Las embajadas de Estados Unidos y Nicaragua atraviesan su menor nivel de representación desde los años 80, tras una cadena de rechazos, vetos y expulsiones diplomáticas que volvió a tensar el vínculo entre Washington y el régimen de Daniel Ortega. El último episodio fue la negativa de Managua a aceptar a la diplomática estadounidense Natasha Franceschi como embajadora.

La relación bilateral arrastra fricciones desde 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder después del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Desde entonces, el saldo incluye tres embajadores vetados y dos expulsados, en una disputa que tuvo su expresión más dura durante la Guerra Fría y que hoy mantiene a ambos países sin embajadores en sus respectivas capitales.

El veto a Nora Astorga, primer rechazo de Washington

El primer antecedente se remonta a abril de 1984. La Administración de Ronald Reagan rechazó a Nora Astorga, entonces de 37 años, como representante de Nicaragua en Washington.

Astorga era abogada y una figura de la insurrección sandinista. El 8 de marzo de 1978 había participado en una operación contra el general Reynaldo Pérez Vega, un militar cercano a Somoza Debayle. La guerrillera lo citó en su vivienda bajo una trampa amorosa y un comando sandinista lo asesinó allí.

Para Estados Unidos, ese antecedente impedía concederle el beneplácito diplomático. Los sandinistas sostenían que Pérez Vega colaboraba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Tras el rechazo, Managua designó a Astorga como representante ante las Naciones Unidas y luego como viceministra de Relaciones Exteriores.

El veto abrió una etapa de confrontación que coincidió con la guerra entre el Ejército sandinista y la Contra, grupo armado apoyado por Washington. La extinta Unión Soviética respaldaba a las autoridades sandinistas, mientras Estados Unidos financiaba a sus adversarios.

La expulsión de Richard Melton y la crisis de 1988

El 11 de julio de 1988, las autoridades sandinistas expulsaron al embajador estadounidense Richard Melton y a otros siete integrantes de la delegación diplomática en Managua.

El régimen de Ortega acusó a Melton y a sus colaboradores de organizar y respaldar una protesta antisandinista que había ocurrido el día anterior en Nandaime, a 60 kilómetros al sureste de la capital. La movilización derivó en disturbios.

La respuesta de Washington fue inmediata. Estados Unidos ordenó la salida del embajador nicaragüense Carlos Tunnermann y de otros siete diplomáticos. La expulsión recíproca dejó sin representación de alto nivel a ambas sedes diplomáticas y profundizó el enfrentamiento político entre los dos países.

Aquel episodio condensó las tensiones de una década marcada por el conflicto armado, la presión de Washington sobre Managua y el alineamiento del sandinismo con Moscú.

El rechazo a Hugo Rodríguez y el regreso de la disputa diplomática

Más de tres décadas después, la disputa volvió a trasladarse al terreno diplomático. En julio de 2022, el régimen de Ortega retiró el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez, quien había sido propuesto por Washington como embajador en Managua.

La decisión llegó después de que Rodríguez compareciera ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Durante esa audiencia, señaló que apoyaría el uso de instrumentos económicos y diplomáticos para impulsar “un cambio de dirección en Nicaragua”.

También planteó que la eventual salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, debía evaluarse como una herramienta de presión. “Sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa”, afirmó entonces.

Managua interpretó esas expresiones como una señal de hostilidad y anuló la autorización concedida al diplomático antes de que asumiera su puesto.

El rechazo a Natasha Franceschi y la ausencia de embajadores

La negativa a aceptar a Natasha Franceschi consolidó la ausencia de embajadores. La diplomática había sido ratificada por el Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre, pero Managua no aceptó sus credenciales.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reveló esa decisión el 2 de octubre durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. En ese encuentro, el organismo aprobó por unanimidad una resolución que pidió a Nicaragua elecciones, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de la separación de poderes.

Washington no tiene embajador en Nicaragua desde 2023, cuando concluyó la misión de Kevin Sullivan. Managua tampoco cuenta con representante ante la Casa Blanca desde febrero de 2024, tras el retiro por jubilación de Francisco Campbell, designado en 2010.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) cerró este 25 de octubre una campaña pública de más de 60 días por la desaparición de la defensora nicaragüense Thelma Montenegro, aunque anunció que mantendrá las gestiones para establecer su paradero y exigir que pueda regresar con vida junto a su familia.

La organización afirmó que Nicaragua no ha brindado información sobre la ubicación ni el estado de salud de Montenegro, quien permanece sin comunicación con sus allegados y sin acceso a una defensa técnica independiente. La búsqueda continúa, pese al fin de la campaña digital identificada con la etiqueta Cumplan las Medidas.

“Seguimos monitoreando, exigiendo respuestas y alzando la voz hasta saber dónde está y que regrese con su familia con vida”, señaló Cejil en una serie de publicaciones difundidas este sábado.

Detención previa y segunda desaparición

Según el relato de Cejil, la situación de Thelma Montenegro comenzó el 19 de agosto, cuando agentes la detuvieron mientras realizaba un trámite para renovar su licencia de conducir. La organización sostuvo que la defensora fue interrogada durante tres días.

Montenegro recuperó la libertad el 22 de agosto sin que las autoridades explicaran los motivos de la detención, de acuerdo con la información divulgada por Cejil. Al día siguiente, el 23 de agosto, agentes estatales irrumpieron en su vivienda y se la llevaron.

Desde aquella jornada, sus familiares acudieron a estaciones policiales y realizaron gestiones para conocer su ubicación, pero no obtuvieron una respuesta oficial sobre su paradero, indicó la entidad.

Cejil calificó el caso como una “detención arbitraria y posterior desaparición” y alertó que la falta de información impide conocer las condiciones en las que permanece la defensora. La organización afirmó que, a más de 60 días de su desaparición, no existe comunicación con Montenegro ni información oficial sobre su salud.

Medidas cautelares de la CIDH para proteger su vida e integridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Montenegro el 28 de septiembre. El organismo consideró que sus derechos a la vida y a la integridad personal se encuentran en una situación de riesgo grave.

La resolución instó al Estado nicaragüense a adoptar medidas para protegerla, informar su localización y permitir que reciba visitas de su familia y sus abogados. También reclamó que, si está bajo custodia, cuente con condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales.

Entre los puntos requeridos figura que Montenegro acceda a atención médica y a los medicamentos que necesite. Las medidas cautelares de la CIDH incluyen la obligación de revelar el lugar donde se encuentra y facilitar el contacto con sus familiares y su defensa.

Cejil centró su campaña en el reclamo de cumplimiento de esa resolución. Durante tres semanas, la entidad pidió a las autoridades nicaragüenses que respondieran a las exigencias del organismo interamericano.

Cejil presentó a Montenegro como defensora de derechos humanos y madre de cuatro integrantes de su familia que fueron asesinados durante la represión estatal. Tras esos hechos, se sumó a la Asociación Madres de Abril (AMA), una organización integrada por familiares de víctimas de la violencia registrada en Nicaragua desde 2018.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en Nicaragua una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente, un escenario que ha reducido casi por completo el trabajo reporteril en las calles y obligado a comunicadores a informar desde la clandestinidad, bajo vigilancia o desde el exilio. La advertencia fue presentada durante la 82 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.

Más de 300 periodistas y trabajadores de medios se exiliaron desde 2018, mientras que al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión en 2025 por precariedad económica, desempleo, cierres de espacios informativos y riesgo de represión. Las cifras fueron documentadas por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), según informó este domingo EFE.

La salida de reporteros y el cierre de medios dejaron a 11 departamentos, equivalentes al 65% del territorio nacional, convertidos en “zonas de silencio informativo”, de acuerdo con la FLED. Los medios y periodistas que operan desde el exterior continúan proporcionando información a la población, aunque Nicaragua ya no cuenta con periódicos impresos en circulación.

El periodismo de calle, reemplazado por clandestinidad y vigilancia

La menor cantidad de agresiones físicas en la vía pública no supone una mejora de las garantías para la prensa. La SIP sostuvo que esa reducción responde a la desaparición del periodismo de campo dentro del país.

La organización describió la situación de esta manera: “La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante”.

La presión estatal se trasladó hacia el entorno digital y hacia recursos administrativos y legales, ante la reducción de periodistas que aún trabajan dentro de Nicaragua. En abril de 2025, la estatal Universidad Nacional de Ingeniería eliminó los dominios .com.ni de La Prensa, Onda Local y 100% Noticias.

Un mes después, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos. El organismo alegó incumplimientos técnicos para ejecutar la medida.

Entre abril y junio de 2025, la FLED registró 28 agresiones digitales contra periodistas y sus familias. Los hechos incluyeron campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas promovidas por redes de troles y perfiles vinculados al oficialismo.

Reformas legales y restricciones al acceso a la información

Las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal incorporaron conceptos ambiguos relacionados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”. La SIP advirtió que estas categorías permiten restringir la divulgación de información que las autoridades consideren no autorizada.

En 2026 también se promovió una reforma constitucional que elevó a ese rango restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Esas denominaciones han sido utilizadas contra periodistas.

El derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los reporteros independientes. La FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales.

La Policía Nacional y otros agentes estatales fueron señalados como los principales responsables de seguimientos, restricciones de movilidad, decomisos de dispositivos e interrogatorios contra comunicadores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará este lunes 26 de octubre en Panamá un calendario de cerca de 30 audiencias públicas sobre casos y peticiones vinculados con presuntas violaciones de derechos humanos en distintos países de la región. Las sesiones formarán parte del 197 período ordinario de sesiones del organismo, que se extenderá hasta el 30 de octubre.

La agenda contempla debates sobre acceso a la justicia, institucionalidad democrática, independencia judicial y protección de grupos en situación de exclusión o riesgo, según informó la agencia EFE.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de derechos humanos, celebrará las audiencias en la capital panameña y prevé además un espacio de diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Independencia judicial en Perú, Ecuador y Costa Rica

Uno de los temas que concentrará la atención será la situación de la independencia judicial en Costa Rica, Perú y Ecuador. En cada caso, las audiencias abordarán las condiciones en las que operan los sistemas de justicia y las garantías para el ejercicio autónomo de magistrados y otros funcionarios judiciales.

También se analizará el acceso a la justicia en Granada, así como la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. En el caso peruano, la Comisión tratará además la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, un asunto que mantiene pendientes de reparación, verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

La programación incluye una audiencia sobre la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. La discusión abarcará las condiciones para la participación ciudadana, la actividad de las organizaciones sociales y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Según EFE, la CIDH también examinará el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela, así como asuntos relacionados con la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos. La libertad de religión y de creencias en Nicaragua integrará igualmente el temario.

Personas defensoras, migrantes y población LGBTIQ+ en la agenda

Varias audiencias estarán dedicadas a colectivos que enfrentan barreras históricas para el ejercicio de sus derechos. La Comisión revisará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica y de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La agenda contempla además denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile, la situación del pueblo raizal en Colombia y las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Estos asuntos serán expuestos ante las personas comisionadas por representantes de los Estados, organizaciones y peticionarios vinculados con cada expediente.

El programa prevé un diálogo entre el Pleno de la CIDH y personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles. El objetivo será recoger análisis, preocupaciones y aportes sobre desafíos regionales, de acuerdo con EFE.

La Comisión está integrada por 7 personas comisionadas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal. No representan a sus países de origen ni de residencia.

Entre sus atribuciones figura la recepción de denuncias y peticiones individuales sobre posibles violaciones de derechos protegidos por instrumentos interamericanos. También puede solicitar medidas cautelares a los Estados en situaciones graves, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y por país, y emitir recomendaciones.

Si un Estado no cumple las recomendaciones establecidas en el informe final de un caso, la CIDH puede remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, para que emita sentencia de cumplimiento obligatorio.

Con cuadernos, lápices y algunas golosinas, Kenis López González ha comenzado a acompañar a niños de escasos recursos en Bangui, capital de la República Centroafricana. El nicaragüense, deportado desde Estados Unidos y actualmente residente en África, documenta estas jornadas en TikTok, donde muestra la entrega de pequeños obsequios a menores de su vecindario.

Los videos reflejan encuentros breves, pero frecuentes. Los niños que ya lo conocen se acercan para recibir materiales escolares y dulces que López compra con parte de los recursos que le envía su hija. El nicaragüense ha explicado que procura separar una porción de esa ayuda para compartirla con las familias cercanas.

Las entregas no forman parte de una campaña institucional. Son iniciativas personales que López realiza con recursos limitados y que se concentran en objetos de uso cotidiano para los menores. Los cuadernos y lápices pueden servir para las actividades escolares, mientras que las golosinas acompañan una jornada de convivencia con los niños.

Bangui enfrenta fuertes necesidades alimentarias

La ayuda ocurre en un país que enfrenta dificultades económicas y humanitarias. La República Centroafricana ha atravesado años de conflictos armados, desplazamientos internos y problemas de acceso a servicios básicos en distintas regiones.

Datos citados ante las Naciones Unidas indican que cerca del 67% de la población del país vive en situación de pobreza extrema. La proporción llega al 78% en las áreas rurales, según cifras atribuidas al Banco Mundial durante una sesión del Consejo de Seguridad.

La situación alimentaria también afecta a una parte relevante de la población. Naciones Unidas informó en octubre que cerca de dos millones de personas, equivalentes al 31% de los habitantes del país, enfrentaron inseguridad alimentaria aguda entre abril y agosto de este año.

En ese contexto, los artículos que entrega López representan un apoyo puntual para niños de la zona donde vive. Sus publicaciones muestran la entrega directa de los regalos y los intercambios que mantiene con los menores, con quienes también practica palabras en español mientras aprende expresiones en francés.

Sus seguidores sugieren abrir campañas de donativos

La cuenta de TikTok de Kenis López González, identificada como “@lopez70467”, se ha convertido en el principal canal donde comparte estas acciones. En las últimas semanas, varios de sus seguidores le han sugerido abrir cuentas en GoFundMe para recibir donativos destinados a mantener o ampliar la ayuda para los niños.

Hasta ahora, los videos difundidos por el nicaragüense muestran que los recursos para las compras provienen de aportes familiares. Las sugerencias de los usuarios surgieron después de que López relatara que busca sostener las entregas pese a contar con medios acotados.

Los comentarios en sus publicaciones se concentran en los útiles escolares, los dulces y la posibilidad de reunir fondos para continuar con estas jornadas.

Deportaciones a terceros países

López forma parte de los nicaragüenses que han sido enviados a África tras quedar sujetos a procesos migratorios en Estados Unidos. La legislación estadounidense contempla que, en determinadas circunstancias, las autoridades puedan trasladar a una persona con una orden final de expulsión a un país distinto de su nacionalidad, siempre que ese Estado acepte recibirla.

Este mecanismo se conoce como deportación a un tercer país. En 2026, la política migratoria estadounidense ha incluido traslados de ciudadanos de diversas nacionalidades a países africanos, entre ellos la República Centroafricana.

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua (AMS) reclamó información inmediata sobre el paradero de Glenis Criesa Pantin Coleman, una mujer de 63 años originaria de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a quien la organización dio por desaparecida desde el 31 de mayo de 2026.

El planteo fue difundido en una publicación de redes sociales en la que la AMS pidió a las autoridades nicaragüenses que aclaren la situación de Pantin Coleman, garanticen su integridad física y psicológica y permitan que sus familiares reciban información comprobable sobre su ubicación.

La entidad sostuvo que la mujer es familiar del dirigente indígena Brooklyn Rivera y quien según organizaciones de derechos humanos, habría fallecido el 30 de mayo de 2026, tras permanecer desaparecido forzosamente durante más de 970 días. El dirigente fue una figura vinculada a reclamos por los derechos de los pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua.

Exigencia de información sobre su paradero

“¿Dónde está Glenis Criesa Pantin Coleman?”, preguntó la AMS al inicio de su mensaje. La organización presentó el caso como una exigencia urgente y pidió que las autoridades brinden detalles sobre el lugar en el que se encuentra la mujer.

La publicación afirma que Pantin Coleman fue reportada como desaparecida el 31 de mayo.

En una imagen difundida junto al texto, la entidad incluyó una fotografía de la mujer y la frase “No olvidamos a las y los presos políticos”. El afiche la identifica como “desaparecida” y reclama su liberación.

Vínculo con la situación de los presos políticos en Nicaragua

La AMS encuadró el pedido dentro de sus cuestionamientos por las detenciones de personas por razones políticas en Nicaragua. “Su caso nos recuerda la urgencia de garantizar los derechos de las personas detenidas por razones políticas y de sus familias”, señaló el colectivo.

La organización también exigió que se preserve el derecho de los allegados a conocer el paradero de Pantin Coleman. “Que nos digan dónde está Glenis”, expresó en el mensaje, que incluyó las etiquetas “Libertad para presos políticos”, “Nicaragua” y “Derechos Humanos”.

La demanda se suma a los reclamos de agrupaciones civiles que han denunciado restricciones a la información sobre personas detenidas o bajo custodia de las autoridades nicaragüenses. En este caso, la AMS no aportó documentación adicional sobre el expediente, posibles cargos o el sitio donde podría estar recluida Pantin Coleman.

Parentesco con el dirigente indígena Brooklyn Rivera

Según la publicación, Glenis Criesa Pantin Coleman es familiar de Brooklyn Rivera, dirigente indígena de la Costa Caribe nicaragüense. La AMS incorporó esa relación familiar como parte del contexto de su reclamo.

Waspam, localidad de origen de Pantin Coleman de acuerdo con el comunicado, se encuentra en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La zona concentra comunidades indígenas y afrodescendientes, con una larga trayectoria de demandas por autonomía territorial, representación política y protección de sus derechos colectivos.

El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos también se ha pronunciado para solicitar conocer su paradero.

Para numerosos nicaragüenses en el exilio, la posibilidad de regresar a Nicaragua responde a motivos familiares, personales, laborales o administrativos. Los casos conocidos muestran que las condiciones de ingreso pueden variar y que, para algunas personas, el retorno ha estado acompañado por requisitos, controles posteriores o procesos judiciales.

En ese contexto, Cristóbal Giovanny López, conocido en TikTok como “Tropigamer”, y el abogado Harry Valle expresaron públicamente su interés en volver. Ambos plantearon su disposición a aceptar las condiciones que definan las autoridades, mientras sus pedidos reabrieron el debate sobre las experiencias de quienes salieron al exilio, fueron desterrados o encontraron impedimentos para regresar.

López salió de Nicaragua en septiembre de 2024 junto con otros 134 presos políticos que fueron trasladados a Guatemala. Más adelante llegó a Estados Unidos con apoyo de Naciones Unidas y, a inicios de octubre, anunció que quería regresar a Managua y registrar su llegada al aeropuerto. Tras ese anuncio circularon versiones sobre un posible “perdón” negociado por personas próximas al oficialismo, aunque no se confirmó de algún acuerdo, Según Diario La Prensa.

Valle, penalista de Matagalpa e identificado como militante sandinista, se exilió en 2026 después de conocer que existía una orden de captura en su contra. Desde TikTok solicitó que las autoridades revisaran también su caso si se estudiaba la situación de López, afirmó que no había cometido delitos y señaló que sus intervenciones correspondían a opiniones emitidas como abogado.

Los relatos de retornados describen requisitos y controles posteriores

El periodista exiliado Emiliano Chamorro relató el caso de una integrante de una congregación religiosa que viajó a Estados Unidos por dos semanas en 2022. Cuando preparaba su regreso, supo que no podría ingresar a Nicaragua por vía aérea, por lo que decidió trasladarse a Honduras y acudir a una frontera terrestre para solicitar autorización.

Según el relato, la mujer pidió a policías y militares que le permitieran entrar, ofreció disculpas por cualquier expresión que hubiera podido ofender a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmó documentos, respondió interrogatorios y entregó sus maletas y pertenencias. Luego de varias horas de espera, recibió permiso para cruzar hacia Nicaragua.

El ingreso estuvo acompañado por condiciones: debía acudir cada semana a firmar en una estación de Policía de su localidad, apartarse de su congregación religiosa y mantener una conducta reservada. Después de volver, cambió de teléfono, borró sus redes sociales, dejó de participar en actividades religiosas y redujo el contacto con sus amistades; Chamorro resumió que “se volvió anónima y distante”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió en Costa Rica testimonios de personas retornadas bajo exigencias similares. A mitad de 2026, la organización tenía relatos de cerca de 200 personas de 13 departamentos que debían presentarse en estaciones policiales, y algunas de ellas tenían que hacerlo a diario.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el colectivo, quienes lograban regresar también podían necesitar permiso para salir de su municipio. Algunas personas fueron fotografiadas durante sus visitas a las delegaciones y reportaron seguimientos al salir de sus viviendas o al volver a ellas.

Algunas personas afirmaron que pagaron para obtener autorización de ingreso

Desde 2024, nicaragüenses que viajaron al exterior por razones personales o laborales encontraron impedimentos cuando intentaron volver. En algunos casos, recibieron la notificación por correo electrónico de la aerolínea y, en otros, durante el proceso de prechequeo, sin una explicación pública sobre el motivo de la medida.

En abril de 2026, Diario La Prensa publicó testimonios de personas que aseguraron haber pagado montos de dinero para recibir permiso de ingreso. El diario también informó sobre cartas de perdón, documentos de compromiso para reportar actividades económicas y solicitudes de incorporación a actividades del Frente Sandinista.

La publicación reconstruyó seis casos en 2025, con relatos de empresarios, trabajadores de empresas privadas y comerciantes que habían salido por viajes de negocios. Los montos mencionados fueron de USD 2,500 a USD 10,000, según los testimonios citados.

Joshwell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ASIDEHU, señaló que su organización documenta este tipo de mecanismo desde 2018. Según indicó, los casos continuaban en 2026 y los cobros para ciudadanos comunes oscilaban entre USD 2,000 y USD 10,000, mientras que las sumas podían ser mayores en situaciones vinculadas a empresarios.

ASIDEHU tuvo conocimiento de al menos dos personas que depositaron USD 2,000 cada una en una cuenta del Ministerio del Interior. Martínez sostuvo que el pago de esos montos o la firma de una carta no garantizaban condiciones estables para quienes retornaban, porque la autorización podía quedar sujeta a decisiones posteriores.

Algunos retornos fueron seguidos por detenciones

Kevin Josué Martínez Alemán salió hacia Costa Rica el 31 de diciembre de 2022, cuando tenía 17 años, luego de recibir amenazas de policías. El joven había sido monaguillo del sacerdote Manuel Salvador García, quien había sido encarcelado y acusado de forma falsa, según el material aportado.

En septiembre de 2023, familiares de Martínez Alemán recibieron de la Policía sandinista el mensaje de que podía volver. El joven regresó a Diriomo, en Granada, para visitar a su familia, pero el 21 de septiembre fue detenido en su casa.

Personas allegadas señalaron que, durante la detención, recibió presiones para acusar a otras personas y brindar información sobre refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Días después recuperó la libertad, regresó a Costa Rica y no dio más detalles públicamente por temor a posibles consecuencias para sus familiares.

Juan Carlos Baquedano había estado 11 meses detenido tras las protestas de 2018 y, después de recuperar la libertad en 2019, se exilió en México. Cuando regresó en agosto de 2023 para resolver un trámite personal, fue arrestado otra vez en su vivienda y permaneció detenido durante más de un año.

En septiembre de 2024, Baquedano fue enviado a Guatemala y perdió la nacionalidad nicaragüense. Amnistía Internacional informó que quedó sin acceso a sus bienes ni a su pensión de jubilación y que presentaba secuelas de torturas.

El activista Yaser Morazán volvió a Nicaragua en abril de 2021, después de vivir en Costa Rica y Estados Unidos. Según article 66, antes de ingresar había cerrado sus redes sociales y se había alejado de la actividad política, pero fue detenido en febrero de 2025 y desde entonces no se difundieron nuevos datos públicos sobre su situación.

Las organizaciones registraron procesos por delitos comunes

Naciones Unidas documentó en 2019 el caso de Ulises Rivas, quien volvió a Nicaragua después de exiliarse en 2018. Tras su captura, la Fiscalía lo acusó de robo y lesiones, lo condenó y años después fue desterrado junto a otros presos políticos.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más considera que algunos retornados son procesados por delitos comunes en vez de enfrentar acusaciones vinculadas de manera explícita con su activismo o sus posturas políticas. La organización interpreta que este tipo de procesos da una apariencia de legalidad a medidas de persecución.

Jeffrey Isaac Jarquín, conocido como “el Nene”, fue deportado desde Estados Unidos el 1 de octubre de 2026. Había estado preso en La Modelo entre 2018 y 2019, salió luego del país y solicitó asilo; al aterrizar en Managua, fue trasladado nuevamente a esa cárcel, donde antes había denunciado torturas.

El dirigente indígena Brooklyn Rivera viajó a Nueva York en abril de 2023 para asistir al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. El 24 de abril no pudo abordar el vuelo de regreso y, a finales de mayo, anunció que había ingresado a Nicaragua por la Mosquitia, el territorio miskito que comparte frontera con Honduras.

La Policía lo detuvo en su vivienda de Bilwi el 29 de septiembre de 2023. Durante 14 meses, sus familiares no recibieron información sobre su situación, ni tuvieron acceso a visitas o abogados, hasta que el Gobierno informó el 20 de noviembre de 2024, durante un examen ante Naciones Unidas, que se encontraba bajo custodia y enfrentaba acusaciones de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y conspiración.

El 27 de mayo de 2026 se difundieron imágenes de Rivera hospitalizado en Managua, conectado a un respirador y con signos de malnutrición. Murió tres días después, a los 73 años, tras más de 970 días de detención y desaparición forzada; el Ministerio de Salud atribuyó el fallecimiento a complicaciones de una bacteria asociada al covid-19.

Los motivos familiares influyen en algunas decisiones de retorno

La ambientalista Salvadora Morales, desterrada en 2025, contó que evaluó entrar a Nicaragua desde Costa Rica o Honduras sin usar pasos regulares. Según relató, imaginó una vida de bajo perfil, alejada de las redes sociales y de la actividad pública, pero activistas de derechos humanos le advirtieron de los riesgos que podría enfrentar si era identificada y decidió permanecer en el país donde vive exiliada.

El periodista Houston Castillo regresó a Nicaragua en agosto de 2022 para asistir al funeral de su madre. Exiliado en Costa Rica desde 2021, cruzó por un punto ciego de Peñas Blancas durante la madrugada, llegó a su comunidad, participó en el sepelio y volvió hacia Costa Rica ese mismo día.

“Tenía miedo de que me apresaran”, recordó Castillo sobre el viaje. Más tarde, le informaron que patrullas policiales llegaron a la comunidad para preguntar por él poco después de su salida.

Las organizaciones plantean la necesidad de mayores garantías

José Denis Cruz, coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, ACDD, sostuvo que toda persona nicaragüense tiene derecho a regresar al país. A su juicio, ese derecho no debería depender de retractaciones públicas, pedidos de perdón o acuerdos individuales con las autoridades.

Cruz afirmó que no observa condiciones para un retorno seguro y con garantías para quienes fueron perseguidos, desterrados u obligados a exiliarse. También indicó que algunos regresos parecen estar vinculados a compromisos de autocensura o a limitaciones para ejercer libertades, una situación que describió como una forma de control.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, informó el 13 de octubre que al menos tres periodistas que habían regresado a Nicaragua durante los meses previos salieron nuevamente del país. Según el informe, esas personas recibieron amenazas, persecución y advertencias que alcanzaron a sus familiares.

La organización también registró propuestas dirigidas a periodistas en el exilio. Esas ofertas incluían facilidades para volver y apoyo económico, a cambio de dejar de informar sobre Nicaragua y abstenerse de difundir críticas en redes sociales.

Cruz señaló que cada decisión de retorno está marcada por circunstancias particulares. Añadió que mayores garantías requerirían medidas de no represalia, libertad de expresión, restitución de derechos, instituciones independientes y respeto por las libertades fundamentales.

Cuatro fueron las procesiones católicas autorizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para realizarse fuera de sus parroquias entre finales de septiembre y octubre de 2026, después de varios años de restricciones. Según Confidencial.digital, los permisos abarcaron celebraciones puntuales y mantuvieron la presencia de las autoridades durante los recorridos.

Las autorizaciones correspondieron a San Jerónimo de Masaya, San Miguel Arcángel de Managua, San Francisco de Asís de Camoapa y la Virgen de la Merced de Matagalpa. Desde 2022, esas expresiones religiosas se realizaban dentro de los templos por decisión de la Policía Nacional.

Se autorizaron cuatro salidas, mientras otras seis continuaron dentro de los templos

Los permisos no incluyeron todas las procesiones previstas. De las 10 celebraciones realizadas entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre que no podían salir de sus parroquias, seis continuaron dentro de los recintos religiosos.

La decisión permitió cuatro recorridos en festividades patronales de amplia convocatoria, pero no restableció de forma general la realización de procesiones en espacios públicos. Algunas de las actividades autorizadas tuvieron cobertura de medios propagandísticos, de acuerdo con la información publicada por Confidencial.digital.

La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16,564 actividades de piedad popular prohibidas en Nicaragua entre 2019 y mediados de 2025.

El relevamiento forma parte de su estudio Nicaragua: Una Iglesia Perseguida. Las restricciones comenzaron a aplicarse de forma más extendida en 2022, aunque hubo excepciones para Santo Domingo en Managua, San Jerónimo de León y la Gritería en honor a la Virgen María.

Los permisos fueron comunicados con poco tiempo de anticipación

Las parroquias recibieron las autorizaciones sin una preparación previa para organizar los recorridos. Molina señaló que los sacerdotes tuvieron que resolver la logística en un plazo acotado y bajo observación de las autoridades.

“Ha sido una decisión de último momento y los sacerdotes han tenido que asumir el reto de sacar las procesiones sin una preparación previa casi obligados y no han desaprovechado la oportunidad”, dijo Molina al medio.

La investigadora sostuvo que las celebraciones se realizaron “sin libertad plena y bajo la vigilancia” de las autoridades. También indicó que algunos sacerdotes no recibieron instrucciones para organizar procesiones.

Otros religiosos, según Molina, recibieron visitas de policías que tomaron fotografías, grabaron videos y pidieron información sobre el trabajo pastoral de las parroquias.

La investigadora rechazó las versiones sobre un supuesto entendimiento entre la Iglesia católica y el Gobierno. Entre las referencias mencionadas figuró una atribución al cardenal Leopoldo José Brenes.

San Jerónimo de Masaya recorrió siete cuadras en septiembre

La procesión de San Jerónimo de Masaya salió el 20 de septiembre, durante el inicio de las fiestas patronales, y recorrió siete cuadras.

La autorización no alcanzó a la procesión de La Octava, prevista para la mañana del 7 de octubre y extendida hasta el día siguiente.

En reemplazo de esa actividad, la parroquia celebró una eucaristía. La imagen permaneció expuesta en el templo antes de regresar a su altar.

El caso de Masaya mostró que las autorizaciones fueron definidas para actos concretos. El permiso otorgado para una salida no abarcó necesariamente el programa completo de cada festividad.

El párroco de San Miguel Arcángel agradeció a las autoridades

Antes del recorrido por el barrio Las Brisas de Managua, el sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel agradeció al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, y a las autoridades civiles.

“Quiero agradecer de manera especial al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, a nuestras autoridades civiles, el apoyo que nos han brindado y el resguardo también para que nuestra procesión de hoy salga de la mejor manera”, afirmó el religioso.

La referencia al resguardo policial se produjo antes de una de las cuatro actividades que recibió autorización para realizarse fuera del templo.

El sacerdote exiliado Edwin Román, quien fue párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, cuestionó en X que los permisos pudieran interpretarse como una señal de libertad religiosa.

Román señaló que no debía entenderse la autorización de procesiones “excesivamente controladas” como una apertura plena. El sacerdote consideró que la medida respondía a la presión internacional sobre el Gobierno.

Reclamos internacionales por la libertad religiosa continuaron sobre Nicaragua

Las autorizaciones coincidieron con pronunciamientos internacionales sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua.

Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en septiembre, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede seguía “con especial inquietud” la situación del país.

El cardenal pidió mantener “una senda de diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país para bien del pueblo y de la Iglesia de Nicaragua”.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional incluyó a Nicaragua en 2026 en su lista de países de especial preocupación.

El organismo señaló denuncias de represión política, acoso, detenciones y vigilancia contra comunidades religiosas y miembros del clero.

La familia de Belén Karina Guerrero Fugón, una estudiante de 18 años de la Universidad Americana (UAM), pidió apoyo para localizarla luego de que la joven salió de su vivienda en Managua durante la madrugada del lunes 19 de octubre y no regresó.

De acuerdo con información publicada por La Prensa, Belén cumplió la mayoría de edad en septiembre y reside con su madre y su hermana. Sus familiares indicaron que desconocen su paradero desde hace varios días y solicitaron la difusión de la alerta para obtener datos que ayuden a dar con ella.

De acuerdo con la descripción de sus hallegados, la joven mide 1.54 metros, tiene piel blanca, cabello negro y delgado, y un piercing en el ombligo, según la descripción difundida por la familia. Un allegado consultado por el diario nicaragüense señaló que Belén salió de su casa entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada.

“Desde ese día no tenemos noticias ni información de ella”, expresó el familiar en declaraciones recogidas por La Prensa. También manifestó preocupación por las circunstancias de la desaparición y pidió colaboración a quienes puedan aportar algún dato sobre su ubicación.

La familia desmintió que hubiera asistido a un casting

En redes sociales circularon versiones que sostenían que la universitaria había sido vista con amigas y que luego asistiría a un casting dentro de la UAM. Sin embargo, la familia negó esa versión y afirmó que no existe certeza sobre las actividades que realizó antes de desaparecer.

Su progenitora explicó al medio que la joven había mencionado la semana anterior un posible casting de modelaje, pero aclaró que el evento no estaba previsto para esos días. “Ella se fue de madrugada y no sabemos qué es lo que pasó”, afirmó.

La aclaración también fue difundida por el Colectivo La Venancias, que alertó sobre la desaparición de la joven y pidió no replicar información no confirmada. La organización señaló que Belén estudia en la UAM y que la familia atraviesa horas de angustia ante la falta de noticias.

“Aunque inicialmente se dijo que había desaparecido tras salir de un casting, la familia lo desmintió”, indicó el colectivo en una publicación. A su vez, el mensaje agregó que la prioridad es lograr que la estudiante regrese a su hogar sana y salva.

Piden compartir la alerta y aportar información

La familia de Belén Karina Guerrero Fugón solicitó a la ciudadanía difundir la búsqueda y comunicarse si cuenta con cualquier información, incluso si parece menor. “Queremos saber si ella está segura”, expresó el allegado en declaraciones a La Prensa.

De igual manera, las personas que puedan aportar datos sobre la ubicación de la estudiante pueden contactarse con sus familiares a los números 8393-1106 y 8205-1537.

Por su parte, el Colectivo La Venancias remarcó que la circulación rápida de alertas puede contribuir a que una persona desaparecida sea localizada en el menor tiempo posible. Hasta la información publicada por la familia y el diario, no se habían informado datos sobre el paradero de la joven.

Durante el siglo XX, Centroamérica y el Caribe estuvieron atravesados por dictaduras y gobiernos autoritarios que concentraron el poder, limitaron las libertades políticas y recurrieron a la represión de opositores, mientras que Nicaragua y Cuba mantienen hoy sistemas cuestionados por sus restricciones al pluralismo y la oposición. Medios internacionales como La Vanguardia y el portal web Muy Interesante, recogen la historia de estos personajes.

Nicaragua constituye uno de los casos actuales de mayor concentración de poder en la región. Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007 y, desde 2025, comparte formalmente la figura de copresidente con Rosario Murillo tras reformas constitucionales que ampliaron las atribuciones del Ejecutivo. Según información de El Confidencial

Las organizaciones de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron restricciones contra dirigentes opositores, medios de comunicación, organizaciones civiles y la libertad religiosa. En septiembre de 2026, la oficina de Naciones Unidas advirtió una concentración creciente del poder en el Ejecutivo y el partido gobernante.

Golpes militares, control político y revoluciones en Centroamérica

El Salvador fue gobernado por Maximiliano Hernández Martínez entre 1931–1944, después de que el militar y político llegara al poder mediante un golpe de Estado. Su administración aplicó un férreo control político y reprimió a los movimientos opositores.

Su nombre quedó asociado a La Matanza, la represión de la insurrección campesina de 1932 que dejó miles de muertos. Hernández Martínez abandonó el poder en 1944, tras una huelga general que contribuyó a su salida. informaron medios nacionales.

Guatemala estuvo bajo la presidencia de Jorge Ubico desde 1931 hasta 1944. El gobierno concentró gran parte del poder político en la figura presidencial, restringió las libertades políticas y persiguió a opositores.

Ubico también impulsó obras de infraestructura y estableció una administración estatal fuertemente centralizada. La Revolución de Octubre de 1944, una serie de protestas, provocó su renuncia.

En Honduras, Tiburcio Carías Andino gobernó entre 1933 y 1949. Su administración limitó la actividad opositora y utilizó las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad para conservar el control político.

Carías Andino dejó la presidencia en 1949, aunque mantuvo influencia en la vida política hondureña. Nicaragua, en cambio, quedó bajo el dominio de la familia Somoza durante más de cuatro décadas.

Anastasio Somoza García se convirtió en la figura política dominante de Nicaragua a partir de 1936. Luego gobernaron sus hijos, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle, con estrechos vínculos con la Guardia Nacional y una amplia influencia política y económica.

El régimen de los Somoza terminó en 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó a Anastasio Somoza Debayle. Panamá también tuvo un gobierno militar encabezado por Omar Torrijos, quien llegó al poder después del golpe de 1968.

Torrijos restringió las instituciones democráticas, aunque promovió reformas sociales y nacionalistas. Las negociaciones que derivaron en los Tratados Torrijos-Carter de 1977 establecieron el proceso para que Panamá recuperara progresivamente el control del Canal de Panamá; murió en un accidente aéreo en 1981.

Costa Rica siguió una trayectoria distinta dentro de Centroamérica. Durante gran parte del siglo XX desarrolló instituciones democráticas relativamente estables y no atravesó una dictadura militar comparable con las de Nicaragua, Guatemala, El Salvador u Honduras.

República Dominicana y Cuba, dos regímenes autoritarios del Caribe

Rafael Leónidas Trujillo gobernó República Dominicana durante aproximadamente 31 años, entre 1930 y 1961, aunque en determinados períodos mantuvo presidentes formalmente distintos mientras conservaba el poder efectivo.

Su régimen promovió el culto a la personalidad, impuso censura y sostuvo una extensa red de vigilancia y persecución contra opositores.

La Masacre del Perejil de 1937 fue uno de los episodios más conocidos de su gobierno: miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana fueron asesinados. Trujillo murió asesinado en 1961.

En Cuba, Fulgencio Batista había ocupado previamente la presidencia mediante elecciones, pero regresó al poder a través de un golpe de Estado en 1952. Su segundo gobierno suspendió garantías constitucionales, persiguió a opositores y aplicó represión política.

La Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro terminó con el gobierno de Batista en enero de 1959. Desde entonces, el país mantiene un sistema político sin pluralismo partidista, con el Partido Comunista de Cuba como estructura central.

Miguel Díaz-Canel es presidente desde 2019, tras suceder a Raúl Castro durante el período 2018-2019. El gobierno cubano mantiene restricciones sobre la libertad de expresión, los medios independientes, la oposición política y las manifestaciones.

Freedom House clasifica a Cuba como un país “No libre” y lo describe como un Estado comunista de partido único. El Partido Comunista continúa como la principal estructura política del sistema.

El 97.5% de los trámites consulares de nicaragüenses en el exilio no recibió una respuesta favorable o fue denegado, según un estudio presentado el miércoles 21 de octubre en Madrid, que expone cómo la falta de documentos deja a cientos de personas sin posibilidades de regularizar su situación fuera de Nicaragua.

La encuesta incluyó a 41 nicaragüenses residentes principalmente en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. Solo una persona informó haber obtenido un resultado positivo en sus gestiones ante las sedes diplomáticas, informó Divergentes.

El relevamiento fue elaborado por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International, y se presentó durante el conversatorio “La apatridia de los nicaragüenses: impacto humano y respuestas desde España y la Unión Europea”.

El 48.7% de las personas consultadas evita acudir a los consulados nicaragüenses por temor a represalias contra ellas o sus familiares que permanecen en Nicaragua. Otro 24% intentó regresar al país, pero se le impidió el ingreso.

La investigación registró seis casos en los que aerolíneas prohibieron el embarque de ciudadanos nicaragüenses por instrucciones que, de acuerdo con el estudio, procedían del régimen sandinista.

El cuestionario digital se aplicó entre septiembre de 2025 y enero de 2026 e incorporó 21 variables, con preguntas de selección múltiple y respuestas abiertas. La mayoría de los encuestados considera que la salida más urgente para recuperar seguridad jurídica no es renovar sus documentos nicaragüenses, sino acceder a una nueva nacionalidad.

El 75% señaló la obtención de otra ciudadanía como la principal respuesta a su situación, frente al 46% que priorizó la renovación de documentos emitidos por Nicaragua.

La dificultad para conseguir pasaportes, certificados y otros papeles ocurre en una diáspora que creció tras las protestas de abril de 2018 y la posterior represión estatal. En 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que más de 108,000 nicaragüenses habían abandonado el país desde el inicio de la crisis; dos tercios se dirigieron a Costa Rica.

Una comunicación de expertos de Naciones Unidas publicada en 2025 elevó la dimensión del éxodo: alrededor de 800 mil nicaragüenses habían salido del país desde 2018, muchos de ellos por temor a la persecución y con necesidad de protección internacional.

La apatridia de facto ante pasaportes vencidos

Las organizaciones califican esta situación como “apatridia de facto”: personas que mantienen formalmente la nacionalidad nicaragüense, pero no logran renovar el pasaporte ni obtener documentos esenciales cuando los necesitan en los países donde residen.

El fenómeno es distinto de las desnacionalizaciones aplicadas desde febrero de 2023 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otras voces críticas.

El 9 de febrero de ese año, 222 presos políticos fueron excarcelados, enviados a Estados Unidos y luego privados de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 personas fueron desnacionalizadas, según Divergentes.

En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron liberados y trasladados a Guatemala. Cinco días más tarde, la justicia nicaragüense ordenó retirarles la nacionalidad y confiscar sus bienes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 453 nicaragüenses privados de su ciudadanía y desterrados entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. De ese total, 153 eran líderes de movimientos políticos, sociales o defensores de derechos humanos, mientras que 44 pertenecían a comunidades religiosas.

La CIDH consideró que esas decisiones constituyeron una privación arbitraria de la nacionalidad y advirtió que estuvieron acompañadas por confiscaciones de bienes, cancelaciones de registros civiles y otras restricciones de derechos.

José Denis Cruz, periodista nicaragüense exiliado en España y coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, vinculó la falta de documentación con una política de persecución estatal. “La crisis migratoria y el desplazamiento forzado de los nicaragüenses no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una política deliberada de persecución y desmantelamiento de la identidad jurídica por parte del régimen de Ortega y Murillo”, afirmó en declaraciones recogidas por Divergentes.

La solicitud de nacionalidad española para periodistas exiliados

Durante el encuentro en Madrid, las organizaciones solicitaron al Gobierno español que resuelva la petición de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en situación de apatridia de facto.

“Pedimos a España que atienda de manera urgente la solicitud formal de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por el grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en apatridia de facto”, dijo Cruz. La solicitud cuenta con el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid y Reporteros Sin Fronteras.

Recientemente, España concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a 46 nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

España también ha recibido a 1,400 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica a través del Plan Nacional de Reasentamiento. Para las dos organizaciones, esas medidas no cubren a quienes conservan la nacionalidad nicaragüense en los registros, pero no pueden acceder a la documentación que necesitan.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros que coordinen mecanismos de protección, flexibilicen los requisitos documentales, armonicen los procedimientos entre países europeos y garanticen vías seguras para las personas sin protección efectiva de Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asumió hace cinco meses el control de la organización, la comunicación y las selecciones nacionales de fútbol de Nicaragua mediante Juventud Presidente, un órgano de propaganda oficial. La intervención alcanzó a los equipos masculinos y femeninos de todas las categorías después de la convocatoria que tuvo la selección masculina durante las eliminatorias de United 2026, según tres fuentes con conocimiento del tema consultadas por Divergentes.

El partido del 1 de octubre contra Costa Rica fue el primero organizado por personal vinculado a Juventud Presidente, bajo normas de “estricto orden” y secretismo, de acuerdo con un exdirigente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Durante ese encuentro, Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, asistieron con sus familias bajo un despliegue policial de al menos 20 personas entre civiles y uniformados.

Hasta entonces, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) administraba las actividades de las selecciones nacionales. La nueva estructura trasladó buena parte de sus funciones a Juventud Presidente, conocida como JP, mientras los directivos federativos conservaron la representación pública en conferencias de prensa.

“Fue una orden que vino desde arriba. El objetivo es tener control de todo y centralizarlo bajo su línea política”, afirmó una fuente vinculada al Instituto Nicaragüense de Deportes, que pidió preservar su identidad y cuya declaración fue recogida por Divergentes. La misma persona señaló que JP aplica una dinámica similar en otras instituciones estatales y que la selección nacional era el espacio deportivo que aún no seguía esa directriz.

La decisión fue posterior al recorrido de Nicaragua en las eliminatorias de United 2026, cuando el equipo llegó a la etapa final antes de quedar eliminado. En ese proceso, la selección venció a Honduras y empató con Costa Rica en Managua.

El interés oficial por el fútbol se explica, según las fuentes consultadas, por su capacidad de convocatoria. El régimen ya había respaldado a figuras del boxeo como Román González, fortaleció el campeonato de béisbol Pomares e invirtió recursos en esa disciplina, pero el impacto mediático de esos deportes cayó después de la crisis política de 2018.

“El fútbol y lo que generaba la selección se mantenía en niveles altos de forma orgánica”, sostuvo la fuente relacionada con el Instituto Nicaragüense de Deportes. A su juicio, la principal barrera para una intervención directa era la prohibición de la FIFA sobre la injerencia gubernamental en las federaciones nacionales.

Los artículos 14 y 15 de la FIFA establecen que las federaciones miembros deben gestionar sus asuntos de manera independiente y evitar interferencias de terceros. El artículo 19 prohíbe las intromisiones políticas y contempla sanciones que pueden llegar a la suspensión o expulsión de una federación.

La fuente recordó que el primer indicio de intervención política fue la presencia de una bandera rojinegra durante el abanderamiento de una selección femenina sub 20. “Se esperaba un llamado de atención de FIFA, pero al final no pasó nada”, afirmó.

La organización de los partidos bajo filtros políticos

El control del fútbol nacional ya tenía antecedentes dentro de las estructuras deportivas. Un exdirectivo de un club de Primera División sostuvo que Fidel Moreno controla Liga Primera y mantiene influencia en la Fenifut, incluida la designación o remoción de entrenadores mediante asesoramientos.

“Los de la Fenifut son fichas sandinistas que responden al partido, pero desde arriba decidieron avanzar hacia el control casi total”, declaró el exdirectivo, también bajo anonimato a Divergentes. Según su versión, Moreno no buscaba figurar ni participar directamente en las áreas de comunicación y organización que ahora maneja JP.

La transición comenzó cuando funcionarios de la Fenifut y personas a cargo de las redes sociales de Liga Primera recibieron la instrucción de ceder esas tareas. “Poco a poco abandonaron las funciones habituales de comunicación y divulgación, y cinco meses después se consumó casi en su totalidad el control”, explicó el exdirigente federativo.

“Antes no lo hacían, pero como el control es casi total, entonces hay ‘más confianza’ para que se permitan participar en este tipo de actividades”, dijo esa persona. La presencia de los hijos de la pareja gobernante fue constatada mediante videos y fotografías enviados a Divergentes por asistentes al partido.

La Fenifut, reducida a la representación pública

Los directivos federativos todavía aparecen ante la prensa, pero JP define el funcionamiento diario de las actividades de la selección. Una fuente relacionada con la Fenifut afirmó que la difusión de cualquier información debe pasar por varios filtros y recibir el aval de hasta cinco personas.

“Los que están al mando no saben nada de fútbol y su organización. Son herméticos con la información y han instalado un ambiente de temor hasta en los mismos periodistas”, sostuvo. Periodistas deportivos contactados para conocer su posición sobre ese clima no respondieron.

La fuente del Instituto Nicaragüense de Deportes consideró que el régimen difícilmente formalizará el control de la selección a través de sus canales de propaganda por el riesgo de sanciones ante una posible investigación de la FIFA. Según esa versión, la intervención sobre la Fenifut busca aprovechar la masividad de la selección sin exponer de forma abierta la injerencia política.

La tarde de ayer, 23 de octubre se tornó gris y asfixiante bajo los torrenciales aguaceros que azotaron el departamento de Nueva Segovia. En las calles del municipio de El Jícaro, el agua no tardó en acumularse, convirtiendo las vías en auténticos afluentes desbordados.

En medio de ese temporal, el doctor Marvin Alejandro Rodríguez Toledo, un joven abogado originario de Ocotal que se desempeñaba con vocación como juez titular del Juzgado Local Único de Murra, emprendía el viaje de regreso a su hogar tras culminar sus labores jurisdiccionales.

A bordo de su motocicleta, Rodríguez Toledo avanzaba por el sector del barrio Carlos Rosales. El panorama era hostil: calles anegadas, correntadas furiosas y un cauce que rugía con violencia inusual.

Sin embargo, un lugareño, captó los últimos momentos de aquella travesía. A través del video se observa la maniobra del joven jurista, quien, en un intento por continuar su camino, se arriesgó de manera imprudente a cruzar el caudal desbordado con su moto sobre la calzada inundada.

La fuerza de la naturaleza no perdonó el cálculo. En cuestión de segundos, el agua derribó el vehículo de dos ruedas, succionándolo de golpe hacia el cauce desbordado. La grabación se cortó abruptamente cuando la persona que sostenía el teléfono lo guardó con desesperación para intentar socorrerlo, pero la corriente ya lo había devorado.

La alarma se encendió casi de inmediato. Familiares, pobladores y brigadas de la Policía Nacional junto a cuerpos de socorro se congregaron en las inmediaciones del barrio Carlos Rosales para iniciar un rastreo contra reloj.

La primera pista apareció río abajo, a casi un kilómetro del punto donde ocurrió la tragedia: los rescatistas hallaron la motocicleta semienterrada y el casco de protección del funcionario. Aquellos vestigios confirmaron la dirección y la brutalidad con la que el afluente se desplazaba hacia las zonas bajas.

Sin embargo, fue hasta la madrugada de este sábado 24 de octubre cuando la búsqueda llegó a su desenlace. Aproximadamente a mil metros de donde concluía el cauce principal, los brigadistas localizaron el cuerpo sin vida del juez, atrapado entre las ramas de un árbol frondoso y parcialmente cubierto por sedimentos y arena arrastrados por la crecida.

La noticia del hallazgo causó consternación en la comunidad jurídica y entre los habitantes de Ocotal y Murra, donde el doctor Rodríguez Toledo era ampliamente apreciado por su juventud y su labor al frente del juzgado.

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento del cuerpo para efectuar las diligencias forenses de rigor, cerrando una noche marcada por la angustia y dejando una profunda lección sobre el peligro que entrañan las crecidas repentinas.

Recomendaciones ante las lluvias para no cruzar un río

Las corrientes repentinas y los desbordamientos durante temporales representan un riesgo mortal que a menudo se subestima debido a una falsa percepción de control sobre vehículos o motocicletas. Frente a estas condiciones climáticas, es vital adoptar precauciones estrictas:

• Prohibido cruzar afluentes o correntadas: Ningún vehículo resiste la fuerza de un caudal desbordado. Pocos centímetros de agua en movimiento son suficientes para anular la tracción y arrastrar de inmediato una motocicleta o un automóvil.
• Detención obligatoria en zonas altas: Ante calles anegadas o vados crecidos, detenga la marcha por completo en un punto elevado y seguro hasta que el nivel del agua baje en su totalidad. No intente continuar el trayecto bajo ninguna circunstancia mientras persista la corriente.
• Tolerancia cero al desafío del agua: Cruzar a pie o en vehículo bajo estas condiciones es un acto suicida que no deja margen de maniobra.
• Obligación de usar rutas seguras: Desvíese exclusivamente hacia caminos altos que no atraviesen puentes vado, quebradas ni cauces susceptibles a crecidas repentinas.
• Acatamiento estricto de las alertas oficiales: Respete sin excepciones las advertencias, bloqueos y restricciones de paso establecidos por los cuerpos de socorro y las autoridades de protección civil.

Detrás del brillo de los reflectores, el diseño de alta costura y la imponente corona de Miss Universo Nicaragua, late una verdad desgarradora que trasciende cualquier certamen de belleza. Jasmine Blandford conmueve al mundo al presentar oficialmente su proyecto social, Beyond the Silence (Más allá del silencio), una iniciativa nacida del dolor más íntimo de su infancia: el asesinato de su padre a manos de la violencia armada cuando ella tenía apenas un año de vida.

Aquella fatídica noche marcó para siempre su destino familiar. Su padre había salido de casa con la simple encomienda cotidiana de comprar pañales para su pequeña hija; sin embargo, nunca regresó.

Aunque Jasmine era demasiado pequeña para guardar memorias conscientes de aquel instante que fracturó su hogar, el peso de esa ausencia se convirtió en la brújula moral de su vida.

Lejos de permitir que el trauma definiera su camino desde la desesperanza, la joven reina decidió convertir esa herida abierta en un puente de solidaridad y contención para miles de infantes que enfrentan la misma orfandad.

El lanzamiento de Beyond the Silence marca un punto de inflexión en su trayectoria humanitaria. Su propuesta no busca protagonismo personal, sino abrir espacios de escucha activa para aquellos menores cuyas vidas han dado un vuelco irreparable por las armas de fuego.

“Mi historia es el vínculo con la causa, pero cada niño tiene un relato diferente, y quiero escuchar lo que ellos y sus familias necesitan”, expresó la soberana durante su presentación, recordando que los niños merecen ser comprendidos más allá del acto trágico que los privó de sus seres queridos.

Pilares de una respuesta integral frente a la orfandad

El proyecto social de Jasmine comenzó a implementarse de forma estratégica en el sur de Florida, colaborando estrechamente con organizaciones consolidadas que ya conocen el pulso de las comunidades más vulnerables. La iniciativa se estructura sobre cuatro ejes de acción fundamentales para garantizar que el respaldo trascienda las palabras de consuelo:

• Asistencia profesional y psicológica: Facilitar el acceso de las familias a especialistas en duelo y salud mental capacitados para abordar traumas infantiles complejos.
• Red de apoyo emocional: Construir comunidades de acompañamiento entre pares, asegurando que los menores no enfrenten el aislamiento o la incomprensión social.
• Oportunidades educativas: Impulsar un fondo de becas para salvaguardar la formación académica y el desarrollo profesional de los niños afectados.
• Alianzas estratégicas: Articular esfuerzos con entidades sin fines de lucro enfocadas en la prevención comunitaria de la violencia armada y la restitución de derechos.

La filosofía de Blandford subraya un respeto absoluto por el tiempo de cada víctima: los menores deben tener la libertad de compartir su testimonio si lo desean, sin presiones mediáticas, garantizándoles atención y cariño incondicional elijan o no hablar en público.

La ola de solidaridad que conmueve a la comunidad internacional

El impacto del testimonio de Jasmine resonó de inmediato a nivel internacional. Tras revelarse su historia, cientos de miles de usuarios en redes sociales, organizaciones de derechos humanos, fundaciones benéficas y personalidades de todo el mundo inundaron sus plataformas con mensajes de respaldo y ofertas de colaboración activa. Líderes comunitarios han calificado su propuesta como un modelo ejemplar de empatía práctica y madurez cívica.

Para los observadores y seguidores del certamen de Miss Universo, la nicaragüense ha demostrado que la resiliencia es el verdadero motor de la transformación social.

Al proyectar su vivencia hacia el escenario global, Jasmine no solo rinde tributo a la memoria de su progenitor, sino que brinda esperanza tangible a una generación que a menudo sufre en silencio. “No puedo cambiar lo que le ocurrió a mi padre, pero sí puedo elegir de qué manera honro su memoria”, concluyó la reina.

Catorce años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolviera el conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia, el Gobierno colombiano presidido por Abelardo de la Espriella se dispone a tomar una decisión que podría provocar un nuevo enfrentamiento diplomático. ¿Puede Colombia recuperar, mediante un decreto presidencial, espacios marítimos que el tribunal internacional reconoció a Nicaragua?

De la Espriella anunció el domingo 18 de octubre que establecerá oficialmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida, prevista para el 30 de noviembre, determinará desde qué puntos Colombia medirá sus espacios marítimos. Dependiendo del trazado, podría afectar aguas sobre las cuales Nicaragua tiene derechos reconocidos por la Corte.

Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR), advierte que el Gobierno colombiano no puede utilizar esas líneas para desconocer una frontera ya establecida judicialmente.

“Colombia puede establecer las líneas de base rectas, siempre y cuando sean conformes a las reglas imperantes en esta precisa materia del derecho internacional del mar y a la sentencia de la CIJ del 2012”, explicó Boeglin en una entrevista para este reportaje.

Colombia no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece las principales reglas internacionales sobre la extensión y delimitación de los espacios marítimos. No obstante, algunas de sus disposiciones también forman parte del derecho internacional consuetudinario y pueden resultar aplicables a países que no son parte de la Convención.

Fallo de la CIJ en 2012

El 19 de noviembre de 2012, después de once años de litigio, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las principales islas y cayos del archipiélago, pero estableció una nueva frontera marítima que atribuyó a Nicaragua derechos sobre extensas zonas del Caribe que Colombia había reclamado como propias.

Distintas estimaciones sitúan entre 72.000 y 75.000 kilómetros cuadrados la extensión marítima que Nicaragua obtuvo con la delimitación. Colombia conservó las islas, pero perdió el control sobre amplias zonas en las que había ejercido actividades de vigilancia, pesca y otras formas de jurisdicción.

La sentencia no convirtió esas aguas en territorio nacional nicaragüense, como ocurre con una porción de tierra. En una zona económica exclusiva, el Estado costero tiene derechos soberanos para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, pero otros países mantienen libertades como la navegación internacional.

El conflicto reaparece ahora por la posibilidad de que las nuevas líneas colombianas se extiendan sobre aguas reconocidas a Nicaragua.

La sentencia de noviembre de 2012 provocó un fuerte rechazo político en Colombia. El entonces presidente Juan Manuel Santos cuestionó sus consecuencias para el país, especialmente por la extensión de los espacios marítimos que quedaban bajo jurisdicción nicaragüense.

La Corte reconoció que Colombia tenía soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre las formaciones insulares de Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Al mismo tiempo, rechazó que el meridiano 82, utilizado durante décadas por Colombia como referencia de sus dominios marítimos, constituyera una frontera definitiva con Nicaragua.

Después del fallo, Colombia sostuvo que sus fronteras solamente podían modificarse mediante un tratado internacional. Esa posición sería utilizada durante los años siguientes para cuestionar la decisión judicial.

El 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Daniel Ortega y Juan Manuel Santos conversaron sobre la sentencia y las diferencias surgidas entre sus gobiernos. El encuentro se produjo cuando Colombia ya había comunicado su decisión de retirarse del Pacto de Bogotá.

“En líneas generales, se considera que la lectura de una sentencia sobre el fondo de la CIJ debiera siempre ser entendida como el punto final de un proceso y el inicio de una nueva etapa entre dos Estados”, indicó Boeglin.

Renuncia colombiana

El 27 de noviembre de 2012, ocho días después de la sentencia, Colombia notificó su denuncia del Pacto de Bogotá, firmado en 1948. Mediante ese tratado, numerosos países americanos habían aceptado mecanismos de solución pacífica de controversias, incluida la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Colombia abandonaba así un tratado que llevaba el nombre de su capital.

“Nótese que, a raíz de la decisión de la CIJ de noviembre del 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá, convirtiéndose en el primero y único Estado en el mundo en denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital”, destacó Boeglin.

La denuncia entró en vigor el 27 de noviembre de 2013, un año después de su presentación. No anuló la sentencia de 2012 ni impidió que la Corte conociera procedimientos iniciados antes de que la retirada produjera efectos.

El anuncio de De la Espriella

Desde un buque de la Armada colombiana en aguas del Caribe, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 18 de octubre que su Gobierno establecerá oficialmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según prometió, el decreto será formalizado el próximo 30 de noviembre.

“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, proclamó el mandatario, quien presentó la medida como una reivindicación de la soberanía colombiana y una respuesta al abandono que, según afirmó, ha sufrido el archipiélago.

De la Espriella invocó la Ley 10 de 1978, aprobada por Colombia para regular sus espacios marítimos. Según explicó, las líneas correspondientes a la costa continental fueron establecidas en 1984, pero las del archipiélago permanecieron pendientes durante 48 años.

Las líneas de base son referencias geográficas desde las cuales un país mide la extensión de sus espacios marítimos. Normalmente siguen la costa, aunque el derecho internacional permite utilizar líneas rectas en determinadas circunstancias. De ellas depende la medición del mar territorial, la zona contigua y otros espacios marítimos, explican los expertos consultados.

Su importancia radica en los derechos que puede ejercer un Estado sobre las aguas comprendidas dentro de esas líneas. En las aguas interiores, Colombia tendría facultades de soberanía similares a las que ejerce sobre su territorio terrestre. En una zona económica exclusiva nicaragüense, en cambio, no puede apropiarse de los recursos naturales ni autorizar actividades de explotación que correspondan a Nicaragua.

“Las líneas de base recta son las líneas a partir de las cuales un Estado mide la anchura de su mar territorial. Dependiendo del método usado, pueden alterar una frontera marítima preestablecida”, explica Boeglin.

El especialista considera que ambos gobiernos deberían negociar el trazado antes de adoptar medidas que puedan generar nuevos conflictos. “Dadas las fuertes controversias existentes entre Colombia y Nicaragua con respecto a los espacios marítimos aledaños al archipiélago de San Andrés y Providencia, lo recomendable es que ambos Estados acuerden el trazado de estas líneas de manera que no alteren lo establecido por la CIJ en noviembre del 2012”, sostiene.

El Gobierno colombiano también anunció que reforzará la presencia de la Armada y la protección de los pescadores raizales. Además, prometió inversiones en infraestructura portuaria, turismo, comunicaciones y servicios públicos del archipiélago.

El decreto todavía no fue publicado y se desconocen las coordenadas que utilizará Colombia. Cuando se conozcan, será posible compararlas con la frontera establecida por la Corte y determinar si afectan espacios marítimos reconocidos a Nicaragua.

Islas colombianas frente a la costa nicaragüense

San Andrés se encuentra aproximadamente entre 110 y 130 kilómetros de la costa nicaragüense y a más de 700 kilómetros de la costa continental colombiana. Las distancias varían según los puntos costeros utilizados para la medición. Esa proximidad ha sido uno de los argumentos históricos de Nicaragua, aunque por sí sola no determina la soberanía sobre las islas.

El archipiélago está compuesto por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de pequeños cayos, bancos coralinos y arrecifes dispersos por el Caribe occidental. Muchas de estas formaciones apenas sobresalen del agua, pero su ubicación puede influir en la delimitación de los espacios marítimos.

Entre las formaciones que estuvieron en disputa se encuentran Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y los cayos del Este-Sudeste. Algunas son pequeños cayos emergidos y otras están constituidas principalmente por arrecifes o bancos coralinos.

La Corte examinó las características físicas de esas formaciones en 2012. En Quitasueño determinó que solamente una diminuta formación denominada QS 32 permanecía emergida durante la pleamar. Las demás quedaban cubiertas cuando subía la marea, lo que limitaba los derechos marítimos que podían generar.

El tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las formaciones insulares examinadas, pero no aceptó que todas pudieran proyectar amplias zonas económicas exclusivas. Para Quitasueño y Serrana estableció delimitaciones de doce millas náuticas, equivalentes a unos 22,2 kilómetros, alrededor de las formaciones correspondientes.

Colombia conservó de esa manera pequeñas áreas marítimas alrededor de determinados cayos, algunas rodeadas por espacios correspondientes a Nicaragua. La frontera resultante no sigue una línea continua y sencilla, sino que incorpora las particularidades geográficas y jurídicas de esas formaciones.

En el archipiélago también habita la comunidad raizal, una población afrocaribeña con identidad cultural, tradiciones lingüísticas y vínculos históricos con otras comunidades del Caribe occidental, incluidas las de la costa nicaragüense.

Durante generaciones, sus pescadores han utilizado bancos y arrecifes que hoy se encuentran bajo distintas jurisdicciones marítimas. Después del fallo de 2012, Colombia comenzó a reclamar garantías para que pudieran continuar desarrollando sus actividades tradicionales.

Origen del conflicto

Durante el período colonial español, los territorios que actualmente forman Nicaragua y Colombia pertenecían a distintas estructuras administrativas de la Corona. Las disputas posteriores surgieron, en parte, de las diferentes interpretaciones sobre las jurisdicciones que ejercían las autoridades coloniales.

Colombia sostiene que el archipiélago estuvo vinculado al Virreinato de Nueva Granada. Entre los documentos que invoca figura una Real Orden de 1803, mediante la cual la Corona española dispuso cambios en la dependencia administrativa de San Andrés y de sectores de la Costa de Mosquitos.

Nicaragua cuestionó el alcance de esas disposiciones y defendió sus vínculos históricos y geográficos con el Caribe occidental. Después de la independencia, los dos países mantuvieron reclamaciones territoriales que no pudieron resolverse mediante los antecedentes coloniales.

El principio del uti possidetis juris, utilizado en América Latina para establecer que los nuevos Estados heredaban las divisiones territoriales coloniales, tampoco resolvió la controversia.

En 2012, la Corte concluyó que la documentación disponible no demostraba de manera concluyente a cuál de las antiguas unidades administrativas correspondían determinadas formaciones insulares.

Colombia presentó pruebas de actos de administración ejercidos durante décadas sobre los cayos, entre ellos actividades oficiales de vigilancia, disposiciones legales y otros ejercicios de autoridad.

La Corte consideró que esos antecedentes favorecían la reclamación colombiana y destacó que no encontró pruebas de protestas nicaragüenses anteriores a 1969 respecto de varias de esas actividades. Ese fue uno de los argumentos utilizados para atribuir a Colombia la soberanía sobre los cayos disputados.

Tratado bajo ocupación estadounidense

El 24 de marzo de 1928, Nicaragua y Colombia firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que se convirtió en el principal instrumento jurídico de la controversia. Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras Colombia reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa de Mosquitos y las islas Mangle, conocidas también como Corn Islands.

El acuerdo fue suscrito cuando Nicaragua se encontraba bajo ocupación militar estadounidense, circunstancia que décadas después sería utilizada por los gobiernos nicaragüenses para cuestionar su validez. El tratado fue ratificado y el canje de ratificaciones se efectuó en 1930.

En el acta correspondiente apareció una referencia que provocaría décadas de disputas: el meridiano 82 de longitud oeste, señalado como límite occidental del archipiélago de San Andrés. Colombia interpretó que esa disposición establecía una frontera marítima, mientras Nicaragua sostuvo que únicamente identificaba una referencia geográfica.

La interpretación colombiana restringía la proyección marítima de Nicaragua hacia el este. La nicaragüense permitía reclamar una nueva delimitación que tomara en cuenta tanto las costas continentales como las islas y cayos.

En 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, instalada después del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, declaró la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas. El Gobierno sandinista argumentó que Nicaragua no había podido negociar libremente el acuerdo debido a la presencia militar estadounidense.

Colombia rechazó esa declaración y mantuvo que el tratado era válido. Durante las décadas siguientes continuaron los desacuerdos diplomáticos sobre el meridiano 82, las actividades pesqueras y la presencia de embarcaciones de vigilancia en el Caribe.

La controversia también involucraba a Estados Unidos. Roncador, Serrana y Quitasueño habían sido objeto de reclamaciones estadounidenses, por lo que el tratado de 1928 no resolvió expresamente la soberanía sobre esas formaciones. Colombia y Estados Unidos suscribieron posteriormente el Tratado Vásquez-Saccio de 1972 para abordar sus diferencias sobre esos cayos.

La demanda presentada por Arnoldo Alemán

Aunque Daniel Ortega convirtió posteriormente el fallo de La Haya en uno de los principales logros que reivindicó su Gobierno, el proceso judicial fue iniciado durante la administración del presidente liberal Arnoldo Alemán.

El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia. Solicitó que se resolvieran las cuestiones de soberanía territorial pendientes y que se estableciera una delimitación marítima conforme al derecho internacional.

El litigio continuó durante el Gobierno de Enrique Bolaños, que asumió la Presidencia en enero de 2002. Cuando Ortega regresó al poder en enero de 2007, el proceso ya llevaba más de cinco años en marcha.

“Quien interpuso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia fue, vea usted lo que son las cosas, nada más y nada menos que el gobierno de Arnoldo Alemán”, señaló el economista y opositor nicaragüense Sáenz.

En diciembre de 2007, la Corte dictó una primera sentencia. Rechazó las pretensiones de Nicaragua de cuestionar nuevamente la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al considerar que el Tratado Esguerra-Bárcenas había resuelto esa cuestión.

Pero, el tribunal concluyó que el tratado no había establecido una delimitación marítima completa. Colombia conservó jurídicamente las principales islas, mientras Nicaragua mantuvo abierta su reclamación sobre las aguas en disputa.

Durante los cinco años siguientes, ambos países presentaron sus argumentos y pruebas ante los jueces de La Haya. Nicaragua insistió en que su extensa costa continental debía tener un peso importante en la delimitación, mientras Colombia defendió los derechos marítimos generados por el archipiélago y su administración histórica de las formaciones insulares.

El 19 de noviembre de 2012, la Corte dictó la sentencia que estableció la frontera marítima entre ambos países.

Una victoria para cada país

La sentencia de 2012 no terminó con los enfrentamientos. Colombia continuó ejerciendo actividades de vigilancia marítima en sectores que Nicaragua consideraba parte de su zona económica exclusiva. Colombia argumentaba que protegía a sus pescadores y los derechos de los habitantes del archipiélago.

En septiembre de 2013, el Gobierno de Juan Manuel Santos aprobó el Decreto 1946, mediante el cual estableció una denominada zona contigua integral alrededor de las islas. Nicaragua consideró que esa medida desconocía sus derechos y presentó una nueva demanda ante la Corte en noviembre de ese año.

El 21 de abril de 2022, la CIJ determinó que Colombia había violado derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua al interferir con determinadas actividades pesqueras y científicas en su zona económica exclusiva. También concluyó que la zona contigua integral establecida por Colombia no se ajustaba al derecho internacional consuetudinario en los aspectos examinados.

La Corte ordenó a Colombia cesar las conductas contrarias al derecho internacional y adecuar sus disposiciones internas. También rechazó algunas reclamaciones nicaragüenses por insuficiencia de pruebas y declaró incompatibles con el derecho internacional las líneas de base rectas que Nicaragua había establecido mediante decretos de 2013 y 2018.

En un análisis publicado después de esa sentencia, Boeglin destacó que la Corte había ordenado a Colombia “cesar todo tipo de interferencia en las áreas marítimas que corresponden a Nicaragua en el Mar Caribe desde su decisión del 2012”.

El académico también señaló que Colombia debía modificar las regulaciones relacionadas con su zona contigua integral, establecidas después de la sentencia de 2012.

La situación de los pescadores raizales ocupó parte importante del proceso. En el párrafo 231 de su sentencia de 2022, la Corte concluyó que Colombia no había demostrado la existencia de derechos tradicionales de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago en aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva nicaragüense.

Boeglin considera que ambos países pudieron resolver mediante negociaciones las dificultades que surgieron después de la delimitación. “Desde el 2012, año en el que la CIJ resolvió la disputa, Colombia y Nicaragua han tenido la posibilidad de negociar acuerdos en materia pesquera, navegación y explotación de recursos, y en muchos otros ámbitos como la cooperación transfronteriza marina, el turismo, etc.”, explica.

“En vez de ello, se enfrascaron en dos nuevas disputas interpuestas por Nicaragua ante la actitud desafiante de Colombia”, añade el especialista.

El 13 de julio de 2023, la Corte rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en espacios que se superponían con los derechos correspondientes a Colombia. La decisión fue adoptada por trece votos contra cuatro en la cuestión principal.

El tribunal concluyó que, conforme al derecho internacional consuetudinario, la plataforma continental extendida de un Estado no puede penetrar en la plataforma continental situada dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.

Colombia celebró esa decisión, que le resultó favorable. Sin embargo, el fallo no modificó la delimitación marítima establecida en 2012 ni anuló la sentencia de 2022 sobre las violaciones de derechos soberanos nicaragüenses.

¿Puede Colombia recuperar el mar reconocido a Nicaragua?

Para Nicolás Boeglin, Colombia está obligada a respetar la delimitación marítima de 2012, independientemente de las medidas administrativas que adopte su Gobierno. “Colombia debe acatar lo dispuesto en la sentencia de la CIJ de noviembre del 2012”, afirma.

El especialista recuerda que Nicaragua intentó durante más de dos décadas resolver la controversia mediante negociaciones antes de acudir al tribunal internacional. “Cabe recordar que desde 1980, Nicaragua esperó pacientemente que Colombia aceptara sentarse a negociar y que no fue sino hasta el 2001 que entabló un procedimiento contra Colombia ante la CIJ, ante la negativa de Colombia de aceptar que parte de los reclamos de Nicaragua eran válidos desde el punto de vista jurídico”, explica.

Boeglin señala que Colombia tuvo a su disposición mecanismos judiciales para solicitar una aclaración o intentar una revisión de la sentencia. “Desde noviembre del 2012, Colombia pudo presentar una solicitud de aclaración a la CIJ o una solicitud de revisión del fallo del 2012, y no lo ha hecho”, sostiene.

Uno de los argumentos históricos de Colombia ha sido que las fronteras internacionales solamente pueden modificarse mediante tratados aprobados por los Estados. Esa interpretación fue utilizada por Juan Manuel Santos después de la sentencia de 2012 y ha reaparecido en el debate sobre las nuevas medidas.

Boeglin rechaza ese razonamiento cuando se utiliza para desconocer una delimitación realizada por un tribunal competente. “No tiene mayor valor si dos Estados han tenido que recurrir a la CIJ para que lo establezca, ante su incapacidad para negociar un acuerdo bilateral de delimitación marítima”, responde.

El profesor cita otros litigios latinoamericanos en los que la Corte estableció fronteras marítimas mediante sentencias: Nicaragua y Honduras en 2007, Chile y Perú en 2014, y Costa Rica y Nicaragua en 2018.

En esos casos, los países acudieron al tribunal porque no habían conseguido resolver sus diferencias mediante acuerdos bilaterales. Las sentencias establecieron delimitaciones obligatorias para las partes, independientemente de que los gobiernos estuvieran satisfechos con los resultados.

Colombia puede aprobar líneas de base que respeten el derecho internacional, pero no utilizarlas para modificar la frontera establecida en 2012.

Caso cerrado

El ex canciller colombiano Julio Londoño también considera que De la Espriella puede establecer las líneas de base del archipiélago, siempre que respete las normas internacionales y las sentencias de la Corte.

“Yo creo que lo único de lo cual se trata es que el presidente está ‘echando mano’ a una vieja ley del año de 1978 en el sentido de señalar desde dónde se miden los espacios marítimos en las islas y cayos del archipiélago de San Andrés”, afirmó Londoño en declaraciones a Noticias Caracol.

El ex canciller sostuvo que las principales cuestiones jurídicas de la controversia ya fueron resueltas. “El caso jurídicamente está cerrado. La Corte cerró el caso completamente con dos fallos fundamentales, 2012 y 2022”, señaló.

Londoño, sin embargo, advirtió que todavía no se conocen los detalles de la iniciativa presidencial. “Habrá que ver cuál es el sentido del decreto que todavía no lo conocemos”, expresó.

El hasta hace poco ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, defendió una interpretación más amplia de las facultades del Gobierno. Según explicó, el objetivo consiste en trazar las líneas alrededor del archipiélago como conjunto, de manera que las aguas comprendidas entre sus formaciones puedan considerarse aguas interiores colombianas.

Lara sostuvo que el fallo de 2012 es “inaplicable en su literalidad” y cuestionó que la delimitación judicial tratara determinadas formaciones insulares de manera separada. A su juicio, Colombia debe defender la integridad del archipiélago como una unidad territorial.

El internacionalista colombiano Fabián Cárdenas también ha advertido sobre los límites que imponen las sentencias existentes. Según su análisis, las decisiones de 2012, 2022 y 2023 deben examinarse conjuntamente y el Gobierno no puede desconocer la delimitación judicial.

Boeglin: “Pura pose política”

Nicolás Boeglin atribuye el nuevo enfrentamiento con Nicaragua a las posiciones políticas del presidente De la Espriella, a quien considera dispuesto a desafiar normas y consensos internacionales.

Como ejemplos menciona el reconocimiento colombiano de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y la decisión de trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, dos asuntos sobre los cuales existen resoluciones y posiciones internacionales ampliamente conocidas.

“Esta falsa controversia con Nicaragua es pura pose política de un mandatario que sigue las enseñanzas de la escuela (Donald) Trump y de la escuela (Benjamín) Netanyahu: la política convertida en un espectáculo diario, azuzando y polarizando la atención a punta de ocurrencias e iniciativas a partir de argumentos más que cuestionables”, sostiene Boeglin.

El presidente colombiano ha mantenido una posición crítica frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ha anunciado que fortalecerá sus relaciones con Estados Unidos y otros gobiernos aliados.

Boeglin considera que las diferencias políticas entre Colombia y Nicaragua no deberían impedir acuerdos sobre pesca, navegación, explotación de recursos y protección ambiental. En su opinión, ambos países desaprovecharon la oportunidad de negociar después de la sentencia de 2012.

Silencio del régimen de Nicaragua

Hasta el 24 de octubre no se conoce una reacción oficial de Daniel Ortega, Rosario Murillo o la Cancillería nicaragüense al anuncio realizado cuatro días antes por De la Espriella.

Nicaragua exigió durante los últimos 14 años que Colombia cumpla la sentencia de 2012 y reconozca los derechos marítimos establecidos por la Corte.

Tras aquella decisión, Ortega celebró el resultado y cuestionó el rechazo colombiano. En declaraciones posteriores llegó a sostener que Colombia solamente podía recurrir a la “corte celestial”, en referencia a que la sentencia de la CIJ era definitiva e inapelable.

La Asamblea Nacional nicaragüense también respaldó la exigencia de cumplimiento y promovió la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo bilateral. Durante los años siguientes, Nicaragua sostuvo que Colombia debía reconocer plenamente la nueva frontera marítima y respetar las actividades autorizadas por Nicaragua en su zona económica exclusiva.

Después del fallo de 2023, desfavorable a la pretensión nicaragüense de ampliar su plataforma continental, el Gobierno de Ortega y Murillo afirmó que reconocía la decisión judicial, aunque mantuvo su exigencia de que Colombia cumpliera la sentencia de 2012.

El economista y opositor nicaragüense Enrique Sáenz ha rechazado las pretensiones anunciadas por De la Espriella, aunque mantiene una posición abiertamente crítica frente al régimen de Ortega y Murillo.

“Una cosa es que los nicaragüenses comprometidos con la democracia nos esforcemos por profundizar el aislamiento de la dictadura dinástica y otra muy distinta es aceptar que el presidente de Colombia quiera aprovecharse de la situación para arrebatar parte del territorio nacional, que es patrimonio de todos los nicaragüenses”, expresó Sáenz. “¡Rechazamos a Ortega, pero también debemos rechazar la pretensión de De la Espriella!”

Para el opositor, los derechos marítimos reconocidos por la Corte pertenecen a Nicaragua y no al Gobierno que se encuentre en el poder.

¿Puede Nicaragua volver a demandar a Colombia?

Presentar una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia sería más complicado que en 2001 o 2013 porque Colombia denunció el Pacto de Bogotá, instrumento que había servido como fundamento para que Nicaragua llevara sus reclamaciones ante el tribunal.

Ambos países podrían acordar someter una disputa específica a la CIJ o a otro mecanismo internacional. Esa alternativa, sin embargo, requeriría el consentimiento de Colombia, que ha mantenido una posición crítica frente a la delimitación marítima de 2012.

Nicaragua también podría presentar protestas diplomáticas, solicitar explicaciones sobre el decreto o promover negociaciones bilaterales. Si considerara que Colombia está incumpliendo una sentencia, tendría además la posibilidad de acudir a mecanismos previstos en la Carta de Naciones Unidas.

“El artículo 94 inciso 2 de la Carta de Naciones Unidas establece que un Estado puede recurrir al Consejo de Seguridad si otro Estado incumple con un fallo de la CIJ”, explica Boeglin.

Ese mecanismo no garantiza que el Consejo adopte medidas contra Colombia, pero ofrece una vía internacional para denunciar el incumplimiento de una sentencia sin necesidad de iniciar necesariamente otro litigio ante la Corte.

El anuncio colombiano también incluye el fortalecimiento de la presencia de la Armada en el Caribe. De la Espriella ha prometido defender los espacios marítimos que su Gobierno considera parte de la soberanía nacional.

Las actividades de vigilancia naval no constituyen por sí mismas una violación del derecho internacional. Los incidentes podrían surgir si embarcaciones colombianas intentaran impedir actividades pesqueras o científicas autorizadas por Nicaragua en su zona económica exclusiva.

La sentencia de 2022 examinó precisamente actuaciones de embarcaciones colombianas que interferían con actividades desarrolladas bajo jurisdicción nicaragüense.

Consultado sobre la posibilidad de una confrontación militar, Boeglin respondió que no descarta acciones de fuerza por parte del Gobierno colombiano. “Como Estados Unidos juega a atizar los ánimos, como lo hizo recientemente sugiriendo que las Malvinas son argentinas, y que el presidente de Colombia está demostrando no tener mayor reparo en ignorar reglas fundacionales del sistema jurídico internacional vigentes desde 1945, no se puede excluir nada de su parte”, señaló.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este viernes que dos agentes fueron detenidos y dados de baja por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven de 21 años en Managua, después de una persecución que comenzó cuando la víctima y otro adolescente no acataron una señal de alto.

Los detenidos son Humberto C. y Kenner D., quienes, según la versión oficial, serán puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio. El caso ocurrió la noche del jueves 22 de octubre.

De igual forma, la institución indicó que los hechos comenzaron cerca de las 20:30 (hora local), en las inmediaciones de la rotonda Universitaria Rigoberto López Pérez, en el acceso al Estadio Nacional de Fútbol. Allí circulaban en una motocicleta Pedro Pablo Sevilla Vega, de 21 años, y Stiven Josué Guido Reyes, de 18, ambos con cascos de protección.

De acuerdo con la información oficial, los dos jóvenes viajaban a unos 200 metros al oeste de la rotonda cuando los agentes les hicieron una señal de detención.

La persecución terminó en el Distrito 1 de Managua

La Policía sostuvo que Pedro Sevilla Vega y Stiven Guido Reyes no atendieron la orden y escaparon del lugar. Los uniformados iniciaron entonces una persecución hacia el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).

El seguimiento concluyó en las cercanías de la ermita de Santo Domingo, en el Distrito 1 de Managua. Según el reporte de la institución, los policías alcanzaron a los dos jóvenes en ese punto y los agredieron físicamente.

La información oficial no precisa cuánto tiempo duró la persecución ni detalla las circunstancias en las que se produjeron las agresiones. Tampoco informa si los agentes portaban armas o si existieron otros policías presentes durante el operativo.

Tras el episodio, familiares de Pedro Sevilla lo trasladaron a un hospital, donde fue declarado fallecido. La Policía señaló que el cuerpo fue examinado por un médico forense del Instituto de Medicina Legal.

Autopsia atribuyó la muerte a un trauma contundente

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un trauma contundente, según el comunicado policial. Esa conclusión vincula el fallecimiento con un tipo de lesión provocada por el impacto de un objeto o por golpes, aunque el reporte no identifica qué habría causado las heridas.

El otro joven que viajaba en la motocicleta, Stiven Guido, también habría sido agredido, de acuerdo con la versión difundida por las autoridades.

La Policía Nacional afirmó que los dos agentes fueron separados de la institución tras conocerse el caso. La medida implica su baja deshonrosa, mientras avanza el proceso judicial por homicidio.

Ambos enfrentarán las actuaciones de las autoridades correspondientes. El anuncio representa un reconocimiento oficial de que los agentes son señalados como presuntos autores de la agresión que terminó con la muerte de una persona.

El caso quedó bajo investigación y las investigaciones determinarán la responsabilidad penal de los detenidos, así como las circunstancias en las que ocurrió la persecución y la posterior agresión contra los dos jóvenes.

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el 22 de octubre de 2026 una reforma que trasladó la Secretaría Jurídica de la Presidencia y La Gaceta, Diario Oficial, a la Procuraduría General de Justicia, la cual fue publicada el viernes 23 de octubre en La Gaceta.

La medida concentra en ese organismo la elaboración de normas impulsadas desde la Presidencia y la publicación oficial de leyes, decretos, acuerdos y nombramientos estatales.

La Ley Nº. 1285 convierte a la Secretaría Jurídica en una instancia adscrita a la Procuraduría General de Justicia, como sucesora de la dependencia que hasta entonces formaba parte de la Presidencia de la República.

La norma también establece que La Gaceta dependerá jerárquicamente de la Procuraduría.

La reforma fue sancionada el mismo día en Managua por Ortega y Murillo, identificados en la ley como copresidente y copresidenta de Nicaragua. Su vigencia comenzó a partir de la publicación en el diario oficial.

La Procuraduría, con nuevas funciones sobre normas y publicaciones

La Secretaría Jurídica conservará sus tareas de participación en la formulación, elaboración y modificación de propuestas legales, reglamentarias y administrativas. También elaborará los acuerdos presidenciales para el nombramiento, traslado o destitución de funcionarios cuya designación corresponde a la Presidencia.

La dependencia deberá preparar las actas y certificaciones vinculadas con esas decisiones y mantener sus registros. Además, tendrá a su cargo los autos y resoluciones relacionados con recursos de apelación administrativa, conforme a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Entre sus atribuciones figura la formulación de iniciativas de ley y decretos legislativos que la Presidencia presente ante la Asamblea Nacional.

La Secretaría Jurídica tramitará luego su sanción, promulgación y publicación, y llevará los libros de acuerdos y decretos presidenciales.

La exposición de motivos sostiene que el cambio busca “mejorar la eficiencia institucional, racionalizar el gasto público y optimizar el funcionamiento de las entidades estatales”. La reforma añade que la adscripción de ambas instancias fortalecerá “la gestión operacional y estratégica del sector público”.

La Procuraduría General de Justicia ya ejercía la representación legal del Estado y el control de los Registros Públicos, que habían dejado de estar bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023. Con la incorporación de La Gaceta, asume también la administración del canal oficial para divulgar disposiciones estatales.

El control sobre La Gaceta y sus recursos

La Gaceta continuará como el diario oficial del Gobierno de Nicaragua y deberá regirse por la normativa vigente en la materia. La directora o el director presentará a la procuradora o al procurador general, dentro de los primeros 10 días de cada mes, un reporte de gestión correspondiente al período anterior.

La Procuraduría resolverá, con autorización previa de la Presidencia, las dudas sobre las publicaciones gratuitas, las prioridades de difusión por razones de importancia o urgencia y otros asuntos de funcionamiento que requieran decisión superior. También aprobará el número de páginas y el tiraje de cada edición, a propuesta de la dirección del diario oficial.

La ley prevé publicaciones sin costo, con solicitud y autorización de la Presidencia, para documentos vinculados con actividades oficiales en las que participen el copresidente, la copresidenta o personas que actúen por delegación expresa presidencial. La Presidencia determinará la importancia y trascendencia de esas actividades para justificar su difusión gratuita.

La procuradora o el procurador general podrá autorizar nuevas ediciones extraordinarias de ejemplares agotados cuando exista demanda pública. La solicitud deberá indicar la edición requerida, la cantidad de copias y su justificación técnica y presupuestaria.

La norma transfiere a la Procuraduría la administración, uso y custodia de los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales asignados a la Secretaría Jurídica y a La Gaceta. El traslado incluye bienes muebles e inmuebles, vehículos, mobiliario, equipos, sistemas informáticos, archivos físicos y digitales, acervo documental y otros recursos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá efectuar, junto con la Procuraduría General de Justicia, los cambios presupuestarios, financieros, contables y patrimoniales necesarios para ejecutar la reforma.

Ortega y Murillo han situado a ocho de sus hijos en cargos del Estado o empresas estatales de Nicaragua, junto con varias nueras, en una red familiar más extensa que la construida por Anastasio Somoza Debayle, quien preparó a un solo descendiente como heredero antes de la caída de su régimen en 1979.

La Asamblea Nacional eliminó la figura de vicepresidente y creó los “designados presidenciales”, cuya cantidad y funciones quedarán en manos de Ortega y Murillo. La modificación abre una nueva posibilidad para ampliar la presencia de la familia en la estructura estatal.

Nicaragua ha atravesado dos períodos prolongados de control político familiar: el de los Somoza, concluido en 1979, y el de Ortega y Murillo, aún vigente. La comparación entre ambas familias muestra una diferencia en el número de descendientes incorporados a puestos de poder, según Nicaragua Investiga.

Anastasio Somoza Debayle tuvo cinco hijos con Hope Portocarrero: Anastasio, Carla, Carolina, Julio y Roberto. Solo Anastasio Somoza Portocarrero, conocido como “El Chigüín”, ocupó un lugar en el aparato de poder y fue considerado el sucesor de su padre.

Como mayor de la Guardia Nacional, Somoza Portocarrero impulsó la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, organizada en 1977. Antes de él, Anastasio Somoza García había integrado al poder a sus dos hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle.

Ocho hijos en cargos públicos y vínculos familiares en organismos estatales

La pareja tiene nueve hijos: Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Camila, Luciana, Maurice, Rafael, Laureano y Zoilamérica. Excepto Zoilamérica, exiliada, los demás ocupan funciones en el régimen o en empresas estatales.

El medios digital Nicaragua Investiga revela que Laureano Ortega es el miembro de la familia con mayor exposición pública. Se desempeña como asesor presidencial para la Promoción de las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional y, desde 2023, actúa como enlace con China, Rusia, Bielorrusia e Irán.

Daniel Edmundo fue designado por medio de La Gaceta como coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Maurice recibió el cargo de delegado presidencial del deporte.

Camila y Luciana viajaron a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de 2015 acreditadas como asesoras presidenciales. Rafael, el mayor de los hijos, asistió como asesor con rango de ministro y dirigía las empresas petroleras de la familia.

La presencia familiar también alcanza a las parejas de los hijos. En 2024, Mara Vanessa Stotti, esposa de Daniel Edmundo, fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo; Idania Castillo, exesposa de Juan Carlos, fue designada codirectora de la Cinemateca Nacional en 2014.

Blanca Díaz, esposa de Maurice, trabaja como asesora en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Es hija de Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de la pareja, mientras que su hermana Nahima Díaz dirige desde 2020 el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, organismo regulador de las telecomunicaciones del país, informí Nicaragua Investiga.

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos inhabilita a familiares de la pareja para ejercer esas funciones. Murillo celebró recientemente que tiene más de 40 nietos, a quienes Nicaragua Investiga describió como posibles futuros integrantes de la estructura de poder.

La Embajada de Estados Unidos en San José afirmó este viernes que las prácticas de empresas mineras chinas en Nicaragua están empujando a mineros artesanales a cruzar hacia Costa Rica, donde realizan extracción ilegal de oro en la zona fronteriza norte.

La representación diplomática sostuvo, en una publicación en redes sociales, que esas compañías suelen aplicar métodos coercitivos contra pequeños productores nicaragüenses, entre ellos la compra de mineral a valores inferiores a los del mercado. Según la embajada, esa situación ha incentivado el traslado de trabajadores hacia territorio costarricense.

“Cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar ilegalmente y extraer oro ilegalmente”, señaló la sede diplomática estadounidense. La publicación no precisó la cantidad de personas que habría atravesado la frontera ni identificó a las compañías vinculadas con esas denuncias.

El mensaje añadió que la actividad ejerce una presión creciente sobre la frontera norte de Costa Rica. Estados Unidos, de acuerdo con la embajada, respalda al país centroamericano en las tareas de protección fronteriza y en la lucha contra la minería ilegal y otros delitos asociados al tránsito transfronterizo.

El señalamiento ocurre después de una expansión de las concesiones mineras entregadas por el Gobierno de Nicaragua a empresas de capital chino. Una publicación de Forbes Centroamérica indica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas, lo que representa el 10% del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes”.

Los datos están basados en registros de la oenegé ambientalista Fundación del Río.

Según una publicación de octubre de 2025 de la agencia EFE, las autorizaciones abarcan áreas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el denominado Triángulo Minero y departamentos del centro, norte y sur del país. Entre las zonas incluidas figuran municipios de Nueva Segovia, Boaco, Chontales, Estelí y las regiones del Caribe.

Las concesiones autorizan el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, bajo modalidades que incluyen la minería a cielo abierto. Parte de los lotes se ubica en zonas cercanas a territorios indígenas y reservas ambientales, según las resoluciones oficiales citadas por medios independientes y agencias internacionales.

Un informe de la Fundación Andrés Bello, difundido en octubre de 2025 y basado en datos oficiales analizados por el medio nicaragüense Confidencial, estimó que ocho empresas chinas acumulaban 503,562 hectáreas en concesiones mineras entre 2023 y 2025.

Brother Metal, Zhong Fu y Thomas Metal concentran parte de los lotes

Entre las compañías que han recibido mayores extensiones figura Zhong Fu Development S.A., que en mayo de 2024 acumulaba ocho lotes con alrededor de 181 mil hectáreas, de acuerdo con un análisis de Confidencial sobre publicaciones de La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.

A esa firma se sumaron Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Brother Metal S.A., Waslala Mine S.A., Three Gold Coins Company S.A. y Little Stone Mine S.A. Las licencias suelen tener una vigencia de 25 años e incluyen derechos para la exploración, la explotación y la instalación de plantas destinadas al procesamiento de minerales.

En junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas concedió dos nuevos lotes a Brother Metal y Thomas Metal, con una extensión conjunta de 29,613,96 hectáreas en municipios de la Costa Caribe Norte. Con esas resoluciones, el número de concesiones otorgadas a firmas chinas había ascendido a 21, por un total de 196,640.35 hectáreas, según EFE.

El crecimiento de las áreas bajo control de estas empresas coincide con el aumento del peso del oro dentro de las exportaciones nicaragüenses. También ha elevado la preocupación por los efectos sobre la minería artesanal, las comunidades asentadas en las áreas concesionadas y los ecosistemas cercanos a las zonas de extracción.

El Gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 46 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros español durante su sesión del martes 20 de octubre de 2026 y quedó formalizada mediante los Reales Decretos 870/2026 al 915/2026.

Los decretos fueron firmados el 21 de octubre por el rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La resolución fue publicada este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los beneficiarios se encuentran el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena Sequeira; la abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo Delgado; el opositor Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero; el expreso político y miembro de la familia Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios; la activista universitaria Adela Elizabeth Espinoza Tercero, y el opositor Abdul Montoya Vivas.

La concesión se basa en las “circunstancias excepcionales” previstas por la legislación española. La nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento discrecional regulado en el artículo 21 del Código Civil español.

A diferencia del trámite ordinario por residencia, no exige haber cumplido un periodo mínimo de permanencia legal en España y puede otorgarse mediante una decisión del Consejo de Ministros ante situaciones de persecución o vulnerabilidad.

La medida se produce después de que, en febrero de 2023, el régimen nicaragüense despojara de su nacionalidad a cientos de opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos. Según la información publicada por Despacho 505, las autoridades nicaragüenses también han bloqueado la emisión o renovación de pasaportes en sus sedes consulares, lo que ha dificultado la movilidad y la regularización de las personas afectadas.

Para que la concesión sea efectiva, cada beneficiario deberá completar el trámite de juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, dentro de los plazos establecidos por la legislación de ese país.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) celebró la decisión del Gobierno español. José Denis Cruz, coordinador general de la organización con sede en Madrid, afirmó que la medida representa “un respaldo para quienes han sido despojados de derechos fundamentales y necesitan recuperar la seguridad jurídica y la posibilidad de reconstruir sus vidas”.

Cruz señaló que la apatridia no constituye únicamente un problema documental, porque afecta la identidad, la libertad de movimiento, el ejercicio de derechos y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. La organización espera que la decisión española permita ampliar la protección a otros nicaragüenses que atraviesen situaciones similares.

De acuerdo con datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, Nicaragua se encuentra entre los tres países con más de beneficiarios de protección internacional en el país europeo. De hecho, entre 2018 y 2025, el país español ha brindado asilo a 5,747 nicaragüenses.

El asilo es concedido por España cuando existen temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

Costa Rica expresó su apoyo a seis organizaciones juveniles y estudiantiles de Nicaragua que denunciaron la crisis de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una señal de respaldo diplomático a los sectores que reclaman la recuperación de las libertades civiles y políticas en el país centroamericano.

La representación permanente costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió el 21 de octubre una comunicación a los grupos, que habían dirigido una carta el 24 de septiembre a la entonces ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo.

Según informó Artículo 66, la misión de Costa Rica señaló que las preocupaciones planteadas por las organizaciones fueron recogidas en la resolución aprobada el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. El texto regional reclama medidas para frenar el deterioro institucional en Nicaragua y restablecer derechos suspendidos o restringidos.

La carta estuvo dirigida a la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, el Movimiento UNA 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, AVANZA-Acción Universitaria y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. La diplomacia costarricense reconoció el aporte de esas agrupaciones y destacó el papel de los jóvenes en la búsqueda de una salida democrática.

La resolución de la OEA plantea la liberación incondicional de las personas detenidas por razones políticas y la divulgación del paradero y la situación de quienes permanecen desaparecidos de forma forzada. También pide la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a quienes fueron privados de ellos.

El documento reclama el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión, además de garantías para el funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, universidades y asociaciones empresariales. También solicita la devolución o compensación de bienes confiscados.

En el plano institucional, la OEA instó a recuperar la independencia de los poderes públicos, la separación de poderes y las condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y con observación internacional creíble. La resolución prevé un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que debía comenzar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del texto y presentar recomendaciones en un plazo de 60 días.

Costa Rica reafirmó, de acuerdo con la información publicada por Artículo 66, su compromiso con los derechos humanos del pueblo nicaragüense y con una solución pacífica y democrática. El país también planteó ante la OEA la necesidad de que la respuesta regional no se limite a declaraciones de preocupación.

La presión internacional combina reclamos diplomáticos y sanciones selectivas

La iniciativa regional se suma a otras medidas y pronunciamientos contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reuters indicó que República Dominicana anunció el retiro de su embajada en Nicaragua durante la reunión de cancilleres. Managua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero el organismo sostiene que Nicaragua mantiene obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estados Unidos, por su parte, mantiene sanciones contra funcionarios, familiares del matrimonio gobernante y entidades vinculadas al Estado nicaragüense. La Oficina del Representante Comercial estadounidense anunció además un arancel gradual para importaciones nicaragüenses que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos: la tasa será de 0% en 2026, subirá a 10% el 1 de enero de 2027 y llegará a 15% en 2028.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas documentó 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026, de acuerdo con un reporte citado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La nueva instancia de seguimiento de la OEA deberá evaluar si Managua atiende las exigencias regionales y proponer medidas diplomáticas y jurídicas no militares.

El opositor nicaragüense Félix Maradiaga cuestionó, en declaraciones recogidas por Artículo 66, la reforma constitucional aprobada este jueves 22 de octubre por la Asamblea Nacional. El cambio incorpora la figura de los «designados presidenciales» y elimina la vicepresidencia, una modificación que, a juicio del opositor, evidencia los problemas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para establecer un mecanismo de sucesión que garantice la continuidad del poder.

«Lo que la dictadura aprobó este jueves no es una reforma constitucional. Es el tercer bandazo en menos de tres años de un régimen que no logra resolver su propio problema de sucesión», afirmó Maradiaga, según el medio nicaragüense.

La reforma modifica el artículo 126 de la Constitución y faculta a la Presidencia para nombrar a los designados, quienes asumirían funciones ejecutivas delegadas. La disposición permite que esas responsabilidades recaigan en personas de confianza de Ortega y Murillo, aunque no hayan obtenido un cargo mediante elecciones.

Para Maradiaga, la nueva figura representa el último de varios cambios constitucionales que muestran la falta de una fórmula estable para organizar la sucesión en Nicaragua. Recordó que primero se habilitó la posibilidad de nombrar a varios vicepresidentes, después se instauró la copresidencia y ahora se elimina la vicepresidencia para dar paso a los designados.

«Ninguna de esas reformas es coherente con la anterior. Una dictadura que estuviera en control no necesitaría reescribir su Constitución cada pocos meses», sostuvo el opositor en declaraciones citadas por Artículo 66.

El dirigente también destacó la posible inclusión de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante, entre los nombres que podrían ocupar una designación presidencial. Según Maradiaga, esa posibilidad refuerza la interpretación de que el régimen busca asegurar la continuidad del poder dentro de la familia gobernante.

«El nombre de Laureano Ortega Murillo en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica», afirmó.

La reforma permite que la Presidencia asigne funciones a los designados, una disposición que podría facilitar el traslado de responsabilidades ejecutivas a integrantes del círculo de confianza de Ortega y Murillo. Maradiaga sostuvo que el rumbo del país apunta hacia un sistema de partido único.

«Lo que aspira a construir es un partido único, una Corea del Norte en Centroamérica, y hacia allá camina Nicaragua», señaló el opositor, de acuerdo con el reporte de Artículo 66.

Maradiaga describió las modificaciones como una muestra de la fragilidad del régimen. «Esa es la medida real de su fragilidad. No son las decisiones de un régimen que gobierna con seguridad. Son las decisiones de un régimen desesperado y atrapado en la trampa que él mismo construyó», dijo.

También afirmó que los cambios constitucionales no pueden sustituir la voluntad ciudadana. «Pueden cambiar la Constitución tantas veces como quieran. Lo que no pueden cambiar es que ningún designado presidencial sustituye la voluntad de una nación», expresó.

La aprobación de la reforma ocurre mientras el Gobierno nicaragüense permanece bajo el escrutinio de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El organismo aprobó el 2 de octubre una resolución por consenso para crear un Grupo Ministerial de Seguimiento, encargado de impulsar contactos con Managua y escuchar a sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición en el exilio.

La resolución establece que el grupo deberá iniciar sus trabajos dentro de 30 días y presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas en un plazo de hasta 60 días. Maradiaga recordó que Ortega anunció el 19 de julio que no habría nuevas elecciones, una declaración que, según él, fue seguida por una retractación y nuevas medidas constitucionales.

«La única explicación de ese nerviosismo es el miedo. Miedo al pueblo nicaragüense, y miedo incluso a quienes hoy se definen como votantes sandinistas», concluyó.

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo realiza “incautaciones ilegales” de bienes de ciudadanos de Estados Unidos en Nicaragua. El funcionario recomendó a los estadounidenses extremar las precauciones antes de realizar inversiones en ese país.

“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses que ejerzan una precaución extrema antes de invertir en Nicaragua”, escribió Segura en un mensaje publicado el 22 de octubre en su cuenta de X.

El subsecretario sostuvo que las autoridades nicaragüenses han sido señaladas por incautar propiedades y activos financieros sin notificación previa ni justificación legal. También instó a los ciudadanos estadounidenses a revisar los riesgos antes de que afecten sus intereses y a reconsiderar los viajes al país centroamericano.

Ocho estadounidenses recuperaron las llaves de sus viviendas

La publicación de Segura incluyó un reporte de Telemundo 51, difundido el 17 de octubre, sobre ocho ciudadanos estadounidenses que recuperaron las llaves de sus viviendas en Nicaragua.

De acuerdo con ese informe, los propietarios todavía no cuentan con garantías sobre sus inmuebles. El mensaje no precisó la ubicación de las propiedades ni el tipo de trámite que permitió la devolución de las llaves.

El funcionario remitió además a la alerta de viajes del Departamento de Estado para Nicaragua, en la que se detallan las recomendaciones para los ciudadanos de Estados Unidos que evalúan viajar o mantener inversiones en el país.

Vale recalcar que nueve jubilados estadounidenses empezaron a recuperar las llaves de sus casas de lujo en Nicaragua, confiscadas por la dictadura hace menos de dos meses. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inició las devoluciones el jueves 15 de octubre, cuatro días después de que El Confidencial Nicaragua reveló el despojo.

Las autoridades de Nicaragua no emitieron explicación pública alguna, ni sobre el motivo original de la confiscación ni sobre esta marcha atrás. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocupó nueve viviendas en Tola a finales de agosto de 2026 y las transfirió al INSS sin explicación oficial; cuatro días después de que la prensa reveló el caso, el instituto comenzó a entregar las llaves, aunque sin confirmar si la restitución será total.

La declaración se produjo en momentos en que Washington mantiene una postura crítica frente al gobierno nicaragüense por denuncias relacionadas con restricciones a las libertades públicas, persecución contra opositores y ahora confiscaciones de bienes a ciudadanos norteamericanos.

Sobre el despojo de las viviendas en Tola

Las casas están ubicadas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, sobre la costa del Pacífico nicaragüense. La PGJ las confiscó a finales de agosto y luego las donó al INSS, el mismo mecanismo que el régimen ha aplicado durante años contra opositores y expresos políticos.

El día de la ocupación, los dueños se encontraban fuera del país. En las viviendas solo estaban los vigilantes, a quienes hombres que se identificaron como “funcionarios del INSS” ordenaron retirarse porque los inmuebles habían “pasado a manos de la institución”.

Desde entonces, personas puestas por el Gobierno custodiaban las propiedades, según los afectados.

La educación pública en Nicaragua acumuló una evaluación negativa entre las personas que participaron en la “Consulta Ciudadana de septiembre de 2026″, elaborada por Hagamos Democracia NIC-CR. De las 397 respuestas recogidas sobre ese servicio, 342, equivalentes al 86.1%, la calificaron de forma desfavorable.

El sondeo, realizado en 40 unidades territoriales del país, también indagó sobre la percepción de adoctrinamiento político en centros educativos. De las 392 personas que respondieron esa pregunta con “sí” o “no”, 347 afirmaron haberlo observado. La cifra representa el 88.5% de las respuestas sustantivas.

El informe reúne 400 respuestas válidas y define su alcance como descriptivo y no probabilístico. Por ello, los resultados exponen las opiniones de quienes participaron en la consulta y no pueden trasladarse como una estimación estadística del conjunto de la población nicaragüense.

La partidización del sistema educativo fue el problema más mencionado por las personas que calificaron negativamente la enseñanza pública. De las 342 respuestas desfavorables, 285 señalaron ese aspecto, lo que equivale al 83.3% de ese grupo.

La consulta permitió elegir más de una respuesta. Después de la partidización, 126 personas, el 36.8%, apuntaron a deficiencias en los programas académicos. La misma cantidad consideró insuficiente la preparación del personal docente.

Otros cuestionamientos tuvieron menor peso dentro de ese grupo. Un total de 43 participantes, el 12.6%, aludió al deterioro de la infraestructura, mientras que 38, el 11.1%, señaló falta de recursos.

La información sitúa la valoración del servicio más allá de los problemas materiales. Entre las respuestas recogidas aparecen, al mismo tiempo, objeciones sobre la calidad de los contenidos, la formación de docentes y la presencia de criterios políticos en el funcionamiento de las instituciones.

La mayoría ubicó el adoctrinamiento en centros públicos y privados

El cuestionario también pidió precisar en qué tipo de institución se había observado adoctrinamiento. De las 347 personas que respondieron afirmativamente, 346 detallaron el ámbito donde lo habían percibido.

La opción mayoritaria fue que el fenómeno ocurre tanto en instituciones públicas como privadas. Esa respuesta reunió a 285 personas, el 82.4% de quienes identificaron adoctrinamiento y luego contestaron la pregunta de seguimiento.

Otras 57 personas, el 16.5%, señalaron exclusivamente a instituciones públicas. Tres participantes, el 0.9%, ubicaron esa práctica exclusivamente en establecimientos privados. Una persona no precisó el lugar o dijo no saber dónde ocurría.

La evaluación negativa bajó frente a junio, aunque siguió por encima del 80%

El informe comparó los resultados de septiembre con la consulta anterior, realizada en junio. La proporción de respuestas negativas sobre educación pública pasó de 92.9% a 86.1%, una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

La percepción de adoctrinamiento también descendió en esa comparación: fue de 91.1% en junio y de 88.5% en septiembre. Pese a esa baja, ambos indicadores permanecieron por encima del 80% entre las respuestas sustantivas de la ronda más reciente.

Hagamos Democracia NIC-CR advierte que las diferencias entre ambas consultas son descriptivas. La composición de los grupos consultados puede variar y, debido al carácter no probabilístico de la muestra, los cambios no permiten establecer una evolución de la población general.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que Rafael Antonio Valdez García confesó el asesinato de su cónyuge, Jasmina López Castro, y de la hija de ambos, Belkania Balezka Valdez López, en un hecho ocurrido durante la madrugada del sábado 17 de octubre en Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

La versión fue divulgada en un comunicado de la institución, que reprodujo detalles de la declaración atribuida al detenido. Según ese documento, Valdez García relató que entró cerca de las 00:30 a la habitación donde dormían las víctimas con un machete.

El comunicado policial señala que el hombre cortó la cuerda que sostenía el mosquitero de la cama. Jasmina López Castro despertó e intentó levantarse, de acuerdo con el relato presentado por las autoridades nicaragüenses. En ese momento, el sospechoso la habría atacado con el arma.

La niña dormía junto a su madre al momento del ataque

La Policía indicó que el detenido reconoció haber continuado la agresión contra su cónyuge. El documento añade que dijo haberle causado una nueva herida para asegurarse de que no sobreviviera.

La hija de la pareja, Belkania Balezka Valdez López, dormía en la misma cama que su madre. La niña también sufrió heridas mortales durante el ataque, según la confesión que la institución atribuyó a Valdez García.

El comunicado no especifica las edades de Jasmina López Castro ni de la menor. Tampoco informa sobre antecedentes de violencia intrafamiliar, denuncias previas o el posible móvil del crimen.

El sospechoso dejó el machete bajo la cama y huyó a pie

Tras el ataque, el detenido habría dejado el arma debajo de la cama y escapado a pie hacia una zona montañosa, siempre de acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Nicaragua.

La versión oficial señala que, cerca de las 06:00, Valdez García llegó a Liberia, donde compró un café. Después abordó un autobús que se dirigía a Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

El hombre afirmó que ingresó a Nicaragua por un paso no habilitado, según el comunicado. Luego habría continuado el trayecto en transporte colectivo hasta Managua y, desde allí, se dirigió a Matagalpa.

La Policía situó su llegada a esa ciudad alrededor de las 17:00 del mismo sábado, casi 17 horas después de la hora en que habría comenzado el ataque en la vivienda de Liberia.

Una llamada a una vecina alertó sobre las muertes

Una vez en Matagalpa, Valdez García llamó a una vecina, a quien identificó solo como Carmen, según la nota de prensa. Durante esa comunicación, le habría confesado que había matado a su esposa y a su hija.

También le pidió que se dirigiera a la vivienda junto con las autoridades para retirar los cuerpos y evitar su descomposición, de acuerdo con el reporte policial.

La institución nicaragüense presentó esa llamada como uno de los elementos de la confesión del detenido.

El caso es investigado por las autoridades a partir de la muerte de Jasmina López Castro y su hija en Liberia. La información difundida hasta el momento corresponde al comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua y a la declaración que esta institución atribuyó al sospechoso.

Durante un encuentro con diputados de la Asamblea Legislativa, Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio de Costa Rica, informó que los ciudadanos nicaragüenses concentran el 87% de las solicitudes de protección internacional que recibe esa dependencia. Diario La Prensa publicó que Nicaragua encabeza las nacionalidades de personas que solicitan refugio en el país vecino.

Después de Nicaragua se ubican Cuba, Venezuela y Colombia, de acuerdo con la respuesta que dio Molina a una consulta de un legislador. La funcionaria indicó que la Unidad regula las citas para nuevas solicitudes según su capacidad de atención, pese a que mantiene una demanda elevada.

Costa Rica recibe entre 25,000 y 30,000 solicitudes nuevas por año de ciudadanos nicaragüenses, de acuerdo con la jefa de la Unidad de Refugio.

El sistema limita la cantidad de citas disponibles por la capacidad operativa de la oficina, no por la falta de personas interesadas en iniciar el trámite.

El volumen de trámites aumentó tras los hechos de abril de 2018

Molina relacionó el incremento de solicitudes con los hechos ocurridos en Nicaragua en abril de 2018. Antes de ese momento, la oficina costarricense recibía aproximadamente 3,000 pedidos de refugio al año, una cifra que luego aumentó de forma acelerada debido a la llegada de personas que buscaban protección.

La dependencia llegó a recibir 84,000 solicitudes en un año, según indicó la funcionaria durante el encuentro con los diputados. Ese fue el mayor volumen anual mencionado por Molina y reflejó el cambio en la carga de trabajo de la Unidad de Refugio desde el inicio de esa etapa.

“Nicaragua el 87 por ciento de solicitudes”, respondió Molina ante la pregunta sobre las nacionalidades que más piden refugio, según recogió Diario La Prensa. La funcionaria agregó que los casos de Cuba, Venezuela y Colombia siguen a los de ciudadanos nicaragüenses, aunque el material no detalla el porcentaje correspondiente a cada uno de esos países.

La normativa contempla seis causas de persecución

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) evalúa las solicitudes de refugio con base en las causales previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El marco incluye la persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo determinado.

Costa Rica añadió además el género como causa de persecución para el análisis de los pedidos de protección. La información expuesta por Molina no precisa cómo se distribuyen los expedientes de ciudadanos nicaragüenses entre esas distintas causales.

La entrevista de elegibilidad puede extenderse hasta 30 minutos, según las características de cada caso. Ese paso forma parte del procedimiento que sigue la Unidad de Refugio antes de emitir una decisión sobre el reconocimiento o la denegación de la solicitud.

La jefa de la dependencia también se refirió al período de espera para obtener una resolución. Molina señaló que un informe de la Contraloría calculó un plazo de 537 días desde la presentación de una solicitud hasta su definición.

Según explicó la funcionaria, la institución intentó acortar ese plazo mediante la resolución de los expedientes más antiguos de solicitantes de otras nacionalidades. La oficina mantiene la prioridad sobre los casos de Nicaragua debido a que constituyen la mayor parte de los trámites que recibe.

Los registros de 2025 muestran la cantidad de casos atendidos

Los registros de la DGME correspondientes a 2025 indican que Costa Rica recibió 23,044 nuevas solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses durante ese período. El dato muestra que Nicaragua siguió siendo el principal origen de los pedidos tramitados por la Unidad de Refugio.

Durante ese mismo año, las autoridades reconocieron 902 solicitudes y denegaron 1,048. La información disponible no especifica cuántos de esos casos correspondían a personas nicaragüenses ni detalla la cantidad de expedientes que seguían pendientes al concluir el período.

La Unidad de Refugio cuenta con formularios en español, inglés, francés y miskito. También dispone del apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para acceder a intérpretes cuando son necesarios durante la atención de las personas solicitantes.

La oficina expuso sus necesidades de personal y presupuesto

Molina señaló que la disponibilidad de personal es una de las necesidades de la Unidad de Refugio. La oficina pasó de tener 43 trabajadores a contar con 36, una reducción que la funcionaria vinculó con el impacto de los recortes realizados por Estados Unidos a Naciones Unidas.

Del total actual, 16 puestos corresponden a abogados y 20 a personal administrativo. La jefa de la dependencia manifestó que, en octubre, no sabía si Acnur podría mantener el financiamiento de esas plazas.

El diputado Antonio Trejos Maraziegos afirmó a Diario La Prensa que la visita permitió revisar la situación de la oficina, los expedientes que tramita, las cargas laborales y las deficiencias de presupuesto y capacidad operativa. También mencionó el trabajo desarrollado por el personal de la Unidad de Refugio.

“Podemos verificar la situación”, sostuvo Trejos Maraziegos ante el diario. El legislador indicó que los datos obtenidos servirán para continuar el análisis presupuestario y de fondo sobre el funcionamiento de la dependencia.

El diputado planteó que ese análisis busca dar a Costa Rica mejores herramientas para atender a quienes solicitan refugio y para aplicar sus políticas migratorias.

El reconocido preparador de reinas y conocido internacionalmente como el «Zar de la Belleza», Osmel Sousa, vuelve a acaparar la atención de los fanáticos de los certámenes de belleza al compartir sus impresiones y análisis sobre las candidatas que compiten por la corona de Miss Universo.

A través de sus plataformas digitales, particularmente en su cuenta oficial de TikTok. Dentro de su exhaustiva evaluación, el especialista definió un selecto grupo de once candidatas iniciales con verdadero potencial para destacar en las etapas finales del certamen.

Dentro de ese selecto grupo de once predilectas, la representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, capturó de manera especial la atención de Sousa.

El analista no dudó en incluir a la reina nicaragüense entre las competidoras más llamativas del continente americano, señalando que reúne atributos físicos y de proyección escénica que la hacen resaltar frente al resto del grupo.

Al referirse a la delegada nicaragüense, Sousa destacó de entrada su estampa y presencia física. Comentó que cuenta con una excelente estatura, un factor indispensable en la pasarela internacional para proyectar elegancia y seguridad.

Asimismo, resaltó que la candidata posee un estilo moderno y dinámico que no pasa desapercibido, cualidades que le fueron reiteradas y comentadas por la propia representante venezolana, Clara, durante sus conversaciones previas.

Aunque fiel a su acostumbrada franqueza Sousa lanzó una pequeña observación estética sobre sus rasgos expresivos, comentando con su característico toque humorístico algunos detalles de su rostro, inmediatamente enfatizó que su propuesta visual, su soltura al caminar y su gran porte la convierten en una concursante de alto impacto.

A pesar de que Nicaragua formó parte de su calificado Top 11 inicial, junto a delegadas de Etiopía, España, Brasil y Cuba, Osmel Sousa decidió ajustar su pronóstico en una segunda fase de evaluación, reduciendo su lista a un grupo central de seis grandes favoritas donde ubica a las candidatas con mayor solidez para disputar la corona:

• Venezuela
• Francia
• Chile
• Filipinas
• Puerto Rico
• Colombia.

La preparación de Blandford y el reto de continuar con la racha triunfal

El Zar de la Belleza aclaró que estas listas no son definitivas y sufren modificaciones constantes conforme transcurren los días de concentración oficial. Para el experto, la verdadera prueba de fuego comienza cuando las candidatas conviven en el día a día, enfrentan entrevistas con el jurado y demuestran su desenvolvimiento en la pasarela.

La evolución de la representante de Nicaragua durante las actividades previas será determinante para reingresar al grupo de máxima preferencia y consolidar su camino hacia la noche final del certamen.

No obstante, de momento la preparación de la representante de Nicaragua no ha sido fruto de la casualidad, sino de un trabajo arduo enfocado en pulir cada detalle técnico, desde el vestuario hasta el dominio escénico y la oratoria.

Esta rigurosa disciplina ubica a la candidata en una posición sumamente favorable para mantener viva la racha de clasificaciones en el ansiado Top 20 de Miss Universo, una gesta que cobró una relevancia histórica tras el triunfo rotundo de Sheynnis Palacios al coronarse como la mujer más bella del planeta.

El fenómeno generado por Sheynnis no solo posicionó a Nicaragua en el mapa global de los concursos de belleza, sino que elevó de manera considerable la vara de exigencia para sus sucesoras, obligándolas a presentar una propuesta competitiva, auténtica y con un mensaje contundente.

El sólido desempeño mostrado hasta la fecha confirma que la delegada centroamericana cuenta con el temple, la preparación estratégica y el carisma necesarios para asumir esa enorme responsabilidad. Con el respaldo de una preparación de primer nivel y los reflectores internacionales puestos sobre la banda nicaragüense, la aspirante sueña con superar los filtros competitivos y asegurar un lugar en la fase final de la noche de coronación.

Ortega y Murillo eliminaron la figura histórica del vicepresidente en Nicaragua. En su lugar, la Asamblea Nacional creó este jueves el cargo de “designados presidenciales”, según informó La Prensa.

El cambio llega después de más de 20 meses sin que el régimen nombrara a ningún vicepresidente, pese a que las reformas de 2025 ya habilitaban esa figura.

La última persona en ocupar el cargo de vicepresidenta fue Rosario Murillo, antes de ser ascendida a “copresidenta” en las reformas de 2025.

Con ese movimiento, la maquinaria orteguista había dejado abierta la posibilidad de que no fuera una sola persona, sino varias, las que pudieran ocupar vicepresidencias.

Qué cambia el artículo 126 de la Constitución

La reforma aprobada este jueves modifica el artículo 126 de la Constitución Política. El texto anterior establecía que “la Presidencia podrá nombrar las y los vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen, los que gozarán de inmunidad”.

La nueva redacción elimina esa mención y la reemplaza: “la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”, según el texto citado por La Prensa.

La reforma entrará en vigencia tras su aprobación en segunda legislatura y su publicación en La Gaceta.

El cambio se produce en un contexto regional en el que otros países, como Honduras, mantienen la figura de tres designados presidenciales en lugar de un vicepresidente único, un modelo que podría haber inspirado el ajuste nicaragüense.

La hipótesis sobre la salud de Ortega

Para el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), la decisión de eliminar la figura de vicepresidente podría estar relacionada con la salud del dictador Daniel Ortega y con la designación, por la vía constitucional, de su hijo Laureano Ortega Murillo para temas específicos de política exterior.

“Eso podría también ser una movida de parte de Ortega con esta designación y finalmente también una explicación desde el punto de vista de imagen a su propia militancia de que no es lo mismo un designado que un vicepresidente, aunque tenga las mismas funciones y la forma de selección sea la misma, pero ya el concepto, el nombre es diferente”, expuso Chamorro ante La Prensa.

Al coordinador de CxL le llamó la atención que esta nueva reforma se haya tramitado de carácter individual. El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional ya había aprobado en primera legislatura otra modificación a la Carta Magna que elimina la participación de la oposición en las elecciones y extiende el período de gobierno de seis a siete años.

“Que sea una reforma de carácter individual, estando en medio de reformas constitucionales, indica que algo efectivamente está motivando el cambio”, señaló Chamorro al diario.

Información reciente de otros medios nicaragüenses aporta contexto adicional a esa hipótesis. Según un reportaje de Nicaragua Investiga basado en un informe del Hudson Institute, centro de análisis político con sede en Washington, Ortega, de 80 años, solo registró ocho apariciones públicas en lo que va de 2026 y las menciones a su nombre en el discurso oficial cayeron al 39%, el nivel más bajo desde que gobierna.

Un nuevo reparto de poder para la Procuraduría

El mismo jueves, los diputados aprobaron “por unanimidad” otra norma: la Ley de Adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de Reforma al Decreto Ejecutivo número 31-2002, que regula La Gaceta, Diario Oficial.

Con este cambio, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pasará a llamarse solo “Secretaría Jurídica” y quedará adscrita, junto con La Gaceta, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De acuerdo con una publicación del oficialista Canal 8, citada por La Prensa, la Secretaría Jurídica mantendrá entre sus funciones la formulación y modificación de propuestas legales, la elaboración de acuerdos presidenciales de nombramientos, destituciones y traslados, la redacción de iniciativas de ley presentadas por la Presidencia y la tramitación de recursos de apelación administrativa.

La PGJ, encabezada por la procuradora general de justicia Wendy Morales, supervisará además los informes mensuales de gestión de La Gaceta, resolverá asuntos sobre la gratuidad y prioridad de publicaciones y autorizará el tiraje, el número de páginas y las impresiones extraordinarias.

La entidad también asumirá la administración, custodia y uso de todos los bienes patrimoniales, financieros, sistemas informáticos y acervo documental pertenecientes a ambas instancias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) será el facultado para realizar los ajustes presupuestarios y financieros que exige el traspaso.

Una reforma que se suma a meses de cambios institucionales

El rediseño del artículo 126 no ocurre de forma aislada. Según detalló la agencia estatal Prensa Latina, la Asamblea Nacional llevó adelante este año un proceso de consulta sobre otras reformas constitucionales en el que participaron más de 500 mil nicaragüenses, según cifras oficiales difundidas por la vicepresidenta del Parlamento, Arling Alonso.

Esas reformas paralelas, aprobadas en primera legislatura tras 36 días de consultas, establecen que ninguna ley de otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua y fijan en siete años los períodos de los cargos de elección popular, además de los correspondientes a las jefaturas del Ejército y la Policía.

Su discusión final en segunda legislatura está prevista para enero de 2027.

La sucesión de cambios constitucionales se produce mientras crece la presión internacional sobre el régimen. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre una resolución con 32 votos a favor que exige, entre otros puntos, la liberación de presos y la derogación de las reformas impulsadas por Ortega y Murillo en los últimos años.

Nicaragua figura entre las cinco peores naciones del mundo en Estado de derecho, según el Índice Global que publicó este 21 de octubre el World Justice Project (WJP), organización independiente dedicada a promover el Estado de derecho.

El país quedó en el puesto 139 de 143 naciones evaluadas, apenas por delante de Afganistán y Venezuela, según informó El Confidencial de Nicaragua.

El dato llega apenas unos días después de que la ONU documentara 161 casos de desaparición forzada en el país desde 2018, con 29 de ellos aún activos hasta agosto pasado.

Camboya, Haití, Afganistán y Venezuela en el fondo de la tabla

Detrás de Nicaragua se ubican Camboya, en el puesto 140; Haití, en el 141; Afganistán, en el 142, y Venezuela, que cierra la lista en el último lugar entre los 143 países medidos.

El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, resumió el diagnóstico global: “El autoritarismo ya no es simplemente una tendencia emergente, sino que se ha afianzado en muchas partes del mundo.”

El índice evalúa anualmente a 143 países según ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Cuanto más bajo el puesto, mayor el deterioro institucional detectado.

El WJP precisó que el 62% de los países evaluados registró retrocesos este año. Los descensos superan en número a las mejoras por noveno año consecutivo, un patrón que la organización describe como una “recesión global del Estado de derecho”.

La concentración de poder bajo Ortega y Murillo, en la mira internacional

El posicionamiento de Nicaragua en el índice coincide con un giro reciente en la forma en que otras plataformas describen al país. En octubre, los motores de búsqueda de Google comenzaron a clasificar a Nicaragua como una “dictadura” y a definirla como una república donde impera el autoritarismo, según documentó El Confidencial de Nicaragua.

La ficha coincide con años de denuncias de organismos de derechos humanos sobre la concentración de poder bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ese deterioro institucional tiene correlato en hechos recientes. A mediados de octubre, 47 Estados encabezados por Costa Rica condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo que calificaron de colapso democrático en Nicaragua, luego de que Ortega y Murillo anunciaran que no habrá más elecciones con participación de partidos opositores.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó en ese mismo foro un informe que documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5,500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua verificó 161 casos de desaparición forzada desde ese año y ocho muertes bajo custodia estatal atribuidas a tortura, negligencia o maltrato.

Entre esos casos figura el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que murió el 30 de mayo pasado tras casi tres años de detención arbitraria.

El Consejo de Derechos Humanos decidió evaluar en junio de 2027 posibles pasos adicionales ante lo que calificó como una falta de cooperación persistente por parte del Gobierno nicaragüense.

Uruguay lidera la región; Dinamarca, el mundo

En el plano regional, el panorama latinoamericano también mostró señales de retroceso. Panamá se ubicó en el puesto 14 de los 32 países de América Latina y el Caribe evaluados, en una región donde 19 de los 32 países registraron un retroceso este año, 13 de los cuales ya habían caído el año anterior.

Uruguay encabezó el desempeño regional al ubicarse en el puesto 22 a nivel mundial, seguido de Costa Rica y Barbados. En el extremo opuesto de la tabla latinoamericana se repiten Nicaragua, Haití y Venezuela, los mismos tres países que ocupan las últimas posiciones del índice global.

A escala planetaria, Dinamarca encabezó el índice como el país mejor clasificado, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, todas naciones del norte de Europa.

Una recesión del Estado de derecho con pocas excepciones

El informe del WJP no es uniformemente sombrío. La organización destacó que la justicia civil y su accesibilidad económica mejoraron en el 54% de los países evaluados, un dato que contrasta con la tendencia general al deterioro.

Pese a esa mejora puntual, el estudio advirtió que persiste en la mayoría de los países una carencia de libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la vigilancia ciudadana sobre los gobiernos.

Más del 86% de las naciones sufrieron, según el WJP, un deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardas contra el autoritarismo: los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto o los derechos fundamentales.

Ese diagnóstico ubica a Nicaragua no como un caso aislado, sino como parte de una tendencia que el propio WJP describe como global.

Sin embargo, el país centroamericano repite entre las últimas posiciones de forma consistente, un patrón que coincide con los señalamientos recientes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre la situación institucional del país.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027, que contempla un superávit global de USD 734.4 millones, equivalente al 2.8% del producto interno bruto (PIB) del país.

La iniciativa prevé ingresos por 195.136,7 millones de córdobas (USD 5.327,9 millones) y gastos por 168.238 millones de córdobas (USD 4.593,5 millones), según expuso Reyes durante su comparecencia ante el Parlamento.

La diferencia entre ambos rubros arroja un excedente de 26.898,7 millones de córdobas. El monto representa el 13,8% de los ingresos totales que el régimen espera recaudar durante el próximo ejercicio fiscal.

“Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias”, afirmó el titular del banco emisor estatal, según EFE.

Los ingresos tributarios concentrarán el 94% de la recaudación

El proyecto enviado al Legislativo calcula que los ingresos de 2027 serán 13,6% superiores a los previstos inicialmente en el presupuesto de 2026. La principal fuente de recursos serán los tributos, con una proyección de USD 5.010,1 millones.

Esa cifra representa el 94% del total de los ingresos estimados. En relación con el tamaño de la economía, los recursos previstos equivalen al 20,6% del PIB, indicó Reyes ante los diputados.

El presupuesto de gastos, en tanto, registraría un incremento interanual de 0,9% frente a la asignación aprobada para 2026. Del total previsto para el próximo año, el 32,1% se destinará a gasto corriente y el 67,9% a gasto de capital.

Los desembolsos presupuestados para 2027 equivalen al 17,7% del PIB. La mayor parte de los fondos se concentrará en inversiones de capital, según el desglose presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua.

El régimen prevé un crecimiento económico de 3,7% en 2027

Reyes explicó que el proyecto se elaboró con una previsión de crecimiento económico de 3,7% para 2027. El cálculo oficial también contempla una inflación anual de 3%, una tasa de ocupación de 97% y un deslizamiento de 0% de la moneda nacional frente al dólar.

El funcionario señaló que el régimen espera que el sistema financiero mantenga su expansión, con aumentos tanto en los depósitos como en la cartera de créditos.

“Prevemos que el sistema financiero continúe acompañando este dinamismo, con los depósitos y el crédito creciendo”, sostuvo Reyes. Añadió que las previsiones oficiales fijan un precio de USD 97 por barril de petróleo y la continuidad de la estabilidad en el tipo de cambio oficial.

Para este año, las estimaciones del banco emisor sitúan la expansión de la economía de Nicaragua entre 3,5% y 4,5%, mientras que la inflación anual podría ubicarse entre 2,5% y 3,5%.

Las cifras oficiales indican que el PIB nicaragüense creció 4,9% en 2025. El nuevo presupuesto toma como referencia esa evolución y las proyecciones macroeconómicas elaboradas por las autoridades monetarias y fiscales.

El Parlamento deberá aprobar el presupuesto antes del 15 de diciembre

Tras su presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto fue remitido a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que deberá analizarlo y emitir un dictamen para su posterior tratamiento legislativo.

La normativa nicaragüense establece que el Presupuesto General de la República debe recibir aprobación antes de que concluya el actual período legislativo, previsto para el 15 de diciembre.

El 75% nicaragüenses que participaron en una consulta ciudadana publicada este miércoles y realizada en septiembre de 2026, asegura detectar vigilancia o control en su entorno, principalmente por parte de estructuras vinculadas al oficialismo, vecinos, paramilitares y agentes policiales.

El dato pertenece a la más reciente Consulta Ciudadana de Hagamos Democracia NIC-CR, una organización que desde diciembre de 2022 realiza mediciones periódicas sobre las condiciones económicas, sociales y políticas de Nicaragua.

El informe correspondiente a septiembre de 2026 muestra que la vigilancia no se percibe únicamente como una actividad de las instituciones de seguridad, sino también como una práctica que involucra a personas cercanas, estructuras partidarias y funcionarios públicos.

De las 400 personas consultadas, 302 afirmaron detectar vigilancia o control en su entorno, equivalentes al 75,5 % del total. Otras 72 personas, el 18 %, respondieron que no perciben esas prácticas, mientras que 26, el 6,5 %, dijeron no saber o prefirieron no responder. Al excluir estas últimas respuestas, el porcentaje de quienes reconocen vigilancia asciende al 80,7 %.

La consulta constituye la decimosexta ronda de un ejercicio que Hagamos Democracia desarrolla periódicamente desde diciembre de 2022. En esta ocasión reunió 400 respuestas válidas procedentes de 40 unidades territoriales, incluidos distintos distritos de Managua, mediante un formulario de 54 preguntas sobre economía, migración, seguridad, participación política, condiciones electorales y libertades ciudadanas.

El estudio tiene un diseño descriptivo y no probabilístico, por lo que sus resultados corresponden exclusivamente a las personas participantes y no pueden extrapolarse estadísticamente a toda la población nicaragüense.

Tampoco permite establecer un margen de error muestral ni demostrar por sí solo que la vigilancia efectivamente se haya extendido en el país. Su principal aporte consiste en documentar percepciones y compararlas con consultas anteriores cuando las preguntas y sus bases son equivalentes.

Al profundizar sobre quiénes ejercen la vigilancia, las respuestas apuntan principalmente a estructuras políticas y personas que operan dentro de las propias comunidades.

Entre los 302 participantes que afirmaron detectar vigilancia, 185 señalaron a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) u otras estructuras partidarias, equivalentes al 61,3 % de ese grupo.

En segundo lugar, aparecen los vecinos o informantes, mencionados por 148 personas, el 49 %. Les siguen los paramilitares, señalados por 145 participantes, el 48 %, mientras que 117 identificaron a la Policía Nacional, el 38,7 %, y 102 a funcionarios públicos, el 33,8 %.

Las respuestas permitían seleccionar más de un responsable, por lo que los porcentajes no suman cien. El resultado muestra que, entre quienes perciben vigilancia, las estructuras partidarias y las relaciones vecinales tienen una presencia más destacada que las instituciones policiales, aunque estas también figuran entre los actores señalados.

“Lo más crítico, más allá de que la cifra es alta, porque el 80.7 % detecta vigilancia, es de dónde viene esa vigilancia”, señala Jesús Téfel, presidente de Hagamos Democracia. “A lo largo de los meses ha sido consistente que la gente percibe como principal fuente de vigilancia a las estructuras partidarias o los CPC. En segundo lugar, aparecen los vecinos o informantes”.

“Cuando la gente percibe que quien la vigila puede ser su propio vecino o la persona que está cruzando la calle, aumenta la sensación de autocensura, porque tiene que cuidar su comportamiento diario. Siente que la están observando en todos los ámbitos de su vida cotidiana”, añade.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, describió en su informe de 2025 una estructura de vigilancia que incorpora instituciones estatales, organizaciones políticas del Frente Sandinista y grupos armados progubernamentales.

Los expertos señalaron que el aparato estatal había consolidado una extensa red de vigilancia e inteligencia que permitía identificar y perseguir a personas consideradas opositoras. La investigación también documentó la participación de actores no estatales en el funcionamiento de ese sistema.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 2025, advirtió que Nicaragua continuaba bajo un estado policial caracterizado por la vigilancia, el control y la represión contra personas percibidas como opositoras al Gobierno.

La reciente consulta de septiembre también examinó las formas de control político que los participantes conocen dentro de las instituciones del Estado. De las 400 personas entrevistadas, 112 afirmaron tener familiares que trabajan en alguna dependencia pública, y a ellas se les preguntó sobre las prácticas de represión laboral de las que habían escuchado hablar.

El resultado más elevado correspondió a la asistencia obligatoria a actividades partidarias, mencionada por 96 personas, el 85,7 % de ese grupo. Otras 48, equivalentes al 42,9 %, señalaron vigilancia de las redes sociales de los trabajadores públicos.

También se mencionaron despidos o amenazas de despido, con el 33,9 %; intimidación o amenazas, con el 32,1 %; asistencia obligatoria a entrenamientos o actividades político-militares, con el 28,6 %, y revisión de teléfonos celulares, con el 17 %.

El estudio también aborda las formas de vigilancia que pueden desarrollarse mediante redes sociales, cuentas electrónicas y teléfonos celulares. Esta sección fue aplicada específicamente a 98 participantesque habían respondido que no detectaban vigilancia en su entorno o que no habían expresado una posición sobre esa pregunta.

De ellos, 63, equivalentes al 64,3 %, dijeron no haber detectado vigilancia digital y otros 16, el 16,3 %, prefirieron no responder. Entre las situaciones mencionadas aparecen perfiles falsos que solicitan información privada, con 14 casos; intentos de hackeo, con seis; suplantación de identidad, con cinco; amenazas u hostigamiento en redes sociales, con dos, y revisión o confiscación de dispositivos, con uno.

El informe aclara que estos resultados corresponden únicamente a ese grupo de 98 personas y no permiten determinar la proporción general de participantes que han experimentado vigilancia digital.

En agosto pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró en Managua el Centro de Monitoreo, Alerta y Respuesta “Momotombo”, una infraestructura financiada por China y valorada en más de 42 millones de dólares. Según la información oficial, el complejo incorpora cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones de monitoreo sísmico y volcánico, así como sistemas de alerta para emergencias.

Aunque el Gobierno presentó el proyecto como un avance tecnológico para la prevención de desastres y la atención de emergencias, la incorporación de equipos de vigilancia plantea interrogantes sobre sus posibles usos en un país donde distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado mecanismos de control político y seguimiento a la ciudadanía.

La preocupación por estas prácticas también aparece en investigaciones internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló en su Informe Anual 2025 que el monitoreo de redes sociales y comunicaciones en Nicaragua ha generado un clima de autocensura, en el que las personas evitan expresar opiniones críticas por temor a represalias.

El organismo advirtió, además, que la vigilancia constituye un obstáculo para el ejercicio del periodismo independiente, porque puede comprometer la confidencialidad de las fuentes y desalentar a quienes desean proporcionar información a los medios de comunicación.

En marzo de 2026, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas volvió a advertir sobre la existencia de una estructura de vigilancia que trasciende las fronteras nicaragüenses y alcanza a personas exiliadas. Según sus investigaciones, esa red involucra a distintas instituciones estatales y desarrolla actividades de monitoreo e intimidación fuera del país.

“El sistema de vigilancia del régimen funciona como una pirámide. En la cúspide están los dos copresidentes o las cabezas de las estructuras de vigilancia e inteligencia. Hacia abajo se extiende toda una estructura en la que la lealtad se impone mediante el mismo terror”, describe Téfel.

“Mucha gente pasa información sobre sus vecinos para evitar salir afectada. En otros casos lo hacen por fanatismo. Pero pertenecer a las estructuras de vigilancia del régimen no garantiza que no te vaya a pasar nada ni que vos mismo no estés siendo vigilado”, apunta.

La propia consulta de Hagamos Democracia representa un desafío a ese circuito de vigilancia y control que ha establecido la dictadura de Nicaragua. “Las encuestas se realizan por teléfono, pero a través de una red territorial de personas que están dentro de Nicaragua. Los encuestadores no llaman aleatoriamente ni contactan a desconocidos, sino a personas con las que existe algún vínculo de confianza”, explica.

“Además, toda la información que recibimos es anónima. Durante toda la cadena de transmisión de los datos se protege la identidad de los participantes y no revelamos información que permita identificarlos”, indica Téfel.

“Las personas que realizan las encuestas también adoptan sus propias medidas de seguridad, entre ellas no divulgar que participan en este trabajo. Quienes damos la cara públicamente por estas investigaciones somos los que estamos fuera del país”, señala el presidente de Hagamos Democracia, quien dice que “en los varios años que llevamos realizando estas encuestas nunca hemos tenido un incidente de seguridad”.

El Ejército de Nicaragua informó este miércoles la incautación de 499 paquetes rectangulares de cocaína dentro de una embarcación interceptada en el océano Pacífico, frente al departamento de Managua. El operativo, según la institución militar, concluyó con la retención de un hombre de 59 años, mientras otros dos ocupantes escaparon tras arrojarse al agua.

La citada acción ocurrió el 20 de octubre en un operativo entre tropas del Distrito Naval Pacífico y del Segundo Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval junto con efectivos de la Policía Nacional. La operación tuvo como objetivo una embarcación llamada “Nazareth”, que navegaba de sur a norte frente a las costas nicaragüenses.

Según la versión oficial, las unidades de superficie detectaron a la embarcación a 1.5 millas náuticas al oeste de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. A su vez, el Ejército señaló que la lancha intentó evitar la intercepción tras advertir la presencia de los patrullajes navales.

La institución castrense afirmó que sus tropas efectuaron disparos de advertencia a la altura de playa Salamina. Después de esa maniobra, los militares lograron detener a Segundo U. de 59 años, quien se encontraba a bordo de la embarcación.

Por su parte, los otros dos ocupantes de la lancha se lanzaron al mar y abandonaron la embarcación, según la citada nota de prensa. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni informaron si desplegaron una búsqueda posterior para localizarlos.

Las autoridades encontraron droga y tres barriles de combustible a 15 millas de Masachapa

Durante la inspección de la lancha, las fuerzas de seguridad encontraron un total de 499 paquetes rectangulares de cocaína y tres barriles de combustible, informó el Ejército. El texto oficial no indicó el peso total de la sustancia ni precisó si los paquetes fueron sometidos a pruebas de laboratorio.

A su vez, la embarcación fue localizada en coordenadas situadas a 15 millas náuticas al noroeste de Masachapa, localidad costera del municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua. Esa zona se encuentra en el litoral del Pacífico nicaragüense.

La presencia de los barriles de combustible sugiere que la lancha tenía capacidad para recorrer trayectos prolongados, aunque el comunicado no estableció el punto de partida de la embarcación ni su posible destino. Tampoco informó si la nave tenía matrícula visible o documentación de navegación.

El Ejército señaló que el detenido, la droga, la lancha y los demás elementos ocupados quedaron a disposición de las autoridades competentes. El documento no menciona qué institución asumió la investigación ni si la Policía Nacional abrió un expediente por el caso.

Por el momento, no hay información oficial sobre la procedencia del cargamento, la ruta que habría seguido la embarcación o eventuales vínculos con una estructura de narcotráfico. Tampoco se conoce el valor estimado de la cocaína decomisada.

Las autoridades responsables deberán determinar el peso, la pureza y el origen de la sustancia encontrada en la “Nazareth”, así como la identidad de los dos hombres que, según el Ejército, abandonaron la lancha durante la persecución.

La Policía Nacional de Nicaragua capturó este miércoles 21 de octubre de 2026 a Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, señalado como autor del femicidio de su esposa, Jasmina López Castro, y del parricidio de su hija, Valeska Valdez López, de nueve años, ocurridos cuatro días antes en Liberia, Costa Rica. El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales nicaragüenses para ser procesado por crimen atroz, informó la institución.

La detención se produjo en la finca La Aurora, en la comunidad La Fundadora, departamento de Jinotega, donde el hombre presuntamente se ocultaba después de eludir a la Justicia costarricense. Las víctimas eran de nacionalidad nicaragüense.

Los homicidios ocurrieron el sábado 17 de octubre en la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste. La Policía Nacional sostuvo que Valdez García ingresó a Nicaragua tras el doble crimen con la intención de refugiarse en zonas rurales del norte del país.

La captura en una finca de la comunidad La Fundadora

Las autoridades nicaragüenses indicaron que la ubicación del sospechoso fue posible mediante labores de búsqueda e inteligencia. El organismo lo mantiene bajo custodia policial mientras avanza su remisión ante la Justicia.

La institución describió el caso como un crimen de extrema crueldad y señaló que la muerte de una menor de edad convirtió al detenido en una amenaza para la seguridad ciudadana. También afirmó que Nicaragua no será refugio para quienes atenten contra la vida e integridad de mujeres y niños.

Antes de desaparecer, el sospechoso acudió a la casa de una vecina para pedirle que avisara a las autoridades, bajo el argumento de que había encontrado sin vida a su esposa y su hija. Cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron a la vivienda, ya no estaba en el lugar.

Una testigo declaró que el hombre se comunicó por teléfono para solicitar la intervención policial durante el levantamiento de los cuerpos, de acuerdo con Noticias Trivisión.

Los antecedentes de agresividad bajo evaluación judicial

Entre los elementos que analizaba el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica figuraba una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de los asesinatos. Según esa información, el hombre habría golpeado a Jasmina López Castro en la cabeza con una pala.

Las fuerzas de seguridad costarricenses habían desplegado retenes, revisiones de autobuses, motocicletas y vehículos particulares, además de rastreos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas. La búsqueda se concentró especialmente en la zona norte del país ante la posibilidad de que hubiera cruzado la frontera hacia Nicaragua.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, había afirmado que las autoridades no descansarían hasta poner al sospechoso a disposición de los tribunales. La captura en Jinotega se produjo después de ese operativo y del pedido de colaboración para localizarlo.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Las 12 universidades públicas de Nicaragua recibirán 10,215.2 millones de córdobas (USD 275.8 millones) en 2027, de acuerdo con la asignación prevista en el Presupuesto General de la República. El monto equivale al 5.2% de los ingresos proyectados para ese año.

La partida queda por debajo del 6% establecido en el artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó que la diferencia no será transferida a las casas de estudio, según publicó Confidencial.digital.

Los ingresos ordinarios y extraordinarios proyectados para 2027 ascienden a 195,136.7 millones de córdobas (USD 5,268.7 millones). Si se aplicara el porcentaje constitucional, las universidades recibirían 11,708.2 millones de córdobas (USD 316.1 millones), por lo que la diferencia prevista es de 1,493 millones de córdobas (USD 40.3 millones).

El 6% para las universidades está previsto en la Constitución

El artículo 114 dispone que las universidades reciban el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios calculados en el presupuesto nacional. Para 2027, la asignación anunciada representa una proporción menor a la establecida por esa norma.

La revisión de partidas presupuestarias publicada por Confidencial.digital indica que la asignación se mantiene por debajo de ese porcentaje desde 2021.

Entre ese año y 2024, los recursos destinados a las universidades representaron el 4.8% de los ingresos presupuestados en cada ejercicio.

El cambio coincidió con una intervención política sobre los centros de educación superior. El proceso derivó en el cierre de unas 28 universidades privadas y en la confiscación de sus campus.

Después de esos cierres, se crearon universidades públicas en inmuebles de instituciones que antes recibían parte de la partida constitucional. Algunas de las nuevas entidades también incorporaron estudiantes procedentes de centros clausurados.

La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA) agrupó a estudiantes de al menos cuatro universidades cerradas. La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL) también asumió parte de esa matrícula.

Según la revisión histórica difundida por el medio, el monto que no fue destinado a las universidades durante el período de seis años analizado alcanzó 9,884 millones de córdobas (USD 266.9 millones). A esa cifra se añadirá la diferencia programada para 2027.

La mayor diferencia entre el 6% y la partida ocurrió en 2025

En 2025, la asignación que habría correspondido al 6% fue de 10,005.4 millones de córdobas (USD 270.1 millones). El presupuesto fijó para las universidades 7,591.8 millones de córdobas (USD 205 millones).

Las instituciones recibieron finalmente 6,532 millones de córdobas (USD 176.4 millones). El desembolso representó el 3.9% de los ingresos presupuestados para ese ejercicio.

La proporción fue menor al compararla con los ingresos efectivos, que superaron los 180,045 millones de córdobas. El texto atribuye ese resultado a una mayor recaudación tributaria y a una baja ejecución del gasto.

Antes de 2021, las universidades recibían una proporción ligeramente superior al 6% de los ingresos presupuestados. En ese momento, eran menos las instituciones públicas que dependían de los fondos contemplados en la partida constitucional.

La ejecución de los fondos fue distinta entre las instituciones

La UNMRMA fue la única universidad que ejecutó la totalidad de su presupuesto en 2025. Las demás instituciones que reciben fondos de la partida constitucional registraron una ejecución promedio del 89%.

La Secretaría Técnica para la Atención de las Universidades, antes denominada Consejo Nacional de Universidades, tenía asignados 356 millones de córdobas (USD 9.6 millones). La dependencia ejecutó el 32% de esos fondos.

El gasto realizado por esa entidad fue de 112 millones de córdobas (USD 3 millones). El material disponible no aporta más detalles sobre la ejecución de esa partida.

La UNPGGL tiene más de 6,700 estudiantes matriculados

La UNPGGL recibió dos millones de córdobas (USD 54,000) en 2025 y 1.8 millones de córdobas (USD 48,600) en 2026. La institución incorporó estudiantes de la Universidad Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua.

La universidad tiene más de 6,700 estudiantes matriculados y cuenta con campus en ocho departamentos. Parte de esa matrícula proviene de centros de educación superior que fueron clausurados.

La asignación de la UNPGGL contrasta con la de la UNFLEP de Estelí, que recibió 174 millones de córdobas (USD 4.7 millones) en 2026. Según los datos recogidos por Confidencial.digital, esa institución tiene cerca de la mitad de la matrícula informada por la UNPGGL.

La compra de electrodomésticos en Nicaragua mostró variaciones durante los primeros ocho meses de 2026, según los registros de importación del Banco Central de Nicaragua (BCN). El valor total de las compras externas fue menor que en el mismo período de 2025, aunque el volumen de productos ingresados al país aumentó.

De acuerdo con Diario La Prensa, Nicaragua pagó USD 119.08 millones por la importación de electrodomésticos hasta agosto. En igual período de 2025, la factura había sido de USD 123.15 millones, una diferencia que coincidió con resultados distintos entre las categorías de productos incluidas en las estadísticas.

El volumen importado aumentó aunque bajó la factura total

Entre enero y agosto, Nicaragua importó 21,392.7 toneladas de electrodomésticos, frente a 20,214 toneladas en el mismo lapso del año anterior. La variación representó un crecimiento de 5.83% en el volumen de bienes adquiridos en el exterior.

Las compras de cocinas alcanzaron 5,560 toneladas, por las que el país pagó USD 12.22 millones. En el período comparable de 2025, la factura de este tipo de artículos había ascendido a USD 13.54 millones.

Las lavadoras reflejaron un comportamiento cercano a la estabilidad en el valor de las importaciones. Nicaragua adquirió 2,000 toneladas por USD 23.17 millones, mientras que un año antes la factura había sido de USD 23.05 millones.

El rubro de refrigeradoras, mantenedoras y congeladores tuvo un aumento en el valor de las compras. La importación de 5,366 toneladas costó USD 29.09 millones, frente a los USD 26.69 millones registrados en igual período del año previo.

Los televisores mostraron una reducción en la factura de importación. El ingreso de 2,777 toneladas de estos productos representó un gasto de USD 27.79 millones, por debajo de los USD 31.7 millones pagados entre enero y agosto de 2025.

Un economista vinculó la demanda con las remesas familiares

Un economista que solicitó no ser identificado por temor a represalias planteó a Diario La Prensa que las remesas familiares pueden influir en la demanda de bienes duraderos, entre ellos los electrodomésticos. Según explicó, parte del dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos, España y otros países se utiliza para adquirir artículos destinados al hogar.

El especialista consideró que las deportaciones desde Estados Unidos podrían afectar el flujo de esos recursos o generar preocupación entre los hogares sobre la continuidad de los envíos. Bajo esa perspectiva, algunas familias podrían optar por postergar la compra de determinados productos.

“Las remesas juegan un papel clave en la demanda de bienes como estos”, afirmó el economista al diario. También señaló que, ante la posibilidad de que un familiar sea deportado, los hogares pueden concentrar sus recursos en alimentos o en mejoras de vivienda.

La explicación constituye una interpretación de la evolución de las importaciones y no una relación cuantificada por el BCN. Las estadísticas citadas muestran que la variación no fue uniforme: algunos productos tuvieron una reducción en la factura, mientras otros registraron un aumento.

El FMI prevé una desaceleración de las remesas en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó a Nicaragua entre las economías de Centroamérica con mayor dependencia de las remesas, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador. El organismo indicó que esos flujos pueden tener efectos sobre el consumo privado, la cuenta corriente y el crecimiento de los países receptores.

En su actualización de perspectivas globales de octubre de 2026, el Fondo señaló que las remesas se mantuvieron en niveles elevados durante los primeros cinco meses del año. Aun así, indicó que su crecimiento se moderó debido al debilitamiento de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y al aumento de las detenciones en las comunidades migrantes.

El FMI prevé que el crecimiento de las remesas en los países del CA-4 se desacelere en 2027. La proyección toma en cuenta una disminución de las transferencias enviadas por precaución y un incremento de las deportaciones de migrantes.

Durante 2025, las remesas representaron más de 20% del producto interno bruto de los cuatro países incluidos en ese análisis. Según el organismo, esa proporción duplicó el promedio recibido por esos países durante la década anterior.

El Fondo sostuvo que una parte de los recursos adicionales enviados desde Estados Unidos respondió a una conducta preventiva de los migrantes ante el endurecimiento de las medidas de control migratorio. Esa situación podría cambiar si las deportaciones y las restricciones afectan la capacidad de envío de quienes residen fuera de sus países de origen.

Nicaragua no tiene una actualización reciente sobre las remesas

El BCN no actualiza la información sobre las remesas desde abril de 2025, según el reporte citado por Diario La Prensa. Por ese motivo, no hay una cifra oficial reciente que permita determinar el monto exacto que Nicaragua recibe actualmente por esos envíos.

Las estimaciones de organismos internacionales sitúan el flujo anual cerca de USD 6,000 millones. Hasta 2024, Nicaragua había recibido USD 5,243.1 millones por remesas, de acuerdo con los datos disponibles.

En todo 2025, Nicaragua pagó USD 187.29 millones por electrodomésticos y otros bienes de uso en el hogar. Esas compras implicaron el ingreso de 32,374 toneladas al mercado nacional.

La factura de 2024 había sido de USD 181.30 millones. Los datos permiten observar cambios en el valor y el volumen de las importaciones, mientras que el efecto específico de las remesas sobre cada producto no aparece cuantificado en los registros del Banco Central.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 525 solicitudes de medidas cautelares y otorgó 129 entre 2018 y agosto de 2022. También solicitó tres medidas provisionales y ocho ampliaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a personas afectadas por la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más analiza las respuestas internacionales frente a denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos desde las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.

Según el documento, las medidas cautelares concedidas por la CIDH protegieron la vida e integridad de más de 280 personas. El organismo recibió, además, más de 399 peticiones por posibles violaciones de derechos humanos y abrió a trámite 58 casos.

La CIDH y Naciones Unidas documentaron denuncias desde 2018

La CIDH fue uno de los primeros organismos internacionales de derechos humanos que llegó a Nicaragua después del inicio de las protestas. Su visita ocurrió en mayo de 2018, tras una invitación estatal.

En sus observaciones preliminares, la Comisión advirtió sobre uso excesivo de la fuerza, muertes, personas lesionadas, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, malos tratos y ataques contra la libertad de expresión.

En junio de ese año, la CIDH publicó un informe sobre la crisis de derechos humanos. El organismo concluyó que se habían vulnerado los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad individual, la reunión, la expresión y el acceso a la justicia.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó otra visita. Su informe comprendió los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018.

El reporte de Naciones Unidas incluyó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y restricciones a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica.

El informe del Observatorio señala que el Estado retiró la invitación a la Oficina del Alto Comisionado tras la presentación de esas conclusiones. El documento también recuerda la salida del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El GIEI concluyó que existían elementos de crímenes de lesa humanidad

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue instalado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos ocurridos desde el inicio de las protestas.

El mecanismo presentó su informe fuera de Nicaragua después de que las autoridades comunicaran que debía abandonar el país, junto con el MESENI. El documento concluyó que existían elementos para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Según la sistematización del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la salida de esos mecanismos limitó la verificación directa de las denuncias dentro del territorio nicaragüense.

A pesar de ello, organismos internacionales continuaron emitiendo informes, solicitando información y activando medidas de protección para personas detenidas, periodistas, opositores, personas defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.

La CIDH publicó reportes sobre personas privadas de libertad, desplazamiento forzado y concentración de poder. Esos documentos abordaron, entre otros asuntos, las condiciones de reclusión y las restricciones a las garantías judiciales.

La Corte Interamericana ordenó proteger a detenidos y familiares

El Colectivo indicó que presentó 52 solicitudes de protección ante el Sistema Interamericano. Siete de ellas correspondían a medidas provisionales ante la Corte Interamericana.

La Corte ordenó medidas para proteger a personas privadas de libertad por razones políticas y a sus núcleos familiares. Entre sus disposiciones incluyó la protección de la vida, la integridad, la salud, la alimentación y la libertad de las personas beneficiarias.

En octubre de 2022, el tribunal requirió la liberación inmediata de 45 personas detenidas en ocho centros de reclusión. La resolución tomó en cuenta las condiciones de detención, la falta de atención médica y el deterioro de la salud física y mental denunciados.

El informe sostiene que el Estado no cumplió plenamente esas decisiones. También señala que las medidas internacionales incluyeron requerimientos para proteger a familiares y representantes de posibles represalias vinculadas con la información presentada ante el tribunal.

Los comités de la ONU pidieron investigaciones sobre torturas

El Comité de Derechos Humanos expresó preocupación por denuncias de tortura y malos tratos durante las capturas, en estaciones policiales y en centros de privación de libertad.

El organismo recomendó investigaciones rápidas, exhaustivas, eficaces, independientes e imparciales sobre denuncias de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia.

Las recomendaciones incluyeron la aplicación del Protocolo de Estambul, el manual internacional para investigar y documentar torturas. El Comité planteó, además, la necesidad de establecer medidas de reparación para las víctimas.

El Comité contra la Tortura examinó la situación de Nicaragua en 2022. El Observatorio señaló que el Estado no presentó respuestas a la lista de cuestiones ni envió una delegación al proceso de revisión.

Ese Comité recibió información sobre torturas y malos tratos en el Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, La Modelo y La Esperanza. Las denuncias incluyeron aislamiento, hacinamiento, falta de ventilación, limitaciones de acceso al agua, falta de atención médica, violencia sexual y requisas invasivas contra familiares mujeres.

Una visita prevista para 2023 fue anulada por falta de cooperación

El Subcomité para la Prevención de la Tortura tenía prevista una visita a Nicaragua en 2023. El mecanismo anuló la misión ante la falta de cooperación estatal, de acuerdo con el informe.

Nicaragua ratificó en 2009 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Esa adhesión contempla la supervisión internacional de lugares de detención y la existencia de un mecanismo nacional de prevención independiente.

Tras cancelar la visita, el Subcomité publicó el informe de una misión realizada en 2014. El documento había permanecido confidencial hasta ese momento.

Para el Observatorio, la falta de cooperación limitó la posibilidad de verificar las condiciones de personas privadas de libertad y las denuncias de tortura en centros policiales y penitenciarios.

Las sanciones alcanzaron a más de 60 funcionarios e instituciones

El informe señala que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza impusieron sanciones contra más de 60 funcionarios y autoridades nicaragüenses.

Las medidas también alcanzaron a instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.

Estados Unidos sancionó, además, a 23 jueces y fiscales. El documento asocia esas decisiones con acusaciones de participación en causas contra opositores y afectaciones a instituciones democráticas.

Según el Colectivo, las sanciones no tuvieron consecuencias directas dentro de Nicaragua. Sus efectos se concentraron en restricciones de ingreso a determinados países, congelamiento de bienes y limitaciones para realizar operaciones financieras internacionales.

El GHREN recibió el mandato de preservar pruebas e identificar responsables

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó en marzo de 2022 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Su mandato fue renovado por dos años en abril de 2023.

El mecanismo recibió el encargo de investigar abusos y violaciones cometidos desde abril de 2018, preservar pruebas, analizar información e identificar responsables cuando fuera posible.

El primer informe del GHREN concluyó que había motivos razonables para considerar que las violaciones y abusos fueron cometidos de manera generalizada y sistemática por razones políticas.

La investigación incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución, deportaciones y privaciones arbitrarias de nacionalidad.

El GHREN indicó que no recibió cooperación de las autoridades nicaragüenses. El mecanismo no pudo ingresar al país ni obtener la documentación oficial solicitada.

Pese a esas limitaciones, el Grupo entrevistó a víctimas en el exilio y reunió información de fuentes dentro de Nicaragua mediante canales seguros y confidenciales.

La documentación reúne posibles elementos para futuras investigaciones

El informe incluye un análisis sobre las vías que podrían utilizarse para investigar casos de tortura y otros malos tratos en el futuro. El texto señala que, en las condiciones actuales, no existen posibilidades de impulsar una judicialización interna efectiva.

El apartado plantea la necesidad de preservar testimonios, expedientes médicos, fotografías, videos, documentos judiciales y registros administrativos. Propone, además, reunir información sobre órdenes, cadenas de mando, estructuras institucionales y posibles mecanismos de encubrimiento.

Según el análisis, los casos podrían estudiarse como parte de una posible criminalidad de sistema. Esa aproximación busca examinar la relación entre autores materiales, personas que habrían ordenado o facilitado los hechos y las instituciones involucradas.

El documento menciona la jurisdicción universal como una eventual alternativa para investigar crímenes internacionales cuando no existen procesos efectivos en el país donde habrían ocurrido.

En ese contexto, el reporte alude a la investigación abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra funcionarios nicaragüenses. Para el Observatorio, la conservación de pruebas puede resultar relevante para procesos futuros de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Al menos 17 personas fueron torturadas en centros clandestinos o irregulares de detención, según el octavo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Los lugares identificados funcionaron en varios municipios durante el período de mayor represión posterior a las protestas de 2018.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que esas personas fueron llevadas a casas particulares, inmuebles vinculados con estructuras partidarias o instalaciones municipales. Las denuncias ubican estos centros en Jinotepe, Diriamba, Sébaco, Poneloya, Masaya, Managua, León y Matagalpa.

Los testimonios describen capturas realizadas, en su mayoría, por agentes paraestatales vestidos de civil, encapuchados y armados. Las víctimas relataron que eran trasladadas con los ojos cubiertos o con la cabeza obligada hacia el suelo de vehículos.

En esos lugares, las personas denunciaron golpizas, hambre, sed, interrogatorios violentos, desnudez forzada, quemaduras con cigarrillos, suspensión del cuerpo y violencia sexual. El informe sostiene que estos espacios fueron utilizados para infligir daño en períodos breves y bajo condiciones de aislamiento.

Los centros clandestinos operaron en al menos ocho municipios

Las 17 personas documentadas estuvieron recluidas en centros clandestinos o irregulares entre finales de mayo de 2018 y agosto de 2019. Quince eran hombres y dos mujeres.

El Observatorio señaló que la mayor concentración de estos casos ocurrió durante la denominada operación limpieza. La organización no descartó que estos lugares siguieran funcionando, aunque indicó que no contaba con denuncias posteriores sobre nuevos centros.

Trece de las 17 víctimas también pasaron por estaciones policiales. El informe plantea que esa conexión refuerza la hipótesis de una articulación entre las detenciones en lugares irregulares y la reclusión posterior en instalaciones estatales.

Las personas denunciaron que, durante su permanencia en esos sitios, escuchaban gritos, golpes y pedidos de auxilio de otras personas detenidas. Tres víctimas afirmaron haber escuchado hechos que les hicieron pensar que otras personas habían sido ejecutadas.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más identificó dos denuncias contra la casa departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Matagalpa, una contra la Alcaldía de Diriamba y otra contra una instalación conocida como La Garita, en ese mismo municipio.

El informe también recogió referencias de propiedades particulares en Managua, León, Sébaco y otros municipios. En varios casos, las víctimas no pudieron precisar su ubicación porque fueron trasladadas encapuchadas, golpeadas o desorientadas.

El Chipote Viejo concentró 89 casos documentados

El antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como Chipote Viejo, fue el centro de detención con mayor número de casos recogidos por el Observatorio. La investigación reunió 89 testimonios de personas que denunciaron torturas o tratos crueles entre abril de 2018 y febrero de 2019.

Las víctimas describieron celdas pequeñas, oscuras, húmedas, sin ventilación y con escaso acceso a servicios sanitarios. El informe menciona espacios llamados preventiva, chiquita, El Caracol y otras celdas identificadas por números.

El ingreso incluía, según los testimonios, desnudez forzada, toma de fotografías, interrogatorios y golpes. Algunas personas denunciaron que eran obligadas a hacer sentadillas sin ropa frente a funcionarios de ambos sexos.

El reporte documentó interrogatorios repetidos, a menudo durante la noche o la madrugada. Las preguntas se centraban en quién financiaba las protestas, dónde estaban las armas y quiénes eran los líderes de las organizaciones opositoras.

En ese centro, al menos 26 de las 89 personas documentadas denunciaron aislamiento prolongado. También se registraron golpizas, quemaduras, descargas eléctricas, suspensión del cuerpo, asfixia, desprendimiento de uñas y violación sexual.

El Chipote Viejo fue cerrado en febrero de 2019. Para el Observatorio, los testimonios reunidos lo ubican como uno de los principales centros de tortura durante los primeros meses de la represión.

El Nuevo Chipote mantuvo la incomunicación y el aislamiento

El informe documentó 36 personas recluidas en el Chipote Nuevo entre 2019 y 2022. Cinco eran mujeres y 31 hombres.

La investigación indica que en ese centro continuaron prácticas como desnudez forzada, requisas, sentadillas obligadas, interrogatorios constantes y asignación de códigos en lugar de nombres para identificar a las personas detenidas.

Las víctimas y sus familiares denunciaron luces encendidas durante las 24 horas, falta de ventilación, interrupción del sueño, restricción de visitas y privación de alimentos. También reportaron dificultades para acceder a medicamentos y a atención especializada.

El informe registró casos de aislamiento que se prolongaron durante meses. Una de las personas permaneció más de 200 días en una celda pequeña, según la documentación citada por el Colectivo.

Las golpizas documentadas en el Nuevo Chipote fueron más frecuentes en los primeros años de funcionamiento del centro. El reporte sostiene que, desde 2021, aumentaron las prácticas dirigidas a deteriorar la salud mental de las personas privadas de libertad.

Entre esas prácticas figuran interrogatorios casi diarios, amenazas contra familiares, inducción al suicidio, privación de sueño, falta de contacto con el exterior y advertencias sobre nuevas detenciones de parientes.

La tortura fue denunciada en estaciones policiales de 29 municipios

Fuera de los dos edificios del Chipote, el Observatorio identificó 111 personas que estuvieron recluidas en al menos un centro policial. Trece de ellas pasaron por dos estaciones distintas.

El informe documentó denuncias en 29 municipios de 14 departamentos. Las prácticas descritas incluyeron golpizas, amenazas, privación de comida y agua, aislamiento, desnudez forzada y falta de información a las familias.

La estación policial de Masaya fue señalada como uno de los lugares donde se registraron actos de mayor intensidad. Los expedientes incluyen denuncias de desprendimiento de uñas, quemaduras, suspensión del cuerpo, amenazas con armas y violaciones sexuales.

En León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Carazo, Estelí, Managua, Rivas, Río San Juan, Boaco, Nueva Segovia y Chontales también se reportaron agresiones físicas y psicológicas contra personas detenidas por razones políticas.

El informe documentó que varias familias desconocieron durante días o semanas el paradero de sus parientes. Las autoridades policiales negaban las detenciones o no brindaban información sobre la ubicación, el estado de salud y la situación jurídica de las víctimas.

La Modelo y La 300 fueron señaladas por condiciones de aislamiento y malos tratos

El Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad, llamado La 300, fueron incluidos entre los lugares donde las víctimas denunciaron torturas y condiciones inhumanas.

La investigación recopiló testimonios sobre personas privadas de libertad en La Modelo y su anexo de máxima seguridad entre 2018 y 2023. Las denuncias mencionan hacinamiento, comida contaminada, acceso limitado al agua, golpizas, requisas violentas y aislamiento.

El reporte señala que algunos presos políticos fueron mantenidos en celdas pequeñas, oscuras y sin ventilación. También documenta interrupciones del sueño, limitaciones al patio, amenazas de muerte y restricciones para recibir visitas familiares.

En La Modelo, los testimonios incluyeron denuncias sobre agresiones cometidas por reos comunes bajo tolerancia o instigación de custodios. El informe describe amenazas, golpizas e intentos de agresión contra personas detenidas por razones políticas.

La 300 fue descrita como un área de máxima seguridad con celdas de dimensiones reducidas, poca ventilación, escaso acceso a luz solar y restricciones a la lectura, la alimentación y las visitas.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que personas recluidas en ese establecimiento denunciaron pérdida de peso, infecciones, fiebre, dolores de cabeza, trastornos del sueño y afectaciones emocionales.

Las mujeres denunciaron aislamiento, vigilancia y agresiones en La Esperanza

El Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza, concentró denuncias de mujeres detenidas desde 2018 hasta 2022.

El informe señala que las primeras presas políticas fueron aisladas de las reclusas comunes. Algunas estuvieron en espacios separados mediante mallas, portones y señalizaciones que advertían sobre un supuesto peligro.

Las mujeres denunciaron restricciones a libros, papel, productos de higiene, ropa y comunicación con otras personas detenidas. También reportaron requisas, insultos, amenazas y agresiones físicas.

El documento incluye testimonios sobre violencia ejercida por funcionarias y por reclusas comunes. Según el Observatorio, algunas presas políticas fueron amenazadas o agredidas por mujeres privadas de libertad que actuaban bajo estímulo o tolerancia de las custodias.

Las detenidas en el contexto electoral de 2021 denunciaron haber sido mantenidas bajo vigilancia constante. La investigación señaló que sus condiciones de aislamiento limitaron el acceso a información, actividades recreativas y contacto con otras reclusas.

El informe identificó 156 presuntos perpetradores

El Observatorio identificó 156 personas presuntamente implicadas en detenciones, amenazas, interrogatorios y actos de tortura. La mayoría fue señalada por más de una víctima, de acuerdo con el informe.

La Policía Nacional concentró la mayor cantidad de personas identificadas, con 69 presuntos perpetradores. El Sistema Penitenciario Nacional fue el segundo grupo con más nombres documentados, con 24 funcionarios.

El reporte también menciona a funcionarios municipales, integrantes de la Juventud Sandinista, miembros de estructuras partidarias del Frente Sandinista, agentes paraestatales y trabajadores de otras instituciones del Estado.

Entre los presuntos responsables identificados aparecen agentes de distintos rangos policiales y penitenciarios, así como alcaldes, concejales y funcionarios vinculados con tareas de vigilancia, localización, detención o intimidación.

El Colectivo afirmó que la variedad de actores y niveles institucionales permite observar una cadena de participación en los hechos documentados. El informe atribuye la responsabilidad máxima de esa estructura a la pareja presidencial integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La tortura dejó secuelas físicas, emocionales y familiares

El informe analiza las consecuencias físicas y emocionales de las torturas a partir de testimonios y aportes de profesionales de la medicina y la psicología.

Las secuelas físicas descritas incluyen lesiones derivadas de golpizas, fracturas, infecciones, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño y agravamiento de enfermedades previas.

El documento destaca que la privación de atención médica, medicamentos, agua, alimentos, luz solar y descanso afectó la salud de las personas detenidas. Según el análisis incorporado en el reporte, estas condiciones pueden producir daños físicos y psicológicos duraderos.

La investigación también señala síntomas de depresión, ansiedad, estrés, insomnio, pesadillas, ataques de pánico, irritabilidad, pérdida de memoria y pensamientos suicidas entre personas supervivientes.

El Colectivo reportó que 119 de las 158 personas documentadas se exiliaron. El informe presenta el exilio como una salida ante el asedio, las citaciones policiales, las amenazas y el temor a nuevas detenciones.

El destierro y la privación de nacionalidad agravaron la vulnerabilidad

El informe abordó también la expulsión de 222 personas privadas de libertad hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. El reporte sostiene que esas personas fueron despojadas de su nacionalidad y de otros derechos ciudadanos.

El documento analiza esta medida como una forma adicional de castigo contra personas excarceladas por razones políticas. También señala las consecuencias para sus familias, incluidos obstáculos para la reunificación y afectaciones a niños, niñas y adultos mayores.

La investigación menciona además la desnaturalización de otras 94 personas el 15 de febrero de 2023. Al cierre del informe, el Colectivo contabilizaba 317 personas privadas de su nacionalidad.

Según el reporte, la pérdida de la nacionalidad fue acompañada por confiscaciones de bienes, restricciones a la seguridad social y dificultades para conservar vínculos familiares, laborales y patrimoniales.

El Observatorio concluyó que las detenciones, torturas, secuelas en la salud, exilio y privación de nacionalidad formaron parte de una política de castigo que se extendió más allá de los centros de reclusión.

Desnudez forzada, amenazas de violación, abuso sexual, violaciones, toma de fotografías o videos y requisas invasivas fueron las formas de violencia sexual documentadas por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura en casos de personas detenidas por razones políticas.

El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más registró 113 víctimas de violencia sexual dentro de una muestra de 158 personas supervivientes de tortura.

Los hechos fueron denunciados en estaciones policiales, centros penitenciarios, instalaciones clandestinas o irregulares y durante traslados e interrogatorios. El documento sostiene que estas prácticas fueron empleadas como mecanismos de castigo, humillación, sometimiento y control.

La violencia sexual alcanzó a 93 de los 130 hombres incluidos en el informe y a 20 de las 28 mujeres. El Observatorio afirmó que las agresiones contra las mujeres presentaron una gravedad diferenciada por sus modalidades, intensidad y componentes de violencia de género.

La desnudez forzada fue la forma de violencia sexual más registrada

La desnudez forzada fue documentada en 99 casos. El informe registró esta práctica contra hombres y mujeres detenidos, además de tres familiares mujeres de presos políticos sometidas a revisiones de ese tipo al ingresar a los centros de detención.

Las víctimas relataron que eran obligadas a quitarse toda la ropa, incluida la interior, durante el ingreso a los centros, en las requisas, durante los traslados o antes de los interrogatorios.

En varios testimonios, las personas detenidas dijeron que también las obligaban a hacer sentadillas mientras permanecían desnudas. Algunas denunciaron que la práctica se repetía cada vez que salían o regresaban a sus celdas.

El reporte ubicó estas denuncias en estaciones policiales de diferentes departamentos, los edificios del Chipote Viejo y el Chipote Nuevo, centros clandestinos y establecimientos penitenciarios como La Modelo, La Esperanza y el penal de máxima seguridad.

El Observatorio registró también diez víctimas con fotos o videos mientras estaban desnudas. Seis eran hombres y cuatro mujeres.

Según los testimonios reunidos por el Colectivo, la captación de imágenes ocurría junto con insultos, amenazas o burlas. El informe plantea que ese registro aumentaba el temor de las víctimas por una eventual exposición de su intimidad.

Nueve personas denunciaron violación sexual durante su detención

La investigación documentó nueve casos de violación sexual: siete contra mujeres y dos contra hombres. Las denuncias situaron los hechos en centros policiales, el Chipote Viejo y lugares clandestinos de detención.

En los dos casos de hombres, los testimonios identificaron como escenarios el antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial y un centro clandestino ubicado en Jinotepe, en el departamento de Carazo.

El informe señala que estas agresiones ocurrieron durante interrogatorios y estuvieron acompañadas por otras formas de tortura física y psicológica. Las víctimas reportaron consecuencias físicas, emocionales y psicológicas posteriores.

Las siete mujeres que denunciaron violación sexual también fueron sometidas a otras formas de violencia. El documento incluye desnudez forzada, amenazas contra hijos e hijas, privación de necesidades básicas y falta de atención médica ante lesiones, hemorragias o afectaciones emocionales.

El Observatorio documentó denuncias sobre agresiones reiteradas durante varios días y hechos cometidos por más de una persona contra una misma víctima. Los casos contra mujeres mencionaron estaciones policiales de Masaya y Jinotega, el Chipote Viejo y centros clandestinos.

Las amenazas de violación fueron denunciadas por 14 personas

El informe registró 14 víctimas de amenazas de violación sexual. Ocho eran hombres y seis mujeres.

Las amenazas aparecieron, principalmente, durante los interrogatorios y traslados. Según la investigación, fueron utilizadas para intimidar, obtener información o forzar confesiones.

En algunos casos documentados sobre mujeres, las amenazas se dirigieron contra sus hijas. El reporte considera estas agresiones una forma de tortura psicológica basada en violencia de género.

El abuso sexual fue denunciado por diez personas detenidas: seis hombres y cuatro mujeres. Las denuncias incluyeron tocamientos sin consentimiento en centros como La Modelo, el Chipote Viejo y estaciones policiales de Jinotepe, León y Masaya.

La investigación también recogió diez denuncias de abuso sexual contra familiares mujeres durante las requisas para ingresar a centros de reclusión. Las afectadas eran madres, esposas u otras parientes de hombres encarcelados.

El Colectivo sostuvo que esas revisiones constituyeron violencia sexual directa contra las familiares y, a la vez, un mecanismo de presión psicológica contra las personas privadas de libertad.

Las amenazas contra hijos e hijas afectaron a 13 mujeres detenidas

Las 28 mujeres incluidas en la muestra fueron detenidas en varios departamentos. En 27 casos participaron agentes policiales y en 13 hubo fuerzas combinadas con presencia de personas vestidas de civil.

El informe registró violencia física o psicológica en 25 de las 28 detenciones. Las denuncias abarcan golpizas, lesiones con armas u objetos, amenazas de muerte, amenazas contra hijos e hijas y amenazas de violación.

En 13 casos, las mujeres denunciaron amenazas de matar, desaparecer o quitarles a sus hijos. Los testimonios señalan que los interrogadores mostraban fotografías de los menores o afirmaban que los tenían ubicados para presionar a las detenidas.

Las amenazas buscaban que las mujeres hicieran declaraciones, firmaran documentos o grabaran videos incriminatorios. El reporte concluye que el patrón se dirigía contra ellas en su condición de madres.

La falta de medicamentos y productos de higiene fue otro patrón denunciado

La privación de medicamentos e insumos de higiene fue identificada en 14 casos de mujeres. Las denuncias incluyeron restricciones a tratamientos por condiciones endocrinas, reproductivas, respiratorias y otras enfermedades.

El informe documentó limitaciones al ingreso de ropa interior, productos para la menstruación y artículos de aseo personal. Algunas mujeres denunciaron que fueron obligadas a permanecer desnudas mientras menstruaban.

También se reportaron problemas de salud posteriores a las torturas, como hemorragias, infecciones, depresión y afectaciones a la salud sexual y reproductiva. Según el documento, varias mujeres no recibieron atención médica adecuada mientras permanecían detenidas.

Dos mujeres denunciaron haber sido sometidas a trabajo forzoso. Los testimonios describen tareas domésticas, como limpiar o cocinar para agentes policiales, personas paraestatales o custodios, sin remuneración y bajo amenazas.

El Observatorio registró, además, 17 mujeres sometidas a desnudez forzada. En cuatro de esos casos, agentes estatales tomaron fotografías o grabaron videos mientras las víctimas permanecían sin ropa.

Veinte mujeres concentraron 71 actos de violencia sexual y de género

La sistematización identificó 71 situaciones de violencia sexual y de género contra 20 de las 28 mujeres documentadas. Esa cifra no incluye los 13 actos de violencia sexual registrados contra familiares mujeres de personas presas políticas.

Las prácticas registradas abarcan amenazas contra hijos e hijas, privación de medicamentos, trabajo forzoso, desnudez forzada, fotografías o videos, interrogatorios sin ropa, amenazas de violación, abuso sexual y violación.

El informe identificó tres casos de interrogatorios realizados con mujeres totalmente desnudas. Otras dos denunciaron haber permanecido sin ropa durante todo el período de su privación de libertad.

Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las prácticas descritas buscaban degradar, intimidar y controlar los cuerpos de las víctimas. El Observatorio concluyó que la violencia sexual y de género formó parte de las demás formas de tortura aplicadas contra mujeres presas políticas.

La mayoría de las personas supervivientes de tortura documentadas por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura tenía menos de 40 años cuando fue detenida. El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió 158 casos registrados durante cinco años de represión.

El grupo más numeroso fue el de personas de entre 19 y 29 años, con 63 casos. Otras 55 víctimas tenían entre 30 y 39 años al momento de ser privadas de libertad.

La documentación señala que 120 de las 158 personas analizadas no habían cumplido 40 años. El reporte incluye a estudiantes, profesionales, agricultores, docentes, conductores, trabajadores de la construcción, personas defensoras de derechos humanos y jubiladas.

El informe concluye que las torturas denunciadas afectaron principalmente a jóvenes vinculados de distintas formas con las protestas de abril de 2018. La investigación ubicó casos en 31 municipios de 14 departamentos, con métodos físicos, psicológicos y sexuales que, según el Observatorio, respondieron a una práctica sistemática y generalizada contra personas consideradas opositoras.

Del total de víctimas, 130 eran hombres y 28 mujeres, incluida una mujer trans. Dos de los hombres eran menores de edad cuando fueron detenidos.

Los dos adolescentes permanecieron al menos un mes privados de libertad sin poder ver a sus familiares. De acuerdo con el informe, ninguno fue sometido a un proceso judicial.

Nueve personas adultas mayores denunciaron torturas tras su detención

El Observatorio también documentó nueve casos de personas de entre 60 y 69 años. Las capturas de ese grupo ocurrieron entre 2018 y 2022 en Matagalpa, Masaya, León, Rivas y Managua.

Siete de esas nueve personas tenían enfermedades o padecimientos antes de ser arrestadas. El registro incluye diabetes, hipertensión, problemas renales, hernias discales, afecciones cardíacas, insomnio, trastornos gástricos y antecedentes de cáncer.

En 43 de los 158 casos había condiciones de salud preexistentes. La hipertensión, la diabetes y los problemas renales fueron los padecimientos más frecuentes entre quienes después denunciaron falta de medicamentos o atención médica.

El documento señala que 39 víctimas tenían título de licenciatura antes de su arresto. Otras 31 estudiaban secundaria o una carrera universitaria, mientras que ocho contaban con formación técnica.

La afectación alcanzó también a los núcleos familiares. Muchas de las personas detenidas sostenían económicamente a sus hogares con empleos formales o informales y sus parientes debieron afrontar gastos de traslado, paquetería y búsqueda de información.

El hostigamiento previo fue denunciado por 123 personas

La participación en las protestas iniciadas en abril de 2018 aparece como un elemento común. De las 158 personas documentadas, 153 habían participado en manifestaciones, plantones, pintas o denuncias en redes sociales.

Antes de ser detenidas, 123 víctimas denunciaron amenazas, vigilancia, asedio u hostigamiento. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más consideró que esos antecedentes reflejan un esquema de seguimiento contra personas identificadas como críticas u opositoras.

El informe sostiene que la tortura comenzó, en numerosos casos, desde las propias capturas. Un total de 136 personas denunciaron detenciones violentas, equivalentes al 86% de los expedientes examinados.

Los testimonios describieron golpes, empujones, arrastres, amenazas de muerte, insultos e intimidación con armas. En siete casos, las víctimas denunciaron que agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños presentes durante los operativos.

La Policía Nacional fue señalada como participante en la mayoría de las detenciones recopiladas. El informe también registró la intervención de agentes paraestatales y, en al menos cuatro casos, de efectivos del Ejército.

Los testimonios ubicaron actos de tortura en centros policiales y penitenciarios

El Observatorio identificó denuncias en 33 centros policiales de 29 municipios. La investigación también abarcó siete establecimientos penitenciarios, centros clandestinos o irregulares y los edificios conocidos como Chipote Viejo y Chipote Nuevo.

De los 158 casos analizados, 151 fueron clasificados como tortura física, psicológica o ambas. Los otros siete correspondieron a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El informe plantea que la distribución geográfica de las denuncias permite advertir una práctica extendida. Los hechos fueron documentados en 14 departamentos y en dos regiones autónomas del país.

Según la organización, las detenciones y los malos tratos no se limitaron a los primeros meses de las protestas. Los expedientes reunidos abarcan hechos ocurridos entre 2018 y 2023.

El reporte sostiene que la represión evolucionó con el paso del tiempo. En los primeros años predominó la violencia física, mientras que después aumentaron las prácticas orientadas a afectar la salud mental y emocional de las personas detenidas.

Las golpizas fueron la forma física de tortura más denunciada

El Observatorio identificó más de 40 métodos o formas de tortura en los testimonios. Las golpizas fueron la práctica física más frecuente: 130 personas denunciaron haberlas sufrido durante la captura, los interrogatorios o la reclusión.

Los relatos describieron fracturas de nariz, brazos y costillas, problemas auditivos y pérdida de piezas dentales. Al menos 73 víctimas denunciaron golpes con culatas de fusiles, cachas de armas, hierros, ladrillos, anillos, tonfas u otros objetos.

Un total de 15 personas denunciaron descargas eléctricas. Las víctimas refirieron que estos choques fueron aplicados, principalmente, en brazos y piernas, aunque el informe también recoge denuncias sobre agresiones en los genitales.

El documento registró 18 casos de quemaduras. Los métodos referidos incluyen cigarrillos, plástico negro derretido, líquidos no especificados y planchas calientes.

Al menos 17 personas denunciaron tortura por suspensión. Los testimonios describieron a víctimas colgadas de manos, pies o ambas extremidades, en ocasiones mientras recibían golpes.

Doce personas reportaron asfixia seca o húmeda. Los métodos señalados fueron la colocación de bolsas plásticas sobre la cabeza y la inmersión de la cabeza en recipientes con agua.

El informe también registró arrastres, esposas excesivamente ajustadas, baños de agua fría, disparos, desprendimiento de uñas, estrangulamientos y lesiones con cuchillos o agujas.

Las amenazas contra familiares fueron un mecanismo de presión

Las amenazas de muerte fueron denunciadas por 84 personas. En otros 46 casos, las advertencias se dirigieron contra familiares, incluidos hijos, hijas y otros parientes cercanos.

Las víctimas relataron que eran amenazadas con detenciones, torturas, asesinatos o desapariciones de sus familiares. El informe señala que, en algunos interrogatorios, los agentes mostraban fotografías de hijos e hijas para aumentar la presión.

Los tratos verbales degradantes fueron denunciados por 102 personas. Los testimonios incluyen insultos y expresiones que las estigmatizaban como delincuentes, terroristas, golpistas o traidoras.

Nueve víctimas denunciaron simulaciones de ejecución. Según esos relatos, fueron arrodilladas, apuntadas con armas y sometidas a disparos que no impactaron sus cuerpos.

La incomunicación, la falta de visitas y el aislamiento también aparecen como métodos recurrentes. Un total de 66 personas denunciaron aislamiento coactivo y prolongado, incluso en más de un centro de detención.

La privación de alimentos o agua fue reportada en 56 expedientes. Otras 86 personas denunciaron restricciones a medicamentos o atención médica, pese a que varias requerían tratamientos por enfermedades crónicas.

El informe describe, además, condiciones de hacinamiento, calor, humedad, plagas, falta de higiene, agua contaminada y alimentos en mal estado. Para el Observatorio, esos factores profundizaron el sufrimiento físico y emocional de las víctimas.

El Gobierno de Canadá resolvió mantener la advertencia para que sus ciudadanos ejerzan un alto grado de precaución al viajar a Nicaragua, una medida motivada por la inestabilidad política interna, el peligro de disturbios y los índices delictivos. La más reciente actualización de las autoridades canadienses incorporó además un aviso sobre el impacto del evento meteorológico El Niño 2026-2027, junto con las amenazas derivadas de desastres naturales en el territorio centroamericano.

La diplomacia canadiense señaló que el panorama político en la nación centroamericana mantiene un carácter volátil desde la crisis social que estalló en abril de 2018. Tras el proceso electoral de 2021, las fuerzas de seguridad del régimen de Nicaragua intensificaron las acciones punitivas contra quienes expresan disidencia o cuestionan las decisiones oficiales.

De acuerdo con el reporte consular, el aparato judicial nicaragüense imputa acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero o terrorismo a opositores. Por esta razón, el aviso insta a los viajeros canadienses a eludir cualquier manifestación política, evitar debates sobre la coyuntura del país tanto en sitios públicos como en internet, y abstenerse de realizar comentarios críticos en plataformas digitales.

La ley local veta de forma expresa la participación de extranjeros en asuntos políticos, por lo que cualquier transgresión acarrea la expulsión inmediata o el encarcelamiento.

La delincuencia común y los asaltos violentos afectan a las principales ciudades

En materia de seguridad ciudadana, el reporte advierte sobre la incidencia de robos y agresiones armadas, particularmente en núcleos urbanos y zonas turísticas. En Managua, la capital, se detectaron puntos críticos por asaltos en barrios como:

• Mercado Oriental
• Jorge Dimitrov
• Reparto Schick
• Ciudad Belén
• Barrio Camilo Ortega
• Los sectores de Américas 1 y Américas 2.

En estas áreas se reportan sustracciones cometidas contra conductores detenidos ante semáforos. La problemática de delitos contra la propiedad se extiende a localidades como León, Matagalpa, Masaya, Ciudad Sandino, Tipitapa y Bluefields.

El documento señala igualmente la presencia de secuestros exprés, una modalidad en la que agresores fuerzan a las víctimas a extraer fondos de cajeros automáticos, en ocasiones con la complicidad de conductores de vehículos de alquiler no registrados.

Ante este panorama, se recomienda contratar transporte mediante agencias reconocidas o aplicaciones digitales verificadas. Asimismo, las zonas fronterizas con Costa Rica y Honduras presentan una mayor actividad de organizaciones criminales, en un contexto donde los cuerpos policiales disponen de escaso personal y recursos materiales limitados.

Los fenómenos climáticos extremos y el impacto de El Niño elevan la alerta

La reciente revisión del documento gubernamental integró consideraciones sobre la evolución del patrón climático El Niño 2026-2027, cuyos efectos alterarán el régimen de precipitaciones y provocarán ascensos en las temperaturas habituales. Este escenario incrementa la vulnerabilidad frente a sequías prolongadas o lluvias torrenciales imprevistas.

El reporte recuerda que Nicaragua se encuentra expuesta de manera constante a amenazas naturales severas, entre las que figuran inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, sismos y el impacto directo de huracanes. Estas eventualidades pueden aislar comunidades costeras en el océano Pacífico y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde los servicios de salvamento y las labores de auxilio médico resultan reducidos.

El comunicado oficial concluye con una advertencia operativa: la Embajada de Canadá en Managua cuenta con facultades acotadas para prestar auxilio consular o intervenir legalmente ante detenciones efectuadas por el régimen de Nicaragua.

El Ministerio de Hacienda de Nicaragua acumuló 32 semanas sin colocar Bonos de la República en 2025, mientras inversores privados, instituciones financieras y bancos evitaron adquirir deuda estatal por dudas sobre la capacidad y la voluntad de pago del régimen, informó Confidencial 30.

Las emisiones realizadas hasta el 14 de octubre sumaban USD 45,9 millones en distintos plazos, menos de la mitad de la meta anual de USD 100 millones. El resultado prolongó las dificultades que ya habían limitado la captación de recursos durante el año anterior.

La principal preocupación es la confianza en que el Estado cumpla sus obligaciones, explicó a Confidencial, medio nicaragüense, un profesional que integró el equipo de asesoría legal de un banco comercial nicaragüense. El riesgo, señaló, combina dos interrogantes: si el Gobierno podrá pagar y si decidirá hacerlo.

Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega no ha incumplido obligaciones financieras. El especialista recordó que, al inicio de su Gobierno, Ortega cuestionó el pago de más de USD 100 millones en Bonos por Indemnización, pero cambió de posición tras ser advertido sobre las consecuencias de un incumplimiento.

El experto advirtió que una eventual suspensión de pagos no puede descartarse si el país enfrenta sanciones comerciales o financieras.

El aislamiento financiero y la presión sobre las reservas

Las sanciones comerciales podrían afectar los acuerdos de Nicaragua con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana —conocido como DR-CAFTA— y con Europa mediante el Acuerdo de Asociación. El impacto sobre las exportaciones dependería de la profundidad de las medidas que eventualmente se apliquen.

El aislamiento financiero también podría agravarse, según el medio, por la suspensión de desembolsos de créditos ya firmados, incluidos los contratos con China, que suelen avanzar lentamente. Si esos escenarios se concretaran, las reservas internacionales brutas podrían resultar insuficientes para sostener salarios estatales, servicios básicos y el funcionamiento del Estado.

“Quizás puedan hacerlo por tres o cuatro meses, en cuyo caso, pagar esos bonos no será prioridad”, sostuvo el especialista. La emisión de estos instrumentos busca captar recursos para financiar el Presupuesto General de la República e incentivar el ahorro de pequeños inversores en la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La compra de deuda pública supone además un riesgo para quienes participan en las subastas. “Adquirir estos bonos, o simplemente ofertar por ellos, significa objetivizarse frente a la voracidad recaudatoria del Estado”, afirmó el experto, al mencionar la posibilidad de reparos fiscales contra los inversores.

Un inversionista consultado consideró que la tasa de interés del 7% ofrecida por el Estado revela “desesperación por liquidez”. Según su evaluación, Nicaragua permanece aislada financieramente y los financiadores internacionales se han alejado de un Gobierno que atraviesa una crisis política permanente.

Dos clases de bonos y una demanda limitada

El Estado ofrece bonos denominados en dólares estadounidenses que se pagan en córdobas al tipo de cambio oficial, y otros emitidos y pagaderos en dólares. El mercado ha mostrado mayor preferencia por los primeros.

La política económica también busca contener la inflación mediante un freno macroeconómico, según el análisis recogido por Confidencial. Las remesas, que en 2025 se acercaron a USD 6.200 millones y podrían rondar los USD 6.700 millones en 2026, ingresan sin un encadenamiento productivo local y, de acuerdo con esa evaluación, deberían generar mayores presiones sobre los precios.

Los bancos prefieren los instrumentos emitidos por el Banco Central, que capta recursos para aumentar las reservas brutas. Además, las entidades necesitan mantener altos niveles de liquidez porque trabajan con fondos internacionales de corto plazo, que deben devolver en un período máximo de un año.

En 2024, el Ministerio de Hacienda solo logró colocar USD 6,5 millones, equivalente al 6,5% de lo proyectado. Durante los primeros cinco meses de 2025, las emisiones alcanzaron USD 9,85 millones, y al cierre del año la colocación representó el 15,3% de la meta prevista, se añade.

Cuando viajó desde León para visitar a sus familiares palestinos, Samer Samir Alwazir González esperaba regresar a Nicaragua después de unas semanas. Cinco años más tarde, afirma que permanece atrapado en la Franja de Gaza por la guerra, lejos de la ciudad donde creció.

Samer, de madre nicaragüense y padre palestino, llegó a Gaza en 2021, después de graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). El viaje coincidió con la boda de uno de sus hermanos y con el reencuentro con la familia de su padre. Según su testimonio, difundido en videos de TikTok desde la cuenta “Soy Samer”, su estancia quedó alterada por el inicio de la guerra en 2023.

“Viajé antes de la guerra y quedé atrapado como 2 millones de personas”, expresó en uno de los videos que circulan en esa red social. Su relato describe una vida marcada por los bombardeos, los desplazamientos y la dificultad de abandonar un territorio con severas restricciones de movilidad.

¿Qué le impide viajar?

El joven explica que su pasaporte nicaragüense no le garantiza una salida inmediata de Gaza. “Nicaragua, mi gente. Literalmente estoy atrapado. Aquí no hay aeropuertos y hay un bloqueo fronterizo”, señaló en TikTok.

Samer sostiene que para regresar necesita una autorización de las autoridades israelíes y que ese trámite puede prolongarse. “Para yo poder regresar a Nicaragua, literalmente, necesito ser aceptado por lo que es el gobierno de Israel. Y ese proceso de aceptación lleva meses, incluso puede llevar años”, afirmó.

No hay información pública en el testimonio sobre una eventual solicitud formal ante autoridades nicaragüenses ni sobre gestiones consulares relacionadas con su caso.

Sus declaraciones se conocen a través de grabaciones personales difundidas en redes sociales en las que ha buscado apelar a la ayuda de las autoridades nicaragüenses sin obtener una respuesta satisfactoria.

En sus publicaciones, Samer muestra edificios destruidos, zonas afectadas por ataques y momentos de la vida cotidiana junto a su familia. También habla de la falta de alimentos, la imposibilidad de trabajar y los continuos traslados que ha experimentado.

“Por supuesto que no estoy bien. Llevo tres años sobreviviendo con mi familia, corriendo de un lugar para el otro, dejando nuestra ropa atrás, sin trabajar, sin comer, viendo a las personas morir”, dijo en uno de los videos.

El 10 de octubre, según relató, sobrevivió a un bombardeo que impactó a menos de 20 metros del lugar donde se encontraba. Dijo que estaba en el segundo piso de un edificio y que se lanzó al suelo al escuchar la explosión. “Por mucho que vivas este tipo de situaciones, uno no se puede acostumbrar”, afirmó.

Días después, publicó otra grabación en la que describió una noche de ataques como una de las peores que había vivido durante su permanencia en Gaza.

La situación de Gaza continúa marcada por la destrucción de infraestructura, el desplazamiento de la población y la dependencia de la ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos informó el 19 de octubre que redujo su asistencia por falta de fondos: pasó de atender a 1,6 millones de personas a 1,1 millones.

El organismo estimó que 1,4 millones de habitantes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores.

“Por los momentos seguiré tratando de sobrevivir, seguiré tratando de documentar lo que está pasando aquí”, manifestó. Mientras tanto, insiste en su deseo de volver a casa y reunirse otra vez con la parte nicaragüense de su familia.

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) denunció este 19 de octubre que un padre y su hijo indígenas mayangna fueron asesinados durante un ataque atribuido a colonos armados en la comunidad de Dimanwas, dentro del territorio Sauni As, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, en Nicaragua.

Según el pronunciamiento, los hechos ocurrieron entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19. AMDES afirmó que cerca de 15 hombres armados, a quienes identifica como colonos no indígenas, ingresaron a la comunidad ubicada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La organización señaló que los atacantes incendiaron al menos cuatro viviendas en las que había niños y adultos, efectuaron disparos contra animales de las familias y secuestraron a cuatro hombres. De acuerdo con la denuncia, dos de ellos fueron asesinados: Dionicio Hernández Bruno y su hijo, Wilmer Hernández Smith.

La denuncia coloca a una familia en el centro de un nuevo episodio de violencia

Para AMDES, el ataque contra Dionicio y Wilmer se inscribe en una secuencia de agresiones contra las comunidades indígenas mayangna de Sauni As. La entidad sostuvo que la muerte de padre e hijo refleja el riesgo que enfrentan familias asentadas en ese territorio ancestral.

“Secuestraron a cuatro hombres, asesinando a dos indígenas mayangna que eran padre e hijo”, afirmó la asociación en su comunicado. La denuncia añade que en las viviendas atacadas había menores de edad y personas adultas, aunque no reporta víctimas adicionales entre quienes se encontraban en los inmuebles.

AMDES vinculó los hechos con una situación de inseguridad que, según expuso, afecta desde hace años a las comunidades de la Costa Caribe Norte. La organización indicó que Sauni As registró al menos seis episodios de violencia de alto impacto durante los últimos 15 años.

La entidad cuestionó la respuesta de las autoridades territoriales, municipales, regionales y nacionales. Aseguró que esos organismos conocen la situación, pero que no adoptaron garantías suficientes para proteger los derechos colectivos e individuales de la población mayangna.

AMDES pidió investigar el ataque y proteger a las comunidades

En su declaración, la asociación también alertó sobre la circulación, durante las últimas semanas, de imágenes en redes sociales que mostrarían a jóvenes armados con fusiles M16 y AK-47. Además, mencionó un supuesto comunicado de colonos con amenazas contra miembros de las comunidades por tareas de vigilancia territorial.

La organización sostuvo que existen intereses vinculados con la minería y la ganadería en áreas habitadas por poblaciones mayangna. Según su planteamiento, esas actividades buscarían ampliar su presencia mediante el desplazamiento de comunidades indígenas de territorios que consideran de potencial productivo y extractivo.

AMDES calificó los últimos hechos como posibles crímenes de “genocidio y etnocidio cultural”. Esa es una caracterización formulada por la entidad denunciante y no equivale a una resolución judicial.

Entre sus reclamos, pidió al régimen investigar y llevar ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales de la agresión. También solicitó protección urgente para las comunidades afectadas y el inicio de un proceso de saneamiento territorial.

La organización convocó a la población nicaragüense a solidarizarse con las familias víctimas de la violencia y pidió a la comunidad internacional que impulse acciones diplomáticas para exigir protección frente a la violencia y el despojo territorial.

En medio de una profunda consternación y un dolor irreparable, los familiares de Yasmina y su pequeña hija Valeska, de tan solo 10 años, afinan los últimos detalles legales y administrativos en Costa Rica para repatriar los restos mortales de ambas hacia su país natal, Nicaragua.

Luego del trágico suceso ocurrido en el sector de Bellavista, en Liberia, Guanacaste, los allegados de las víctimas han vivido jornadas desgarradoras para completar el retiro de los cuerpos y brindarles una cristiana sepultura en la tierra que las vio nacer.

Desde muy temprano este martes 19 de octubre, parientes cercanos acompañados por doña Damaris, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Barrio San Roque, realizaron una exhaustiva gira por diversas dependencias públicas.

Las gestiones iniciaron en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuaron en el Juzgado Contravencional para solicitar las autorizaciones de entrega y se extendieron hasta la morgue del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde el personal funerario coordina el traslado trasatlántico y terrestre.

El destino final de ambas víctimas será el municipio de Siuna, ubicado en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una zona distante a la que solo se puede acceder tras un extenuante trayecto. Según estimaciones preliminares de los allegados, el viaje por carretera desde territorio costarricense tomará alrededor de ocho a nueve horas.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Tragedia en Bellavista: así habrían ocurrido los hechos

Según las investigaciones preliminares que adelanta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se desencadenaron el pasado 17 de octubre, mientras la madre de 40 años y su hija de 10 años dormían en su vivienda localizada en Bellavista de Liberia. El principal sospechoso, habría atacado a ambas víctimas provocándoles heridas mortales con un objeto punzocortante.

Las autoridades forenses analizan en la sede del OIJ si el arma empleada fue un cuchillo o un machete, conforme se determinen las características de las lesiones. La dinámica posterior al crimen ha generado un profundo desconcierto entre los investigadores.

Tras el ataque, el sospechoso acudió a la vivienda de una vecina del barrio para solicitarle que alertara a las autoridades, alegando haber encontrado los cuerpos sin vida de su esposa e hija. Sin embargo, cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron al inmueble, el sujeto ya se había esfumado sin dejar rastro ni señal alguna de su paradero.

Antecedentes que han trascendido sugieren que la relación estuvo marcada por episodios previos de agresividad. Entre la información que evalúa el OIJ figura una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de la tragedia, donde el hombre habría golpeado fuertemente a Yasmina en la cabeza utilizando una pala.

Sospechoso continúa prófugo y despliegan operativo policial

Las hipótesis policiales no descartan que el sujeto haya cruzado de manera irregular la frontera norte para ocultarse en suelo nicaragüense. No obstante, las fuerzas de seguridad de Costa Rica mantienen un intenso despliegue operativo en toda la zona norte del país para descartar cualquier punto de fuga y lograr su captura.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, enfatizó que no descansarán hasta poner al sospechoso a la orden de los tribunales. Además, las autoridades han establecido retenes de seguridad, revisiones a autobuses, motocicletas y vehículos particulares, así como rastreos minuciosos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas.

Mientras las autoridades continúan tras la pista del presunto agresor, la comunidad liberiana y los familiares despiden con profundo dolor a Yasmina y Valeska, cuyo trágico final reaviva el clamor social por poner alto a la violencia machista.

El régimen de Nicaragua concedió un beneficio que permitió recuperar la libertad a Jason Telémaco Ingram Oporta, exseleccionado nacional de fútbol condenado a dos años de prisión por provocar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad, informó el diario La Prensa.

Ingram fue declarado culpable por un accidente ocurrido el 9 de marzo de 2026, en el kilómetro 13.5 de la carretera a Masaya. De acuerdo con la información publicada por el medio nicaragüense, el entonces jugador de la UNAN-Managua, en la Liga Primera, irrespetó la luz roja de un semáforo e impactó contra otro vehículo.

La colisión causó lesiones graves a Julio Francisco Jiménez Zúñiga, quien quedó en estado vegetativo, según denunciaron sus familiares. El deportista conducía una camioneta Mitsubishi Outlander y registraba 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, una cantidad superior al límite de 0.50 gramos permitido por la legislación nicaragüense.

En el accidente también resultó afectada Ana Lucía Campos Zepeda, quien viajaba como acompañante de Ingram y sufrió fracturas en las manos.

El exfutbolista fue detenido y admitió su responsabilidad ante una jueza. La Fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión y la suspensión de su licencia de conducir. Sin embargo, recibió una condena de dos años de cárcel por el delito de lesiones imprudentes.

La sentencia también ordenó notificar a la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional para que procediera con la inhabilitación de Ingram para conducir vehículos. Esa disposición consta en un acta judicial emitida el 27 de marzo.

De acuerdo con La Prensa, a pesar de la condena, Ingram solo permaneció cuatro meses en prisión. Según un acta presentada ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) del Complejo Judicial Central de Managua, el exjugador habría recuperado la libertad el pasado 24 de julio.

La Prensa señaló que el documento no precisa la fecha exacta en la que se le concedió el beneficio ni la figura jurídica utilizada. El acta únicamente establece que el exseleccionado nacional ya no permanecía en prisión.

Ingram, de 28 años, se formó en el Real Estelí y debutó en la Liga Primera con el Juventus. Posteriormente pasó al fútbol internacional y jugó para el Santos de Guápiles y Guanacasteca, en Costa Rica. En el Clausura 2023 rescindió su contrato con este último club por problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Antes de llegar a la UNAN-Managua, regresó al Diriangén, donde también salió del equipo por motivos similares, según la información publicada por La Prensa. Después fue enviado a préstamo al conjunto universitario, en el que militaba cuando ocurrió el accidente.

El defensor integró las selecciones nacionales Sub-17, Sub-20, Sub-21, Sub-23 y la Selección Nacional Mayor, con la que debutó en 2020. También participó en siete partidos con la selección absoluta, incluido un encuentro de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Aunque fue considerado un jugador con condiciones para continuar en el combinado nacional, el entonces entrenador Fantasma Figueroa dejó de convocarlo por problemas vinculados con su comportamiento y el consumo de alcohol. En su carrera profesional disputó 81 partidos entre los clubes en los que militó.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua comenzó a mostrar nuevamente en su sistema a algunos abogados y notarios que habían sido eliminados del registro en julio, según informó Diario La Prensa.

La reactivación no equivale, en todos los casos, a una restitución completa de sus facultades profesionales: varios de los nombres figuran con la condición de “en revisión por Inspectoría” y sin autorización para cartular, lo que les impide realizar escrituras públicas aunque vuelvan a aparecer en la plataforma institucional.

Un abogado del norte del país que fue afectado por la eliminación indicó que algunas restituciones ocurrieron después de que los profesionales acudieron a Managua, fueron investigados y, en ciertos casos, firmaron una carta de compromiso.

“Los han restituido porque han firmado un documento”, afirmó el letrado a Diario La Prensa. Según su versión, el documento incluía el compromiso de no vincularse con actividades políticas.

Otro abogado que había sido eliminado del sistema confirmó que volvió a aparecer en el registro después de asistir a la sede central de la Corte y presentar varios escritos ante la institución.

No obstante, señaló que su condición no cambió por completo: “Ahora aparezco en el sistema, pero sigo suspendido de funciones, dice que no estoy autorizado a cartular”. La información disponible indica que otros profesionales reactivados también permanecen bajo revisión de la Inspectoría.

La eliminación de registros alcanzó a al menos 2,000 abogados

La eliminación de registros ocurrida en julio alcanzó a al menos 2,000 abogados, de acuerdo con la publicación. Los profesionales entrevistados señalaron que, en muchos casos, la medida afectó a personas que fueron apartadas por razones políticas.

Uno de los letrados consultados explicó que no todos los profesionales que viajaron a Managua para pedir una revisión lograron volver al sistema.

Según relató, algunas de las personas eliminadas tenían antecedentes de incidentes, quejas o medidas cautelares vinculadas con su actividad, por lo que sus solicitudes no fueron aprobadas pese a haber acudido a la sede de la CSJ.

El abogado sostuvo que algunos conocidos fueron reactivados bajo revisión después de acercarse al Frente Sandinista.

De acuerdo con testimonios consultados indicaron que la eliminación del registro también alcanzó a decenas de policías en servicio que se habían graduado en Derecho y estaban incorporados ante la Corte. Uno de los letrados afirmó que varios agentes fueron suspendidos a pesar de contar con títulos profesionales y de estar registrados en la institución.

“La mayoría, un montón de esos eliminados, son policías en servicio que se habían graduado”, dijo el abogado entrevistado por el diario. Según su explicación, la medida respondía a la intención de evitar que esos policías abandonaran la institución para dedicarse al litigio como abogados.

El profesional afirmó que existen casos documentados de policías graduados que no ejercían como abogados, pero que igualmente fueron afectados por la eliminación de sus registros. Los casos mencionados corresponden a Managua, Estelí y Madriz.

Rudy Siles cuestionó la reactivación parcial de profesionales

El abogado Rudy Siles, quien se encuentra en el exilio, manifestó que su nombre tampoco figura en el sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que la reaparición parcial de algunos abogados bajo la condición de revisión no corrige las medidas adoptadas durante la eliminación masiva de profesionales.

Siles afirmó que la exclusión de alrededor de 2,000 abogados se realizó sin notificación, sin procedimientos disciplinarios individualizados, sin motivación jurídica y sin recursos efectivos. “Permanece como un acto administrativo nulo”, expresó al referirse a la medida.

Además, señaló que la eliminación de los registros vulneró el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías de debido proceso y el derecho a la defensa. La transcripción disponible no incluye una respuesta oficial de la CSJ ni de otra autoridad sobre las reactivaciones, las limitaciones para cartular o los cuestionamientos de los abogados afectados.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses pidió este lunes que la justicia de Costa Rica aplique la pena máxima prevista por la ley en el proceso por el atentado armado contra sus fundadores, Joao Maldonado y Nadia Robleto, y que la investigación avance sobre todos los posibles responsables.

La pareja sobrevivió al ataque del 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, aunque ambos quedaron con secuelas físicas y emocionales. En la antesala del juicio, las víctimas sostienen que una sentencia contra el acusado no debería cerrar el caso si todavía existen dudas sobre la planificación, coordinación y ejecución del crimen.

Maldonado y Robleto, junto con organizaciones de derechos humanos, también reclamaron que las autoridades costarricenses analicen el atentado en el contexto de las denuncias de persecución contra opositores nicaragüenses fuera de Nicaragua.

Las víctimas declararán de forma virtual ante la justicia costarricense

Según información difundida por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, el juicio comenzará el 6 de julio de 2026 en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. La audiencia estaba prevista para cinco días, aunque el plazo podía extenderse de acuerdo con el desarrollo del debate.

Maldonado tenía previsto declarar el 7 de julio y Robleto, el 8, ambos por vía virtual. Para la pareja, las comparecencias implican volver sobre una agresión que dejó consecuencias en su vida cotidiana.

“Estamos agradecidos con Dios por estar con vida. Ante la magnitud del atentado logramos sobrevivir y eso nos da la oportunidad de dar testimonio de lo que nos pasó”, afirmó Maldonado, según el colectivo.

Un acusado enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado

El proceso judicial tiene como acusado a Jeremy Jacob Rivas Núñez. El abogado de las víctimas, Marlon Antonio Medina Robleto, presentó una querella ante la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por dos presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado contra Maldonado y Robleto.

Maldonado afirmó que la Fiscalía y la representación legal de las víctimas presentaron elementos que, a su juicio, sostienen la acusación durante una audiencia celebrada el 15 de abril de 2026.

“Las pruebas son contundentes. El procedimiento se desarrolló con normalidad y la querella presentada por nuestro abogado fue sólida”, señaló.

Las organizaciones reclaman protección para los exiliados nicaragüenses

Las víctimas pidieron que el atentado sea analizado dentro de las denuncias sobre acciones contra opositores nicaragüenses que viven fuera de su país. Maldonado mencionó el asesinato en Costa Rica del mayor en retiro Roberto Danilo Samcam Ruiz como un hecho que, según planteó, evidencia los riesgos que enfrenta la comunidad exiliada.

“Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”, manifestó.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica que garanticen un juicio independiente, respetuoso del debido proceso y con medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses que denuncian persecución en el exilio.

También pidió el acompañamiento de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil durante el proceso.

Cientos de personas participaron este fin de semana en un coffee run party que combinó una carrera de hasta siete kilómetros, desayuno y espacios de socialización en Managua. La propuesta reunió a atletas experimentados, corredores principiantes y participantes de distintas edades que eligieron recorrer la ruta a su propio ritmo antes de encontrarse alrededor de una taza de café.

Con zapatillas deportivas y ropa cómoda, los asistentes partieron desde un punto ubicado al sur de la capital nicaragüense. La jornada incluyó trayectos de hasta 7 kilómetros y concluyó con un desayuno compartido, una instancia central de esta modalidad de encuentro.

El formato ganó visibilidad en redes sociales, donde se multiplican las fotos y los videos de las carreras. Sin embargo, quienes integran los grupos de corredores de la ciudad sostienen que estas actividades existen desde hace tiempo y que el aumento de la convocatoria responde a un interés creciente por unir actividad física y vínculos sociales.

“Ya tenemos rato haciendo estas actividades y hay gente corriendo de hace años en Managua. Sí es bonita iniciativa el ‘coffee run party’, no es la primera y entonces no es una moda”, afirmó Antonio Vaza en declaraciones a EFE.

La convocatoria reúne a corredores con distintas experiencias

Vaza explicó que el objetivo de estas jornadas consiste en correr, conversar y luego reunirse para comer. Según señaló, el recorrido puede llegar a siete kilómetros, aunque cada persona adapta el esfuerzo a sus posibilidades.

“Ya tenemos rato, lo que pasa es que se está uniendo más gente y se está haciendo viral”, agregó el participante, al referirse a la expansión de estas convocatorias entre quienes buscan una actividad grupal al aire libre.

El encuentro no exige un nivel deportivo determinado. Algunos asistentes entrenan de forma regular y utilizan la carrera como parte de sus rutinas. Otros se acercan por primera vez a este tipo de actividades, con la intención de iniciar una práctica física, mejorar la resistencia o conocer personas con intereses similares.

Entre las participantes estuvo Litzy González, hija del boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González, campeón mundial en 4 categorías de peso. La joven destacó el carácter abierto de la iniciativa y su capacidad para convocar a personas de distintas generaciones.

“Me parece una iniciativa súper linda para inspirarnos a todos, desde los jóvenes hasta los mayores, y que nos motiva a correr, a recorrer siete kilómetros”, expresó González a EFE. “Me parece súper bonito terminar en un rico desayuno”, añadió.

El café completa una jornada de ejercicio y convivencia

Tras completar el recorrido, los participantes compartieron café, alimentos y conversaciones sobre la experiencia. Ese momento posterior a la carrera funciona como un punto de reunión para quienes buscan integrar el ejercicio a una rutina social.

El ‘coffee run party’ propone una dinámica en la que la velocidad y el rendimiento no ocupan el centro de la actividad. La convocatoria se apoya en el interés por salir a correr acompañado, mantener hábitos vinculados al bienestar físico y ampliar los círculos de contacto.

Las redes sociales ayudaron a difundir estas jornadas entre nuevos participantes, aunque los grupos de corredores de Managua ya organizaban encuentros con una lógica similar. La diferencia está en que ahora esas actividades alcanzan a un público más amplio y reúnen a cientos de personas.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, evaluó la respuesta de Estados Unidos tras el rechazo de Nicaragua a su embajadora designada y se reunió con el encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, para definir los próximos pasos, así informó la cuenta oficial del Departamento de Estado de EE.UU. en español.

El secretario de Estado calificó el encuentro como productivo y cuestionó la negativa de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo a otorgar el beneplácito diplomático a Natasha Franceschi, cuya designación había sido aprobada por el Senado el 30 de septiembre.

“Coincidimos en que este espectáculo político hostil, cuyo fin es socavar la representación de Estados Unidos, resulta completamente adversarial”, sostuvo Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que esa decisión muestra, a su juicio, que “los dictadores dan prioridad a sus propios intereses y no a las necesidades reales de los nicaragüenses”.

Washington llamó a consultas a su representante en Managua

La reunión entre Rubio y Baumann se produjo después de que el Departamento de Estado ordenara el regreso del diplomático a Washington para realizar consultas sobre la relación bilateral.

En un comunicado del 13 de octubre, la administración estadounidense afirmó que la decisión de las autoridades nicaragüenses de rechazar a Franceschi reflejaba una falta de disposición a sostener un diálogo diplomático. También señaló que mantener canales abiertos entre los países constituye una base de las relaciones internacionales.

El régimen de Nicaragua no había anunciado públicamente una respuesta al nuevo pronunciamiento de Rubio ni a la posibilidad de medidas adicionales por parte de Washington.

Franceschi, confirmada por el Senado el 30 de septiembre

Franceschi fue confirmada por el Senado de Estados Unidos como embajadora en Nicaragua el 30 de septiembre. La negativa de Managua a aceptar sus credenciales prolongó la ausencia de un embajador estadounidense en el país centroamericano desde 2023.

Incluso, la representante estadounidense compareció ante el organismo para plantear sus posturas sobre su posible cargo.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a Franceschi, “una diplomática de carrera” según el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Según informó el Departamento de Estado, la decisión de llamar a Baumann a consultas respondió directamente a la negativa de Ortega y Murillo a conceder el beneplácito diplomático a la representante designada.

Además, Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pidió la semana anterior elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el rechazo de Managua a Franceschi.

El exfuncionario propuso cuatro medidas: expulsar o suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), imponer impuestos a las remesas, aislar al país en el plano internacional y aplicar sanciones.

Antes de la votación prevista para enero de 2027, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prevé llevar el plan “Hay patria” a, al menos, 90 municipios de Nicaragua. La campaña acompaña una reforma constitucional que extendería a siete años el mandato y modificaría las condiciones de participación política de la oposición.

La segunda etapa ya abarcó más de 50 municipios. El oficialismo presenta los encuentros como consultas ciudadanas, mientras testimonios recogidos por Confidencial.digital describen convocatorias a trabajadores estatales, estudiantes y personas vinculadas al sandinismo para asegurar asistencia.

Las actividades se realizan entre dos y cuatro veces por departamento y reúnen a habitantes de varios municipios. La propaganda oficial divulga fotografías y videos con jóvenes, emprendedores, campesinos, deportistas, religiosos y transportistas.

Rosario Murillo afirmó que las reuniones forman parte de una consulta que “patentiza, ratifica y potencia nuestra democracia”. Según la dirigente, esos espacios permiten que la población opine y exprese su voluntad.

Los testimonios publicados por Confidencia.digital presentan otra descripción de la dinámica. Las fuentes consultadas señalaron que, en algunos casos, los asistentes fueron convocados mediante estructuras estatales, partidarias o educativas, y que las intervenciones se organizan antes de cada acto.

Los testimonios describen intervenciones definidas antes de los actos

Joel, trabajador público de un municipio del norte del país, afirmó que los eventos buscan proyectar una imagen de respaldo. Según su relato, empleados y otros convocados ocupan los espacios preparados para las concentraciones.

“Esta gran farsa de supuesta consulta es un circo”, dijo Joel a Confidencial.digital. El trabajador sostuvo que los asistentes son llevados para aplaudir y llenar los lugares de reunión.

El empleado afirmó que las personas autorizadas a tomar la palabra son seleccionadas con anticipación. También indicó que los discursos se preparan antes de las reuniones.

Joel señaló ante la publicación que los organizadores buscan “aparentar un supuesto debate y consulta”. Según su versión, las intervenciones corresponden a personas elegidas previamente y con mensajes aprendidos.

El trabajador indicó que las alcaldías cubren parte de la logística de las actividades. Entre los recursos mencionó carteles de gran tamaño, autobuses, alimentación, equipos de sonido, tarimas y el traslado desde Managua de diputados, periodistas oficialistas y equipos de propaganda.

Javier, trabajador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, relató que recibió la instrucción de reunir a 3,000 personas. La concentración debía hacerse en una calle que permitiera mostrar una asistencia amplia.

Según Javier, alcanzar esa meta resultó difícil porque algunas personas no querían participar. El trabajador se refirió a una actividad que reunió a habitantes de tres municipios.

“Nos ha costado mucho llenar esas calles”, afirmó Javier. Según dijo, parte de los convocados está cansada de participar en actos donde, a su juicio, solo se espera que expresen respaldo.

El entrevistado participó en la selección de los oradores. De acuerdo con su versión, se priorizó a personas afines al partido y al mensaje que debía transmitirse.

Javier explicó que “el debate fue sobre quiénes podían tomar la palabra”. También señaló que existía poco margen para intervenciones fuera de lo previsto.

Estudiantes y empleados estatales relataron condicionamientos

Karla, estudiante de secundaria de un municipio del sur, contó que permaneció varias horas en una actividad que terminó al anochecer. La joven sostuvo que los estudiantes fueron convocados para ocupar tres cuadras previstas para el evento.

Según su testimonio, la asistencia estuvo vinculada al bono de bachiller que espera recibir al finalizar sus estudios. La estudiante expresó preocupación por la posibilidad de que estas convocatorias continúen si ingresa a una universidad pública.

“Nadie debate nada, simplemente llegan a levantar la mano y aplaudir”, expresó Karla. La joven calificó la consulta como una actividad sin espacio para discutir el contenido de la iniciativa.

Martín, empleado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, indicó que un grupo de trabajadores públicos fue seleccionado para asistir a una actividad en un municipio del occidente. Según relató, las intervenciones quedaron reservadas para personas definidas por el partido.

El trabajador señaló que los asistentes recibieron instrucciones de vestir camisetas partidarias o ropa de civil. La indicación incluía no utilizar uniformes de instituciones estatales.

“La mayoría de los que estaban en cada uno de esos actos son gente acarreada y obligada”, afirmó Martín. El empleado consideró que las consultas no modificarán el contenido de las reformas.

Una comerciante dijo que asistió para evitar posibles consecuencias

Petrona, comerciante de un municipio que prefirió no identificar, explicó que antes apoyaba al sandinismo, aunque ahora se concentra en su negocio. Aun así, afirmó que continúa recibiendo invitaciones de miembros del partido para participar en actividades políticas.

La mujer indicó que no recibió amenazas directas. No obstante, dijo que decidió acudir para evitar posibles dificultades.

“Me obligaron a participar en estas consultas donde no nos consultaron nada”, relató Petrona. La comerciante explicó que hizo acto de presencia pese a no ser trabajadora pública ni recibir pago por asistir.

Según la comerciante, los organizadores registran a quienes concurren a las convocatorias. En su opinión, asistir le permite mantener una tranquilidad temporal.

Celeste, empleada estatal desde hace más de 15 años, sostuvo que los asistentes no pueden pedir la palabra por iniciativa propia. También afirmó que las intervenciones siguen un guion establecido.

“Los únicos que mandan son Rosario Murillo y Daniel Ortega”, dijo Celeste. La trabajadora vinculó los actos y la reforma con lo que, a su juicio, es la postura del régimen frente a una eventual convocatoria de elecciones.

Las oportunidades de formación y empleo de los graduados nicaragüenses pueden verse condicionadas por limitaciones presupuestarias, recursos docentes y factores académicos presentes en la educación superior, según un análisis de Confidencial.digital.

El reporte reúne testimonios de autoridades universitarias en el exilio, exdocentes, estudiantes y profesionales. Las fuentes describen dificultades relacionadas con la inversión, la continuidad del personal académico, la investigación y la validación de títulos fuera de Nicaragua.

Entre 2021 y 2025, Nicaragua destinó 40,177 millones de córdobas (USD 1,084.779 millones) al financiamiento de la educación superior. Según la publicación, el monto no alcanzó el 6% del Presupuesto General de la República que establece la Constitución.

La información plantea que la disponibilidad de fondos incide en áreas como laboratorios, bibliotecas, equipos e investigación, además de la capacitación del profesorado. Las fuentes consultadas también vinculan esas condiciones con la preparación de los estudiantes para el mercado laboral.

Las universidades requieren recursos para docencia e investigación

El rector de la Universidad Pablo Freire en el exilio, Adrián Meza Sosa, señaló que los sistemas educativos modernos dependen de una inversión suficiente, libertad académica y docentes capacitados.

“La educación es un proceso complejo donde juegan un montón de variables”, dijo Meza Sosa a Confidencial.digital. El rector sostuvo que la formación de los docentes influye en la calidad de los programas universitarios.

El académico indicó que las instituciones de educación superior necesitan recursos materiales para enseñar e investigar. Entre los requerimientos mencionó la disponibilidad de laboratorios, bibliotecas y equipamiento.

Meza Sosa también consideró que las condiciones salariales de los profesores pueden incidir en la disposición de profesionales a dedicarse a la enseñanza. A su juicio, la especialización docente es otro aspecto vinculado con el funcionamiento universitario.

El profesor Raúl, exdocente de la Universidad Centroamericana, relató que se desvinculó de esa institución tras su confiscación. El entrevistado expresó cuestionamientos sobre el centro que la sustituyó.

Raúl afirmó que muchos docentes con experiencia ya no permanecen en la universidad. Como parte de su relato, mencionó un documento en el que se utilizó la palabra “alugno” para referirse a un alumno.

La formación universitaria y el acceso al empleo aparecen vinculados

Javier, un estudiante que optó por cursar una segunda carrera en una universidad confiscada, explicó que tomó esa decisión para buscar nuevas opciones de desarrollo y ampliar su currículo profesional.

El joven manifestó que no considera que su formación universitaria lo haya preparado de manera suficiente para la vida laboral. También señaló que la burocracia dentro de las instituciones puede dificultar la creación de contactos profesionales.

El análisis sostiene que los problemas de la educación superior pueden incidir en la capacidad de los egresados para competir por empleos en Nicaragua o en otros países. Esa evaluación se relaciona con la calidad de la formación y las condiciones del mercado laboral.

El economista Enrique Sáenz, de la Fundación Puentes para el Desarrollo, afirmó que la estructura económica nacional tiene limitaciones para crear empleos profesionales. Desde esa perspectiva, indicó que un título no asegura un puesto de trabajo en la carrera estudiada.

“Tener un título universitario en Nicaragua no es garantía”, señaló Sáenz a la publicación. El economista vinculó esa situación con la capacidad de la economía para generar oportunidades laborales.

El reporte señala que algunos graduados que migran o se exilian enfrentan trámites académicos y administrativos para validar sus títulos. Esos requisitos pueden sumarse a las dificultades para insertarse en el mercado de trabajo del país de destino.

La salida de personal académico redujo la continuidad universitaria

La nota ubica parte de los problemas actuales en procesos ocurridos durante varias décadas. Entre ellos, menciona la salida de profesionales del país después de 1979 y una nueva emigración de académicos tras la Rebelión de Abril de 2018.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, Ernesto Medina Sandino, sostuvo que la partida de docentes e investigadores afectó el relevo generacional en las universidades.

Según su análisis, esa discontinuidad redujo las posibilidades de renovar conocimientos y desarrollar grupos de investigación. También indicó que la selección de profesores dejó de basarse exclusivamente en criterios académicos.

“Comenzaron a nombrar profesores no por su capacidad académica o su nivel de estudio, sino por su lealtad al régimen”, afirmó Medina Sandino ante el medio. El exrector consideró que ese mecanismo tiene efectos sobre las instituciones de educación superior.

El artículo asocia la salida de investigadores con doctorados y conexiones internacionales con una disminución de la producción científica. La publicación indica que la formación de ese personal especializado demandó más de dos décadas.

La pérdida de profesionales también puede tener consecuencias para proyectos económicos, sociales, académicos y ambientales, de acuerdo con las fuentes citadas. El análisis plantea que la disponibilidad de capital humano resulta necesaria para el desarrollo de esas actividades.

Algunos testimonios señalan restricciones para enseñar

Oswaldo, un profesional de las ciencias sociales que reside en Nicaragua, describió dificultades para la labor de los docentes. Según afirmó, los profesores enfrentan restricciones para impartir sus clases y deben aprobar a los estudiantes, incluso cuando tienen bajo desempeño.

“La educación está marcada por politiquería barata”, expresó Oswaldo. El entrevistado vinculó esa apreciación con el funcionamiento de las aulas, la situación del profesorado y la conducta de parte de los alumnos.

El director ejecutivo de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, Marco Aurelio Peña, relacionó este escenario con el nivel de libertad académica en las universidades.

Peña sostuvo que las carreras técnicas y las ingenierías tendrían menos margen para la incorporación de contenidos políticos. En cambio, consideró que áreas como Derecho, Ciencias Políticas e Historia estarían más expuestas a la influencia del discurso oficial.

El texto cita al Índice de Libertad Académica, que ubica a Nicaragua en el último lugar de su clasificación global. El indicador evalúa aspectos vinculados con la investigación, la enseñanza y la posibilidad de expresar ideas dentro de las instituciones académicas.

Sáenz señaló que esa posición coincide con otras dificultades institucionales del país. Medina Sandino planteó que una baja calificación en libertad académica puede limitar las condiciones para formar grupos de investigación.

La homologación de títulos es otro desafío para los graduados

Meza Sosa afirmó que Centroamérica no cuenta con un sistema regional integrado para acreditar y homologar títulos universitarios. De acuerdo con su explicación, cada país establece sus propias condiciones para reconocer estudios realizados en otra nación.

Esa situación puede afectar a los nicaragüenses que buscan continuar su formación o trabajar en el exterior. El reporte indica que algunos profesionales deben complementar sus estudios o cumplir procesos de validación de títulos antes de ejercer.

Javier afirmó que un diploma no certifica por sí mismo los conocimientos de una persona. Si decidiera emigrar, indicó que buscaría respaldar su formación mediante un posgrado, una maestría o una capacitación técnica en el país de destino.

Las fuentes consultadas coinciden en que las condiciones de la educación superior tienen impacto en las oportunidades de los estudiantes y graduados. Sus planteamientos apuntan a desafíos en financiamiento, docencia, investigación, libertad académica y reconocimiento de estudios.

Las operaciones inmobiliarias en Nicaragua pueden involucrar controles sobre la situación registral, fiscal y legal de cada propiedad. Las denuncias sobre transferencias administrativas, cobros tributarios y dificultades en trámites realizados desde el exterior han planteado interrogantes entre propietarios, herederos e interesados en comprar inmuebles.

La información publicada por Confidencial.digital señala que la situación puede variar según el antecedente de la finca, la condición del titular y la zona donde se ubique el bien. En ese contexto, los documentos de propiedad, las constancias tributarias y los datos del Registro Público adquieren relevancia para conocer el estado de una operación.

Quienes compren, hereden o administren una propiedad pueden solicitar información sobre gravámenes, pagos pendientes y antecedentes de titularidad. La revisión del título, la situación del notario, la solvencia municipal y el resguardo de escrituras y recibos forman parte de los documentos mencionados para estos casos.

La Procuraduría ha intervenido en transferencias de propiedades

La Procuraduría General de Justicia ha participado en procedimientos mediante los cuales inmuebles privados fueron asignados a otras instituciones estatales. Según las denuncias citadas, estas decisiones pueden incluir la cancelación de contratos, la toma del control del bien y su posterior entrega a una entidad pública.

El procedimiento descrito no siempre contempla un juicio previo o una notificación judicial dirigida al propietario. Las transferencias pueden instrumentarse mediante resoluciones administrativas y autorizaciones de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Uno de los casos publicados por Confidencial.digital involucró a nueve jubilados estadounidenses que tenían viviendas en Tola, Rivas. Sus contratos de arriendo con la Alcaldía fueron cancelados y las llaves de las casas fueron entregadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Las viviendas fueron valuadas en USD 15 millones. Cuatro días después de la publicación, comenzó la devolución de las propiedades, una situación presentada como una excepción frente a otros casos.

Entre 2024 y 2026, más de 370 propiedades fueron traspasadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social bajo ese esquema. En parte de esos registros, se habrían eliminado datos sobre la ubicación y las características de las fincas.

El Registro Público conserva trámites ordinarios, aunque hay casos con obstáculos

La consulta ante el Registro Público permite verificar quién aparece como titular de un inmueble y conocer si existen hipotecas, embargos u otras anotaciones. Este paso resulta habitual antes de una compraventa o una sucesión.

El Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro mantiene operaciones para trámites cotidianos. La información disponible indica, no obstante, que los asientos registrales pueden ser modificados, bloqueados o eliminados por decisiones administrativas cuando intervienen intereses gubernamentales.

La revisión de los tomos físicos del Registro Público puede complementar la consulta digital. Esa documentación permite revisar la historia de la finca y conservar constancias sobre su inscripción.

Las propiedades vinculadas con personas desnacionalizadas, sacerdotes, integrantes de organizaciones no gubernamentales canceladas, empresarios señalados o exiliados figuran entre los bienes que pueden estar más expuestos a este tipo de situaciones.

También se mencionan los inmuebles ubicados en Rivas, Tola, San Juan del Sur, Corn Island y el Pacífico Sur. Las áreas rurales de Matagalpa, Jinotega y Chinandega tienen antecedentes de tomas de tierras.

La vigencia del notario incide en la inscripción de las escrituras

La Corte Suprema de Justicia ha retirado o suspendido más de 2,000 licencias de abogados y notarios públicos. Entre los profesionales afectados figuran personas que viven en el exilio o que participaron en causas vinculadas con presos políticos.

Una escritura autorizada por un notario suspendido puede ser declarada nula por el Registro Público. La vigencia del carné y del quinquenio del profesional puede verificarse ante la Dirección de Control de Abogados de la Corte Suprema de Justicia.

Los poderes extendidos desde el extranjero tienen validez formal, aunque pueden enfrentar obstáculos durante su inscripción. Esta situación puede ocurrir incluso si el documento fue otorgado ante un consulado o un notario extranjero y cuenta con apostilla.

La Dirección de Registros, que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría, puede pedir que el titular se presente personalmente. También puede aplicar revisiones especiales a documentos firmados por medio de representantes.

El IBI puede originar procesos de cobro y embargo

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es una de las obligaciones que puede afectar a propietarios y compradores. Las alcaldías pueden reclamar deudas tributarias y abrir procedimientos de cobro contra el titular del inmueble.

Se han denunciado incrementos en los avalúos catastrales, cobros retroactivos de hasta cinco años y multas aplicadas a propietarios que residen fuera del país. Algunos avalúos habrían aumentado hasta 300%.

Si la deuda no se cancela, la Alcaldía puede iniciar un juicio ejecutivo, solicitar un embargo y llevar el inmueble a remate. En ese proceso, la finca puede ser adjudicada por un valor inferior al de una venta ordinaria.

El embargo fiscal se vincula con una obligación tributaria impaga. La confiscación de facto se refiere a la toma de un bien o a la modificación de su condición registral sin una notificación judicial previa.

Los recibos del IBI permiten acreditar los pagos efectuados. Las constancias originales y sus copias digitales pueden mantenerse fuera de la vivienda o de la finca.

Los alquileres y las herencias pueden requerir trámites adicionales

Los propietarios que alquilan un inmueble pueden enfrentar conflictos con inquilinos o cuidadores que dejan de pagar y rechazan entregar la vivienda. En algunos casos, los ocupantes han alegado vínculos o respaldo político.

Los contratos de alquiler pueden establecer condiciones sobre la falta de pago, el vencimiento del plazo, el subarriendo y la cesión del uso a terceros. Para los dueños que residen fuera del país, también puede intervenir un apoderado dentro de Nicaragua.

Los procesos de desalojo pueden extenderse cuando las partes mantienen un conflicto. Algunos abogados han sugerido negociar la entrega voluntaria mediante familiares, representantes o notarios locales.

Las sucesiones pueden quedar paralizadas cuando los herederos o el fallecido fueron declarados traidores a la patria o perdieron la nacionalidad. La Procuraduría puede intervenir en la tramitación de esos bienes.

Las escrituras, los documentos familiares y las certificaciones registrales permiten respaldar los derechos hereditarios. Cada sucesión depende de los antecedentes de los involucrados y de la condición legal que figure en el expediente.

Los archivos conservados fuera del país pueden aportar pruebas

Las copias digitales de una escritura no impiden una ocupación, un embargo o una orden administrativa dentro de Nicaragua. Pueden servir, en cambio, para acreditar la titularidad, los pagos y la cadena de antecedentes de una propiedad.

El archivo patrimonial puede incluir escrituras, testimonios notariales, certificaciones registrales, planos, recibos del IBI y contratos de alquiler. Estos documentos pueden conservarse en la nube y en soportes físicos fuera del país.

Las vías de reposición, apelación municipal y amparo ante la Sala Constitucional han tenido resultados limitados en este tipo de casos. Una denuncia puede dejar constancia de la fecha en la que el propietario cuestionó una medida.

La documentación puede utilizarse en reclamos internacionales, arbitrajes o procesos posteriores de restitución e indemnización. Los ciudadanos estadounidenses también pueden recurrir a tribunales de su país o a mecanismos de protección de inversiones previstos en el CAFTA.

Cuatro documentos permiten conocer el estado de una finca

El certificado de libertad de gravamen debe tener una antigüedad máxima de 15 días. Este documento permite verificar la existencia de hipotecas, embargos u otras cargas inscritas.

El historial de la finca de los últimos 30 años muestra la sucesión de propietarios anteriores. Su consulta permite revisar si existen antecedentes relacionados con confiscaciones de los años 80 o repartos estatales.

El plano catastral aprobado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales debe incluir la certificación de medidas y linderos. Esa información permite contrastar la delimitación de la propiedad con los datos disponibles.

La solvencia municipal del IBI informa si el inmueble tiene deudas, multas o avalúos pendientes. Estos documentos permiten reunir información sobre la situación jurídica y fiscal de una propiedad antes de una operación.

El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro solicitó a autoridades de la Unión Europea (UE) que refuercen las medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con una ampliación de las sanciones y de la presión financiera. El pedido ocurrió durante una serie de reuniones en Bruselas, donde planteó una agenda que incluye la liberación de los presos políticos, el rechazo a la represión fuera de las fronteras nicaragüenses y un plan para recuperar la democracia.

Chamorro informó sobre las gestiones a través de su cuenta en X. Según expuso, mantuvo encuentros con representantes del Parlamento Europeo y de la instancia ejecutiva comunitaria, de los que recibió una respuesta “muy positiva”. En la imagen difundida por el dirigente aparecen también otros integrantes de la oposición nicaragüense frente a la sede de la Eurocámara.

“Ante autoridades de la UE generando presión a la dictadura”, escribió Chamorro. En su mensaje enumeró sus propuestas: la liberación de los detenidos por razones políticas, la denuncia de la represión transnacional, la restitución de las libertades, elecciones libres y un esquema de transición democrática.

El ex precandidato presidencial sostuvo además que la Unión Europea debe extender las restricciones individuales y adoptar otras herramientas financieras contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. Chamorro fue detenido en junio de 2021, antes de las elecciones de ese año, y permaneció encarcelado hasta febrero de 2023, cuando fue expulsado a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos.

El reclamo del opositor coincidió con la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra Nicaragua. La medida, adoptada el 9 de octubre, alcanza a 21 personas y tres entidades vinculadas al aparato estatal nicaragüense.

El sistema vigente contempla la congelación de activos en territorio europeo, la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos o recursos económicos a disposición de los sancionados y restricciones de ingreso o tránsito para las personas incluidas en la lista.

Entre las entidades sancionadas figuran la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor. Las medidas también alcanzan a Rosario Murillo, designada copresidenta por el oficialismo, a altos funcionarios del Ejecutivo, mandos policiales y miembros del entorno familiar de la pareja gobernante.

El Consejo revisó la decisión aprobada en 2019 y actualizó los fundamentos de la sanción contra Néstor Moncada Lau, quien fue asesor presidencial en temas de seguridad nacional hasta 2025. El documento europeo lo vincula con la adopción de políticas represivas contra manifestantes, opositores y periodistas desde abril de 2018.

La UE sostiene que sus medidas son selectivas y que no buscan perjudicar a la población ni a la economía del país. El bloque ha fundamentado sus restricciones en el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.

El Parlamento Europeo pidió ampliar las medidas contra el entorno de Ortega

La postura de Chamorro tiene antecedentes recientes en el Parlamento Europeo. El 18 de junio de 2026, los eurodiputados aprobaron una resolución que condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra organizaciones civiles, pueblos indígenas, iglesias y opositores.

La Eurocámara reclamó la excarcelación de todos los presos políticos, la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos y el respeto de la libertad religiosa. También pidió una investigación por la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera y la devolución de sus restos a la familia.

En esa resolución, el Parlamento Europeo solicitó al Consejo y a la Comisión Europea que suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica respecto de Nicaragua mientras continúe la represión. Además, planteó que no haya recursos europeos o multilaterales que puedan respaldar a las estructuras del régimen.

Los legisladores también instaron a ampliar las sanciones dirigidas contra los responsables, incluido Ortega y su círculo cercano. La política europea hacia Nicaragua combina, por ahora, las medidas restrictivas individuales con la exigencia de restablecer garantías democráticas, liberar a los detenidos y permitir el trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Chamorro busca que esa posición se traduzca en nuevas decisiones antes de la próxima revisión anual del marco de sanciones, prevista para octubre de 2027.

El régimen de Nicaragua destinó en el proyecto de Presupuesto General de la República 2027 una partida económica superior para infraestructura deportiva que para la construcción y reparación de centros educativos. La iniciativa entregada por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua otorga mayores fondos públicos a la edificación de estadios que a las obras físicas en el sistema de enseñanza escolar del país.

De acuerdo con las cifras oficiales expuestas en el parlamento y divulgadas por medios de comunicación locales, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) dispondrá de 1,700,3 millones de córdobas ($46.4 millones de dólares) para ejecutar obras públicas a lo largo de 2027.

En cambio, el presupuesto de capital reservado para la infraestructura a cargo del Ministerio de Educación (MINED) asciende a 1,618,8 millones de córdobas ($44,2 millones de dólares). Esta asignación deja un saldo favorable de más de 81 millones de córdobas a las instalaciones deportivas por encima de las obras escolares.

Por lo que, el desglose del programa de inversión pública contempla recursos específicos para la construcción, sustitución y expansión de al menos cinco estadios en diferentes departamentos de Nicaragua.

A estos recintos se añaden los estadios de fútbol proyectados en las localidades de Ocotal y Jalapa, cada uno con un presupuesto asignado de 201,4 millones de córdobas. En conjunto, la inversión directa en estas cinco instalaciones deportivas alcanza los 1.273,3 millones de córdobas (casi 35 millones de dólares).

El plan estatal incluye además intervenciones adicionales en el estadio Cacique Diriangén, ubicado en Diriamba, y en un recinto futbolístico en Catarina, cuyos costos específicos no quedaron detallados en la exposición inicial ante los legisladores.

Escasa asignación directa para la infraestructura de las escuelas públicas

En contraste con las sumas destinadas a los escenarios atléticos, la presentación pública del proyecto presupuestario solo mencionó obras concretas para tres centros de enseñanza escolar en todo el territorio nicaragüense. Las reparaciones y el equipamiento previstos abarcan únicamente:

• El Colegio República de Venezuela
• El Centro Educativo Gaspar García Laviana
• Instituto Primero de Mayo, ubicados en Managua, con un fondo total de 337 millones de córdobas.

Ese monto destinado a los tres colegios representa poco más del 26% del dinero reservado de manera exclusiva para los cinco estadios principales del plan. Respecto a la educación superior y técnica, las universidades y centros de formación tecnológica estatales recibirán 1,036 millones de córdobas (unos 28,3 millones de dólares) en materia de inversión de capital, una cifra que también queda por debajo de las partidas asignadas al desarrollo de estadios y recintos deportivos.

Aunque el MINED cuenta con un presupuesto general asignado de 20.248,4 millones de córdobas, el segundo monto más alto dentro de la estructura del Estado detrás del Ministerio de Salud, la inmensa mayoría de este dinero no se traduce en nuevas escuelas ni en mejoras de infraestructura física.

La partida presupuestaria de la entidad educativa se destina de forma prioritaria a gastos corrientes, como el pago de salarios de los maestros, la nómina administrativa y el funcionamiento operativo diario.

Esta distribución contuvo los recursos para obras escolares directas en un contexto de crecimiento de las recaudaciones estatales. El proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional de Nicaragua proyecta que los ingresos fiscales del Estado aumentarán en 23.435 millones de córdobas (unos 640 millones de dólares), mientras que el gasto público total solo se elevará en 1.459 millones de córdobas (alrededor de 39,8 millones de dólares).

El sacerdote miskito Rodolfo French Naar asumirá nuevas funciones en la parroquia St. Raphael de Lehigh Acres, Florida, a partir del 19 de octubre. El religioso, que permanece fuera de Nicaragua desde 2024, fue designado administrador de esa comunidad por la Diócesis de Venice.

La decisión fue comunicada en una carta fechada el 29 de septiembre y firmada por el obispo Emilio Biosca. French ejercía como vicario parroquial en St. Raphael desde octubre de 2024.

El nombramiento supone que el sacerdote tendrá responsabilidades de conducción pastoral y administrativa en una parroquia con una amplia presencia de fieles hispanohablantes. Según su relato, la nueva tarea representa un desafío, sobre todo por los aspectos administrativos del cargo.

El religioso cumplió 60 años el 4 de octubre. Fue ordenado sacerdote en 1995, en la parroquia San Pedro Apóstol de Puerto Cabezas.

El sacerdote quedó fuera de Nicaragua durante un viaje en 2024

French salió de Nicaragua el 24 de mayo de 2024 para realizar un viaje que, según explicó, repetía desde hacía años. Primero se trasladó a España para visitar a personas que habían apoyado su formación religiosa y después viajó a Estados Unidos, donde residen dos de sus hermanos.

El regreso estaba previsto para el 2 de julio de ese año. Días antes, una agencia de viajes le comunicó que las autoridades nicaragüenses no autorizaban su reingreso al país.

El sacerdote relató, a Diario La Prensa, que recibió el aviso tras llegar desde Nueva Orleans al lugar donde se alojaba. “Era una nota que decía que el régimen de Nicaragua no permitía el regreso del pasajero”, afirmó.

French indicó que no acudió al aeropuerto para cuestionar la medida. Según contó, consideró suficiente la información transmitida por la agencia de viajes.

El religioso aseguró que no recibió una acusación formal ni una explicación oficial sobre la decisión. También señaló que, durante su trabajo pastoral en Waspam, había advertido la presencia de policías en algunas celebraciones religiosas.

Su trabajo pastoral se desarrolló durante años en comunidades miskitas

Antes de salir del país, French estaba a cargo de la parroquia San Rafael Arcángel de Waspam. Esa jurisdicción incluía 52 capillas, muchas de ellas ubicadas en comunidades miskitas.

Para llegar a distintos puntos de la zona, el sacerdote se desplazaba en cayuco y a lomo de animales. Su labor pastoral incluía visitas a poblaciones de difícil acceso y actividades vinculadas con la vida religiosa local.

En 2020, era uno de los ocho sacerdotes miskitos de Nicaragua. Había cursado estudios de Filosofía, Teología y Derecho Canónico, y hablaba miskito, español, inglés, alemán e italiano.

French creció en San Carlos, cerca del río Coco, en una familia indígena de siete hermanos. Durante la guerra de los años ochenta, su familia fue trasladada al asentamiento de Tasba Pri.

El sacerdote contó que inicialmente quería ser maestro y estudió durante un año en la Escuela Normal. Más tarde ingresó al Seminario, alentado por religiosos que consideraban necesaria la presencia de curas miskitos que pudieran transmitir el mensaje religioso en su lengua.

La asistencia tras los huracanes amplió su reconocimiento público

La tarea de French en Waspam tuvo mayor visibilidad después del paso de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020. En ese momento, participó en evacuaciones y en la distribución de provisiones entre familias afectadas.

Diario La Prensa informó sobre sus recorridos por comunidades indígenas y sobre las labores de apoyo que realizó desde la parroquia San Rafael Arcángel. El medio lo identificó entonces como “el arcángel del río Coco”.

El sacerdote recordó que durante la emergencia escuchaba con frecuencia pedidos de alimentos en los albergues. También había participado en actividades de auxilio tras el huracán Félix, que afectó Puerto Cabezas en 2007.

French consideró que su trabajo humanitario había contribuido a que su imagen fuera conocida en distintas zonas de la Costa Caribe. No obstante, no atribuyó de manera definitiva su situación migratoria a esa labor.

“Yo nunca les provoqué nada”, sostuvo al referirse a las autoridades. El religioso añadió que tuvo conocimiento de personas que, según dijo, grababan sus homilías.

La parroquia de Florida reúne a miles de fieles en sus misas en español

Tras permanecer en Estados Unidos, French evaluó incorporarse a la Arquidiócesis de Nueva Orleans, donde tenía amistades. Ese proceso no avanzó y luego fue recibido por una familia nicaragüense en Florida.

La familia lo llevó a una misa en St. Raphael. Allí, el sacerdote de la parroquia conoció su situación y se comunicó con el obispo de la Diócesis de Venice.

El 21 de octubre de 2024 fue nombrado vicario parroquial y tomó posesión dos días más tarde. Ahora asumirá como administrador de la iglesia.

French señaló que la parroquia registra una asistencia elevada en sus celebraciones. La misa hispana de las 10:30 reúne a más de 1,300 personas, mientras que la celebración vespertina congrega entre 800 y 900 fieles.

En fechas como Navidad, Pascua y Miércoles de Ceniza, la asistencia supera la capacidad habitual del edificio. Por ese motivo, la comunidad considera la posibilidad de construir un templo de mayor tamaño.

El sacerdote mantiene su vínculo con Nicaragua

French afirmó que conserva una relación estrecha con su país de origen y con las comunidades donde trabajó. En particular, mencionó los proyectos pastorales y culturales que quedaron pendientes en Waspam.

Entre ellos, recordó una emisora parroquial destinada a promover la lengua miskita, la cultura local y contenidos educativos. También lamentó haber interrumpido procesos de formación y visitas a comunidades.

“Dejé media vida”, expresó al hablar de su salida de Waspam. El sacerdote dijo que le afectaron especialmente los mensajes de personas mayores que le preguntaban por qué no podía regresar.

En Florida, explicó que intenta mantener costumbres vinculadas con su origen miskito y nicaragüense. Mencionó la preparación de wabul y los alimentos tradicionales que recibe de algunos miembros de la comunidad.

French agradeció el respaldo de la Diócesis de Venice y señaló que la institución cubrió los gastos relacionados con su situación. A la vez, afirmó que mantiene la expectativa de volver a Nicaragua si en algún momento las condiciones se lo permiten.

“Mi corazón está en mi tierra, en mi país”, afirmó. El sacerdote dijo que continuará con sus funciones en St. Raphael mientras acompaña desde Florida a las personas y comunidades con las que mantiene vínculos en Nicaragua.

El dron apenas llevaba un minuto sobrevolando la laguna de Tiscapa, en Managua, cuando un hombre vestido de civil, que se movilizaba en motocicleta, se acercó a Wyatt y Reyka, una pareja extranjera de creadores de contenido que recorría Nicaragua.

El desconocido les exigió bajar el aparato y mostrar sus documentos. Como no llevaba uniforme, los viajeros desconfiaron de que fuera policía y temieron que se tratara de alguien que pretendía robarles. Decidieron alejarse del lugar. Sin embargo, aquella breve grabación turística terminaría con ambos interrogados en una instalación policial.

Buscaron refugio en un centro comercial, pero los mismos hombres los localizaron en el segundo piso y les ordenaron permanecer allí mientras llegaban refuerzos. Según el relato de la pareja, aparecieron ocho o nueve hombres vestidos con ropa de camuflaje, quienes los trasladaron a una dependencia policial.

Les revisaron sus pertenencias y los interrogaron por separado sobre sus trabajos, el hotel donde se alojaban, los motivos del viaje y las imágenes que pretendían obtener.

Los protagonistas contaron su experiencia en una publicación titulada Detained in Nicaragua (Detenidos en Nicaragua). La pareja permaneció retenida alrededor de tres horas y media. Las autoridades conservaron el dron hasta el día de su salida de Nicaragua, cuando se lo devolvieron en el aeropuerto. No les impusieron una multa, según su testimonio.

Non gratos

La experiencia de Wyatt y Reyka es una de las denuncias más recientes de una serie de incidentes que han involucrado a turistas extranjeros dedicados a producir videos para YouTube, Instagram, TikTok y otras plataformas.

Los testimonios abarcan desde revisiones de teléfonos y publicaciones digitales hasta interrogatorios prolongados, prohibiciones de ingreso y expulsiones. En varios casos, los afectados aseguran que no pretendían abordar asuntos políticos, sino documentar paisajes, ciudades, gastronomía y experiencias personales.

El periodista y especialista en comunicación, Alfonso Malespín, recuerda que la hostilidad hacia los creadores de contenido se acrecentó a partir de la reforma a la Ley 761 que otorgó facultades a los funcionarios de Migración de rechazar el ingreso de cualquier persona que considerar un potencial peligro a la seguridad nacional.

El artículo 1 de esta ley, reformado en noviembre de 2024, establece: “Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida”.

No es casualidad que en 2025 se dispararan los rechazos y controles a los creadores de contenido, por el solo hecho de serlos.

“Ellos quieren controlar la narrativa, la imagen que se tiene del país en el exterior, sobre todo en las redes sociales. Y para eso tienen que negarle el ingreso a toda persona que consideran que no se va a ceñir a esa narrativa”, señala Malespín.

Drones prohibidos

La historia de Wyatt y Reyka tiene un antecedente particularmente extraño. En julio de 2024, la creadora de contenido estadounidense de origen ruso Yekaterina Vorokhobova, conocida en las redes sociales como Tropical Russian, ingresó a Nicaragua desde Costa Rica acompañada del costarricense Ángel Yireh Chinchilla Chavarría.

Su destino era Corn Island, en el Caribe nicaragüense, donde asistirían a una boda. Llevaban consigo un dron, un equipo habitual para producir imágenes de viajes, pero cuyo ingreso y utilización están prohibidos en Nicaragua.

En Bluefields, las autoridades detectaron el aparato y comenzaron las dificultades. Según relató posteriormente Vorokhobova, un policía recibió la misión de acompañarlos durante su recorrido hacia la frontera costarricense para asegurarse de que no utilizaran el dron.

La situación produjo escenas inusuales que la propia creadora mostró luego: el agente compartió café y cerveza con los viajeros durante el trayecto, mientras cumplía la tarea de vigilarlos.

La situación, sin embargo, se complicó cuando llegaron a la frontera. Las autoridades confiscaron el aparato y exigieron el pago de 500 dólares por haberlo introducido al país.

También retuvieron temporalmente el vehículo y sus llaves como garantía. Vorokhobova tuvo que cruzar a Costa Rica para conseguir el dinero, regresar a Nicaragua, completar los trámites migratorios y recuperar sus pertenencias. En agosto de 2024 informó que finalmente había conseguido salir y expresó que no volvería a Nicaragua.

Nicaragua mantiene regulaciones específicas para los drones desde 2014. En marzo de 2018, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil recordó la vigencia de la Resolución 34-2014, y posteriormente se establecieron restricciones adicionales para la fotografía y grabación aérea.

Vigilancia policial

El francés Gabriel Lépinay, de 19 años, no era un influencer profesional. Estudiaba Ciencias Políticas y compartía imágenes de sus viajes en Instagram. En julio de 2026 se encontraba en Managua cuando decidió grabar con su teléfono una zona donde observó una fuerte presencia policial, cerca del complejo residencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el barrio El Carmen.

La grabación provocó la intervención de un agente que, según su denuncia, lo interceptó y le quitó el teléfono. El episodio derivó en un interrogatorio que se prolongó durante más de once horas, entre el 2 y el 3 de julio.

Las preguntas abordaron sus actividades en Nicaragua, sus contactos, los motivos del viaje y sus opiniones políticas. Lépinay afirmó que durante el procedimiento le negaron asistencia consular y legal, y finalmente fue expulsado hacia Costa Rica.

En agosto de 2026, el creador extranjero J Hills difundió un video de 42 segundos desde el centro histórico de Managua en el que explicó que suspendería sus grabaciones porque sospechaba que un guardia de seguridad lo estaba siguiendo. Había filmado banderas políticas y comentado las restricciones para registrar imágenes de edificios oficiales. No fue detenido.

El 1 de septiembre de 2025, el argentino Federico Skrbec aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Managua procedente de Panamá. Conocido por su canal Argentina y el Mundo, había viajado para producir contenido turístico junto con Sol Luccisano. Su intención era mostrar lugares de interés para sus seguidores, pero agentes policiales y migratorios lo interceptaron antes de que completara los trámites de ingreso.

“Me deportaron de Nicaragua… me dijeron con estas palabras: ´Su visita no es grata al país´”, denunció Skrbec después de ser devuelto. Según su relato, permaneció más de cuatro horas incomunicado, sin pasaporte ni teléfono, hasta que lo escoltaron hacia un avión. “Yo no había cometido ningún delito”, aseguró el creador argentino, quien sostuvo que había cumplido los requisitos migratorios y sanitarios exigidos para visitar el país.

Skrbec insistió en que su canal no estaba dedicado a la política. Su experiencia, sin embargo, no fue excepcional durante aquel septiembre. El español Sergio Rivera, responsable de Viajes de Ida, también intentó ingresar desde Honduras para recorrer León, Managua, Granada y Corn Island, pero terminó regresando sin haber conseguido autorización. No llevaba dron ni cámaras profesionales y había realizado previamente el trámite migratorio por internet.

“Me preguntaron si era influencer… sinceramente, no me dejaron entrar porque tengo un canal de YouTube”, relató Rivera. Los funcionarios lo interrogaron durante más de dos horas sobre su actividad y el tipo de videos que publicaba. Al final, el español modificó su itinerario y viajó directamente desde El Salvador hacia Panamá, dejando Nicaragua fuera del recorrido que había preparado.

Rechazado en la frontera

La negativa de ingreso también alcanzó al creador indio Hodu Raj, conocido como The Indo Trekker. En septiembre de 2025 llegó a El Guasaule procedente de Tegucigalpa y pasó alrededor de seis horas esperando una respuesta de Migración.

Los funcionarios le preguntaron por su trabajo, sus viajes y los 500 dólares que llevaba consigo. Cuando finalmente le comunicaron que no podía ingresar, un oficial lo acompañó a pie hasta la línea fronteriza con Honduras, de noche y bajo la lluvia.

Raj contó que había observado a turistas europeos cruzar sin dificultades mientras él permanecía bajo revisión. Atribuyó el trato recibido tanto a su nacionalidad como a su condición de creador de contenido. El viajero regresó a Honduras sin haber conseguido entrar en Nicaragua y difundió posteriormente su experiencia en un video.

En julio de ese mismo año, la colombiana Angélica Chaves, que recorría América en motocicleta, había intentado cruzar por Peñas Blancas desde Costa Rica. Las autoridades le negaron el ingreso en dos ocasiones, incluso cuando planteó que únicamente necesitaba atravesar Nicaragua para continuar su viaje hacia México. Había dejado su dron fuera del país para evitar problemas.

“Me advirtieron que podían detenerme si entraba a grabar con mi equipo”, contó Chaves, quien afirmó que los funcionarios mencionaron “temas internos del país” al justificar las restricciones. Después de dos intentos fallidos, resumió su situación: “Definitivamente no hay forma de que me quieran recibir allá, ni de tránsito, ni por 10 días, ni por nada”. La creadora tuvo que buscar otra manera de continuar su recorrido continental.

Acusado de “espía”

El bloguero israelí-ruso Alexander Lapshin, conocido por sus viajes a países y regiones en conflicto, llegó a la frontera de Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, en julio de 2025. Viajaba acompañado de su esposa y su hija, y pretendía ingresar como turista, pero su nacionalidad y sus antecedentes despertaron preguntas de los funcionarios migratorios.

Lapshin denunció que lo retuvieron durante unas tres horas, le preguntaron por su servicio militar y lo señalaron como supuesto espía de Israel. “Ni siquiera iba a bajar del bus… nos bajaron y nos quitaron los pasaportes”, relató. También aseguró que un funcionario le advirtió que podía terminar preso si intentaba grabar durante el procedimiento, mientras otros turistas europeos que viajaban en el mismo autobús enfrentaban dificultades para ingresar.

El bloguero consiguió recuperar los documentos y decidió regresar a Honduras con su familia. En la precipitada salida dejó parte de su equipaje del lado nicaragüense.

El peruano Andy Tirado, del canal Gravedad 11, experimentó una situación similar a finales de abril de 2025, cuando intentaba entrar desde Costa Rica en motocicleta.

Tirado relató que el funcionario migratorio comenzó a revisar sus videos, los títulos de sus publicaciones y la cantidad de suscriptores después de que mencionó que tenía un canal de YouTube.

Permaneció alrededor de seis horas sometido a controles y revisiones. En Aduana le hicieron desempacar repetidamente sus pertenencias para comprobar que no llevaba un dron, aparato que, según explicó, había enviado previamente a Honduras.

“Me hicieron sacar las maletas por lo menos seis veces”, denunció el motociclista, quien finalmente consiguió autorización para ingresar después de proporcionar detalles de su itinerario y los hoteles donde pensaba hospedarse. Su experiencia quedó resumida en el título que eligió para el video: “Me hacen la vida imposible en la frontera de Nicaragua por ser youtuber”.

El sudafricano Kurt Caz, conocido internacionalmente por sus videos de viajes, consiguió entrar a Nicaragua, pero su recorrido por Managua terminó en manos de la Policía. En mayo de 2025 estaba grabando en las inmediaciones del Mercado Oriental cuando, según denunció, agentes vestidos de civil lo interceptaron y lo retuvieron durante aproximadamente cuatro horas.

Caz afirmó que los policías habían sido alertados de que estaba filmando y que durante el interrogatorio amenazaron con presentarse en su hotel para revisar los discos duros donde almacenaba sus grabaciones. El creador contó que retiró la batería y la tarjeta de memoria de su equipo para evitar que se llevaran el material. Un taxista que también permanecía retenido le advirtió sobre la presencia de agentes encubiertos en las calles de Managua.

“Nunca he visto algo así”, expresó el sudafricano al describir el procedimiento.

En noviembre de 2023 el argentino Pablo Imhoff, responsable de Proyecto Alaska, intentó cruzar Nicaragua como parte de su viaje continental en motocicleta. Imhoff fue rechazado en Peñas Blancas porque, según le informaron, no había completado un formulario migratorio. Cuando regresó con el trámite realizado, las autoridades volvieron a impedirle el ingreso.

El argentino observó que otros viajeros habían conseguido cruzar sin completar el mismo procedimiento y comenzó a sospechar que existían motivos adicionales para impedirle entrar. En su video Llego a la frontera con Nicaragua y pasó esto (estoy en la mira), relacionó sus dificultades con el endurecimiento de los controles hacia motociclistas que grababan sus viajes y recordó las denuncias de corrupción difundidas.

Prohibido criticar a Ortega

El periodista Malespín señala que algunas personas han sido rechazadas por que en algún momento criticaron al régimen de Nicaragua en sus redes sociales. Tal es el caso del periodista deportivo costarricense Adrián Eduardo Quirós Araya quien llegó al puesto fronterizo de Peñas Blancas el 5 de septiembre de 2025, para cubrir un partido de fútbol entre Nicaragua y Costa Rica, pero las autoridades le impidieron ingresar después de mostrarle una publicación crítica con Daniel Ortega.

“Me negaron la entrada… me escoltaron fuera del país por una publicación de hace 12 años”, denunció Quirós Araya. Durante el procedimiento le retuvieron el pasaporte y posteriormente lo acompañaron hasta la salida. El periodista relató que tuvo que caminar varios kilómetros y que temía volver a ser interceptado antes de conseguir abandonar el puesto fronterizo.

En otros episodios, las autoridades no comunicaron una razón concreta. Los argentinos Mauricio Sepúlveda y Micaela Mazzula, del canal Viajando para vivir, denunciaron que fueron interrogados durante más de seis horas en la frontera sur en 2025. Nicaragua era el decimotercer país de su recorrido, pero decidieron interrumpir las grabaciones durante el procedimiento y reservar los detalles de lo ocurrido hasta haber salido del territorio nicaragüense.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también registró que los creadores argentinos Pamela Corvalán y Juan Manuel Sosa abandonaron Nicaragua antes de lo previsto en 2025, en medio de las restricciones denunciadas contra productores digitales extranjeros. Señaló que el hostigamiento contra youtubers y productores de contenido se había vuelto más evidente y sistemático en Nicaragua, con casos de retenciones, intimidaciones, acusaciones de espionaje, deportaciones y prohibiciones de ingreso.

La SIP situó esos incidentes dentro de un contexto más amplio de restricciones a la libertad de prensa y circulación de información. En su resolución de octubre de 2025 también recordó que cerca de 300 periodistas nicaragüenses habían sido forzados al exilio desde 2018, mientras los comunicadores que permanecían en el país continuaban enfrentando vigilancia y presiones.

“El régimen no quieren admitir que alguien diga o haga algo que ellos no puedan controlar”, resume Malespín.

Wyatt y Reyka consiguieron recuperar su dron antes de abandonar el país. Yekaterina Vorokhobova tuvo que pagar 500 dólares y cruzar la frontera para obtener el dinero. Federico Skrbec regresó en avión sin conocer Nicaragua, Sergio Rivera modificó su ruta y Angélica Chaves no logró atravesar el territorio en motocicleta. Kurt Caz consiguió grabar Managua, pero pasó cuatro horas retenido, mientras Gabriel Lépinay terminó expulsado hacia Costa Rica después de un interrogatorio de más de once horas.

Al final, no todo es pérdida para los creadores de contenido. “Esos episodios les dan más tráfico, aumentan el número de suscriptores, el número de visitas y reproducciones de sus videos”, indica el investigador. “Y la imagen del gobierno queda muy mal. Queda como un gobierno intolerante, abusivo, corrupto”.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a comerciantes que intentaban contener el paso del agua y proteger productos antes de que fueran arrastrados. En algunas imágenes se observa a personas que luchan contra la corriente en medio de los puestos inundados, mientras el caudal avanza.

La acumulación de agua afectó la circulación dentro del lugar y expuso la mercadería que se encontraba a nivel del suelo.

Medios locales informaron que las precipitaciones tuvieron una alta intensidad y se concentraron durante un período corto, una situación que favoreció la formación de corrientes en calles y zonas comerciales de la capital.

Las lluvias causaron daños en varios sectores de Managua

El canal local TN8 informó que las lluvias registradas en Managua causaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Entre los daños mencionados figuran tramos deteriorados en el Mercado Oriental, donde la fuerza del agua afectó parte de la infraestructura vial interna y los accesos.

El medio también reportó la caída de un árbol en el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Las imágenes difundidas reflejan la rapidez con la que el agua ocupó calles y zonas de paso tras el aguacero.

A su vez, de acuerdo con el Despacho 505, la tormenta provocó que una corriente de agua arrastrara un vehículo en la calle principal del barrio Miguel Gutiérrez, según reportes preliminares.

Por el momento, no se informó si había personas dentro del automóvil ni si el hecho dejó herido

Otra de las áreas afectadas fue el cauce de La Primavera, donde las lluvias incrementaron el flujo de agua.

El evento climatológico complicó el desplazamiento de quienes circulaban por Managua, mientras que, la situación en el Mercado Oriental volvió a mostrar la vulnerabilidad de las zonas comerciales ante lluvias de gran intensidad. Los comerciantes intentaron retirar o proteger la mercancía expuesta, aunque las corrientes alcanzaron puestos ubicados en sectores bajos o próximos a las rutas por donde desciende el agua.

Sinapred recomendó alejarse de árboles, postes y cables eléctricos durante las lluvias

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) difundió este día recomendaciones de prevención ante las lluvias. Entre ellas, pidió a la población alejarse de árboles, postes y cables eléctricos, debido al riesgo que pueden generar las ráfagas de viento, la caída de estructuras o el contacto con instalaciones energizadas.

La institución también indicó evitar el cruce de ríos y quebradas cuando estén crecidos. Las corrientes pueden aumentar de forma rápida durante lluvias intensas, incluso en lugares donde las precipitaciones ya disminuyeron.

Además, Sinapred sugirió preparar alimentos, agua, medicinas y otros artículos necesarios para responder ante eventuales emergencias. La recomendación apunta a que las familias dispongan de insumos básicos ante interrupciones de movilidad, inundaciones o situaciones que obliguen a permanecer en sus viviendas.

La maquila Rocedes, vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, fue intervenida esta semana por autoridades del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, una medida que dejó a 1,800 trabajadores enviados de vacaciones y sin certezas sobre el pago de salarios y liquidaciones. La toma ocurrió en medio de reclamos por presuntas deudas con la seguridad social, empresas eléctricas y exempleados.

La ocupación de las instalaciones se produjo después de que el régimen ordenara devolver al menos nueve casas de playa que habían sido confiscadas a jubilados de Estados Unidos. El episodio generó incertidumbre entre las empresas instaladas en zona franca.

La planta funciona en el parque industrial Las Mercedes, en el kilómetro 12,5 de la Carretera Norte. La intervención fue atribuida a la Procuraduría General de Justicia, que asumió el control del predio, según informó LA PRENSA.

Los salarios y las prendas bajo control del interventor

Los empleados fueron enviados de vacaciones tras la toma de la fábrica, pero no recibieron precisiones sobre sus indemnizaciones. Fuentes vinculadas con la compañía señalaron que la medida también puso en riesgo el pago salarial previsto para ese fin de semana.

La situación alcanza a 400 extrabajadores que esperaban el pago de sus indemnizaciones. Las obligaciones pendientes incluirían aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, facturas de electricidad con Disnorte y Dissur, además de reclamos laborales.

Los trabajadores advirtieron que otras empresas entregaban encargos a Rocedes y que esas prendas permanecieron dentro de la planta. “El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes”, explicaron.

La compañía arrastraba antecedentes de conflictos por pagos de salarios y liquidaciones. En diciembre de 2025, empleados denunciaron retrasos en el depósito de sus aguinaldos y algunos presentaron demandas laborales.

En esos expedientes figuraba como apoderado general de administración Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del exjefe del Ejército. Cuadra Lacayo fue una figura de la cúpula militar sandinista hasta que respaldó públicamente las protestas sociales de 2018.

La participación de capital estadounidense y la falta de una explicación oficial

Además de los intereses de Cuadra Lacayo y su familia, Rocedes tendría capital estadounidense. Agencias de empleo la describían como una empresa de propiedad y gestión estadounidense, con gerentes angloparlantes en áreas como atención al cliente, control de calidad de corte, producción, cumplimiento comercial e importación y exportación.

La firma era miembro de American Apparel Producers Network y de la Asociación de Prendas de Vestir de Nicaragua. El exjefe militar no respondió una llamada realizada para conocer su posición sobre la intervención.

Las autoridades no se pronunciaron sobre la toma de las instalaciones ni informaron el monto de las deudas que la empresa mantendría con el INSS, las distribuidoras eléctricas y los trabajadores que iniciaron acciones judiciales.

En mayo de 2025, funcionarios del Ministerio del Trabajo visitaron la planta para abordar la restitución de derechos laborales, la armonía en el lugar de trabajo y las condiciones de higiene, seguridad y prevención de accidentes.

Para entonces, Rocedes tenía capacidad para producir 400 mil piezas mensuales y empleaba de forma permanente a 2.535 personas: 1.304 mujeres y 1.231 hombres.

Nicaragua se recuperó con una victoria por 3-0 ante Guatemala y mantuvo abiertas sus opciones de llegar a la final del Campeonato Centroamericano Final Four Femenino de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (Afecavol). El equipo anfitrión se impuso por 25-20, 25-13 y 25-15 en Managua, durante la segunda jornada del torneo.

Según informó Momento Deportivo RD, la selección dirigida por Claudia Noguera equilibró su registro en una victoria y una derrota, luego del traspié en su presentación. Guatemala, que tiene como entrenador a Julio Domínguez, quedó con dos derrotas en igual cantidad de partidos.

El encuentro se disputó el 16 de octubre en el Gimnasio de Voleibol del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en Managua, donde el conjunto local mostró una versión más firme que la del debut. Nicaragua logró mayor orden en defensa y encontró en el saque una vía para desarmar la recepción rival.

El primer parcial tuvo un desarrollo más parejo, aunque Nicaragua consiguió despegarse en el tramo decisivo para imponerse por 25-20. A partir de allí, las anfitrionas sostuvieron la presión desde el servicio y redujeron las alternativas ofensivas de Guatemala.

La superioridad se reflejó en las estadísticas. Nicaragua dominó el ataque por 38 puntos contra 21 y sumó 10 tantos de saque frente a cinco de Guatemala. Ambos equipos consiguieron tres bloqueos, pero el equipo local capitalizó además los 24 errores no forzados de su rival. Las nicaragüenses cometieron 19.

María Belén Arcia lideró el ataque de Nicaragua con 14 puntos. La opuesta Aniela Smith y la central Josafat Díaz aportaron 10 unidades cada una. Del lado guatemalteco, Andrea Mendizábal fue la jugadora con mayor producción ofensiva, con siete puntos, seguida por María Santa Cruz, que anotó seis.

Arcia consideró que el equipo corrigió aspectos que habían afectado su rendimiento en la jornada inaugural. “Creo que hoy salimos más acopladas, funcionamos como un engranaje, como un sistema”, afirmó la máxima anotadora del partido, en declaraciones recogidas por Momento Deportivo RD.

La atacante señaló que la derrota anterior sirvió como advertencia para el grupo. “La derrota de ayer fue un golpe de realidad. Esta victoria nos ayuda a levantar el ánimo para afrontar el juego de mañana, que será difícil”, agregó.

El duelo ante Costa Rica definirá el panorama de las locales

Noguera destacó la respuesta colectiva de sus dirigidas y subrayó el trabajo táctico para contener a las atacantes guatemaltecas por la posición cuatro. “La clave hoy fue mucha concentración, buena actitud y trabajo colectivo”, declaró la entrenadora nicaragüense.

La técnica sostuvo que el cuerpo técnico preparará un análisis del próximo rival. “Mañana tenemos que salir con la misma mentalidad y mejorar algunas cosas que se hicieron hoy”, dijo sobre el cruce que definirá las aspiraciones de su selección.

Guatemala intentó ajustar su formación con la incorporación de Santa Cruz, procedente de Estados Unidos, aunque el equipo no logró sostener el nivel del primer set. Domínguez atribuyó parte de las dificultades a la falta de eficacia en el denominado complejo uno, vinculado a la recepción y el armado tras el saque rival.

“No nos funcionó el complejo uno. Tuvimos poca dirección en el saque, que fue lo que nos ayudó en el primer set para neutralizar al contrario”, explicó el entrenador guatemalteco.

Este sábado, Nicaragua enfrentará a Costa Rica, que llega invicta con dos triunfos, desde las 7:00 de la noche. Guatemala, sin victorias, jugará ante Belice a las 4:30 de la tarde. Los resultados de ambos encuentros incidirán en la clasificación para la final del domingo del Final Four de Afecavol.

La cuenta regresiva para la esperada 75.ª edición de Miss Universo ha comenzado oficialmente, encendiendo la pasión de millones de fanáticos de la belleza alrededor del mundo. Con la icónica Isla del Encanto, Puerto Rico, como sede confirmada para la gran final que se celebrará el próximo 24 de noviembre, la Organización Miss Universo ha dado el pistoletazo de salida a una de las etapas más determinantes del certamen: la apertura global de las votaciones del público.

Este mecanismo ofrece a la fanaticada internacional el poder directo de catapultar a su candidata favorita hacia el codiciado grupo de las 30 semifinalistas. En una competencia caracterizada por la diversidad, la excelencia y la estrategia, conseguir un pase directo al Top 30 representa un impulso decisivo.

Además, los organizadores informaron que, una vez iniciada la fase de concentración final, el sitio web oficial habilitará categorías especiales para votar por el mejor traje de baño, el mejor vestido de noche y el mejor traje nacional.

En medio de este fervor global, la atención del país centroamericano se centra en Jasmine Blandford, la representante de Nicaragua, quien no solo busca asegurar su lugar entre las semifinalistas, sino consolidar una actuación memorable que trascienda el Top 20 o el Top 10 para conquistar la segunda corona de Miss Universo para su nación.

A pocas semanas de emprender su viaje hacia San Juan, Jasmine Blandford se encuentra en la fase culminante de una preparación rigurosa y meticulosa. Tras el hito histórico marcado por Nicaragua en ediciones recientes, las expectativas de la afición missóloga son extraordinariamente altas, y la soberana nicaragüense ha respondido con un plan de trabajo intensivo en Estados Unidos.

El entrenamiento de Blandford se sostiene sobre pilares fundamentales diseñados para potenciar cada una de sus fortalezas sobre el escenario internacional:

• Dominio de pasarela con sello internacional: Jasmine ha confirmado que la perfeccionamiento de su caminata y presencia escénica está a cargo de la legendaria preparadora venezolana Gisselle Reyes. Reconocida por formar a múltiples ganadoras de títulos internacionales, Reyes trabaja de cerca con la candidata para pulir su soltura, proyección y elegancia, aprovechando al máximo su imponente estatura de 1.80 metros.
• Oratoria, discurso y autenticidad: Más allá del impacto visual, el equipo de la delegada nicaragüense ha volcado gran parte de los esfuerzos en la comunicación. Las clases de oratoria se enfocan en consolidar un discurso sólido, genuino y con propósito social, permitiéndole visibilizar con orgullo sus raíces caribeñas provenientes de Kukra Hill ante el jurado calificador.

• Acondicionamiento físico y versatilidad estética: La rutina diaria de Jasmine abarca entrenamientos de alta resistencia y tonificación para afrontar la exigente agenda de la concentración internacional, complementada con sesiones fotográficas estratégicas y propuestas de imagen versátiles.

Claridad estratégica frente a los compromisos previos

A inicios del mes de octubre, la ausencia de Jasmine en una gira promocional previa en Puerto Rico, donde participó un grupo de 17 candidatas hispanoamericanas, generó diversos comentarios en plataformas digitales. Ante esto, el director de la franquicia de Miss Universo Nicaragua, Daniel Guevara, aclaró oportunamente que Blandford no formó parte de dicha actividad debido a la logística de invitación de los organizadores locales y no por inconvenientes internos.

Esta circunstancia fue aprovechada de manera óptima por la candidata y su equipo, permitiéndole mantener una concentración ininterrumpida y enfocar el 100% de su energía en los ensayos y capacitaciones en territorio estadounidense antes de su viaje definitivo a finales de octubre.

Ocho personas viajaron el 31 de mayo pasado desde las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua hasta Managua para recoger el cadáver de Brooklyn Rivera, el histórico dirigente miskito que había muerto la noche anterior después de permanecer casi tres años como preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esperaban llevarlo de regreso a su tierra, velarlo conforme a las costumbres de su pueblo y enterrarlo junto a su madre, como había sido su última voluntad. Sin embargo, el viaje terminó de una manera que ninguno había previsto: el Gobierno se negó a entregarles el cuerpo, organizó su propio funeral y mandó a detener a quienes habían llegado a reclamarlo.

Desde aquella noche, los ocho permanecen desaparecidos. Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, quien permanece exiliada por razones de seguridad, confirmó a Infobae que 140 días después, aún no sabe qué ha sido de sus familiares presos y el régimen tampoco ha presentado públicamente una acusación judicial contra ellos.

Preso político

El 29 de septiembre de 2023, Brooklyn Rivera fue capturado por la Policía en Bilwi, en el Caribe Norte nicaragüense. Durante 971 días, las autoridades ocultaron su paradero y su estado de salud. El 27 de mayo de 2026, el Gobierno difundió fotografías del dirigente postrado en una cama de hospital, visiblemente deteriorado. Cuatro días después se anunció su muerte.

Una llamada telefónica recibida la noche del 30 de mayo anunció a familiares que Rivera había fallecido en un hospital de Managua bajo custodia estatal. La comunicación explicaba que el Gobierno permitiría a la familia recuperar sus restos, una noticia que movilizó inmediatamente a varios de sus parientes y personas cercanas desde la Costa Caribe.

“La noche del 30 alguien llamó a mi tía para decirle que mi padre había fallecido y que el Gobierno iba a entregar el cuerpo. Por esa razón ella viajó junto con mi primo, mi sobrino y los demás familiares hacia Managua”, relató Tininiska Rivera.

El grupo estaba integrado por familiares del dirigente, personas que habían trabajado durante años a su lado y representantes de las comunidades indígenas. Todos compartían el propósito de trasladar el cadáver hasta Lidaukra, la comunidad miskita donde Rivera había nacido y donde esperaba recibir sepultura.

Pero cuando llegaron a Managua, las autoridades cambiaron los planes. “Cuando llegaron les mostraron el cadáver de mi papá en el hospital, pero al momento de solicitar la entrega les dijeron que no se lo iban a dar”, explicó Tininiska.

Los funcionarios comunicaron que el Gobierno había decidido organizar una ceremonia religiosa en la Iglesia Morava y posteriormente sepultarlo en Managua. La decisión dejaba fuera a la familia y desconocía los preparativos que pretendían realizar en la comunidad indígena, donde las despedidas de los muertos tienen un significado religioso, familiar y comunitario.

La negativa provocó una discusión. Los familiares insistieron en que Brooklyn Rivera había expresado su voluntad de ser enterrado en Lidaukra y que no aceptarían participar en un funeral organizado sin su consentimiento.

“Mis familiares respondieron que esa no era la voluntad de mi padre. Les dijeron que, si no iban a entregarles el cuerpo, regresarían a Puerto Cabezas y que no participarían ni en la misa ni en el entierro”, relató su hija.

Entre los funcionarios que defendían la decisión gubernamental se encontraban, según Tininiska, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, dos figuras del oficialismo vinculadas durante años con la política del Caribe nicaragüense.

La discusión se produjo en la vivienda de Nancy Henríquez, dirigente indígena de Yatama y antigua compañera política de Rivera. Cuando el grupo se disponía a retirarse, según la reconstrucción de la familia, fue llamada la Policía.

Desde entonces, ninguno de los ocho ha regresado a su casa ni ha podido comunicarse con sus familiares. Tampoco se conoce una resolución judicial que explique las detenciones.

Ocho desaparecidos

La familia de Brooklyn Rivera ha identificado a seis de los detenidos, mientras que otras dos personas aparecen en reportes posteriores sobre el caso. Entre ellos hay parientes del dirigente, trabajadores de su casa y representantes comunitarios que habían viajado para acompañar las gestiones funerarias.

Los seis identificados por sus familiares son Alda López Bryan, pariente cercana de Rivera; Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López, sobrinos; Glenis Panting Coleman, sobrina política; Florencia Sarmiento, quien durante años estuvo encargada de la cocina y el cuidado de su vivienda en Bilwi; y Jorge Webster Rojas, dirigente comunitario de Sandy Bay Lidaukra y amigo personal de la familia.

Los nombres de Juan Modesto Wilson Kinsman y Noela Solórzano Denis también aparecen en reportes sobre los ocho desaparecidos.

“En total son ocho personas detenidas. De esas ocho, solo cuatro son familiares míos. Los otros no son familiares directos y no tengo autorización para hablar de ellos”, explicó Tininiska.

Después de las capturas, familiares de los desaparecidos acudieron a diferentes dependencias policiales de Managua, al complejo de Auxilio Judicial conocido como El Chipote y al Sistema Penitenciario La Modelo. En ninguno de esos lugares consiguieron que las autoridades reconocieran oficialmente la detención o proporcionaran información sobre el destino de sus parientes.

“Algunos familiares de los primeros seis detenidos han viajado a Managua para buscarlos. Han recorrido distintos distritos policiales, El Chipote y La Modelo, pero en ningún lugar les han dado información. Nadie les dice dónde están ni qué pasó con ellos”, aseguró Tininiska Rivera.

La persecución denunciada por la familia también alcanzó a Waylandin Rivera, uno de los hijos del dirigente fallecido. Según fuentes cercanas a sus parientes, recibió advertencias de que podía ser detenido si permanecía en Managua y tuvo que ocultarse. Desde entonces, su ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad.

Líder indígena histórico

Brooklyn Rivera Bryan nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra, una comunidad miskita del Caribe Norte de Nicaragua. Durante más de cuatro décadas fue uno de los principales representantes políticos del movimiento indígena y una figura central en las disputas por la autonomía territorial de la Costa Caribe.

Su trayectoria política estuvo marcada por una relación cambiante con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó parte de la resistencia indígena armada contra el primer Gobierno de Daniel Ortega, en un conflicto que enfrentó a las comunidades miskitas con las políticas de la revolución sandinista. Posteriormente participó en las negociaciones de paz y en la construcción de espacios de representación política para los pueblos indígenas.

Rivera presidió Yatama, organización cuyo nombre procede de la expresión miskita Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Organización de los Hijos de la Madre Tierra), y desde 2007 ocupó un escaño en la Asamblea Nacional.

Durante años mantuvo acuerdos políticos con el Frente Sandinista, pero las relaciones se deterioraron en medio de las denuncias por invasiones de colonos a territorios indígenas, ataques contra comunidades y restricciones a la autonomía regional.

En abril de 2023, Rivera participó en actividades de Naciones Unidas en Nueva York, donde denunció la situación de los pueblos indígenas nicaragüenses. Cuando intentó regresar al país, las autoridades le impidieron ingresar por los puestos fronterizos oficiales. Finalmente consiguió entrar por rutas utilizadas por las comunidades miskitas entre Honduras y Nicaragua.

“Estoy aquí, de nuevo, asumiendo algunos niveles de riesgo por amor a mi tierra, a mis comunidades, a mi pueblo, a mi gente”, dijo entonces en un video grabado desde la Mosquitia.

El 29 de septiembre de 2023 fue detenido durante un operativo policial en Bilwi. Un vecino logró tomar una fotografía que lo mostraba esposado dentro de una ambulancia al momento de su captura.

Desaparecido

La detención coincidió con una ofensiva contra Yatama, cuya personalidad jurídica fue cancelada, y contra otros dirigentes indígenas. Rivera quedó apartado de la Asamblea Nacional y permaneció incomunicado, sin que su familia pudiera conocer regularmente su situación.

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares ante el riesgo que enfrentaban su vida e integridad personal. Posteriormente, la Corte Interamericana dispuso medidas provisionales, mientras organizaciones internacionales reclamaban al Estado una prueba de vida.

Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia y denunció reiteradamente las condiciones en que permanecía detenido. Todavía el 13 de marzo de 2026, la organización exigía información sobre su estado de salud y reclamaba acceso de familiares y abogados.

El 27 de mayo, después de 971 días sin que se conociera públicamente su ubicación, el régimen difundió imágenes de Rivera en el Hospital Fernando Vélez Paiz de Managua. Aparecía postrado en una cama, con asistencia respiratoria y un evidente deterioro físico. El dirigente tenía 73 años y su condición era crítica.

Cuatro días después, el Gobierno anunció su muerte. Según la versión oficial, el fallecimiento estuvo relacionado con complicaciones de salud e infecciones, pero las circunstancias en que se deterioró mientras permanecía bajo custodia estatal no han sido esclarecidas mediante una investigación independiente.

El Gobierno de Ortega y Murillo asumió el control del cadáver y de las ceremonias funerarias de Brooklyn Rivera. La familia no consiguió trasladarlo a Lidaukra, y el dirigente fue sepultado en Managua durante una ceremonia organizada por las autoridades y con participación de figuras del oficialismo.

Rosario Murillo anunció públicamente el fallecimiento y aseguró que Rivera había recibido atención médica “con esmero médico y científico”. Su intervención presentó al Gobierno como acompañante del dirigente durante sus últimos días, sin explicar por qué había permanecido tanto tiempo incomunicado ni por qué su familia no había podido conocer oportunamente su estado de salud.

La ceremonia se realizó sin que los familiares que habían viajado desde el Caribe pudieran decidir sobre el destino del cuerpo. Tampoco se efectuó el traslado a su comunidad para celebrar las despedidas familiares y religiosas conforme a las tradiciones miskitas que sus parientes deseaban respetar.

El entierro en Managua también incumplió una petición personal que Rivera había hecho muchos años antes a su hija.

Tininiska Rivera tenía quince años cuando su padre la llevó al cementerio de Lidaukra, la comunidad donde había nacido. Allí le mostró la tumba de su madre, Pulcida, y le pidió que, cuando llegara el momento de su muerte, lo enterrara a su lado.

Denuncias internacionales

El 1 de junio, Amnistía Internacional exigió que las autoridades garantizaran la entrega digna de los restos, respetaran los deseos del fallecido y las tradiciones de su pueblo. También advirtió que cualquier represalia contra sus familiares agravaría la responsabilidad estatal.

El cuerpo de Brooklyn Rivera permanece sepultado en Managua.

Las detenciones y desapariciones de los familiares de Brooklyn Rivera provocaron denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, que han exigido al régimen nicaragüense esclarecer tanto las circunstancias de la muerte del dirigente como el destino de las personas capturadas durante las gestiones para recuperar su cadáver.

El 3 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron la desaparición de familiares y allegados del dirigente. Ambas organizaciones expresaron su preocupación por las circunstancias de su muerte y reclamaron una investigación independiente, una autopsia transparente y la devolución de los restos a la familia.

“Estamos muy preocupados por la situación de los siete familiares y allegados de Brooklyn Rivera Bryan. Exigimos al régimen nicaragüense que revele inmediatamente su paradero, garantice su integridad y su salud, y proceda a su liberación inmediata”, declaró Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, organización integrante de la FIDH.

José Aylwin, vicepresidente de la FIDH, sostuvo que la muerte del dirigente debía ser investigada y sancionada, mientras Carin Benninger-Budel, secretaria general adjunta de la OMCT, pidió esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y garantizar la protección de su familia.

Dos días después, el 5 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Rivera bajo custodia estatal y denunció las detenciones ocurridas cuando sus familiares intentaron recuperar el cuerpo.

“Según información pública verificada, el régimen Ortega-Murillo negó la entrega de su cuerpo a los familiares y miembros de la comunidad que llegaron a reclamarlo, varios de ellos fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero”, señaló la CIDH.

El organismo exigió al Estado garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su custodia, liberar a los detenidos por motivos políticos, incluidos los familiares de Rivera, y respetar el derecho de la familia a conocer la verdad.

La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua advirtió que el país enfrenta una crisis alimentaria marcada por la subalimentación, el encarecimiento de las dietas saludables y el aumento del sobrepeso y la obesidad. Dicho planteamiento fue difundido este 17 de octubre, por el marco del Día Mundial de la Alimentación, en un texto titulado “La alimentación en Nicaragua: entre el hambre oculta y la epidemia de obesidad”.

La organización sostuvo que el acceso a una dieta adecuada se deteriora para una parte de la población, en un contexto en el que los alimentos con mayor valor nutricional resultan inaccesibles para numerosos hogares. Según afirmó, esta situación permite la convivencia de problemas de desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció el Día Mundial de la Alimentación con el objetivo de recordar el derecho a la alimentación y promover acciones contra el hambre y la malnutrición. Para la Articulación de Movimientos Sociales, la fecha expone en Nicaragua un problema que combina salud pública, pobreza, producción rural, desigualdad y cambio climático.

Más de 1.4 millones de personas estarían subalimentadas

La Articulación citó datos del informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024″, de la FAO, según los cuales el 19.6% de la población nicaragüense se encuentra subalimentada, una proporción equivalente a cerca de 1.4 millones de personas.

De igual forma, la organización también indicó que el 27.3% de los habitantes no puede pagar una dieta saludable, debido al precio de alimentos nutritivos. En ese sentido, señaló que Nicaragua figura entre los países con dificultades persistentes vinculadas a crisis alimentarias prolongadas.

La entidad cuestionó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sostuvo que la inversión pública no ha sido suficiente para asegurar el acceso de la población a alimentos saludables y culturalmente adecuados.

“La alimentación es un tema especialmente importante, que abarca aspectos de salud, cultura, economía, agricultura, cambio climático e inequidad social”, afirmó la ONG.

El exceso de peso crece junto con las dificultades para acceder a dietas saludables

La organización contrastó los datos sobre hambre con las cifras de sobrepeso. De acuerdo con el Atlas Mundial de la Obesidad 2025, citado en el texto, el 71% de los nicaragüenses presenta exceso de peso y el 36% vive con obesidad.

La Articulación atribuyó esa tendencia al incremento del consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, el sedentarismo y los cambios en los hábitos alimentarios urbanos. También vinculó el fenómeno con la falta de recursos de las familias para comprar frutas, verduras, proteínas y otros productos recomendados en una dieta balanceada.

El comunicado señaló que algunas recomendaciones médicas, como incluir huevos, aguacate u otros alimentos en el desayuno, chocan con las posibilidades económicas de muchos hogares. Frente a esa limitación, las familias recurren a opciones de menor precio y menor aporte nutricional.

La agrupación planteó que la educación nutricional debería incorporarse desde los primeros años de vida, junto con medidas que faciliten el acceso a alimentos saludables.

El clima y la situación de las comunidades indígenas agravan el problema

La Articulación de Movimientos Sociales también alertó sobre las consecuencias de la variabilidad climática. Fenómenos como El Niño afectan la producción agrícola, en particular en el Corredor Seco, donde la reducción de los rendimientos compromete la disponibilidad de alimentos para pequeños productores rurales e indígenas.

Según la entidad, muchas familias dependen de la agricultura familiar para su subsistencia. El cierre de organizaciones de la sociedad civil que desarrollaban proyectos de adaptación climática, manejo agrícola y nutrición habría reducido el respaldo disponible para esas comunidades.

En su texto, la ONG añadió que las comunidades indígenas enfrentan situaciones de persecución e invasiones de sus territorios. A su vez, reclamó políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada.

Las autoridades de Costa Rica identificaron a siete posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, entre ellas mujeres nicaragüenses, durante un allanamiento en un bar restaurante de Sámara, en la provincia de Guanacaste.

Una mujer de origen dominicano, naturalizada costarricense, fue detenida como sospechosa de administrar el presunto esquema.

El procedimiento se realizó la noche del jueves 15 de octubre en el Bar Restaurante La Jefa, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. La investigación está a cargo de la Policía Profesional de Migración.

Las siete mujeres identificadas son de nacionalidad nicaragüense y dominicana. Las autoridades no detallaron cuántas procedían de Nicaragua ni revelaron sus edades, sus lugares de origen o su situación migratoria.

La administradora del local quedó detenida tras el operativo

La sospechosa fue identificada por los apellidos Cabrera Durán. De acuerdo con la investigación oficial, administraba el comercio y habría aprovechado su cercanía con mujeres extranjeras para acercarse a quienes buscaban empleo y mejores ingresos.

La Policía Profesional de Migración sostiene que las mujeres permanecían en el lugar sin las garantías laborales mínimas previstas por la legislación costarricense y que realizaban servicios sexuales a cambio de dinero.

La hipótesis bajo análisis indica que la administradora recibía parte de las ganancias a través de transferencias enviadas a su número telefónico mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, conocido como SINPE.

En el caso de las mujeres dominicanas, la institución indicó que los contactos presuntamente se producían a través de amistades y familiares en República Dominicana, país al que la detenida viajaba con frecuencia. La información oficial no precisó el mecanismo de captación de las ciudadanas nicaragüenses.

Los agentes hallaron controles de clientes, turnos y supuestas sanciones

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron más de 300 mil colones costarricenses en efectivo, teléfonos móviles, computadoras y documentos vinculados con la actividad del establecimiento.

Entre el material incautado había anotaciones sobre clientes, horarios y montos de dinero. También se encontraron registros de presuntas sanciones aplicadas a las mujeres, elementos que serán peritados como parte de la causa por posible trata de personas con fines de explotación sexual.

La detención de Cabrera Durán no implica una declaración de culpabilidad. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.

No informaron si las mujeres reciben protección institucional

La presencia de nicaragüenses entre las posibles víctimas coloca el foco sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar algunas personas migrantes al buscar trabajo fuera de su país.

La Dirección General de Migración y Extranjería no informó si las siete mujeres accedieron a asistencia especializada, si quedaron bajo protección institucional ni si hubo contacto con las representaciones consulares de Nicaragua y República Dominicana.

Tampoco se comunicó si existen otras personas bajo investigación por una posible participación en los hechos.

Las autoridades costarricenses solicitaron reportar de forma confidencial cualquier situación vinculada con trata de personas. Las denuncias pueden realizarse a través del sistema de emergencias 911 o del número policial 2106-4005.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 38 agresiones contra periodistas y medios de comunicación nicaragüenses entre julio y septiembre de 2026. El informe advierte que las amenazas, la vigilancia y las dificultades económicas continúan afectando la labor de quienes ejercen el periodismo independiente, tanto dentro de Nicaragua como desde el exilio.

El documento, titulado La prensa nicaragüense continúa informando, pero las amenazas y la precariedad ponen en riesgo su futuro, identifica 33 casos de agresiones verbales, escritas y digitales, dos hechos de violencia mediante el uso de tecnología digital y tres casos de desplazamiento forzado. El 87% de los ataques registrados fue atribuido a agresores no estatales.

La FLED aclaró que sus cifras corresponden a casos denunciados públicamente o documentados con autorización de las personas afectadas. Por ese motivo, la organización considera que puede existir un subregistro debido al temor de las víctimas a denunciar y quedar expuestas a nuevas represalias.

Desde 2018, al menos 313 periodistas, directivos y trabajadores de medios nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse. Sin embargo, abandonar el país no ha eliminado los riesgos. Los comunicadores que permanecen fuera de Nicaragua continúan denunciando amenazas, vigilancia y presiones que también alcanzan a sus familiares.

El 20 de septiembre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, tras considerar que enfrentaban un riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida y a la integridad personal. Entre las personas beneficiarias se encuentra Aníbal Toruño Jirón, director de DaríoMedios Internacional, además de periodistas de su equipo y familiares de algunas personas protegidas.

Aunque la CIDH reconoció las acciones adoptadas por el Estado costarricense, consideró que no existían elementos suficientes para confirmar que el riesgo hubiera disminuido. Por eso, solicitó medidas efectivas que permitieran a los beneficiarios continuar su trabajo de manera segura.

La FLED también reportó que cuatro periodistas nicaragüenses en situación de riesgo fueron notificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica sobre el cierre de sus casos. De acuerdo con los testimonios recopilados, las amenazas relacionadas con la represión transnacional continuaban.

La precariedad económica constituye otro de los principales problemas. Durante el trimestre, al menos 14 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica perdieron sus empleos, mientras que otros quedaron sin el respaldo de un programa de asistencia económica de emergencia suspendido por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).

La falta de resoluciones definitivas sobre solicitudes de refugio también limita el acceso a empleos, becas y oportunidades profesionales. Algunos comunicadores enfrentan obstáculos para cumplir requisitos administrativos, inscribirse ante la administración tributaria o emitir facturas electrónicas.

El informe documentó, además, presiones contra familiares de periodistas, propuestas para regresar a Nicaragua a cambio de dejar de informar y ataques digitales contra medios independientes.

DaríoMedios Internacional reportó que el 11 de agosto sufrió un ataque que provocó la suspensión temporal de su canal de YouTube, junto con intentos reiterados de acceso a su sitio web.

La organización pidió reforzar los mecanismos de protección y el respaldo a periodistas y medios independientes nicaragüenses.

Nueve jubilados estadounidenses empezaron a recuperar las llaves de sus casas de lujo en Nicaragua, confiscadas por la dictadura hace menos de dos meses. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inició las devoluciones el jueves 15 de octubre, cuatro días después de que El Confidencial Nicaragua reveló el despojo.

Una fuente del propio instituto confirmó el giro a El Confidencial Nicaragua, aunque con cautela. “Por el momento solo te puedo decir que las están devolviendo”, apuntó, sin precisar si el régimen restituirá las nueve propiedades o solo una parte.

El Gobierno no ofreció explicación pública alguna, ni sobre el motivo original de la confiscación ni sobre esta marcha atrás. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocupó nueve viviendas en Tola a finales de agosto de 2026 y las transfirió al INSS sin explicación oficial; cuatro días después de que la prensa reveló el caso, el instituto comenzó a entregar las llaves, aunque sin confirmar si la restitución será total.

Cómo fue el despojo de las viviendas en Tola

Las casas están ubicadas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, sobre la costa del Pacífico nicaragüense. La PGJ las confiscó a finales de agosto y luego las donó al INSS, el mismo mecanismo que el régimen ha aplicado durante años contra opositores y expresos políticos.

El día de la ocupación, los dueños se encontraban fuera del país. En las viviendas solo estaban los vigilantes, a quienes hombres que se identificaron como “funcionarios del INSS” ordenaron retirarse porque los inmuebles habían “pasado a manos de la institución”.

Desde entonces, personas puestas por el Gobierno custodiaban las propiedades, según los afectados. Una fuente gubernamental confirmó a El Confidencial Nicaragua que a esos vigilantes “ya se les ordenó irse de las casas”.

Los jubilados no viven de forma permanente en Nicaragua. Usan las casas para pasar temporadas, escapar del invierno estadounidense o prestárselas a familiares y amigos.

El funcionario que atendió el reclamo de los propietarios en la sede central del INSS, en Managua, llegó a ofrecerles alquilar sus propias viviendas por unos USD 2.000 mensuales, una propuesta que los afectados rechazaron.

Quiénes son los dueños y cuánto construyeron

Los estadounidenses llegaron a Nicaragua en la década de 2000 y terminaron de construir sus casas en 2010, al amparo de la Ley 690, Ley para el Desarrollo de Zonas Costeras. Esa norma les permitía ser propietarios de las construcciones aunque el terreno perteneciera al Estado, por lo que pagaban un canon anual de USD 1.000 a la Alcaldía de Tola, administrada por el Frente Sandinista.

Uno de los afectados detalló que la casa más pequeña costó cerca de USD 500,000 y la más grande, entre USD 700,000 y USD 800,000. Al sumar las construcciones, las mejoras realizadas en los últimos 15 años y el valor de los enseres sustraídos, otro de los propietarios calculó pérdidas totales de USD 15 millones.

Las propiedades, algunas con piscina y paneles solares, estaban completamente amuebladas: sillones, estanterías, cuadros, jarrones, televisores de pantalla plana, refrigeradores, aires acondicionados, camas y hasta ropa y artículos personales de los dueños.

La reacción de Washington y los antecedentes de confiscaciones

Consultado por El Confidencial Nicaragua, un vocero del Departamento de Estado calificó lo ocurrido como “profundamente lamentable” y sostuvo que el Gobierno de Nicaragua “irrespeta reiteradamente los derechos de propiedad”.

El funcionario agregó que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua tiene conocimiento de “numerosos casos de confiscación de propiedades sin justificación”, aunque no precisó una cifra total de ciudadanos afectados.

El caso de playa Gavilán no es un hecho aislado. Según una investigación del mismo medio, entre agosto de 2024 y octubre de 2026 la Procuraduría transfirió 372 propiedades al INSS bajo la figura de donación, cifra que se eleva a 374 si se suman dos entregas previas realizadas en 2021 y 2023.

Las viviendas de Tola marcaron, además, la primera vez documentada en que ese mecanismo de confiscación se aplicó directamente contra ciudadanos extranjeros, y en particular contra estadounidenses.

Este es el segundo caso en 2026 en que el régimen devuelve un bien confiscado a ciudadanos de Estados Unidos. En mayo, la dictadura había restituido la minera BHMB a su dueño, el inversionista Baruch Rapoport, de nacionalidad estadounidense y británica, después de haberla expropiado en septiembre de 2025.

Los estadounidenses siguen siendo, hasta ahora, los únicos ciudadanos a quienes el régimen les ha devuelto propiedades. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expropiado centenares de bienes pertenecientes a ciudadanos nicaragüenses, empresas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, universidades, cámaras empresariales e iglesias, sin que se registre ninguna restitución en esos casos.

Una crisis diplomática que se profundiza

Las devoluciones ocurren en medio de un deterioro acelerado de la relación bilateral. El 13 de octubre, el Departamento de Estado llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, después de que el régimen rechazó el plácet a Natasha Franceschi, designada por la administración de Donald Trump como nueva embajadora y confirmada por el Senado el 30 de septiembre.

El Departamento de Estado sostuvo que la negativa de Ortega y Murillo demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”. Estados Unidos no cuenta con embajador en Managua desde mayo de 2023.

La confrontación se suma a otras medidas de presión adoptadas en los últimos meses. En abril, Washington sancionó a hijos de la pareja presidencial y a empresas mineras vinculadas al Gobierno, y en junio el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de “enemigo de la humanidad” y anunció restricciones de entrada para más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.

A inicios de octubre, los países de la Organización de los Estados Americanos acordaron crear un grupo voluntario de negociación con Nicaragua, que dejó el organismo en 2023, para intentar abrir un diálogo directo con las autoridades del país centroamericano.

Una denuncia presentada por 17 agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica apunta contra un jefe policial de la provincia de Guanacaste por presuntas amenazas, represalias laborales y expresiones xenófobas contra nicaragüenses. El caso involucra a un funcionario con responsabilidades de mando en una zona fronteriza, donde los vínculos familiares, sociales y laborales entre ambos países son frecuentes.

De acuerdo con el medio La Mesa Redonda, los señalamientos recaen sobre Hidalgo Páez, subdirector de la Dirección Regional Undécima Chorotega Norte. La acusación fue impulsada por la Unión Nacional de Policías (UNP), que pidió investigar los hechos y determinar si corresponde abrir un proceso disciplinario.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica confirmó que mantiene una investigación en curso, aunque no aportó detalles sobre el alcance de las diligencias ni sobre eventuales medidas contra el funcionario. La institución alegó que debe respetar el debido proceso.

Uno de los puntos centrales de la denuncia, según La Mesa Redonda, se refiere a comentarios que el subdirector habría realizado durante actividades de inducción para personal policial. De acuerdo con los testimonios recogidos, el jefe consultaba a los agentes sobre el origen de sus apellidos, en un contexto donde varios funcionarios tenían ascendencia o familiares en Nicaragua.

Un denunciante relató que, después de que un agente mencionara que “todos somos del norte” por los lazos existentes con el país vecino, el mando policial habría reaccionado con una burla y una frase sobre su rechazo a los nicaragüenses. La denuncia le atribuye la expresión de “Odiaba a los nicas”.

El documento (de denuncia), según el medio, también refiere un comentario sobre el matrimonio entre una persona costarricense y una nicaragüense, al que presuntamente calificó como un “castigo de Dios”. Los agentes consideran que esas manifestaciones reflejan un trato discriminatorio hacia compañeros de trabajo y ciudadanos vinculados con Nicaragua.

Las acusaciones adquieren relevancia por la ubicación del mando denunciado. Guanacaste mantiene intercambios cotidianos con comunidades nicaragüenses y con costarricenses que tienen familiares al otro lado de la frontera. La xenofobia puede afectar tanto a personas migrantes como a ciudadanos costarricenses por su origen, apellido o relaciones familiares.

Los 17 policías también denunciaron presuntas presiones dentro de la estructura laboral. Según el escrito, el subdirector habría intimidado a funcionarios que cuestionaban sus instrucciones o expresaban desacuerdo con sus exigencias.

Entre las frases atribuidas al jefe policial figuran advertencias como “se le traslada” o “se le revienta”. El documento además señala que habría dicho: “Yo hablo una sola vez. Si no se acomoda, lo reviento. Yo no me quedo con el problema, yo lo elimino”, y “sepa que lo estoy investigando”.

Los denunciantes sostienen que existieron amenazas, acoso laboral, elaboración de informes falsos y traslados arbitrarios. Afirmaron que estas conductas generaron temor, estrés y desmotivación entre el personal, además de dificultades para cumplir con sus funciones.

Por ese motivo, los agentes resolvieron presentar el reclamo de forma anónima. Argumentaron que temían consecuencias laborales si sus identidades quedaban expuestas ante una autoridad con capacidad de influir en sus destinos, evaluaciones e informes internos.

Costa Rica concentra solicitudes de asilo de nicaragüenses

El caso surge en un país que se ha convertido en uno de los principales destinos de quienes abandonaron Nicaragua por la situación política y de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cientos de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de su país desde 2018, con Costa Rica como principal lugar de acogida.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que, en marzo de 2025, Costa Rica albergaba a más de 194 mil solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 refugiados reconocidos de esa nacionalidad. El organismo advirtió que la continuidad de los desplazamientos y los recortes presupuestarios presionan el sistema de protección costarricense.

La denuncia cuestiona que un funcionario acusado de comentarios contra nicaragüenses ocupe un cargo de conducción policial en una región donde esa población forma parte de la vida cotidiana. El medio La Mesa Redonda informó que intentó obtener la versión de Hidalgo Páez, pero no había recibido respuesta al momento de publicar la información.

Un total de diez familias de nacionalidad nicaragüense, integradas por al menos 34 personas, fueron evacuadas de emergencia del precario “Gracias a Dios”, ubicado en el sector de Sagrada Familia, en San José, Costa Rica.

La intervención fue llevada a cabo por la Policía Municipal de San José junto con personal de la alcaldía, quienes procedieron al derribo de las viviendas en mayor riesgo tras detectar una falla severa e inestabilidad en el terreno que amenaza con provocar el colapso de las estructuras hacia el cauce del río María Aguilar.

El operativo responde a una amenaza ambiental real e inmediata. El asentamiento informal, compuesto por un total aproximado de 223 ranchos, se encuentra sobre un terreno debilitado donde una grieta estructural ponía en peligro inminente a los habitantes.

Ante el avance de la inestabilidad geológica, la demolición de las estructuras vulnerables representó la única vía preventiva para evitar una tragedia humana de mayores proporciones.

Sin embargo, tras la evacuación preventiva emerge una severa crisis social: las familias despojadas de sus habitáculos provisionales enfrentan una situación de incertidumbre al no contar, por el momento, con un techo seguro ni un lugar donde vivir.

De momento, el alcalde de San José, Diego Miranda, confirmó que la mayoría de las familias desalojadas están precalificadas para acceder a un proyecto habitacional formal de bien social que se construye actualmente en esa misma zona.

Sin embargo, existe un grupo de familias afectadas que no cumplen con todos los requisitos legales o institucionales exigidos por las autoridades de vivienda costarricenses. Para estas personas, su condición actual es de extrema vulnerabilidad, mientras las entidades competentes continúan evaluando alternativas viables de asistencia social o reubicación temporal.

La importancia vital de los desalojos a tiempo ante fallas geológicas y la vulnerabilidad de las familias sin vivienda

La ejecución oportuna de evacuaciones en áreas propensas a deslizamientos de tierra constituye un pilar fundamental en la gestión preventiva del riesgo de desastres.

Cuando la estructura del terreno se fractura cerca de asentamientos urbanos informales, el tiempo de respuesta resulta determinante para salvar vidas humanas. Las laderas colindantes a cuencas hidrográficas, como la del río María Aguilar, presentan una dinámica de erosión acelerada que, combinada con construcciones ligeras y precarias, incrementa exponencialmente la probabilidad de un colapso repentino.

En este sentido, la actuación inmediata de las autoridades municipales al identificar la grieta en el terreno evitó un escenario potencialmente fatal. No obstante, la prevención del riesgo geológico deja al descubierto un dilema humanitario complejo. Al demoler los ranchos situados en la zona crítica, las familias afectadas se ven desplazadas de manera intempestiva.

Aunque la mayoría de los núcleos familiares desalojados se encuentran precalificados para incorporarse a un proyecto de vivienda de interés social impulsado por el Gobierno central a pocos metros de la zona, la solución habitacional definitiva aún no está lista. Esta brecha temporal deja a hombres, mujeres y niños en una condición de extrema vulnerabilidad, sin un hogar inmediato.

La situación ocurrida en Sagrada Familia pone de manifiesto que las intervenciones ante emergencias territoriales no pueden limitarse a la demolición física de las viviendas en peligro.

Resulta imprescindible articular protocolos integrales que combinen la protección civil inmediata con medidas de asistencia social de contingencia. La evacuación a tiempo demuestra ser una herramienta indispensable para preservar la vida frente a las amenazas de la naturaleza, pero requiere ir acompañada de albergues temporales y soluciones de vivienda digna que eviten que las familias queden desprotegidas tras el desalojo.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este jueves 15 de octubre que capturó a un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales L.E.J.E., a quien señala por agredir a golpes a otro menor de edad en la vía pública de Managua. La institución sostuvo que el hecho ocurrió el pasado viernes 9 de octubre, cerca de las 14:42 (hora local), en el barrio Ciudadela Nicaragua, Distrito 7 de la capital.

Según la información difundida por la propia institución policial, la denuncia ingresó a las 15:00 (hora local) a través del Centro de Emergencias, Línea 118. La víctima fue identificada con las iniciales A.I.M.G., de 16 años.

La versión oficial indica que el adolescente agredido fue interceptado por cuatro personas desconocidas que se desplazaban en un vehículo gris. De igual manera, la Policía señaló que el sospechoso viajaba como pasajero en ese automóvil y descendió del vehículo antes de atacar a la víctima.

De acuerdo con el resultado de las investigaciones, L.E.J.E. bajó del automóvil y golpeó al adolescente de 16 años, presuntamente por “rencillas personales”.

A su vez, la Policía afirmó que A.I.M.G. quedó inconsciente en el lugar tras la agresión y que fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario. La información oficial tampoco incluyó un parte médico sobre el estado de salud posterior del menor.

Los agentes ubicaron y capturaron al adolescente señalado en el barrio Pablo Úbeda, también en Managua.

Por tratarse de personas menores de edad, la institución decidió únicamente divulgar las iniciales tanto del presunto agresor como de la víctima.

Una cámara registró la agresión y la falta de auxilio

Un video del suceso comenzó a circular tres días después del ataque y generó diversas reacciones en redes sociales. La grabación muestra que el grupo descendió del vehículo, rodeó a la víctima y lo golpeó en plena vía pública sin mediar palabra.

Un testigo aseguró que conoce el sector y consideró que la golpiza excedió cualquier conflicto previo que pudiera existir. “Lo que hicieron ellos está mal”, expresó en declaraciones recogidas por Noticiero Acción 10. También señaló que, aunque hubieran existido discusiones anteriores, el ataque no tenía justificación.

En las imágenes no se observa una asistencia inmediata a la víctima luego del ataque.

Investigan si el robo de una bicicleta originó el conflicto

De manera extraoficial, el citado medio informó que el presunto robo de una bicicleta habría sido el origen de la disputa que derivó en la agresión. Esa hipótesis forma parte de la información preliminar difundida, aunque las autoridades no detallaron públicamente si esa versión ya fue confirmada dentro de la investigación.

Por su parte, los familiares de las víctima decidieron no acudir a una mediación con los padres de los tres jóvenes señalados como involucrados en el hecho.

La investigación sigue a cargo de los oficiales del Distrito Siete, mientras la víctima se recupera de las lesiones sufridas durante el ataque. El video permanece bajo análisis como uno de los elementos centrales para establecer la participación de cada uno de los implicados.

Un ciudadano nicaragüense que residía de forma irregular en California fue sentenciado a 41 meses de prisión por transportar cerca de 104,000 pastillas de fentanilo en el estado de Utah, informó este 14 de octubre la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Utah.

El condenado es Hector Luis Castillo Reyes, de 23 años, quien vivía en Fresno, California. La jueza federal Ann Marie McIff Allen dictó la pena luego de que el acusado se declarara culpable, el 20 de julio de 2026, de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

Además de la condena de prisión, Castillo Reyes deberá cumplir tres años de libertad supervisada. Al finalizar ese período de reclusión, quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para el inicio de un proceso de deportación.

La droga fue hallada tras una infracción de tránsito en agosto de 2025

El caso se originó el 14 de agosto de 2025, cuando un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan detuvo el vehículo que conducía Castillo Reyes por una infracción de tránsito.

Durante el procedimiento, las autoridades realizaron una inspección con un perro detector de narcóticos. El can alertó sobre la posible presencia de drogas ilegales en el vehículo, según consta en documentos judiciales y en las declaraciones de las audiencias de declaración de culpabilidad y sentencia.

Los agentes revisaron el área de carga trasera y encontraron una caja de herramientas. Dentro había una bolsa con alrededor de 104,000 pastillas azules de fentanilo M30, cuyo peso total era de aproximadamente 10.4 kilogramos, equivalentes a 23 libras.

La Fiscalía indicó que Castillo Reyes reconoció que había recogido la bolsa con las pastillas y que aceptó trasladarla a cambio de un pago. El comunicado no detalló el monto que recibiría ni el lugar de destino previsto para la droga.

La sustancia incautada no llegó a su destino, según destacó la fiscal federal para el Distrito de Utah, Melissa Holyoak, al referirse al operativo y a la cooperación entre distintas agencias.

“Este caso pone de relieve la coordinación de nuestros socios estatales, federales y tribales para retirar este veneno de nuestras calles”, afirmó Holyoak. La fiscal agradeció el trabajo de los organismos que participaron de la investigación.

DEA, autoridades de Utah y el ICE participaron en la investigación

La investigación estuvo a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Estatal de Investigaciones del Departamento de Seguridad Pública de Utah y la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan.

También colaboraron la Oficina de Asuntos Indígenas y el ICE, que asumirá la custodia de Castillo-Reyes una vez que complete su condena federal. El fiscal federal adjunto Joseph M. Hood estuvo a cargo del proceso judicial en representación de la Fiscalía de Estados Unidos.

La causa fue incluida dentro de la llamada Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa del Departamento de Justicia que, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Utah, concentra recursos federales en investigaciones vinculadas con inmigración ilegal, organizaciones criminales transnacionales y delitos violentos.

Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pidió elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el rechazo de Managua al embajador designado por Washington.

En una publicación difundida el 14 de octubre, González calificó a la administración nicaragüense como “un cáncer para el pueblo nicaragüense y una vergüenza para las Américas”.

A partir de esa definición, propuso cuatro medidas: expulsar o suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), imponer impuestos a las remesas, aislar al país en el plano internacional y aplicar sanciones.

El rechazo al embajador estadounidense abrió un nuevo choque diplomático

Las declaraciones del exfuncionario ocurrieron después de que el régimen nicaragüense rechazara conceder el beneplácito a Natasha Franceschi, diplomática propuesta por Estados Unidos como embajadora en Managua.

El Departamento de Estado informó el 13 de octubre que, por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de Negocios estadounidense, Elías Baumann, regresaría a Washington para realizar consultas. La medida respondió a la negativa de Ortega y Murillo a aceptar a Franceschi como representante diplomática.

En el comunicado, la administración estadounidense sostuvo que esa decisión reflejaba la falta de disposición del régimen para sostener un diálogo diplomático. También cuestionó que Managua rechazara a una diplomática de carrera mientras mantiene demandas de respeto mutuo y contacto político con Washington.

El rechazo de Managua “demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”, sostuvo el Departamento de Estado en una nota de prensa. “Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”, agregó el comunicado.

Franceschi fue nominada el 7 de agosto. Según los usos diplomáticos, el gobierno receptor debe otorgar su plácet o agrément antes de que el diplomático asuma el cargo.

González propuso revisar el vínculo comercial y financiero con Nicaragua

González planteó que la respuesta no debería limitarse al terreno diplomático. Entre sus propuestas incluyó una eventual suspensión o expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, acuerdo comercial que vincula a Estados Unidos con países de Centroamérica y República Dominicana.

También mencionó la aplicación de impuestos a las remesas, una medida que afectaría los envíos de dinero de los nicaragüenses residentes en el exterior hacia sus familiares en el país. El exfuncionario añadió el aislamiento internacional y las sanciones como parte de la estrategia que, a su juicio, debería adoptar Washington junto con sus aliados.

El mensaje de González fue bien visto por el director de Instituto para la Paz y el Desarrollo, Alex Aguirre, nicaragüense que respondió: “Llamemos al mal por su nombre: la dictadura sandinista. Ortega y Murillo son meramente las figuras detrás de una organización criminal que ha existido desde 1979. Dios le bendiga a usted y a América”.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a Franceschi, “una diplomática de carrera” según el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Nicaragua elevó la inversión pública del Ministerio de Salud en 160 % entre 2018 y 2025, pero los cargos presupuestados para atender pacientes crecieron apenas 12%, una diferencia que limita la operación de hospitales ampliados y de equipos de alta tecnología. La brecha coincide con la menor disponibilidad de médicos por habitante de Centroamérica, según cifras oficiales revisadas por DIVERGENTES.

La infraestructura sanitaria incorporará más centros y prestaciones en 2026: el presupuesto prevé tres hospitales primarios nuevos, dos departamentales y la rehabilitación de otro establecimiento departamental. El Minsa proyecta 3,7 millones de consultas hospitalarias, 117,139 cirugías mayores programadas, 49,834 tomografías y 7,000 resonancias magnéticas.

La asignación estatal para inversión pública pasó de 2,042,6 millones de córdobas en 2018 a 5,305.3 millones (USD 144.36 millones) en 2025, un incremento de 3,262.7 millones. Durante el mismo período, los puestos presupuestados para Servicios de Salud subieron de 16,124 a 18,046; es decir, 1,922 plazas adicionales para médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y técnicos, sin que el presupuesto detalle su distribución por profesión.

La red del Minsa también aumentó de 5,781 a 6,855 camas entre 2018 y 2025, 1,074 más, equivalentes a un alza de 19 %. En 2025, la institución reportó 77 hospitales públicos para una población cercana a siete millones de habitantes, una proporción de unas 10 camas por cada 10,000 personas.

Médicos consultados por DIVERGENTES advirtieron que los nuevos hospitales requieren médicos generales, especialistas, enfermeras, técnicos para equipos de alta tecnología y trabajadores suficientes para cubrir los distintos turnos. La apertura de servicios con tomógrafos, resonadores magnéticos y equipos quirúrgicos demanda además mantenimiento y soporte técnico.

La escasez de especialistas y el recorrido de los pacientes

Nicaragua cuenta con aproximadamente nueve médicos por cada 10.000 habitantes, la tasa más baja de Centroamérica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Para una población superior a 6.8 millones de personas, esa proporción equivale a poco más de 6,000 médicos en todo el país.

Costa Rica registra 27 médicos por cada 10,000 habitantes y Honduras, 19. Guatemala, El Salvador y Panamá rondan los 16, mientras Belice alcanza 13.

La falta de especialistas afecta el acceso a consultas, cirugías y exámenes diagnósticos, según el médico nicaragüense, José Antonio Delgado. “Hay pocos especialistas para poder resolver todas estas necesidades”, afirmó.

La disponibilidad limitada quedó expuesta en Bluefields tras la muerte de Elian Sadid Sequeira Jarquín, un niño de ocho años que falleció el 2 de octubre de 2026 en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco. Había sufrido complicaciones por una apendicitis perforada y fue sometido a dos cirugías.

Un médico consultado por La Prensa, quien pidió anonimato, aseguró que el hospital disponía de un solo cirujano pediatra para atender las emergencias de esa especialidad.

Ante la falta de especialistas en algunos centros, el Minsa traslada temporalmente médicos para realizar ferias de salud en distintas zonas del país. Delgado cuestionó ese mecanismo porque obliga a movilizar médicos, enfermeras y especialistas entre establecimientos para ofrecer consultas y procedimientos que no están disponibles de manera permanente.

Una pobladora de Mateare, de 55 años, recorrió varias unidades públicas sin conseguir atención de un nefrólogo. La mujer, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, acudió al Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, por un problema de salud.

En Emergencias recibió una inyección de dipirona y le indicaron que requería valoración por una posible afección renal. Como el Vélez Paiz no tenía nefrólogo, le recomendaron trasladarse al Hospital Antonio Lenín Fonseca.

La paciente salió sin una referencia escrita y tampoco encontró al especialista en el Lenín Fonseca. Allí le indicaron que debía volver a su unidad de salud en Mateare, donde tampoco había un nefrólogo; finalmente acudió a una clínica privada y pagó la consulta y los exámenes con remesas enviadas por sus hijos desde el extranjero.

La escasez de profesionales tiene como antecedente los despidos por razones políticas ejecutados por el régimen Ortega-Murillo desde 2018. Según la Unidad Médica Nicaragüense, entre ese año y 2020 fueron despedidos al menos 468 trabajadores de la salud, incluidos especialistas y subespecialistas, y muchos abandonaron Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió desde 2018 que esas desvinculaciones afectaban la atención de pacientes por la falta de especialistas y la cancelación de procedimientos médicos programados. En junio de 2026, DIVERGENTES también documentó expulsiones de estudiantes de Medicina, incluidos alumnos de años avanzados y médicos internos, después de la entrada en vigor de la Resolución 04-2026, que endureció los requisitos de ingreso y permanencia en la carrera.

Delgado advirtió que no existe información pública suficiente sobre la distribución territorial del personal sanitario ni sobre su correspondencia con las necesidades de cada zona. “El elemento más importante o el recurso más importante para la atención en salud de los pacientes es el personal médico. No son las paredes del hospital ni son los equipos”, sostuvo.

Una maestra de Nagarote, reportada como desaparecida por sus familiares en julio, fue declarada culpable junto a otros cuatro acusados de integrar una estructura dedicada al transporte internacional de cocaína hacia Honduras.

La profesora María Luisa Dávila Hurtado admitió los hechos durante la audiencia de juicio del 9 de octubre. Por ese delito, la Fiscalía solicitó para ella una pena de hasta 15 años de prisión.

La maestra fue vista por última vez el miércoles 22 de julio en el balneario El Tránsito, municipio de Nagarote, departamento de León. La acompañaba Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, otro de los acusados en la misma causa.

Según la información retomada por Diario La Prensa, ambos habían sido detenidos por la Policía durante un operativo vinculado a la incautación de droga. Un día después del reporte de sus familiares, el jueves 23 de julio, las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda de la residencial Las Palmeras, en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya.

Durante ese allanamiento, la Policía ocupó paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva que dieron positivo a cocaína en una prueba de campo, con un peso aproximado de 137 kilos. También se incautaron dos motocicletas y un vehículo.

La investigación señala a Chrystel Magali Baltodano Salguera como la líder de la organización. Según la acusación, era la encargada de recibir la droga y coordinar las comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita.

Por ese rol, el Ministerio Público solicitó para ella una condena de 22 años de prisión: siete años por el delito de crimen organizado y 15 años por transporte internacional de drogas, además de 500 días multa.

A Baltodano Salguera se le ocuparon USD 1,161 y 8,289.25 córdobas (USD 223.81). La jueza dispuso que ese dinero, junto con el resto de los montos incautados, se deposite en las cuentas únicas del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para el resto de los acusados que admitieron los hechos, entre ellos la docente de Nagarote, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel: cinco por crimen organizado y 10 por transporte internacional de estupefacientes, más 500 días multa para cada uno.

Quiénes integran la causa y cómo continúa el proceso

Además de Dávila Hurtado y Baltodano Salguera, se declararon culpables de forma voluntaria Luis Ángel Ñurinda Robleto y Jorge Steven López López. Gutiérrez Espinoza, la persona que acompañaba a la docente antes de su detención, completa el grupo de los cinco procesados que reconocieron los hechos.

Ulisa Yaoska Tapia Silva, jueza titular del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, los declaró coautores de los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en modalidad internacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense.

La jueza ordenó la clausura anticipada del juicio para los cinco acusados y mantuvo la medida cautelar de prisión mientras se dicta la sentencia definitiva. También dispuso la destrucción de la droga incautada, de acuerdo con Diario La Prensa.

La Procuraduría General de la República respaldó la solicitud fiscal y pidió, además, el decomiso definitivo de los bienes ocupados durante la investigación, entre ellos las motocicletas y el vehículo hallados en el allanamiento de Nindirí.

En la causa figura un sexto acusado, Jeffry Jonathan Urbina López, quien fue el único que no admitió los hechos, por lo que su proceso continuará de forma independiente. A petición de su defensa, el juicio en su contra fue reprogramado para el 23 de octubre.

A Urbina López se le habían ocupado 1,590 córdobas (USD 42.93) durante el operativo policial, mientras que a Gutiérrez Espinoza se le incautaron 227 córdobas (USD 6.13) en esa misma intervención, realizada alrededor de las 6:00 am del jueves 23 de julio.

El despojo de nueve jubilados estadounidenses en Playa Gavilán, Tola, llamó la atención sobre un fenómeno que, según el economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro, podría atraer la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos. La confiscación fue valuada en más de USD 10 millones.

Los propietarios habían llegado a Nicaragua durante la década de 2000 y terminaron de construir sus viviendas en 2010, de acuerdo con los testimonios recogidos por Confidencial.digital.

El caso, señaló Chamorro, se suma a lo que estimó en al menos 370 propiedades transferidas al Instituto de Seguridad Social (INSS) durante los últimos dos años, que a su juicio procederían de confiscaciones ilegales.

El mecanismo de transferencia de bienes al INSS

El economista describió el procedimiento que, a su entender, se aplicó en estos casos. Según su relato, la Procuraduría General de Justicia ejecuta el despojo y luego entrega los inmuebles al INSS, que puede transferirlos a terceros mediante ventas o contratos de alquiler. Chamorro sostuvo que ese circuito ya se habría aplicado contra cientos de propietarios nicaragüenses antes del caso de Tola.

Chamorro, ex coordinador de la Coalición Nacional (CxL) en el exilio y quien afirmó haber sido también objeto de una confiscación en las isletas de Granada, planteó que las autoridades modificarían los números de asiento de los registros inmobiliarios.

“Han inventado un número que es indescifrable para que los confiscados no puedan saber el traspaso de la confiscación de la Procuraduría al INSS”, dijo Chamorro a Confidencial.digital. A su entender, esa práctica buscaría impedir que se conozcan la ubicación, el valor y los destinatarios finales de los inmuebles.

El economista indicó, además, que la falta de registros accesibles le impide calcular con precisión el alcance total de los despojos, que —según su señalamiento— afectarían a particulares, empresas, medios de comunicación, asociaciones civiles e instituciones de la Iglesia católica.

Los bienes confiscados, observó, no pueden trasladarse ni ocultarse físicamente, por lo que los vecinos suelen reconocer a sus antiguos dueños. Esa circunstancia, consideró, podría dificultar la incorporación de esas propiedades al mercado inmobiliario y facilitar que terminen en manos de personas cercanas al poder, aunque no precisó casos concretos de esa reasignación.

Chamorro vinculó el traslado de activos hacia el INSS con lo que calificó como un déficit operativo de la institución superior al 2% del producto interno bruto (PIB), al que describió como una situación de quiebra. También mencionó que un 10% del territorio nacional habría sido concedido a empresas chinas para actividades mineras, en zonas donde —según dijo— se han denunciado otros despojos.

El precedente de BHMB y las vías de reclamo internacional

La situación de los jubilados estadounidenses se conoció en paralelo a un reporte reciente del Departamento de Estado sobre el clima de inversiones en Nicaragua, que examinó las confiscaciones, el papel de la Procuraduría y la aplicación de la Ley de las Fronteras en una franja de 10 kilómetros. Ese informe, según Chamorro, también mencionó un trato desigual y favoritismo hacia inversionistas chinos.

El economista citó como antecedente lo ocurrido en 2025, cuando la empresa minera BHMB, propiedad de un inversionista estadounidense, denunció la confiscación de sus operaciones. El caso derivó en sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra funcionarios públicos, y tras una demanda contra el Estado, la compañía recuperó el plantel, aunque no se divulgaron los términos del acuerdo.

A partir de ese antecedente, Chamorro planteó que “las confiscaciones, así como se hacen, se pueden deshacer”. Para los afectados en Tola, sugirió la posibilidad de acudir a tribunales de Estados Unidos, a las reglas del CAFTA de protección de inversiones y a instancias internacionales.

El economista consideró, en su visión, que “no existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros” dentro del país, aunque remarcó que los propietarios nicaragüenses enfrentarían mayores obstáculos que los extranjeros para reclamar sus bienes.

En su propio caso, explicó que incorporó el decreto de confiscación de su propiedad de Granada a una causa internacional por violaciones de derechos, aunque aclaró que no puede usarlo ante tribunales nicaragüenses.

La resolución de la OEA exige la devolución de bienes y nacionalidades

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre, con el consenso de 32 países, una resolución que exige al Estado de Nicaragua devolver los bienes confiscados y restituir la nacionalidad a 452 nicaragüenses que fueron despojados de ella. El texto reclama también el regreso seguro de los exiliados, la devolución de activos a medios de comunicación y condiciones para elecciones libres y transparentes.

La resolución contempla un plazo de 90 días y la posterior formación de una delegación de alto nivel, que deberá presentar recomendaciones sobre medidas políticas y diplomáticas. Chamorro planteó que esas acciones podrían incluir componentes financieros y económicos, aunque reconoció que tales medidas no figuraron en la versión consensuada del texto.

El economista consideró, como posibilidad, que Estados Unidos y Canadá podrían adoptar medidas unilaterales que complementen la respuesta regional. Entre las eventuales vías mencionó procesos judiciales vinculados con tortura, narcotráfico, terrorismo o relaciones con Irán, aunque calificó como poco probable una intervención militar.

El Consejo de Europa, por su parte, prorrogó por un año las sanciones de la Unión Europea contra 21 funcionarios y tres entidades estatales nicaragüenses: TELCOR, la Policía y el Consejo Supremo Electoral. Chamorro consideró insuficiente mantener esa lista sin incorporar a más personas e instituciones que, a su juicio, estarían vinculadas con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Un funeral en Nicaragua puede costar más que el techo máximo del subsidio funerario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El organismo reconoce hasta USD 750 por reembolso de gastos, pero el ataúd más caro de un catálogo consultado por 100% Noticias llega a los 103.000 córdobas (USD 2,801 al cambio actual), una cifra que supera ese límite.

La brecha expone un problema que pocas familias nicaragüenses calculan hasta que lo enfrentan: morir también tiene precio y ese precio puede desbordar cualquier ayuda estatal disponible.

Los ataúdes van de C$20,000 a C$103,000 según el modelo

Una investigación de 100% Noticias relevó el catálogo de la Funeraria Monte de los Olivos y encontró una diferencia de 83,000 córdobas (USD 2,257) entre el ataúd más económico y el más caro.

El modelo básico aparece anunciado en C$20,000 (USD 544). En el extremo opuesto, el ataúd Imperial llega a los C$103,000 (USD 2,801).

Entre ambos extremos hay opciones intermedias: el C_8 Especial a C$30,000 (USD 816), los modelos Eterna sin herrajes y Presidencial a C$54,000 (USD 1,468) cada uno, y el Cristal a C$96,000 (USD 2.610).

Esos valores no incluyen traslado del cuerpo, preparación del fallecido ni velorio. El mismo catálogo ofrece una sala de velación por C$33.000 (USD 897) y un servicio de cremación por C$34.000 (USD 924), según el medio.

El subsidio del INSS tiene un tope de USD 750 y no cubre a cualquiera

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, organismo público de previsión social, ofrece dos modalidades de ayuda ante un fallecimiento, según explicó Nohemí Argüello, jefa del Departamento de Servicios Funerarios del INSS, a Nicaragua Investiga.

La primera es en especie: entrega inmediata de ataúd, velas y carro fúnebre a familiares de asegurados o pensionados. La segunda es un reembolso en efectivo, disponible solo cuando la familia ya pagó el funeral y presenta la factura original.

“Si es pensionado se le hace con el 50% de la remuneración base de la persona que está pensionada”, detalló Argüello. El instituto nunca reembolsa menos del salario mínimo de la industria manufacturera, aunque el cálculo del beneficiario arroje una cifra inferior.

El reembolso no se calcula sobre la factura final sino sobre las cotizaciones del asegurado o pensionado fallecido, equivale al 50% de su salario o pensión base y tiene un techo de USD 750, sin importar cuánto haya costado el servicio funerario contratado.

Argüello añadió que ese derecho prescribe a los seis meses del fallecimiento. Pasado ese plazo, la familia pierde la posibilidad de solicitar el reembolso aunque conserve las facturas.

El entierro cuesta más en relación con un salario mínimo golpeado por la inflación

El salario mínimo vigente en Nicaragua para el sector agropecuario es de C$6.188,02 mensuales (USD 168), mientras que en construcción y establecimientos financieros llega a C$13.848,23 (USD 377), montos fijados por la Comisión Nacional de Salario Mínimo para el período que va de marzo de 2026 a febrero de 2027.

Un cálculo elaborado por 100% Noticias que combina el ataúd económico, un espacio en cementerio municipal y el trámite de entierro suma 23,200 córdobas (USD 631), cifra equivalente a casi cuatro salarios mínimos del sector agropecuario.

El poder adquisitivo de los trabajadores afiliados al INSS cayó 2.04% entre diciembre de 2025 y septiembre de este año, mientras los precios de alimentos básicos como huevos, pollo y carne de res subieron por encima del 20% interanual en el mismo período.

El terreno, el permiso municipal y los trámites suman más desembolsos

Un espacio en un cementerio municipal para sepultar una sola caja ronda los C$3.000 (USD 82), según la información recabada por 100% Noticias. El precio puede variar según la alcaldía y las condiciones del lugar.

El trámite municipal relacionado con el entierro agrega otros C$200 (USD 5) aproximados. Ninguna de las dos cifras corresponde a una tarifa nacional única: cada alcaldía fija sus propios montos.

Si al cálculo básico se suma una sala de velación de C$33.000 (USD 897), el subtotal estimado asciende a C$56.200 (USD 1,529), siempre que ese servicio se contrate aparte y no existan otros cargos.

Qué documentos pide la funeraria según dónde ocurra la muerte

Una guía de Monte de los Olivos, citada por 100% Noticias, detalla los pasos según el lugar del fallecimiento. En un domicilio, se debe llamar al médico de cabecera para que emita la constancia de defunción con nombre completo, cédula, fecha, hora y causa de muerte, además de firma y código del Ministerio de Salud.

Para tramitar la constancia provisional en un centro de salud se piden cédula y partida de nacimiento del fallecido, cédulas de dos testigos y de un familiar, y acta de matrimonio si corresponde.

Cuando la muerte ocurre en un hospital, es el establecimiento el que solicita esos mismos documentos para elaborar la constancia. Recién entonces puede coordinarse con la funeraria el retiro del cuerpo.

La Policía Nacional solo interviene en casos de muerte sospechosa

No todas las muertes requieren el mismo trámite policial. Cuando un médico certifica una causa natural, el proceso se limita a la documentación sanitaria y las gestiones civiles y funerarias habituales.

Si existen indicios de violencia o circunstancias que requieren investigación, intervienen la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal. En esos casos, la entrega del cuerpo depende de las diligencias de las autoridades.

Además de la constancia médica, es obligatorio inscribir la defunción ante el Registro del Estado Civil de las Personas, según los requisitos del Consejo Supremo Electoral. Ese trámite es distinto del permiso municipal de entierro y habilita certificaciones que las familias pueden necesitar para pensiones o herencias.

Gastos que las familias no siempre calculan a tiempo

Al ataúd, el terreno y los trámites se suman el traslado del cuerpo, la construcción de la bóveda, flores, alquiler de sillas y alimentación durante el velorio. Ninguno de estos rubros es obligatorio: dependen de las decisiones de cada familia y de las tradiciones locales.

Los costos pueden crecer si el fallecimiento ocurre en una ciudad y el entierro se realiza en otro municipio o departamento, por los gastos de traslado adicionales.

La recomendación que se desprende de los datos recopilados por 100% Noticias es pedir por escrito qué incluye cada precio antes de firmar un contrato funerario, y consultar al INSS con anticipación si existe derecho a algún subsidio, sin asumir que la cobertura será automática ni completa.

La actividad agrícola de Nicaragua cayó 2.9% interanual en julio de 2026 y acumuló una contracción de 2.7% entre enero y julio, según el último informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN).

De acuerdo con la información publicada por el BCN, la disminución de julio respondió a menores labores culturales en café, caña de azúcar, banano, soya, maní y ajonjolí, además de una menor producción de hortalizas. El aumento de las labores en maíz, frijol y arroz atenuó la caída, aunque no logró compensarla.

El resultado implicó un retroceso frente a junio, cuando la agricultura había registrado un aumento interanual de 0.1%. A su vez, el aumento de junio interrumpió cuatro descensos seguidos entre febrero y mayo.

La agricultura volvió a caer en julio y mantuvo su promedio anual en terreno negativo

La agricultura registró bajas interanuales en cinco de los siete primeros meses de este 2026. El sector creció 3.2% en enero, pero cayó 6.5% en febrero, 6.1% en marzo, 8.3% en abril y 2.5% en mayo. En junio aumentó 0.1% y en julio volvió a caer 2.9%.

En la medición promedio anual, que compara los últimos 12 meses con los 12 meses anteriores, la agricultura registró una disminución de 1.7% en julio. La cifra fue menos negativa que la caída de 2.3% reportada en junio, aunque el indicador continuó en terreno negativo.

La actividad económica desaceleró en julio, con caídas en manufactura, sector público y pesca

La caída de la agricultura coincidió con una desaceleración de la actividad económica. El IMAE creció 2.5% interanual en julio, por debajo del 3.4% de junio y del 6% registrado en julio de 2025. Entre enero y julio, el índice general acumuló una expansión de 3.9%.

El IMAE antes de impuestos aumentó 1.9% interanual en julio, frente al 3.7% de junio. En los primeros siete meses del año acumuló un crecimiento de 4%.

Mientras que, la industria manufacturera cayó 4.3% interanual en julio y acumuló una contracción de 4,6% entre enero y julio. El resultado respondió principalmente a una menor producción de tabaco, textiles y arneses automotrices. En la medición promedio anual, la industria manufacturera presentó una caída de 0.4% en julio, luego de un crecimiento de 1.1% en junio. El dato muestra que el deterioro mensual también llevó el indicador de los últimos 12 meses a terreno negativo.

Por su parte, la administración pública y defensa disminuyó 2.8% en el mes y 3.1% en el acumulado.

De igual manera, la pesca y acuicultura registró el mismo nivel que en julio de 2025 y acumuló una contracción de 10.3% en los primeros siete meses de 2026. El BCN atribuyó el desempeño mensual a una menor captura de peces de escama, langosta, camarón costero y pulpo, parcialmente compensada por una mayor producción de camarón de cultivo y capturas de cangrejo y jaiba.

Por otro lado, la actividad de servicios sociales y de salud disminuyó 0.6% interanual en julio, luego de no registrar variación en el mes de junio.

Los precios de los alimentos y los servicios muestran incrementos en Nicaragua, mientras el Banco Central de Nicaragua (BCN) elevó su previsión de inflación para 2026. El organismo proyecta ahora una variación anual de entre 3.5% y 4.5%, por encima del rango inicial de 2.5% a 3.5%.

La revisión figura en las perspectivas macroeconómicas de octubre. El BCN atribuyó las mayores presiones a la evolución de los precios internacionales, las condiciones climáticas vinculadas con El Niño y el encarecimiento del petróleo.

El organismo informó que la inflación interanual alcanzó 4% en julio, mientras que la inflación acumulada se ubicó en 2.1%. El informe de octubre solo incluyó ese registro y no divulgó la evolución del indicador durante los dos meses posteriores.

El incremento de precios también se reflejó en la canasta básica. Durante los primeros siete meses de 2026, el costo de los 52 productos que integran esa medición llegó a 21,474.94 córdobas (USD 579.82).

La canasta básica acumuló un aumento frente a julio de 2025

En diciembre del año anterior, la canasta básica tenía un valor de 20,821.68 córdobas (USD 562.19). En julio de 2025, su costo era de 20,549.67 córdobas (USD 554.84).

La diferencia entre ese último valor y el registro disponible de 2026 representó un aumento de 925 córdobas (USD 24.98) en un año. La cifra corresponde al conjunto de alimentos y otros productos considerados en ese indicador.

El régimen de Daniel Ortega no actualizó desde julio los datos sobre el comportamiento de la canasta básica. El BCN tampoco presentó en su reporte de octubre información adicional sobre el nivel de inflación registrado después de ese mes, según Diario La Prensa.

La entidad indicó que la continuidad de los subsidios a bienes y servicios básicos, la estabilidad cambiaria y la coordinación de las políticas monetaria y fiscal moderaron el aumento de los precios. Estos factores fueron incluidos junto con las variables externas y climáticas que, según el organismo, influyeron en el comportamiento de la inflación.

El BCN identificó riesgos vinculados con el contexto internacional

El Banco Central advirtió que los choques de oferta relacionados con los conflictos geopolíticos y las interrupciones en las cadenas de suministro podrían continuar afectando los precios internacionales. El organismo también mencionó la persistencia de la inflación mundial.

Según el BCN, ese escenario llevó a los principales bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo. La institución incluyó estas condiciones dentro de los riesgos que pueden incidir en la evolución de los precios en Nicaragua.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los gobiernos de América Latina a mantener la atención sobre la inflación ante el impacto de la crisis petrolera vinculada con la guerra en Oriente Medio.

El organismo recomendó a los bancos centrales prevenir los efectos secundarios del aumento de los precios de la energía y las materias primas. La recomendación incluyó tanto a los países exportadores como a los importadores.

El Niño podría afectar temporalmente la producción agropecuaria

Las autoridades nicaragüenses consideran que las condiciones climáticas asociadas con El Niño podrían afectar de forma temporal la producción agropecuaria y, con ello, incidir en los precios de los alimentos. Los pronósticos citados prevén que el fenómeno alcance su máxima intensidad en diciembre de 2026 y se prolongue hasta febrero de 2027, de acuerdo a datos de Diario La Prensa.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que la temperatura de la superficie del mar en el sector del océano Pacífico utilizado para monitorear El Niño superó en septiembre los cuatro °C por encima del promedio.

Según el reporte citado, se trató del valor más alto desde el inicio de las mediciones en 1949. El Niño forma parte del ciclo climático denominado El Niño-Oscilación del Sur.

El fenómeno puede modificar los patrones de lluvia y elevar la temperatura global. Sus efectos pueden incluir sequías en algunas regiones y precipitaciones intensas en otras.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño podría extenderse hasta febrero de 2027. El Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea, indicó que agosto de 2026 igualó a julio de 2023 como el mes más caluroso registrado a nivel mundial.

La temperatura media del aire en superficie alcanzó 16.96 °C, según ese organismo. El dato forma parte del contexto climático considerado en las proyecciones sobre la producción agropecuaria y los precios de los alimentos.

Nicaragua notificó un aumento de 260 casos de neumonía en una semana, junto con alzas en los diagnósticos de chikungunya, influenza y dengue, según los datos sanitarios correspondientes al período que culminó el 10 de octubre. El repunte de enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores coincidió con la confirmación de 20 nuevos casos de COVID-19 entre el 6 y el 13 de octubre de 2026.

La neumonía concentró el mayor incremento semanal informado por el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), sumando un total de 1,361 personas, luego de que se registraran 260 enfermos más que durante la semana previa. La cifra supera con amplitud las variaciones notificadas en el resto de las patologías bajo vigilancia y mantiene la presión sobre el seguimiento de infecciones respiratorias.

El informe semanal indicó también que la influenza sumó 22 casos confirmados respecto de la semana anterior, con un total de 56 enfermos. En paralelo, el dengue avanzó en seis diagnósticos y llegó a 90 personas afectadas.

Los datos muestran un escenario de incremento simultáneo de varias enfermedades, con especial atención sobre las infecciones respiratorias.

El chikungunya llegó a 283 casos y la neumonía sumó 260 enfermos en una semana

El mayor aumento entre las enfermedades transmitidas por vectores correspondió al chikungunya, que agregó 25 enfermos en comparación con la semana anterior. El total acumulado del período fue de 283 personas diagnosticadas, más de tres veces la cantidad de casos reportados para dengue.

Por su parte, la malaria presentó una reducción de siete pacientes frente a la semana anterior, con 87 enfermos informados. Aunque la variación fue a la baja, la enfermedad mantuvo una cifra cercana a los diagnósticos de dengue, que ascendieron a 90.

La leptospirosis registró tres personas afectadas, un caso más que en el período previo. Para el zika, en cambio, no se notificaron casos durante la semana analizada.

El crecimiento de chikungunya, dengue y leptospirosis ocurrió en un contexto de circulación de enfermedades que pueden estar asociadas a vectores o a condiciones ambientales.

Nuevos casos confirmados de COVID-19

Entre el 6 y 13 de octubre, se confirmaron 20 nuevos casos de COVID-19 en Nicaragua. El reporte señaló que estas personas recibieron “seguimiento responsable y cuidadoso”, sin detallar si requirieron internación, su estado clínico ni las localidades donde fueron atendidas.

Además, 15 personas concluyeron el período de seguimiento establecido. Desde el inicio de la pandemia, el balance consignó 17,434 personas atendidas y 17,169 recuperadas. La diferencia entre ambas cifras es de 265 personas, aunque el documento no precisó cuántas permanecían bajo seguimiento, cuántas correspondían a casos activos ni si existían otros desenlaces fuera de los recuperados.

El informe indicó que no hubo fallecidos atribuidos al COVID-19 durante esa semana. También sostuvo que las personas bajo seguimiento por la enfermedad presentaron con frecuencia patologías previas, entre ellas hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente cerebrovascular, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas.

La coincidencia de nuevos diagnósticos de COVID-19 con el aumento de neumonía e influenza deja a las enfermedades respiratorias entre los principales datos sanitarios negativos del período.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 38 agresiones contra periodistas y medios independientes durante el tercer trimestre de 2026 en Nicaragua, en un escenario marcado por amenazas, exilio y ataques digitales.

La presión contra la prensa nicaragüense se extendió desde 2018, cuando comenzó el exilio de comunicadores. Con los tres nuevos desplazamientos registrados entre julio y septiembre, al menos 313 periodistas se vieron obligados a salir del país desde ese año.

El informe, publicado el 13 de octubre, registró 33 agresiones verbales, escritas y digitales, tres desplazamientos forzados y dos casos de violencia mediante tecnologías digitales. Los hechos se distribuyeron en seis denuncias en julio, 18 en agosto y 14 en septiembre.

Los ataques contra periodistas nicaragüenses trascendieron las fronteras del país y alcanzaron a comunicadores exiliados y a sus familiares. La consecuencia inmediata fue una nueva salida de reporteros, el cierre temporal de cuentas personales y el aumento de la presión sobre quienes mantienen publicaciones críticas desde el exterior.

El 87% de los casos fue atribuido a actores no estatales, mientras que tres fueron vinculados a actores estatales y dos quedaron sin responsables identificados. FLED señaló que los ataques tuvieron rasgos similares a los de perfiles y grupos afines al oficialismo, con insultos, burlas, descalificaciones y mensajes de respaldo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las agresiones se concentraron en redes sociales y espacios digitales, donde circularon nombres de comunicadores, acusaciones contra medios independientes y referencias a la situación migratoria de periodistas radicados en Costa Rica. La organización también registró vigilancias en viviendas de familiares y seguimientos de perfiles personales y páginas informativas.

El 95% de las víctimas fueron personas naturales: 36 casos afectaron directamente a periodistas y dos a personas jurídicas, en particular medios cuyas plataformas o canales de difusión sufrieron censura. FLED advirtió que existe un subregistro porque parte de las víctimas evitó denunciar por temor a nuevas represalias.

Una periodista exiliada relató que personas identificadas por su familia como agentes de Inteligencia de la Policía visitaron durante casi dos semanas a sus parientes para conocer su ubicación. Las visitas provocaron temor entre familiares y vecinos, según su testimonio.

Censura digital y precariedad del periodismo exiliado

Los medios nicaragüenses que operan desde el exterior también enfrentaron suspensiones de cuentas, intentos de acceso no autorizado y ataques contra sitios web. DaríoMedios denunció que un ataque del 11 de agosto suspendió temporalmente su canal de YouTube y estuvo acompañado por intentos reiterados de ingreso a su sitio web.

La situación ocurrió en un país donde al menos 56 medios de comunicación fueron clausurados, de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citados por FLED. El organismo sostuvo en agosto que los medios no alineados con el Gobierno solo pueden operar desde el exilio.

Los periodistas refugiados en Costa Rica enfrentaron, además, demoras en las resoluciones de sus solicitudes de refugio, lo que les impidió acceder a empleos, becas y apoyos económicos. Durante el trimestre, al menos 14 periodistas exiliados se quedaron sin trabajo.

El Presupuesto General de la República de Nicaragua para 2026 asigna a Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con otras personalidades, 1.269 cargos policiales y C$ 248 millones (USD 6.8 millones), frente a 345 puestos y C$ 71.7 millones (USD 2 millones) para Seguridad Vial, el área que debe prevenir accidentes en un país donde 903 personas murieron en siniestros de tránsito durante 2025.

La diferencia equivale a 3.5 córdobas para Protección de Personalidades por cada córdoba destinado a Seguridad Vial. El programa de custodia concentra el 4.4% del presupuesto policial, mientras el destinado al tránsito recibe el 1.3%, según el desglose presupuestario publicado por DIVERGENTES.

Seguridad Vial es el programa con menos fondos entre los siete que integran la Policía. Sus recursos resultan 71.1% inferiores a los de Protección de Personalidades, pese a que debe regular la circulación en todo el país, impartir educación vial, capacitar a conductores y estudiantes, y analizar las causas de los accidentes.

El programa de Protección de Personalidades debe ejecutar 39.749 planes de seguridad para integrantes de los poderes del Estado, el cuerpo diplomático y personalidades extranjeras. También programó 265.072 revisiones técnicas para detectar explosivos en objetivos considerados de alto nivel de seguridad.

Dentro de esa planificación figuran 33 planes destinados específicamente a los copresidentes. Sus funciones incluyen garantizar la seguridad de Ortega, Murillo, los poderes estatales, el cuerpo diplomático y visitantes nacionales o extranjeros.

La custodia de los mandatarios supera la estructura visible en las cifras presupuestarias. Una investigación de DIVERGENTES documentó en julio de 2026 un dispositivo de al menos 73 oficiales de la Policía Nacional, distribuidos en 28 puestos de control y tres anillos de seguridad alrededor de la residencia de los copresidentes, en el reparto El Carmen de Managua.

El perímetro policial existe desde 2018, pero fue reforzado entre finales de 2025 e inicios de 2026, después de la captura por Estados Unidos del aliado político del régimen sandinista, el dictador venezolano Nicolás Maduro. La cobertura se extendió desde la residencia hasta calles conectadas con algunas de las principales arterias de Managua.

El primer anillo despliega presencia policial en las calles cercanas a El Carmen. Los siguientes niveles incrementan el control a medida que se aproximan a la vivienda, mientras el tercer anillo opera como último filtro con vigilancia permanente, patrullas, agentes motorizados y drones.

El conteo no contempla a la seguridad privada ubicada dentro y frente a la residencia, otros puestos en zonas elevadas ni a los operadores de drones que recorren el vecindario. Las dificultades para identificarlos impidieron determinar el número total de personas involucradas en la protección de Ortega y Murillo.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a la publicación que los C$ 253.8 millones asignados al programa en 2025 eran utilizados íntegramente por los Ortega-Murillo. La estructura mantuvo pocas variaciones en ocho años: pasó de 1,243 cargos en 2018 a 1,269 en 2026.

El presupuesto de Protección de Personalidades aumentó 17,4% desde 2018, cuando recibió C$ 211,3 millones. Alcanzó su nivel más alto en 2020, con C$ 333,9 millones, y el menor en 2022, con C$ 210,3 millones.

La reducción de cargos para prevenir accidentes

Seguridad Vial tendrá que desarrollar 7,362 planes de prevención de accidentes y 78,801 acciones preventivas y de sensibilización durante 2026. El programa también prevé capacitar a 214,939 conductores y a 186,054 estudiantes e integrantes de las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito.

Esas metas equivalen, en promedio, a más de 20 planes de prevención y unas 216 acciones preventivas diarias. Los 345 cargos asignados no se dedican exclusivamente a esas tareas, ya que también deben controlar el tránsito, regular carreteras y calles, y ejecutar campañas educativas.

El presupuesto no especifica cómo se distribuyen esos puestos entre Managua, los departamentos y las tareas de regulación directa. Tampoco permite establecer cuántos agentes trabajan en carreteras o en zonas urbanas.

La reducción de personal ocurrió entre 2024 y 2025, cuando Seguridad Vial pasó de 638 a 345 cargos: 293 puestos menos, una caída cercana al 46%. Los documentos presupuestarios no aclaran si esas plazas fueron eliminadas, trasladadas a otros programas policiales o reclasificadas.

Las muertes por accidentes de tránsito se mantuvieron por encima de los registros de 2018. La Policía contabilizó 726 fallecidos ese año, 846 en 2019, 830 en 2020, 904 en 2021, 978 en 2022 y 1.014 en 2023, el máximo del período.

La cifra descendió a 941 muertes en 2024 y a 903 en 2025, aunque el último registro fue 177 casos superior al de 2018, un aumento de 24.4%. De las víctimas mortales de 2025, 505 estuvieron vinculadas con accidentes de motocicleta.

Los accidentes de tránsito fueron la sexta causa de muerte en Nicaragua en 2025, de acuerdo con el Mapa Nacional de la Salud del Ministerio de Salud. Para contener las muertes, la Policía reforzó el Plan Nacional de Emergencia Vial con controles de alcoholemia y velocidad, suspensión de licencias, ocupación de vehículos, inspecciones mecánicas, regulación en carreteras y campañas educativas.

En junio de 2025, los límites máximos de velocidad fueron reducidos a 50 kilómetros por hora para vehículos particulares, transporte público y transporte de carga. Para las motocicletas, el tope quedó fijado en 40 kilómetros por hora.

Una fuente especializada en seguridad, que pidió reserva de identidad, indicó que los datos públicos no permiten determinar el destino de los 293 cargos retirados de Seguridad Vial.

“Los propios números oficiales de la Policía muestran dónde están sus prioridades. Hay más recursos y personal destinados a proteger a Daniel Ortega y Rosario Murillo que a atender la seguridad vial, un problema que sigue cobrando cientos de vidas cada año en Nicaragua”, concluyó.

Las cuentas de dinero electrónico disminuyeron en Nicaragua al cierre del segundo trimestre de 2026, pese a que los sistemas bancarios digitales continuaron movilizando montos elevados. Los bancos reportaron 425,187 cuentas activas, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período de 2025.

Las operaciones electrónicas trasladaron 580.35 millones de córdobas (USD 15.85 millones) entre abril y junio, lo que representó un aumento interanual de 12.6%, según el Informe de Sistemas y Servicios de Pago del Banco Central de Nicaragua (BCN). Aun así, el efectivo, compuesto por billetes y monedas, se mantuvo como el medio de pago más utilizado en el país.

La cantidad de transacciones electrónicas cayó 9% frente al segundo trimestre del año anterior. El organismo explicó que la economía utiliza distintos instrumentos de pago, aunque el dinero en efectivo conserva la mayor presencia en las operaciones cotidianas.

Las transferencias electrónicas concentraron más de la mitad del monto movilizado

El Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (Sinpe) fue el mecanismo más utilizado durante el trimestre. Dentro de esa plataforma, las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) aumentaron tanto su cantidad de operaciones como el valor de los recursos transferidos, según datos de Diario La Prensa.

Las TEF movilizaron 297.53 millones de córdobas (USD 8.12 millones), un monto que superó la mitad del valor total procesado mediante canales electrónicos. Entre abril y junio, el sistema registró 15,846 transferencias realizadas en córdobas, dólares estadounidenses y euros.

El valor promedio diario de las transferencias electrónicas fue de 4.79 millones de córdobas (USD 130,787.48). El BCN indicó que el promedio por operación equivalió a 18.8 millones de córdobas (USD 513,320.39), por lo que este instrumento estuvo orientado a pagos de mayor valor.

La Cámara de Compensación Automatizada fue el segundo mecanismo con mayor actividad por monto movilizado. Este sistema es administrado por ACH de Nicaragua S.A., que opera bajo el nombre comercial Unired.

Por medio de Unired se transfirieron 176.10 millones de córdobas (USD 4.81 millones), equivalentes al 30% del valor total que se movilizó mediante los canales electrónicos. El informe del Banco Central señaló que el sistema procesó un promedio diario de 43,512 operaciones, por un monto de 1.93 millones de córdobas (USD 52,697.25).

El valor promedio de cada operación realizada a través de Unired fue de 44,533 córdobas (USD 1,215.94). El resto de los recursos procesados en los medios electrónicos correspondió a la compensación y liquidación de cheques, además de las operaciones efectuadas mediante el Módulo de Administración de Efectivo.

La Cámara Interbancaria de Compensación Electrónica de Cheques (CCE) movilizó 61.85 millones de córdobas (USD 1.69 millones) durante el segundo trimestre. A través del Módulo de Administración de Efectivo (MAE), los bancos realizaron depósitos y retiros de efectivo en el BCN por un valor total de 28.07 millones de córdobas (USD 766,431.03).

Las transferencias regionales recibidas crecieron 43.4%

El Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) registró 3,279 transferencias desde o hacia otros países de Centroamérica y República Dominicana. El monto movilizado por esas operaciones llegó a 1,328.2 millones de córdobas (USD 36.27 millones).

El valor transferido mediante este sistema creció 39.3% frente al segundo trimestre de 2025. La cantidad de operaciones aumentó 41.9% durante el mismo período, de acuerdo con los datos incluidos por el Banco Central de Nicaragua.

Los bancos nicaragüenses recibieron 3,217 transferencias desde el exterior por un monto equivalente a 1,249 millones de córdobas (USD 34.10 millones). La cantidad de movimientos recibidos aumentó 43.4% y el valor de los recursos enviados al país subió 37.9% en comparación con igual trimestre del año anterior.

El monto promedio de las transferencias recibidas fue de 388,545 córdobas (USD 10,608.94). Estas operaciones concentraron la mayor parte del dinero movilizado mediante el sistema regional de pagos, según información de Diario La Prensa.

En sentido contrario, desde Nicaragua hacia otros países de Centroamérica y República Dominicana se enviaron 62 transferencias. El valor total de esas operaciones alcanzó 78.2 millones de córdobas (USD 2.14 millones).

El monto de los envíos hacia el exterior aumentó 68.2% en términos interanuales, aunque el número de operaciones disminuyó 8.8%. El valor medio de cada transferencia enviada fue de 1.26 millones de córdobas (USD 34,403.39).

Las carteras digitales reunieron la mayor parte de las cuentas activas

Del total de cuentas de dinero electrónico activas al cierre de junio, 391,796 correspondían a carteras digitales. Las restantes 33,391 cuentas estaban asociadas a tarjetas prepagadas.

Durante el segundo trimestre se realizaron 9.6 millones de transacciones con dinero electrónico. La cantidad de operaciones fue inferior a la observada un año antes, al igual que el monto movilizado mediante esos instrumentos.

Las transacciones de dinero electrónico trasladaron 10,024.9 millones de córdobas (USD 273.72 millones). El valor promedio de cada operación fue de 1,039.9 córdobas (USD 28.39), según el informe del BCN.

Las carteras digitales concentraron la mayor cantidad de movimientos. Los retiros de efectivo ocuparon el primer lugar entre las operaciones realizadas, seguidos por las transferencias de fondos y las cargas de efectivo.

En contraste con la baja de las cuentas de dinero electrónico, el número de tarjetas de pago en circulación aumentó frente al mismo período de 2025. Al cierre de junio de 2026, había 3.9 millones de tarjetas de débito, crédito y prepagadas activas en Nicaragua.

Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, luego de que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazara las credenciales de Natasha Franceschi como nueva embajadora estadounidense en el país centroamericano.

El Departamento de Estado atribuyó la decisión a Ortega y a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, y afirmó que la negativa demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

La medida fue tomada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio. Un comunicado de prensa del Departamento de Estado precisó: “Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”.

El rechazo se produjo contra Franceschi, descrita por la cartera diplomática estadounidense como “una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada”. Según el comunicado, la negativa nicaragüense “pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su afán por montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”.

El Senado de Estados Unidos había ratificado a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua el pasado 30 de septiembre. El país centroamericano no cuenta con un embajador estadounidense desde 2023.

La negativa de Managua contra la diplomática fue revelada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington el pasado 2 de octubre.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La resolución de la OEA

Durante esa reunión extraordinaria, la OEA aprobó una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que Ortega anunciara que no habrá más comicios en el país.

El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella. La resolución no incluye, sin embargo, la imposición de sanciones concretas para Ortega y Murillo.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que la nación recupere el orden constitucional. Ramdin pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.

“Asumir sola un embarazo” en su mayoría producto de la violencia sexual es el mayor secreto a voces que enfrentan cientos de adolescentes nicaragüenses en medio de una sociedad que ha normalizado el problema, sobre todo en las zonas rurales del país.

Nicaragua registra la tasa más alta de embarazos entre adolescentes de Centroamérica: 93 por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años. Costa Rica, en cambio, tiene cerca de 25. La diferencia entre ambos países es de casi 70 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, según datos del Banco Mundial.

El registro ubica a Nicaragua como el país con el indicador más alto de fecundidad adolescente en Centroamérica. La cifra supera a la de Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica, de acuerdo con las estimaciones más recientes disponibles para 2024.

La comparación regional coincide con las alertas de organismos internacionales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras agencias de Naciones Unidas calcularon que América Latina y el Caribe registró 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años en 2024, por encima del promedio mundial de 39.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las adolescentes indígenas, afrodescendientes, rurales, con menor nivel educativo o de los hogares con menos ingresos pueden tener hasta cuatro veces más probabilidades de iniciar una maternidad temprana que sus pares urbanas, con mayor escolaridad y recursos.

En el caso de las niñas menores de 15 años, los organismos internacionales vinculan los embarazos con la violencia sexual, las uniones tempranas y las barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

El régimen de nicaragua desarticuló durante los últimos años organizaciones feministas, comunitarias y de niñez que ofrecían educación sexual, prevención de la violencia y acompañamiento a adolescentes.

Human Rights Watch señala que las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 5,500 organizaciones desde 2018, mientras defensoras consultadas por el medio nicaragüense Divergentes advierten que esos cierres eliminaron espacios de orientación y protección en zonas rurales.

En paralelo, medios oficialistas promueven el concurso “La Madre Panza”, que entrega premios a mujeres embarazadas sin establecer límites de edad. Las imágenes de sus ediciones muestran la participación de adolescentes.

Nicaragua y Honduras, los extremos de la crisis regional

Después de Nicaragua aparece Honduras, con una tasa de 81 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. La diferencia entre ambos países es de 12 puntos.

Ambos son los únicos países centroamericanos que superan el umbral de 80. La distancia con Costa Rica muestra que el descenso regional no ha tenido el mismo ritmo en todos los territorios.

En Honduras, la OPS incluyó la reducción de la fecundidad adolescente entre las prioridades de un proyecto regional que se desarrolla entre 2025 y 2030. El organismo plantea ampliar el acceso a anticonceptivos modernos y fortalecer la atención para adolescentes, con énfasis en poblaciones rurales, indígenas y de menores ingresos.

Guatemala suma más de 56 embarazos adolescentes al año

Guatemala ocupa el tercer lugar, con una tasa de 68 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. Son 25 puntos menos que Nicaragua, pero el volumen de casos revela otra dimensión del problema: el UNFPA informó en octubre de 2025 que el país registra más de 56 mil nacimientos anuales en niñas y adolescentes menores de 19 años.

La agencia señaló que las comunidades rurales e indígenas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, información y métodos anticonceptivos. En Izabal, por ejemplo, instituciones locales organizaron actividades de prevención en diferentes municipios donde se busca involucrar a familias y escuelas.

Panamá y El Salvador, una franja intermedia con focos de alerta

Panamá y El Salvador rondan los 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. En Panamá, el UNFPA concentra parte de su trabajo en comunidades de la costa caribeña, donde impulsa espacios de salud adaptados a adolescentes y campañas para romper el silencio familiar alrededor de la educación sexual.

El organismo calcula que los costos evitables del embarazo adolescente superan los $1,500 millones anuales en ese país. El Salvador desarrolla la iniciativa “Llegar a Cero” en departamentos como Usulután, San Miguel, La Unión, Sonsonate y Ahuachapán, donde las autoridades y organismos de cooperación han identificado el problema y buscan reducir los embarazos en niñas y adolescentes mediante intervenciones territoriales.

Costa Rica cierra la lista, pero el fenómeno persiste

Costa Rica registra cerca de 25 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años, la tasa más baja de Centroamérica. Aun así, el UNFPA estimó que casi 5,000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en 2022.

El mapa regional queda encabezado por Nicaragua, seguida por Honduras y Guatemala. Panamá y El Salvador se ubican en un nivel intermedio, mientras Costa Rica presenta el menor indicador.

Detrás de esa diferencia estadística aparecen desigualdades territoriales, violencia contra niñas y adolescentes y servicios de salud que todavía no llegan con la misma fuerza a todas las comunidades.

Un hombre cuya identidad no fue divulgada fue arrastrado por las fuertes corrientes de un cauce este domingo en el barrio Acahualinca de Managua, pero pobladores lograron rescatarlo con un mecate, según Noticiero Nicaragua y Mi Voz Nicaragua.

El hombre permaneció sujeto a una rama durante varios minutos, visiblemente agotado, mientras los vecinos organizaban la ayuda, informó La Prensa Nicaragua, diario nicaragüense. La fuerza del agua lo había desplazado varios metros y le quitó la ropa interior antes de que fuera puesto a salvo.

Se desconoce cómo cayó al cauce o si se encontraba recolectando desechos cerca de la orilla. Sin la intervención de los pobladores, habría corrido el riesgo de morir ahogado. Tras la extracción, el hombre recibió los primeros auxilios por parte de los mismos vecinos mientras se notificaba a los cuerpos de socorro para su valoración médica, llamando a la población a extremar precauciones en los cauces durante la temporada de lluvias, indicó Radio Corporación.

Managua sigue siendo escenario accidentes

Este lunes, El Diario Nacional, medio nicaragüense informó que un joven identificado como Wilfredo Rosales, de 21 años, murió tras la colisión frontal entre dos motocicletas en la curva de Ticomo, en el kilómetro 9 de la Carretera Sur, en la zona de Managua. La Policía investiga las circunstancias del accidente y dejaron ver que luego darían actualizaciones del caso.

La colisión entre una motocicleta y una caponera dejó a una mujer fallecida la noche del viernes 9 de octubre frente a Aldeas SOS, en Managua. El accidente ocurrió cuando, presuntamente, el vehículo de tres ruedas invadió el carril de la moto, que se dirigía a una vela familiar.

La víctima, Sandra Isabel Norory, de aproximadamente 35 años, sufrió un trauma craneal y murió horas después en el hospital Fernando Vélez Paiz. Los bomberos le brindaron primeros auxilios en el lugar y la trasladaron de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones.

Norory viajaba como acompañante junto a Lorenzo Ezequiel Wuintang, conductor de la motocicleta. “Yo venía del Siete Sur, íbamos a una vela de mi abuelita, que precisamente está en una vela ahorita. Yo venía recto cuando la caponera me invadió el carril y yo terminé impactando a un lado de ella y luego me derrapé con la moto”, relató Wuintang.

El motociclista sufrió golpes en las manos y los pies y también fue llevado al hospital para recibir atención médica. El conductor de la caponera, Andy Josué Romero, de 25 años, resultó ileso.

Las autoridades anunciaron que investigaban las circunstancias del accidente para determinar sus causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Además, vale mencionar que los Bomberos Unidos de Nicaragua brindaron un total de 112 servicios de emergencia en todo el territorio nacional durante el domingo 27 de septiembre. Según la institución, En el control de incendios, los efectivos extinguieron siete siniestros sin que se registraran pérdidas de vidas humanas. En la zona residencial Linda Vista (de la zona de Managua), se atendió un conato de vivienda provocado por el recalentamiento de un aire acondicionado.

La transferencia de nueve viviendas ubicadas en playa Gavilán, Tola, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social involucró inmuebles que pertenecían a jubilados estadounidenses. La operación ocurrió a fines de agosto de 2026 y, de acuerdo con los propietarios, no hubo una notificación oficial previa.

Los afectados calcularon en USD 15 millones el valor de las construcciones, las mejoras y los bienes que permanecían en el interior. Las casas eran utilizadas para vacaciones, estadías durante el invierno estadounidense y visitas de familiares o amigos.

Las propiedades no formaban parte de un condominio, aunque estaban ubicadas en una misma área y compartían características de arquitectura mediterránea. Algunas tenían piscina y paneles solares.

Los propietarios conocieron la medida a través de sus empleados

Los jubilados se enteraron de la ocupación después de que trabajadores de las viviendas les avisaran que personas identificadas como funcionarios del Seguro Social habían llegado al lugar. Según los testimonios recogidos por Confidencial.digital, esos hombres ordenaron a los vigilantes retirarse porque las casas habían pasado a manos del INSS.

Los propietarios llegaron a Nicaragua durante la década de 2000 y finalizaron las construcciones en 2010. Las viviendas estaban amuebladas y contenían equipos domésticos, ropa, muebles, cuadros y otros artículos personales.

La construcción de la casa más pequeña habría requerido una inversión cercana a USD 500,000. La de mayor tamaño habría costado entre USD 700,000 y USD 800,000, sin incluir los bienes que permanecían en su interior.

Uno de los afectados señaló al medio que el monto total incluía las inversiones en las nueve viviendas y los enseres. “El daño es cuantioso porque la inversión, entre las mejoras a las nueve casas y enseres que había adentro, fácilmente llega a los 15 millones de dólares”, afirmó.

Los dueños mantenían contratos de arriendo renovables con la Alcaldía de Tola. Bajo la Ley 690 para el Desarrollo de Zonas Costeras, las construcciones podían pertenecer a particulares, mientras los terrenos continuaban bajo propiedad estatal.

Cada residente pagaba USD 1,000 anuales por el canon municipal, además del Impuesto de Bienes Inmuebles. Uno de los jubilados sostuvo que los propietarios habían cumplido con sus pagos durante más de 15 años.

El mismo afectado indicó que la municipalidad canceló el contrato de arriendo correspondiente a este año. “De la nada, la alcaldía canceló el contrato de arriendo de este año y nos quitaron nuestras casas”, declaró.

La ocupación alcanzó a trabajadores y servicios locales

Tras la transferencia, las casas quedaron vigiladas por personas asignadas por el Régimen, de acuerdo con los propietarios. Las consultas que realizaron ante la Policía Nacional y la Alcaldía de Tola derivaron en la confirmación de que los inmuebles pertenecían al Estado.

La situación afectó a unos 15 trabajadores locales que desempeñaban tareas de vigilancia, jardinería, mantenimiento, limpieza y cocina. Uno de los propietarios señaló que las estadías de los residentes estadounidenses también generaban gastos en negocios de la zona.

Los jubilados se comunicaron con la sede central del INSS en Managua. Según sus relatos, un funcionario les propuso alquilar las viviendas por un valor aproximado de USD 2,000 mensuales.

“Es una burla, nos quitan nuestras casas y después nos las quieren alquilar”, cuestionó uno de los propietarios. Hasta el momento referido en la información, no se conocía qué uso tendrían los inmuebles.

El INSS acumuló 374 inmuebles transferidos desde 2021

El caso de playa Gavilán sería la primera transferencia conocida al INSS de inmuebles vinculados con ciudadanos extranjeros, en particular estadounidenses. La Procuraduría General de Justicia había donado 372 propiedades al organismo entre 2024 y octubre de 2026, según una base de datos de la publicación.

Durante los primeros 17 años del régimen de Daniel Ortega, el INSS recibió dos propiedades. Con las transferencias posteriores, el total ascendió a 374 bienes.

La cifra superó las 188 propiedades otorgadas al Ejército de Nicaragua y las 41 entregadas a la Alcaldía de Managua. Desde enero de 2007, el régimen transfirió 848 inmuebles a instituciones, alcaldías, empresas estatales, cooperativas, fundaciones y organizaciones gremiales.

Managua concentró 131 transferencias al Seguro Social; Rivas, 104; Estelí, 71, y Matagalpa, 27. No se identificaron donaciones al organismo en Río San Juan, Boaco, Chontales ni en la región autónoma del Caribe Norte.

La mayoría de los traspasos al INSS no incluyó información sobre extensión territorial, ubicación detallada o número catastral. Solo seis de los 374 bienes contenían esos datos registrales.

Un corredor de bienes raíces consultado por Confidencial.digital, cuya identidad fue reservada, consideró que la falta de información puede limitar las posibilidades de reclamo de los propietarios. El especialista afirmó que resulta poco habitual transferir una propiedad sin precisar su localización o dimensiones.

Entre los inmuebles que sí incluyeron información figura la isleta Zompopera, que pertenecía al economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro. El Acuerdo Presidencial 135-2024 detalló su superficie y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Granada.

Estados Unidos recomendó precaución ante inversiones inmobiliarias

Los propietarios estadounidenses notificaron el caso a la Embajada de Estados Unidos en Managua mediante una dirección de correo habilitada para ese tipo de consultas. Según indicaron, la respuesta recibida señaló que la representación diplomática no podía intervenir en asuntos de propiedad.

Un vocero del Departamento de Estado afirmó que “es profundamente lamentable que el Gobierno de Nicaragua irrespete reiteradamente los derechos de propiedad”. La institución recordó que su alerta de viaje advierte sobre posibles incautaciones de terrenos, viviendas, dinero y activos financieros sin aviso previo ni justificación legal.

El Departamento de Estado recomendó precaución al evaluar inversiones inmobiliarias en Nicaragua, especialmente en áreas costeras. Para quienes enfrenten disputas sobre propiedades, aconsejó contratar abogados locales.

La dependencia estadounidense indicó que conoce casos de reclamos de propiedad y conflictos de inversión entre sus ciudadanos y el régimen nicaragüense. También señaló que comunica estas situaciones cada año a las autoridades de Estados Unidos, sin precisar la cantidad de personas afectadas.

Las publicaciones oficiales presentan las transferencias al INSS como una medida destinada a fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura para trabajadores y familias. Los dueños de las viviendas de playa Gavilán esperan recuperar las construcciones o recibir una compensación por su valor y por los bienes que permanecían dentro.

Las exportaciones de oro de Nicaragua sumaron USD 1,543.2 millones entre enero y junio de 2026, según Confidencial.digital. El resultado equivalió al 78.3% de los USD 1,971 millones vendidos por ese producto durante todo 2025.

Los ingresos del sector aumentaron 79.3% frente a los USD 860.9 millones registrados en el primer semestre de 2025. Si el ritmo de los primeros seis meses se mantuviera, las ventas anuales de oro podrían superar USD 3,500 millones, un valor levemente superior al total de las exportaciones nicaragüenses de mercancías de 2021, que fue de USD 3,510.6 millones.

El oro subió por el aumento de los precios y del volumen exportado

El avance de las exportaciones auríferas no estuvo ligado únicamente a la cotización internacional del metal. Nicaragua envió 334,700 onzas troy de oro al exterior durante el primer semestre de 2026, frente a 290,100 onzas troy en igual período del año anterior.

El volumen exportado creció 15.4% y el precio promedio aumentó 55.4%. La subida simultánea de ambos indicadores explicó el incremento de los ingresos de esta actividad.

Estados Unidos, Canadá y Suiza fueron los principales destinos del oro extraído en las minas nicaragüenses. El metal se mantuvo como el producto de mayor valor dentro de las exportaciones del país.

Confidencial.digital informó que los senadores estadounidenses Ted Cruz, republicano, y Tim Kaine, demócrata, presentaron una propuesta de ley para ampliar las sanciones relacionadas con el negocio aurífero. La iniciativa apunta a una de las actividades que sostienen la economía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de acuerdo con el medio.

Las exportaciones de mercancías alcanzaron USD 3,569 millones

Las ventas externas de mercancías de Nicaragua llegaron a USD 3,569 millones al cierre de junio de 2026. El monto fue USD 868 millones mayor que los USD 2,701 millones registrados durante el mismo semestre de 2025, lo que representó un aumento de 32.1%.

Los datos del Banco Central de Nicaragua indican que el oro, la carne bovina y el café concentraron buena parte de ese crecimiento. Durante 2025, las exportaciones generales ya habían aumentado USD 1,134.9 millones, o 27.1%, frente a 2024.

Los mayores precios internacionales del oro, la carne de res y el café contribuyeron al comportamiento de la canasta exportadora. En los primeros seis meses de 2026, el oro y la carne registraron aumentos tanto en los volúmenes enviados como en sus precios promedio.

La industria cárnica pasó de USD 429.9 millones en el primer semestre de 2025 a USD 569.3 millones en el mismo tramo de 2026. El incremento fue de USD 139.4 millones, equivalente a 32.4%.

El volumen de carne bovina exportado aumentó 14.2% y su precio medio avanzó 15.9%. Estados Unidos, El Salvador y México fueron los principales compradores de ese producto nicaragüense.

El café aumentó sus ingresos, mientras bajaron el maní y los frijoles

El café redujo 3.2% el volumen vendido al exterior, aunque su precio promedio por quintal mejoró 7.2%. Los ingresos del sector pasaron de USD 607.1 millones a USD 629.5 millones, un aumento de USD 22.4 millones, o 3.7%.

Estados Unidos, Bélgica y Alemania fueron los principales mercados de destino del café nicaragüense. El resultado del rubro se apoyó en el aumento de los precios, pese a la reducción de las cantidades exportadas.

Las ventas de maní descendieron de USD 59.6 millones a USD 40.8 millones. La reducción fue de USD 18.8 millones, equivalente a 31.6%, y coincidió con una caída de 159,000 quintales, o 16.9%, en los envíos internacionales.

Reino Unido, Países Bajos y El Salvador encabezaron las compras de maní nicaragüense. El cultivo tecnificado tiene una presencia destacada en el occidente del país.

Los ingresos por frijoles también retrocedieron, desde USD 70.8 millones hasta USD 54.7 millones. La baja fue de USD 16.1 millones, o 22.8%.

El volumen exportado de frijoles disminuyó 5,225 toneladas métricas, una contracción de 9.7% frente a 2025. El Salvador, Honduras y Estados Unidos fueron los mayores compradores de ese producto.

En los mercados nicaragüenses, el huevo cuesta más pese a que la producción aumentó durante el primer semestre de 2026. La diferencia entre lo que sale de las granjas y lo que pagan los hogares se trasladó a una compra habitual, que ahora requiere una mayor parte del presupuesto familiar.

La producción de huevos creció 17% en el primer semestre

Las granjas industriales y semitecnificadas de Nicaragua produjeron 33,60 millones de docenas de huevos entre enero y junio de 2026. La cifra supera en 5,03 millones de docenas a las 28,57 millones registradas en el mismo período de 2025.

El aumento equivale a un crecimiento interanual de 17.6%, según las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) incluidas en la información de la canasta básica.

La expansión de este año también contrasta con el desempeño de 2025. Durante todo ese año, el sector produjo 58.11 millones de docenas, con un aumento anual de 1.63%. En los primeros seis meses de 2026, el ritmo de crecimiento fue mayor.

Sin embargo, el incremento de la oferta no se reflejó en un menor precio para los consumidores. Los datos disponibles muestran que las familias tuvieron que destinar más córdobas para comprar la misma cantidad de huevos, según una publicación realizada por 100% Noticias.

Una docena de huevos cuesta cerca de 90 córdobas

En julio de 2025, una docena de huevos tenía un precio de 73,52 córdobas. Para julio de 2026, el valor rondaba los 90 córdobas por docena (aproximadamente $2.45), lo que representa un alza aproximada de 22,4% en un año.

La canasta básica contempla la compra de siete docenas. En julio de este año, esa cantidad costaba 630,70 córdobas, frente a los 514,64 córdobas del mismo mes de 2025.

La diferencia fue de 116,06 córdobas adicionales para adquirir los mismos 84 huevos. Para los hogares, el dato refleja una presión mayor sobre el gasto destinado a alimentos de consumo frecuente.

El huevo mantiene un lugar habitual en la alimentación de las familias por su aporte de proteína y porque suele formar parte de las compras semanales. Cuando su precio aumenta, el impacto se percibe de forma directa en el presupuesto disponible para otros productos de la canasta básica.

Los datos no explican por qué subieron los precios

Las estadísticas de producción y precios muestran una situación en la que hubo más huevos disponibles, pero no permiten determinar por sí solas las causas del encarecimiento.

Los registros no precisan si el aumento se relaciona con una mayor demanda, con los costos de alimentación de las aves, transporte, energía, distribución o con los márgenes de comercialización. Tampoco establecen qué proporción de la producción se destinó al mercado interno.

Esa falta de detalle impide atribuir el alza a un único factor. Lo que sí queda expuesto es que el aumento de la producción no alcanzó para reducir el desembolso de los compradores.

El poder de compra se redujo durante 2026

El incremento del precio de los huevos coincide con una reducción del indicador de poder adquisitivo de los trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Hasta septiembre, el indicador se ubicó en 4.890,7 córdobas, por debajo de los 4.990,5 córdobas registrados en diciembre de 2025. La caída fue de 2.04%.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exigió este domingo que el Estado de Nicaragua cumpla las medidas cautelares dictadas a favor de Thelma Montenegro, defensora de derechos humanos cuyo paradero permanece desconocido desde su detención el 23 de agosto.

La organización internacional recordó que Nicaragua sigue sujeta a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pese a su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El reclamo fue dirigido al representante nicaragüense Denis Moncada Colindres, vicecanciller, y a la Asamblea Nacional.

En una publicación difundida este domingo, CEJIL pidió que las autoridades “cumplan las medidas” concedidas para proteger a Montenegro. Una imagen que acompañó el mensaje indicó que la defensora llevaba 48 días desaparecida al 10 de octubre de 2026.

La CIDH otorgó protección a la defensora el 30 de septiembre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Montenegro el 30 de septiembre a través de la Resolución 77/2026. El organismo consideró que su caso reúne condiciones de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida y la integridad personal.

Montenegro, integrante de la Asociación Madres de Abril, fue detenida el 19 de agosto en una comisaría de Pantasma, en el departamento de Jinotega, cuando acudió a realizar un trámite relacionado con su licencia de conducir.

Según la información divulgada por sus familiares, agentes policiales le informaron que estaba requerida por una investigación vinculada con el asesinato de su esposo, Francisco Blandón Herrera, ocurrido en 2019. Durante los interrogatorios posteriores, las preguntas se centraron en sus vínculos con organizaciones, personas opositoras y actividades políticas.

Pérdida de contacto tras una segunda detención

Las autoridades liberaron a Montenegro el 22 de agosto, aunque retuvieron su teléfono. La noche siguiente, cerca de siete agentes armados llegaron a su vivienda y se la llevaron de nuevo, de acuerdo con los antecedentes conocidos por su familia.

La última conexión de su teléfono se registró el 25 de agosto, cuando ya se encontraba bajo custodia estatal. Desde entonces, sus allegados no han recibido información oficial sobre el lugar de reclusión ni han podido comunicarse con ella.

La familia acudió a dependencias policiales de Managua, Tipitapa y Jinotega en busca de respuestas, sin obtener confirmación sobre su detención. Organizaciones de derechos humanos alertaron que la incomunicación puede agravar los riesgos para su salud, debido a enfermedades preexistentes que requieren medicación y atención médica.

Montenegro se incorporó a la búsqueda de justicia tras el asesinato de sus hermanos Oliver José Montenegro y Edgar Aristo Montenegro en 2019. Organizaciones internacionales han denunciado que ella y sus familiares enfrentaron vigilancia y allanamientos durante los últimos años.

A principios de octubre, la Federación Internacional por los Derechos Humanos urgió a las autoridades del país centroamericano que garantizaran la seguridad y la integridad física de la defensora de derechos. La organización reclamó información oficial sobre su situación, acceso para sus familiares y su liberación inmediata si permanece bajo custodia estatal.

La presencia de un grupo armado en una zona rural de la Costa Caribe Norte terminó con dos presuntos delincuentes muertos durante un operativo del Ejército de Nicaragua. El hecho ocurrió en el cerro Los Cocos, un área situada a 37 kilómetros al noroeste de Siuna, según informó la institución militar.

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Seguridad en el Campo. El Ejército indicó que actuó después de recibir información de productores de la zona sobre la presencia de hombres armados a quienes se les atribuyen diversos delitos contra trabajadores y pobladores rurales, el pasado 8 de octubre.

De acuerdo con la versión oficial, los integrantes del grupo eran señalados por asesinatos, amenazas, torturas y extorsiones. También se les vinculaba con el robo de dinero y ganado, además del cultivo y la comercialización de marihuana.

El Ejército afirma que la patrulla fue recibida con disparos

El comunicado militar difundido en redes sociales sostiene que una patrulla llegó al cerro Los Cocos para verificar las denuncias y ordenó a los hombres que se detuvieran. Según el relato de la institución, los sospechosos respondieron con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Como consecuencia del intercambio de fuego, dos personas murieron en el lugar, mientras que otros integrantes del grupo escaparon. El Ejército señaló que los hombres que huyeron habrían trasladado a una persona herida, aunque no divulgó su identidad ni precisó la cantidad de personas que integraban el grupo.

La institución identificó a uno de los fallecidos como José Ismael C. H., mientras que el segundo fallecido no fue identificado. Los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes, junto con los objetos ocupados durante la operación.

Durante el procedimiento, los militares incautaron dos fusiles AK-47 y una escopeta. Además, informaron que localizaron y destruyeron un cultivo de marihuana y semillas de esa planta en el área intervenida.

El Ejército afirmó que mantendrá los patrullajes en zonas rurales del país como parte de sus acciones de seguridad para productores y trabajadores del campo. Hasta ahora, no se conocieron reportes públicos de capturas posteriores vinculadas con las personas que lograron escapar.

La falta de estadísticas oficiales limita el seguimiento de la criminalidad

El caso ocurre en un contexto de escasa información pública sobre los niveles de criminalidad en Nicaragua. La Policía Nacional y el Ejército no difunden anuarios estadísticos ni datos formales actualizados sobre delitos desde 2021, una situación que dificulta establecer comparaciones sobre homicidios, robos, extorsiones u otros hechos de violencia en el país.

Frente a esa ausencia de cifras oficiales, organizaciones civiles han publicado mediciones basadas en consultas ciudadanas. Un informe difundido entre julio y agosto de 2026 por Hagamos Democracia indicó que el 82,8% de las personas consultadas consideró que la delincuencia y la inseguridad ciudadana aumentaron durante los tres meses previos. Al excluir las respuestas sin definición, el indicador llegó al 83%.

La percepción de un aumento de la inseguridad fue mayor entre las mujeres: el 88,5% afirmó que la situación empeoró, frente al 78,6% de los hombres consultados. El estudio recoge opiniones de participantes y no constituye un registro oficial de delitos denunciados o investigados.

El operativo en Siuna queda, por ahora, sujeto a la información divulgada por el Ejército. No se reportaron investigaciones públicas independientes sobre el enfrentamiento ni detalles adicionales acerca de los fallecidos.

La exigencia sobre Jordan Orozco y su invicto profesional creció después de que el boxeador nicaragüense resolviera por nocaut su combate ante el cubano Yusniel Abrahante en Orlando. El triunfo mantuvo intacta una racha que lo ubica entre las promesas de Nicaragua, aunque también dejó expuestas áreas que deberá corregir.

El peleador de Managua cumplió 22 años el 2 de octubre de 2026, sobre el cuadrilátero del Caribe Royale de Orlando, Florida. Allí obtuvo su 18.ª victoria profesional, todas antes del límite, y superó la seguidilla de 16 nocauts con la que Román “Chocolatito” González inició su carrera.

Jordan Orozco revirtió una pelea adversa ante Yusniel Abrahante

El nicaragüense enfrentó a Abrahante en una cartelera de las Series de Matchroom Boxing, transmitida por DAZN. Durante los primeros cinco asaltos, el cubano impuso velocidad, precisión y una mayor movilidad.

La esquina de Orozco consideró que estaba abajo en las tarjetas al término del quinto round. El equipo le pidió elevar la presión y buscar una pelea más física.

La respuesta llegó en el sexto episodio. El nicaragüense conectó un golpe al cuerpo que obligó a su rival a doblarse y buscar refugio en las cuerdas.

Orozco mantuvo el ataque hasta que el árbitro detuvo la pelea. El desenlace confirmó la potencia de golpeo que lo ha distinguido desde su debut, aunque la actuación previa abrió interrogantes sobre su capacidad para adaptarse a rivales más rápidos.

El comentario posterior de Román González siguió esa línea. El excampeón reconoció el valor de la victoria, pero advirtió que Orozco debe desarrollar más recursos técnicos.

González también señaló que los peleadores zurdos pueden representar un problema para el joven púgil. La observación se vinculó con las dificultades que tuvo durante buena parte del combate en Florida.

Un cronista deportivo nicaragüense cuestionó que Orozco no encontrara variantes mientras Abrahante manejaba la distancia. Según ese análisis, la pegada resolvió una pelea que había sido desfavorable durante cinco capítulos.

El comentarista de ESPN Germán García también ubicó el poder de golpeo como la principal fortaleza del nicaragüense. A la vez, planteó que su verdadera dimensión dependerá de su respuesta frente a oponentes de mayor jerarquía.

La Cobra se formó desde niño en los gimnasios de Managua

Jordan Jasmir Orozco Hernández nació deportivamente en el barrio María Auxiliadora, en Managua. Su abuelo, Medardo Orozco, lo llevó por primera vez a un gimnasio cuando tenía ocho años.

El boxeo se convirtió pronto en una actividad central para el niño. A los 10 años ya había ganado un Campeonato Nacional Infantil y acumulaba más de una decena de triunfos después de la primera derrota de su etapa amateur.

En septiembre de 2015, Diario La Prensa lo entrevistó en el gimnasio Nicaragüense. El entonces alumno de quinto grado del centro escolar Israel contó que trabajaba movimientos laterales, el jab y el contragolpe.

El joven mencionaba como referencias a Alexis Argüello y a Román González. En esa misma nota, su entrenador Norberto López lo definió como un alumno atento a las indicaciones y comprometido con el entrenamiento.

Diario La Prensa también recogió una faceta alejada del ring: Orozco quería ser arquitecto porque le gustaba dibujar. Con el tiempo, su carrera deportiva se impuso como prioridad, impulsada por el consejo de mantener la disciplina y seguir aprendiendo.

En Nicaragua comenzó a ser identificado como “La Cobrita”, debido a una forma de pelear basada en observar, esperar y atacar. Más adelante, el apodo “La Cobra” ganó presencia entre los aficionados y el entorno del boxeo.

El recorrido amateur incluyó 81 victorias y cuatro títulos nacionales

Antes de dar el salto al profesionalismo, Orozco disputó 86 peleas amateur y ganó 81. El registro de la Federación Nacional de Boxeo de Nicaragua le atribuye además cuatro campeonatos nacionales.

Durante esa etapa recibió el acompañamiento de René y Félix Alvarado. Rosendo “Bufalo” Álvarez le entregó un trofeo cuando tenía 13 años y Ricardo “El Matador” Mayorga le enseñó a lanzar la mano derecha desde arriba, con el peso del cuerpo.

Wilmer Hernández, quien entrenó a González durante la primera pelea ante Srisaket Sor Rungvisai, también le dio recomendaciones. El instructor insistió en reforzar la defensa y la condición física.

La Federación Nacional de Boxeo de Nicaragua consignó ese recorrido como parte de la formación previa de Orozco. El paso por torneos nacionales le permitió construir una base antes de exponerse a las exigencias del boxeo rentado.

El debut profesional llegó el 4 de febrero de 2023 en Managua. Orozco noqueó a William Cerrato en el segundo asalto y desde entonces ninguna de sus peleas requirió la decisión de los jueces.

El boxeador es derecho, pelea en guardia ortodoxa y mide 170 centímetros. Una crónica especializada lo describió como un púgil con capacidad para resistir castigo y responder con golpes de poder.

La proyección internacional comenzó con sus peleas en Estados Unidos

La primera salida de Orozco fuera de Nicaragua ocurrió en agosto de 2024, cuando venció a Samuel Gutiérrez Hernández en Miami. Después derrotó a Karlo Rodríguez en la velada Night of Champions XII, disputada en Orlando.

Esa victoria le permitió conquistar el título continental gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). También ingresó por primera vez en la clasificación mundial del organismo, en el puesto 12.

En marzo de 2026, Boxlab Promotions anunció su contratación. La empresa trabaja en la organización de carteleras junto con Matchroom Boxing y cuenta entre sus integrantes con Osmin Fernández y el empresario cubanoamericano William Ramírez.

Orozco sostuvo que había trabajado durante años para alcanzar una oportunidad de alcance internacional. La promotora destacó su pegada, su conducta en el ring y su disposición para incorporar instrucciones.

El objetivo de su equipo es acercarlo a una pelea por el título mundial de peso gallo. Esa categoría, fijada en 53,5 kilogramos (118 libras), reúne a figuras como Jesse “Bam” Rodríguez, Seiya Tsutsumi, Takuma Inoue, Christian Medina y Tenshin Nasukawa.

El nicaragüense aún no se enfrentó con rivales de ese nivel. Ese será el examen que permitirá medir si su racha de nocauts puede sostenerse frente a boxeadores con mayor experiencia y recursos.

El boxeo nicaragüense espera un nuevo campeón mundial masculino

Nicaragua no tiene un campeón mundial masculino desde hace varios años. Cristofer Rosales perdió el cinturón mosca del Consejo Mundial de Boxeo en diciembre de 2018.

René Alvarado conquistó un título en 2019, aunque lo perdió en su primera defensa en 2021. Félix Alvarado dejó después su corona minimosca de la Federación Internacional de Boxeo al subir de división.

Ese antecedente alimenta la expectativa alrededor de Orozco. Su registro perfecto, su poder de nocaut y el respaldo de una promotora con conexiones internacionales lo colocan entre las apuestas jóvenes del país.

González, que prevé retirarse en 2027 tras recuperarse de una cirugía, lo ve como un posible heredero. El excampeón también remarcó que deberá fortalecer la defensa, mejorar la resistencia y aprender a ganar combates sin depender solo de su pegada.

Fuera del ring, quienes lo conocen lo describen como un joven reservado y educado. Creció en una familia cristiana, asistió con frecuencia a la iglesia Visión Ahora y lleva bordado un versículo de Filipenses en su indumentaria de combate.

El boxeador terminó la secundaria, quiere estudiar inglés y colaboró en el negocio familiar de repuestos y lubricantes. Yader Valle, comunicador deportivo que siguió su trayectoria, destacó que desde niño acompañaba a su madre al mercado y participaba en las tareas del hogar.

La carrera de Orozco no nació con grandes promotores a su alrededor. Se construyó en los gimnasios de Managua, con el respaldo de familiares, entrenadores y excampeones.

La meta que repite desde la infancia permanece intacta: convertirse en campeón mundial, como Argüello y González. Antes deberá responder a las dudas que dejó su última pelea y confirmar que su poder alcanza para competir en la élite.

Los cinco pescadores nicaragüenses que permanecieron 23 días a la deriva regresaron este sábado a Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur, Managua, después de que una embarcación los encontrara frente a las costas de Guatemala. Entre ellos estaba Pedro José Narváez, de 49 años, quien relató cómo sobrevivieron con tortugas, peces y pequeñas cantidades de agua mientras esperaban ayuda.

Narváez, conocido por sus compañeros como “Pedrito”, recordó que la lancha “Elying Alexander” quedó expuesta a la marejada tras una falla en el motor. Según su testimonio, la embarcación llegó a quedar casi cubierta por el agua.

“Nos pasamos de la marejada y nos hundió, estuvimos dos noches y dos días hundidos completamente”, contó al medio La Nueva Radio Ya. “Solo nos quedó el termo. Cuando miramos que la lancha flotaba un poquito, yo le pedí al Señor una señal”.

El pescador explicó que él y otro tripulante usaron un termo y un balde para sacar el agua acumulada.

La lancha salió el 12 de septiembre

Los cinco hombres habían partido de Masachapa para pescar pez dorado. Además de Narváez, viajaban Félix Antonio Bermúdez, Cristian Ezequiel Cruz Mojica, Daniel Jarquín Sandoval y Darwin Cruz. La embarcación perdió capacidad de maniobra y fue arrastrada hacia el norte por el viento y las corrientes.

Durante los primeros días, los pescadores aún creían que podían encontrarse cerca de la costa. Narváez dijo que la falta de un navegador, que se perdió durante la emergencia, les evitó conocer la distancia que recorrían mar adentro.

“Mirábamos supuestamente lomas y eran las nubes. Decíamos: ‘Allá está una loma’, ‘allá hay una luz’. Ya al final decíamos que mirábamos un garrobo”, recordó entre risas.

Para Narváez, esos momentos de humor ayudaron a sostener el ánimo de los cinco tripulantes. También hubo episodios de angustia. El pescador afirmó que uno de sus compañeros sufrió una crisis de desesperación y que intentó contenerlo con una conversación sobre la fe.

“Hermano, tengamos fe en Dios, que es el único que necesitamos”, le dijo, según su relato. “Este es nuestro hogar, esta es nuestra nueva familia”, respondió el otro pescador tras recuperar la calma.

Tortugas, peces y agua para resistir

La escasez de alimentos y agua marcó los días a la deriva. Narváez aseguró que sobrevivieron con carne de tortuga y peces que lograron capturar con anzuelos improvisados.

“Nos comimos más de 30 tortugas, yo digo, porque después perdí la cuenta”, afirmó. Aprovechaban la carne bajo el sol y que consumían los alimentos crudos porque no tenían forma de encender fuego.

El agua era aún más limitada. “Solo andábamos un baldecito de agua. Utilizamos un taponcito para mojarnos los labios”, señaló. Según contó, la sangre y la carne de los animales les ayudaron a soportar la sed.

Los pescadores realizaron señales a varios barcos que pasaron cerca de ellos, pero Narváez afirmó que no recibieron respuesta. “Mirar un barco ya no nos alegraba. Mejor nos quedamos quietos, porque hacer señas nos daba más sed”, dijo.

Un barco pesquero guatemalteco los encontró frente a Puerto Quetzal

El 5 de octubre, una embarcación pesquera localizó a los nicaragüenses a unas 160 millas náuticas de Puerto Quetzal, en Escuintla, Guatemala. Narváez recordó que el aviso llegó cuando un marinero vio las señales que hacían desde la lancha.

“Ese era el milagro de Dios, ese era nuestro transporte”, expresó. Los tripulantes del barco les dieron café, galletas y comida. Narváez contó que, antes de que la ayuda llegara, había dicho que sentía olor a arroz y frijoles. Poco después recibió ese plato a bordo de la embarcación que los rescató.

Los cinco pescadores recibieron atención médica en Guatemala antes de regresar a Nicaragua. En Masachapa fueron recibidos por familiares, vecinos y miembros de iglesias de la comunidad.

Narváez dijo que planea descansar unas dos semanas antes de decidir cuándo volverá al mar. Su esposa, según contó, le pidió que no regrese a la pesca.

La onda tropical 43 cruzará Nicaragua entre el sábado 10 y el domingo 11, con lluvias que se intensificarán al avanzar hacia el Pacífico y podrían abarcar buena parte del país, acompañadas por tormentas eléctricas.

Las rachas de viento se extenderán durante el fin de semana y hasta el lunes, con velocidades de entre 23 y 45 km/h en el Pacífico, de 26 a 47 km/h en la región central y de 30 a 49 km/h en el Caribe. Las tormentas podrían generar ráfagas más fuertes en zonas puntuales.

El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, prevé que el domingo las precipitaciones sean más generalizadas, con mayor probabilidad en la región central y el noroccidente. INETER anticipa para el sábado lluvias ligeras a moderadas con actividad eléctrica en distintos puntos del territorio.

Las primeras precipitaciones podrían comenzar por la mañana en la Costa Caribe, desplazarse hacia la zona central al mediodía y alcanzar durante la tarde y la noche varios departamentos del Pacífico. La nubosidad aumentará a medida que avance el día, después de mañanas parcialmente soleadas.

Calor de hasta 36 °C y lluvias desiguales por región

Las temperaturas máximas permanecerán elevadas pese a las lluvias. León, Chinandega, Managua y otros sectores del Pacífico occidental y central podrían registrar entre 34 y 36 °C, mientras que el sur del Pacífico tendría valores de 32 a 34 °C.

En la región central, las máximas rondarían entre 32 y 34 °C, y en el Caribe oscilarían entre 29 y 32 °C. Las mínimas al amanecer podrían descender hasta 21 °C en algunas zonas del centro del país.

Los acumulados de lluvia previstos entre el viernes y el fin de semana no serán uniformes en cada municipio. Carazo, Rivas y Granada podrían recibir alrededor de 31 mm, mientras que Managua tendría unos 20 mm y León junto con el occidente acumularían entre 22 y 24 mm.

Nueva Segovia y Estelí registrarían entre 15 y 27 mm. Matagalpa, Chontales y Río San Juan tendrían acumulados de 20 a 30 mm, mientras que el Caribe alcanzaría entre 21 y 25 mm.

OFENA también reportó la presencia de las tormentas tropicales Rachel y Simón en el Pacífico, ambas con desplazamiento hacia el noroeste. El organismo mencionó además un sistema de baja presión con cerca de 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días y el huracán Isaías, de categoría uno, en el golfo de México.

Ninguno de esos sistemas representa por ahora una amenaza de impacto directo para Nicaragua. Ante tormentas eléctricas, se aconseja evitar espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas.

Quienes circulen por carretera deberán extremar las precauciones ante la reducción de visibilidad y evitar el cruce de cauces, ríos o calles inundadas. Los pronósticos pueden modificarse, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de INETER, OFENA y los avisos oficiales.

La Unión Europea prorrogó hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra 21 personas y tres entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505. Las medidas incluyen a la propia Murillo, a sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, y a instituciones estatales señaladas por su participación en la represión de la oposición.

Según Despacho 505, la decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el Consejo de la Unión Europea y mantiene la presión sobre el círculo político y familiar de Ortega y Murillo, así como sobre funcionarios e instituciones acusados de responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la persecución de opositores.

Entre las personas sancionadas también figuran el exasesor económico del régimen Bayardo Arce Castaño, actualmente preso político, y Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. La lista incluye, además, a altos mandos policiales y a funcionarios vinculados con el aparato represivo del Gobierno nicaragüense, de acuerdo con la información publicada por Despacho 505.

Las sanciones contemplan la congelación de bienes y recursos económicos bajo jurisdicción europea. Las personas incluidas en la lista tampoco pueden ingresar ni transitar por los países de la Unión Europea. Ciudadanos y empresas del bloque tienen prohibido entregarles fondos o poner recursos económicos a su disposición.

El medio nicaragüense explicó que las medidas son selectivas y están dirigidas contra personas y entidades específicas, por lo que no constituyen un embargo económico general contra la población de Nicaragua. La Unión Europea sostiene que las restricciones buscan responder a la represión política, las violaciones de derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho.

Bruselas reiteró su exigencia de liberar a los presos políticos, restablecer las libertades fundamentales y permitir el regreso de los mecanismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua. También pidió un diálogo entre el Gobierno y la oposición para acordar reformas electorales que permitan una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis.

La renovación de las sanciones ocurre después de que Ortega y Murillo impulsaran nuevas reformas constitucionales. Despacho 505 reportó que esos cambios ampliaron los mandatos de las autoridades y eliminaron las elecciones previstas para 2027, lo que profundizó la concentración del poder en manos de la pareja gobernante.

La decisión europea coincide con una nueva presión diplomática de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 2 de octubre, una reunión extraordinaria de cancilleres aprobó una resolución que exige a Nicaragua celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, liberar sin condiciones a los presos políticos, restablecer la separación de poderes y divulgar el paradero de las personas desaparecidas.

La resolución también reclama la devolución de la nacionalidad a los nicaragüenses despojados de ella y establece un grupo ministerial de seguimiento para promover contactos con el Gobierno y la oposición. El mecanismo deberá presentar recomendaciones dentro de un plazo de 90 días.

Nicaragua no participó en la reunión de la OEA porque abandonó formalmente el organismo en noviembre de 2023. La presión internacional se mantiene mientras el régimen restringe la participación opositora, controla las instituciones estatales y enfrenta cuestionamientos por la situación de los presos políticos, los exiliados y las personas privadas de su nacionalidad.

La Unión Europea estableció su régimen de sanciones en octubre de 2019, después de la represión contra las protestas iniciadas en abril de 2018. Desde entonces, los Estados miembros revisan las medidas cada año. Con la nueva prórroga, las restricciones permanecerán vigentes hasta octubre de 2027.

El Colectivo 46/2 solicitó a las autoridades de Costa Rica que evalúen las vías legales para revisar el archivo de la investigación destinada a determinar quiénes ordenaron el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José. La coalición advirtió que el esclarecimiento de la posible autoría intelectual resulta necesario ante los riesgos que enfrentan opositores nicaragüenses fuera de su país.

En un pronunciamiento difundido este viernes, el grupo expresó preocupación por la decisión del Ministerio Público costarricense de archivar la línea de investigación sobre quienes habrían planificado u ordenado el crimen. De acuerdo con la información citada por el colectivo, la Fiscalía indicó que el expediente podrá reabrirse si aparecen nuevos elementos, mientras sigue el proceso penal contra personas acusadas de una presunta participación material en el homicidio.

El colectivo reconoció el trabajo realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como los avances para identificar y judicializar a sospechosos. Aun así, sostuvo que la falta de definición sobre los posibles autores intelectuales mantiene abierta una cuestión central del caso.

Samcam, un militar retirado y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vivía exiliado en Costa Rica cuando fue asesinado. Para las organizaciones firmantes, el crimen debe examinarse dentro de un escenario de amenazas, vigilancia y ataques contra personas nicaragüenses que abandonaron el país tras la crisis política y de derechos humanos.

El pronunciamiento vinculó el caso con denuncias de represión transnacional

El Colectivo 46/2 señaló que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) documentó un patrón de violaciones transnacionales contra personas consideradas opositoras por el régimen nicaragüense. En un informe publicado en septiembre de 2025, el grupo de expertos describió mecanismos de vigilancia e inteligencia que, según su análisis, permitirían ubicar y seguir a exiliados en otros países.

El documento del GHREN incluyó el asesinato de Samcam en su evaluación sobre episodios de violencia física contra personas exiliadas. El grupo de expertos indicó que había información relevante que apuntaba a una posible motivación política, aunque advirtió que se requieren investigaciones independientes y exhaustivas para establecer responsabilidades.

El pronunciamiento citó además una decisión reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses ante amenazas y situaciones de violencia relacionadas con denuncias de represión transnacional.

La CIDH reconoció las medidas institucionales adoptadas por Costa Rica para proteger a personas en riesgo. Sin embargo, concluyó que las acciones disponibles no habían logrado mitigar de forma efectiva las amenazas identificadas. El organismo interamericano mencionó el asesinato de Samcam como un hecho que refleja la posibilidad de que riesgos similares lleguen a materializarse.

El Colectivo 46/2 también pidió al Estado costarricense reforzar las medidas de prevención y protección para nicaragüenses exiliados, incluida Claudia Vargas y su familia, mencionadas de forma expresa en el documento. Solicitó que se garantice su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos.

En septiembre de 2026, una declaración conjunta de expertos de las Naciones Unidas sobre represión transnacional recordó que los Estados deben prevenir, investigar y responder a esos actos mediante pesquisas prontas, independientes, imparciales y efectivas. El colectivo retomó ese criterio para reclamar que las investigaciones alcancen a los presuntos autores materiales e intelectuales.

Entre sus pedidos, el Colectivo 46/2 solicitó al Ministerio Público de Costa Rica que valore los mecanismos legales disponibles para revisar el archivo y determine si se agotaron las diligencias razonables para aclarar la posible autoría intelectual. También planteó que se recurra a cooperación judicial internacional cuando resulte pertinente.

A los Estados que reciben a población nicaragüense exiliada, les pidió investigar con rapidez amenazas, seguimientos, hostigamientos y ataques que puedan constituir formas de represión transnacional. El llamado se extendió a la comunidad internacional, a la que solicitó apoyo técnico y judicial para fortalecer la protección de las personas afectadas.

El Colectivo 46/2 reúne a 23 organizaciones internacionales, regionales y nicaragüenses de derechos humanos. Entre las entidades que hicieron pública su adhesión al pronunciamiento figuran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río, el Movimiento Autónomo de Mujeres y Urnas Abiertas.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el sábado 3 de octubre su salida del Parlamento Centroamericano (Parlacen), apenas un día después de que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaran por unanimidad una nueva resolución de condena a Nicaragua, sin que ningún país saliera en defensa del Gobierno nicaragüense.

En lugar de buscar acercamientos con sus vecinos, Nicaragua respondió con otra ruptura que se suma a una larga lista de enfrentamientos con organismos internacionales, de los cuales se retira cuando sus decisiones, informes o pronunciamientos resultan contrarios a sus intereses.

La resolución de la OEA, aprobada el viernes 2 de octubre en Washington, exigió la liberación incondicional de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades civiles, la recuperación de la separación de poderes y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres e inclusivas.

También reclamó información sobre las personas desaparecidas por motivos políticos y acordó establecer un mecanismo para mantener la interlocución con las autoridades nicaragüenses y los ciudadanos en el exilio. México, Brasil y Uruguay formularon observaciones, pero no impidieron el consenso sobre el documento.

Salida del Parlacen

La reacción de Managua fue denunciar el tratado constitutivo del Parlacen, organismo regional al que Nicaragua pertenecía desde su creación y del que Ortega fue uno de sus impulsores originales en 1987.

La Cancillería notificó que la decisión tendría “efecto inmediato”, sin explicar inicialmente las razones. Dos días después, Murillo justificó la medida argumentando que el organismo “no ha logrado cumplir su objetivo y función” en beneficio de las familias centroamericanas.

El 6 de octubre, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó con 91 votos la derogación de los decretos que habían incorporado a Nicaragua al Parlamento.

Desde 2021, esa confrontación ha provocado su salida de la OEA, la FAO y la Corte Centroamericana de Justicia, además de anuncios de retiro de organismos de Naciones Unidas dedicados a la educación, el trabajo, los derechos humanos y las migraciones.

El analista político y exdiputado del Parlacen Eliseo Núñez considera que la decisión de abandonar el Parlamento Centroamericano tiene una finalidad que va más allá del propio organismo. Según explica en una entrevista con Infobae, Ortega ha escogido deliberadamente una institución cuya pérdida no compromete directamente los intereses económicos de su Gobierno, pero que le permite enviar una advertencia al resto de Centroamérica.

“Esto es Ortega escogiendo un órgano del sistema de integración que no lo afecte a él, pero que sirva como amenaza de que, así como se salió del Parlacen, puede salir del resto del sistema”, afirma Núñez. El exdiputado resume el mensaje mediante una comparación: “Es como cuando vos, en lugar de pegarle a alguien, le enseñás la faja”.

Estrategia del “mendigo apestoso”

Núñez utiliza una expresión particular para explicar la conducta internacional del Gobierno nicaragüense: la estrategia del “mendigo apestoso”. Con ella describe una forma de confrontación en la que el gobernante procura convertirse en un interlocutor tan incómodo y conflictivo que los demás terminan evitando enfrentarse con él, incluso cuando desaprueban sus actuaciones.

“Él trabaja todos los días para convertirse en alguien tan difícil, tan complejo que nadie lo quiera tocar. Es como querer convertirse en un puerco espín para que nadie se le acerque”, explica el exdiputado. En su interpretación, el objetivo consiste en elevar el costo político de cualquier enfrentamiento hasta conseguir que otros gobiernos prefieran evitar nuevas disputas.

“Eso es lo que hacen aquellas personas que se vuelven infernales y que vos preferís que hagan lo que quieran con tal de no escuchar sus gritos y su diatriba. Esa es la estrategia de Ortega”, añade Núñez.

El Gobierno nicaragüense mantiene una relación de confrontación con aquellos que cuestionan su actuación política, pero procura conservar su participación en instituciones que proporcionan financiamiento, facilitan el comercio o permiten mantener relaciones económicas con sus vecinos.

“Él se sale donde no tiene costos para él. Salirse del Parlacen no tiene costo”, sostiene Núñez, quien distingue esa decisión de una eventual ruptura con instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El precedente de Panamá

La retirada del Parlacen enfrenta un problema jurídico que el propio Gobierno de Ortega defendió hace 17 años, cuando Panamá intentó abandonar el organismo durante la presidencia de Ricardo Martinelli.

En aquella ocasión, Nicaragua sostuvo que ningún Estado podía denunciar unilateralmente el tratado constitutivo porque el documento no contempla un procedimiento de retiro, argumento que ahora el régimen Ortega y Murillo ha dejado de lado para justificar su propia decisión.

El 28 de octubre de 2009, el Gobierno nicaragüense comunicó formalmente a Guatemala, país depositario del tratado, su oposición a la salida panameña. Núñez, quien era diputado del Parlamento Centroamericano cuando ocurrió la controversia, recuerda que Nicaragua se opuso porque los tratados de integración no establecen una salida unilateral.

A su juicio, para abandonar legalmente el organismo sería necesario negociar una reforma del instrumento constitutivo con los demás Estados. También advierte que una retirada de hecho no necesariamente extingue las obligaciones financieras contraídas mientras el país fue miembro.

El Parlacen respondió a la notificación nicaragüense señalando que estudiaría sus “alcances jurídicos y operativos” y recordó que cualquier modificación de su composición debe realizarse bajo el “estricto cumplimiento del derecho internacional”.

Para Núñez, la contradicción entre la postura de 2009 y la de 2026 responde a una prioridad política del Gobierno. “En la lógica de ellos lo importante es el poder. Si tienen que contradecirse mil veces lo van a hacer”, afirma el exdiputado, quien considera que el régimen utiliza argumentos jurídicos distintos según sus necesidades políticas.

Ruptura con la OEA

La primera gran ruptura de esta etapa ocurrió después de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega consiguió un nuevo mandato mientras sus principales adversarios políticos permanecían encarcelados o habían sido excluidos de la competencia.

El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución con 25 votos a favor, siete abstenciones y el voto contrario de Nicaragua, en la que declaró que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

El 19 de noviembre de ese año, el Gobierno nicaragüense notificó su decisión de denunciar la Carta de la OEA, con lo que inició un proceso de retiro que, conforme a las reglas de la organización, tardaría dos años en hacerse efectivo.

Sin esperar ese plazo, el 24 de abril de 2022 las autoridades ocuparon las oficinas del organismo en Managua, una acción que la Secretaría General denunció como una violación de las inmunidades y la inviolabilidad de su sede diplomática.

La salida se hizo efectiva el 19 de noviembre de 2023, pero no puso fin al examen internacional de la crisis nicaragüense. La OEA continuó aprobando resoluciones sobre derechos humanos, democracia y presos políticos, aunque Nicaragua ya no tenía representación ni voto en sus órganos.

La reunión de cancilleres del 2 de octubre de 2026 fue otra expresión de esa situación: los gobiernos del continente volvieron a discutir y condenar las actuaciones de Ortega y Murillo sin que Managua pudiera intervenir como Estado miembro.

La retirada tampoco extinguió las obligaciones de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el país no ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte ha declarado a Nicaragua en desacato permanente por incumplir sus resoluciones, mientras la CIDH continúa documentando detenciones arbitrarias, persecución política y desapariciones.

Unesco: el premio de la discordia

Uno de los episodios más ilustrativos de esta política reactiva ocurrió el 4 de mayo de 2025, cuando el Gobierno anunció su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), apenas un día después de que un jurado internacional independiente otorgara al diario nicaragüense La Prensa el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano.

El reconocimiento distinguió a un periódico cuyas instalaciones habían sido ocupadas y confiscadas por el Gobierno y cuya redacción continuaba trabajando desde el exilio.

Nicaragua calificó el premio de “inaceptable e inadmisible” y anunció su decisión de abandonar la organización, de la que Nicaragua formaba parte desde 1952.

La entonces directora general, Audrey Azoulay, lamentó públicamente la medida. “Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura”, declaró. También recordó que la organización “cumple plenamente su función cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Aunque la decisión política fue anunciada inmediatamente después del premio, la salida tiene un plazo jurídico que Nicaragua no puede acortar unilateralmente. Conforme a las normas de la Unesco, Nicaragua seguirá siendo miembro hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando la retirada se hará efectiva.

FAO: conflicto por cifras

Tres meses antes, el 4 de febrero de 2025, el Gobierno había anunciado su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de que las estadísticas del organismo situaran a Nicaragua entre los países centroamericanos con mayores problemas de subalimentación.

Las autoridades rechazaron los resultados, calificaron las cifras de “inaceptables”, “inadmisibles” e “irrespetuosas” y ordenaron el cierre de la representación de la agencia en Managua.

La retirada se hizo efectiva el 4 de febrero de 2026, exactamente un año después de su notificación, como establece la Constitución de la FAO. Nicaragua perdió así su condición de miembro de una agencia especializada que participa en proyectos agrícolas y programas de cooperación alimentaria.

La decisión no significó, sin embargo, la salida del Programa Mundial de Alimentos, una institución distinta que mantiene un plan estratégico de cooperación con Nicaragua para el período 2024-2029.

Rupturas de 2025

El 27 de febrero de 2025, Managua anunció otra decisión de confrontación, esta vez contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos de supervisión.

La medida llegó en medio de los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado en 2022 para investigar las violaciones cometidas desde la represión de las protestas de 2018.

El Gobierno acusó al Consejo de politización, doble rasero e injerencia, y comunicó su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse de sus mecanismos. Al día siguiente, la delegación nicaragüense no asistió a la sesión en la que los expertos presentaron su informe.

El retiro anunciado, sin embargo, no eliminó las facultades del Consejo para investigar la situación del país, y en abril de 2025 el organismo renovó por otros dos años el mandato del grupo investigador.

En esos mismos días de febrero de 2025, el Gobierno anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de convenios laborales y reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores.

La decisión ocurrió mientras sus órganos de control examinaban denuncias sobre restricciones a la libertad sindical, falta de independencia de las organizaciones laborales y vulneraciones de los derechos fundamentales del trabajo.

Según confirmó la OIT, la notificación fue recibida el 27 de febrero de 2025, pero Nicaragua continuará siendo miembro hasta el 28 de febrero de 2027, siempre que cumpla sus obligaciones financieras.

Asimismo, la retirada tampoco eliminará automáticamente los compromisos derivados de los convenios internacionales ratificados por el país, cuyas disposiciones mantienen vigencia conforme a sus propias reglas.

El 28 de febrero de 2025, Managua también anunció su salida de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la que acusó de “politización”, “injerencismo” y de divulgar información “falsa, malintencionada e irresponsable”.

La OIM puso fin a sus actividades dentro de Nicaragua durante 2025, aunque continuó prestando asistencia a migrantes nicaragüenses en otros países.

Una situación semejante ocurrió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del que Nicaragua anunció su desvinculación el 12 de junio de 2025, acusándolo de ser un “instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

SICA: perder el poder de veto

La confrontación con los organismos internacionales también se ha desarrollado dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que agrupa a ocho países y coordina asuntos políticos, económicos, comerciales y de cooperación regional.

A diferencia de lo ocurrido con otras instituciones, Nicaragua no ha abandonado el sistema, aunque mantiene una disputa con varios gobiernos por el control de su Secretaría General.

El conflicto comenzó en 2021, cuando correspondía a Nicaragua proponer candidatos para dirigir la institución. Los demás países rechazaron varias ternas presentadas por los Ortega Murillo, alegando que los aspirantes no reunían las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas para el cargo.

Después de un prolongado bloqueo, en agosto de 2022 fue nombrado el nicaragüense Werner Vargas, quien renunció en noviembre de 2023 y dejó nuevamente vacante la Secretaría.

El Gobierno propuso posteriormente a funcionarios cercanos al oficialismo, entre ellos Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, pero tampoco consiguió el respaldo necesario. El régimen de Ortega y Murillo acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de impedir injustificadamente que Nicaragua ejerciera el derecho que, según su interpretación, le correspondía por el sistema de rotación regional.

Durante ese enfrentamiento, el Gobierno recurrió a la regla del consenso para impedir decisiones que no contaran con su aprobación. La situación cambió el 24 de abril de 2026, cuando los otros siete países del SICA, reunidos en Santo Domingo sin la participación nicaragüense, aprobaron un reglamento que sustituyó la exigencia de unanimidad por mayorías calificadas para determinadas decisiones, incluida la elección del secretario general.

El 10 de junio, los gobiernos centroamericanos eligieron a la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas para dirigir la Secretaría General durante el período 2026-2030. Nicaragua había cuestionado el cambio de reglas y reclamado que el puesto le correspondía, pero sus cocancilleres participaron en la reunión de alto nivel en la que se produjo el nombramiento.

Fin de la Corte Centroamericana

El 18 de marzo de 2025, después de un nuevo rechazo a la candidatura de Moncada, Nicaragua anunció su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia, tribunal con sede en Managua encargado de resolver controversias relacionadas con la integración.

El canciller Jaentschke comunicó entonces la decisión “soberana e irrevocable” de abandonar el organismo, argumentando que después de 32 años no había conseguido cumplir sus objetivos originales.

La Corte, que funcionaba fundamentalmente con la participación de Nicaragua, Honduras y El Salvador, sufrió posteriormente otras dos retiradas. Honduras denunció su Estatuto el 29 de abril de 2026 y El Salvador hizo lo mismo el 20 de mayo. La institución quedó sin sus tres Estados participantes y se reportó el cese de sus funciones.

Organismos de los que no se retira

Pese a sus amenazas contra las instituciones regionales, Nicaragua continúa formando parte del SICA y de su subsistema económico. El 26 de junio de 2026 asumió incluso la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica Centroamericana para el segundo semestre del año, una responsabilidad que contrasta con la decisión de abandonar el Parlacen y con las disputas por el nombramiento de la Secretaría General.

Eliseo Núñez considera que esa diferencia responde a los costos que tendría para el Gobierno una ruptura con los mecanismos que facilitan las relaciones comerciales entre los países. Según el exdiputado, poco más del 40 por ciento de las exportaciones nicaragüenses se dirige al mercado centroamericano, por lo que una confrontación que afectara las transacciones regionales tendría consecuencias económicas mucho mayores que abandonar un organismo parlamentario de carácter consultivo.

El analista advierte que la salida del Parlacen puede interpretarse como una amenaza dirigida a los demás países del SICA, pero distingue esa advertencia de una decisión efectiva de romper con el sistema económico. “Se sale de los lugares donde tiene que pagar y no le dan nada. No se sale del BID, del Banco Mundial, no se sale del BCIE”, señala.

El Banco Centroamericano de Integración Económica es uno de los principales prestamistas multilaterales de Nicaragua y financia proyectos de infraestructura, carreteras, energía y servicios públicos. Según sus registros, al cierre de 2025 había aprobado históricamente más de 7,744 millones de dólares para el país y desembolsado más de 6,032 millones.

En abril de 2026, su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, encabezó una misión a Nicaragua, confirmando la continuidad de las relaciones institucionales.

Organizaciones de derechos humanos y legisladores estadounidenses han cuestionado el financiamiento concedido a Nicaragua desde la represión de 2018, mientras la administración del BCIE ha revisado la concentración de su cartera crediticia.

Algo semejante ocurre con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que Nicaragua es miembro desde 1946. Una misión técnica visitó Managua entre el 3 y el 14 de noviembre de 2025 y, en enero de 2026, el organismo concluyó su evaluación económica correspondiente a ese año.

Aunque reconoció la estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales y la posición fiscal del país, también recomendó fortalecer considerablemente el Estado de derecho, la gobernanza económica y los mecanismos anticorrupción.

El FMI señaló además problemas relacionados con las transferencias de propiedad privada al Estado, las sanciones internacionales, el deterioro del financiamiento multilateral concesional y las deficiencias en determinadas estadísticas económicas.

Pese a esas observaciones, Nicaragua mantiene su relación con el Fondo, al igual que con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones de las que no ha anunciado intención de retirarse.

Una profunda consternación y luto embargan al departamento de Chinandega tras conocerse la muerte trágica de tres jóvenes mujeres en horas de la madrugada de este viernes. Las víctimas perdieron la vida ahogadas luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado violentamente por la crecida del río Nahualapa, ubicado en la comunidad El Manzano N.º 2, en el municipio de El Viejo.

La tragedia se registró aproximadamente a la 1:00 a. m., en medio de un contexto de lluvias locales que han afectado diversas zonas del territorio nicaragüense. Las fallecidas han sido identificadas por las autoridades locales como:

• La ciudadana de nacionalidad francesa Emma Marie Laurent, de 24 años
• La joven suiza Noë Lina Luscher, de 20 años
• La nicaragüense Karen Nahomi López Montano, de 19 años.

Las tres víctimas se desplazaban como pasajeras en una camioneta, la cual era conducida por el ciudadano mexicano Martin Gerardo García Girón. A diferencia de las ocupantes, el conductor logró salir con vida del vehículo y ponerse a salvo de la fuerza del afluente.

De acuerdo con la información preliminar recabada por los organismos de socorro, la Policía Nacional, y compartida por los medios locales el incidente aconteció cuando el conductor intentó cruzar el paso del río Nahualapa durante la penumbra de la madrugada.

Habitantes del sector señalan que este cauce habitualmente no representa un nivel de peligro significativo para el tránsito vehicular o peatonal; sin embargo, las precipitaciones registradas en las horas previas provocaron un repentino e inusual incremento en su caudal y en la velocidad de la corriente.

Al adentrarse en el afluente, la potencia de las aguas sobrepasó la capacidad del vehículo, arrastrándolo corriente abajo en cuestión de segundos. Pese a los esfuerzos iniciales por salir, las tres jóvenes no lograron ponerse a salvo y quedaron atrapadas en el interior de la camioneta mientras esta era sumergida por la riada.

Tras reportarse el suceso, efectivos de la Policía Nacional e investigadores se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, coordinar la recuperación de los cuerpos.

Investigaciones en curso y factores de riesgo

Las autoridades mantienen abierta una investigación exhaustiva para esclarecer las razones y circunstancias exactas que llevaron al conductor a tomar la decisión de atravesar el río en horas de la madrugada, considerando la escasa visibilidad y las condiciones climáticas adversas que imperaban en la zona.

Hasta el momento, los informes oficiales no han detallado las condiciones estructurales del tramo vial ni si existía algún tipo de señalización o advertencia previa sobre la crecida del río Nahualapa.

El suceso pone de manifiesto el peligro latente que representan los cruces fluviales en zonas rurales durante la época lluviosa. Los especialistas en gestión de riesgos recuerdan de manera constante que las corrientes repentinas en ríos de poco caudal habitual suelen ser engañosas, acumulando la fuerza suficiente para desplazar vehículos de gran tonelaje en cuestión de instantes.

Este trágico acontecimiento ocurre en un periodo de inestabilidad atmosférica en Nicaragua. Si bien para este viernes las proyecciones meteorológicas indicaban una disminución temporal en la frecuencia de precipitaciones, las lluvias locales de las últimas horas continuaban generando un impacto considerable en los suelos de la región occidental.

Ante esta perspectiva climática, las autoridades reiteran el llamado a los conductores y pobladores a extremar las medidas de precaución, evitar el cruce de cauces o ríos crecidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir futuras tragedias.

Las remesas que recibirá Nicaragua en 2026 llegarán a USD 6.772 millones y representarán el 34.4% del producto interno bruto (PIB), la proporción más alta de toda América Latina y el Caribe. El dato surge de un estudio del investigador Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, centro de pensamiento con sede en Washington.

La cifra confirma una tendencia que ya se había insinuado el año pasado, cuando Nicaragua ocupaba el segundo lugar del ranking regional. Ahora desplaza a Honduras del primer puesto.

Nicaragua desplaza a Honduras como el país más dependiente de las remesas

Según el informe Current Challenges to Remittances and Migration: Options for Central America, 2026, Honduras —que lideraba la lista en 2025— caerá al segundo lugar con una dependencia del 32,9% de su PIB. Le siguen Guatemala, con 22.1%; El Salvador, con 20.3%, y Haití, que cierra el top cinco continental.

La proporción de remesas sobre el PIB nicaragüense subirá más de cuatro puntos porcentuales este año, de acuerdo con el estudio de Orozco. El salto se explica porque, aunque el envío de dinero crece, lo hace a un ritmo más lento que en años anteriores, mientras la economía del país no logra compensar esa desaceleración con otras fuentes de ingreso.

¿Por qué Nicaragua es el país más dependiente de las remesas en América Latina? Porque la migración masiva derivada de la represión política que impuso el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018 multiplicó el número de nicaragüenses en el exterior, cuyos envíos de dinero equivalen ya a más de un tercio de la producción económica del país, según el estudio de Diálogo Interamericano.

El crecimiento se frena, pero menos que en el resto de la región

A nivel regional, las remesas crecerán 7.4% este año, una desaceleración marcada frente al 19.7% registrado en 2025 en los países del llamado CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua). El freno responde directamente al endurecimiento de la política migratoria que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Nicaragua, sin embargo, resultará el país menos golpeado por esa tendencia. El informe proyecta un crecimiento del 11% para el país este año, más de un punto porcentual por encima del promedio regional.

El respiro será temporal. Para 2027, el estudio anticipa que la expansión de estos flujos caerá a 3.6% a nivel regional y a apenas 2.5% en Nicaragua, cuando el monto total rozará los USD 7.000 millones.

La investigación de Orozco atribuye esa futura desaceleración al aumento de las deportaciones y a la reducción de la migración hacia Estados Unidos, producto del cierre de la frontera y del endurecimiento de los requisitos de ingreso.

Estados Unidos es el principal emisor de remesas a nivel mundial y, en el bloque CA-4, concentra más del 80% de los envíos que reciben esos cuatro países.

El contexto migratorio se tensó en las últimas semanas. Human Rights Watch denunció a comienzos de octubre que autoridades migratorias estadounidenses detuvieron al menos a ocho exiliados nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen de Ortega y Murillo en 2023, algunos con solicitudes de asilo pendientes.

Según el organismo, las deportaciones de nicaragüenses hacia su país de origen se duplicaron entre enero y julio de este año respecto del mismo período de 2025, al pasar de 3,323 a más de 6,300 personas.

Más de 800 mil nicaragüenses viven en Estados Unidos

El propio Orozco calcula que en Estados Unidos residen más de 800 mil nicaragüenses. De ese total, unos 500 mil llegaron después de 2019, cuando huyeron de la represión política que desató el Gobierno sandinista tras la crisis de 2018.

Menos del 15% de esa población cuenta con estatus de permanencia legal. La proporción se redujo después de que el Gobierno estadounidense eliminara el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, dos figuras que en conjunto amparaban a unos 100 mil migrantes nicaragüenses.

Pese al endurecimiento migratorio, la intención de emigrar se mantiene firme. El estudio detectó que el 10% de los hogares de la región CA-4 todavía manifiesta planes de salir del país.

El retorno de migrantes y la ralentización del flujo hacia el norte ya producen un efecto colateral: el aumento del tamaño de la fuerza laboral disponible en los países de la región, lo que presiona los mercados de empleo locales.

Las remesas ya casi igualan a las exportaciones totales

El monto proyectado para este año, USD 6,772 millones, supera en casi USD 500 millones la cifra registrada el año pasado y se acerca cada vez más al de las exportaciones totales del país, que el año pasado sumaron USD 8,908.9 millones entre régimen general y zona franca. Las remesas se consolidan así como la segunda fuente de divisas de Nicaragua, solo detrás de las ventas al exterior.

La cifra de 2026 se calcula con base en una proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó el año pasado un flujo de USD 6.315 millones. No existe un dato oficial más reciente porque el Banco Central de Nicaragua (BCN) suspendió en abril de 2025 la publicación de sus reportes sobre remesas.

La serie histórica que recopila el propio banco central muestra el salto: de USD 1.193,4 millones en 2015, la cifra trepó a USD 2,146.9 millones en 2021 y a USD 5.243,1 millones en 2024, antes de alcanzar los USD 6.772 millones proyectados para este año.

Pese a esa expansión histórica, Nicaragua sigue siendo el país de la región CA-4 que recibe el menor monto total de remesas. Guatemala encabeza la lista con USD 27,062 millones esperados este año, seguida de Honduras, con USD 13,495 millones, y El Salvador, con USD 10,495 millones.

Cada vez menos envíos, pero de montos mayores

El estudio de Orozco también detectó un cambio en la forma en que circula el dinero. A nivel de la región CA-4, las transacciones entre particulares están disminuyendo debido a la menor migración y al aumento de las deportaciones.

Ese fenómeno provocó que este año se realizaran alrededor de 500 mil transacciones menos que el año anterior. Menos de 40 de cada 100 receptores de remesas en la región deposita el dinero en cuentas bancarias, ya que la mayoría todavía prefiere cobrarlo en efectivo.

Ninguno de los 222 presos políticos nicaragüenses excarcelados en febrero de 2023 y trasladados a Estados Unidos ha recibido asilo hasta ahora. Al menos ocho de ellos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2025 y 2026, y uno fue deportado a Honduras.

El dato resume la paradoja que atraviesa hoy la respuesta internacional frente al colapso democrático de Nicaragua, según un informe de la Washington Office on Latin America (WOLA), organización dedicada al seguimiento de derechos humanos en la región.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado la separación de poderes y subordinado al Poder Judicial, la autoridad electoral y el Legislativo al Ejecutivo, mientras la represión se extiende cada vez más allá de sus fronteras.

Más de 5,600 organizaciones civiles perdieron su registro desde 2018

La maquinaria legal del oficialismo nicaragüense se construyó en etapas. En octubre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una ley que obliga a registrarse como “agentes extranjeros” a quienes trabajan para gobiernos, empresas o fundaciones foráneas.

En marzo de 2022 llegó la Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, que faculta al Estado a cancelar el registro legal de entidades que considere promotoras de “campañas desestabilizadoras” y a confiscar sus bienes. Reformas adicionales de 2024 reforzaron ese control sobre las organizaciones que lograron sobrevivir.

El resultado, documentado por WOLA, es contundente: desde 2018 las autoridades cancelaron el registro de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. El Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos contabilizó, al 31 de julio de 2026, 60 presos políticos en el país: 51 hombres y nueve mujeres, 15 adultos mayores y 23 personas en situación de desaparición forzada.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) documentó, en su informe de marzo de 2026, 199 detenciones de motivación política entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026.

Su reporte más reciente, del 22 de septiembre de este año, verificó 161 casos de desaparición forzada y ocho muertes bajo custodia estatal desde abril de 2018, varias de ellas vinculadas a torturas o tratos crueles.

Entre esos casos, el organismo destacó al líder miskitu Brooklyn Rivera, de 73 años, muerto el 1 de junio bajo custodia tras más de 900 días detenido sin que se conociera su paradero ni su estado de salud.

Otros presos de edad avanzada, como Víctor Boitano, Carlos Brenes y Salvadora Martínez, padecen enfermedades crónicas o terminales, según el mismo informe del GHREN.

La represión alcanza a opositores exiliados fuera de Nicaragua

El GHREN ha documentado también la expansión de la represión transnacional. El 19 de junio de 2025, el mayor retirado Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica, donde vivía exiliado.

Para febrero de 2026, los expertos de Naciones Unidas habían registrado más de una docena de asesinatos, intentos de homicidio y agresiones contra opositores en el exterior.

El caso más reciente es el atentado del 14 de septiembre contra el líder campesino Reinaldo Picado Miranda, exiliado en Costa Rica, quien ya había sobrevivido a otro ataque tres meses antes.

Organizaciones nicaragüenses en el exilio identificaron a 16 personas atacadas entre 2018 y 2026 —nueve en Costa Rica y siete en Honduras—, de las cuales once murieron.

A esto se suma la privación de nacionalidad a 452 nicaragüenses, muchos de ellos expresos políticos desnaturalizados tras su expulsión del país, y otros 200 a quienes se les impidió reingresar tras viajar al extranjero.

La OEA abrió un canal de seguimiento tras el retiro de Nicaragua del organismo

El 2 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de consulta de cancilleres sobre Nicaragua, impulsada por Estados Unidos. La resolución adoptada exige la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades civiles, y crea un Grupo de Seguimiento Ministerial de carácter voluntario.

El texto establece que ese grupo deberá “buscar un acercamiento directo e inmediato con las autoridades nicaragüenses” y procurar una visita al país, de ser posible encabezada por cancilleres.

Frente a un régimen que ha logrado silenciar a la sociedad civil dentro del país y perseguir a sus opositores en el exterior, la respuesta latinoamericana ha sido limitada: solo un número reducido de gobiernos de la región mantuvo posiciones de condena sostenidas, mientras gobiernos europeos y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas concentraron la mayor parte de las acciones de presión documentadas por WOLA.

Tenía en su planificación estratégica dos expectativas confirmadas por los hechos de los últimos días: que sus alianzas con China y Rusia no sufrirían ningún retroceso, y que la presión de la Organización de Estados Americanos (OEA) no tendría mayor incidencia sobre el poder consolidado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Así lo describe el politólogo César Santos, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto, en declaraciones a La Prensa de Nicaragua.

Santos, especializado en la influencia autoritaria de China y Rusia en América Latina, sostiene que la pareja gobernante necesita “mantener aliados” y por eso profundiza sus vínculos con Beijing, Moscú y Teherán pese al plazo fijado por los cancilleres del continente.

Dos hijos de Ortega y Murillo viajaron a países aliados

El rédito de esa estrategia se tradujo en una serie de movimientos protagonizados por hijos del matrimonio presidencial. Daniel Edmundo Ortega Murillo participó este jueves en el Foro Digital Global organizado en Rusia.

Días antes, el 2 de octubre, Laureano Ortega firmó un acuerdo con una empresa estatal bielorrusa para la compra de 247 ambulancias, según detalló La Prensa. El mismo hijo de la pareja gobernante había participado, el 27 de septiembre, en el acto por el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrado en Managua.

El régimen también anunció la transmisión en señal abierta del canal de propaganda ruso RT, tras una licencia concedida por el ente regulador Telcor.

Según el análisis recogido por La Prensa, el régimen de Ortega y Murillo calcula que ningún organismo interamericano logrará revertir sus alianzas extrahemisféricas y que esos países seguirán siendo su principal respaldo financiero y diplomático ante el aislamiento regional.

La OEA exigió elecciones libres en un plazo de 60 días

La trigésima primera reunión de cancilleres de la OEA, celebrada el 2 de octubre, aprobó una resolución que exige elecciones libres en Nicaragua y la libertad de los presos políticos. El texto también demanda revertir las reformas constitucionales de 2025 y 2026.

Los países miembros crearon además un Grupo Ministerial de Seguimiento para intentar un diálogo con el régimen, con un plazo de 60 días para presentar un informe sobre la respuesta de Managua. La resolución contempla la posibilidad de adoptar medidas adicionales si el régimen no responde.

El documento urge a las autoridades nicaragüenses a interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional en materia de seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y a no permitir la presencia de personal vinculado con esas actividades.

El cuestionamiento de la OEA apunta a vínculos que, en el caso de Rusia, se han expresado en apoyo a la represión y, en el de China, en un fortalecimiento de los lazos comerciales desde 2021, cuando Managua y Beijing restablecieron relaciones diplomáticas.

Esa cercanía permitió que el régimen entregara el 8.5% del territorio nacional en concesiones mineras a empresas chinas, además de inversiones como la del Aeropuerto Punta Huete, bajo observación de las autoridades estadounidenses desde hace meses.

El régimen se apoya en China ante la falta de otros aliados

Para Santos, no hay marcha atrás en el realineamiento internacional del sandinismo. “La única forma de mantener aliados en el plano internacional es plegándose a una retórica y a una agenda antioccidental y antidemocrática”, explicó el politólogo a La Prensa.

Santos agregó que Ortega y Murillo son conscientes de que ningún otro actor internacional, ni siquiera Rusia, puede ofrecerles el respaldo financiero que brinda China, además de legitimidad en foros multilaterales como las Naciones Unidas o el bloque de economías emergentes Brics.

El régimen no se ha referido hasta ahora a las demandas planteadas por los cancilleres en la OEA. Sin embargo, un día después de esa reunión tomó la decisión de retirarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano integrado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Nicaragua impulsó la entrada de China al Parlacen y desplazó a Taiwán

El régimen había logrado colocar a China como observador en el Parlacen, aunque no consiguió el mismo objetivo en el SICA por la oposición de países como Guatemala, que aún mantiene relaciones con Taiwán, al igual que Belice.

“En una avanzada liderada por la bancada de Nicaragua, China entra al Parlamento Centroamericano y sacan a Taiwán de una manera burda, ofensiva y agresiva con un aliado de muchos años”, dijo a La Prensa el diputado del Parlacen por Panamá, José Ramos.

Según Ramos, el objetivo de la bancada nicaragüense era hacer eco de su propaganda y buscar respaldo en Centroamérica para lo que calificó como una “acción en contra de la democracia y la justicia”.

El legislador panameño fue más allá en su cuestionamiento al régimen y sus socios internacionales. “Nicaragua y sus aliados, Irán, China, Rusia, son iguales. Dime con quién andas y te diré quién eres”, remató ante el diario.

“Así, este tipo de regímenes no rinden cuentas, no piden disculpas, no piden perdón. Ellos solo saben reprimir, asesinar, perseguir, coaccionar, amedrentar. Eso es estilo y no van a cambiarlo”, sostuvo Ramos.

La salida del Parlacen abrió una disputa jurídica con el bloque regional

La decisión de retirarse del Parlacen, notificada el 3 de octubre con “efecto inmediato” según la Cancillería nicaragüense, no resultó sencilla desde el punto de vista institucional. Diputados del organismo consideraron inviable una salida unilateral, de acuerdo con una nota publicada por Infobae.

La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, señaló a la agencia EFE que el tratado constitutivo del organismo no contiene una cláusula que permita a un Estado miembro denunciarlo por decisión individual y con efecto inmediato. Según explicó, una eventual salida debe pasar por una evaluación dentro del SICA, con intervención de la Cumbre de Presidentes del bloque.

El diputado guatemalteco Carlos Barreda coincidió en que la redacción del acuerdo fundacional dificulta el abandono unilateral del mecanismo. La maniobra privaría a los 20 legisladores nicaragüenses de la inmunidad y los beneficios que tenían dentro del organismo, uno de los pocos foros internacionales donde el sandinismo todavía conservaba una cuota relevante de influencia política.

El 16 de julio de 2026 comenzó como una jornada de trabajo ordinaria para Yajaida Cuadro Méndez. Laboraba como mesera en la conocida cafetería y restaurante La Escalerita, ubicada en Sweetwater, Florida. Sin embargo, al finalizar su turno de trabajo en la noche, la rutina diaria dio un giro drástico hacia una experiencia traumatizante que la confrontó de frente con el miedo a perder la vida.

Al terminar su jornada laboral, Yajaida intentó solicitar un vehículo a través de una aplicación para regresar a su hogar en Miami Gardens. Sin embargo, el servicio de transporte demoró y el conductor asignado nunca llegó a la locación.

En ese instante de espera e incertidumbre, un cliente habitual del establecimiento notó las dificultades de la trabajadora y se ofreció voluntariamente a llevarla en su propio automóvil. Yajaida, confiando en la aparente familiaridad de la interacción diaria en la cafetería, no percibió riesgo alguno y aceptó el ofrecimiento.

El trayecto transcurrió de forma normal hasta que la actitud del conductor cambió drásticamente. El hombre, identificado posteriormente como Deglis Anthony Harkin, de 24 años y de nacionalidad nicaragüense, le hizo propuestas de índole sexual a Yajaida mientras se desplazaban.

Sorprendida por la situación, la víctima rechazó de inmediato la propuesta y le ofreció pagarle en dinero el valor correspondiente al viaje realizado. Ante la negativa de la víctima, el nicaragüense reaccionó violentamente. La sujetó violentamente por el cuello, intentó forzarla a darle un beso y comenzó a asfixiarla dentro del habitáculo.

Cuando la presión cedió por un instante, Yajaida abrió con rapidez la puerta del automóvil para intentar escapar. Al bajar, debido al estado de shock y a los nervios del momento, cayó de rodillas sobre la carretera. En ese instante, el sujeto descendió del vehículo, la embistió y se lanzó sobre ella en plena vía pública, comenzando una violenta golpiza a puño cerrado. La agresión física y el estrangulamiento le provocaron la pérdida del conocimiento, quedando tendida sobre el pavimento.

Arresto, cargos penales y consecuencias del caso

Tras recobrar el sentido y recuperarse del ataque, Yajaida interpuso una denuncia ante el Departamento de Policía de Miami Gardens. Las autoridades iniciaron una investigación que incluyó la recopilación de testimonios y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde el sospechoso había quedado registrado la noche del incidente.

Luego de varias semanas de indagatorias e investigaciones, los oficiales ejecutaron el arresto de Deglis Anthony Harkin en el área de Miami Gardens. El hombre de 24 años enfrenta cargos graves de secuestro y agresión agravada por la tentativa de abuso sexual y las lesiones infligidas a la víctima.

Harkin permanece bajo custodia policial en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TJK) en el condado de Miami-Dade. Debido a su estatus migratorio como ciudadano nicaragüense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitió una orden de retención migratoria sobre el detenido mientras se desarrollan las audiencias del proceso judicial.

Para Méndez, las secuelas físicas del ataque han sido acompañadas por un impacto emocional profundo. La víctima señaló para Univisión que padece de insomnio persistente y estrés postraumático a raíz del ataque vivido. Tras la traumática experiencia, asegura que la dolorosa lección que le deja este episodio es la importancia de no abordar vehículos particulares ni aceptar traslados de personas fuera de los canales formales y de confianza.

La creadora de contenido estadounidense-rusa Yekaterina Vorokhobova, conocida como Tropical Russian, denunció que fue retenida con su mascota en Bluefields por ingresar un dron a Nicaragua en julio de 2024. El episodio terminó con una escolta policial hasta Costa Rica, la confiscación del equipo y el pago de una multa de USD 500. Informó 100% Noticias

Vorokhobova, residente en Costa Rica, había viajado para asistir a una boda en Corn Island. Tras abandonar Nicaragua, escribió en agosto de 2024: “Ahora que estamos a salvo y fuera de Nicaragua puedo apreciar la belleza de Little Corn Island y las fotos policiales con mi gato”.

Un documento policial que la viajera mostró en sus redes identificaba el caso como una revisión de dron en el aeropuerto de Bluefields. La ficha indicaba que ella y el costarricense Angel Yireh Chinchilla Chavarria habían entrado por vía terrestre desde San Pancho el 31 de julio de 2024.

La escolta desde Bluefields hasta Costa Rica

El control sobre el equipo continuó fuera del aeropuerto. La creadora relató que un policía los acompañó desde Bluefields hasta el puesto fronterizo costarricense para impedir que utilizaran el dron durante el trayecto.

En los videos difundidos por Vorokhobova, el agente aparece tomando café y cerveza con ellos mientras avanzaban hacia la frontera. La viajera explicó el motivo de su presencia: “La razón por la que hay un policía con nosotros es para asegurarse que no lo usemos”.

La escolta no evitó nuevos trámites al final del recorrido. Según su relato, las autoridades confiscaron el dron y exigieron el pago de USD 500 por haberlo introducido al país; también retuvieron el vehículo y las llaves como garantía.

Vorokhobova y Chinchilla Chavarria cruzaron a pie hacia San Carlos, donde pasaron la noche y buscaron un cajero automático para retirar el dinero. Luego volvieron al puesto fronterizo, abonaron la multa, completaron los sellos migratorios y sometieron el vehículo a una inspección.

“Pagué el dinero”, dijo la creadora al narrar el desenlace. Después agregó: “Nunca volveré aquí”.

La viajera también afirmó que logró ingresar a su gata a Costa Rica sin declararla ante las autoridades fronterizas.

Siete horas de espera por el permiso de una chihuahua

Las dificultades con animales de compañía también afectaron a tres mexicanos que recorren Centroamérica en motocicleta junto a una chihuahua llamada Pinky. Los viajeros difundieron en el canal de YouTube Motocancun una experiencia que definieron como una “salida complicada de Nicaragua”.

El grupo tenía tres días restantes de permanencia bajo el CA4 y planeaba cruzar hacia Costa Rica para regresar posteriormente a Nicaragua. Sin embargo, al llegar al límite fronterizo, las autoridades les exigieron un permiso de exportación para la perra.

Uno de los motociclistas sostuvo que desconocían esa exigencia: “Nunca me dijeron que tenía que traer y ya aquí me vine a enterar en la frontera”. Aseguraron que contaban con las vacunas y el certificado de salud de Pinky, por lo que consideraban que llevaban la documentación necesaria.

La gestión se prolongó durante siete horas, según relataron mientras abandonaban el puesto nicaragüense e ingresaban a Costa Rica con la mascota. “Llevamos siete horas aquí, nada más para que se den una idea de cómo estuvo el asunto, así que ahora toca tratar de salir sin ningún problema”, expresó uno de ellos.