 90% en productividad gracias a la IA. Sin embargo, estudios más serios muestran mejoras mucho más graduales, del orden del 10% al 20% en tareas como programación, por ejemplo. Y ese número, lejos de ser menor, es enorme cuando se escala a organizaciones con miles de ingenieros.

Entonces, el problema no es la tecnología, sino cómo se interpreta y se aplica. Otro inconveniente que se suma, y debe tenerse en el mapa de adopción de IA, es el de la escala; ya que no es lo mismo resolver un problema “de laboratorio”, que llevarlo a la operación y al negocio, que en una empresa multinacional con cientos de miles de clientes, empleados y sistemas que interactúan aún es más complejo, por más recursos que tengan. En este sentido, las empresas medianas, organizadas, tienen una posible ventaja para que dicha adopción impacte más directa y rápidamente en el negocio.

Muchas implementaciones actuales reflejan esta confusión. Se agregan agentes o chatbots sobre procesos existentes sin re-diseñarlos, generando experiencias pobres. Basta interactuar con algunos canales automatizados de atención para ver el nivel de madurez: respuestas limitadas, baja resolución de problemas y, en muchos casos, incapacidad de escalar a un humano.

Agregar IA a un proceso ineficiente no lo transforma: escala su ineficiencia.

La verdadera innovación ocurre cuando se rediseñan los procesos de negocio, de generación de valor al cliente. Y eso, como en el ajedrez, muchas veces se ve mejor desde afuera. No se trata de optimizar lo existente, sino de cambiar la lógica completa.

Cuando el conocimiento profundo del negocio se combina con la experiencia en tecnología e innovación, se produce algo distinto: una mirada capaz de identificar oportunidades que desde adentro no siempre son visibles. Como decía George Bernard Shaw: “Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, y las intercambiamos, ambos seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, y las intercambiamos, entonces ambos tendremos dos ideas.” o mejor aún una idea única, revolucionaria y que corta transversalmente todo el proceso de generación de valor.

Hoy, muchas empresas están recurriendo a este modelo. Desde corporaciones que trabajan con partners especializados para rediseñar su experiencia de cliente, hasta organizaciones que externalizan capacidades de data e inteligencia artificial para acelerar la toma de decisiones. En todos los casos, el patrón es el mismo: combinar conocimiento de negocio con conocimiento tecnológico para generar valor más rápido. Esta concepción es esencial para cualquier tipo de compañía y tamaño, no pasa por presupuestos, sino por la claridad y la convicción que co-innovar impacta en los resultados de una organización.

Pero la innovación por sí sola no logra resultados en las empresas sino es aplicada en todos los niveles de la organización, y principalmente en los que impactan directamente en la rentabilidad. Entonces, implementar inteligencia artificial aplicada al negocio con claros objetivos pasa a ser esencial en cualquier decisión de innovación.

Por eso, las empresas de software y tecnología juegan un rol clave en este proceso. No solo por su expertise técnico, sino porque concentran conocimiento sintetizado de múltiples industrias, casos de uso y plataformas; sino porque son las que poseen en su ADN la adopción tecnológica, como está sucediendo con la Inteligencia Artificial en la actualidad.

Además, operan como integradores de ecosistemas: detrás de cada implementación hay tecnologías, partners y experiencias acumuladas que permiten evitar errores y acelerar resultados en esta adopción de la IA sobre el negocio. Cuando ese conocimiento se aplica en conjunto con el cliente, no se parte desde cero, sino desde un nivel de madurez mucho más alto. No se trata de tercerizar capacidades, sino de ampliar la inteligencia con la que se toman decisiones.

En este escenario, externalizar capacidades de innovación para adoptar la IA, no es una decisión táctica, sino estratégica. Permitiendo acelerar la implementación, acceder a talento especializado, transformar costos fijos en estructuras más flexibles, reducir riesgos tecnológicos y ejecutar múltiples iniciativas en paralelo.

Pero quizás el cambio más importante es conceptual. Innovar ya no es un esfuerzo individual ni aislado. Es un proceso de co-creación donde la cercanía con el cliente —lo que algunas organizaciones denominan customer intimacy— permite entender en profundidad el negocio y diseñar soluciones que realmente transforman.

La supervivencia de las empresas depende de su capacidad de adaptarse rápido. Pero el futuro pertenece a quienes eligen bien con quién hacerlo. Porque innovar no es solo incorporar tecnología: es decidir con quién construir lo que viene.

En los pasillos silenciosos de las monarquías del Golfo, donde las decisiones estratégicas rara vez se anuncian, pero siempre se ejecutan, existe una definición que no admite ambigüedad. Para Arabia Saudita, un Irán con armas nucleares no es un problema diplomático, ni siquiera un desafío estratégico manejable. Es una amenaza existencial. Según medios reconocidos, en conversaciones privadas del pasado, líderes saudíes llegaron a instar a Washington a literalmente “cortar la cabeza de la serpiente”. Más recientemente, la formulación se volvió más sofisticada pero no menos contundente, esto significa que si Irán cruza el umbral nuclear, no solo cambia el equilibrio regional, sino que se pone en tensión la arquitectura que sostiene al sistema financiero global. En lenguaje geopolítico, eso significa el fin del orden actual en Medio Oriente y posiblemente a nivel global.

Para entender por qué esa definición arrastra consigo una consecuencia inevitable, que es la intervención estadounidense frente a la amenaza iraní, hay que retroceder medio siglo, a un momento fundacional donde petróleo, moneda y seguridad se entrelazaron en un mismo sistema. A comienzos de los años 70, tras el colapso de Bretton Woods y el shock petrolero de 1973, Estados Unidos enfrentaba un dilema estructural, que era cómo sostener la demanda global de una moneda que ya no estaba respaldada por oro. La respuesta no fue declarada en un tratado único, sino construida como una arquitectura financiera y militar.

Washington selló un entendimiento con Arabia Saudita —y por extensión con los reinos del Golfo— donde el petróleo se comercializaría en dólares y los excedentes serían reciclados principalmente hacia activos financieros estadounidenses. A cambio, Estados Unidos ofrecería algo mucho más valioso que cualquier respaldo metálico, ofrecería seguridad.

Durante la guerra entre Irán e Irak, el conflicto derivó en la llamada “Tanker War”, donde ambos bandos comenzaron a atacar buques petroleros en el Golfo

Así nació el sistema de los petrodólares, una arquitectura de seguridad militar y financiera entre EEUU y el Golfo Pérsico. No como un acuerdo puntual, sino como un circuito de poder donde el petróleo que fluye genera dólares que circulan, y excedentes que regresan a Wall Street como financiamiento del déficit fiscal estadounidense. Un sistema financiero sostenido, en última instancia, por una promesa geopolítica. Esa promesa quedó formalizada en 1980 con la Doctrina Carter. En plena revolución iraní y con la Unión Soviética avanzando sobre Afganistán, Washington elevó el Golfo Pérsico a la categoría de interés vital. Cualquier intento de controlar la región sería repelido por la fuerza. Lo que hasta entonces era un vínculo estratégico se convirtió en doctrina explícita.

La prueba llegó pocos años después. Durante la guerra entre Irán e Irak, el conflicto derivó en la llamada “Tanker War”, donde ambos bandos comenzaron a atacar buques petroleros en el Golfo. El problema ya no era la producción de crudo, sino su circulación. Y con ello, la estabilidad misma del sistema. El Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global— se convirtió en un punto de falla sistémica. Si ese flujo se interrumpía, no solo se disparaban los precios del crudo a nivel global, sino que se ponía en cuestión la credibilidad del sistema energético y financiero global.

La respuesta de Ronald Reagan no fue simbólica. Estados Unidos cambió bandera de buques kuwaitíes por la de EEUU, desplegó escoltas navales y, tras sucesivos incidentes, lanzó la operación “Earnest Will” con acciones militares directas contra activos iraníes. La “Tanker War” no fue simplemente un episodio bélico. Fue la ejecución de una cláusula implícita que es la garantía de seguridad que sostenía al sistema del petrodólar. Ese contrato nunca fue escrito. Pero fue ejecutado cada vez que estuvo en riesgo.

Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo gracias a la revolución del shale

Sin embargo, el mundo que emerge hoy es profundamente distinto al de los años 80. Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo gracias a la revolución del shale. Asia —particularmente China e India— se ha convertido en el principal demandante de energía. China emerge no solo como consumidor, sino como competidor sistémico, promoviendo mecanismos alternativos de pago y contratos en yuan. Paralelamente, se observa un movimiento gradual —todavía marginal pero persistente— hacia la diversificación monetaria en el comercio energético global.

El dólar, aunque dominante, muestra signos de desgaste. La guerra contra el terrorismo erosionó recursos y legitimidad, y Washington ha reorientado su foco estratégico hacia el Indo-Pacífico. En ese contexto, las monarquías del Golfo comenzaron a hacer lo que cualquier actor racional haría que es diversificar riesgos. Explorando acuerdos en otras monedas, ampliando vínculos con China y, en el plano de seguridad, incluso buscando alternativas de seguridad como la cooperación entre Arabia Saudita y Pakistán. Pero cabe resaltar, que esa diversificación no implica una ruptura con el orden preestablecido. Implica algo más sutil, una evaluación constante sobre la credibilidad del compromiso norteamericano en la región.

El punto de inflexión fue el acuerdo nuclear impulsado por Barack Obama. Para las monarquías del Golfo, ese acuerdo no eliminó la amenaza iraní, sino que la postergó. A ello se suman nuevos frentes de tensión global —Ucrania, Taiwán— que dispersan la atención estratégica de Washington. En ese escenario, la posibilidad de que un actor revisionista como Irán acceda a armas nucleares deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en un riesgo inmediato. Y allí es donde el sistema vuelve a su lógica original.

Trump puede cuestionar alianzas, presionar bilateralmente o redefinir cadenas de suministro, pero el núcleo del sistema permanece intacto

La arquitectura global del dólar no descansa únicamente en mercados financieros profundos o en la liquidez de sus activos. Descansa en arterias llenas de crudo que fluyen de manera segura hacia el mundo. Wall Street es el corazón donde esos flujos se reciclan, pero el sistema solo funciona si la circulación está garantizada por la Quinta Flota Naval de EEUU. Ese fue el trade-off implícito de los años 70, donde Estados Unidos ofrece seguridad y el Golfo utiliza el dólar. Esa ecuación sostiene la demanda global de bonos del Tesoro y permite financiar el déficit fiscal estructural estadounidense. Pero sin la sensación de seguridad por parte de los reinados del Golfo Pérsico, el sistema pierde su base. Y sin esa base, el privilegio del dólar comienza a erosionarse.

Donald Trump, pese a su retórica disruptiva, no rompe con esa lógica. La ejecuta sin matices. Al igual que Nixon y Reagan, entiende que el poder financiero de Estados Unidos está íntimamente ligado a su capacidad de garantizar el orden energético global. Trump puede cuestionar alianzas, presionar bilateralmente o redefinir cadenas de suministro, pero el núcleo del sistema permanece intacto. Por eso, frente a la inminencia de un Irán nuclear, la opción de no actuar simplemente no existe para Washington.

No se trata solo de contener a Irán. Se trata de sostener la credibilidad de un sistema que, aunque muestra fisuras, sigue siendo el pilar del orden global. Permitir que Irán alcance capacidad nuclear implicaría aceptar una transformación del equilibrio de poder en el Golfo, acelerar la proliferación regional —con Arabia Saudita como primer candidato— y, en última instancia, debilitar el paraguas de seguridad existente, rompiendo la relación entre energía, seguridad y dólar.

Paradójicamente, incluso China —principal rival estratégico de Estados Unidos— tiene incentivos más que claros para evitar ese escenario. Su dependencia energética del Golfo hace difícil imaginar un respaldo pleno a una desestabilización que pondría en riesgo sus propios flujos de suministro.

Frente a este escenario, la historia ofrece una posible hoja de ruta. En los años 80, la respuesta no fue una guerra total ni un cambio de régimen, sino una intervención limitada pero decisiva para garantizar la seguridad marítima. La operación “Earnest Will” lanzada por Reagan demostró que el objetivo no era derrotar a un enemigo, sino preservar el corazón del sistema financiero global.

Hoy, con matices y nuevas variables, ese precedente vuelve a cobrar relevancia. Detrás de la retórica, es probable que la administración Trump busque una solución similar que es contener, disuadir y asegurar el flujo, más que rediseñar el régimen iraní. Porque en el fondo, y más allá de los discursos, la lógica no ha cambiado.

El petróleo necesita seguir fluyendo. El dólar seguirá siendo su lenguaje. Y cuando ese flujo se ve amenazado, la historia muestra que Estados Unidos no duda en cumplir su parte del acuerdo con los países del Golfo y en recordar al mundo que, detrás de su moneda, todavía navega una flota invencible.

El autor es Profesor de Análisis de Riesgo Político UCEMA

En un escenario en el que la productividad se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento económico en América Latina, la tecnología y, en particular, la inteligencia artificial, se consolidan entre las principales palancas capaces de modificar de forma estructural la competitividad de la región. Para Argentina, el desafío no es menor: avanzar en adopción tecnológica sin quedar atrapada en una brecha creciente entre uso, inversión y captura real de valor.

Según el estudio Latin America in the Intelligent Age: A New Path for Growth, de World Economic Forum, la IA tiene el potencial de elevar la productividad de América Latina entre 1,9% y 2,3% por año, lo que podría generar entre US$ 1,1 billones y US$ 1,7 billones en valor económico adicional anual para la región. El problema es que ese potencial sigue lejos de materializarse: apenas el 23% de las organizaciones latinoamericanas genera valor económico con IA, y solo el 6% reporta impactos significativos.

En este contexto, la digitalización deja de ser una opción táctica y pasa a ser una condición para competir. Tecnologías como la IA, análisis avanzado, automatización y plataformas en la nube permiten a las empresas rediseñar procesos, tomar decisiones basadas en datos y escalar operaciones sin aumentar proporcionalmente los costos.

Según el análisis de 2025 “Impacto Económico de la Inteligencia Artificial en América Latina”, de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en Argentina el gasto en IA llegó a aproximadamente US$146 millones en 2023. Aun así, el impacto ya es medible: la IA aporta cerca de US$236 millones anuales al PIB, principalmente a través del aumento de la productividad del trabajo calificado.

Por tanto, el principal desafío no es la adopción aislada de herramientas, sino su integración en la estrategia de negocio. Para Argentina, el reto pasa por convertir la tecnología en una infraestructura estratégica: modernizar sistemas, migrar a la nube, organizar datos y desarrollar talento para escalar el impacto en sectores clave como industria, agro, construcción, servicios, comercio y logística.

Pese a las brechas, la ventana de oportunidad sigue abierta. La combinación de un ecosistema tecnológico activo, talento reconocido internacionalmente y una demanda creciente por soluciones digitales posiciona a Argentina en un punto de inflexión. El desafío es acelerar la captura de valor antes de que la brecha con economías más avanzadas se amplíe.

En un contexto de competencia global creciente, la tecnología se consolida como una palanca central de competitividad económica. Para Argentina, el verdadero salto no estará en solo adoptar más herramientas, sino en utilizarlas mejor, con estrategia, escala y foco en productividad.

El Perú enfrenta una alerta sanitaria que avanza con rapidez y que aún no recibe la atención que merece: la obesidad infantil. Las cifras más recientes muestran que el sobrepeso y la obesidad ya afectan a una proporción significativa de niños y adolescentes, comprometiendo no solo su bienestar inmediato, sino también su salud y calidad de vida en la adultez. De no actuar a tiempo con políticas públicas, educación nutricional y un compromiso real de familias y autoridades, el país podría enfrentar en los próximos años una generación marcada por enfermedades crónicas que hoy son, en gran medida, prevenibles.

Las cifras hasta el 2024 revelan que, en el Perú, el sobrepeso y la obesidad afecta al 8,6% de los niños menores de 5 años; al 38,4% de los niños de entre 6 y 13 años y al 24,8% de los adolescentes de entre 12 y 17 años. En el caso específico de la obesidad, el mayor número de afectados se centra en niños de entre 6 y 13 años puesto que el 16% presentan este problema.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se caracteriza por la acumulación de grasa por encima de los niveles normales para la edad y el sexo de la persona.

La obesidad infantil incrementa considerablemente el riesgo para desarrollar enfermedades crónicas durante la infancia y sobre todo durante la vida adulta. El exceso de grasa corporal produce resistencia a la insulina, una condición en la cual el cuerpo no responde a la acción de esta hormona y, en consecuencia, se dificulta el control de los niveles de azúcar en sangre. De persistir este problema, se incrementa la posibilidad de que el niño pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a muy corta edad. De hecho, reportes nacionales alertan sobre el incremento del número de casos de esta enfermedad en menores de 15 años.

La obesidad y la resistencia a la insulina también contribuyen considerablemente con la elevación de los niveles de colesterol y otras grasas en sangre, con el incremento de la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en general.

No obstante, lo descrito solo constituye la punta del iceberg de un problema que, de no tratarse a tiempo, impactará negativamente la vida del futuro adulto. Los niños con obesidad, aunque logren ajustar su peso con la pubertad, siempre serán adultos predispuestos a desarrollar obesidad o tener serias dificultades para controlar su peso cuando sean adultos. Del mismo modo, presentarán una mayor predisposición a padecer problemas renales, oculares, respiratorios -asma o apnea del sueño, por ejemplo – y articular debido a la sobrecarga de peso sobre las extremidades, sin mencionar los estragos que la obesidad pueda dejar sobre la autoestima y la salud mental de niño y el futuro adulto.

Considerando que la obesidad infantil abona el camino para un adulto obeso, también se debe recordar que el exceso de grasa corporal es un factor de riesgo importante para al menos 13 tipos de cáncer. En algunos casos, la obesidad puede incrementar hasta en un 40% el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Además, favorece el crecimiento tumoral y de metástasis

Ahora bien ¿Qué factores predisponen para el desarrollo de la obesidad infantil?

Aunque existe un componente genético, los principales determinantes para desarrollar obesidad están relacionados con factores externos: hábitos alimentarios inadecuados caracterizados por un consumo elevado de alimentos procesados ricos en grasa y azúcar -blanca, rubia, panela, miel, algarrobina-, sedentarismo, un entorno familiar donde ya existe obesidad; un nivel sociocultural bajo, alteraciones en el ritmo de sueño, estrés excesivo, entre otros.

La obesidad podría convertirse en este siglo en lo que el retardo en el crecimiento representó para el Perú a finales del siglo pasado: un problema de salud pública con enormes costos sociales y económicos. Si no actuamos a tiempo, sus consecuencias en enfermedades crónicas y en el gasto sanitario serán cada vez mayores, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Evitar que esta realidad marque el futuro de nuestros niños es una responsabilidad que no podemos seguir postergando.

Perú enfrenta problemas de debilidad institucional que lo limitan por diversas razones: inseguridad, ausencia de carrera pública, corrupción y falta de transparencia en la gestión. Todo ello afecta su capacidad de respuesta frente a los retos de nuestro tiempo, en particular problemáticas medioambientales como la deforestación o la falta de sostenibilidad. Solo el deterioro ambiental compromete el 3,9% del PBI. Esta debilidad institucional no solo tiene impactos sociales y ambientales: incrementa de manera silenciosa el costo de hacer negocios en el país, generando ineficiencias, conflictos y pérdida de competitividad.

El Estado peruano debe lograr un modelo que busque satisfacer las necesidades actuales y poniendo a la ciudadanía primero: un desarrollo sustentable basado en la interacción y el equilibrio entre eficiencia económica, equidad social y conservación del ambiente. Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas a partir de un manejo responsable y sostenible de los recursos naturales. La Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que toda persona tiene derecho a la paz, al disfrute del tiempo libre y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Esta visión encuentra respaldo en la evidencia empírica. Según un estudio nacional sobre percepciones de la inversión en el Perú, realizado en diciembre de 2025 en el marco de la iniciativa Saber para Crecer, entre el 81% y el 85% de los peruanos considera que la inversión extranjera contribuye al crecimiento económico, y más del 80% reconoce su aporte a la generación de empleo, especialmente en sectores como minería, pesca e infraestructura. Sin embargo, este respaldo no es incondicional: el 77% de los encuestados considera que la inversión en minería suele generar daños ambientales, el 73% señala impactos negativos en comunidades locales, y cerca del 78% exige que las empresas publiquen reportes ambientales obligatorios, reflejando una clara demanda por reglas, sostenibilidad y transparencia en la ejecución de los proyectos.

El Perú enfrenta un gran desafío. Una sociedad que busca su desarrollo debe entender su territorio y conocer los recursos físicos, naturales, culturales y sociales que lo componen. Es fundamental el desarrollo de valores y de una estrategia de sostenibilidad en las actividades económicas. En el Perú falta un Estado moderno que impulse un planeamiento estratégico, una hoja de ruta de mediano y largo plazo que articule políticas públicas a favor de un desarrollo sustentable. Aquí todos somos responsables: no hay empresa privada exitosa sin un Estado moderno.

La institucionalidad que debe caracterizar a un Estado moderno tiene una relación estrecha con la gobernabilidad, el desarrollo sustentable y la superación de la pobreza. Si no generamos capacidad de gestión de los recursos con criterios de sustentabilidad, no podremos superar los cuellos de botella, el déficit de infraestructura ni los conflictos sociales. En este contexto, la falta de transparencia y de información accesible no solo alimenta la desconfianza social, sino que eleva los riesgos y costos de los proyectos, retrasando decisiones e inversiones estratégicas y afectando directamente el clima de inversión.

Subsisten problemas de capacidad de gestión y asignación de recursos, así como superposición de competencias entre sectores y niveles de gobierno. Por ello, es imperativo fortalecer la capacidad institucional en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado. La descentralización debe entenderse como un proceso económico y técnico de construcción de capacidades locales y regionales, no solo como la existencia de autoridades propias o mayor presupuesto. Esto debe ir acompañado del desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas, con énfasis en resultados.

Paralelamente, es necesario fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, avanzar hacia una gestión orientada a resultados y promover la competitividad y la productividad, de modo que la inversión extranjera directa genere beneficios concretos para la población peruana. Asimismo, resulta clave incorporar criterios de huella ecológica en las prácticas empresariales, así como potenciar las ventajas competitivas vinculadas a la diversidad biológica del país y a una planificación y uso del territorio más eficiente.

Debemos promover y afianzar sostenidamente alianzas estratégicas tripartitas Estado–Universidad–Empresa, así como la meritocracia y el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Hoy existe una necesidad urgente de cuadros técnicos para proyectos en marcha, especialmente en regiones donde hay universidades cuya acreditación y calidad no están respondiendo a las exigencias del desarrollo nacional.

Considerar la transversalidad de la gestión del Estado en un país que aspira a ser sustentable requiere indicadores claros y un monitoreo permanente de la productividad, involucrando a todos los sectores productivos, al sistema educativo y a la seguridad nacional. Del fortalecimiento de la institucionalidad dependen la gobernabilidad y la sostenibilidad, así como la seguridad en sus distintas facetas —hídrica, alimentaria y energética—, que son los mejores indicadores de la capacidad de un país para enfrentar amenazas como el cambio climático.

Son invisibles. Si acaso se recuerdan, son muchas veces considerados “trabajos menores” y “empleados de segunda clase”. ¡No nos damos cuenta cuánto importan! La persona de la limpieza, los que recogen la basura, los que abren la puerta, los que llevan la correspondencia, los que limpian nuestras mesas, los que cuidan nuestros niños y niñas. Todos (y los que se nos olvidan) son, más que importantes, fundamentales en el día-a-día.

En el mundo corporativo, tan orientado a resultados, indicadores y posiciones jerárquicas, existe una tendencia casi automática a asociar valor con cargo. Mayor es el impacto cuanto más alto es el puesto. Una lógica como mínimo incompleta.

Así como en nuestro cuerpo, donde el sistema depende de la interacción entre cada órgano y parte, por más grande o pequeña que sea, las organizaciones funcionan como sistemas vivos de interdependencia. Lo que llamamos “puestos pequeños” suelen ser posiciones de funcionamiento invisible. Cuando esa posición falla, todo el sistema lo siente.

No nos damos cuenta de lo que vale hasta que hace falta.

Al igual que cuando nos lesionamos el dedo meñique o nos deja de funcionar bien un “órgano menor”, recién nos damos cuenta de cuánto lo necesitábamos. Y no es un detalle estético. Pensemos en algo simple: una oficina impecable cada mañana. Este es sin duda un factor que influye en la productividad porque afecta el estado mental de los que ahí trabajan. Tomemos la puntualidad de un servicio logístico como otro ejemplo. Una tarea aparentemente operativa puede marcar la diferencia entre cumplir o fallar a un cliente clave. Recordemos a quienes cuidan de nuestros hijos y los alimentan, con sus estilos particulares de organización y liderazgo.

El problema no es sólo que no veamos estas contribuciones. El problema es que, al no verlas, las subestimamos sistemáticamente. Y cuando una organización subestima parte de su propio sistema, introduce una fragilidad estructural. Y hay algo más profundo aún. No se trata sólo de eficiencia operativa. Se trata de Cultura.

Una Cultura Organizacional no se define por lo que se dice en las presentaciones, sino por cómo se trata a las personas cuando nadie está mirando. Y en ese sentido, la forma en que una empresa -o una sociedad- trata a quienes ocupan los roles menos visibles dice mucho más que cualquier declaración de valores.

Un elemento tan simple como poderoso: decir gracias.

En apariencia, es un gesto menor. En la práctica, es un acto de reconocimiento que valida la contribución del otro. No cambia un salario, no modifica un contrato, pero sí impacta directamente en algo fundamental: la dignidad del trabajo. Y la dignidad no es un concepto abstracto. Tiene consecuencias concretas: mejora la calidad del trabajo y fortalece el compromiso, genera sentido de pertenencia y reduce la indiferencia.

En otras palabras, decir gracias no es solo cortesía. Es gestión de Cultura. En entornos de alta exigencia como los que viven hoy muchas organizaciones, solemos enfocarnos en grandes decisiones: estrategia, crecimiento, transformación. Todo eso es necesario. Pero muchas veces olvidamos que la sostenibilidad de esos procesos descansa en miles de interacciones cotidianas, muchas de ellas con personas que no aparecen en ningún Directorio.

El respeto no se declara, se practica.

Y se practica, sobre todo, en lo pequeño. Saludar, mirar a los ojos, reconocer, agradecer. No se trata de idealizar ni de romantizar. Se trata de entender que no hay trabajos pequeños, hay miradas pequeñas. Y que el verdadero liderazgo -el que construye organizaciones sólidas- es capaz de ver valor donde otros ven rutina.

En un momento donde hablamos tanto de transformación, innovación y cambio, quizás conviene empezar por algo mucho más básico y, al mismo tiempo, más difícil: reconocer genuinamente a quienes hacen posible que todo lo demás funcione. Porque al final, ninguna estrategia se ejecuta sola. Y ningún sistema funciona sin las personas que, muchas veces en silencio, lo sostienen cada día.

Un dueño de empresa vuelve a tomar las riendas de su negocio a los 80. Un líder de empresa multinacional es jubilado a los 55 Un CEO asume un nuevo rol a los 64 Otro CEO toma a su cargo un desafío importante a los 65

Por un lado las multinacionales típicas, con una fuerte cultura de desarrollo de gente, para permitir el crecimiento de los “jóvenes brillantes” quieren darles oportunidades, y por el otro, muchas empresas nacionales no se fijan en el potencial, sino en la experiencia y aceptan ejecutivos senior que demuestren energía, experiencia y criterio.

De todas maneras los casos de los senior mencionados arriba, eran impensables hace unos años, precisamente por el aspecto de la energía y la actualización. Hoy en día, ya se ha escrito mucho sobre cómo una persona puede, a pesar de los años, mantener una vitalidad y capacidad de aprendizaje que antes tenían personas 10 años menores.

Podría uno preguntarse por qué una persona mayor de 60 querría seguir trabajando. La respuesta es simple, si uno está mental y físicamente bien, y se siente 20 años más joven de lo que es, uno se resiste a hacer vida pasiva. Se sabe que mantenerse en actividad ayuda a prolongar la vida sana, y le da sentido.Por otro lado está el factor económico. En algunos países, como el nuestro, no es fácil acumular un patrimonio que asegure, a los 60 años, y después de 35 de trabajo, la posibilidad económica de vivir de las rentas con un nivel de vida y de disfrute como es el aspiracional. La única forma es seguir generando ingresos.

Los líderes empresariales normalmente son muy conservadores con sus ahorros y no los invierten de manera que generen grandes rentas. Prefieren dedicar su energía al trabajo en el cual son exitosos. El ingreso mensual es por lo tanto, el de su trabajo, y por eso, cuando tienen la posibilidad, eligen seguir trabajando.

Llega un momento, tarde o temprano, en el cual el ingreso fijo se termina, y es en ese momento, en el cual toman conciencia que es posible que el ingreso financiero sea significativo, y es entonces cuando se dedican, con la misma energía a administrar su capital.

Por el lado de las empresas, los entrepreneurs que han generado empresas importantes, en cierto momento se dan cuenta que han dejado de poner foco en aspectos de orden e infraestructura que ponen en riesgo o desvalorizan su empresa, y que tienen la posibilidad de disfrutar aspectos de la vida hasta ahora resignados. Es cuando deciden tomar un Gerente General. Algunos buscan su alter ego que tenga la misma energía, hambre de crecer y visión de negocios, y que además se ocupe de esos aspectos en que ellos no se concentraron. Descubren, en general, que no encuentran a nadie que cumpla con esas características. Con lo cual vuelven al ruedo y se produce una colisión con el Gerente.

Por otro lado, se observa que en general un Gerente capaz de ordenar una empresa es alguien con una visión integral y con método y procesos. Las mejores personas para esto son los gerentes generales formados en grandes empresas.Pero este tipo de ejecutivos suele estar dispuesto a incorporarse a una empresa más familiar, una vez que consideran que no tienen más futuro en las empresas más corporativas.

Y es en ese momento en que se produce una maravillosa simbiosis. Un empresario con ganas de delegar ciertos aspectos y un ejecutivo con entusiasmo de aplicar sus conocimientos y ver resultados importantes.

Un aspecto adicional es la demografía. En muchos países, incluyendo el nuestro, el pronóstico es una reducción de la fuerza laboral. Por lo tanto es bienvenido recurrir a poblaciones que hasta el momento no formaban parte de la misma. Una es el de la gente más 55 o más 60, que proveen criterio y experiencia, aunque no reemplazan las funciones que requieren competencias que suelen tener los más jóvenes. Otro segmento de población que todavía está por unirse a la fuerza laboral es el de las mamás que resignaron su vida empresarial para dedicarse a los hijos. Estas personas normalmente en la quinta década de vida ya no tienen esa presión, tienen toda la energía del mundo, y ganas tremendas de poder demostrar sus capacidades. Todavía pocas empresas se han percatado. Les conviene hacerlo porque con la disminución de la maternidad, esa franja también puede escasear a futuro.

Por suerte la escasez de población durante un tiempo se podrá suplir con la automación y la IA, y está por verse cómo se formarán los líderes con altas responsabilidades que no han transitado el recorrido del escalafón de aprendizaje que típicamente recorren hoy los jóvenes para llegar con experiencia y criterio. Quizás la IA permite reemplazar ese recorrido.A todo esto se suma una creciente resistencia de todas las poblaciones a estar 12 horas diarias todos los días viajando y trabajando. Lo que hace que las empresas deban modificar sus esquemas de trabajo hacia otros mucho más flexibles, bajo riesgo de no poder incorporar o mantener los mejores talentos.

En conclusión, hay evoluciones demográficas que tienen impacto en el mundo empresarial, los dueños que quieren estar presentes más tiempo, los ejecutivos que desean trabajar hasta edades elevadas, los jóvenes que disminuyen en cantidad y en posibilidades de formarse, las mamás que quieren volver a trabajar, la necesidad de extender para la mayoría el período durante el cual se generan ingresos, la dificultad de vivir de las jubilaciones, la incertidumbre que amenaza a los ahorros, el deseo de flexibilidad. Una evolución tan importante como la de la IA, que paulatinamente nos dará un nuevo mapa de carreras y mercados laborales. Mucho está por verse todavía. Estemos alertas para tomar las decisiones correctas, tanto como empresarios como en nuestra calidad de trabajadores o profesionales.

La Acordada 4/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se impulsa un proyecto orientado a transparentar y objetivar el régimen de concursos para la selección de magistrados, constituye un aporte institucional serio, oportuno y valioso. En un tema tan sensible para la calidad republicana como es la designación de jueces, todo esfuerzo dirigido a reforzar el mérito, acotar la discrecionalidad, mejorar la trazabilidad del procedimiento y robustecer la confianza pública merece ser destacado. La iniciativa de la Corte va, sin duda, en esa dirección.

La preocupación por perfeccionar los mecanismos de evaluación técnica, reducir márgenes de opacidad, estructurar mejor los antecedentes y racionalizar la incidencia de etapas más susceptibles de subjetividad representa un paso importante en una materia que desde hace años reclama reformas consistentes. Sin embargo, precisamente porque el punto de partida es valioso, corresponde también advertir que el problema de fondo no queda enteramente resuelto. Aun dentro de un esquema más transparente y mejor ordenado, persiste una cuestión estructural del sistema argentino de selección de magistrados: la desventaja comparativa de quienes ejercen la profesión de abogado de manera liberal frente a quienes ya integran el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa.

La observación no importa una descalificación de la carrera judicial ni de quienes se forman y desarrollan en ella. Todo lo contrario. Sería imposible desconocer que el Poder Judicial argentino ha sido históricamente uno de los grandes ámbitos de formación de profesionales del derecho en nuestro país. De su seno han salido jueces, fiscales, defensores, y también numerosos abogados de destacada actuación posterior en el ejercicio privado, en la academia y en la función pública. La práctica judicial temprana aporta disciplina técnica, rigor en el análisis, contacto cotidiano con expedientes complejos y una valiosa familiaridad con la lógica del razonamiento jurisdiccional.

Pero justamente allí aparece una paradoja que merece ser señalada: el Poder Judicial ha sido un gran formador de algunos de los más exitosos profesionales del derecho en la Argentina, y sin embargo no se nutre luego, en medida suficiente, de la experiencia adquirida por esos profesionales en el ejercicio independiente de la abogacía. Se forma hacia afuera, pero se recluta preferentemente hacia adentro. Ese sesgo no se manifiesta tanto en una exclusión normativa expresa como en la arquitectura concreta de los concursos. El sistema argentino, presentado habitualmente como híbrido, no exige formalmente la carrera judicial previa como requisito para acceder a la magistratura. Pero cuando se observa la forma en que se valoran los antecedentes, la experiencia específica, la especialidad y la trayectoria, la inclinación resulta evidente: la experiencia interna se traduce con mayor facilidad, linealidad y previsibilidad en mérito puntuable que la experiencia profesional liberal.

Quien ya integra el Poder Judicial o los ministerios públicos acredita su trayectoria a partir de cargos, jerarquías, funciones y permanencias fácilmente clasificables. Quien ejerce la profesión de manera independiente debe, en cambio, traducir una experiencia habitualmente más variada, más compleja y muchas veces más rica en una grilla que no siempre logra captarla con justicia. La Acordada 4/2026 mejora, ciertamente, aspectos relevantes de ese panorama. Tiende a objetivar más la evaluación, a reforzar el anonimato de los exámenes y a ordenar mejor el proceso. Pero aun así, el diseño general continúa mostrando una preferencia estructural por quienes ya pertenecen al universo institucional del que habrán de salir luego buena parte de los seleccionados.

Ese dato obliga a plantear una discusión de fondo que en la Argentina se elude con demasiada frecuencia: si para integrar la magistratura no debería exigirse, como regla, un período mínimo de ejercicio profesional liberal efectivo. La propuesta encuentra sustento en algunos de los modelos judiciales muy prestigiosos del mundo occidental. En diversos países de tradición anglosajona, el acceso a la magistratura presupone haber ejercido previamente la profesión de abogado durante un número relevante de años. La idea de base es sencilla: para juzgar adecuadamente no basta con conocer el derecho desde adentro del aparato judicial; es necesario haber conocido el derecho en acción, desde la perspectiva del litigante, del asesor, del profesional que responde frente a un cliente y que opera en el mundo real.

Ese enfoque merece ser atendido. La experiencia del abogado en ejercicio independiente aporta al futuro juez un conjunto de saberes prácticos, prudenciales e institucionales que difícilmente pueden ser reemplazados por completo por la sola carrera interna. La magistratura debe nutrirse de profesionales que hayan atravesado antes la práctica del derecho en el mundo social y económico real. Esa exigencia no solo procura madurez técnica; procura también criterio práctico, comprensión del proceso desde la posición del litigante, conciencia del costo y de las consecuencias de la decisión judicial, y conocimiento concreto de la vida civil y comercial sobre la cual luego habrán de recaer las sentencias.

Quien ejerce la profesión liberal no solo estudia expedientes y redacta escritos. También debe conseguir y conservar clientes, organizar equipos de trabajo, dar empleo, afrontar obligaciones, fijar honorarios, cobrarlos, administrar costos, asumir riesgos, tomar decisiones económicas, sostener una estructura profesional en funcionamiento y desenvolverse en el entramado concreto de la vida negocial y financiera. Debe comprender, muchas veces en forma directa, cómo impactan las decisiones sobre la libertad y la propiedad, sobre empresas, personas, contratos, inversiones, incumplimientos, crisis patrimoniales y conflictos reales, créditos. Ese universo de experiencia es, en gran medida, ajeno a quienes se desempeñan exclusivamente dentro del Poder Judicial o de los ministerios públicos.

No porque les falte capacidad técnica ni sensibilidad institucional, sino porque su trayectoria profesional se desarrolla, naturalmente, en coordenadas diferentes. Desde esa perspectiva, la cuestión no es corporativa. No se trata de una reivindicación sectorial de la matrícula ni de una impugnación a la carrera judicial. Se trata de pensar qué tipo de experiencia debe tener quien va a decidir sobre los derechos, patrimonios, libertades y conflictos de los demás. El modelo continental europeo, basado en la selección temprana y en la carrera judicial, tiene virtudes conocidas: profesionalización, continuidad, especialización y homogeneidad técnica.

Pero también exhibe un riesgo estructural: la endogamia, esto es, la tendencia a que el sistema se reproduzca sobre sí mismo, formando y seleccionando predominantemente a quienes ya comparten su misma cultura institucional. El modelo anglosajón, por el contrario, parte de otra premisa: la magistratura debe nutrirse de profesionales que hayan atravesado antes la práctica del derecho en el mundo social y económico real. Por eso, la discusión que se abre a partir de la Acordada 4/2026 no debería limitarse al modo de puntuar mejor antecedentes, perfeccionar exámenes o acotar entrevistas. Todo eso es necesario. Pero no alcanza.

La cuestión más profunda consiste en preguntarse si el acceso a la magistratura no debería requerir, además, una experiencia previa obligatoria de ejercicio profesional liberal, debidamente acreditada y sostenida durante un lapso significativo. El esfuerzo de la Corte Suprema merece apoyo. La búsqueda de concursos más transparentes, más objetivos y confiables es indispensable. Pero si esa discusión quiere ser completa, debe animarse a ir un paso más allá. Debe preguntarse no solo cómo seleccionar mejor, sino también a quiénes se está seleccionando y desde qué trayectorias se considera, en los hechos, que se llega con mayor mérito a la magistratura.

Tal vez haya llegado el momento de asumir que la experiencia profesional liberal no es un antecedente lateral ni subsidiario frente a la carrera judicial. Es una escuela diferente, exigente, formadora de criterio y profundamente vinculada con la realidad sobre la que los jueces deben decidir. Si de verdad se pretende jerarquizar el acceso a la magistratura, una reforma seria debería considerar que haber ejercido efectivamente la profesión de abogado de manera liberal sea un requisito para acceder al cargo judicial. Sería una forma de honrar, al mismo tiempo, la excelencia técnica de la carrera judicial y la experiencia insustituible que aporta la abogacía en ejercicio. Y sería, sobre todo, una manera de construir una magistratura más abierta, más plural, más realista y mejor conectada con la vida jurídica, económica y social de la comunidad a la que sirve.

“La guerra siempre es una derrota” y “no a la blasfemia de la guerra”, afirmó el Papa Francisco en Bahrein, donde instó a “las religiones a unirse como conciencia de paz, oponiéndose a la carrera armamentista y condenando a quienes “abusan de Dios para justificar la violencia”.

La magistral ópera Nabucco (1842) es el símbolo de la resistencia y liberación de los pueblos sometidos, donde la liberación representa la paz. La historia refleja cómo unos pueblos y estados oprimen a otros. Como aquel monarca del imperio babilónico hace 2.600 años, que sometió, asesinó y deportó a judíos, destruyó Jerusalén hasta que la locura lo inmovilizó. La obra fue estrenada en la Scala de Milá. El coro de Nabucco evocó el canto de las gentes aplastadas por los tiranos y las fuerzas invasoras, que repiten los círculos de la historia del odio, el absolutismo y la barbarie.

Desde la mirada de los creyentes, Nabucco se trata del himno de la fe. Hoy debería ser el himno y estandarte de los pueblos en el proceso de liberación. De la ocupación de los pueblos de Oriente Medio, atacados, irracionalmente. Paradojas de la historia tantas veces repetida. Desde la fe en Dios, desde la perspectiva de la moral, y desde el derecho internacional, los crímenes cometidos contra esos pueblos constituyen siempre graves violaciones.

Es verdad. El 7 de octubre ocurrió una horrenda e imperdonable tragedia que merece sanción. Pero digamos por enésima vez. Quienes controlan la entrada y la salida de un pequeño territorio amurallado, con construcciones más propias de una cárcel o gueto; quienes disfrutan de los recursos tecnológicos y científicos más modernos del mundo y la tolerancia de sus moradores para controlar vehículos, personas, armas y todo tipo de elementos, como lo hace el ejército israelí -este cronista puede dar testimonio porque lo atravesó y fue severamente revisado-¿Puede racionalmente alegar no tener ninguna responsabilidad? Puede desconocer la negligencia o complicidad en el ingreso de fuertes armamentos y sofisticados lanza misiles y misiles muy próximos a la frontera? La oposición israelí reclama los resultados de las investigaciones.

Una desproporción entre atentado, agresión y genocidio

Los actos procesales previos al uso de la fuerza por un Estado contra otro han ido cayendo en desuso, como son los avisos o intimaciones y las normas de la autorización previa del Consejo de Seguridad y del poder legislativo al poder ejecutivo que en la mayoría de las constituciones de los países democráticos se exige como condición de legalidad. De la legalidad de los grandes modelos de las repúblicas liberales a la ilegalidad que exhiben las naciones de los mercados hoy no hay una gran diferencia.

En muchos casos, tampoco hay una distancia significativa entre el terrorismo de los grupos criminales y el de los Estados regulares. Para que se entienda: en una comunidad civilizada, la razonabilidad es la regla, tanto en una pelea entre sujetos individuales como en el juzgamiento de las acciones bélicas entre estados. El discernimiento sobre la intensidad y la medida de las acciones tomadas para detener o contener a un agresor -tanto en el ámbito internacional público como en las relaciones entre los hombres- es la medida del comportamiento humano y el de las bestias.

La justificación y legitimidad exige proporcionalidad en la respuesta a la ofensa o daño infligido. Claro que hay quienes carecen de frenos inhibitorios y “pierden la cabeza” actuando con exceso. Es lo que diferencia al hombre normal del criminal. No hace falta adherir a L’uomo delinquente de Lombroso para reconocer lo que sucede en las calles de nuestras ciudades. Somos espectadores frecuentes de las agresiones entre los barrabravas de los clubes de fútbol, o entre jóvenes intoxicados y los patovicas a la salida de los boliches nocturnos. Se ciegan, al igual que ciertos soldados, y llegan a golpear desmedidamente al más débil mediante patadas y golpes hasta causarle la muerte.

Esta misma ceguera, trasladada al campo de las relaciones internacionales, se manifiesta en la matanza en la Franja de Gaza —el uso de armas de fuego en un jardín de infantes—. Es la multiplicación del exceso brutal ejercido por un ejército poderoso sobre un pueblo de civiles desarmados y encerrados.

Gaza: la peor matanza y destrucción de gente indefensa

La agresión de Hamás y Hezbolá cobró la vida de 1200 almas inocentes. Repetimos: criminal, horrenda, dolorosa e imperdonable. Un asesinato colectivo de más de un millar de civiles. El 7 de octubre merecía una sanción tan grave como una represalia sin precedentes.

Sin embargo, la represalia se ha cobrado más de 70.000 vidas en apenas 365 kilómetros cuadrados, en su mayoría también civiles e inocentes. El saldo es la destrucción del 90% de las viviendas, 38 hospitales, 96 centros de salud, 835 mezquitas y 40 cementerios. A esto se suma el desplazamiento forzado de 2.000.000 de gazatíes, incluidos 838.000 niños. Después del alto al fuego, se registraron 463 muertes por inanición, de las cuales 157 eran menores. Es una matanza 60 veces mayor a la ofensa recibida, con las consecuencias de miles de amputados y enfermos. Es el uso del hambre por parte de Israel como arma de guerra. Un infierno interminable.

La ONU declaró que la hambruna en la Franja de Gaza y el genocidio fueron provocados deliberadamente por el gobierno de Israel aún después de la invasión mediante el cierre de fronteras, impidiendo el ingreso de alimentos y agua potable. Estas acciones se han pretendido justificar por razones de seguridad ligadas al conflicto paralelo con la vecina nación persa.

La Asamblea de la ONU generó diversos pronunciamientos en la cuestión de Israel contra el Estado Palestino, y en relación con la protección de civiles y cumplimiento de ayuda humanitaria.

En la votación del 1 de diciembre de 2025, se ha pronunciado con 149 votos a favor de todos los Estados miembros y tan solo 12 votos en contra, 19 abstenciones. De América Latina, votaron en contra Argentina y Paraguay.

No es preciso abundar en los detalles de cual fue la agresión inicial que dio paso al estado de guerra entre Israel y Estados Unidos e Irán. En el campo del Derecho Público Internacional, existen normas que derivan de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como de tratados bilaterales y multilaterales firmados y ratificados por los Estados.

En materia de represalias, se establecen requisitos que deben respetarse: la existencia de un ilícito previo cometido por el estado contra el cual se ejerce la represalia; que la represalia sea proporcional al ilícito; que sea contemporánea a la agresión, o que busque prevenir una agresión o ataque inminente; que no viole derechos humanos; que tenga por objeto el restablecimiento o reparación de daños; y que el estado lesionado haya instado previamente al responsable a cumplir sus obligaciones, ofreciendo negociar.

El diálogo es la única herramienta de un mundo civilizado.

Antecedentes de la guerra contra Irán

Según consigna el portal Wikipedia, el 27 de junio de 1981, cuando Jamenei era candidato a la presidencia de Irán, sufrió un intento de asesinato. El 15 de junio de 2015, durante la guerra de los doce días, Israel presentó un plan para asesinar a Jamenei que fue vetado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. El periodista Steve Holland informó el 15 de junio de 2025 en la publicación Reuters Daily Briefing que Trump habría vetado un plan de Israel para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, según dos funcionarios estadounidenses citados por la agencia de noticias.

Todo hace pensar que Benjamin Netanyahu, asediado por la responsabilidad que se le atribuye en relación con los sucesos del fatídico 7 de octubre -cuya investigación no se habría hecho pública y cuya difusión reclama la oposición- y enfrentando cargos, junto a su ministro de defensa Yoav Gallant, ante la Corte Penal Internacional en La Haya por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en noviembre de 2024 en la Franja de Gaza, ejerció una gran presión sobre Trump para asociar las fuerzas de Estados Unidos con las de Israel en el plan mencionado, que en su momento había sido vetado por el presidente estadounidense. Finalmente, ese plan se perfeccionó y concluyó con la comisión del delito internacional de magnicidio contra Khamenei el 28 de febrero de este año. El Tratado de Roma tipifica estos delitos: genocidio (artículo 6), crímenes de lesa humanidad (artículo 7) y crímenes de guerra (artículo 8). A la Corte Penal Internacional le corresponde entender en conductas individuales y su comisión desde el punto de vista penal cuando consisten en “ordenar, instigar o cometer esos actos ilícitos de carácter internacional”.

Distinta es la jurisdicción sobre la responsabilidad de los Estados, que corresponde a la Corte Internacional de Justicia, órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Las acciones incoadas contra el Estado de Israel también se encuentran en curso.

Del plan criminal a la “furia épica”

Tras el acuerdo entre Trump y Netanyahu el 28 de febrero último, las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel, en una operación denominada furia épica, lanzaron ataques de precisión, invadieron el espacio aéreo de Irán y dispararon misiles contra la residencia del jefe de Estado, Alí Jamenei, en Teherán. El resultado fue el magnicidio de Khamenei, el asesinato de su hija Boshra Jamenei, su nieta de catorce meses Zahra Mohammadi Golpayebagi, su nuera Zahra Haddad-Adel, su yerno Mesbah Bagheri Kani, y otras víctimas.

De la República liberal a “la ley de la selva”

Como ya hemos afirmado en una nota anterior, los ataques se llevaron a cabo sin el acuerdo previo del Congreso de Estados Unidos, práctica que ha quedado prácticamente en desuso y que corresponde al derecho interno estadounidense. También ambos mandatarios omitieron solicitar la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, los principios del Derecho Internacional requieren que la sanción de la guerra o una represalia como condición de validez exija la existencia de un ilícito internacional o una amenaza inminente por parte de quien será objeto de la sanción, sea agresión o guerra. En el caso que describimos, esos requisitos no existían: no hubo agresión ni amenaza inminente por parte de Irán, tal como lo establece el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El plan de Netanyahu pasó, en palabras del secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, de la “república liberal” a “la ley de la selva”.

No resisten el menor análisis las expresiones de “amenaza existencial” invocadas por Netanyahu, ni la calificación de “ataques preventivos” utilizada por Israel Katz. En esos días, Irán se encontraba negociando con Washington la supervisión internacional de la OIEA sobre el enriquecimiento de uranio, conforme a las normas del Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual el Estado persa es firmante. Todos los expertos en estrategia y geopolítica no dudan en afirmar que se trata de una guerra que adolece de dirección, es en sí misma un error, una guerra insensata.

Las iglesias también están bajo fuego

Informaciones recientes indican que los ataques a parroquias católicas en la Franja de Gaza y en Líbano no han sido accidentales. Desde un lado y del otro, es decir, de los misiles israelíes y los iraníes, se han visto impactados templos, como iglesias maronitas, sirio-católicas, apostólico-armenias y otras, tal como lo informa Infobae en una nota de George Chaya.

Si bien se profundizará en esta cuestión, la cúpula de fe es más fuerte que la cúpula de acero. Como dice la encíclica Fratelli Tutti: "La fraternidad universal es posible".

De último momento, le llega a Infobae el siguiente mensaje de Roma:

“Conversación telefónica entre el arzobispo Gallagher y el ministro Raggi del gobierno del Líbano. En una publicación en X, el político libanés informa que ha pedido a la Santa Sede que «intervenga y medie para preservar la presencia cristiana» las aldeas de la zona meridional, en la frontera con Israel, actualmente bajo ataque, y que ha recibido la aseguración de que se están llevando a cabo contactos diplomáticos para detener la escalada y evitar el desplazamiento de los ciudadanos.El Líbano recurre a la Santa Sede para pedir ayuda y protección con el fin de preservar la presencia de los cristianos en el sur del país, en la frontera con Israel, afectados por el estallido nuevas violencias en Oriente Medio, por los bombardeos incesantes y las órdenes de evacuación que han provocado una grave crisis humanitaria. Youssef Raggi, ministro de Asuntos Exteriores del País de los Cedros, ha dado a conocer a través de su cuenta en la red social X que ha mantenido hoy una conversación telefónica con el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. El diálogo entre ambos ha sido confirmado también por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni“.

La doctora Miranda Bailey, una cirujana brillante, empieza a sentir síntomas claros de un infarto: dolor en el pecho y presión en el brazo. Sin embargo, cuando llega a la guardia los médicos lo interpretan como estrés o ansiedad. Bailey sabe lo que le está pasando, pero nadie la toma en serio. El episodio 11 de la temporada 14 de Grey’s Anatomy ilustra una escena que, más que incómoda, es un reflejo sistémico: el sesgo de género en la urgencia médica.

La medicina moderna suele presentarse como un terreno guiado únicamente por la evidencia científica. Sin embargo, en la práctica clínica y en la investigación persisten sesgos estructurales que condicionan la forma en que se diagnostican, investigan y tratan las enfermedades en mujeres. Una editorial reciente de The Lancet advierte que la igualdad y la equidad de género no son solo principios sociales, sino condiciones necesarias para mejorar los resultados sanitarios y la calidad de la atención en la salud. “Parece una obviedad, pero evidentemente hay un largo camino por recorrer.”

Uno de los ejemplos más documentados ocurre en la cardiología, bajo el fenómeno conocido como “Efecto Yentl”: la tendencia a diagnosticar erróneamente a las mujeres porque sus síntomas no se ajustan al modelo masculino “estándar”. Según datos de la American Heart Association, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres a nivel global, pero continúan siendo subdiagnosticadas.

Hay más: un análisis del registro nacional de infartos del Reino Unido mostró que las mujeres tienen un 50% más de probabilidades de recibir un diagnóstico inicial erróneo. Una parte del problema radica en la formación: los síntomas femeninos —náuseas, fatiga extrema, dolor de espalda o mandíbula— han sido históricamente catalogados como “atípicos”, simplemente porque no coinciden con el patrón clásico definido mayoritariamente por pacientes varones.

La disparidad también se observa en neurología. La Alzheimer’s Association asegura que casi dos tercios de las personas que viven con Alzheimer son mujeres, y el diagnóstico suele llegar en etapas avanzadas. En el caso de los accidentes cerebrovasculares (ACV), las mujeres presentan con mayor frecuencia síntomas sutiles o menos reconocidos, como desorientación o debilidad general, lo que retrasa la ventana de atención crítica y aumenta el riesgo de discapacidad posterior.

Estas diferencias no son casuales. Durante décadas, la investigación biomédica excluyó sistemáticamente a las mujeres de los ensayos clínicos bajo la premisa de que el cuerpo masculino era el “estándar universal” y que el ciclo hormonal femenino “ensuciaba” los datos. Esta exclusión histórica ha dejado a la medicina con un vacío de conocimiento sobre cómo las terapias afectan específicamente al organismo femenino.

La brecha sanitaria se agrava cuando fallan las políticas de prevención en patologías tratables. En Argentina, el cáncer de cuello uterino sigue siendo un problema de salud pública de primer orden. Datos del Instituto Fleming revelan que este cáncer, altamente prevenible mediante el test de VPH y el Papanicolaou, mata a alrededor de 2.300 mujeres al año y cuenta con unos 4.500 diagnósticos anuales. Aquí, la inequidad de género se cruza con la brecha socioeconómica y el acceso desigual a la salud preventiva.

Esencialmente, esta brecha no se explica por la ausencia de conocimiento, sino por su aplicación desigual. Incorporar la perspectiva de género en la investigación y la clínica no responde a una agenda ideológica, sino a un principio básico de calidad médica y seguridad del paciente: la ciencia solo es real cuando representa adecuadamente a toda la población.

La escena de Miranda Bailey es una metáfora de un problema estructural. Cuando los síntomas de las mujeres no encajan en los modelos tradicionales, el sistema tiende a interpretarlos como excepciones o cuadros psicosomáticos. En medicina, las reiteradas excepciones ignoradas se convierten en muertes evitables.

Podría atribuirse a la falta de formación o a una inconciencia extendida, ambas asociadas a una profunda erosión de valores éticos y a la consolidación de la corrupción como rasgo distintivo de esta era tecnológica. En ese marco, se nos expone a verdades incómodas -o bien se las oculta y deforma- hasta volverlas inverosímiles.

La volatilidad emocional de quienes protagonizan imágenes, videos, textos y conversaciones digitales resulta elocuente: se autoincriminan generando evidencia difícil de refutar, que se replica de manera exponencial en dispositivos y entornos en la nube, como un reguero de pólvora. Se configura así un bochorno digital sin límites ni referencias morales, amplificado por la irrupción de la “vedette” del momento: la inteligencia artificial, convertida en catalizador de la falsificación. La fábrica de la no verdad ya no es una hipótesis: es una realidad operativa.

Cabe entonces preguntarse cuán razonable -y, sobre todo, cuán tolerable- resulta que instancias de escarnio público se sostengan casi exclusivamente en exposiciones digitales. Mercados, medios, audiencias e incluso instituciones replican y validan contenidos cuya autenticidad rara vez se somete a un análisis riguroso.

En simultáneo, la industria de la vigilancia produce lo que podría denominarse “corderos digitales”; esto es, sujetos que reaccionan por impulso, obedecen estímulos y construyen un mundo paralelo en el que creen no ser observados. Todo queda registrado, incluso aquello que se presume eliminado.

Chats, mensajes, audios, videos; un cúmulo inagotable de episodios de abuso, corrupción y delito capturados por un vasto entramado tecnológico que ausculta hábitos, deseos y preferencias. Un sistema que conoce, clasifica y condiciona. Un grillete invisible que vigila, persuade y, al mismo tiempo, brinda confort, incentivando la renuncia a los frenos inhibitorios y la exposición voluntaria de la intimidad. Así, sin costo aparente, cada individuo se convierte en protagonista involuntario de su propia exhibición, como en un antiguo proyector de diapositivas que revela, sin filtros, aquello que se preferiría ocultar, sin distinción de clase, cultura o jerarquía.

Se asienta allí la arquitectura de explotación del contenido filtrado, ya sea por los propios involucrados o por terceros. Se trata de evidencia que, en muchos casos, exhibe a protagonistas inescrupulosos o inconscientes, frecuentemente atravesados por un ego desmedido; torpes realizadores de su propia decadencia.

Mientras tanto, la opinión pública se construye más sobre afinidades ideológicas que sobre hechos verificables, en una dinámica atravesada por la lógica algorítmica. “Lo vi en el feed” se convierte en argumento suficiente. La tecnología digital se consolida así, como columna vertebral del poder contemporáneo: desde el contrabando de chips de inteligencia artificial para evadir controles internacionales, hasta el espionaje a dirigentes y periodistas, pasando por la manipulación sistemática de sociedades enteras a través de dispositivos móviles.

En este contexto, resulta imprescindible reconocer la pérdida sustancial de privacidad, pero también la preocupante ausencia de estándares en el tratamiento de la evidencia digital. La falta de controles que garanticen integridad, trazabilidad y autenticidad en procesos forenses debilita cualquier pretensión de verdad. Métodos universalmente aceptados para la extracción y análisis de datos -basados en protocolos científicos de preservación, validación, identificación e interpretación- parecen haber quedado relegados o directamente ignorados.

En su lugar, proliferan los “escraches” sustentados en capturas de pantalla y audios de dudosa procedencia, que adquieren una influencia desproporcionada en la formación de la opinión pública. La incapacidad de amplios sectores para distinguir entre lo verdadero y lo falso se ve agravada por la lógica de consumo fragmentado: un video de pocos segundos en una plataforma digital basta para moldear percepciones y emitir juicios.

El problema se profundiza cuando estas dinámicas inciden en casos de alta sensibilidad -corrupción, hechos policiales, disputas políticas-, tensionando el delicado equilibrio con la libertad de expresión. El riesgo no es menor: la degradación del debate público y el consecuente deterioro de la calidad democrática.

En una columna anterior, explicamos las diferentes lógicas que definen la relación entre el usuario y las aplicaciones; y, al finalizar, planteamos un inquietante debate sobre cómo la cultura de la autogestión digital puso al individuo en el centro de las decisiones que podrían afectar su vida. Retomamos el debate para analizar las oportunidades, los desafíos y los dilemas que se presentan.

¿Qué está sucediendo? Desde cursos de enseñanza online personalizados hasta la administración de una cartera financiera propia, la tendencia hacia la gestión autónoma de distintas áreas de la vida cotidiana aumentó como resultado de las facilidades que han incorporado ciertos servicios digitales vinculados a la salud, educación, deporte, finanzas, entre otros. “Existe una mayor propensión a decidir individualmente desde la pantalla”. Si bien dicha tendencia no es estrictamente novedosa, el surgimiento disruptivo de la IA generativa modificó totalmente su paradigma.

¿Qué cambió? Actualmente, si tengo una duda o consulta, es muy probable que rápidamente recurra al Chat GPT o al chat de Gemini. De igual modo, si quiero remover un foco o armar un mueble y no sé cómo proceder, es probable que pida un instructivo sencillo a la IA para intentar resolverlo sin depender de otra persona.

Aunque podríamos continuar mencionando innumerables ejemplos, el punto es el siguiente: las aplicaciones con soporte de inteligencia artificial generativa ampliaron radicalmente el margen de posibilidades al constituirse como una primera fuente auxiliar de respuestas y herramientas más rápidas y accesibles para la mayoría de los usuarios.

El desarrollo de esta tecnología puso al individuo en una posición de ventaja para explorar y tomar la iniciativa en temas que, previamente, estaban limitados a los plazos profesionales, o a quien tenía un expertise determinado. Con el soporte de una herramienta que permite interactuar en tiempo real y adaptarse al grado de complejidad que requiera cada situación, el individuo tiene a disposición elementos que, correctamente implementados, pueden fomentar una dinámica de aprendizaje y error que desarrolle habilidades prácticas que antes eran inexistentes.

Una persona podría empezar cambiando un foco para terminar comprándose las herramientas que usa el electricista en caso de tener que revisar las instalaciones eléctricas de su departamento.

Ahora bien, el paradigma actual de la autogestión digital plantea un desafío individual evidente: asumir la responsabilidad por lo que hacemos. La capacidad de tomar más decisiones con insumos derivados de la IA generativa o en servicios digitales que proponen una lógica de interacción directa entre el usuario y el resultado exige asumir costos posibles que antes delegamos en la decisión de un tercero. “Esta inversión de roles presenta ciertos dilemas conectados entre sí sobre cómo administramos esa responsabilidad”.

El primero que surge es cómo se configura la relación del individuo con la figura del profesional y qué valor le asigna a su formación y conocimiento. La pregunta que debería formularse una persona es si verdaderamente juzga que el acceso a la información, o sencillamente a la posibilidad de hacer algo, le confiere un grado de conocimiento que reemplace el valor de recibir el asesoramiento y la intervención profesional que se distinguen, principalmente, por la experiencia y la observación sistemática, además del aprendizaje que conlleva el estudio.

La jerarquización del profesional en áreas sensibles se impondrá, principalmente, por el posible costo de tomar decisiones que afecten irreversible y gravemente a la persona, y también por el valor que le asigne el individuo a la confianza de un asesoramiento profesional. El caso más obvio es el de una posible automedicación fallida a partir de tomar las recomendaciones de la máquina.

Por el contrario, hay otras prácticas y situaciones menos riesgosas en las que, probablemente, las personas quieran experimentar por medios propios. Sería poco deseable prescindir de un médico para una consulta médica; aunque, tal vez, sea menos necesario recurrir a un electricista para revisar los cables de una toma. Aunque resumido, este dilema plantea el debate sobre cómo la IA generativa impactará en los hábitos profesionales y en el mercado laboral.

El segundo dilema que surge es sobre la posibilidad de adquirir autosuficiencia en un contexto de hiperespecialización del conocimiento. ¿Podemos prescindir de toda asistencia o interacción interpersonal a partir de la autogestión digital? No solo sería imposible abordar todos los temas, sino que no sería deseable. Aunque tengamos una fuente de acceso a la información incuestionablemente mayor y servicios que cubren demandas cotidianas como regular el ejercicio físico, la irrefrenable dinámica de cambios y actualizaciones rápidamente dejaría vulnerable a quien pretenda lograr la autosuficiencia.

Nuevamente, el margen de autonomía no debería aspirar a la autosuficiencia sino a incorporar gradualmente herramientas, información, o aprendizajes que mejoren la capacidad de resolución o entendimiento del individuo para no depender en exceso de otra parte.

El tercer interrogante que surge es qué relación se establece con la ilusión de conocimiento que produce la interacción con la IA generativa. De fondo, la pregunta que debemos formular es si la interacción con esta tecnología implica una instancia de aprendizaje o es meramente una instancia de diálogo, consulta y posterior ejecución de una instrucción recibida. Viendo el uso cotidiano de las herramientas más populares como Chat GPT, la persona no tiende a estudiar, reflexionar o investigar sistemáticamente las temáticas que consulta y, por ende, termina recurriendo a esquemas de información organizada que satisfacen parcialmente una duda, lo que puede generar la ilusión de conocer el tema que se pregunta.

“El potencial de estudio y aprendizaje que ofrecen estas herramientas es inmensurable” dadas las barreras que rompen en términos de acceso a la información, operatividad y ejecutividad de tareas.

Todas las señales sugieren que la cultura de la autogestión digital continuará. No hay margen para soslayar esta tendencia, sino decisiones sobre cómo (a qué velocidad) nos adaptamos a lo que sucede. Asimismo, un primer ejercicio consiste en empezar a diferenciar aquellas áreas de experimentación (probablemente más recreativas o domésticas) en las que un individuo puede, gradualmente, adquirir hábitos de más profesionalización. Por eso, para concluir, vale destacar dos premisas para pensar el mejor escenario posible: el valor de la autonomía individual y la necesidad de formar un criterio para usar la tecnología disponible.

Gestionar desde la pantalla no debería reemplazar la lógica profesional ni asumir la ilusión de omnipotencia al pretender resolver todo sin ayuda. Correctamente implementada (dados los dilemas que presentamos), la cultura de la autogestión digital debería formar individuos más curiosos y con mayor capacidad de resolución para complementar los desafíos personales y profesionales con los horizontes que el entorno digital y la IA generativa seguirán proponiendo.

En los últimos años se viene naturalizando y se ha consolidado un fenómeno que, sin estridencias, está modificando de manera profunda la forma en que se administran los conflictos en la sociedad: la cancelación y la condena antes del juicio.

Una denuncia, una filtración o incluso una información incompleta ya no son, necesariamente, el inicio de un proceso. En muchos casos, son —en los hechos— una decisión anticipada.

Porque junto al sistema judicial, con sus tiempos, reglas y garantías, se ha desarrollado otro plano que opera en paralelo: el de la exposición pública. Un plano que no tiene etapas procesales, ni estándares probatorios, ni derecho de defensa. Y, sobre todo, un plano que no espera.

En ese escenario, la lógica se invierte. Primero se forma una convicción. Luego, eventualmente, interviene la justicia. Pero cuando la justicia llega, muchas veces el resultado ya está condicionado por una percepción social previamente instalada.

Desde la experiencia en la gestión de conflictos penales de alta exposición, hay algo que se repite con una regularidad preocupante: el daño más profundo no siempre proviene del expediente. Proviene de lo que ocurre antes, de cómo se interpreta una situación, de cómo circula la información, de cómo se construye un relato que, aun siendo provisorio o incompleto, se percibe como definitivo.

Ese proceso es extremadamente difícil de revertir porque una absolución puede cerrar un caso, pero no siempre logra desarmar una convicción social que ya se consolidó.

En muchos escenarios, cuando finalmente se intenta ordenar lo ocurrido, el impacto ya se encuentra instalado y operando. Y es en ese punto donde aparece con mayor claridad el fenómeno de la cancelación. Personas que son apartadas de sus funciones o de sus trabajos. Funcionarios a los que se les exige la renuncia. Profesionales a los que se les interrumpe su actividad. Decisiones empresariales o institucionales que buscan dar una respuesta inmediata frente a la presión.

Cancelaciones que generan daños reputacionales severos, que pueden implicar la pérdida de un trabajo o de una posición, y que luego —incluso frente a una sentencia absolutoria— dificultan seriamente la reinserción social y profesional.

Todo eso puede ocurrir antes de que exista una determinación judicial, antes de que haya prueba producida, antes de que haya defensa. Una persona puede ser sobreseída, puede demostrarse que no existió delito, pero si durante ese tiempo fue expuesta, señalada o directamente cancelada, el impacto persiste. En su entorno profesional, en sus vínculos, en su credibilidad, en su vida cotidiana y, muchas veces, en su núcleo familiar.

Por eso, el problema excede lo jurídico. Es, en esencia, un desafío institucional y cultural. Una sociedad madura no es la que reacciona más rápido, es la que comprende la importancia de los procesos. La que entiende que entre una sospecha y una condena existe un camino que debe ser recorrido con reglas claras. Y que esas reglas no son un obstáculo: son una garantía.

La presunción de inocencia no es una formalidad técnica, es un principio estructural del sistema penal. Implica que toda persona debe ser considerada inocente hasta que el Estado, a través de su poder punitivo, logre destruir esa presunción mediante prueba suficiente.

Nunca al revés. Nunca es el individuo quien debe probar su inocencia como regla. Sin embargo, en el delito de enriquecimiento ilícito existe una particularidad que debe ser explicada con precisión.

Cuando hay una imputación o una investigación por este delito, y el Estado ha acreditado un incremento patrimonial que, en principio, no resulta compatible con los ingresos declarados —por ejemplo, frente a inconsistencias con las declaraciones juradas—, se produce una inversión de la carga de la prueba en un aspecto específico.

En ese contexto, es el propio funcionario quien debe demostrar cómo se produjo ese incremento patrimonial y cuál ha sido la evolución de sus bienes. Esto constituye una excepción respecto de la regla general aplicable a otros delitos.

Pero es fundamental entender su alcance. No implica, en modo alguno, que la presunción de inocencia desaparezca. No implica una presunción de culpabilidad. Implica que la explicación sobre el origen del patrimonio queda en cabeza del funcionario frente a un cuadro previamente acreditado.

La garantía constitucional permanece intacta: si esa explicación no logra ser desvirtuada con prueba suficiente, o si subsiste una duda razonable, corresponde resolver a favor del imputado.

Confundir esta dinámica con una inversión absoluta del sistema probatorio no solo es incorrecto, es, además, una forma de erosionar una de las bases del derecho penal. Esto no supone desconocer el rol del periodismo. Por el contrario, su función es esencial en una sociedad democrática.

Pero es necesario distinguir con claridad algo básico: que una persona sea investigada no significa que sea culpable. Confundir esos planos no solo afecta a quien está involucrado. Debilita el sistema en su conjunto. Porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado.

Y cuando la sociedad —o determinados sectores con capacidad de amplificación— lo reemplaza en los hechos, lo que se produce es una erosión institucional.

En contextos de alta exposición, comprender estas dinámicas deja de ser teórico. Hoy conviven dos planos: el judicial y el reputacional. Y gestionar uno sin el otro suele ser insuficiente. Cuando se instala una idea de culpabilidad antes de una decisión judicial, el daño es muchas veces irreversible.

Ese es, probablemente, uno de los desafíos más complejos del presente.

*Jorge Monastersky, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, posgrado en Derecho Procesal Penal Profundizado.

En medio del agravamiento de guerra en Medio Oriente, la administración Trump solicita al Congreso aumentar en 200.000 millones de dólares el gasto destinado a la guerra contra Irán lo que representa un punto de inflexión en el escenario militar global. El presupuesto de defensa de Estados Unidos, que actualmente asciende a 831.000 millones de dólares, pasaría a superar el billón si el aumento es aprobado. Esta cifra significa un cuarto más que la autorizada el año en curso.

Este aumento, que equivale a aproximadamente un 25% adicional, no solo reafirma el rol de Washington como principal potencia militar del mundo, sino que también altera de manera sustancial la relación entre gasto y poder relativo. En un contexto en el que las principales economías del mundo sostienen niveles altos pero relativamente estables de inversión en defensa, la decisión estadounidense rompe esa tendencia y marca un cambio de escala que no puede leerse como un ajuste más.

“El impacto de esta decisión se entiende mejor cuando se la compara.” Antes del anuncio, el gasto militar de Estados Unidos ya equivalía al de las seis principales potencias que lo siguen juntas: China, Rusia, India, Reino Unido, Francia y Japón. Con el aumento proyectado, no solo amplía la distancia con cada uno de estos países en términos individuales, sino que también supera ampliamente el gasto combinado de todos ellos, profundizando una asimetría que no tiene antecedentes recientes. China, con 303.000 millones de dólares, continúa siendo el segundo actor global, mientras que Rusia (212.000 millones), India (109.000 millones), el Reino Unido (88.000 millones), Francia (67.000 millones) y Japón (58.000 millones) se ubican bastante más atrás en términos de recursos destinados a defensa.

Sin embargo, más allá de estas diferencias cuantitativas, lo que se consolida es un escenario internacional caracterizado por una fuerte concentración de capacidades en un solo actor, que tiene así un margen operativo y de decisión muy superior. No sólo existe así un desequilibrio entre potencias en sentido clásico, sino una brecha cada vez más profunda que podría redefinir reglas de juego y alineamientos.

En ese contexto, la comparación con Irán deja de ser simplemente desigual para adquirir un carácter directamente estructural. El contraste es elocuente: Irán destina apenas 9.230 millones de dólares a defensa, una cifra marginal frente al volumen estadounidense.

Sin embargo, esa distancia no se traduce automáticamente en superioridad operativa en todos los frentes. Es precisamente en ese punto donde aparece con claridad la lógica de la llamada “guerra asimétrica”. En los últimos conflictos en Medio Oriente se ha observado que los drones utilizados por Irán tienen un costo estimado de entre 20.000 y 30.000 dólares, mientras que los misiles empleados por Estados Unidos pueden costar entre uno y un millón y medio de dólares cada uno. Esta diferencia obliga a una potencia con enormes recursos a destinar sumas muy elevadas para neutralizar amenazas relativamente simples desde el punto de vista tecnológico. En consecuencia, la relación entre costo y efectividad es algo que debe comenzar a tenerse en cuenta. El poder militar deja de medirse exclusivamente en términos de volumen de gasto y pasa a depender cada vez más de la eficiencia con la que se emplean los recursos disponibles, así como de la capacidad de adaptarse a escenarios donde lo barato puede convertirse en un arma estratégica eficaz, como parece estar ocurriendo hoy en Medio Oriente y especialmente en el impacto que estos dispositivos de bajo costo están generando en las instalaciones petrolíferas de otros aliados estadounidenses en la región, como Arabia Saudita.

A esto se suma un elemento menos visible pero igualmente determinante: la disposición a asumir costos humanos y políticos en el desarrollo del conflicto. Irán ha mostrado históricamente una mayor tolerancia a las bajas, en contraste con las democracias occidentales, donde el impacto en la opinión pública de las pérdidas humanas suele condicionar de manera directa la acción militar y la toma de decisiones. La evolución reciente del liderazgo iraní (la muerte del ayatollah Khamenei y el reemplazo por su hijo), junto con su posicionamiento frente a Estados Unidos e Israel, refuerza la idea de una estrategia basada en la resistencia prolongada como herramienta central, a lo que se suma el error de cálculo estadounidense de prever un levantamiento en masa contra el régimen que no ha sucedido hasta el momento. Este patrón no es exclusivo de Irán ni Oriente Medio y también puede observarse en otros conflictos de la actualidad, como la participación de Corea del Norte en el frente ucraniano o la propia dinámica rusa en ese escenario, donde la capacidad de sostener pérdidas juega un rol clave.

En el Estrecho de Ormuz, con recursos limitados y tecnología relativamente accesible, Irán tiene la capacidad de afectar el tránsito de cerca del 20% del petróleo mundial. Cabe señalar, además, que las reparaciones del portaaviones Gerald Ford, el más moderno de los que hoy tiene en servicio Estados Unidos, llevarán más tiempo del estimado inicialmente y ello lo alejará del teatro de operaciones.

En este contexto, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán no se define únicamente por quién gasta más, sino por cómo se combinan recursos, estrategia y capacidad de sostener el conflicto en el tiempo.

Las convicciones generan proyectos de sociedad desde los cuales es posible analizar logros y fracasos. El fundamento principal es la defensa de los intereses colectivos, los del conjunto, y la concepción de patria. Sobre esos dos pilares se da la política, esa mirada desde la cual se intenta pensar una sociedad para toda la ciudadanía.

Por eso, asombra la dureza, la rigidez, el sectarismo de quienes ayer reivindicaban los derechos humanos por encima de los derechos sociales o la de los que hoy creen que la destrucción del Estado permitirá el florecimiento de una nueva sociedad. Ambos proyectos agonizan en su debilidad, en su carencia de ideas. Confiemos que, en este punto de la crisis, se imponga la necesidad de la política con mayúsculas. Sin embargo, nos llaman la atención ciertas ausencias y la gravedad de la inexistencia de vocaciones de estadistas.

La idea de destrucción del Estado propiciada por el ex presidente Carlos Menem y retomada hoy por Milei implica la misma devastación de la clase media, que el desarrollo de la industria había sostenido y se derrumbaría después con su desaparición y la concentración económica en pocas manos. El surgimiento de los barrios privados y la fractura social, iniciadas por José Alfredo Martínez de Hoz -ministro de Economía durante la dictadura militar-, se acentuaron con el menemismo y mostraron claras intenciones de consolidarse en el gobierno actual hasta que una debilidad secundaria a su estructura desnudó la fragilidad del proyecto.

Nunca tuvimos gobernadores ni políticos de tan bajo nivel de pensamiento y de tan grosera falta de formación. Individuos que se dejaran llevar por objetivos tan irracionales, como la destrucción del Estado mediante el RIGI o el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), conceptos que esencialmente solo intentan el debilitamiento de los vulnerables para restituirles a los ricos esa autoridad sin sentido que tenían hace 100 años, como suele decir este presidente que tenemos y su lamentable corte de obsecuentes.

“Lo lastiman con la angustia y lo humillan con el cinismo que caracterizan a Milei, a Luis Caputo, a Federico Sturzenegger…”. La lista es demasiado larga y me produce cierta animadversión reproducir más nombres de los funcionarios involucrados en este malhadado modelo.

Cómo olvidar al mafioso Al Capone, que terminó preso por no pagar impuestos, sin trasladar esa grotesca imagen al presente, cuando un gobierno absolutamente irracional encuentra su limitación en el absurdo del uso de un avión privado o presidencial. Las razones de fondo son su incoherencia y la codiciosa tentación de ascenso social por medios oscuros, detalles tan superficiales como el rumbo elegido por Milei mientras levanta la hipócrita bandera de la batalla cultural y, muy especialmente, de la moral. La frivolidad los acompaña en ambos casos.

Entre tanto, la plaza que conmemoró los 50 años del golpe de 1976 se llenó de dolor y también de la alegría del encuentro entre quienes, sin banderías iguales, se reconocían en el rechazo a estas políticas, de recuerdos, y de la vitalidad del alarido de un pueblo que venía a decir “basta” al pasado que Milei y los suyos buscan reivindicar, como el caso de Agustín Laje, con miserables insultos a las Madres. En alguna medida, esas plazas -porque las hubo en las provincias también- les estaban poniendo fin a los dolores del presente. Nada más parecido a aquel “NUNCA MÁS” que este parate al gobierno empobrecedor actual. Empobrecedor en todos los ámbitos, el cultural y el científico acompañan la pauperización en la que nos ha sumido.

Perón decía que conducir es poner voluntades en paralelo, y en esa plaza había mayoría de ciudadanos libres y columnas que, a pesar de su objetivo común, marcaban el recuerdo de las divisiones, de la fractura de una sociedad que no había sido capaz de unirse frente a la adversidad.

En síntesis, Milei es la expresión de un sueño pasajero de los grandes grupos económicos de hacer sucumbir a la clase trabajadora destruyendo la industria y lo mismo hacen con el resto de la sociedad. En eso consistía el retorno a 100 años atrás. Por otro lado, también se está produciendo la clausura definitiva del kirchnerismo y su voluntad de burocracia eterna. Argentina tiene ahora ante sí la obligación de construir una salida con ideas, que abandone definitivamente la rastrera humillación del oportunismo y recupere la dignidad del pensamiento sólido y bien plantado de quienes tienen una concepción de futuro, de una verdadera sociedad, y no la imposición de los que anteponen los negocios al ser humano.

En las naciones, se reúnen los pensadores para discutir proyectos. En las colonias, que es lo que nos hemos convertido actualmente, los corruptos lo hacen para desarrollar sus negocios. Son dos opciones que diferencian un destino.

“Todo tiene un final, todo termina”, canta Ricardo Soulé en una de las grandes canciones de la historia del rock nacional. Aquello que Milei y los adláteres del experimento libertario pensaban que, tras la contundente victoria de octubre, “nunca acabaría” comienza a mostrar signos evidentes de que —parafraseando el título de esa canción del mítico Vox Dei— “todo concluye al fin”.

Esa renovada luna de miel que tras el respaldo en las urnas, el rescate-acuerdo con los Estados Unidos y la manifiesta orfandad opositora, le hizo soñar al presidente con un “verano eterno” que apuntalaría ya no solo su reelección sino que alimentaría sus fantasías hegemónicas y estimularía sus siempre latentes pulsiones totalizantes.

Un “veranito” que, por cierto, aunque parece haber llegado a su fin, el gobierno supo aprovechar para construir una nueva mayoría en el Congreso y avanzar sin grandes resistencias con algunas reformas estructurales, disciplinar a los gobernadores que amagaban con oponer resistencia, reducir al kirchnerismo a su mínima expresión, y eludir una conflictividad social que en otros tiempos hubiese sido inevitable en virtud de la situación económica y la capacidad de movilización del hoy cada vez más debilitado sindicalismo y los casi extinguidos movimientos sociales.

Lo cierto es que las “fuerzas del cielo” deben lidiar por estos días con temas mucho más terrenales, y con preocupaciones más mundanas. La economía real no arranca y pese a las promesas libertarias no solo vuelve a aparecer el fantasma de la inflación sino el temor al desempleo masivo; la apertura indiscriminada avanza con la destrucción del entramado productivo del complejo industrial y PyME en favor de una reprimarización de la economía que no solo está fuertemente concentrada en manos de capital extranjero sino que no genera empleo; crece el endeudamiento y la morosidad de cada vez más familias que no llegan a fin de mes en un contexto de desplome del consumo; y el modelo basado en el ancla cambiaria como herramienta de control inflacionario no solo parece haber perdido efectividad sino que erosiona aún más la magra competitividad económica.

En este contexto, no llama la atención que, aún ante la profunda crisis opositora y la carencia de liderazgos alternativos, las encuestas muestren la caída de la imagen del presidente y del nivel de aprobación de la gestión a sus mínimos históricos, en un escenario que da cuentas asimismo no solo del deterioro de las expectativas sino también de un viraje en el humor social hacia otras preocupaciones como el desempleo y la corrupción.

Precisamente en este último tópico el gobierno parece empantanarse, tanto por el impacto de las denuncias del alto impacto que horadan significativamente la narrativa anticasta como por la deficiente gestión de una comunicación de gobierno que rehúye a cualquier explicación —cada vez más necesaria— a la vez que insiste en el desgastado y poco eficiente argumento de intentar transformar las responsabilidades propias en culpas ajenas, construyendo enemigos inexistentes y señalando supuestas y disparatadas conspiraciones que tendrían como protagonistas a políticos, medios y empresarios aferrados a los privilegios del Estado y el proteccionismo económico.

Si la reaparición del caso $Libra expuso en gran medida estos “problemas”, el affaire Adorni acabó así por profundizar esta nueva agenda, desnudando la pobre estrategia oficialista para hacer frente a una temática que crece exponencialmente entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Tras la sucesión de revelaciones que siguieron a la participación de la esposa del jefe de Gabinete en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para el denominado “Argentina Week”, las tan deficientes como desafortunadas y poco convincentes explicaciones del funcionario, y los variados eventos con los que el oficialismo quiso mostrarse abroquelado en la defensa de Adorni, la pésima semana para el gobierno se cerró con una noticia que fue festejada con la ya tradicional desmesura presidencial y que no solo fue interpretada como una bocanada de aire fresco sino como una oportunidad para recuperar cierto control de la agenda.

Sin embargo, la narrativa oficialista en torno al importante fallo en Nueva York en favor de YPF, que podía potencialmente servir como un triunfo político-jurídico del país y una oportunidad para proyectar una imagen favorable para las inversiones que no llegan, acabó convirtiéndose en un anuncio auto celebratorio del presidente y, sobre todo, en una excusa para intentar recrear la disputa con un kirchnerismo que difícilmente pueda considerarse con seriedad una amenaza real. Un torpe intento de correr el eje del debate del caso Adorni, apresurándose a querer escribir el tan mentado “Fin” para una crisis cuya —pobre— gestión está lejos de su punto final.

Así las cosas, la estrategia del oficialismo no es en absoluto novedosa, y parece reducirse a enfrentar los problemas apelando a la construcción de enemigos poco creíbles, al endurecimiento discursivo para interpelar a sus votantes duros y a una peligrosa procrastinación a la espera de ganar tiempo de cara a la providencial llegada de inversiones salvadoras y de los dólares de una cosecha récord, sin replantearse un ápice de un programa económico que muestra signos evidentes de agotamiento.

*El autor es sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (La Crujía, 2021)

Alrededor de las 11 de la mañana del viernes, las agencias internacionales comenzaron a difundir que la justicia de Estados Unidos le había dado la razón a la Argentina en un largo juicio que le había iniciado un fondo buitre por 16 mil millones de dólares, como consecuencia de la expropiación de YPF realizada en 2012. Era un momento para celebrar, aliviados por un fallo al mismo tiempo justo e inesperado.

Sin embargo, el presidente de la Nación, Javier Milei, no participaba de ese espíritu. Lo importante no era que el país había triunfado en esa batalla desigual. Lo realmente importante, para él, era otra cosa.

Entonces, tomó el celular y tuiteó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, incompetente, imbécil de Kicillof durante el gobierno de la corrupta”.

En todo presidente se juega siempre una dualidad. Por un lado, es el líder de un país. Por el otro, es el jefe de una facción. La mayoría de ellos combina de manera diferente ambos rasgos. Milei es un caso extremo. Es casi todo el tiempo faccioso y lleva ese rasgo hasta la exasperación. Nada que celebrar. Lo resolvimos nosotros. El gobernador bonaerense es un “inútil” que hace “cagadas”. La ex presidenta es una “corrupta”.

Fin.

Esa reacción es un retrato muy sincero de sí mismo, de su espíritu turbulento, de las cosas que se permite hacer. Genera, como siempre, respuestas en espejo, como la de Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense, que calificó a Milei como “perturbado mental”. Todo muy enaltecedor.

Pero más allá de ese clima, que no debería naturalizarse, la reacción presidencial permite hacerse dos preguntas. La primera: ¿fue este gobierno el que le ganó el juicio a los buitres? Hay personas muy respetables que ofrecen miradas alternativas. “Gran noticia para la Argentina!! El fallo de Loretta Preska aplicaba erróneamente el derecho argentino. Gran trabajo del estudio americano y de los Procuradores del Tesoro argentinos de todas las administraciones políticas”, explicó Ricardo Gil Lavedra, el destacado abogado que integró el tribunal que juzgó a los jefes de la dictadura militar.

Bernardo Saravia Frías, el procurador que representó al país en tiempos del macrismo, destacó la existencia de una estrategia defensiva que sostuvo los mismos argumentos más allá de quién gobernara el país. “Los argumentos no tuvieron signo político y permanecieron más allá de los cambios de gobierno. Y al final, ganaron. Ese es el rol de una política de Estado: construye credibilidad donde antes sólo había inconsistencia”.

Fue particularmente interesante la opinión de Nicolás Gandini, uno de los periodistas que más sabe de política energética en el país. Gandini consideró que “el fallo contra Burford Capital permite concluir que la estrategia jurídica utilizada para reestatizar en 2012 un 51 por ciento de YPF fue válida. Cuesta creerlo porque, con el paso de los años, se recontra instaló en la agenda pública que fue un error” no compensar a los accionistas minoritarios de la empresa.

Ese reconocimiento a quienes estatizaron YPF se complementó con un elogio al gobierno de Javier Milei. “Imposible desde acá saber cuánto incidió el alineamiento total de Javier Milei con Donald Trump, pero parece lógico creer que una cuota parte importante del fallo de hoy se explica en esa clave. Bien por el gobierno que tiró de todas las palancas posibles —las legales, las políticas, las comunicacionales (el Argentina Week de hace dos semanas, por ejemplo)— para lograr la sentencia de hoy”.

Naturalmente, Axel Kicillof considera que el juicio se ganó porque la expropiación estuvo bien hecha. Esa mirada tiene un punto sólido: si hubiera sido una chambonada, la Argentina nunca hubiera ganado. Pero incluso algo bien hecho requiere de buenos abogados, sobre todo en condiciones tan adversas. También tiene razón Kicillof en reclamarle a todos los que sostuvieron en estos años que la expropiación de YPF le costó al país 16 mil millones de dólares. Esas frases, tan repetidas, habilitan a pensar en que aquellos acusadores hubieran pagado sin chistar. Entonces, ¿quién le hubiera costado cuánto al país?

La segunda pregunta es si la expropiación de YPF fue una “cagada”, como dijo el Presidente. O “una aventura suicida”, como sostuvo a la noche, en una cadena nacional cargada de épica patriótica. Esa afirmación habilita, como mínimo, un debate. No es algo tan claro. Parece más bien una afirmación cargada de ideología.

El kirchnerismo ha sido un fenómeno complejo que estuvo muy atravesado por los vaivenes de la política energética desde los años noventa, cuando Néstor Kirchner se benefició, como gobernador de Santa Cruz, de la primera privatización de YPF. La incorporación del grupo Petersen como socio de Repsol en la empresa fue un escándalo que nunca explicaron, tal vez porque es inexplicable. La política de subsidios crecientes e indiscriminados es señalada por ex funcionarios kirchneristas –Martín Guzmán, Matías Kulfas, entre otros—como el motivo por el cual la Argentina perdió la soberanía energética, volvió a sufrir la restricción externa y perdió cualquier tipo de orden fiscal.

Pero en el 2012 ocurrió algo diferente. Primero se produjo la expropiación de YPF. Esa medida no tuvo una deriva chavista. Al frente de la empresa fue designado Miguel Gallucio, un ejecutivo del mundo del petróleo. La empresa nunca dejó de ser una sociedad anónima que cotizaba en bolsa, solo que con un 51 por ciento en manos del Estado. Su valor accionario real actual es mucho mayor que todo lo que se pagó a los anteriores propietarios. YPF, ya en manos del Estado, enfocó seriamente su estrategia en el desarrollo de Vaca Muerta. Se formalizó un primer acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron. Se estableció un sistema de incentivos llamado plan Gas para que los grupos empresarios locales invirtieran. Todo eso fue el puntapié inicial para que hoy el sector energético sea la nueva estrella de la economía argentina. En el centro de ese proceso, hay una empresa estatal que nadie planea reprivatizar, en un aval implícito pero bastante claro a aquella iniciativa que tomaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

No es la única medida de aquellos años que dejó su marca hacia el futuro. El presidente Milei presume de haber evitado que subiera la pobreza gracias a los fondos destinados a aumentar la Asignación por Hijo, que también creó Kirchner. Tal vez sea hora de abandonar las consignas de la grieta y analizar el pasado reciente con la seriedad que merece. No todo lo que hicieron los Kirchner fue bueno, como postulan sus fanáticos, ni malo, como sostienen sus antagonistas. En un debate serio sobre los efectos a largo plazo de la estatización de YPF, sus defensores tienen muchos argumentos a favor. Para decirlo directamente, ¿alguien cree que es malo, en este contexto, que exista la YPF estatal? Si no lo es, resulta raro pronunciar frases lapidarias en contra de aquella medida.

Por otra parte, el crecimiento de Vaca Muerta, ¿hubiera sido igual de rápido librado a los vaivenes del mercado o fue acelerado por decisiones correctas de su conducción estatal? Vale hacerse otra pregunta: ¿por qué tantos políticos, economistas y colegas –incluido el Presidente— soltaron la lengua tan fácil objetando una decisión que ahora respalda la justicia norteamericana? ¿Por qué, a priori, estaban más de acuerdo con Burford que la Cámara de Apelaciones de Manhattan? ¿No hay nada que revisar allí?

El contexto no justifica la reacción airada presidencial. Pero la verdad es que son días difíciles para el Gobierno. El caso Adorni ha sido una molestia permanente. La imagen no podría ser peor. El principal colaborador del presidente llegó al poder con un modesto automóvil y dos propiedades, una de ellas heredada. En pocos meses, él, su mujer o ambos compraron un departamento en Caballito, una casa en un country, se pagaron un viaje en avión privado a Punta del Este, un pasaje en business a Nueva York y cambiaron su automóvil por una camioneta más nueva. Además, hay gastos de tarjeta que no pueden ser solventados por su sueldo. El mismo personaje fue el que anunció que nunca más los familiares de funcionarios subirían a aviones oficiales y luego aceptó que su mujer se subiera a la Tango 01. Años atrás, Adorni escribió: “Gildo Insfrán acaba de aterrizar de un vuelo en avión privado. Es increíble la desconexión de la clase política con la gente”. Ahora es él mismo quien anda en avión privado.

El escándalo contradice el relato oficial según el cual con la llegada de Javier Milei al poder se terminaban los privilegios de los funcionarios. Pero se agrava, además, porque los libertarios argumentan que se trata de un hecho menor si se lo compara con la corrupción kirchnerista. Es un lío entrar en ese debate. ¿Existió en el kirchnerismo un presidente que participó de algo como el caso Libra, una estafa que recaudó, como mínimo, cien millones de dólares? ¿Ocurrió que se postulara para gobernar la provincia de Buenos Aires a un dirigente que era financiado por un empresario detenido por narcotráfico? ¿Estalló un escándalo por corrupción en el ámbito de atención a los discapacitados, en el mismo momento en que se recortaban los presupuestos destinados a ellos? ¿Renunció en medio de denuncias de sobreprecios un funcionario que se juntaba con el presidente en Olivos a escribir un texto que, según el propio primer mandatario, merecería el premio Nobel de Economía?

Uno de los problemas serios de la democracia argentina es que, gobierno tras gobierno, estallan escándalos de corrupción muy graves. Eso sucedió durante el menemismo, luego con la Alianza, continuó durante el kirchnerismo y atravesó al macrismo. Parece bastante claro que desde la asunción de Milei no hay una ruptura con estas prácticas, sino más bien una clarísima continuidad, por más que el Presidente califique a Cristina Kirchner como “la chorra” o “la corrupta”. De hecho, Kirchner está detenida y los escándalos no se apagan.

La semana estuvo marcada, además, por manifestaciones callejeras masivas en las capitales de todo el país en repudio a la dictadura militar iniciada hace 50 años. El carácter de esas marchas fue claramente opositor, dado que Javier Milei es el primer presidente democrático que no ha repudiado claramente la represión ilegal. Nadie manifestó por “la memoria completa”.

Y, al mismo tiempo, se ha difundido una lluvia de encuestas que reflejan un serio deterioro en la relación entre la sociedad y el Gobierno. Es lógico que cuando los salarios son tan bajos, la desocupación crece y la inflación no cede, la imagen de un presidente caiga. El Gobierno se empeña en sostener que todos los datos son falsos y que existe una conspiración de empresarios, periodistas y encuestadores para limarlo porque quiere cambiar en serio la historia de la Argentina. Tal vez no sea el método más adecuado para enfrentar estos desafíos.

Sea como fuere, por una vez, Milei y Kicillof tienen algo para celebrar al mismo tiempo. El primero porque el fallo libera a su gobierno del lastre de tener que negociar el pago de una fortuna que no tiene. El segundo porque se saca de encima una campaña insistente en su contra. Ya no será “el que le costó a la Argentina 16 mil millones de dólares” y podrá iniciar su campaña presidencial sin tener que aclarar esa chicana una y otra vez.

¿Campaña presidencial?

Falta mucho para eso. Antes está el Mundial. Y si le ganamos a Burford en tierra norteamericana, ¿quién dice? ¿No?

Tal vez en pocas semanas el Chiqui levante otra copa.

Qué país la Argentina.

Realmente: qué país.

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a colocar a los mercados financieros frente a un escenario conocido: tensiones geopolíticas que impactan de forma inmediata en los precios de la energía, generan movimientos hacia activos considerados refugio y producen reacciones iniciales de cautela en los mercados accionarios.

El mercado energético es uno de los que reacciona con mayor intensidad ante episodios de conflicto. En los primeros días posteriores a las hostilidades, los precios del petróleo registraron movimientos particularmente volátiles: el Brent llegó a superar momentáneamente los USD 119 por barril, mientras que el WTI mostró subas superiores al 30% en las primeras operaciones, reflejando el aumento del riesgo percibido sobre el suministro global de energía.

La magnitud de la reacción se vincula con la importancia estratégica de la región para el mercado petrolero internacional, en particular el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Los datos comparativos de distintos episodios recientes muestran que la reacción del petróleo depende en gran medida del riesgo percibido sobre la oferta energética global

Los datos comparativos de distintos episodios recientes muestran que la reacción del petróleo depende en gran medida del riesgo percibido sobre la oferta energética global.

Durante la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, los precios del Brent y del WTI registraron subas semanales en torno al 26%. En la escalada actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, el movimiento fue incluso más marcado, con avances de 29,17% en el Brent y 36,92% en el WTI en la semana posterior al inicio del conflicto.

En contraste, cuando los conflictos no implican un riesgo directo para la oferta energética global, la reacción del petróleo suele ser más moderada o incluso negativa.

El ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 se acompañó de caídas cercanas al 6% en el Brent y al 4,5% en el WTI en la semana posterior, mientras que durante el ataque de Irán a Israel en abril de 2024 las variaciones también fueron negativas, con retrocesos cercanos al 4,6 por ciento.

Esta comparación indica que el factor determinante para el mercado energético no es únicamente la existencia de un conflicto, sino su potencial impacto sobre la producción, el transporte o las exportaciones de hidrocarburos.

El factor determinante para el mercado energético no es únicamente la existencia de un conflicto, sino su potencial impacto sobre la producción, el transporte o las exportaciones

Más allá del petróleo, los conflictos geopolíticos suelen provocar movimientos hacia activos considerados refugio. Entre ellos se encuentran el oro, el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El fenómeno es conocido en los mercados como “fuga hacia la calidad” (flight to quality, tendencia de los inversores a buscar instrumentos percibidos como más seguros en contextos de incertidumbre internacional).

Activos refugio: tendencias ante la guerra

En los episodios analizados, el oro mostró subas moderadas en la semana posterior a los eventos geopolíticos. Durante la invasión de Ucrania el metal avanzó cerca de 3,4%, mientras que tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 registró una suba cercana al 4%. En otros eventos recientes las variaciones fueron más acotadas, con movimientos de entre 0% y 2% en los días posteriores al inicio de las hostilidades.

Aunque estos movimientos suelen ser menores que los observados en el mercado energético, confirman el papel del oro como reserva de valor en momentos de tensión.

El dólar estadounidense también tiende a fortalecerse en este tipo de escenarios, impulsado por la demanda global de activos denominados en esa moneda. Sin embargo, las variaciones tienden a ser limitadas: en diversos episodios de tensión geopolítica, el índice del dólar registró apreciaciones generalmente inferiores al 3% en la semana posterior a los eventos.

La reacción de los mercados accionarios resulta más heterogénea. En los primeros momentos de un conflicto, las bolsas tienden a registrar caídas por el aumento de la aversión al riesgo. No obstante, la magnitud de estos movimientos suele ser menor que la observada en el mercado energético.

En los primeros días de la reciente escalada en Medio Oriente, los principales índices bursátiles marcaron retrocesos moderados: las bolsas estadounidenses cayeron cerca de 2,5% en la semana posterior al inicio del conflicto.

Impacto en acciones y sectores estratégicos

La experiencia revela que este tipo de reacciones iniciales suelen moderarse con el paso de los días. A medida que los inversores evalúan el impacto económico real del conflicto y ajustan sus expectativas, los mercados tienden a estabilizarse. En varios episodios recientes, las Bolsas recuperaron parte de las pérdidas iniciales una vez disminuida la incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos.

A medida que los inversores evalúan el impacto económico real del conflicto y ajustan sus expectativas, los mercados tienden a estabilizarse

Dentro del mercado accionario existe un segmento que suele beneficiarse de los conflictos geopolíticos: las empresas vinculadas al sector defensa. Las acciones de compañías como Lockheed Martin y Northrop Grumman registraron subas en la mayoría de los episodios analizados.

Durante la invasión de Ucrania ambas compañías avanzaron cerca de 18% en la semana posterior al inicio del conflicto, mientras que en la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 las subas fueron de 14,1% y 9% respectivamente.

Incluso en episodios de menor intensidad, como los intercambios de ataques entre Irán e Israel en 2024, estas acciones registraron avances moderados.

Otro mercado que puede mostrar cambios en contextos de tensión geopolítica es el del gas natural. Sin embargo, a diferencia del petróleo, su comportamiento suele ser menos uniforme por la regionalización del mercado.

Durante la invasión de Ucrania el gas natural registró un aumento cercano al 11,8% en la semana posterior al inicio del conflicto, mientras que en otros episodios los movimientos fueron más moderados. En algunos casos incluso se observaron caídas importantes, como ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, cuando el precio del gas retrocedió cerca del 22 por ciento.

Repercusiones macroeconómicas y respuestas institucionales

Más allá de la reacción inmediata de los mercados, los conflictos que afectan a regiones energéticas estratégicas también generan preocupaciones macroeconómicas más amplias. Un aumento sostenido en los precios del petróleo suele trasladarse a los costos de transporte y producción, lo que puede presionar al alza la inflación global y complicar los procesos de estabilización de precios en distintas economías.

En este contexto, los gobiernos y organismos internacionales suelen evaluar medidas destinadas a estabilizar los mercados energéticos. Entre ellas está la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, una herramienta utilizada en episodios previos de disrupciones en el suministro global.

Gobiernos y organismos internacionales suelen evaluar medidas destinadas a estabilizar los mercados energéticos. Entre ellas está la liberación coordinada de reservas estratégicas

La sensibilidad de los mercados frente a la evolución de los conflictos también queda reflejada en la reacción a señales políticas. Declaraciones sobre posibles negociaciones o la duración esperada de las hostilidades pueden generar movimientos inmediatos en los precios de los activos. En distintos momentos de la escalada reciente, comentarios sobre un eventual acercamiento diplomático provocaron caídas en el precio del petróleo y recuperaciones en los mercados bursátiles, poniendo de manifiesto el peso de las expectativas en la dinámica financiera.

El análisis de los distintos episodios recientes muestra algunos patrones:

• el petróleo registra fuertes subas cuando se compromete el suministro global energético;
• los activos considerados refugio, como el oro y el dólar, tienden a experimentar subas moderadas asociadas al aumento de la incertidumbre;
• los mercados accionarios presentan reacciones iniciales negativas que, en la mayoría de los casos, se corrigen con el tiempo; y
• el sector defensa es una de las áreas del mercado que suele registrar subas ante este tipo de eventos, reflejando las expectativas de mayor gasto militar.

En el escenario actual, la evolución del mercado energético continúa siendo uno de los principales factores a seguir para evaluar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, y la magnitud de los movimientos recientes en el precio del petróleo pone de relieve la importancia estratégica de la región para el suministro global de energía.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

Durante la primera mitad del mandato de Javier Milei se logró esquivar una hiperinflación inminente, ejecutar correcciones económicas y políticas de fondo, y alcanzar una buscada estabilidad en el proceso.

Estas medidas permitieron reencauzar la dinámica macroeconómica hacia una trayectoria de crecimiento después de quince años.

El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión: el equilibrio en las cuentas públicas eliminó la dependencia de la emisión para financiar gastos como salarios y jubilaciones, sustentando ahora esas erogaciones con la recaudación impositiva.

Esto facilitó un proceso histórico de desinflación que redujo la inflación desde máximos de más de treinta años hasta mínimos en ocho años.

Paralelamente, se avanzó con el cumplimiento del programa financiero y de las promesas de campaña -como la remoción del control cambiario, la eliminación de la brecha y el Impuesto PAIS, y la reducción de retenciones lo que impulsó una mejora reputacional visible en la caída del índice de riesgo país de más de 2.700 puntos básicos en la administración de Alberto Fernández hasta 600 pb en la actualidad. También es el nivel más bajo en ocho años.

Dudas sobre la continuidad de la mejora económica

El proceso de normalización tuvo una pausa: la mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025. Esta interrupción generó interrogantes sobre la trayectoria futura: ¿continuará mejorando la situación en los próximos veinte meses, o la fase de recuperación ya concluyó?

La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación. Luego de alcanzar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, el índice subió a 2,9% en febrero de 2026. A pesar de que la inflación minorista pasó del 211% anual en 2023 al 31% en 2025 y la mayorista del 274% al 26%, en los últimos tres trimestres se observó una aceleración inflacionaria.

La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación

Los procesos de desinflación no son lineales y requieren tiempo prolongado. Israel demoró más de diez años en alcanzar inflaciones de un dígito anual, y Chile, más de veinte. La situación argentina, que partió de una inflación cercana al 300%, difícilmente podía converger a un solo dígito anual en apenas dos años de manera directa y sin sobresaltos.

Obstáculos que ralentizaron el proceso desinflacionario

Existen dos factores principales que hicieron que la inflación no descendiera más rápidamente:

El primero fue el riesgo político durante las elecciones legislativas. El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico, lo que generó una caída en la demanda de activos argentinos y de dinero, desatando volatilidad, dolarización de portafolios -el índice de riesgo país subió de unos 650 a 1.400 puntos básicos en solo cuatro meses- y una depreciación del tipo de cambio del 30% en ese período.

Ese episodio quedó superado, al menos hasta el avance de 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a ser relevante. El segundo obstáculo fue el programa financiero heredado. La deuda pública representaba el 100% del Producto Bruto Interno y el índice de riesgo país estaba por encima de 2.700 pb, junto a la deuda con importadores superaba los USD 50.000 millones que se resolvió utilizando los Bopreal. Hasta ahora, se ha encarado este desafío recurriendo a la colocación de nueva deuda para extender plazos y bajar tasas, y mediante la compra de dólares con fondos provenientes del superávit fiscal primario.

También se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha, aunque sigue en valores positivos, lo que contribuye a que la inflación no sea aún menor.

El pago de la deuda y la gestión del tipo de cambio

El Gobierno priorizó la acumulación de dólares y la extensión de plazos de deuda frente a una reducción más acelerada de la inflación. Entre 2026 y 2027, Argentina debe afrontar vencimientos por unos USD 35.000 millones.

El acceso limitado a los mercados voluntarios de crédito obliga a acumular divisas en el Banco Central, apalancado además por las metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI.

Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica. Por ello, la administración optó por canjear deuda para extender plazos y reducir cupones, y comprar dólares en el proceso.

La acumulación de dólares también cumple con el objetivo de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio.

Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica

El crecimiento de las exportaciones de energía y agro -con exportaciones récord de USD 87.000 millones en 2025- introduce presión para fortalecer el peso. Esto explica por qué el tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento.

Además, la mayor oferta de divisas se proyecta para el segundo trimestre del año producto de la estacionalidad de las exportaciones, lo que sumará presión al tipo de cambio.

Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía. Por eso, las compras de dólares actúan como freno de esa dinámica. El costo de esta estrategia es perceptible: la inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria.

La inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria

Otras prioridades del Gobierno incluyen llegar a 2027 con reservas elevadas y un programa financiero robusto. Esto reduce el riesgo de crisis de balanza de pagos y limita la exposición ante la incertidumbre electoral. Llegar con más dólares al período preelectoral se percibe como un factor de tranquilidad para los mercados.

El efecto neto es que la inflación demorará algo más en converger a valores cercanos a un dígito, pero se mantiene la solidez en el saldo de divisas y la estabilidad financiera.

En 2025, la economía creció 4% interanual, acompañada de máximos en consumo privado y actividad económica.

Perspectivas para la segunda mitad del mandato

Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno. En lo que va de 2026 se han acumulado cerca de USD 3.300 millones y, considerando el ciclo favorable de precios de las materias primas y cantidades exportadas, junto a la mayor oferta estacional de divisas en el segundo trimestre, es plausible que la acumulación de reservas supere los USD 8.000 millones antes de terminar la primera mitad de 2026. Esta cifra cubriría una parte relevante de los intereses de deuda de este año.

Respecto a la inflación, la persistencia de tasas cercanas al 3% mensual al inicio de 2026 ubica el pronóstico anual en torno al 25%, por debajo del 31 registrado en 2025, aunque algo por encima de estimaciones previas. Si las condiciones se mantienen constantes, los valores bajarían aún más en 2027.

El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país.

El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país

Las exportaciones seguirían creciendo y el superávit comercial se consolidaría.

Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable (Bloomberg Commodity Index sube 28% interanual) y los incentivos para producir y exportar se fortalecieron luego de la reducción de retenciones, la eliminación de la brecha cambiaria y la desregulación económica.

Entre las reformas, destacan la eliminación del sistema barril criollo -que fijaba precios locales del petróleo por debajo del internacional- y de la 125 para el sector energético, que imponía retenciones móviles.

Un factor que podría reactivarse es la intermediación financiera: el restablecimiento de préstamos hipotecarios, debido a la caída de la prima de riesgo local y la normalización del sistema bancario, potenciaría el crédito y la actividad económica a partir del segundo semestre de 2026.

En este contexto, la actividad económica mantiene potencial de expansión igual o superior al 3% en 2026 y 2027, sustentada por el desarrollo del agro, la minería, la energía y el sector financiero.

El autor es Economista

La Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso Nacional cuando afirma: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

En 2010 se sancionó una Ley de Glaciares que no existe en ningún otro lugar del mundo y no por casualidad; la gran mayoría de sus artículos nunca fue reglamentada. Esto demuestra la poca seriedad, los escasos conocimientos y la verdadera intención espuria de quienes impulsaron la norma. El asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera. El contraste con Chile evidencia que dicho objetivo fue alcanzado de manera contundente.

Desde 2014, luego de escuchar a los principales glaciólogos del planeta y de comprender, a partir del conocimiento científico, la dinámica de los ambientes en altura y su relación con el agua, propusimos una reglamentación de la Ley 26.639. Nos enfocamos en el objetivo declarado: resguardar las consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, expuesto en su primer artículo, dejando de lado las emociones.

Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire

Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire con gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y, en consecuencia, derriten glaciares.

Cuestionamientos y contexto

Vale analizar el significado de reserva estratégica: acciones que buscan reservar productos o artículos que gobiernos, organizaciones o empresas retienen del uso normal en función de una estrategia, ante eventualidades inesperadas. Así existen reservas de productos básicos como alimentos o petróleo, que en tiempos de escasez (por inundaciones, sequías, conflictos bélicos) permiten superar crisis temporales.

Sin embargo, no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿Cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas? En los últimos cinco años, San Juan perdió un 27% de sus áreas glaciarias, y el aumento del caudal en sus ríos no pudo medirse por ser insignificante frente al volumen que aporta la nieve de invierno y su derretimiento en primavera.

Al parecer, los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares. Desde 1910, cuando comenzaron los registros de previsión anual del agua disponible en la provincia de San Juan, nunca se consideró el aporte hídrico de los glaciares.

Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas

Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas que hoy están amenazadas por la sobreexplotación agrícola.

Debate legislativo y participación pública

Si dejara de nevar, ¿de dónde saldría el agua que necesitamos? ¿Derretiríamos glaciares como en Fahrenheit 451 se quemaban libros? ¿Alcanzaría para un año de consumo ese descongelamiento? ¿Y luego? Así de absurdas son las premisas en que se fundamenta lo legislado. Las estulticias que a diario escuchamos aún tienen espacio en un país donde el respeto por la Verdad como valor en el debate prácticamente se ha perdido.

No era necesario reformar ninguna ley en el Congreso. Bastaba con que el presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Seguramente Greenpeace, diversas ONG y la Pastoral Social celebrarían la discusión, mientras algunos estudios jurídicos quedarían agradecidos. Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados, compatriotas abatidos en la pobreza humana.

Un decreto que reglamentara el artículo de la ley de glaciares hubiera sido suficiente. Solo hacía falta precisar el criterio de “significancia hídrica”. Así de sencillo:

Artículo 1°: Se considerará reserva estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve, derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el permafrost.

Los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares

En 2010, en Uspallata, Mendoza, se realizó una audiencia pública por la Ley de Glaciares con más de 2.000 anotados que, en su mayoría, leían: “yo no le doy licencia social al proyecto San Jorge”. Ahora, son más de 80.000 inscriptos quienes participan; las órdenes de agrupaciones y corrientes ideológicas han surtido efecto. ¿Cuántos de ellos saben distinguir ambientes glaciarios, crióticos, permafrost o entender la importancia relativa de los aportes a una cuenca hídrica? Tal vez asistimos a un fenómeno nuevo de identificación colectiva con la causa, repleto de participantes que se autodenominan glaciólogos.

Desde 2014 lo hemos propuesto: era necesario reglamentar la Ley 26.639 con un instrumento constitucional y científico, pero las prioridades políticas se han impuesto sobre el conocimiento.

El autor es Diputado Nacional mandato cumplido y exsubsecretario de Minería de la Nación

Ha sido ya profusamente difundida la decisión de la Corte distrital de Nueva York (equivalente a nuestras cámaras de apelaciones, es decir, la segunda instancia) otorgándole razón a la posición argentina en la causa iniciada contra la República Argentina por quienes fueron, o sucedieron en sus derechos, accionistas minoritarios en YPF al momento de la expropiación por parte del Estado argentino de las acciones mayoritarias en la empresa.

Los accionantes, un fondo de inversión dedicado -entre otras actividades- a adquirir derechos litigiosos para beneficiarse por la diferencia entre el precio de compra y el que resulte del litigio, planteaban que la expropiación, o en su caso adquisición directa, debía alcanzar también a las acciones minoritarias de acuerdo con el estatuto societario de YPF.

La demanda fue acogida por la jueza de primera instancia, condenando a la República al pago de aproximadamente USD 16.000 millones. El Estado argentino, actuando a través de la Procuración del Tesoro de la Nación y con la intervención de abogados locales, presentó una apelación fundada en febrero de 2024, durante mi gestión como Procurador.

Finalmente, el tribunal de segunda instancia resolvió a favor de nuestro país, aceptando los argumentos de la Procuración del Tesoro, en cuya elaboración tuvieron un papel destacadísimo el Subprocurador Dr. Andrés De La Cruz, el Subprocurador Dr. Marcos Serrano y, muy especialmente, el equipo técnico de la Procuración del Tesoro, la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, en ese momento a cargo de la Dra. Mariana M. Lozza y la Dra. María A. Etchegorry. Cabe destacar la excelencia de estos profesionales, cualidad compartida también por todo el cuerpo de abogados de la Procuración, muchos de ellos formados en la que fuera la Escuela de Abogados del Estado creada en 1994 bajo la dependencia de la Procuración del Tesoro.

El argumento fundamental de nuestra defensa, y en el que se basó el fallo favorable, reside en el predominio del derecho público del Estado, en este caso, la ley de expropiaciones, sobre las normas creadas por particulares, sean éstas o no estatutarias o contractuales.

La expropiación es un instituto jurídico que permite, frente a exigencias de bien común (utilidad pública), forzar el traspaso de cualquier tipo de bien, del titular al sujeto expropiante (normalmente el Estado), mediando ley previa que declare tal utilidad pública y el también previo pago de una justa indemnización, conforme lo establece expresamente el artículo 17 de la Constitución Nacional: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…” (actualmente reglamentada por la ley 21.499).

Es decir, la expropiación fuerza la voluntad “negocial” del propietario del bien expropiado -quien podría no querer desprenderse del mismo- a la vez que fija el precio o indemnización, con algún margen de negociación entre el expropiante y expropiado. Es de notar que la decisión de expropiar, en sí misma, no es susceptible de cuestionamiento judicial, tampoco la declaración de utilidad pública; sí lo es el monto de la indemnización. La expropiación no es una confiscación.

La prerrogativa expropiatoria estatal es un instituto jurídico de raigambre y tradición universal, una manifestación de la soberanía del Estado equiparable al monopolio del uso de la fuerza pública, o de la restricción de ciertos derechos fundamentales en situaciones de emergencia pública -por ejemplo, la declaración del “estado de sitio”-. Por eso es importante el fallo YPF, en tanto reconoce expresamente esta prerrogativa soberana, aunque no deja de ser discutible la jurisdicción del tribunal newyorquino.

Los accionantes deberían ser demandados por el reintegro de los gastos del juicio, cuya posibilidad seguramente estará a estudio de nuestra calificada Procuración del Tesoro de la Nación.

En las últimas semanas, el debate sobre los salarios volvió a ocupar el centro de la conversación pública. La viralización en redes sociales y medios de comunicación de la llamada “teoría del palo y medio” (donde una influencer asegura que sin importar oficio, profesión o rubro casi todos los jóvenes cobran esa misma suma), puso en agenda una pregunta que atraviesa a miles de trabajadores: cuánto se gana hoy y qué trayectorias ofrecen mejores oportunidades.

Más allá de las estadísticas, el fenómeno revela la necesidad de ampliar la mirada sobre las opciones formativas y laborales disponibles. En ese contexto, algunos oficios están recuperando protagonismo. Electricistas, plomeros, carpinteros y otros perfiles técnicos forman parte de actividades esenciales para la vida cotidiana y el funcionamiento productivo, en sectores donde la inteligencia artificial y la automatización todavía no pueden reemplazar el trabajo manual especializado. Cada hogar, comercio e industria requiere habilidades concretas para instalar, reparar y construir.

Durante años, menos jóvenes optaron por seguir estas formaciones técnicas, lo que generó en varios sectores un recambio generacional insuficiente. ¿O, acaso, quién conoce un taller mecánico donde no predominen las canas? Hoy, con una demanda sostenida y una oferta limitada de mano de obra calificada, estos perfiles vuelven a ser altamente valorados.

El debate no es profesión versus oficio. Ambas son trayectorias válidas y necesarias. El punto es reconocer que la formación técnica ya no es un plan B, sino una opción legítima, con salida laboral real, especialización y posibilidades de desarrollo profesional.

Además, muchos jóvenes valoran aspectos que estos trabajos permiten, como la independencia, organización de tiempos, posibilidad de emprender y de construir una trayectoria autónoma basada en habilidades concretas. En este escenario, la política pública tiene el rol central de facilitar el acceso a una capacitación de calidad, con tecnología actualizada y formación práctica, que amplíe oportunidades y democratice el acceso al mundo del trabajo.

Desde la Agencia de Habilidades para el Futuro se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, y capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, que buscan iniciar o fortalecer sus proyectos.

La discusión sobre ingresos es importante. Pero también lo es preguntarnos qué habilidades necesita hoy el mercado laboral y cómo garantizamos que más personas puedan desarrollarlas. Revalorizar los oficios no es mirar al pasado. Es entender hacia dónde se mueve el trabajo en el presente.

Hay procesos que no se modifican únicamente desde la técnica, ni desde el diagnóstico preciso, ni siquiera desde el conocimiento en su forma más rigurosa. Hay algo más que interviene, algo difícil de medir pero imposible de negar; la calidad del encuentro.

En el campo de la salud mental, solemos apoyarnos en categorías, teorías y protocolos que ordenan la práctica y orientan la intervención. Sin embargo, cuando estos saberes no están acompañados por una disposición genuina hacia el otro, corren el riesgo de volverse insuficientes, e incluso, en algunos casos, de reforzar aquello mismo que intentan aliviar.

Cuando un consultante llega, muchas veces lo hace desde un lugar de profundo desvalimiento. No solo por aquello que le sucede, sino también por la forma en que ha sido mirado, nombrado o interpretado a lo largo de su historia; como síntoma, como problema, como caso. En ese punto, la intervención profesional puede tomar dos caminos: reforzar esa lógica o abrir una dimensión distinta, más humana y transformadora.

El encuentro empático inaugura esa otra posibilidad.

Se trata, en su sentido más profundo, de un encuentro amoroso; el consultante con una gran necesidad de ser comprendido, y el profesional con un profundo amor por su tarea. No se trata de un amor ingenuo ni idealizado, sino de una posición ética y clínica que implica respeto, disponibilidad y una escucha que no reduce al otro a su padecimiento.

Es en ese tipo de encuentro donde algo comienza a moverse.

Cuando el conocimiento está atravesado por el amor, deja de operar únicamente como una herramienta clasificatoria y se transforma en una vía de acceso. Permite acercarse al sufrimiento del otro sin invadirlo, comprender sin etiquetar, acompañar sin imponer. La problemática deja entonces de ser solo un conjunto de síntomas o un diagnóstico, para convertirse en un territorio compartido, un espacio donde puede construirse sentido.

En ese proceso, quien se sentía desvalido puede empezar, lentamente, a sentirse válido. Este pasaje no es menor; implica una reconfiguración subjetiva en la que la persona deja de ubicarse exclusivamente desde la falta o el déficit, para comenzar a reconocerse como alguien con recursos, con historia y con posibilidades.

Y es allí donde incluso las estructuras más rígidas pueden comenzar a flexibilizarse. A veces no se trata de transformaciones abruptas o visibles de inmediato, sino de pequeños movimientos, casi imperceptibles, que abren una fisura en lo establecido. Esa fisura, por mínima que sea, puede ser suficiente para que algo nuevo emerja; la posibilidad de la esperanza.

Esa esperanza no queda aislada; da lugar a la confianza. Y es en ese clima de confianza donde puede comenzar a construirse algo aún más profundo; la autoconfianza. A medida que la persona se siente reconocida y alojada en el vínculo, se habilita una mayor apertura, una disposición distinta hacia sí mismo y hacia el mundo. Así, el encuentro no solo alivia el sufrimiento, sino que también amplía las posibilidades de contacto con el entorno, favoreciendo modos más libres y genuinos de interacción.

Porque, en definitiva, no es solo el conocimiento lo que transforma, sino el modo en que ese conocimiento se encarna en un vínculo. Y es allí, en ese entre, donde alguien deja de ser solo portador de un padecimiento para comenzar, nuevamente, a ser sujeto de su propia vida.

El inicio de una batalla siempre responde a la ejecución de un plan o de una gran estrategia. Pero, como dijo el mariscal prusiano Helmuth von Moltke, “Ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo”. O más brutalmente, Mike Tyson: “Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un golpe en la cara”. En la guerra, todos reciben golpes y todos saben cuándo empieza, pero nadie sabe cuándo y cómo termina. Así son las cosas después de casi un mes de lucha entre EEUU + Israel contra Irán. Hace 15 días indicamos que si Irán logra mantener esa situación durante las próximas semanas, el curso de la guerra entrará necesariamente en un impasse negociador. Pero poco de eso está a la vista: amagan desescalar y nadie les cree. Ambas partes hacen alarde de seguirla indefinidamente. Nadie muestra intenciones de retroceder. Nuevas amenazas aparecen en la escena de guerra. No solo es Ormuz; ahora parece entrar en juego también el Estrecho de Bab al-Mandab en el Mar Rojo.

El declaracionismo de las partes es una parte de la guerra cognitiva; es complejo su análisis porque no se sabe a ciencia cierta si es un engaño, una amenaza falsa o verdadera. Y en esta guerra hubo muchas sorpresas, porque la realidad superó las previsiones en cuanto a las capacidades de la resistencia iraní. Ahora bien, los recursos militares también se agotan; pero para todos. Después de que cada parte haya medido su propio arsenal disponible o haya estimado cuándo se le agotarán las reservas de misiles a su oponente, ambas partes seguramente quisieran lograr cierto apaciguamiento del conflicto. Salvo Benjamín Netanyahu y su banda extremista, tanto a EEUU como a Irán les convendría parar la guerra, cada uno con sus motivos y sus preocupaciones. Pero nadie todavía encontró la fórmula para lograrlo.

Estamos en presencia de dos enfoques o dos concepciones radicalmente diferentes en esta guerra. La concepción israelí-estadounidense es la de una campaña aérea de alta intensidad. Bombardea con intenciones de destruir la resistencia militar de Irán, aunque no prevé una invasión terrestre de ocupación, lo cual es una debilidad manifiesta. Del lado iraní, más débil militarmente, apuestan a una larga resistencia de desgaste, para provocar altos costos económicos globales que hagan intolerable esta guerra para todo el mundo. Esa postura tiene la debilidad de hacer enemistar a demasiados países cercanos o lejanos, que no participan directamente de la misma. La intención de Israel en querer prolongar la guerra es, a mi criterio, una debilidad, ya que, para casi toda la población de Asia y áfrica (78 por ciento de la población mundial), los israelíes son vistos como los principales responsables del conflicto, que tanto los afecta económicamente. Aunque Israel logre una victoria táctica militar, a la larga podría transformarse en una derrota estratégica cognitiva.

La economía. Los mercados marcan el ritmo de las expectativas de lo que ocurre en el teatro de operaciones militares. Como la guerra se prolongó más de lo inicialmente previsto, aumentó el precio del petróleo a 100-120 dólares el barril. Pero no a 150-200. Inclusive el precio futuro está en menos de 100, lo cual indica que el mercado prevé que alguna fórmula se encontrará para darle fin al conflicto o al menos canalizarlo hacia esas situaciones de inestabilidad permanente de guerra-no guerra, a las que nos está acostumbrando el mundo. Pero no parece fácil encontrarle el agujero al mate. El mundo real económico está conformado por redes de negocios muy interconectadas, con dependencias mutuas, donde la merma o destrucción de un mercado tiene consecuencias en otros, como cuando se cae un castillo de naipes.

Vivimos un mundo multinodal en permanente equilibrio inestable, síntoma de un “orden” muy desordenado por sucesivas crisis, producto de potencias que no controlan totalmente ni a sus propios espacios de influencia. Nadie quiere romper del todo lo que aún se controla, ni quiere destruir del todo al contrario porque eso podría volverse en contra de sus propios intereses. Esa sería la fuerza impulsora para “enfriar” el conflicto. La industria bélica y los intereses hegemónicos de Israel en Medio Oriente son los que impulsan que el “calentamiento” del horno no se detenga.

Puntos débiles. Cada parte tiene sus propias vulnerabilidades, lo que alienta a sus contrincantes a proseguir la lucha. Ambos atacan las infraestructuras que puedan debilitar a sus contrarios, esperando que no puedan reponerlas. Pero notablemente, hasta ahora, las instalaciones básicas (electricidad) y productivas de Irán (destilerías, pozos petroleros, plantas nucleares) no fueron dañadas fuertemente. Solo parcialmente y no de manera irreversible. No es que Israel o EEUU no quisieran hacerlo, sino que temen una represalia equivalente de Irán sobre los países del golfo, todos ellos fácilmente vulnerables, porque tienen pocas plantas productoras y muy cercanas o plantas desalinizadoras enormes; habiendo comprobado que, militarmente, Irán tiene la capacidad de hacerlo y eso provocaría una crisis global, peor que la de 1930 o la de 1973 (creación de la OPEP).

Esta guerra puede ser vista como una extraña carrera entre un velocista israelí-estadounidense y un maratonista iraní, lo cual nos lleva, inevitablemente, a un cruce de caminos. El ritmo del conflicto estuvo cambiando a medida que se estabilizó el impacto inicial de los ataques aéreos. Los portaaviones estadounidenses se retiraron para su reacondicionamiento. Gran parte de la capacidad de ataque israelí-estadounidense comienza a mermar. Va quedando claro que el plan inicial ha recibido algunos golpes y debe repensarse. Tal vez la semana de prórroga pedida por Trump, y el incipiente inicio de negociaciones con la intermediación de Pakistán, o Turquía o Egipto, sea para recalcular todo, incluido analizar el costo/beneficio de nuevas opciones, bien de proseguirla con participación de tropas en el terreno. O bien para debatir con Israel caminos separados. Algo de esto parece ser real.

El panorama general de Irán no es mucho mejor. Sus capacidades militares están sustancialmente mermadas y selecciona muy cuidadosamente los blancos a atacar, aunque mantiene un Estado intacto, o al menos operativo, para controlar su situación interna, lo cual resulta suficiente, por ahora, para continuar la presión.

Nuevos factores claves. En las próximas semanas o meses, la victoria se definirá por nuevos factores relativamente sencillos: la supervivencia del Estado iraní y su capacidad para infligir costos asimétricos en el Estrecho de Ormuz y los ataques a la infraestructura del Golfo. O bien, el mayor involucramiento de sus proxys: Hezbollah y los Hutíes. Esto nos lleva a considerar algunas posibilidades generales:

Una victoria iraní podría ocurrir si EEUU/Israel no logran movilizar una coalición de aliados europeos y asiáticos ni consiguen por sí solos abrir el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Eso conduciría a una Paz, con limitaciones para las futuras acciones israelíes en su contra. Poco probable en el corto plazo.

Trump derrota a Irán, con o sin ayuda de terceros, abriendo militarmente el Estrecho de Ormuz o estrangulando la economía iraní mediante la ocupación de la estratégica isla de Kharg. En ese escenario colapsa el Estado iraní. No puede pagar sueldos. Estallan disturbios en Teherán y las fuerzas de seguridad pierden el control. El grupo gobernante se derrumba a medida que uno tras otro de sus miembros muere entre los escombros. Es un escenario poco probable en el corto plazo, pues los iraníes se han preparado cuidadosamente para estas eventualidades y sorprenden hasta con lanzamientos de misiles de largo alcance.

Una tercera posibilidad y la más probable, es la continuación de la guerra sine die, pero con cierta normalización del flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz, bajo control de una “comisión internacional de paz”. Una paz muy débil, pero sostenida por varios países. En ese caso, EEUU declararía que logró sus objetivos porque destruyó e inmovilizó “definitivamente” el plan nuclear iraní. Los iraníes se limitarían “aparentemente” en su condición de país nuclear. El sur del Líbano es ocupado por Israel; Netanyahu seguiría resistiendo el “impeachment”, pero quedaría más debilitado. La industria bélica proveería nuevos sistemas de armas a todos los países, reponiendo aquellos sistemas muy caros por otros más baratos (enseñanzas de esta guerra).

Siguiendo con ese escenario, el tema Ucrania vuelve a la agenda entre Rusia y EEUU. El precio del petróleo se ameseta debajo de los 100 dólares/barril. Los europeos no resuelven sus contradicciones internas. Algunos países reclaman fuertemente recibir gas barato de Rusia. Xi Jinping recibe a Trump en Beijing y retoman la agenda de cooperación y competencia, característica de las grandes potencias, mientras debaten sobre sus respectivas zonas de influencia.

Mientras tanto en la Argentina. La alegría inicial de los vendedores de humo argentinos, que indicaban una gran ventaja nacional por el aumento del precio del petróleo para exportar lo producido en Vaca Muerta, se ve algo ensombrecida cuando hacen el balance de divisas. El país aún importa cantidades importantes de diésel, nafta y de LPG, para pasar el invierno; sus precios han aumentado mucho más que el petróleo crudo. por el deterioro de las plantas productoras de Qatar y otros países del Golfo, que no se normalizará en poco tiempo, aunque pare ahora mismo toda acción bélica. Volvemos siempre a la falta de una estrategia nacional de largo plazo; si seguimos exportando productos primarios sin darle valor agregado local, toda ilusión de construir un país próspero y estable es inútil.

El poder no se sostiene solo con decisiones: necesita un relato que lo sostenga. Una arquitectura simbólica que le dé sentido, una estética que lo vuelva visible y una narrativa que lo justifique.

Milei fue un dedicado constructor de su fortaleza. A fuerza de confrontación y beligerancia modeló un andamiaje para apuntalar su idea del cambio.

Al instalar el concepto de que la política de Estado es, ante todo, un imperativo moral, eleva a la condición de mandato sus consignas de cabecera.

Esta idea de que “nosotros somos distintos”, “vinimos a terminar con la casta”, “no hay plata ni prebendas ni privilegios”, no se condice con los hechos que se le investigan a Adorni ni con los argumentos esgrimidos por el inefable jefe de Gabinete.

Frente a estos hechos la narrativa libertaria hace aguas. El estropicio protagonizado por Manuel Adorni metió al Gobierno en un pantano.

Los denodados esfuerzos del Presidente y su hermana Karina por rescatar a Adorni del marasmo en el que se está hundiendo solo suman daño a un Gobierno que no está pasando por su mejor momento.

La sobreactuación del apoyo de los ministros hacia el ministro coordinador —un patético ejercicio de obediencia debida— habla de la falta de una estrategia eficaz para contener las consecuencias del derrape.

Una seguidilla de selfies producidas para contener emocionalmente al funcionario en problemas deja pegado al plantel ministerial a una interpretación del ejercicio del poder que buena parte de la sociedad rechaza abiertamente.

Adorni es “apenas” un funcionario público, como tal, le corresponden las generales de la ley.

Las razones alegadas en la fallida conferencia de prensa con las que Adorni pretendió hacer pie en medio del tembladeral lo exhibieron atrapado en un desvarío conceptual.

Este argumento de que “no tengo porqué dar cuenta de mi vida privada” atrasa.

La vida privada de los funcionarios públicos reconoce límites. Es más estrecha, más acotada. Hay un punto clásico en la teoría política: quien ejerce poder público reduce voluntariamente su esfera de privacidad.

La intimidad pierde protección parcial cuando lo privado entra en el espacio público. Quien introduce su privacidad en la esfera de lo público cede parte de ese resguardo.

Muchos funcionarios exponen su vida privada como parte del mensaje político. Otros tantos benefician a los suyos con privilegios y prebendas que derrama el poder.

“Era mi deseo que me acompañara”, dijo Adorni en relación al viaje que su esposa hizo en el avión presidencial.

“Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor...”, argumentó.

Quien administra el poder, quien maneja recursos públicos, quien toma decisiones que afectan a otros, está obligado a dar cuenta de sus actos.

El asesoramiento recibido por Adorni para enfrentar el desaguisado no parece haberlo ayudado. Arrancó firme, siguiendo un guión debidamente elaborado, pero arrastrado por la presión del momento volvió a mostrarse en estado químicamente puro.

El ADN arrogante del jefe de Gabinete lo hizo perder el registro y lo expuso en su peor versión. Del “me estaba deslomando” hasta el “sos apenas un periodista”.

Es cierto: los periodistas no somos jueces, apenas periodistas, pero como tales expresamos buena parte de la demanda de información y transparencia que la comunidad democrática exige.

El escrutinio público no depende solo de la Justicia. Los jueces controlan la legalidad y la prensa aporta a la visibilidad. Y con estos elementos la sociedad otorga o quita legitimidad.

Buscar amparo en la justicia cajoneadora de causas y expedientes no es un recurso: es una declaración de opacidad.

Los funcionarios no solo deben presentar sus explicaciones ante los jueces. La sociedad también merece explicaciones: la verdad completa, documentada.

Adorni dispuso de esa posibilidad y la desperdició. Se abroqueló en el convencimiento de que no tiene por qué dar detalles de su “vida privada”, ni de la disposición de sus bienes ni de nada.

La vida privada se vuelve relevante cuando impacta en decisiones públicas. Sea porque se usan recursos públicos para beneficiar a parientes y amigos o cuando se produce conflicto de intereses, facilitando designaciones o negocios familiares con el Estado.

Es probable que en su cosmovisión libertaria, animada por un individualismo a ultranza, no comprenda que no todo lo legalmente admisible es éticamente neutro.

Cuando se predican políticas de austeridad estrictas y la vida privada contradice abiertamente ese discurso, la contradicción se vuelve un hecho político. No se trata de una cuestión moral sino de coherencia pública.

La credibilidad y confianza se basan en la coherencia. Ser creíble demanda actuar conforme se predica.

Con la altanería que lo caracteriza, Adorni pretendió surfear sus inconsistencias. No le funcionó. Al menos no frente a la opinión pública y a todas las almas sensibles que apostaron, con su resiliencia, a un proceso de cambio que prometió reformatear la economía y transformar el modo de hacer política.

Como tantos otros, Adorni se dejó atrapar por el vértigo de la alfombra roja. “Finalmente todos somos humanos”, ensayó alguno de los tantos funcionarios que transitan por los pasillos de la Rosada.

Por aquello de que no hay mal que por bien no venga, el ruido que produce el caso Adorni funciona como una cúpula de hierro sobre las revelaciones del caso #Libra.

Un escudo protector mediático, un dispositivo aberrante que, al menos por ahora, distrae de los chats y conversaciones que dan cuenta de los movimientos del Milei influencer.

Los aviones privados y las propiedades para el weekend son siempre más gráficas e impactantes que las transacciones encriptadas en la blockchain.

La maravillosa noticia de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y anuló la condena por la expropiación de YPF, liberando a nuestro país de pagar unos USD 16.100 millones cayó rápidamente en el vértigo de la confrontación.

El presidente se enteró del fallo mientras encabezaba un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, junto a la ministra Sandra Pettovello.

“Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de Axel Kicillof y la presidiaria de Cristina Kirchner.” fueron sus primeras palabras

Axel Kicillof no tardó en responder. “Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei…él defendía a los buitres…el fallo reafirma que la expropiación fue legal”

“Pésimo día para los anti-argentinos que se pasaron una década hablando mal de la recuperación de YPF.” Sumo desde las redes Cristina Kirchner.

El kirchnerismo apalancó su celebración en el hecho de que el fallo argumenta que la expropiación fue considerada un acto soberano del Estado y no un incumplimiento contractual.

La semana termina de manera vibrante. En cadena nacional el Presidente de la Nación reivindica el fallo, sin dudas histórico, como un mérito de su Gobierno.

“Lo que parecía imposible, lo hicimos posible…Ellos apostaron con nuestro futuro; nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos.”

El tironeo retórico en torno al fallo de la Justicia norteamericana, tanto desde el oficialismo como de la oposición, opaca un festejo que debería ser de todos y habilita hacia adelante un nuevo debate para alimentar la grieta y la polarización.

Durante décadas, gran parte del mundo —y también muchos en América Latina— creyó que Estados Unidos podía hacer prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar del planeta. Las guerras del Golfo, la invasión a Irak en 2003, las intervenciones en los Balcanes y su abrumadora superioridad tecnológica parecían confirmarlo. Sin embargo, los conflictos del siglo XXI, y en particular la confrontación con Irán, vuelven a mostrar algo incómodo: la mayor potencia militar del mundo no siempre puede imponer su voluntad política.

La idea de que destruir al enemigo equivale a ganar la guerra no solo es incorrecta; es una de las simplificaciones más persistentes del análisis geopolítico. La experiencia reciente demuestra lo contrario. Ganar una guerra no es destruir bases, tanques o aviones; es lograr el objetivo político que justificó el conflicto. Dicho de otra manera: destruir no es lo mismo que ganar.

Estados Unidos ganó casi todas las batallas en Vietnam y perdió la guerra. Tomó Bagdad en tres semanas pero nunca logró estabilizar Irak. Estuvo veinte años en Afganistán para que finalmente los talibanes volvieran al poder. No perdió por falta de poder, sino por exceso de confianza en lo que ese poder podía lograr. Las superpotencias ya no suelen perder las guerras militares, pero muchas veces no pueden ganar la guerra política.

Irán entendió esta lógica hace décadas. Desde la revolución islámica de 1979, asumió que no podía competir con Estados Unidos en una guerra convencional. Entonces desarrolló otra forma de conflicto: la guerra asimétrica. Misiles balísticos, drones baratos, milicias aliadas, ataques indirectos, guerra naval limitada, ciberataques y, sobre todo, la capacidad de alargar cualquier enfrentamiento. Irán no necesita ganar; necesita no perder. Y en la guerra moderna, muchas veces no perder es ganar.

En las guerras del siglo XXI aparece una idea clave: el fuerte domina el espacio y el débil domina el tiempo. Estados Unidos puede destruir objetivos, infraestructura y capacidades militares en casi cualquier lugar del mundo. Pero Irán puede resistir, adaptarse y prolongar el conflicto. Y en ese terreno, el tiempo se convierte en un arma estratégica. El que logra sostenerse más tiempo, muchas veces condiciona el resultado político.

Esto también explica por qué algunas potencias pueden sostener guerras largas mientras otras enfrentan límites más estrictos. No es solo una cuestión militar. Las democracias tienen opinión pública, elecciones, mercados financieros, aliados y costos reputacionales. Las guerras largas no solo desgastan ejércitos; desgastan sociedades. Por eso, muchas guerras modernas no se pierden en el campo de batalla, sino en el frente político interno.

Este punto también ayuda a entender el contraste con Rusia en Ucrania. Para Moscú, la guerra en Ucrania es percibida como un asunto estratégico y de seguridad nacional en su propia frontera. Para Irán, un conflicto con Estados Unidos puede ser una cuestión de supervivencia del régimen. En cambio, para Washington, los conflictos en Medio Oriente suelen ser guerras limitadas, lejos de su territorio y sin una amenaza directa a su supervivencia. Y los países pelean de manera muy distinta cuando creen que están luchando por su supervivencia que cuando pelean guerras limitadas. No es lo mismo una guerra existencial que una guerra opcional.

Existe una idea muy extendida: si Estados Unidos quisiera, podría destruir completamente a Irán. Probablemente sea cierto en términos militares. Pero hacerlo implicaría una guerra total con consecuencias globales enormes: petróleo disparado, crisis energética, inflación mundial, mercados en caída, desestabilización regional y el riesgo de escaladas mayores. El problema no es si puede hacerlo, sino si le conviene hacerlo. Y la respuesta, muchas veces, es no.

Ser superpotencia no significa poder hacer cualquier cosa. Significa poder escalar más que nadie, pero elegir no escalar cuando el costo supera el beneficio. Destruir un país es relativamente fácil; construir un orden político estable es lo verdaderamente difícil.

Aquí aparece una de las grandes paradojas del poder estadounidense. Estados Unidos no es solo una potencia militar; es el principal garante del sistema económico y financiero internacional. Su poder depende de la estabilidad de ese sistema. Por eso, muchas veces no puede usar toda su fuerza sin poner en riesgo el mismo orden que sostiene su liderazgo. La paradoja es clara: no puede destruir el sistema sin debilitar su propio poder.

Entonces surge la pregunta inevitable: si Irán sobrevive y el régimen sigue en pie, ¿Estados Unidos pierde? No necesariamente. Pero tampoco gana completamente. En muchas guerras contemporáneas, el resultado no es victoria o derrota, sino algo más ambiguo: ambos lados declaran victoria y el conflicto queda abierto.

La guerra moderna está llena de empates estratégicos, conflictos prolongados y resoluciones incompletas. La rendición incondicional, típica del siglo XX, es cada vez más rara. Hoy, muchas guerras terminan cuando continuar peleando cuesta más que negociar.

También se habla del “mal ejemplo”: la idea de que resistir a Estados Unidos incentiva a otros países a desafiarlo. Pero ese argumento omite algo clave. Resistir es posible, sí. Pero el costo es altísimo: sanciones durante décadas, economías debilitadas, aislamiento internacional, presión militar constante y riesgo permanente de escalada. El mensaje no es que desafiar a Estados Unidos es gratis, sino que se puede resistir, pero pagando un precio muy alto.

La gran lección geopolítica es que el poder en el siglo XXI es más complejo que nunca. Ya no es solo militar. Es económico, tecnológico, financiero, informativo, energético y político. Las guerras no se deciden únicamente en el campo de batalla, sino en los mercados, en la opinión pública, en la diplomacia y, sobre todo, en el tiempo.

Estamos entrando en un mundo de guerras largas, limitadas y ambiguas, donde nadie gana completamente y nadie pierde completamente. Conflictos donde el objetivo no es conquistar territorios, sino desgastar al adversario, contenerlo y obligarlo a convivir con un equilibrio inestable.

Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo. Pero la omnipotencia que muchos imaginaban nunca existió realmente. El poder siempre tiene límites, incluso para las grandes potencias. En el siglo XXI, el poder ya no se mide solo por la capacidad de destruir, sino por la capacidad de imponer un resultado político.

Porque en la guerra moderna no siempre gana el más fuerte. Muchas veces gana el que resiste más tiempo.

En tiempos de expansión técnica, la tentación de convertir toda posibilidad en derecho resulta casi irresistible. Sin embargo, una de las funciones más altas del derecho consiste en instituir límites, no como negación caprichosa, sino como condición de inteligibilidad, responsabilidad y justicia.

El reciente fallo de la CSJN (K., D. V. y otros s/información sumaria) que rechazó la triple filiación y reafirmó el límite legal de dos progenitores se inscribe en esa lógica. No porque desconozca la complejidad de las configuraciones familiares contemporáneas, sino porque advierte que en materia filiatoria no sólo está en juego la autonomía de los adultos, sino ante todo la identidad, la estabilidad y la protección del niño.

La decisión no debe leerse como una reacción conservadora frente a nuevas formas de convivencia, sino como la reafirmación de un principio estructural del derecho. No todo deseo puede traducirse en vínculo jurídico, y menos aún cuando la pretensión de reconocimiento recae sobre un sujeto vulnerable cuya protección exige un marco normativo claro.

El art. 558 del CCyCN no fija un dato meramente técnico. Establece un límite estructural de dos vínculos filiatorios. Por eso la Corte sostuvo que su alteración no puede surgir de decisiones judiciales aisladas, sino de una deliberación legislativa integral capaz de preservar la coherencia del sistema. Ello no vuelve intocable el régimen vigente, pero exige que toda reforma preserve responsabilidad, protección del niño y coherencia jurídica.

Aquí aparece con claridad la cuestión bioética de fondo, la diferencia entre posibilidad técnica y legitimidad normativa. Hans Jonas advirtió que el crecimiento del poder técnico exige una ética capaz de anticipar efectos y contener daños antes de que ocurran. La reproducción asistida permite nuevas configuraciones parentales, pero la pregunta decisiva no es si podemos producirlas, sino si debemos convertirlas en derecho.

Quienes defienden la triple filiación suelen invocar el interés superior del niño. Sin embargo, el fallo deja al descubierto una distorsión cada vez más frecuente, la sustitución del interés del niño por el proyecto afectivo o identitario de los adultos. Como observó Michael Sandel, una de las derivas problemáticas de la cultura biotecnológica contemporánea es su propensión a subordinar la realidad del hijo a la voluntad de quienes lo desean.

La Corte fue concluyente al señalar que no se acreditó un beneficio concreto para el niño derivado del reconocimiento de una triple filiación. Y ese punto no es menor. Cuando se pretende alterar una estructura básica del derecho de familia, la carga argumentativa no puede descansar en abstracciones ni en preferencias subjetivas. Debe demostrarse que la modificación resguarda mejor al sujeto más débil, no sólo que satisface expectativas adultas.

La filiación no es meramente expresión de afectos. Es una forma jurídica de asignación de responsabilidades. Por eso su ampliación indiscriminada no fortalece necesariamente el cuidado, sino que puede dispersar la autoridad, complejizar la toma de decisiones y volver más inestable la determinación de obligaciones. El problema no es cuantitativo, sino estructural. El problema no es sumar vínculos, sino hacerlo sin criterios normativos capaces de ordenar deberes, autoridad y representación.

También por eso la Corte recordó que el sistema filiatorio no es un compartimento aislado. Incide sobre alimentos, sucesiones, responsabilidad civil, representación legal y decisiones sanitarias. Modificar uno de sus principios sin rediseñar el conjunto no amplía la justicia, sino que introduce inconsistencias que terminan perjudicando precisamente a quien se dice proteger.

Este fallo, además, no aparece en soledad. Se enlaza con otra decisión reciente de la propia Corte en materia filiatoria, (S., I. N. c/A., C. L. s/impugnación de filiación), en la cual se reafirmó la maternidad por el parto y se rechazó su disolución en una lógica puramente voluntarista. En ambos casos subyace una misma convicción jurídica, que ciertas fronteras no son restos arbitrarios de un orden antiguo, sino condiciones necesarias para que el derecho siga siendo una estructura de responsabilidad y no una mera homologación de deseos.

Y es precisamente aquí donde se vuelve visible la contribución específica de la ética del Límite. No como recurso retórico añadido al comentario del caso, sino como clave teórica para comprender qué se pierde cuando el derecho cede sin criterio ante demandas nacidas de la técnica, del deseo o de la autoafirmación subjetiva.

La ética del Límite sostiene que el límite no es un obstáculo exterior a la libertad, sino aquello que la vuelve jurídicamente responsable. Sin límite no hay forma, sin forma no hay imputación, y sin imputación no hay justicia. Aplicado a la filiación, ello significa que el vínculo jurídico no puede expandirse indefinidamente sin erosionar las condiciones mismas que permiten atribuir deberes, ordenar funciones y proteger al vulnerable.

Desde esta perspectiva, la importancia del fallo no radica sólo en el rechazo de una pretensión concreta. Radica en que confirma, jurisprudencialmente, una tesis más amplia, que el derecho justo no es el que valida todo lo técnicamente posible ni todo lo afectivamente deseado, sino el que preserva aquellas delimitaciones sin las cuales la dignidad, la identidad y la responsabilidad se disuelven.

Esa es, precisamente, la originalidad de la ética del Límite. Mostrar que el límite no cumple una función meramente negativa o conservadora. Su tarea no es clausurar la libertad, sino impedir que se degrade en indeterminación normativa. No niega la pluralidad de experiencias humanas, pero sí exige distinguir con rigor entre reconocimiento afectivo, deseo subjetivo y responsabilidad institucionalizable.

Por ello, el fallo no desmerece la filiación adoptiva, que es una forma plena y legítima de filiación, estructurada en función del interés superior del niño; ni es discriminatorio, ya que no distingue por sexo, orientación sexual ni identidad de los progenitores, sino que sólo establece un máximo de dos vínculos filiales. De hecho, el CCyCN contempla otras figuras para la participación de adultos con vínculo afectivo en la crianza, sin equipararlas a la filiación.

Así, lejos de ser un obstáculo para los derechos, el límite es aquello que evita su vaciamiento. Allí donde toda pretensión aspira a juridificarse sin criterio de delimitación, el derecho deja de orientar y comienza simplemente a convalidar. En cambio, cuando conserva fronteras normativas inteligibles, puede seguir protegiendo con especial cuidado a quien no participa simétricamente en las decisiones que lo afectan.

La Corte, en este caso, no niega la existencia de lazos socioafectivos relevantes ni desconoce la complejidad de las prácticas reproductivas contemporáneas. Lo que hace es recordar que el derecho no puede abdicar de su función ordenadora ni convertir la filiación en una categoría indefinidamente moldeable según expectativas adultas cambiantes.

También reafirma un principio institucional decisivo. Las transformaciones estructurales del orden filiatorio deben discutirse en el ámbito democrático correspondiente y no ser introducidas fragmentariamente por vía judicial. Esa advertencia no sólo protege la división de poderes. Protege también la racionalidad del derecho frente al riesgo de que cuestiones fundantes se resuelvan según preferencias contingentes.

En definitiva, la decisión de la Corte no restringe derechos, sino que preserva las condiciones para que no pierdan espesor normativo. Resguarda al niño frente a su eventual instrumentalización, protege la coherencia del sistema y confirma una verdad jurídica más profunda, que allí donde el límite desaparece, la responsabilidad se vuelve difusa y la justicia empieza a vaciarse. En ese sentido, el fallo no sólo resuelve un caso. Confirma jurisprudencialmente la tesis central de la ética del Límite.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.

El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.

Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.

La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.

Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.

El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.

En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.

La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF- enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.

Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.

Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.

La economía argentina nos somete a una de sus clásicas pruebas de resistencia, donde la macro y la microeconomía parecen viajar a distintas velocidades. Por un lado, los indicadores muestran señales de estabilización tras la tormenta: la inflación frenó su escalada vertiginosa y el tipo de cambio transita una tensa calma. Sin embargo, al bajar a la economía real, a la calle, a las góndolas y al presupuesto de los hogares, el clima es de una profunda cautela. La recesión se palpa a diario en la retracción de los volúmenes de venta, las persianas que bajan y las familias haciendo malabares inéditos para cubrir sus gastos corrientes.

Para entender cómo esta tensión reconfigura el humor social y las decisiones de compra, desde Trendsity realizamos una nueva investigación a nivel nacional sobre 500 casos, en alianza con QuestionPro. Los resultados revelan un cambio de época: el mapa de los temores mutó y obligó a las personas a adoptar estrategias de supervivencia cada vez más sofisticadas.

Hoy, la desaceleración de los precios dejó al descubierto la crudeza del parate económico. Este freno de mano está directamente ligado a las nuevas angustias de los argentinos. A fines de 2025, la “falta de trabajo” era la principal preocupación para apenas el 8% de la población. Hoy, el fantasma del desempleo despertó con una fuerza arrolladora, saltando a casi el 18% como principal preocupación y alcanzando a y empatando en el primer lugar con la preocupación por la “economía general”. La inflación, aquel antiguo monstruo indomable, cayó al cuarto lugar (10%).

Cuando consultamos todas las problemáticas que hoy le quitan el sueño, 45% confiesa estar atravesado por el temor a perder el empleo y la disminución de la actividad. La inflación, si bien sigue doliendo, ya no es la única dueña de las preocupaciones cotidianas: el temor de hoy es bifronte, asusta la llegada de los servicios y aterra la posibilidad de quedarse sin empleo para pagarlos.

El ahogo es tan palpable que un 57% de los encuestados admite estar usando sus ahorros para afrontar gastos diarios, y un 46% confiesa que ha empezado a postergar el pago de vencimientos de algunos servicios para lograr oxigenar el mes.

En este contexto de presupuestos al límite, aquel “consumidor peregrino” que caminaba buscando precios evolucionó hasta convertirse en un verdadero consumidor microestratega, que opera en “modo hacker”. Impulsado por un deseo de consumir que se niega a apagarse, pero que choca de frente con la restricción de sus ingresos, este perfil despliega un escrutinio constante y absoluto.

A esta optimización extrema se le suma un fenómeno psicológico: el consumidor necesita sentir que logra "hackear la realidad" en pequeñas microdosis y defender su dignidad. Frente a un contexto que lo excede, aplicar ciertas tácticas cotidianas le devuelve una vital sensación de control y empoderamiento.

Hoy, para no quedarse afuera, el consumidor aplica una microestrategia que se refleja en números contundentes:

• Migración y cambio de marcas: Se quebró la lealtad ciega a las etiquetas de siempre. Un 69% de los encuestados ya migró definitivamente hacia opciones más económicas, abrazando sin prejuicios las marcas propias de los supermercados y alternativas emergentes si la ecuación precio-calidad, o precio-calidad äceptable´, les cierra.
• Alternancia de canales: un 70% analiza ofertas o promociones para fraccionas sus compras en diferentes formatos o canales.
• Ingeniería financiera cotidiana: El 75% transfiere su sueldo a billeteras virtuales apenas lo cobra para generar rendimientos diarios.
• Auditoría de compras y recortes: El 81% investiga exhaustivamente (redes, reseñas, tutoriales) antes de realizar un gasto para no “tirar la plata”, y un 77% redujo los pedidos de delivery para volcarse a alternativas más rendidoras como la cocina casera.

Sería un error gravísimo creer que esta hiper-racionalidad significa el fin del deseo. Las personas auditan con lupa la luz o cambian de marca justamente para proteger sus espacios de gratificación. De hecho, más del 42% sostiene la expectativa de poder consumir algo o mucho más en los próximos meses. El impulso y el “gustito” que gratifican siguen vivos, pero requieren de una validación inteligente.

El consumidor en modo hacker castiga la especulación y los falsos descuentos. En un momento donde no hay margen para equivocarse, la gente premia a las empresas que logran sintonizar con su realidad. Al profundizar sobre qué esperan del mercado, la Accesibilidad (51%) es lógicamente una condición excluyente, pero debe estar obligatoriamente respaldada por la Confianza (44%), la Seguridad (31,6%) y la Transparencia (29,8%).

Entender que el deseo de consumir sigue intacto, y ofrecer propuestas de valor que le permitan al cliente sentir que hizo una compra ganadora, será la llave maestra para acompañar a los consumidores y liderar la recuperación que se espera.