Es el primer agente de las fuerzas de seguridad sentenciado por su accionar en las marchas de jubilados. Se le dictó una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso -no irá a la cárcel- e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

El veredicto se conoció este miércoles tras un juicio correccional, a cargo del juez federal Daniel Rafecas. La acusación había sido impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el debate oral en octubre del año pasado.

Según se demostró en el proceso, Rivaldi roció deliberadamente a Carla Mariana Pegoraro y a su hija Fabrizia Pegoraro, quienes se encontraban sentadas sobre la vía pública, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, a pesar de que ninguna estaba enfrentándose a la policía ni resistiendo una orden de la autoridad.

Otros casos de efectivos que habrían cometido excesos durante la represión de protestas también están camino a juicio: el gendarme Héctor Jesús Guerrero, quien disparó al fotógrafo Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, autor de otro disparo que hirió a un manifestante en la misma marcha; y Nicolás Emanuel Céspedez, con procesamiento confirmado por empujar y lastimar a una jubilada de 82 años.

Las pruebas

“Fui gaseada con gas pimienta por un efectivo de la policía, por la espalda y mientras estaba sentada en el suelo, sin oportunidad de defenderme. Me encontraba abrazando a mi hija Fabrizia. Quiero aclarar que estábamos todos tranquilos en la manifestación y de repente empezaron a gritar ‘avancen, avancen’. Que de repente avanzaron los efectivos policiales y se tornó un caos total”, declaró la madre denunciante ante la fiscalía, en los tribunales de Comodoro Py.

Según afirmó, tanto ella como su hija tuvieron irritación ocular, dolor de cabeza y otras molestias físicas luego del episodio. Tuvieron que ser asistidas por médicos en el lugar y en un centro de salud.

Como parte de la investigación, la Fiscalía Federal Nº 8 de Taiano solicitó información al Hospital Oftalmológico Santa Lucía sobre la atención de la menor. La documentación remitida consignó que la menor, Fabrizia, fue diagnosticada con conjuntivitis química, con síntomas que se prolongaron durante varios días.

La fiscalía consideró que esa constancia médica, junto con el testimonio de la madre y los registros audiovisuales reunidos, respaldan la imputación por lesiones leves.

El caso incluye fotografías, videos de la movilización, registros publicados por medios de comunicación y documentación remitida por la Policía Federal Argentina, entre ella el manual de capacitación sobre uso racional de la fuerza.

Las filmaciones permitieron ubicar a la madre y a la niña sentadas en el asfalto durante el avance de la policía.

La identidad del agente fue corroborada mediante informes de la PFA, según se desprende del expediente. Esos documentos indicaron que Rivaldi, principal con legajo 4.019, estaba asignado al operativo denominado “Concentración frente al Congreso de la Nación”, bajo la coordinación del Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

La orden de servicio N.º 2978/2024 dispuso su presencia en el área del Congreso durante aquella jornada. Además, la fuerza informó que el policía tenía asignado un “disuasivo presurizado orgánico”. La fiscalía remarcó que el propio imputado reconoció haber estado en el lugar y haber utilizado el gas durante los incidentes.

Sin embargo, en su descargo escrito, Rivaldi negó haber dirigido gas hacia una menor. El agente sostuvo que, alrededor de las 15.45, un grupo de manifestantes ingresó en una zona vallada de la avenida Rivadavia e intentó avanzar hacia una puerta de la Cámara de Diputados. Según su versión, el Comando Unificado ordenó avanzar, dispersar a quienes estaban en la calzada y liberar la circulación.

Rivaldi afirmó que utilizó el disuasivo después de que el contacto físico resultara insuficiente para hacer retroceder a algunas personas. También sostuvo que, durante un forcejeo con los manifestantes, se produjo el lanzamiento de gas pimienta por parte de un tercero no identificado.

La defensa del policía planteó que no observó a una menor en la escena debido al tumulto. Según su versión, recién al día siguiente se enteró de que una niña había sido afectada y sostuvo que, si la hubiera visto, habría procurado retirarla de la zona del incidente.

La fiscalía rechazó esa explicación. Taiano sostuvo en su acusación que las imágenes permiten reconocer a Fabrizia Pegoraro por su contextura y estatura en relación con los adultos que la rodeaban. También indicó que el agente llevaba el visor del casco parcialmente levantado, una circunstancia que le permitía tener un campo visual mayor.

Por último, el fiscal citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación. Su artículo 5 dispone que los efectivos deben aplicar la mínima fuerza necesaria y suficiente, con atención especial cuando haya niños, mujeres embarazadas o adultos mayores.

La pareja del empresario Lázaro Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida en un operativo llevado adelante en el Aeropuerto de Ezeiza este lunes, tras abordar un vuelo desde la Patagonia hacia Buenos Aires. Su arresto se dio a partir del avance de dos causas relacionadas que involucran sospechas de tráfico de drogas, lavado de dinero y la puesta en circulación de activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el constructor sentenciado en “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, Insaurralde permaneció incomunicada y bajo custodia en el edificio de la Prefectura Naval Argentina, en el barrio porteño de Retiro, y este jueves en Río Gallegos se efectivizará la audiencia de formalización de la imputación y control de detención, que estará a cargo del juez federal de garantías Claudio Vázquez.

La pareja de Lázaro Báez fue detenida por personal de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siguiendo instrucciones del juez y del fiscal federal Julio Zárate, a cargo de la investigación. Junto a Insaurralde fueron detenidas dos personas identificadas por fuentes del caso como Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac. Aún no hay precisiones sobre su participación en los hechos investigados, dado que la causa se encuentra en secreto de sumario.

Los tres abordaron el lunes el vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Los investigadores sospecharon que podrían intentar salir del país. Es así que el fiscal pidió las detenciones, que se concretaron en la “Terminal A” del aeropuerto.

Apenas unas horas después, a pedido de la fiscalía de Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez federal Vázquez ordenó más de veinte allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, estancias en Santa Cruz y Buenos Aires, múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de las investigaciones, que de momento tramitan por separado, pero tienen claros puntos de contacto.

En la primera causa se investiga a una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista, con actividad por lo menos desde diciembre de 2025.

La distribución de la droga, según las fuentes consultadas, estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.

Como desprendimiento del caso narco, la Justicia comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez que se encargaría de “administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito”, que el dueño del Grupo Austral seguiría operando a pesar de los embargos que enfrenta a partir de sus condenas por corrupción con la obra pública.

Uno de los posibles integrantes de esa organización supuestamente liderada por Báez desde la cárcel de Ezeiza sería, a su vez, el jefe de la banda que se dedicaría al tráfico de droga en la provincia de Santa Cruz.

Como resultado de los operativos realizados entre lunes y martes, se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés.

Además, las fuentes consultadas confirmaron que se ordenaron una serie de medidas cautelares patrimoniales, así como también el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, en línea con lo que habían requerido los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de una demanda por daño moral tras una discusión de tránsito en la avenida Santa Fe, en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal consideró que la filmación aportada por el reclamante no alcanzó para reconstruir con precisión cómo ocurrieron los hechos ni para acreditar la conducta atribuida al demandado.

El caso se originó a partir de un episodio ocurrido el 29 de abril de 2021, cerca de las 13.30, entre las calles Junín y Ayacucho. El demandante —de 26 años en ese momento— circulaba en una motocicleta en dirección al centro porteño y llevaba una cámara colocada en el casco, que registró parte de la secuencia. La demanda sostuvo que un automóvil Ford Fiesta cambió de carril sin señalizar e invadió su línea de marcha.

Según la presentación inicial, no hubo choque entre los vehículos, pero el motociclista hizo sonar la bocina y profirió insultos al conductor del automóvil. Siempre de acuerdo con ese relato, el automovilista volvió a cruzarse delante de la moto, le cerró el paso, descendió del vehículo y pateó la motocicleta a la altura del tanque de combustible.

El reclamante afirmó que esa patada provocó su caída y que, una vez en el suelo, recibió golpes y patadas. También indicó que el otro conductor se retiró, pero luego regresó al lugar con intención de retomar la agresión. La intervención de personas que pasaban por la zona habría evitado una nueva confrontación.

Después del hecho, el motociclista radicó una denuncia por lesiones leves en una comisaría vecinal. Al día siguiente amplió su declaración para informar la patente del automóvil, que también podía verse en la filmación. La investigación penal fue archivada porque no se pudo identificar al sospechoso y porque el denunciante no se presentó a instancias previstas para el reconocimiento médico y la individualización del presunto agresor.

En el fuero civil, el demandante reclamó una indemnización de $3 millones por consecuencias no patrimoniales, además de intereses. También pidió que se ordenara al demandado realizar cursos de seguridad vial y de manejo de la ira, como medida destinada a evitar que se repitieran situaciones similares en el futuro.

La demanda planteó que el episodio había tenido consecuencias emocionales que debían ser reparadas. El escrito sostuvo que la eventual existencia de insultos previos no habilitaba al conductor del automóvil a interceptar a la motocicleta ni a ejercer violencia física contra quien la conducía.

El demanado, actualmente de 49 años, reconoció que hubo una discusión en la vía pública, aunque ofreció una versión diferente. Expuso que el motociclista insultó al conductor y le dio una patada a la puerta trasera del vehículo, donde viajaba una menor, lo que habría provocado que el automovilista detuviera la marcha para reprocharle esa conducta.

Según esa versión, durante el intercambio verbal el motociclista arrojó su casco, que impactó en el pecho del demandado. La controversia, por lo tanto, quedó centrada en la forma en que se produjo el conflicto, en la identificación de las conductas de cada parte y en si se habían acreditado los daños invocados.

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda en mayo de 2026. La sentencia señaló que, para establecer responsabilidad civil, debían acreditarse un hecho contrario al derecho, un criterio para atribuirlo a una persona, un daño y un vínculo causal entre la conducta y ese perjuicio.

El magistrado de primera instancia sostuvo que la única prueba presentada para respaldar el reclamo era la filmación realizada con la cámara del casco. A su criterio, ese registro no permitía establecer de qué modo había sucedido el episodio ni demostraba el daño moral que el demandante afirmó haber sufrido.

El fallo también recordó que quien reclama una indemnización debe probar los hechos en los que funda su pretensión. La existencia de un posible factor objetivo de responsabilidad, explicó el juez, no exime a la parte reclamante de demostrar el daño ni su relación con el suceso denunciado.

Tras la apelación, la Sala I de la Cámara Civil examinó los agravios presentados contra esa decisión. Los jueces señalaron que una apelación debe formular una crítica concreta y fundada de los argumentos centrales de la sentencia cuestionada, y no limitarse a expresar disconformidad con la solución adoptada.

El demandante sostuvo ante la Cámara que no estaba obligado a probar de modo directo el daño moral, porque este podía presumirse si se acreditaba el hecho ilícito. También cuestionó que la sentencia de primera instancia no hubiera tratado su pedido de medidas preventivas y garantías de no repetición.

La Cámara concluyó que esos planteos no rebatían de forma suficiente el razonamiento del juez de primera instancia. Según el acuerdo, la filmación no permitía determinar, ni siquiera mediante presunciones, cuál había sido la secuencia precisa del episodio ni establecer que la conducta atribuida al demandado hubiera quedado acreditada.

El tribunal declaró desierto el recurso de apelación, confirmó el rechazo de la demanda e impuso las costas de ambas instancias al reclamante. Además, desestimó el pedido de acción preventiva previsto en el Código Civil y Comercial, al considerar que no se demostró una conducta antijurídica ni un riesgo previsible de que el demandado produjera, continuara o agravara un daño.

Un juzgado de Bahía Blanca ordenó a una plataforma de reservas turísticas devolver 2.170,41 dólares a un usuario que había pagado una estadía familiar en República Dominicana y sostuvo que nunca recibió la confirmación del alojamiento. La sentencia también impuso intereses desde el débito efectuado en abril de 2024, costas a cargo de la empresa y una multa por su ausencia en la instancia de mediación previa.

La demanda fue presentada por un hombre, actualmente de 54 años, que había buscado hospedaje para viajar con su familia al Caribe durante julio de 2024. Según expuso, encontró una opción en un hotel de Cabarete, República Dominicana, y realizó una reserva para alojarse entre el 23 y el 30 de julio de ese año. El pago se hizo con una tarjeta de crédito y ascendió a 2.170,41 dólares.

El reclamante afirmó que la reserva no quedó confirmada, aunque el importe fue debitado de su cuenta. Frente a esa situación, inició gestiones ante la plataforma y ante la emisora de la tarjeta de crédito, bajo la sospecha de que podía tratarse de una operación irregular. La entidad financiera le otorgó inicialmente un crédito provisorio por el monto cuestionado, aunque después lo revirtió y volvió a cargar el importe.

De acuerdo con la presentación judicial, la tarjeta rechazó considerar fraudulenta la operación porque había recibido documentación que vinculaba el cargo con datos legítimos de la cuenta del usuario. El demandante cuestionó que, mientras la plataforma sostenía ante la tarjeta que existía una reserva, su servicio de atención al cliente no le aportaba una solución ni confirmaba que el alojamiento hubiera quedado disponible.

El conflicto llegó a mediación prejudicial en noviembre de 2024. La empresa demandada no se presentó a la audiencia, pese a que había sido notificada, según consta en el acta analizada por el juzgado. Ante la falta de acuerdo, el usuario promovió una acción por daños y perjuicios, reclamó la devolución del dinero, intereses, una actualización del crédito y una multa civil por daño punitivo.

La firma local demandada pidió el rechazo de la acción. Su defensa se centró en que no era la titular ni la administradora del sitio web donde se realizó la operación y que tampoco había percibido el pago cuestionado. Indicó que el dominio, la marca y la gestión de la plataforma correspondían a una sociedad con sede en Ámsterdam, Países Bajos, que no había sido demandada.

También sostuvo que su objeto social se limitaba a vincular hoteles, centros turísticos y otros operadores del sector para generar negocios en Argentina y Sudamérica. Bajo esa postura, negó que existiera una relación de consumo directa con el usuario y afirmó que no comercializaba servicios destinados a clientes finales. Además, planteó que no se habían probado los daños y cuestionó la autenticidad de parte de la documentación presentada.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Bahía Blanca, entendió que el caso debía analizarse bajo las normas de defensa del consumidor. Consideró acreditado que el demandante contrató un alojamiento para uso propio y de su grupo familiar, por lo que quedó encuadrado como consumidor. La resolución señaló que la protección legal alcanza a quienes integran la cadena de comercialización de un servicio, aun cuando no hayan intervenido de forma directa en cada reserva.

El fallo reconoció que la empresa argentina no era titular del dominio ni de la marca de la plataforma. Sin embargo, concluyó que esa circunstancia no bastaba para excluirla de responsabilidad frente al usuario. Para la magistrada, la sociedad local formaba parte de la estructura comercial que permite ofrecer servicios turísticos en el mercado argentino y regional, por lo que debía responder de manera solidaria.

La sentencia también valoró la vinculación societaria entre la firma demandada y las compañías extranjeras relacionadas con la plataforma. Según los documentos incorporados al expediente, entre los socios de la sociedad argentina había empresas del mismo grupo empresarial. El juzgado sostuvo que las relaciones internas entre esas compañías no podían trasladarse al consumidor que contrató a través del sitio.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la prueba vinculada con los correos electrónicos intercambiados durante el reclamo. Una pericia informática verificó la autenticidad de tres de los cuatro mensajes aportados por el demandante. Entre ellos, se analizó una comunicación de mayo de 2024 en la que el servicio de atención al cliente informó que no podía encontrar una reserva con las características denunciadas por el usuario.

Para la jueza, ese mensaje entraba en contradicción con la documentación que la plataforma había remitido a la emisora de la tarjeta para respaldar el cargo. Ante la tarjeta, se había informado un número de confirmación y que la reserva había sido realizada con los datos personales del reclamante. El fallo consideró que esa diferencia entre ambas versiones debía resolverse en favor del consumidor, dada su posición más débil para acceder a la prueba.

La resolución destacó que el hotel de República Dominicana no pudo responder el pedido de información enviado desde Argentina. El exhorto diplomático destinado a conocer si el alojamiento había sido confirmado o utilizado fue declarado de imposible cumplimiento. El juzgado señaló que esa falta de respuesta no podía perjudicar al demandante, porque la empresa estaba en mejores condiciones de acreditar que el servicio había estado efectivamente disponible.

La magistrada rechazó, en cambio, el pedido de daño punitivo. Explicó que esa sanción requiere una conducta especialmente grave, con intención de perjudicar o un nivel de negligencia cercano al dolo. Aunque consideró probado que no hubo un reintegro oportuno, sostuvo que en el expediente no aparecieron elementos suficientes para concluir que la empresa hubiera actuado con esa clase de conducta agravada.

Como el reintegro fue fijado en dólares estadounidenses, el juzgado consideró innecesario tratar el planteo de inconstitucionalidad contra las normas que prohíben la indexación de deudas en pesos. La sentencia estableció que los intereses deberán calcularse desde el 2 de abril de 2024, fecha del débito, hasta el pago efectivo, con la tasa pasiva más alta que el Banco de la Provincia de Buenos Aires abone para depósitos en dólares a 30 días.

Además de la condena principal, la firma demandada deberá pagar una multa por no asistir a la mediación prejudicial. El tribunal dispuso que ambos pagos deberán realizarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme. La regulación de honorarios fue diferida hasta que se practique la liquidación correspondiente.

Un juzgado civil y comercial de Morón condenó a las demandadas a entregar un automóvil 0 km en reemplazo de una unidad modelo 2016 que presentó fallas mecánicas y a pagar una indemnización de $7 millones a la compradora. La sentencia consideró acreditado que el vehículo, adquirido hace una década, tuvo un consumo excesivo de aceite desde los primeros meses de uso y que las reparaciones efectuadas durante la garantía no lograron resolver el problema.

La resolución, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de Morón, alcanzó a la fabricante, a una concesionaria oficial y a las herederas de quien intervino en la operación de venta. Todas deberán responder en forma conjunta por la entrega de una unidad nueva, los gastos administrativos y el pago de los daños reconocidos por la Justicia.

La demandante había comprado el vehículo en enero de 2016 y le fue entregado un mes más tarde. Según planteó en la demanda, entregó su auto usado como parte de pago y canceló el saldo de la operación por un valor de $227.000. El rodado fue destinado a sus traslados cotidianos, entre ellos los viajes a su trabajo y el transporte de su hijo.

La compradora —actualmente de 51 años— sostuvo que en agosto de 2016 advirtió un ruido extraño en el motor y comprobó que el nivel de aceite había bajado de forma marcada. En una estación de servicio le agregaron dos litros de lubricante sintético. Luego informó la situación a uno de los intervinientes en la venta, quien le recomendó solicitar una revisión en un taller oficial.

El vehículo ingresó por primera vez al servicio técnico el 4 de octubre de 2016. La orden de reparación registró un pedido para revisar el nivel de aceite porque se encontraba bajo. La reclamante señaló que, tras esa visita, creyó que el desperfecto había quedado solucionado, aunque en diciembre de ese año volvió a advertir que el lubricante había descendido y debió agregar 1,5 litros.

Durante la primera semana de enero de 2017, tuvo que sumar otro litro de aceite. El 30 de ese mes llevó nuevamente el rodado al taller, donde se dejó constancia del reclamo por el consumo excesivo. El servicio técnico colocó un precinto en la varilla de medición y le indicó que debía recorrer 1.000 kilómetros antes de realizar un nuevo control.

En abril de 2017, el taller determinó que la unidad consumía 0,89 litros de aceite cada 1.000 kilómetros. A partir de esa revisión, el vehículo permaneció varios días en el establecimiento para trabajos que incluyeron el recambio de pistones, aros y bielas. La sentencia destacó que esas reparaciones se realizaron dentro del período de garantía.

La demandante afirmó que los inconvenientes continuaron después de esa intervención. También reportó problemas en la cerradura de la puerta izquierda y en la ventanilla del mismo lado. En noviembre de 2017, volvió a ingresar el automóvil al taller por el consumo de aceite y las fallas de apertura, mientras que en marzo de 2018 se reemplazó la cerradura.

Según la demanda, en octubre de 2018 el nivel de aceite volvió a descender de forma considerable. La propietaria acudió sin turno al taller para exhibir la falla y expresar su disconformidad. Le indicaron que debían vaciar el cárter, colocar aceite nuevo y repetir el procedimiento de control después de otros 1.000 kilómetros de circulación.

La última intervención mencionada en la sentencia ocurrió en noviembre de 2018. La compradora sostuvo que el taller le comunicó entonces que no había una solución para el consumo de aceite y que debía controlar el nivel de manera frecuente. Por ese motivo, reclamó la sustitución del rodado por otro nuevo o, de forma alternativa, el reemplazo del motor, además de una compensación económica.

Las demandadas rechazaron su responsabilidad. La fabricante sostuvo que el consumo registrado estaba dentro de los parámetros aceptados y que, aun así, se habían realizado reparaciones sin costo. La concesionaria afirmó que no tuvo participación directa en la venta ni en las revisiones técnicas. A su vez, quien había intervenido en el inicio de la operación argumentó que solo había puesto en contacto a la compradora con el concesionario oficial.

El juzgado rechazó la excepción de falta de legitimación planteada por este último demandado. La magistrada entendió que la documentación de reserva del vehículo demostraba su participación en el negocio y que la consumidora no debía soportar las diferencias internas entre quienes integraron la cadena de comercialización y la empresa fabricante.

Para resolver, la jueza aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que existió una relación de consumo. Explicó que fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores deben garantizar un servicio técnico adecuado y responder por los defectos de los productos. También señaló que, cuando una reparación no deja al bien en condiciones normales de uso, el comprador puede pedir el cambio por otro equivalente.

La sentencia valoró las órdenes de reparación, la información brindada por el taller, los testimonios y una pericia mecánica. El informe técnico concluyó que el consumo de aceite era incompatible con el funcionamiento esperable de un vehículo 0 km, que se trataba de una falla de origen y que las intervenciones posteriores no lograron corregirla de forma definitiva.

Además del reemplazo del automóvil, la resolución reconoció $3 millones por daño moral, otros $3 millones por daño punitivo, $300.000 por gastos y $700.000 por la privación de uso del vehículo. El juzgado rechazó, en cambio, el pedido por desvalorización del rodado, ya que la unidad deberá ser transferida a las demandadas cuando se concrete la entrega del vehículo nuevo.

La nueva unidad deberá ser de las mismas características que la adquirida en 2016 o, si ese modelo ya no estuviera disponible, de prestaciones equivalentes y con el consentimiento de la compradora. Las demandadas tendrán 30 días para entregarla patentada y asumir los gastos administrativos. Sobre la indemnización, se aplicará un interés del 6% anual desde el 17 de abril de 2018 hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago efectivo.

La jubilación, una casa heredada y una vida sin lujos. La madre de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas preso y procesado como supuesto jefe de asociación ilícita y lavado de dinero, sostuvo ante la Justicia que vive con un millón de pesos por mes, en la misma propiedad desde hace 40 años.

Graciela Vallejo, de 66 años, aseguró que no tenía manera de conocer el origen de los miles de dólares y pesos que pasaron por sociedades que integró de manera “formal” en el entramado que forjó desde 2020 su hijo, el financista cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó y embargó a la mujer la tarde del viernes último por $ 40.000 millones por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión. Es una de las pocas autorizadas por “razones humanitarias” a visitar a su hijo detenido con arresto domiciliario en un barrio privado.

Para el magistrado, la madre del financista habría sido una figura “central” en las maniobras por las que se procesó a 18 acusados. En el procesamiento que firmó el viernes último, minutos después de las 18:30, el magistrado concluyó que la prueba desmiente que “su único ingreso fuera el haber jubilatorio que invoca”.

Su intervención “excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento”, agregó la resolución.

La decisión no está firme y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de La Plata.

La jubilación y la vivienda

En un escrito que presentó su defensa, la mujer dijo que vive sola desde hace más de cuatro décadas en una vivienda que heredó de sus padres. Aseguró, además, que cobra una jubilación cercana a $ 1.000.000 mensuales y que no posee bienes de valor que permitan asociarla con el volumen de dinero bajo investigación. Fue indagada tres veces, se negó a hablar y a responder preguntas.

La defensa sostuvo que hay dos líneas distintas de imputación. Una por la incorporación al circuito formal de USD 108.138.762 desde septiembre de 2020. La otra por los cargos que ocupó en diversas empresas del grupo y que habrían servido para ocultar a los administradores reales e integrar activos de origen presuntamente ilícito. Planteó que ningún cargo societario, por sí solo, prueba que conociera el supuesto origen ilegal de los fondos.

“Mi único ingreso es la jubilación”, sostuvo la mujer. También dijo que ocupó puestos formales, sin manejo operativo, como directora suplente de Sur Finanzas Group S.A., Cluster Palace Beach S.A., Sur Pagos S.A., Sur Crypto S.A. y SF Inversiones S.A. Afirmó además que no firmó contratos relevantes, ni se quedó con dinero en beneficio propio ni compró bienes relacionados con esas compañías.

“Me compré un auto, una Ferrari”

Para el juez, por el contrario, la madre del financista habría tenido un “rol central” en el entramado de empresas y sociedades que forjó Ariel Vallejo. Tiene registrados a su nombre nueve inmuebles y tres vehículos de alta gama.

También figura como única accionista de Ars Cambios S.A.S. y como titular del 90 % de la sociedad Cluster Palace Beach S.A. El fallo señaló, además, que un informe de ARCA detectó acreditaciones bancarias por encima de los ingresos que declaró: $ 1.039.764.901,04 en 2022 y $ 1.232.620.925,22 en 2023. La diferencia acumulada supera los $ 2.200 millones.

El 18 de mayo de 2025, Ariel Vallejo escribió a su madre “me compré un auto”, “una Ferrari”, “Ferrari California”, y le envió un video del rodado. El automóvil se encontraba inscripto a nombre de un tercero, situación que se mantuvo hasta el 10 de julio de 2025, cuando, tras una titularidad de un solo día a nombre de otro de los acusados, pasó a Cluster Palace Beach S.A., de titularidad de la madre. Se guardaba en el edificio de Coronel Spiro 662, perteneciente a esa sociedad.

Cluster Palace vendió la Ferrari California en diciembre de 2025 a una jubilada sin inscripción tributaria ni ingresos acordes, dos días después de que ARCA notificara a esa sociedad el inicio de una fiscalización.

Al resolver los procesamientos se ubicó a la madre del financista en operaciones de Centro de Inversiones Concordia S.R.L. que, de acuerdo con el expediente, no se corresponden con una función meramente formal. El juzgado consideró probado, en esta etapa provisoria de la investigación, que operó cuentas de la firma y realizó compras de divisas. Entre los elementos citados aparecen transferencias a Gis Cambio S.A., SBT Cambio S.A. y Cambio Davsa S.A. en noviembre de 2022. También constan retiros de efectivo de la cuenta en dólares de Concordia.

El magistrado consignó que Vallejo madre recibió $ 488.100.000 en su cuenta personal. Luego, siempre según el procesamiento, el dinero fue derivado casi de inmediato a Gestiones San Miguel S.A. y a colocaciones a plazo fijo. Otro de los puntos que destacó la Justicia fue una transferencia de $ 23.000.000 a Ars Cambios S.A.S. el 2 de diciembre de 2025, un día después de los allanamientos. La cuenta de la sociedad se encontraba en descubierto. Al día siguiente salieron de allí $ 22.300.000, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

Un juzgado civil y comercial de Mercedes condenó a una empresa desarrolladora y vendedora de viviendas a pagar $90.961.437,41 más intereses por los defectos constructivos detectados en una unidad funcional de una ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. La sentencia consideró que las grietas, filtraciones y deformaciones acreditadas durante el expediente hacían que el inmueble fuera impropio para el destino de vivienda. La resolución también rechazó las defensas de prescripción y falta de legitimación presentadas por la firma demandada.

El reclamo había sido iniciado por el comprador de la vivienda, actualmente de 38 años de edad, que adquirió el inmueble el 21 de diciembre de 2016. Según planteó en la demanda, los primeros problemas comenzaron a advertirse a principios de agosto de 2020, cuando aparecieron fisuras y grietas que se extendieron con el paso del tiempo. El demandante sostuvo que las fallas comprometían sectores estructurales del departamento y afectaban la seguridad de quienes pudieran habitarlo.

Antes de iniciar el juicio, el propietario envió una carta documento a la empresa para denunciar una grieta en la planta alta, en la pared que divide dos habitaciones. En esa intimación solicitó que la compañía inspeccionara el inmueble, estableciera los trabajos necesarios y precisara el costo y el plazo de ejecución de las reparaciones. La firma rechazó el planteo, aunque realizó una visita a la vivienda en septiembre de 2020.

Tras aquella inspección, la empresa negó que existiera un caso de ruina o daños que pudieran atribuirse a su responsabilidad. También planteó que el reclamo estaba prescripto. El comprador respondió mediante nuevas comunicaciones y luego recurrió a una mediación prejudicial, que concluyó sin acuerdo el 31 de agosto de 2021. La demanda judicial fue presentada a fines de ese año.

El reclamante sostuvo que no se trataba de defectos menores ni de problemas estéticos, sino de daños que afectaban la solidez del inmueble. Acompañó informes técnicos y un acta notarial con fotografías del estado de la unidad. De acuerdo con su presentación, las grietas se agrandaban y comprometían, entre otros sectores, paneles fijos de vidrio de los ventanales, por lo que decidió dejar la vivienda ante el temor de que pudieran desprenderse.

Además de la empresa vendedora, la acción alcanzó al profesional que intervino como proyectista y director de obra. La demanda buscaba que ambos respondieran por los costos de reparación, la pérdida del valor de reventa, la falta de uso o alquiler del inmueble y una multa civil por daño punitivo. De manera subsidiaria, el propietario había solicitado una compensación por daño moral.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 9 de Mercedes, analizó en primer término el vínculo entre el comprador y la compañía. Consideró acreditado que se trató de una relación de consumo, ya que la firma tenía entre sus actividades el desarrollo, construcción y comercialización de emprendimientos inmobiliarios. También valoró que, al momento de adquirir la unidad, el demandante declaró que la destinaría a vivienda propia, familiar, única y de ocupación permanente.

La sentencia descartó el argumento de la empresa según el cual el comprador no podía reclamar por defectos que eventualmente alcanzaran partes comunes del edificio. El fallo señaló que el planteo estaba vinculado con los daños que sufría la unidad funcional adquirida por el demandante y con las consecuencias que esos problemas tenían sobre su uso. Por esa razón, entendió que tenía legitimación suficiente para promover la acción.

La situación fue distinta respecto del proyectista y director de obra. El juzgado concluyó que su tarea profesional no lo colocaba dentro de la relación de consumo entre el comprador y la firma desarrolladora. Según la resolución, el contrato con la empresa limitaba su función al proyecto y la dirección técnica, sin asignarle el papel de empresario ni la contratación de personal, materiales o proveedores.

Esa distinción resultó central para resolver la excepción de prescripción presentada por el profesional. El tribunal sostuvo que la intimación enviada en agosto de 2020 había sido dirigida solamente a la empresa y que sus efectos no se extendían al otro demandado. Como la mediación lo alcanzó cuando ya había transcurrido el plazo anual previsto para este tipo de reclamos, la jueza declaró prescripta la acción en su contra y distribuyó las costas por su orden.

En cambio, la excepción de prescripción presentada por la empresa fue rechazada. La sentencia consideró que, aunque pudieran haber existido desperfectos anteriores, la demandada no logró demostrar que desde entonces ya se hubiera configurado una situación que volviera a la vivienda impropia para su destino. El juzgado tuvo en cuenta el intercambio de cartas documento, la mediación y la posterior presentación de la demanda para concluir que el reclamo contra la firma había sido iniciado dentro de plazo.

La pericia arquitectónica tuvo un lugar central en la resolución. La experta inspeccionó el inmueble en septiembre de 2023 y describió grietas, fisuras, humedades, desprendimientos de pintura, deformaciones y un pandeo en un cerramiento de aluminio. También observó problemas en sectores cercanos a aberturas, tabiques de dormitorios, el área de la escalera y la cubierta superior.

Según el informe, esas patologías podían relacionarse con deficiencias en el proyecto o en la ejecución de la estructura, así como con fallas en los apoyos, vigas, dinteles, encadenados o refuerzos. La perito aclaró que hacían falta cateos para determinar con precisión el origen interno de cada defecto, aunque sostuvo que las fallas visibles permitían identificar sectores comprometidos y establecer una relación general con problemas constructivos. También indicó que no halló indicios de uso indebido o sobrecargas que explicaran los daños.

El tribunal entendió que las fallas excedían una acumulación de desperfectos de terminación. La jueza valoró que la perito había recomendado apuntalar áreas afectadas, reforzar elementos de sostén con vigas y, según los resultados de estudios posteriores, incorporar columnas. El informe estimó que la reparación podía demandar entre 100 y 200 días de obra, de acuerdo con las soluciones técnicas que finalmente se aplicaran.

Por el costo de reparación, la sentencia fijó una indemnización de $50.961.437,41, tras actualizar el presupuesto pericial elaborado en febrero de 2024 mediante el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El juzgado rechazó, en cambio, el reclamo por pérdida de valor de reventa porque no se acreditó que, una vez efectuadas las reparaciones, el inmueble conservara una depreciación permanente. También desestimó el pedido por pérdida de valor locativo al considerar que no se probó una intención concreta de alquilar la vivienda.

El fallo sumó $40 millones por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa mantuvo una conducta de desaprensión frente al reclamo del consumidor y valoró que hubiera negado que la vivienda estuviera destinada a uso propio, pese a que esa circunstancia surgía de la documentación y de la prueba producida. La condena total quedó establecida en $90.961.437,41, con una tasa anual del 6% desde el 6 de agosto de 2020 hasta la sentencia y, luego, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La Justicia federal condenó a una aerolínea internacional a indemnizar a dos pasajeros que quedaron varados en Cancún durante 52 días al inicio de la pandemia de COVID-19, luego de que se cancelara el tramo de regreso que tenían contratado hacia Buenos Aires. El fallo de primera instancia ordenó el pago de $716.718,20 más intereses y costas, al considerar que la empresa no acreditó haber ofrecido una solución eficaz para que pudieran volver al país.

La sentencia, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 7, estableció que la compañía deberá responder por el valor del tramo aéreo que no prestó, los nuevos pasajes que los viajeros compraron para regresar, los gastos de alojamiento, comida y traslado durante la espera y el daño moral. El monto fijado podrá ser revisado en la etapa de ejecución en función de los límites previstos en el Convenio de Montreal para el transporte aéreo internacional.

Los demandantes —de 31 y 34 años de edad actualmente— habían adquirido en julio de 2019 dos boletos de ida y vuelta desde Buenos Aires a Cancún, con escala en Ciudad de México. Partieron el 15 de marzo de 2020, cuando la crisis sanitaria comenzaba a derivar en restricciones de vuelos y cierres de fronteras en distintos países. El regreso estaba previsto para el 27 de marzo de ese año.

Según relataron en la demanda, la aerolínea les comunicó por correo electrónico que el vuelo de vuelta había sido cancelado. La resolución señaló que la empresa dejó sin efecto el tramo de regreso el 16 de marzo, aunque los pasajeros sostuvieron que recibieron la notificación el 24 de ese mes. A partir de entonces, afirmaron que buscaron respuestas por teléfono y mensajería, sin obtener una alternativa concreta para retornar.

Los viajeros reclamaron que la compañía los reubicara en otra línea aérea o que devolviera el dinero del vuelo cancelado. También pidieron que les permitiera viajar con una empresa nacional que pertenecía a la misma alianza comercial. De acuerdo con la presentación judicial, ninguna de esas opciones se concretó y tampoco recibieron asistencia para cubrir su estadía en México.

Ante la falta de una solución, los demandantes permanecieron en Cancún hasta el 18 de mayo de 2020. Durante ese período, afrontaron gastos de hospedaje, alimentos y transporte. Finalmente, adquirieron con una tarjeta de crédito prestada dos nuevos pasajes en otra compañía para regresar a la Argentina, luego de casi dos meses fuera del país.

La empresa demandada rechazó que hubiera incumplido el contrato. Argumentó que la pandemia y las disposiciones dictadas por el Estado argentino habían impedido la operación de vuelos internacionales. También sostuvo que los pasajeros habían viajado el 15 de marzo de 2020 con conocimiento de que podían producirse nuevas restricciones por la expansión del coronavirus.

La defensa afirmó que las autoridades argentinas habían limitado la actividad aeronáutica y que, en ese contexto, la compañía no podía operar libremente. Planteó que se trató de un caso de fuerza mayor y de decisiones estatales ajenas a su control. Además, sostuvo que había notificado las cancelaciones y ofrecido protecciones a los pasajeros.

El juzgado analizó las normas dictadas entre marzo y mayo de 2020, cuando comenzaron las restricciones de ingreso al país. El magistrado señaló que, entre la salida de los pasajeros y la fecha prevista para su regreso, no existía una prohibición legal específica que impidiera el retorno de argentinos residentes desde México.

La resolución remarcó que la restricción de ingreso para argentinos residentes comenzó a regir el 27 de marzo de 2020, el mismo día previsto para el vuelo de regreso. Aun así, el tribunal consideró que la aerolínea debía demostrar que había adoptado todas las medidas razonables para reducir el perjuicio causado por la cancelación.

El juez sostuvo que no alcanzaba con invocar la pandemia como una causa automática para quedar liberada de responsabilidad. Explicó que la cuestión no consistía en exigirle a la empresa que evitara la emergencia sanitaria, sino en determinar si hizo lo posible para impedir o limitar los daños que esa situación provocó en los pasajeros.

En ese punto, la sentencia destacó que no hubo prueba de que la demandada hubiera ofrecido vuelos alternativos desde el momento en que canceló el viaje. También valoró información remitida por la Administración Nacional de Aviación Civil, según la cual la compañía realizó el 29 de abril de 2020 un vuelo desde México hacia Buenos Aires.

Para el juzgado, ese antecedente permitió concluir que la empresa tenía posibilidades de gestionar alternativas de traslado, al menos en determinadas circunstancias. La decisión también mencionó que numerosas líneas aéreas obtuvieron autorizaciones para ingresar a la Argentina entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de 2020.

El fallo cuestionó además la prueba aportada por la aerolínea sobre el historial de la reserva. La compañía había presentado documentos de su sistema interno, pero una pericia informática indicó que ese sistema almacenaba datos por solo 12 meses. El juez observó que esa explicación resultaba contradictoria con la documentación que la empresa había acompañado al responder la demanda.

La indemnización incluye $30.173 por el tramo de regreso que no fue utilizado, $106.545,20 por los dos nuevos pasajes comprados para volver a Buenos Aires, $380.000 por alojamiento, transporte y alimentación, y $200.000 por daño moral. Los intereses correrán desde el 27 de marzo de 2020 para la mayor parte de los rubros y desde el 9 de mayo de ese año para los nuevos boletos.

El tribunal rechazó, en cambio, los pedidos de daño directo y daño punitivo. Sobre este último punto, explicó que el Convenio de Montreal excluye las indemnizaciones de carácter sancionatorio en controversias vinculadas con el transporte aéreo internacional. La empresa deberá pagar dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.

La Justicia de San Isidro condenó a la fiduciaria de un desarrollo inmobiliario de zona norte del Gran Buenos Aires a indemnizar con $21.925.000 a una mujer que sufrió una fractura en su brazo izquierdo tras caer en una escalera del edificio al que había acudido para una consulta médica. La sentencia, de primera instancia, también declaró inaplicables al caso normas que impedían la actualización monetaria de los créditos.

La demandante sostuvo que el episodio ocurrió el 22 de noviembre de 2018, cerca de las 13. Había asistido a un consultorio ubicado en el edificio y, al retirarse, llegó a un sector de escaleras de cemento alisado. Según su relato, el lugar no contaba con barandas ni elementos de prevención de caídas.

De acuerdo con la presentación inicial, la mujer —de 32 años al momento del hecho— apoyó primero el pie derecho, resbaló antes de bajar el izquierdo y cayó de espaldas sobre un escalón. Para protegerse la cabeza, colocó la mano izquierda contra el suelo. El peso del cuerpo impactó sobre su muñeca y antebrazo, lo que le provocó lesiones que luego requirieron atención médica.

La reclamante afirmó que perdió el conocimiento a causa del dolor y que recibió asistencia de trabajadoras de un local cercano. También indicó que obreros que realizaban tareas en las inmediaciones la trasladaron a un centro médico de la zona. Allí, según la demanda, los estudios detectaron fracturas de cúbito y radio en el brazo izquierdo.

El cuadro derivó en una primera reducción y luego en dos intervenciones quirúrgicas, una el 29 de noviembre de 2018 y otra el 6 de junio de 2019. La mujer señaló que, pese a los tratamientos de rehabilitación, mantuvo limitaciones en la movilidad y la fuerza de la mano. La acción judicial se inició el 18 de noviembre de 2021, pocos días antes de cumplirse tres años del accidente denunciado.

En un primer tramo, la demanda se dirigió contra la administradora del complejo, el fideicomiso y cualquier otra persona o entidad que pudiera resultar responsable. También se pidió citar a la compañía aseguradora. Más adelante, la reclamante amplió la acción contra la sociedad fiduciaria, que administra los bienes involucrados en el fideicomiso.

La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 15 de San Isidro, analizó primero los planteos previos de las partes demandadas. La fiduciaria y el consorcio habían sostenido que el reclamo estaba prescripto porque no habían sido incluidos de forma expresa al momento de la presentación inicial. El juzgado rechazó esa defensa porque la demanda ya había alcanzado a quienes resultaran civilmente responsables por el hecho.

El fallo consideró que, ante una obligación solidaria, la interrupción del plazo de prescripción iniciada con la demanda puede extenderse a los restantes responsables. En términos simples, el tribunal entendió que la reclamante había accionado dentro del plazo legal y que luego pudo precisar contra quiénes dirigía su reclamo sin que ello extinguiera su derecho.

El juez sí aceptó la falta de legitimación pasiva del fideicomiso y del consorcio de propietarios. Respecto del fideicomiso, explicó que no es una persona jurídica y que, por esa razón, no puede ser demandado directamente. La responsabilidad debía recaer, en todo caso, sobre la fiduciaria, que es quien representa y administra ese patrimonio.

En cuanto al consorcio, la resolución indicó que fue constituido recién en 2022, cuando se inscribió el reglamento de propiedad correspondiente. Como el accidente había ocurrido en 2018, el juzgado concluyó que esa entidad no existía jurídicamente al momento del hecho. Por ello, quedó fuera de la condena.

La responsabilidad por el accidente recayó sobre la fiduciaria. El juez dio por acreditada la caída a partir de la declaración de un testigo que se encontraba en el predio y que describió una escalera sin barandas, con escalones largos y bajos y una superficie de cemento alisado. Esa versión coincidió, según el fallo, con las fotografías incorporadas al expediente.

La decisión encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. El tribunal entendió que el deber de seguridad no se limita al consultorio o al servicio contratado, sino que también alcanza los accesos y espacios de circulación del establecimiento. Bajo ese criterio, la fiduciaria debía acreditar que la escalera reunía condiciones adecuadas para el tránsito de quienes concurrían al lugar.

Como la demandada no aportó prueba suficiente sobre el diseño, las medidas de seguridad, la señalización, la adherencia del piso o la existencia de elementos de protección, el juzgado le atribuyó responsabilidad. La sentencia señaló que circular por el sector no debía representar un riesgo para las personas que ingresaban o salían del edificio.

La indemnización incluyó $12.750.000 por incapacidad psicofísica, a partir de una pericia que estimó una incapacidad parcial y permanente del 19%. El informe médico consignó secuelas por la fractura de muñeca izquierda, reducción de la movilidad, cicatrices y presencia de material de osteosíntesis.

Además, el tribunal fijó $6.375.000 por daño moral, $1.800.000 para un tratamiento psicológico de un año, $500.000 por sesiones de kinesiología y otros $500.000 para gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. Para estos últimos conceptos, el fallo consideró admisible reconocer erogaciones razonables aunque no existieran comprobantes de cada gasto.

Sobre el monto reconocido, se aplicará un interés del 6% anual desde el 22 de noviembre de 2018 hasta la fecha de la sentencia. Desde entonces y hasta el pago efectivo, regirá la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires o el promedio entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables y el Índice de Precios al Consumidor si esa alternativa resulta mayor.

La aseguradora citada en garantía deberá responder por la condena dentro de los límites de la póliza y de las condiciones de cobertura vigentes al momento del pago. Las costas principales quedaron a cargo de la fiduciaria, mientras que la demandante deberá afrontar los gastos derivados de los planteos que prosperaron a favor del fideicomiso y del consorcio.

Un juzgado civil y comercial de Bahía Blanca condenó en primera instancia a las dos sociedades vinculadas con una sala de juegos de una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires a pagar $32.198.627,80, más actualización e intereses, a un cliente que reclamó el cobro de un ticket emitido por una máquina electrónica en agosto de 2022. La sentencia también ordenó levantar de inmediato la prohibición de ingreso que pesaba sobre el demandante desde el día del episodio.

El conflicto se originó durante la madrugada del 13 de agosto de 2022. Según la demanda, el reclamante jugaba en una máquina cuando el equipo imprimió un comprobante por $22.898.627,80 a las 02:06:05. Pocos minutos después, la misma máquina emitió otro ticket por $10.000, que sí fue abonado por la caja del establecimiento.

El demandante —de 57 años actualmente— sostuvo que presentó ambos comprobantes para su cobro y que el sistema de validación emitió el mismo sonido al leerlos. El empleado le pagó el ticket de menor valor y le devolvió el de casi $23 millones, con la indicación de que debía regresar más tarde para hablar con responsables de la sala.

De acuerdo con el planteo inicial, el cliente permaneció en el lugar hasta la mañana y se reunió con representantes de las empresas. Allí le habrían informado que el comprobante de mayor monto había sido emitido por error. Siempre según la demanda, le ofrecieron primero $125.000 y luego $250.000, propuestas que rechazó porque exigía el pago total de la cifra impresa.

Ese mismo día se labró un acta notarial en el establecimiento. La resolución indicó que los representantes de la sala reconocieron ante la escribana que el ticket había salido de la máquina, aunque afirmaron que no podían explicar por qué se había emitido si no existía un premio registrado. La máquina fue retirada de servicio después del hecho.

Las demandadas rechazaron el reclamo y argumentaron que el ticket de mayor monto había sido invalidado por el sistema. También afirmaron que las filmaciones mostraban al jugador con el botón de giro de los rodillos trabado mediante una tarjeta u objeto similar, y que el comprobante se imprimió sin que se hubiera activado el pulsador de cobro ni apareciera una combinación ganadora.

La defensa sostuvo que el equipo tenía un tope de premios de $125.000 y que un resultado superior debía activar luces, sonidos y un bloqueo automático que requería la intervención de personal técnico. Indicó que nada de eso ocurrió en la secuencia registrada por las cámaras y planteó que no había certeza de que el ticket presentado en la caja fuera el mismo que había salido de la máquina.

La jueza —a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Bahía Blanca— consideró, sin embargo, que estaba reconocido que el aparato había emitido un ticket a las 02:06:05, la misma hora que figuraba en el comprobante acompañado al expediente. Entendió que la discusión no giraba sobre la impresión material del vale, sino sobre su autenticidad y sobre la causa concreta por la cual el sistema se negó a pagarlo.

En ese punto, el fallo aplicó las normas de defensa del consumidor. La magistrada señaló que las empresas tenían el control exclusivo de la máquina, el software, los registros informáticos, los servidores y las cámaras, por lo que estaban en mejores condiciones de demostrar que el ticket era inválido o que no correspondía al equipo cuestionado.

La pericia técnica tuvo un peso central en la decisión. El experto designado en la causa informó que los contadores internos de la máquina no permitían verificar el ticket reclamado, aunque tampoco reflejaban el comprobante de $10.000 que había sido efectivamente pagado. También concluyó que mantener presionado el botón de giro no implicaba por sí solo una causa de desperfecto si el equipo estaba diseñado de acuerdo con los estándares técnicos aplicables.

La sentencia remarcó que la hipótesis de una alteración provocada por el cliente no logró respaldo suficiente. Incluso un técnico ofrecido por las demandadas solo vinculó la eventual traba del pulsador con un posible calentamiento, sin explicar cómo esa circunstancia habría generado el resultado del juego, la emisión del ticket ni un error específico en la memoria del sistema.

Para la jueza, ninguna de las pruebas identificó de manera concreta el motivo técnico del rechazo. Los empleados y responsables de la sala aludieron a un ticket inválido o a un eventual error de sistema, pero no pudieron establecer por qué el aparato había emitido el comprobante. Frente a esa falta de explicación, el fallo tuvo por válido el ticket presentado por el demandante.

La resolución sostuvo que el riesgo por el funcionamiento, la programación y la validación de las máquinas corresponde a quien explota el servicio de juegos, no al cliente. También valoró que, tras el incidente, el establecimiento modificó su sistema de tickets, un dato que consideró un indicio de que el mecanismo vigente en agosto de 2022 podía presentar fallas.

Además del pago del premio, el juzgado fijó una indemnización de $5 millones por daño moral. La magistrada evaluó las horas que el reclamante permaneció en el lugar, las negociaciones que no llegaron a un acuerdo, la negativa de pago y la posterior exclusión de la sala como circunstancias que excedieron una controversia contractual ordinaria.

La sentencia también ordenó levantar la prohibición de acceso al establecimiento. Según el fallo, las empresas no acreditaron una razón objetiva para impedir el ingreso del demandante desde el mismo día en que reclamó el cobro del ticket, por lo que calificó esa medida como una represalia incompatible con el deber de trato digno al consumidor.

Por último, el juzgado impuso una multa civil de $4,3 millones por la prohibición de ingreso, al considerar que esa conducta tuvo carácter deliberado y buscó sancionar a un cliente que había formulado un reclamo. El total de la condena deberá actualizarse por inflación en los rubros correspondientes, con intereses, y las demandadas deberán cumplir dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata ordenó que un hombre pague una compensación económica de $18.401.185,44 a su exesposa, al concluir que la ruptura matrimonial la dejó en una posición desfavorable frente a quien continuó al frente de la actividad comercial que había sostenido los ingresos familiares durante años.

La sentencia revocó un fallo de primera instancia que había rechazado la demanda. Por mayoría, los jueces entendieron que la mujer acreditó un desequilibrio económico derivado del divorcio, luego de más de 25 años de matrimonio y de una distribución de roles que limitó sus posibilidades de construir una trayectoria laboral y previsional autónoma.

La reclamante había iniciado la acción tras el divorcio, decretado en noviembre de 2020. Solicitó una compensación económica de $4.500.000, o la suma que surgiera de las pruebas. Sostuvo que durante la convivencia colaboró en los comercios familiares, asumió tareas domésticas y de cuidado de las hijas de la pareja, y postergó oportunidades de desarrollo laboral propio.

Según planteó en su demanda, al finalizar el vínculo quedó fuera de la actividad comercial que había constituido la principal fuente de ingresos de la familia. También afirmó que no contaba con empleo estable ni con aportes previsionales suficientes, mientras su exesposo continuó con la explotación del negocio.

El demandado pidió el rechazo del reclamo. Señaló que la actividad comercial había comenzado antes del matrimonio y sostuvo que la participación de su exesposa había sido ocasional. Además, afirmó que ella permanecía en la vivienda familiar, obtenía recursos de actividades propias y alquileres, y había recibido bienes tras la división del patrimonio formado durante la unión.

La jueza de primera instancia rechazó la acción el 10 de noviembre de 2025. Consideró que no se había demostrado el requisito central de este tipo de reclamos: un desequilibrio económico evidente que hubiera empeorado la situación de uno de los integrantes de la pareja como consecuencia directa del matrimonio y de su ruptura.

Para fundamentar esa decisión, la magistrada valoró que la demandante no poseía bienes registrables al comienzo de la relación y que, tras el divorcio, recibió inmuebles en la liquidación del régimen patrimonial. También tuvo en cuenta que contaba con ingresos por alquileres y que había desarrollado actividades económicas, por lo que entendió que su situación patrimonial había mejorado respecto del inicio del matrimonio.

La mujer apeló y cuestionó ese criterio. Argumentó que el análisis no debía centrarse en los bienes obtenidos años después de la separación ni en el resultado de la liquidación patrimonial, sino en las condiciones en las que quedó cada integrante de la pareja al momento del quiebre de la convivencia.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones coincidió con ese planteo. Los jueces señalaron que la compensación económica no tiene como fin dividir nuevamente los bienes ni igualar los patrimonios de los ex cónyuges. Su objetivo consiste en corregir una desventaja económica relevante producida por el fin de la vida en común, en particular cuando uno de los integrantes dejó de lado su inserción laboral o su desarrollo profesional para sostener el proyecto familiar.

El tribunal sostuvo que la comparación debía hacerse en dos planos. Por un lado, debía analizarse la situación de cada integrante de la pareja frente al otro después de la separación. Por otro, debía revisarse la evolución económica antes, durante y después de la convivencia, con una proyección razonable hacia el futuro.

En ese marco, la Cámara consideró probado que la mujer participó durante buena parte del matrimonio en la organización económica familiar, vinculada a la actividad comercial, mientras también asumió tareas de cuidado y domésticas. Tras la ruptura, el hombre continuó de manera exclusiva con el comercio, mientras ella debió buscar fuentes de ingreso de menor escala.

Los jueces también evaluaron un antecedente entre las mismas partes referido a la liquidación del régimen patrimonial matrimonial. En aquel expediente, la Cámara había determinado que el fondo de comercio era un bien propio del demandado porque su funcionamiento se había iniciado antes de la comunidad de bienes.

Esa definición había impedido que la mujer obtuviera una participación sobre el negocio o un derecho de recompensa por su explotación. Sin embargo, el tribunal aclaró que aquella decisión no impedía analizar las consecuencias económicas que tuvo para ella haber colaborado en una actividad que, luego de la separación, continuó exclusivamente en manos de su exesposo.

La mayoría entendió que el desequilibrio no surgía de la titularidad del comercio, sino de los efectos concretos de la ruptura. Entre esos factores mencionó la pérdida de oportunidades laborales y previsionales, la salida de la principal actividad económica familiar y la continuidad de esa fuente de ingresos en poder del demandado.

Para establecer el monto, la Cámara tomó como referencia la oportunidad previsional que la mujer habría perdido al abandonar una actividad laboral al inicio del matrimonio. El tribunal aclaró que la compensación no podía transformarse en un pago de aportes omitidos ni en el equivalente total de una jubilación futura, pero consideró que esa expectativa servía como parámetro para medir el alcance de la desventaja.

La sentencia estimó un haber jubilatorio docente hipotético a partir de valores salariales informados para enero de 2026 y aplicó un corrector del 8%. De ese cálculo surgió la suma de $18.401.185,44, que deberá abonarse dentro de los 10 días posteriores a que el fallo quede firme.

Uno de los magistrados propuso una fórmula distinta para calcular la compensación y estimó un monto mayor, de $23.512.351,58. No obstante, prevaleció el criterio del voto principal, al que adhirió un segundo integrante de la Cámara, por lo que quedó fijada la cifra de $18,4 millones.

La Cámara también rechazó la apelación del demandado sobre las costas. Como la sentencia de primera instancia fue revocada y la demanda prosperó, los gastos del proceso de origen y de la apelación quedaron a cargo del hombre. La regulación de honorarios fue diferida para otra etapa.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial elevó a $30 millones la indemnización por las secuelas de una explosión de gas en un automóvil, ocurrida en octubre de 2008, y confirmó la responsabilidad de quienes intervinieron en la revisión, certificación y habilitación del sistema de GNC. La decisión dejó sin efecto la condena contra la empresa que había instalado originalmente el equipo cuatro años antes del hecho.

El reclamo fue promovido por el titular de un Volkswagen Gol, quien denunció que el 24 de octubre de 2008 sufrió quemaduras en el rostro y los brazos cuando se produjo una explosión dentro de su vehículo. Según expuso en la demanda, el gas se habría acumulado en el habitáculo y se habría encendido al accionar el contacto del automóvil, después de una revisión técnica realizada pocas semanas antes.

El demandante —que al momento del hecho tenía 47 años y falleció diez años después (el proceso fue seguido por sus herederos)— sostuvo que en septiembre de 2008 había llevado el rodado a un taller para cumplir con la revisión periódica exigida para los equipos de GNC. En ese procedimiento se desmontó el cilindro, se le colocó una válvula de bloqueo y se realizó una prueba hidráulica. Luego, una firma que actuaba como productora del equipo completo intervino para autorizar la emisión de la oblea de seguridad.

De acuerdo con la presentación judicial, el sistema había sido instalado en mayo de 2004 y había funcionado durante varios años sin incidentes. El reclamante afirmó que, tras la explosión, fue atendido inicialmente en un hospital de la zona y luego derivado al Hospital de Quemados, donde le diagnosticaron lesiones de distinto grado en el 6% de su cuerpo.

La demanda reclamó una reparación por incapacidad física, daño estético, perjuicio psicológico, daño moral, gastos médicos, daños al vehículo, inutilización del sistema de GNC, depreciación venal y privación de uso. También incluyó un pedido por tratamiento psicológico y por las consecuencias del accidente en su vida social y familiar.

En junio de 2024, el juzgado de primera instancia hizo lugar parcialmente al planteo y condenó a tres de las firmas demandadas a pagar $200.700 más intereses, con extensión a las aseguradoras dentro de los límites de las pólizas. La sentencia consideró que existía una relación de consumo y aplicó el régimen de responsabilidad objetiva previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

La jueza de primera instancia entendió que el dueño del vehículo era consumidor final del servicio y que quienes participaron de la revisión, certificación y habilitación del equipo debían responder como proveedores. El fallo señaló que, ante un daño provocado por el riesgo de una cosa o por una prestación defectuosa, la ley impone responsabilidad solidaria salvo que los involucrados demuestren que la causa les fue ajena.

En cambio, la sentencia rechazó la acción contra la empresa importadora del cilindro. La decisión se apoyó en la pericia mecánica, que no encontró elementos que vincularan el tubo de gas con la explosión. El informe indicó que el cilindro estaba en buen estado de conservación y que no se detectaron pérdidas en sus válvulas, roscas ni conexiones.

El peritaje mecánico fue central para definir el caso. El experto concluyó que la explosión se originó por una pérdida de gas que se mezcló con el oxígeno del aire y entró en combustión, posiblemente a causa de una chispa. Aunque no pudo establecer el punto exacto de la fuga, indicó que podía deberse a una fisura en la cañería de alta presión o a una falla del regulador de presión o de la válvula solenoide.

También se detectaron deficiencias en otros componentes del sistema. La pericia registró que el conducto plástico de venteo y su cobertura de seguridad estaban deteriorados, mientras que el manómetro de presión estaba roto. Según el informe, esos desperfectos debieron haber sido advertidos y corregidos durante la revisión que culminó con la habilitación del equipo.

Tras las apelaciones, la Sala E de la Cámara Comercial confirmó que el taller, el centro de revisión periódica y la empresa que validó la oblea debían responder por los daños. Los jueces consideraron que todos intervinieron en el procedimiento de control realizado un mes antes de la explosión y que ninguno acreditó una causa externa que permitiera desvincularlo del hecho.

La Cámara destacó que la falta de precisión sobre el punto de fuga no liberaba automáticamente a los proveedores. Señaló que una revisión aprobada debía garantizar condiciones seguras de funcionamiento hasta la siguiente inspección obligatoria y que la explosión, ocurrida pocas semanas después de la certificación, constituía un indicio de una falencia en los controles realizados.

El tribunal, sin embargo, excluyó de la condena a la empresa que había colocado el equipo original en 2004. Consideró que el vehículo había funcionado durante un período prolongado sin inconvenientes y que no había pruebas que atribuyeran el accidente a defectos de aquella instalación. Además, la revisión posterior había quedado a cargo de otros integrantes de la cadena de prestación del servicio.

En materia indemnizatoria, la Cámara elevó el resarcimiento por incapacidad física y daño estético de $75.000 a $15 millones, al valorar las quemaduras de segundo grado, las cicatrices permanentes y la incapacidad física del 6%. También incrementó el rubro por daño psicológico de $60.000 a $5 millones, a partir de la pericia que detectó ansiedad, temor, dificultades vinculares y una incapacidad psíquica estimada en 13%, con un componente permanente del 2%.

El daño moral fue fijado en $10 millones, frente a los $40.000 establecidos en primera instancia. La Cámara tuvo en cuenta las circunstancias de la explosión, las lesiones sufridas, el tratamiento posterior y el padecimiento derivado de haber estado dentro del vehículo al momento del siniestro. En cambio, mantuvo los $15.000 por gastos médicos y farmacéuticos, los $3.000 por el daño al sistema de GNC y los $5.000 por depreciación venal.

El tribunal también revocó la indemnización de $2.700 por privación de uso, porque el automóvil continuó en funcionamiento con nafta y no se acreditó que el demandante hubiera quedado privado de utilizar el vehículo. A la vez, admitió una reparación de $6.000 por los daños materiales del rodado, pese a que no hubiera sido reparado, dado que la pericia había constatado deterioros en tapizados, paneles, techo, puerta y baúl.

Para los rubros calculados a valores actuales, la Cámara dispuso una tasa pura del 6% anual desde el 24 de octubre de 2008 hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia. Para los demás conceptos, ordenó aplicar la tasa activa del Banco Nación hasta el 17 de enero de 2026 y, desde entonces, la Tasa de Intereses Moratorios publicada por el Banco Central hasta el pago efectivo.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró extinguida la acción penal contra Alejandro Andrés Llera y dictó su absolución. La resolución judicial, adoptada por mayoría, se fundamentó en la vulneración del derecho constitucional del imputado a recibir un pronunciamiento en un “plazo razonable”. Con esta determinación, el tribunal dejó sin efecto la condena previa de cuatro años y diez meses de prisión que pesaba sobre el acusado de contrabandear cocaína líquida desde Argentina hacia México.

El caso comenzó en mayo de 2014, momento en el cual las autoridades detuvieron a Llera. El hombre permaneció bajo prisión preventiva durante 30 meses. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 dictó su absolución respecto a los cargos de confabulación y contrabando agravado de estupefacientes. Sin embargo, la querella de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló dicha decisión, lo que dio inicio a un extenso recorrido por diversas instancias de revisión que prolongó el expediente por una década más.

Luego de la absolución inicial, la Cámara de Casación revocó el fallo del tribunal oral en mayo de 2018. En esa oportunidad, los jueces de alzada decidieron condenar directamente a Llera basándose en las actas escritas del expediente, sin realizar un nuevo debate oral. La defensa recurrió la medida y obtuvo una modificación parcial de la calificación legal en diciembre de 2019. No obstante, la culpabilidad quedó ratificada y el caso regresó al tribunal de origen para que fijara la sanción correspondiente.

En noviembre de 2022, el tribunal de juicio impuso la pena de prisión y sumó inhabilitaciones para ejercer el comercio y ocupar cargos públicos. La defensa técnica de Llera cuestionó la constitucionalidad del monto mínimo de la escala penal y la validez de una condena dictada en una instancia de revisión escrita, sin la inmediación propia de un debate público. Tras un nuevo rechazo de Casación en 2023, el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Máximo Tribunal del país intervino en febrero de 2026. Los ministros de la Corte dejaron sin efecto la sentencia recurrida al detectar graves defectos en el tratamiento de los agravios constitucionales presentados por la defensa. Por tal motivo, ordenaron a la Cámara de Casación emitir un nuevo fallo que respetara las garantías del debido proceso.

Al analizar nuevamente las actuaciones, la jueza Ángela Ledesma lideró el voto de la mayoría y cuestionó con dureza la práctica de condenar en instancias de revisión escrita. La magistrada explicó que la condena dictada en 2018 alteró la base fáctica del caso y valoró intenciones subjetivas del imputado sin haber presenciado la producción de las pruebas ni escuchado el descargo del acusado de manera directa. Según su postura, resolver una culpabilidad mediante la lectura de actas en despachos cerrados devalúa el juicio público y lesiona el derecho de defensa.

Por su parte, el juez Javier Carbajo votó en disidencia. El magistrado sostuvo que la legislación procesal vigente faculta a la Cámara de Casación a dictar condenas directas para evitar reenvíos innecesarios que dilaten los expedientes. Asimismo, argumentó que esta modalidad no vulnera principios constitucionales siempre que las pruebas se hayan incorporado legalmente durante el debate oral y las partes cuenten con la posibilidad de ser oídas en la etapa de revisión.

Ante la falta de un acuerdo unánime sobre la validez de la condena en casación, los jueces Ledesma y Guillermo Yacobucci coincidieron en que el proceso superó cualquier límite temporal admisible. Los magistrados señalaron que el imputado estuvo sometido a la incertidumbre de la persecución penal durante 12 años, de los cuales 10 transcurrieron con posterioridad a su primera absolución.

El tribunal remarcó que la demora judicial no resultó atribuible a maniobras dilatorias u obstruccionistas de la defensa, sino al propio funcionamiento de los órganos del Estado. En su análisis, los jueces ponderaron que Llera cumplió 30 meses de prisión preventiva, regularizó su situación fiscal al recuperar la libertad, mantuvo su residencia y desarrolló tareas laborales sin registrar ningún tipo de incumplimiento.

Finalmente, la Cámara concluyó que la prolongación desmedida del trámite afectó las garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por este motivo, el tribunal resolvió declarar extinguida la acción penal por violación al plazo razonable y absolver definitivamente al acusado de todos los cargos.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Ministros, que se encamina a reducirse únicamente a la evasión tributaria y pasar así al fuero Penal Económico, podría dejar “daños colaterales” para los profesionales y desarrolladores inmobiliarios que hicieron negocios con el entonces funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

El dictamen presentado este viernes por el fiscal federal Gerardo Pollicita incluyó una solicitud para que la justicia investigue penalmente al contratista Matías Tabar —el testigo que más incriminó a Adorni—, a los empresarios Pablo Feijoo y Leandro Miano, y a la escribana Adriana Nechevenko, cuya conducta será reportada ante su colegio profesional.

Todos ellos intervinieron en operaciones de compra, refacción y equipamiento de las propiedades del exvocero presidencial, y terminaron bajo la lupa judicial luego de prestar declaración testimonial en los tribunales federales de Comodoro Py.

Operaciones en negro

La decisión de Pollicita de requerir la extracción de testimonios —tomar parte de un expediente judicial para formar una causa nueva e independiente— para que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico mande a investigar a Miano, Feijoo y Tabar se fundamentó en las propias admisiones de estos testigos. Durante sus declaraciones bajo juramento, reconocieron la realización de transacciones comerciales en negro, al margen de los controles fiscales del Estado.

El caso de Matías Tabar resultó uno de los más significativos para la fiscalía. El contratista estuvo a cargo de la remodelación de la vivienda familiar en el Country Indio Cuá y de proveer parte del mobiliario para el departamento de la calle Miró 550. Según la hipótesis que se desprende de la causa, Adorni y su esposa le entregaron a Tabar la suma de 245.000 dólares en efectivo a partir de noviembre de 2024, mientras el imputado ya se desempeñaba en la función pública.

Aunque la defensa del funcionario intentó relativizar ese monto y reducirlo a 175.000 dólares mediante un peritaje privado, el fiscal ratificó la cifra original basándose en las planillas del constructor, su testimonio y los mensajes de texto recuperados de su teléfono celular.

De esas comunicaciones telefónicas surgió, además, que los presupuestos presentados al matrimonio se inflaban de forma deliberada por encima del costo real de las obras. El flujo de estos pagos en moneda extranjera se documentó únicamente en los registros informales del contratista y en los chats, sin dejar huellas en el sistema bancario.

Por su parte, los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo también quedaron comprometidos por sus declaraciones testimoniales y la documentación que aportaron al expediente. Estas son las dos personas que le vendieron a Adorni el departamento de Caballito, una operación que se cerró por 295.000 dólares, incluyendo obras por 65.000 dólares que se negociaron “de palabra”.

Al igual que Tabar, admitieron haber concretado operaciones comerciales fuera del control impositivo, lo que motivó el pedido de Pollicita para que la justicia penal económica determine si estas conductas configuran delitos tributarios autónomos.

El segundo foco de las derivaciones del dictamen se centró en la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional intervino en la instrumentación de los negocios inmobiliarios del grupo familiar, que incluyeron la compra del lote 380 en el Country Indio Cuá y la adquisición del inmueble de la calle Miró en noviembre de 2025.

La fiscalía detectó diversas anomalías en las escrituras y transacciones bajo examen. Por ejemplo, en la compra del terreno de Indio Cuá, si bien se utilizó un crédito hipotecario de 100.000 dólares, el saldo restante de 20.000 dólares y la tasa de ingreso de 5.000 dólares se cancelaron con dólares en efectivo. Asimismo, la escrituración de la propiedad de la calle Miró involucró adelanto al contado de 30.000 dólares.

Ante las irregularidades advertidas en los protocolos notariales y en el desarrollo de las operaciones, Pollicita solicitó formalmente al juez Ariel Lijo remitir las actuaciones correspondientes al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de esta medida es que la institución evalúe el desempeño de Nechevenko y determine si existieron faltas a los deberes profesionales o a las normativas vigentes de prevención de lavado de activos y transparencia.

La situación de los terceros se complicó debido al comportamiento financiero que adoptaron Adorni y Angeletti. La investigación del fiscal Pollicita determinó que el 92,9% de los gastos identificados en dólares se canceló en efectivo, lo que equivale a 374.081,66 dólares sobre un total de 402.578,12 dólares invertidos en viajes, propiedades, vehículos y otros pagos.

Este uso sistemático de dinero en negro, que tampoco estaba asentado en sus declaraciones juradas hasta que se destapó el escándalo, facilitó la circulación de fondos ocultos para el fisco. Al canalizar estos recursos a través de constructores, desarrolladores y escribanos sin la debida registración financiera, las transacciones particulares de la pareja terminaron exponiendo a los profesionales que aceptaron operar bajo esa modalidad informal.

El dictamen concluyó que, si bien el origen del dinero del exfuncionario podría justificarse por la inversión en criptomonedas anterior a su llegada al poder, la forma en que se administraron y gastaron esos fondos generó sospechas de ocultación maliciosa frente al fisco. Ahora, la Justicia Nacional en lo Penal Económico y las autoridades notariales deberán definir las responsabilidades de los empresarios y de la escribana que consintieron participar en este circuito informal de negocios.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo revocó una condena contra un municipio por la caída de una mujer en una vereda de la zona norte del Gran Buenos Aires y rechazó la demanda indemnizatoria. El tribunal concluyó que las lesiones dentales estaban acreditadas, pero que la reclamante no logró demostrar de modo suficiente que el mal estado de la acera hubiera sido la causa de su caída. Además, le impuso las costas del proceso, tanto de primera como de segunda instancia.

La demanda se había iniciado en noviembre de 2020 por una caída que, según la presentación judicial, ocurrió el 1 de octubre de 2018 cerca de las 10. La mujer —de 32 años al momento del hecho— sostuvo que caminaba junto a su madre hacia una parada de colectivos, cuando tropezó con una baldosa desnivelada. Según su relato, la vereda estaba deteriorada y carecía de señalización o de un vallado que advirtiera a los peatones sobre esa situación.

La reclamante afirmó que sufrió una contusión en el rostro, con la pérdida de una pieza dental y la fractura de otra. Después de la caída, recibió asistencia de su madre y de dos personas que se acercaron al lugar. Luego se trasladó a un centro de atención primaria cercano, donde le realizaron curaciones en los brazos y en la boca, y más tarde concurrió a una guardia odontológica.

De acuerdo con la demanda, los tratamientos posteriores incluyeron una reconstrucción dental, una endodoncia, la colocación de un perno y una corona. La mujer pidió una indemnización inicial de $323.560 por lesiones e incapacidad, gastos médicos y odontológicos, daño estético, daño psíquico y daño moral. También solicitó que el monto fuera actualizado por la pérdida del valor de la moneda.

La defensa municipal negó que la vereda hubiera estado en las condiciones descriptas y cuestionó las fotografías presentadas. Sostuvo que las imágenes no tenían certificación ni fecha cierta y que no permitían establecer que pertenecieran al sitio del hecho. Además, planteó que una caída podía obedecer a distintos factores ajenos al estado de la acera, como una distracción, un mareo o una pérdida de estabilidad.

En la sentencia de primera instancia, dictada el 27 de marzo de 2025, el juzgado entendió que la mujer había acreditado la mecánica del accidente y la responsabilidad municipal. Para llegar a esa conclusión, valoró los testimonios de dos hombres que declararon en el expediente, las fotos aportadas con la demanda y las constancias médicas y odontológicas que confirmaron la atención recibida tras el episodio.

El juez de primera instancia consideró relevante que uno de los testigos hubiera dicho que vio a la mujer tropezar y caer, y que el otro hubiera llegado poco después y la hubiera acompañado hasta la sala de primeros auxilios. También tomó en cuenta que ambos ubicaron el hecho en la misma zona y que uno de ellos describió la vereda como un sector con baldosas faltantes, cascotes y dificultades para caminar.

El fallo inicial también tuvo por corroboradas las lesiones mediante historias clínicas, certificados, facturas y una pericia médica. El experto determinó que existían secuelas odontológicas vinculadas a un traumatismo facial. Aunque la pericia psicológica no detectó consecuencias de ese tipo ni necesidad de tratamiento, el juzgado admitió otros rubros por las lesiones físicas, los gastos odontológicos y el daño moral.

Con esos fundamentos, la primera instancia condenó al municipio a pagar $920.470,50. La suma incluyó $340.000 por lesiones e incapacidad, $483.470,50 por gastos de asistencia odontológica y $97.000 por daño moral, dentro del cual incorporó el perjuicio estético. El juzgado rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico al considerar que no había prueba técnica que demostrara una afectación vinculada con el accidente.

Además, el magistrado declaró inaplicable al caso una norma que prohíbe la actualización monetaria y ordenó que, desde la sentencia hasta el pago, el crédito se ajustara mediante el índice de precios al consumidor. Argumentó que la inflación podía reducir el valor real de la reparación y que la indemnización debía preservar su poder adquisitivo. También fijó intereses del 6% anual desde el hecho hasta el dictado del fallo.

La comuna apeló la decisión y cuestionó, principalmente, la valoración de la prueba. Señaló que uno solo de los declarantes dijo haber visto la caída y que su relato había sido brindado casi seis años después del hecho. También objetó que el testigo no hubiera podido precisar qué desperfecto concreto de la vereda provocó el tropiezo ni el punto exacto de la esquina donde ocurrió.

La Cámara coincidió con esos cuestionamientos y sostuvo que la prueba reunida no alcanzaba para reconstruir con certeza cómo sucedió el accidente. El tribunal destacó que el segundo testigo no presenció la caída, sino que vio a la mujer cuando ya estaba en el suelo. Sobre el único testigo presencial, advirtió que describió el estado de la acera en términos generales, sin identificar el desnivel, la baldosa o el defecto específico que habría provocado la caída.

Los jueces también descartaron que las fotografías permitieran resolver esa falta de precisión. Indicaron que las imágenes no fueron certificadas, carecían de fecha comprobable y habían sido desconocidas por la parte demandada. Añadieron que, incluso si se las consideraba, no mostraban con claridad un deterioro de tal entidad que pudiera ser considerado por sí mismo la causa directa y adecuada del accidente.

La sentencia de segunda instancia puso especial énfasis en la ausencia de una pericia de ingeniería o de una inspección técnica que determinara el estado de la vereda en la época del hecho. Según la Cámara, ese medio habría permitido establecer si existía un desnivel, cuál era su magnitud y si podía ocasionar la caída de una persona. La prueba técnica había sido ofrecida, pero no se produjo por el tiempo transcurrido desde el episodio.

Para la Cámara, los documentos médicos y odontológicos acreditaron que la mujer sufrió lesiones y recibió tratamientos, pero no demostraron dónde ni de qué manera ocurrió la caída. El tribunal explicó que un informe médico puede establecer que un traumatismo es compatible con una lesión, aunque no puede determinar por sí solo que esa lesión fue causada por una vereda en mal estado. Esa relación debía surgir de otras pruebas, que los jueces consideraron insuficientes.

La resolución de Cámara dejó sin efecto la condena económica, la actualización del monto y el resto de las decisiones vinculadas con la reparación. Como rechazó la demanda por falta de prueba del vínculo entre el desperfecto atribuido a la vía pública y el daño, el tribunal consideró innecesario analizar los cuestionamientos sobre los montos indemnizatorios y el mecanismo de actualización monetaria.

Un juzgado civil de Lomas de Zamora condenó a una aseguradora a pagar $12.083.700 más intereses a un cliente cuyo vehículo fue robado frente a su vivienda y cuya cobertura había sido rechazada. El magistrado consideró que el conductor incurrió en un descuido, pero que esa conducta no alcanzó el nivel de culpa grave que invocó la compañía para desligarse de su obligación contractual.

La demanda se inició por el robo de una Renault Kangoo, ocurrido el 30 de enero de 2025, cerca de las 00.50, en Esteban Echeverría. Según la presentación judicial, el propietario había salido del garaje de su casa y dejó el vehículo delante del portón para cerrarlo antes de iniciar el viaje.

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el conductor —actualmente de 36 años— descendió de la camioneta sin retirar las llaves y con el motor encendido. En ese momento, personas desconocidas subieron al rodado y huyeron con él.

El mismo día se efectuó una denuncia policial y se notificó el hecho a la empresa aseguradora. El vehículo tenía una póliza vigente que incluía cobertura por robo o hurto total y parcial, además de otros riesgos. La compañía recibió la denuncia administrativa, pero el 19 de febrero de 2025 rechazó el pago al atribuirle al asegurado una conducta de culpa grave.

La aseguradora sostuvo que el conductor había facilitado el robo al dejar la camioneta en la vía pública, encendida y con las llaves colocadas. Bajo ese argumento, entendió que el hecho quedaba excluido de la cobertura. La defensa afirmó que se trató de una negligencia que excedía los riesgos que debía asumir en virtud del contrato de seguro.

El reclamante cuestionó esa postura y sostuvo que había existido un descuido, aunque no una actitud de indiferencia extrema ante la posibilidad de un robo. También planteó que el vínculo debía ser analizado bajo las normas de defensa del consumidor, ya que se trataba de un contrato con cláusulas predispuestas por la aseguradora.

El expediente incluyó la investigación penal iniciada por el robo. Allí constó que se dispuso una inspección en busca de cámaras de seguridad o testigos, pero esa medida no aportó resultados. Para el juzgado, la existencia del robo no fue materia de discusión, ya que la compañía no negó que terceros se hubieran llevado la camioneta.

También se acreditó la existencia de la póliza y su vigencia al momento del hecho. Una pericia contable confirmó que el siniestro había sido registrado por la empresa y que correspondía a una cobertura contratada sobre la Renault Kangoo. La suma máxima prevista en el contrato para robo o hurto era de 6.500.000 pesos.

El juez, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 15 de Lomas de Zamora, resolvió que las reglas de defensa del consumidor eran aplicables al caso. Señaló que el seguro se celebró mediante adhesión a condiciones elaboradas por la empresa y que, frente a dudas sobre el alcance de la cobertura, debía adoptarse una interpretación que protegiera a la parte contratante más vulnerable.

La sentencia explicó que la culpa grave no puede equipararse a cualquier distracción o falta de cuidado. Para que una aseguradora quede liberada de pagar, debe demostrar que el asegurado actuó con una despreocupación manifiesta, fuera de lo habitual y cercana a una conducta deliberada. Esa carga de probar la exclusión, remarcó el fallo, recaía sobre la compañía.

Al evaluar las circunstancias concretas, el magistrado entendió que el demandante bajó durante un lapso breve para cerrar el portón de su vivienda y continuar su recorrido. Consideró que esa situación formaba parte de una acción cotidiana y que, aunque implicó falta de previsión, no revelaba una desatención tan extrema como para excluir la cobertura.

Por ese motivo, el juzgado rechazó la defensa de la aseguradora y concluyó que debía responder por el incumplimiento del contrato. La decisión estableció que la empresa no demostró que el comportamiento del cliente hubiera alterado de tal modo el riesgo asegurado que permitiera negar la indemnización prevista en la póliza.

Para fijar el valor del vehículo, el juez tomó como referencia la valuación de una unidad de similares características y modelo informada por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. El rubro por reposición fue establecido en $7.523.800, a valores de la fecha de la sentencia, debido al tiempo transcurrido desde el rechazo de la cobertura.

El fallo también reconoció $800.000 por privación de uso, al considerar que la falta del vehículo generó un perjuicio indemnizable. La resolución señaló que esa reparación no se vinculaba con el robo en sí mismo, sino con la demora de la aseguradora en pagar una suma que hubiera permitido adquirir otro rodado para reemplazar el sustraído.

En cambio, el juzgado rechazó el reclamo por daño psicológico y tratamiento, ya que la pericia concluyó que el episodio no dejó secuelas psicológicas atribuibles al caso ni hacía necesario un abordaje terapéutico. Además, otorgó $3.760.000 por daño moral, por las molestias, angustias y expectativas frustradas derivadas de la negativa de cobertura.

Los intereses deberán computarse desde el 20 de febrero de 2025, fecha en que la compañía comunicó el rechazo del siniestro. Hasta la sentencia se aplicará una tasa anual del 6%, mientras que desde entonces y hasta el pago se utilizará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La aseguradora tendrá 10 días desde que la decisión quede firme para abonar la condena, y deberá afrontar las costas del juicio.

Un juzgado civil y comercial de San Martín condenó a una empresa distribuidora de gas y a su aseguradora a pagar $31.097.438,28 a una familia cuya vivienda sufrió daños por una explosión e incendio en un depósito de garrafas ocurrido en 2010. La sentencia atribuyó responsabilidad a la firma por el riesgo de la actividad y de los elementos que mantenía bajo su control. La resolución también estableció intereses hasta el pago efectivo.

La demanda se originó en un siniestro ocurrido el 30 de octubre de 2010, cerca de las 4, en un predio ubicado en la localidad bonaerense de Grand Bourg. Según el reclamo, los integrantes de la familia descansaban en su casa, situada frente al depósito, cuando escucharon un ruido y vieron un destello. El episodio incluyó la explosión de 43 camiones que transportaban garrafas y cilindros de gas envasado.

Los demandantes sostuvieron que las detonaciones provocaron daños en la vivienda y afectaciones psicológicas en los cuatro integrantes del grupo familiar. En la presentación inicial solicitaron una indemnización de $282.000, aunque el monto final fijado por el juzgado fue actualizado a partir de las pruebas reunidas durante el proceso. La causa tramitó durante más de 14 años antes de la sentencia.

La empresa demandada reconoció que esa madrugada se produjo un incendio dentro de su establecimiento. Explicó que el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en uno de sus vehículos y que luego se extendió a otros camiones cargados con recipientes de gas licuado. Pese a esa admisión, cuestionó que los desperfectos denunciados en la casa tuvieran relación directa con el hecho.

La compañía también planteó que los reclamantes no habían acreditado ser propietarios del inmueble afectado. El juzgado rechazó esa defensa al considerar que la demanda no buscaba discutir la titularidad de la vivienda, sino reparar perjuicios sufridos por quienes la habitaban y ejercían su posesión. La jueza señaló que la legislación vigente al momento del hecho permitía reclamar daños sobre una cosa tanto a sus dueños como a sus poseedores.

La aseguradora, en tanto, reconoció que tenía dos pólizas contratadas con la empresa. Una correspondía al seguro de un camión y otra cubría riesgos derivados de incendios, explosiones, descargas eléctricas y escapes de gas. La sentencia aceptó la falta de cobertura respecto del seguro automotor, porque no se probó que el vehículo incluido en esa póliza hubiera sido el que originó el siniestro.

No obstante, la resolución hizo extensiva la condena a la compañía de seguros por la póliza de riesgos varios. Esa cobertura incluía hechos como el incendio y las explosiones producidas dentro del establecimiento. El fallo indicó que la aseguradora deberá responder dentro de los alcances del contrato y con los límites de cobertura aplicables al momento en que efectúe el pago.

Para reconstruir lo ocurrido, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de San Martín valoró testimonios de vecinas que relataron haber escuchado explosiones, visto una bola de fuego y percibido olor a gas durante la madrugada. Una de ellas afirmó que los bomberos pidieron a los residentes de la zona que evacuaran sus casas ante la posibilidad de nuevas detonaciones. También mencionó daños en viviendas cercanas, como roturas de vidrios, caída de muros y voladuras de chapas.

Un informe de los Bomberos Voluntarios consignó que, al llegar al lugar, encontraron el predio cubierto por el fuego y detonaciones constantes de recipientes de gas ubicados tanto en los vehículos como dentro de la edificación. El operativo demandó cerca de tres horas para controlar el incendio y otras dos para remover escombros. Los bomberos informaron que debieron proteger las viviendas linderas y disponer la evacuación de los vecinos.

La pericia de ingeniería civil realizada en la vivienda de los demandantes detectó daños en el techo, la membrana impermeabilizante, los cielorrasos, la canaleta de desagüe, la puerta exterior, una cortina de ventana y el tanque de agua. La experta informó que en la terraza había restos vinculados a garrafas y sectores de membrana quemada. También concluyó que los desperfectos eran compatibles con la presión y el calor generados por un estallido seguido de incendio.

El costo de las reparaciones fue calculado en $197.438,28, con valores correspondientes a septiembre de 2017. Esa suma fue dividida en partes iguales entre los dos adultos que habitaban el inmueble. El juzgado sostuvo que el informe técnico no fue desvirtuado con elementos suficientes y que, por ese motivo, tenía valor para acreditar tanto los daños como el nexo con la explosión.

La decisión desestimó el reclamo por incapacidad física y por gastos médicos, medicamentos y traslados. La jueza señaló que no se produjo una pericia médica y que no había constancias que demostraran lesiones físicas ni erogaciones vinculadas con tratamientos médicos. También se rechazó ese tramo de la demanda porque los reclamantes desistieron de la prueba médica prevista en el expediente.

En cambio, la pericia psicológica detectó secuelas en tres de los integrantes de la familia. El fallo otorgó $4,8 millones por incapacidad psíquica a una de las demandantes, $4 millones a otro integrante adulto y $6 millones a uno de los hijos. Para el otro hijo no se estableció incapacidad psíquica permanente, aunque se reconoció la necesidad de un tratamiento psicológico por síntomas de ansiedad, angustia e inseguridad. Al momento del hecho, los integrantes de la familia tenían 30, 28, 7 y 5 años de edad.

Además, el juzgado dispuso compensaciones para financiar tratamientos psicológicos semanales. Las sumas fueron de $1,6 millones, $1 millón, $2,4 millones y $600.000, de acuerdo con la duración estimada para cada caso. La sentencia tomó como referencia un valor de $50.000 por sesión y aclaró que los intereses sobre esos gastos comenzarán a correr desde la fecha del pronunciamiento, ya que se trata de tratamientos que deberán afrontarse a futuro.

Por daño moral, la resolución fijó $2 millones para una de las demandantes, $1,5 millones para el otro adulto, $6 millones para uno de los hijos y $1 millón para el restante. El juzgado entendió que el hecho, la evacuación, el riesgo derivado de las explosiones y los daños en la vivienda permitían tener por acreditada la afectación extrapatrimonial. La decisión consideró que ese perjuicio no requería una demostración específica adicional ante las características del episodio.

La empresa y la aseguradora deberán pagar dentro de los 10 días posteriores a que la sentencia quede firme. Sobre los rubros indemnizatorios se aplicará una tasa anual del 6% desde el 30 de octubre de 2010 hasta la fecha del fallo, y luego una tasa pasiva hasta el cobro efectivo. Las costas del proceso fueron impuestas a la parte demandada, mientras que la regulación de honorarios quedó pendiente para una etapa posterior.

Con el inminente vencimiento de los mandatos de casi todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, previsto para el 18 de noviembre, continúa abierto el conflicto judicial por la elección de uno de los representantes académicos del organismo. La Cámara Nacional Electoral tiene pendiente resolver si concede un recurso extraordinario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que la Corte Suprema revise qué fuero debe intervenir en un amparo promovido por autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionan el sistema establecido para designar al próximo consejero.

La controversia comenzó con una demanda del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el decano de su Facultad de Derecho, Leandro Vergara, contra el reglamento y el cronograma electoral aprobados por el CIN. Los demandantes sostienen que la legislación exige una votación directa de los profesores titulares de Derecho de las universidades nacionales, mientras que el procedimiento impugnado contempla una elección indirecta mediante delegados universitarios.

Desde agosto, el expediente atravesó distintas instancias judiciales. La discusión acerca de qué tribunal debía intervenir derivó en una resolución de la Cámara Electoral que fue recurrida por el CIN. En paralelo, una medida cautelar suspendió los comicios previstos para septiembre, mientras continúa sin resolverse el cuestionamiento al mecanismo de votación.

La representación académica en el Consejo

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros provenientes del Poder Judicial, el Congreso, la abogacía, el Poder Ejecutivo y el ámbito académico y científico. Entre sus atribuciones figuran la organización de concursos públicos para cubrir cargos en los tribunales nacionales y federales inferiores, la administración de recursos judiciales y la intervención en procedimientos disciplinarios y de remoción de magistrados.

Dentro de esa composición, el sector académico y científico cuenta con dos representaciones, cuyos mecanismos de designación son diferentes. Una corresponde a una persona de reconocida trayectoria y prestigio académico o científico, elegida por el CIN mediante el voto de dos tercios de sus integrantes. La otra está reservada a un profesor titular de cátedra de una facultad de Derecho nacional, “elegido por sus pares”, según establece la Ley 24.937.

Para el período 2026-2030, el CIN ya definió la primera representación. Durante su plenario del 27 de marzo, eligió a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, como consejero titular, con Hugo Galderisi como suplente.

En la integración vigente, Galderisi ocupa una de las bancas académicas, mientras que Guillermo Tamarit ejerce la representación correspondiente a los profesores de Derecho.

La legislación encomienda al CIN la confección del padrón de docentes y la organización de los comicios para esta última categoría. Precisamente, el alcance de esas atribuciones y la forma de participación de los profesores constituyen el centro de la controversia promovida por las autoridades de la UBA.

El sistema electoral cuestionado

El reglamento aprobado para la elección de 2026 establece un procedimiento de dos etapas. En primer lugar, los profesores habilitados de cada universidad seleccionan a determinados representantes. Posteriormente, esos delegados conforman un colegio electoral encargado de elegir al candidato que ocupará la banca del Consejo.

Gelpi y Vergara consideran que ese mecanismo modifica el sentido de la expresión legal “elegido por sus pares”. Según su interpretación, todos los profesores titulares incluidos en el padrón deben tener la posibilidad de votar directamente al consejero, sin delegar la decisión en un cuerpo intermedio.

A ese cuestionamiento se suma la distribución de electores entre las universidades. Los demandantes sostienen que el reglamento permite que instituciones con cantidades diferentes de docentes obtengan una representación semejante, lo que, a su criterio, afecta la proporcionalidad del sufragio.

Entre los ejemplos incorporados a la presentación figura la Facultad de Derecho de la UBA, con 77 profesores titulares habilitados y dos representantes en el colegio electoral. El planteo compara esa situación con la de universidades que cuentan con padrones considerablemente menores.

La impugnación también recupera antecedentes del sistema de elección académica. Según la posición de los actores, el mecanismo indirecto utilizado en la renovación anterior respondió a circunstancias excepcionales y no debía convertirse en una regla permanente.

Ese argumento remite a 2022, cuando la Corte Suprema dispuso restablecer la integración de veinte miembros del Consejo de la Magistratura, después de declarar inconstitucional parte de la reforma legislativa que había reducido su composición.

En ese contexto, el CIN organizó un procedimiento para completar las representaciones universitarias. La elección fue cuestionada judicialmente por Vergara y Silvia Nonna, en una causa que quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 3, identificada como CAF 52.727/2022.

El expediente fue incorporado al Registro Público de Procesos Colectivos. Su existencia, en tanto, adquirió relevancia cuando se presentó la nueva acción de amparo, debido a que abrió una discusión acerca de si ambos planteos debían tramitar ante el mismo tribunal.

La disputa por la competencia judicial

Cuando recibió la demanda correspondiente a 2026, la jueza federal con competencia electoral María Servini consideró que existía una vinculación sustancial con la causa iniciada cuatro años antes. Por ese motivo, el 31 de agosto pasado se declaró incompetente y ordenó remitir las actuaciones al juzgado contencioso administrativo que intervenía en aquel expediente.

La magistrada entendió que la reunión de los planteos permitiría evitar decisiones incompatibles sobre cuestiones relacionadas. Sin embargo, las autoridades universitarias apelaron esa resolución y el conflicto llegó a la Cámara Nacional Electoral.

En esa instancia, el 15 de septiembre, los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via revocaron la decisión de primera instancia. Consideraron que la nueva demanda cuestionaba un proceso electoral diferente del celebrado en 2022, con actos administrativos y un calendario propios.

Para los camaristas, esas circunstancias impedían trasladar automáticamente la competencia al tribunal que había intervenido anteriormente. En consecuencia, dispusieron que la jueza electoral “tramite, y oportunamente resuelva” la acción presentada por Gelpi y Vergara.

Frente a ese pronunciamiento, el CIN interpuso el 18 de septiembre un recurso extraordinario federal para solicitar la intervención de la Corte Suprema.

El organismo universitario planteó que la relación entre ambos expedientes justificaba su tramitación ante el mismo juzgado. Para fundamentar esa posición, invocó especialmente la Acordada 12/2016 del máximo tribunal, que establece reglas sobre la registración y el tratamiento de los procesos colectivos.

El 23 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral ordenó correr traslado del recurso extraordinario a la contraparte, sin que hasta el momento surja de los registros públicos del Centro de Información Judicial (CIJ) una decisión sobre su admisibilidad.

La Cámara Nacional Electoral deberá decidir si concede el recurso extraordinario para su elevación ante el Máximo Tribunal, que eventualmente podrá pronunciarse sobre la competencia del caso. Si lo rechaza, el CIN podrá acudir directamente a la Corte mediante un recurso de queja.

La suspensión de las elecciones

Mientras avanzaba el conflicto sobre la competencia, el CIN había establecido un calendario para completar la designación del representante académico durante septiembre.

El cronograma contemplaba que el 24 de ese mes comenzara la elección de los delegados universitarios. Luego debían presentarse las candidaturas y, el 30 de septiembre, celebrarse la votación definitiva para seleccionar al consejero.

Ante la proximidad de esas fechas, Gelpi y Vergara solicitaron una medida cautelar para suspender el procedimiento mientras se examinaba la validez del reglamento.

El juez federal Ariel Lijo, quien intervenía transitoriamente como subrogante del juzgado de Servini, hizo lugar al pedido. La medida buscaba preservar la utilidad de una eventual sentencia, ante la posibilidad de que los comicios se concretaran antes de que existiera una resolución sobre los cuestionamientos formulados.

El CIN apeló la medida cautelar, pero el 15 de octubre la Cámara Nacional Electoral declaró abstracto ese recurso porque las fechas previstas para las elecciones ya habían transcurrido.

La decisión, en rigor, cerró el incidente vinculado con la suspensión de los comicios, pero dejó pendientes otras dos cuestiones: la resolución del amparo sobre el sistema de votación y la admisibilidad del recurso extraordinario que el CIN presentó contra el fallo de la propia Cámara que atribuyó a la Justicia Electoral la competencia para intervenir en la causa.

El proceso de renovación del Consejo de la Magistratura, por lo demás, comenzó este jueves con la jura de tres representantes electos por los jueces: Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez y Paula Castro. Los nuevos consejeros asumirán sus funciones el próximo 18 de noviembre.

El juicio oral de Hotesur y Los Sauces avanzó esta semana con la lectura de los cargos contra los implicados y continuará durante las próximas audiencias con el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo les atribuyó roles bien definidos a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus hijos Máximo y Florencia (luego sobreseída). Según la acusación de la querella, el 88% de la facturación de la inmobiliaria familiar sirvió para lavar dinero de la corrupción en la obra pública.

De acuerdo con el dictamen de la UIF, los integrantes de la familia presidencial participaron activamente en un andamiaje que permitió reciclar dinero proveniente de contratos públicos y beneficios impositivos otorgados a los grupos empresariales Báez e Indalo. Florencia Kirchner no está en el banquillo porque fue sobreseída por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y la decisión quedó firme hace tres años.

La acusación contra la exmandataria la ubicó en la cúspide de la estructura en carácter de jefa de una asociación ilícita que operó entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Para la UIF, Cristina Kirchner planificó, coordinó y comandó, desde enero de 2009 hasta marzo de 2016, un sistema de lavado de activos por medio de la inmobiliaria Los Sauces con el propósito de darle apariencia legítima a millonarias sumas de dinero que transferían las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A..

El recorrido delictivo comenzó el 7 de noviembre de 2006, cuando Fernández constituyó la sociedad comercial ante el escribano Jorge Ludueña, junto con su esposo Néstor Kirchner y su hijo Máximo, estableciendo como objeto social las actividades inmobiliarias, hoteleras y turísticas. En esa oportunidad, la exjefa de Estado asumió el cargo de directora suplente.

Para dotar de bienes a la firma y comenzar la rueda de operaciones, la exmandataria realizó “aportes irrevocables” de capital. El 20 de noviembre de 2008 entregó la suma de 317.000 pesos que, adicionada a los fondos que aportó Néstor, totalizó un monto de 2.204.400 pesos. Con ese dinero, Los Sauces adquirió un departamento de 426 metros cuadrados en el edificio Dique del complejo Madero Center, ubicado en Puerto Madero, que posteriormente se alquiló a las empresas Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

Siguiendo con la reconstrucción de la UIF, cinco días después, el 25 de noviembre de 2008, Fernández cedió a la sociedad un terreno de su propiedad situado en la calle Alvear 391, en la ciudad de Río Gallegos. Al mismo tiempo que se realizaba este traspaso, la constructora Loscalzo y Del Curto, de Lázaro Báez, edificaba allí un complejo de cuatro departamentos que luego alquiló la firma Kank y Costilla, del mismo grupo empresario.

Asimismo, la acusación sostiene que la expresidenta participó en la adquisición de otras propiedades mediante la firma familiar:

• Un dúplex en el edificio Juana Manso de Madero Center, con cinco cocheras, alquilado también a Inversora M&S.
• Un lote de 18.153 metros cuadrados en El Calafate, comprado a la municipalidad local por 136.149 pesos, un valor muy inferior a la tasación oficial de la época, que ascendía a 445.000 pesos.
• Un terreno de 1.250 metros cuadrados contiguo al hotel Los Sauces Casa Patagónica.
• El Hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por 200.000 pesos, cuando su valor real de mercado era de 2.890.000 pesos, el cual se arrendó sucesivamente a Valle Mitre y a Idea.
• Un inmueble en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos, que Fernández utilizó como residencia personal sin abonar ningún tipo de alquiler o contraprestación a la sociedad propietaria.
• Un terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos que la firma Austral Construcciones transfirió de manera gratuita a Los Sauces bajo la “simulación” de una compraventa por 97.000 dólares.

A lo largo del período investigado, la inmobiliaria Los Sauces recibió 6.851.650 pesos de las empresas de Báez, 18.554.725 pesos del grupo Indalo y 561.665 pesos de la gerenciadora Idea. Estas transacciones representaron el 88% de la facturación total de Los Sauces. La expresidenta aprobó los balances anuales de la firma, convalidó las compras de inmuebles, designó a las autoridades del directorio y retiró fondos de la empresa para su beneficio personal, según el organismo.

El rol de Máximo

Al diputado nacional Máximo Kirchner se le atribuyó el carácter de organizador de la asociación ilícita. Según la acusación, el hijo mayor del matrimonio presidencial “diseñó, ejecutó y dirigió” el esquema de reciclaje de fondos de la corrupción, actuando como el principal operador de los negocios privados de la familia.

Desde la fundación de Los Sauces en 2006, Máximo asumió la presidencia del directorio y la representación legal de la firma. El 31 de octubre de 2008, aceptó en nombre de la sociedad los terrenos de las calles Alvear y Moreno en Río Gallegos que aportaron sus padres. En esa transacción, el acusado representó simultáneamente a las tres partes involucradas: a la empresa compradora y a sus progenitores, mediante un poder general amplio de administración.

En su rol de administrador, Máximo intervino directamente en las operaciones inmobiliarias de Madero Center. Firmó un cheque de la cuenta personal de su padre por 899.940 pesos para reservar el departamento del edificio Dique y otro cartular por 1.341.960 pesos para la adquisición del dúplex en el edificio Juana Manso. Posteriormente, aprobó estas compras en las reuniones de directorio y suscribió las escrituras traslativas de dominio ante escribano público.

De igual manera, el legislador gestionó la compra del terreno de El Calafate lindero al hotel familiar, cancelando el precio de 100.000 pesos con un cheque de la cuenta de Néstor Kirchner. También aprobó la adquisición del Hotel La Aldea del Chaltén por 200.000 pesos, firmó el cheque de pago de la cuenta de Los Sauces y formalizó la escritura ante el notario Ricardo Albornoz.

Respecto del terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos, Máximo compareció ante la escribanía junto a Martín Báez, hijo de Lázaro, para “simular” la compraventa por 97.000 dólares, siempre según lo expuesto por la UIF. Quince días después, envió una nota a Austral Construcciones para dejar sin efecto la operación en los papeles de la sociedad, aunque el inmueble continuó registrado a nombre de Los Sauces S.A. en el catastro oficial.

Máximo Kirchner suscribió los contratos de locación simulados con las empresas contratistas y depositó en las cuentas bancarias de la firma los cheques que emitían los grupos Báez e Indalo. Como accionista y presidente, aprobó de forma unánime las decisiones de las asambleas, convalidó las construcciones realizadas por Báez en los terrenos sociales y se benefició con el retiro constante de dinero en efectivo bajo los conceptos de devolución de créditos y honorarios de dirección.

A diferencia de su madre y su hermano, Florencia Kirchner no participó en la constitución original de Los Sauces S.A. en 2006. Era menor de edad en ese momento. Su intervención comenzó tras el fallecimiento de su padre, Néstor Kirchner, en octubre de 2010, momento en el que heredó una porción de las acciones de la compañía.

“De esta forma, cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó, el que ha podido demostrarse a partir de las pruebas recolectadas en los distintos sumarios de los que se desprende no solo el acuerdo de voluntades de los nombrados, sino también la actuación coordinada de aquellos, que ensamblándose como piezas de un rompecabezas, permitieron diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes”, sostuvo la UIF.

Una vez que concluya la lectura de la acusación por el caso Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5 dará lugar a que comience la presentación de los cargos por Hotesur. Los acusados recién serán citados presencialmente en Comodoro Py para las declaraciones indagatorias.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo de una demanda contra una aerolínea por la cancelación de un vuelo entre Brasil y Buenos Aires durante un paro general de 2019. Los pasajeros habían reclamado una indemnización por la reprogramación del viaje, los gastos de la estadía forzosa y presuntas deficiencias en los servicios turísticos incluidos en el paquete. El tribunal consideró que la compañía actuó frente a un hecho de fuerza mayor y que brindó asistencia durante los días de espera.

El conflicto se originó en un paquete turístico contratado con un viaje desde Buenos Aires hacia Natal, Brasil, con escala en San Pablo. La salida se realizó el 22 de mayo de 2019 y el regreso estaba previsto para el 29 de ese mes. Sin embargo, el vuelo de retorno se canceló a raíz de un paro nacional de 24 horas convocado en Argentina, por lo que los pasajeros regresaron finalmente el 1 de junio.

Según la demanda, los problemas comenzaron durante la estadía en el hotel contratado para las vacaciones. Los reclamantes señalaron que hubo obras de reparación los días 25 y 28 de mayo, con ruidos de herramientas durante las horas de descanso. También cuestionaron el estado de las cortinas, la limpieza, la falta de caja de seguridad, secador de cabello, shampoo y computadoras disponibles para los huéspedes.

La presentación judicial añadió que existieron dificultades para coordinar el traslado desde el hotel al aeropuerto. Los demandantes afirmaron que no recibieron a tiempo una comunicación sobre el horario en que debían ser recogidos por la empresa de transporte. Sostuvieron que, tras varios contactos, lograron reprogramar el servicio terrestre para poder llegar a la terminal aérea.

El núcleo del reclamo se centró en la suspensión del vuelo de regreso. Los pasajeros recibieron el 25 de mayo un correo electrónico que les informó sobre la cancelación, junto con opciones de cambio de destino, reintegro o reprogramación. De acuerdo con su versión, intentaron conseguir lugares para volver los días 28, 30 y 31 de mayo, aunque no hallaron disponibilidad.

También plantearon que tuvieron dificultades para comunicarse con el centro de atención telefónica de la aerolínea. Uno de los demandantes se trasladó al aeropuerto de Natal por sus propios medios para gestionar el cambio de pasajes. Allí obtuvo una reubicación para el 1 de junio, fecha que aceptó pese a que pretendía regresar antes a Buenos Aires.

Durante la permanencia adicional en Brasil, la compañía les ofreció alojamiento y comidas en otro hotel. Los pasajeros cuestionaron las condiciones de seguridad de la habitación asignada y afirmaron que debieron pagar bebidas, refrigerios y traslados hacia y desde el aeropuerto. En la demanda también alegaron que la demora afectó compromisos laborales, familiares y personales.

La acción incluyó un pedido de restitución de USD 1.841,04 por importes abonados, $33.442,92 por vacaciones perdidas, $300.000 para cada demandante por daño moral y más de $2,5 millones por daño punitivo. Los reclamantes atribuyeron responsabilidad a la empresa tanto por el transporte aéreo como por los servicios turísticos vinculados con el paquete contratado.

La aerolínea respondió que no había comercializado todos los servicios ni operado necesariamente todos los vuelos involucrados. Además, planteó que el reclamo estaba prescripto. Sobre el fondo del caso, señaló que el paro general afectó los servicios programados para el 29 de mayo de 2019 y que la situación escapaba a su control.

La compañía sostuvo que el conflicto sindical generó cancelaciones y reprogramaciones en numerosas aerolíneas, lo que redujo la disponibilidad de lugares para reubicar pasajeros. Afirmó que asignó a los demandantes el primer vuelo disponible, el 1 de junio, y que les proporcionó alojamiento y alimentación durante la espera. También rechazó responsabilidad por las condiciones del primer hotel.

La jueza de primera instancia rechazó la demanda el 6 de marzo de 2026. Consideró acreditado que el vuelo se canceló por la medida de fuerza nacional y que la aerolínea reprogramó el viaje para la primera fecha con lugares disponibles. También valoró que la empresa hubiera cubierto el hospedaje y las comidas de los pasajeros mientras aguardaban el regreso.

Para la magistrada, el paro constituyó un supuesto de fuerza mayor. La resolución señaló que se trató de un hecho ajeno a la voluntad de la transportista y fuera de su esfera de control. Bajo ese criterio, la compañía no debía responder si había tomado medidas razonables para disminuir las consecuencias de la cancelación.

Los demandantes apelaron esa decisión y cuestionaron que el paro pudiera ser considerado imprevisible, ya que había sido anunciado con anticipación. También insistieron en que otras aerolíneas habrían modificado horarios o dispuesto alternativas para reducir las cancelaciones. A su vez, reclamaron que se revisaran las presuntas fallas en los hoteles y los gastos derivados de la estadía adicional.

La Sala I de la Cámara confirmó el rechazo en una sentencia. Los jueces explicaron que el Convenio de Montreal regula de manera predominante la responsabilidad en el transporte aéreo internacional y que las cancelaciones pueden generar un deber de indemnizar cuando son injustificadas. De todos modos, remarcaron que la empresa puede quedar eximida si demuestra que adoptó las medidas necesarias para evitar el daño o que no pudo hacerlo.

El tribunal entendió que la huelga general de alcance nacional fue un hecho de fuerza mayor, dado que afectó el transporte aéreo y otros servicios en Argentina. Señaló que no se trató de un conflicto propio de la compañía, sino de una medida externa que impedía operar los vuelos previstos. También ponderó que la empresa avisó la cancelación el 25 de mayo, ofreció alternativas, reubicó a los pasajeros en el primer vuelo disponible y cubrió alojamiento y comidas.

Respecto de los cuestionamientos por el hotel originalmente contratado, la Cámara declaró desierto ese agravio. Consideró que los demandantes no identificaron de manera concreta qué pruebas habían sido omitidas por la jueza de primera instancia ni explicaron de qué modo habrían cambiado el resultado del caso. Al mantenerse el rechazo de la demanda, el tribunal declaró innecesario analizar los pedidos de daño moral, daño punitivo y otros rubros indemnizatorios. Las costas de la apelación quedaron distribuidas por su orden.

Lázaro Báez permanece detenido desde el 5 de abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza, aunque por algún tiempo estuvo bajo la modalidad de arresto domiciliario. En ese momento, el juez federal Sebastián Casanello ordenó su detención en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero K, que investigó maniobras de lavado de activos.

A más de diez años de aquella decisión, el empresario, señalado en distintas investigaciones por sus vínculos comerciales con la familia Kirchner, acumula una pena unificada de 15 años de prisión y varias causas por lavado de activos y administración fraudulenta.

Entre los expedientes más relevantes, además de Ruta del Dinero K, que investigó maniobras de blanqueo de fondos de Austral Construcciones a través de operaciones financieras, también figuran el caso Vialidad, relacionado con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz; El Entrevero, por operaciones de lavado ligadas a la compra de una estancia en Uruguay; y Hotesur-Los Sauces y M&P, aún en trámite por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Ruta del Dinero K y Vialidad

La causa investigó una estructura de sociedades y operaciones financieras que, según la Justicia, permitió ingresar al circuito formal fondos de origen ilícito vinculados al grupo empresario de Lázaro Báez. El expediente incluyó bienes, vehículos, maquinaria, inmuebles y cuentas radicadas en el exterior.

La ejecución de decomisos continúa. Incluye activos ubicados en la Argentina y fuera del país, entre ellos inmuebles, vehículos, aeronaves, maquinaria, participaciones societarias y fondos depositados en cuentas de Suiza y Bahamas. Según las últimas resoluciones judiciales, los bienes decomisados en la causa superan los USD 60 millones.

El caso Vialidad examinó la adjudicación y ejecución de obras viales nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, con contratos otorgados a firmas del Grupo Austral. Báez fue juzgado junto con otros funcionarios y empresarios por la administración de esos fondos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 84 inmuebles atribuidos a Báez, además de bienes registrados a nombre de empresas de su grupo, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. La medida forma parte de la ejecución patrimonial dispuesta para cubrir una reparación de $ 684.990 millones por el perjuicio económico establecido en la sentencia.

En este juicio, el empresario recibió una condena firme de seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En mayo de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena de Lázaro Báez a 10 años de prisión por lavado de activos agravado en la causa Ruta del Dinero K. Dos meses después, en julio, el Tribunal Oral Federal 4 unificó esa pena con la condena de Vialidad y fijó una pena única de 15 años de prisión.

Hotesur-Los Sauces

Las dos causas investigan operaciones inmobiliarias y hoteleras vinculadas a la familia Kirchner. La hipótesis acusatoria sostiene que empresas de Báez y del Grupo Indalo efectuaron pagos por alquileres de inmuebles y contrataciones hoteleras que habrían permitido canalizar fondos de origen ilícito.

El juicio oral unificado comenzó el 23 de octubre pasado ante el Tribunal Oral Federal 5. Báez está imputado, junto con otros acusados, por delitos que incluyen asociación ilícita y lavado de activos. La defensa sostiene que las operaciones cuestionadas correspondieron a vínculos comerciales legítimos.

El Entrevero y M&P

Es un desprendimiento de Ruta del Dinero K, centrado en operaciones de lavado relacionadas con la compra de la estancia El Entrevero, en Uruguay, y otros bienes. La investigación examinó el origen de los fondos utilizados y las sociedades intervinientes en las transacciones.

El TOF 4 condenó a Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de activos. Casación confirmó la sentencia en octubre de 2025 y, en abril de 2026, declaró inadmisible el recurso extraordinario de la defensa. La eventual incorporación de esa pena a la condena única de 15 años deberá resolverse en la etapa de ejecución.

La causa M&P también surgió como un desprendimiento de la investigación por Ruta del Dinero K. En este sumario se analizan presuntas maniobras de lavado a través de la inyección de fondos de empresas presuntamente ficticias en Austral Construcciones. El Tribunal Oral Federal 4 prevé realizar el debate oral durante 2027.

Los intentos por morigerar su detención

Desde su detención en 2016, Lázaro Báez presentó distintos planteos para recuperar la libertad o cumplir la detención fuera de una cárcel. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó un pedido de excarcelación y otro de arresto domiciliario en la causa Ruta del Dinero K.

Durante la pandemia, su defensa volvió a solicitar la excarcelación por sus problemas de salud y su condición de paciente de riesgo, pero Casación mantuvo el rechazo, aunque ordenó tramitar por separado el pedido de prisión domiciliaria.

Los rechazos más recientes se concentraron en el pedido para cumplir la condena en su domicilio por razones de salud, edad y situación familiar. La defensa alegó que Báez, de 70 años, padece hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y antecedentes de una lesión intestinal premaligna, además de la enfermedad de su pareja y el cuidado de sus hijos menores.

Desde hace algunas semanas, Lázaro Báez cuenta con un nuevo abogado defensor, el doctor Cristian Pérez. El letrado comenzó a diseñar nuevas estrategias procesales con el objetivo de plantear una eventual morigeración de las condiciones de detención del empresario, mientras revisa unos 17 legajos e incidentes acumulados en los distintos expedientes.

Un juzgado civil y comercial de Zárate declaró la nulidad de una compraventa, un boleto y un acta de convivencia al concluir que fueron firmados bajo engaño, en perjuicio de un jubilado. La sentencia también condenó a la demandada a pagar $1 millón en concepto de daño moral, más intereses, a favor del demandante.

La resolución anuló un boleto de compraventa fechado el 4 de marzo de 2021, una escritura de declaración de convivencia del 12 de abril de ese año y la escritura traslativa de dominio firmada el 19 de julio de 2022. Los tres instrumentos estaban vinculados con una vivienda de la localidad bonaerense de Lima.

El demandante, de 88 años, sostuvo que mantenía una relación de confianza con la demandada, a quien consideraba una “sobrina del corazón”. Según relató, ella lo asistía con distintos trámites personales, como la compra de medicamentos, gestiones médicas y el retiro de su jubilación, debido a sus dificultades para trasladarse.

De acuerdo con la presentación judicial, esa colaboración se profundizó durante la pandemia. El reclamante afirmó que entregó tarjetas bancarias y claves para que la mujer pudiera retirar sus haberes, aunque aseguró que nunca recibió una rendición detallada sobre el dinero extraído ni sobre los gastos efectuados.

La demanda planteó que, en ese contexto, la mujer lo trasladó en varias oportunidades a oficinas y a una escribanía para firmar documentos cuyo contenido desconocía. El hombre afirmó que confiaba en las indicaciones que recibía y que no fue informado de que algunos de esos papeles estaban relacionados con la transferencia de su propiedad.

También denunció que, con el paso del tiempo, empezó a recibir montos menores de su jubilación. Al revisar los movimientos de su cuenta, según expuso en el expediente, advirtió extracciones que motivaron una denuncia penal y la posterior baja de la autorización que había otorgado para el cobro de sus haberes.

El reclamante indicó además que, tras ese episodio, detectó la falta de documentación vinculada con su vivienda. Luego tomó conocimiento de la existencia de un boleto de compraventa y de un acta en la que se consignaba una convivencia pública e ininterrumpida con la demandada, situación que negó en forma expresa.

En su presentación, cuestionó que la escritura de venta se hubiera firmado sin que pudiera conocer sus alcances. Afirmó que no recibió dinero por la operación y que tampoco existió una entrega efectiva de la posesión del inmueble, ya que continuó viviendo allí junto con otras personas que residían en la propiedad.

La demanda también señaló diferencias entre el precio consignado en los documentos y la tasación acompañada. El boleto fijaba una suma de $1,5 millones, mientras que la escritura establecía $2,3 millones. La parte reclamante sostuvo que el inmueble tenía una valuación de mercado superior a 56.000 dólares.

Entre los hechos relatados figuraron cartas documento enviadas a dos ocupantes de la casa para que desocuparan el lugar. También se mencionó un cambio de titularidad del servicio eléctrico durante 2023, que, según la demanda, afectó la continuidad de servicios sociales asociados al suministro.

La demandada —actualmente de 48 años— no contestó el reclamo ni compareció en el expediente. Por ese motivo, fue declarada rebelde. El juez, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Zárate, señaló que esa situación habilitaba a tener por ciertos los hechos expuestos por el demandante y por reconocida la documentación aportada al proceso, conforme a las normas procesales aplicables.

A partir de esa circunstancia, la sentencia tuvo por acreditado que el boleto, el acta de convivencia y la escritura de venta fueron otorgados como consecuencia de maniobras engañosas. El fallo consideró que esas conductas reunían las características del dolo esencial, un vicio que afecta la voluntad de quien celebra un acto jurídico.

El magistrado aplicó los artículos 271 y 272 del Código Civil y Comercial, que contemplan la nulidad cuando el engaño es grave, determina la decisión de una persona y provoca un daño relevante. En términos prácticos, la decisión deja sin efecto los instrumentos que habían servido para documentar la operación sobre la vivienda.

El juzgado rechazó, en cambio, el pedido de indemnización por daño psicológico. La pericia incorporada al expediente no detectó una afectación de ese tipo. Sí admitió el daño moral, al valorar el sufrimiento y la angustia que, según consideró, provocó el riesgo de perder el inmueble en el que vivía y la ruptura de la relación de confianza.

La condena fijó una reparación de $1 millón por daño moral. El monto devengará un interés anual del 6% desde el 3 de septiembre de 2024, fecha en que se notificó la demanda, hasta la sentencia del 10 de septiembre de 2026. Desde entonces y hasta el pago, se aplicará la tasa pasiva más alta para depósitos a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, las costas quedaron a cargo de la demandada y se ordenó comunicar la nulidad al registro notarial y al Registro de la Propiedad Inmueble.

Quedaron atrás las polémicas iniciales por la virtualidad, la frecuencia de las audiencias y el lugar donde debía realizarse el juicio por los llamados “cuadernos de las coimas”: a un año del inicio del debate, el Tribunal Oral Federal 7 acaba de mudar su sede desde el Palacio de Justicia a una hilera de despachos ubicados en la planta baja de Comodoro Py 2002 acondicionados a nuevo.

La mudanza incluyó la caja fuerte donde desde hace años se resguardan los originales que escribió el remisero Oscar Centeno con su relato de circuitos para el cobro de sobornos junto a su entonces jefe y exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta. Los blocks y cuadernos espiralados sólo salen de allí en poder de un secretario que se pone guantes blancos cada vez que los manipula para mostrárselos a algún testigo en el debate oral.

El viernes 6 de noviembre se cumplió un año del inicio: todavía hay 208 testigos pendientes de declarar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

También se aguarda por decisiones cruciales: reclamos de careos por contradicciones y una definición sobre testigos pendientes como la exempleada de Casa Rosada Miriam Quiroga y el CEO de Techint Paolo Rocca, ambos con justificativos médicos que por ahora los mantienen alejados de Comodoro Py 2002.

Ya pasaron por la sala de audiencias -presencial o virtual- 146 personas que brindaron testimonio, según un relevamiento de la fiscalía. Se juzgan los expedientes conocidos como Cuadernos, La Camarita, Corredores Viales y Trenes. La acusación alcanza a 85 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 63 empresarios y dos exchoferes.

Según la hipótesis acusatoria, se analiza la presunta existencia de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los rubros de la construcción, la energía y el transporte a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos estatales. La fiscal León definió el expediente de manera previa al inicio del juicio como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

80 audiencias

Entre el 17 de marzo y el 30 de abril se realizaron 12 audiencias de indagatorias. De los 85 imputados, 30 declararon y 55 optaron por no hacerlo. Cinco de quienes declararon respondieron preguntas de la Fiscalía: Rafael Llorens, Oscar Thomas, Walter Fagyas, Alberto Tasselli y Julio Álvarez.

Roberto Baratta, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, amplió su declaración indagatoria en las audiencias del 11 de junio y del 10 de septiembre.

La etapa testimonial se abrió el 5 de mayo. Hasta el 5 de noviembre se celebraron 51 audiencias en las que declararon 146 testigos. Restan comparecer otras 208 personas, 13 de ellas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía señaló que no puede precisar cuándo terminará esa fase porque su duración depende de la actividad de todas las partes. Sin embargo, sostuvo que el desarrollo del debate permite prever que los alegatos podrían llegar antes de la estimación original.

“El debate se desarrolla con un ritmo sostenido y favorable, lo que permite prever que la discusión final podría ocurrir en un plazo inferior al inicialmente estimado”, consignó la Fiscalía en su informe actualizado.

Durante las audiencias se exhibieron los originales de los cuadernos secuestrados y reservados por el tribunal, fotografías, registros audiovisuales, audios y mensajes de WhatsApp. También se incorporaron informes de la ex AFIP, órdenes de vuelo, manifiestos de pasajeros, documentos administrativos, cruces de comunicaciones telefónicas, actas de procedimientos y allanamientos, croquis y declaraciones testimoniales previas.

Un juzgado civil y comercial de San Isidro condenó al responsable de un salón infantil a pagar $11.155.000 a una niña que resultó herida tras caer desde una estructura de juegos durante una fiesta de cumpleaños. La sentencia atribuyó la responsabilidad al titular del establecimiento y ordenó sumar intereses desde el día del accidente, ocurrido el 17 de noviembre de 2023.

La demanda había sido iniciada por los padres de la menor, en su representación, contra el dueño del local y contra quienes pudieran tener responsabilidad civil por la explotación del espacio. El reclamo original ascendía a $8.940.000, aunque se dejó planteada la posibilidad de que el monto variara de acuerdo con la prueba producida durante el expediente.

Según la presentación judicial, la familia había contratado el salón para celebrar un cumpleaños infantil. El servicio incluía animación, personal a cargo, menú para niños y distintos juegos, entre ellos inflables, pelotero y toboganes ubicados en un sector elevado al que se llegaba por una escalera y pasarelas.

El hecho ocurrió, de acuerdo con el relato de la demanda, mientras la niña, de 9 años de edad, jugaba con otros menores en los toboganes instalados en altura. Una tabla de una pasarela, situada cerca de la entrada de un túnel, se habría desprendido y dejado un hueco en la estructura.

La menor cayó junto con otro niño desde una altura aproximada de tres metros y golpeó con los pies sobre un piso de cemento. Sus padres sostuvieron que quedó tendida en el suelo, con dolor en los pies y la espalda, mientras otros adultos y empleados del establecimiento acudían a asistirla.

El personal del salón pidió una ambulancia, según describió la demanda. El médico que concurrió recomendó su traslado a un centro de salud para una evaluación más completa, por lo que la familia llevó a la niña por sus propios medios a una guardia médica.

Luego de la atención inicial, la menor fue derivada a un especialista por la persistencia de dolores, en especial en el pie derecho. Los estudios posteriores, siempre según el expediente, detectaron una lesión en el calcáneo, el hueso ubicado en la zona del talón.

El tratamiento indicado incluyó reposo, el uso de una bota ortopédica y sesiones de kinesiología. La demanda afirmó que, durante ese período, la niña no pudo asistir al colegio ni participar de actividades habituales, como deportes, juegos y encuentros sociales.

Los demandantes también señalaron que la estructura de juegos no reunía condiciones suficientes de seguridad. Cuestionaron que las pasarelas estuvieran formadas por tablas de madera que, según afirmaron, no estaban aseguradas de manera adecuada, y remarcaron la ausencia de elementos de protección en el piso ante una eventual caída.

El dueño del salón no respondió la demanda ni se presentó en el expediente. Por esa razón, el juzgado declaró su rebeldía en abril de 2025. La sentencia indicó que esa situación, sumada a las declaraciones de testigos, informes médicos, documentación y pericias, permitió tener por acreditada la ocurrencia del accidente.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 15 de San Isidro, consideró que el establecimiento tenía el deber de garantizar condiciones seguras para quienes utilizaban sus instalaciones y juegos, especialmente porque estaban destinados a niños. El juez entendió que se trató de una relación de consumo y aplicó normas que obligan a los proveedores de servicios a preservar la integridad física de los usuarios.

La resolución sostuvo que no correspondía a la familia demostrar una negligencia concreta del titular del salón, sino que bastaba con probar el daño y su relación con la estructura de juegos. La parte demandada podía desligarse de responsabilidad si acreditaba una causa ajena, como un hecho imprevisible o una conducta exclusiva de la víctima, pero no aportó elementos en ese sentido.

La pericia traumatológica concluyó que la niña presenta una incapacidad parcial y permanente del 10% a raíz de la lesión en el pie derecho. El informe explicó que la secuela puede provocar episodios de dolor e inflamación debido al peso que soporta ese hueso durante la marcha y otras actividades.

Por esa incapacidad, el juzgado fijó una indemnización de $7.170.000. Para determinar el monto, consideró la lesión constatada, las secuelas, la edad de la menor al momento del hecho y su condición de estudiante, además de aplicar una fórmula utilizada como referencia para calcular reparaciones por incapacidad.

La sentencia también reconoció $3.585.000 por daño moral, al considerar los dolores físicos, el temor y la alteración de la vida cotidiana que produjo el accidente. En cambio, rechazó el reclamo por daño psicológico y tratamiento terapéutico porque la pericia concluyó que no existía una secuela psíquica indemnizable ni necesidad de iniciar psicoterapia.

Además, el juez otorgó $400.000 por gastos médicos, medicamentos, traslados y otros desembolsos vinculados con la atención de la menor. El fallo aclaró que este tipo de erogaciones puede reconocerse aun cuando no existan comprobantes de cada gasto, si resultan razonables frente a las lesiones acreditadas.

La condena estableció intereses del 6% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia. A partir de entonces, se aplicará una tasa bancaria y, si el promedio entre el índice de salarios y la inflación oficial arroja un resultado mayor, se utilizará ese parámetro. El juzgado también declaró inconstitucionales las normas que prohíben la actualización monetaria en este caso y cargó las costas del proceso al demandado.

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del rechazo a los querellantes en la causa $LIBRA, el expediente que involucra al presidente Javier Milei y a otros imputados, que había sido cerrado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi ante la solicitud del fiscal Eduardo Taiano.

Por mayoría, la Sala II hizo lugar a la queja presentada por Vladislav Andreevich Lapchenko, Sviatlana Vitalievna Krasutskaya, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Todos habían solicitado intervenir como querellantes.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de conceder el recurso de casación. Ledesma consideró que el planteo contenía una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención del tribunal.

El juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Entendió que la queja por la denegación del recurso debía declararse inadmisible, con costas.

¿Qué significa el fallo de Casación?

La resolución que abre el recurso de queja no reconoce todavía a los demandantes como querellantes ni modifica los sobreseimientos dictados en la investigación por $LIBRA.

En concreto, el fallo habilita una instancia para revisar si los dos damnificados pueden intervenir formalmente en el caso.

Si el tribunal finalmente los admite como querellantes, podrán cuestionar la decisión que dispuso el archivo de la causa $LIBRA; es decir, lograrían fortalecer las apelaciones que presentaron contra el archivo del sumario, aunque no les garantiza que prosperen.

El tribunal —por ahora— solo convirtió la queja en un recurso de casación y pidió el expediente digital para estudiar el fondo de la discusión.

La causa

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados, tomando en cuenta el criterio que planteó el Ministerio Público Fiscal al sostener que los hechos denunciados no configuraban delito.

El magistrado consideró que las operaciones se realizaron sobre una memecoin de alta volatilidad y que no había elementos suficientes para acreditar un engaño penalmente relevante.

El cierre de la causa fue cuestionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, quien señaló ante la Cámara Federal de Apelaciones que la pesquisa tenía diligencias pendientes, entre ellas peritajes sobre la trazabilidad de fondos, análisis forenses de teléfonos secuestrados y medidas vinculadas con pedidos de cooperación judicial a Estados Unidos.

La pesquisa se había iniciado a raíz de la promoción de una criptomoneda por parte de Javier Milei en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025. El presidente difundió el token como un proyecto destinado a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.

Tras esa publicación, el precio del activo subió con rapidez y atrajo a miles de compradores. Horas después, el valor se desplomó cuando algunas billeteras retiraron fondos del proyecto, lo que generó pérdidas para numerosos inversores.

Las denuncias plantearon que pudo existir una maniobra coordinada para aprovechar la publicación del mandatario, atraer dinero al activo y retirar liquidez antes de la caída. Entre otras hipótesis, posibles delitos de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

El caso inicialmente incluyó a Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a empresarios y operadores vinculados al lanzamiento: Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julian Peh y Sergio Morales.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, a otras 17 personas y a nueve sociedades vinculadas con el grupo Sur Finanzas por su presunta participación en delitos de asociación ilícita, lavado de activos y evasión tributaria. También dispuso la prisión preventiva de Vallejo, que cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La resolución a la que tuvo acceso Infobae sostiene que Vallejo encabezó una estructura que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 mediante una red de sociedades, cuentas bancarias y una billetera virtual.

Asimismo, atribuye al grupo la incorporación de fondos de presunto origen ilícito al sistema económico formal, su circulación entre firmas vinculadas y su utilización para adquirir inmuebles, vehículos y otros bienes.

Según el fallo, la estructura habría utilizado al menos una quincena de sociedades, entre ellas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Sur Pagos S.A.

Para el magistrado, los bienes y las operaciones no aparecían aislados, sino integrados en un mismo circuito. El fallo concluyó que las sociedades funcionaban de manera “indistinta e intercambiable” para mover dinero entre empresas, directivos, empleados y terceros.

La situación de Vallejo

El fallo procesó a Maximiliano Ariel Vallejo como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita y coautor de los delitos de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El juez Rodríguez Ponte entendió que existió una organización estable, con reparto de funciones, que operó por más de cinco años. Según el fallo, las directivas circulaban desde Vallejo hacia las áreas administrativas, las sucursales y el personal encargado del traslado de dinero.

Además, dispuso un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes y fijó el mismo monto para su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

El principal imputado permanecerá bajo prisión preventiva, que cumplirá en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente, con monitoreo electrónico. También deberá entregar sus documentos de viaje y no podrá administrar empresas del grupo ni operar cuentas bancarias, billeteras virtuales o activos virtuales sin autorización judicial.

El origen de los fondos

La resolución ubicó una parte central de la presunta maniobra en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a integrantes del entorno de Vallejo.

Según la hipótesis, la firma habría comprado y vendido moneda extranjera por fuera de las normas que regulan ese mercado. El Banco Central detectó excesos en la tenencia de divisas y formuló cargos por operaciones que, de acuerdo con la resolución, superaron los USD 103,5 millones.

Rodríguez Ponte aclaró que el monto investigado como posible activo de origen ilícito no equivale al volumen total de las operaciones cambiarias. La pesquisa apunta a las ganancias que habría generado esa actividad y a su posterior incorporación al circuito económico formal.

Durante 2022, las cuentas de Concordia recibieron más de $4.040 millones, frente a ventas declaradas por $2.440 millones. En 2023, las acreditaciones alcanzaron casi $16.000 millones, año en el que la firma no habría presentado su declaración jurada.

En su decisión, el magistrado señaló que, cuando la agencia solicitó su baja como operador de cambios, el dinero fue transferido a cuentas personales de Graciela y Maximiliano Vallejo y a empresas vinculadas, como Gestiones San Miguel S.A. y Neocam S.A.S.

Agregó que la rapidez y la circulación de esos fondos entre sociedades administradas por personas cercanas a Vallejo constituyeron indicios relevantes. Añadió que “los mismos fondos pudieran recorrer, en cuestión de horas, las cuentas” de distintas firmas y personas.

La billetera virtual

La parte de mayor volumen de la investigación se concentró en Sur Finanzas PSP S.A., antes Neblockchain S.A., una proveedora de servicios de pago. Una de sus cuentas recibió unos $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Se investigan movimientos incompatibles con los perfiles de monotributistas de baja categoría, personas no inscriptas y empleados del grupo. Además, se detectaron cuentas abiertas con correos electrónicos creados en serie, una modalidad que podría indicar altas centralizadas.

Entre los casos investigados, se detectó que el efectivo ingresaba con referencias que no identificaban a sus dueños y luego podía retirarse en sucursales a cambio de una comisión. El juez citó mensajes en los que Vallejo ordenaba cobrar “el 3% más IVA” por esas operaciones.

La causa también analiza compras de inmuebles y vehículos presuntamente pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades o terceros.

Entre los bienes figuran una propiedad en el Saint Thomas Este Country Club, seis unidades en Adrogué, un lote en Fincas de San Vicente, la sede de Sur Finanzas y vehículos de alta gama, incluida una Ferrari California utilizada por Vallejo.

Además de Maximiliano Vallejo y su madre, fueron procesados María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Eliana Sánchez, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira y Rolando Esteban Soloaga.

También integran la lista Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Leonardo Ledesma, Juan Miguel Soler, César Abilio Zapaia y Cecilia Elizabeth Fioretti.

Las nueve sociedades procesadas fueron Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S., Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A.

Jueces federales de Argentina y Estados Unidos participaron en la Universidad Nacional de Mar del Plata de un conversatorio sobre el juzgamiento de delitos complejos, en el que intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento de la Justicia, la implementación del sistema acusatorio y los desafíos que plantea la criminalidad organizada.

La actividad, denominada “Juzgamiento de delitos complejos”, reunió a magistrados de distintas jurisdicciones y contó con la participación de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, junto con la jueza federal estadounidense Marina García Marmolejo, integrante de la Justicia federal de Texas.

También participaron el juez federal Ariel Lijo, la jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico Karina Perilli y el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, además de magistrados de tribunales orales federales de distintas provincias.

El encuentro fue organizado por la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE), la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia.

Entre las autoridades presentes estuvieron la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y el decano Guillermo Lorenzo.

Los principales ejes del encuentro

El conversatorio fue coordinado por Daniel Petrone, quien además se desempeña como secretario académico de AJUFE. La actividad se desarrolló mediante una mesa redonda, en la que los participantes compartieron experiencias vinculadas con el ejercicio de la función judicial y las particularidades de los procesos penales complejos.

Uno de los temas abordados fue la seguridad e independencia de los magistrados, en relación con las condiciones en las que desarrollan su tarea. También se analizaron los vínculos entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, así como la importancia de transmitir con claridad las decisiones adoptadas por los tribunales.

Otro de los ejes estuvo centrado en el sistema acusatorio, que asigna funciones diferenciadas a fiscales y jueces durante el proceso penal. Los participantes intercambiaron perspectivas sobre su funcionamiento y las experiencias de ambos países en la organización de los juicios.

En ese marco, la jueza estadounidense García Marmolejo compartió un protocolo de buenas prácticas para el desarrollo de los debates judiciales y la administración de justicia. Su exposición permitió incorporar al intercambio herramientas utilizadas en la experiencia estadounidense para organizar las audiencias y el trabajo de los tribunales.

La actividad también incluyó un análisis de los desafíos que enfrentan los magistrados al intervenir en causas vinculadas con la criminalidad organizada, particularmente en lo referido a la conducción de los debates y la respuesta institucional frente a este tipo de delitos.

A lo largo del encuentro, los participantes examinaron distintas prácticas judiciales y su aplicación en los respectivos sistemas de justicia, con especial atención a la organización de los procesos penales y al funcionamiento de los tribunales, con aportes de magistrados de ambos países durante el intercambio.

El consejero de la Magistratura César Antonio Grau le pidió este viernes a Horacio Rosatti, presidente del organismo y titular de la Corte Suprema, que trate con carácter urgente y preferencial en el próximo Plenario una declaración pública respaldada por distintas asociaciones y juristas, que reclama cambios en el sistema de concursos para seleccionar jueces nacionales y federales. La presentación se produjo a pocos días del vencimiento de los mandatos de casi todos los integrantes del Consejo, previsto para el 18 de noviembre.

El representante de los abogados solicitó que el documento “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos” sea considerado previamente por la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor, encargada de organizar la actividad del Plenario.

En su escrito a Rosatti, Grau pidió “con carácter de urgente y preferencial, para la próxima reunión de la COMISIÓN AUXILIAR DE COORDINACIÓN DE LABOR y de PLENARIO, el tratamiento y consideración de la Declaración Pública titulada ‘Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos’”.

“La Constitución exige que los jueces sean los más idóneos, independientes y eficaces. Reitero una vez más mi posición pública de adhesión in totum al documento mencionado y solicito su urgente tratamiento e inmediata implementación a todos los concursos en trámite”, añadió el consejero.

El pedido se produce en momentos en que, según pudo saber Infobae, el Consejo evalúa avanzar con la aprobación de nuevas ternas de candidatos para cubrir vacantes judiciales en un próximo Plenario, todavía sin fecha definida, antes del recambio de sus integrantes.

El reclamo de las organizaciones

La declaración fue difundida esta semana y reúne las adhesiones de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas y 277 firmantes individuales. Su propuesta central consiste en limitar a 20 puntos la incidencia de la entrevista personal en los concursos, en línea con una iniciativa impulsada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes”, afirma el documento en cuestión.

Los firmantes cuestionan los criterios utilizados para determinar qué postulantes acceden a la entrevista y el peso de esa instancia sobre las calificaciones obtenidas en las etapas anteriores. Señalan que las decisiones adoptadas en esa instancia pueden modificar el orden de mérito surgido de los antecedentes y las pruebas de oposición.

“Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”, advierten.

En consecuencia, solicitan que el Consejo actúe “con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.

El documento plantea una modificación específica del esquema de evaluación, centrada en la entrevista personal. El consejero Grau, en tanto, reclama que esas pautas alcancen también a los concursos que se encuentran en trámite, además de los que se convoquen en adelante.

Entre las instituciones adherentes figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Poder Ciudadano, CIPPEC, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y distintos colegios de abogados.

También suscribieron el documento los juristas Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández y Daniel Sabsay. La nómina de adherentes individuales incluye a Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz, entre dirigentes políticos y exfuncionarios de distintos espacios.

La propuesta de la Corte

El proyecto elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti fue remitido al Consejo mediante la Acordada 4/2026. Su tratamiento comenzó en abril, en reuniones conjuntas de las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación, aunque todavía no se logró acordar una reforma integral del esquema.

La iniciativa propone una evaluación de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 para la entrevista personal. También contempla pruebas de conocimientos jurídicos y ejercicios prácticos, mecanismos para preservar el anonimato de los concursantes y pautas para valorar sus antecedentes profesionales y académicos.

La entrevista constituye una de las últimas instancias del procedimiento, después de la evaluación de antecedentes y de las pruebas de oposición. Su incidencia en el puntaje final es uno de los aspectos centrales del debate sobre la reforma.

Entre los cambios previstos aparecen los concursos anticipados y los legajos digitales para los aspirantes. La propuesta fija, además, un plazo de 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición para completar cada procedimiento, prorrogable por otros 30 mediante una resolución fundada del Plenario.

El Consejo de la Magistratura organiza los concursos destinados a cubrir cargos en los tribunales nacionales y federales inferiores. Tras evaluar a los postulantes, aprueba ternas y las remite al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los candidatos y solicita el acuerdo del Senado para su designación.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja en una causa por el presunto desvío de partidas destinadas a la vacunación del PAMI en 2004. La decisión descartó que la acción penal estuviera prescripta o que el trámite hubiera vulnerado el plazo razonable, y en consecuencia habilitó el camino del proceso hacia debate oral.

El fallo consideró que no se extinguieron los plazos porque una de las imputadas, Marcela Elizabeth Vázquez, continúa como empleada del organismo; mientras que otro de los procesados, Guillermo José Cuneo, se jubiló en 2021, pero la causal que rige para su coimputada también produce efectos sobre él.

La definición se basó en el artículo 77 del Código Penal, que considera empleado público a quien participa, de manera accidental o permanente, en el ejercicio de funciones públicas por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

La investigación se centra en la administración y el presunto desvío de recursos afectados a la campaña de vacunación de jubilados. La imputación atribuye a los acusados fraude en perjuicio de una administración pública, en concurso real con omisión o retardo de deberes funcionales, por hechos ocurridos en la Unidad de Gestión Local X de Lanús.

El fallo

La resolución, que lleva las firmas de los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó la queja presentada por la defensa pública de Vázquez y Cuneo, por lo que se mantiene vigente la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que había descartado los planteos de prescripción e insubsistencia de la acción penal.

El tribunal ponderó que los hechos imputados involucran la gestión de recursos de salud pública y constituyen fenómenos vinculados a presunta corrupción en el ejercicio de la función pública, materia sobre la cual pesan mandatos internacionales contra la impunidad asumidos por el Estado argentino mediante las convenciones de la OEA y de la ONU.

Por consiguiente, ante la inminencia del juicio y la existencia de una posibilidad cierta de arribar a una sentencia definitiva sobre el mérito, los magistrados resolvieron que la respuesta compatible con las garantías constitucionales y los compromisos anticorrupción consiste en extremar la celeridad del trámite y celebrar el debate oral, descartando la clausura anticipada del proceso.

En cuanto al reclamo por la afectación del plazo razonable frente a un trámite iniciado formalmente en 2005, los magistrados reconocieron la considerable extensión temporal de la causa pero descartaron que la dilación deba medirse con una regla matemática automática.

Indicaron que la defensa se limitó a invocar el transcurso del tiempo global sin individualizar demoras estatales concretas que vuelvan ilegítima la continuidad de la persecución penal en esta instancia procesal.

El planteo cuestionaba la negativa a declarar prescripta la acción y, de modo subsidiario, denunciaba una afectación de la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

Para los magistrados, la decisión apelada no encuadraba entre los supuestos que habilitan la intervención de Casación mediante ese recurso, porque no era una sentencia definitiva ni una resolución equiparable a ella. Además, entendieron que el tribunal oral tampoco había puesto fin al proceso, a la pena o a las actuaciones.

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al extitular de la Unión Obrera Metalúrgica Abel Furlán y a la sindicalista que compró el departamento vecino al de Cristina Kirchner, Soledad Calle. En la causa se investiga una presunta maniobra mediante la cual habrían “administrado infielmente los intereses patrimoniales” del gremio y su obra social.

Furlán tendrá que presentarse el 17 de noviembre a las 10.30 en la sede del juzgado en Comodoro Py 2002 y Calle el 24 del mismo mes, según la decisión judicial a la que accedió Infobae. Fueron citados además otros cuatro imputados: Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi.

Además el magistrado dictó la inhibición general de bienes para todos y les bloqueó el acceso a cajas de seguridad que puedan tener en bancos u otras entidades financieras.

La vecina de Cristina

La militante kirchnerista Calle compró el primer piso de San José 1111. Un piso más arriba cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner.

Calle reconoció en un escrito presentado ante Ercolini que la adquisición fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

La acusación

A los imputados se les atribuye haber intervenido en una presunta administración fraudulenta de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y su obra social (OSUOMRA), en beneficio de la firma USEM S.A. y/o de sus integrantes.

“Habrían administrado infielmente los intereses patrimoniales de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA), procurando un beneficio económico indebido a favor de USEM SA y/o de quienes integran dicha sociedad”, sostuvo la resolución.

Se investiga la firma de dos contratos el 27 de febrero de 2023 entre UOMRA y OSUOMRA con USEM S.A., con una vigencia proyectada de diez años, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033. La empresa debía administrar operativamente fondos, cuentas y circuitos de pago.

Esa firma se había creado 82 días antes de esos contratos —el 7 de diciembre de 2022— y, según el juzgado, tenía una estructura operativa reducida y no se identificó otra actividad comercial relevante.

María Soledad Calle era empleada de UOMRA y al mismo tiempo accionista del 50% y directora suplente de USEM S.A. La otra mitad de las acciones pertenecía a Braconi, presidente de la firma. “Una empleada de la entidad contratante era, a la vez, propietaria de la mitad del capital social e integrante de la estructura societaria de la empresa seleccionada”, sostuvo la citación del juzgado federal 12 donde se lleva el caso. Está sin juez titular y lo subroga Ercolini.

Además, “no se habría acreditado la realización previa de una compulsa competitiva, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes o de capacidad operativa del proveedor”, agregó la imputación.

Sospecha de sobrecosto

Las “condiciones económicas y jurídicas acordadas habrían colocado a UOMRA y OSUOMRA en una posición desventajosa frente a USEM S.A” porque esta última contaba con la posibilidad de rescindir unilateralmente los contratos mediante un preaviso de treinta días, mientras que las contratantes no tenían una facultad equivalente.

También se apunta a servicios que no se habrían cumplido y para el juzgado, las cotizaciones reunidas durante la investigación fueron “sustancialmente inferiores” a lo que pagaban UOMRA y OSUOMRA lo que permitiría sospechar “la existencia de un sobrecosto soportado por los patrimonios de las entidades involucradas”.

“La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, concluyó la acusación.

La defensa de Furlán había reclamado semanas atrás su sobreseimiento y advirtió que debía evitarse que la causa penal se convierta en una “excursión de pesca” sobre toda la administración de la UOMRA o el patrimonio de sus dirigentes, en un escrito que presentaron sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

En esta cuarta audiencia, se escucharon los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner, por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción que habrían ejecutado a través de su inmobiliaria en la ciudad de Río Gallegos.

Ambos siguen el debate oral a través de Zoom. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

El juicio se reanudará el próximo viernes 13 de noviembre.

Además del presunto lavado de activos, la exmandataria y su hijo, actual diputado nacional, están acusados por los delitos de asociación ilícita, como jefa y organizador, respectivamente.

Terminó la audiencia y el juicio se reanuda el 13 de noviembre

Con la lectura del requerimiento acusatorio de la UIF terminó la audiencia y el juicio se reanudará el 13 de noviembre. El Tribunal evalúa agregar una audiencia más los miércoles, según anticipó su presidente el juez José Michilini.

Hasta el momento el debate tiene lugar lunes y viernes en los tribunales federales de Retiro.

Más de 25 millones de pesos en alquileres

El alquiler de propiedades “ se convirtió en la causa jurídica que permitía justificar las operaciones”, detalló la acusación de la UIF.

Entre 2009 y 2016, los fondos facturados por Los Sauces, “provenientes de distintas empresas de los grupos Báez e Indalo” sumaron poco más de 25 millones de pesos. Según la investigación, la sociedad de la familia presidencial “funcionaba como un mecanismo permanente destinado al reciclaje de activos”.

La mayor parte de la facturación de Los Sauces —el 65%— correspondía al Grupo Indalo, mientras que el 23% estaba vinculado al Grupo Báez. Los fondos provenían, según la acusación, “de la defraudación al Estado” mediante la obra pública en Santa Cruz y de dádivas” por beneficios otorgados a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los contratos de locación, presuntamente simulados, eran celebrados por el actual diputado nacional Máximo Kirchner y personas de su confianza como otro acusado, Osvaldo Sanfelice.

El Grupo Báez vio la luz en mayo de 2003, “meses antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación. Luego se convirtió en un conglomerado” con Lázaro Báez y sus hijos como accionistas y socios, se detalló.

Se reanudó la audiencia con lectura de acusaciones

El Tribunal Oral Federal 5 continúa con la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Financiera.

Cuarto intermedio hasta las 1230

Tras la lectura de la primera parte del requerimiento de la Unidad de Información Financiera, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 1230 para luego continuar con la audiencia de este viernes.

La “única finalidad” era “canalizar los fondos que le eran dados como retorno a la familia Kirchner”

La acusación de la UIF sostiene que la sociedad comercial Los Sauces “tenía como única finalidad canalizar los fondos que le eran dados como retorno a la familia Kirchner”.

Se montó “un sistema de canalización de activos que permitiera ocultar el origen espurio de los bienes y así, luego de distintos mecanismos, retirar los fondos para disponer libremente de ellos”.

Hubo una “maquinaria del reciclado de fondos ilegales. Los exjefes de la organización deciden que la actividad que enmascarará los fondos será la inmobiliaria y hotelera”.

Hasta el 2006, la familia Kirchner no contaba en su patrimonio con ninguna propiedad destinada a hospedar pasajeros. Fue desde allí que, a través de Los Sauces, que se compraron propiedades para tener “el mecanismo de canalizar ganancias ilícitas”, sostiene la acusación.

“Un esquema de corrupción sin precedentes durante más de doce años”

La acusación de la UIF sostiene que el grupo Indalo pagó por alquileres de las propiedades de la sociedad “Los Sauces” en Puerto Madero y eso “permitió canalizar y legitimar el ingreso de 18 millones de pesos”

“Lázaro, Martín, Leandro y Luciana Báez, a través de Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, canalizaron 4 millones por el alquiler de los edificios de Los Sauces en Río Gallegos”, enumeró la acusación.

Los acusados Lázaro y Martín Báez y Osvaldo Sanfelice “consiguieron insertar, con apariencia de licitud, en Los Sauces poco más de 3 millones a partir del alquiler de La Aldea, en El Chaltén”.

El “negocio inmobiliario y hotelero de Los Sauces” fue " vehículo para llevar adelante el proceso de colocación del dinero del Estado nacional" y “enviar fondos a la familia presidencial con concepto de cánones locativos”.

Luego llegó la etapa del “traspaso de fondos de Los Sauces al patrimonio personal de sus socios” con un “ropaje de legitimidad a través de Los Sauces” y que se “integraba al patrimonio de la familia presidencial” como corolario de la maniobra de lavado de activos.

En resumen la acusación habla de “un esquema de corrupción sin precedentes” montado a lo largo de doce años.

Audiencia con reto incluído

El presidente del Tribunal, José Michilini, interrumpió la lectura porque le advirtieron que uno de los acusados no estaba frente a cámara, conectado a distancia. “Le voy a pedir al señor De Sousa, no sabemos si se le cayó la cámara, no está escuchando señor De Sousa?”, preguntó al acusado empresario Fabián De Sousa. “No estaría en imagen”, insistió.

Segundos después volvió a verse al aludido frente a cámara, en su lugar en el Zoom.

El camino del dinero hasta Los Sauces

La acusación avanza sobre las maniobras de los grupos empresarios de Lázaro Báez e Indalo, de los acusados Cristóbal López y Fabián De Sousa, para que el dinero obtenido del Estado Nacional llegar a la sociedad Los Sauces, de la familia presidencial.

En el caso de las empresas de Lázaro Báez: Austral Construcciones, Kank y Costilla, por ejemplo, fueron “obtenidos con la defraudación con la obra pública en Santa Cruz”.

“La segunda fuente de financiamiento resultan ser las empresas del grupo Indalo, que verificaron un crecimiento exponencial”, advirtió la querella de la UIF. Hubo contratos de obra pública, concesiones, juegos de azar y licencias para la explotación petrolera, se enumeró.

Se trazó una “ruta de los fondos que finalmente desembocaban en Los Sauces” como “contrapartida” a los contratos y concesiones públicas. “Son dádivas mediante un mecanismo idóneo de reciclaje de activos” montado desde 2009 y con “diferentes etapas del lavado”.

Todo comenzó con la constitución de Los Sauces, El “primer acto desplegado para la maniobra fue el 7 de noviembre de 2006. Los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo Máximo constituyeron Los Sauces” para actividad inmobiliaria, turismo, servicios, hotelería.

Luego siguió “dotar de bienes a la sociedad que, a posteriori, servirían como canalizadores de fondos” con la compra de inmuebles como un lote en la ciudad turística de El Calafate a 7,50 pesos el metro cuadrado.

El 8 de abril de 2008, el fallecido “Néstor Kirchner adquirió para Los Sauces un dúplex y cinco cocheras en el edificio Juana Manso del complejo Madero Center”, a cambio de poco más de un millón de dólares.

Otro acusado, Máximo Kirchner, tenía un amplio poder de disposición firmado por sus padres. Poco después, se compró otro departamento, dos cocheras y una baulera en el edificio Dique de Madero Center, a cambio de 943.000 dólares.

En 2012, se compró el “inmueble de la calle Mascarello, en Río Gallegos, adquirido por Los Sauces para que, sin contraprestación alguna, fuera utilizado como vivienda por Cristina Fernández. Los antecedentes de la operación sostienen su ilícitud”.

El 11 de junio de 2015, Los Sauces adquirió San José 1111, piso 2° D, con “la finalidad de que, sin contraprestación alguna, fuera utilizado como vivienda por la hija de los expresidentes de la Nación, Florencia Kirchner”. Para este entonces Romina Mercado, era presidenta de Los Sauces.

Una “organización criminal” para “enriquecer empresarios amigos”

La querella de la UIF sostuvo en su acusación que los Kirchner montaron un esquema de “locaciones de inmuebles” que servirían como “pago por la obra pública concedida” a “empresarios amigos” que se buscaba “enriquecer” en bse a “los vínculos trazados con los extitulares del PEN”.

Para ello se formó una “asociación ilícita que funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura estatal para apoderarse de fondos públicos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.

La “organización criminal” se usó para “transferir ganancias de los empresarios a los expresidentes y su núcleo familiar a través del alquiler de propiedades”.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía les otorgaba”, se leyó en la acusación de la querella.

El resumen de la acusación se lee en una nueva audiencia del debate. El lunes último concluyó la lectura del requerimiento fiscal.

Comenzó la audiencia en los tribunales de Retiro

Con la presencia en la sala de audiencias de los acusados Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares y los restantes contectados a distancia, comenzó este viernes una nueva audiencia del juicio Hotesur Los Sauces.

Se lee el resumen del requerimiento de elevación a juicio de la querella de la Unidad de Información Financiera en la causa Los Sauces.

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Por primera vez, La Libertad Avanza intentará hacer pie en un organismo clave en el tablero político de la Ciudad de Buenos Aires: el Consejo de la Magistratura porteño. Este 17 de noviembre, en las elecciones de los abogados, habrá una boleta violeta que llevará en primer lugar al penalista Diego Carbone.

“Abogados por la Libertad” se presenta como una alternativa a un sistema que desde ese espacio definen como “bicéfalo”, y que en los últimos años se dirimió entre las conducciones del radical Daniel Angelici y el peronista Juan Manuel Olmos.

La opción libertaria se medirá en las urnas con la Lista Unidad (más cercana a Angelici e impulsada por el oficialismo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal), Gente de Derecho (con el armado de Olmos) y Los que Vemos el Colegio, que lleva a Eduardo Daniel Awad como cabeza de lista.

La agrupación que más votos sume se quedará con dos bancas, mientras que el segundo puesto obtendrá el tercer lugar en juego. El Consejo de la Magistratura porteño tiene nueve miembros, repartidos en partes iguales entre jueces, abogados y académicos.

El armado de La Libertad Avanza es impulsado por la legisladora porteña Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura y alfil de Karina Milei en la Ciudad.

Aunque el abogado Diego Carbone tiene un perfil técnico, en el último tiempo se movió cerca del ecosistema libertario. Ante la llegada de Javier Milei a la presidencia, le ofrecieron conducir uno de los organismos más estratégicos del Gabinete, pero declinó su participación. Antes tuvo un paso por el Ministerio de Justicia, durante la gestión de Germán Garavano, como director nacional de Asuntos Registrales. También trabajó como abogado en el Sedronar y en el Ministerio de Seguridad.

En el ejercicio particular de la profesión, Carbone se dedicó durante los últimos años principalmente a campañas antipiratería de propiedad intelectual y marcas y delitos empresariales y tributarios.

Este año decidió dar el salto a la política para trasladar el “proceso de transformación” mileísta, según lo define, al ámbito judicial. “Queremos conseguir que, en la designación de magistrados, el espacio de pensamiento que nuclea La Libertad Avanza tenga la participación correspondiente. Esto se traduce en jueces que no sean garantistas en lo penal, que no sean antiempresa en lo laboral, que no sean antisocietarios en lo comercial. Queremos un perfil de jueces que no sea obstruccionista del cambio que está desarrollando la Argentina en su matriz económica”, expresó Carbone en diálogo con Infobae.

La agenda de la lista libertaria incluye además impulsar mejoras en los tiempos de la Justicia, en los procedimientos de informatización y en el control de gestión, y la modernización del manejo de los recursos humanos del Poder Judicial.

“Respecto de la descentralización edilicia, es un concepto que no ha dado los resultados esperados y que hay que ponerlo en revisión para no incurrir en el mismo error que hubo cuando se implementó la transferencia de la justicia penal”, continuó Carbone.

En cuanto al desafío que tiene por delante La Libertad Avanza al competir contra dos espacios consolidados, el candidato expresó: “Esta bicefalia ya lleva treinta años y ha impuesto una suerte de statu quo. Pareciera que solo le queda al resto adherir a una o a otra postura y que actualmente ha confluido, en muchos casos, en una lista de unidad que no refleja el pensamiento, en valores y en ideas de muchos de los que hasta ahora no tuvieron otra opción”.

“Creemos que es una oportunidad muy grande para todos los abogados, para animarse a darle lugar a otra cosa después de 30 años de bicefalia. Es un momento político, social, tecnológico, institucional, en el cual esta es una oportunidad para dar lugar a un cambio importante y superador”, completó el abogado.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa contra Manuel Adorni deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. El dictamen concluyó que no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de la llegada del funcionario al Poder Ejecutivo.

La decisión no implica un sobreseimiento. La Fiscalía sostuvo que, si bien la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que Adorni se enriqueció de forma injustificada durante su función pública, persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.

El planteo fue formulado en un expediente iniciado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y ahora deberá ser analizado por el juez de la causa, Ariel Lijo. La investigación examinó el patrimonio del entonces funcionario durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

El dictamen descarta sostener la acusación por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD374.081,66 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período bajo análisis.

Entre los desembolsos relevados figuraban pagos por la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros.

Adorni respondió a la intimación patrimonial con una explicación centrada en una inversión previa en Bitcoin. Su defensa afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras alcanzaron cerca de USD 200.000 y que la liquidación de esos activos produjo USD 591.544,61, conservados luego en efectivo.

Pollicita consideró que ese descargo no pudo ser refutado con los elementos disponibles. La clave jurídica es que la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público. En este caso, la hipótesis presentada por la defensa ubica el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023.

El fiscal remarcó además que la investigación no logró vincular el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.

Las pericias confirmaron el control actual de las billeteras, pero no su historia completa

La Fiscalía dispuso una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa. El procedimiento estableció que las claves privadas estaban bajo control de la defensa de Adorni al momento de la diligencia y que podían utilizarse para producir firmas digitales válidas.

También se comprobó que las direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018 y que no mantenían saldo. Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal Argentina advirtió que la cadena de bloques no permite identificar a la persona que controló una billetera en un momento determinado ni precisar desde cuándo tuvo acceso a una clave privada.

La prueba técnica tampoco permitió reconstruir con certeza las contrapartes, el lugar y las condiciones de todas las operaciones. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de datos ya habrían vencido.

Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden corroborar de forma definitiva el relato de Adorni, pero tampoco permiten desacreditarlo. El informe sostuvo que la hipótesis de que el actual controlador de las direcciones también las hubiera administrado entre 2014 y 2018 resulta técnicamente consistente.

Los ingresos previos hicieron posible la inversión, según la Fiscalía

El dictamen también reconstruyó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. De acuerdo con los registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas del matrimonio, convertidas a dólares al tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente USD 335.000 hasta 2014 y unos USD 493.000 si se toma el período hasta 2018.

Además, los registros cambiarios consignaron compras conjuntas por USD 60.983 entre 2011 y 2014, cifra que asciende a USD 83.472 si se incluye 2015.

La Fiscalía aclaró que esos números no prueban por sí mismos la inversión en criptoactivos ni reconstruyen todos los gastos de subsistencia del grupo familiar. Aun así, entendió que colocan la compra de Bitcoin dentro de una escala económica posible y evitan calificarla como materialmente inviable.

El dictamen también menciona una fuente documentada de divisas durante el período investigado: la venta por USD 50.000 de un inmueble heredado en La Plata.

La causa continuará bajo una posible hipótesis de evasión tributaria

Aunque la Fiscalía consideró explicado el núcleo patrimonial que había motivado la intimación, detectó posibles irregularidades tributarias. El documento señala que la propia defensa admitió que parte de la información incorporada en las declaraciones juradas rectificativas constituía “materia antes no declarada” y que los ahorros familiares se conservaron por fuera del sistema bancario y “del radar de ARCA”.

Entre los puntos que deberán investigarse aparecen los ingresos profesionales utilizados para financiar las compras de Bitcoin, la posterior liquidación de los activos, la tenencia de moneda extranjera no declarada, operaciones con criptoactivos, diferencias entre la información entregada a Binance y la declarada ante organismos públicos, y mutuos cuya efectiva entrega de fondos no habría sido acreditada.

El fiscal sostuvo que existen indicadores que podrían exceder una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos una vez iniciada la causa.

Por ese motivo, solicitó que el juzgado declare la incompetencia del fuero criminal y correccional federal y remita el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá determinar si existió evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales, ejercicio por ejercicio.

El fiscal pidió investigar a otras personas y revisar el rol de una escribana

Pollicita también requirió la extracción de testimonios para que la Justicia Penal Económica analice las conductas de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y del contratista Matías Tabar, por operaciones que habrían quedado fuera del control impositivo.

Además, pidió enviar actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones examinadas.

El juzgado federal deberá resolver ahora si acepta la declinatoria de competencia y ordena el envío del expediente al fuero penal económico.

Las denuncias apuntaban a viajes, la evolución patrimonial y la compra de un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá

Las propiedades que concentraron la atención de la investigación fueron una casa en el country Indio Cuá Golf Club, de Exaltación de la Cruz, y un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. La primera fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti por USD 120.000, más una tasa de ingreso al barrio privado de USD 5.000. Para financiar la operación, el matrimonio tomó un préstamo no bancario de USD 100.000, garantizado con una hipoteca sobre el departamento que poseían en Parque Chacabuco. El resto, USD 20.000, fue informado como un pago en efectivo.

El crédito para la casa de Indio Cuá fue otorgado por dos mujeres policías, Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio. Según la documentación examinada en el expediente, Molina aportó USD 85.000 y Cancio otros USD 15.000. El acuerdo preveía la devolución en dos años y una tasa anual del 11%, con cuotas mensuales de entre USD 600 y USD 900 por intereses. La investigación también puso el foco en las refacciones de la vivienda: el contratista Matías Tabar declaró que cobró USD 245.000 en efectivo, sin facturas. En su descargo ante la Justicia, Adorni negó esa cifra y sostuvo que las obras costaron USD 175.000, fondos que atribuyó a ahorros previos.

La segunda operación bajo análisis fue la compra, en noviembre de 2025, del departamento de Caballito por USD 230.000. De ese total, Adorni habría aportado USD 30.000 en efectivo y financió los USD 200.000 restantes mediante una hipoteca privada con las anteriores propietarias, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. El préstamo se pactó sin intereses y con un plazo de dos años. Además, el expediente incorporó una deuda vinculada con las reformas del inmueble: Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y gestor de la compraventa, declaró haber financiado trabajos por USD 65.000.

Las dos adquisiciones fueron relevantes para la fiscalía porque se produjeron mientras Adorni y Angeletti conservaban otros inmuebles en La Plata y Parque Chacabuco. El análisis de esos créditos, los pagos en efectivo y el costo de las remodelaciones integró los puntos sobre los que la defensa debió dar explicaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Los consumos con tarjetas de empleados también fueron parte de las dudas

Otro de los puntos bajo análisis fue el uso de tarjetas de crédito de empleados y funcionarios que dependían de Adorni. La fiscalía le requirió que explicara compras atribuidas a su entorno, entre ellas gastos de blanquería y colchones para la casa de Indio Cuá, además de equipamiento tecnológico y artículos para videojuegos. En el expediente figuraron consumos por $8.183.303,25 en ropa blanca y otros productos para la vivienda, así como dos proyectores por $1.831.795 cada uno y un monitor por $2.185.000.

La secretaria de la Vocería Presidencial Gisela Kocsis declaró que realizó compras a su nombre y que Adorni le reintegraba el dinero en efectivo. La defensa sostuvo que algunas de esas operaciones formaban parte de tareas de asistencia personal y laboral, y que otras fueron compras puntuales cuyos importes se devolvieron al llegar los resúmenes. También afirmó que los colchones y la blanquería fueron abonados en efectivo por Bettina Angeletti. La fiscalía incluyó estas operaciones entre los 20 puntos que el ex jefe de Gabinete debía justificar en el marco de la investigación patrimonial.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a diez años de prisión contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Motor Argentina, por su participación en los secuestros y torturas de 24 trabajadores de la empresa durante la última dictadura militar. La decisión fue adoptada con la intervención de dos conjueces y una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz, quien cuestionó la valoración de las pruebas y advirtió que la gravedad de los delitos de lesa humanidad atribuidos a Müller “no puede justificar que las condenas por tales delitos se impongan prescindiendo de la exigencia de demostrar, más allá de toda duda razonable, que los hechos juzgados fueron cometidos por los acusados”.

La mayoría del máximo tribunal, integrada por Horacio Rosatti y los conjueces Fernando Poviña, de la Cámara Federal de Tucumán, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza, consideró que los argumentos presentados por la defensa de Müller no lograron refutar los fundamentos de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese motivo, declaró mal concedido el recurso extraordinario. De esta manera, quedó confirmada la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1, que había considerado al exdirectivo partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, calificados como crímenes de lesa humanidad. El juez Ricardo Lorenzetti no participó de la votación.

La causa investigó los secuestros y torturas de 24 trabajadores de Ford Motor Argentina ocurridos entre 1976 y 1977, durante la última dictadura militar. Según determinaron los tribunales que intervinieron en el caso, directivos de la automotriz colaboraron con las fuerzas militares mediante el suministro de información sobre los empleados y la utilización de instalaciones de la fábrica.

En el juicio también había sido condenado Héctor Sibilla, exgerente de Seguridad de Ford, quien recibió una pena de doce años de prisión, pero falleció mientras se tramitaba su apelación ante la Corte. Según los jueces de Casación, Müller y Sibilla “facilitaron la individualización y localización de las personas a detener” y permitieron que algunas de las víctimas fueran alojadas en dependencias de la propia fábrica, utilizadas como un centro clandestino de detención donde fueron sometidas a tormentos.

En el caso de Müller, Casación sostuvo que su responsabilidad no se derivaba únicamente del cargo jerárquico que ocupaba en la automotriz. Los jueces consideraron acreditado que, como gerente de Manufactura, tenía a su cargo el control de la producción de la planta y conocía las detenciones de operarios que también se desempeñaban como delegados sindicales. Además, señalaron que participaba en las decisiones de la empresa y supervisaba las exigencias de producción, que habían aumentado desde marzo de 1976.

Sin embargo, Rosenkrantz cuestionó los fundamentos de esa conclusión y sostuvo que la sentencia se había basado en inferencias insuficientes para demostrar la responsabilidad penal individual del acusado. En su disidencia, afirmó que “más allá del desempeño de Müller como gerente de Manufactura de Ford, circunstancia que no tiene ninguna virtualidad probatoria de su participación criminal, el a quo no indicó ninguna prueba que lo involucrara personalmente con los delitos imputados”. También señaló que no se había acreditado que el exdirectivo tuviera bajo su control la información privada de los empleados, los accesos a la fábrica o los espacios utilizados por los militares, ni que existieran testimonios que lo ubicaran en el lugar de las detenciones y torturas.

Para Rosenkrantz, la colaboración de otros directivos de Ford con las fuerzas militares no permitía concluir, por sí sola, que Müller también hubiera participado de los delitos. El magistrado sostuvo que la presunción de inocencia exige demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, incluso en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, remarcó que “la eventual violación del derecho por parte de los imputados por tales delitos no justifica la violación del derecho por los jueces que tienen el deber constitucional de juzgarlos”.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes condenó a la municipalidad de una localidad ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires a pagar $1.200.000 más intereses a un motociclista que sufrió lesiones tras caer en un bache, durante la madrugada del 11 de febrero de 2023. El fallo rechazó, a la vez, la demanda contra la empresa de agua, la Provincia de Buenos Aires y la aseguradora citada en garantía.

La sentencia de primera instancia entendió que el municipio incumplió su deber de conservar las calles y garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes circulan por ellas. El juez concluyó que el deterioro del asfalto tuvo una relación directa con el accidente, aunque limitó la reparación al daño moral por falta de pruebas sobre otros perjuicios reclamados.

El demandante —de 48 años al momento del accidente— había iniciado una acción por daños y perjuicios contra la comuna, la prestadora del servicio de agua y saneamiento y el Estado provincial. En su presentación original, solicitó una indemnización de $9.848.800, además de intereses, gastos y costas del proceso.

Según expuso en la demanda, circulaba en una motocicleta por una avenida, cerca de la 1.45. Sostuvo que se encontró de manera repentina con un bache que ocupaba parte de la calzada y que solo estaba cubierto de forma parcial por una valla sin iluminación.

La versión del reclamante indicó que la rueda delantera del vehículo ingresó en la parte del pozo que no tenía protección. A partir de ese impacto, perdió el control de la motocicleta, chocó contra las vallas instaladas más adelante y cayó sobre el asfalto.

Tras el accidente, una ambulancia lo trasladó a un hospital de la zona. En el expediente penal se dejó constancia de que presentaba lesiones en una mano y un golpe en la zona parietal, además de una fractura de cráneo que motivó su internación.

La demanda sostuvo que el motociclista permaneció siete días en terapia intensiva y otros siete en una habitación común. También alegó que padeció mareos, dolores, dificultades para desplazarse y temor de volver a conducir, además de una cicatriz visible en la mano derecha.

El reclamo incluyó gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, tratamientos de kinesiología y psicología, incapacidad física, daño psicológico y daño moral. Sin embargo, el juez consideró que no se produjo prueba suficiente para establecer la persistencia de las secuelas físicas, los tratamientos futuros ni los desembolsos invocados.

La causa reunió actuaciones de una investigación penal, fotografías, una inspección ocular y testimonios. Los policías que llegaron al lugar describieron la presencia de vallas de madera blancas con franjas rojas, tejido plástico y cinta de peligro, ubicadas delante de un pozo sobre la cinta asfáltica.

El fallo señaló que las constancias del expediente permitieron identificar dos irregularidades diferentes en la avenida. Una era un bache previo, vinculado al deterioro del pavimento y sin señalización preventiva; la otra correspondía a una obra cercana que sí tenía vallas colocadas.

Para el juzgado, el primer bache fue el obstáculo que desestabilizó al motociclista y le hizo perder el control del rodado. Luego, el vehículo impactó contra las vallas de la obra situada más adelante. Esa diferencia fue determinante para descartar responsabilidad de la empresa que realizaba trabajos en el lugar.

La resolución remarcó que no se acreditó que la obra de la prestadora de agua hubiera sido una causa o una concausa del accidente. Tampoco se demostró que las medidas de señalización de esa intervención fueran insuficientes, por lo que la demanda contra esa firma fue rechazada.

Por esa misma razón, el juez también descartó la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires y de la aseguradora. La pretensión contra esos demandados había sido fundada en el vínculo entre el Estado provincial y la empresa concesionaria del servicio público.

En cambio, el magistrado consideró que la municipalidad tenía un deber concreto de reparar, conservar y controlar las calles bajo su jurisdicción. Explicó que las vías urbanas deben mantenerse en condiciones razonables de uso y que la falta de medidas para evitar riesgos puede generar responsabilidad estatal.

La comuna había atribuido el hecho a una conducta imprudente del motociclista y sostuvo que circulaba sin casco y bajo los efectos del alcohol. El juez indicó que no existió una prueba científica concluyente sobre una eventual alcoholemia positiva, ya que se tomó una muestra, pero no se incorporó un resultado que confirmara ese extremo.

Aunque rechazó los daños patrimoniales por falta de elementos suficientes, el fallo reconoció que las lesiones y la internación acreditadas en la causa penal provocaron padecimientos que debían ser compensados. Por ese motivo, fijó una reparación de $1.200.000 por daño moral, con un interés anual del 6% desde el accidente hasta la sentencia y, después, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago.

La Justicia bonaerense rechazó una demanda por daños contra una empresa comercial a la que una clienta acusó de haberla registrado como deudora por compras que, según sostuvo, nunca realizó. La resolución concluyó que la reclamante no logró demostrar que esa información le hubiera causado un perjuicio concreto ni que las operaciones se hubieran efectuado mediante una usurpación de identidad.

El caso fue resuelto por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 9 de Lomas de Zamora. La decisión impuso las costas del proceso a la demandante, quien había solicitado una indemnización por daño moral y daño punitivo.

La presentación judicial tuvo origen en hechos que la mujer situó en mayo de 2016. Según relató, el 20 de ese mes acudió a un local de artículos deportivos ubicado en Quilmes, con el propósito de realizar una compra.

En ese comercio, siempre de acuerdo con su planteo, le informaron que el día anterior había adquirido productos deportivos. La demandante negó haber concurrido al lugar el 19 de mayo de 2016 y pidió conocer los datos de la operación que se le atribuía.

La resolución indicó que el personal del comercio solo le habría señalado que la compra correspondía a un conjunto deportivo y a un par de zapatillas. La reclamante afirmó que no recibió información adicional y que su planteo fue atendido sin que se le brindaran precisiones sobre la identidad de quien había realizado la operación.

Tres días después, el 23 de mayo de 2016, radicó una denuncia en una comisaría de Quilmes ante la posibilidad de que se hubiera cometido una estafa. En la demanda también rechazó cualquier deuda que la empresa pretendiera asignarle por esas compras.

La mujer sostuvo que el 1 de mayo de ese año había sufrido un robo en la vía pública. De acuerdo con su relato, le sustrajeron la billetera, dinero, tarjetas y su documento de identidad, hecho que también denunció en una investigación penal iniciada en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

A partir de ese antecedente, vinculó las compras desconocidas con una posible usurpación de identidad. Planteó que terceras personas habrían utilizado sus datos personales para adquirir mercadería a su nombre y dejar una deuda que luego le fue reclamada.

La demandante también afirmó que, desde junio de 2016, recibió llamadas reiteradas en su teléfono fijo mediante un sistema automático. Según explicó, esas comunicaciones buscaban cobrar los productos que, de acuerdo con su postura, habían sido comprados por personas ajenas a ella.

En noviembre de 2016, aseguró haber tomado conocimiento de una nueva compra atribuida a su nombre en otro local de la misma firma comercial. Dijo que esa operación también había generado una deuda por falta de pago y que el caso había sido derivado a un abogado.

La acción judicial se apoyó además en la presunta incorporación de sus datos a una base de información crediticia. La reclamante afirmó que allí aparecían sumas que le habían sido atribuidas de manera errónea, una situación que podía afectar su acceso al crédito y su historial comercial.

El juez consideró acreditado que la mujer había figurado como deudora de la empresa demandada en informes comerciales aportados al expediente. Esa conclusión se relacionó, entre otros elementos, con la respuesta tardía de la compañía a la demanda y con la falta de documentación que debía estar en su poder.

La sentencia repasó las obligaciones de quienes administran o suministran datos personales. Explicó que la legislación exige que la información registrada en bases de datos sea verdadera, exacta, actualizada y adecuada para la finalidad con la que se utiliza, en especial cuando puede incidir en decisiones de crédito.

Pese a ello, el tribunal entendió que no alcanzaba con demostrar la existencia de una deuda informada para conceder una reparación económica. Señaló que la demandante debía probar un vínculo directo entre esa información y un daño concreto, como el rechazo de un crédito, la pérdida de una operación comercial o alguna otra consecuencia verificable.

Para el juez, esa relación no quedó demostrada durante el proceso. El único testigo que declaró había conocido los hechos por referencias de la propia demandante y mantenía un vínculo afectivo con su entorno familiar, por lo que su declaración no fue considerada suficiente para respaldar el reclamo.

La resolución también destacó que no se produjo una pericia sobre la firma de la demandante. Sin ese examen, el juzgado consideró que la hipótesis de que otras personas hubieran utilizado su identidad para efectuar las compras quedó como una afirmación sin respaldo probatorio suficiente.

El tribunal agregó que un informe actualizado de la base crediticia, incorporado al expediente el 18 de agosto de 2025, no mostraba la deuda que había sido cuestionada. Tampoco se acreditó que la mujer hubiera visto frustrado un préstamo, una compra, un contrato u otra gestión a causa de esa anotación.

Por ese motivo, el juzgado rechazó tanto el pedido de daño moral como el reclamo de daño punitivo. Sobre este último punto, sostuvo que esa sanción civil requiere una conducta de grave desprecio hacia los derechos del consumidor, extremo que tampoco consideró probado en el expediente.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó el rechazo inicial de una demanda por presunta mala praxis en una cirugía nasal y condenó a dos profesionales de la salud, a un sanatorio y a la aseguradora citada en garantía a pagar $49,8 millones, más intereses. El tribunal consideró acreditados daños físicos, psicológicos y extrapatrimoniales vinculados con una intervención estética y funcional realizada en julio de 2022.

El demandante, de 19 años en ese momento, había acudido a un cirujano con el propósito de mejorar la apariencia de su nariz y, a la vez, tratar problemas respiratorios. Según el planteo judicial, tenía desviación del tabique, dificultades para inspirar y espirar, ronquidos y alteraciones en la percepción de sabores y olores. Tras una consulta inicial, se resolvió realizar una rinoplastia estética y funcional con anestesia general.

La operación se llevó a cabo el 12 de julio de 2022 en un sanatorio del partido de Morón. La presentación sostuvo que hubo una demora antes de la cirugía y que el paciente recibió el alta pocas horas después. También indicó que, cinco días más tarde, debía concurrir a un control postoperatorio con una de las profesionales, pero esa consulta no se concretó en el horario previsto.

De acuerdo con la demanda, otro médico le retiró los tapones, realizó curaciones y prescribió medicamentos. Con el paso de los días, el paciente comenzó a advertir dificultades respiratorias, sequedad en la boca y la garganta, además de disconformidad con la apariencia de su nariz. Por ese motivo, pidió una nueva evaluación con la profesional que había intervenido en la parte funcional de la cirugía.

El reclamo señaló que, durante esa consulta posterior, se le informó que la extracción de espolones óseos había sido insuficiente. El paciente afirmó que la revisión le provocó dolor y sangrado, y que recibió la propuesta de someterse a otro procedimiento. Luego acudió a otros especialistas, quienes le indicaron estudios y plantearon la necesidad de una nueva intervención para corregir la obstrucción de las vías respiratorias.

La demanda reclamó inicialmente $15.276.000 por incapacidad, daño estético, daño moral, daño psicológico, tratamiento terapéutico y futuros gastos médicos. El demandante sostuvo que la cirugía no mejoró sus condiciones previas y que dejó una deformación nasal, problemas de respiración y episodios recurrentes de irritación en la garganta. También atribuyó responsabilidad al sanatorio por haber aportado el quirófano y obtenido un beneficio económico de la práctica.

En primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de Morón rechazó la acción y cargó las costas al demandante. La decisión se apoyó de forma principal en una pericia médica que no encontró elementos suficientes para establecer un vínculo directo entre la intervención y las secuelas denunciadas. El perito había señalado que algunas alteraciones podían tener otras causas posteriores a la operación.

El juez de primera instancia consideró que no se había probado el daño reclamado, un requisito básico para responsabilizar a los demandados. Destacó que el informe médico describía una desviación importante del tabique y un hundimiento nasal, pero entendió que esas afecciones eran corregibles con una nueva cirugía y que no correspondía asignar incapacidad física permanente.

La sentencia también valoró que no había imágenes de suficiente calidad anteriores o cercanas a la cirugía que permitieran comparar la evolución del paciente. Además, el informe pericial consideró posible que un traumatismo posterior o el uso de sustancias por vía nasal hubiera influido en el resultado. Bajo ese razonamiento, el juzgado concluyó que no se había demostrado negligencia médica ni nexo causal con los daños invocados.

La Sala III de la Cámara revisó ese criterio tras la apelación del demandante y entendió que el análisis de la prueba había sido incompleto. Los jueces señalaron que la posibilidad de corregir una lesión con una operación posterior no elimina el daño ya producido. A su criterio, esa circunstancia puede incidir en la forma de cuantificar la indemnización, que debe contemplar los costos de una eventual cirugía reparadora, el período de recuperación y las consecuencias sufridas hasta entonces.

El tribunal también cuestionó que la primera sentencia no hubiera dado relevancia a la pericia psicológica. Ese informe concluyó que el demandante presentaba un trastorno adaptativo crónico, con ansiedad y estado de ánimo depresivo, y asignó una incapacidad psicológica del 15%. La evaluación vinculó ese cuadro con las secuelas y las limitaciones que el paciente refirió en su vida social, recreativa, académica y cotidiana.

Los camaristas valoraron además la documentación clínica remitida por el sanatorio. Indicaron que los consentimientos informados incorporados al expediente no permitían conocer con claridad los riesgos, posibles complicaciones o resultados adversos de la rinoseptoplastia. Para la Cámara, esa deficiencia afectó el derecho del paciente a decidir con información suficiente sobre una intervención que combinaba objetivos estéticos y funcionales.

La resolución sostuvo que el consentimiento informado no puede reducirse a un formulario general firmado antes de una cirugía. Según el tribunal, los profesionales debían explicar de forma clara los beneficios, riesgos, alternativas y posibles consecuencias del procedimiento. La Cámara consideró que la falta de información adecuada agravó la responsabilidad de los médicos, en especial por tratarse de una práctica que incluía una finalidad de mejora estética.

El fallo también tomó en cuenta irregularidades en la historia clínica. Señaló que parte de la documentación era ilegible y que no había constancias suficientes sobre controles posteriores, indicaciones médicas ni seguimiento del paciente luego del alta. Los jueces remarcaron que la historia clínica es una prueba central en este tipo de procesos y que las omisiones en ese registro pueden jugar en contra de quienes tenían el deber de confeccionarlo.

Respecto del sanatorio, la Cámara entendió que debía responder por el servicio brindado dentro de una relación de consumo, aun cuando los médicos hubieran sido elegidos de forma particular. El tribunal señaló que el establecimiento asumió un deber de seguridad frente al paciente y que la prestación médica integraba el servicio ofrecido en sus instalaciones. Por eso, extendió la condena a la institución y a la aseguradora, dentro de los alcances de la póliza.

La sentencia fijó $30 millones por incapacidad psicofísica, $1,8 millones para tratamiento psicológico y $18 millones por daño extrapatrimonial. También ordenó aplicar una tasa del 6% anual desde el hecho hasta el dictado de la sentencia de Cámara y, desde entonces, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago.

El procurador general Eduardo Casal sostuvo ante la Corte Suprema que la causa por lavado de dinero que pone bajo sospecha a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debería tramitar ante la justicia federal porteña, en lugar del Juzgado Federal de Campana.

En su dictamen, expuso que asignar el caso a Campana sería una violación manifiesta de las reglas de competencia, porque no existen actos relevantes ni otros vínculos jurídicos que conecten la investigación con esa jurisdicción.

Con su opinión, el jefe de los fiscales respaldó la queja contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría había declarado competente al juzgado de Adrián González Charvay.

A su vez, señaló que existen numerosas actuaciones vinculadas con los hechos investigados y que distintos órganos judiciales ya intervinieron en planteos de competencia. Esa dispersión, advirtió, exige una resolución rápida para evitar una actividad jurisdiccional “dispendiosa y eventualmente inútil”.

Según el escrito, la coherencia judicial busca impedir que el proceso se convierta en “un juego de sorpresas” contrario a la buena fe que debe regir las relaciones jurídicas.

La opinión de Casal corresponde a la investigación vinculada a los supuestos testaferros de la mansión de Pilar, que atravesó al menos tres cambios de jurisdicción. Se inició en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, pasó al fuero Penal Económico de Capital Federal con Marcelo Aguinsky y finalmente fue enviada al Juzgado Federal de Campana, a cargo de González Charvay.

Los argumentos

Para el procurador, la presencia en Campana de un inmueble cuya compra podría haber sido una inversión de fondos de origen ilícito no basta para radicar allí la causa.

Afirmó que para determinar el tribunal territorialmente competente, existieron otros factores que deben evaluarse: el domicilio de las personas humanas o jurídicas, la sede de la administración y el lugar donde se celebraron los actos jurídicos relevantes. Consideró que ninguno de esos criterios favorece a Campana.

Agregó que “hubo repetidos e infundados intentos de desplazar la competencia hacia la sede de Campana, pese a estar establecido que ninguna acción con relevancia típica fue cometida en esa jurisdicción, ni existen otros elementos que puedan ser tenidos en cuenta para favorecerla”.

Por otra parte, recordó que la Corte admite intervenir antes de la sentencia final cuando se verifica una violación “prístina y grosera” de las reglas de competencia y no existe otra vía de revisión eficaz.

La presentación también invocó precedentes en los que el máximo tribunal revocó decisiones sobre competencia cuando los hechos investigados se vinculaban con actuaciones desarrolladas en otra jurisdicción.

El expediente

La causa investiga un presunto esquema de lavado de activos alrededor de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, y de una flota de vehículos de alta gama.

Los principales investigados son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares de la empresa Real Central SRL, una sociedad vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La sospecha se basa en que Pantano y Conte no tendrían ingresos ni capacidad económica declarada acordes con el valor de la propiedad, valuada en alrededor de USD 17 millones, y tampoco de los vehículos.

Además, se investigan vínculos de la firma con la AFA: entre ellos, pagos por cerca de $ 415 millones a Real Central SRL bajo el concepto de servicios de logística y traslados.

La Corte Suprema dispuso que los créditos laborales, es decir los pagos que los empleadores adeudan a sus trabajadores, sin sentencia definitiva firme, deberán actualizarse bajo los criterios de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que prioriza la tasa pasiva fijada por el Banco Central y establece límites vinculados con la evolución del IPC.

Con este fallo, el Máximo tribunal dejó sin efecto las decisiones que habían ordenado reajustes directos por inflación más intereses y mandó dictar nuevos fallos conforme a la norma vigente.

La Ley 27.802 fija para los juicios laborales en trámite un piso del 67% del monto que resulte de actualizar el capital histórico según la variación del IPC y adicionar un interés anual del 3%. La regla alcanza a los juicios en trámite, incluidos los recursos de queja pendientes de resolución.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el expediente “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido”.

La causa llegó a la Corte luego de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inconstitucionales las leyes que prohíben la actualización monetaria de las deudas.

Las empresas demandadas presentaron recursos extraordinarios contra esas decisiones, que fueron concedidos parcialmente.

Modernización laboral

La Ley de Modernización Laboral fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026 y rige desde esa fecha. En su artículo 55 establece que los créditos derivados de relaciones individuales de trabajo deben calcularse “a través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina”.

El mismo artículo determina que el monto obtenido con esa pauta no puede superar el importe que resulte de adicionar al capital histórico la aplicación del IPC suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, junto con el interés anual previsto en la norma.

La disposición también establece que esas reglas son “de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte”.

Al examinar las apelaciones, la Corte recordó el criterio de su propia jurisprudencia sobre los cambios normativos durante un juicio. Antes de resolver el fondo de los recursos, el tribunal señaló que sus sentencias “deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal”.

Los jueces añadieron que, si durante el proceso se dictan normas sobre la materia discutida, el pronunciamiento debe considerar las modificaciones introducidas por esos preceptos cuando se trate de situaciones de las que no es posible prescindir.

Con esa pauta, la Corte entendió que la Ley 27.802 establece de manera taxativa los criterios de ajuste aplicables a las causas laborales que no cuentan con sentencia definitiva firme. Por ese motivo, consideró innecesario pronunciarse sobre los planteos que habían motivado las apelaciones federales.

El tribunal dejó sin efecto las resoluciones recurridas y ordenó que se dicten nuevos fallos de acuerdo con la Ley 27.802.

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, envió a juicio oral y público al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de aceptar las pruebas que presentaron los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, tras casi ocho años de investigación.

En el marco del sistema Acusatorio, la defensa cuestionó la decisión y anticipó que apelará el rechazo de las medidas probatorias que había solicitado e insistirá para que se realicen nuevas pericias contables.

Según el abogado de Urribarri, el doctor Miguel Cullen, el análisis de la fiscalía se basó en un informe “inconcluso” y parcial, elaborado con ingresos y egresos de toda la familia. Además, objetó que se hubiera avanzado sobre el patrimonio personal de Urribarri sin participación de los abogados defensores.

Cullen indicó que “la contadora Romina Stepanic Puey, vinculada al Ministerio Público, y el profesional propuesto por la defensa habían acordado inicialmente un estudio sobre el patrimonio familiar, desmembrando el informe sin participación de la defensa”.

Agregó que “de haberse continuado con el criterio inicial y habiendo obtenido la documentación restante que la misma fiscalía reconoció, revelarían de poder completarse, que la familia posee un patrimonio absolutamente equilibrado”.

Detalló que en el informe pericial “no se pudieron incorporar todos los ingresos del hijo futbolista de Urribarri en 3 clubes de fútbol, y sobre todo, el más importante de los años de juego en Grecia”.

La acusación fiscal

La causa contra Sergio Urribarri investiga un supuesto incremento patrimonial injustificado de $ 11.546.740,92, USD 7.245.441 y 16.300 euros.

Según el planteo fiscal, Urribarri habría recurrido a terceros para disimular la titularidad real de dinero, vehículos, propiedades y otros activos. Entre esas personas aparece el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, vinculado a la empresa Relevamientos Catastrales S.A., que fue contratista del Estado entrerriano.

La investigación sostiene que Cardona Herreros habría puesto a disposición su estructura empresarial, empleados y nombre para canalizar pagos, viajes, compras y registraciones de bienes. La fiscalía analiza si esa intervención permitió ocultar quién era el propietario efectivo de determinados recursos.

También está involucrado Rubén Ángel Martínez, relacionado con Relevamientos Catastrales. Martínez resolvió su situación procesal a través de un juicio abreviado.

En el expediente figura como titular de un Ford Focus Ghia adquirido en 2011 por $ 117.000. Sin embargo, las autorizaciones para manejar ese vehículo estaban extendidas a favor de familiares directos de Urribarri, incluidos su hijo Mauro Gabriel Urribarri y su esposa, Ana Lía Liliana Aguilera.

La pesquisa incluyó gastos por viajes internacionales de Urribarri y su entorno familiar a destinos como Atenas, París, Roma, Cancún, Miami, Nueva York, Londres y Río de Janeiro.

Además, se revisaron inmuebles en Puerto Madero y la Ciudad de Buenos Aires, reformas en una casa de Concordia, vehículos, un reloj Rolex, esculturas de Murano, una moto de agua, un gomón y equipamiento para la denominada Casa del Lago.

La Justicia deberá determinar si esos bienes y gastos guardan relación con los ingresos declarados por el exmandatario o si fueron adquiridos mediante fondos de origen no justificado.

La Corte Suprema de la Nación resolvió una serie de casos de alto impacto político en el marco de la disputa entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo hizo con la firma de sus tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Entre ellos, que la Inspección General de Justicia mantiene plenas facultades de fiscalización sobre la AFA mientras no se complete el trámite de cambio de domicilio al territorio bonaerense

En el primero de los casos, la Corte resolvió que las causas penales relativas a los “balances falsos” presentados en la AFA queden radicadas en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de dos investigaciones. Por un lado, la denuncia de Guilermo Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros directivos, por la supuesta omisión en la que habrían incurrido al no registrar en los balances de AFA los ingresos -aproximadamente de USD 300 millones- generados por el contrato celebrado con Tourprodenter LLC como agente comercial exclusivo.

El conflicto de competencia entre dos juzgados

En el marco de esta investigación, el conflicto de competencia se generó entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 de CABA y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, también de CABA, pero con competencia federal. La Corte, remitiendo al dictamen del Procurador, entendió que debía intervenir la justicia ordinaria de CABA ya que el balance falso es medio para la administración fraudulenta, y le corresponde a dichos tribunales su investigación.

El segundo caso resuelto es el vinculado con otra denuncia de Guillermo Tofoni, en la cual también está involucrado Tapia y otros directivos de la AFA, pero, en este caso, por supuestamente haber desviado dichos ingresos en beneficio propio, mediante transferencias sin justificación. El expediente en principio quedó radicado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 de CABA.

El pedido del juzgado de Campana

A su vez, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez González Charvay, solicitó la causa al juzgado de CABA, en virtud de que se encontraba investigando otra denuncia (causa “Pantano”, relativa a la adquisición de la mansión en Pilar) iniciada por Elisa Carrió, que supuestamente podría tener vinculación con la misma. En su denuncia, Carrió alegó que la mansión de Pilar había sido adquirida por una “empresa pantalla” llamada “Real Central SRL”, con fondos provenientes de la AFA desviados en favor de su tesorero, Pablo Toviggino.

La Corte, nuevamente por remisión al dictamen del Procurador, dejó sin efecto la intervención solicitada por el juez federal de Campana. Entendió que en esa localidad se investiga el delito de lavado de activos, que es autónomo de los delitos investigados en CABA y, por lo tanto, remitió la causa nuevamente al fuero ordinario de capital.

La IGJ como órgano de control

Por otro lado, ya fuera de las causas penales, la Corte falló a favor de la Inspección General de Justicia (dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques) al mantenerla como órgano de control de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo hizo con la firma de sus tres ministros (un voto conjunto de Rosenkrantz y Lorenzetti, con un voto concurrente de Rosatti), al revocar la sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil.

Los hechos de esta causa se vinculan a resolución 140/2026 de la IGJ, mediante la cual el organismo había denegado a la AFA la inscripción de la reforma de su estatuto, mediante el cual pretendía cambiar su domicilio y quedar bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Como consecuenca de ellos, también denegó a la AFA la cancelación de su inscripción.

Dicha decisión de IGJ fue cuestionada por la AFA ante la justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la nulidad de dicha resolución y en consecuencia tuvo por cancelada la inscripción de la AFA en el registro de la IGJ, permitiéndole entonces inscribirse en provincia. La decisión fue cuestionada por el órgano nacional ante la Corte.

Al apelar, el Estado nacional planteó que el fallo que avaló la mudanza convalidó “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización”.

La aclaración por el caso Levinas

En el fallo, el tribunal hizo una aclaración del precedente “Levinas”: entendió que debía analizar el recurso extraordinario ya que, si bien la sentencia provenía de la Cámara Nacional en lo Civil (y de acuerdo con “Levinas” debía pasar por el TSJ de CABA), el demandado era un organismo del Estado Nacional, por lo que, no correspondía la intervención del TSJ.

Además, la Corte señaló que trámite de cambio de domicilio de una sociedad exige la cancelación registral del domicilio anterior, que debe ser aprobada por el órgano de control. Es decir, la AFA para poder cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, previamente debe tramitar la cancelación registral ante IGJ. Mientras ello no ocurra, la entidad queda sujeta a la fiscalización del organismo.

Esto adquiere importancia teniendo en cuenta que la IGJ designó veedores a principios de este año a fin de fiscalizar la actividad de la AFA.

El Consejo de la Magistratura inició su proceso de renovación y, de cara al período 2026-2030, este jueves prestaron juramento tres jueces que se incorporarán al organismo en los próximos días.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo, Horacio Rosatti, tomó juramento a los jueces Marcelo Luis Gallo Tagle, Gabriela Alejandra Vázquez y Paula Andrea Castro, electos para integrar el organismo en representación del estamento judicial. La ceremonia se realizó en los términos de la Acordada N.º 33/2026, con la participación del vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y del ministro Ricardo Lorenzetti.

El cuarto electo, Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial, prestará juramento próximamente.

La ceremonia se realizó en el Salón Bermejo del Palacio de Justicia. Además de los ministros de la Corte Suprema, asistieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, Vanesa Siley, César Grau, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez y Santiago Viola, quien también se desempeña como viceministro de Justicia.

Entre los asistentes estuvieron el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, y el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller, junto con otros funcionarios del organismo, representantes del Congreso, funcionarios de la Corte Suprema e invitados de los nuevos consejeros.

En los próximos días prestarán juramento los representantes electos del estamento de los abogados: Alberto “Nacho” Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene. La nueva composición del Consejo de la Magistratura comenzará sus funciones el 18 de noviembre, cuando se produzca la renovación de los mandatos.

Los representantes salientes del estamento judicial son Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó; Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial; y Alberto Lugones, de la Lista Celeste.

El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene la tarea primordial de administrar y organizar la justicia federal y nacional.

Su labor más conocida es la de llevar adelante los concursos públicos de oposición y antecedentes cada vez que queda una vacante en un tribunal nacional o federal. Tras evaluar a los postulantes, el organismo elabora una terna con los tres mejores candidatos y se la envía al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a uno, cuyo nombramiento final requerirá luego la aprobación del Senado.

Otra de sus funciones esenciales se centra en el control y la disciplina de los propios magistrados de los tribunales. El Consejo recibe las denuncias por mal desempeño o faltas éticas, investiga las acusaciones y tiene la potestad de aplicar sanciones disciplinarias. En los casos de extrema gravedad, el cuerpo puede decidir la apertura de un proceso de remoción, suspender al juez en su cargo y formular la acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de destituirlo si se comprueban las irregularidades.

Por último, el organismo funciona como el gran administrador detrás de la estructura judicial. Tiene bajo su responsabilidad directa el manejo de todo el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Nación, lo que incluye el pago de sueldos, el mantenimiento de los edificios y la compra de insumos tecnológicos. Además, cuenta con facultades regulatorias, lo que le permite dictar los reglamentos internos necesarios para ordenar el trabajo diario de los tribunales y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia.

El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con nuevas declaraciones de los testigos pedidos por las defensas ante el Tribunal Oral Federal 7, que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por una supuesta estructura delictiva montada entre 2003 y 2015 para recaudar sobornos con obras y concesiones públicas.

El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero y el magistrado Néstor Costabel como suplente.

Se inició hace casi un año, el 5 de noviembre de 2025.

El debate seguirá el jueves próximo.

El Tribunal respondió a un planteo del acusado José María Olazagasti

El Tribunal concluyó que no le corresponde relevar de la obligación de guardar secreto al acusado José María Olazagasti, quien fue agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Además “se desconoce” el tenor de la información que quiere dar en su derecho de defensa y ante la insistencia por el “estado de indefensión” que argumenta la defensa por la obligación de guardar secreto se dispuso que su abogado pida el levantamiento del secreto ante la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Se libró nuevo oficio a la SIDE para comunicar lo dispuesto.

Por último el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori agradeció al personal por el “esfuerzo” puesto en la mudanza de su sede desde el Palacio de Justicia a Comodoro Py 2002, sin interrumpir las audiencias. El traslado se concretó esta semana.

El Tribunal escuchó a testigos pedidos por la defensa del exfuncionario Oscar Thomas

Se trata de ex funcionarios que trabajaron junto con el acusado en Yacyretá y declaran por videoconferencia. Se trata de los ingenieros Carlos Freaza y Daniel Muguerza.

Ambos dieron precisiones sobre lo que implicó el trabajo en la central hidroeléctrica de Yacyretá. Todos compartieron tareas en la Entidad Binacional. Los testigos negaron haber recibido alguna vez órdenes o pedidos para beneficiar a alguna empresa.

El ex chofer de Planificación dio detalles sobre su vínculo con Centeno

Antonio Cati culminó su declaración respondiendo preguntas del juez del Tribunal Germán Castelli.

Dijo que a veces los autos iban en “caravana” por ejemplo cuando se visitaba la quinta de Olivos. Y que su entonces jefe el acusado Walter Fagyas se pasaba al auto de Roberto Baratta que manejaba Centeno y él los seguía. Las preguntas estuvieron orientadas a chequear anotaciones que hizo este último en sus cuadernos.

“Una vez me dijo que se iba con Baratta, ni idea la relación que tenían”, explicó el testigo.

También contó que conoció a Centeno cuando hizo el servicio militar pero que se dieron cuenta de ello cuando se reencontraron en el Ministerio de Planificación Federal como choferes.

El ex chofer de Fagyas habló de un bolso para natación y contó que Oscar Centeno le indicó para quién prestaría servicios

El testigo, que actualmente trabaja con aplicaciones y antes se desempeñaba como taxista, declaró que fue conductor exclusivo de Walter Fagyas durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal. Según relató, lo recogía a las 8 de la mañana y terminaba su jornada entre las 20 y las 22, sin trasladar a otros pasajeros.

El testigo señaló que, al ingresar al Ministerio, el remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno lo llevó a la oficina de Fagyas y comenzó a trabajar para él ese mismo día. Explicó que Centeno se movilizaba con cinco choferes de una flota y que conversaban y tomaban mate.

Sobre los bolsos que llevaba Fagyas, el conductor afirmó que nunca vio nada fuera de lo habitual. Dijo que el exfuncionario tenía un bolso con ropa de natación y que quedó dentro del auto durante tres o cuatro meses.

Contó que recibió la citación por WhatsApp desde el tribunal y que, como hacía tiempo que no veía a Fagyas, le escribió para avisarle. Según relató, Fagyas le respondió que se había olvidado de comunicarle la convocatoria.

Fagyas trabajó bajo las órdenes directas del ex jefe de Centeno Roberto Baratta entre 2004 y 2013.

Al ser indagado en el inicio del juicio aceptó declarar y dijo que el bolso mencionado por Oscar Centeno en los cuadernos era un portatrajes. También sostuvo que en su mochila llevaba papeles de trabajo y ropa de natación.

Fagyas figura mencionado 120 veces en 98 fechas en los cuadernos. “Dice desde dónde me lleva y hasta dónde voy, pero no llevo una bitácora de mi vida. No recuerdo si alguna de esas citas es correcta; pudieron serlo. Las que sin dudas no tienen fundamento son aquellas en las que dice que recaudo dinero y lo llevo con Baratta a lo de Daniel Muñoz”, sostuvo en su indagatoria.

El exasesor estuvo detenido cinco meses. Contó que estudió en la universidad con Baratta, quien luego lo propuso para la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Refirió cuando fue indagado que a veces volvía con Baratta cuando se iba a su casa.

En dos de esos viajes, Centeno atribuyó a Fagyas el retiro de dinero en empresas, el reparto de un porcentaje junto con Baratta y el traslado posterior de bolsos con efectivo a la vivienda del exsecretario privado Daniel Muñoz. Fagyas rechazó esa versión.

“El famoso bolso era un portatrajes”, dijo cuando se lo indagó mientras exhibía el objeto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7.

Comenzó la audiencia

La audiencia comenzó con nuevos anuncios vinculados a testigos desistidos. Luego se inició la declaración del primer testigo de la jornada, Antonio Cati, ex chofer del acusado exfuncionario Walter Fagyas, cuya defensa pidió la declaración.

El testigo integraba la flota de choferes del Ministerio de Planificación, al igual que el remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno.

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Más de 70 ternas de candidatos para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación, entre las cuales se encuentran el juzgado federal con competencia electoral de Santa Fe y cinco cargos en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, además de cinco sillones hoy vacíos en el fuero federal La Plata, el de Familia y el de la Seguridad Social.

En las últimas semanas se dinamizaron los procesos de selección de magistrados. Esto es así dado que está todo encaminado para la renovación de consejeros del organismo que selecciona y controla a los jueces.

Este mes asumirán nuevos magistrados, abogados y académicos que fueron elegidos por votación; además de los legisladores que asumen según la distribución de los bloques en las dos cámaras.

El número se desprende de un relevamiento hecho entre las ternas votadas en las últimas reuniones de la comisión de Selección, que encabeza la abogada Fernanda Vázquez, y que integran los diputados Gonzalo Gabriel Roca y Vanesa Siley, los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; los abogados Alberto Maques, Jimena De la Torre y César Grau, los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola.

Este jueves la Corte Suprema les tomará juramento a los elegidos para representar a los jueces y en las últimas horas ya llegó la notificación para hacer lo propio con los encargados por el estamento de los abogados. Se aguardan además definiciones sobre designados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

El próximo Consejo comenzará a funcionar el próximo 18 de noviembre, encabezado por Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Selección aprobó en las últimas reuniones un total de 71 ternas que involucran a 296 candidatos (hay concursos en donde se definen varias vacantes). Algunos de esos cargos están pendientes desde hace años: el más antiguo se inició en octubre de 2019 y define tres puestos en las salas I, II y III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Otro de los concursos más postergados, desde abril del 2020, busca resolver dos vacantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, una en la Sala III y otra en la Sala V. Y hay otro concurso abierto en 2024 al que se sumaron otras tres sillas en las salas I, III y V.

Además, fueron aprobadas las ternas para ocupar juzgados federales en todo el país: el Juzgado N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral; el N° 3 de Morón, el N° 1 de Tartagal y el N° 1 de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y dos en la provincia de Córdoba por las jurisdicciones de Villa María y de San Francisco.

A esa lista se suman las definiciones para distintas Cámara Federales del país. La comisión aprobó ternas para tres vacantes de la Cámara de Apelaciones de La Plata; para dos vacantes de la Cámara Federal de Rosario (Salas A y B), para un cargo en la Cámara de Comodoro Rivadavia (Chubut) y otro en la Cámara de Posadas (Misiones). También se aprobaron ternas para una vacante en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala A), que hasta septiembre pasado contó con solo dos integrantes cuando se concretó la jura de dos nuevos jueces.

En otro orden, los consejeros también aprobaron postulantes para ternas en distintos tribunales orales: tres vacantes para el Tribunal Oral Federal de Corrientes, para dos en los Tribunales Orales de La Plata (el 1 y 2); para tres vacantes en los Tribunales Orales en Salta (dos cargos para el TOF Nº1 y un cargo para el TOF Nº 2); para un cargo en el Tribunal Oral de Tucumán y otro para el Tribunal Oral de La Pampa. Además, se votaron ternas para dos cargos en Tribunales Orales en lo Penal Económico Nº 2 y Nº 3 de la Capital Federal.

En materia de seguridad social, uno de los fueros más demandados por reclamos jubilatorios, la comisión aprobó ternas para cuatro vacantes de primera instancia.

Por último, la comisión aprobó ternas para cubrir 16 cargos en los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil (concursos de 2021 y 2024) y diez cargos en juzgados nacionales de familia (algunos en concursos anticipados).

Por concursos anticipados también se integraron ternas para cuatro juzgados en lo nacional comerciales y para ocho juzgados del fuero nacional en lo Criminal y Correccional. La lista se completa con dos cargos para juzgados de ejecución penal, encargados de controlar que condenados por distintos delitos comunes cumplan con esas sanciones.

La Cámara Federal porteña revocó la resolución que había admitido como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la causa que investiga la administración de fondos del fideicomiso vial SisVial, durante la actual gestión de Javier Milei. Además, dejó sin efecto las medidas de prueba ordenadas por el juez federal Ariel Lijo para determinar si hubo demoras en la reparación de rutas, al menos hasta que la decisión quede firme.

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola hicieron lugar a la apelación del fiscal federal Carlos Stornelli en una denuncia vinculada con la administración de recursos del fondo creado por el decreto 976/01 y la ejecución de obras en rutas nacionales. El fiscal dictaminó en agosto que debía desestimarse la presentación por inexistencia de delito.

La fiscalía recurrió a la Cámara Federal porque entendió que al admitirse a los querellantes y ordenarse prueba pedida por ellos fueron “vulneradas las reglas del debido proceso”. A pedido de estos últimos se cursaron pedidos de información al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

Esas medidas buscaban reconstruir el destino de los recursos, determinar la situación de obras viales y ahora quedaron suspendidas.

Sin perjuicio directo

Los jueces de la Sala I del Tribunal de Apelaciones sostuvieron que el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación exige que quien pretenda actuar como querellante haya padecido un perjuicio “real, especial, singular y directo” a causa del delito investigado. Los camaristas señalaron que el interés en que se investigue un presunto delito de acción pública no alcanza para obtener esa condición procesal. En esos casos, indicaron, corresponde a la fiscalía representar el interés general de la sociedad.

Respecto de Tolosa Paz, el tribunal entendió que su rol de denunciante, diputada nacional y usuaria de las rutas 3 y 5 no acredita una afectación individual derivada de los hechos bajo análisis. Según la resolución a la que accedió Infobae, los bienes jurídicos involucrados están vinculados “con la administración pública nacional y no con un derecho propio de la legisladora”.

La Cámara afirmó que tales circunstancias podían justificar una denuncia o demostrar interés en el avance de la investigación, pero no la condición de particular ofendida que requiere la ley para intervenir como querellante.

La situación de La Rioja

Los jueces aplicaron el mismo criterio a la presentación de Quintela, quien planteó consecuencias económicas, productivas, institucionales y sociales para su provincia a raíz de la falta de obras sobre rutas nacionales.

El fallo destacó que los decretos y la resolución citados en la denuncia no contienen una mención específica a La Rioja.

“El hecho de que varias rutas nacionales atraviesen el territorio riojano no transforma a la administración provincial en una damnificada directa por el manejo de fondos bajo jurisdicción nacional”, sostuvo la Cámara.

En agosto, el juez aceptó a ambos dirigentes como querellantes con un criterio amplio sobre la legitimación procesal. La resolución también incluyó pedidos de informes sobre obras de las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, así como de las rutas 73, 75 y 76 en La Rioja. La Cámara también suspendió esas diligencias que el juzgado había dispuesto a pedido de las querellas. Entendió que aquellas medidas habían sido ordenadas en función de los planteos de Tolosa Paz y Quintela y sin un requerimiento fiscal que impulse la acción penal, al menos hasta que su decisión quede firme en instancias de apelación.

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La fiscal federal Paloma Ochoa pidió abrir una investigación para determinar si el Gobierno argentino utilizó fondos públicos durante el operativo que permitió al dirigente brasileño Flávio Bolsonaro ingresar al país y luego partir desde Puerto Iguazú a Estados Unidos.

La fiscal presentó un escrito en ese sentido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lleva el caso, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Tras perder las elecciones en su país, Bolsonaro quedó alcanzado por medidas judiciales que le impedían salir de Brasil y le exigían entregar sus documentos de viaje.

Sin embargo, en un vuelo privado que salió de Puerto Iguazú e hizo escala en Guayaquil, Ecuador, el senador brasileño viajó con su esposa y sus dos hijas a Miami, en Estados Unidos.

En su país enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a operaciones con empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. También es investigado por el supuesto financiamiento irregular de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

La semana pasada Capuchetti dispuso medidas preliminares en la denuncia que se formuló contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por una presunta intervención irregular en el traslado del dirigente brasileño hacia Estados Unidos.

En una causa paralela, la fiscalía federal de Puerto Iguazú, en Misiones, descartó la existencia de delitos vinculados con su ingreso al país, algo que fue confirmado por la Fiscalía de Revisión de esa provincia. Esos antecedentes se remitieron a los tribunales federales de Retiro, desde donde se consideró que resta investigar si hubo alguna incorrecta utilización de fondos públicos.

La magistrada porteña había dispuesto algunas de las medidas que pidió la fiscal, entre ellas preservar imágenes de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre, en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Además se libraron oficios para preguntar si se recibió notificación oficial de alertas o avisos desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro.

La denuncia fue presentada por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. Se pide determinar si existió algún delito por parte de funcionarios argentinos en el ingreso y posterior salida del dirigente brasileño tras perder las elecciones de su país frente a Lula Da Silva.

Una fiscal reclamó que Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, siga preso y sea procesado por asociación ilícita y lavado de dinero a través de intermediación financiera no autorizada, que incluyó descuentos de cheques y préstamos por montos millonarios a clubes de fútbol además de manejo de fondos del juego clandestino.

En un dictamen de más de 200 carillas, que presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, la fiscal Cecilia Incardona pidió que la detención actual de Vallejo se convierta en prisión preventiva por riesgo de fuga. Además solicitó que sea procesado como supuesto responsable de montar una estructura delictiva dedicada al lavado de activos, evasión e intermediación financiera no autorizada.

La investigación postula que Vallejo habría organizado un entramado de sociedades vinculado a Sur Finanzas entre 2020 y 2025. La Fiscalía pidió medidas contra 15 personas físicas y seis empresas y los planteos serán ahora analizados por el juez que lleva el caso y deberá tomar una decisión.

Vallejo quedó preso en la cárcel de Ezeiza por presunto incumplimiento de las condiciones que se le fijaron para seguir en libertad durante la investigación. La semana pasada amplió su declaración indagatoria y ahora debe definirse su situación procesal.

Los clubes de fútbol

En el dictamen donde reclamó que quede preso e imputó a nuevos acusados, la fiscalía detalló que entre muchas otras operaciones, Sur Finanzas habría descontado cheques de la Asociación Atlética Argentinos Juniors por $ 600 millones, a una tasa nominal anual adelantada del 100 %, y otorgado un préstamo de $ 200 millones el 23 de diciembre de 2024.

En cuanto a San Lorenzo de Almagro se menciona un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $ 416 millones al 30 de junio de 2025, vinculado con préstamos y cesiones de cheques, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae. Esto se suma a los contratos que se investigan con el Club Atlético Banfield. La defensa sostuvo que las tasas pactadas con los clubes no fueron usurarias.

Según la acusación, entre 2024 y 2025 Sur Finanzas “captó fondos del público, que ingresaban en las billeteras virtuales que abría a sus usuarios y que manejó confundidos con los propios, sin cuenta ni registro que los separara”.

“Esos fondos los colocó en operaciones de crédito y de gestión y adelanto de cheques de terceros” y en ese marco “descontó cheques a la Asociación Atlética Argentinos Juniors, que le cedió cheques por $600.000.000 a una tasa nominal anual adelantada del 100 %, y le prestó, el 23 de diciembre de 2024, $200.000.000 al 40 % anual más un 1,5 % mensual”.

En ambos casos, el dictamen cita a los clubes para describir la presunta intermediación financiera no autorizada de la empresa de Vallejo, sin incluirlos como imputados o atribuirles algún delito.

Casino online clandestino y personas vulnerables

Según el dictamen, la investigación detectó operaciones presuntamente destinadas a introducir al circuito formal fondos de origen cambiario, tributario, previsional y del juego clandestino.

Los fondos de las billeteras de tres acusados provenían para la fiscalía de la explotación de un casino online clandestino y supuestas defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros que se investigan en otra causa penal en La Plata. “Al menos desde fines de 2023 y hasta al menos agosto de 2024, una organización integrada, entre otros, por Mauro Perrotta, Cristian Alejandro Scigliano, Juan Ignacio Campoli Sillero, Ignacio Leonel Marchioni y Catriel Taubenschlag captó personas en situación de vulnerabilidad económica. Con sus datos biométricos abrió a su nombre cuentas en billeteras virtuales, que usó como cuentas recaudadoras de las apuestas de ese casino”.

Lo recaudado era recibido por estos imputados que “lo dispersaban y lo reintegraban al circuito formal, entre otros medios, a través de proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas”. La sociedad y sus directores “lavaron el producto de un delito de terceros”.

La acusación sostiene además que parte de los fondos se habría originado en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que, de acuerdo con el Banco Central, mantuvo tenencias de moneda extranjera por encima del límite declarado. La Fiscalía calculó que esa operatoria generó una ganancia mínima de $ 207.097.354.

Entre las maniobras investigadas figura la constitución de Sur Finanzas Group en 2021. El Ministerio Público Fiscal afirmó que la sociedad se creó con capital proveniente de Concordia y que luego recibió otros $ 23.313.000 mediante cuentas de la madre del financista y también imputada en el caso, Graciela Vallejo y la firma Roma Inversiones.

También se analizan transferencias hacia cuentas personales y otras sociedades del grupo. La Fiscalía señaló que, entre noviembre y diciembre de 2022, Concordia transfirió $ 651.200.000 a cuentas de Ariel y Graciela Vallejo, además de otros $ 77.000.000 girados directamente a la firma Gestiones San Miguel S.A.

Inmuebles, sociedades y vehículos

El dictamen vincula el presunto circuito con la compra de la sede central de Sur Finanzas en Adrogué y de otro inmueble situado enfrente. Para la primera operación, la Fiscalía sostuvo que se declaró un precio de $ 45.000.000 y se presentó un préstamo de Roma Inversiones como justificación del origen del dinero.

La acusación también incluyó la adquisición de la totalidad de las acciones de Neblockchain S.A., empresa que luego pasó a llamarse Sur Finanzas PSP S.A. y que contaba con registro como proveedora de servicios de pago.

Otro de los hechos refiere a la compra de seis unidades funcionales en la calle Coronel Samuel Spiro de Adrogué. Según la Fiscalía, Cluster Palace Beach S.A. pagó USD 600.000 en efectivo por esos inmuebles, pese a que la sociedad no tendría ingresos ni actividad que justificaran la operación.

La causa además aborda la compra, inscripción y venta de una Ferrari California. El dictamen afirma que el rodado fue adquirido por $ 152.100.000, registrado a nombre de Catriel Taubenschlag y luego de Cluster Palace Beach, y vendido posteriormente por USD 250.000. La Fiscalía vinculó esa secuencia con una presunta maniobra para ocultar al comprador real y el origen de los fondos del descapotable que manejaba Vallejo.

La Fiscalía también solicitó procesamientos por evasión. En el caso de Sur Finanzas PSP, consignó una presunta evasión de IVA y Ganancias por más de $ 12.219 millones entre los ejercicios 2024 y 2025.

La Fiscalía afirmó que, tras los primeros allanamientos en diciembre de 2025, integrantes del grupo habrían retirado efectivo de sucursales, ordenado borrar registros y ocultado vehículos utilizados para el transporte de caudales.

La Justicia de Mar del Plata condenó a dos sociedades vinculadas a un emprendimiento inmobiliario a pagar $4.000.000 por daño moral a la propietaria de un departamento. La sentencia concluyó que las obras realizadas para intentar solucionar problemas de aislación redujeron la altura y la superficie del dormitorio principal por debajo de las medidas reglamentarias.

La resolución, firmada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 10, rechazó el pedido central de la demandante, quien pretendía la entrega de una unidad equivalente a la que había comprado o, de manera subsidiaria, la restitución del precio abonado. La jueza consideró que no se acreditó la existencia de los ruidos molestos denunciados ni que las fallas fueran imposibles de reparar.

La demandante —actualmente de 41 años— había adquirido en marzo de 2018 un departamento a estrenar con cochera en un edificio de Mar del Plata. Según expuso en la demanda, pagó USD 315.000 por la propiedad, además de gastos de comisión, escrituración, equipamiento y mejoras internas.

El conflicto comenzó, de acuerdo con el planteo judicial, a fines de 2019, cuando se ocupó el departamento lindero. La propietaria sostuvo que empezó a escuchar ruidos provenientes de la cocina vecina en su dormitorio principal, que limitaba con ese ambiente, y afirmó que las empresas reconocieron la situación y prometieron resolverla.

Durante 2020 se realizaron los primeros trabajos para insonorizar el dormitorio y el vestidor. La reclamante señaló que debió dejar temporalmente la vivienda para permitir las tareas y trasladarse a otro inmueble que tenía en la ciudad. También sostuvo que la pandemia demoró el avance de la obra.

La demanda indicó que las primeras intervenciones no resolvieron el problema. Luego, según la presentación, una firma especializada en acústica elaboró una propuesta para mejorar el aislamiento del departamento y se iniciaron nuevos trabajos durante 2021.

El reclamo tomó otra dimensión cuando la pareja de la propietaria concurrió al inmueble en agosto de ese año para verificar el estado de la obra. Allí advirtió que se habían instalado placas en las paredes y en el techo del dormitorio y del vestidor, con una reducción del espacio disponible.

La demandante sostuvo que las modificaciones alteraron la funcionalidad de ambos ambientes. Señaló que el descenso del cielorraso y el desplazamiento de las paredes impedían utilizar el dormitorio en las condiciones previstas al momento de la compra y decidió detener las tareas antes de que continuaran las intervenciones.

En el expediente se incorporó un acta notarial realizada en septiembre de 2021 y un informe privado de arquitectura. Ese documento sostuvo que el dormitorio tenía una altura inferior a la exigida por el Reglamento General de Construcciones y que el vestidor había perdido espacio de circulación.

La pericia oficial produjo una conclusión distinta respecto del problema acústico. La profesional designada en el proceso indicó que no había elementos suficientes para confirmar defectos de insonorización o establecer que el ruido excediera los niveles normales de tolerancia en un edificio de propiedad horizontal.

La jueza remarcó que no se presentó una prueba acústica ni testimonios que acreditaran los ruidos denunciados. También valoró que la arquitecta que elaboró el informe privado respondió, durante la audiencia de prueba, que no había percibido problemas acústicos con sus propios sentidos durante la inspección.

La sentencia agregó que, aun si hubiera existido una deficiencia de aislación, la pericia señaló que podía corregirse mediante distintas tecnologías, como placas, paneles y membranas acústicas. Por ese motivo, descartó que correspondiera reemplazar el departamento por otro inmueble o resolver el contrato de compraventa.

El fallo sí tuvo por probado que las obras posteriores modificaron las dimensiones del dormitorio principal. La pericia determinó que la altura quedó reducida a 2,24 metros, por debajo de los 2,40 metros previstos por el reglamento, mientras que la superficie descendió a 9,97 metros cuadrados, apenas por debajo del mínimo de 10 metros cuadrados.

La resolución consideró que esas alteraciones incumplieron reglas de construcción y podían generar un perjuicio para la propietaria. Por esa razón, responsabilizó a la sociedad vendedora y a otra firma que, según el juzgado, se presentó ante el público como desarrolladora del emprendimiento y generó una expectativa de respaldo sobre la ejecución de la obra.

La jueza rechazó, en cambio, los reclamos contra el presidente de una de las sociedades, dos profesionales de arquitectura y dos terceros citados al proceso. Entendió que no se acreditó que hubieran intervenido en las modificaciones que redujeron el dormitorio ni que existieran elementos para atribuirles responsabilidad personal.

Tampoco prosperaron los pedidos de daño emergente, lucro cesante y daño punitivo. La sentencia sostuvo que no se probaron los gastos vinculados con la compra, las mejoras o la mudanza, ni la imposibilidad de habitar o alquilar el departamento. También descartó una conducta maliciosa o un trato indigno que justificara una multa civil.

Para fijar el daño moral, la magistrada consideró que la reducción del dormitorio podía provocar angustia y preocupación que excedían las molestias cotidianas. Estableció la indemnización en $4.000.000, con un interés del 6% anual desde septiembre de 2021 hasta la sentencia y, desde entonces, la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La parte resolutiva condenó a las dos empresas demandadas al pago de esa suma, más intereses y costas. La sentencia difirió la regulación de honorarios y recordó que, si las sociedades apelan, deberán realizar un depósito judicial equivalente al capital, los intereses y una estimación del 25% para costas, bajo apercibimiento de que el recurso sea declarado desierto.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió elevar la indemnización por la destrucción total de un automóvil y ordenar que se calcule según su valor actual, tras concluir que la aseguradora rechazó el siniestro fuera del plazo legal. El tribunal también incrementó el resarcimiento por privación de uso, confirmó el daño moral y admitió una multa por daño punitivo.

El conflicto se originó por un accidente ocurrido el 20 de agosto de 2022 en la avenida Córdoba antes del cruce con Gallo, en la Ciudad de Buenos Aires. El demandante —de 21 años en ese momento— sostuvo que circulaba por esa arteria cuando un camión salió de manera repentina de un lugar de estacionamiento. Para evitar impactarlo, cambió de dirección y chocó contra una camioneta que se encontraba detenida.

El vehículo involucrado era un Peugeot 208 modelo 2017, que tenía una póliza vigente al momento del hecho. Dos días después del accidente, el titular denunció el siniestro ante la compañía de seguros. El 8 de septiembre de ese año envió un correo electrónico en el que afirmó que la unidad tenía destrucción total y adjuntó un presupuesto de reparación.

Ese presupuesto ascendía a más de $2,1 millones y advertía que todavía faltaba revisar y cotizar repuestos y mano de obra una vez que el vehículo fuera desarmado. La aseguradora rechazó la cobertura por destrucción total mediante una carta documento fechada el 12 de octubre de 2022, con el argumento de que el costo de reparación no alcanzaba el porcentaje previsto en la póliza.

La compañía sostuvo que la destrucción total solo se configuraba si el costo de reparación superaba el 80% del valor de mercado del vehículo. Según su evaluación, los daños representaban un porcentaje inferior a ese límite. También planteó que la cobertura había sido contratada por una sociedad y que el demandante era solo el conductor de la unidad.

La sentencia de primera instancia, dictada en septiembre de 2025, entendió que existía una relación de consumo y que correspondía aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. El juzgado consideró que el vehículo estaba destinado al uso particular y que no se había acreditado que integrara una actividad comercial o productiva.

El juez de primera instancia también determinó que la aseguradora había aceptado de manera tácita el siniestro. La Ley de Seguros establece un plazo de 30 días para que las compañías se expidan sobre el derecho del asegurado, desde que reciben la denuncia o la información complementaria que resulte necesaria.

En ese sentido, el juzgado observó que la empresa no realizó un pedido concreto de documentación adicional luego del correo electrónico del 8 de septiembre. La respuesta formal llegó más de 30 días después, por lo que consideró que el rechazo había sido tardío y que la obligación de indemnizar ya había quedado consolidada.

La primera resolución fijó una condena de $3,85 millones. Ese monto incluía $3,15 millones por la suma asegurada, $200.000 por privación de uso y $500.000 por daño moral. También estableció intereses equivalentes al doble de la tasa activa del Banco Nación, desde la mora hasta el pago efectivo, y rechazó el pedido de daño punitivo.

En la apelación, el demandante cuestionó que la indemnización se limitara al valor asegurado en 2022. Argumentó que, por el tiempo transcurrido y la suba del precio de los vehículos, ese importe ya no permitía comprar una unidad equivalente. La aseguradora, en tanto, pidió revocar el fallo y sostuvo que no se había configurado la destrucción total prevista en la póliza.

La Sala F de la Cámara confirmó que el rechazo de cobertura fue extemporáneo. Los jueces tomaron como punto de partida el correo electrónico enviado el 8 de septiembre de 2022, cuando el reclamante comunicó que solicitaba la cobertura por destrucción total. Como la carta documento fue emitida el 12 de octubre, el tribunal contabilizó 34 días y tuvo por configurada la aceptación tácita.

Los magistrados señalaron que, una vez vencido ese plazo, la aseguradora no podía invocar después defensas para evitar el pago. Por esa razón, consideraron innecesario analizar si los daños alcanzaban o no el 80% del valor del vehículo, dado que la discusión sobre ese requisito contractual había quedado desplazada por la falta de respuesta dentro del término legal.

La Cámara también modificó el criterio sobre el límite de cobertura. Indicó que la suma asegurada no puede aplicarse de modo automático cuando, por la demora de la compañía, queda reducida a una fracción del valor real del bien. En la causa, una pericia había estimado que el vehículo valía entre $16,5 millones y $18 millones hacia fines de 2024.

Por ello, ordenó que la indemnización se calcule sobre el valor que la aseguradora use actualmente para cubrir un vehículo de similares características y con la misma antigüedad que tenía la unidad al momento del accidente. Si ese modelo ya no se comercializa, deberá tomarse como referencia el que lo haya reemplazado o el más parecido disponible en el mercado.

Además, la Cámara elevó de $200.000 a $300.000 la compensación por privación de uso. Consideró que este perjuicio no derivó directamente del choque, sino de la falta de pago oportuno de la prestación asegurativa. El tribunal fijó como fecha de mora el 6 de octubre de 2022, 45 días después de la denuncia del siniestro.

El fallo confirmó los $500.000 por daño moral. Los jueces entendieron que el incumplimiento y la demora de la compañía afectaron al demandante, quien tuvo que iniciar una demanda para obtener el reconocimiento de su derecho. También admitieron una multa de $1 millón por daño punitivo, al considerar que la conducta de la aseguradora mostró un incumplimiento grave frente al consumidor.

La sentencia dispuso que, para la indemnización principal calculada a valores actuales, se aplique una tasa pura anual del 6% desde la mora. Si el pago no se concreta dentro de los 10 días posteriores a que la decisión quede firme, deberá utilizarse la Tasa de Interés Moratorio fijada por el Banco Central. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de la aseguradora.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó una demanda por daños y perjuicios contra un municipio del noroeste del Gran Buenos Aires, un colegio privado de la localidad, la administradora de la institución y la aseguradora citada en garantía. La reclamante pedía una indemnización inicial de $1,1 millones por una lesión en el pie que, según sostuvo, sufrió al tropezar en una vereda en mal estado frente al establecimiento educativo.

La sentencia de primera instancia, firmada el juzgado número 1, concluyó que la demandante acreditó la atención médica y las lesiones que padeció, pero no logró demostrar que la caída hubiera ocurrido en el lugar, la fecha y las condiciones que describió en su presentación. El juez entendió que tampoco se probó un vínculo entre la lesión y una deficiencia en el mantenimiento de la acera.

La demanda había sido iniciada en noviembre de 2022. Allí, la mujer —de 34 años al momento del hecho— relató que el 3 de febrero de 2020, cerca de las 12.30, caminaba por la vereda cuando tropezó frente al colegio demandado.

Según su versión, la acera se encontraba deteriorada y presentaba irregularidades que representaban un riesgo para los peatones. Sostuvo que, tras el tropiezo, sufrió una torsión en el pie derecho y se dirigió por sus propios medios a un hospital, donde recibió una primera atención por un cuadro que habría sido considerado un esguince.

La demandante afirmó que, una semana más tarde, volvió a atenderse porque la inflamación y un hematoma habían persistido. En esa segunda consulta, indicó, le diagnosticaron una fractura del quinto metatarsiano con desplazamiento. También señaló que necesitó reposo durante más de 120 días y que tuvo dificultades para trabajar y realizar actividades habituales.

El reclamo incluyó pedidos de compensación por incapacidad sobreviniente, daño estético, gastos de traslado, medicamentos, daño psíquico y daño moral. La mujer sostuvo que, después del hecho, padeció dolores, hinchazón, hormigueo y limitaciones para caminar trayectos largos, permanecer de pie durante varias horas, usar determinado calzado y practicar deportes.

La presentación apuntó contra el establecimiento educativo, su entidad administradora y el municipio local. La demandante atribuyó responsabilidad al colegio por el deber de conservar la vereda frente al inmueble y al municipio por su obligación de controlar y mantener los bienes de uso público, entre ellos las calles y las aceras.

El municipio rechazó los hechos y planteó que, si existió una caída, pudo deberse a una falta de atención al caminar. También cuestionó las fotografías presentadas por la demandante, al sostener que no tenían fecha ni elementos que permitieran confirmar que correspondían al lugar y al momento del supuesto accidente.

En tanto, la entidad administradora del colegio negó que hubiera recibido avisos o pedidos de asistencia el día señalado en la demanda. Señaló que el establecimiento contaba con un servicio médico de emergencia y con registros de accidentes, pero que no existía constancia de un llamado, una atención o un reclamo vinculado con el episodio relatado.

La aseguradora también cuestionó que se hubiera acreditado el hecho. Indicó que las imágenes de la vereda no habían sido certificadas y sostuvo que no alcanzaban para establecer dónde y cuándo fueron tomadas. Además, afirmó que no se había demostrado que la eventual caída se relacionara con una anomalía específica de la acera.

Al analizar las pruebas, el juez consideró que las fotografías aportadas no permitían identificar con certeza el sitio del supuesto accidente. Según la sentencia, las imágenes mostraban una vereda dañada, pero carecían de referencias que ubicaran el lugar mediante calles, carteles, alturas u otros elementos verificables.

El fallo también examinó las declaraciones de dos testigos ofrecidas por la demandante. Ambas dijeron que conocían el episodio porque se los había relatado la propia mujer o personas de su entorno, pero no habían presenciado la caída. Para el juzgado, esos testimonios no permitieron reconstruir la mecánica del hecho ni confirmar las condiciones de la vereda el día indicado.

La documentación remitida por el hospital acreditó que la demandante fue atendida el 3 de febrero de 2020 por una lesión en el pie derecho. El libro de guardia consignó un diagnóstico de entorsis, mientras que la historia clínica incorporó una consulta posterior por una fractura del quinto metatarsiano con signos de consolidación.

La pericia médica estableció una incapacidad parcial y permanente del 2% por dolor crónico. El informe indicó que una fractura de esas características puede guardar relación con un mecanismo de torsión. Sin embargo, el juez remarcó que el peritaje podía acreditar lesiones y secuelas, pero no determinar si el accidente había sucedido en el lugar y de la forma expuestos en la demanda.

La pericia psicológica, a su vez, concluyó que la demandante no presentaba incapacidad psíquica. El juez valoró de manera conjunta esa prueba, la historia clínica y los testimonios, y tuvo por acreditado que existió una lesión. No obstante, señaló que faltaban elementos para responsabilizar al municipio, al colegio o a su administradora por su origen.

La sentencia indicó que la demandante podría haber presentado otras pruebas para acreditar el estado de la acera y la mecánica de la caída, como una inspección judicial del lugar cercana al momento del episodio, informes sobre reclamos previos por el mantenimiento de la vereda o una pericia técnica. Además, destacó que el municipio informó que entre 2020 y 2024 no recibió denuncias ni reclamos por reparaciones frente al establecimiento.

Con esos fundamentos, el juzgado entendió que no se acreditó una falla concreta en el servicio público ni una omisión atribuible a los demandados. Por ese motivo, rechazó la demanda, impuso las costas a la reclamante y reguló los honorarios de los abogados y peritos que intervinieron en el expediente.

En una nueva audiencia del juicio oral que corresponde al segundo tramo de la causa Vialidad, comenzaron a declarar los testigos propuestos por las defensas de los tres acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública: Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales; Gustavo Marcelo Gentili, ex gerente de Planeamiento; y Fernando Abrate, que lo continuó en el cargo.

Esta parte del expediente se enfoca en el presunto direccionamiento de contratos y la falta de control de obras a favor de las empresas del Grupo Báez.

El ingeniero Ricardo Oretes Garione, que trabajó en la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) y luego en Vialidad Nacional (DNV), dijo sobre Austral Construcciones que sabía que pertenecía a Lázaro Báez, pero no recordaba qué obras tenía.

Cuando el fiscal Diego Luciani le preguntó si el empresario tenía alguna relación con Néstor Kirchner, Garione respondió “No, que yo sepa, no”, aunque admitió que en 2003 los relacionaba por “conocimientos normales”.

Antes de que iniciara su exposición, los jueces le informaron que podía abstenerse de responder si alguna pregunta podía comprometerlo en otras causas relacionadas, donde se encuentra imputado por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.

Con esta prevención, Garione reconoció que cuando recibían una oferta por encima del presupuesto oficial no quedaba descartada de forma automática. En ese caso, la comisión evaluadora podía considerar conveniente adjudicarlas para no reiniciar un proceso licitatorio que, según dijo, podía demandar más de un año.

Explicó que la Vialidad Provincial analizaba las ofertas, adjudicaba las obras y pagaba a las contratistas dentro del régimen de convenios, mientras que Vialidad Nacional reintegraba luego esos fondos.

Un testigo de la defensa describió el rol de Ernesto Clarens

El empresario y presidente de Cavial S.R.L., Miguel Marcelino Aznar, relató una reunión con un hombre al que identificó como “Clarens”, en referencia al financista Ernesto Clarens, a quien describió como una persona que se movía en el ámbito de la obra pública y que aseguraba tener vínculos con funcionarios de Vialidad.

Según su versión, Clarens ofrecía servicios para acelerar cobros o descontar certificados cuando las constructoras atravesaban problemas de liquidez, aunque reclamaba una contraprestación. “Nosotros nunca aceptamos asumir ese costo que él pretendía”, sostuvo.

Declaró: “Clarens tenía relación con Vialidad, es lo que él decía, pero no sé con qué funcionarios”. Cuando le preguntaron sobre el monto o la modalidad de ese eventual pago, Aznar respondió que no lo recordaba con precisión: “Era una suma fija o un porcentual del cobro, o algo por el estilo”.

Consultado sobre su vínculo con Lázaro Báez y Austral Construcciones, Aznar respondió: “Nunca tuve relación ni con Lázaro Báez ni con la empresa”.

Por su parte, el ingeniero civil de Vialidad Nacional, Fernando Daniel Novoa, precisó que “no advertí un trato preferencial específico para Santa Cruz”.

Añadió que su área intervenía principalmente ante modificaciones de obra. Su tarea abarcaba la revisión de parámetros de diseño, capacidad de tránsito, ancho de calzada y banquinas, estructura vial, señalización y nuevos precios cuando correspondía.

Sobre el recorrido administrativo de los fondos, Novoa sostuvo que la contratista certificaba los trabajos ante Vialidad Provincial, que efectuaba los pagos. Luego, la repartición enviaba la documentación a Vialidad Nacional para solicitar el reintegro de las erogaciones.

Otro integrante de la DNV, Norberto Darío Subanich, afirmó que su sector no tenía personal técnico destinado a controlar cantidades de obra ni movimientos físicos en los trabajos realizados mediante convenios con provincias. También indicó que los acuerdos no eran redactados por su dependencia y que, por regla general, llegaban firmados.

En medio de los feriados previstos por la visita de León XIV, el Tribunal Oral Federal 2 fijó la próxima audiencia para el miércoles 25 de noviembre para seguir escuchando a los testigos de las defensas.

El 30 de mayo de 2025, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8 dispuso el archivo de la causa penal iniciada a partir de una presentación realizada por una denunciante contra Gustavo Marcelo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. La resolución ordenó archivar el expediente por inexistencia de delito y sostuvo que no estaba acreditada, ni siquiera de manera preliminar, la existencia de un hecho penal que permitiera sostener una hipótesis razonable de imputación.

La decisión cerró un recorrido que había comenzado en agosto de 2024 y atravesado la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, el fuero civil, un juzgado criminal ordinario, el fuero federal y, en una instancia institucional distinta, el Consejo de la Magistratura. En el curso de ese proceso, la denunciante manifestó primero que no quería impulsar una causa penal y, meses después, pidió hacerlo. El juzgado tomó en cuenta ese cambio, pero consideró que no se habían incorporado pruebas objetivas suficientes para sostener la investigación.

La resolución penal no se limitó a señalar una cuestión formal o a disponer el archivo porque faltara una condición procesal. El juzgado afirmó que, tras analizar las actuaciones, no encontraba elementos que permitieran acreditar la existencia misma de un delito. Entre sus fundamentos mencionó contradicciones, ambigüedades y omisiones en las declaraciones, la falta de pruebas independientes que las corroboraran y la ausencia de testimonios presenciales, documentación o pericias que permitieran reconstruir los hechos denunciados.

El inicio de las actuaciones y el paso por distintos fueros

Según la resolución del Juzgado Federal N.º 8, las actuaciones se iniciaron el 30 de agosto de 2024, cuando la denunciante se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica. Allí relató seis hechos que, según su presentación, podían encuadrarse en conductas previstas por la Ley 26.485. El caso fue derivado inicialmente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17.

El 6 de septiembre de 2024, ese juzgado se declaró incompetente en razón de la materia. Entendió que los hechos denunciados podían involucrar el supuesto aprovechamiento de la investidura de Hornos como magistrado y el uso de recursos estatales. Con esa interpretación, el expediente pasó al fuero federal.

En paralelo, la presentación también dio lugar a actuaciones en el fuero civil. La cobertura periodística de esos primeros días informó que el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 12 había dispuesto medidas cautelares de protección, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto. Esas medidas fueron adoptadas en el marco del expediente civil y tenían carácter precautorio; no constituían una sentencia penal ni una declaración sobre la existencia de un delito.

La denuncia y esas medidas tuvieron amplia repercusión pública. El 6 de septiembre de 2024, Página/12 publicó una nota sobre la presentación judicial; el 1 de octubre informó sobre el archivo inicial de la causa y la actuación pendiente en el Consejo de la Magistratura; y el 10 de noviembre volvió sobre el expediente y la convocatoria de la denunciante a declarar ante ese organismo.

La primera decisión de archivo

Una vez recibido el expediente en el fuero federal, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal N.º 9. El fiscal solicitó inicialmente el archivo por imposibilidad de proceder. Entre los fundamentos reseñados por el juzgado figuraba que algunos de los hechos denunciados podían corresponder a delitos dependientes de instancia privada, cuya persecución requería que la persona afectada impulsara la acción penal.

La resolución indicó que, antes de esa decisión, la denunciante había manifestado en distintas oportunidades que no quería iniciar un proceso penal. El 20 de septiembre de 2024 declaró ante el Ministerio Público Fiscal y remitió a un escrito en el que afirmó que había concurrido a la Oficina de Violencia Doméstica para solicitar medidas de protección, no para iniciar una denuncia penal. También expresó que no quería que los hechos fueran investigados en sede penal, administrativa ni en otro ámbito distinto de la Justicia Civil.

El juzgado reseñó además que el fiscal había advertido imprecisiones e inconsistencias en el relato y que no contaba con una declaración circunstanciada que permitiera precisar los hechos y reconstruir lo ocurrido. El 25 de septiembre de 2024 se dispuso el archivo inicial por imposibilidad de proceder, con la posibilidad de revisar esa decisión si surgían nuevos elementos.

Nuevas presentaciones y reapertura del análisis

Después del primer archivo, la denunciante envió numerosas comunicaciones a dependencias judiciales y fiscales. La resolución de mayo de 2025 da cuenta de más de cuarenta correos electrónicos y de la presentación de enlaces a audios que, según la denunciante, registrarían conversaciones con Hornos. También menciona otras presentaciones relacionadas con los hechos denunciados y con la difusión de aspectos de su vida privada.

El Ministerio Público Fiscal evaluó esas comunicaciones y concluyó que no aportaban elementos suficientes para reabrir la investigación penal. En algunos casos, las presentaciones dieron lugar a la extracción de testimonios y su remisión a la Justicia Contravencional para analizar posibles situaciones de hostigamiento vinculadas con la difusión de información personal contra el propio juez.

En abril de 2025, el Juzgado Federal N.º 8 aceptó la competencia sobre otra causa vinculada, identificada como CCC 69769/2024, y dispuso su acumulación al expediente principal. Esa causa se había iniciado a partir de testimonios remitidos desde el fuero civil y refería, según la resolución, a hechos sustancialmente similares. El juzgado resolvió también archivar esas actuaciones al considerar que no se habían incorporado elementos nuevos que justificaran reabrir la investigación.

Más adelante, la denunciante manifestó que quería impulsar la acción penal y pidió ser reconocida como víctima. El 20 de mayo de 2025 fue admitida como parte querellante. La resolución final toma expresamente en cuenta ese cambio de posición: señala que la voluntad de instar la acción penal había sido manifestada, pero que eso no resolvía el problema que el tribunal consideraba central, es decir, la falta de elementos probatorios objetivos para sostener una hipótesis de delito.

La resolución final en la causa penal

El 30 de mayo de 2025, el Juzgado Federal N.º 8 ordenó el archivo de la causa CCC 47.509/2024. En el tramo central de su decisión, sostuvo que “no se encuentra acreditada, ni siquiera de modo preliminar, la existencia de un hecho con relevancia penal que permita sostener una hipótesis razonable de imputación”.

El juzgado afirmó que las declaraciones incorporadas al expediente presentaban contradicciones, ambigüedades y omisiones que impedían reconstruir de manera fiable los hechos. También señaló que no había testimonios presenciales ni elementos documentales o periciales que corroboraran el relato. Respecto de los correos electrónicos y audios aportados, indicó que el Ministerio Público Fiscal no los había considerado elementos nuevos con claridad o precisión suficientes para modificar su evaluación.

La resolución concluyó que no se trataba de un archivo por razones de oportunidad o conveniencia, sino de la imposibilidad de acreditar la existencia de un delito con el material reunido. En la parte dispositiva, el tribunal ordenó el archivo por inexistencia de delito, de acuerdo con el artículo 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.

La revisión del Consejo de la Magistratura

La causa penal y la actuación disciplinaria del Consejo de la Magistratura fueron procedimientos diferentes. El Consejo abrió su propio expediente a partir de presentaciones relacionadas con el caso y reunió antecedentes judiciales, documentación y declaraciones.

El 29 de octubre de 2025 recibió el testimonio de la denunciante. En su Resolución 84/2025, fechada el 2 de diciembre de ese año, el Consejo sostuvo que había analizado las actuaciones vinculadas y que había permitido a la denunciante exponer su versión. Al valorar el material, consideró que el relato no tenía la precisión temporal y consistencia fáctica que el organismo entendía necesarias para sostener una hipótesis de mal desempeño. También señaló que no encontraba elementos objetivos, precisos y concordantes que acreditaran una conducta atribuible al magistrado que justificara continuar con el procedimiento disciplinario. Por esos motivos, el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar la denuncia contra Hornos. Esa decisión pertenece al ámbito disciplinario (no se trata de la resolución penal de mayo de 2025).

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7 de la Capital Federal postergó el inicio del nuevo juicio oral contra el ex policía Luis Chocobar, acusado por la muerte de Juan Pablo Kukoc durante una persecución ocurrida en el barrio porteño de La Boca en diciembre de 2017.

La decisión dejó sin efecto las audiencias que habían sido previstas para el 25 y 27 de noviembre, y para el 2, 9 y 11 de diciembre de 2026. El debate fue suspendido mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza recursos de queja y un recurso extraordinario presentados en el expediente.

Chocobar había sido condenado en 2021 a dos años y medio de prisión por homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló esa sentencia en 2024 al considerar que existían inconsistencias en los fundamentos del fallo y ordenó realizar un nuevo juicio.

El caso se originó tras el asalto a Frank Joseph Wolek, un turista estadounidense que fue atacado con un cuchillo por Kukoc y otro joven. El exintegrante de la Policía Bonaerense, que estaba fuera de servicio, persiguió a los sospechosos y efectuó disparos.

Kukoc recibió heridas de bala y murió días después en el Hospital Argerich. La defensa del ex agente cuestiona la realización de un segundo debate con el argumento de que implicaría una nueva persecución penal por los mismos hechos.

El planteo ante la Corte Suprema

Los recursos pendientes en la Corte Suprema, que derivaron en la postergación sin fecha del juicio de Luis Chocobar, tienen como argumento central el reclamo de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, un principio que se conoce como non bis in idem.

Para la defensa, a cargo de Fernando Soto, Chocobar ya atravesó un juicio oral que terminó con una condena en 2021. Aunque esa sentencia fue anulada en 2024 por deficiencias en su fundamentación, sostiene que volver a someterlo a debate lo expone otra vez a una persecución penal por el mismo episodio.

En su planteo, señaló que la nulidad de la sentencia no debería derivar en una repetición completa del juicio, porque entendió que el ex policía no puede cargar con las consecuencias de las deficiencias atribuidas a los magistrados que dictaron el fallo original. Por eso reclamó que se cierre el proceso a su favor, en lugar de celebrar otro debate oral.

Hasta ahora, los tribunales que intervinieron rechazaron esa postura. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires consideró que la garantía contra la doble persecución no se vulnera porque el ex policía había sido condenado —no absuelto— y porque la sentencia fue declarada inválida.

Luis Chocobar pidió la baja voluntaria de la Policía Bonaerense. Actualmente estudia Derecho y obtiene ingresos como vendedor de medias en la Feria de Parque Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires.

En septiembre pasado fue sobreseído en una causa por presunta estafa vinculada a la Fundación Chocobar: la Justicia concluyó que no se acreditaron engaño ni perjuicio patrimonial a los donantes.

La Justicia federal ordenó a Transcont SRL, una empresa dedicada al transporte de cargas y servicios logísticos, pagar una multa de $2.490.228, más intereses y costas, impuesta por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). La sanción se originó en una fiscalización que detectó irregularidades en la gestión de residuos especiales y materiales peligrosos, con riesgo potencial de contaminación del suelo y del sistema pluvial, y en el posterior incumplimiento de un plan de adecuación ambiental exigido por el organismo.

La decisión fue adoptada por el juez Elías Alfredo Tapia, titular del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N.º 5, quien este miércoles rechazó la defensa presentada por la compañía y dispuso que continuara el procedimiento judicial iniciado para obtener el cobro de la deuda.

El conflicto se remonta a 2024, cuando una inspección de ACUMAR identificó deficiencias en las condiciones de gestión ambiental de un establecimiento de Transcont SRL. Según las actuaciones administrativas incorporadas al expediente, las observaciones estaban relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, cuya gestión incorrecta representaba un riesgo para el entorno.

A raíz de esas constataciones, la firma fue calificada como agente contaminante e intimada a presentar un Plan de Adecuación Ambiental de categoría C, destinado a corregir los incumplimientos identificados. El requerimiento fue comunicado el 24 de octubre de 2024 mediante la plataforma electrónica Trámites a Distancia (TAD).

La exigencia se encuentra contemplada en la Resolución 12/2019 de ACUMAR, que regula la fiscalización de establecimientos con incidencia ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. La normativa establece que pueden ser declarados agentes contaminantes aquellos que generen impactos negativos sobre el aire, el agua, el suelo o el ambiente en general, así como los que superen los límites permitidos para el vertido de efluentes líquidos.

Una vez recibida esa calificación, los responsables deben presentar un programa que detalle las medidas destinadas a subsanar las deficiencias, con objetivos, plazos e indicadores de cumplimiento. En los planes de categoría C, la presentación debe realizarse dentro de un máximo de 30 días hábiles, mientras que su ejecución puede extenderse durante 12 meses, con posibilidad de una prórroga excepcional.

En el caso de Transcont SRL, la compañía no presentó la documentación requerida dentro del plazo correspondiente, circunstancia que motivó el avance del procedimiento sancionatorio.

El 20 de noviembre de 2024, ACUMAR le comunicó las condiciones de pago de la multa, la posibilidad de acceder a una reducción del importe mediante su cancelación voluntaria y las consecuencias de mantener el incumplimiento.

Finalmente, el 20 de febrero de 2025, la Dirección General Ambiental dictó la Disposición DI-2025-64-APN-DGAMB#ACUMAR, que formalizó la sanción económica. El acto administrativo, de acuerdo a las actuaciones, fue notificado electrónicamente al día siguiente.

El organismo encargado del saneamiento del Riachuelo

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es, en rigor, un ente público interjurisdiccional integrado por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue creado en 2006 mediante la Ley 26.168, en el contexto de la causa Mendoza, iniciada por vecinos afectados por la contaminación de la cuenca.

En junio de ese año, la Corte Suprema de Justicia intervino en el expediente y requirió a las autoridades la elaboración de un plan de saneamiento. Posteriormente, el 8 de julio de 2008, el máximo tribunal dictó una sentencia que estableció responsabilidades para las tres jurisdicciones y encomendó a ACUMAR la ejecución de las medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir nuevos daños.

El organismo tiene competencia sobre un territorio que abarca 14 municipios bonaerenses y parte de la Capital Federal. Actualmente está presidido por Lucas Martín Figueras, designado en enero de 2024, y cuenta con un Consejo Directivo conformado por representantes de las tres jurisdicciones.

Entre sus facultades se encuentran la inspección de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, la exigencia de medidas correctivas y la aplicación de sanciones frente a infracciones ambientales. Estas atribuciones comprenden la supervisión de la gestión de residuos, los efluentes y otras actividades con incidencia sobre la cuenca.

La defensa de la empresa y los fundamentos del juez

Tras el vencimiento de la obligación de pago, ACUMAR inició una ejecución fiscal contra Transcont SRL por $2.490.228, respaldada por el certificado de deuda N.º 1162. Frente a ese reclamo, la firma presentó una excepción de inhabilidad de título, un mecanismo procesal mediante el cual cuestionó la validez del documento utilizado para exigir judicialmente el importe.

Su planteo se concentró en la forma en que había sido comunicada la sanción. La empresa sostuvo que nunca recibió una notificación válida de la disposición administrativa que estableció la multa y señaló que una de las cédulas incorporadas al expediente había sido dirigida a un domicilio que no le correspondía.

También objetó que el acta respectiva no había sido confeccionada ni firmada por el oficial notificador. Según argumentó, esas irregularidades le impidieron conocer oportunamente la decisión, presentar los recursos administrativos disponibles y ejercer su derecho de defensa.

Con esos fundamentos, solicitó el rechazo de la ejecución fiscal y la imposición de las costas a la parte demandante.

ACUMAR, en cambio, aseguró que la resolución había sido debidamente notificada mediante la plataforma Trámites a Distancia, al domicilio electrónico constituido por la empresa. Por ese motivo, consideró que los cuestionamientos relacionados con una cédula en soporte papel resultaban improcedentes y sostuvo que el acto administrativo se encontraba firme.

Al examinar las posiciones, el juez Tapia explicó que los procedimientos de ejecución fiscal tienen un alcance limitado. En particular, remarcó que la excepción de inhabilidad de título permite discutir, como regla general, los requisitos formales del documento utilizado para reclamar una deuda, pero no revisar las circunstancias que determinaron su origen.

El magistrado recordó que la jurisprudencia admite excepciones cuando la inexistencia o ilegitimidad de la obligación resulta manifiesta y la aplicación estricta de las reglas procesales puede conducir a una situación de injusticia evidente. Sin embargo, consideró que esos presupuestos no se verificaban en el caso.

De todos modos, examinó las constancias administrativas acompañadas por el organismo y reconstruyó las comunicaciones efectuadas a lo largo del procedimiento. Así, constató que la intimación para presentar el plan de adecuación había sido notificada el 24 de octubre de 2024, que posteriormente se había informado la aplicación de la sanción y que la disposición definitiva fue comunicada el 21 de febrero de 2025.

Para resolver la controversia, el magistrado se apoyó en el Decreto 1063/2016, que reconoce la validez jurídica de las notificaciones realizadas mediante TAD. Esa disposición establece que las comunicaciones cursadas al domicilio especial electrónico constituido por los interesados tienen eficacia legal y garantizan la integridad y seguridad de la información transmitida.

En función de esas constancias, Tapia concluyó que la notificación electrónica de la multa había sido efectuada conforme al procedimiento previsto legalmente, por lo que los cuestionamientos relacionados con una eventual comunicación en papel no resultaban suficientes para invalidarla.

Con ese razonamiento, rechazó la defensa de Transcont SRL y ordenó continuar con la ejecución fiscal hasta que ACUMAR obtenga el pago de los $2.490.228 reclamados.

La sentencia dispuso, además, que el monto devengue intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco Nación, desde el inicio de la mora hasta su cancelación, y estableció que las costas del proceso queden a cargo de la empresa.

“Doctor Aníbal Ibarra, le hago una consulta, ¿va de acompañante en el auto?”, quiso saber el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, desde la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

“Nooooo, no estaría manejando y hablando. Estoy acompañando a una persona, estoy yendo a un lugar urgente y por eso tengo el cinturón de seguridad, tranquilo, está manejando otro”, fue la respuesta. “Dicho esto...”, aclaró el letrado, y siguió con su argumentación durante casi dos minutos.

Méndez Signori terminaba de escuchar a otro letrado defensor, José Manuel Ubeira, quien si bien estaba en el Zoom se encontraba dentro de una oficina, como es habitual. La discusión giraba en torno al tenor de las preguntas de la fiscal Fabiana León al testigo ex abogado de Centeno, Norberto Frontini, y la obligación de velar por el secreto profesional. En el inicio de la audiencia, el remisero Centeno -presente en la sala- aclaró expresamente que no relevaba a su ex letrado de la obligación de guardarlo.

En medio de ese clima, Ibarra acaparó la atención por dos minutos. Quiso intervenir a la distancia en la discusión y pidió la palabra en la sala virtual, es decir, con el ícono mano para arriba. Méndez Signori le dio la palabra al defensor del acusado Daniel Álvarez, ex secretario de los Kirchner.

-“Doctor Aníbal Ibarra, creo que tenía la mano levantada”, invitó el presidente del Tribunal. El Zoom se posó entonces en el cuadrito correspondiente al abogado: iba en un automóvil en movimiento, con cinturón de seguridad y auriculares blancos. Comenzó a exponer y a los pocos segundos, el juez lo interrumpió con tono tajante para saber si estaba manejando.

El juicio por el caso Cuadernos que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner se realiza de manera semipresencial, con la mayoría de las defensas conectadas a la plataforma Zoom que habilita el Tribunal y parte en la sala de audiencias, todos los martes y jueves. Lo habitual es que quienes se conectan a la distancia lo hagan desde sus estudios jurídicos u oficinas. Por eso la intervención de Ibarra llamó la atención de los jueces.

Los hermanos Jonathan Simón y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, fueron indagados este miércoles en la causa ANDIS. Ambos se negaron a responder preguntas del fiscal Franco Picardi y dieron su versión de los hechos a través de descargos escritos que presentó su abogado, Martín Magram.

Primero se presentó Jonathan, que está imputado como jefe de la presunta asociación ilícita que habría “cooptado”, según la acusación, la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Emmanuel, en tanto, fue señalado como miembro de la supuesta organización.

Las indagatorias se llevaron adelante en el Juzgado Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo. A partir de ahora, el magistrado deberá decidir si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito.

Según pudo saber Infobae de fuentes allegadas a la causa, en sus escritos los empresarios negaron haber integrado o dirigido una asociación ilícita, así como haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la administración pública o en negociaciones incompatibles con funcionarios de la ANDIS.

La defensa argumentó que la fiscalía les atribuye responsabilidad penal solamente por sus cargos como máximas autoridades de la compañía, lo que a su criterio vulnera el principio de culpabilidad y de derecho penal de acto, ya que la acusación “no describe ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya vinculada con los hechos”.

Los dueños de la Suizo Argentina explicaron que la facturación con la ANDIS representó “un porcentaje marginal” de sus ventas totales: 2,14% en 2023; 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025, según se desprende de los escritos.

Los pedidos de la defensa

La defensa de los Kovalivker volvió a plantear el cierre de la causa por considerar que los hechos ya se habían investigado en otra causa que tramitó ante el Juzgado Federal N° 7 de Sebastián Casanello, y que fue archivada por inexistencia de delito.

También pidieron la nulidad de la investigación por haberse originado a partir de los audios atribuidos a Spagnuolo, que están siendo peritados por Gendarmería, y que a criterio de los acusados son “de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”.

Finalmente, solicitaron que se deje sin efecto la inhibición general de bienes que ordenó el juez Lijo al llamarlos a indagatoria.

En su acusación, la fiscalía había hecho énfasis en que la compañía farmacéutica fue la principal proveedora de medicamentos de alto costo de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese lapso, le facturó al organismo $124.652.174.118, de acuerdo con los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En suma, los hermanos Kovalivker plantearon ante el juez Lijo que, del análisis de los teléfonos, cuadernos, registros de ingresos a barrios privados y documentación contable secuestrados en la causa, “la fiscalía no encontró ninguna comunicación, mención o instrucción atribuible” a los dueños de la droguería.

“Las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique participación delictiva”, justificaron desde el entorno de la Suizo Argentina.

La acusación fiscal

En su último dictamen, el fiscal Picardi planteó que la ANDIS funcionó como una ventanilla de pagos discrecionales administrada por la Suizo Argentina.

Los investigadores señalaron que la droguería “cooptó” la estructura de la ANDIS mediante acuerdos espurios con funcionarios de alta jerarquía, entre los que se encuentran el exdirector ejecutivo Diego Orlando Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini. La fiscalía sostiene que la empresa logró controlar y administrar las compulsas de precios del sistema informático SIIPFIS, el cual se utilizaba para adjudicar las compras estatales.

La acusación describe que el sistema de selección de proveedores fue reemplazado por un esquema de cartelización integrado por 14 droguerías “amigas”. A través de planillas de cálculo encontradas en los dispositivos tecnológicos secuestrados, los directivos de Suizo Argentina S.A. presuntamente definían con antelación qué firma ganaría cada compulsa, qué descuentos simularían las competidoras y cuáles se abstendrían de cotizar.

Siguiendo el razonamiento de la acusación, este mecanismo eliminó la competencia real y generó que el Estado pagara valores excesivos por los fármacos destinados a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. La fiscalía detectó diferencias de precios de hasta el 1000% entre las licitaciones generales y las compulsas reducidas o acotadas.

Emmanuel Kovalivker aseguró que “jamás intervino en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a privados u operaciones con organismos públicos”. Según su versión, sus tareas como vicepresidente se limitaron a la dirección de procesos productivos, logística, automatización de plantas (Tucumán, Junín, Ramos Mejía, Villa Lugano) y mejoras tecnológicas. Dijo que renunció el 30 de noviembre de 2025, con la causa ya iniciada.

Por último, este empresario sostuvo en su escrito que las conversaciones que se le imputan son “esporádicas, atemporales y fuera del objeto procesal”. Su defensa resaltó que los chats surgidos de su teléfono corresponden al período que va de julio a diciembre de 2023, previo a la gestión libertaria, y correspondían a “un proyecto logístico privado con laboratorios de antibióticos hospitalarios, el cual no prosperó” y sería ajeno a la ANDIS.

La Justicia Federal de Formosa ordenó devolver más de 1,1 millones de pesos a Carlos Miguel Javier Chagra, el hombre condenado por participar en la caza y muerte de un yaguareté en diciembre de 2022, luego de rechazar un planteo de la provincia y de la Fundación Red Yaguareté para que ese dinero también fuera destinado a la protección de la especie.

La controversia se originó por los intereses acumulados durante el proceso penal sobre los fondos que el acusado había depositado como garantía, cuyo rendimiento permitió cubrir la reparación económica establecida en la sentencia y dejó un excedente a su favor.

La decisión fue adoptada este martes por el juez Rubén David Oscar Quiñones, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, en el marco de la ejecución de una condena a tres años de prisión en suspenso y al pago de cinco millones de pesos por el daño provocado por la muerte del animal, ocurrida en una zona rural cercana a la ciudad de Clorinda.

El magistrado dispuso que, de los $6.179.651,22 disponibles en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina, cinco millones fueran utilizados para cancelar íntegramente la reparación fijada en septiembre, mientras que el remanente de $1.179.651,22 debía ser restituido al condenado, una vez descontados los gastos y comisiones bancarias correspondientes.

La medida recibió la oposición de la Fiscalía de Estado de Formosa y de la organización ambientalista que intervino como querellante en la causa. Ambas partes sostuvieron que la muerte de un ejemplar de una especie declarada Monumento Natural Nacional constituye un daño ambiental de carácter colectivo e intergeneracional y que la suma establecida originalmente resultaba insuficiente frente a la magnitud de sus consecuencias.

Sin embargo, Quiñones consideró que los intereses continuaban perteneciendo al titular del depósito y que el tribunal encargado de ejecutar una sentencia firme no podía ampliar las obligaciones económicas impuestas al condenado. Bajo ese criterio, rechazó que el dinero sobrante fuera afectado a programas de conservación, aunque dejó abierta la posibilidad de que la provincia promueva otras acciones judiciales para reclamar la recomposición o indemnización del perjuicio ambiental.

La disputa por los intereses de la reparación económica

El conflicto se produjo durante la ejecución de la sentencia dictada el pasado 7 de septiembre, que había establecido una reparación económica de cinco millones de pesos como parte de la condena contra Chagra.

La resolución dispuso que esa suma se distribuyera entre tres beneficiarios: dos millones de pesos para el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, otros dos millones para la Fundación Red Yaguareté y el millón restante para la Secretaría de Ambiente de la Nación, con destino exclusivo a programas de protección y conservación del felino.

Para integrar el monto, se había previsto utilizar los $3.770.000 depositados por Chagra en concepto de caución real durante la investigación. El saldo restante, de $1.230.000, debía abonarse en seis cuotas mensuales a partir de octubre: una primera de $230.000 y cinco pagos posteriores de $200.000.

Sin embargo, al momento de ejecutar la sentencia surgió una circunstancia que modificó el esquema original. El dinero inmovilizado durante el proceso había sido colocado en sucesivos plazos fijos judiciales y generado rendimientos que elevaron considerablemente el saldo disponible.

Según informó el Banco Nación, al vencimiento del último depósito, el 22 de octubre, la cuenta registraba $6.179.651,22, una cantidad superior al importe total de la reparación.

Ante esa situación, Chagra manifestó su conformidad para que los cinco millones fueran abonados de una sola vez con los fondos existentes. Lo hizo mediante un acta suscripta el 9 de octubre ante el Escuadrón 16 Clorinda de Gendarmería Nacional, en la que también solicitó recuperar el dinero sobrante.

La propuesta fue avalada por la fiscal general subrogante Laura Wolffradt, quien consideró que no existían objeciones para cancelar anticipadamente la totalidad de la obligación y restituir el excedente al condenado.

La Fiscalía de Estado provincial, en cambio, cuestionó la devolución de los intereses. En su presentación sostuvo que la muerte de un yaguareté configura un daño ambiental colectivo e intergeneracional, amparado por el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675.

También argumentó que la reparación establecida en septiembre era notoriamente insuficiente frente al perjuicio ocasionado y pidió que los rendimientos financieros fueran destinados al Ministerio de la Producción y Ambiente para financiar tareas de conservación de la especie.

La Fundación Red Yaguareté, representada por su presidente Norberto Nigro, con el patrocinio de la abogada María de las Mercedes González, adhirió a esa posición y solicitó que el excedente permaneciera afectado al resarcimiento ambiental.

Al analizar las presentaciones, el juez Quiñones distinguió entre la obligación económica establecida en la condena y la titularidad del dinero depositado como garantía judicial.

En primer término, explicó que la caución real constituye una garantía de carácter procesal destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones del imputado, pero que su constitución no implica transferir la propiedad de los fondos al Estado.

Bajo ese razonamiento, señaló que tanto el capital como sus intereses permanecen bajo titularidad de quien efectuó el depósito, salvo que una resolución judicial establezca expresamente otro destino. En este caso, la sentencia había identificado el importe nominal de la caución que debía utilizarse para integrar la reparación, sin disponer que la totalidad de los rendimientos financieros quedara afectada al mismo propósito.

Quiñones consideró, además, que la pretensión de la provincia implicaba modificar los alcances de una sentencia que ya había adquirido firmeza. En su resolución advirtió que destinar los intereses a Formosa supondría elevar la reparación por encima de lo dispuesto originalmente y agravar la situación económica del condenado sin sustento en la decisión judicial, en contradicción con las garantías constitucionales.

El magistrado también señaló que los cuestionamientos sobre la magnitud del daño ambiental y la insuficiencia de la suma fijada estaban dirigidos contra un aspecto de la condena de septiembre que no había sido impugnado. Por ese motivo, descartó que el monto pudiera revisarse durante la etapa de ejecución penal, cuya finalidad consiste en cumplir lo resuelto y no en incorporar nuevas obligaciones.

Así las cosas, el juez aclaró que esa decisión no impedía que la provincia de Formosa promoviera acciones de recomposición o indemnización del daño ambiental por las vías legales y ante la jurisdicción competente, conforme a los artículos 28 y 30 de la Ley 25.675.

Finalmente, ordenó al Banco Nación realizar las transferencias correspondientes a los tres beneficiarios y remitir los comprobantes dentro de los cinco días posteriores a cada operación. Una vez efectuados los pagos y deducidos los gastos bancarios, la entidad deberá informar el saldo definitivo para que se emita una orden de restitución a favor de Chagra, quien tendrá que percibir personalmente el dinero en la sucursal Formosa.

La cacería del yaguareté que terminó con una condena

El expediente que dio origen a la controversia comenzó a partir de un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2022, cuando un grupo de hombres persiguió durante varias horas a un yaguareté macho en una zona rural próxima a Clorinda, en el norte de Formosa, hasta darle muerte.

El episodio adquirió repercusión pública porque parte de la persecución y sus consecuencias quedaron registradas en videos difundidos posteriormente a través de redes sociales. En las imágenes se observaba el seguimiento de las huellas del felino y, en una secuencia posterior, al ejemplar abatido.

Los registros llegaron a manos de Nicolás Lodeiro Ocampo, de la Fundación Red Yaguareté, quien impulsó la denuncia que dio origen a la investigación. Las actuaciones contaron con la intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y posteriormente de la Justicia Federal de Formosa.

La pesquisa avanzó con la identificación de Chagra como una de las personas presuntamente involucradas. Durante un allanamiento realizado en febrero de 2023 en su domicilio, los investigadores secuestraron tres armas de fuego, municiones, miras telescópicas, un visor nocturno y otros accesorios utilizados para la caza.

También hallaron fotografías de animales silvestres abatidos, una imagen en la que aparecía la piel de un yaguareté y un cuero de puma conservado en un freezer.

A esos elementos se sumaron imágenes extraídas de un perfil de Facebook atribuido al acusado, en las que se observaba una cinta roja en su muñeca izquierda, similar a la que llevaba la persona cuya mano aparecía en las filmaciones incorporadas al expediente.

Durante la investigación, Chagra negó haber participado en la persecución y muerte del felino. También rechazó ser el hombre que aparecía en los registros audiovisuales y cuestionó la autenticidad del material utilizado como prueba.

Su defensa sostuvo que no existían testigos presenciales de la cacería, que no se había encontrado el cuerpo del animal y que su representado no estaba en Argentina cuando ocurrió el episodio. También objetó las condiciones de obtención y conservación de las grabaciones, mientras que las querellas consideraron que existían elementos suficientes para acreditar el hecho y vincular al acusado con las imágenes.

La causa avanzó hasta la instancia de juicio, con la intervención de la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa como querellantes.

Sin embargo, la postura del acusado cambió cuando se celebró un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía. Chagra reconoció su responsabilidad en la cacería y aceptó la imposición de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

El 7 de septiembre de este año, la Justicia Federal de Formosa dictó la sentencia que lo condenó como coautor del delito de caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravado por la intervención de tres o más personas, conforme al artículo 25 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna. La sanción representó el máximo previsto para esa figura agravada.

Se trató de la segunda condena en Argentina por la caza de un yaguareté. El primer antecedente se había registrado en agosto de 2025, cuando cuatro hombres fueron condenados por matar y carnear otro ejemplar en la zona de Ibarreta, también en Formosa.

El yaguareté, cuyo nombre científico es Panthera onca, fue declarado Monumento Natural Nacional mediante la Ley 25.463 de 2001 y se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina. Las poblaciones que subsisten en el país están distribuidas principalmente entre las yungas del noroeste, la región chaqueña y la selva misionera.

La pérdida de hábitat, la fragmentación de los ambientes naturales, la disminución de sus presas y la caza furtiva figuran entre las principales amenazas para su conservación. La población argentina se estima en unos pocos cientos de ejemplares, con diferencias significativas en su distribución y situación entre las distintas regiones.

La Justicia Federal dispuso una medida cautelar contra el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Jorge Gamal Abdel Chamía, quien en los últimos días protagonizó un escándalo al designar como jefa de despacho a la hija del magistrado que debía investigarlo por una denuncia de acoso sexual y violencia de género formulada por una empleada judicial.

El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que recientemente recibió el expediente, le prohibió a Chamía mantener cualquier tipo de comunicación con la denunciante, María Emilia Galván. Asimismo, la orden firmada por el magistrado Carlos Arturo Ochoa le impidió intervenir o adoptar decisiones administrativas que afecten la situación personal o de trabajo de la mujer.

La decisión se tomó a partir de una presentación realizada por el representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Juan Pablo Tripputi. El gremio solicitó el apartamiento del camarista para resolver cuestiones de superintendencia que involucren a la presunta víctima luego de una entrevista que brindó el juez Chamía a un medio provincial.

Durante el reportaje, el magistrado riojano reveló la identidad de la denunciante y expuso detalles de su entorno familiar y de su vida privada, según resolvió el Juzgado Federal cordobés. Estas declaraciones configuraron una revictimización que vulneró la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Inicialmente, la denuncia radicada por María Emilia Galván, hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván, tramitó en el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, quien delegó la investigación en el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz. La causa estuvo dos meses paralizada -hasta que el caso tomó estado público- y en el medio el Tribunal Oral Federal que integra Chamía designó a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el cargo de jefa de Despacho.

La decisión contó con el aval del camarista Mario Eduardo Martínez y la disidencia del tercer integrante del TOF, José Quiroga Uriburu, quien rechazó la incorporación de una “persona ajena” a la planta activa del tribunal. La funcionaria aún permanece en el cargo.

Cuando la denuncia por violencia y acoso tomó impulso, el juez riojano Herrera Piedrabuena se excusó, y así el expediente terminó en jurisdicción cordobesa.

El origen del conflicto

La situación comenzó a visibilizarse en abril de este año, cuando Galván, quien se desempeña como oficial en el tribunal riojano, presentó denuncias en sede administrativa y penal. La empleada relató que el detonante para romper el silencio fue la notificación del Acuerdo N° 7/2026, mediante el cual el tribunal le aplicó una suspensión de 20 días sin goce de sueldo por inasistencias injustificadas.

La mujer sufrió en 2024 un accidente cerebrovascular (ACV) que le dejó secuelas físicas y psiquiátricas permanentes, requiriendo medicación diaria y controles constantes.

Según su presentación, el tribunal rechazó las licencias médicas presentadas -a fines de diciembre de 2025, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen de alta médica laboral- y le exigió reiteradamente el retorno presencial a sus tareas en La Rioja, lo que agravó su cuadro clínico.

En su acusación penal por violencia de género, la oficial describió diversos episodios de acoso que atribuyó a Chamía. Relató comentarios inapropiados sobre su cuerpo en eventos sociales, insinuaciones de índole sexual en el despacho del tribunal y descalificaciones constantes hacia su desempeño profesional. Ante el temor que le provocó la convivencia laboral con el magistrado, la agente se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde realiza tareas bajo la modalidad de trabajo remoto.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja tiene pendiente de resolución un recurso de reconsideración sobre la designación de la hija del juez Herrera Piedrabuena.

La flamante jefa de despacho emitió un comunicado el último fin de semana para defenderse de los señalamientos, y apuntó contra el gremialista Triputti. “Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio”, se defendió Herrera Piedrabuena.

Sin mencionar el conflicto de intereses por la denuncia contra Chamía, destacó que su designación “está respaldada por el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional el que establece cómo se cubren estos cargos”. Este punto “manda valorar la aptitud y el título para la función, la idoneidad y la conducta demostradas en los cargos ocupados, debidamente registradas y calificadas, y por último, la antigüedad”, refirió.

Y completó: “Las mujeres dedicamos años de esfuerzo al estudio, al trabajo y a la capacitación para acceder también a puestos de mayor responsabilidad. Ese esfuerzo debe tener un reconocimiento real cuando se evalúa nuestra idoneidad. No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’”.

Un juzgado de primera instancia de Lomas de Zamora rechazó una demanda contra una entidad bancaria por la negativa a permitir el uso de un baño dentro de una sucursal. El reclamante había pedido una indemnización por daño moral y daño punitivo, además de que se ordenara habilitar sanitarios para personas mayores y se publicara la sentencia a cargo de la demandada.

La resolución, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 9 de Lomas de Zamora, concluyó que no se acreditó un trato indigno ni una conducta antijurídica de la entidad. El magistrado también entendió que la negativa a facilitar el acceso a los sanitarios respondió a criterios de seguridad y no vulneró las normas de defensa del consumidor invocadas en la demanda.

Según la presentación inicial, el hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2024 en una sucursal ubicada en la ciudad de Lomas de Zamora. El demandante, de 75 años en ese momento, había acudido al lugar para retirar dinero con el propósito de realizar un pago y, mientras esperaba ser atendido, manifestó que necesitaba ir al baño por una urgencia fisiológica.

El escrito indicó que primero consultó a un agente de seguridad en la planta baja, quien le informó que no había baños disponibles. Luego pidió hablar con el gerente y fue derivado al sector comercial, donde obtuvo un turno de atención después de que el sistema informara que se había alcanzado el límite de turnos para esa área.

El reclamante sostuvo que, cerca de las 13.45, una empleada le informó que los baños no estaban habilitados para el público por una normativa interna vinculada con la seguridad bancaria. De acuerdo con su relato, pidió conocer esa regulación y solicitó una copia o una fotografía del documento que le exhibieron, aunque aseguró que esos pedidos fueron rechazados.

También afirmó que la trabajadora le entregó una anotación manuscrita con una referencia para buscar información en el sitio web de la entidad. En la demanda, cuestionó el modo de atención recibido y señaló que debió retirarse del banco para buscar un baño en otro comercio de la zona.

El demandante planteó que atravesaba un problema de salud que le generaba necesidades urinarias frecuentes y que se encontraba bajo estudios médicos. Sobre esa base, vinculó el episodio con el deber de brindar un trato digno a los consumidores y con la protección especial prevista para las personas mayores.

La acción incluyó un pedido de daño moral, una multa por daño punitivo y una obligación de hacer. En particular, solicitó que la entidad habilitara o construyera baños destinados a clientes de la tercera edad dentro de esa sede, además de pedir la difusión pública de una eventual sentencia favorable.

La entidad bancaria rechazó los hechos y negó que hubiera existido maltrato. En su respuesta, sostuvo que el reclamante recibió atención inmediata y que se le explicó que los sanitarios no se encontraban disponibles para uso público debido a razones de seguridad, privacidad y control de las instalaciones.

La defensa afirmó que no existe una obligación general para que las sucursales bancarias ofrezcan baños a quienes concurren como clientes. También señaló que permitir ese acceso podría impedir controles de seguridad, ya que se trata de espacios privados donde no corresponde instalar cámaras ni disponer vigilancia permanente.

El juez valoró un informe incorporado al expediente y sostuvo que no surgía de las normas del Banco Central de la República Argentina ni de las cámaras bancarias una exigencia que obligara a habilitar baños públicos en las entidades financieras. Para el tribunal, esa ausencia no implicaba un incumplimiento de la legislación de consumo.

La sentencia remarcó que la negativa al uso del baño no configuró, por sí sola, una situación humillante, vejatoria o vergonzante. El fallo consideró que se trató de una medida relacionada con la prevención de delitos y la protección de clientes y empleados dentro de los establecimientos bancarios.

Además, el magistrado observó que el demandante no acreditó haber informado al personal, desde su ingreso a la sucursal, la existencia de una condición de salud que justificara una atención prioritaria. La resolución mencionó que las regulaciones bancarias contemplan mecanismos de prioridad para personas con discapacidad, embarazadas o quienes concurren con niños en brazos.

El juzgado también analizó el testimonio de la pareja del reclamante y la documentación presentada. Señaló que no se probó cuánto tiempo permanecieron en el banco ni que hubiera existido una demora indebida en la atención, mientras que el ticket aportado solo registraba una hora determinada sin permitir establecer una espera excesiva.

Por último, el fallo consideró impreciso el planteo de inconstitucionalidad contra una eventual normativa bancaria contraria a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La sentencia rechazó la demanda, impuso las costas al demandante y dejó para una etapa posterior la regulación de honorarios.

La Justicia Federal condenó a una aerolínea a pagar una indemnización a dos pasajeros por los daños derivados de la cancelación y reprogramación de un vuelo entre Buenos Aires y Miami. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que el viaje se demoró y que la empresa no logró demostrar que hubiera cumplido con sus obligaciones de asistencia ni que hubiese adoptado las medidas necesarias para evitar el perjuicio.

Los demandantes, ella de 75 años y él de 80, habían contratado un itinerario de ida y vuelta desde Ezeiza hacia Miami, con una escala en Santa Cruz de la Sierra. La salida estaba programada para el 4 de enero de 2024 y el regreso, para fines de ese mes. El objetivo del viaje era comenzar unas vacaciones que incluían un crucero con partida desde el puerto de Miami tres días después de la fecha prevista de arribo.

De acuerdo con la demanda, los pasajeros llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, realizaron el check-in, despacharon sus valijas y abordaron la aeronave. El avión comenzó a desplazarse con dirección a la pista, pero quedó detenido antes del despegue. Poco después, personal de la compañía les informó que debían regresar a la terminal y descender por un inconveniente técnico.

Tras el desembarque, los viajeros debieron retirar el equipaje que ya habían entregado y volvieron a la sala de espera. Según relataron, hacia las 16.30 no tenían certezas sobre una alternativa para continuar el viaje.

La demanda sostuvo que la falta de información se extendió durante varias horas y que recién cerca de las 20 les comunicaron la posibilidad de volar a la mañana siguiente a Santa Cruz de la Sierra. Los pasajeros afirmaron que permanecieron toda la noche en Ezeiza a la espera de una definición y que la compañía no les ofreció una solución que les permitiera llegar a destino en la fecha inicialmente contratada.

El 5 de enero, luego de un nuevo trámite de embarque, lograron partir hacia Bolivia cerca del mediodía, según el relato incorporado al expediente. La situación, de acuerdo con los reclamantes, continuó en el aeropuerto de conexión: allí no recibieron una confirmación inmediata sobre el vuelo a Miami y temieron perder el embarque del crucero que tenían contratado.

Finalmente, los pasajeros fueron ubicados en un vuelo que despegó desde Santa Cruz de la Sierra hacia Miami a las 23.10 del 5 de enero. En la demanda calificaron el episodio como una odisea de 32 horas, desde la cancelación inicial hasta la salida hacia el destino final. Llegaron a Estados Unidos el 6 de enero, un día después de lo previsto.

La compañía aérea reconoció que el itinerario sufrió una modificación, aunque atribuyó la cancelación a una falla detectada en el sistema de combustible de la aeronave. Sostuvo que la decisión respondió a criterios de seguridad operacional y que no era posible realizar el vuelo en esas condiciones. También aseguró que había suministrado comidas y alojamiento a los pasajeros durante la espera.

La empresa argumentó que el caso debía resolverse bajo las reglas del Convenio de Montreal de 1999, que regula la responsabilidad de las compañías en los vuelos internacionales. El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 2 coincidió con ese encuadre, aunque explicó que la norma obliga al transportista a probar que tomó las medidas necesarias para evitar el daño o que no podía adoptarlas.

El magistrado concluyó que la aerolínea no aportó elementos suficientes para acreditar la causa específica de la cancelación. Tampoco presentó pruebas que permitieran verificar que había ofrecido comidas, hospedaje u otros servicios incidentales durante las horas de espera en Ezeiza y en la escala boliviana.

La sentencia también señaló que la empresa no demostró que el vuelo asignado a los pasajeros hubiera sido la opción más inmediata posible. Para el juzgado, las aerolíneas que comercializan itinerarios con fechas y horarios determinados deben contar con recursos para enfrentar inconvenientes técnicos sin trasladar sus consecuencias a los viajeros, salvo ante circunstancias que no puedan superarse razonablemente.

Por la noche de hotel perdida en Miami, el tribunal reconoció una indemnización de $253.190,11. El monto equivale a la mitad de la estadía contratada, ya que la reserva incluía dos noches y la demora solo afectó la primera. Además, fijó $60.000 por gastos de comida y bebida, pese a que no existieron comprobantes directos de cada consumo.

El fallo rechazó, en cambio, el reintegro de un cargo adicional vinculado con el hotel porque no fue probado en el expediente. También descartó valorar como daño autónomo la frustración de una reunión familiar que los pasajeros habían proyectado para el día de llegada, al considerar que no existía prueba directa de ese encuentro y que no era una consecuencia que la empresa pudiera prever.

La mayor parte de la condena correspondió al daño moral, que fue fijado en $1,2 millones. El juzgado entendió que la cancelación, la noche de espera en Ezeiza, la incertidumbre durante la escala y la pérdida de parte de las vacaciones excedieron las molestias habituales que puede generar un viaje aéreo.

La resolución rechazó el pedido de una multa civil o daño punitivo. El juez sostuvo que el Convenio de Montreal no permite otorgar indemnizaciones de carácter punitivo en reclamos por transporte aéreo internacional. La empresa deberá pagar la suma reconocida dentro de los diez días desde que la sentencia quede firme, mientras que los intereses se calcularán desde el 4 de enero de 2024.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que una aseguradora deberá cubrir el robo de una motocicleta pese a que el débito automático de la póliza había sido rechazado por falta de fondos. La Sala C del tribunal revocó una sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda y concluyó que la empresa incumplió su deber de informar al cliente sobre la falta de pago y la suspensión de la cobertura.

El caso se originó a partir de la sustracción de una motocicleta Yamaha FZ16 160 que estaba estacionada en la vía pública en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Según la demanda, el dueño dejó el vehículo y, al regresar el 10 de marzo de 2022, comprobó que había sido robado. Tras el hecho, hizo la denuncia policial y también inició el trámite administrativo ante la compañía.

El motovehículo estaba amparado por una póliza mensual que tenía vigencia entre el 19 de febrero y el 19 de marzo de 2022. El reclamante —actualmente de 29 años— sostuvo que había adherido el pago de la prima al débito automático y que desconocía que la entidad bancaria había rechazado el cobro por saldo insuficiente. También afirmó que, al momento de efectuar la denuncia del robo, la aplicación de la aseguradora mostraba la cobertura como activa.

La compañía rechazó el siniestro pocos días después. Argumentó que el pago de la prima no se había realizado y que, por esa razón, la cobertura se encontraba suspendida cuando ocurrió el robo. Para respaldar su postura, invocó una cláusula de la póliza que preveía la suspensión automática desde las 24 horas del vencimiento impago, sin necesidad de intimación previa.

En su demanda, el dueño de la moto cuestionó esa decisión. Planteó que la aseguradora debió advertirle que el débito había fallado y que, a partir de esa circunstancia, el seguro podía quedar sin efecto. Reclamó el valor de reposición del vehículo, que estimó inicialmente en $700.000, además de $500.000 por la privación de uso, $600.000 por daño moral y una multa civil de $500.000.

El juzgado comercial que intervino en primera instancia rechazó la demanda el 10 de julio de 2025. La magistrada consideró que el vínculo entre las partes debía analizarse a la luz de la Ley de Seguros, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, pero entendió que las normas específicas del contrato de seguro resultaban aplicables en este caso.

La sentencia de primera instancia tuvo por acreditado que el débito automático de $2.539 fue rechazado en febrero de 2022. También señaló que la póliza establecía de forma expresa que la falta de pago suspendía la cobertura sin requerir una intimación judicial o extrajudicial. Bajo ese criterio, sostuvo que el incumplimiento del pago colocó al asegurado en mora de manera automática.

La jueza agregó que la ley prevé que la falta de pago de la prima libera a la aseguradora de responder por un siniestro ocurrido antes de que el monto sea abonado. Consideró, además, que el demandante había recibido información suficiente sobre las condiciones de la póliza, la vigencia del seguro y la fecha de pago, por lo que no correspondía imponer a la empresa una obligación de aviso que no surgía del contrato ni de la ley.

El fallo de primera instancia también descartó que la situación justificara una excepción al régimen general. Según esa resolución, el deber de información tiene por finalidad permitir que el consumidor conozca las características y condiciones relevantes de un servicio antes de contratarlo, pero no obligaba a la aseguradora a comunicar cada incumplimiento posterior vinculado al pago.

La Cámara Comercial adoptó una postura diferente. Los jueces entendieron que la discusión no se limitaba a la falta de pago de la prima, sino que incluía una posible vulneración de los derechos del consumidor. En particular, analizaron si la empresa había cumplido su obligación de advertir al cliente que el débito automático no se había concretado y que la cobertura podía quedar suspendida.

Para el tribunal de alzada, el hecho de que el asegurado hubiera adherido al débito automático revelaba su intención de mantener al día el pago del seguro. La Cámara destacó que ese sistema había sido ofrecido por la propia compañía y que no surgía de la prueba que la aseguradora hubiera notificado el rechazo del débito ni informado de manera clara que la póliza ya no brindaba cobertura.

Los camaristas consideraron que la cláusula de suspensión automática no era suficiente para eximir a la empresa de sus obligaciones frente al consumidor. Explicaron que, en una relación de consumo, una advertencia sobre la pérdida de cobertura resulta especialmente relevante, ya que permite al cliente regularizar el pago y evitar quedar sin protección ante un robo, un accidente u otro siniestro.

La resolución remarcó que la aplicación móvil de la aseguradora permitió cargar la denuncia administrativa luego de la sustracción de la motocicleta. Para la Cámara, esa circunstancia pudo reforzar la convicción del usuario de que el contrato seguía vigente. Por esa razón, concluyó que la falta de aviso sobre el rechazo del débito impidió que el cliente corrigiera la situación antes de que se produjera el hurto.

Con ese fundamento, el tribunal sostuvo que la aseguradora no podía invocar luego la suspensión de la cobertura para negarse a pagar. La Cámara entendió que existió un incumplimiento del deber de información, advertencia y prevención de daños. A partir de esa conclusión, consideró innecesario resolver el planteo de inconstitucionalidad de la norma que regula la falta de pago de la prima.

La sentencia ordenó a la compañía informar, dentro de los diez días, qué suma utiliza actualmente para asegurar una motocicleta de características similares y con la misma antigüedad que tenía la robada al momento del hecho. Si ese modelo ya no estuviera disponible en el mercado local, deberá tomar como referencia el vehículo que lo haya reemplazado o uno de prestaciones equivalentes.

Además, la Cámara reconoció $1.000.000 por privación de uso y otros $1.000.000 por daño moral. Rechazó, en cambio, el pedido de daño punitivo al considerar que no se acreditó una conducta intencional, habitual o de especial gravedad por parte de la aseguradora. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de la empresa demandada.

El Poder Ejecutivo propuso a Daniel Eduardo Rafecas para ocupar la Vocalía 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La solicitud dirigida al Senado de la Nación lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nominó a Rafecas para integrar la Casación Nacional en base al resultado del concurso por el que postuló al cargo en 2018. Se trata del tribunal que revisa las sentencias de los 30 tribunales orales en lo criminal de la ciudad.

Rafecas aspira a la Casación después de 22 años como juez federal y con una carrera judicial que comenzó en 1986, cuando tenía 19 años. Desde su entorno, señalaron que el magistrado está dispuesto a concretar el ascenso, que implicaría volver al ámbito en el que se formó: la Justicia Nacional en lo Criminal.

La candidatura, que surge luego de la frustrada propuesta para que fuera procurador general, representa un ascenso tras su trayectoria en los tribunales de Comodoro Py.

Antecedentes

La trayectoria de Daniel Rafecas en la Justicia federal abarca causas por delitos de lesa humanidad, corrupción, terrorismo y libertad de prensa. En varios de esos expedientes, sus resoluciones derivaron en procesamientos, elevaciones a juicio o medidas de prueba.

Entre las investigaciones por corrupción, estuvo a cargo del caso de las coimas en el Senado, que elevó a juicio. También ordenó los primeros allanamientos en la causa Ciccone, vinculada con la empresa encargada de imprimir billetes.

Su juzgado intervino, además, en el expediente por los gasoductos asociados a Odebrecht. En esa causa procesó y envió a juicio al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otros acusados. A su vez, dictó el procesamiento del ex jefe del Ejército César Milani por enriquecimiento ilícito.

En el caso de los bolsos de José López, Rafecas ordenó la detención del ex secretario de Obras Públicas, lo procesó y remitió el expediente a juicio.

En la causa por los crímenes del Primer Cuerpo del Ejército, investigó el accionar de unos 300 represores y procesó, entre otros, a Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Reynaldo Bignone y Ramón Graffigna.

También dispuso una medida alternativa para tres menores identificados como skinheads: debían asistir a una clase en el Museo del Holocausto, en reemplazo de una sanción penal.

En relación con el atentado contra la AMIA, procesó a nueve ciudadanos iraníes y libaneses acusados de ordenar o ejecutar el ataque. La resolución se basó en la ley de juicio en ausencia, que permite avanzar en el proceso contra imputados que no están sometidos a la jurisdicción argentina.

En la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman por el memorándum con Irán, Rafecas dispuso la desestimación en dos oportunidades. Esas decisiones fueron confirmadas por la Cámara y por el fiscal de Casación.

Entre sus medidas más recientes figuran los archivos de las denuncias que el presidente Javier Milei presentó contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad. Las resoluciones estuvieron vinculadas con la protección de la libertad de prensa.

También archivó una denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa del ex vocero presidencial Manuel Adorni dentro de una comitiva oficial. La fiscal Mangano entendió que no había delito y no impulsó la investigación.

En otro expediente, ordenó el allanamiento y el decomiso de una quinta atribuida a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Pilar. En el procedimiento se secuestraron 64 vehículos.

Su eventual llegada a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional modificaría sus funciones dentro del sistema judicial. Dejaría las investigaciones de primera instancia para intervenir en la revisión de sentencias dictadas por tribunales orales.

El juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, participó del Foro sobre Antisemitismo Latinoamericano, realizado el 1 y 2 de noviembre en Buenos Aires, donde expuso sobre los discursos de odio, la discriminación y los límites de la libertad de expresión. El encuentro fue organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en el marco del segundo plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), cuya presidencia ejerce Argentina durante 2026.

La IHRA es una organización intergubernamental fundada en 1998, integrada por 35 países, que promueve la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio del pueblo romaní. Argentina ejerce su presidencia entre marzo de 2026 y febrero de 2027, con Marcelo Mindlin al frente. Es el primer país sudamericano en asumir esa responsabilidad.

El foro reunió a magistrados, diplomáticos, representantes de organismos internacionales y líderes religiosos para analizar las manifestaciones de antisemitismo en América Latina. La agenda incluyó debates sobre inteligencia artificial, la enseñanza del Holocausto y los discursos de odio en internet.

El camarista Borinsky intervino en el panel “Libertad de expresión y discursos de odio”, junto con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Doris Morales, bajo la moderación de Jorge Knoblovits.

Durante su exposición, titulada “Discursos de odio, discriminación y antisemitismo. De los puentes institucionales a las acciones concretas”, sostuvo que el Holocausto estuvo precedido por un proceso de estigmatización de la población judía mediante discursos, publicaciones, caricaturas y disposiciones normativas.

También se refirió al incremento de las manifestaciones antisemitas desde el 7 de octubre de 2023, particularmente en espacios públicos, universidades y plataformas digitales.

El magistrado repasó los criterios establecidos en la Estrategia de Naciones Unidas contra el Discurso de Odio de 2019, la Ley 23.592 contra la discriminación y la definición de antisemitismo adoptada por la IHRA, a la que caracterizó como una herramienta de orientación que no reemplaza la legislación ni el criterio judicial.

Al abordar la relación entre libertad de expresión y protección contra la discriminación, recordó que los tratados internacionales con jerarquía constitucional establecen límites frente a la incitación a la violencia o a la discriminación.

“La libertad de expresión protege las ideas, aun aquellas que incomodan, pero no ampara el odio que incita”, afirmó.

Borinsky también repasó las medidas impulsadas desde Casación, entre ellas la adhesión a la definición de antisemitismo de la IHRA durante su presidencia del tribunal en 2024.

Mencionó el convenio celebrado con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, promovido por la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, mediante el cual más de 500 operadores judiciales participaron del programa “Puentes Institucionales”, reconocido por la Organización de los Estados Americanos en diciembre de ese año.

Además, recordó las capacitaciones sobre libertad de expresión y no discriminación realizadas en Comodoro Py y la publicación del libro “Discriminación, antisemitismo y derecho. Respuestas judiciales frente al odio”, en el que participó como coautor de un capítulo dedicado al negacionismo.

Durante la primera jornada también expuso Diego Barroetaveña, presidente de Casación, sobre la destitución del exjuez federal Alfredo López, separado de su cargo en agosto pasado por publicaciones antisemitas y discriminatorias en la red social X.

En el tramo dedicado a la diplomacia judicial, Borinsky propuso extender las experiencias de capacitación a otras jurisdicciones y fortalecer la cooperación entre tribunales de América Latina.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento por prescripción de un imputado por un homicidio cometido en 2007, al considerar que la acción penal prescribió tras más de 12 años desde la condena dictada en 2013 sin un nuevo acto que interrumpiera ese plazo.

La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes rechazaron los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la querella contra la resolución del Tribunal Oral de Menores Nro. 1. Por su parte, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia.

El expediente se inició el 8 de enero de 2007, cuando un adolescente de 16 años causó la muerte de otro joven con una herida de arma blanca en el tórax. En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Oral de Menores declaró al acusado penalmente responsable por homicidio simple, aunque postergó la definición de la pena de acuerdo al régimen penal juvenil.

La condena de 2013 y las revisiones posteriores

En 2010, el tribunal entendió que no correspondía imponer una sanción y absolvió al joven. La Sala IV revocó aquella decisión en agosto de 2013 y le impuso una pena de seis años de prisión.

La causa atravesó luego diversas presentaciones judiciales. La Corte Suprema ordenó que se realizara una revisión amplia de la condena y, en febrero de 2022, una nueva integración de la Sala IV redujo la pena a cinco años de prisión.

El máximo tribunal dejó sin efecto esa última sentencia y dispuso una nueva revisión. Sin embargo, en abril de 2026, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó al acusado.

Borinsky sostuvo que la resolución de 2022 no constituyó una nueva condena, sino la revisión de la sentencia emitida en 2013. Por esa razón, entendió que no podía reiniciar el cómputo de la prescripción.

El límite legal para interrumpir la prescripción

El juez basó su voto en la doctrina de la Corte Suprema fijada en los precedentes “Farina” y “López”, según la cual una decisión que revisa una condena anterior no interrumpe el plazo por el solo hecho de modificarla.

El magistrado advirtió que aceptar la postura de los acusadores permitiría extender sucesivamente los plazos de prescripción cada vez que un tribunal examinara una condena. Consideró que esa interpretación no tiene respaldo en el Código Penal.

La querella había invocado el derecho de la víctima y de sus familiares a obtener una respuesta judicial luego de casi dos décadas de proceso. Borinsky respondió que la tutela judicial efectiva no habilita a dejar de lado el principio de legalidad.

También recordó el precedente “Ilarraz”, en el que la Corte Suprema estableció que las reglas sobre prescripción de la acción penal no pueden flexibilizarse para prolongar la persecución más allá de los límites previstos por la ley, incluso frente a hechos graves.

Yacobucci adhirió a esos fundamentos y conformó junto a Borinsky el voto de la mayoría. Hornos, en cambio, consideró que la sentencia de 2022 había sido un nuevo pronunciamiento condenatorio y, por lo tanto, tenía capacidad para interrumpir el plazo de prescripción.

En su voto, el juez señaló que “el proceso penal no puede ser concebido exclusivamente desde la perspectiva de quien se encuentra sometido a juzgamiento, aun cuando sus derechos y garantías deban ser plenamente respetados. También corresponde considerar los derechos de las víctimas, cuya tutela judicial efectiva constituye una exigencia de jerarquía constitucional y convencional”.

La decisión quedó así dividida y se impuso el voto de la mayoría que entendió que el plazo de prescripción se había cumplido y confirmó el cierre de la causa.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín deberá intervenir en dos causas vinculadas con las presuntas estafas atribuidas a Alejandro Muszak, fundador de la fintech Wenance, y a Paola Adriana Vallone, exdirectiva de sociedades del grupo. La decisión puso fin a un conflicto de competencia entre dos tribunales que rechazaban asumir la tramitación conjunta de los expedientes, relacionados con supuestas maniobras fraudulentas en la concesión de préstamos personales y la captación de inversiones financieras.

La resolución fue dictada este martes por el juez Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, quien intervino de manera unipersonal y coincidió con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé. El desacuerdo se había originado después de que las investigaciones fueran elevadas a juicio el pasado 13 de julio y asignadas, por separado, a los tribunales orales federales N.º 4 y N.º 2 de San Martín, pese a que su vinculación ya había sido establecida durante la instrucción.

La controversia, en rigor, giró en torno a dos criterios procesales: si correspondía concentrar las actuaciones ante el tribunal que había recibido la causa de mayor gravedad o si debía respetarse la primera asignación judicial, efectuada apenas dos horas antes. Casación se inclinó por esta última alternativa y dispuso que ambos expedientes continuaran ante el TOF 4.

Las causas contra Muszak y el origen del conflicto

La investigación sobre Wenance comprende distintas denuncias por presuntas defraudaciones relacionadas con las actividades del conglomerado financiero encabezado por el empresario Muszak. La empresa desarrolló un negocio de préstamos personales a través de plataformas digitales, entre ellas Presto Hoy, y recurrió a diferentes mecanismos de financiación para captar capital de inversores particulares.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los responsables de la estructura habrían ofrecido instrumentos financieros que prometían rendimientos elevados, en determinados casos de hasta el 12% anual en dólares, mediante contratos de mutuo y fideicomisos vinculados con sociedades del grupo. Los investigadores sostienen que esas operaciones presentaban una apariencia de solvencia y rentabilidad que habría inducido a los ahorristas a entregar su dinero, hasta que en julio de 2023 comenzaron a producirse incumplimientos generalizados.

La acusación considera que no se trató únicamente de negocios que atravesaron dificultades económicas, sino de un presunto esquema organizado de defraudación. En el tramo principal de la causa, instruido por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, con intervención del fiscal Federico Iuspa, se investigan cientos de hechos de estafa y la posible existencia de una asociación ilícita.

En paralelo, otro expediente examina operaciones de crédito otorgadas mediante las plataformas comerciales de Wenance. En esa pesquisa se recibieron denuncias de clientes que habrían sufrido débitos bancarios superiores a los acordados, descuentos no autorizados y reclamos de pago por obligaciones presuntamente canceladas.

Los antecedentes de ambos procesos se remontan a actuaciones iniciadas en distintos momentos. Uno de los expedientes lleva el número 18.175/2017, mientras que el otro fue registrado bajo el número 42.394/2023. Aunque tenían objetos diferenciados, compartían imputados y fueron vinculados judicialmente el 15 de agosto de 2023 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43 de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, ese juzgado se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, donde continuó la investigación hasta su elevación a juicio.

El problema surgió el 13 de julio de este año.

Ese día, el expediente iniciado en 2017 fue elevado a las 10:04 y asignado mediante sorteo al Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín. La causa de 2023 ingresó a las 12:05 y quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal N.º 2. Así, dos investigaciones cuya tramitación conjunta había sido dispuesta durante la instrucción terminaron distribuidas entre distintos órganos judiciales.

El 7 de agosto, el TOF 4 decidió declinar su competencia y remitir el expediente que había recibido al TOF 2. Sus magistrados consideraron que las causas estaban conectadas por la identidad de los acusados y la naturaleza de los hechos atribuidos, pero entendieron que correspondía concentrarlas ante el tribunal donde se encontraba radicada la investigación de mayor gravedad, que además involucraba a otras personas.

Para fundamentar esa decisión, expusieron que “los delitos enrostrados a los encausados en el expediente CCC 42.394/2023/TO1 son de mayor gravedad y donde se encuentran imputados, además, otras personas”, por lo que correspondía aplicar el criterio previsto en el artículo 42 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el 5 de octubre, los jueces del TOF 2 rechazaron recibir las actuaciones y las devolvieron al tribunal de origen.

El argumento fue diferente: si las investigaciones ya habían sido acumuladas y la primera había sido asignada al TOF 4, correspondía respetar esa radicación inicial, independientemente de cuál de los expedientes comprendiera las acusaciones más graves.

Los magistrados consideraron que “Admitir que la posterior asignación de la causa CCC 42.394/2023/TO1 tenga aptitud para desplazar aquella intervención supondría alterar el orden de asignación jurisdiccional sin que se adviertan razones que justifiquen apartarse de dicho criterio y, lo que es peor, afectar la garantía del juez natural que debe primar en el proceso”.

Ante la falta de acuerdo, ambos tribunales mantuvieron sus respectivas posiciones y elevaron el conflicto a la Cámara Federal de Casación Penal para que determinara cuál debía continuar con las actuaciones.

El criterio de Casación y la próxima etapa del proceso

Una vez recibidos los expedientes, la Sala IV dio intervención al fiscal general Raúl Omar Pleé, quien emitió dictámenes coincidentes y se pronunció a favor de asignar ambas causas al TOF 4.

El representante del Ministerio Público recordó que la conexidad había sido declarada en agosto de 2023, antes de que las actuaciones llegaran a la instancia de juicio. Por lo tanto, postuló que el primer tribunal sorteado debía conservar la competencia sobre el conjunto de los expedientes, sin que resultara determinante la mayor gravedad de los delitos investigados en uno de ellos.

En su dictamen, Pleé expresó: “De esa manera, entiendo que, efectuado el sorteo de estilo, es el primer tribunal interviniente -TOF N° 4 de San Martín, en el marco de la causa CCC 18.175/2017 elevada el 13 de julio de 2026, a las 10:04 horas- el juez natural designado para resolver sobre el expediente CCC 18.175/2017 y la totalidad de sus acumulados, incluida la aquí en cuestión, CCC 42.394/2023”.

Al resolver la controversia, el juez Hornos compartió esa interpretación y señaló que no existía discusión sobre la vinculación objetiva y subjetiva de las investigaciones. La cuestión consistía exclusivamente en establecer ante cuál de los dos órganos judiciales debían quedar radicadas.

El camarista explicó que el hecho de que ambos expedientes hubieran sido sorteados el mismo día debía examinarse a la luz de la acumulación previamente dispuesta. En ese sentido, indicó que “no puede soslayarse que la conexidad entre ambas causas había sido declarada durante la instrucción, con anterioridad a su elevación a juicio, de modo que su tramitación conjunta constituía una circunstancia preexistente que debía ser contemplada al momento de efectuar las respectivas asignaciones”.

El magistrado también descartó que correspondiera aplicar automáticamente la regla que privilegia la competencia del tribunal vinculado con el delito más grave.

“En ese contexto, la regla del art. 42, inc. 1), del C.P.P.N. invocada por el tribunal declinante no resulta decisiva, pues no se trata aquí de determinar el tribunal competente para disponer una acumulación aún pendiente, sino de establecer ante cuál de los dos órganos quedó radicado un conjunto de causas cuya tramitación conjunta ya había sido dispuesta”, fundamentó.

A continuación, Hornos valoró que ninguno de los tribunales enfrentados hubiera avanzado en el trámite ni fijado fecha para el debate oral. En esas condiciones, planteó que la asignación posterior no podía desplazar la radicación establecida previamente y que la solución debía atender a la mejor y más pronta administración de justicia.

Con esos fundamentos, declaró competente al Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín para continuar con los dos expedientes y ordenó remitirle las actuaciones, con comunicación de lo resuelto al TOF 2.

La decisión se produce mientras la causa sobre Wenance continúa ampliándose en otros tramos. En agosto, la Justicia había incorporado tres nuevos casos de presunta estafa a los 524 hechos que ya integraban el expediente principal destinado a juicio, mientras que en septiembre se conocieron otras 44 denuncias vinculadas con la operatoria de préstamos personales.

El 5 de octubre, además, el fiscal Federico Iuspa solicitó que Muszak, Vallone y otros acusados fueran nuevamente convocados a declaración indagatoria por 520 presuntas estafas adicionales, relacionadas con operaciones de inversión que habrían ocasionado perjuicios a 410 ahorristas por aproximadamente 3.331 millones de pesos, 8,7 millones de dólares y 143.600 euros.

El empresario imputado, que permanece detenido preventivamente, afronta distintas acusaciones derivadas del funcionamiento de las sociedades vinculadas con Wenance. Su defensa había solicitado en oportunidades anteriores la excarcelación y la prisión domiciliaria, planteos rechazados por los tribunales intervinientes.

Tras la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín deberá recibir las actuaciones, avanzar con los trámites preparatorios y fijar la fecha del debate oral en el que serán juzgados Muszak y Vallone.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, denegó la probation solicitada por la defensa de Claudio Ariel De Vincentis, excomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) y actual jefe de seguridad de Nordelta. Está acusado de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que estaba a punto de ser allanado por la causa ANDIS. El empresario logró evadir la requisa.

La magistrada rechazó la suspensión del juicio a prueba al considerar que De Vicentis incurrió en el delito de encubrimiento doblemente agravado por la magnitud del delito precedente y la condición de funcionario público.

En su fallo, Arroyo Salgado introdujo una lectura novedosa: aunque se trata de un comisario retirado, el acusado sigue siendo policía. La ley prevé que los funcionarios públicos no pueden acceder al beneficio de la probation.

Es así que la jueza se declaró incompetente para continuar con el trámite correccional -hasta el procesamiento era solo por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple- y dispuso remitir el expediente a los Tribunales Orales Federales de San Martín, donde el jefe de seguridad de Nordelta podría ser juzgado y condenado a un máximo de seis años de prisión.

El caso

Los hechos que originaron esta causa ocurrieron entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto de 2025. Una comitiva de la Policía de la Ciudad, bajo las directivas del juez federal Sebastián Casanello, había llegado al barrio “La Isla”, dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre. El objetivo del procedimiento consistía en cumplir órdenes de presentación, allanamiento, registro domiciliario y requisa personal sobre -entre otros- Jonathan Simón Kovalivker, directivo de la firma Suizo Argentina S.A., quien se encontraba bajo investigación por presuntos desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al comenzar el operativo, el comisario Lucas Alberetti, jefe de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas y encargado de coordinar las tareas de preservación de pruebas, ordenó a los vigiladores de la garita de acceso que se abstuvieran de realizar llamadas telefónicas para evitar filtraciones que pusieran en riesgo el éxito de la medida. Sin embargo, la disposición policial enfrentó severos obstáculos, según la reconstrucción que consta en la causa.

De acuerdo con las constancias judiciales, el personal de la guardia privada comenzó a recibir insistentes comunicaciones de su supervisor, Claudio Ariel De Vincentis, quien pretendía conocer los motivos exactos de la presencia policial y el sector específico hacia donde se dirigían. Ante la insistencia, el propio comisario Alberetti atendió una de las llamadas para notificar la vigencia de una orden de presentación general y cortó la comunicación.

Posteriormente, a las 00:42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió un nuevo llamado de su jefe. Durante esa conversación, el empleado de seguridad privada le reveló a De Vincentis que los efectivos buscaban a Jonathan y a su hermano Emmanuel Kovalivker. Al advertir la situación, los policías interrumpieron la comunicación y retiraron el aparato telefónico. Apenas tres minutos después, a las 00:45 horas, Jonathan Kovalivker salió del barrio privado a bordo de un Audi S3, logrando eludir la requisa personal dispuesta en su contra.

En simultáneo, arribaron al acceso de Nordelta cuatro patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los uniformados bonaerenses acudieron al lugar tras recibir una denuncia efectuada por el área de seguridad del country, la cual alertaba sobre la presencia de “personas no identificadas que pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial”.

Una vez que se constató la legalidad de las órdenes de allanamiento, los móviles provinciales se retiraron. El posterior registro de la vivienda de Kovalivker evidenció, a criterio de la jueza Arroyo Salgado, que los dueños de la Suizo Argentina habían sido alertados previamente.

Los empresarios se presentaron días más tarde en Comodoro Py para entregar sus celulares.

La denegación de la probation

La defensa de De Vincentis pretendió suspender el proceso penal a cambio de la realización de tareas comunitarias y una reparación económica. No obstante, la jueza Arroyo Salgado rechazó la solicitud al aplicar la exclusión prevista en el artículo 76 bis del Código Penal, que impide otorgar este beneficio a los funcionarios públicos que participen en un delito en el ejercicio de sus funciones.

La resolución judicial determinó que el imputado conserva el carácter de funcionario público a pesar de encontrarse en situación de retiro de la PFA. Conforme a la ley orgánica de dicha institución (N° 21.965), el estado policial no se extingue con el retiro, sino únicamente mediante la baja. El personal retirado mantiene la obligación legal de concurrir al mantenimiento del orden público y a la prevención y represión de conductas delictivas, considerándose sus actos como si fuesen realizados por efectivos en actividad, interpretó la jueza.

A su vez, el fallo remarcó que la normativa de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires (Ley N° 12.297) impone a los jefes de seguridad el deber de cooperar activamente con las autoridades públicas. Por lo tanto, la magistrada concluyó que De Vincentis no actuó como un ciudadano común, sino que utilizó su posición de control territorial y su condición policial para obstruir el accionar de la justicia.

El caso De Vincentis podría sentar un precedente relevante para un fenómeno cada vez más común en barrios privados: personas con poder que son advertidas por agentes de las empresas de seguridad contratadas minutos antes de ser allanadas y usan el tiempo a favor para ocultar pruebas o deshacerse de sus celulares y computadoras.

Así, en más de un caso, se vio comprometida la capacidad de los tribunales para llegar en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Una frase atribuida a De Vincentis mientras el operativo estaba frenado en el acceso a La Isla ilustra la cuestión: “Creen estar en Fuerte Apache o algún otro lugar parecido, se confunden”, les dijo a sus subordinados en un grupo de WhatsApp, sobre el accionar de la Policía de la Ciudad.

Camino a juicio oral

La defensa del jefe de seguridad de Nordelta podrá apelar la resolución de Arroyo Salgado ante la Cámara Federal de Casación Penal. Al tratarse de un caso novedoso, el máximo tribunal penal del país deberá revisar el criterio de la jueza sobre la condición de funcionario público que reviste el policía retirado.

Originalmente, el juez Sebastián Casanello procesó a De Vincentis por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, calificación que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín en febrero de 2026. Como la sumatoria de estos delitos preveía una pena máxima de tres años de prisión, el caso se elevó para ser juzgado mediante un juicio correccional ante Arroyo Salgado como magistrada unipersonal.

Sin embargo, la jueza modificó el encuadre legal al considerar que se configura la figura de encubrimiento doblemente agravado.

El hecho principal que se investiga en la causa ANDIS consiste en una presunta asociación ilícita destinada a cometer fraudes contra la administración pública, mediante la cartelización de empresas, sobreprecios en medicamentos y coimas a funcionarios públicos. Al tratarse de maniobras que afectan directamente fondos del Estado y a personas de sectores vulnerables, la magistrada aplicó los estándares internacionales de las convenciones contra la corrupción de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que exigen un mayor rigor en la persecución de estas conductas.

Con la nueva calificación penal, la expectativa de pena para De Vincentis se elevó a un rango de entre uno y seis años de prisión. Al superar el límite de la competencia correccional, la jueza declinó el conocimiento del caso y ordenó remitir las actuaciones para que un Tribunal Oral Federal de San Martín, mediante sorteo, lleve adelante el juicio público, si eventualmente la Casación confirma el nuevo rumbo del caso.

Los hermanos Kovalivker serán indagados en la causa ANDIS este miércoles por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.

Un conjunto de organizaciones judiciales, entidades empresarias y asociaciones de la sociedad civil reclamó al Consejo de la Magistratura de la Nación que avance con una reforma del reglamento de selección de jueces para reducir la incidencia de las entrevistas personales en los resultados de los concursos y establecer mayores garantías de objetividad en la conformación de las ternas de candidatos a ocupar cargos en la Justicia nacional y federal.

La solicitud quedó plasmada en una declaración pública difundida en noviembre bajo el título “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos”, que reúne las adhesiones de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas destacados y 277 firmantes individuales. El documento cuestiona los márgenes de discrecionalidad que, según sus impulsores, persisten en los procedimientos de evaluación y propone que la entrevista personal represente un máximo de 20 puntos, en consonancia con el proyecto de reforma presentado en marzo por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La presentación comienza con una definición sobre el funcionamiento del sistema judicial y las condiciones que, a criterio de sus firmantes, deben orientar la designación de magistrados. “Queremos que la justicia funcione mejor. Creemos en la democracia y en el respeto a la ley.”

A continuación, las entidades fundamentan su planteo en las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a la magistratura y en las obligaciones legales del organismo encargado de organizar los concursos públicos de antecedentes y oposición: “La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes”.

En particular, los suscriptores cuestionan las diferencias de criterio para determinar qué aspirantes acceden a las entrevistas personales y el peso que esa instancia puede adquirir en la definición del resultado final, aun después de que los candidatos hayan sido evaluados por sus antecedentes profesionales, académicos y conocimientos jurídicos: “Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”.

Frente a esa situación, el comunicado formula un pedido específico al Consejo de la Magistratura, cuya Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial interviene en la tramitación de los procedimientos destinados a cubrir las vacantes de los tribunales inferiores: “Los firmantes de esta declaración pública solicitamos al Consejo de la Magistratura que actúe con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.

El pronunciamiento también vincula la independencia judicial con las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo económico y la previsibilidad de las decisiones públicas: “Achicar al máximo el margen de decisión discrecional es el primer paso para garantizar la independencia judicial, que es la base de nuestras instituciones republicanas, y un elemento central para promover la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, claves para avanzar hacia un desarrollo inclusivo”.

El proyecto de la Corte Suprema para modificar los concursos

El planteo de las entidades retoma uno de los principales aspectos del proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados impulsado por Rosenkrantz y Lorenzetti mediante la Acordada 4/2026, dictada el 25 de marzo de 2026 y publicada dos días después en el Boletín Oficial.

La propuesta fue presentada oficialmente el 30 de marzo en el Palacio de Justicia, durante un acto encabezado por ambos ministros que contó con la participación del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, además de consejeros, magistrados, representantes del Ministerio Público y referentes del ámbito académico.

En sus fundamentos, la iniciativa identificó distintas deficiencias en el régimen de selección de jueces, especialmente en la ponderación de los antecedentes profesionales y académicos, las garantías de anonimato de los exámenes y los criterios utilizados para evaluar las entrevistas personales.

El máximo tribunal advirtió que la amplitud de esta última instancia había permitido que su valoración se desarrollara sin parámetros suficientemente estandarizados, tanto en la asignación de puntajes como en la fundamentación de las decisiones. También señaló la necesidad de impedir que esa evaluación alterara de manera significativa las posiciones alcanzadas por los candidatos durante las etapas técnicas anteriores.

El proyecto contempla un sistema de calificación de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 asignados a la entrevista personal. La propuesta procura que la mayor parte de la valoración se concentre en las pruebas de oposición y los antecedentes de los aspirantes, mediante pautas previamente establecidas para la asignación de calificaciones.

Entre las modificaciones previstas figura la implementación de concursos anticipados como regla general, una modalidad que permitiría evaluar postulantes sin necesidad de esperar a que se produzca una vacante específica. El objetivo es facilitar la planificación de los llamados y agilizar la cobertura de cargos en los tribunales nacionales y federales.

En materia de plazos, el articulado establece que los procedimientos no podrán extenderse más allá de los 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición, con una posibilidad de prórroga de otros 30 días mediante una resolución fundada del Plenario.

Otra de las innovaciones consiste en incorporar un legajo digital individual para cada aspirante, con información sobre su formación universitaria, trayectoria profesional, desempeño académico, publicaciones, actividad docente y eventuales antecedentes disciplinarios. El sistema permitiría centralizar la documentación y facilitar su consulta y evaluación mediante criterios uniformes.

En cuanto a los exámenes, el esquema distingue dos instancias. La primera consiste en una evaluación general de conocimientos jurídicos mediante 120 preguntas de opción múltiple, seleccionadas informáticamente a partir de un banco previamente validado. Su aprobación funcionaría como requisito para avanzar en el concurso y tendría una vigencia de cinco años.

La segunda etapa estaría orientada a resolver situaciones jurídicas concretas. Los aspirantes deberían responder consignas prácticas y redactar una sentencia sobre un caso hipotético relacionado con la competencia del tribunal al que pretenden acceder.

El reglamento proyectado incorpora, además, mecanismos para resguardar el anonimato de los participantes mediante claves alfanuméricas, sistemas informáticos auditables y procedimientos de corrección que impidan conocer la identidad de los postulantes antes de la consolidación de las calificaciones.

La evaluación de antecedentes también quedaría sujeta a una escala predeterminada, con un máximo de 100 puntos distribuidos entre formación universitaria y de posgrado, trayectoria profesional, publicaciones y actividad docente.

La Acordada 4/2026 remitió el texto al Consejo de la Magistratura para su consideración por parte del Plenario, dado que el artículo 114 de la Constitución Nacional y la Ley 24.937 atribuyen a ese organismo la competencia para dictar las normas que regulan los procedimientos de selección de magistrados.

En ese marco, las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación comenzaron a analizar conjuntamente la iniciativa el 9 de abril, en una reunión de la que participó Rosatti. El tratamiento continuó en encuentros posteriores, en los que se examinaron distintas propuestas de modificación del régimen de concursos, incluidas iniciativas elaboradas por integrantes del propio Consejo.

El debate permanece pendiente de resolución y se proyecta sobre la próxima integración del organismo, que renovará gran parte de sus miembros a partir del 18 de noviembre, cuando vencerán los mandatos de los representantes de los distintos estamentos. El recambio comprenderá a los consejeros elegidos por la magistratura y la abogacía, junto con nuevas representaciones legislativas y académicas.

El respaldo de entidades judiciales, empresarias y referentes de la sociedad civil

Entre las organizaciones judiciales que suscribieron la declaración figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ACD), los colegios de abogados de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados y Procuradores de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, el Colegio de Abogados de Zapala y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES).

A ese grupo se suman la Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro, Justa Causa Asociación Civil y Será Justicia.

Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, acompañaron el documento el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Club Político Argentino, Conciencia, Constituya, Fundación Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano, Profesores Republicanos, Red de Acción Política (RAP) y Voces de Equidad y Género en Acción.

El respaldo de las organizaciones empresarias incluye a AmCham Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, CREA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entre los juristas destacados que adhirieron a la iniciativa se encuentran Alberto Bianchi, Alejandro Borda, Juan Carlos Cassagne, Ezequiel Cassagne, Roberto Gargarella, Marcelo Gebhardt, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Félix V. Lonigro, Daniel Sabsay, Eduardo Sambrizzi y Alfonso Santiago.

A estas adhesiones se suman 277 firmantes individuales, entre académicos, dirigentes políticos, empresarios, abogados y referentes de diferentes sectores de la sociedad. La nómina incluye, entre otros, a Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Florencio Randazzo, Omar Perotti, Federico Pinedo, Mónica Fein, Ramón Lanús y Rodolfo Suárez.

También figuran dirigentes con actuación en gobiernos provinciales y municipales, como Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Gustavo Menna, además de representantes del ámbito universitario, profesionales del derecho y personas vinculadas a organizaciones civiles.

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias con nuevas declaraciones de testigos, en el juicio por los “cuadernos de las coimas” que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Con la presencia del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno en la sala de audiencias, declaró como testigo su ex abogado Norberto Frontini.

Centeno se ubicó detrás de su defensor oficial y tomó notas de los dichos del testigo, a quien -advirtió ante el Tribunal en persona al inicio de la audiencia- no relevó de su obligación de guardar secreto profesional.

El abogado reconstruyó lo que vivió el día de la detención de Centeno en la causa Cuadernos. Explicó que lo llamó una pareja del remisero para que se ocupara del tema pero tras esperar durante horas en el pasillo del juzgado de Comodoro Py 2002 se le informó que el remisero había designado defensa oficial.

A pedido de la fiscal Fabiana León se le exhibieron a Frontini capturas de pantalla de los mensajes que enviaba a Centeno su ex pareja Hilda Horovitz y que dieron origen a una denuncia por presunta “extorsión” que se presentó contra la mujer, antes del escándalo de los “cuadernos”.

“Con las migajas que te daba Roberto Baratta”, escribió entre otras cosas la mujer en los mensajes que se exhibieron y están incorporados a la causa.

La fiscal insistió en preguntar sobre esos mensajes de 2017 y el testigo refirió que se involucraba a Centeno en varios eventos. “Hablaba de bolsos, plata, adquisiciones de inmuebles, de Baratta”.

La audiencia concluyó minutos antes de las 1530 y el juicio seguirá el jueves próximo.

Durante las últimas audiencias los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto magistrado suplente Néstor Costabel escucharon testimonios de personas que trabajaron junto a exfuncionarios acusados en el ex Ministerio de Planificación Federal, que comandó Julio De Vido.

El juicio se desarrolla martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium de Comodoro Py 2002 en los tribunales federales de Retiro y comenzó el 6 de noviembre de 2025, hace casi un año.

Terminó la audiencia

La audiencia terminó tras una extensa jornada y el juicio seguirá el jueves próximo.

El último testigo, el ingeniero Pronsato, aportó durante casi dos horas precisiones técnicas sobre obras realizadas en su área de trabajo, convocado por la defensa del acusado Fagyas.

El ex abogado de Centeno dio más detalles de la detención del remisero en 2018

El testigo Frontini terminó su declaración. Antes reiteró que el día de la detención de Oscar Centeno esperó más de cinco horas frente al juzgado de Claudio Bonadio en Comodoro Py para ver a su cliente. Estaba designado en otra causa penal, Gas Natural Licuado, pero ignoraba que se trataba de otra investigación, el caso Cuadernos, donde en lo formal no estaba nombrado aún.

A media tarde subieron a Centeno, quien según relató lo miró y asintió con la cabeza. Unos 40 minutos después un funcionario del juzgado salió a avisarle al pasillo que el acusado había designado defensa oficial.

Declaró el segundo testigo del día, el ingeniero Antonio Pronsato, quien fue interventor del Enargás del 2007 al 2015. Fue pedido como testigo de concepto por la defensa del ex presidente de Enarsa y acusado Walter Fagyas. “Es intachable”, dijo.

Se rechazó la reposición contra el interrogatorio de la fiscalía al ex abogado de Oscar Centeno

El Tribunal por mayoría rechazó el planteo pero recordó al testigo que debe abstenerse de responder preguntas que comprometan el secreto profesional. La decisión fue de los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero con disidencia del magistrado Germán Castelli.

Este último juez recordó que el abogado Frontini no fue relevado del secreto profesional por su ex cliente Centeno y que el escrito sobre el que se le quiere preguntar ya está incorporado como prueba.

La decisión se dio a conocer tras un cuarto intermedio que duró más de 40 minutos y ante ello la fiscal Fabiana León retomó el interrogatorio al testigo Frontini.

El Tribunal escuchó objeciones de las defensas a la línea de interrogatorio de la fiscalía

El Tribunal debe resolver un recurso de “reposición” que presentó el abogado José Manuel Ubeira contra la línea de interrogatorio del testigo ex abogado de Centeno, Norberto Frontini. Para ello se dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos.

“El testigo no está relevado del secreto profesional”, explicó el abogado en momentos en que la fiscalía preguntaba sobre el contenido de los mensajes que enviaba la ex pareja de Centeno al remisero y que formaron parte de una denuncia por supuesta extorsión que patrocinó el letrado, ahora testigo en el juicio.

La querella de la Unidad de Información Financiera a cargo de Mariano Galpern pidió que se deje a la fiscal continuar con esa línea de interrogatorio. “Es absolutamente claro y me llama la atención de sobremanera que se hable de que no es el objeto procesal, cuando estamos hablando de bolsos de dinero, de Baratta, si eso no es el objeto procesal de la causa, no sé que estamos juzgado acá”, enfatizó.

Se exhiben los mensajes que envió a Centeno su ex pareja Hilda Horovitz

En la audiencia se comenzaron a exhibir los mensajes que envió Horovitz en 2017 a Oscar Centeno con advertencias de denunciarlo por los delitos que supuestamente cometía junto a su entonces jefe Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.

Se hizo a pedido de la fiscalía y con la oposición de diferentes defensas que advierten sobre el deber de guardar el secreto profesional por parte del ex defensor de Centeno, Frontini, que declara como testigo desde hace más de dos horas.

Se exhibe la denuncia que presentó Centeno contra su ex pareja Hilda Horovitz

A pedido de la fiscal Fabiana León y para “ayudar a la memoria del testigo”, se exhibe la denuncia que presentó contra la ex pareja del remisero Centeno, Hilda Horovitz, por supuesta extorsión.

El Tribunal lo dispuso luego de la oposición de algunas defensas.

“Le exigía dinero para no seguir contando cosas”, recordó el abogado Frontini. La fiscal Fabiana León le recordó que la mujer ya había declarado. Pero el testigo explicó que “decía que iba a seguir declarando, que no se olvidara que ella tenía pruebas”, dijo en base al contenido de los mensajes que recibió Centeno.

El exabogado de Centeno contó lo que pasó cuando el remisero quedó preso

El abogado Frontini respondió preguntas de la defensa del exfuncionario Roberto Baratta.

Explicó que patrocinó al remisero en otra causa penal, GNL (Gas Natural Licuado) donde lo habían allanado y secuestrado dinero luego de una declaración testimonial de su expareja.

Así fue que el 31 de julio de 2018 seguía siendo abogado de Centeno. Ese fue el día en que quedó detenido en el caso Cuadernos.

“Recibí un llamado de un número que no tenía agendado. Lo atendí: era una mujer que se presentó como la pareja de Centeno. Estaba bastante alterada y me dijo que lo habían llevado detenido, que por favor me hiciera cargo. Yo era defensor de él en GNL”, recordó.

Al día siguiente fue a los tribunales federales de Retiro, intentó sin éxito presentar un escrito con un pedido de excarcelación en la mesa de entradas del juez federal Claudio Bonadio y no pudo ver a Centeno porque estaba incomunicado. Contó que esperó hasta pasadas las 1330 y entonces el remisero fue subido al juzgado.

“Subieron a Centeno. Habían despejado todo el pasillo. Guardias del SPF lo traían esposado, con chaleco antibalas; una situación casi como una postal de futuro, con un casco de visor transparente que le cubría la cara”, describió.

Centeno “me hizo un gesto y entró al juzgado. Fue la última vez que lo vi. Al rato entró el doctor (Carlos) Stornelli y, al rato largo —media hora o cuarenta minutos—, salió un funcionario del juzgado y me dijo que Centeno había decidido designar un defensor oficial. De malhumor por la espera, no por otra cosa, me fui”.

“Nunca más tuve contacto con Centeno y creo que en esos días entró al programa de testigos protegidos” dijo y explicó que renunció a la defensa en GNL y al patrocinio en la querella de la expareja.

“¿Roberto Baratta le pagó honorarios por esas actuaciones de Centeno?“, quiso saber la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta. ”No", respondió el letrado.

Declara un exabogado del remisero Oscar Centeno

La audiencia comenzó con más anuncios de testigos desistidos. Declara el primer testigo de la jornada, el abogado Norberto Frontini. Al respecto, su excliente el remisero Oscar Centeno hizo saber a través de su actual defensa que no lo releva de su obligación de guardar secreto profesional.

Centeno presente en la sala lo ratificó ante una pregunta del presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori.

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La Justicia y la Universidad de Buenos Aires realizaron un taller de alfabetización sociojurídica en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, destinado a mujeres privadas de libertad. La actividad reunió a una comitiva de la Cámara Federal de Casación Penal, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y referentes del Centro Universitario que funciona dentro del establecimiento.

El encuentro se concentró en el conocimiento de los derechos, las herramientas legales disponibles y las vías para canalizar consultas vinculadas con la detención. Las internas participaron de un intercambio sobre sus inquietudes y necesidades, con especial atención a la asistencia de salud, el hábeas corpus y las condiciones de alojamiento.

La presencia de autoridades judiciales dentro de la unidad permitió combinar una instancia de formación con una recorrida por los sectores donde se desarrollan actividades laborales y educativas. La visita incluyó el área de talleres y otros espacios del penal de mujeres de Ezeiza.

La comitiva estuvo encabezada por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo M. Hornos, quien además coordina la Comisión de Cárceles y Ejecución de la Pena y preside el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. También participaron la secretaria de Casación y del Sistema, Lucía Gallagher, y los funcionarios Eliana Mikiej, Agustina Corts, Javier Cresseri y Francisco Allende.

Durante el taller, Hornos expuso sobre los fines del Derecho, los valores que protege y los distintos grados de vigencia que puede tener en la vida cotidiana. El magistrado planteó la necesidad de acercar los grandes principios jurídicos a situaciones concretas, particularmente en ámbitos de encierro.

La propuesta fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto con las referentes del Centro Universitario del Complejo Penitenciario Federal IV. Participó también Miguel Cichowolski, profesor de la carrera de Sociología que se dicta en esa unidad penitenciaria.

El espacio académico y judicial abordó el ejercicio de derechos desde una perspectiva práctica. Las mujeres alojadas en el establecimiento pudieron formular preguntas sobre su situación procesal, las condiciones de su detención y los mecanismos previstos para reclamar ante posibles vulneraciones.

El hábeas corpus formó parte de las consultas recibidas durante la jornada. Este recurso judicial permite cuestionar situaciones que afecten ilegítimamente la libertad ambulatoria o las condiciones en las que una persona permanece detenida.

Salud, alojamiento y condiciones de detención

La recorrida posterior estuvo acompañada por la jefa del establecimiento, la prefecta Carolina Paz. La delegación judicial visitó los talleres y otros sectores del complejo con el objetivo de conocer de manera directa las condiciones de alojamiento y las tareas que se realizan dentro de la cárcel.

Las consultas de las internas incluyeron cuestiones relacionadas con la atención sanitaria. También expusieron inquietudes sobre el acceso a derechos durante el cumplimiento de la pena y sobre aspectos vinculados con su permanencia en la unidad.

El contacto directo entre las personas privadas de libertad y los integrantes del sistema judicial permitió recibir y responder planteos surgidos dentro del penal. La actividad combinó la escucha de esas demandas con explicaciones sobre las herramientas jurídicas que pueden utilizarse en cada caso.

La iniciativa se inscribe en las acciones de vinculación y acercamiento a la realidad penitenciaria que promueve la Cámara Federal de Casación Penal. La participación de instituciones universitarias, organismos judiciales y espacios educativos internos busca sostener instancias de diálogo y formación en contextos de encierro.

La presencia judicial en las unidades penitenciarias aporta elementos para conocer las situaciones que atraviesan quienes están detenidos y para contribuir a la protección efectiva de sus derechos. Ese trabajo se vincula con los fines sociopolíticos de la ejecución de la pena, entre ellos la prevención del delito y la disminución de la reincidencia.

El director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, prestó declaración indagatoria este martes en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin responder preguntas de los investigadores, el ejecutivo presentó un escrito en el que negó haber participado en cualquier maniobra de corrupción y pidió la nulidad de todas las pruebas que lo involucran, a partir del cuestionado origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

El fiscal federal Franco Picardi imputó a Nuner Uner -que además de directivo es accionista de la firma- como jefe de la presunta asociación ilícita.

Testigos que declararon en la causa lo señalaron como el “nexo de la droguería con el Estado”, una de las mayores figuras de poder por debajo de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, Nuner Uner negó “categóricamente” haber integrado una asociación ilícita, así como haber “intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con la función pública”.

Su declaración ocurrió en el Juzgado Federal N° 11, que subroga Ariel Lijo.

La versión del directivo, representado por el abogado Martín Magram, apuntó a que el fiscal lo acusó solo por “responsabilidad por el cargo”, que a criterio de la defensa está vedada por la jurisprudencia y vulnera el principio de inocencia.

El escrito resaltó que la investigación no encontró ninguna decisión, acta, instrucción, firma, reunión o pago de Nuner Uner vinculado con la ANDIS, ni tampoco con firmas proveedoras o compulsas de precios durante el período analizado, que va de mayo de 2024 a agosto de 2025.

En la misma línea, el directivo negó haber participado en la carga o decisión de precios en el sistema SIIPFIS ni en la gestión de ventas de medicamentos a la ANDIS, tal como le imputó el fiscal.

Y destacó que en los teléfonos de los principales implicados no hay comunicaciones, mensajes, chats ni registros que lo vinculen con maniobras ilícitas. “Toda la acusación descansa en un apodo de uso común (“Seba”) en conversaciones entre terceros, el cual el fiscal le atribuye de forma prejuiciosa sin aportar elementos objetivos ni verificar si correspondía a otra persona”, planteó la defensa de Nuner Uner.

El director de la Suizo Argentina le pidió al juez Lijo que lo sobresea y que deje sin efecto la inhibición general de bienes que le dictó al llamarlo a indagatoria, “por haberse dictado de forma general para 36 personas, sin motivación particularizada sobre su persona, sin peligro en la demora y conculcando el carácter excepcional y subsidiario de este tipo de medidas cautelares previas al procesamiento”.

Subsidiariamente, su defensa pidió la sustitución de esa medida cautelar por un embargo “de monto razonable”.

La acusación

Según el fiscal Picardi, Nuner Uner tenía un control directo sobre la ANDIS durante la gestión libertaria.

El lobista Pablo Atchabahian, otro de los supuestos jefes de la organización criminal, habría coordinado con él la orden de despedir a la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui. Asimismo, el ingreso de personal clave en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, como Matías Palotti, dependía de su aprobación, siempre de acuerdo a la acusación.

Para la fiscalía, el imputado intervino en el control y la administración de las compulsas de precios de medicamentos de alto costo. A través de mensajes recuperados por los investigadores, Nuner Uner habría dado directivas sobre los valores que debían cotizar otras firmas, como Droguería Génesis S.A., la cual serviría de “pantalla” para elevar los precios de venta al Estado y simular competencia.

La Suizo Argentina le vendía a Génesis y esta luego los revendía a la ANDIS con incrementos de precio “injustificados”, a criterio del fiscal.

El dictamen acusador reveló que el Nuner Uner mantuvo contactos frecuentes con directivos de otras compañías del sector para coordinar la cartelización del mercado de insumos médicos. Tras conocerse la denuncia de forma pública, el directivo configuró su aplicación de mensajería para eliminar conversaciones de manera automática y evitar el rastreo de los mensajes. Durante un allanamiento posterior en la sede de la empresa, los investigadores no pudieron acceder a su computadora corporativa debido a que el disco rígido se encontraba encriptado y los responsables se negaron a facilitar las claves de acceso.

Para este martes también estaba previsto que declaren Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, gerente y coordinador de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, respectivamente. Sus indagatorias se postergaron para la semana que viene, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

El miércoles están citadas las máximas autoridades de la droguería que, según el fiscal, “cooptaron” la ANDIS: Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

El fiscal Picardi había pedido ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y exabogado de Javier Milei; el entonces número 2 del organismo, Daniel María Garbellini; y los exfuncionarios Matías Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano. El juez Lijo dejó de lado a estos acusados y no los citó, al menos por ahora. “Serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado”, pronosticó una fuente del caso.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) informó que ya no tiene causas en trámite correspondientes a 2024 o años anteriores. Los expedientes más antiguos que permanecen pendientes de resolución son los que ingresaron durante 2025. El dato marca una reducción del stock de causas acumuladas en el organismo, en un contexto de crecimiento de la actividad judicial.

Al 28 de octubre de este año, el Tribunal había resuelto 28.178 causas, en medio de un incremento sostenido en la cantidad de expedientes que ingresan a la máxima instancia judicial porteña.

Las cifras también muestran un aumento de la producción de sentencias durante el primer semestre de 2026. En ese período, el TSJ dictó 2.362 sentencias, frente a las 764 registradas durante los primeros seis meses de 2025. La comparación representa más del triple de resoluciones. Si se consideran específicamente las sentencias definitivas, la cantidad pasó de 557 a 1.760 entre ambos períodos.

A su vez, durante la primera mitad del año se resolvieron 1.782 causas, un volumen superior al que habitualmente registra el Tribunal en ese tramo del calendario judicial.

El impacto del fallo “Levinas”

Este movimiento se produjo en un escenario de mayor demanda de intervención del organismo, a partir de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Levinas”. En esa decisión, el máximo tribunal reconoció al TSJ porteño como instancia de revisión de las sentencias dictadas por los fueros nacionales ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

La ampliación de sus competencias modificó el volumen de trabajo del Tribunal. Durante 2025, el ingreso de expedientes aumentó más del 300% en términos interanuales, mientras que en el primer semestre de 2026 se incorporaron más de 2.250 nuevas causas.

El incremento obligó a revisar la organización interna y los mecanismos de tramitación para atender la nueva demanda y evitar que el crecimiento de los ingresos se tradujera en una mayor acumulación de expedientes, sin afectar las garantías del debido proceso.

Como parte de esa reorganización, el Tribunal, integrado por su presidenta Inés Weinberg, la vicepresidenta Alicia Ruiz y los jueces Luis Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, creó dos nuevas dependencias: la Secretaría de Asuntos Laborales y la Secretaría de Asuntos Civiles y Comerciales. Ambas áreas fueron incorporadas para atender el ingreso de expedientes en esas materias y, según los datos difundidos por el organismo, ya tienen incidencia en la resolución de las causas.

Otro de los cambios se vincula con la infraestructura y la incorporación de tecnología. Con la apertura de una nueva sede, que se suma a la que ya tenía en funcionamiento, el TSJ también puso en marcha un proceso de digitalización integral y comenzó a incorporar herramientas de inteligencia artificial para asistir al personal letrado. El objetivo es automatizar tareas procesales rutinarias, reducir los tiempos administrativos y facilitar el seguimiento de los expedientes.

Un tribunal de 28 años

La transformación de su estructura de trabajo se desarrolla cuando el organismo cumple 28 años desde su creación, en 1998. Desde entonces, el Tribunal interviene en causas que llegan a la máxima instancia judicial de la Ciudad y fija criterios de interpretación para los litigios que se tramitan en esa jurisdicción. En ese marco, el aumento de sus competencias a partir del fallo “Levinas” planteó nuevos desafíos para su funcionamiento y para la capacidad de respuesta ante los planteos.

El dato indica que, según el registro informado por el TSJ, no quedan expedientes ingresados hasta el 31 de diciembre de 2024 que continúen en trámite ante el organismo. La evolución de las estadísticas muestra que ese proceso coincidió con un aumento considerable de la cantidad de sentencias dictadas. Durante el primer semestre de 2026, el número de sentencias fue más de tres veces superior al del mismo período del año anterior.

La creación de nuevas secretarías, la apertura de otra sede y la incorporación de herramientas tecnológicas forman parte de las medidas adoptadas para responder a ese escenario. La inteligencia artificial y la digitalización apuntan a reducir las tareas administrativas y agilizar la tramitación de los expedientes.

Este martes comenzó una nueva ronda de declaraciones en la causa ANDIS. Esta etapa del proceso está enfocada en cómo un grupo de empresas, con la droguería Suizo Argentina a la cabeza, habría tomado el control de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria, según estableció el fiscal Franco Picardi en su acusación.

El juez federal Ariel Lijo citó en primer lugar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker —presidente y vicepresidente de la distribuidora farmacéutica, respectivamente—, y luego a Diego Gerardo Viner, quien se desempeñaba como director de Compras de la compañía. Sus comparecencias estaban previstas para el jueves pasado, pero se postergaron para el miércoles, a pedido de las defensas.

Este martes indagaron a Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina. Se presentó en el Juzgado Federal N° 11, ubicado en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro, pasadas las 9.30.

Nuner Uner se negó a declarar y se limitó a presentar un escrito, que fue entregado por Martín Magram, abogado de la Suizo Argentina.

Para este martes también estaban previstas las indagatorias de Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, directivos de la droguería, pero sus citaciones se postergaron a último momento y fueron reprogramadas para la semana que viene.

Las declaraciones de los imputados continuarán hasta fines de noviembre, según el cronograma vigente.

Con nuevas pruebas en su haber, el fiscal Picardi había pedido ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y exabogado de Javier Milei; el entonces número 2 del organismo, Daniel María Garbellini; y los exfuncionarios Matías Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano. El juez Lijo dejó de lado a estos acusados y no los citó. “Serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado”, pronosticó una fuente con acceso al expediente.

La cooptación de la ANDIS

Las presuntas maniobras de corrupción tenían su núcleo en el Programa Federal Incluir Salud, encargado de brindar cobertura médica a sectores vulnerables, tales como personas con discapacidad, enfermos graves y familias en condiciones de extrema pobreza. De acuerdo con el dictamen de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, un grupo de empresarios y funcionarios públicos coordinó acciones para desviar fondos públicos mediante la simulación de competencia y la aplicación de sobreprecios.

Los investigadores señalaron, en un dictamen de 305 páginas, que la empresa Suizo Argentina no operó como un simple proveedor, sino que ejerció un control directo sobre la ANDIS y las compañías que vendían medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

La droguería de la familia Kovalivker habría accedido a información confidencial de manera anticipada, administraba las compulsas de precios, decidía qué laboratorios debían resultar ganadores y definía los montos de venta al Estado, siempre de acuerdo a las pruebas recabadas por la fiscalía.

Durante el período investigado, que para la Suizo Argentina abarcó desde mayo de 2024 hasta agosto de 2025, la compañía llegó a facturar un total de $124.652.174.118,59 a la ANDIS, consolidándose como la principal vendedora de medicamentos de alto costo del organismo.

El “soldado” de la Suizo

Para ejecutar el plan en el terreno político y administrativo, la firma utilizó los servicios de Pablo Atchabahian, quien actuó como lobista de la empresa. Antes fue director de Acceso a los Servicios de Salud en la ANDIS entre 2018 y 2019 y funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque Atchabahian no tenía un contrato formal con la empresa, la fiscalía acreditó el vínculo mediante el secuestro de planillas de viáticos y pasajes aéreos a su nombre costeados por Suizo Argentina.

En las conversaciones recuperadas por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Atchabahian se definió ante Emmanuel Kovalivker como un “soldado” de la droguería. El operador coordinaba las acciones con Daniel María Garbellini, último director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según el fiscal, ambos planificaron al menos desde 2022 su desembarco en la ANDIS para desarrollar negocios millonarios con el Estado.

Garbellini, máxima autoridad del organismo después de Spagnuolo, llegó a manifestar que la Agencia debía llevar “la bandera” de Suizo Argentina, según se desprende del expediente.

Sobreprecios del 4000%

Uno de los puntos clave que los imputados deberán responder se vincula con la utilización de la firma Droguería Génesis como una empresa “pantalla”.

Según la investigación, Suizo Argentina vendía los medicamentos a Génesis, y esta última los revendía a la ANDIS con incrementos de precio injustificados. El cotejo de la documentación secuestrada en los allanamientos reveló que se aplicó un recargo promedio del 44% sobre el costo original en diversas órdenes de compra.

Genesis pasó de ser una firma prácticamente sin actividad en 2023 a estar dentro de las 10 firmas que más pagos recibieron por parte del Estado en 2024 y 2025. Su facturación superó los 34.000 millones de pesos.

El caso más extremo es el de la droga cladribina, utilizada para tratamientos de esclerosis múltiple. El gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, Gonzalo Zarbo, ordenó a su equipo cotizar la versión comercial “Eurit” del Laboratorio Richmond -adquirida a $92.000- al valor que quisieran para “ganar plata”. La droga se vendió finalmente a la ANDIS a un precio promedio de $3.967.000 por unidad, lo que representó un sobreprecio del 4106%.

“Muchas veces se sostiene que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta identificada. Sino que difusamente la víctima es la sociedad en general. Sin embargo, este es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias. Y dentro de ese colectivo, los que menos recursos tienen. Los pobres. Los más vulnerables. Los que necesitan del Estado para obtener una medicación sin la cual la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos”, reflexionaron los fiscales Picardi y Rodríguez en su dictamen.

Y concluyeron: “Las víctimas observan cómo funcionarios públicos y empresarios inescrupulosos, ‘los reyes de la mentira’, se apoderan del dinero que les pertenece. Lo que se traduce sin solución de continuidad en que ellos no puedan contar con las terapias o medicamentos que necesitan para tener una calidad de vida un poco mejor de la que tienen”.

Quiénes son los primeros indagados

Sebastián Nuner Uner es accionista y director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina. La fiscalía lo considera una pieza fundamental del esquema de presunta corrupción, al punto que lo señaló como uno de los jefes de la asociación ilícita.

Fue descrito por testigos como el “nexo con el Estado de la droguería” y una figura sumamente poderosa dentro de la empresa.

La investigación constató que tenía un control directo sobre decisiones internas de la Agencia. Por ejemplo, el lobista Pablo Atchabahian consensuó con él la orden de despedir a la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui. Asimismo, el ingreso de personal clave en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, como Matías Palotti, dependía de su aprobación, según la acusación.

Nuner Uner era la persona a la que el presidente de la droguería Génesis, Andrés Arnaudo, consultaba directamente para fijar los precios que se cotizarían ante la ANDIS, utilizando a Génesis como “pantalla” para sobredimensionar los valores de los medicamentos.

Una vez que el caso tomó estado público en agosto de 2025, Nuner Uner configuró su WhatsApp para que los mensajes con Arnaudo se eliminaran automáticamente, impidiendo la recuperación de las conversaciones. Además, se negó a aportar las claves de su computadora (que está encriptada) durante los allanamientos.

Gonzalo Damián Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, fue ungido como apoderado de la droguería para participar en las compulsas y licitaciones en el rubro de “Medicación de Alto Costo” (PACBI).

Se lo acusa de ordenar a su equipo comercial que pusieran “el precio que quisieran” a los medicamentos de alto costo para maximizar ganancias a costa del Estado. Fue él quien ordenó que rotaran el antes mencionado medicamento Eurit con la instrucción: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”.

La fiscalía sostuvo que mantenía una línea directa con funcionarios públicos de ANDIS. El director Daniel María Garbellini le enviaba información anticipada sobre reuniones con laboratorios. Además, participó en almuerzos no registrados oficialmente con funcionarios de la ANDIS en restaurantes como El Imparcial, fuera de las oficinas públicas y violando las normas de transparencia.

Por último, Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, era el usuario habilitado para presentar las cotizaciones en el sistema de licitaciones de la ANDIS.

En su celular se secuestraron planillas de Excel creadas antes del cierre de las compulsas. En estos archivos se definía de antemano qué droguería ganaría cada licitación, qué marcas ofrecerían, qué descuentos mínimos debían presentar las demás firmas para simular competencia y cuáles debían abstenerse de cotizar.

También -siempre según la fiscalía- era el encargado de coordinar directamente las operaciones con la Droguería Génesis. Creó el grupo de WhatsApp “Génesis_pedidos” para coordinar las cotizaciones y entregas de medicamentos de alto costo facturados de Suizo Argentina a la empresa pantalla, y luego revendidos a la ANDIS con sobreprecios.

El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces continuó este lunes con la lectura formal de los cargos y las elevaciones a juicio de los 19 acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner.

Dada la extensión del requerimiento fiscal, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, José Michilini, anticipó que esta etapa inicial del debate se extenderá aproximadamente diez días hábiles.

De momento solo se escuchará la acusación del tramo “Los Sauces”, ya que las defensas solicitaron, a partir de la reciente unificación ordenada por Casación, que se les permita contar con los 10 días hábiles que exige la ley para preparar su intervención en el expediente “Hotesur”.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguen audiencias a través de Zoom, al igual que la mayoría de los acusados. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

Terminó la audiencia

Luego de repasar en detalle las contrataciones de las empresas Kank y Costilla S.A. que constan en el dictamen de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 5 interrumpió la lectura y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de noviembre.

Alquilar para lavar

Tras comprar propiedades, hoteles y terrenos a través de Los Sauces, la familia Kirchner “los integró inmediatamente a la maniobra de lavado de dinero con el propósito de que, a partir del mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2016, el alquiler de aquellos fuera la causa jurídica que permitiera transferir con ropaje de legitimidad una parte del dinero de procedencia ilícita”, acusaron los fiscales.

La inmobiliaria facturó a las distintas empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo por alquiler de propiedades y hoteles un total de $25.968.042,30 entre 2009 y 2016, “lo que muestra que esta firma funcionó verdaderamente como un mecanismo permanente destinado al reciclaje de activos”.

“Estas cifras surgen de la reconstrucción del flujo de fondos de la empresa Los Sauces, que fue realizada por los peritos contadores y que permitió, a partir de la documentación contable —cuando fue hallada— y bancaria —para cuando aquello no fue posible—, develar la ruta del dinero que recibió la sociedad perteneciente a los expresidentes y su núcleo familiar desde los ‘empresarios amigos’”, continuó la acusación.

Báez y el Grupo Indalo representaban el 88% de los negocios de la inmobiliaria, por lo que “en el proceso de reciclaje se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria, lo que da un importante indicador de que el papel de la firma Los Sauces era el de recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner”.

San José 1111 y Florencia Kirchner

La adquisición del departamento ubicado en la calle San José 1111, piso 2D, donde actualmente la expresidenta cumple prisión domiciliaria, se concretó el 11 de junio de 2015 a través de Los Sauces. La operación fue realizada por Romina de los Ángeles Mercado, en su carácter de presidente de la sociedad, quien le compró la propiedad de 236,6 m² a Jorge Edmundo Coscia por un valor de USD 370.000.

Según la fiscalía, el objetivo de esta transacción fue que el departamento sirviera como vivienda particular de Florencia Kirchner, accionista y por entonces vicepresidente de la firma, sin que ella abonara ningún tipo de canon o contraprestación a la sociedad.

Para financiar la compra, se estructuró una maniobra de inyección de fondos desde el exterior de la empresa. El 5 de mayo de 2015, el directorio de Los Sauces —integrado por Mercado y Florencia Kirchner— aprobó un aporte irrevocable de $4.000.000 proveniente de la sucesión de Néstor Kirchner. Al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner extrajo dicha suma de una cuenta personal y la depositó en la cuenta de la sociedad. Posteriormente, se utilizaron estos fondos para adquirir cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) a nombre de terceras personas y firmas, los cuales fueron endosados por el contador Víctor Manzanares y entregados al vendedor para cancelar el precio total.

Al analizar la operación, la acusación señala graves irregularidades y la opacidad con la que se manejaron las transacciones bancarias previas. Para realizar el movimiento de los $4.000.000, la sociedad contó con la connivencia de directivos y empleados de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación, entre ellos Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Mónica Romero y Rolando D’Avena. Estos funcionarios registraron el ingreso del dinero como un “depósito en efectivo” —ocultando que provenía de una caja de ahorros de la familia Kirchner— y omitieron deliberadamente asentar la identidad de la persona que realizó u ordenó la transacción.

Sospechas sobre el chalet de Cristina

La adquisición de la casa ubicada en la calle Mascarello 441, Río Gallegos, se concretó formalmente el 22 de noviembre de 2012 a través de la inmobiliaria Los Sauces. Es la vivienda personal de la exmandataria.

La operación, instrumentada por Máximo Kirchner en representación de la sociedad y Osvaldo Sanfelice como vendedor y presidente de la empresa Negocios Patagónicos S.A., se pactó por un valor de USD 250.000.

Las sospechas sobre esta compra radican, en primer lugar, en la detección de maniobras financieras altamente sospechosas y precios simulados entre personas del mismo círculo de confianza. Apenas tres años antes, el 14 de agosto de 2009, la Sanfelice había comprado ese mismo inmueble a un particular por solo $200.000. Al venderla a los Kirchner, el valor de la propiedad se había prácticamente quintuplicado en solo doce meses sin ninguna justificación aparente.

“Se advierte claramente en esta operación la presencia de tres irregularidades graves: a) no se escrituró en el plazo máximo de 180 días establecido por las partes en el boleto de compraventa de fecha 14/08/2009; b) se formalizó la escritura con un poder vencido, que había expirado dos meses atrás; y c) se presentó en el registro de la propiedad inmueble un año después de la instrumentación de la escritura pública”, resaltó la acusación.

Este caso ilustra de manera clara cómo la familia presidencial se beneficiaba a través de una inmobiliaria que se nutría de fondos millonarios provenientes de los alquileres pagados por los empresarios beneficiados por el Estado.

La Aldea del Chaltén, el cuarto hotel de los Kirchner

A principios del año 2009, la familia Kirchner decidió adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, que se convirtió en el cuarto complejo de su cadena hotelera. La operación fue realizada a través de Los Sauces, nuevamente con los servicios del escribano Ricardo Albornoz.

La adquisición de este hotel es de suma importancia debido a la enorme disparidad entre el precio declarado y su valor real, lo que a criterio de la fiscalía evidencia la inverosimilitud del negocio. Mientras que en la escritura se asentó un valor de $200.000, el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el valor real del complejo hotelero ascendía a $2.890.000 en esa fecha. Esto significa que la familia presidencial adquirió el inmueble por un monto más de trece veces menor a su valor real de mercado.

Asimismo, el hotel cobró relevancia al convertirse en un engranaje clave para el lavado de activos. Los Kirchner “cedieron inmediatamente el fondo de comercio a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, para que por esta vía también funcionara el mecanismo permanente de reciclaje de ganancias ilícitas”, indica la hipótesis de la acusación.

Bajo contratos de locación simulados, esta firma canalizó $2.836.724 hacia Los Sauces entre 2009 y 2013. El canon mensual pactado era tan elevado que permitió a los Kirchner recuperar el valor total de la compra del hotel en apenas cinco meses de concesión.

En 2013, debido a la repercusión mediática del vínculo comercial entre los Kirchner y Lázaro Báez, la firma VALLE MITRE fue reemplazada por la empresa IDEA S.A., de Osvaldo Sanfelice.

Terrenos cedidos y alquileres simulados

El 25 de noviembre de 2008, Cristina Fernández y Néstor Kirchner cedieron en concepto de “aportes irrevocables” dos terrenos de su propiedad a la firma Los Sauces. Cristina Fernández transfirió un lote ubicado en la calle Alvear 391 de Río Gallegos, valuado por los aportantes en $13.500, a pesar de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó su valor real en $821.320. Por su parte, Néstor Kirchner cedió un terreno en la calle Moreno 882 de la misma ciudad, también valuado en $13.500, cuyo valor real según la tasación oficial ascendía a $752.700.

Ambas operaciones fueron instrumentadas por Máximo Kirchner ante el escribano de confianza Ricardo Albornoz.

La importancia de estos terrenos radica en que, de manera paralela a la cesión y mientras Cristina Fernández ejercía la presidencia de la Nación, la constructora Loscalzo y Del Curto —propiedad del socio comercial de la familia, Lázaro Báez— ya se encontraba edificando en ellos. Al momento de formalizarse el traspaso a Los Sauces, las obras de construcción de un complejo de cuatro departamentos en cada lote presentaban un avance estimado del 60%, según la fiscalía. Báez culminó las obras y facturó a la sociedad un total de $4.185.683,65 por los trabajos.

Estas edificaciones se convirtieron en un engranaje clave para la maniobra de lavado de activos investigada. Una vez terminados los complejos habitacionales, e incluso antes de que la familia presidencial pagara por la construcción, las propias empresas del Grupo Báez alquilaron la totalidad de los departamentos. El edificio de la calle Alvear fue locado a la firma Kank y Costilla, mientras que el de la calle Moreno fue alquilado inicialmente a Loscalzo y Del Curto, y luego a Austral Construcciones.

A través de estos contratos de locación presuntamente simulados, las empresas de Lázaro Báez canalizaron sumas millonarias de origen ilícito hacia Los Sauces.

Específicamente, se blanquearon $1.999.431,18 por medio de Kank y Costilla, $1.691.580 a través de Loscalzo y Del Curto, y $323.915,79 mediante Austral Construcciones, completando así el circuito de retorno del dinero público hacia los expresidentes y sus hijos.

Cuarto intermedio

El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento fiscal.

Sin sede social ni empleados

Otro eje de la acusación se basa en que, además de “no tener una sede real donde operar”, Los Sauces “no tuvo personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria y, cuando lo tuvo, registró a dos empleados”, entre ellos el jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, “cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento”.

“En efecto, según se pudo establecer, la firma Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010; registró únicamente un solo empleado a partir de mayo de 2010 y durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015″.

El jardinero Ramón Ángel Díaz Díaz declaró que “trabaja para la familia Kirchner desde hace 18 o 19 años; que lo contrató Cristina Fernández; que su labor es cortar el pasto y arreglar el jardín en la casa de la expresidenta; y que desconoce dónde queda la administración de la empresa”, según recordó la fiscalía.

La inmobiliaria que “no existía”

La fiscalía tomó como prueba las inconsistencias sobre el lugar “donde supuestamente funcionó la empresa”.

“La firma Los Sauces no tuvo sede social donde desarrollar las reuniones de directorio y asamblea, donde llevar adelante la marcha de su negocio y donde poder ser localizada por los organismos de control”, se leyó en la audiencia.

En la documentación que consta en el expediente, la inmobiliaria consignó tres direcciones: Alcorta 76, 9 de Julio 161 y Monte Aymond 96, todos en la ciudad de Río Gallegos. “Lo cierto es que son falsos, en tanto en ellos nunca funcionó verdaderamente la sede social”, sostuvo la acusación.

En las calles Alcorta y 9 de Julio había dos estudios contables, de los profesionales Néstor Pombo y Víctor Manzanares. La tercera dirección corresponde al domicilio personal de Máximo Kirchner.

“Como se ve, pese a registrar distintos domicilios en la ciudad de Río Gallegos, en ninguno de ellos se pudo demostrar el funcionamiento de Los Sauces como empresa inmobiliaria ni tampoco la existencia de infraestructura administrativa acorde con la actividad a la que se dedicaba, lo que constituye un indicador sólido e irrefutable sobre la ilicitud de la actividad desarrollada por la sociedad de los expresidentes y sus hijos”, estableció la fiscalía.

La sobrina de Néstor y Cristina

La acusación ubicó en un rol preponderante a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de los expresidentes y acusada en el juicio.

Fue presidenta de la empresa Los Sauces “a partir del año 2015 —siendo que también desde el año 2013 era presidente de Hotesur— y fue escoltada por Florencia Kirchner como vicepresidente y Máximo Kirchner como director suplente”, se desprende del requerimiento fiscal.

Así, “desde la cúpula del directorio, primero Máximo y luego Florencia Kirchner y Mercado, fueron quienes se encargaron de aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero, de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, de suscribir los contratos de locación y de recibir y manejar el flujo de dinero proveniente de las empresas de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice”.

La sobrina de los Kirchner no solo ocupó un cargo jerárquico en Los Sauces. Además, “desde la empresa Inversora M&S —de la que fue empleada desde el 02/2012 al 03/2016, es decir, simultáneamente a todo el período en que la sociedad de los ‘empresarios amigos’ y la familia Kirchner desarrollaron la maniobra de lavado de activos—, le permitía encontrarse tanto en la empresa pantalla como en aquella que canalizaba los fondos que luego eran sometidos al proceso de blanqueo”.

La canalización de fondos a través de Indalo

Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, recibieron del Gobierno kirchnerista “contratos de obra pública, concesiones y beneficios impositivos indebidos” que habían permitido “el crecimiento patrimonial de los empresarios”.

El origen de los fondos

La mayor parte de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—”, acusó la fiscalía.

Esto, siguiendo ese criterio, “exhibe que los fondos que ingresaban a la empresa provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa desde diferentes organismos estatales encargados del control y de la autorización de aquellos”.

El “amigo de la familia presidencial” Lázaro Báez y sus empresas, luego de ser “beneficiadas con un flujo de fondos sistemático y constante como consecuencia de las obras públicas viales que le eran adjudicadas irregularmente en claro detrimento del erario público”, reciclaban los fondos para que llegaran “a manos de los expresidentes y sus hijos a través del negocio hotelero e inmobiliario desplegado por la firma Los Sauces, bajo la apariencia de legitimidad que le garantizaba el flujo de fondos mediante la fachada de una actividad lícita, lo que les aseguraba poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco ocultando su verdadero origen”.

El rol de Máximo Kirchner

La participación del diputado nacional “no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces”, señaló la acusación.

Máximo “resultó accionista de la firma Hotesur, vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de aquella sociedad”.

Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída antes de llegar a juicio, la fiscalía postuló que ella “se incorporó a la asociación criminal tras el fallecimiento de su padre en octubre de 2010. A partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de la sociedad Los Sauces”.

A partir del 2012, Florencia fue vicepresidenta y empleada de Los Sauces y, “al igual que Máximo, también participaría del esquema de blanqueo que en simultáneo se desarrolló a través de la empresa Hotesur, lo que expone el rol fundamental de la nombrada y el beneficio económico que aquella obtuvo de ambas maniobras de lavado”.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández controlaban la organización criminal”

La segunda jornada de juicio comenzó con la lectura de la valoración probatoria de la fiscalía.

“Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado que, como se ha dicho, se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”, sostiene la acusación.

Para sostener la mecánica de la corrupción durante 12 años, intervinieron “funcionarios públicos de distintos organismos del Estado, los hijos del matrimonio presidencial Máximo y Florencia, los empresarios beneficiados” y “profesionales contadores y escribanos, Manzanares, Albornoz y Ludueña”, entre otros.

Todos ellos “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los expresidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios”, mientras que los expresidentes, que “dirigían y controlaban la organización criminal”, se posicionarían de ambos lados del mostrador, “valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el planteo presentado por la defensa pública oficial de Raúl Juan Reynoso, exjuez federal de Orán, provincia de Salta. Con esta resolución, quedó ratificada la orden de inmediata detención que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta el pasado 15 de octubre de 2026. De esta manera, se hará efectiva la condena de cinco años de prisión que pesa sobre el exmagistrado por otorgar beneficios procesales a cambio de retribuciones económicas.

Los jueces Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky concluyeron que la defensa no logró demostrar un agravio concreto o actual, ni una cuestión federal que justificara habilitar la intervención de dicha instancia. Los magistrados señalaron que la detención se limitó a ejecutar una sentencia firme y definitiva, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el recurso de queja de la defensa.

La investigación judicial acreditó que, durante su desempeño al frente del Juzgado Federal de Orán, Reynoso incurrió en los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión.

En el primer caso, el exjuez recibió sumas de dinero por parte del narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo. A cambio de esta coima, dictó resoluciones favorables para el imputado, quien en ese momento afrontaba cargos por asociación ilícita y lavado de activos.

El hecho más grave ocurrió el 5 de diciembre de 2013, cuando se falsificó un acta de declaración indagatoria. En ese documento público se hizo constar que Castedo se presentó en la sede judicial, a pesar de que sobre él pesaba una orden de captura por el homicidio de Liliana Ledesma. Mediante esta maniobra, el exmagistrado le concedió una exención de prisión. Por este suceso, Castedo recibió una pena de tres años de cárcel como coautor de cohecho, mientras que su abogado, Luciano Ciscato, fue condenado a dos años y seis meses de ejecución condicional.

En el segundo hecho, ocurrido en mayo de 2015, Reynoso exigió una dádiva al comerciante Pablo Torres Elías. El beneficio consistió en autorizar, a través de una medida judicial autosatisfactiva, el ingreso al país de camiones cargados con mercadería, evadiendo las restricciones aduaneras vigentes en esa época.

El proceso penal contra el exjuez federal transitó por diversas etapas y resoluciones contradictorias a lo largo de los años. En marzo de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta absolvió a Reynoso por el beneficio de la duda. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló dicha resolución y, el 6 de julio de 2021, la Sala IV de la Cámara de Casación anuló el fallo absolutorio, ordenando el reenvío de las actuaciones para que se dictara un nuevo pronunciamiento.

Finalmente, en agosto de 2024, el tribunal oral —con una integración diferente— dictó la condena de cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta. Esta sentencia fue confirmada por la Sala IV el 10 de junio de 2025. Un mes después, el 10 de julio de ese año, la misma sala declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa. El camino recursivo concluyó definitivamente cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó la queja el pasado 14 de octubre.

Previo a resolver sobre la detención, la Sala IV aceptó la inhibición presentada por el juez Javier Carbajo. El magistrado solicitó apartarse del expediente debido a que la defensa de Reynoso lo recusó con anterioridad, tras haber intervenido en la anulación de la absolución en 2021. Para preservar la garantía de imparcialidad, sus colegas hicieron lugar a su petición.

Actualmente, Reynoso permanece alojado en las dependencias de la Gendarmería Nacional en Chachapoyas, en la zona norte de la capital salteña. No obstante, la fiscalía solicitó su traslado inmediato a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Cabe destacar que el exjuez ya cuenta con una condena previa de 13 años de prisión, dictada en 2014 por el Tribunal Oral N° 1 de Salta por otros hechos de concusión y prevaricato. Por tal motivo, el Tribunal Oral N° 2 dispuso que se unifiquen ambas penas para determinar el tiempo total de reclusión que deberá cumplir.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Jorge Exequiel Acosta deberá completar 35 años de prisión antes de solicitar la libertad condicional por su condena por crímenes de lesa humanidad. Los jueces concluyeron que las desapariciones forzadas atribuidas al represor son delitos permanentes y que, por esa razón, corresponde aplicar la Ley 25.990, sancionada en 2004, que estableció que los ilícitos deben analizarse por separado para cada delito y cada imputado.

El fallo fue unánime y estuvo firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes rechazaron el recurso de los abogados de Acosta contra la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba, que había descartado su planteo sin abrir el incidente de libertad condicional. La solicitud se tramitó en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad conocida como “La Perla”, en la que intervino ese mismo tribunal.

La defensa había cuestionado que el pedido hubiera sido rechazado sin informes penitenciarios, intervención de las partes ni audiencia previa. Hornos señaló que el planteo fue debatido en una audiencia celebrada el 22 de octubre, donde la defensa tuvo oportunidad de exponer sus argumentos.

Por su parte, el fiscal general ante Casación Javier Augusto De Luca había pedido revocar la decisión y aplicar el régimen vigente al inicio de los hechos, que habilitaba la libertad condicional tras 20 años de encierro.

Acosta permanece detenido desde el 24 de septiembre de 2003, actualmente bajo prisión domiciliaria. De acuerdo al cómputo de la pena, deberá permanecer detenido hasta el 12 de enero de 2038, cuando tendrá 92 años.

El fallo

El juez Mariano Borinsky, que elaboró el voto principal, sostuvo que el régimen aplicable es el de la ley 25.892, que exige 35 años de prisión para acceder a la libertad condicional en casos de condena perpetua.

Su argumento central fue que entre los delitos por los que Acosta fue condenado existen desapariciones forzadas, consideradas delitos permanentes. Por eso, entendió que corresponde aplicar la norma vigente durante el último tramo de la conducta y que no existe retroactividad penal desfavorable.

También destacó que la cuestión ya había sido resuelta en antecedentes de la propia Sala IV, incluidos procesos de Acosta y de otros condenados como Antón y Barreiro. Consideró que las circunstancias nuevas invocadas por la defensa, como la unificación de penas, el cómputo cuestionado, la edad y el estado de salud, no modificaban el requisito decisivo: Acosta todavía no cumplió el plazo legal.

Además, descartó que el dictamen favorable del fiscal obligara al tribunal, ya que, según explicó, solo vincula cuando está fundado en el derecho aplicable.

El camarista Javier Carbajo expresó que compartía “en lo sustancial” el análisis de Borinsky y adhirió a la solución de rechazar la casación sin costas. Su voto confirma que coincidió con la aplicación de la ley 25.892 y con la improcedencia del recurso.

En tanto, el juez Gustavo Hornos declaró admisible formalmente el planteo, aunque coincidió con Borinsky en que los agravios de la defensa no lograban desvirtuar lo resuelto previamente por la misma sala en una resolución de 2025.

Destacó que el tribunal de ejecución dejó abierta la posibilidad de revisar el asunto si una futura modificación del cómputo de pena alterara el requisito temporal.

De este modo, los tres jueces coincidieron en que Acosta no reúne hoy el requisito temporal para la libertad condicional y que el planteo defensivo no justificaba apartarse de los precedentes vigentes.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo de una demanda contra una empresa de telecomunicaciones por la pérdida de acceso a una casilla de correo electrónico vinculada a un servicio de internet. El tribunal concluyó que no se probó un incumplimiento de la prestadora ni una falla atribuible a la compañía, aunque modificó la decisión de primera instancia sobre las costas y dispuso que cada parte afronte las propias.

La reclamante había iniciado una acción por daños y perjuicios luego de afirmar que, desde el 22 de septiembre de 2022, no pudo volver a ingresar a su correo electrónico, cuyo dominio estaba asociado al proveedor de internet. Según su presentación, utilizaba esa dirección desde hacía más de diez años para comunicaciones personales y laborales, por lo que la interrupción le habría impedido recibir y enviar mensajes, notificaciones e información relevante.

La demanda sostuvo que la usuaria —actualmente de 52 años— realizó reclamos telefónicos y presenciales durante las semanas posteriores al inconveniente. Indicó que recibió instrucciones para restablecer sus credenciales de acceso, pero afirmó que las áreas de atención no lograron resolver el problema y que le prometieron una devolución telefónica dentro de las 48 horas, contacto que, según su versión, nunca ocurrió.

También planteó que solicitó una alternativa mientras se resolvía la situación: pidió que los mensajes recibidos en la dirección afectada fueran trasladados o reenviados a otra cuenta de correo (Gmail), perteneciente a un proveedor distinto. La demandante aseguró que esa gestión tampoco prosperó y que la falta de acceso se extendió durante meses.

En su reclamo judicial, la usuaria pidió una indemnización de $ 1.719.898. La suma incluía $ 119.898 por daño emergente, $ 600.000 por daño moral y $ 1 millón en concepto de daño punitivo. Argumentó que continuó pagando el servicio contratado pese a la imposibilidad de usar el correo electrónico y cuestionó la calidad de la atención recibida.

La empresa demandada rechazó la versión de un desperfecto en el sistema. Expuso que la imposibilidad de acceso podía responder a un mecanismo de seguridad activado tras varios intentos de ingreso con una clave incorrecta. Además, sostuvo que había registrado un reclamo el 23 de septiembre de 2022 y que, en esa oportunidad, informó que la cuenta funcionaba y que podía requerirse un cambio de contraseña.

El juzgado de primera instancia consideró acreditado que existía una relación de consumo y que la empresa proveía la casilla de correo como parte de los servicios contratados. También aplicó las reglas de protección previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, que imponen al proveedor deberes de información clara, atención adecuada y trato digno para los usuarios.

Sin embargo, el magistrado entendió que la prueba reunida en el expediente no permitió demostrar que la casilla hubiera estado bloqueada. El perito informático informó que la empresa no conservaba registros históricos sobre bloqueos ni sobre intentos de acceso, por lo que no pudo establecerse con precisión la causa técnica del problema denunciado por la usuaria.

El informe técnico analizó los registros internos de atención y detectó tres gestiones relacionadas con el correo electrónico. En la primera, del 23 de septiembre de 2022, se dejó asentado que la cuenta no estaba bloqueada y que correspondía ofrecer un cambio de contraseña. En otra gestión, iniciada en noviembre de ese año, quedaron registradas varias tentativas de contacto con la usuaria.

Según la pericia, el 21 de diciembre de 2022 se concretó un restablecimiento de contraseña por vía telefónica y quedó asentado que la usuaria pudo acceder correctamente a la casilla. El expediente también consignó que existía una modalidad de autogestión para recuperar la clave a través del sitio web del servicio de correo, mediante la opción destinada a quienes olvidaban su contraseña.

La sentencia de primera instancia señaló que no se probó que la demandante hubiera intentado sin éxito esa alternativa de autogestión. Tampoco encontró elementos que demostraran una falta de información o un trato indigno por parte de la empresa, ya que los registros examinados mostraban gestiones de contacto, una recomendación para modificar la clave y un blanqueo posterior.

Sobre el pedido de migrar los mensajes a una cuenta externa, el perito explicó que la empresa solo podía realizar ese proceso entre dos direcciones activas que pertenecieran al mismo dominio de correo. Como la cuenta propuesta por la usuaria correspondía a otro proveedor, el tribunal entendió que la imposibilidad técnica había sido explicada y que no existían pruebas que permitieran desvirtuar esa conclusión.

Con esos fundamentos, el juzgado rechazó la demanda. En materia de costas, decidió no imponerlas a ninguna de las partes por considerar aplicable el beneficio de justicia gratuita previsto para los consumidores en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese punto fue apelado por el perito contador, quien sostuvo que el beneficio no eliminaba la necesidad de definir quién debía asumir los gastos del proceso.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la acción. Los jueces señalaron que la apelación de la demandante no identificó errores concretos en la valoración de las pruebas ni demostró que la falta de registros históricos permitiera presumir una falla de la empresa. También remarcaron que las normas favorables al consumidor no habilitan a tener por probado un hecho que no fue corroborado por los elementos del expediente.

El tribunal modificó únicamente el régimen de costas. Indicó que el beneficio de justicia gratuita protege al consumidor frente a la ejecución de esos gastos mientras subsista esa franquicia, pero no impide establecer quién resultó vencido. De todos modos, por las características del caso y porque la reclamante pudo considerar que tenía motivos para litigar, resolvió que las costas de ambas instancias quedaran distribuidas por su orden.

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de Moreno condenó a un intermediario de una compraventa inmobiliaria a pagar $25 millones por daño psíquico y consecuencias no patrimoniales a los herederos de una mujer, tras concluir que el demandado incurrió en negligencia profesional al intervenir en una operación sobre un terreno cuya situación dominial no permitía concretar la escrituración.

La resolución hizo lugar de manera parcial a la demanda iniciada por la compradora del lote, ubicado en el partido de Moreno. El fallo atribuyó responsabilidad al demandado por haber confeccionado un boleto de compraventa que indicaba que la operación se realizaba con “títulos perfectos”, pese a que la vendedora no tenía inscripto el dominio a su nombre.

La demandante había firmado el boleto el 3 de noviembre de 2016 para adquirir un terreno. El precio total acordado fue de $170.080, con un anticipo de $10.000 y 24 cuotas de $6.670. Según la documentación analizada por el juzgado, el acuerdo establecía que la escritura traslativa de dominio debía realizarse una vez cancelado el pago.

El 30 de enero de 2019, la compradora recibió un comprobante de cancelación total del precio. Sin embargo, nunca logró escriturar el inmueble. Frente a esa situación, realizó una denuncia ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local, que abrió un expediente disciplinario contra el intermediario.

La causa administrativa concluyó en noviembre de 2020 con una sanción para el demandado. El Tribunal de Disciplina consideró que había incumplido deberes vinculados con la precisión de la información ofrecida en la operación y con la obligación de comprobar los documentos que respaldaban el título invocado por la parte vendedora.

El expediente disciplinario indicó que la vendedora decía contar con derechos derivados de una sentencia de prescripción adquisitiva, conocida como usucapión. Sin embargo, la inscripción de esa decisión judicial ante el Registro de la Propiedad no se había concretado por un error material en el fallo original. Esa circunstancia no figuró en el boleto firmado por las partes.

Según la sentencia civil, el intermediario conocía la situación jurídica del bien antes de redactar el contrato. Entre las constancias evaluadas figuró una autorización de venta que mencionaba que la escritura aún estaba en trámite por usucapión. También se incorporaron informes que mostraban diferencias entre la nomenclatura catastral consignada en el boleto y la información registral del inmueble.

El juzgado sostuvo que quien interviene profesionalmente en una compraventa de inmuebles debe verificar la existencia y el alcance de los títulos, además de informar con claridad cualquier limitación que pueda afectar el negocio. En este caso, consideró probado que el demandado no cumplió esos deberes y que esa omisión impidió que la compradora obtuviera la escritura.

La defensa había argumentado que la frustración de la escrituración se debió a que la compradora terminó de pagar fuera del plazo previsto y a que perdió la posesión del terreno tras una usurpación ocurrida en 2017. También afirmó que continuó las gestiones para regularizar el dominio, aunque señaló que la falta de posesión impedía avanzar con la escritura.

La jueza rechazó esos planteos. Destacó que el propio demandado extendió el recibo que acreditó el pago total del precio y que no se probó que la vendedora hubiera resuelto formalmente el contrato por una eventual demora. Para el tribunal, el cobro del saldo sin reservas permitió concluir que el boleto se mantuvo vigente.

Respecto de la pérdida de la posesión, la sentencia señaló que ese hecho no eliminaba la responsabilidad derivada de la irregularidad original en la titulación. El fallo entendió que la imposibilidad de escriturar estaba vinculada con la falta de información y verificación previa sobre el estado registral del inmueble, una situación anterior a los hechos invocados por la defensa.

La demandante murió el 29 de noviembre de 2023, mientras el expediente se encontraba en trámite. Su hijo fue declarado heredero universal en el sucesorio y continuó la acción judicial con representación de su progenitor y la intervención del asesor de incapaces.

La sentencia descartó, de todos modos, el pedido para que el intermediario devolviera el dinero abonado por la compra del terreno. La magistrada consideró que ese reclamo debía dirigirse contra la parte vendedora, ya que era quien había recibido el precio del boleto y no el demandado, que actuó como intermediario en la operación.

El tribunal sí admitió los daños derivados de la conducta profesional. Una pericia psicológica había determinado una incapacidad del 10%, de la cual el 8% se vinculó con el conflicto judicial. Por ese rubro, la resolución fijó una indemnización de $10 millones.

Además, reconoció $15 millones por consecuencias no patrimoniales, al considerar acreditados los padecimientos, la angustia y la imposibilidad de regularizar la situación del inmueble. La condena total asciende a $25 millones, con un interés del 6% anual desde noviembre de 2016 hasta la sentencia y, desde entonces hasta el pago, la tasa pasiva digital más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Las costas del proceso quedaron a cargo del demandado, en su condición de vencido.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó casi en su totalidad la condena contra el propietario de un inmueble ubicado en el barrio porteño de Flores por la caída de una mujer en una vereda deteriorada. El tribunal, que también responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elevó de $100.000 a $150.000 el monto previsto para gastos médicos y traslados, por lo que la indemnización pasó de $3 millones a $3,05 millones, más intereses.

Los jueces de la Sala G rechazaron los cuestionamientos centrales de la demandante sobre las sumas concedidas por incapacidad física y daño moral, aunque aceptaron parcialmente su reclamo respecto de los gastos derivados de la atención y los desplazamientos posteriores al accidente.

El hecho que originó la causa ocurrió el 4 de enero de 2012. Según sostuvo la reclamante, caminaba por la acera cuando tropezó con un pozo y cayó sobre su lado izquierdo. La demanda indicó que, tras la caída, personal de Gendarmería tomó sus datos y luego arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias. La mujer, que en ese momento tenía 65 años, fue trasladada a un hospital, donde recibió atención por lesiones en el brazo y el codo izquierdos.

En el expediente se incorporaron constancias médicas, información del SAME y actuaciones de una causa penal iniciada tras el episodio. También declaró un vecino que dijo haber presenciado la caída y describió que la vereda se encontraba rota y sin mantenimiento desde hacía años.

El fallo de primera instancia, dictado en marzo de 2025, consideró acreditado que la caída se produjo por el mal estado de la acera. El juzgado entendió que el deterioro de una vereda puede constituir un riesgo para quienes circulan a pie, en especial cuando presenta desniveles, roturas u obstáculos.

La sentencia responsabilizó tanto al dueño del inmueble frentista como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto del particular, el juzgado señaló que las normas locales asignan a los propietarios la obligación principal de construir, mantener y reparar las veredas frente a sus predios.

En relación con el Gobierno porteño, el magistrado sostuvo que tiene el deber de controlar que las aceras ofrezcan condiciones razonables de circulación. La resolución remarcó que ninguno de los demandados logró demostrar una circunstancia que interrumpiera el vínculo entre el deterioro de la vereda y las lesiones denunciadas.

La defensa del Gobierno de la Ciudad había negado la mecánica del hecho y había atribuido responsabilidad a la propia damnificada. Sin embargo, el juzgado consideró que esa posición no tuvo respaldo probatorio suficiente frente a las constancias médicas, el registro del traslado en ambulancia, la declaración del testigo y las fotografías incorporadas al expediente.

El propietario del inmueble no respondió la demanda y fue declarado rebelde durante el proceso. Para el juez de primera instancia, esa conducta procesal reforzó la versión presentada por la reclamante, dado que no surgieron elementos que contradijeran los hechos expuestos en el inicio de la causa.

La pericia de ingeniería se elaboró a partir de fotografías certificadas por escribano en octubre de 2012 y de una inspección realizada en noviembre de 2018. El experto señaló que no contaba con elementos para establecer con certeza cómo estaba la vereda en enero de 2012, cuando ocurrió la caída, dado el tiempo transcurrido entre el hecho y las verificaciones. Sin embargo, el juzgado de primera instancia destacó que en dos de las imágenes se observaba que la acera no reunía condiciones adecuadas para el tránsito peatonal. Esa valoración se integró con las constancias médicas, el registro de la ambulancia, la declaración de un testigo presencial y las actuaciones penales para tener por probado que la reclamante cayó a causa del deterioro de la vereda.

En tanto, la pericia médica estableció que la mujer sufrió una fractura en el codo izquierdo y que quedaron secuelas de dolor, limitación en los movimientos y menor fuerza. El informe fijó una incapacidad física parcial y permanente del 3%, porcentaje que no fue cuestionado de forma efectiva en la apelación. Por ese concepto, el juzgado otorgó $2 millones a valores actuales. También reconoció $900.000 por daño extrapatrimonial, al considerar los padecimientos derivados de las lesiones, la inmovilización y las consecuencias que el episodio tuvo en la vida cotidiana de la reclamante.

La sentencia de primera instancia había fijado otros $100.000 para gastos médicos, farmacéuticos y de movilidad. El juzgado explicó que este tipo de erogaciones puede presumirse a partir de la naturaleza de las lesiones, aun si no existen comprobantes de cada desembolso realizado.

La Sala G sostuvo que los montos concedidos por incapacidad y daño moral no resultaban bajos. Para analizar la incapacidad, el tribunal tuvo en cuenta el porcentaje determinado por el perito, las secuelas físicas y la necesidad de calcular una compensación que contemple las actividades productivas o económicamente valorables que pudieron verse afectadas.

La Cámara sí entendió que la suma reconocida por gastos médicos y traslados era reducida frente a las lesiones comprobadas. Por eso dispuso su aumento a $150.000 y mantuvo el sistema de intereses: una tasa anual del 8% desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia y, desde entonces hasta el pago, la tasa activa del Banco Nación.

La próxima integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyos integrantes comenzarán a renovarse el 18 de noviembre, heredará una serie de investigaciones abiertas contra jueces federales y nacionales. Los expedientes se encuentran bajo la órbita de la Comisión de Acusación, encargada de examinar las denuncias por presunto mal desempeño que pueden derivar en procesos de remoción.

De acuerdo con el relevamiento oficial actualizado a fines de octubre, al que accedió Infobae, el organismo contabilizaba 25 registros de expedientes vinculados con 15 magistrados, entre ellos Gastón Salmain, destituido posteriormente.

La documentación comprende presentaciones efectuadas entre 2023 y 2026 y muestra diferentes etapas procesales. En algunos casos se recibieron declaraciones testimoniales, se ordenaron medidas de prueba o se incorporaron descargos de los jueces investigados. Otros legajos registran intervenciones recientes, próximas al vencimiento de los mandatos de los actuales consejeros.

El recambio en el organismo tendrá lugar después de un período en el que fueron removidos cuatro magistrados por decisión del Jurado de Enjuiciamiento: Walter Bento, Martín Poderti, Alfredo López y Gastón Salmain.

La destitución más reciente se produjo el jueves 29 de octubre, cuando el Jurado resolvió por unanimidad separar de su cargo a Salmain, hasta entonces titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. El tribunal consideró probado que había omitido declarar una cesantía dispuesta por la Corte Suprema en 2002 durante su participación en 33 concursos judiciales. En cambio, el Jurado desestimó el cargo referido a un presunto acuerdo para dictar resoluciones a cambio de sobornos en el expediente conocido como Attila. Tras la pérdida de su inmunidad de arresto, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de esa investigación penal.

La renovación también alcanzará la conformación de la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, con Rodolfo Tailhade como vicepresidente y Andrés Leandro García como secretario. El cuerpo está integrado, además, por los consejeros Álvaro González, Gonzalo Gabriel Roca, César Grau, Luis Juez y Vanesa Siley. La próxima composición deberá continuar el tratamiento de las actuaciones que permanezcan pendientes.

Las investigaciones contra Maraniello, Villena y Pozzer Penzo

Uno de los magistrados con mayor cantidad de actuaciones registradas es Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 5, investigado a raíz de distintas denuncias vinculadas con su desempeño funcional.

El cuadro consigna seis expedientes asociados a su nombre: 112/2023, 165/2024, 145/2025, 155/2025, 159/2025 y 21/2026. Algunos fueron acumulados, por lo que la cantidad de registros no equivale al número de investigaciones autónomas. En particular, el expediente 165/2024 reúne actuaciones remitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, junto con otras denuncias incorporadas posteriormente.

Durante diciembre de 2025, la Comisión de Acusación dispuso declaraciones testimoniales y distintas diligencias probatorias. El magistrado presentó su descargo en enero de 2026 y amplió sus argumentos al mes siguiente, en el marco de un procedimiento que también incluyó planteos de nulidad y solicitudes de archivo.

Entre las acusaciones examinadas figuran presuntos episodios de abuso sexual, violencia de género y hostigamiento laboral, denunciados por empleados judiciales a través de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de presentaciones efectuadas ante organismos del fuero. Durante las audiencias celebradas en marzo, trabajadores y funcionarios describieron supuestos maltratos, exigencias relacionadas con la vestimenta de las empleadas y un manejo discrecional del personal.

Los testimonios también alcanzaron al funcionamiento de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad presidida por Maraniello. Una secretaria judicial sostuvo que el magistrado habría utilizado recursos públicos y personal del juzgado para desarrollar actividades de esa organización. Otros declarantes hicieron referencia a la asignación de tareas ajenas a las funciones judiciales. La defensa, por su parte, presentó testigos que respaldaron la conducta del juez y rechazaron las imputaciones.

Maraniello también fue denunciado por presunto mal desempeño a raíz de una medida cautelar dictada el 1 de septiembre de 2025, mediante la cual ordenó suspender la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en medio de la controversia por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre quienes cuestionaron la resolución se encuentran el legislador porteño Hernán Reyes y la entonces diputada nacional Marcela Campagnoli, quienes consideraron que la decisión constituía un supuesto de censura previa.

Otro de los jueces comprendidos en el relevamiento es Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, quien intervino en una investigación contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa abarcaba presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria. Sin embargo, en mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, ordenó unificar las investigaciones contra Vallejo en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella. En consecuencia, Villena debió remitir las actuaciones que tramitaban bajo su intervención.

En el Consejo de la Magistratura, Villena figura en el expediente 182/2023, iniciado el 1 de diciembre de 2023 a partir de una comunicación de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La denuncia está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus competencias judiciales, por haberse atribuido intervenciones en causas que, según los cuestionamientos, correspondían a otros magistrados.

El juez presentó su descargo el 10 de mayo de 2024. Posteriormente, la Comisión de Acusación impulsó medidas para recabar documentación sobre distintos expedientes judiciales y verificar sus respectivas radicaciones. La investigación está a cargo del consejero instructor Álvaro González y registra una nueva presentación incorporada el 16 de octubre de 2026.

El próximo 1 de diciembre se cumplirán tres años desde el ingreso de la denuncia. La Ley del Consejo de la Magistratura contempla ese plazo para resolver la apertura del procedimiento de remoción y establece que, si transcurre sin tratamiento en comisión, corresponde remitir las actuaciones al plenario para su consideración inmediata.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien intervino en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, también aparece entre los magistrados denunciados. El documento identifica los expedientes 46/2025 y 178/2025, originados en comunicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

La segunda actuación ingresó el 29 de septiembre de 2025 y contiene presentaciones efectuadas por la magistrada durante mayo y agosto de 2026. En forma paralela, la Comisión de Acusación examinó otros expedientes vinculados con su desempeño al frente del Juzgado Federal de Goya.

En ese marco, el 26 de agosto Pozzer Penzo participó de una audiencia convocada conforme al artículo 20 del reglamento, correspondiente al expediente 164/2023 y sus acumulados. Durante la comparecencia, realizada de manera remota, expuso sus argumentos y respondió preguntas de los integrantes de la comisión.

Posteriormente, el 21 de octubre, ese cuerpo emitió un dictamen que propone remitir a la Comisión de Disciplina las denuncias tramitadas en los expedientes 164/2023 y acumulados, 180/2024 y 141/2025. La propuesta supone continuar el análisis de esas actuaciones en el ámbito competente para evaluar eventuales faltas disciplinarias en su contra.

Los otros expedientes que pasarán a la nueva integración

El registro también comprende al juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, mencionado en dos actuaciones iniciadas en diciembre de 2023 y abril de 2024. Una de ellas se originó en una presentación remitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, mientras que la restante fue promovida por representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Ambos expedientes quedaron acumulados en agosto de 2024.

Entre los magistrados incluidos figura, además, Gustavo Fresneda, del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Su expediente ingresó el 17 de marzo de 2025, a partir de la remisión de piezas procesales efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción. El cuadro consigna actuaciones posteriores, entre ellas una disposición vinculada con el artículo 11 del reglamento y una presentación incorporada en mayo de 2026.

También se encuentra bajo análisis la actuación del juez Alejandro Nobili, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 11. Las denuncias identificadas con los números 204/2025 y 74/2026 fueron presentadas en noviembre de 2025 y mayo de este año, respectivamente. La primera registra distintas medidas de prueba, mientras que en la segunda consta una presentación del denunciante efectuada en septiembre.

La nómina se extiende a Martín del Viso, del fuero Criminal y Correccional; Raúl Horacio Ojeda, subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63; Fernando Strasser, de la Justicia Federal de la Seguridad Social; Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado; y Hugo Greca, del Juzgado Federal de General Roca.

Entre las demás actuaciones aparecen denuncias contra el juez federal Sánchez Freytes, de Córdoba; Karina Candis, del fuero de la Seguridad Social; y Jorge Gamal Abdel Chamia, integrante de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Con todo, la Comisión de Acusación tiene entre sus atribuciones examinar las denuncias contra magistrados, disponer medidas de investigación, recibir pruebas y elevar al plenario los dictámenes que correspondan. Cuando considera reunidos los elementos necesarios para promover una remoción, debe formular una propuesta que será sometida a la consideración del cuerpo.

La apertura del procedimiento de remoción y la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento requieren la aprobación del plenario, conforme a las mayorías establecidas por el régimen vigente. El eventual juzgamiento se desarrolla posteriormente ante ese tribunal, integrado por representantes de los estamentos judicial, legislativo y de la abogacía.

La Justicia ordenó procedimientos en dos bancos de la ciudad de Buenos Aires en busca de documentación sobre supuestas maniobras de la empresa Sur Finanzas, propiedad del detenido Ariel Vallejo, el financista vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

Los pedidos de informes se realizaron en el ex Banco Industrial SA (actual Grupo BIND), en Avenida Santa Fe 880 en CABA, y en la sede del Hipotecario, en Reconquista 101, según supo infobae en fuentes judiciales. Tuvieron relación con la causa que investiga en Lomas de Zamora al detenido Vallejo por presunto lavado de activos, evasión y defraudación.

En uno de los casos, el ex Banco Industrial, cuyo principal accionista es Andrés Meta, se requirió documentación sobre las operaciones de Sur Finanzas.

Al respecto desde el Grupo BIND se informó que “ante los hechos de público conocimiento” se “recibió un requerimiento de información en el marco de una denuncia de la que la entidad es ajena. Es importante aclarar que ni el grupo, ni sus accionistas o funcionarios, forman parte de la denuncia”.

 “Desde el primer momento, BIND activó los protocolos correspondientes y se encuentra colaborando con las autoridades competentes para brindar la información solicitada en tiempo y forma”, se agregó en el comunicado.

El banco era “depositario legal” de fondos de Sur Finanzas y en ese marco en la causa penal se descubrieron operaciones supuestamente irregulares, sin respaldo económico, de prestanombres, entre otros delitos. Se detectaron movimientos por $1,73 billones en una cuenta de la firma de Vallejo entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Según la acusación de la fiscal del caso Cecilia Incardona, la entidad habría otorgado “respaldo financiero”, pese a las irregularidades. La cuenta de Sur Finanzas en ese banco ya fue cerrada. El operativo en el Banco Hipotecario se dispuso por una maniobra que habría sido similar, precisaron las fuentes. La causa está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Maniobras para ocultar fondos

En la causa se investigan presuntas maniobras para ocultar fondos cuando estalló el escándalo judicial y comenzaron los allanamientos y las medidas cautelares. El dinero ingresaba mediante transferencias fragmentadas, cheques, depósitos en efectivo y operaciones de agencias de cambio. Luego se acreditaba en cuentas de usuarios sin capacidad económica aparente, empleados, empresas vinculadas o titulares con correos creados en serie.

Desde noviembre de 2023 a enero de 2025 hubo operaciones superiores a $1.000 millones por parte de personas no inscriptas en impuesto alguno en ARCA; percepciones omitidas por $2.866.189.146 y monotributistas también con operaciones superiores a $1.000 millones.

Los investigadores pusieron la atención en los días posteriores a los allanamientos ordenados el 1 de diciembre de 2025, cuando estalló el escándalo mediático: según la acusación, habría sido el inicio de maniobras para sustraer millones de pesos de medidas cautelares y cobro de deudas fiscales y “con la consecuencia posible de que adquirieran apariencia de origen lícito”, puntualizó la resolución judicial a fines de octubre pasado, cuando se ordenó detener a Vallejo, según informó Infobae en esa ocasión.

Se incluyeron transferencias del Banco Hipotecario a la firma Pagos Dica S.A. por $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, de las cuales " $2.160.563.306 ,57 salieron el día de los allanamientos", también se detectó un giro de $23.000.000 de Graciela Beatriz Vallejo (otra de las acusadas y madre del financista) a Ars Cambios S.A.S. el 2 de diciembre de 2025, de cuya cuenta salieron al día siguiente $22.300.000″, enumeró la imputación.

Los fondos eran enviados a terceros, sociedades del grupo, agentes de liquidación y firmas de pago y cobranza, o retirados en efectivo sin identificarse quienes cobraban. La operatoria habría continuado mediante otras cuentas cuando algún banco bloqueaba o cerraba alguna de ellas.

Todo ocurrió sin que se hubieran aplicado los controles exigidos por la Ley 25.246 contra el lavado de activos y con declaraciones y certificaciones incompletas sobre el origen de los fondos, según la acusación que hizo el juez al detener a Vallejo y ordenar una nueva tanda de declaraciones indagatorias, de la que dio cuenta Infobae el 22 de octubre pasado.

Entre los montos señalados, figuran acreditaciones por más de $7.259 millones en 2024 y $19.733 millones en 2025, además de movimientos cercanos a $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Qué se investiga

Antes de quedar preso por incumplir las condiciones fijadas para seguir en libertad, el juez prohibió a Vallejo prestar servicios financieros y ordenó que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama sean entregados en custodia provisoria para uso con fines sociales o de interés público a la Corte Suprema de Justicia.

La causa se inició por contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club Banfield se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Luego la investigación se fue ampliando.

Sur Finanzas era sponsor de clubes de fútbol, también les prestaba dinero y su dueño mantenía vínculo habitual con el presidente de la AFA. El juez de Lomas de Zamora amplió la acusación a Vallejo y otros 20 acusados y 17 empresas y ordenó nuevas declaraciones indagatorias que están en marcha.

La Cámara Federal habilitó a Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, a intervenir con una representación propia en la causa argentina contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad.

Con este fallo, los jueces permitieron la creación de una tercera querella a cargo de los abogados de la Gendarmería Nacional, que podrá abordar las circunstancias de su detención durante 448 días en Venezuela y sus posibles efectos sobre la fuerza de seguridad argentina.

El tribunal mantuvo la unificación de los restantes damnificados en dos grupos, dirigidos por los abogados Jovtis García y Farini Duggan. Sus representaciones tendrán enfoques distintos: una se concentrará principalmente en miembros de fuerzas de seguridad y militares, mientras que la otra apuntará a los máximos responsables de la estructura de poder venezolana.

En el caso de Gallo, fue privado de su libertad en Venezuela durante el gobierno de Maduro, pero los magistrados concluyeron que su situación tiene rasgos que la diferencian de las demás querellas ya reunidas. Entendieron que su condición de ciudadano argentino y funcionario de una fuerza de seguridad nacional impide, por el momento, incluir su caso entre las denuncias de otras víctimas.

La Cámara señaló que la investigación deberá concentrarse en su captura al ingresar a Venezuela, su traslado, su permanencia en el centro de detención Rodeo I, las condiciones de su encierro y el proceso al que fue sometido. También incluyó la posible actuación de funcionarios judiciales, penitenciarios, policiales, militares o de inteligencia venezolanos.

Los jueces advirtieron que la presunta utilización de la condición de Gallo como miembro de la Gendarmería Nacional Argentina podría haber comprometido el funcionamiento de la institución o de sus integrantes.

En el marco de su planteo, el gendarme Nahuel Gallo le había dicho a los jueces que él se considera víctima, después de que estuvo privado de su libertad en Venezuela, bajo el régimen del entonces Nicolás Maduro, que lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El fallo, firmado hace unas semanas y al que tuvo acceso Infobae en el contexto del anuncio del libro que se propone escribir Gallo contando su experiencia durante el cautiverio, consideró que los hechos bajo investigación fueron catalogados como graves violaciones a derechos humanos.

La causa contra Maduro

El expediente que tramita en nuestro país contra Nicolás Maduro incorporó en los últimos días una notificación desde Estados Unidos que definió la postergación del análisis del pedido de extradición formulado por la Justicia argentina.

El Departamento de Estado argumentó que Maduro actualmente está siendo juzgado en Nueva York, donde fiscales estadounidenses lo acusan de delitos con impacto en Estados Unidos: presunta conspiración de narcoterrorismo, envío de cocaína al país y delitos relacionados con armas.

La investigación local, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, sigue abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal. Maduro tiene una orden de captura internacional y fue convocado a indagatoria. También están imputados Diosdado Cabello y otros 14 funcionarios venezolanos.

Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa del excomandante Justo José Noguera Pietri. La querella pidió que se mantenga abierta la investigación.

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó otro pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez al concluir que sus patologías crónicas reciben tratamiento y controles compatibles con su detención en Ezeiza, donde cumple su condena unificada por Ruta del Dinero K y Vialidad.

Es la cuarta vez que el tribunal ejecutor le niega el beneficio. Su nueva defensa analizará otra estrategia y no apelará el planteo de los abogados anteriores.

La jueza Valeria Rico autorizó el ingreso al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza del médico de confianza de la defensa, Raúl Guillermo Benavente Ferrer, quien podrá entrevistar a Báez, revisar su historia clínica, requerir registros anteriores y definir la periodicidad de controles para autorización del Tribunal.

El fallo consideró que el cuadro clínico es estable, según revelan los estudios y las consultas médicas, incluida una videocolonoscopia realizada en julio pasado, con extracción de un pólipo, cuya biopsia determinó que se trataba de un adenoma túbulo velloso con displasia de bajo grado.

La defensa también había fundamentado el pedido en los 70 años de Báez. El tribunal sostuvo que la edad no habilita por sí sola el arresto domiciliario, pues la ley exige analizar cada caso.

El fallo

La jueza Rico examinó los informes del Cuerpo Médico Forense, el Hospital Penitenciario Central I y los centros de atención extramuros donde se hicieron evaluaciones.

El Cuerpo Médico Forense determinó que Báez tiene hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad leve, dislipemia, EPOC, hipertrofia prostática benigna, hemorroides y antecedentes de adenoma de colon. Sus afecciones son crónicas, están tratadas y sin signos de descompensación.

Los peritos recomendaron controles por gastroenterología, diabetología, cardiología, clínica médica, neumonología y oftalmología, y mediciones de glucemia dos veces diarias hasta nueva consulta diabetológica.

El Servicio Penitenciario Federal informó enfermería 24 horas, médicos de planta, guardia permanente, diagnóstico por imágenes, especialidades y traslados a hospitales externos ante urgencias. El tribunal consideró que esa estructura y las derivaciones permiten la atención requerida.

Lázaro Báez seguirá preso con una condena de 10 años por lavado de activos agravado en la causa Ruta del Dinero K. Además, tiene una pena única de 15 años, pendiente de firmeza por un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pedidos de arresto domiciliario de Lázaro Báez

Desde su regreso a una cárcel común para cumplir la pena única de 15 años por Ruta del Dinero K y Vialidad, Báez presentó al menos otros tres recursos para flexibilizar su detención ante la Cámara de Casación Penal, por salud, edad y situación familiar.

El primero fue tras la confirmación de Vialidad y unificación de penas, en julio de 2025. No prosperó; Báez dejó el arresto domiciliario en El Calafate, vigente desde la pandemia, y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos y después a Ezeiza.

Luego pidió recuperar el beneficio, argumentando problemas de diabetes tipo 2, hipertensión, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon, un tumor no canceroso con cambios celulares de alto grado que pueden derivar en cáncer. Además, cuestionó la atención médica en la cárcel.

La Sala IV de Casación atendió el reclamo de Báez y devolvió el expediente al TOF 4 para revisar su negativa, tras considerar que habían surgido circunstancias novedosas, incluidos sangrados digestivos tras extirparle un pólipo intestinal.

Tras otra audiencia e informes médicos, el tribunal oral volvió a rechazarlo y ordenó informes semanales, controles de glucemia, traslados a consultas externas y una videocolonoscopia.

Casación confirmó la decisión por mayoría. Javier Carbajo y Gustavo Hornos consideraron que las enfermedades podían ser atendidas en Ezeiza y que no se probó riesgo para su vida o integridad física, mientras que Mariano Borinsky disintió y votó por el arresto domiciliario.

Báez está detenido desde abril de 2016, cuando fue arrestado por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K. Durante la prisión preventiva, sus abogados presentaron pedidos por enfermedades crónicas y vencimiento de plazos legales de esa medida.

En el inicio del juicio oral en su contra por la muerte de Walter Armand, el motociclista al que atropelló con su auto y mató en abril de 2024 en La Plata, Felicitas Alvite (23), más conocida como “La Toretto”, pidió declarar este lunes en la apertura de la primera audiencia y se disculpó ante la familia de la víctima.

Tras 45 minutos de demora para el comienzo del debate, la acusada por la muerte de Armand llegó a la sede judicial acompañada por su madre y sus abogados, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que “La Toretto”, quien dejó el rubio y ahora luce cabello color castaño, solicitó prestar declaración ante los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata.

Al tomar la palabra, Alvite le pidió perdón a los familiares de Armand presentes en la sala y habló del peso de romper una familia.

“Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día”, sostuvo la joven, según consigna el medio 0221.com.ar. Y en relación con el mensaje que se viralizó en las redes sociales poco después del incidente, añadió: “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”..

Durante su declaración, “La Toretto”, quien es juzgada por homicidio simple con dolo eventual, no aguantó la emoción y rompió en llanto en plena audiencia. Por ese motivo, su defensor le solicitó al tribunal que ampliara sus dichos más adelante.

“La secuencia de las cámaras habla por sí sola, tanto de ella como de la amiga. Venían a la par todo el tiempo”, sostuvo este lunes Milton, el hermano de la víctima, durante una breve entrevista que le concedió al canal de noticias TN una vez finalizada la audiencia.

Y en esa misma línea, lamentó la falta de empatía que Alvite y su amiga tuvieron para con su familia. “Nunca se acercó ella, ni familiares ni allegados. No hubo ni una disculpa. Desde un principio lo que hicieron fue mentir, inventar cosas, ‘fingir demencia’ puso ella en el chat con las amigas… Si no hubieran estado las cámaras, podrían haber acusado a mi hermano de ladrón", planteó.

El debate también tiene como acusada a Valentina Velázquez, amiga de la conductora, investigada por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos.

Alvite llegó al juicio bajo prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo en mayo de 2025 y que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Armand. En octubre pasado, el tribunal rechazó un nuevo pedido de la joven para salir de su casa dos veces por semana y trabajar en un estudio jurídico.

La acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervienen en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

El proceso se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6 de noviembre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, está prevista la participación de cerca de 100 testigos, propuestos por la Fiscalía, la querella y las defensas.

Qué dijo “La Toretto” ante la Justicia

La versión de Alvite sobre lo sucedido aquella madrugada será uno de los puntos centrales del juicio. La joven declaró ante el fiscal Fernando Padovan el 3 de mayo de 2024, después de entregarse a la Policía, y reconoció haber conducido de manera imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

Durante la indagatoria explicó que aquella noche salió con amigos y que, como no conocía bien el recorrido, decidió seguir el automóvil que circulaba delante de ella.

También aseguró que nunca miró el velocímetro y que advirtió la presencia de la motocicleta cuando ya era demasiado tarde para evitar el impacto.

La declaración se extendió durante varias horas y debió interrumpirse cuando Alvite sufrió una crisis de angustia que requirió asistencia médica.

Al finalizar aquella audiencia, Gliemmo sostuvo que su clienta reconocía su responsabilidad por lo ocurrido, pero rechazó la acusación de homicidio doloso. La defensa argumentó que la joven no tuvo intención de matar y que no existió una carrera clandestina entre los vehículos.

Esa posición se contrapone con la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que Alvite circulaba a alta velocidad, atravesó semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar un resultado fatal. Las imágenes de las cámaras municipales, junto con las pericias y los testimonios incorporados al expediente, serán fundamentales para determinar las circunstancias del choque.

Este lunes continuó el juicio por la causa Hotesur - Los Sauces. En la tercera audiencia, concluyó la lectura de los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner, por el lavado de dinero proveniente de la corrupción que habrían ejecutado a través de su inmobiliaria en la ciudad de Río Gallegos.

Ambos siguen el debate oral a través de Zoom. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

Además del lavado, la exmandataria y su hijo, actual diputado nacional, están acusados por los delitos de asociación ilícita, como jefa y organizador, respectivamente.

El juicio continuará el viernes de esta semana con la lectura de la acusación que formuló la Unidad de Información Financiera (UIF) en su carácter de querellante.

Terminó la audiencia

Concluyó la lectura del caso “Los Sauces”, que se resumió en un dictamen fiscal de 368 páginas.

El TOF N° 5 dictó un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre. El debate seguirá con la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por la querella que representa la Unidad de Información Financiera (UIF)

San José 1111: simulación u omisión de operaciones financieras

Estos cargos consisten en insertar datos falsos, mencionar hechos inexistentes que no se ajusten a la realidad o naturaleza de la transacción, u omitir documentar o dejar debida constancia de una operación crediticia (activa o pasiva) o de negociación de valores.

Bajo este marco, la fiscalía vincula directamente la conducta de los empleados del Banco de la Nación Argentina (BNA) —Mónica Romero, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Rolando D’Avena y Marcelo Mazú— con la maniobra de lavado de activos de la firma Los Sauces. Específicamente, se les acusa de haber intervenido en las operaciones bancarias del 6 de mayo de 2015 destinadas a la compra del departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Ese día, registraron un ingreso de $4.000.000 en la cuenta de la sociedad bajo el rótulo de “depósito en efectivo”, omitiendo deliberadamente -según la fiscalía- asentar que los fondos provenían de una caja de ahorros de Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, y ocultando la identidad de quien ordenó la transacción.

Asimismo, los acusados registraron la transferencia posterior de $3.959.000 hacia una cuenta en la sucursal Plaza de Mayo como si fuera un “cheque de servicio”, cuando en realidad se trató de una transferencia electrónica a favor de la firma Pilisar S.A., sin dejar antecedentes ni identificar al ordenante.

Los cargos por lavado de dinero

La fiscalía sostiene que las conductas investigadas constituyen un caso de “delito continuado”, caracterizado por una pluralidad de acciones homogéneas y sucesivas que responden a un plan común. Dado que las maniobras de blanqueo se habrían dado de manera ininterrumpida entre los años 2009 y 2016, y en 2011 cambió la ley para perseguir este delito, se determina que resulta aplicable la normativa más gravosa (la ley 26.683) para todo el hecho. La única excepción rige para aquellos imputados que participaron en los delitos precedentes antes de junio de 2011, a quienes no se les puede atribuir penalmente el lavado de esos fondos específicos.

En cuanto a los requisitos del tipo penal, la fiscalía acreditó la existencia de los “bienes provenientes de un delito”. Por un lado, los fondos inyectados por las empresas de Lázaro Báez provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz. Por el otro, el dinero canalizado por el Grupo Indalo tenía su origen en el ofrecimiento de dádivas y en la defraudación fiscal a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La acusación enfatiza que el hecho de que parte del dinero proviniera de pagos del Estado no impide la configuración del lavado, pues la maniobra consistió precisamente en “justificar” y dar apariencia lícita a activos de origen espurio.

Finalmente, el dictamen aborda el aspecto subjetivo del delito, centrado en el conocimiento del origen ilícito de los fondos. La fiscalía adopta la postura que establece que no se requiere un conocimiento preciso y acabado del delito previo, sino que basta con que los sujetos activos sospechen o perciban dicha procedencia ilegal. En este caso, para la acusación, la prueba es concluyente: una parte de los acusados participó directamente en los ilícitos precedentes, mientras que el resto de los implicados —unidos por estrechos vínculos de confianza familiar, comercial o laboral— conocía perfectamente el origen espurio de los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces para el beneficio final de la familia Kirchner.

Ofrecimiento y recepción de dádivas

El artículo 259 del Código Penal sanciona al funcionario público que admita dádivas entregadas en consideración a su oficio, así como al particular que las presente u ofrezca.

Bajo este marco legal, la acusación sostiene que el Grupo Indalo, tras recibir diversos contratos, licencias y concesiones del Estado Nacional durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ofreció dádivas que fueron canalizadas mediante pagos a la inmobiliaria Los Sauces, simulados bajo contratos de alquiler de propiedades que resultaban innecesarios o con precios por encima de los valores de mercado.

Por su parte, Cristina Fernández aceptó estas dádivas, las cuales se incorporaron efectivamente a su patrimonio a través de la sociedad familiar que integraba junto a su esposo e hijos. Este ofrecimiento y posterior aceptación de fondos ilícitos se diseñó de manera previa a la maniobra de lavado de activos, sirviendo como el delito precedente necesario para el posterior reciclaje del dinero.

Finalmente, el dictamen fiscal acredita la participación de Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva como partícipes necesarios en el delito de aceptación de dádivas, al no poseer la condición de funcionarios públicos requerida para ser autores. Ambos imputados, pertenecientes al círculo íntimo de los exmandatarios, intervinieron activamente en la maniobra depositando los cheques de las firmas Álcalis de la Patagonia e Inversora M&S en las cuentas de Los Sauces, mientras se desempeñaban simultáneamente como empleados de las empresas que resultaban beneficiadas por el Estado.

De este modo, la fiscalía encuadra la conducta de Cristina Fernández, Sanfelice y Leiva en la aceptación de dádivas, sin perjuicio de que en el debate oral puedan aplicarse figuras penales más graves.

Una misma asociación ilícita para múltiples delitos

Al analizar los cargos por asociación ilícita, la fiscalía consideró demostrada la existencia de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes, sus hijos, exfuncionarios y empresarios de confianza para instaurar una organización destinada a enriquecerse ilícitamente a costa del Estado.

Los fines de la asociación eran indeterminados, ya que no existía un “catálogo preciso” de las obras viales a ejecutar ni de los medios específicos para justificar las ganancias, sino un pacto general para realizar cualquier conducta que contribuyera al objetivo final. Aunque la organización delictiva se inició en mayo de 2003 con la creación de Austral Construcciones, siempre según la acusación, con el tiempo se incorporaron nuevos integrantes en la faz pública y privada para intervenir en los sucesivos planes de sustracción y reciclaje de activos.

La cúspide de este esquema que plantean los fiscales estuvo ocupada por Néstor y Cristina Kirchner, quienes, como jefes de la organización, dirigieron los hilos del Estado para beneficiar a los empresarios afines y, en la faz privada, controlaron la estructura para recibir los fondos ilícitos a través de maniobras de lavado. Como jefes, tomaban decisiones y daban órdenes sin requerir autorización ni rendir cuentas.

Por debajo de la jefatura se ubicaron los organizadores, quienes cumplieron funciones gerenciales preponderantes en el ordenamiento de la banda. En este rol se destaca a Máximo Kirchner, encargado de ejecutar los actos cotidianos en la faz privada (cobro de cheques, firma de contratos y compra de propiedades), junto con Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos De Sousa, Víctor Manzanares y Osvaldo Sanfelice en la conducción de los planes de fraude y lavado.

Finalmente, la estructura se completaba con miembros simples y profesionales de confianza. Entre ellos se encontraban Florencia Kirchner, Romina Mercado, Martín Báez, Emilio Martín y Carlos Sancho, quienes actuaban a requerimiento de los jefes para instrumentar los contratos, emitir cheques y administrar las sociedades. Asimismo, los escribanos Albornoz y Ludueña aportaron su rol notarial para diseñar el andamiaje societario y las transferencias de dominio necesarias para la organización.

Cómo habría llegado el dinero al patrimonio de los Kirchner

Para la fiscalía, esta fue la tercera y última etapa del proceso de lavado de activos, cuyo objetivo fue integrar los fondos de origen ilícito —previamente blanqueados bajo el ropaje de legitimidad de la actividad inmobiliaria y hotelera de Los Sauces S.A.— directamente al patrimonio de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner. Esta fase completó el circuito de reciclaje, permitiendo que los exmandatarios y sus hijos dispusieran de manera segura y gozaran libremente de los rendimientos generados por los alquileres abonados por los empresarios, siempre de acuerdo a la hipótesis de la acusación.

Como consecuencia de la inyección constante de casi 26 millones de pesos -a valor de la época- por parte de las empresas de los grupos Báez e Indalo y la firma Idea S.A., Los Sauces experimentó un crecimiento patrimonial superior al 12.000%. Para canalizar estos fondos hacia los miembros de la familia Kirchner, se utilizó una ingeniería financiera basada en “préstamos” o mutuos que los propios socios le otorgaban a la sociedad para la compra de propiedades.

Posteriormente, la empresa les “devolvía” ese dinero en efectivo bajo el concepto de “devolución de créditos”, lo que facilitó la extracción de más de 10 millones de pesos sin cumplir con las formalidades y tiempos legales para la distribución de ganancias.

A través de las cuentas particulares registradas en los libros contables, se materializaron los retiros individuales de fondos limpios. Inicialmente, se utilizó la cuenta de Néstor Kirchner, la cual, tras su fallecimiento, continuó siendo operada por sus herederos hasta que en 2012 el saldo a favor de $4.816.661,43 se dividió: la mitad para Cristina Fernández ($2.408.330,73) y la otra mitad en partes iguales para Máximo y Florencia Kirchner ($1.204.165,35 cada uno). A partir de allí, Cristina Fernández retiró para uso personal $2.095.426,67 (realizando el 99,20% de estos movimientos tras la tipificación del autolavado), Máximo Kirchner extrajo $2.492.415,69 (que incluyeron retiros directos, pago de gastos y supuestos honorarios como director), y Florencia Kirchner retiró $883.293,07 por su cuenta particular.

Además de los retiros directos de efectivo, la organización utilizó otros mecanismos para beneficiar a los miembros de la familia presidencial, sostuvo la fiscalía. Florencia Kirchner fue incorporada como empleada de Los Sauces S.A. entre junio de 2015 y abril de 2016, percibiendo una remuneración total de $874.871,12, a pesar de que ya era accionista y vicepresidenta, y de que se desconocía qué función específica cumplía en la inmobiliaria.

Finalmente, el esquema incluyó la entrega gratuita y el uso personal de dos inmuebles adquiridos con fondos de la sociedad: la casa de la calle Mascarello 441 en Río Gallegos para Cristina Fernández y el departamento de la calle San José 1111 en Buenos Aires para Florencia Kirchner, lo que evidenció una “confusión entre la persona jurídica y las personas físicas” de la familia presidencial.

Cuarto intermedio

Los jueces José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni convocaron a un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

El enroque entre Idea y Valle Mitre

La firma Idea S.A. fue constituida el 7 de septiembre de 2011 por el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Carlos Alberto Sancho, y su esposa, María José Fernández Clark, ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña. Aunque su objeto social original abarcaba actividades inmobiliarias, agropecuarias, financieras y comerciales, la hotelería se convirtió en su rubro principal tras asumir la administración de los hoteles de los expresidentes, a pesar de no estar explícitamente contemplada en sus estatutos. Un año después de su creación, en noviembre de 2012, los fundadores transfirieron la totalidad del paquete accionario por $30.000 a Osvaldo José Sanfelice (91,67%) y a su esposa Marta Alcira Leiva (8,33%).

Durante sus primeros dos años, la empresa funcionó como una “shelf company” o sociedad de estantería, manteniéndose completamente inactiva, sin empleados, operaciones comerciales ni movimientos económicos. Su activación repentina se produjo en agosto de 2013, motivada por la repercusión pública del informe periodístico conocido como “La Ruta del dinero K”, el cual expuso el vínculo comercial entre Lázaro Báez y la familia Kirchner.

Ante este escenario, dijo la fiscalía, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner decidieron desplazar de inmediato a la firma Valle Mitre (de Báez) de la explotación de sus hoteles y colocar en su reemplazo a Idea S.A. para continuar con la maniobra de reciclaje de fondos.

De esta manera, Idea S.A. asumió la administración y explotación de la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén, actuando como una persona interpuesta entre la sociedad familiar Los Sauces S.A. y los fondos provenientes del Grupo Indalo. Para instrumentar el esquema, el 29 de agosto de 2013, Máximo Kirchner (por Los Sauces) y Osvaldo Sanfelice (por Idea S.A.) firmaron un contrato de locación por el Hotel La Aldea del Chaltén por un plazo de tres años. El precio pactado fue de $20.000 mensuales más IVA, sumado a un 10% sobre la utilidad neta mensual final, estableciéndose además noventa días de gracia para el inicio de los pagos.

A través de este mecanismo, Idea S.A. canalizó un total de $561.665,56 en favor de Los Sauces S.A. entre enero de 2014 y marzo de 2016. Al menos $396.750,39 de esa suma se transfirieron de manera “limpia” mediante dieciocho operaciones bancarias periódicas realizadas desde la cuenta corriente de Idea S.A. en el Banco Patagonia (Sucursal El Calafate) hacia las cuentas de Los Sauces S.A. en el Banco Nación y el Banco Santa Cruz. El éxito de la operatoria estuvo respaldado por personas del círculo de extrema confianza de los expresidentes, destacando a Osvaldo Sanfelice, quien actuaba simultáneamente como presidente de Idea S.A. y apoderado de Los Sauces S.A., situándose nuevamente de “los dos lados del mostrador”, de acuerdo a la acusación.

El caso Alcalis y el rol de Sanfelice

La firma Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. fue constituida en agosto de 1970 con un objeto social enfocado en la fabricación de productos químicos. A lo largo de los años, su participación accionaria estuvo repartida entre más de un centenar de socios, pero su principal tenedora de acciones fue la firma South Mineral S.A.. En junio de 2010, el 100% del paquete accionario de South Mineral S.A. fue adquirido por Inversora M&S.

En este esquema, se destaca la inserción de Osvaldo José Sanfelice, socio y persona de extrema confianza de la familia Kirchner, quien formó parte de la nómina de empleados de Álcalis de la Patagonia desde 2006 hasta 2016. La permanencia de Sanfelice en la firma química no fue casual, sino que resultó esencial para el proceso de reciclaje de activos, según la versión acusadora. En su rol de apoderado de la firma Los Sauces, Sanfelice se encargaba de cobrar y depositar en la cuenta bancaria de la sociedad presidencial los cheques que transfería su propia empleadora, Álcalis de la Patagonia, actuando simultáneamente “de los dos lados del mostrador” para canalizar los fondos ilícitos.

Como contraprestación por diversos beneficios impositivos y prebendas recibidos del Estado Nacional, Álcalis de la Patagonia -parte del Grupo Indalo- inyectó fondos en Los Sauces entre abril de 2009 y marzo de 2016. Durante este período, la sociedad de la familia Kirchner le facturó a la empresa química un total de $4.658.053.

Para justificar legalmente este flujo constante de dinero, los acusados recurrieron a la formalización de un vínculo contractual ficticio consistente en el alquiler de un departamento en el Edificio Madero Center.

Valle Mitre, la empresa pantalla

Constituida en 2004 por el escribano Ricardo Leandro Albornoz y su socio Máximo Carlos Maratta con un capital de 12.000 pesos, la sociedad mantuvo una larga etapa de pasividad, sin libros contables ni empleados, funcionando como una “shelf company”. Su propósito real no era la actividad comercial inmediata, sino estar disponible para ser implantada rápidamente en un negocio posterior, comenzando a recibir fondos de Lázaro Báez a través de Austral Construcciones para “darle movimiento” antes de pasar a administrar los hoteles de la familia Kirchner, según la fiscalía.

A pesar de su falta de experiencia y capacidad financiera, Valle Mitre fue colocada como la administradora de tres hoteles presidenciales: la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén. En 2009, la firma se transformó en sociedad anónima y se produjo la aparición formal de Lázaro Báez y su hijo Martín como accionistas mayoritarios (con el 46% cada uno). La integración de esta sociedad pantalla se realizó “en espejo” con el órgano de administración de Hotesur, involucrando a personas del círculo de extrema confianza tanto de los expresidentes como de Báez.

La función estratégica de Valle Mitre consistió en operar como nexo o intermediaria para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez hacia los hoteles de la familia Kirchner. Para capitalizar y sostener a la empresa pantalla, se utilizaron diversos mecanismos simulados y falsas contrataciones, tales como el alquiler ficticio de habitaciones en el Hotel Alto Calafate para personal de obras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia, la supuesta contratación de salones para promociones petroleras de YPF, y contratos millonarios de asesoramiento en marketing y construcción de complejos turísticos.

A través de este esquema, Valle Mitre recibió millonarias sumas de diversas firmas del Grupo Báez (como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto) y, a su vez, la firma Los Sauces le facturó un total de $2.836.724 por la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén entre 2009 y 2013. Para justificar estos flujos, se suscribieron contratos de locación y prórrogas sin exigencia de garantías o fiadores. La relación comercial cesó en mayo de 2013 debido a la repercusión pública del vínculo entre Báez y los expresidentes, momento en el cual Valle Mitre entró en declive y fue abandonada, siendo reemplazada por la firma Idea S.A. de Osvaldo Sanfelice.

Austral Construcciones continuó la transferencia de fondos

“Una vez que la firma Loscalzo y Del Curto culminó su vínculo contractual con Los Sauces en diciembre de 2014, Lázaro Báez cambió la empresa desde la que canalizaría los fondos a favor de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, utilizando a la firma Austral Construcciones, que desde el mes de enero de 2015 y hasta el mes de octubre de ese mismo año, se encargó de hacer llegar el dinero ilícito que era defraudado en forma simultánea al Estado Nacional”, estableció la fiscalía.

Cabe recordar que Austral Construcciones recibió entre 2003 y 2015 más de 6 mil millones de pesos del Estado por las obras públicas viales “irregularmente asignadas” en la provincia de Santa Cruz, “luego de ser creada en mayo de 2003 con el capital mínimo de $12.000″, apuntó la acusación.

La empresa de Báez “participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos, aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio”. En los 10 meses que duró el vínculo comercial, Austral Construcciones transfirió $323.915,79 a favor de Los Sauces.

Para justificar el flujo de fondos, Máximo Kirchner, como titular de Los Sauces, y Martín Báez, en representación de la empresa Austral Construcciones, “habrían celebrado un contrato de locación en enero de 2015 a través del cual se habría instrumentado el alquiler del edificio de la calle Moreno N° 882 de la ciudad de Río Gallegos”.

Cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015, “Los Sauces también decidió romper su relación con la empresa Austral Construcciones, al igual que hizo con la sociedad Kank y Costilla, y que le permitió legitimar desde la principal contratista de obra pública beneficiada por el Estado la suma de $323.915,79″.

Según la acusación, Los Sauces alquiló luego las mismas propiedades a personas ajenas al circuito corrupto, con condiciones muy diferentes. De la investigación surgió que lo cobrado a Austral Construcciones conllevaría sobreprecios del 41%.

Loscalzo y Del Curto Construcciones

Esta empresa del Grupo Báez “formó parte de este esquema de blanqueo de activos”. Según la fiscalía, le adjudicaron una de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que forma parte de la causa Vialidad y “resultó subcontratista de Austral Construcciones en otras obras públicas que también se encuentran dentro de la investigación que se lleva a cabo en la causa mencionada”.

Loscalzo y Del Curto fue señalada por inyectar ese dinero proveniente de la corrupción a la firma Los Sauces desde enero de 2009 y hasta diciembre de 2014 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria.

“A su vez, no debe soslayarse que la firma Loscalzo y Del Curto también participó en el reciclaje de fondos ilícitos de la obra pública vial a través de la actividad hotelera, para lo cual, a través de la suscripción de contratos por servicios simulados en el Hotel Alto Calafate, se encargó de canalizar dinero ilícito proveniente de la defraudación al Estado Nacional a la firma Valle Mitre, para que esta luego lo aplicara a la actividad hotelera en beneficio de la firma Hotesur, propiedad de la familia Kirchner”, continuó la acusación.

Luego de “una relación comercial de 6 años”, Loscalzo y Del Curto transfirió un total de $1.691.580 “a favor de la empresa de los ex presidentes y su familia”.

La empresa “decidió alquilar un edificio completo que ella misma había construido y que un mes antes se encontraba con un 60% de avance, y “gastó en alquilar 6 años la propiedad por una suma superior a la que supuestamente demandó su construcción”.

Comenzó la audiencia

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La situación de los ocho ciudadanos iraníes y libaneses procesados por el atentado a la AMIA, que podrían enfrentar un juicio en ausencia en Argentina, tendrá una instancia clave el 24 de noviembre próximo en la Cámara Federal porteña.

Ese día, los jueces de la Sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Yadarola recibirán los planteos de la defensa oficial, que apeló los procesamientos, y de la fiscalía y una de las querellas, que cuestionaron la falta de mérito dictada a dos de los acusados. Luego, quedarán en condiciones de resolver si avalan lo resuelto el 21 de septiembre pasado por el juez federal Daniel Rafecas.

Ese día, el magistrado a cargo de la investigación del atentado procesó a los ocho ciudadanos iraníes y libaneses, por la supuesta planificación y ejecución del ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en Pasteur 633. Todos van camino a ser juzgados en ausencia. Fijó además un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los imputados.

La investigación

El juez Rafecas es titular del juzgado federal 3 pero subroga el federal 6, uno de los cuatro vacantes en Comodoro Py 2002. Allí tramita la causa por el atentado y no tiene magistrado titular desde la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral a mediados del 2020. Las subrogancias son por un año, en este caso vence cada octubre y Rafecas fue sorteado nuevamente para seguir al frente de ese juzgado, por lo cual continúa a cargo de la investigación. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acaba de proponerlo para incorporarse a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un cargo para el que concursó en 2018.

Las apelaciones

La apelación de los procesamientos fue presentada por el defensor oficial Hernán Silva y hasta el momento los argumentos se darán por escrito, ya que ninguna parte pidió exponer de manera oral.

El titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso apeló por su parte la falta de mérito que se dispuso para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Lo mismo hizo la querella de los familiares de víctimas encabezada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch, con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan.

A Salman “se le atribuyó integrar la organización armada de Hezbolá asentada en la Triple Frontera” y a Mouzannar “cooperar con esa estructura”, explicó la fiscalía en su apelación. “Por esa razón, el pedido de procesamiento no los incluyó entre quienes debían responder por los homicidios, lesiones y daños, sino por pertenencia o colaboración con una banda armada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal”, es decir, asociación ilícita, explicó.

Tanto la fiscalía como la querella reclaman que se sumen a la causa dos puntos de la acusación: “el patrocinio de los jerarcas iraníes a la agrupación terrorista libanesa Hezbolá y la pertenencia y/o colaboración a esa organización” porque son “claramente conexos con el ataque contra la AMIA y de allí que su investigación y esclarecimiento deba ser llevado adelante en el marco del presente expediente”, agregó la apelación.

La decisión quedará en manos de la sala I de la Cámara Federal, integrada por su juez titular Mariano Llorens y Yadarola, quien juró en septiembre pasado y ya intervino en otro incidente vinculado a la causa AMIA.

Los restantes integrantes de las dos salas del Tribunal de Apelaciones con sede en el segundo piso de los tribunales de Retiro están excusados o apartados de entender en esta investigación. Hasta julio pasado, Llorens resolvía los temas relativos a la causa AMIA con Martín Irurzun, el juez de la sala II que dejó su puesto cuando cumplió 75 años sin obtener el envío de su pliego al Senado para validar su cargo por cinco años más.

La acusación a los iraníes y libaneses

Al dictar los procesamientos a pedido del titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso, el juez Rafecas consideró a los acusados Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, entonces responsable de la Fuerza Al Quds autores mediatos por las funciones que habrían desempeñado dentro de las estructuras superiores del Estado iraní.

También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de esa representación y señalado como agente de inteligencia; y Salman Raouf Salman, ciudadano libanés conocido también como Samuel El Reda e identificado como integrante de Hezbollah.

Según la reconstrucción judicial, Rabbani habría reunido información sobre posibles objetivos y mantenido contactos con la estructura iraní. Asghari habría actuado como enlace entre la embajada y el aparato de inteligencia iraní, mientras que Salman fue acusado de coordinar la fase final de la operación en territorio argentino.

La hipótesis que sostiene la acusación atribuye el ataque a una operación internacional con participación de estructuras estatales iraníes y Hezbollah. Al resolver los procesamientos el juez Rafecas dio por probado que la ciudad brasileña de Foz de Iguazú en la Triple Frontera funcionó como punto regional de coordinación.

Lo que encontró a los 18 años, cuando ingresó a trabajar en el Poder Judicial, era menos espectacular: expedientes cosidos a mano, gente que esperaba carpetas en una mesa de entradas y un cotidiano muy distinto (y muy distante) a la fantasía del cine y la literatura. Paula empezó como meritoria, recorrió todos los escalafones de la carrera y hoy es jueza de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, hace poco menos de un mes, consejera de la Magistratura.

En esta entrevista de Sr. Juez, un ciclo semanal dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Castro repasa ese recorrido, explica por qué cree que no hace falta un padrinazgo político para llegar a ser juez y analiza los desafíos de un Poder Judicial atravesado por vacantes, demoras, presiones y la necesidad de acercarse a quienes buscan una respuesta en los tribunales.

—¿Siempre soñó con ser jueza?

—La verdad que no. Te cuento un poco cómo llegué a esta profesión. Mi familia no tiene nada que ver con el Derecho. Mi padre trabajó en un laboratorio, luego tuvo una inmobiliaria. Mi madre es profesora de inglés de niños. Así que en mi casa no era una casa judicial ni una casa que se dedicara al Derecho, por lo cual fue toda una novedad en mi familia.

Siempre soñé con esto intuitivamente. Leía mucho de chica: novelas policiales, Agatha Christie, siempre casos. Después, cada vez que veía películas vinculadas con los juicios, me impactaba, me gustaba, me encontraba en un ámbito que me fascinaba. Y la llave final fue cuando vi Philadelphia, una película sobre la discriminación hacia un abogado que tenía una enfermedad. Eso me llevó para el lado de la Justicia y del Derecho. Primero del Derecho y después de la Justicia. No tenía vínculos con el Poder Judicial, por lo cual mi primera definición fue estudiar Derecho.

—Mucha película estadounidense.

—Sí, de juicios.

—¿Y con qué se encontró cuando entró al mundo judicial?

—Con otro mundo. Igual era pequeña. Salí del colegio y entré al Poder Judicial. No tenía vínculos con el Poder Judicial, solo un amigo de mi padre que supo que quería estudiar Derecho. Era un amigo muy cercano, que fue un poco mi guía en esta experiencia de entrar en Tribunales. Me llevó un día a un juzgado civil y me mostró lo que era Tribunales, al mismo tiempo que yo empezaba a estudiar la carrera. Tenía 18 años y recién empezaba este camino.

Ya tenía definida esta carrera. Durante el quinto año avancé con el CBC a distancia, lo hice libre. Tenía claro que quería ese camino, un poco por mi carácter, que siempre fue —y lo es— de solucionar conflictos, de encontrar los puntos en común, de conciliar, de suavizar los problemas de la gente. Me pasa en todos los ámbitos.

Con Miguel llegué al juzgado y vi un mundo que no tenía nada que ver con lo que uno veía en la tele, ni mucho menos con un juicio, con un jurado o con el ámbito penal. Eran expedientes, papeles, cosiendo expedientes a la antigua. Mucha gente que iba y venía por la mesa de entradas pidiendo carpetas. Pero me impactó, me gustó de otra manera.

—Menos espectacular.

—Menos espectacular, más cotidiano, más de la vivencia diaria. Empecé como meritoria. En aquella época, hace ya un poco más de 30 años, empezábamos de ese modo: trabajábamos sin sueldo, haciendo mérito para llegar a un lugar. Algún día, después de dos años, llegó el nombramiento, que era lo que más deseaba en ese momento.

Después llegamos a la realidad: las deficiencias que tiene el sistema, las carencias. También lo humano, porque ahí conocí a un montón de gente. De hecho, con muchos y con la mayoría sigo teniendo un vínculo al día de hoy. Cada uno siguió su camino, su carrera, y hemos ido caminando juntos.

—¿Cuántos años de carrera judicial hizo hasta llegar al cargo de jueza?

—Veinte años. Ingresé como meritoria y transcurrí todos los escalafones de la carrera judicial. Me parece importante porque nos permite conocer todos y cada uno de los puntos de la carrera, las necesidades que uno compatibiliza y ve en cada momento. Hasta llegar al cargo de funcionaria, que quizás es el primer hito donde una empieza a tener una responsabilidad sobre la gestión y el liderazgo de un equipo de trabajo. Son muchos años de formación.

—Veinte años de formación. Y aun así uno piensa, bueno, hay una polémica en torno a cómo se nombran los jueces, cómo acceden a ese cargo, si es necesario un padrinazgo político tal vez para llegar a ser juez.

—No necesitás un padrinazgo político. Necesitás trabajo, compromiso, capacidad de trabajo, vocación de servicio. Hay ideas preconcebidas por la falta de comunicación que tiene el Poder Judicial, por la falta de transparencia en algunos puntos.

Con falta de comunicación me refiero a que no se conoce el día a día común de un juez o una jueza. La sociedad conoce al Poder Judicial a través de casos mediáticos, de determinados puntos de la Justicia que tienen más que ver con casos de corrupción o muy grandes. Pero el 90 % de los jueces lidiamos con las contingencias que vive el común de la gente, el ciudadano de pie, desde que nace hasta que muere: un accidente de tránsito, un despido, una sucesión, un divorcio o un problema familiar.

Los jueces civiles, comerciales y laborales trabajamos con la cotidianidad de la gente. Eso es lo que llega todos los días al tribunal. El ciudadano nos ve de otro modo cuando toma contacto con cada uno de nosotros, nos ve cara a cara y advierte que nos hacemos cargo de su problema. Puede estar o no satisfecho con la decisión, pero ve a la magistrada o al magistrado comprometido con esa situación.

Creo que el camino para encontrar una mejor comunicación con la sociedad está en construir confianza. Como en la vida: a partir de la conducta, la responsabilidad, el trabajo y de cumplir con lo que uno debe cumplir. Por eso, no creo que haga falta un padrinazgo político. Hay necesidad de compromiso, trabajo, de forjar una carrera y de capacitarse. Yo no dejé nunca de capacitarme, desde que me recibí hasta hoy.

—¿Cuáles son las habilidades que tendría que desarrollar hoy en día una persona que aspira a ser juez?

—Primero, una formación jurídica constante y en evolución. Segundo, aprender habilidades blandas que le permitan liderar equipos. Nos preparamos en lo jurídico y en lo técnico, pero el juez es mucho más que eso, la jueza es mucho más que eso. Tiene que llevar adelante un equipo de trabajo, tiene que ser recursos humanos, gestor, líder; tiene que resolver conflictos y ver cómo se manejan los problemas de personal.

Todo eso hace a la formación de un buen juez. Si el juzgado o la sala no funcionan de una manera diligente, armoniosa y amable, difícilmente las causas puedan avanzar como todos queremos. Hay que trabajar con eficacia, eficiencia y capacidad técnica, pero también aprender el manejo de las habilidades blandas. En la Escuela Judicial que desarrolla el Consejo de la Magistratura a través del Profamac se trabajan mucho estas habilidades que complementan lo técnico.

A cualquiera que quiera iniciar este camino le diría que se atreva, que estudie y que sea proactivo. Una tiene que mostrarse liderando y haciendo para que el resto también lo vea. Y esto se lo digo mucho a las mujeres: hay que atreverse, sin miedo y sin temor a equivocarse, aunque a veces no salga, pero avanzando.

—¿Veía la posibilidad de acceder al cargo de jueza siendo mujer?

—Te voy a contar una experiencia mía que me sirvió mucho. Cuando llegué al cargo de funcionaria, lo primero a lo que me invitaron fue a participar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios. No por una idea de corporativismo, sino para encontrar pares con los cuales trabajar y aprender.

Tengo 20 años de trabajo diario en la Asociación de Magistrados, en distintos roles. Me dediqué mucho a la capacitación, que es una pasión para mí. También a la facultad, por el contacto con los jóvenes que estudian Derecho y tienen una expectativa como la que yo tenía a los 18 años. Eso también permite ver los vaivenes institucionales y cómo podemos transitar un camino de cambio, sobre todo las mujeres: ganar territorio, espacio y confianza.

Eso se logra con perseverancia, trabajo, esfuerzo y proponiendo siempre cosas. Desde el momento en que fui funcionaria, cuando una mujer confió en mí para darme ese cargo, hasta hoy, entendí que también es esencial lo colectivo: trabajar en equipo, trabajar con otras mujeres.

Hay que desmitificar la creencia de que las mujeres no podemos trabajar en equipo. Hay muchas mujeres que inspiran y creo que quienes venimos en un camino un poco más avanzado tenemos que ocuparnos de eso: de inspirar a las más jóvenes y permitirles llevar esta idea de progreso, de que se puede avanzar en la carrera.

—¿Qué muestran las estadísticas sobre la presencia de las mujeres en la Justicia?

—Las mujeres hemos ganado mucho terreno. Hoy hay muchas camaristas, juezas, defensoras, fiscales, académicas y funcionarias. En el último mapa de género que hizo la Oficina de la Mujer hay un dato importantísimo: casi el 60 % de la integración de los poderes judiciales a nivel nacional, federal y provincial tiene composición de mujeres. Es un 58 % en todos los estamentos.

Pero cuanto más subimos en la escala jerárquica, esto disminuye notablemente. Si vamos al estadio más alto, a las cortes y a las defensorías y fiscalías generales, el número baja al 30 %. Hemos ganado mucho, pero tenemos mucho para trabajar también. Hay desafíos y todavía ciertos sesgos vinculados con mandatos que se endilgan a la mujer.

—Son mandatos o... ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no terminan de acceder en igualdad a los hombres a los altos cargos del Poder Judicial?

—Por este techo de cristal. Todavía, aunque no nos demos cuenta —y no lo digo solo por los hombres, también por las propias mujeres—, hay sesgos respecto de qué puede hacer una mujer y qué no puede hacer, qué rol se considera predominantemente masculino y cuál predominantemente femenino.

Hay fueros que se asocian más a la mujer, como Familia, Civil o Menores. Hay un estereotipo de género que vincula a la mujer con lo emotivo, la familia, los cuidados y las tareas de cuidado. Al hombre lo vincula con lo racional, lo productivo, la eficacia. Esto hoy está en crisis. Vemos ejemplos de mujeres que lideran en cada uno de esos espacios. Estas divisiones están quedando fuera de moda por el propio trabajo de la mujer, que ha demostrado con compromiso, vocación de servicio, perfeccionamiento y desempeño que es tan idónea como el hombre.

Sobre eso, hoy la mayoría no tiene dudas, pero hay que seguir trabajando porque a lo largo y a lo ancho del país todavía se ven diferencias, y las vemos objetivamente en las estadísticas. Por eso fue importante que en 2022 se elaborara en el ámbito del Consejo de la Magistratura un protocolo que asegura la inclusión de mujeres, particularmente en el caso de las consejeras juezas. Hay que reconocer los progresos, pero también que siguen existiendo obstáculos.

—¿Vivió alguna situación o tuvo la sensación de que por ser mujer había cosas que eran más difíciles?

—Sí. Muchas veces, sobre todo cuando todavía estamos forjando nuestro lugar, tenemos que demostrar más. Demostrar que nuestra vida familiar no va a interferir en la productividad del trabajo.

Cuando todavía era empleada, tuve una entrevista para un cargo. Habíamos quedado dos personas. En la entrevista con dos camaristas, que eran mujeres, me hicieron una pregunta que no tenía nada que ver con el desarrollo profesional ni con los exámenes que habíamos tenido. Me preguntaron si ese año pretendía ser madre. Como era una mujer joven, la pregunta fue si pensaba ser madre.

Salí de la entrevista y lo primero que pensé fue... a mi marido no le hubieran preguntado si iba a ser padre o si tenía planes de serlo. Se naturaliza que toda la tarea de cuidado familiar recaerá en la mujer y que eso va a mermar el rendimiento profesional. Y la pregunta no vino de hombres, vino de las propias mujeres.

Es un ejemplo que nos pasa a casi todas. Tengo amigas de mi edad y les pasó a casi todas. Si hay una vida familiar, se supone que esa persona va a rendir menos y entonces se elige a un hombre. Eso implica un doble esfuerzo, no para el trabajo que una va a desarrollar, porque lo iba a desarrollar igual, sino para demostrar que por ser mujer no hay una merma.

—¿También hay una desventaja en los ámbitos de sociabilidad, incluso fuera del horario laboral?

—En líneas generales, sí. Con amigas que hablamos de este tema muchas veces lo mencionamos. El hombre tiene la posibilidad, o el recurso, de ciertas actividades en las que se encuentran solos: el partido de fútbol, el de tenis, el asado, fumar un cigarrillo.

No hay que quejarse ni criticar eso, sino aprender a generar nuestros propios apoyos colectivos: mujeres que podamos juntarnos, compartir puntos de contacto, aprender de nosotras mismas y ser un apoyo para todo este camino, como lo son los hombres. Tengo muchos amigos varones que generé a lo largo de estos 30 años en el Poder Judicial, a quienes adoro y que me ayudaron enormemente.

Pero para las chicas que están empezando a estudiar una carrera y piensan cómo desarrollarse, tanto en el Poder Judicial como en el ámbito privado, las mujeres tenemos que apoyarnos y acompañarnos más. Eso también va a ayudar a revertir esta pirámide que se va achicando hasta que llega un punto en el que es más difícil llegar. Los obstáculos existen.

Tampoco hay que naturalizar que, si hay que comprar un regalo de cumpleaños, se lo damos a Laurita; si hay que preparar el almuerzo de fin de año, se lo damos a María. Eso lo puede hacer Jorge Pérez, Juan o cualquier persona, del género que sea. Esa naturalización nos complica.

—¿Tiene que haber una mujer en la Corte Suprema?

—Tiene que haber una mujer en la Corte. Las mujeres tenemos que estar en esos ámbitos. Hay distintas miradas, distintas formas de leer la realidad, distintas visiones. No tiene que haber una mujer porque necesariamente sea mujer, sino por esa otra lectura.

La realidad del día a día está compuesta por hombres, por mujeres, por gente de cualquier género y por diversidades. Así como en el Consejo decimos que tiene que haber hombres, mujeres y jueces de diversos estamentos —de primera instancia, de cámaras, del interior— porque cada uno conoce las necesidades de su colectivo, también es importante esa representación.

Son muy pocas las mujeres que llegan a ese estadio superior en la Corte Nacional. Por supuesto que tiene que llegar por sus méritos, no por el hecho de ser solamente mujer. Dentro de las mujeres hay gente fantástica, muy preparada y estudiosa, que aportaría una mirada y una sensibilidad distinta. Hay enormes mujeres para pensar en la Corte. Espero que, cuando se complete, vaya en ese camino.

—¿Qué tiene que cambiar en el Poder Judicial?

—Fundamentalmente, tiene que ver de qué manera se acerca a la gente. Todos los poderes del Estado tienen situaciones de tensión con la sociedad, pero el Poder Judicial tiene que empezar a dar respuestas. ¿Cómo? Mejorando el servicio de Justicia.

La gente quiere que sus problemas se resuelvan en un tiempo ágil, de un modo eficaz y profesional. No quiere que un proceso termine cuando ya no le sirve. Un proceso que dura diez años no soluciona la vida de nadie, llega tarde para todo. Incluso el trabajo que realiza el juez o la jueza ya no tiene sentido.

Los principales desafíos son la agilización de los procesos, la cobertura de vacantes y procesos de selección que no duren tanto tiempo. Tienen que llegar los más idóneos y tiene que haber una transparencia que permita entender, dentro del marco de discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo, que llegan los más preparados para solucionarle el problema a la gente.

También hay que robustecer la independencia judicial. Elegir bien a los jueces y que los jueces sean libres de decidir lo que crean que tienen que decidir en cada caso concreto, sin presiones y sin procesos disciplinarios por el contenido de sus sentencias. Si un juez se equivoca, está la vía recursiva para revisar sus fallos. Pero que pueda resolver libremente asegura, no al juez, sino al ciudadano, un mejor servicio de Justicia.

—¿Los jueces están sometidos a muchas presiones?

—Los jueces tienen que vivir con presiones. Vivimos constantemente sometidos a presiones, que pueden ser mediáticas o del poder. También puede ser la presión por el resultado de un proceso y sus repercusiones. Cada fuero es distinto, hay procesos de más trascendencia que otros, pero la presión existe y el juez, con experiencia, sabe manejarla.

—¿Usted cómo las maneja?

—Yo me manejo con los casos. Veo el caso y tomo una decisión con base en el expediente y en lo que pasa allí. El resto es de palo. Cuando una se mete en el expediente, ve los casos y toma contacto con las personas que intervienen en el proceso, las presiones se dejan de lado.

Ahora se trabaja en un proyecto de oralidad civil. Eso es fenomenal, porque las presiones también se desvanecen. Veo cara a cara al justiciable y ahí es más difícil que algo externo interfiera. Una escucha a la gente, resuelve el problema con lo que hay en el expediente y con eso estamos bien.

—¿Se deja de ser jueza en algún momento del día?

—No dejamos de ser personas de carne y hueso. Tenemos familia, amigos, pasiones, hobbies. Dejamos de ser jueces cuando nos vamos del ámbito donde nos corresponde ese rol. Luego hay una vida. Al menos yo no vivo todo el día de juez.

—¿Qué le gusta hacer?

—Me gusta mucho viajar, conocer otras culturas, compartir tiempo con amigos, amigas y familia. Tengo algo olvidado el deporte. De chica me inculcaron mucho el deporte: jugaba al tenis y nadaba. No tengo tanto tiempo libre en este momento, con todas las tareas que una tiene, pero es uno de los desafíos: volver a conectarme con el deporte, porque hace muy bien y es otra forma de aprender a trabajar en equipo.

—¿Sigue leyendo ficción?

—Sí, por supuesto. Leo más Derecho que ficción, pero cuando puedo y tengo tiempo libre, sí. Es un poco mi cable a tierra, junto con la docencia. Aunque parezca que la docencia está vinculada con el Derecho, hay días llenos de cosas, compromisos y actividades, y pienso: “¿Para qué me metí en esta clase? ¿Para qué voy a dar este tema?”. Pero llega el horario, sea una clase de grado o una clase para empleados de la Cámara de mi fuero, y me olvido del mundo. Me gusta transmitir conocimiento de una manera sana.

—Como una especie de meditación.

—Puede ser, porque es el único momento en que puedo cortar el teléfono, dejarlo a un costado y conectarme con la clase.

La palabra “secta” suele asociarse a líderes carismáticos, obediencia extrema, aislamiento, poder y dinero. Jurídicamente, sin embargo, el punto de partida es menos cinematográfico: en la Argentina “formar una secta” no es en sí un delito ni existe una ley nacional que prohíba, por ese solo rótulo, crear o integrar una organización de esta índole. De hecho, “secta” ni siquiera tiene una definición jurídica precisa.

La Constitución protege el derecho de asociarse con fines útiles y de profesar libremente el culto, mientras que el artículo 19 reserva a las personas un amplio espacio de autonomía siempre que sus acciones no perjudiquen a terceros. El Estado no puede decidir qué creencia es razonable, extravagante o demasiado intensa y perseguir a sus seguidores. Ser manipulador puede ser moralmente reprochable; para que intervenga el derecho penal, tiene que existir una conducta prevista como delito.

El escenario cambia cuando detrás de una organización aparecen coacción, explotación, abuso o sometimiento. Allí importa menos el nombre del grupo que lo que hace. Según el caso, y así lo han retratado numerosos documentales basados en hechos reales, pueden aparecer figuras como reducción a esclavitud o servidumbre, trata de personas, coacciones, estafa, abusos sexuales o asociación ilícita. La ley de trata, por ejemplo, contempla la captación de personas con fines de explotación y establece que el consentimiento de la víctima no libera de responsabilidad a quienes participan de ella.

Pero del obrar ilegal de un grupo organizado de personas puede desprenderse mucho más que consecuencias penales; también puede haber responsabilidad civil. Si esas prácticas provocan un daño patrimonial, psicológico o de otra naturaleza, el Código Civil y Comercial impone, como regla, el deber de repararlo. Una misma trama puede generar consecuencias penales y una obligación de indemnizar. No se castiga la creencia: se juzgan los actos.

Córdoba decidió avanzar un poco más. La Ley provincial 9891 creó en 2011 el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica. La norma —reglamentada en 2013— evita hablar de “sectas” y describe organizaciones que emplean, en la captación o adoctrinamiento, técnicas de persuasión coercitiva capaces de dañar severamente la personalidad, destruir vínculos con el entorno o vulnerar derechos. Su función es preventiva y asistencial, no crear delitos: la legislación penal de fondo corresponde al Congreso Nacional.

Recientemente, la ley 9.891 —aunque discutida, conocida también como “ley de sectas”— terminó bajo examen del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. En septiembre de 2026, por cuatro votos contra tres, el TSJ rechazó un amparo que pretendía declararla inconstitucional. La mayoría sostuvo que la norma no habilita al Estado a investigar dogmas, jerarquizar religiones o decidir cuáles creencias son aceptables. La facultad de “investigar y estudiar” a ciertos grupos solo puede leerse, según el fallo, como una tarea preventiva para detectar posibles prácticas coercitivas y, si corresponde, poner hechos delictivos en conocimiento de la Justicia.

Los tres jueces de la minoría, en cambio, consideraron inconstitucional esa facultad porque permitir al Poder Ejecutivo estudiar las “directrices” de determinados grupos podía convertirse en una intromisión incompatible con la neutralidad religiosa. El dilema aparece con claridad: proteger a una persona sometida sin convertir al Estado en árbitro de las creencias ajenas.

El propio TSJ agregó un dato llamativo: la palabra “secta” carece de rigor jurídico y posee una carga peyorativa. Por eso rechazó que la norma pueda ser llamada técnicamente “ley antisectas”. El foco no está en si un grupo es minoritario, extraño o sigue a un líder espiritual, sino en si vulnera la autonomía de sus miembros o les impide salir libremente.

Entonces, ¿están prohibidas las sectas? No. Tampoco existe en la Argentina una etiqueta jurídica que permita separar oficialmente una religión de una “secta”. Lo que sí está prohibido es usar una estructura espiritual, filosófica, terapéutica o comercial como cobertura para coaccionar, explotar, abusar, estafar o someter a una persona. Creer en algo extraño es una libertad. Aprovecharse de esa creencia para quebrar la voluntad ajena puede ser algo bien distinto.

Un juzgado federal ordenó una indemnización por la caída de un ascensor ocurrida en 2010 dentro de un instituto de formación dependiente del Estado. La sentencia responsabilizó de manera concurrente al organismo público a cargo del edificio y a la firma encargada de conservar el elevador, además de extender la condena a las aseguradoras, dentro de los límites de sus pólizas.

La demandante había iniciado una acción por daños y perjuicios después del episodio ocurrido el 29 de noviembre de 2010 en un inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Según el expediente, acudió al lugar para anotarse en una carrera y debió esperar fuera del edificio debido a la cantidad de personas que se encontraban allí.

Cuando le permitieron ingresar, subió al ascensor desde la planta baja junto con otras cinco personas. La resolución señaló que, al llegar al segundo piso, uno de los pasajeros intentó abrir la puerta para descender, pero el elevador comenzó a bajar de forma repentina.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, otro ocupante procuró abrir la puerta al llegar al primer piso. En ese momento, un tercer pasajero le advirtió que retirara la mano porque el ascensor continuaba su marcha descendente. Poco después, se escuchó un ruido fuerte y el aparato cayó hasta detenerse por debajo del nivel del primer piso.

La reclamante —que en ese momento tenía 20 años— sostuvo que se aferró a la reja interna del ascensor ante la caída y que golpeó su rodilla derecha contra el piso del habitáculo. También afirmó que sufrió lesiones en el brazo, el codo, la mano, la rodilla y el pie derecho, además de hematomas en la zona abdominal.

El personal de seguridad del edificio intentó abrir la puerta sin éxito. Según el fallo, fue necesario cortar el suministro eléctrico y solicitar la colaboración de varias personas para liberar a quienes estaban dentro del ascensor. Luego, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a la demandante a un hospital.

En el centro de salud, la joven recibió atención por un traumatismo de rodilla y otros golpes. Más tarde, afirmó que el hecho le dejó dolores cervicales, dorsales y en la rodilla derecha, además de temor a utilizar ascensores y otros medios de transporte subterráneo.

La demanda incluyó reclamos por incapacidad, daño psicológico, tratamiento, daño moral y gastos médicos. La suma inicial pretendida era de $83 mil, aunque la accionante dejó abierta la posibilidad de que el monto fuera modificado de acuerdo con la prueba que se produjera durante el proceso.

El tribunal rechazó una excepción presentada por una de las aseguradoras, que había argumentado que no existía una póliza que cubriera el siniestro. El juzgado consideró que el organismo estatal presentó una copia de la cobertura vigente al momento del accidente y que la compañía no cuestionó la autenticidad de ese documento.

Para resolver la responsabilidad, el magistrado aplicó el Código Civil anterior, vigente cuando ocurrió el hecho. Explicó, en términos generales, que quien tiene bajo su cuidado una cosa que puede generar riesgos debe responder por los daños que cause, salvo que logre demostrar que la víctima o un tercero fue responsable del episodio.

La prueba mecánica tuvo un peso central en la decisión. El perito concluyó que el descenso descontrolado del ascensor se habría originado en fallas del sistema de freno y en la ausencia de controles y mantenimiento adecuados. También descartó que el accidente obedeciera a un exceso de peso o a una cantidad excesiva de pasajeros.

La empresa a cargo del mantenimiento reconoció que conservaba el ascensor bajo las reglas previstas por una ordenanza municipal. Sin embargo, el expediente indicó que el último control anterior al accidente se había realizado el 14 de octubre de 2010, es decir, 49 días antes del hecho, pese a que la normativa exigía verificaciones al menos mensuales.

El juzgado sostuvo que esa omisión permitió establecer una conducta negligente, ya que la firma debía detectar y corregir fallas en elementos de seguridad como los frenos, los sistemas de alarma y los mecanismos de detención de emergencia. Por ese motivo, concluyó que tanto la entidad estatal como la conservadora del elevador debían responder por las consecuencias del accidente.

En materia de lesiones, la pericia médica no detectó secuelas físicas permanentes en la rodilla. La evaluación psicológica, en cambio, determinó un trastorno por estrés postraumático leve y una incapacidad del 10%, además de recomendar tratamiento semanal durante seis meses.

La indemnización fijada incluyó $35 mil por incapacidad sobreviniente, $600 mil para afrontar tratamiento psicológico, $25 mil por daño moral y $2 mil por gastos de curación, farmacia y asistencia médica. Los intereses sobre la mayor parte de los rubros correrán desde el accidente, mientras que los correspondientes al tratamiento psicológico comenzarán a contabilizarse diez días después de la notificación de la sentencia.

La decisión, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 6, impuso las costas del juicio a las demandadas y sus aseguradoras, con los alcances establecidos en las respectivas coberturas. La regulación de honorarios quedó postergada hasta que se practique y apruebe la liquidación definitiva.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó que una entidad bancaria y una empresa de telefonía deberán responder por transferencias no autorizadas desde cuentas de un cliente, luego de que un tercero tomara el control de la línea celular vinculada con los mecanismos de validación de las operaciones. El tribunal mantuvo la condena por el dinero sustraído y el daño moral, aunque dejó sin efecto una multa civil que había sido impuesta en la primera instancia.

El caso se originó a partir de hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2022. El demandante, en ese entonces de 47 años, tenía una caja de ahorro en pesos y otra en dólares, además de una línea telefónica que utilizaba en su teléfono celular. Según sostuvo en la demanda, personas desconocidas realizaron varias transferencias desde sus cuentas sin su autorización, luego de que la titularidad de su número telefónico fuera cambiada a nombre de un tercero.

Ese día, la entidad financiera envió al cliente una comunicación para informar que se había modificado el límite diario de transferencias. Poco después se registraron movimientos desde sus cuentas hacia destinatarios ajenos a él. El reclamante desconoció esas operaciones, intentó comunicarse con el banco para impedirlas y luego presentó denuncias y reclamos administrativos.

Según la demanda, el denunciante “comenzó entonces a desesperarse, al percibir que estaba siendo víctima de la sustracción de sus ahorros, y a sentirse impotente al mismo tiempo, imposibilitado de frenar el accionar delictivo que estaba sucediendo delante de sus propios ojos… Pudo colegir entonces que se trató de un ‘hackeo’, donde él no tuvo la más mínima participación”.

Mientras se producían las transferencias, el hombre advirtió que su teléfono había quedado sin servicio. Al día siguiente solicitó el cambio de titularidad de la línea y constató que esta ya había sido registrada a nombre de otra persona. Para los jueces, esa secuencia resultó compatible con una modalidad de fraude en la que delincuentes obtienen el control de un número telefónico para recibir códigos de seguridad.

En la primera instancia, el juzgado admitió la demanda contra ambas compañías. Ordenó que pagaran en forma conjunta $540.000 y USD12.499,55, más intereses, y fijó además una multa de $300.000 por daño punitivo. La suma en pesos incluyó $40.000 por una transferencia y $500.000 en concepto de daño moral.

El magistrado de primera instancia consideró probado que las operaciones fueron realizadas por desconocidos y que las empresas no lograron demostrar que el cliente hubiera intervenido en ellas. También valoró los testimonios de dos compañeras de trabajo, quienes relataron que lo vieron advertir las transferencias en su cuenta e intentar bloquearlas mediante comunicaciones con la entidad bancaria.

El fallo inicial sostuvo que las demandadas estaban en mejores condiciones de aportar pruebas sobre el funcionamiento de sus servicios. La entidad financiera no presentó las constancias de la investigación interna con la que había concluido que los movimientos eran genuinos, ni entregó toda la información solicitada sobre las cuentas de destino y sus titulares.

También se señaló que la pericia informática no permitió establecer quién ejecutó las operaciones ni reconstruir el funcionamiento exacto de los sistemas de seguridad vigentes en septiembre de 2022. El banco afirmó que las transferencias requerían usuario, contraseña y un segundo mecanismo de autenticación, como un código enviado por mensaje de texto o una clave de validación.

La Sala E de la Cámara entendió que la actividad bancaria por medios electrónicos implica riesgos que deben ser asumidos por la entidad que crea y administra el sistema. Recordó que, en las relaciones de consumo, los proveedores deben garantizar la seguridad de los servicios y solo pueden liberarse de responsabilidad si prueban que el daño obedeció a una causa ajena.

Los camaristas descartaron que el cliente hubiera facilitado la maniobra. Consideraron que no existían elementos que indicaran que reveló voluntariamente sus claves o datos de acceso. Asimismo, concluyeron que la intervención de delincuentes no era un hecho imprevisible para una entidad que opera mediante plataformas digitales, debido a la frecuencia de este tipo de estafas.

La sentencia destacó que el límite diario de transferencias fue elevado a $ 1.257.000 y USD 12.500. Después de una primera operación, se efectuaron cuatro transferencias desde la cuenta en dólares, por un total de USD 12.499,55, en menos de una hora. Para la Cámara, esa sucesión de hechos debió activar alertas y verificaciones adicionales antes de autorizar los movimientos.

El tribunal señaló que las normas del Banco Central vigentes en ese momento exigían mecanismos de monitoreo para detectar transacciones fuera del patrón habitual de cada cliente. Esos controles debían permitir, entre otras alternativas, contactar al usuario por un canal distinto antes de confirmar la operación, o asumir la devolución de los fondos ante un posterior desconocimiento.

Respecto de la empresa telefónica, la Cámara sostuvo que debía acreditar que el cambio de titularidad de la línea se había efectuado con la autorización del usuario y con los controles de identidad previstos por sus propios procedimientos. La compañía no aportó pruebas de que el demandante hubiera solicitado o consentido esa modificación.

Los jueces consideraron que el cambio irregular de titularidad tuvo relación con el perjuicio porque permitió que un tercero pudiera recibir códigos o comunicaciones destinados al verdadero usuario. La pérdida de servicio telefónico, el traspaso de la línea y las transferencias bancarias ocurrieron de manera contemporánea, sin que la empresa aportara una explicación que desvinculara esos hechos.

La Cámara confirmó, por lo tanto, el reintegro de $40.000 y USD12.499,55, además de los $500.000 por daño moral. Modificó, sin embargo, el cálculo de los intereses. Para los importes en pesos, dispuso la aplicación de la tasa activa del Banco Nación hasta el 17 de enero de 2026 y, desde entonces, la tasa de interés fijada por el Banco Central. Para la deuda en dólares, estableció un interés del 6% anual.

El tribunal revocó la condena por daño punitivo de $300.000. Consideró que hubo fallas en los deberes de seguridad de las compañías, pero entendió que no se acreditó una conducta deliberada, un desinterés intencional por los derechos del cliente ni una gravedad suficiente para imponer una sanción adicional a la reparación económica. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de las demandadas.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón condenó a la propietaria de una quinta a pagar $9,1 millones por los daños que sufrió un vehículo tras la caída de parte de un árbol dentro del predio alquilado. El tribunal revocó de forma parcial una sentencia de primera instancia, que había rechazado la demanda en su totalidad al considerar que el hecho se produjo por una tormenta excepcional.

El reclamo se originó a partir de un alquiler temporario de una quinta ubicada en Ituzaingó. El demandante, actualmente de 49 años, había suscripto el contrato para permanecer durante 30 días, desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 21 de enero de 2023. Según expuso en la demanda, abonó USD 3.500 al momento de la firma.

El 20 de enero de 2023, durante la noche, una parte de un árbol situado en el parque interno de la propiedad cayó sobre el automóvil del reclamante, un Volkswagen Golf. La presentación sostuvo que el episodio ocurrió mientras había nubes y lluvias intermitentes, pero sin vientos intensos, y que el rodado sufrió daños de consideración en su estructura.

El demandante afirmó que el árbol no tenía el mantenimiento necesario y que sus ramas y copa habían crecido sin control. También señaló que, a la mañana siguiente, un jardinero o casero cortó el tronco y retiró los restos por indicación de una de las demandadas. La demanda incluyó pedidos de reparación por daños materiales, privación de uso del vehículo y pérdida de valor de reventa.

La suma reclamada inicialmente ascendía a $3.704.600, más intereses y costas. De ese total, $2.329.600 correspondían a los daños materiales del vehículo, $250.000 a la imposibilidad de utilizarlo y $1.125.000 a la desvalorización que, según el demandante, tendría el auto aun después de ser reparado.

Las demandadas reconocieron que existía un contrato de alquiler y que ocurrió la caída del árbol, aunque rechazaron su responsabilidad. Sostuvieron que el vehículo había quedado estacionado en el camino interno de acceso, y no en una cochera abierta y techada que, según su versión, era el espacio previsto para guardar los automóviles.

También argumentaron que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por tormentas para esa noche. En ese sentido, consideraron que el demandante no tomó recaudos suficientes para proteger su vehículo. Añadieron que el inmueble estaba situado en una zona ecológicamente protegida, donde la poda de árboles requería intervención o autorización municipal.

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda contra ambas demandadas. Respecto de quien firmó el alquiler, el magistrado consideró válida una cláusula del contrato que liberaba a la locadora de responsabilidad por accidentes que afectaran a personas o bienes durante la estadía.

El demandante había cuestionado esa cláusula y pidió que se la considerara inválida con base en la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, el juzgado recordó que al inicio del expediente se había decidido que el caso no quedaba alcanzado por ese régimen y que esa decisión no fue apelada. Por eso, entendió que la cláusula conservaba su vigencia.

En relación con la propietaria de la quinta, la primera sentencia consideró que la tormenta había configurado un caso fortuito o de fuerza mayor. El juzgado tomó en cuenta que existía una alerta naranja para el área y que se preveían lluvias fuertes, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica durante la noche del 20 de enero de 2023.

El magistrado también valoró que los testigos del demandante tenían vínculos familiares indirectos con él y detectó diferencias entre sus relatos sobre el horario del episodio. Además, señaló que no se había producido una pericia de un especialista en árboles que permitiera determinar si el ejemplar tenía enfermedades, ramas secas, pudrición, inclinación u otras señales de falta de mantenimiento.

La Sala I de la Cámara mantuvo el rechazo de la demanda contra la mujer que había firmado el contrato de alquiler. Las juezas señalaron que la apelación volvió a cuestionar la cláusula con argumentos propios del derecho del consumidor, pero no refutó el punto central de la primera sentencia: que ese régimen legal no resultaba aplicable al expediente.

Distinta fue la decisión respecto de la propietaria del inmueble. La Cámara consideró que su eventual responsabilidad no dependía del contrato de alquiler, sino de su condición de dueña del lugar donde estaba el árbol. Bajo ese criterio, aplicó las normas de responsabilidad objetiva por el riesgo o defecto de las cosas.

El tribunal sostuvo que quedó probado que parte del árbol cayó sobre el vehículo y causó los daños reclamados. También concluyó que la propietaria no logró acreditar que la tormenta hubiera tenido, en el lugar preciso del hecho, una intensidad extraordinaria capaz de cortar el vínculo entre la caída del árbol y el perjuicio.

Para las juezas, la existencia de una alerta meteorológica preventiva no bastaba por sí sola para liberar de responsabilidad a la dueña del predio. Indicaron que no se demostró que en esa quinta hubiera habido vientos excepcionales, precipitaciones fuera de lo común u otro fenómeno inevitable que explicara de manera exclusiva la caída.

La Cámara tampoco aceptó que el lugar donde estaba estacionado el vehículo constituyera una conducta capaz de eximir a la propietaria. Señaló que el auto se encontraba en un camino apto para el tránsito y la detención de vehículos, sin que se hubiera probado una prohibición para estacionar allí ni que esa ubicación hubiera provocado el daño.

Una pericia electromecánica estimó en $6.332.500 el costo de reparación del vehículo al 10 de noviembre de 2024. Con actualización a valores actuales, la Cámara fijó la indemnización por daño material en $9.100.000, suma a la que deberán añadirse intereses desde el 20 de enero de 2023 hasta el pago.

El tribunal rechazó, en cambio, los pedidos por privación de uso y desvalorización del vehículo. Consideró que el demandante no aportó elementos suficientes para acreditar gastos concretos de traslado durante el tiempo de reparación ni una disminución comprobable en el valor del rodado luego de los arreglos.

Las costas de ambas instancias deberán ser afrontadas por la propietaria, salvo las que se originaron por la intervención de la otra demandada, que quedaron a cargo del reclamante. La Cámara difirió para una etapa posterior la regulación de los honorarios de los profesionales que participaron del proceso.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso al juez federal Daniel Rafecas para incorporarse a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un cargo para el que concursó en 2018. Es el primer paso de un proceso que requiere la aprobación final del presidente Javier Milei y el posterior envío del pliego al Senado de la Nación para su correspondiente debate y votación.

De consolidarse este nombramiento, se vaciará otro juzgado de instrucción en los tribunales de la avenida Comodoro Py, lo que otorgará al Poder Ejecutivo la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en un área estratégica donde se tramitan las principales causas por presunta corrupción pública.

En caso de que se concrete la salida de Rafecas, se profundizará la falta de jueces titulares en el fuero federal: cinco de los doce juzgados quedarían desocupados, una situación que sobrecargará el esquema de suplencias temporales —conocidas técnicamente como subrogancias— mediante el cual un solo magistrado debe hacerse cargo de múltiples dependencias de forma simultánea.

Rafecas es titular del Juzgado Federal N° 3. Subrogó hasta octubre el Juzgado Federal N° 6. También de manera transitoria, el magistrado asumió la conducción del Juzgado Federal N° 8 debido a la licencia de su titular, Marcelo Martínez De Giorgi.

En esta última dependencia radica la causa judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA, un expediente de alta sensibilidad pública que involucra al propio presidente de la Nación. Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros imputados.

Las causas que cambiarían de manos

La partida del magistrado obligaría al Poder Judicial a reorganizar las suplencias vigentes y a redistribuir expedientes de gran relevancia pública. Entre las investigaciones que se encuentran bajo su órbita destaca la causa por el atentado terrorista a la AMIA, en la cual recientemente se dictó el procesamiento de ocho ciudadanos de origen iraní y libanés acusados de participar en el ataque.

Asimismo, el juzgado N° 3 lleva adelante la instrucción del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial Francisco Adorni, así como la causa por supuesta violencia de género iniciada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.

Durante el mandato de Fernández, el nombre de Rafecas también se barajó como candidato para ocupar la Procuración General de la Nación, pero su postulación naufragó por cuestiones políticas.

De realizarse este movimiento de piezas, coincidiría con las intenciones del Poder Ejecutivo de implementar una reforma estructural en el fuero federal, orientada a reducir a ocho la cantidad de juzgados de primera instancia en Comodoro Py. Si bien este proyecto requiere la aprobación del Congreso de la Nación, la eventual reducción concentraría las decisiones en los magistrados titulares, aunque la vacante que dejaría Rafecas requeriría de todos modos el nombramiento de un reemplazante.

Bajo la gestión de Mahiques en la cartera de Justicia, el Gobierno nacional comenzó a plasmar su impronta en los tribunales federales. El hito más relevante hasta la fecha consistió en la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada encargado de revisar las resoluciones de los jueces de primera instancia. En ese ámbito, el oficialismo logró consolidar las designaciones de Pablo Yadarola, quien provenía del fuero Penal Económico, y de Pablo Bertuzzi, quien ya integraba la Sala I bajo la modalidad de traslado y no contaba con estabilidad definitiva en el cargo.

En una medida contra la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos, la justicia argentina dispuso el bloqueo de 182 dominios de internet. Estas plataformas digitales se encontraban preparadas para emitir de forma clandestina el partido de fútbol entre Boca Juniors y River Plate, uno de los acontecimientos con mayor audiencia en el país y la región.

La resolución judicial se concretó este domingo, momentos antes de que comenzara el encuentro deportivo en La Bombonera. La medida afectó de manera directa a diversos sitios derivados de reconocidas marcas de piratería digital, entre los cuales se destacaron variantes de Fútbol Libre, Roja Directa y Al Angulo TV.

El procedimiento se originó a partir de una solicitud presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA). Tras recibir esta petición, la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro, bajo la conducción del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, intervino en el caso. El funcionario judicial requirió formalmente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que dispusiera la restricción de acceso a las páginas señaladas.

Posteriormente, el organismo regulador notificó la orden a las empresas proveedoras de servicios de internet (ISP) de todo el territorio nacional para que ejecutaran la inhabilitación inmediata de las direcciones web. Entre los dominios específicos que resultaron alcanzados por la disposición oficial se encontraron direcciones como futbol-libre.app, deportelibre.top, tarjetaroja.lol, rojadirecta.st, rusticotv.la y alangulotv.cx, entre otras plataformas de streaming.

La resolución se encuadró en una investigación penal por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Para neutralizar la actividad de estas organizaciones, la justicia autorizó la aplicación de mecanismos de bloqueo dinámico. Este recurso tecnológico permite actualizar de forma constante las restricciones y neutralizar la permanente migración de dominios que realizan los administradores de los portales ilegales para evadir los controles.

Según explicaron los voceros de la entidad denunciante, la articulación coordinada entre el sector público y el privado resultó clave para el éxito del operativo. El presidente de ALIANZA, Jorge Bacaloni, afirmó que la piratería audiovisual no constituye una conducta aislada ni un delito menor, sino que “forma parte de estructuras delictivas organizadas que obtienen ganancias indebidas a costa de la industria creativa, el deporte, la innovación y los consumidores”.

“Este operativo demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado es una herramienta fundamental para enfrentar una actividad ilícita cada vez más sofisticada”, expresó Bacaloni.

Más allá de las pérdidas económicas que esta actividad genera para los gobiernos y las empresas del sector, los especialistas advirtieron sobre los peligros directos que corren las personas que ingresan a estos sitios web. Bacaloni señaló que los usuarios que consumen contenidos piratas se exponen de manera constante al robo de sus datos personales.

De acuerdo con lo detallado por la organización, la información obtenida de forma ilícita en estas plataformas suele ser utilizada para la comisión de fraudes, la suplantación de identidad o la comercialización ilegal de bases de datos. Asimismo, los dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes y televisores inteligentes corren el riesgo de infectarse con programas maliciosos, tales como malware y ransomware, ocultos en las transmisiones.

Este bloqueo masivo se concretó pocos días después de que diversos actores del sector audiovisual analizaran la problemática en las Jornadas Internacionales organizadas por la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA). En dicho encuentro, los representantes de la industria coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas de persecución contra estas redes de distribución no autorizada.

Desde ALIANZA recalcaron que la erradicación de estas prácticas requiere un trabajo conjunto y permanente entre los organismos judiciales, las autoridades regulatorias, las empresas titulares de derechos de transmisión, los operadores de telecomunicaciones y las asociaciones especializadas.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó el último viernes dejar sin efecto el sobreseimiento dictado a favor de los acusados en la causa $LIBRA. El organismo, conducido por el fiscal anticorrupción Sergio Rodríguez, interpuso un recurso de apelación en subsidio y asumió el ejercicio de la acción penal en el expediente. La presentación judicial cuestionó con dureza la resolución firmada el pasado 23 de octubre, que desvinculó de forma definitiva al presidente de la Nación, Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve investigados bajo el argumento de que los hechos denunciados no encuadran en un delito.

Los involucrados habían obtenido primero un dictamen favorable del fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó los sobreseimientos al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Para la fiscalía especializada, la decisión adoptada por el juez de la causa resultó apresurada y carente de un análisis integral de las pruebas. A través de un escrito, la PIA estructuró su reclamo sobre tres ejes fundamentales: la existencia de numerosas medidas de prueba pendientes, la incorrecta interpretación jurídica de la maniobra como un “hecho atípico” y la presencia de indicios que obligan a profundizar la pesquisa.

La presentación cobra especial relevancia porque, sin impulso del fiscal de la causa ni querellas que integren el expediente para sostener la acusación privada, el caso iba camino a un archivo sin oposiciones.

Una investigación inconclusa

El primer gran argumento de la procuraduría se centró en que el proceso de recolección de evidencias se encuentra lejos de haber terminado. El organismo detalló que diversos estudios técnicos sobre las transacciones financieras no se pudieron completar debido a la falta de herramientas informáticas bajo licencia en las dependencias del Ministerio Público Fiscal. Ante este obstáculo, la PIA criticó que el juzgado no buscara alternativas para finalizar los peritajes de trazabilidad de los fondos.

“No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario. Hay varios estudios que no pueden completarse, por el momento, por falta de licencias de una dependencia del Ministerio Público Fiscal, no constando en la resolución que se impugna que se hayan explorado posibles alternativas para su cumplimiento”, sostuvo el fiscal Rodríguez.

Asimismo, el fallo había justificado el cierre del caso en la falta de respuesta de las autoridades de los Estados Unidos a un pedido de asistencia jurídica internacional. Sin embargo, el fiscal Rodríguez explicó que el rechazo norteamericano no fue definitivo, sino que quedó condicionado al envío de mayores precisiones, datos que justamente dependen de pericias locales que todavía no concluyeron, como el análisis forense de los teléfonos celulares secuestrados.

Por otra parte, la PIA calificó de insuficiente el descarte de testimonios. Mencionó el caso de Nadia Beller, la abogada que sobrevivió a un ataque sicario en Bolivia, a quien se excluyó de la investigación solo porque en la causa ANDIS no aportó datos sobre la criptomoneda “$LIBRA”. El organismo advirtió que en aquella oportunidad nunca se le preguntó de forma directa por este fraude en particular, por lo que exigió su citación formal a declarar en esta causa.

El segundo cuestionamiento apuntó a la calificación legal del caso. El juez Martínez De Giorgi y el fiscal Taiano determinaron que no existió el delito de estafa porque las operaciones se realizaron con una “memecoin”, un activo de alta volatilidad donde los inversores asumen riesgos especulativos en un mercado que carece de regulación estatal. Bajo esa óptica, la justicia consideró que las pérdidas económicas de los adquirentes no podían atribuirse a un engaño penalmente relevante.

La procuraduría rechazó de plano esta interpretación y afirmó que la ausencia de regulaciones sobre las monedas virtuales no otorga impunidad a los desarrolladores ni desampara a los ciudadanos frente a maniobras de fraude. Según el escrito, el juzgado aplicó una visión sesgada que omitió analizar el reparto de roles de los involucrados.

La hipótesis de la PIA sostiene que el token “$LIBRA” se diseñó con el propósito de inducir de manera engañosa al público a colocar su dinero, utilizando la investidura, el aval y la promoción del propio Presidente de la Nación como un “señuelo” para generar confianza y atraer capitales, para luego retirar los fondos y hacer desaparecer el proyecto. El organismo argumentó que la relevancia penal del engaño debe evaluarse en base a este contexto de concertación y no como una simple fluctuación del mercado financiero.

“Tampoco la resolución ha valorado datos que surgen de los informes de análisis realizados por la Datip, descerrajando un manto de duda sobre una cadena de custodia que se habría debilitado, en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente. La información contenida en dichos informes, que por lo dicho no se encuentra valorada, robustece la posición que sostiene que el sobreseimiento dictado resulta prematuro”, completó el dictamen de la PIA.

Indicios de ocultamiento

Como tercer punto, la PIA enumeró una serie de conductas sospechosas por parte de los imputados que, lejos de justificar un sobreseimiento, constituyen indicios que abonan la hipótesis delictiva. El organismo judicial detalló que durante la etapa de recolección de pruebas se detectaron maniobras claras de ocultamiento de información.

Entre estos episodios, el escrito destacó el vaciamiento de cajas de seguridad bancarias realizado por el imputado Mauricio Novelli y su entorno familiar. También mencionó la eliminación completa del historial de conversaciones de la aplicación WhatsApp en el teléfono celular secuestrado a Sergio Morales, y el borrado específico de chats con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP” en el dispositivo de Novelli.

A estos hechos se sumaron los registros de reiterados ingresos autorizados a la Casa Rosada por parte de los principales sospechosos en fechas cercanas al lanzamiento del activo digital. Para la procuraduría, la valoración conjunta de estos sucesos impide dictar una certeza negativa sobre la existencia del delito, requisito indispensable que exige la ley procesal para cerrar una causa de forma definitiva.

Estas pruebas “estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”, dijo el fiscal Rodríguez. Y completó: “Sin embargo, no alcanzan por el momento ni para avanzar en pedidos de indagatorias, como tampoco para sobreseer. Lo que demanda el caso es profundizar la búsqueda y recolección de elementos de conocimiento que permitan entender lo que sucedió”.

Con estos fundamentos, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicitó al juez federal que reabra las actuaciones y le permita asumir el rol acusador para continuar con la producción de pruebas. En caso de que el magistrado rechace este planteo, la PIA requirió que se conceda el recurso de apelación de manera subsidiaria para que sea la Cámara Federal de Apelaciones la que revise la legalidad del sobreseimiento dictado.

Martínez De Giorgi tendrá una semana de licencia, y mientras tanto su juzgado será subrogado por Daniel Rafecas.

Desde la puesta en marcha de su actual conformación en abril de 2022, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura de la Nación mostró una permanente actividad en el control del desempeño de los magistrados federales y nacionales. En este período de cuatro años, el Jurado de Enjuiciamiento removió de sus cargos a cuatro jueces por diversas irregularidades, mientras que un quinto, Marcelo Bailaque, renunció antes de enfrentar el debate oral.

Asimismo, el organismo aplicó penalidades disciplinarias con quitas económicas a otros cuatro jueces y mantiene bajo análisis la situación de un integrante del fuero civil.

Este ritmo en los procesos disciplinarios representa un incremento significativo en comparación con la historia previa del organismo encargado de seleccionar y evaluar a los magistrados. Desde su creación operativa en 1999 hasta el año 2022, la institución había registrado un total de 18 remociones.

La estructura vigente, que cuenta con 20 integrantes entre legisladores, magistrados, abogados, académicos y representantes del Poder Ejecutivo, canaliza las denuncias a través de la Comisión de Acusación antes de someter los dictámenes a la votación del Plenario. Si se consiguen las mayorías necesarias, la definición final se traslada al Jurado de Enjuiciamiento, donde los propios consejeros asumen el rol de fiscales.

Los cuatro jueces removidos

El proceso de depuración judicial abarcó distintas jurisdicciones del país y diversas causales de mal desempeño. El primer caso de este ciclo ocurrió el 8 de noviembre de 2023 con la destitución de Walter Bento, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.

El tribunal de enjuiciamiento acreditó que el exmagistrado realizó maniobras para entorpecer la investigación penal iniciada en su contra, cometió irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales y se anotó en un concurso de ascenso estando procesado. Posteriormente, Bento recibió una condena de 18 años de prisión en un juicio oral por asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

El 18 de diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento desplazó a Martín Poderti, exintegrante de un Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La sanción se fundamentó en su actuación previa como secretario judicial, etapa en la que incumplió los deberes de custodia sobre una caja de seguridad de la cual desaparecieron 144 monedas de oro. Las autoridades consideraron que dicha falta afectó gravemente su idoneidad para continuar en la función pública.

En la misma ciudad balnearia, Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4, resultó removido el 18 de agosto de 2026. En esta oportunidad, el motivo de la destitución consistió en la publicación sistemática de expresiones antisemitas y discriminatorias en sus cuentas de redes sociales, lo cual se catalogó como una falta ética incompatible con la magistratura.

Finalmente, el pasado jueves, Gastón Salmain perdió sus fueros como responsable del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El Jurado comprobó que el acusado falseó los datos de su currículum vitae para ocultar que el Poder Judicial lo había dejado cesante con anterioridad por intentar manipular expedientes. Tras perder la inmunidad que le otorgaba el cargo, la justicia rosarina ordenó su detención inmediata en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de dádivas para direccionar fallos.

Renuncia anticipada y absolución

El listado de bajas incluye a Marcelo Bailaque, exjuez del Juzgado Federal N° 4 de Rosario. A diferencia de sus colegas, el investigado evitó la realización del juicio político mediante la presentación de su renuncia el 1 de julio de 2025. El Poder Ejecutivo Nacional aceptó la dimisión a través del Decreto 443/2025, firmado el 30 de junio y publicado al día siguiente. Al cesar en sus funciones de manera voluntaria, el proceso de remoción quedó sin efecto, aunque actualmente el exjuez se encuentra privado de su libertad, con prisión domiciliaria.

Por otra parte, el Consejo también tramitó el expediente de Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. El magistrado enfrentó acusaciones por presunta violencia y acoso laboral en el ámbito de sus oficinas. Aunque el cuerpo lo suspendió y lo envió a la instancia de jury, el tribunal correspondiente no halló elementos probatorios suficientes para ordenar su destitución.

En paralelo a las destituciones, el Consejo de la Magistratura aplicó medidas correctivas de carácter económico a cuatro jueces en los últimos cuatro años. Tres de ellos sufrieron descuentos en sus haberes por única vez y uno recibió un apercibimiento formal.

• Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi: Ambos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal recibieron, el 4 de octubre de 2023, una multa equivalente al 50% de sus sueldos. La penalización respondió al empleo de términos ofensivos, discriminatorios y revictimizantes en una sentencia por abuso sexual. Además de la quita económica, el Consejo les ordenó realizar capacitaciones en perspectiva de género.
• Alberto Calandrino: El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35 recibió un apercibimiento el 29 de mayo de 2024. La sanción se debió a demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes a su cargo, lo que se consideró una infracción a las normas procesales vigentes.
• Miguel Ángel Guerrero: El responsable del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, sufrió una quita del 30% de sus haberes el 10 de julio de 2024. El castigo se fundamentó en conductas de maltrato, hostigamiento laboral y violencia de género contra empleadas y funcionarias de su dependencia.

Por último, el Plenario del Consejo tiene pendiente de resolución el caso de Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91. La Comisión de Disciplina aprobó el 19 de agosto un dictamen que aconseja aplicarle una multa del 35% de sus ingresos por anomalías vinculadas a la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales.

Un jubilado de 72 años que perdió $400.000 en una ciberestafa recibirá una indemnización superior a los $10 millones luego de que la Justicia responsabilizara a un banco por las fallas en los mecanismos de seguridad de sus servicios digitales. El hombre había sido engañado por delincuentes que utilizaron el nombre y el logotipo de una entidad bancaria estatal para convencerlo de que su cuenta estaba bloqueada y necesitaban verificar sus datos para protegerla.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de La Plata, en el expediente iniciado por el tesorero de un colegio contra el banco por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. La sentencia hizo lugar a la demanda y estableció que la transferencia realizada el 30 de noviembre de 2022 no podía considerarse una operación consentida por el titular de la cuenta.

En consecuencia, ordenó al banco pagarle un total de $10.156.000, integrado por la restitución de los $400.000 sustraídos, una compensación por daño moral ($3.000.000), otra por incapacidad psicológica ($4.000.000), el costo de un tratamiento terapéutico ($756.000) y una multa civil por las deficiencias detectadas en el servicio ($2.000.000)

La decisión judicial puso el foco en un aspecto central de las estafas bancarias digitales: aunque los delincuentes hayan conseguido utilizar códigos auténticos de seguridad, eso no significa necesariamente que el titular de la cuenta haya autorizado la operación. Para el tribunal, la entidad financiera debía contar con herramientas capaces de detectar movimientos inusuales y prevenir maniobras fraudulentas.

El mensaje de WhatsApp que dio inicio a la estafa

El episodio ocurrió el 30 de noviembre de 2022. Ese día, el hombre debía realizar una transferencia a un proveedor de una escuela de Florencio Varela, donde se desempeñaba como tesorero. Además de esa cuenta vinculada al establecimiento educativo, tenía una cuenta bancaria personal en un banco estatal.

Mientras intentaba realizar la operación, recibió un mensaje de WhatsApp que exhibía el logotipo de la entidad financiera. Del otro lado le informaron que se había detectado un inconveniente relacionado con movimientos sospechosos y que su cuenta se encontraba bloqueada.

Los interlocutores le indicaron que debía seguir una serie de pasos para solucionar el supuesto problema. Convencido de que estaba comunicándose con personal del banco, el hombre proporcionó varios códigos Token, bajo el argumento de que eran necesarios para realizar una verificación de seguridad y recuperar el acceso a sus productos bancarios.

Sin embargo, detrás de esa comunicación había una maniobra fraudulenta. Minutos después, cuando se comunicó telefónicamente con el banco para consultar por la situación, descubrió que desde su cuenta personal se había realizado una transferencia de $400.000 a una cuenta de otra entidad financiera, a nombre de Gastón Aclicio Sosa.

El hombre aseguró que no conocía al destinatario, que nunca había ordenado ese movimiento y que tampoco había autorizado que se retirara ese dinero de su cuenta.

El jubilado había cobrado sus haberes apenas dos días antes. Según expuso durante el proceso judicial, los delincuentes parecían contar con información sobre sus datos personales y sus movimientos bancarios, lo que contribuyó a que confiara en la comunicación recibida.

Ese mismo 30 de noviembre presentó un reclamo ante el banco para desconocer la transferencia. Posteriormente, el 6 de diciembre realizó la denuncia penal correspondiente y aportó la conversación de WhatsApp que había mantenido con los supuestos empleados bancarios.

La Justicia consideró que no hubo consentimiento del jubilado

La jueza Gladys Cardoni destacó que el hombre había desconocido la transferencia desde el mismo día en que se produjo y que su relato se mantuvo durante todo el proceso. También valoró la conversación de WhatsApp, el formulario de reclamo presentado ante el banco y la denuncia penal.

Por eso, concluyó que entregar códigos de seguridad bajo engaño no equivalía a expresar la voluntad de transferir $400.000 a una persona desconocida.

“La sentencia también aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, que establece obligaciones especiales para las entidades financieras en materia de seguridad, información y prevención de daños”, explicó el abogado Marcelo Szelagowski, que representa al jubilado estafado.

El letrado interpretó que “este fallo resulta ejemplificador ya que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia”.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil elevó de $10,25 millones a $13,25 millones la indemnización para un peatón que sufrió lesiones tras quedar enganchado a un cable arrastrado por un colectivo en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El hecho ocurrió el 13 de abril de 2018 y la sentencia de segunda instancia confirmó la responsabilidad de la empresa de transporte, aunque mantuvo el rechazo de la demanda contra las firmas vinculadas con trabajos de telecomunicaciones en el lugar.

El reclamante —de 53 años al momento del hecho— sostuvo que esperaba para cruzar una avenida cuando un colectivo pasó por el lugar con un cable de acero debajo de su estructura. Según su planteo, el elemento se enganchó en su pierna izquierda, le hizo perder el equilibrio y provocó su caída sobre el pavimento.

La demanda había sido dirigida contra la empresa propietaria del colectivo, una compañía de telecomunicaciones y una firma contratista que, según la versión inicial, realizaba tareas en el sector. También intervino la aseguradora del transporte. El damnificado reclamó una reparación por incapacidad, gastos médicos y de traslado, tratamiento psicológico y daño moral.

La aseguradora y la empresa de transporte reconocieron que el vehículo se había enredado con un cable mientras circulaba. Sin embargo, sostuvieron que el conductor no había podido advertir la presencia del objeto sobre la calzada y atribuyeron el episodio a terceros que, según afirmaron, realizaban trabajos sin señalización ni desvío del tránsito.

La sentencia de primera instancia consideró acreditado que el colectivo se enganchó con el cable y que el episodio causó daños al demandante. El juzgado valoró la denuncia presentada ante la aseguradora, los testimonios de personas que presenciaron el hecho y las constancias médicas incorporadas al expediente.

Dos testigos declararon que vieron a un colectivo rojo avanzar mientras arrastraba un cable largo y grueso. Ambos relataron que una persona cayó al suelo luego de quedar atrapada con ese elemento y que el vehículo se detuvo más adelante. El juzgado vinculó esas declaraciones con la atención médica que recibió el demandante ese mismo día.

Los registros médicos indicaron que el hombre fue atendido primero en un sanatorio de la zona por politraumatismos. Luego fue derivado a otra clínica, donde se detectó una fractura en la muñeca izquierda. La lesión requirió una operación de osteosíntesis, con la colocación de una placa y tornillos.

Una pericia médica concluyó que el demandante tenía una incapacidad física parcial y permanente del 18%, por limitaciones funcionales, dolor y una afectación del nervio mediano en la muñeca y la mano izquierda. El informe psicológico, en tanto, estableció una incapacidad del 15% vinculada con un trastorno adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

El juez de primera instancia entendió que la empresa de transporte debía responder por tratarse de un daño ocasionado por un vehículo en circulación. Bajo ese criterio, la responsabilidad se presume salvo que la parte demandada demuestre una causa ajena que rompa el vínculo entre el vehículo y el perjuicio.

La empresa y su aseguradora habían alegado que el cable había sido colocado por terceros y que su presencia resultaba inevitable e imprevisible para el conductor. El juzgado descartó esa defensa porque no se acreditó quién había dispuesto el cable, de qué modo se ejecutaban los supuestos trabajos ni por qué el chofer no pudo detener la marcha antes de que ocurriera el accidente.

La primera sentencia fijó $5 millones por incapacidad sobreviniente, $1,2 millones para un tratamiento psicológico, $50.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, y $4 millones por daño moral. La condena alcanzó a la aseguradora, con un límite de cobertura de $30 millones, mientras que la franquicia invocada por la compañía fue declarada inoponible al damnificado.

En cambio, el reclamo contra las empresas vinculadas con telecomunicaciones fue rechazado. Aunque una de ellas reconoció que una subcontratista había realizado tareas en la zona durante abril de 2018, el juzgado señaló que no existía prueba de que el cable arrastrado por el colectivo fuera de su propiedad o estuviera relacionado con esas labores.

El demandante apeló ese punto, pero la Sala M de la Cámara declaró desierto su recurso por falta de una crítica concreta contra la sentencia. Los camaristas señalaron que no alcanzaba con mencionar que había existido una obra en el área: debía refutar la conclusión central del fallo, que había destacado la ausencia de pruebas sobre la pertenencia o el destino del cable.

La Cámara también revisó la indemnización por incapacidad. Consideró que el monto de $5 millones resultaba insuficiente frente a las secuelas físicas permanentes, las limitaciones en la muñeca izquierda y las consecuencias laborales y cotidianas acreditadas en el expediente. Por eso elevó ese rubro a $8 millones.

Para hacer ese cálculo, el tribunal tomó una incapacidad psicofísica del 21,6%, resultado de combinar el 18% físico con un 5% psicológico. Los jueces redujeron el porcentaje psíquico porque, aunque la patología fue considerada permanente, el tratamiento recomendado podría generar una mejora parcial y ya había sido reconocido con una partida específica.

La Cámara confirmó el daño moral de $4 millones, los $50.000 por gastos médicos y traslados, y la suma asignada para el tratamiento psicológico. También mantuvo el régimen de intereses dispuesto en primera instancia: una tasa del 8% anual desde el accidente hasta el fallo de agosto de 2025, y luego la tasa activa del Banco Nación hasta el pago.

La Justicia federal rechazó una demanda por daños y perjuicios contra una aerolínea y una agencia de viajes presentada por una pareja, junto a su hija menor de edad, que reclamó una indemnización tras la modificación de un vuelo desde Buenos Aires hacia México, con conexión a Cancún. La decisión concluyó que ambas compañías comunicaron el cambio con antelación y ofrecieron alternativas, una de las cuales fue aceptada por los demandantes.

El conflicto se originó en un viaje contratado para el 22 de marzo de 2018. El itinerario inicial preveía la salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 13.05, una escala en México y la llegada a Cancún durante la madrugada del día siguiente. Los pasajeros, residentes en Rosario, afirmaron que habían contratado alojamiento y traslado al aeropuerto de partida de acuerdo con esa programación.

Según la demanda, al llegar a Ezeiza fueron informados de que el vuelo había sido reprogramado para las 23:59. Esa modificación, sostuvieron, provocó la pérdida de la conexión prevista y una llegada al destino final con una demora cercana a las 17 horas respecto del plan original.

Los reclamantes afirmaron que la espera alteró el inicio de sus vacaciones y los obligó a afrontar una estadía no prevista en Buenos Aires. También señalaron que no recibieron asistencia suficiente durante la demora, como información, alimentos, bebidas o una solución que les permitiera llegar antes a Cancún mediante otra empresa aérea.

La presentación judicial incluyó un reclamo por daño moral y gastos. Los pasajeros sostuvieron que la demora les hizo perder tiempo de descanso y restringió su posibilidad de disponer libremente de ese día. Además, cuestionaron que no se les hubiera ofrecido un endoso a otra compañía para continuar el trayecto hacia el destino contratado.

La aerolínea reconoció que el itinerario sufrió un cambio, aunque negó que hubiera responsabilidad de su parte. Señaló que había informado la modificación a la agencia de viajes el 6 de marzo de 2018, 15 días antes de la fecha programada para la salida. También indicó que la intermediaria recibió opciones para reubicar a los pasajeros.

La empresa aérea sostuvo que la agencia solicitó la ubicación de los viajeros en el vuelo que partiría el 22 de marzo a las 23.59. Por ese motivo, atribuyó a la intermediaria cualquier eventual falta de comunicación con los clientes y pidió que fuera incorporada al juicio como tercera.

La agencia de viajes, a su vez, afirmó que notificó por correo electrónico la modificación del vuelo. Según su versión, el aviso fue enviado el 16 de marzo e incluía distintas alternativas, entre ellas una salida desde Ezeiza a las 23.59 del 21 de marzo, es decir, durante la noche previa al vuelo inicialmente previsto.

La intermediaria también señaló que los pasajeros recién confirmaron el 20 de marzo que elegirían viajar el 22 de marzo a las 23.59. Para la agencia, esa aceptación impedía luego cuestionar judicialmente la reprogramación, ya que los viajeros habían seleccionado una de las opciones ofrecidas ante el cambio del itinerario original.

El juzgado consideró acreditado que la compañía aérea modificó la salida y avisó esa situación a la agencia con anticipación. También dio por probado que la agencia informó a los pasajeros una semana antes de la fecha prevista y que les transmitió las alternativas disponibles para reorganizar el viaje.

La sentencia destacó que los demandantes podían optar por partir la noche anterior al día inicialmente contratado. Sin embargo, eligieron el vuelo de las 23.59 del 22 de marzo. Para el juez, la permanencia en el aeropuerto hasta ese horario, que los pasajeros tampoco acreditaron con prueba específica, fue una consecuencia de esa decisión.

El fallo aplicó el Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Esa norma establece que las compañías pueden responder por daños ocasionados por retrasos, aunque permite que queden liberadas de responsabilidad si demuestran que tomaron las medidas razonables para evitar las consecuencias del incumplimiento.

También se analizó el papel de la agencia de viajes. El juzgado explicó que una intermediaria no responde por el servicio de transporte cuando no asume esa prestación como propia, salvo que incumpla las obligaciones que le corresponden. En este caso, concluyó que la agencia había comunicado el cambio y las opciones disponibles dentro de un plazo suficiente.

Con esos elementos, el juez entendió que no se probó el daño invocado ni el vínculo entre los perjuicios reclamados y la conducta de la aerolínea o de la agencia. La resolución señaló que ambas compañías actuaron de manera diligente y que los pasajeros aceptaron la modificación propuesta para el vuelo.

La sentencia, del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 6, rechazó la demanda y ordenó que los demandantes afronten las costas del proceso. Además, reguló los honorarios de los abogados que intervinieron por las partes y de la mediadora.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la exclusión de una mujer de la herencia de su esposo fallecido al concluir que, aunque mantenían contacto, afecto y asistencia económica, ya no sostenían un proyecto de vida en común. El tribunal ratificó así una sentencia de primera instancia que consideró acreditada una separación de hecho sin voluntad de retomar la vida matrimonial.

La demanda había sido promovida por la sobrina del fallecido, quien reclamó que la esposa perdiera sus derechos sucesorios. La demandante, actualmente de 51 años, sostuvo que el matrimonio se había separado alrededor de 2010 y que esa situación se mantuvo hasta la muerte del hombre, ocurrida el 16 de mayo de 2021.

Según la presentación, la esposa se instaló de forma permanente en la provincia de Córdoba, mientras que el causante permaneció solo en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. La sobrina afirmó que ambos llevaban vidas separadas, sin planes compartidos ni intención de volver a convivir, aunque conservaban una comunicación ocasional.

La reclamante señaló además que su tío ocupaba un inmueble que pertenecía en un 50% a la familia de ella. Tras la muerte, la esposa tomó posesión del departamento, donde había bienes y recuerdos familiares, una circunstancia que también formó parte del conflicto judicial entre las partes.

La mujer demandada, de 66 años, rechazó esa versión y sostuvo que nunca existió una ruptura definitiva. Explicó que su traslado a Córdoba respondió, primero, a motivos familiares y, después, a una oportunidad laboral, pero que ambos habían acordado mantener el matrimonio pese a vivir en provincias diferentes.

También aseguró que existía un plan para reunirse en Córdoba una vez que lograran vender sus respectivas propiedades. De acuerdo con su defensa, el esposo la ayudaba con gastos, le transfería dinero, le había dado una tarjeta de crédito adicional y se había ofrecido como garante del alquiler de una vivienda en esa provincia.

La demandada afirmó que la pareja mantuvo conversaciones frecuentes mediante mensajes, que compartió una cobertura médica privada con el fallecido y que viajaba a Buenos Aires. Sostuvo, además, que durante los primeros meses de las restricciones sanitarias por la pandemia permaneció junto a él en el departamento porteño.

El juzgado de primera instancia consideró que el caso debía analizarse bajo el artículo 2437 del Código Civil y Comercial, que prevé la pérdida de derechos hereditarios entre cónyuges cuando existe divorcio, separación de hecho sin voluntad de unirse o una decisión judicial que disponga el cese de la convivencia.

La jueza aclaró que la falta de convivencia bajo un mismo techo no alcanza, por sí sola, para excluir a un cónyuge de una sucesión. La legislación actual no impone una obligación jurídica de vivir juntos, por lo que dos personas casadas pueden residir en lugares distintos si conservan un proyecto de vida matrimonial basado en cooperación, asistencia y voluntad de permanecer unidas.

En ese marco, la sentencia de primera instancia entendió que la sobrina había demostrado que el matrimonio no convivía de manera estable y que la esposa no logró acreditar que la distancia obedeciera a una decisión transitoria dentro de un proyecto compartido. El fallo valoró especialmente los testimonios de personas cercanas al fallecido durante sus últimos años.

Dos amigos del hombre declararon que vivía solo, que pasaba las fiestas y fechas personales con amistades en Buenos Aires y que no tenía planes de mudarse a Córdoba. También relataron que continuaba enviando dinero a su esposa, aunque lo hacía por afecto, responsabilidad o compasión, y no como parte de una relación de pareja vigente.

La jueza consideró que los mensajes afectuosos, los pagos de gastos y el uso de una tarjeta adicional confirmaban que existían lazos de confianza y ayuda económica. Sin embargo, concluyó que esos elementos no demostraban que ambos conservaran una voluntad actual de desarrollar una vida matrimonial en común.

Por ese motivo, el juzgado hizo lugar a la demanda, declaró la pérdida de la vocación hereditaria de la esposa y ordenó que la decisión se incorporara al expediente sucesorio. También impuso las costas del proceso a la demandada y dejó para una etapa posterior la regulación de los honorarios profesionales.

La mujer apeló y cuestionó que el fallo no hubiera valorado de forma adecuada las pruebas sobre la relación. Insistió en que la pareja conservaba un vínculo afectivo, que había asistencia mutua, comunicación constante y una intención de instalarse en Córdoba cuando las condiciones personales y económicas lo permitieran.

La Sala B de la Cámara Civil rechazó esos argumentos y confirmó la decisión. Los jueces señalaron que la cuestión no consistía en establecer si subsistían afecto, mensajes o ayuda económica, sino en determinar si, al momento de la muerte, existía una voluntad común, concreta y vigente de continuar el proyecto de vida matrimonial. Según el tribunal, esa intención no quedó probada, por lo que la esposa quedó excluida de la herencia.

A días de cumplirse el primer año del juicio por los “cuadernos de las coimas”, que comenzó el 6 de noviembre de 2025, el debate acumuló acusaciones cruzadas, arrepentidos que por ahora callan, empresarios que ratificaron o desmintieron pagos ilegales y la exhibición pública por primera vez de videos de los allanamientos a propiedades de la principal acusada, la expresidenta Cristina Kirchner.

En el medio pasó un Mundial de fútbol y pocas semanas atrás CFK comenzó a ser juzgada en otro juicio por hechos de corrupción, Hotesur-Los Sauces.

Los cuadernos

El juicio sigue todos los martes y jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con testimonios clave pendientes y reclamos por careos aún sin resolver. Ya pasaron por Comodoro Py centenares de testigos, las partes desistieron de otro tanto y todavía resta más de la mitad. Además, hay un listado pendiente cuya convocatoria está sujeta a lo que surja de la primera ronda de testimoniales.

La expresidenta es juzgada junto a otros 85 acusados —exfuncionarios, empresarios, financistas y choferes— por la presunta existencia de una asociación ilícita que, según la acusación, recaudó fondos de firmas de los sectores de la construcción, la energía y el transporte entre 2003 y 2015 a cambio de contrataciones estatales. La fiscalía le atribuye a Fernández de Kirchner el rol de jefa de la organización y hechos de cohecho pasivo, una acusación que ella niega.

El inicio

El 6 de noviembre de 2025, a las 10.21, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto juez suplente Néstor Costabel iniciaron el debate. La expresidenta se conectó desde San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión que recibió en el primer juicio que se le siguió, la causa Vialidad.

La primera fase estuvo dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Fueron 13 audiencias en las que se expusieron las acusaciones del expediente principal y las investigaciones acumuladas: “La Camarita”, sobre una presunta cartelización de la obra vial; “Corredores Viales”, y el tramo vinculado con contratos ferroviarios.

Son juzgados también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex jefe de Gabinete de CFK Juan Manuel Abal Medina; el exsecretario de Obras Públicas José López; los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el exsubsecretario de coordinación de Planificación Federal Roberto Baratta; el financista Ernesto Clarens; el extitular del OCCOVI Claudio Uberti, y el remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso. El listado incluye a todos los empresarios involucrados en los supuestos pagos de sobornos.

Tras la feria judicial de verano 2025-2026 las defensas plantearon nulidades, recusaciones y objeciones sobre la prueba. El tribunal rechazó los planteos y el debate siguió su curso.

“Un gran disparate”: la indagatoria de CFK

“Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, dijo el 17 de marzo CFK. Ese día el juicio pasó a un régimen semipresencial. La primera indagatoria fue la de la expresidenta, quien se trasladó desde San José 1111 hasta la sala Auditorium de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

Expuso durante más de una hora, sin aceptar preguntas de los jueces, de la fiscalía ni de las defensas. Rechazó las acusaciones y dirigió críticas al fiscal Carlos Stornelli, al fallecido juez Claudio Bonadio y al sistema de imputados colaboradores.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, afirmó. Antes de retirarse de la audiencia, anticipó que respondería preguntas cuando se juzgara a quienes, según su postura, deben rendir cuentas por delitos dentro de la Justicia.

Los arrepentidos que guardan silencio

Una de las principales discusiones del debate gira alrededor de las declaraciones que acusados prestaron como imputados colaboradores durante la investigación y que, hasta ahora, no ratificaron ante el tribunal.

Centeno, Clarens, los empresarios Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, entre otros, eligieron no responder preguntas durante las indagatorias. Las defensas de otros acusados -entre ellos la de Cristina Kirchner- sostienen que esa decisión les impide confrontar los dichos que perjudicaron a sus clientes en la etapa de instrucción. El 26 de marzo, el tribunal rechazó nuevos pedidos de nulidad contra la incorporación por lectura -como prueba- de las declaraciones donde esos arrepentidos hablaron de pago de sobornos durante el kirchnerismo.

Uno de los imputados colaboradores que aún calla en el debate es el exfuncionario Claudio Uberti: quedó preso en otra causa penal, la valija de Antonini Wilson. El tribunal que lo juzgó lo mandó a cárcel común y reclamó la prisión domiciliaria porque dijo estar en peligro por su condición de arrepentido en Cuadernos. Insinuó que su declaración en el juicio estaba condicionada a que se resolviera esa situación. Casación le otorgó el beneficio, está en su casa con tobillera electrónica, pero todavía no habló ante el Tribunal.

Acusaciones y desmentidas

Otros acusados sí hablaron en su indagatoria. Un día bisagra fue por ejemplo el de la declaración de Daniel Pitón, empresario de la construcción. El 16 de abril dijo que mintió ante Bonadio para evitar quedar detenido. “Lo que no queríamos era quedar presos”, explicó. Se desdijo y afirmó en el juicio que nunca entregó dinero al financista Clarens ni a otra persona vinculada con la causa.

El ex representante de la española Isolux, Juan Carlos De Goycoechea, reconoció que realizó entregas de dinero a Baratta, pero las vinculó con aportes de campaña y con el temor de que la empresa sufriera represalias en la ejecución de obras.

El exdirector ejecutivo de Yacyretá Oscar Thomas negó haber formado parte de una asociación ilícita. Aseguró que no manejaba fondos ni emitía cheques y rechazó las 17 menciones que lo vinculan con anotaciones de los cuadernos de Centeno.

Walter Fagías, expresidente de ENARSA y exdirector suplente de CAMMESA, también negó haber recaudado coimas. Mostró ante los jueces un portatraje y sostuvo que ese objeto era el que Baratta le pedía prestado cuando viajaban. “Para Centeno era un bolso con dinero, pero era un portatraje”, afirmó.

Hernán Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación, declaró que estuvo detenido durante cinco meses y denunció presiones para que se arrepintiera. Rechazó haber tenido trato con empresarios y sostuvo que las únicas pruebas en su contra eran “fotocopias de un cuaderno”.

Los originales de los cuadernos se mostraron en ocasión de la declaración de los periodistas del diario La Nación que los tuvieron antes de su llegada a la Justicia y permanecen guardados en una caja fuerte del Tribunal, que acaba de mudar su sede desde el Palacio de Justicia en Talcahuano 550 a despachos que les acondicionaron en la planta baja de Comodoro Py 2002.

Uno de los últimos indagados fue el acusado arrepentido José López, ya condenado por Vialidad y por los bolsos que intentó esconder en un convento en 2016. En su caso sí habló pero no de manera puntual sobre lo que dijo como imputado colaborador: allí se refirió a porcentajes concretos de pago de sobornos.

En el juicio, el arrepentido ex secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas salió en defensa de la ex presidenta, dijo que “nunca” la vio como “organizadora o jefa de una asociación ilícita” y que declaró como imputado colaborador en 2018 por su situación personal, porque estaba “vulnerable” y porque sintió la “obligación” de hacerlo. Sin embargo, no se desdijo de manera puntual.

Los testigos

Con el inicio de la etapa testimonial, el 26 de mayo declaró Hilda Horovitz, expareja de Centeno. Dijo que fue “testaferro” del remisero y que él la utilizaba como “pantalla” para comprar autos o firmar documentación. También afirmó que había visto los cuadernos en la casa que compartían, aunque aclaró que nunca los leyó. Horovitz relató episodios de violencia en su vínculo con Centeno y explicó que entregó documentos a la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga para que llegaran a Baratta.

En junio declaró el financista arrepentido Leonardo Fariña, quien situó la expansión de Austral Construcciones en la relación entre Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner. Fariña también comprometió a López al afirmar que Báez negociaba en forma directa con el exsecretario de Obras Públicas los pagos de certificados de obra. “Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, sostuvo bajo juramento.

Ese mes también se escucharon testimonios de exintegrantes de la Fuerza Aérea que participaron de vuelos presidenciales durante los gobiernos kirchneristas. Un excomandante relató que transportó al fallecido secretario privado Daniel Muñoz, quien viajaba con una valija de 23 kilos que no quiso despachar. El ex piloto presidencial Sergio Velázquez declaró, a su vez, que llevó a Muñoz con valijas cerradas con candado.

La etapa AFIP: extracciones y compras de dólares

Otro tramo del juicio estuvo centrado en los informes elaborados por funcionarios de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ARCA, durante la investigación. Los testigos expusieron fiscalizaciones sobre empresas involucradas y operaciones de compra de moneda extranjera, facturas apócrifas y extracciones en efectivo que no pudieron ser rastreadas.

Una contadora se refirió a una Unión Transitoria de Empresas que integró IECSA, por entonces vinculada a Angelo Calcaterra, y confirmó compras de dólares por alrededor de USD 3 millones y USD 600.000 en 2008 y 2009. Una de esas operaciones coincidió con el cobro de un anticipo de Vialidad Nacional para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario.

Otros testigos ratificaron informes sobre retiros de efectivo de empresas como Decavial, Grupo Roggio y BTU. La acusación de la fiscal Fabiana León apunta a que parte de esos movimientos coincidió con fechas consignadas por el financista arrepentido Clarens en listados que entregó al juzgado con nombres de empresarios presuntos pagadores de sobornos.

Entre esta tanda de testigos ocurrió el episodio tal vez más insólito del debate: en pleno Mundial de fútbol se presentó al estrado Juan Carlos Santos, un señor que esperó a estar ante los jueces para aclarar que él no era el buscado, que nunca había hecho nada en la causa y que fue a Comodoro Py porque lo citaron por WhatsApp. Semas más tarde declaró el Santos que se quería escuchar, un ex funcionario de AFIP,

Pagos, presiones y careos

El 25 de agosto, Héctor Zabaleta, exgerente administrativo de Techint, confirmó como testigo que entregó USD 1 millón a Baratta. Ante una pregunta de la fiscal León sobre los paquetes que llevaba al exfuncionario, respondió: “Sí, es cierto”. Explicó que las entregas coincidían con fechas anotadas por Centeno y que habían sido ordenadas por Luis Betnaza, exejecutivo de la empresa. Este último confirmó todo.

Fue parte de la tanda de declaraciones que dieron empresarios sobreseídos en la investigación, luego de haber sido investigados. Los exdirectivos de Techint describieron, además, gestiones para proteger a empleados de la compañía tras la nacionalización de SIDOR en Venezuela durante el chavismo.

Baratta es el acusado que más se defiende: amplió su declaración por última vez el 10 de septiembre. Dijo que los testimonios de Betnaza y Zabaleta reproducían “mentiras” de 2018 y negó haber recibido USD 1 millón de Techint. Reiteró que la causa fue una operación de inteligencia, afirmó que Centeno escribió falsedades y pidió que declare el CEO de la compañía, Paolo Rocca, quien presentó un certificado médico para justificar su ausencia. Esta declaración del empresario y la de la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga están pendientes de una decisión del Tribunal. Al igual que el careo que pidió la defensa de Baratta con Betnaza y Zabaleta.

En relación a los testigos, hay otro careo pendiente de decisión: lo pidió la fiscal León entre un comisario que allanó el departamento de CFK en Juncal y Uruguay y el encargado del edificio, Julio César Silva, quien en el juicio dijo que escuchó al policía hablar con el juez Bonadio ese día y que le ordenaron seguir allí “hasta encontrar algo”.

El efectivo dijo que nunca habló de manera directa con el magistrado. Silva desmintió además en la audiencia haber visto bolsos y valijas en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, cuando ingresaba para ir al departamento de su jefe en el quinto piso. Casi de inmediato admitió que pudo cometer un delito cuando firmó sin estar de acuerdo una declaración en 2018, donde quedó consignada la afirmación que ahora negó.

Los videos de Juncal, Río Gallegos y El Calafate

En septiembre se exhibieron públicamente, por primera vez, imágenes del allanamiento de agosto de 2018 al departamento de Uruguay y Juncal, donde vivió la expresidenta. El operativo había sido ordenado por Bonadio y quedó registrado en videos que se incorporaron como prueba.

La filmación mostró dormitorios, comedores, obras de arte y el vestidor del dormitorio principal, que tenía una puerta blindada. El comisario que dirigió el procedimiento confirmó esa característica del lugar. Según la acusación, Centeno había señalado ese departamento como uno de los sitios donde se habrían dejado bolsos con dinero.

En octubre se proyectaron también fotos y videos de los allanamientos realizados en casas de Fernández de Kirchner en Río Gallegos y El Calafate. El comisario retirado Adrián Lotocki declaró que, en la vivienda de la localidad turística santacruceña, encontraron un ambiente que parecía una bóveda y que Gendarmería debió colaborar con herramientas especiales para abrirlo.

En las últimas semanas, el listado de testigos se redujo en más de un centenar. Las audiencias continúan dos veces por semana bajo un esquema semipresencial. El Tribunal Oral Federal 7 aún debe resolver los pedidos de careo y definir la situación de testimonios considerados relevantes que no se produjeron. Se descuenta que el juicio se extenderá al menos un año más.

El Tribunal Oral Federal 2 negó la libertad condicional al detenido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, quien cumple una condena unificada a 13 años de prisión en la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz de los U$S 9 millones que intentó esconder en un convento en 2016.

La defensa pidió la libertad condicional porque le corresponde por el tiempo que cumplió de condena pero el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu rechazó otorgarle el beneficio debido a que -a su criterio- no se dan otras condiciones exigidas y tiene un pronóstico de reinserción social “negativo”.

Los dólares y el “temor”

Sobre los motivos que derivaron en su primera detención, por los bolsos en el convento, López reconoció ante los especialistas que lo tratan “haber participado en las conductas descriptas, las que relata de manera evasiva y defensiva, sin dar mayores precisiones, aunque atribuye su accionar a circunstancias externas y refiere haber actuado por ‘temor’”, según los informes incorporados a la causa.

Los especialistas que elaboraron el informe refieren que expresa “arrepentimiento por las conductas reprochadas -anclado al plano discursivo- el que se asienta en las consecuencias negativas que su detención acarreó sobre sí mismo”, no advirtiéndose durante la evaluación, “mensuración del daño ocasionado -indirecto- a la sociedad en su conjunto, a través de su participación en los hechos descriptos“.

Sobre la condena en Vialidad, “niega su responsabilidad respecto de los hechos, cuestionando el modo en que, según su perspectiva, se habría acreditado su participación”.

No obstante, “ante la indagación específica acerca de conductas propias que considera equivocadas, identifica haber realizado ‘una de más’ (sic) y reconoce, al profundizar sobre ello, la posible incidencia de su afán por conservar cierto ‘poder’ asociado al lugar que ocupaba…”, agregó el informe.

El 27 de marzo pasado se estableció que la pena única de 13 años impuesta a López vence el 12 de julio de 2032. En la actualidad es juzgado en el caso Cuadernos junto a la expresidenta Cristina Kirchner, ya condenada junto con él en la causa Vialidad.

López está condenado a seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, y a siete años y medio por enriquecimiento ilícito a raíz de los bolsos con millones de dólares que quiso esconder de madrugada en un convento de General Rodríguez, en junio de 2016. También se lo condenó a un año y siete meses de cárcel por portación ilegal de arma de fuego.

El exsecretario de Obras Públicas volvió a prisión en junio de 2025 cuando la Corte Suprema dejó firme la condena en la causa Vialidad. Estaba excarcelado desde 2021 y vivía en Santa Cruz.

Pronóstico “negativo”

Al rechazar concederle la libertad condicional, el juez tuvo en cuenta que “el pronóstico elaborado por las áreas del organismo técnico especializado del complejo en el que se encuentra alojado López es unánimemente negativo”.

López “no ha alcanzado los niveles de evolución esperables para acceder a la libertad condicional” y se exhortó a brindarle tratamiento psicológico y a informar al Tribunal sobre la evolución en relación a la comprensión de la “problemática que motivó su detención”.

Según los informes recibidos, el condenado no registra “una interpelación personal sobre los motivos de su detención ni las consecuencias de su accionar ilícito sino que tiende a hablar sobre cuestiones personales no vinculadas al delito”.