El Gobierno de Honduras prevé concluir durante el mes de agosto la liquidación total de al menos siete institucionescreadas durante la administración anterior, informó el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, quien aseguró que el proceso avanza conforme al cronograma establecido.

Según explicó el funcionario, las entidades quedarán completamente liquidadas una vez finalicen sus operaciones, se cancelen sus obligaciones financieras y se cierre el proceso de funcionamiento institucional. Posteriormente, será la Secretaría de Finanzas (Sefin) la encargada de ejecutar el cierre administrativo definitivo durante septiembre.

Núñez indicó que el proceso forma parte de la estrategia del Gobierno para reorganizar la estructura estatal y concluir de manera ordenada las funciones de las instituciones que fueron creadas en la gestión anterior.

En cuanto a los derechos laborales de los trabajadores afectados por el cierre de las entidades, el comisionado aseguró que el pago de prestaciones sociales presenta un avance significativo y que la mayor parte de los compromisos ya ha sido cumplida.

Detalló que recientemente fueron canceladas las prestaciones laborales a más de 26 personas que laboraban en la institución de Planificación Estratégica, mientras que anteriormente ya se había indemnizado a más de 500 extrabajadores pertenecientes a las diferentes entidades en proceso de liquidación.

El funcionario explicó que actualmente solo permanecen pendientes algunos casos específicos, principalmente relacionados con personal que cuenta con protección especial establecida por la legislación laboral.

Entre ellos mencionó a cuatro trabajadoras que se encontraban en estado de embarazo o gozaban de protección por maternidad, cuyos expedientes continúan en trámite y cuyos pagos, según las proyecciones de la Comisión Liquidadora, podrían efectuarse durante la próxima semana.

Núñez señaló que el objetivo es cumplir con todas las obligaciones laborales antes de concluir definitivamente el proceso de cierre de las instituciones, respetando los procedimientos legales y garantizando los derechos de los empleados.

Asimismo, informó que 29 trabajadores permanecen desempeñando funciones vinculadas exclusivamente con las labores administrativas y técnicas del proceso de liquidación. Una vez concluyan esas responsabilidades, añadió, también recibirán el pago de sus prestaciones conforme a lo establecido por la ley.

El comisionado destacó que la permanencia de este grupo de colaboradores ha sido necesaria para desarrollar actividades relacionadas con el cierre de operaciones, la organización documental, la entrega de bienes, la conciliación financiera y otras tareas indispensables para completar la liquidación institucional.

En relación con las auditorías efectuadas durante el proceso, Núñez confirmó que las revisiones han permitido detectar diversas irregularidades en algunas de las instituciones intervenidas.

No obstante, aclaró que por el momento no es posible revelar detalles sobre los hallazgos debido a que varios expedientes continúan bajo investigación y forman parte de procesos que aún no han concluido.

El funcionario indicó que las investigaciones siguen su curso y que, una vez las instancias competentes finalicen los análisis correspondientes, serán estas las encargadas de determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las irregularidades encontradas.

La Comisión Liquidadora reiteró que el proceso continuará desarrollándose conforme al calendario previsto, con el propósito de completar el cierre de las instituciones durante agosto y trasladar posteriormente la fase administrativa final a la Secretaría de Finanzas, que será responsable de formalizar la conclusión definitiva de cada entidad.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron un operativo que culminó con el decomiso de armamento, explosivos y vestimenta con características similares a la utilizada por personal militar, en un taller de buses ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La acción fue desarrollada en un establecimiento localizado en el barrio La Puerta, detrás de la Gran Terminal de Buses, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizados por unidades tácticas de la Fuerza Naval de Honduras junto con agentes de la ATIC.

De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, la operación respondió a una investigación que permitió identificar movimientos sospechosos relacionados con el traslado de una caja tipo encomienda, la cual fue inspeccionada por las autoridades durante el despliegue.

Al revisar el paquete, los equipos de seguridad encontraron dos fusiles AR-15, dos granadas de fragmentación, cinco uniformes con características similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas y dos cargadores para fusil sin munición, evidencia que fue asegurada de inmediato como parte del procedimiento.

Las autoridades señalaron que el hallazgo representa un importante resultado dentro de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de armas y prevenir que este tipo de material llegue a manos de estructuras criminales que operan en el país.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Base Naval de Puerto Cortés y del Escuadrón Canino Naval, unidades que participaron en las labores de localización, inspección y aseguramiento de la evidencia. Posteriormente, el material decomisado fue embalado siguiendo los protocolos establecidos para preservar la cadena de custodia.

Según las Fuerzas Armadas, todas las evidencias fueron remitidas a las instancias competentes para que se desarrollen los análisis forenses y las investigaciones correspondientes, con el propósito de determinar el origen del armamento, el destino del envío y la posible vinculación con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Las diligencias también buscan identificar a las personas involucradas en el envío, recepción y eventual utilización del arsenal incautado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso, aunque indicaron que las investigaciones continúan bajo reserva para no afectar el desarrollo del proceso.

El portavoz militar explicó que la operación fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal, así como al intercambio de información de inteligencia que permitió detectar movimientos irregulares y actuar de manera oportuna.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad ciudadana, limitar el flujo de armamento ilegal y apoyar las investigaciones dirigidas a desarticular redes vinculadas con delitos de alto impacto.

Asimismo, destacaron que la cooperación entre los cuerpos de seguridad continuará reforzándose mediante operaciones de vigilancia, patrullajes e intervenciones focalizadas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas consideradas estratégicas para el tránsito de armas y otros ilícitos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar con información que contribuya a identificar actividades sospechosas relacionadas con el transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de armamento, recordando que las denuncias ciudadanas representan una herramienta importante para prevenir hechos delictivos.

Mientras avanzan las investigaciones, el arsenal decomisado permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes, que determinarán mediante peritajes especializados si las armas y explosivos han sido utilizados anteriormente en la comisión de otros delitos dentro del país.

La comunidad educativa y la opinión pública se encuentran conmocionadas tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a una maestra agrediendo verbalmente a una menor de edad. Los hechos, que ocurrieron el día de ayer, jueves 9 de julio, provocaron la indignación de los padres de familia, quienes interpusieron una denuncia formal de manera inmediata, desencadenando la rápida intervención de las fuerzas del orden en este sector del país.

En el material audiovisual, que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, se escucha a la docente dirigirse de forma sumamente hostil y con gritos hacia una estudiante de apenas 15 años.

Durante el altercado, la maestra increpa fuertemente a la alumna cuestionando la educación recibida en su hogar, exigiéndole silencio de forma despectiva y amenazándola con callarla a la fuerza si no obedecía sus órdenes.

Asimismo, el video evidencia el momento en que la educadora confronta a las personas presentes por estar grabando el incidente, llegando incluso a amenazar con destruir el teléfono celular de una de las jóvenes involucradas en la escena.

La gravedad de las imágenes provocó una reacción en cadena. Horas después de que el video se esparciera en las redes, funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención Número 18 (UDEP-18), en un trabajo coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de la docente en el municipio de Morazán, Yoro.

La operación se ejecutó bajo el amparo del Plan Barrios y Comunidades Seguras. Según el reporte oficial, las autoridades policiales remitieron a la sospechosa a la Fiscalía del Ministerio Público para que se le dé continuidad al proceso legal correspondiente por la vulneración de los derechos de la menor.

Delito, sanciones y consecuencias legales en caso de ser encontrada culpable

Si las investigaciones del Ministerio Público sustentan la acusación y un juez competente la encuentra culpable, la docente enfrentará severas consecuencias legales tipificadas en el ordenamiento jurídico penal de Honduras.

El requerimiento fiscal se ha presentado formalmente por suponerla responsable del delito de trato degradante, una figura jurídica que protege la integridad moral, la dignidad humana y el bienestar psicológico de los ciudadanos, con un especial rigor cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes.

De acuerdo con el Código Penal vigente, el delito de trato degradante se comete cuando una persona somete a otra a condiciones o conductas que minimizan, humillan o envilecen su dignidad.

Por lo tanto, el uso de un lenguaje violento, las amenazas físicas o psicológicas y el abuso de autoridad dentro de un aula de clases constituyen agravantes directas al delito.

Las sanciones para quien sea hallado culpable de trato degradante contra un menor de edad abarcan las siguientes medidas penales y administrativas:

• Pena de prisión: La legislación hondureña establece penas de privación de libertad que pueden oscilar entre los 1 y 3 años, dependiendo de la gravedad de los hechos y los agravantes del caso.
• Inhabilitación especial: Al tratarse de una servidora pública del sistema educativo, la sentencia condenatoria conlleva de forma casi automática la inhabilitación especial para ejercer la docencia o cualquier cargo que implique el cuidado de menores de edad por el doble del tiempo que dure la pena de prisión.
• Sanciones administrativas de la Secretaría de Educación: Paralelamente al proceso penal, las autoridades educativas realizan una audiencia de descargo que suele concluir con el despido definitivo e inmediato de la docente de su puesto de trabajo, sin derecho a prestaciones laborales por incurrir en faltas graves contra la ética profesional.

Las autoridades enfatizaron que no se tolerará ningún tipo de abuso, intimidación o trato humillante que vulnere los derechos fundamentales de los estudiantes dentro de las aulas hondureñas.

La Policía Nacional de Honduras confirmó la captura de un ciudadano estadounidense solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con un delito de homicidio.

El detenido fue identificado como Mathew Saúl Castro, quien fue localizado durante una operación realizada por agentes policiales en el sector de Las Manos, departamento de El Paraíso, zona oriental del país y fronteriza con Nicaragua.

Según informaron las autoridades hondureñas, el ciudadano extranjero mantiene procesos pendientes ante la justicia estadounidense, por lo que fue requerido mediante los mecanismos de cooperación internacional.

Tras su detención, Castro fue trasladado bajo custodia policial hacia Tegucigalpa, donde continuará el procedimiento establecido por la legislación hondureña.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Mathew Saúl Castro cuenta con dos órdenes de captura emitidas en Florida, Estados Unidos.

Los requerimientos judiciales estarían relacionados con investigaciones por el delito de homicidio, por lo que las autoridades estadounidenses solicitaron su ubicación y entrega.

Luego de confirmar su identidad y los requerimientos pendientes, los equipos policiales procedieron con su captura para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.

La detención forma parte de las acciones coordinadas entre Honduras y otros países para localizar a personas reclamadas por la justicia internacional.

Las autoridades indicaron que el ciudadano estadounidense será sometido al proceso correspondiente conforme a la normativa vigente.

Se prevé que la entrega del detenido a las autoridades de Estados Unidos pueda concretarse tras completarse los procedimientos legales requeridos.

Honduras mantiene acuerdos de cooperación en materia judicial y de seguridad que permiten ejecutar este tipo de procesos cuando existen solicitudes formales de otros Estados.

Durante los últimos años, las autoridades hondureñas han realizado diferentes capturas de ciudadanos nacionales y extranjeros requeridos mediante procesos internacionales.

El arresto se llevó a cabo en Las Manos, El Paraíso, un punto ubicado en la frontera entre Honduras y Nicaragua.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el tiempo que el ciudadano estadounidense permaneció en territorio hondureño ni las circunstancias específicas de su ubicación.

Sin embargo, indicaron que la operación permitió dar cumplimiento a la solicitud existente en su contra.

Las instituciones de seguridad reiteraron que continuarán trabajando en coordinación con agencias internacionales para identificar a personas que tengan cuentas pendientes con la justicia.

Estos procesos buscan fortalecer el intercambio de información entre países y facilitar la ubicación de ciudadanos señalados por delitos cometidos fuera de sus territorios.

Tras su traslado a la capital hondureña, Mathew Saúl Castro permanecerá bajo disposición de las autoridades competentes mientras se completa el procedimiento relacionado con su extradición.

El caso continuará bajo seguimiento de las instituciones encargadas hasta que se determine su entrega formal a las autoridades estadounidenses.

La reciente regularización extraordinaria en España promete beneficios directos para miles de migrantes centroamericanos que residen en situación irregular, en un contexto donde sus países de origen han limitado las alternativas de integración para quienes deciden emigrar.

Según datos del Migration Policy Institute colocados en su portal oficial, la medida española podría modificar el panorama de movilidad y cooperación entre ambas regiones.

De acuerdo con el Migration Policy Institute, el proceso de regularización aprobado en 2026 por el gobierno de España se dirige a personas de diversas nacionalidades presentes en el país antes del 1 de enero de ese año, que acrediten al menos cinco meses de residencia y carezcan de antecedentes penales.

Dos tercios de los 1,2 millones de solicitantes provienen de Sudamérica o Centroamérica, una proporción que evidencia el peso de la región en los flujos migratorios hacia territorio español.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) estimó que en 2025 residían en España alrededor de 90.300 personas hondureñas y 28.900 nicaragüenses en situación irregular, mientras que los migrantes de otros países centroamericanos estarían incluidos en la categoría “otros países de América Latina”, que suma 31,400 personas.

Así, la regularización representa una vía de acceso a derechos laborales, servicios y protección para decenas de miles de centroamericanos.

El portal del organismo destacó que, a diferencia de lo ocurrido en países sudamericanos como Chile, Perú o Ecuador, donde los programas de regularización para migrantes venezolanos han terminado o se encuentran congelados, España mantiene una política que facilita la inserción de migrantes ya residentes, en vez de restringir su permanencia.

El proceso español permite a los beneficiarios obtener permisos de residencia y trabajo por un año, lo que favorece la integración social y económica.

El Migration Policy Institute explicó que la regularización en España se apoya en criterios de gobernanza y mercado laboral. Los estudios citados por el instituto señalan que regularizar a los migrantes no solo mejora su acceso al empleo formal, sino que también incrementa la recaudación fiscal y fortalece la seguridad pública, ya que el Estado puede identificar a quienes residen en su territorio y reducir los riesgos de explotación y abuso.

Desde la perspectiva de los países centroamericanos, la medida española puede traducirse en un alivio sobre la presión de servicios públicos y en un aumento de las remesas familiares. Según FUNCAS, la migración centroamericana en España representa una fracción considerable de los migrantes latinoamericanos en condición irregular, lo que refuerza la importancia de la cooperación bilateral para gestionar la movilidad laboral.

El País detalló que la regularización española coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea, mientras se cierran rutas irregulares y se refuerzan los mecanismos de control fronterizo.

En este contexto, España ha impulsado acuerdos de migración laboral con países como Honduras y Guatemala, aunque los flujos formales continúan limitados en comparación con las necesidades del mercado laboral español.

El Migration Policy Institute concluyó que la regularización extraordinaria en España podría servir como incentivo para que los países centroamericanos fortalezcan sus propias políticas de integración y cooperación migratoria, aprovechando la apertura de canales legales para el trabajo y la residencia. La respuesta de los gobiernos de la región y la capacidad de adaptar sus marcos institucionales serán determinantes para el futuro de la movilidad entre Centroamérica y España.

La ministra de Educación, Arely Argueta, informó este jueves que sostendrá reuniones con médicos, especialistas y autoridades de la Secretaría de Salud para definir las acciones que deberán implementarse tras la detección de casos de sarampión en varios centros educativos del norte del país.

La funcionaria aseguró que cualquier decisión será tomada con base en los criterios técnicos de los expertos y reiteró que la Secretaría de Educación acatará las recomendaciones emitidas por el personal sanitario.

“Nos vamos a reunir con los doctores, con los especialistas en el área. Vamos a ver qué recomendación dan ellos, y la instrucción que nos den, la Secretaría de Educación la va a acatar”, manifestó.

No descartan pasar a clases virtuales

Entre las medidas que están siendo analizadas se encuentra la suspensión de clases presenciales y el retorno temporal a la modalidad virtual, en caso de que los especialistas consideren que es la mejor alternativa para evitar nuevos contagios.

Argueta indicó que la prioridad es proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que insistió en que las decisiones se adoptarán una vez concluyan las reuniones con las autoridades sanitarias.

“Si es necesario pasar a la parte virtual, lo vamos a hacer”, afirmó la ministra al referirse a los escenarios que actualmente se encuentran bajo evaluación.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido una orden de suspensión de actividades presenciales, ya que primero espera conocer el diagnóstico oficial de la Secretaría de Salud sobre la situación epidemiológica.

Verificarán el número de contagios

La ministra explicó que la información preliminar apunta a la existencia de alrededor de seis casos de sarampiónrelacionados con centros educativos de Cofradía, Cortés. Sin embargo, aclaró que la cifra deberá ser confirmada por las autoridades sanitarias antes de adoptar nuevas disposiciones.

Según Argueta, el trabajo coordinado entre ambas instituciones permitirá conocer con precisión el alcance de los contagios y establecer los protocolos que deberán seguir los centros escolares para prevenir la propagación del virus.

Las reuniones programadas contarán con la participación de médicos, especialistas y viceministros, quienes analizarán la evolución de los casos y las medidas de contención que podrían aplicarse en las comunidades educativas afectadas.

Impulsan jornadas de vacunación

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Educación informó que trabaja junto con personal de la Secretaría de Salud para instalar centros de vacunación dentro de los establecimientos educativos.

La ministra sostuvo que la inmunización representa la principal herramienta para reducir el riesgo de transmisión del sarampión y consideró que los padres de familia deben garantizar que sus hijos cuenten con el esquema de vacunación correspondiente.

“La vacunación tiene que ser obligatoria. El padre de familia tiene que estar consciente de que sus hijos necesitan la vacuna. Si no se vacunan, hay riesgo”, expresó.

Las autoridades educativas señalaron que las campañas de vacunación buscarán facilitar el acceso de los estudiantes a la inmunización y fortalecer las medidas preventivas en los centros escolares donde se identifiquen posibles riesgos.

Esperan lineamientos de Salud

La Secretaría de Educación reiteró que las acciones que se implementen dependerán de las instrucciones emitidas por los especialistas en salud pública, quienes serán los encargados de evaluar la evolución de los casos registrados en el departamento de Cortés.

Entre las alternativas que permanecen sobre la mesa figuran el fortalecimiento de las jornadas de vacunación, la aplicación de protocolos sanitarios en las escuelas y, de ser necesario, la suspensión temporal de las clases presenciales para disminuir el riesgo de nuevos contagios.

Las autoridades insistieron en que el objetivo principal es garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la salud de la comunidad estudiantil, por lo que hicieron un llamado a los padres de familia para colaborar con las campañas de vacunación y mantenerse atentos a la información oficial que emitan las instituciones competentes.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció una serie de acciones orientadas a atender compromisos económicos del Estado hondureño, incluyendo la subasta del avión presidencial y la colocación de bonos para cubrir obligaciones pendientes en el sector energético.

El titular de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que estas medidas forman parte de una estrategia para mejorar el manejo de los recursos públicos y responder a diferentes necesidades financieras del país.

Las declaraciones fueron brindadas durante la presentación de un informe relacionado con gasto sanitario y el análisis del impacto fiscal en distintos sectores del Estado.

El funcionario también se refirió al respaldo financiero al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y a los retos que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hernández Hércules confirmó que el proceso para vender el avión presidencial ya se encuentra en marcha y que la recepción de ofertas se realizará en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña.

Según explicó, la intención es concretar la venta de un activo que actualmente representa costos para el Estado.

El funcionario aseguró que el procedimiento se realizará de manera abierta, con la participación de diferentes instituciones gubernamentales para garantizar transparencia.

Además, señaló que ya se cuenta con la documentación requerida para avanzar con la subasta, luego de realizar gestiones para recuperar información relacionada con la adquisición original de la aeronave.

En materia financiera, el secretario de Finanzas indicó que el Gobierno trabaja en la colocación de bonos mediante el mercado nacional e internacional.

Estos recursos permitirán atender compromisos contemplados dentro del presupuesto y obligaciones pendientes del Estado.

Hernández Hércules detalló que se contempla una emisión responsable que no superará los 16 mil millones de lempiras.

Según explicó, una parte importante de estos fondos estará destinada al pago de deudas acumuladas con generadores de energía.

El funcionario indicó que estas obligaciones forman parte de los desafíos financieros que enfrenta actualmente el sistema eléctrico hondureño.

Respecto a las reformas energéticas discutidas en el Congreso Nacional, Hernández Hércules aclaró que estas medidas no representan una solución definitiva para los problemas de la ENEE.

El secretario explicó que forman parte de un conjunto de acciones necesarias para intentar mejorar la situación de la estatal eléctrica.

“La aprobación de este decreto no garantiza el rescate de la ENEE, no va a disminuir las pérdidas, este decreto legislativo es meramente una pieza en el tremendo rompecabezas que tenemos para salvar la ENEE”, expresó.

Entre los principales retos mencionó la reducción de pérdidas, nuevas inversiones en infraestructura y mayor competencia dentro del mercado energético.

De acuerdo con el funcionario, se requieren inversiones superiores a los 600 millones de dólares para fortalecer el sistema.

El titular de Finanzas también abordó la situación de Banadesa, institución que busca fortalecer el acceso a financiamiento para pequeños y medianos productores.

Sin embargo, reconoció que el banco enfrenta una mora cercana al 48 %, pese a haber recibido importantes inyecciones de capital durante los últimos años.

Hernández Hércules señaló que, en caso de encontrarse irregularidades dentro de la institución, corresponderá a organismos como el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que las diferentes medidas económicas buscan atender compromisos del Estado y avanzar en soluciones para sectores considerados prioritarios.

La audiencia ante la Comisión Interamericana fue convocada tras un pedido de organizaciones de derechos humanos que sostienen que Honduras sigue aplicando el juicio político sin las reformas ordenadas por el sistema interamericano. El caso se vincula con la destitución del fiscal general Johel Zelaya y del magistrado Mario Morazán.

La audiencia también evaluará el cumplimiento de la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado hondureño adecuar su legislación y sus procedimientos para evitar que el juicio político comprometa la independencia de las instituciones y los derechos de quienes son sometidos a estos procesos.

La canciller Mireya Agüero confirmó que la representación oficial de Honduras estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el procurador Dagoberto Aspra, quien comparecerá junto con parte de su equipo de asesores ante la Comisión en Washington.

La funcionaria explicó que la convocatoria fue remitida oficialmente por la Cancillería a la PGR, responsable de la defensa jurídica del Estado en los procesos internacionales.

Organizaciones señalan incumplimientos

Entre quienes promovieron la audiencia se encuentra el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, quien sostiene que las recientes actuaciones del Congreso Nacional muestran que las observaciones formuladas por el sistema interamericano aún no fueron atendidas.

Según Mejía, los procesos de juicio político continúan desarrollándose sin garantizar plenamente el derecho a la defensa ni otras garantías esenciales del debido proceso, una situación que, a su juicio, podría derivar en una nueva condena internacional para Honduras.

En la misma línea, el exdirector del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) Andrés Pavón advirtió que el incumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana podría generar nuevas responsabilidades para el Estado hondureño.

Diferencias sobre el alcance jurídico

Algunos analistas consideran que el caso presenta elementos jurídicos sujetos a interpretación. El analista Kenneth Madrid señaló que las observaciones emitidas por la Corte Interamericana estaban dirigidas principalmente a procedimientos de naturaleza judicial y no necesariamente a los mecanismos de carácter político previstos en la legislación hondureña.

Desde esa perspectiva, estimó que la audiencia permitirá aclarar el alcance de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y determinar si las actuaciones recientes se enmarcan o no dentro de los parámetros establecidos por el tribunal regional.

Deudas en derechos humanos

El delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) Ricardo López manifestó su preocupación por el bajo nivel de cumplimiento que Honduras mantiene respecto de las sentencias emitidas por el sistema interamericano.

Indicó que, aunque el Estado suele cumplir con medidas como la publicación de las resoluciones o la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad, las reformas legales e institucionales ordenadas para evitar nuevas violaciones continúan pendientes, lo que mantiene abiertos varios casos ante los organismos internacionales.

La audiencia programada para el 5 de agosto permitirá a la Comisión Interamericana conocer los argumentos de las partes y evaluar los avances alcanzados por Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. De momento autoridades gubernamentales preparan

El padre del joven aseguró que, tras recibir varios disparos,Flores logró salir de la unidad de transporte para pedir ayuda, pero permaneció herido en la vía pública sin que ninguna de las personas presentes interviniera para asistirlo. Además, lamentó que varios ciudadanos optaran por grabar lo sucedido mientras su hijo luchaba por mantenerse con vida.

El familiar aseguró que, tras recibir varios disparos, el joven logró salir de la unidad de transporte en busca de auxilio, pero ninguna de las personas presentes intervino para asistirlo. Según relató, incluso con ciudadanos y autoridades en la zona, su hijo permaneció gravemente herido sin recibir ayuda inmediata.

“A mí como padre me duele bastante. Él se salió hasta del vehículo a pedir auxilio y las autoridades no lo auxiliaron. Lo dejaron que se muriera”, expresó con evidente consternación.

El conductor, de aproximadamente 24 años, cubría la ruta Mateo–Tapias–Mercado cuando fue atacado a balazos en la tercera avenida de Comayagüela, un hecho que quedó registrado en videos difundidos posteriormente en redes sociales.

Cuestiona indiferencia tras el ataque

El padre lamentó que, en lugar de brindarle asistencia, varias personas optaran por grabar la escena con sus teléfonos celulares, mientras su hijo pedía ayuda tras salir del autobús.

Las imágenes muestran a Juan Carlos Flores intentando mantenerse en pie y solicitando auxilio luego del atentado. Minutos después fue atendido por equipos de emergencia y trasladado al Hospital Escuela, donde falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

El portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio, informó que el conductor ingresó en estado crítico y perdió la vida tras sufrir un shock hemorrágico provocado por múltiples impactos de bala, además de presentar un paro cardiorrespiratorio.

Un joven trabajador y padre de familia

Entre lágrimas, el padre describió a Juan Carlos Flores como un joven trabajador y dedicado a su familia, recordando que dejó cuatro hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida de su padre.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea esclarecido y los responsables reciban el castigo correspondiente.

También pidió fortalecer las medidas de seguridad en el país para evitar que más familias sufran hechos similares, especialmente quienes laboran en el sector transporte, considerado uno de los más vulnerables a la violencia.

El crimen se registró la mañana del 8 de julio, cuando el conductor se desplazaba por la tercera avenida de Comayagüela.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, dos hombres que se movilizaban en motocicletapersiguieron la unidad de transporte y dispararon en varias ocasiones contra el conductor.

Tras recibir los impactos de bala, Flores perdió el control del autobús y terminó colisionando contra un poste del tendido eléctrico.

A pesar de sus heridas, descendió del vehículo en un intento desesperado por pedir ayuda. Testigos relataron que incluso se arrodilló mientras luchaba por mantenerse consciente, antes de desplomarse debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, miembros de la Cruz Roja Hondureña lo trasladaron de emergencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Avanzan las investigaciones

Las primeras versiones apuntaban a que el hecho podría estar relacionado con un intento de asalto, aunque las autoridades continúan desarrollando las investigaciones para establecer el móvil del crimen.

Tras el ataque, los cuerpos de seguridad confirmaron la captura de dos personas sospechosas de participar en el asesinato, quienes permanecen bajo investigación mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes.

La muerte de Juan Carlos Flores ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que enfrenta el sector transporte y ha generado llamados de familiares y ciudadanos para fortalecer la respuesta de las autoridades, tanto en la prevención de estos hechos como en la atención inmediata a las víctimas durante una emergencia.

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) informó que fortalecerá sus estrategias de investigación para atacar directamente las estructuras económicas que sostienen a los grupos dedicados al cobro de extorsión en Honduras.

El director de la institución, Jorge Daniel Molina, explicó que uno de los principales objetivos será dar seguimiento a los movimientos financieros de estas organizaciones para identificar a quienes dirigen y reciben los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Según el funcionario, la extorsión continúa representando una amenaza, especialmente para sectores como el transporte urbano, donde diferentes grupos han denunciado durante años presiones, amenazas y pagos obligatorios.

Molina señaló que la nueva estrategia busca ir más allá de las capturas individuales y concentrarse en afectar la capacidad económica de las estructuras criminales.

Buscan llegar a los líderes de las estructuras

El titular de la DAET indicó que las investigaciones estarán enfocadas en identificar cómo se mueve el dinero generado por la extorsión.

“Lo que yo voy a enfocarme para hacer una política criminal en el combate a la criminalidad es hacer seguimiento de los flujos financieros para atacar el mando a la estructura, destruyendo la cabeza, el cuerpo va a caer”, manifestó.

De acuerdo con Molina, seguir la ruta del dinero permitirá afectar directamente a quienes coordinan estas actividades delictivas.

La institución sostiene que debilitar la parte financiera es clave para reducir la capacidad operativa de los grupos dedicados a este delito.

El funcionario también explicó que, aunque existen estructuras criminales organizadas dedicadas a la extorsión, las autoridades han identificado otros casos relacionados con engaños y amenazas falsas.

Según Molina, algunas personas aprovechan el temor generado por este delito para hacerse pasar por integrantes de grupos criminales y exigir dinero.

“Hay un tema de estructura que más que todo en el transporte urbano es muy real y de riesgo, pero también en la era de la comunicación, el tema de la extorsión viene siendo como una estafa”, indicó.

La DAET señaló que han detectado casos donde los responsables utilizan diferentes números telefónicos y cambian constantemente chips para intimidar a víctimas.

Piden denunciar los casos

Molina hizo un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias y brindar información que permita verificar cada caso.

Explicó que la denuncia es fundamental para que los equipos especializados puedan brindar acompañamiento a las víctimas e iniciar los procesos de investigación correspondientes.

El funcionario aseguró que cuando una persona reporta un caso de extorsión, la institución realiza primero un proceso de asesoría para determinar las acciones necesarias.

El director de la DAET también se refirió a los procesos de certificación dentro de la Policía Nacional y reconoció que se han identificado casos de agentes que cometieron abusos.

No obstante, afirmó que las autoridades mantienen procedimientos para investigar y deducir responsabilidades cuando corresponda.

Molina aseguró que la transparencia será parte fundamental del trabajo de la institución encargada de combatir la extorsión.

Las autoridades indicaron que continuarán reforzando las investigaciones contra organizaciones dedicadas a la extorsión, con énfasis en identificar sus fuentes de financiamiento.

La DAET reiteró que el objetivo es proteger a las víctimas, recuperar la confianza ciudadana y debilitar las estructuras criminales que afectan a diferentes sectores del país.

Una mujer que había sido detenida tras ser acusada de la presunta explotación sexual de sus dos hijas menores de edad quedó en libertad mientras continúa el proceso de investigación en su contra, informaron autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El caso se registró en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, y generó preocupación debido a los señalamientos relacionados con la posible participación de familiares en una red de abuso contra menores.

El portavoz de la DPI en Olancho, Luis Rodas, confirmó que las autoridades judiciales determinaron que la mujer podrá continuar el proceso fuera de un centro penitenciario.

Sin embargo, explicó que la investigación continúa abierta y que la acusada deberá atender los llamados realizados por las autoridades correspondientes.

Investigación sigue abierta

De acuerdo con Rodas, la mujer deberá presentarse cuando sea requerida dentro del proceso judicial.

El portavoz policial advirtió que, en caso de incumplir con las citaciones, las autoridades podrían ejecutar una orden de captura en su contra.

Aunque la mujer enfrentará el procedimiento en libertad, las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades.

El caso fue conocido públicamente luego de una denuncia que permitió iniciar las investigaciones policiales.

Tras la intervención de las autoridades, las dos menores fueron rescatadas y trasladadas a instalaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

La institución quedó a cargo de brindar protección y acompañamiento a las víctimas mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades indicaron que este tipo de procedimientos buscan garantizar la seguridad de menores que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad.

Según la información proporcionada por las autoridades, la investigación comenzó después de una denuncia presentada por el hermano de uno de los supuestos involucrados.

La alerta inicial señalaba que una menor habría sido sacada de su vivienda mediante engaños y posteriormente víctima de explotación sexual por parte de un adulto.

Por este caso, un hombre de 33 años recibió detención judicial mientras continúa el proceso en su contra.

A partir de las primeras investigaciones, las autoridades identificaron otros elementos que ampliaron la línea investigativa.

Autoridades investigan presunta red

Según los reportes policiales, las diligencias apuntan a una posible red donde la madre de las menores habría participado ofreciendo a sus hijas a hombres adultos a cambio de dinero.

Las autoridades investigan señalamientos que indican que se habrían realizado pagos mensuales que oscilaban entre los 2 mil y 4 mil lempiras.

Estos elementos forman parte del expediente que continúa bajo análisis de los entes correspondientes.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones siguen en desarrollo y que será el sistema judicial el encargado de determinar las responsabilidades de las personas señaladas.

La DPI aseguró que continuará realizando las diligencias necesarias para fortalecer el caso y proteger los derechos de las menores involucradas.

Organismos de protección infantil recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades debido a la gravedad de los señalamientos y la vulnerabilidad de las víctimas involucradas.

Las instituciones encargadas de la protección de la niñez reiteraron que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar este tipo de situaciones y activar los mecanismos de investigación y resguardo de menores en riesgo.

El presidente Nasry Asfura suscribió un convenio con la empresa española Dominion para construir el nuevo Hospital de Puerto Cortés.

El proyecto incluye diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento del centro médico, cuya entrada en operación está prevista para 2028.

Durante el acto, se informó que la obra busca ampliar la capacidad de atención en Puerto Cortés y comunidades cercanas. El hospital tendrá una infraestructura de 15 mil metros cuadrados distribuidos en dos niveles de 7,500 metros cuadrados cada uno. También contará con un área de estacionamiento para 150 vehículos.

El representante de Dominion, Jaime Valderrama, explicó que el centro asistencial dispondrá de 140 camas de hospitalización y otras 60 destinadas a servicios de emergencia, recuperación y áreas especializadas.

La obra incorporará tecnología médica, espacios funcionales y condiciones para la atención de pacientes. Según Valderrama, el proyecto también incluye acompañamiento técnico y mantenimiento durante los dos años posteriores a su entrada en funcionamiento.

Cómo será el financiamiento

De acuerdo con la información proporcionada durante la firma del convenio, el financiamiento del proyecto estará respaldado por un programa del Gobierno de Dinamarca destinado a iniciativas de carácter social.

Los recursos serán canalizados a través de una institución financiera alemana, mientras que la Secretaría de Finanzas de Honduras actuará como contraparte nacional dentro del proceso.

Durante el encuentro con el mandatario hondureño, Valderrama se refirió al interés de Asfura por los aspectos técnicos y operativos del proyecto, entre ellos la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la coordinación institucional.

“Nos sorprendió el nivel de detalle con el que el presidente quiso conocer los diferentes componentes del proyecto. Quiso profundizar en la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la coordinación con las instituciones involucradas”, expresó Valderrama.

El representante de la compañía española añadió que el seguimiento institucional será un elemento clave para que la obra avance conforme a lo planificado.

El desarrollo de este proyecto cobra relevancia debido al crecimiento poblacional y la demanda constante de servicios médicos en la zona norte del país, una región donde Puerto Cortés cumple un papel estratégico por su actividad económica, industrial y portuaria.

El nuevo centro asistencial permitirá ampliar la capacidad instalada y brindar una alternativa de atención más cercana para pacientes que actualmente deben desplazarse hacia otros municipios en busca de servicios especializados.

Además de la atención hospitalaria, la nueva infraestructura representa una oportunidad para fortalecer áreas complementarias del sistema de salud, como los servicios de diagnóstico, atención de emergencias, recuperación y especialidades médicas.

Así mismo la incorporación de equipamiento moderno permitirá mejorar los procesos de atención y facilitar que los profesionales de la salud cuenten con mejores herramientas para responder a las necesidades de los pacientes.

Las autoridades indicaron que la ejecución de este tipo de proyectos requiere una coordinación permanente entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales que participan en el financiamiento y acompañamiento técnico.

Con esto obra explicaron las autoridades de país es garantizar que la obra cumpla con los estándares establecidos, que su operación sea sostenible en el tiempo y que se convierta en un referente de atención médica para la población de Puerto Cortés y sus alrededores.

La Secretaría de Salud de Honduras confirmó un nuevo caso de sarampión en el país: se trata de un menor de seis meses de la comunidad de Cofradía, en Cortés. Con este contagio, vinculado a casos autóctonos detectados en la zona, el brote suma 12 casos detectados.

La confirmación fue realizada por Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, quien explicó que el nuevo contagio está relacionado con los cuatro casos autóctonos identificados recientemente en esa zona del país.

Según la funcionaria, el menor no contaba con la protección de la vacuna contra el sarampión, pese a que las dosis están disponibles dentro del esquema nacional de inmunización. “Los padres de familia no vacunaron al menor y hoy tenemos un nuevo caso de esta enfermedad”, señaló García, al llamar a completar los esquemas de vacunación.

Cobertura de vacunación

Las autoridades sanitarias expresaron preocupación porque la cobertura nacional de vacunación contra el sarampión se mantiene alrededor del 70%, un nivel insuficiente para evitar la circulación del virus.

La meta recomendada para controlar enfermedades altamente contagiosas como el sarampión es alcanzar coberturas superiores al 95%, ya que ese nivel permite generar protección colectiva y reducir las posibilidades de transmisión comunitaria.

García recordó que las vacunas están disponibles en los centros de salud del país y que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones y nuevos contagios.

Qué es el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite principalmente por partículas respiratorias que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar.

Entre sus principales síntomas se encuentran la fiebre alta, tos, congestión nasal, enrojecimiento de los ojos y una erupción en la piel que suele aparecer varios días después del inicio de la infección.

Aunque muchas personas pueden recuperarse, la enfermedad puede generar complicaciones, especialmente en bebés, niños pequeños, personas con sistemas inmunológicos debilitados o pacientes que no cuentan con protección mediante la vacunación.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión, por lo que la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la infección.

Riesgo de expansión del brote

Desde sanidad advirtieron que el nivel de contagiosidad del virus representa un desafío para los sistemas sanitarios. Una persona infectada con sarampión puede transmitir la enfermedad a varias personas susceptibles, lo que aumenta el riesgo de una propagación acelerada cuando existen bajas coberturas de vacunación.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud mantiene jornadas de vacunación y vigilancia epidemiológica para identificar nuevos casos, cortar cadenas de transmisión y evitar que el brote se expanda.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres para acudir a los establecimientos de salud y verificar que los menores tengan completas sus vacunas, especialmente aquellos que se encuentran en edades tempranas y con mayor vulnerabilidad ante la enfermedad.

El seguimiento de los casos continuará en las zonas donde se han registrado contagios, mientras los equipos de salud realizan acciones de búsqueda, monitoreo y prevención para contener la circulación del virus en el territorio nacional.

La visita oficial del vicealmirante Jeffrey K. Randall a Honduras incluyó una reunión con autoridades de las Fuerzas Armadas hondureñas y la Embajada de Estados Unidos para revisar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, con foco en narcotráfico y crimen organizado y en las acciones del memorándum de interceptación aérea firmado en enero de 2023.

La agenda del alto mando estadounidense incluyó un encuentro con autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el subjefe del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada Luis Alonso Rosales Cardoza, junto con integrantes de la Junta de Comandantes y Directores del Estado Mayor Conjunto.

A la reunión también asistió la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, quien acompañó las actividades programadas durante la visita oficial del vicealmirante Randall.

Cooperación bilateral

Durante el encuentro, ambas delegaciones reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa mediante el intercambio de información estratégica, el desarrollo de capacidades operativas y la ejecución de operaciones coordinadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre ambos países es clave para mejorar las labores de vigilancia e interdicción marítima y aérea, así como para enfrentar las estructuras criminales que utilizan la región centroamericana como corredor para el tráfico internacional de drogas.

Como parte de la agenda, los funcionarios abordaron el avance de las acciones contempladas en las fases cero y uno del Memorándum de Entendimiento sobre Interceptación Aérea y Asistencia Conexa, suscrito entre Honduras y Estados Unidos en enero de 2023.

El acuerdo establece mecanismos de cooperación para detectar, monitorear e interceptar aeronaves sospechosas de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico, además de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones hondureñas mediante asistencia técnica e intercambio de inteligencia.

Objetivos del encuentro

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro fue profundizar el diálogo sobre las acciones para enfrentar al crimen organizado internacional.

“Dialogar profundamente acerca del combate al crimen organizado internacional y específicamente del narcotráfico que afecta a nuestro país, a la región y al hemisferio occidental”, expresó.

Fajardo también recordó que esta cooperación forma parte de la iniciativa estadounidense denominada Escudo de las Américas, una estrategia regional orientada a fortalecer la coordinación entre los países del continente para combatir las redes del narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Intercambio de inteligencia

El viceministro de Defensa, Justo Rafael Cano, señaló que la colaboración con Estados Unidos permite a Honduras acceder a tecnología especializada y a información estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

El funcionario explicó que oficiales hondureños trabajan de manera coordinada con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, desde donde reciben información en tiempo real sobre movimientos vinculados al narcotráfico.

“Esa información es transmitida de manera inmediata a nuestro país para actuar de forma coordinada con las distintas fuerzas de los países hermanos que estamos comprometidos en combatir el crimen organizado”, indicó Cano.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), con sede en Cayo Hueso, Florida, es una organización del Departamento de Defensa de Estados Unidos encargada de coordinar operaciones multinacionales para detectar y monitorear actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico Oriental.

Su trabajo se basa en la cooperación con países aliados para compartir inteligencia y ejecutar operaciones conjuntas.

Honduras podría cerrar el año cafetalero con más de USD 2.400 millones en divisas por exportaciones de café, por encima de los USD 2.150 millones (64.2 mil millones de lempiras).del ciclo anterior, informó el viceministro del Café, José Francisco Ordóñez. A menos de tres meses del cierre.

“Faltan poco menos de tres meses para que concluya el año cafetalero y tenemos muy buenas noticias. Ya estamos cerca de los 6.8 millones de sacos exportados y prácticamente alcanzando los 7.1 millones de contratos de venta”, señaló Ordóñez.

El funcionario atribuyó el resultado al aumento del volumen de ventas y de los ingresos, impulsado por la demanda del grano hondureño en los principales mercados internacionales.

Impacto en comunidades cafetaleras

Ordóñez explicó que el crecimiento del sector se traduce en más ingresos para el Estado y los productores, y también alcanza a las familias que dependen del cultivo del café.

“Esto es muy bueno por el tema económico, pero también porque están activadas las 2.300 aldeas donde se produce café. Existe un importante derrame económico y social que beneficia a comunidades enteras", afirmó.

El funcionario indicó que la actividad cafetalera genera empleo en producción, corte, beneficiado, transporte y comercialización, y dinamiza las economías locales en distintas regiones del país.

El café es una de las principales fuentes de empleo y divisas para Honduras. Más de 120 mil familias dependen directamente del cultivo del grano y cientos de miles de personas participan de manera indirecta en la cadena productiva, desde la siembra hasta la exportación.

Los mercados del café hondureño

Sobre los mercados internacionales, Ordóñez dijo que Honduras mantiene su presencia en el exterior por el reconocimiento a la calidad de su café y por las estrategias de promoción.

Detalló que cerca del 33% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, mientras que entre 50% y 52% se comercializan en países de la Unión Europea.

Además, el café hondureño llega a unos 58 mercados internacionales, lo que ha permitido diversificar las ventas y fortalecer la presencia del producto en distintos continentes.

Próxima cosecha

Mientras avanza el cierre del actual ciclo productivo, las autoridades trabajan en la preparación de la cosecha 2026-2027, que comenzará oficialmente el próximo 1 de octubre.

Como parte de ese proceso, el Gobierno continúa con el programa de incentivo cafetalero dirigido a pequeños y medianos productores.

Ordóñez informó que más del 25% de los caficultores beneficiarios ya recibió fertilizantes para fortalecer la productividad de sus fincas antes del inicio de la nueva temporada.

De cara a la próxima cosecha, el Gobierno y los productores centran sus esfuerzos en fortalecer la productividad de las fincas mediante la entrega de insumos, asistencia técnica y otras medidas de apoyo.

El objetivo es mantener el crecimiento de la caficultura hondureña, mejorar la competitividad del grano en el mercado internacional y garantizar mayores ingresos para las miles de familias que dependen de esta actividad.

Las autoridades consideran que, de mantenerse esta tendencia, el sector continuará siendo uno de los principales generadores de divisas y empleo para la economía nacional.

La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) hizo un llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos y promover mecanismos de diálogo tras el operativo de desalojo realizado en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida.

La institución señaló que cualquier intervención de las autoridades debe realizarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, respetando los estándares internacionales asumidos por Honduras.

El pronunciamiento surge después de que la Policía Nacional ejecutara una orden judicial de desocupación en un terreno ubicado en la comunidad garífuna, donde se reportaron momentos de tensión entre pobladores y agentes policiales.

Durante el operativo fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad.

Según los reportes, las autoridades otorgaron un tiempo determinado para que las personas abandonaran el terreno señalado en la orden judicial.

Sin embargo, posteriormente más habitantes de la comunidad llegaron al sector y se produjo resistencia al cumplimiento de la medida.

Ante esta situación, los agentes policiales utilizaron medios de control no letales, entre ellos gas lacrimógeno, para dispersar a los presentes y continuar con la ejecución del procedimiento.

El hecho generó cuestionamientos de diferentes sectores y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, denunció presuntos actos de represión durante el desarrollo del operativo.

La representante de la organización aseguró que varios integrantes de la comunidad fueron detenidos durante la intervención policial.

La situación volvió a poner en discusión los conflictos relacionados con territorios garífunas y los mecanismos utilizados para resolver disputas sobre la tierra.

La Secretaría de Derechos Humanos señaló que el caso de la comunidad garífuna de San Juan ocurre dentro de un contexto especial debido a resoluciones internacionales relacionadas con los derechos colectivos y territoriales del pueblo garífuna.

La institución recordó que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que establece obligaciones para el Estado hondureño en materia de protección de estas comunidades.

“Toda actuación de las autoridades públicas, independientemente de su naturaleza o fundamento legal, debe desarrollarse con estricto apego a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos”, indicó la SEDH.

Además, señaló que las acciones orientadas a preservar el orden público deben ser compatibles con la protección de los derechos fundamentales.

La SEDH afirmó que continuará brindando acompañamiento técnico a las instituciones del Estado para incorporar un enfoque de derechos humanos en sus actuaciones.

Asimismo, exhortó a las autoridades involucradas a priorizar soluciones que reduzcan riesgos para la población y permitan resolver los conflictos mediante el diálogo.

“La SEDH reafirma su compromiso de promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos”, manifestó la institución.

Las disputas relacionadas con territorios garífunas han sido un tema de atención nacional e internacional durante los últimos años.

Organizaciones comunitarias han solicitado mayor protección de sus derechos territoriales, mientras las autoridades mantienen que los procedimientos deben desarrollarse conforme al marco legal vigente.

La Secretaría de Derechos Humanos reiteró que continuará dando seguimiento a este tipo de situaciones para promover soluciones compatibles con el Estado de Derecho y los compromisos internacionales de Honduras.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó la expulsión hacia Honduras de Isaías José Rodríguez-Manzanares, un hondureño identificado por las autoridades estadounidenses como miembro confeso de la pandilla MS-13.

Según el informe oficial, Rodríguez-Manzanares también mantenía presuntos vínculos operativos con el Cártel del Noreste, una organización criminal con presencia en México.

La deportación fue ejecutada por agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de que el hondureño cumpliera una condena relacionada con delitos de drogas en Texas.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el caso forma parte de las acciones contra personas señaladas de pertenecer a organizaciones criminales transnacionales.

Historial del hondureño en Estados Unidos

De acuerdo con el DHS, Rodríguez-Manzanares fue identificado por primera vez por las autoridades en enero de 2024, cuando fue detenido por la Policía de Irving, Texas, debido a una infracción menor.

Sin embargo, según la institución estadounidense, en ese momento no quedó bajo custodia migratoria.

Meses después, en junio de 2025, el hondureño fue arrestado nuevamente, esta vez por agentes de la Policía de Colleyville.

En esa ocasión enfrentó cargos relacionados con la fabricación y distribución de sustancias controladas, además de portación ilegal de armas.

Posteriormente, las autoridades informaron que Rodríguez-Manzanares aceptó un cargo reducido relacionado con posesión de drogas.

En diciembre de 2025 recibió una sentencia de dos años de prisión en el estado de Texas.

Entregado a las autoridades migratorias

Tras cumplir su condena dentro del sistema penitenciario de Texas, el hondureño fue transferido a custodia del ICE el 20 de mayo de 2026.

Posteriormente, un juez de inmigración emitió una orden definitiva para proceder con su expulsión del territorio estadounidense.

Con esa resolución, agentes federales realizaron el proceso de remoción y trasladaron a Rodríguez-Manzanares de regreso a Honduras.

El DHS aseguró que el hondureño mantenía relación con estructuras criminales vinculadas a la MS-13 y con operaciones relacionadas al Cártel del Noreste.

Tras concretarse la deportación, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional resaltaron la coordinación entre agencias federales y cuerpos policiales locales de Texas.

La secretaria adjunta en funciones del DHS, Lauren Bis, afirmó que el procedimiento fue resultado del trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad.

“Gracias a los agentes del ICE, este delincuente ilegal está fuera de nuestro país. Las fuerzas del orden de Texas cooperaron estrechamente con nosotros para remover esta amenaza a la seguridad pública”, expresó la funcionaria.

Operativos contra estructuras criminales

Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de los esfuerzos para identificar y remover del país a extranjeros vinculados con organizaciones criminales.

ICE mantiene operaciones enfocadas en personas con antecedentes penales o señaladas de formar parte de redes delictivas internacionales.

Según las autoridades, la cooperación entre instituciones permite fortalecer las investigaciones y ejecutar procesos migratorios contra individuos considerados una amenaza para la seguridad pública.

El caso de Rodríguez-Manzanares se suma a otras expulsiones realizadas por Estados Unidos dentro de sus estrategias contra pandillas y grupos criminales con operaciones en varios países.

La extorsión contra el transporte público continúa siendo una de las principales amenazas para conductores, ayudantes y propietarios de unidades en Honduras, según denunció el dirigente del sector Jorge Lanza.

El representante del transporte aseguró que las estructuras criminales mantienen cobros constantes en diferentes rutas del país y afirmó que prácticamente todas las unidades enfrentan este problema.

Durante una entrevista televisiva, Lanza explicó que los pagos exigidos por grupos delictivos varían dependiendo de la zona, la ruta y la frecuencia con la que son realizados.

“Aquí todo mundo paga. Nadie se va sin pagar. Aquí todos tienen valor, unos más altos que otros, pero todo mundo paga”, expresó el dirigente.

Según detalló, algunas unidades deben realizar pagos durante toda la semana, mientras que otras entregan dinero varios días al mes, dependiendo de las exigencias de los grupos criminales.

Cobros afectan operación del transporte

Lanza indicó que, en algunos casos, los transportistas pueden llegar a pagar alrededor de 12 mil lempiras mensuales por unidad debido a la extorsión.

El dirigente aseguró que esta situación representa una fuerte carga económica para el rubro, que durante años ha denunciado amenazas y ataques relacionados con este delito.

Transportistas de diferentes zonas del país han señalado que la extorsión afecta tanto a empresas grandes como a pequeños propietarios que dependen diariamente del servicio.

Las autoridades de seguridad han realizado diferentes operativos contra estructuras dedicadas a este delito; sin embargo, representantes del transporte consideran que todavía se necesitan resultados más contundentes.

Esperan nuevas acciones de seguridad

El dirigente informó que representantes del sector sostendrán una reunión con Daniel Molina, nuevo encargado de la fuerza de tarea enfocada en atender los problemas de seguridad del transporte.

Lanza manifestó que esperan una estrategia diferente que permita reducir la presión de los grupos criminales.

“Ojalá que Daniel Molina haga un trabajo diferente al de todos, porque la verdad nosotros aquí no hemos visto nada, ninguna solución al problema con todos los que han pasado”, señaló.

Además, aseguró que las autoridades conocen los sectores donde operan las estructuras dedicadas al cobro de extorsión.

Ante señalamientos sobre la posible participación de personas vinculadas al transporte en actividades ilegales, Lanza aseguró que están dispuestos a colaborar con las investigaciones.

El dirigente señaló que si existen transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo involucrado en estos delitos, deben ser identificados por las autoridades.

“Si hay transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo que esté metido en esto, pues que los muestren y nosotros estamos en la mejor manera de trabajar mano a mano con ellos”, expresó.

Tarifa del transporte se mantiene

Sobre posibles cambios en el precio del pasaje, Lanza aclaró que actualmente la tarifa continúa en 13 lempiras.

Explicó que los transportistas no tienen autorización para modificar el costo del servicio sin una aprobación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

“Aquí no ha habido incremento. Los que subieron fueron otros, pero no nosotros”, manifestó.

El dirigente también señaló que existen pagos pendientes relacionados con el alivio otorgado al sector debido al incremento que anteriormente registraron los combustibles.

Los transportistas reiteraron que esperan medidas permanentes para enfrentar la extorsión y garantizar mayor seguridad en las rutas.

Según representantes del rubro, resolver este problema requiere investigaciones, presencia policial constante y acciones contra las estructuras criminales responsables de los cobros ilegales.

Mientras tanto, el sector asegura que continuará trabajando con las autoridades para buscar alternativas que permitan proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte público.

La participación de mujeres dentro de actividades delictivas continúa generando preocupación en Honduras, luego de que las autoridades confirmaran la captura de 445 mujeres durante los primeros seis meses de 2026.

Los registros policiales evidencian un incremento en los casos donde mujeres aparecen vinculadas a diferentes delitos, desde distribución de drogas hasta extorsión, robos agravados, asociación para delinquir y homicidios.

Según datos de la Policía Nacional, las detenciones realizadas entre enero y junio representan un promedio superior a dos capturas diarias en diferentes zonas del país.

La cifra genera alerta debido a que podría superar ampliamente los registros de 2025, año en el que se contabilizaron 523 mujeres detenidas.

Las autoridades explicaron que algunas capturas ocurrieron durante operativos en flagrancia, mientras que otras corresponden a órdenes judiciales emitidas por tribunales hondureños.

Aumenta participación en delitos

Los informes policiales señalan que las mujeres capturadas no están vinculadas a un único tipo de actividad criminal, sino a diferentes modalidades delictivas.

Uno de los principales delitos identificados es el microtráfico de drogas, donde algunas detenidas son señaladas de participar en almacenamiento, distribución o traslado de sustancias ilícitas.

Según las investigaciones, estructuras criminales utilizan diferentes métodos de operación y han incorporado una mayor participación femenina dentro de sus redes.

Las autoridades también han detectado un aumento de mujeres involucradas en casos de extorsión, principalmente en ciudades con alta presencia de grupos delictivos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) señala que varias de las mujeres detenidas mantenían presuntos vínculos con maras, pandillas u otras organizaciones criminales.

Los expedientes reflejan que algunas no solo cumplían funciones secundarias, sino que habrían asumido responsabilidades operativas dentro de estas estructuras.

Entre las funciones identificadas por las autoridades se encuentran actividades relacionadas con logística, vigilancia, traslado de dinero y coordinación de acciones ilícitas.

Investigadores consideran que este fenómeno representa un cambio en la forma en la que operan algunos grupos criminales en el país.

De acuerdo con los reportes, el tráfico de drogas al detalle continúa siendo una de las actividades donde más presencia femenina han encontrado las autoridades.

Los operativos policiales han identificado casos en barrios y colonias donde grupos criminales mantienen influencia.

En cuanto a la extorsión, los informes indican que algunas mujeres han sido detenidas señaladas de participar en cobros, comunicación con víctimas o apoyo logístico.

Las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula figuran entre los puntos donde con mayor frecuencia se registran este tipo de capturas.

Una tendencia que preocupa a las autoridades

El aumento de casos también ha generado preocupación debido a la exposición de mujeres involucradas en estructuras criminales a escenarios de violencia.

Investigadores señalan que las disputas entre grupos, ajustes de cuentas y conflictos internos afectan a todas las personas que forman parte de estas organizaciones.

Aunque las autoridades indican que los liderazgos criminales continúan siendo ocupados mayoritariamente por hombres, advierten que la presencia femenina dentro de estas estructuras es cada vez más visible.

Con 445 capturas en medio año, las instituciones de seguridad mantienen el monitoreo de esta tendencia y aseguran que continuarán los operativos contra grupos dedicados a diferentes actividades ilícitas.

A más de cuatro años de la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, sus familiares denunciaron una serie de presuntas irregularidades, omisiones e inactividad dentro del proceso investigativo, mientras continúan exigiendo respuestas sobre el paradero de la joven hondureña.

El pronunciamiento surge luego de que la Policía Nacional incluyera al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson en la lista de los más buscados de Honduras, al ser señalado dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.

Grayson permanece prófugo de la justicia hondureña y cuenta con una orden de captura por los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 300 mil lempiras para quienes brinden información que permita ubicarlo y capturarlo.

Familia exige mayores acciones

A través de un comunicado, la familia de Angie Peña reconoció que la incorporación de Grayson en la lista de los más buscados representa un avance, pero aseguró que todavía existen muchas preguntas sin responder.

Los familiares señalaron que durante estos años han enfrentado lo que consideran falta de acciones efectivas por parte de las instituciones encargadas de investigar el caso.

Según denunciaron, han observado un “letargo sospechoso” en el proceso pese a la información y elementos recopilados desde la desaparición de la joven.

Además, indicaron que en diferentes momentos han cuestionado el trabajo realizado por instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Denuncian posibles intimidaciones

En el comunicado, la familia también advirtió sobre supuestos intentos de intimidación contra personas relacionadas con la investigación.

Según sus declaraciones, individuos vinculados a estructuras criminales estarían buscando presionar a testigos e investigadores con el objetivo de obstaculizar los avances del caso.

Asimismo, denunciaron campañas de desinformación y desprestigio que, aseguran, buscan afectar la credibilidad de quienes han colaborado con las autoridades.

Los familiares reiteraron que su principal objetivo continúa siendo encontrar a Angie y lograr que se esclarezcan todos los hechos relacionados con su desaparición.

“Queremos a Angie Peña Melgares de vuelta a casa”, expresaron.

La familia recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas urgentes para continuar la búsqueda y localización de Angie Peña.

Según los familiares, la información reunida durante estos años, incluyendo testimonios y otros elementos de investigación, debe ser utilizada para avanzar en el proceso.

También insistieron en que el caso debe ser investigado dentro del contexto de posibles redes de trata de personas.

La desaparición de Angie Peña

Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba un paseo en moto acuática en West Bay, Roatán, Islas de la Bahía, durante unas vacaciones familiares.

Inicialmente, el caso fue manejado como un posible accidente marítimo, pero posteriormente las investigaciones cambiaron de dirección.

Las autoridades hondureñas señalaron que la joven habría sido víctima de una estructura vinculada a la trata de personas con operaciones en la zona insular.

En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado acciones judiciales contra varios señalados dentro del caso.

Los familiares sostienen que la desaparición de Angie Peña no debe quedar en la impunidad y solicitaron que se profundicen las investigaciones hasta determinar completamente lo ocurrido.

Además, pidieron fortalecer las acciones contra las redes criminales que puedan estar relacionadas con este tipo de delitos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Antony Frank Grayson y continúan con diligencias para avanzar en uno de los casos de desaparición más conocidos de Honduras en los últimos años.

La Policía Nacional de Honduras informó que los testimonios de seis sobrevivientes fueron fundamentales para avanzar en la investigación de la masacre registrada en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 personas perdieron la vida.

El comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, explicó que los investigadores lograron recopilar información clave mediante entrevistas, análisis de evidencias y trabajos desarrollados en las diferentes escenas relacionadas con el ataque.

De acuerdo con el funcionario policial, durante las investigaciones se identificaron tres puntos vinculados al hecho violento, lo que permitió reconstruir parte de lo ocurrido el pasado 21 de mayo.

“Recuerden que en el sector de Rigores hubo tres escenas. La primaria, las secundarias y al final logramos descubrir que fueron seis los sobrevivientes a este ataque”, manifestó Ponce.

Testimonios permitieron identificar sospechosos

El comisionado confirmó que los sobrevivientes lograron identificar a las personas capturadas durante los recientes operativos ejecutados por las autoridades.

Según explicó, estos testimonios forman parte de los elementos que fortalecen el expediente investigativo contra los sospechosos.

Ponce señaló que la Policía utiliza diferentes metodologías para sustentar las investigaciones, incluyendo pruebas técnicas y declaraciones de testigos.

“Hay muchas metodologías de investigación, una que es la técnica y otra que es la presencial, como los testigos presenciales y referenciales que los incrimina”, indicó.

Las autoridades consideran que la información proporcionada por las víctimas sobrevivientes permitió orientar las acciones policiales realizadas en los últimos días.

La Policía informó recientemente sobre la captura de varios sospechosos vinculados a la estructura criminal investigada por la masacre.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de los operativos destinados a esclarecer el crimen y capturar a todos los involucrados.

Ponce aseguró que los avances representan una respuesta para los familiares de las víctimas y buscan fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

“Estamos dando una respuesta, y los mismos familiares ya respiran un grado de confianza con nuestra Policía Nacional”, expresó.

El comisionado también aclaró que las intervenciones realizadas en la zona no corresponden a procesos de desalojo relacionados con disputas de tierra.

Según explicó, las operaciones tienen como objetivo encontrar evidencias relacionadas con la investigación, principalmente armas que podrían estar vinculadas al ataque.

“La Policía Nacional vuelve y repite, nosotros no andamos desalojando a nadie, nosotros andamos en busca de armas”, afirmó.

Las autoridades sostienen que las acciones responden a información recopilada dentro del expediente investigativo sobre la masacre.

Analizan armas decomisadas

Como parte del proceso, las armas incautadas durante los operativos serán sometidas a análisis por especialistas de los laboratorios criminalísticos.

Los estudios permitirán determinar si alguna de las evidencias decomisadas fue utilizada durante el ataque ocurrido en Rigores.

La Policía indicó que los resultados serán incorporados al expediente que será presentado ante las autoridades correspondientes.

Los equipos especializados mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar la participación de todos los involucrados.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos y recopilando evidencias hasta esclarecer completamente el caso.

La masacre de Rigores continúa siendo uno de los hechos violentos más graves registrados recientemente en Honduras, por lo que las investigaciones permanecen activas bajo coordinación de diferentes unidades policiales.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras Anabel Gallardo, afirmó que la violencia contra las mujeres impide el crecimiento económico sostenible de Honduras y pidió reforzar la prevención, la protección y el acceso a la justicia, más allá del aumento de penas por femicidio.

A través de un mensaje público, Gallardo expresó su preocupación por los hechos de violencia que siguen cobrando la vida de mujeres en el país y sostuvo que cada víctima deja consecuencias en sus familias y comunidades.

Señaló que detrás de cada caso hay hijos, madres, hermanas, amigas y compañeros que enfrentan pérdidas irreparables, por lo que insistió en que el problema debe abordarse con una perspectiva integral y no solo mediante sanciones penales.

Reformas penales y prevención

“Las penas por sí solas no resolverán el problema” La titular del COHEP reconoció que las recientes reformas al Código Penal vinculadas con el delito de femicidio constituyen un avance para fortalecer la respuesta institucional frente a estos crímenes.

Consideró, sin embargo, que el incremento de las penas no será suficiente si no se acompaña con políticas públicas orientadas a prevenir la violencia, garantizar protección oportuna a las víctimas, mejorar el acceso a la justicia y dotar de más recursos a las instituciones encargadas de atender estos casos.

También destacó la necesidad de ampliar las oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento para las mujeres, al considerar que la autonomía económica también constituye un factor de protección frente a distintas formas de violencia.

El impacto en la economía

Gallardo sostuvo que cuando una mujer vive bajo amenazas o en un entorno de violencia, ve limitadas sus posibilidades de estudiar, trabajar o desarrollar proyectos productivos.

Advirtió que esta realidad no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también tiene consecuencias para el crecimiento económico del país al reducir el talento disponible, la productividad, la innovación y la participación femenina en el mercado laboral.

Añadió que las naciones que ofrecen mayores garantías de seguridad y condiciones para la participación económica de las mujeres suelen registrar mejores indicadores de competitividad, inversión y desarrollo.

Las cifras en Honduras

Las declaraciones de la presidenta del COHEP se dan en un escenario en el que la violencia contra las mujeres sigue entre las principales preocupaciones en Honduras. Datos de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres muestran que, año tras año, el país registra decenas de muertes violentas, muchas de las cuales son investigadas como posibles femicidios.

Solo durante 2025 se documentaron más de 230 muertes violentas de mujeres, mientras que en lo que va de 2026 las cifras indican 137 casos a la fecha, un promedio de varios casos cada semana.

Diversos observatorios han advertido que, además del elevado número de homicidios, persisten altos niveles de impunidad, ya que una parte de estos crímenes no llega a una sentencia condenatoria.

Organizaciones feministas como Calidad de Vida han insistido en que el combate a esta problemática requiere mayor presupuesto para las instituciones encargadas de investigar los delitos, ampliar la cobertura de los servicios de atención y promover cambios culturales que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres desde sus causas estructurales.

El Gobierno de Honduras mantuvo una reunión con representantes del Programa Regional EUROFRONT para revisar acciones de cooperación en gestión fronteriza. El encuentro, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reunió a instituciones hondureñas y a la iniciativa respaldada por la Unión Europea.

En el encuentro Participaron la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

Durante la reunión, las instituciones presentaron sus prioridades en materia de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica con el programa europeo para fortalecer las capacidades operativas del país.

Estrategias para la gestión fronteriza

Las autoridades plantearon un trabajo coordinado entre las entidades responsables del control migratorio, aduanero y de seguridad para responder con más eficiencia a los desafíos en las fronteras.

Según lo expuesto en el encuentro, EUROFRONT promueve un modelo de gestión integrada de fronteras basado en la cooperación entre países, el fortalecimiento institucional y el intercambio de buenas prácticas.

La iniciativa impulsa la modernización de procedimientos, el uso de herramientas técnicas y la coordinación entre organismos nacionales e internacionales para mejorar la movilidad de personas y mercancías sin descuidar los controles de seguridad.

También se identificaron oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas responsables de la administración fronteriza.

Las autoridades hondureñas señalaron que la gestión integral de fronteras es uno de los ejes prioritarios de la actual administración, porque un sistema fronterizo eficiente contribuye a la protección de la soberanía nacional, el combate a los delitos transnacionales y la facilitación del comercio.

La posición de Honduras

Añadieron que una mejor coordinación entre las instituciones permite optimizar los procesos migratorios, fortalecer los controles aduaneros y garantizar una movilidad más ordenada para ciudadanos y visitantes.

Al cierre de la reunión, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que continuará impulsando alianzas con organismos y socios internacionales para fortalecer las capacidades institucionales del país.

La dependencia sostuvo que la cooperación internacional seguirá orientándose a proyectos alineados con las prioridades nacionales, en especial los enfocados en modernizar los servicios públicos, mejorar la seguridad fronteriza y promover el desarrollo económico mediante una gestión más eficiente de los puntos de ingreso y salida del territorio hondureño.

La visita de la misión marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre Honduras y la Unión Europea en materia de gestión fronteriza. En las próximas semanas se espera que las instituciones involucradas definan una hoja de ruta con acciones específicas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de experiencias que permitan fortalecer los controles migratorios y aduaneros bajo estándares internacionales.

La cooperación también busca que el país avance hacia un modelo de fronteras más moderno, capaz de responder a desafíos como la migración irregular, el crimen organizado transnacional y el comercio ilícito, sin afectar la circulación legal de personas y mercancías. Las autoridades consideran que este enfoque contribuirá a mejorar la seguridad nacional y a fortalecer la integración regional acordaron durante la sesión realizada.

La Secretaría de Educación en Honduras Arely Argueta confirmo hoy miércoles que mantendrá los despidos ejecutados en diferentes centros educativos del país.

La decisión desató protestas de docentes, empleados y padres de familia en varios centros educativos, con tomas de instalaciones y suspensión de clases en algunos casos, mientras los afectados exigen la restitución de sus puestos.

Las manifestaciones surgieron en rechazo a la separación de trabajadores que, según los manifestantes, cumplían funciones en los centros escolares. Las actividades académicas se vieron afectadas en algunos casos por las protestas.

La ministra de Educación, Argueta, sostuvo que las decisiones responden a un proceso de reorganización administrativa y aseguró que el Estado no tiene capacidad financiera para mantener plazas que considera innecesarias o duplicadas.

Revisión de personal y despidos

La funcionaria explicó que las revisiones realizadas por la institución detectaron casos de sobrepoblación de personal tanto en centros educativos como en oficinas departamentales.

Según indicó, algunas escuelas mantenían una cantidad de empleados que no correspondía con la población estudiantil que atienden, una situación que consideró insostenible para las finanzas públicas.

Como ejemplo, mencionó que en un centro educativo con 50 estudiantes se identificó la contratación de ocho vigilantes, mientras que en otras dependencias había hasta cuatro personas desempeñando funciones similares en un mismo espacio de trabajo.

Argueta afirmó que estas irregularidades obligaron a tomar decisiones encaminadas a optimizar los recursos del sistema educativo.

De acuerdo con la titular de Educación, el proceso de reorganización ha dejado hasta el momento a alrededor de 500 personas fuera de la institución en diferentes regiones del país.

La funciinaria aseguró que a todos los trabajadores separados se les han reconocido las prestaciones y demás derechos laborales establecidos por la legislación vigente.

Rechazó además que las decisiones respondan a criterios políticos y sostuvo que el objetivo es fortalecer la administración del sistema educativo mediante una distribución más eficiente del recurso humano.

También señaló que algunos profesionales contratados en centros educativos desempeñaban funciones que corresponden a otras instituciones del Estado, por lo que consideró necesario reordenar esas plazas.

Advertencia por protestas y suspensión de clases

Las autoridades expresaron preocupación por la afectación que las protestas han provocado en el calendario escolar.

La ministra advirtió que la Secretaría de Educación tomará medidas frente a los centros que continúen paralizando actividades, al considerar que el principal perjudicado es el estudiante.

Además, indicó que, si se mantienen las interrupciones, podría ser necesario ampliar el año lectivo para recuperar los días de clases perdidos y garantizar el cumplimiento del programa académico.

Reiteró que la institución mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores inconformes para atender sus inquietudes dentro del marco legal.

Primeros 100 días de clases y anuncio de becas

La Secretaría de Educación destacó que este 8 de julio el sistema educativo alcanzó los primeros 100 días de clases del presente año lectivo.

Como parte de esa conmemoración, la ministra visitó un centro educativo donde anunció la entrega de 50 becas de cinco mil lempiras destinadas a estudiantes con excelencia académica.

La funcionaria explicó que el incentivo busca reconocer el esfuerzo de los alumnos con mejores calificaciones y motivar a más niños y jóvenes a mantener un alto rendimiento escolar.

Durante la actividad, exhortó a los estudiantes a continuar esforzándose en sus estudios y aseguró que este tipo de programas serán impulsados en otros centros educativos para premiar la dedicación y el compromiso con el aprendizaje.

La canasta básica en Honduras subió 800 lempiras en el último año, (un promedio de 30 doláres) según un análisis del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH.

Durante esta semana, además, varios productos esenciales registraron nuevas variaciones por la sequía, los costos de producción y las condiciones del mercado.

Datos del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reflejan que la canasta básica alimentaria aumentó 6.16% entre junio de 2025 y junio de 2026, equivalente a aproximadamente 800 lempiras adicionales para los consumidores.

La directora del observatorio, María Luisa García, explicó que el análisis tomó como referencia los 30 productos que integran la canasta básica alimentaria y mostró que los mayores aumentos se concentran en alimentos de origen cárnico y frutas, rubros que representan una parte del gasto familiar.

Variaciones en productos de consumo diario

Durante esta semana, los mercados hondureños registraron variaciones en varios productos de la canasta básica. Entre los alimentos que presentaron incrementos se encuentran el frijol, el huevo y algunas verduras, lo que afecta a consumidores que deben destinar más dinero para adquirir los mismos productos.

Uno de los productos bajo presión es el frijol rojo. Reportes recientes señalan que el quintal pasó de alrededor de 2,200 a 2,400 lempiras en pocos días, mientras la medida comercializada al consumidor también registró ajustes.

El huevo también presentó incrementos recientes, con un aumento aproximado de cinco lempiras en el cartón, según monitoreos realizados en puntos de venta. Las autoridades y productores mantienen conversaciones para evitar mayores variaciones en este producto de alto consumo en los hogares hondureños.

El impacto en la producción

Uno de los factores que influye en el comportamiento de los precios es la reducción de la oferta agrícola provocada por condiciones climáticas adversas.

La sequía que afecta distintas zonas productoras del país redujo la disponibilidad de algunos vegetales y generó incrementos en productos como papa, lechuga, pataste, brócoli y elote, entre otros alimentos utilizados diariamente por las familias.

Comerciantes y productores explicaron que, cuando disminuye la producción, aumentan los costos de abastecimiento debido a una menor cantidad de producto disponible en los mercados, una situación que termina trasladándose al consumidor final.

Por otra parte también señalan que el costo del transporte, los insumos agrícolas, los fertilizantes y las condiciones internacionales influyen directamente en el precio final de los alimentos.

Riesgo de inseguridad alimentaria

El OBSAN advirtió que la situación económica y alimentaria podría agravarse durante los próximos meses. La investigadora María Luisa García señaló que factores como la sequía, la situación económica nacional y los efectos de los mercados internacionales podrían provocar que hasta 2.8 millones de hondureños enfrenten inseguridad alimentaria al cierre de 2026.

La inseguridad alimentaria no solamente está relacionada con la falta de alimentos, sino también con la dificultad de las familias para adquirir productos variados y nutritivos debido al aumento constante de los precios.

Organizaciones dedicadas al análisis alimentario señalaron que los hogares con menores ingresos son los más afectados, ya que una mayor proporción de su presupuesto mensual debe destinarse a comida y reduce la capacidad de cubrir otras necesidades como salud, educación, transporte y vivienda.

Ante las variaciones registradas, autoridades de protección al consumidor informaron sobre operativos de supervisión y seguimiento en mercados del país para verificar el comportamiento de los precios y evitar prácticas especulativas.

Según reportes oficiales, algunos productos de la canasta básica mostraron reducciones tras acuerdos con sectores productivos y acciones de vigilancia.

La Secretaría de Desarrollo Económico mantiene publicaciones periódicas sobre el comportamiento de los precios de la canasta básica alimentaria para dar seguimiento a los cambios registrados en los mercados nacionales.

Los consumidores continúan expresando preocupación porque, aunque algunos productos puedan estabilizarse temporalmente, otros alimentos esenciales mantienen una tendencia variable que afecta la planificación del presupuesto familiar.

El Gobierno de Honduras comenzó a elaborar la estrategia nacional “Hambre Cero al 2035” para combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria de la población hacia 2035. El plan será coordinado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería e involucrará a 13 secretarías de Estado.

La propuesta articula políticas públicas e inversiones para fortalecer la producción nacional, mejorar la nutrición de la población y generar oportunidades para las familias que dependen del sector agropecuario.

Como parte de la estrategia, las autoridades prevén ampliar la cobertura de sistemas de riego, incrementar las opciones de financiamiento para productores agrícolas y pecuarios, fortalecer la infraestructura destinada a la producción y consolidar los agromercados como espacios de venta directa para pequeños agricultores.

Producción agrícola y desarrollo rural

Mediante la estrategia se busca aumentar la disponibilidad de alimentos en el mercado nacional, mejorar la competitividad del sector agropecuario y dinamizar las economías de las zonas rurales.

Las autoridades sostienen que facilitar el acceso a herramientas productivas permitirá elevar los niveles de producción y reducir la vulnerabilidad alimentaria de miles de familias hondureñas.

La estrategia incorpora un componente social enfocado en mejorar la alimentación de la población, especialmente durante la infancia.

Las secretarías de Salud y Educación desarrollarán programas para fortalecer la atención nutricional en las comunidades, promover hábitos de alimentación saludable y ampliar las acciones del Programa de Alimentación Escolar.

La meta es contribuir a una mejor nutrición desde las primeras etapas de la vida y prevenir problemas asociados con la inseguridad alimentaria.

Reserva de granos e inversión

El coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Joselino Pacheco, explicó que uno de los componentes del plan será el fortalecimiento de una reserva estratégica de granos.

Según detalló, el sistema funcionará bajo un esquema rotatorio que permitirá mantener inventarios permanentes para responder a emergencias, abastecer programas sociales y garantizar la disponibilidad de alimentos cuando se presenten contingencias que afecten la producción nacional.

Pacheco también indicó que cada institución participante elaborará su propio plan de trabajo y presentará una propuesta de inversión, con el propósito de integrar un presupuesto conjunto para ejecutar los proyectos contemplados en la estrategia.

Más zonas de inversión

La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó que mantiene una inversión cercana a los 1.500 millones de lempiras, es decuir un promedio de 56 millones de dólares destinada a incentivar la producción agropecuaria.

Esos recursos se canalizan mediante programas de entrega de semillas mejoradas, asistencia a pequeños agricultores y ganaderos, así como otras iniciativas orientadas a incrementar la productividad y fortalecer el abastecimiento de alimentos en el país.

A esas acciones se sumará la Suplidora Nacional de Productos Básicos, BANASUPRO, que anunció su incorporación al programa mediante el fortalecimiento de los Agromercados y Mercados Funcionales, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a alimentos a precios accesibles y respaldar la estrategia nacional de seguridad alimentaria.

Las autoridades han señalado que la coordinación entre las diferentes dependencias del Estado será clave para evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar que las inversiones lleguen a las comunidades con mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria.

La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras expresó recientemente su preocupación por un operativo de la Policía Nacional en la comunidad garífuna de San Juan, en el litoral atlántico, que terminó con la captura de cuatro jóvenes de esa localidad.

La institución pidió a las autoridades de seguridad que las acciones policiales en comunidades indígenas y afrodescendientes se ejecuten con criterios que reduzcan los riesgos para la población y garanticen el respeto de los derechos fundamentales.

También exhortó a las autoridades competentes a priorizar mecanismos que favorezcan el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas ante los conflictos que puedan surgir en estos territorios.

Pedido de diálogo y respeto

La Secretaría sostuvo que cualquier intervención estatal debe orientarse a proteger la integridad de las personas y desarrollarse en un ambiente de respeto hacia las comunidades involucradas, para evitar situaciones que generen mayores tensiones.

La dependencia gubernamental enfatizó que las medidas encaminadas a preservar el orden público deben ser compatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

En el comunicado, reiteró que toda actuación de las instituciones públicas debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, no discriminación y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Añadió que las acciones de las fuerzas de seguridad solo pueden justificarse cuando se ajusten al marco legal y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y cuando procuren salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas involucradas.

La referencia a la Corte IDH

Así mismo hizo incapie que la situación de la comunidad garífuna de San Juan está vinculada con una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según la institución, ese fallo establece compromisos específicos para Honduras en relación con la protección de los derechos territoriales y colectivos de las comunidades garífunas, por lo que las actuaciones de las autoridades deben considerar esas obligaciones internacionales.

El pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos se produjo después de que trascendiera la detención de cuatro jóvenes garífunas durante el operativo policial en la comunidad de San Juan.

El hecho fue denunciado públicamente por dirigentes de organizaciones garífunas, quienes expresaron preocupación por la forma en que se desarrolló la intervención de los agentes.

Antencedentes del conflicto

El conflicto en la comunidad garífuna de San Juan se remonta a varios años atrás y tiene como eje central la disputa por la tenencia y el uso del territorio ancestral. Habitantes de la comunidad sostienen que parte de sus tierras han sido ocupadas por terceros, mientras que procesos judiciales y administrativos han derivado en órdenes de desalojo que han incrementado la tensión entre pobladores y autoridades.

Organizaciones garífunas han denunciado de manera reiterada que estos procedimientos afectan los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes y han solicitado al Estado suspender cualquier acción que pueda poner en riesgo a sus habitantes hasta que se garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En 2023, el tribunal internacional emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación de derechos territoriales de las comunidades garífunas de San Juan, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, ordenando una serie de medidas orientadas a garantizar la restitución de tierras, la protección del territorio ancestral y la adopción de mecanismos para evitar nuevos hechos que vulneren los derechos de estas poblaciones.

Desde entonces, las comunidades han insistido en que cualquier intervención estatal debe estar alineada con lo dispuesto por esa resolución.

La Corporación Municipal de El Progreso derogó en las últimas horas el aumento de la tasa vial tras el rechazo de transportistas, empresarios y otros sectores. La medida restablece los montos de años anteriores y prevé un crédito fiscal para quienes ya pagaron con incremento.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria convocada para analizar la situación y resolver la solicitud presentada por representantes de organizaciones empresariales, transportistas y otros actores locales que cuestionaban el aumento.

El alcalde Alexander López informó que el único punto de la agenda fue la discusión sobre la tasa vial para restablecer las tarifas vigentes en años anteriores. “En sesión extraordinaria, punto único es la tasa vial, y la moción es para que se derogue y quede como en los años anteriores la tasa vial”, expresó el jefe edilicio.

Cómo quedará el cobro

Con la derogación de la ordenanza, la tasa vial municipal volverá a los valores que se aplicaban antes del ajuste aprobado recientemente, en respuesta a los reclamos de distintos sectores de la comunidad.

Para que la medida entre en vigor, la municipalidad deberá remitir la nueva ordenanza al Instituto de la Propiedad (IP), encargado de actualizar el registro correspondiente y dejar sin efecto el aumento previamente autorizado.

El trámite permitirá oficializar el regreso al esquema anterior de cobro y que los contribuyentes vuelvan a pagar las tarifas vigentes antes de la modificación.

Qué pasará con quienes ya pagaron

Las autoridades municipales informaron que las personas que ya cancelaron la tasa vial con el incremento no perderán esos recursos.

Como parte de la resolución, se estableció la creación de un crédito fiscal equivalente al monto pagado de más, que podrá utilizarse para cubrir futuras obligaciones o servicios municipales.

La derogación de la ordenanza se produjo después de varios días de reclamos de organizaciones locales, entre ellas la Cámara de Comercio e Industria de El Progreso y representantes del sector taxi, quienes señalaron que el ajuste representaba un incremento cercano al 300 % respecto de las tarifas anteriores.

Los dirigentes señalaron que el aumento impactaría directamente la economía de comerciantes, empresarios, transportistas y propietarios de vehículos, por lo que solicitaron a las autoridades municipales revisar la medida.

Durante la sesión extraordinaria también estuvieron presentes representantes de distintos sectores del municipio, que participaron en el análisis del tema y respaldaron la decisión de eliminar el incremento.

Luego de cuatro días de protestas protagonizadas por transportistas y ciudadanos que rechazaban el aumento de la tasa vial donde se realizaron plantones, manifestaciones y llamados públicos, ahora con la resolución aprobada por la Corporación Municipal, el siguiente paso será la remisión de la nueva ordenanza al Instituto de la Propiedad (IP) para formalizar la eliminación del incremento.

Mientras tanto, las autoridades municipales deberán ejecutar el mecanismo de crédito fiscal para los contribuyentes que ya habían pagado la tasa con el aumento, una medida con la que buscan cerrar el conflicto y recuperar la confianza de los distintos sectores que durante varios días exigieron la reversión del cobro.

La Policía Nacional de Honduras informó sobre la desarticulación de una célula de la estructura criminal conocida como “Los Canechos”, señalada por las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón.

La operación se ejecutó mediante tres allanamientos con orden judicial realizados de manera simultánea en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, como parte del Plan Operativo Fase II Rigores.

De acuerdo con las autoridades, la intervención dejó como resultado la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal, además del decomiso de armas de fuego, munición, equipo táctico e indumentaria militar.

Durante uno de los operativos realizados en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, se registró un enfrentamiento armado entre agentes policiales y miembros de la estructura.

En el intercambio de disparos murió Franklin Asael Bustillo Sevilla, de 27 años, señalado como presunto integrante del grupo investigado.

Operativos simultáneos en tres departamentos

Las autoridades detallaron que las acciones policiales se desarrollaron en tres puntos del país. El primer allanamiento se realizó en Utila, Islas de la Bahía, donde fue capturada una persona. Otra intervención tuvo lugar en el departamento de Colón, dejando un detenido adicional.

Mientras tanto, el operativo principal se desarrolló en Esparta, Atlántida, donde se reportaron cinco capturas y la muerte del sospechoso durante el enfrentamiento.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el proceso correspondiente ante el Ministerio Público.

Decomisan armas e indumentaria militar

Durante las inspecciones, los equipos policiales decomisaron un arsenal que será analizado como parte de las investigaciones.

Entre las evidencias encontradas se reportan dos escopetas, dos fusiles, cuatro pistolas, cargadores para armas de fuego, chalecos tácticos, teléfonos celulares, indumentaria militar y motocicletas.

Las autoridades indicaron que estos elementos serán incorporados al expediente investigativo para fortalecer las acusaciones contra los sospechosos.

Según la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los capturados estarían vinculados con la muerte violenta de 20 personas ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026.

La masacre ocurrió en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y atacó a las personas que se encontraban en la zona.

Disputa entre estructuras criminales

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el ataque habría ocurrido como resultado de una disputa y presunta venganza entre grupos criminales que operan en la región.

Los detenidos podrían enfrentar acusaciones por delitos relacionados con asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de uso prohibido, atentado y uso ilegal de indumentaria militar o policial.

Los equipos especializados continúan realizando inspecciones en las viviendas intervenidas con el objetivo de encontrar más indicios relacionados con el caso.

La Policía Nacional aseguró que las operaciones continuarán para identificar y capturar a otros posibles involucrados en la masacre.

Asimismo, las autoridades reiteraron que mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos ocurridos en Rigores.

El cuerpo del sospechoso fallecido fue trasladado a Medicina Forense para los procedimientos correspondientes, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional de Honduras actualizó su lista de personas más buscadas e incluyó al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson, requerido por las autoridades hondureñas dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Samanta Peña.

Como parte de las acciones para localizarlo, las autoridades anunciaron una recompensa de 300 mil lempiras para quienes proporcionen información confiable que permita dar con su paradero y lograr su captura.

Grayson cuenta con una orden de captura vigente emitida el 18 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Según la información oficial, el ciudadano estadounidense es requerido por los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir.

Búsqueda internacional

Debido a que hasta el momento se desconoce su ubicación, las autoridades hondureñas gestionaron una notificación roja de Interpol con el objetivo de ampliar las acciones de búsqueda fuera del territorio nacional.

Esta alerta permite que cuerpos policiales de otros países colaboren en la localización de personas requeridas por la justicia.

La Policía Nacional informó que mantiene abiertas las investigaciones y continúa recopilando información que pueda contribuir al avance del caso.

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que pueda ayudar a ubicar al señalado.

Las autoridades indicaron que las personas que tengan información sobre el paradero de Grayson pueden comunicarse mediante los canales oficiales habilitados.

Para ello, la Policía Nacional puso a disposición el número telefónico 8791-2158 y el correo electrónico policiahn6@gmail.com.

Según la institución, la información recibida será manejada de manera confidencial como parte del proceso investigativo.

El caso Angie Peña

La desaparición de Angie Samanta Peña continúa siendo uno de los casos más conocidos en Honduras.

La joven fue vista por última vez el 1 de enero de 2022, cuando realizaba un paseo acuático en las playas de Roatán, Islas de la Bahía.

Desde ese día, sus familiares y las autoridades mantienen la búsqueda para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias relacionadas con su desaparición.

El caso provocó una amplia investigación que involucró diferentes líneas de seguimiento y operativos tanto dentro como fuera del país.

Lista de los más buscados

La actualización del afiche de los más buscados corresponde a las acciones de las autoridades para ubicar a personas con órdenes de captura pendientes por distintos delitos.

En esta lista aparecen ciudadanos señalados por diversos casos y se ofrecen recompensas económicas a cambio de información que permita su localización.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando acciones investigativas y de coordinación internacional para avanzar en los casos pendientes y ejecutar las órdenes emitidas por los tribunales hondureños.

Además de la incorporación de Grayson al listado de los más buscados, las autoridades señalaron que las investigaciones alrededor del caso continúan abiertas con el objetivo de identificar a todas las personas que puedan estar relacionadas con la desaparición de Angie Peña y esclarecer lo ocurrido desde enero de 2022.

La Policía Nacional reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en este tipo de investigaciones, por lo que pidió a la población brindar cualquier información que pueda contribuir a localizar a los requeridos por la justicia y resolver casos pendientes de alto impacto en el país.

Autoridades médicas del Hospital General del Sur, en Choluteca, hicieron un llamado urgente a la población para abandonar prácticas tradicionales como el “rociado y purga”, luego de registrar nuevos casos de menores afectados tras ser sometidos a este tipo de procedimientos.

El centro asistencial confirmó la muerte de otro bebé, esta vez de apenas un mes y 20 días de nacido, quien falleció durante el fin de semana tras presentar graves complicaciones de salud.

Según el personal médico, este caso aumenta la preocupación debido a que en menos de dos semanas se han atendido tres menores con antecedentes relacionados con prácticas como sobadas, rociados y purgas.

De esos casos, dos bebés perdieron la vida y uno logró sobrevivir, informaron especialistas del hospital.

Advierten riesgos para los menores

El epidemiólogo del Hospital General del Sur explicó que estas prácticas forman parte de creencias culturales que aún permanecen en algunas comunidades, pero aclaró que no corresponden a tratamientos médicos reconocidos.

Los especialistas indicaron que los recién nacidos son especialmente vulnerables debido a que sus órganos aún se encuentran en desarrollo.

De acuerdo con los médicos, someter a los bebés a este tipo de procedimientos puede ocasionar graves complicaciones en su organismo.

Entre los riesgos mencionaron alteraciones en el equilibrio del cuerpo, intoxicaciones, afectaciones en órganos vitales y otros problemas que pueden poner en peligro la vida del menor.

Bebé fue rociado con alcohol

Sobre el caso más reciente, el personal médico detalló que el bebé no habría recibido masajes o “sobadas”, pero sí fue sometido al rociado con alcohol y posteriormente recibió sustancias utilizadas tradicionalmente para “purgarlo”.

El especialista explicó que el alcohol puede ser absorbido por la piel de un recién nacido y generar efectos perjudiciales debido a que su organismo todavía no tiene la capacidad de procesar ciertas sustancias.

Asimismo, recordó que el sistema digestivo y urinario de un bebé de esa edad continúa en desarrollo, por lo que cualquier producto no indicado por médicos puede representar un riesgo.

Piden acudir a centros de salud

El personal sanitario lamentó que algunas familias continúen recurriendo a tratamientos caseros antes de buscar atención médica profesional.

Los médicos insistieron en que cualquier síntoma o enfermedad en un recién nacido debe ser evaluado en un establecimiento de salud.

Además, señalaron que recibir atención oportuna puede evitar complicaciones y aumentar las posibilidades de recuperación.

Las autoridades recordaron que los centros asistenciales están disponibles para atender a menores que presenten cualquier problema de salud.

El Hospital General del Sur mantiene la alerta debido a la repetición de estos hechos en un corto período de tiempo.

Los especialistas consideran necesario fortalecer las campañas de información para explicar a las familias los riesgos que pueden representar algunas prácticas tradicionales aplicadas en bebés.

Asimismo, hicieron un llamado a padres, familiares y cuidadores para priorizar la atención médica y evitar administrar sustancias o tratamientos que no hayan sido indicados por profesionales.

El caso también fue notificado a las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la situación y garantizar la protección de la niñez.

Los médicos reiteraron que la prevención y la atención temprana continúan siendo fundamentales para proteger la salud de los recién nacidos.

El precio de los frijoles, uno de los principales productos de la canasta básica hondureña, registra un nuevo incremento en los mercados capitalinos, mientras comerciantes advierten sobre una posible escasez del grano durante las próximas semanas.

De acuerdo con vendedores de Tegucigalpa, la medida de frijoles aumentó entre 10 y 15 lempiras en las últimas dos semanas, situación que empieza a generar preocupación entre consumidores y comerciantes.

El comerciante Denis Martínez, quien ofrece sus productos en el Paseo Las Américas de la capital, explicó que actualmente la medida del grano se cotiza entre 130 y 140 lempiras, dependiendo del establecimiento donde se compre.

El vendedor señaló que el incremento responde principalmente a una menor disponibilidad del producto en el mercado nacional.

Comerciantes alertan por escasez

Según Martínez, más allá del aumento en el precio, la principal preocupación es la reducción en la cantidad de frijoles disponibles.

El comerciante atribuyó esta situación a las condiciones climáticas registradas durante la temporada de siembra, especialmente por la falta de lluvias en varias zonas productoras del país.

Aseguró que si la disponibilidad del producto continúa disminuyendo, podrían registrarse nuevos incrementos en las próximas semanas.

Los comerciantes explican que cuando existe menor oferta del grano en los mercados, los precios suelen elevarse debido a la alta demanda de los consumidores.

Producto esencial en la dieta hondureña

El frijol es considerado uno de los alimentos más importantes dentro de la dieta de los hogares hondureños y forma parte de la canasta básica.

Por esta razón, cualquier variación en su precio tiene un impacto directo en la economía familiar, especialmente en los sectores de menores ingresos.

Consumidores han expresado preocupación ante los aumentos, debido a que otros productos básicos también han registrado variaciones en sus costos durante los últimos meses.

Los vendedores esperan que el abastecimiento pueda estabilizarse para evitar mayores incrementos.

Ante las alertas generadas por comerciantes, el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, aseguró que el Gobierno ha tomado medidas para evitar un desabastecimiento de frijoles en el país.

El funcionario explicó que se han realizado previsiones mediante la importación del grano desde otros países.

Según Molina, Honduras ya está recibiendo frijol procedente de Nicaragua y también se contempla la llegada de producto desde países de América del Sur.

Importaciones desde Paraguay y Brasil

El ministro detalló que las autoridades mantienen identificada la oferta disponible en mercados internacionales como Paraguay y Brasil, con el objetivo de garantizar suficiente producto para la población.

Molina aseguró que, pese a las dificultades ocasionadas por factores climáticos, no se espera una falta de abastecimiento en el mercado nacional.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la disponibilidad del grano y el comportamiento de los precios.

El comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para la producción agrícola del país.

Productores y comerciantes permanecen atentos al desarrollo de la temporada, ya que las condiciones climáticas influyen directamente en la disponibilidad de alimentos.

Mientras tanto, las autoridades buscan complementar la producción nacional con importaciones para evitar mayores afectaciones a los consumidores hondureños.

El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, aseguró que su país mantiene la voluntad de continuar apoyando a Honduras a través de programas de cooperación orientados al desarrollo de áreas estratégicas como agricultura, agua, salud y educación.

El funcionario israelí destacó que la colaboración busca brindar herramientas y conocimientos especializados que permitan fortalecer las capacidades de los profesionales hondureños y generar soluciones adaptadas a las necesidades del país.

Según explicó, la cooperación inicia con la llegada de expertos que realizan diagnósticos para identificar los principales desafíos y posteriormente plantear estrategias de trabajo junto a los equipos locales.

“Primero enviamos expertos para realizar un análisis de qué habilidades necesitan. A partir de eso realizamos un proceso de entrega de informes profesionales a los profesionales locales”, detalló Bar Tal.

Transferencia de conocimientos

El representante israelí explicó que uno de los principales objetivos es impulsar el desarrollo de capacidades mediante la capacitación de especialistas hondureños.

Según indicó, Israel no solo busca implementar proyectos, sino también compartir metodologías y herramientas para que los profesionales locales puedan continuar desarrollando soluciones.

“Nosotros desarrollamos habilidades para que los expertos locales conozcan más, tengan más herramientas y puedan hacer mucho mejor el trabajo”, expresó.

Bar Tal señaló que este modelo de cooperación se aplica en diferentes sectores, dependiendo de las prioridades identificadas en cada país.

Apoyo en manejo del agua y tecnología

Uno de los temas destacados por Israel es la gestión eficiente del recurso hídrico.

El funcionario explicó que la experiencia israelí está enfocada en aprovechar de mejor manera las fuentes de agua existentes para garantizar un suministro más sostenible durante todo el año.

Este enfoque también se aplica en otras áreas como energía, salud y producción agrícola.

Israel es reconocido internacionalmente por el desarrollo de tecnologías relacionadas con el uso eficiente del agua, sistemas de riego y soluciones para enfrentar condiciones climáticas adversas.

Relación entre Honduras e Israel

Bar Tal recordó que el presidente hondureño Nasry Asfura visitó Jerusalén antes de asumir su mandato, un encuentro que, según afirmó, fortaleció los lazos de amistad entre ambos países.

El representante diplomático destacó que la relación bilateral se basa en la cooperación, la confianza y los vínculos construidos durante varios años.

“La amistad profunda, los principios profundos, la confianza unida; nosotros en base a esa amistad profunda nos relacionamos con la gente de Honduras y con el presidente actual”, manifestó.

Además, aseguró que Israel espera mantener una relación cercana con Honduras durante los próximos años.

Cooperación en salud

Como parte del intercambio entre ambas naciones, una delegación hondureña visitó el Hospital Hadassah, donde conocieron avances tecnológicos y modelos de atención médica implementados en Israel.

Durante la visita se abordaron oportunidades de colaboración en capacitación del personal sanitario y transferencia de conocimientos médicos.

La encargada de la unidad de neurología y fibrosis quística del hospital, Malena Cohen, explicó que la institución cuenta con experiencia de cooperación internacional.

“Tenemos el ejemplo de colaboración con varios países a nivel mundial, muchos en Sudamérica y Centroamérica, con más de 15 años brindando conocimientos y capacitando personal”, señaló.

Las autoridades israelíes reiteraron que la cooperación con Honduras continuará enfocada en proyectos que permitan mejorar capacidades técnicas y promover soluciones de largo plazo.

Ambos países buscan fortalecer sus relaciones mediante intercambios profesionales, asistencia técnica y programas de formación en sectores considerados prioritarios para el desarrollo.

El BID ubicó a Honduras entre las economías con mayor dinamismo en comercio exterior en Centroamérica, a partir de la recuperación de sus principales sectores exportadores durante los primeros meses del año. El organismo también señaló riesgos para el resto de 2026 por la volatilidad de los mercados y el aumento de costos.

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que el incremento de las exportaciones estuvo respaldado por una mayor demanda en los mercados internacionales y por un entorno comercial más favorable para varios productos tradicionales de la oferta hondureña.

El café volvió a posicionarse como uno de los principales motores del crecimiento, favorecido por la recuperación de los precios internacionales y una mayor demanda en los mercados de destino. También se destacó el desempeño de la industria maquiladora, que continúa entre las mayores fuentes de generación de divisas y empleo formal del país.

Sectores que impulsan exportaciones

El banano y el aceite de palma también contribuyeron al incremento de las exportaciones, con lo que el sector agroindustrial mantuvo un papel central en la economía hondureña y en el comercio exterior.

Según el BID, este comportamiento permitió que Honduras sobresaliera frente a otras economías de la región, en un contexto de recuperación gradual del intercambio comercial internacional y de mayor dinamismo en la demanda de bienes provenientes de América Latina.

Los riesgos para el resto del año

El organismo advirtió que el panorama para el resto del año continúa marcado por factores de incertidumbre que podrían afectar el ritmo de crecimiento del comercio exterior.

Entre los principales riesgos identificados figuran la volatilidad de los mercados, las variaciones en los precios de la energía y los alimentos, así como el aumento en los costos logísticos y de insumos agrícolas, en especial fertilizantes, que podrían afectar la competitividad de los sectores exportadores.

El BID también informó que las importaciones de América Latina y el Caribe crecieron 9.7% durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por un mayor volumen de compras a mercados extrarregionales, lo que reflejó una recuperación del consumo y de la actividad económica.

Para Honduras, el desempeño observado durante los primeros meses del año representa una oportunidad para consolidar el crecimiento de sus exportaciones, ampliar la participación de nuevos productos en los mercados internacionales y reducir la dependencia de un número limitado de sectores productivos.

Las medidas que menciona el BID

El organismo multilateral consideró que el fortalecimiento de la infraestructura logística, la facilitación del comercio, la incorporación de mayor innovación en los procesos productivos y la diversificación de mercados serán determinantes para mantener la competitividad del país en un entorno global más exigente.

El BID planteó que el contexto actual ofrece condiciones favorables para impulsar reformas orientadas a elevar la productividad, generar mayor valor agregado en las exportaciones y fortalecer la integración de Honduras en las cadenas internacionales de suministro.

Estas acciones, señaló el organismo, podrían contribuir a un crecimiento económico más sostenible y a incrementar la capacidad del país para enfrentar los retos derivados de la volatilidad del comercio mundial.

Las autoridades de la Secretaría de Salud mantienen bajo vigilancia epidemiológica a siete contactos sospechosos relacionados con los nuevos casos de sarampión confirmados en Honduras, informó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalis García.

La funcionaria explicó que, tras la detección de nuevos contagios, se activaron los protocolos de búsqueda de contactos y vacunación con el objetivo de evitar una mayor propagación de la enfermedad.

Actualmente, Honduras registra seis casos confirmados de sarampión, de los cuales cinco corresponden a contagios importados, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias.

Durante el último fin de semana se notificaron cuatro nuevos casos pertenecientes a una misma familia con antecedentes de viaje al departamento de Copán, donde participaron en una reunión familiar.

Los pacientes positivos corresponden al padre de familia y sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años.

Investigan cadena de transmisión

García detalló que, como parte del seguimiento epidemiológico, las autoridades realizan investigaciones en el municipio de Cofradía, Cortés, donde se identificaron siete contactos que permanecen bajo evaluación.

“Como parte de la vigilancia epidemiológica que se activó inmediatamente, la búsqueda de contactos de estos casos positivos y también las actividades de vacunación que se están realizando en Cofradía, estamos investigando siete contactos”, explicó.

Entre las personas bajo vigilancia se encuentra una menor de edad, compañera de uno de los pacientes confirmados.

La funcionaria indicó que este caso es considerado altamente sospechoso y podría estar relacionado con la misma cadena de transmisión.

“Esperamos que esa niña también pueda resultar positiva y pueda ser parte de la cadena de transmisión de estos cuatro casos que se reportaron este fin de semana”, señaló García.

Ante la aparición de nuevos contagios, las autoridades sanitarias intensificaron las jornadas de vacunación y reiteraron la importancia de completar los esquemas de inmunización, principalmente en niños.

La jefa del PAI informó que las recientes campañas no alcanzaron la cobertura esperada.

Según explicó, la meta establecida era lograr una cobertura del 95 %, pero hasta el momento los reportes indican aproximadamente un 70 % de avance.

Para las autoridades, esta situación evidencia que todavía existe población pendiente de recibir las dosis correspondientes.

“Esto nos demuestra esta captación de casos de personas y sobre todo niños pendientes de vacunar en Cofradía”, expresó.

La Secretaría de Salud pidió a los padres de familia revisar los carnés de vacunación de sus hijos y acudir a los centros asistenciales en caso de tener dosis pendientes.

García recordó que las vacunas están disponibles de manera gratuita en más de 1,800 establecimientos de salud a nivel nacional.

Estos servicios incluyen centros de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Las autoridades destacaron que las vacunas utilizadas en el país permiten proteger contra 27 enfermedades prevenibles.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse fácilmente entre personas no vacunadas.

Por ello, los equipos sanitarios mantienen acciones de vigilancia, búsqueda activa de contactos y aplicación de vacunas en las zonas donde se han identificado casos.

Las autoridades reiteraron que la inmunización continúa siendo la principal herramienta para prevenir brotes y proteger especialmente a la población infantil.

Un operativo policial realizado en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, dejó como resultado un presunto integrante de estructuras criminales muerto y varias personas detenidas, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, descartó versiones que señalaban una nueva masacre en el país y explicó que se trató de una intervención desarrollada por equipos policiales como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre registrada en Rigores, Trujillo, Colón.

Según las autoridades, el operativo estaba dirigido contra personas presuntamente vinculadas con el hecho violento ocurrido el pasado 21 de mayo, donde fueron asesinadas 20 personas.

Enfrentamiento durante allanamiento

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban un allanamiento en una propiedad donde presuntamente permanecían personas que operaban al margen de la ley.

Durante la intervención, uno de los sospechosos habría atacado con arma de fuego a los funcionarios policiales, lo que generó un enfrentamiento.

Las autoridades indicaron que el hombre fue neutralizado en el lugar producto del intercambio de disparos.

El portavoz policial, Wilber Mayes, detalló que los equipos de seguridad realizaban diligencias de investigación cuando fueron recibidos por personas armadas.

Capturas y decomiso de armas

Como resultado de la operación, las autoridades confirmaron la detención de varias personas que fueron trasladadas hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el procedimiento correspondiente.

Los detenidos serán investigados para determinar su posible participación en actividades criminales y su relación con los hechos ocurridos en Rigores.

Además, la Policía informó sobre el decomiso de varias armas de fuego, entre ellas armamento de alto poder que será sometido a análisis como parte de las investigaciones.

Las evidencias serán utilizadas para elaborar los expedientes y posibles acusaciones contra los capturados.

Propiedad había sido asegurada a “El Negro” Lobo

Según información proporcionada por las autoridades, el operativo se realizó en una propiedad que anteriormente había sido asegurada al hondureño Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las investigaciones indican que grupos irregulares habrían ocupado el inmueble, por lo que los equipos policiales ingresaron al sector en busca de indicios relacionados con estructuras criminales.

Las autoridades buscan determinar si desde esa zona se planificaban o ejecutaban actividades ilícitas.

Investigaciones por masacre en Colón

La operación forma parte de las acciones desarrolladas tras la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón.

Ese hecho dejó 20 personas fallecidas y provocó el despliegue de diferentes unidades de seguridad en la zona norte del país.

Las autoridades han señalado que continúan con las investigaciones para capturar a todos los involucrados en la planificación y ejecución del ataque.

La Secretaría de Seguridad informó que las acciones continuarán en diferentes sectores donde se presume la presencia de grupos criminales.

Las autoridades indicaron que el objetivo es desarticular estructuras vinculadas con delitos de alto impacto y recuperar el control en zonas afectadas por la criminalidad.

Mientras tanto, las personas detenidas durante el operativo permanecerán bajo investigación para establecer su grado de participación en los hechos señalados.

La directora del Programa Ampliado de Inmunización, Odalis García, informó que los tres expedientes por las muertes de menores tras la vacunación fueron clasificados en la categoría C, una denominación usada para eventos que coinciden temporalmente con la inmunización, pero se atribuyen a condiciones médicas preexistentes o a situaciones ajenas al proceso.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que las menores fallecieron después de recibir las vacunas, pero las evaluaciones de los equipos especializados determinaron que no existe prueba científica para establecer una relación causal entre la aplicación de los biológicos y las muertes.

García detalló que la investigación incluyó un análisis integral de cada caso, con revisión de expedientes clínicos, resultados de necropsias, estudios epidemiológicos y verificación de todo el proceso de vacunación para descartar irregularidades.

Qué evaluó la investigación

También indicó que los especialistas evaluaron la cadena de frío, la calidad de los lotes de vacunas utilizados, la técnica de administración aplicada por el personal sanitario y las condiciones de almacenamiento y distribución de los biológicos.

De acuerdo con los resultados, no se identificaron errores programáticos durante la jornada de inmunización, ni fallas en la conservación de las vacunas ni defectos relacionados con su fabricación.

La directora del PAI expresó que la pérdida de un hijo representa un hecho doloroso para cualquier familia y reconoció que ningún informe técnico puede compensar ese sufrimiento. Sostuvo, además, que era necesario desarrollar una investigación rigurosa para brindar respuestas sustentadas en prueba científica.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el sistema nacional de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación contempla protocolos específicos para investigar cualquier incidente informado después de la aplicación de una vacuna, con el propósito de garantizar la seguridad de los programas de inmunización y mantener la confianza de la población.

Controles y seguimiento del sistema

El Ministerio de Salud recordó que todas las vacunas utilizadas dentro del esquema nacional cumplen con controles de calidad nacionales e internacionales y son sometidas a procesos permanentes de supervisión antes de su distribución en los establecimientos de salud.

Los funcionarios insistieron en que la vacunación continúa siendo una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas y reducir la mortalidad infantil, por lo que llamaron a padres y cuidadores a mantener al día los esquemas de inmunización de niños y niñas conforme al calendario oficial.

Las autoridades sanitarias señalaron que continuarán fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de cualquier evento informado tras la aplicación de vacunas para garantizar investigaciones oportunas y transparentes.

También reiteraron que la comunicación basada en prueba científica resulta fundamental para evitar la desinformación y preservar la confianza de la población en los programas nacionales de inmunización.

Como parte del procedimiento, las autoridades explicaron que la clasificación de estos casos se realizó conforme a los lineamientos establecidos por los sistemas internacionales de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI).

Este protocolo permite analizar de manera técnica cada incidente reportado después de la aplicación de una vacuna para determinar si existe una relación causal o si se trata de un evento coincidente, como ocurrió en las investigaciones presentadas por el PAI.

Honduras pone en marcha un registro centralizado de beneficiarios finales para identificar a los propietarios reales de las sociedades mercantiles que operan en el país. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros administrará el mecanismo, al que deberán incorporarse sociedades nacionales y extranjeras, fideicomisos y fondos de inversión.

La nueva legislación busca eliminar el anonimato corporativo mediante la creación de ese registro y se enmarca en medidas orientadas a mejorar los controles financieros y cumplir con estándares internacionales de transparencia.

De acuerdo con la normativa, las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, así como los fideicomisos y fondos de inversión, deberán proporcionar información sobre sus beneficiarios finales.

Alcance de la normativa

La institución reguladora tendrá un plazo de 60 días para desarrollar la reglamentación necesaria para aplicar la ley y contará con seis meses para completar el proceso de registro de las entidades obligadas.

El beneficiario final deberá presentar una declaración jurada con la información relacionada con su participación, control o beneficios dentro de la estructura legal correspondiente.

La normativa establece como beneficiario final a la persona natural que posee directa o indirectamente el 25% o más de participación en una sociedad, o a quien ejerce control efectivo sobre las decisiones de la entidad, aunque no figure formalmente como propietario.

Qué dijo la CNBS sobre la implementación

La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, explicó que la implementación de esta ley representa un mensaje de confianza para inversionistas nacionales y extranjeros, al fortalecer la seguridad del sistema financiero hondureño y mejorar los mecanismos de supervisión.

Suazo señaló que el país busca consolidarse como un destino confiable para la inversión y aseguró que las instituciones financieras no permitirán que sus servicios sean utilizados para facilitar actividades relacionadas con el lavado de activos u otros delitos económicos.

La funcionaria agregó que, si se detectan señales de operaciones irregulares o empresas que no funcionen bajo parámetros legítimos, las autoridades podrán identificar al beneficiario final y avanzar en las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Acceso a la información y excepciones

La información recopilada mediante este registro tendrá carácter confidencial y no será de acceso público. Según la CNBS, únicamente podrán consultarla las personas o instituciones que tengan un interés legítimo y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.

La ley contempla algunas excepciones: las embajadas y las empresas estatales no estarán obligadas a revelar información sobre beneficiarios finales debido a su naturaleza institucional y jurídica.

La puesta en marcha del registro representa un cambio en el sistema de control corporativo nacional, al pasar de identificar únicamente a las empresas constituidas legalmente a determinar quiénes son las personas que tienen una participación económica o capacidad de decisión dentro de ellas.

A medida que avance la implementación de la normativa, la CNBS deberá coordinar los procesos técnicos y administrativos necesarios para que las empresas cumplan con los nuevos requerimientos dentro de los plazos establecidos.

El seguimiento a esta etapa será clave para determinar la efectividad del mecanismo, especialmente en la identificación de estructuras empresariales utilizadas para ocultar beneficiarios reales y prevenir prácticas financieras ilícitas.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este lunes una reunión de trabajo para revisar el estado de ejecución del programa de modernización que desarrolla la Operadora Portuaria Centroamericana en Puerto Cortés, con una inversión total de USD 624 millones que se ejecutará de manera progresiva.

En el encuentro participaron el gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Yaudet Burbara; representantes de la concesionaria OPC, ejecutivos de Banco Ficohsa y miembros del comité técnico encargado del seguimiento de las obras, quienes presentaron un informe sobre el avance de los proyectos contemplados en el plan de inversión.

La iniciativa busca transformar la infraestructura portuaria, incrementar la eficiencia operativa y responder al crecimiento del comercio marítimo nacional e internacional.

Obras previstas

Entre las obras previstas figuran la ampliación y modernización de los muelles 4 y 5, la incorporación de nuevas grúas pórtico y la adquisición de equipos especializados para optimizar el movimiento de contenedores y reducir los tiempos de operación.

Las autoridades indicaron que estas mejoras permitirán aumentar la capacidad instalada del puerto y fortalecer su posición como centro logístico del Caribe y Centroamérica, al facilitar el tránsito de mercancías y el comercio regional.

Durante la reunión, Burbara explicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente sobre el desarrollo de los proyectos estratégicos que se ejecutan en Puerto Cortés, con el propósito de garantizar que las inversiones avancen conforme al cronograma establecido y generen el impacto económico previsto.

Según Burbara, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria constituye una pieza clave dentro de la estrategia gubernamental para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad del país y crear nuevas fuentes de empleo en sectores vinculados al comercio, la logística y el transporte.

El funcionario señaló además que la continuidad de las inversiones privadas refleja la confianza del sector empresarial en el clima económico del país y abre la puerta a nuevos proyectos productivos que demanden servicios portuarios más modernos y eficientes.

Proyecciones hacia 2027

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las obras previstas permitirán incrementar el volumen de carga movilizada hacia finales de 2027, mejorar la capacidad de respuesta del puerto frente al crecimiento del comercio internacional y fortalecer la cadena logística nacional.

Las autoridades consideran que la modernización facilitará tanto la importación de materias primas como la exportación de productos hondureños hacia diferentes mercados, y contribuirá a reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de las empresas nacionales.

Como parte del proceso de ejecución, el Gobierno informó que mantiene mesas técnicas permanentes con representantes de la Empresa Nacional Portuaria, la concesionaria y las instituciones financieras involucradas para evaluar el avance de cada etapa del proyecto, resolver aspectos técnicos y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Puerto Cortés representa uno de los principales activos logísticos de Honduras por su ubicación en el Caribe y su conexión con los mercados internacionales. Su modernización forma parte de una estrategia orientada a consolidar al país como un centro regional para el comercio marítimo y atraer más inversiones.

Los taxistas retomaron este martes los bloqueos en los principales accesos de la ciudad de El Progreso, Yoro en Honduras en protesta por el ajuste aplicado por la municipalidad a la tasa vehicular. Los manifestantes sostienen que el incremento llega a 300% en algunos casos y exigen la suspensión o revisión del cobro.

Los conductores afirman que la subida afecta a un sector que enfrenta altos costos operativos por combustible, mantenimiento de unidades y gastos diarios para mantener activo el servicio de transporte.

Aunque existe una mesa de diálogo entre representantes del gremio y autoridades municipales, los transportistas mantienen su postura de que cualquier acuerdo debe incluir la suspensión o revisión del cobro establecido.

Impacto de las protestas en la ciudad

Los dirigentes del sector señalaron que, mientras la medida continúe vigente, las acciones de protesta seguirán y no descartan intensificar los bloqueos si no reciben una respuesta favorable.

Las tomas de calles registradas en los últimos días provocaron congestionamientos en los accesos principales de El Progreso y afectaron a conductores particulares, usuarios del transporte público y actividades comerciales que dependen de la movilidad dentro y fuera de la ciudad.

El conflicto también generó preocupación entre empresarios y comerciantes locales, que advirtieron que la interrupción del tránsito representa pérdidas para distintos sectores productivos.

La Cámara de Comercio de El Progreso expresó su desacuerdo con el aumento de la tasa vehicular y llamó a encontrar una solución mediante el diálogo.

Respuesta de las autoridades

La tensión entre manifestantes y autoridades aumentó durante las primeras jornadas de protesta, cuando se registraron desalojos de las vías con uso de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos de seguridad, según los participantes en las manifestaciones.

Por su parte, el alcalde de El Progreso, Alexander López, aseguró que la municipalidad mantiene disposición al diálogo, pero reiteró que no negociará bajo presión.

El funcionario defendió el ajuste al señalar que fue aprobado desde septiembre del año pasado a través del Plan de Arbitrios Municipal y que su aplicación responde a un proceso previamente establecido.

La administración municipal sostiene que la actualización de las tasas forma parte de los mecanismos de recaudación local, mientras los transportistas consideran que el incremento no corresponde a la realidad económica que enfrenta el sector.

Negociaciones sin acuerdo

Representantes de ambas partes continúan evaluando alternativas dentro de la mesa de diálogo, aunque hasta ahora no se anunció un acuerdo definitivo que permita suspender las protestas y normalizar el tránsito en la ciudad.

El conflicto mantiene en alerta a comerciantes, usuarios del transporte y ciudadanos que dependen de las principales vías de acceso a El Progreso, debido al riesgo de nuevas interrupciones que podrían afectar la actividad económica local.

Aunque la municipalidad sostiene que el ajuste forma parte del Plan de Arbitrios aprobado previamente, los sectores inconformes insisten en que el aumento debe revisarse antes de continuar con su aplicación, por lo que el diálogo será determinante para evitar que la crisis se prolongue.

De momento el Alcalde mantiene una postura de no suspender el cobro, mientras que transportistas rechazan el incremento y aducen que es desproporcionado.

Unos 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden de desocupación de un terreno ubicado entre la comunidad de San Juan, en el municipio de Tela departamento de Atlántida en Honduras.Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad.

El despliegue incluyó unidades policiales encargadas de brindar seguridad durante el procedimiento, coordinado con el Ministerio Público en cumplimiento de una resolución vinculada con un conflicto por la propiedad del terreno.

El jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, el comisionado Wilmer Mayes Ríos, informó que la operación respondió a una orden de desocupación de una propiedad privada amparada en el Decreto Legislativo 107-2026.

La versión oficial sobre el desalojo

Según explicó el funcionario, antes del inicio del procedimiento las autoridades presentaron la documentación que acredita el dominio pleno del inmueble a favor de la sociedad mercantil Promociones y Turismo.

Luego notificaron a las personas que permanecían en el lugar sobre la obligación de desalojar el predio y les concedieron 30 minutos para retirarse de forma voluntaria.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, al concluir el tiempo otorgado se incorporaron más habitantes de la comunidad al sitio, lo que derivó en resistencia al cumplimiento de la orden judicial.

La Secretaría de Seguridad indicó que, ante la oposición registrada durante la ejecución del desalojo, los agentes utilizaron medios de control no letales, incluido gas lacrimógeno, con el objetivo de restablecer el orden y completar el procedimiento.

Rechazo de la comunidad

La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, denunció presuntos actos de represión durante el operativo de desalojo ejecutado por la Policía Nacional y aseguró que varios pobladores fueron detenidos durante la intervención.

Miranda afirmó que los agentes ingresaron a la comunidad utilizando gases lacrimógenos y, según su denuncia, armas de fuego durante el desarrollo del operativo. La dirigente señaló que entre las personas detenidas se encuentra Deinor Mejía, presidente del Comité de Defensa de Tierra de San Juan, junto a otros jóvenes de la comunidad.

Líderes comunitarios también denunciaron actos de presión contra los pobladores durante la intervención y cuestionaron el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, al considerar que el conflicto debía resolverse mediante mecanismos de diálogo.

Conflictos por la tierra

El operativo restringió temporalmente el acceso al área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El caso se suma a otros conflictos territoriales registrados en comunidades garífunas del litoral atlántico hondureño, donde desde hace varios años persisten disputas relacionadas con la tenencia de la tierra, proyectos turísticos y reclamaciones sobre territorios ancestrales.

Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de mediación y garantizar que estos procesos se desarrollen con respeto al debido proceso, los derechos humanos y la normativa nacional e internacional aplicable.

Tras la ejecución del desalojo, las autoridades iniciaron el proceso de aseguramiento del inmueble con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones mientras continúan las actuaciones legales relacionadas con el caso.

Asimismo, las personas detenidas fueron trasladadas para el procedimiento correspondiente y deberán comparecer ante las instancias judiciales, donde se determinará su situación legal conforme al proceso establecido.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos informó que dos ondas tropicales cruzarán Honduras en los próximos días. El primero de esos sistemas ingresará el miércoles y el segundo el sábado, con lluvias de intensidad variable en gran parte del país, según el pronóstico de Cenaos.

El pronosticador de turno de Cenaos, Jairo García, explicó que el primer fenómeno atmosférico tendrá impacto principalmente en las regiones norte y occidental, donde se prevén lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada.

De acuerdo con el especialista, esta primera onda tropical será de poca amplitud, pero contribuirá a incrementar la humedad sobre el territorio nacional y dará paso a un período con mayor actividad lluviosa durante el resto de la semana.

Para este martes se espera un ambiente mayormente seco en casi todo el país. El transporte de humedad desde el mar Caribe favorecerá lluvias aisladas y de poca intensidad en sectores del oriente y algunas zonas del norte.

Entre el jueves y el viernes, una vaguada en superficie mantendrá condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Los modelos meteorológicos indican que los mayores acumulados de lluvia durante esos dos días se concentrarán en los departamentos del occidente y norte del país.

El ingreso de la segunda onda tropical

El sábado ingresará la segunda onda tropical, que generará precipitaciones de mayor cobertura e intensidad sobre la mayor parte de Honduras.

Según el pronóstico de Cenaos, las regiones occidental, central y oriental registrarán los mayores acumulados de lluvia durante esa jornada, mientras que el resto del territorio también experimentará chubascos y tormentas dispersas.

El domingo continuarán las condiciones inestables por el remanente de la onda tropical, combinado con el ingreso constante de humedad proveniente del mar Caribe. Ese escenario favorecerá lluvias y chubascos, principalmente en la región oriental, sectores del centro del país y algunas áreas del occidente.

Lucha contra la sequía

Las autoridades consideran que el incremento en las precipitaciones favorece a las zonas afectadas por una prolongada sequía y que enfrentan problemas de abastecimiento de agua, especialmente en comunidades donde las reservas hídricas han disminuido durante las últimas semanas.

Según CENAOS la distribución de las lluvias puede variar dependiento de la evolución de los sistemas atmosféricos, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por Cenaos y atender cualquier aviso de las autoridades de protección civil.

Además del comportamiento de las lluvias, el organismo meteorológico informó que durante esta semana continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, aunque en concentraciones bajas.

Esta condición podría generar un ambiente ligeramente brumoso, pero sin representar un impacto sobre el desarrollo de las precipitaciones previstas.

Las autoridades meteorológicas indicaron que mantendrán un monitoreo permanente de la evolución de ambos sistemas tropicales, debido a que su interacción con otros fenómenos atmosféricos podría modificar la intensidad y distribución de las precipitaciones en las diferentes regiones del país.

De confirmarse los acumulados de lluvia previstos para el fin de semana, las precipitaciones también contribuirían a la recuperación gradual de fuentes de agua, la recarga de embalses y la mejora de las condiciones para las actividades agrícolas.

Un pastor evangélico fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser señalado por su presunta participación en delitos sexuales contra una menor de edad en Villanueva, Cortés. El hombre, de 42 años, tenía una orden judicial y fue localizado en la aldea Corinto, municipio de Omoa.

La captura se realizó luego de una investigación de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. Según el reporte policial, el sospechoso había salido del país después de que se conociera la denuncia.

El detenido es originario de Yoro, Yoro, y tenía residencia en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, Guatemala.

Sobre el detenido pesaba una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, donde se lo señala como presunto responsable de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas y violación calificada continuada en perjuicio de una niña de 12 años.

Qué cargos enfrenta

Según el expediente investigativo, el caso comenzó después de una denuncia por un supuesto abuso sexual contra la menor. Tras recibir la información, un equipo especializado inició las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y recopilar elementos para la investigación.

Durante el proceso, los agentes tomaron declaraciones a la menor y a sus familiares, además de coordinar evaluaciones médico-legales, cuyos resultados fueron incorporados al expediente judicial como parte de las pruebas recopiladas por los investigadores.

Dónde fue localizado

Las autoridades indicaron que, después de que se conocieron los hechos, el sospechoso presuntamente abandonó Villanueva junto con su familia y se trasladó hacia Guatemala, con la intención de evitar ser encontrado por las autoridades.

El seguimiento de los equipos especializados permitió establecer su ubicación y ejecutar la orden de captura en territorio hondureño. Luego de su arresto, fue remitido ante el órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso establecido por la ley.

En Honduras, los delitos sexuales por los que se acusa al detenido contemplan penas de prisión que pueden incrementarse según las circunstancias y agravantes que sean valoradas durante el proceso judicial. La legislación establece sanciones más graves cuando las víctimas son menores de edad o cuando existen condiciones particulares que agravan el delito.

El organismo policial reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, y recordó que toda persona acusada de un delito conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

Honduras en 2024, las autoridades investigaron denuncias contra personas vinculadas a congregaciones religiosas por supuestos abusos, lo que generó llamados de organizaciones de protección infantil para fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y vigilancia dentro de instituciones donde existe una relación de confianza o autoridad sobre niños y adolescentes.

Otro caso relevante ocurrió en 2025, cuando autoridades hondureñas reportaron capturas e investigaciones contra individuos acusados de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad en distintos sectores del país.

Estos procesos derivaron la importancia de la intervención de unidades especializadas de investigación y del acompañamiento a las víctimas, debido a que muchos de estos hechos ocurren en entornos cercanos a los menores, donde los agresores pueden aprovechar vínculos familiares, comunitarios o de confianza.

La Dirección Policial de Investigaciones informó que en lo que va de 2026 identificó siete casos de autosecuestro, tres de ellos con menores de edad. Según la Unidad Nacional Antisecuestros, las supuestas víctimas no estuvieron privadas de libertad y ahora enfrentan procesos por presunta simulación de infracción inexistente.

De acuerdo con la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI), las investigaciones establecieron que las denuncias correspondían a secuestros fingidos para obtener dinero o para ausentarse voluntariamente del hogar.

Tras recibir las denuncias, la DPI activó protocolos de búsqueda e investigación con equipos especializados. A medida que avanzaron las diligencias, se comprobó que los secuestros habían sido fingidos y los denunciantes pasaron de víctimas a sospechosos dentro de los expedientes.

Motivos detectados en los casos

Las investigaciones de la UNAS-DPI indican que detrás de estos hechos predominan dos razones principales.

La primera está vinculada con conflictos familiares o sentimentales. En esos casos, algunas personas fingen un secuestro para abandonar su hogar sin informar a sus familiares, a veces con el propósito de iniciar una nueva relación o evitar confrontaciones personales.

La segunda modalidad responde a un interés económico. Según las pesquisas, algunos involucrados buscan obtener dinero de sus propios familiares mediante falsas exigencias de rescate, a partir de la preocupación que genera una supuesta desaparición.

Qué delito se investiga

La DPI recordó que simular la comisión de un delito constituye una conducta sancionada por la legislación hondureña.

Las siete personas identificadas en estos casos son investigadas por el presunto delito de simulación de infracción inexistente, que contempla penas de uno a dos años de reclusión, según el Código Penal.

Las autoridades señalaron que estas acciones también generan consecuencias económicas para el Estado por el despliegue de personal, vehículos y equipos especializados durante las operaciones de búsqueda.

El pedido a la población

Ante el aumento de estos casos, la Dirección Policial de Investigaciones exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar denuncias falsas que impliquen la movilización innecesaria de recursos públicos.

También hizo un llamado a madres, padres y tutores para fortalecer la comunicación con niños y adolescentes, ya que tres de los casos detectados este año corresponden a menores de edad.

La institución señaló que el diálogo familiar y la atención oportuna de conflictos personales pueden contribuir a prevenir estas situaciones.

Cómo actúa la DPI

La DPI reiteró que toda denuncia por desaparición o secuestro es atendida bajo los protocolos establecidos, sin asumir de forma anticipada que se trate de un hecho simulado.

Advirtió, no obstante, que cuando las investigaciones determinan que la información proporcionada fue falsa, se inicia el procedimiento correspondiente para deducir responsabilidades penales.

Las autoridades insistieron en que la prioridad de la institución sigue siendo garantizar una respuesta rápida ante secuestros reales y proteger a las víctimas de este delito.

Finalmente, la DPI reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y verificación en cada denuncia que reciba, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna ante casos reales y evitar el uso indebido de los recursos destinados a la atención de emergencias.

La doble nacionalidad de hijos de hondureños nacidos en Estados Unidos puede facilitar trámites si las familias deben regresar a Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, pidió acudir a los consulados para hacer el registro correspondiente y obtener ese reconocimiento.

Según explicó, este procedimiento puede facilitar diversos trámites en caso de que las familias deban regresar al país y evitar complicaciones legales relacionadas con la documentación de los niños.

La funcionaria señaló que ya se han conocido casos de padres que enfrentan dificultades durante procesos de retorno porque sus hijos no cuentan con la documentación necesaria para viajar o establecerse en Honduras.

Qué motivó el llamado

El llamado surgió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la terminación del TPS no pueden ser revisadas por tribunales federales.

Aunque el caso analizado correspondía a ciudadanos de Haití y Siria, el criterio adoptado por el máximo tribunal también alcanza a las demás designaciones vigentes del programa, incluida la de Honduras.

Para el CONADEH, este escenario reduce las alternativas legales disponibles para quienes buscan mantener esa protección migratoria.

Qué solicitan a los consulados

Ante este panorama, la institución nacional de derechos humanos solicitó al Gobierno hondureño reforzar la atención que brindan los consulados en Estados Unidos.

Entre las acciones planteadas figuran agilizar la emisión de pasaportes, facilitar el registro civil de menores nacidos en territorio estadounidense y ampliar la orientación legal para las familias que enfrentan procesos migratorios.

El organismo considera que una respuesta oportuna permitirá reducir el impacto que podrían enfrentar miles de connacionales en caso de cambios en su estatus migratorio.

Un plan de retorno

Además de fortalecer la red consular, el CONADEH recomendó que el Estado prepare estrategias de reintegración para los hondureños que eventualmente retornen al país.

La institución señaló que estas personas podrían requerir oportunidades de empleo, acceso a programas sociales, acompañamiento comunitario y atención psicológica para enfrentar las consecuencias derivadas de la migración y la separación familiar.

La preocupación por las familias

Dicha organización indicó que no todos los hondureños beneficiarios del TPS tienen previsto regresar a Honduras; sin embargo, considera necesario que el país cuente con mecanismos de respuesta ante cualquier eventualidad.

También advirtió que la incertidumbre migratoria no solo tiene implicaciones legales, sino también emocionales y económicas para miles de familias que durante años han construido su vida en Estados Unidos.

Así mismo, el acompañamiento consular cobra especial relevancia en momentos de cambios en las políticas migratorias, ya que las oficinas diplomáticas pueden orientar a los connacionales sobre la renovación de documentos, asistencia legal básica y protección de sus derechos.

La institución asegura que todos los connacionales deben mantenerse informado a través de canales oficiales es fundamental para evitar fraudes o desinformación relacionada con el TPS y otros procesos migratorios.

No obstante, el registro de doble nacionalidad también facilita el acceso de los menores a derechos como la identidad, la educación y los servicios públicos en Honduras, en caso de que la familia decida establecerse en el país. Además, permite realizar trámites migratorios y administrativos con mayor agilidad, reduciendo obstáculos legales durante procesos de reunificación familiar o retorno.

Las muertes por siniestros viales continúan en aumento en el Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que 1,033 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va del año.

El dato fue confirmado por la subinspectora de la DNVT, Rixi Montoya, quien advirtió que los operativos de control se han intensificado a nivel nacional ante el incremento de hechos viales con consecuencias fatales.

Durante el último fin de semana, la DNVT desplegó operativos en distintos puntos del país que resultaron en el decomiso de más de 2,800 permisos de conducir por diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

Asimismo, las autoridades sancionaron a 105 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas asociadas a accidentes graves en las carreteras hondureñas.

La institución también informó que se han impuesto sanciones a conductores involucrados en accidentes que derivaron en delitos como homicidio imprudente y lesiones imprudentes, en coordinación con las investigaciones correspondientes.

Accidente en Yoro deja cuatro muertos

La DNVT confirmó además un accidente de tránsito registrado durante el fin de semana en el departamento de Yoro, el cual dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) mantiene abiertas las diligencias para determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo custodia policial mientras avanzan los procedimientos legales.

Llamado a la prudencia

La subinspectora Montoya reiteró el llamado a la población a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol al volante, al señalar que la mayoría de los accidentes son prevenibles.

Las autoridades de tránsito han reiterado que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en Honduras, lo que mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad.

La DNVT anunció que los operativos preventivos continuarán a nivel nacional con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y reforzar el cumplimiento de la normativa vial, en medio de un escenario que sigue dejando pérdidas humanas en las carreteras del país.

Las autoridades de tránsito también han señalado que entre los factores que más inciden en la siniestralidad vial se encuentran el exceso de velocidad, la distracción al volante por el uso del celular y el mal estado de algunas unidades de transporte público y particular. Estos elementos, sumados a la imprudencia en carreteras interurbanas, han sido identificados como detonantes recurrentes en accidentes de alto impacto.

De igual forma, se ha planteado la necesidad de fortalecer la educación vial desde etapas tempranas y ampliar los controles en puntos estratégicos como carreteras principales y accesos a las principales ciudades del país.

La DNVT ha insistido en que la prevención no solo depende de operativos, sino también de un cambio de comportamiento sostenido por parte de los conductores para reducir la carga de mortalidad en las vías.

En medio de las cifras alarmantes, la DNVT reiteró que cada decisión al volante tiene consecuencias irreversibles, por lo que insistió en que pequeños cambios de conducta, como reducir la velocidad y evitar distracciones, pueden marcar la diferencia entre un trayecto seguro y una tragedia en la carretera.

Un total de 262,913 hondureños se encontraban en 2025 fuera del país en condición de necesidad de protección internacional, según un documento. De ellos, 94,449 ya habían sido reconocidos como refugiados y 168,464 seguían como solicitantes de asilo en distintos países.

La cifra equivale a más de cinco veces la registrada hace una década y refleja una salida sostenida de hondureños hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos y México, en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. ACNUR también señaló una disminución del 22% frente al año anterior.

Honduras, a la vez, registró un aumento en las solicitudes de asilo de ciudadanos extranjeros. Entre el uno de enero y el 31 de diciembre del último año, se contabilizaron 716 solicitudes, una cifra que cuadruplica los registros previos.

Solicitudes de asilo de extranjeros en Honduras

Actualmente, unas 270 personas extranjeras han sido reconocidas como refugiadas en el país. ACNUR indicó que, aunque el número sigue por debajo del de otras naciones de la región, la tendencia es ascendente.

Según ACNUR, este comportamiento responde a dinámicas regionales de movilidad humana, en las que Honduras empieza a desempeñar un papel más activo como país de tránsito y, en algunos casos, de destino.

La representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, explicó que la mayoría de las personas que solicitan protección internacional en el país provienen de Nicaragua, Cuba, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Según detalló, en muchos casos se trata de familias completas que huyen de crisis y violencia, lo que ha contribuido al aumento de las solicitudes de refugio.

La funcionaria agregó que el contexto social del país y la percepción de hospitalidad por parte de la población hondureña también influyen en la decisión de algunos migrantes de solicitar asilo en territorio nacional.

El informe señala que el aumento simultáneo de salidas de hondureños y llegadas de extranjeros refleja una transformación de los flujos migratorios en Centroamérica, donde los países ya no solo funcionan como emisores de población, sino también como espacios de tránsito y acogida.

Flujo migratorio

ACNUR advirtió que este escenario plantea retos en materia de atención humanitaria, fortalecimiento institucional y protección de personas en condición de vulnerabilidad, en un contexto regional marcado por crisis prolongadas y desplazamientos forzados.

Desde ACNUR, Honduras se ha convertido en un punto clave dentro de las rutas migratorias mixtas, donde confluyen personas que salen de sus países por violencia, crisis económicas o persecución, y otras que atraviesan el territorio con destino hacia Norteamérica.

Este comportamiento ha obligado a reforzar los mecanismos de registro y atención en frontera, así como la coordinación entre instituciones nacionales y agencias humanitarias.

Especialistas en movilidad humana señalan que el incremento de solicitudes de asilo también está relacionado con la mayor difusión de información sobre derechos de protección internacional, lo que ha permitido que más personas conozcan los procedimientos legales disponibles. A esto se suma el uso de redes comunitarias de migrantes, que facilitan la llegada y orientación de nuevos solicitantes dentro del país. La migración sigue siendo una tarea pendiente en la región.

La Asociación para el Desarrollo Integral del Niño y Adulto con Lesión Cerebral Arca de Esperanzas advirtió que podría suspender servicios esenciales de rehabilitación por la falta de formalización del convenio de transferencia de fondos con la Secretaría de Salud de Honduras, aunque los recursos ya fueron aprobados en el Presupuesto General de la República.

La organización sostiene que la falta de ejecución de esos fondos compromete la continuidad de programas para personas con discapacidad neurológica en condición de vulnerabilidad en distintas zonas del país.

Según el pronunciamiento institucional, la asociación acumula más de 26 años de atención a personas con discapacidad neurológica.

Alcance de la atención y servicios

Arca de Esperanzas brinda cada año más de 10.000 atenciones especializadas, dirigidas principalmente a niños, adolescentes y adultos con lesión cerebral o riesgo neurológico.

Estos servicios incluyen rehabilitación integral, estimulación temprana, terapias funcionales y seguimiento clínico. Muchos de ellos se prestan a pacientes referidos desde centros hospitalarios públicos, especialmente del área materno-infantil.

La organización señala que su labor ha funcionado durante más de dos décadas como complemento del sistema estatal de salud, con atención de casos que requieren procesos prolongados de recuperación y acompañamiento especializado.

Fondos aprobados y convenio pendiente

Para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso Nacional aprobó una asignación de L. 3.493.676,00 destinada a la institución, bajo la estructura de transferencias a organizaciones sin fines de lucro dentro del presupuesto nacional.

La asociación denunció que, pese a haber cumplido con la entrega de informes técnicos, financieros y requisitos administrativos, aún no se ha formalizado el convenio que permite ejecutar los fondos.

También aseguró que la única comunicación recibida ha sido verbal e indicó que no se suscribirían nuevos convenios este año, sin una resolución administrativa escrita que explique o respalde esa decisión.

La falta de desembolso de los recursos genera preocupación sobre la continuidad de los programas de atención, especialmente los dirigidos a niños con lesiones cerebrales o condiciones neurológicas graves.

La organización advirtió que, si la situación se mantiene, podría verse obligada a reducir o suspender servicios. Eso impactaría directamente a cientos de familias que dependen de estos tratamientos para la rehabilitación y el desarrollo de sus hijos.

Añadió que esta incertidumbre también afecta la estabilidad del personal técnico especializado y la planificación operativa de los programas.

Centro de rehabilitación y llamado a las autoridades

Uno de los puntos señalados en el pronunciamiento es el efecto que esta situación podría tener en la construcción del nuevo Centro Integral de Rehabilitación en El Tizatillo, Francisco Morazán, una obra financiada con apoyo de cooperación internacional alemana y valorada en L. 30 millones.

La organización advirtió que la sostenibilidad del proyecto depende del cumplimiento de los compromisos financieros del Estado, por lo que la continuidad del convenio resulta clave para su operación futura.

Arca de Esperanzas informó que ha enviado múltiples comunicaciones a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Finanzas sin obtener una respuesta formal que permita resolver el impasse administrativo.

En su llamado público, la institución solicitó la intervención de las autoridades del Estado, el Congreso Nacional, organismos de cooperación internacional y la sociedad civil para evitar la interrupción de servicios esenciales.

“La rehabilitación es un derecho fundamental y su interrupción afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad”, señala el comunicado institucional.

Una niña de 11 años dio a luz en el Hospital de Occidente, en Santa Rosa de Copán, oocidente de Honduras durante la madrugada del sábado. El caso es investigado por las autoridades, mientras el padre de la menor pidió que se identifique y procese al responsable del embarazo.

Según la información disponible, la menor ingresó al Hospital de Occidente durante y luego dio a luz a un bebé. Su padre, Santos Madrid, afirmó que desconocía que su hija estuviera embarazada.

Madrid relató que recibió una llamada desde el centro asistencial para informarle que la niña había sido hospitalizada y que ya estaba en trabajo de parto. Al llegar, el personal médico le confirmó el nacimiento del bebé y la condición en la que se encontraba la menor.

Qué dijo el padre de la menor

El padre explicó que desde hacía varios meses no convivía con su hija, por lo que, según dijo, no tuvo indicios del embarazo ni conocimiento de lo que ocurría.

Tras conocer lo sucedido, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea investigado y no quede en la impunidad.

El hombre expresó su preocupación por la edad de la menor y sostuvo que, debido a su condición de vulnerabilidad, es necesario que las instituciones encargadas determinen quién es el responsable del embarazo y se deduzcan las responsabilidades penales correspondientes.

También pidió que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y que se garantice la protección tanto de la niña como del recién nacido.

Qué instituciones intervienen en el caso

Las primeras diligencias son coordinadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que tendrá a su cargo el proceso para establecer las responsabilidades del caso.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) también fue notificada para brindar acompañamiento y activar los protocolos de protección que correspondan cuando una menor de edad se encuentra en una situación de este tipo.

Las autoridades deberán determinar, mediante las investigaciones respectivas, las circunstancias que rodearon el embarazo y si existieron hechos constitutivos de delito.

Qué se sabe sobre la atención médica

Hasta el momento desde el Hospital de Occidente no había brindado un informe oficial sobre el estado de salud de la niña ni del bebé.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre la evolución médica de ambos pacientes ni sobre las medidas adoptadas por el personal de salud tras la atención del parto.

A la espera de nuevos informes oficiales, las autoridades también deberán establecer el entorno en el que permanecía la menor durante los meses previos al parto, así como determinar si existieron personas que conocían su situación y omitieron denunciarla.

Como parte de las diligencias, no se descarta la realización de entrevistas, evaluaciones médicas y otras pruebas que permitan fortalecer la investigación y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el embarazo.

Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez como Casa Alianza de Honduras, han reiterado que los casos de embarazos en menores de 14 años deben abordarse con un enfoque de protección integral, garantizando atención médica, psicológica y acompañamiento legal para las víctimas.

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó la detección de cuatro nuevos casos de sarampión en Cofradía, departamento de Cortés, con lo que el total de contagios confirmados en Honduras durante 2026 ascendió a 10 casos. Los pacientes pertenecen a un mismo grupo familiar y están bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

Los nuevos casos corresponden a un conglomerado familiar integrado por un hombre de 43 años y sus tres hijos de 17, 14 y 11 años. De acuerdo con el informe oficial, la investigación epidemiológica estableció que el padre habría estado expuesto al virus tras mantener contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a principios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán.

Entre el 19 y el 30 de junio, tres de sus hijos comenzaron a presentar un cuadro clínico compatible con sarampión, caracterizado por fiebre y erupciones en la piel. Tras las pruebas de laboratorio y el seguimiento epidemiológico, Salud confirmó que se trataba de nuevos casos positivos de la enfermedad.

Medidas activadas en Cofradía

Ante la confirmación de los contagios, la Secretaría de Salud activó de inmediato el protocolo nacional para la contención del brote.

Entre las medidas implementadas figura el despliegue de 14 brigadas de vacunación en Cofradía, que realizan jornadas intensivas de inmunización en la comunidad, además de la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con la enfermedad.

Las acciones también incluyen la identificación y monitoreo de contactos cercanos, toma de muestras para laboratorio, vacunación de bloqueo en las zonas de riesgo, aislamiento de los casos confirmados y coordinación con centros educativos y líderes comunitarios para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Vacunación y situación de la familia

Como parte de la investigación, las autoridades conocieron que la familia afectada no contaba con un esquema de vacunación debidamente documentado contra el sarampión, un elemento que aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad y facilita su propagación.

La vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional de inmunización, es gratuita y está disponible en todos los establecimientos de salud del país para niños y personas susceptibles que requieran completar sus dosis, reiteró la Sesal.

Según datos oficiales, además de los 10 casos confirmados, el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene bajo investigación más de 200 casos sospechosos distribuidos en distintas regiones del territorio nacional, que continúan en evaluación mediante pruebas de laboratorio y seguimiento clínico.

Recomendaciones a la población

Las autoridades sanitarias habían informado semanas atrás que los primeros contagios detectados en el país fueron, en su mayoría, importados, principalmente de personas procedentes de Guatemala. Después se confirmó el primer caso de transmisión local, situación que mantiene bajo vigilancia a los equipos de salud por el riesgo de propagación comunitaria.

La Secretaría de Salud llamó a padres de familia, adolescentes y adultos a verificar su esquema de vacunación y acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes.

También recomendó que cualquier persona que presente fiebre, sarpullido, tos, secreción nasal o conjuntivitis busque atención médica inmediata y evite asistir a centros educativos, lugares de trabajo o actividades públicas mientras recibe valoración médica, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión.

La violencia contra la niñez se extiende en Honduras: casi 200 menores murieron en el primer semestre de 2026. Accidentes de tránsito, homicidios y suicidios marcaron los primeros seis meses del año para la niñez hondureña.

En el primer semestre de 2026, 197 menores de 0 a 17 años murieron en Honduras, según informes del Observatorio de la niñez de Casa Alianza de Honduras quienes advirtieron que los casos ya no se concentran solo en las principales ciudades, sino que se expanden hacia departamentos donde antes la incidencia era menor.

Aunque los números son similares a los registrados durante el mismo período del año pasado, especialistas señalaron que el problema comenzó a cambiar.

La preocupación ya no radica solo en la cantidad de víctimas, sino en la expansión territorial de los hechos y en cómo afectan a menores en zonas que hasta hace poco no figuraban entre las más golpeadas.

Las causas de muerte registradas

La directora del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza, Grecia Moreno, explicó que los accidentes de tránsito continúan como la principal causa de muerte entre menores de edad.

De acuerdo con el monitoreo de la organización, el 47% de los casos registrados entre enero y junio corresponde a este tipo de hechos, lo que representa aproximadamente 92 fallecimientos.

En segundo lugar aparecen los homicidios, con 73 víctimas, equivalentes al 37% del total. A eso se suman 32 suicidios, que representan el 16%, mientras que un porcentaje menor corresponde a otras causas de muerte.

Estos datos muestran la combinación de distintos factores de riesgo. La violencia criminal sigue cobrando la vida de menores de edad y los accidentes de tránsito continúan como una emergencia que cada año deja decenas de víctimas infantiles y adolescentes.

La expansión a otros departamentos

Para Casa Alianza, uno de los cambios observados durante este año es la dispersión geográfica de los casos. Moreno explicó que antes la mayoría de las muertes violentas de menores se concentraba principalmente en Francisco Morazán y Cortés, departamentos que históricamente han registrado los mayores índices de violencia del país.

Pero el comportamiento actual muestra una expansión hacia otras zonas del territorio nacional.

“Antes identificábamos estos casos principalmente en Francisco Morazán y Cortés, pero ahora también se registran en Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso, departamentos que antes no eran considerados puntos rojos y que ahora presentan alertas”, señaló.

Los informes revelan que este comportamiento muestra que la violencia contra la niñez ya no responde solo a focos específicos, sino que comienza a extenderse hacia nuevas regiones, lo que incrementa los desafíos para las instituciones encargadas de la protección de la infancia.

Las alertas de los observatorios

La situación coincide con las alertas que desde hace varios años documenta el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que monitorea de forma permanente los hechos violentos que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Los análisis elaborados por esta institución advirtieron que la violencia contra la niñez sigue siendo uno de los principales desafíos del país y que la información estadística resulta fundamental para identificar patrones, fortalecer las políticas públicas y orientar las acciones de prevención en los territorios con mayor vulnerabilidad.

Y es que detrás de cada cifra existen múltiples factores sociales, familiares y económicos que aumentan la exposición de los menores a distintas formas de violencia, por lo que insistieron en la necesidad de respuestas integrales que involucren al Estado y a las comunidades.

El peso de los accidentes de tránsito

Uno de los datos del informe es que casi la mitad de las muertes registradas durante el primer semestre estuvo relacionada con accidentes de tránsito.

Para Casa Alianza, esta situación muestra que, además de combatir la violencia criminal, Honduras enfrenta el reto de fortalecer la prevención vial, especialmente entre adolescentes que conducen motocicletas y otros vehículos sin cumplir los requisitos legales o sin la experiencia necesaria.

Moreno llamó a los padres de familia a asumir un papel más activo en la supervisión de sus hijos y evitar que menores de edad conduzcan motocicletas o automóviles, al considerar que parte de estas tragedias podría prevenirse mediante un mayor control dentro de los hogares.

La organización recordó que la seguridad vial también forma parte de la protección integral de la niñez y que la responsabilidad debe ser compartida entre las familias, las autoridades de tránsito y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Homicidios y el llamado al Estado

Si bien los accidentes encabezan las estadísticas, los homicidios continúan como una de las expresiones más graves de la violencia que enfrenta la niñez hondureña.

Los 73 asesinatos registrados durante el primer semestre reflejan que muchos menores siguen expuestos a escenarios de criminalidad, conflictos comunitarios y otras manifestaciones de violencia que terminan arrebatándoles la vida.

A eso se suma la preocupación expresada por Casa Alianza sobre la forma en que se están cometiendo estos crímenes. Moreno advirtió que el nivel de violencia observado en varios de los homicidios representa un factor adicional de alarma.

Ante este panorama, Casa Alianza exhortó a las autoridades hondureñas a reforzar las estrategias de prevención y protección dirigidas a la niñez, especialmente en los departamentos donde la violencia comienza a mostrar crecimiento.

La organización consideró indispensable fortalecer la presencia institucional, mejorar los mecanismos de prevención comunitaria y ampliar los programas de atención para niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad.

Esa es la realidad que sigue enfrentando el desplazamiento forzado interno en Honduras, un fenómeno que en la última década ha afectado a 24,864 personas. Así lo revela el más reciente Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno 2025, presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El desplazamiento forzado interno en Honduras dejó 10.077 quejas entre 2016 y 2025. Los casos atendidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno exponiendo las causas, las poblaciones más vulnerables y las zonas con mayor incidencia.

Para la titular del organismo, Blanca Izaguirre, las estadísticas no deben leerse solo en términos numéricos. “Hay rostros, historias y miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección”, expresó durante la presentación del informe.

Barreras para denunciar

La representante de ACNUR en Honduras, Katrin Lou, dijo que uno de los principales desafíos sigue siendo el subregistro de casos, porque muchas personas no llegan a incorporarse a las estadísticas institucionales. “Muchas víctimas no presentan una denuncia porque siguen teniendo miedo. Otras desconocen que existen mecanismos para solicitar protección o no saben cómo acceder a ellos”, señaló.

Lou agregó que el temor sigue siendo uno de los principales obstáculos para que las víctimas busquen ayuda, sobre todo cuando quienes las amenazan permanecen en las mismas comunidades o conservan capacidad de represalia. También mencionó el desconocimiento sobre las rutas de atención, que a juicio de ACNUR limita el acceso a la protección del Estado.

Amenazas, homicidios y extorsión

El informe identifica a las amenazas como el principal detonante del desplazamiento forzado interno.

Cuatro de cada diez quejas atendidas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno estuvieron vinculadas con amenazas, lo que muestra que muchas familias dejan sus hogares antes de que la violencia se concrete.

Luego aparecen la tentativa de homicidio, con el 10% de los casos; la violencia doméstica y el asesinato de familiares, ambos con 9%; y la extorsión, con 6% de las denuncias.

El documento indica que el desplazamiento no responde a una sola causa, sino a una combinación de distintas formas de violencia que termina expulsando a las personas de sus comunidades.

Los casos registrados en 2025

Solo en 2025, el CONADEH registró 676 quejas, que involucraron a 1.406 personas.

De ese total, el 70% correspondió a personas que todavía permanecían en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% ya había abandonado su lugar de residencia.

Para ACNUR, estas cifras muestran que el desplazamiento sigue vigente y que la prevención debe fortalecerse para evitar que quienes hoy viven bajo amenaza terminen dejando sus hogares.

Mujeres, niñez y otros grupos afectados

Las mujeres representan el 51% de las personas atendidas y los hombres, el 49%.

Además, el documento registra 245 niñas, niños y adolescentes afectados, junto con casos vinculados con personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas.

En estos últimos grupos se contabilizaron 19 quejas, equivalentes al 3% del total registrado durante 2025.

Lou pidió leer ese porcentaje con cautela. Explicó que muchas comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales para denunciar, entre ellas la distancia geográfica, la limitada presencia institucional y el desconocimiento de los mecanismos de protección, factores que podrían influir en el subregistro.

El informe identifica a Francisco Morazán como el departamento con mayor concentración de quejas, con el 22% de los casos registrados.

Le siguen Cortés, con 16%; Choluteca, con 11%; Olancho, con 7%; y Atlántida y Yoro, con 6% cada uno.

A nivel municipal, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Juticalpa concentran el mayor número de personas afectadas.

La ley y su aplicación

Durante la conversación con Infobae, Katrin Lou también se refirió a la Ley de Prevención, Protección y Respuesta a las Personas Desplazadas por la Violencia.

Señaló que el desafío es convertir ese marco jurídico en una herramienta efectiva para las víctimas. La representante explicó que la ley aún requiere su reglamento de aplicación y recursos suficientes para que las instituciones puedan ejecutar las medidas de protección previstas.

Cada caso requiere una respuesta especializada y coordinada entre las instituciones”, cerro la conversación ACNUR a Infobae.

El Gobierno de Honduras descartó volver a aplicar el estado de excepción a nivel nacional como parte de su estrategia de seguridad. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, dijo que la medida seguirá disponible dentro del marco legal, pero solo para zonas específicas y ante hechos de violencia puntuales.

Velásquez explicó que la decisión del Ejecutivo es no extender esta herramienta a todo el territorio, aunque sí mantenerla como una opción vigente para aplicarla en áreas determinadas cuando las circunstancias lo requieran.

El ministro aclaró que el estado de excepción no fue eliminado del ordenamiento jurídico y que sigue contemplado tanto en la Constitución como en la legislación nacional. “El Estado de Excepción sigue siendo una medida legal que está en la ley y en la Constitución de la República. Eventualmente podría utilizarse, pero la decisión de nuestro presidente es que no va a ser una medida generalizada”, afirmó.

Aplicación focalizada ante hechos de violencia

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad se enfocará en intervenciones puntuales en lugares donde se registren hechos de violencia, como homicidios múltiples o situaciones que requieran una respuesta inmediata de las autoridades.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido recientemente en Rigores, Colón, donde un homicidio múltiple motivó la intervención policial en el sector y la captura de dos personas vinculadas al caso.

Velásquez indicó que escenarios similares podrían justificar la aplicación temporal del estado de excepción en determinados territorios, como ya ocurrió en otras zonas del país, entre ellas el Bajo Aguán.

“Quizás en algún momento u ocurren algunas circunstancias puntuales en las cuales tengamos que, como en el caso del Bajo Aguán, ocurrió esa lamentable muerte múltiple, volver a implementarlo se va a hacer”, expresó.

Órdenes de captura y operativos en la zona

El titular de Seguridad también se refirió al caso de Rigores y lamentó los hechos violentos registrados recientemente. Según detalló, las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido hasta el momento la detención de dos personas presuntamente involucradas, mientras continúan las investigaciones.

También confirmó que existen cuatro órdenes de captura vigentes relacionadas con el caso, que siguen ejecutándose en coordinación con el Ministerio Público como parte del proceso investigativo.

Las autoridades mantienen operativos y acciones técnicas en la zona con el objetivo de ubicar a los demás responsables y esclarecer lo ocurrido.

La medida seguirá disponible

Aunque el estado de excepción no será aplicado de manera generalizada, el Ministerio de Seguridad lo mantiene como una herramienta disponible dentro del marco legal, que podría activarse en contextos específicos de alta violencia.

La estrategia del Gobierno apunta a un enfoque más localizado, con recursos y operativos concentrados en zonas donde se registren hechos que superen la capacidad ordinaria de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Al día de hoy la política de seguridad del Gobierno se mantiene en un punto de equilibrio entre la contención de la violencia y el uso selectivo de herramientas extraordinarias.

Mientras, las autoridades insisten en intervenciones focalizadas para responder a hechos de alto impacto, la población hondureña sigue exigiendo mayor seguridad.

Entraron en vigencia las reformas al Código Penal de Honduras para los casos de violencia contra las mujeres. La norma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 37,181, correspondiente al 30 de junio, y endurece las penas por femicidio además de crear juzgados especializados para estos delitos.

“Pensé que me iba a matar. Sentí que no iba a salir con vida”. El testimonio de Cesia, una hondureña sobreviviente de violencia de género cuyo caso fue documentado por Infobae, pone rostro a una realidad que viven miles de mujeres en el país.

“Pensé que iba a morir”. Así recordó Cesia uno de los momentos más difíciles de su vida al relatar la violencia que sufrió por parte de su agresor. Su historia, publicada por Infobae, refleja el miedo, la incertidumbre y la lucha que enfrentan muchas mujeres hondureñas que sobreviven a la violencia de género.

Cambios en la justicia

Uno de los principales cambios es la creación de órganos jurisdiccionales especializados para investigar y juzgar el delito de femicidio, así como los delitos conexos y otras formas de violencia contra la mujer. Estos casos dejarán de ser atendidos dentro del esquema tradicional de justicia para pasar a un circuito especializado diseñado bajo un enfoque de protección integral.

La reforma también establece que estos juzgados y tribunales estarán integrados únicamente por juezas mujeres. Con esta disposición, el Congreso Nacional busca reducir los sesgos machistas dentro de los procesos judiciales, evitar la revictimización de las víctimas y garantizar que los casos sean abordados con perspectiva de género desde el inicio de la investigación hasta la emisión de la sentencia.

Ahora corresponderá a la Corte Suprema de Justicia crear los nuevos órganos jurisdiccionales, asignar los recursos necesarios, seleccionar mediante concursos de mérito a las juezas que integrarán estos tribunales y capacitarlas en materia de violencia de género.

La normativa también establece que las nuevas sedes judiciales deberán contar con equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que permitan ofrecer una atención más completa tanto a las víctimas como a sus familias durante el proceso judicial.

Aumento de penas

Con la nueva legislación, el femicidio será castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión, mientras que el femicidio agravado tendrá condenas de entre 30 y 40 años de cárcel. La reforma también contempla que las sentencias puedan alcanzar hasta 60 años de prisión cuando concurran circunstancias especialmente graves que ameriten la acumulación efectiva de penas.

Entre esas circunstancias se encuentran los casos en que el crimen haya sido precedido por delitos sexuales, tortura o privación ilegal de la libertad. También cuando exista un intento deliberado de ocultar una agresión sexual previa, cuando el responsable sea un funcionario o agente del Estado que utilice su cargo, uniforme, autoridad o arma de reglamento para cometer el femicidio.

Cómo se aprobó la reforma

La aprobación de estas reformas fue unánime en el Congreso Nacional el pasado ocho de junio y respondió a las recomendaciones formuladas por una comisión multipartidaria que analizó el incremento de las muertes violentas de mujeres en Honduras.

Para diversos sectores, estas reformas responden a una demanda sostenida de las organizaciones de mujeres que durante años han reclamado penas más severas, procesos especializados y una justicia libre de discriminación para quienes enfrentan la violencia de género.

En Honduras, más de 400 denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar fueron recibidas por la Policía Nacional en lo que va de 2026 a través de la línea de emergencia 114. Los registros incluyen 229 casos de violencia doméstica, 181 de maltrato familiar y la captura de 140 personas.

Con el objetivo de conocer de cerca esta realidad, Infobae conversó con una mujer que accedió a compartir su historia bajo el nombre ficticio de “Cesia”, con el fin de proteger su identidad. Durante dos años, confundió los gritos, el control y la intimidación con muestras de cariño. Sin darse cuenta, vivía atrapada en un ciclo de violencia intrafamiliar.

“Al principio no eran golpes. Me decía cómo debía vestirme, con quién podía hablar y hasta revisaba mi teléfono. Yo pensaba que eran celos porque me quería”, recuerda.

Con el paso del tiempo, la situación cambió. Lo que comenzó con control y manipulación terminó en agresiones físicas. “Un día me empujó por primera vez. Después vinieron los gritos, las amenazas y luego los golpes”, reveló a Infobae.

Cesia cuenta que durante mucho tiempo nunca presentó una denuncia porque dependía económicamente de su pareja y confiaba en las promesas de que todo sería diferente.

Hoy una vez superado esto Cesia reconoció que “Uno siente vergüenza. Cree que la gente va a decir que una tiene la culpa o que no hizo lo suficiente para salvar la relación.”

Cuando finalmente tomó la decisión de denunciar, volvió a enfrentarse a las promesas de su agresor.

“Cuando él se enteró de que yo quería denunciarlo, me prometió que iba a cambiar. Me pidió otra oportunidad. Hasta lloró.” No lo perdonó.

Qué incluye la violencia doméstica

Así como este casos son muchas las realidades de la mujer en Honduras y precisamente lo confirma la Policía Nacional con las más de 400 no denuncias, sino víctimas mujeres afectadas por esta difícil realidad.

La portavoz de la Policía Nacional Bessy Marín explicó que la violencia doméstica no se limita a las agresiones físicas. También incluye violencia psicológica, verbal, económica y patrimonial, formas de maltrato que muchas veces pasan desapercibidas o son normalizadas dentro de las relaciones de pareja.

Insultos constantes, amenazas, control del dinero, prohibiciones para trabajar o estudiar, aislamiento de familiares y amigos y humillaciones son algunas de las conductas que forman parte de este tipo de violencia.

El miedo y la denuncia

Las autoridades reconocen que uno de los mayores retos es que muchas víctimas abandonan el proceso judicial una vez presentada la denuncia. El temor a nuevas agresiones, la dependencia económica y la presión familiar suelen influir para que decidan regresar con su agresor han señalado organismos de derechos humanos.

Durante este año, la Policía ha recibido 229 denuncias por violencia doméstica y 181 por maltrato familiar mediante la línea de emergencia 114.

Como resultado de esas intervenciones, 72 personas fueron detenidas por violencia doméstica y otras 68 por maltrato familiar.

Las autoridades indican que Francisco Morazán, Olancho, incluido el municipio de Juticalpa, y Lempira figuran entre las zonas donde con mayor frecuencia se informan este tipo de casos.

Cómo denunciar y pedir ayuda

La Policía recuerda que cualquier persona puede denunciar un caso de violencia doméstica. No es necesario que la llamada sea realizada únicamente por la víctima. También pueden hacerlo familiares, vecinos o personas cercanas que conozcan una situación de riesgo.

Además, las denuncias pueden presentarse de forma anónima cuando exista temor a represalias. Para Cesia, dar ese paso fue lo que le permitió salir de un círculo que parecía no tener fin.

“Lo más difícil fue hacer la llamada”. Tenía miedo de todo. Pero ahora entiendo que si no hubiera pedido ayuda, quizá mi historia habría terminado de otra manera. relató

Hoy asegura que aún enfrenta las secuelas emocionales de lo vivido, pero también siente tranquilidad. “Estoy aprendiendo a vivir sin miedo y eso me confirma que tomé la decisión correcta.”

Las autoridades mantienen habilitada la línea de emergencia 114 las 24 horas del día, donde reciben denuncias y coordinan intervenciones para proteger a las víctimas.

El anuncio fue difundido en sus redes sociales por el exfuncionario hondureño. Allí sostuvo que el regreso representa uno de los momentos más esperados de su vida por la posibilidad de reencontrarse con su familia y volver al país que gobernó durante dos períodos consecutivos.

“Domingo 26 de julio, ese día, primero Dios, volveré a mi tierra. No puedo negarles la profunda emoción y la alegría que siento en mi corazón porque volveré a casa”, expresó el exmandatario. También afirmó que cuenta los días para abordar el viaje que lo llevará nuevamente a Honduras.

En su publicación, Hernández recordó el tiempo que permaneció privado de libertad en Estados Unidos y reconoció que esa etapa estuvo marcada por momentos difíciles. Según manifestó, la experiencia fortaleció su fe y le dejó enseñanzas sobre la resiliencia frente a la adversidad.

Enfrentará la justicia

Su regreso será posible luego de que un juez natural admitiera la solicitud presentada por su defensa y suspendiera temporalmente la orden de captura que permanecía vigente en Honduras.

La resolución tendrá efecto entre el 20 de julio y el 3 de agosto, período durante el cual el exgobernante deberá presentarse ante los tribunales para comparecer en una audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II.

La suspensión de la orden de captura no significa el cierre del proceso judicial ni la eliminación de los cargos que enfrenta. Se trata de una medida que permitirá su ingreso al país y su comparecencia ante la justicia hondureña, donde deberá responder por las acusaciones relacionadas con ese expediente.

Condena en Estados Unidos

El retorno de Hernández ocurre después de uno de los capítulos judiciales de la historia política reciente de Honduras. En 2024 fue condenado en una corte federal de Nueva York a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico. En diciembre de 2025 recuperó su libertad luego de recibir un indulto presidencial otorgado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su llegada al país reabre un escenario político y judicial. Además de enfrentar el proceso pendiente ante los tribunales hondureños, el regreso del exmandatario genera expectativa por las reacciones que pueda provocar entre distintos sectores, tanto entre quienes respaldan su gestión como entre quienes han cuestionado su administración y los procesos legales que enfrenta.

su llegada podría generar una amplia cobertura mediática y concentrar la atención nacional en torno a su comparecencia y las reacciones que provoque su retorno.

A diferencia de otros exgobernantes que abandonaron la vida pública al concluir sus mandatos, Hernández regresará al país bajo un intenso escrutinio nacional e internacional. Su llegada será seguida de cerca tanto por los organismos de justicia como por sectores políticos, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía, debido a los procesos legales que aún enfrenta en Honduras.

El caso Pandora II forma parte de las investigaciones derivadas del denominado caso Pandora, uno de los expedientes de corrupción de mayor repercusión en Honduras por el presunto desvío de fondos públicos hacia actividades de carácter político. Las investigaciones siguen en curso, sin resultados concretos.

Honduras autorizó importaciones de maíz, frijol y arroz para sostener el abastecimiento interno y contener los precios, mientras impulsa nuevas semillas de arroz para elevar la producción nacional. La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó las medidas este fin de semana, ante una demanda que supera la oferta local en varios granos básicos.

Según la SAG, La estrategia combina importaciones cuando la producción nacional no alcanza con programas para mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir, a mediano plazo, la dependencia externa.

El titular del organismo, Moisés Abraham Molina, aclaró que el Estado no compra directamente los granos básicos en el exterior. Su papel, explicó, consiste en habilitar los mecanismos legales para que las empresas privadas importen los volúmenes necesarios y garanticen que el mercado nacional permanezca abastecido.

En el caso del maíz amarillo, usado principalmente por la industria de alimentos balanceados, Molina indicó que ya existen contratos de compra anticipada con proveedores internacionales. Según explicó, un esquema similar se desarrolla para asegurar la disponibilidad de maíz blanco, uno de los principales alimentos de consumo diario en los hogares hondureños.

Maíz y frijol importados

La SAG informó además que gestiona una licencia para importar 100 mil quintales de frijol, con el objetivo de evitar presiones sobre el precio de uno de los productos centrales de la dieta nacional.

Mientras que. el arroz es el cultivo que muestra la mayor distancia entre producción nacional y demanda. Según las cifras presentadas por la SAG, durante el último año Honduras produjo menos de medio millón de quintales, mientras que el consumo interno supera los seis millones de quintales anuales.

Esa diferencia obliga al país a depender de las importaciones para garantizar el abastecimiento del mercado. Ante ese escenario, el Gobierno autorizó el ingreso de 1,3 millones de quintales de arroz procedentes de Sudamérica para complementar la oferta disponible.

De acuerdo con Molina, ese volumen ingresará libre de aranceles, con el objetivo de impedir que los costos adicionales de importación se trasladen al precio que pagan los consumidores.

El funcionario sostuvo que la medida no representa un impacto fiscal para el Estado y contribuye a mantener estable el acceso a un producto esencial dentro de la canasta básica.

Nuevas semillas para elevar la producción

Aunque las importaciones forman parte de la respuesta inmediata, la estrategia oficial también apunta a incrementar la capacidad productiva nacional. Como parte de ese objetivo, la SAG anunció un acuerdo de cooperación con República Dominicana mediante el cual fueron introducidas nuevas variedades de semillas de arroz con mayor potencial de rendimiento.

Entre las variedades incorporadas destaca una que permite controlar el denominado arroz rojo mediante herbicidas selectivos, una maleza que ha reducido la productividad de los cultivos. La tecnología permite eliminar esta planta sin afectar el desarrollo del arroz comercial, lo que podría traducirse en mejores cosechas para los productores.

Las autoridades consideran que, si se confirman los resultados esperados durante la fase experimental, estas semillas podrían convertirse en una herramienta para aumentar la producción nacional y reducir de forma gradual la necesidad de importar este grano.

Abastecimiento y precios

El comportamiento de los granos básicos sigue siendo uno de los principales indicadores de la seguridad alimentaria del país, en un contexto en el que las condiciones climáticas, las variaciones en los mercados internacionales y los costos de producción pueden influir de manera directa en el precio de los alimentos.

La estrategia busca actuar en dos frentes: asegurar que los productos lleguen al mercado cuando la producción local no alcanza para cubrir la demanda y fortalecer las capacidades del sector agrícola para que Honduras incremente su autosuficiencia en los próximos años.

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán este domingo a distintas regiones de Honduras por el ingreso de una onda tropical, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. La tarde será el período con mayor actividad, con chubascos moderados y descargas eléctricas en buena parte del territorio nacional.

Las condiciones serán más intensas en sectores del centro y norte del territorio. En ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Juticalpa y Santa Bárbara se esperan lluvias de mayor fuerza, con acumulados en períodos cortos y posibles afectaciones puntuales por la intensidad de las precipitaciones.

En el oriente se prevén lluvias débiles y aisladas, mientras que en zonas del litoral atlántico, incluidas Islas de la Bahía, se anticipan precipitaciones intermitentes acompañadas de descargas eléctricas.

Qué provoca las lluvias

El comportamiento climático de este domingo responde a la interacción de varios factores atmosféricos. La onda tropical que ingresa al país se suma a la humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que genera un ambiente propicio para la formación de nubosidad y tormentas.

Este tipo de sistemas suele provocar cambios rápidos en las condiciones del tiempo: de cielos parcialmente despejados a lluvias intensas en cuestión de horas, especialmente durante las horas de mayor calentamiento del día.

Riesgos durante la jornada

Más allá de las precipitaciones, uno de los principales riesgos durante este tipo de eventos es la actividad eléctrica. Las tormentas pueden estar acompañadas de descargas atmosféricas que representan un peligro para la población si no se toman las medidas de precaución adecuadas.

Las autoridades meteorológicas han insistido en evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas, así como no cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, ya que las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente con las lluvias.

También se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del clima, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias más intensas, por la posibilidad de crecidas repentinas y afectaciones localizadas.

Aunque las lluvias serán más notorias en algunas regiones del país, prácticamente todo el territorio nacional se verá influido por la inestabilidad atmosférica generada por el sistema tropical.

Para las próximas horas, el pronóstico indica que las condiciones podrían variar de forma constante, con alternancia entre períodos de lluvia, nubosidad y actividad eléctrica en distintas zonas de Honduras.

En temporadas como la actual, la saturación de los suelos se convierte en un factor clave para evaluar posibles afectaciones. Cuando las lluvias se presentan de manera continua o en periodos muy cortos de tiempo, aumenta el riesgo de deslizamientos en zonas de ladera y de inundaciones repentinas en áreas urbanas donde el sistema de drenaje puede verse sobrepasado por la intensidad del agua.

De forma paralela, las autoridades de gestión de riesgos suelen mantener vigilancia sobre ríos y quebradas debido a su respuesta rápida ante lluvias fuertes. En estos escenarios, incluso precipitaciones moderadas en las partes altas de las cuencas pueden provocar crecidas en sectores por lo que se insiste en la importancia de la prevención y el monitoreo constante de las condiciones del tiempo.

El director de la organización, Wilmer Vásquez, advirtió que este fenómeno continúa siendo una de las principales expresiones de la crisis social que enfrenta Honduras, debido a la persistente falta de oportunidades, la desigualdad estructural y la vulneración de derechos fundamentales que afectan a la niñez y adolescencia en distintas regiones del territorio nacional.

Migración infantil no se detiene

Coiproden señaló que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y al incremento de controles fronterizos en los últimos años, el flujo migratorio de familias hondureñas no ha disminuido de forma significativa.

De acuerdo con la organización, muchas familias continúan tomando la decisión de migrar debido a condiciones económicas adversas, la falta de empleo digno y la limitada cobertura de servicios básicos en comunidades rurales y urbanas del país.

En este contexto, la niñez se ha convertido en uno de los grupos más vulnerables dentro de los flujos migratorios, ya sea viajando sola o acompañada de sus familiares en busca de mejores condiciones de vida fuera de Honduras.

Cifras que reflejan una crisis sostenida

El representante de Coiproden calificó como alarmantes las cifras acumuladas desde 2014, al señalar que el impacto de la migración infantil no solo se mide en los menores deportados, sino también en aquellos que logran salir del país o que permanecen en tránsito migratorio.

Según explicó, si estos datos se registraran en países con mayores niveles de desarrollo institucional, serían considerados una emergencia nacional debido a las implicaciones sociales, económicas y humanitarias que representan.

“Si vemos estas estadísticas en un país desarrollado, estaríamos en una completa emergencia nacional”, expresó Wilmer Vásquez, al referirse a la magnitud del fenómeno migratorio infantil en Honduras.

Factores estructurales detrás del fenómeno

Coiproden subrayó que la migración de niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado, sino el resultado de múltiples factores estructurales que afectan a la sociedad hondureña.

Entre ellos destacan la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a oportunidades educativas y la ausencia de empleos dignos para los adultos responsables de los hogares, lo que obliga a muchas familias a buscar alternativas fuera del país.

La organización insistió en que estos factores se han mantenido a lo largo de los años, sin una respuesta integral suficientemente efectiva por parte del Estado para revertir la tendencia migratoria.

Llamado a fortalecer la protección de la niñez

Vásquez reiteró la necesidad de fortalecer el sistema de protección de la niñez mediante una mayor asignación de recursos públicos y el desarrollo de políticas sociales más robustas y sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, Coiproden planteó la importancia de reforzar programas de prevención, atención y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir los factores que impulsan la migración irregular.

Asimismo, la organización enfatizó que es fundamental garantizar acceso a educación, salud y condiciones de vida dignas en las comunidades, para evitar que la migración sea vista como la única alternativa de desarrollo.

Un problema que exige respuesta integral

El director de Coiproden afirmó que la solución a esta problemática requiere una estrategia integral que involucre al Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población.

Advirtió que mientras persistan la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades laborales, las niñas, niños y adolescentes continuarán siendo parte de los flujos migratorios que buscan llegar a otros países en busca de un futuro mejor.

Finalmente, la organización reiteró su llamado a priorizar la inversión social y a fortalecer las instituciones encargadas de la protección de la niñez, como una medida urgente para enfrentar una problemática que, según sus datos, se ha mantenido durante más de una década en Honduras.

Las autoridades sanitarias del departamento de Cortés manifestaron este jueves su preocupación por el incremento de casos de dengue registrado durante las últimas semanas, luego de confirmar que la enfermedad ya suma 395 contagios en la región, con un aumento de 18 nuevos casos durante la semana epidemiológica número 25, una tendencia que mantiene en alerta al sistema de salud.

El director departamental de Salud, doctor Diógenes Chávez, informó que el comportamiento de la enfermedad refleja un ascenso que no se había observado en semanas recientes, situación que atribuyó, en gran medida, a las condiciones climáticas que actualmente favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

El funcionario explicó que la combinación de altas temperaturas durante el día y lluvias en horas de la tarde y la noche crea el ambiente ideal para la proliferación del vector, incrementando el riesgo de transmisión en las comunidades del departamento.

“Lo importante para señalar es que existe un ascenso de los casos. Si en la última semana aparecieron 18 personas más, son números que no se habían tenido en los últimos días y esto nos obliga a reforzar las medidas de prevención”, indicó Chávez.

El médico señaló que las precipitaciones generan una gran cantidad de depósitos de agua en patios, solares y alrededores de las viviendas, lugares donde el mosquito encuentra las condiciones necesarias para reproducirse rápidamente.

En ese sentido, recordó que el Aedes aegypti puede depositar sus huevos incluso en recipientes muy pequeños, por lo que la eliminación de criaderos continúa siendo la medida más efectiva para evitar la propagación del virus.

“Ustedes vieron que ahorita está soleado y después hace un poco de lluvia por la tarde-noche. Esto definitivamente crea una cantidad, pero cantidad de depósitos de criaderos en los patios de las casas. Desgraciadamente la larva de este zancudo se reproduce hasta en una chapa de refresco, una concha de coco, una cáscara de huevo, no digamos en floreros y llantas”, explicó el especialista.

Llamado a eliminar criaderos dentro de los hogares

El director departamental de Salud exhortó a la población a realizar inspecciones constantes en sus viviendas para eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, ya que incluso los objetos más pequeños representan un riesgo para la reproducción del mosquito transmisor.

Asimismo, hizo énfasis en la limpieza frecuente de pilas, barriles, toneles y otros depósitos utilizados para almacenar agua, especialmente en comunidades donde el servicio de agua potable es irregular y las familias se ven obligadas a conservar el líquido durante varios días.

Chávez reconoció que esta realidad dificulta las labores de prevención; sin embargo, insistió en que existen medidas sencillas que pueden reducir significativamente el riesgo de formación de criaderos.

“Lo que tienen que hacer es lavar las pilas con una técnica muy sencilla: hacer una pasta con cloro, dejarla reposar unos minutos y luego cepillar completamente las paredes del recipiente. De esta manera mantenemos libres los criaderos de zancudos”, explicó.

El funcionario agregó que esta limpieza debe realizarse periódicamente para eliminar los huevos del mosquito, los cuales pueden adherirse a las superficies internas de los depósitos de agua y permanecer viables durante varios meses.

Piden acudir al médico ante los primeros síntomas

Además de las acciones preventivas, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que busque atención médica inmediata ante cualquier sospecha de dengue, evitando la automedicación o retrasar la consulta, ya que esto puede favorecer la aparición de complicaciones graves.

El director departamental advirtió que una atención oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación satisfactoria y el desarrollo de un cuadro de dengue grave, condición que puede poner en riesgo la vida del paciente.

“Por favor, ante la sospecha de dengue busquemos ayuda médica de manera inmediata. No debemos permitir que el paciente se complique a un dengue grave y mucho menos que esa complicación termine en una muerte”, manifestó.

Durante su comparecencia también lamentó el reciente fallecimiento de una persona de 22 años en el departamento de Olancho, caso que evidencia la gravedad que puede alcanzar la enfermedad cuando no es atendida de manera oportuna.

Finalmente, Chávez reiteró que el combate contra el dengue requiere un esfuerzo conjunto entre las instituciones de salud y la ciudadanía, insistiendo en que la eliminación de criaderos dentro de los hogares sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la incidencia de la enfermedad y evitar que el número de contagios continúe aumentando durante la actual temporada lluviosa.

La conmemoración llevó al mandatario hondureño a reiterar el compromiso de su administración de continuar fortaleciendo la relación bilateral con Washington, resaltando que ambos países mantienen una agenda basada en el respeto mutuo, la cooperación y la búsqueda de oportunidades que beneficien a sus ciudadanos.

A través de una publicación en sus redes sociales, Asfura expresó que los 250 años de independencia de Estados Unidos representan una fecha de gran significado histórico, no solo para esa nación, sino también para los países que mantienen estrechos vínculos de cooperación con el gobierno estadounidense.

El gobernante sostuvo que esta celebración constituye una oportunidad para recordar la importancia de defender los principios de libertad, democracia y respeto por las instituciones, valores que, según manifestó, deben traducirse en oportunidades reales para que las personas puedan construir un futuro con estabilidad y esperanza.

"250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidades y esperanza“, expresó el mandatario en su mensaje.

Asimismo, trasladó una felicitación oficial en representación del Estado hondureño, resaltando la trascendencia histórica de la fecha para el pueblo estadounidense.

"En nombre del pueblo y del Gobierno de Honduras, felicito a los Estados Unidos de América por la conmemoración de los 250 años de su Independencia, una fecha que honra los valores de la libertad y la democracia“, manifestó.

Desea fortalecer la relación entre ambos países

En su pronunciamiento, el presidente también expresó su deseo de que la relación bilateral continúe fortaleciéndose mediante proyectos de cooperación y entendimiento mutuo.

Asfura destacó que Honduras mantiene una relación histórica con Estados Unidos, la cual ha permitido impulsar iniciativas en distintas áreas, incluyendo seguridad, inversión, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

En ese sentido, manifestó que la continuidad de estos vínculos representa una oportunidad para seguir generando beneficios para ambas naciones.

"Que los históricos lazos de amistad, cooperación y prosperidad continúen fortaleciéndose para impulsar el desarrollo, la paz y el bienestar de nuestras naciones“, señaló el mandatario.

El mensaje concluyó con una felicitación al pueblo estadounidense y una invocación para que Dios continúe bendiciendo tanto a Estados Unidos como a Honduras.

"¡Muchas felicidades! Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a Honduras“, finalizó.

Participó en la celebración organizada por la Embajada

La felicitación difundida este sábado se produce luego de la participación del mandatario hondureño en la ceremonia oficial organizada por la Embajada de Estados Unidos en Honduras en Tegucigalpa para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

Durante ese acto, Asfura expresó sentirse honrado de asistir a una fecha considerada histórica para Estados Unidos y recordó que la independencia de esa nación fue proclamada en 1776, marcando un acontecimiento que transformó la historia política del continente.

"Me siento muy honrado de estar hoy aquí con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América“, expresó durante su intervención.

Además, resaltó que Honduras y Estados Unidos han construido una relación de cooperación durante décadas, basada en objetivos comunes y en el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos.

La relación entre Honduras y Estados Unidos ha estado marcada durante décadas por una amplia cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, la seguridad, la educación y la asistencia para el desarrollo.

Además de ser uno de los principales socios comerciales de Honduras, Estados Unidos representa el destino de una importante comunidad de hondureños, cuyas remesas constituyen uno de los principales pilares de la economía nacional.

Con su mensaje, el presidente hondureño se sumó a las felicitaciones dirigidas al pueblo estadounidense por la conmemoración de una de las fechas más importantes de su historia, al tiempo que reiteró la disposición de Honduras de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación que han caracterizado la relación entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el presidente Nasry Asfura durante un encuentro con los 153 alcaldes nacionalistas en el Lago de Yojoa, escenario en el que también recibió el respaldo unánime de los ediles a su administración y presentó las principales inversiones previstas en infraestructura vial, salud, educación, seguridad y desarrollo local.

Durante la reunión, que congregó a ediles de distintos departamentos del país, el jefe del Ejecutivo presentó, junto a miembros de su gabinete, un balance de las principales iniciativas que impulsa su administración en áreas como infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo local.

En su intervención, Asfura reiteró que uno de los ejes de su gobierno será fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías mediante una inversión histórica en maquinaria pesada, con el propósito de mejorar la ejecución de obras y la atención de emergencias en cada municipio.

El mandatario explicó que el proyecto contempla la adquisición de más de dos mil máquinas que serán distribuidas de acuerdo con las necesidades particulares de cada localidad, buscando garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

Inversión millonaria para fortalecer a las alcaldías

Como parte de los anuncios realizados durante el encuentro, el presidente informó que la inversión inicial destinada al programa asciende a 178 millones de dólares, aunque el monto total previsto para la compra de maquinaria rondará los 244 millones de dólares.

Según detalló, el modelo de adquisición permitirá que cada municipalidad reciba el equipo que realmente necesita, tomando en consideración las características geográficas y las prioridades de cada región.

Asfura señaló que la maquinaria contará con un esquema integral de respaldo que incluirá seguros, mantenimiento preventivo, cambios periódicos de aceite y filtros, además de programas permanentes de capacitación para los operadores.

De acuerdo con el mandatario, estas medidas buscan prolongar la vida útil del equipo, reducir los costos de operación y garantizar que las municipalidades puedan responder con mayor rapidez a las necesidades de la población.

Asimismo, indicó que la distribución se efectuará de forma planificada para asegurar que los beneficios lleguen a todos los municipios del país.

Infraestructura y desarrollo municipal

Durante su exposición, el presidente también destacó que el Gobierno continuará impulsando diversos proyectos estratégicos de infraestructura en distintas regiones de Honduras.

Entre las obras mencionadas figuran la rehabilitación de carreteras, la construcción de libramientos en la zona norte, la reconstrucción de bordos de protección en el Valle de Sula y nuevas obras destinadas a fortalecer la conectividad entre municipios.

Además, informó que su administración continúa gestionando recursos para ampliar proyectos de agua potable, saneamiento básico y desarrollo comunitario, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas.

El gobernante sostuvo que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a dinamizar la economía local y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Salud y educación entre las prioridades

En materia de salud, Asfura destacó el fortalecimiento del programa Salud Más Cerca de Usted, iniciativa mediante la cual brigadas médicas especializadas se desplazan hacia comunidades rurales para brindar atención gratuita durante varios días.

Asimismo, anunció que próximamente entrará en funcionamiento un centro de llamadas destinado a atender la mora quirúrgica, con el propósito de agilizar la programación de cirugías pendientes y mejorar la atención a los pacientes.

En el ámbito educativo, el presidente informó que avanza la distribución masiva de textos escolares en todo el territorio nacional para garantizar que los estudiantes dispongan de materiales didácticos durante el presente año lectivo.

También anunció una estrategia nacional enfocada en fortalecer las carreras técnicas, con el objetivo de preparar a los jóvenes en áreas de alta demanda dentro del mercado laboral hondureño.

Llamado a la paciencia

“Los tiempos son difíciles, pero los enfrentamos con coraje. No estamos acostumbrados a ponernos a llorar; estamos acostumbrados a salir adelante y resolver los problemas de Honduras”, expresó el mandatario ante los asistentes.

Ademas agregó: “Solo les pido que me tengan un poco más de paciencia. Voy a resolverles muchas cosas y ustedes van a ver los resultados. Me quedan 42 meses y 23 días de gobierno, y ese último día podrán juzgar si cumplimos o no con Honduras”, manifestó.

El Gobierno de Honduras impulsa investigaciones para el mejoramiento genético del frijol a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, en el marco del taller “Breeding for Tomorrow”. La iniciativa busca fortalecer la producción nacional de un cultivo central en la dieta hondureña y en la seguridad alimentaria.

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), desarrolla acciones enfocadas en la generación y difusión de semillas mejoradas para elevar la producción en el campo hondureño.

En el taller participan investigadores internacionales, técnicos nacionales y productores con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en fitomejoramiento, investigación agrícola y comercialización de semilla certificada.

Durante el encuentro participaron especialistas de la Alianza Bioversity y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), junto con equipos técnicos de la SAG-DICTA y productores nacionales, que revisaron metodologías de investigación orientadas al desarrollo de nuevas variedades de frijol.

Investigación aplicada al cultivo

El intercambio permitió analizar avances en técnicas de mejoramiento genético para obtener cultivos más resistentes, con mayor rendimiento por hectárea y mejor adaptación a las condiciones climáticas que afectan las zonas productivas del país.

Los expertos del CIAT presentaron metodologías aplicadas en distintos países de la región, enfocadas en el desarrollo de materiales genéticos con mayor tolerancia a enfermedades, resistencia a plagas, estabilidad productiva y mejor calidad del grano.

La cooperación científica busca acelerar los procesos de investigación agrícola y trasladar los resultados al campo para que los productores accedan a semillas más eficientes y adaptadas a sus necesidades.

Variedad de frijol

Como resultado de años de investigación, la DICTA ha desarrollado y puesto a disposición de los agricultores varias variedades mejoradas de frijol que han contribuido a incrementar la productividad del cultivo en distintas regiones del país.

Entre ellas figuran Amadeus 77, Carrizalito, Rojo Chortí, Rojo Biofortificado, Honduras Nutritivo y Paraisito Mejorado, materiales genéticos que han mostrado buen desempeño en campo, mayor tolerancia a enfermedades y adaptación a diferentes condiciones climáticas.

Estas variedades se incorporaron de forma progresiva en los sistemas de producción agrícola y benefician a miles de productores que dependen del cultivo del frijol como fuente principal de ingresos y alimentación.

El objetivo de estas innovaciones es reducir las pérdidas ocasionadas por plagas, enfermedades y variabilidad climática, factores que en muchos casos afectan los rendimientos en las cosechas.

Demanda interna y producción

El frijol ocupa un lugar central en la alimentación de la población hondureña y forma parte de la canasta básica junto al maíz y el arroz. Su peso también es económico por su impacto en la producción agrícola nacional.

La demanda anual del grano ronda los tres millones de quintales, lo que representa un desafío constante para garantizar el abastecimiento del mercado interno sin depender de importaciones.

El fortalecimiento de la investigación agrícola y la producción de semilla certificada se ha convertido en una prioridad para las autoridades del sector agroalimentario.

El acceso a semillas de mayor calidad permite incrementar la productividad por área cultivada, mejorar los ingresos de los productores y estabilizar la oferta del grano en los mercados locales.

El jefe del programa de frijol de la SAG-DICTA, Danilo Escoto, explicó que la estrategia del Gobierno está enfocada en consolidar la producción nacional a través del desarrollo de semillas mejoradas, el fortalecimiento de la investigación científica y la asistencia técnica a los productores.

Tecnología y campo

Según Escoto, uno de los principales objetivos es asegurar que los avances generados en los centros de investigación lleguen de manera efectiva al campo mediante procesos de transferencia tecnológica y acompañamiento técnico.

Esta articulación entre ciencia y producción busca que los agricultores adopten nuevas variedades y prácticas que les permitan mejorar sus rendimientos y reducir la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

Las autoridades del sector agropecuario consideran que el uso de semillas mejoradas puede contribuir a disminuir la dependencia de importaciones de frijol, especialmente en años en los que la producción nacional se ve afectada por condiciones climáticas adversas.

El desarrollo de variedades más resistentes también apunta a enfrentar los efectos del cambio climático, que ha generado variaciones en los ciclos de lluvia, sequías prolongadas y aparición de nuevas plagas en distintas regiones del país.

Estas colaboraciones permiten acelerar el desarrollo de nuevas variedades, mejorar la capacidad técnica de los equipos nacionales y ampliar las oportunidades para los productores en términos de productividad y competitividad.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras celebró este martes en Tegucigalpa el 250 aniversario de la independencia estadounidense, una ceremonia que reunió a autoridades hondureñas, miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y funcionarios de distintos poderes del Estado.

El acto fue encabezado por la encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey, y contó con la participación del presidente hondureño, Nasry Asfura, quien destacó la importancia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Aunque la independencia estadounidense se conmemora oficialmente cada 4 de julio, la representación diplomática decidió adelantar la celebración en Honduras mediante un evento especial desarrollado en la sede diplomática en Tegucigalpa.

Durante su intervención, Asfura manifestó sentirse honrado de participar en la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, proclamada en 1776.

“Me siento muy honrado de estar hoy aquí con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América”, expresó el mandatario.

Destaca cooperación bilateral

El presidente hondureño afirmó que Estados Unidos representa una de las democracias más sólidas del mundo y resaltó el funcionamiento de sus instituciones.

Asfura señaló que el sistema democrático estadounidense se basa en mecanismos de equilibrio institucional que garantizan los derechos de los ciudadanos y el acceso a la justicia.

Asimismo, indicó que Honduras y Estados Unidos mantienen una histórica relación de amistad y cooperación.

El mandatario sostuvo que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva etapa desde el inicio de su administración.

“Esa relación ha entrado en una nueva etapa desde el inicio de mi gobierno, basada en el entendimiento y el respeto mutuo”, afirmó.

Coincidencias con Washington

Durante su discurso, Asfura destacó que su administración comparte objetivos comunes con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Según explicó, ambas administraciones coinciden en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, combatir el crimen organizado y enfrentar el narcotráfico.

El gobernante señaló que estos temas forman parte de la agenda bilateral entre ambos países.

La cooperación en seguridad, migración, justicia y desarrollo económico continúa siendo uno de los principales ejes de la relación entre Honduras y Estados Unidos.

Respaldo de la Embajada

Por su parte, la encargada de Negocios, Colleen Hoey, agradeció la presencia de las autoridades hondureñas y destacó la importancia de la relación bilateral.

“Es un honor estar con ustedes para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América”, manifestó la diplomática.

Hoey también reconoció la colaboración que mantiene con el Gobierno hondureño.

“Estoy especialmente agradecida por la oportunidad de trabajar junto al presidente Nasry Asfura, a quien considero un amigo y un socio muy valioso”, expresó.

La diplomática aseguró que ambos gobiernos continúan fortaleciendo una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación.

Amplia representación institucional

Al evento asistieron diversas autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes, magistrados, la canciller Mireya Agüero, el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

También participaron miembros del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, diputados, representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y organismos internacionales.

La celebración se desarrolló en un ambiente protocolario en el que se destacó la historia de amistad entre ambas naciones.

Hoey recordó que Estados Unidos mantiene su compromiso con valores como la libertad, la oportunidad, la innovación y la colaboración, principios que —según afirmó— continuarán guiando las relaciones internacionales del país durante los próximos años.

La detenida, originaria de Orica, Francisco Morazán, fue localizada tras varios días de vigilancia y seguimiento en el mismo sector donde residía en la capital. Las autoridades la señalan como presunta responsable del delito de homicidio en perjuicio de Florinda Bernarda Ramírez Bejarano, caso que ahora se encuentra bajo proceso judicial.

Captura tras orden de aprehensión

De acuerdo con el expediente investigativo, la mujer contaba con una orden de captura pendiente emitida el 6 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, lo que permitió a los agentes intensificar las labores de búsqueda hasta lograr su ubicación.

La captura en la colonia Torocagua se ejecutó luego de un trabajo de inteligencia policial que incluyó vigilancia en la zona, donde finalmente fue requerida por agentes de la DPI para ser puesta a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional indicó que la detención forma parte de los esfuerzos para dar respuesta a casos de violencia homicida registrados en el país, especialmente aquellos que permanecían en investigación.

Así habrían ocurrido los hechos

Las investigaciones detallan que el crimen ocurrió a finales de febrero de este año, cuando la víctima salió de su vivienda el 28 de febrero con el objetivo de dirigirse a la casa de conocidos para realizar el cobro de una deuda pendiente.

Según el informe policial, al momento de exigir el pago del dinero prestado, se habría generado una discusión que escaló a un hecho violento, en el que la víctima fue atacada con un arma blanca tipo machete, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, durante la madrugada del 1 de marzo, los presuntos implicados habrían trasladado el cuerpo hacia un solar baldío con la intención de incinerarlo y destruir evidencia, según el expediente investigativo.

El hallazgo del cadáver se produjo esa misma mañana, cuando familiares de la víctima alertaron a las autoridades, lo que permitió iniciar de inmediato las diligencias policiales y forenses.

Declaraciones de la detenida

Durante su traslado a las instalaciones de la DPI, la mujer negó los señalamientos en su contra y aseguró ser inocente de los hechos que se le imputan.

“No fui yo, la verdad que me están echando la culpa a mí y no fui yo, me siento limpia y con mi cara levantada”, declaró ante medios de comunicación.

La detenida también afirmó que el día del hecho se encontraba realizando otras actividades fuera del lugar donde ocurrió el crimen, insistiendo en que no tuvo participación en el homicidio.

“Supuestamente dicen que en mi casa fue, y no fue porque ese día que estaba muerta yo me vine a firmar a Talanga, sí la conocía, pero no fui yo”, agregó durante su declaración.

Las autoridades informaron que la mujer enfrentará el proceso judicial correspondiente mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Violencia contra mujeres en Honduras

El caso se suma a las cifras de violencia que afectan al país. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, más de 140 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026, lo que refleja la persistencia de este problema en el territorio nacional.

Las autoridades policiales han reiterado que continúan los esfuerzos para reducir los índices de homicidios y fortalecer las investigaciones en casos donde las víctimas son mujeres, especialmente en hechos relacionados con conflictos personales o situaciones de violencia interpersonal.

La reunión se desarrolló en el Parlamento argentino, donde la legisladora hondureña fue recibida por el presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, en el marco de una agenda diplomática centrada en reforzar los vínculos legislativos entre Honduras y Argentina, así como en promover espacios de coordinación entre ambas instituciones.

Intercambio de experiencias legislativas y retos comunes

Durante el encuentro, los representantes parlamentarios sostuvieron un diálogo amplio sobre el funcionamiento de los poderes legislativos en ambos países, con énfasis en la forma en que se estructuran los procesos de discusión, aprobación y fiscalización de las leyes.

Las autoridades compartieron experiencias relacionadas con la dinámica parlamentaria, la organización interna de los congresos y los mecanismos de participación de los distintos bloques legislativos.

Asimismo, abordaron los desafíos comunes que enfrentan los parlamentos en la región, especialmente en materia de eficiencia institucional, fortalecimiento democrático y respuesta a las demandas ciudadanas.

Ambas delegaciones coincidieron en que la cooperación entre los poderes legislativos puede contribuir a mejorar la calidad de las leyes, fortalecer la transparencia y promover una mayor cercanía entre los parlamentos y la población.

Fortalecimiento de la relación bilateral

En la reunión también se destacó la relación bilateral entre Honduras y Argentina, subrayando la importancia de consolidar los canales de cooperación política, diplomática y parlamentaria.

Las autoridades señalaron que este acercamiento forma parte de una agenda de trabajo más amplia que busca fortalecer las relaciones internacionales de ambos países, impulsada por los gobiernos de los presidentes Javier Milei y Nasry Asfura, quienes han promovido la apertura de espacios de diálogo y cooperación entre Estados.

En ese contexto, se reiteró la importancia de generar iniciativas conjuntas que permitan el intercambio de experiencias en áreas legislativas, el fortalecimiento institucional y la creación de oportunidades de cooperación técnica entre ambas naciones.

Diplomacia parlamentaria como herramienta estratégica

La vicepresidenta del Congreso Nacional destacó que la diplomacia parlamentaria es un instrumento fundamental para fortalecer las relaciones internacionales, ya que permite establecer vínculos directos entre los poderes legislativos y promover el entendimiento mutuo entre países.

Bermúdez señaló que este tipo de encuentros facilita el intercambio de conocimientos, la identificación de buenas prácticas legislativas y la construcción de agendas comunes que pueden contribuir al desarrollo institucional de las naciones.

Asimismo, subrayó que el Congreso Nacional de Honduras mantiene su compromiso de seguir impulsando la cooperación internacional como parte de una estrategia orientada al fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Compromiso de continuidad y cooperación sostenida

Durante la reunión, la legisladora hondureña reiteró la importancia de dar seguimiento a los acuerdos y acercamientos parlamentarios, con el fin de consolidar una relación de trabajo constante entre ambas instituciones legislativas.

Indicó que la cooperación entre congresos no solo fortalece la institucionalidad democrática, sino que también abre espacios para el desarrollo económico, social y político de los países involucrados.

Bermúdez enfatizó que este tipo de encuentros deben convertirse en una práctica permanente dentro de la agenda internacional del Congreso Nacional, como parte de una estrategia de diplomacia legislativa sostenida.

Asimismo, reafirmó que la continuidad de estos espacios permitirá profundizar la relación entre ambos países y facilitar la implementación de futuras iniciativas conjuntas en materia parlamentaria.

Al cierre del encuentro, la vicepresidenta del Congreso expresó que el trabajo conjunto entre naciones es clave para enfrentar los retos actuales de la región y consolidar democracias más sólidas y participativas.

“Seguiremos trabajando para consolidar relaciones internacionales basadas en el respeto, la libertad y el desarrollo compartido”, expresó Bermúdez.

Sedena confirmó que el proceso de subasta internacional del avión presidencial continúa avanzando conforme al cronograma establecido, con la participación de empresas interesadas y bajo un esquema que, según la institución, busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que siete empresas, tanto nacionales como extranjeras, ya retiraron las bases de la subasta, un requisito indispensable para participar en el proceso mediante el cual el Estado hondureño busca vender la aeronave presidencial.

La subasta internacional está programada para desarrollarse el 10 de julio de 2026, fecha en la que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas conforme a los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Como parte de los preparativos, la Secretaría de Defensa informó que actualmente se desarrollan las inspecciones técnicas del avión, las cuales fueron organizadas bajo un calendario que contempla la atención de una sola empresa por día.

Según explicó la institución, este mecanismo tiene como finalidad garantizar un proceso ordenado, brindar igualdad de condiciones a todos los potenciales oferentes y permitir que cada empresa realice una revisión detallada del estado de la aeronave antes de presentar una propuesta económica.

La dependencia indicó que estas inspecciones forman parte de las etapas previas contempladas en el procedimiento de subasta internacional y se desarrollan conforme a las disposiciones legales vigentes.

Comité de Subasta ya fue conformado

Otro de los avances informados por la Secretaría de Defensa es la integración oficial del Comité de Subasta, organismo encargado de supervisar el desarrollo del proceso.

De acuerdo con el comunicado, la conformación del comité responde a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, normativa que regula los procedimientos para la administración y disposición de bienes estatales.

El comité será coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado e integrado por representantes de la Gerencia Administrativa y de la Auditoría Interna de la Secretaría de Defensa Nacional.

Asimismo, la institución informó que fueron convocados, en calidad de invitados y conforme a la ley, representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ejercerán labores de veeduría durante el desarrollo del proceso.

La participación de estos organismos busca fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para garantizar que la subasta se lleve a cabo con apego a la legislación hondureña.

Sedena destaca transparencia del proceso

En su pronunciamiento, la Secretaría de Defensa reiteró que todas las actuaciones relacionadas con la venta del avión presidencial se desarrollan bajo criterios de legalidad y transparencia.

La institución señaló que la Dirección Legal de la dependencia ha brindado información sobre los alcances del procedimiento con el propósito de mantener informada a la ciudadanía respecto al desarrollo de la subasta internacional.

Además, sostuvo que todas las etapas del proceso cumplen con los requisitos establecidos por la normativa que regula la administración de bienes del Estado.

El comunicado enfatiza que la conformación del Comité de Subasta, las inspecciones técnicas y la participación de organismos de control forman parte de las medidas implementadas para asegurar un procedimiento transparente.

Venta del avión presidencial

La subasta internacional del avión presidencial forma parte del proceso impulsado por el Gobierno para enajenar la aeronave mediante un mecanismo abierto a empresas nacionales e internacionales.

Hasta el momento, la Secretaría de Defensa no ha revelado los nombres de las siete empresas que retiraron las bases de participación ni ha informado sobre el monto base establecido para la venta del avión.

No obstante, la institución aseguró que el cronograma continúa desarrollándose conforme a lo previsto y que las inspecciones técnicas seguirán realizándose antes de la recepción formal de las ofertas.

De mantenerse el calendario establecido, el próximo 10 de julio se llevará a cabo la subasta internacional, en la que las empresas interesadas competirán por la adquisición de la aeronave presidencial bajo la supervisión de las autoridades competentes y los organismos de veeduría.

La Secretaría de Defensa concluyó reiterando su compromiso de cumplir estrictamente con las leyes y reglamentos aplicables, asegurando que todo el procedimiento se desarrollará bajo los principios de transparencia, legalidad y manejo responsable de los bienes del Estado.

Los estudiantes hondureños volverán a demostrar su talento en ciencia y tecnología al representar al país en una de las competencias internacionales de robótica más importantes del mundo.

El equipo Hawks Mechanics, del Sunshine School de Tegucigalpa, participará en el First Lego League Asia Pacific Open 2026, que se llevará a cabo del 9 al 12 de julio en Sídney, Australia.

La delegación obtuvo su pase al certamen internacional luego de alcanzar el segundo lugar en la competencia nacional de First Lego League, resultado que les permitió recibir una invitación para representar a Honduras en el encuentro, que reunirá a 60 equipos provenientes de distintos países.

La participación representa una nueva oportunidad para que el talento hondureño destaque en un escenario internacional, donde los estudiantes deberán poner a prueba sus conocimientos en robótica, programación, innovación y trabajo en equipo, enfrentando desafíos diseñados para medir sus capacidades técnicas y creativas.

Durante los cuatro días de competencia, los participantes resolverán distintos retos utilizando robots construidos y programados por ellos mismos.

Además, presentarán proyectos de innovación desarrollados previamente y serán evaluados por un jurado especializado, que calificará aspectos como el diseño, la ingeniería, la creatividad y la solución de problemas.

El First Lego League Asia Pacific Open es considerado uno de los encuentros estudiantiles de robótica e innovación más prestigiosos de la región Asia-Pacífico, ya que reúne a jóvenes apasionados por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes de diferentes culturas.

Además de competir, los integrantes del equipo hondureño participarán en actividades de intercambio cultural, donde convivirán con estudiantes de otras naciones y conocerán parte de la cultura australiana.

Asimismo, tendrán la oportunidad de visitar algunos de los principales atractivos turísticos de Sídney, como parte de la experiencia educativa que ofrece el evento.

Esta será la tercera ocasión en que Honduras participa en el First Lego League Asia Pacific Open, consolidando la presencia del país en una competencia que cada año reúne a algunas de las mejores delegaciones estudiantiles del mundo.

En la edición anterior, la representación hondureña logró obtener el reconocimiento “Excelencia en Ingeniería”, un premio que destacó el desempeño de los estudiantes en el diseño, construcción y programación de sus proyectos de robótica.

Ese antecedente genera expectativas positivas para la participación del equipo Hawks Mechanics, que buscará obtener un nuevo reconocimiento y demostrar nuevamente el potencial de los jóvenes hondureños en áreas vinculadas con la innovación y el desarrollo tecnológico.

Como parte de los preparativos para el viaje, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) organizó un acto de despedida para la delegación en sus instalaciones.

Durante la actividad, representantes del sector empresarial reconocieron el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los estudiantes, quienes dedicaron varios meses a su preparación para representar a Honduras en este importante evento internacional.

La participación del equipo Hawks Mechanics también busca inspirar a otros niños y jóvenes hondureños a involucrarse en disciplinas relacionadas con la robótica, la programación y la innovación, áreas que cobran cada vez mayor relevancia en un mundo impulsado por el avance tecnológico.

Especialistas consideran que competencias como la First Lego League fortalecen habilidades como el pensamiento crítico, el liderazgo, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, competencias fundamentales para enfrentar los desafíos del futuro.

Con esta nueva participación internacional, Honduras reafirma su presencia en escenarios donde el conocimiento, la innovación y el talento juvenil son protagonistas, permitiendo que los estudiantes no solo representen al país en una competencia de alto nivel, sino que también adquieran experiencias que contribuirán a su formación académica y profesional.

La delegación viajará a Australia con el objetivo de dejar en alto el nombre de Honduras y demostrar que el esfuerzo, la preparación y el talento de la juventud hondureña pueden competir de igual a igual con estudiantes de cualquier parte del mundo.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó este viernes que Honduras registra una reducción en los homicidios y las muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con las cifras oficiales que maneja la institución.

El funcionario aseguró que, al cierre del mes de junio, el país contabiliza 40 homicidios menos en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, indicó que se reportan cinco casos menos de muertes violentas de mujeres y cinco femicidios menos.

“Al cierre del mes de junio, 40 muertos menos en cuanto a homicidios, y cinco casos menos de muerte violenta de mujer, porque no toda muerte violenta de mujer es femicidio”, expresó Velásquez durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

Autoridades destacan reducción en indicadores de violencia

El titular de Seguridad señaló que las cifras oficiales reflejan una tendencia favorable en los principales indicadores de violencia, pese a que algunos hechos recientes han generado una percepción distinta entre la población.

Velásquez explicó que varios de los casos de mujeres asesinadas durante los últimos meses ocurrieron en el contexto de relaciones de pareja, situaciones que reciben una amplia cobertura mediática y provocan la impresión de que los femicidios han aumentado.

En ese sentido, sostuvo que los datos divulgados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) no reflejan un incremento en las muertes violentas de mujeres, sino un comportamiento estable de estos casos.

El funcionario también afirmó que los resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad son positivos, aunque reconoció que las estructuras del crimen organizado continúan modificando sus métodos de operación, lo que obliga a las autoridades a adaptar constantemente sus estrategias.

Ministro justifica uso de gas lacrimógeno en protestas

Durante su comparecencia, Velásquez también fue consultado sobre el uso de gas lacrimógeno para desalojar manifestantes durante una protesta registrada este viernes en El Progreso, Yoro.

El ministro defendió la actuación policial al señalar que este tipo de medidas forman parte de los protocolos operativos cuando los mecanismos de diálogo y disuasión no permiten restablecer el orden público.

“Es una decisión operativa de cada comandante considerando algunas de las variables en las cuales evalúan que no hay forma de volver a la normalidad”, manifestó.

Las declaraciones surgen luego de que la intervención policial generara diversas reacciones por el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes que mantenían bloqueada una vía.

Operativos continúan contra la extorsión y el crimen organizado

Respecto al combate contra la extorsión, Velásquez aseguró que la Policía Nacional mantiene operativos permanentes para reducir la incidencia de este delito, uno de los principales problemas que enfrentan comerciantes y transportistas.

Asimismo, destacó que las operaciones desarrolladas en el departamento de Yoro han provocado el desplazamiento de estructuras criminales hacia otros municipios, como parte de la presión ejercida por las fuerzas de seguridad.

En relación con la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, el ministro informó que dos personas ya fueron capturadas, mientras que otras cuatro permanecen con órdenes de captura y son buscadas por las autoridades.

Finalmente, no descartó que el Gobierno implemente un estado de excepción focalizado en el Bajo Aguán si las condiciones de seguridad así lo requieren.

Según explicó, la medida se aplicaría únicamente en sectores específicos con alta incidencia delictiva y no de manera generalizada en toda la región.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos de seguridad y las investigaciones para reducir los índices de violencia y combatir las organizaciones criminales que operan en distintas zonas del país.

La capital hondureña podría enfrentar una nueva crisis por el abastecimiento de agua durante las próximas semanas. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió que Tegucigalpa y Comayagüela entrarían en una etapa “súper crítica” a finales de agosto si continúan las actuales condiciones de sequía.

El edil explicó que los bajos niveles registrados en las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de abastecimiento de la capital, mantienen en alerta a las autoridades municipales.

“El tema del agua es lo más preocupante ahorita. Estamos en una emergencia hídrica que declaramos como corporación municipal hace aproximadamente un mes”, manifestó Zelaya.

Según las cifras proporcionadas por la Alcaldía, la represa Los Laureles se encuentra actualmente en un 40.5 % de su capacidad, mientras que La Concepción registra un 37 %.

El alcalde explicó que la represa La Concepción aporta aproximadamente el 60 % del agua que consumen los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.

Por su parte, Los Laureles suministra entre un 20 y un 25 % del abastecimiento, mientras que el restante proviene de las fuentes ubicadas en La Tigra.

“No ha llovido y ese es el gran problema que tenemos, que no se han podido restablecer los niveles de las represas”, señaló.

Las autoridades consideran que la falta de precipitaciones durante las últimas semanas ha impedido la recuperación de los embalses, situación que podría agravarse en los próximos meses.

Emergencia hídrica continúa vigente

La Alcaldía del Distrito Central declaró hace varias semanas una emergencia hídrica debido a la reducción de los niveles de almacenamiento.

El objetivo de esta medida es implementar acciones que permitan mitigar los efectos de la escasez de agua en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, la municipalidad mantiene operando 54 camiones cisterna para abastecer a las colonias más afectadas, principalmente en las zonas altas de la capital.

Estas unidades distribuyen agua en sectores donde el servicio presenta interrupciones o dificultades operativas.

Perforarán nuevos pozos de agua

Zelaya informó que la próxima semana comenzarán trabajos de perforación de pozos en algunos sectores de la ciudad.

Además, las autoridades trabajan junto a las juntas de agua para reparar tanques de almacenamiento y fortalecer la distribución en varias colonias.

El alcalde señaló que estas medidas buscan reducir el impacto de la crisis mientras se desarrollan proyectos de largo plazo.

Entre las soluciones permanentes se encuentra la construcción de la represa San José, una obra que estuvo paralizada durante 17 meses y que recientemente retomó sus trabajos.

Según el edil, el proyecto registra un avance cercano al 48 %, aunque su finalización está prevista para el primer trimestre de 2028.

“Eso es lo que se necesita hacer, una nueva fuente de abastecimiento para no estar hablando de estos temas todos los años”, expresó.

La nueva represa busca aumentar la capacidad de almacenamiento y garantizar el suministro para una población en constante crecimiento.

El alcalde advirtió que, si las condiciones actuales persisten, la ciudad podría entrar en una etapa crítica a finales de agosto y enfrentar mayores dificultades durante septiembre.

Por ello, hizo un llamado a la población para adoptar medidas de ahorro y hacer un uso responsable del recurso.

Las autoridades consideran que la recuperación de los embalses dependerá del comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas y de la reducción del consumo innecesario.

Mientras tanto, la capital continúa enfrentando uno de los desafíos más importantes relacionados con el abastecimiento de agua en los últimos años.

La organización Casa Alianza alertó sobre la situación de la niñez en Honduras tras reportar que 197 menores de edad fallecieron durante los primeros seis meses de 2026, una cifra que mantiene la preocupación entre los organismos de protección infantil.

La directora del Observatorio de la Niñez de la institución, Grecia Moreno, informó que las principales causas de muerte corresponden a accidentes de tránsito, homicidios y suicidios.

Según el informe, los accidentes viales representan el 47 % de los casos, equivalente a aproximadamente 92 menores fallecidos.

Los homicidios ocupan el segundo lugar, con 73 víctimas, mientras que los suicidios suman 32 casos. El resto corresponde a otras causas de muerte registradas durante el período.

Accidentes de tránsito encabezan las estadísticas

De acuerdo con los datos de Casa Alianza, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte entre menores de edad en Honduras.

La organización señaló que muchos de estos casos están relacionados con el uso de motocicletas y vehículos por parte de adolescentes que no cuentan con la edad o la experiencia necesaria para conducir.

Grecia Moreno hizo un llamado a los padres de familia para asumir un rol más activo en la supervisión de los menores y evitar situaciones de riesgo.

La especialista indicó que una parte importante de estas muertes podría prevenirse mediante mayores controles familiares y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Violencia se extiende a nuevos departamentos

Uno de los principales hallazgos del informe es la expansión geográfica de la violencia que afecta a la niñez.

Moreno explicó que, en años anteriores, la mayoría de los casos se concentraban en Francisco Morazán y Cortés.

Sin embargo, durante 2026 también se han identificado situaciones preocupantes en departamentos como Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso.

“Antes identificábamos estos casos principalmente en Francisco Morazán y Cortés, pero ahora también se registran en otros departamentos que antes no eran considerados puntos rojos”, señaló.

La organización considera que esta situación refleja un aumento de la violencia en distintos sectores del país.

Preocupan los homicidios y suicidios

Los homicidios representan el 37 % de las muertes registradas, una cifra que continúa generando preocupación entre los organismos de protección infantil.

Casa Alianza advirtió que la violencia afecta cada vez más a niñas, niños y adolescentes dentro de sus comunidades e incluso en sus propios hogares.

Asimismo, la organización mostró preocupación por los 32 suicidios reportados, equivalente al 16 % del total.

Especialistas consideran que estos casos evidencian la necesidad de fortalecer los programas de salud mental, acompañamiento familiar y atención psicológica para la población infantil y adolescente.

Piden fortalecer las políticas de protección

Casa Alianza solicitó a las autoridades implementar estrategias más efectivas para proteger a la niñez en los departamentos afectados.

La organización también pidió reforzar las políticas de prevención de la violencia, mejorar los programas comunitarios y ampliar las acciones de seguridad y protección infantil.

Grecia Moreno señaló que el fenómeno requiere la participación conjunta del Estado, las familias, las escuelas y las comunidades.

La especialista concluyó haciendo un llamado a los padres y responsables de menores para fortalecer la supervisión y el acompañamiento de niños y adolescentes.

Asimismo, recomendó evitar que los menores conduzcan vehículos sin cumplir los requisitos legales y mantener una comunicación constante para identificar situaciones de riesgo.

Casa Alianza advirtió que la protección de la niñez requiere una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad.

Mientras tanto, las cifras del primer semestre mantienen la preocupación sobre la seguridad y el bienestar de miles de menores en Honduras.

Los combustibles en Honduras registrarán una nueva reducción en sus precios durante la semana del 6 al 12 de julio, de acuerdo con la estructura publicada por la Secretaría de Energía (SEN).

Con este nuevo ajuste, los derivados del petróleo acumulan seis semanas consecutivas de rebajas, una tendencia que ha permitido disminuir en más de 15 lempiras algunos combustibles durante las últimas semanas.

La institución informó que las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular experimentarán nuevas disminuciones, mientras que el gas licuado de uso doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio gubernamental.

“La Secretaría de Energía informa que las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular registran nuevas rebajas, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al apoyo económico temporal del Gobierno”, indicó la dependencia.

Las autoridades destacaron que esta es la sexta semana consecutiva en la que los precios de los combustibles muestran una tendencia a la baja.

La reducción acumulada representa un alivio para los consumidores y sectores productivos que dependen del transporte y del consumo de combustibles.

Los ajustes también impactan los costos de movilización, distribución de productos y algunas actividades económicas vinculadas al transporte.

Nuevos precios

La gasolina superior registrará una reducción de 0.91 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 131.39 lempiras por galón.

La gasolina regular disminuirá 0.60 lempiras, ubicándose en 121.75 lempiras.

Por su parte, el kerosene presentará la mayor rebaja de la semana, con una disminución de 3.13 lempiras, dejando su precio en 104.62 lempiras.

El diésel también registrará una reducción importante de 2.47 lempiras, alcanzando un valor de 120.75 lempiras por galón.

En el caso del GLP vehicular, el precio bajará 0.84 lempiras, situándose en 48.58 lempiras.

La Secretaría de Energía confirmó que el GLP doméstico continuará congelado gracias al subsidio temporal otorgado por el Gobierno.

Las autoridades han señalado que esta medida busca proteger la economía de los hogares frente a las variaciones internacionales de los precios del petróleo.

El subsidio se mantiene como una de las principales herramientas para evitar aumentos en el costo del gas utilizado en las viviendas.

Mercado internacional influye en las rebajas

Las variaciones en los precios locales responden al comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.

Las autoridades energéticas realizan revisiones semanales basadas en las referencias internacionales del petróleo y sus derivados.

Los recientes ajustes han permitido que los consumidores experimenten una reducción sostenida en los precios, algo que no ocurría desde hace varios meses.

La disminución en los combustibles representa un beneficio para conductores, transportistas y distintos sectores económicos.

Algunos analistas consideran que las rebajas podrían contribuir a reducir costos operativos y aliviar parcialmente el impacto de la inflación en algunos productos y servicios.

Sin embargo, especialistas también recuerdan que el comportamiento de los precios internacionales del petróleo puede cambiar en cualquier momento.

Por ello, las autoridades continuarán monitoreando la evolución de los mercados energéticos para definir los próximos ajustes semanales.

El incremento de los casos de cáncer de mama en Honduras preocupa a los especialistas del Hospital San Felipe, principal centro de referencia oncológica del país, donde diariamente se atienden nuevos diagnósticos de esta enfermedad.

El médico especialista en cirugía oncológica, Raúl López, advirtió que el hospital recibe un mínimo de cinco pacientes con cáncer de mama cada día, aunque en algunas jornadas la cifra puede elevarse hasta diez nuevos casos.

Según el especialista, uno de los principales problemas continúa siendo el diagnóstico tardío, ya que muchas mujeres acuden a los servicios médicos cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas.

“Muchas pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada”, señaló el galeno.

Diagnósticos tardíos preocupan a especialistas

El médico explicó que numerosas pacientes identifican cambios físicos o la presencia de bultos en los senos, pero retrasan la consulta médica.

“Son mujeres que sintieron un bulto o notaron que algo estaba creciendo en sus pechos, pero nunca acudieron a un médico para una evaluación”, manifestó.

El especialista indicó que esta situación reduce las posibilidades de tratamientos menos invasivos y disminuye las probabilidades de éxito terapéutico.

López recordó que los centros de salud y hospitales regionales cuentan con capacidad para realizar las primeras evaluaciones y remitir a las pacientes a los especialistas correspondientes.

Sin embargo, muchas personas postergan la atención médica por temor, desconocimiento o falta de controles preventivos.

Mayor incidencia entre los 45 y 60 años

De acuerdo con la experiencia clínica del Hospital San Felipe, la mayoría de los casos se presentan en mujeres cuyas edades oscilan entre los 45 y 60 años.

No obstante, el especialista aclaró que también se registran diagnósticos en mujeres jóvenes y en pacientes de mayor edad.

Los médicos recuerdan que el cáncer de mama puede afectar a personas de distintas edades, por lo que recomiendan mantener controles periódicos y consultar ante cualquier anomalía.

La detección temprana continúa siendo una de las principales herramientas para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Importancia del autoexamen

El doctor López recomendó a las mujeres familiarizarse con los cambios normales de su cuerpo y realizarse periódicamente el autoexamen de mama.

Asimismo, insistió en la importancia de acudir a controles médicos o ginecológicos ante cualquier alteración.

Los especialistas señalan que signos como bultos, cambios en la piel, secreciones o alteraciones en la forma del seno deben ser evaluados por personal médico.

La detección temprana permite iniciar tratamientos oportunos y aumentar las posibilidades de recuperación.

Tratamientos pueden extenderse por meses

El cirujano explicó que cuando el cáncer es detectado a tiempo y la paciente llega al hospital con los estudios diagnósticos completos, el tratamiento puede desarrollarse en un período aproximado de seis meses.

Sin embargo, la duración y complejidad del tratamiento dependen de la etapa en la que se encuentre la enfermedad.

Los especialistas destacan que los diagnósticos tempranos suelen requerir tratamientos menos agresivos y ofrecen mejores resultados clínicos.

Llamado a la prevención

El personal del Hospital San Felipe hizo un llamado a la población femenina para priorizar los controles preventivos y acudir a consulta ante cualquier señal de alerta.

El especialista concluyó que el cáncer de mama detectado oportunamente puede tratarse con mayores probabilidades de éxito.

“Acudir al médico ante cualquier señal de alarma puede marcar la diferencia”, expresó.

Las autoridades sanitarias continúan promoviendo la prevención y el diagnóstico temprano como herramientas fundamentales para reducir el impacto de una de las principales enfermedades oncológicas que afectan a las mujeres hondureñas.

La empresa de transporte Cotraipbal anunció la suspensión temporal de sus operaciones en el departamento de Colón debido a amenazas de extorsión y muerte dirigidas contra sus conductores, una situación que ha generado preocupación entre trabajadores, usuarios y autoridades locales.

La decisión fue adoptada como una medida de protección para el personal de la empresa, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de las intimidaciones.

La paralización del servicio afecta a los pasajeros que diariamente utilizan las rutas entre Colón, Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de los recorridos de retorno que conectan la región atlántica con las principales ciudades del país.

Representantes de la empresa señalaron que los conductores han sido víctimas de amenazas constantes, situación que ha impedido el desarrollo normal de las operaciones.

Según explicaron, la decisión de suspender el servicio fue tomada en las últimas horas con el objetivo de proteger la integridad de los trabajadores.

Los directivos indicaron que las intimidaciones continúan pese a que la empresa ha realizado pagos exigidos por grupos dedicados a la extorsión.

Esta situación ha generado temor entre los motoristas y ayudantes, quienes consideran que no existen las condiciones necesarias para continuar prestando el servicio.

De acuerdo con representantes de Cotraipbal, las pérdidas económicas relacionadas con la extorsión oscilan entre 50 mil y 60 mil lempiras diarios.

La empresa sostiene que estos costos han afectado seriamente la operatividad y la estabilidad financiera del servicio.

La suspensión también deja fuera de circulación unas 14 unidades de transporte, afectando la movilidad de cientos de usuarios que dependen de estas rutas para desplazarse por motivos laborales, educativos y personales.

La paralización temporal de operaciones mantiene sin trabajar a unas 30 personas, entre conductores y ayudantes.

Los trabajadores del transporte expresaron preocupación por la incertidumbre laboral y por las consecuencias económicas que la suspensión puede generar en sus familias.

Al mismo tiempo, los usuarios han reportado dificultades para movilizarse hacia otros municipios y ciudades del país debido a la interrupción del servicio.

El sector transporte continúa siendo uno de los más afectados por los delitos de extorsión en Honduras.

Empresas de buses, taxis y transporte interurbano han denunciado durante los últimos años amenazas, ataques y cobros ilegales que afectan sus operaciones.

Los empresarios sostienen que los costos derivados de la extorsión impactan directamente en la sostenibilidad del servicio y en la seguridad de los trabajadores.

Además, las amenazas generan temor entre los conductores, quienes en muchos casos se ven obligados a suspender sus actividades.

Representantes de Cotraipbal hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y brindar protección a los trabajadores del transporte.

La empresa espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables y crear condiciones que permitan reanudar las operaciones.

Los directivos advirtieron que la prolongación de la suspensión podría generar mayores pérdidas económicas y afectar aún más a la población usuaria.

Mientras tanto, cientos de pasajeros permanecen a la espera de que el servicio pueda restablecerse en los próximos días.

Al cierre del primer semestre del año, la ejecución presupuestaria ronda entre el 33.4 % y el 34 %, una cifra que diversos especialistas consideran insuficiente para responder a las necesidades de inversión del Estado y dinamizar sectores estratégicos como salud, educación e infraestructura.

El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández, atribuyó este comportamiento a la aprobación tardía del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, señalando que la demora limitó la planificación y el inicio oportuno de numerosos proyectos gubernamentales.

“Se ha ejecutado alrededor de un 34 % durante este primer semestre del año. Creo que es la factura de no haber priorizado la aprobación del presupuesto desde el inicio del año”, expresó el economista al valorar los resultados alcanzados durante los primeros seis meses de 2026.

Hernández explicó que el bajo porcentaje de ejecución evidencia los efectos que tuvo el retraso en la aprobación del principal instrumento financiero del Estado, situación que, a su criterio, ha reducido la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y ha pospuesto inversiones necesarias para impulsar la economía nacional.

“Urge que algunas dependencias del Estado puedan ejecutar mayor cantidad de esos presupuestos, sobre todo los destinados a inversión productiva, salud y educación. El presupuesto bien ejecutado se puede convertir en un instrumento de desarrollo económico para el país”, manifestó.

Asimismo, expresó confianza en que los indicadores mejoren durante el próximo trimestre conforme las instituciones avancen en la implementación de los proyectos programados y cuenten con más tiempo para ejecutar los recursos disponibles.

El Presupuesto General de la República 2026 fue aprobado por el Congreso Nacional el pasado 21 de abril, por un monto de 444 mil 335.8 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 16 mil 758.4 millones de dólares, varios meses después del inicio del ejercicio fiscal, lo que obligó a las instituciones estatales a operar sin el instrumento presupuestario durante buena parte del primer cuatrimestre del año.

Fosdeh pide reformar la Ley de Contratación del Estado

Por su parte, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, coincidió en que la ejecución presupuestaria continúa siendo baja, aunque reconoció que presenta una ligera mejoría respecto a años anteriores.

Según explicó, los datos oficiales reflejan una ejecución cercana al 33 %, porcentaje que todavía resulta insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y cumplir con los objetivos de inversión pública establecidos para este año.

“Hay que reconocer que esta ejecución es un poco mejor que la que hemos observado en el mismo periodo de años anteriores, pero el desafío sigue siendo el mismo”, sostuvo el especialista.

Palma consideró que uno de los principales cambios que debe impulsarse consiste en reformar la Ley de Contratación del Estado, con el propósito de agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios sin sacrificar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El economista también señaló que parte del retraso obedece a una curva de aprendizaje propia de una nueva administración gubernamental, así como a limitaciones operativas que todavía enfrentan algunos funcionarios responsables de la ejecución de proyectos.

Finanzas reconoce retrasos, pero destaca avances

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reconoció este jueves que la ejecución presupuestaria continúa siendo baja; sin embargo, argumentó que las instituciones del Estado apenas han contado con el presupuesto aprobado durante dos meses, debido a que el decreto fue publicado oficialmente hasta abril.

El funcionario reveló que la ejecución alcanzó 33.4 % al cierre del primer semestre, aunque destacó que el porcentaje representa una mejora considerable respecto al inicio del gobierno anterior.

“La gestión de Asfura ha multiplicado por cinco esa ejecución llevándolo a 33.4 % en el primer semestre; sigue siendo muy baja y todos estamos de acuerdo”, declaró durante una entrevista concedida al noticiero TN5 Matutino.

Hércules explicó que los primeros cuatro meses del año prácticamente se perdieron para efectos de ejecución presupuestaria, ya que el Estado no contaba con un presupuesto oficialmente aprobado ni publicado en el diario oficial La Gaceta, situación que limitó el inicio de múltiples programas y proyectos.

“Hemos tenido mayo y junio, estamos iniciando el tercer mes en la que los diferentes funcionarios han tenido la oportunidad de ejecutar el presupuesto y tienen la presión del presidente para llevarlo a cabo”, afirmó.

Asimismo, consideró que la actual Ley de Compras del Estado se encuentra desfasada y ya no responde a las necesidades actuales de la administración pública, debido a que fue diseñada bajo un contexto diferente al que enfrentan actualmente las instituciones estatales.

Finalmente, manifestó su expectativa de que las distintas secretarías de Estado logren ejecutar los 48 mil millones de lempiras destinados a inversión pública, recursos que representan aproximadamente el 10 % del Presupuesto General de la República, con el objetivo de dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer la prestación de servicios públicos durante el resto del año.

Una protesta contra el aumento de la tasa vehicular municipal terminó este viernes con enfrentamientos y el desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro, luego de que agentes de la Policía Nacional intervinieran para liberar varios puntos bloqueados en la ciudad.

El principal foco de la manifestación se registró en el puente La Democracia, donde taxistas, transportistas y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil bloquearon el paso vehicular en ambos sentidos.

Los manifestantes también mantuvieron bloqueos en la carretera que conecta El Progreso con San Pedro Sula, la vía hacia Tela, Atlántida, y el sector de La Barca, provocando importantes complicaciones en la circulación vehicular en el Valle de Sula.

Operativo policial

Durante las primeras horas de la mañana, agentes de la Policía Nacional iniciaron las acciones para despejar las carreteras.

Según reportes de los participantes, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno y una tanqueta para dispersar a los manifestantes que permanecían en los bloqueos.

Videos e imágenes difundidos desde la zona mostraron momentos de tensión entre los agentes y algunos participantes, mientras se realizaban las labores de desalojo.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas durante el operativo.

Rechazo al aumento de la tasa

La protesta fue convocada por transportistas, taxistas y organizaciones civiles que rechazan el incremento de la tasa vehicular aprobada por la Corporación Municipal de El Progreso.

Los manifestantes aseguran que algunos cobros registran aumentos de hasta un 300 %, situación que consideran desproporcionada.

Según los sectores participantes, la medida representa un fuerte impacto económico para transportistas, pequeños empresarios y familias de la región.

Además, cuestionan que el incremento no esté acompañado por mejoras visibles en infraestructura o en los servicios municipales.

“Pese al significativo aumento en los cobros, no se observan obras de infraestructura ni mejoras sustanciales en los servicios públicos”, señalaron representantes de los manifestantes.

Afectaciones al tránsito

Los bloqueos provocaron extensas filas de vehículos y complicaciones para cientos de conductores que se desplazaban entre el norte del país y el Valle de Sula.

El puente La Democracia es uno de los principales puntos de conexión entre El Progreso, San Pedro Sula, Tela y otras ciudades de la zona norte.

La interrupción del tránsito también afectó el transporte de mercancías y las actividades comerciales de la región.

Durante varias horas, los conductores buscaron rutas alternas para evitar las zonas bloqueadas.

Piden diálogo con la municipalidad

Los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades municipales para revisar el incremento de la tasa.

Los representantes de los sectores involucrados sostienen que la medida debe ser reconsiderada debido a su impacto económico.

Hasta el momento, la Corporación Municipal de El Progreso no ha informado si se abrirá un proceso de negociación con los sectores que participan en las protestas.

Tampoco se han anunciado posibles revisiones a la nueva estructura de cobros.

Tensión e incertidumbre

La jornada dejó un ambiente de tensión en la ciudad, mientras los diferentes sectores permanecen a la expectativa de una respuesta por parte de las autoridades.

Los manifestantes advirtieron que podrían continuar las acciones de protesta si no se revisa la medida aprobada por la municipalidad.

Por su parte, las autoridades mantienen presencia policial en las principales vías de la ciudad para garantizar la circulación vehicular y prevenir nuevos bloqueos.

El conflicto se produce en medio del debate sobre los costos municipales y el impacto económico que estos generan en distintos sectores productivos del municipio.

La política exterior de Honduras estará guiada por los intereses nacionales, la apertura hacia nuevos socios internacionales y el fortalecimiento de la cooperación, la inversión y el comercio, aseguró este jueves la canciller Mireya Agüero, quien dejó claro que cualquier decisión relacionada con las relaciones diplomáticas entre China Continental y Taiwán responderá exclusivamente a una evaluación estratégica del país y no a presiones provenientes del exterior.

Durante declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria sostuvo que el Gobierno del presidente Nasry Asfuraimpulsa una política exterior “abierta al mundo”, orientada a diversificar las oportunidades para Honduras en un escenario internacional cada vez más dinámico y competitivo.

Agüero enfatizó que el país mantendrá una postura responsable y planificada respecto a cualquier decisión diplomática, especialmente en torno a la relación con la República Popular China y Taiwán, tema que en las últimas horas volvió a cobrar relevancia tras versiones surgidas luego de declaraciones de autoridades taiwanesas.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la Cancillería ya aclaró públicamente esa situación al desmentir que existan acercamientos oficiales con Taiwán, indicando que cualquier información relacionada con ese asunto deberá ser manejada únicamente por los canales institucionales correspondientes.

“No ha habido acercamientos”, afirmó la canciller, al tiempo que reiteró que las relaciones internacionales de Honduras serán conducidas con prudencia y conforme a los procedimientos oficiales establecidos por el Estado.

No obstante, confirmó que el Gobierno hondureño mantiene conversaciones discretas con la República Popular China, país que considera el principio de “una sola China” como un elemento esencial e innegociable dentro de cualquier relación diplomática.

Agüero explicó que la eventual decisión sobre mantener vínculos con China Continental o con Taiwánserá producto de un análisis técnico, político y estratégico que priorice exclusivamente los beneficios para Honduras.

“El tema de la decisión entre Taiwán versus China continental va a ser desde el punto de vista del interés nacional. Entonces no va a estar basado en nostalgias, no va a estar basado en un tema meramente anclado en una promesa de campaña. Tiene que ser verdaderamente pensado, tiene que ser un tema estructurado y consensuado efectivamente en función de los intereses nacionales”, manifestó.

La funcionaria reiteró que el Gobierno no permitirá que actores externos definan la política internacional del país y subrayó que la determinación será adoptada únicamente por las autoridades hondureñas.

“La decisión entre China o Taiwán no va a venir de Washington”, expresó, insistiendo en que Honduras ejercerá plenamente su soberanía al momento de definir su estrategia diplomática.

Relación con Estados Unidos va más allá del TPS

Durante sus declaraciones, la canciller también se refirió a la relación bilateral con Estados Unidos, señalando que esta debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia que un único tema específico.

Agüero explicó que la agenda entre ambos países comprende diversos asuntos de cooperación política, económica, comercial, migratoria y de seguridad, por lo que consideró un error reducir el vínculo únicamente a la discusión sobre una eventual prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Afirmó que Honduras continuará fortaleciendo sus relaciones con Washington sobre la base del diálogo permanente y la cooperación mutua, al tiempo que impulsará nuevos espacios de colaboración con otros actores internacionales.

Una política exterior orientada a nuevas oportunidades

La canciller destacó que Honduras mantiene relaciones con importantes actores internacionales como China, Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, además de sostener negociaciones con países cuyas economías poseen una dimensión considerablemente superior a la hondureña.

En ese sentido, reconoció que abrirse al mundo implica enfrentar desafíos derivados de las diferencias económicas y geopolíticas entre los países, aunque sostuvo que también representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, ampliar mercados y fortalecer la cooperación internacional.

“Una Honduras abierta al mundo, una Honduras buscando cooperación, buscando inversión, buscando nuevos lazos comerciales. Entonces, si nos vamos a abrir al mundo, obviamente hay vulnerabilidad abriéndonos al mundo, pero hay oportunidades”, expresó.

La diplomática indicó que el objetivo del Gobierno consiste en aprovechar esas oportunidades para impulsar el crecimiento económico, promover el comercio exterior y fortalecer la presencia de Honduras en los principales escenarios internacionales.

Asimismo, señaló que la política exterior buscará consolidar alianzas estratégicas que permitan incrementar la cooperación internacional en áreas como infraestructura, desarrollo productivo, innovación, educación y generación de empleo, aspectos que considera fundamentales para mejorar la competitividad del país.

En ese escenario, afirmó que Honduras procurará mantener relaciones equilibradas con sus distintos socios internacionales, privilegiando el diálogo, el respeto mutuo y la defensa de los intereses nacionales como ejes de su política exterior.

Finalmente, Mireya Agüero aseguró que la administración del presidente Nasry Asfura buscará consolidar una política internacional moderna, pragmática y orientada a generar beneficios concretos para el país, mediante decisiones sustentadas en el interés nacional, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la búsqueda permanente de mayores oportunidades de cooperación e inversión para Honduras.

Una madre hondureña puso fin a más de una década de residencia en Estados Unidos al optar por la autodeportación, una decisión que, según su defensa, tomó después de que autoridades migratorias le indicaran que debía elegir entre permanecer detenida por tiempo indefinido mientras avanzaba su proceso o abandonar voluntariamente el país.

Se trata de Margarita Melgar, quien el pasado domingo abordó un vuelo con destino a Honduras junto a su hija menor, Katherin Melgar, de 10 años, ciudadana estadounidense que, de acuerdo con sus familiares, nunca antes había visitado el país centroamericano.

La salida de Melgar marca el desenlace de un proceso migratorio que se prolongó durante varios años y deja a dos de sus hijas en territorio estadounidense. Damary Melgar, de 20 años, permanecerá en Massachusetts para continuar sus estudios universitarios y trabajar, mientras que Tania Melgar, de 17 años, permanecerá bajo el cuidado de otros familiares.

La despedida de la familia ocurrió en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, donde, según un reportaje publicado por GBH News, madre e hijas compartieron sus últimos momentos juntas antes de que Margarita y Katherin cruzaran el área de seguridad para abordar el vuelo hacia Honduras.

Según relató la propia Margarita Melgar, apenas dos días antes de su viaje agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificaron que debía tomar una decisión inmediata: permanecer detenida mientras continuaba su proceso migratorio o aceptar la salida voluntaria del país.

“Estoy muy preocupada. Mi hija menor no ha podido comer desde el almuerzo de ayer y mi hija mayor está deprimida”, expresó la hondureña antes de abordar el avión, de acuerdo con el testimonio recogido por GBH News.

Defensa asegura que el caso aún no estaba cerrado

La abogada de Melgar, Sara Nael, sostuvo que la situación migratoria de su clienta todavía no había concluido, ya que permanece pendiente una solicitud presentada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración para reabrir el caso.

Según explicó la representante legal, dicho organismo aún no ha emitido una resolución definitiva, por lo que considera inusual que su clienta recibiera un plazo tan corto para abandonar el país mientras uno de los recursos legales continuaba en trámite.

Nael manifestó además que nunca había observado una situación similar durante su trayectoria profesional, señalando que normalmente este tipo de solicitudes reciben una respuesta antes de ejecutarse una salida del territorio estadounidense.

La defensa sostiene que existen nuevos argumentos jurídicos para revisar el expediente migratorio de Melgar, luego de que el proceso inicial, según afirma, se viera afectado por errores cometidos por un abogado que la representó años atrás.

DHS afirma que la decisión fue voluntaria

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que Margarita Melgar “optó por deportarse voluntariamente”, reiterando que las autoridades migratorias no separan familias, ya que corresponde a los padres decidir si sus hijos menores los acompañan o permanecen bajo el cuidado de otra persona designada.

La institución recordó que durante los últimos meses el Gobierno estadounidense ha promovido la autodeportacióncomo una alternativa para inmigrantes que permanecen en el país sin un estatus migratorio regular.

De acuerdo con el DHS, quienes aceptan esta modalidad pueden acceder al pago del boleto aéreo de regreso y, en algunos casos, recibir un incentivo económico para facilitar su retorno, aunque las autoridades no precisaron si esos beneficios fueron otorgados a la familia Melgar.

Huyó de Honduras tras denunciar violencia

Según la versión presentada por su defensa, Margarita Melgar abandonó Honduras en 2014 junto a sus dos hijas mayores para solicitar asilo político en Estados Unidos, argumentando que había sido víctima de violencia de género ejercida por un familiar.

Sin embargo, años después su petición de asilo fue rechazada por las autoridades migratorias estadounidenses.

Sus representantes legales sostienen que esa decisión estuvo influenciada por deficiencias en la estrategia jurídica desarrollada por su anterior abogado y que actualmente existen elementos suficientes para solicitar la reapertura del expediente.

Durante todo ese tiempo, Melgar continuó cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias, asistiendo periódicamente a las citas de control mientras esperaba una resolución definitiva sobre su permanencia legal en el país.

Antes de abandonar Boston, la hondureña también renunció a los dos empleos que desempeñaba para preparar su regreso junto a su hija menor.

Familia lamenta el desenlace

La separación de la familia ha generado preocupación entre sus allegados, especialmente por el impacto emocional que la decisión ha tenido sobre las dos hijas que permanecerán en Estados Unidos.

“Siempre cumplimos con cada cita y seguimos todas las indicaciones. Por eso fue muy difícil entender que, pese a todo, termináramos en esta situación”, manifestó Damary Melgar en declaraciones concedidas a GBH News.

La congresista estadounidense Ayanna Pressley calificó la situación como una decisión “devastadora” para la familia y expresó su preocupación por el impacto humano del caso.

La agencia internacional Moody’s Ratings ratificó la calificación soberana de Honduras en B1 con perspectiva estable, una decisión que refleja la estabilidad del perfil crediticio del país, aunque también identifica importantes desafíos relacionados con la seguridad, la gobernabilidad y el crecimiento económico.

El análisis forma parte del informe regional de América Latina y el Caribe correspondiente al período 2026-2027, en el que la calificadora evalúa el comportamiento económico y financiero de las principales economías de la región.

De acuerdo con Moody’s, Honduras mantiene condiciones que le permiten conservar su actual calificación, pero continúa enfrentando riesgos estructurales que podrían afectar su desempeño económico en el futuro.

La agencia señaló que la inseguridad, el crimen organizado y la polarización política representan algunos de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la confianza de los inversionistas.

Calificación se mantiene estable

La nota B1 con perspectiva estable significa que Moody’s no prevé cambios en la calificación soberana de Honduras durante los próximos 12 meses, siempre que no se produzcan alteraciones significativas en las condiciones económicas o políticas.

La calificadora explicó que esta evaluación refleja la capacidad del país para mantener estabilidad financiera, aunque persisten vulnerabilidades relacionadas con la gobernanza, la institucionalidad y la situación económica.

Los analistas indicaron que la estabilidad de la nota también depende del manejo fiscal y de la capacidad del Gobierno para mantener políticas económicas sostenibles.

Seguridad e inversión, entre los principales retos

Uno de los principales señalamientos del informe está relacionado con el deterioro de la seguridad y el impacto del crimen organizado.

Moody’s considera que estos factores afectan directamente el clima de inversión, incrementan los costos para el Estado y debilitan la confianza en las instituciones.

El informe también menciona que la preocupación por la seguridad y el costo de vida ha influido en recientes cambios políticos en algunos países de la región, incluido Honduras.

Según la calificadora, estas condiciones han generado un mayor respaldo a propuestas orientadas al fortalecimiento de las políticas de seguridad.

Centroamérica mantiene crecimiento

Pese a las dificultades estructurales, Moody’s prevé que las economías centroamericanas continúen mostrando resiliencia durante los próximos años.

La agencia destacó que la región seguirá beneficiándose del dinamismo del consumo interno, el turismo, la inversión extranjera y el flujo de remesas.

Estos factores permitirán sostener parte del crecimiento económico regional, incluso en un contexto internacional de desaceleración.

El informe también señala que América Latina crecerá por debajo del promedio de otras economías emergentes debido a limitaciones relacionadas con la inversión y la productividad.

Remesas continúan siendo un soporte

En el caso hondureño, Moody’s resaltó la importancia de las remesas familiares para la economía nacional.

La calificadora indicó que, pese a las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y a la aplicación de nuevos impuestos sobre determinadas remesas desde 2026, los envíos de dinero hacia Centroamérica se mantienen sólidos.

Esto reduce el riesgo de una caída importante en uno de los principales motores de la economía hondureña.

Las remesas continúan representando una fuente fundamental de ingresos para miles de hogares y un importante soporte para el consumo interno.

Fortalecer instituciones, la principal recomendación

Finalmente, Moody’s concluye que la estabilidad crediticia de Honduras dependerá de la capacidad del país para fortalecer sus instituciones, mejorar la seguridad y mantener la disciplina fiscal.

La agencia considera que la generación de condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico sostenible será clave para mantener la estabilidad financiera durante los próximos años.

Asimismo, advierte que los avances en gobernanza, institucionalidad y seguridad serán determinantes para mejorar la percepción internacional sobre el país y reducir los riesgos que actualmente enfrenta la economía hondureña.

Un bebé de apenas cuatro meses murió en el departamento de Choluteca tras ingresar sin signos vitales al Hospital del Sur, en un caso que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y que actualmente es investigado por el Ministerio Público.

Según la información proporcionada por personal médico, el menor presentaba un cuadro de deshidratación severa, situación que derivó en su fallecimiento.

El caso se produjo luego de que familiares realizaran prácticas tradicionales y administraran al lactante sustancias caseras antes de acudir al centro asistencial.

Los médicos señalaron que el niño llegó al hospital sin signos vitales y que, pese a los esfuerzos del personal, ya no fue posible realizar maniobras de estabilización.

Médicos alertan sobre prácticas caseras

El portavoz del Hospital del Sur, Gustavo Castro, informó que la madre del menor manifestó que el bebé había recibido dos dosis de leche de magnesia.

Posteriormente, familiares habrían aplicado otras prácticas tradicionales utilizadas en algunas comunidades para tratar supuestos malestares infantiles.

Las autoridades sanitarias advirtieron que este tipo de procedimientos pueden representar un riesgo importante para la salud de los lactantes.

“Las creencias forman parte de nuestra cultura, pero algunas prácticas pueden resultar peligrosas para los niños”, manifestó el galeno.

El personal médico recordó que los bebés presentan una mayor vulnerabilidad a la deshidratación y a los efectos de sustancias no prescritas por profesionales de la salud.

Segundo caso reciente en la región

Médicos del Hospital del Sur indicaron que este es el segundo caso grave registrado recientemente en la región relacionado con la atención casera de menores de edad.

La situación ha generado preocupación entre los profesionales de la salud, quienes insisten en la necesidad de buscar atención médica oportuna ante cualquier síntoma en niños pequeños.

Especialistas señalaron que la administración de remedios caseros o productos no indicados para lactantes puede provocar complicaciones graves.

Los médicos también hicieron un llamado a las familias para evitar el suministro de bebidas, preparados caseros o cualquier sustancia que no haya sido recomendada por personal sanitario.

Tras confirmarse el fallecimiento, el Hospital del Sur notificó el caso al Ministerio Público para que se realizaran las diligencias correspondientes.

Agentes fiscales y personal forense iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas de la muerte.

Las autoridades deberán determinar si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad relacionada con la atención brindada al menor antes de su traslado al hospital.

“Nosotros tenemos la obligación de hacer un reporte y posteriormente las autoridades realizan la investigación correspondiente”, explicó el doctor Castro.

Llamado a buscar atención médica

El personal sanitario recordó que existen centros de salud y clínicas periféricas en distintos sectores de Choluteca donde las familias pueden acudir ante cualquier emergencia.

Las autoridades insistieron en que los lactantes deben recibir atención médica inmediata cuando presenten síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, rechazo de alimentos o signos de deshidratación.

Asimismo, reiteraron la importancia de evitar la automedicación y las prácticas no supervisadas en menores de edad.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades esperan los resultados de las diligencias forenses y del proceso legal correspondiente.

El Banco Central de Honduras mantuvo sin cambios la Tasa de Política Monetaria, una decisión que su presidente, Roberto Lagos, vinculó con las condiciones del mercado financiero y con la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. El organismo también destacó la aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa con el FMI.

Lagos dijo que la decisión respondió a un análisis de las condiciones actuales del mercado financiero, en el que no se identificaron presiones para modificar la tasa de referencia que guía el costo del dinero en la economía hondureña.

De acuerdo con el funcionario, la política monetaria del país continúa en sintonía con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha permitido mantener coherencia en el manejo de los instrumentos financieros en un contexto global marcado por ajustes graduales en las tasas de interés internacionales.

El mantenimiento de la TPM implica que el Banco Central considera que no existen riesgos inmediatos de inflación o desequilibrios financieros que obliguen a encarecer o abaratar el costo del crédito en el corto plazo.

Qué implica mantener la tasa

En este escenario, la autoridad monetaria busca preservar la estabilidad de precios y evitar movimientos bruscos que puedan generar incertidumbre en el sistema financiero, en un entorno donde los bancos centrales de la región han optado por estrategias de cautela.

Lagos enfatizó que la política actual está “totalmente acoplada” a la tasa de la Fed, lo que reduce la necesidad de realizar ajustes independientes que puedan provocar distorsiones en el mercado cambiario o en los flujos de inversión.

Este tipo de alineación es común en economías altamente vinculadas al dólar estadounidense, donde las decisiones de la Reserva Federal tienen impacto directo en el comportamiento del crédito, la inflación y el tipo de cambio.

La estrategia del Banco Central

La decisión del Banco Central se enmarca en una estrategia de estabilidad macroeconómica orientada a evitar sobresaltos en los principales indicadores financieros del país.

Mantener la tasa sin cambios permite dar señales de previsibilidad a empresas, inversionistas y entidades financieras que dependen de condiciones claras para planificar sus operaciones.

En términos prácticos, la TPM funciona como una referencia clave para determinar el costo del crédito en la economía. Su estabilidad suele traducirse en condiciones más predecibles para préstamos, inversiones y operaciones del sistema bancario.

El BCH ha insistido en que la prioridad en esta etapa es preservar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y mantener el equilibrio en el mercado cambiario, factores que influyen directamente en la confianza de los actores económicos.

El respaldo del FMI

En paralelo a la decisión sobre la tasa de política monetaria, el Banco Central destacó la reciente aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa económico suscrito entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional.

Para las autoridades, este visto bueno representa una señal sobre la conducción de la política económica del país y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo con el organismo multilateral.

La aprobación de estas revisiones permite el acceso a desembolsos programados y envía un mensaje a los mercados internacionales, que suelen seguir de cerca la relación de los países con el FMI como indicador de disciplina fiscal y monetaria.

Efectos sobre el financiamiento

Según explicó Lagos, el respaldo del FMI contribuye a mejorar la percepción de riesgo país, un factor clave para la atracción de inversión extranjera y el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

Cuando un país mantiene acuerdos vigentes con el Fondo y cumple con sus metas, los mercados suelen interpretar esto como una señal de mayor credibilidad institucional, lo que puede traducirse en tasas de interés más favorables en los mercados internacionales.

En ese sentido, la estabilidad macroeconómica no solo se mide en términos internos, sino también en la forma en que los inversionistas globales perciben la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.

Lagos subrayó que mantener reglas claras en la gestión económica es fundamental para fortalecer la confianza del sector privado y de los organismos multilaterales, lo que a su vez facilita la llegada de capital y la expansión de proyectos productivos.

Destino de los recursos

Otro de los puntos señalados por el funcionario es el uso previsto de los recursos derivados del programa con el FMI, que serán destinados principalmente a inversión pública e infraestructura.

Este tipo de asignación busca cumplir con los compromisos del programa económico e impulsar el crecimiento a mediano plazo mediante obras que mejoren la competitividad del país.

El consejero interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, anunció este jueves que impulsará una serie de reformas técnicas orientadas a fortalecer la operatividad del organismo electoral, con el objetivo de mejorar la gestión de los procesos democráticos, especialmente en años de elecciones.

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas, Fuentes manifestó que una de las prioridades de su gestión será promover cambios que permitan hacer más eficiente el funcionamiento del ente electoral. “Desde el CNE vamos a impulsar reformas técnicas para mejorar la operatividad del organismo electoral y ser más eficiente la gestión del proceso electoral”, afirmó el funcionario.

El consejero explicó que el CNE pondrá a disposición de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional una serie de insumos técnicos que servirán como base para identificar las áreas que requieren modificaciones. Según indicó, el propósito es que el Legislativo cuente con una visión más clara sobre los aspectos técnicos, logísticos y operativos que deben fortalecerse antes de futuros procesos electorales.

Uno de los puntos que Fuentes consideró prioritarios es la aprobación oportuna del presupuesto electoral especial. Señaló que la práctica de autorizar estos recursos a última hora afecta directamente la planificación y ejecución de las actividades del organismo electoral, generando retrasos que pueden comprometer la eficiencia del proceso.

Asimismo, subrayó la necesidad de que el pleno de consejeros del CNE permanezca siempre integrado y en funciones durante el período electoral, con el fin de garantizar la toma de decisiones sin interrupciones. A su juicio, la estabilidad institucional resulta indispensable para responder con agilidad a los desafíos que surgen durante la organización de las elecciones.

Otro de los aspectos mencionados por el consejero fue la integración de las mesas encargadas del escrutinio especial de las actas. Indicó que es necesario revisar este procedimiento para evitar que la ausencia de representantes de alguno de los sectores provoque la paralización del conteo o retrase la validación de los resultados.

En relación con la tecnología utilizada en las elecciones, Fuentes señaló que existen alternativas para fortalecer el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) mediante reformas que permitan optimizar su funcionamiento y brindar mayor eficiencia durante la divulgación de los resultados preliminares.

No obstante, aclaró que otros temas vinculados al sistema electoral, como la implementación de una segunda vuelta presidencial, la elección de diputados por distrito o la separación de las elecciones presidenciales de los demás niveles electivos, corresponden a decisiones de carácter político que deberán ser discutidas y aprobadas por los actores competentes.

Fuentes sostuvo que las reformas técnicas permitirían al organismo electoral contar con mejores herramientas para responder a los retos que representa la organización de un proceso electoral de gran magnitud.

Consideró que una planificación más eficiente y una mayor coordinación institucional contribuirían a reducir inconvenientes logísticos que históricamente han generado cuestionamientos durante las jornadas de votación y el escrutinio.

El consejero interino enfatizó además que cualquier modificación orientada a fortalecer la capacidad operativa del CNEdebe realizarse con suficiente anticipación al próximo proceso electoral, de manera que las nuevas disposiciones puedan implementarse, evaluarse y ajustarse antes de que inicie el calendario oficial de elecciones.

]En ese sentido, reiteró la importancia de que exista voluntad entre las distintas instituciones involucradas para impulsar los cambios necesarios.

Finalmente, señaló que el fortalecimiento del sistema electoral requiere no solo de reformas legales, sino también de una administración eficiente de los recursos, una adecuada planificación técnica y la colaboración entre los diferentes actores políticos e institucionales.

A su criterio, estos elementos serán fundamentales para garantizar procesos electorales más ágiles, transparentes y confiables para la ciudadanía hondureña.

Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este jueves en una comunidad rural de El Negrito, departamento de Yoro, dejó dos hombres muertos, según confirmó la Policía Nacional. Pobladores y medios locales sostienen que las víctimas podrían ser tres, mientras la investigación sigue en curso.

El caso ocurrió entre las comunidades de El Paté y El Robledal, en Honduras y que son zonas dedicadas principalmente a actividades agrícolas y ganaderas. Residentes alertaron sobre el hallazgo de varios cuerpos en un área de difícil acceso.

La Policía confirmó la muerte de dos hombres de entre 20 y 25 años, con múltiples heridas de arma de fuego, y señaló que la información podría ampliarse a medida que avancen las diligencias.

Los agentes llegaron al lugar después de recibir avisos de habitantes de la zona sobre el ataque. Al arribar, localizaron los cuerpos e iniciaron el procedimiento para asegurar la escena del crimen.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible vínculo con personas presuntamente relacionadas con el robo de ganado, un delito que afecta a comunidades rurales del departamento de Yoro. Las autoridades aún no confirmaron esa hipótesis como móvil definitivo.

Primeras hipótesis

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que equipos de la Unidad Departamental de Prevención de Yoro fueron enviados a la escena para realizar las primeras diligencias y recopilar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

Según explicó el funcionario, ambos fallecidos murieron a causa de las heridas ocasionadas durante el ataque, mientras especialistas en investigación criminal trabajan en la recolección de indicios para identificar a los responsables.

Durante la inspección en el lugar, las autoridades encontraron dos motocicletas en las que presuntamente se movilizaban las víctimas antes del ataque.

Los vehículos fueron asegurados y serán sometidos a peritajes técnicos por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para establecer su procedencia y determinar si tienen reporte de robo o relación con otros hechos delictivos.

La revisión de las motocicletas forma parte del proceso de reconstrucción de los hechos y podría aportar elementos para conocer los movimientos de las víctimas antes de ser atacadas.

Los agentes también recopilan testimonios de residentes de las comunidades cercanas, que podrían ayudar a establecer cómo ocurrieron los hechos y cuántas personas participaron en el ataque.

La identificación de las víctimas

Aunque de forma preliminar se estima que las víctimas tenían entre 20 y 25 años, las autoridades indicaron que el informe oficial de Medicina Forense permitirá confirmar plenamente sus identidades.

Los especialistas realizarán los procedimientos médico-legales antes de entregar los cuerpos a sus familiares, mientras los investigadores verifican sus antecedentes y actividades recientes para fortalecer las líneas de investigación.

Las autoridades también buscan establecer si los fallecidos mantenían algún vínculo entre sí o si existían antecedentes que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Mientras la Policía mantiene confirmados dos fallecimientos, habitantes de la zona y medios locales sostienen que el ataque habría dejado una tercera víctima mortal.

De acuerdo con esos reportes, los fallecidos corresponderían a personas identificadas como Melvin Sánchez, Jaison Alcántara y un tercer hombre conocido únicamente con el nombre de Santos.

Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades, que continúan con inspecciones y entrevistas como parte del proceso investigativo.

La diferencia entre los datos oficiales y los testimonios de los pobladores mantiene abierta la posibilidad de que el número de víctimas sea actualizado una vez que concluyan las verificaciones policiales y forenses.

Investigan robo de ganado

El posible vínculo del caso con el robo de ganado vuelve a poner en foco una problemática que durante los últimos años generó preocupación entre productores y habitantes de distintas zonas rurales del país.

Lo que representa una de las principales amenazas para pequeños y medianos ganaderos, que con frecuencia denuncian pérdidas económicas derivadas del robo de reses y otros animales de producción.

En varios departamentos del país, incluidos Yoro, Olancho, Santa Bárbara y Colón, las autoridades desarrollaron operativos especiales para combatir este delito por su impacto sobre la economía de las comunidades rurales.

En algunos casos, las investigaciones revelaron la participación de estructuras dedicadas al robo, traslado y comercialización ilegal de ganado, lo que obligó a reforzar controles y vigilancia en áreas de producción pecuaria.

Peritos de la DPI continúan recopilando evidencia balística, inspeccionando la escena del crimen y entrevistando a posibles testigos, mientras Medicina Forense realiza los exámenes correspondientes.

Las autoridades también buscan determinar si existen cámaras de vigilancia en sectores cercanos o cualquier otro elemento que permita reconstruir los hechos ocurridos durante la madrugada.

Una mujer de 27 años fue capturada en Comayagua, acusada de haber planificado y fingido su propio secuestro para obtener USD 10 mil , unos 260 mil lempiras, al tipo de cambio actual, de sus familiares y pagar deudas personales. La orden de captura fue emitida el 16 de junio de 2026, tras una investigación de la Policía.

El operativo se desarrolló en el barrio Suyapa, en el departamento de Comayagua, donde los investigadores localizaron a la sospechosa en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), luego de varios meses de diligencias para reconstruir lo ocurrido y reunir las pruebas del caso.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando la desaparición de la joven generó preocupación entre sus familiares y activó los protocolos de búsqueda de las autoridades especializadas en delitos contra la libertad personal.

Según la denuncia presentada en ese momento, la mujer salió de una discoteca y luego se dirigía hacia su vivienda cuando, presuntamente, fue interceptada por varias personas que la privaron de su libertad.

Horas después, familiares comenzaron a recibir información relacionada con el supuesto secuestro, en la que se exigía el pago de USD 10 mil y garantizar la liberación de la víctima.

A medida que avanzaban las diligencias, los investigadores encontraron contradicciones entre la versión presentada inicialmente y la prueba obtenida mediante técnicas especializadas de inteligencia e investigación criminal.

El análisis de comunicaciones, la reconstrucción de movimientos y otros elementos recopilados durante la investigación llevaron a los agentes a una conclusión distinta a la planteada en la denuncia inicial.

Expedientes investigativo

De acuerdo con el expediente elaborado por la Unidad Nacional Antisecuestros, la mujer habría organizado cuidadosamente la desaparición para hacer creer a sus familiares que estaba retenida contra su voluntad y así presionarlos para entregar el dinero solicitado.

Las pesquisas indican que el objetivo principal no era financiar actividades ilícitas de terceros, sino obtener recursos económicos para resolver compromisos financieros personales.

Uno de los aspectos que advirtieron los investigadores fue que, durante el supuesto secuestro, la mujer fue localizada sana y salva por agentes policiales.

Las autoridades también confirmaron que nunca llegó a concretarse el pago del rescate exigido, debido a que el dinero solicitado no fue entregado por la familia.

Pese a ello, la investigación continuó durante varios meses para esclarecer completamente los hechos y determinar si realmente existía una estructura criminal detrás de la denuncia o si todo había sido producto de una simulación.

Las diligencias permitieron fortalecer el expediente con evidencia suficiente para que el caso fuera remitido al Ministerio Público y luego presentado ante el órgano jurisdiccional competente.

Proceso judicial

Una vez concluidas las investigaciones, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua emitió, el pasado 16 de junio de 2026, una orden de captura contra la sospechosa.

La mujer es señalada por el delito de simulación de infracción inexistente, figura penal que sanciona a quienes denuncian hechos falsos o generan actuaciones judiciales y policiales mediante información que no corresponde a la realidad.

Tras la emisión del mandato judicial, equipos especializados de la DPI realizaron labores de ubicación hasta lograr su captura en la ciudad donde reside.

Luego de su detención, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso legal correspondiente.

Cada una de estas acciones requiere tiempo, recursos económicos y personal que, durante la investigación, deja de atender otros casos igualmente prioritarios.

Especialistas en seguridad señalan que las denuncias falsas pueden afectar la capacidad de respuesta institucional y generar incertidumbre entre la población, especialmente cuando involucran delitos de alto impacto como el secuestro.

En este caso, las autoridades sostienen que la investigación permitió demostrar que el supuesto secuestro nunca ocurrió y que todo habría sido parte de un plan diseñado para obtener dinero de familiares mediante el engaño.

Los consulados hondureños en Estados Unidos suspenderán la atención al público el viernes 3 de julio de 2026 por el feriado previo al Día de la Independencia estadounidense. La medida alcanza a la Embajada de Honduras en Washington y a todos los consulados del país; los servicios se reanudarán el lunes 6 de julio.

La suspensión fue informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Durante esa jornada no habrá atención presencial para gestiones consulares.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos hondureños tomar previsiones si tenían programada alguna diligencia y verificar con anticipación las fechas disponibles para reprogramar citas en caso de ser necesario.

Qué trámites se verán afectados

Entre los servicios que ofrecen los consulados se encuentran la emisión y renovación de pasaportes, autenticación de documentos, registros civiles, poderes notariales, asistencia legal y orientación para ciudadanos hondureños residentes o en tránsito por Estados Unidos.

También atienden solicitudes relacionadas con inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el extranjero, además de otros trámites para mantener actualizada la documentación.

Debido a la alta demanda que suelen registrar las oficinas consulares, especialmente durante la temporada de verano, las autoridades aconsejaron revisar la disponibilidad antes de acudir.

Estados Unidos alberga la comunidad hondureña más numerosa fuera del territorio nacional. Cientos de miles de compatriotas residen en distintas ciudades del país, donde los consulados funcionan como enlace entre los migrantes y el Estado hondureño.

Además de los servicios documentales, las representaciones consulares brindan acompañamiento en casos de emergencia, orientación migratoria, protección consular y apoyo a ciudadanos que enfrentan situaciones legales, laborales o familiares.

En muchos casos, estas oficinas también sirven como punto de contacto para la organización de jornadas móviles de documentación y programas de asistencia dirigidos a comunidades hondureñas que viven lejos de las sedes consulares.

¿Por qué cierran el viernes?

El cierre coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, que conmemora la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

Cada año, el Gobierno federal, los estados y la mayoría de las instituciones públicas suspenden actividades durante esta fecha, a la que se suman desfiles, actos conmemorativos, espectáculos de fuegos artificiales y reuniones familiares en distintas ciudades del país.

Qué hacer ante una emergencia

Cuando la festividad coincide con un fin de semana, como ocurre en esta ocasión, las autoridades estadounidenses suelen trasladar el día de descanso oficial al viernes o al lunes para conformar un fin de semana largo. Esa situación también impacta en el funcionamiento de oficinas diplomáticas extranjeras acreditadas en el país.

Aunque la atención regular permanecerá suspendida durante el viernes, los consulados suelen mantener habilitados mecanismos de contacto para situaciones de urgencia que involucren a ciudadanos hondureños.

Este tipo de asistencia está destinada, por lo general, a casos excepcionales como accidentes, fallecimientos, detenciones, hospitalizaciones o situaciones que requieran protección consular inmediata.

Procesos de atención

Las autoridades recomiendan consultar previamente los canales oficiales de cada consulado para conocer los números telefónicos o medios de contacto destinados exclusivamente a emergencias, ya que estos servicios funcionan bajo protocolos distintos a la atención administrativa cotidiana.

Quienes necesiten renovar su pasaporte, gestionar documentos notariales o realizar cualquier otro trámite consular deberán tener en cuenta que la atención se restablecerá el lunes 6 de julio, cuando las oficinas retomarán su horario habitual.

Hasta entonces, la red diplomática hondureña permanecerá alineada con el calendario oficial estadounidense, una práctica común entre las representaciones extranjeras que operan en ese país.

El principal sospechoso, su pareja sentimental, permanece prófugo mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles de un crimen que vuelve a enlutar al país.

La tranquilidad de la colonia La Sosa, en la capital hondureña, se vio abruptamente interrumpida por un persistente y fuerte olor fétido que emanaba del patio de un inmueble de la zona. Alertados por la alarmante situación, los vecinos decidieron dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Nacional y del cuerpo forense se trasladaron con urgencia al lugar de los hechos. Tras asegurar el perímetro y obtener la correspondiente autorización judicial, los peritos procedieron a inspeccionar el suelo, donde realizaron el macabro hallazgo del cadáver semienterrado de una mujer.

Pocas horas después, se confirmó formalmente que los restos correspondían a Cinthia Melissa Hernández Cruz, una joven de apenas 18 años de edad. Cinthia había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de junio, cuando se perdió todo rastro de ella tras haber viajado desde el municipio de Villanueva.

El hallazgo ocurrió el día de ayer, 30 de junio, cerrando de la peor manera posible cinco dolorosos días de angustiosa búsqueda por parte de sus familiares. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar científicamente la causa exacta de su fallecimiento.

Las sospechas apuntan hacia el entorno cercano

A medida que la policía y medicina forense avanzan en las investigaciones para esclarecer quién asesinó a la joven y cómo llegó su cuerpo hasta ese punto de la capital, las sospechas del círculo familiar se han concentrado firmemente sobre una persona: la pareja sentimental de Cinthia.

De acuerdo con las declaraciones recabadas en el entorno de la víctima, la joven convivía con este muchacho desde hacía aproximadamente seis meses en la vivienda donde fue encontrada, y ambos tenían planes consolidados de formar una familia a corto plazo.

El comportamiento del sospechoso tras la desaparición de Cinthia encendió todas las alarmas de la familia. Según relató la madre, el joven argumentó inicialmente que la menor de edad había salido tras pedirle permiso, y que a pesar de realizarle múltiples llamadas telefónicas, ella nunca regresó a la casa.

Sin embargo, tan pronto como las autoridades locales comenzaron a aproximarse a la vivienda tras las denuncias vecinales por el mal olor, el novio desapareció por completo de la zona. Actualmente las autoridades informaron que se encuentra prófugo y su paradero es desconocido, lo que lo convierte ante los ojos de los investigadores en el principal sospechoso del crimen.

A pesar del profundo dolor y la desconfianza generalizada ante el sistema judicial, la familia de Cinthia mantiene la esperanza de que las autoridades competentes realicen todas las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su trágica muerte.

Aunque de manera preliminar se presume que la joven pudo haber fallecido a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento, los familiares insisten en que es fundamental esperar los resultados oficiales de la autopsia médico-legal para confirmar con certeza científica la causa exacta de su deceso.

En medio de este desgarrador escenario, la madre de la víctima y sus allegados se encuentran apostados a las afueras de la morgue capitalina, aguardando con profunda tristeza la entrega del cuerpo de la joven.

El clamor principal de la comunidad y de sus seres queridos es que el caso no quede en el olvido ni se sume a las estadísticas de impunidad. Por ello, exigen que se mantengan abiertas todas las líneas de investigación, se determine la participación de terceras personas y se logre la pronta localización y captura de su pareja sentimental, quien continúa desaparecido desde el hallazgo.

En Honduras, el flujo migratorio irregular mantuvo una baja en 2026: entre enero y el 25 de junio, el Instituto Nacional de Migración registró 4.917 personas que ingresaron al país en tránsito por Centroamérica hacia otros destinos, según el Sistema de Control Biométrico Migratorio.

Las cifras corresponden a los registros realizados en los Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) de Danlí, en el departamento de El Paraíso, y Choluteca, dos de los principales puntos habilitados para atender a personas en tránsito que ingresan al país por pasos fronterizos terrestres.

Aunque Honduras sigue siendo un corredor dentro de las rutas migratorias del continente, los datos oficiales muestran un comportamiento distinto del observado en los últimos años, cuando el número de personas que cruzaban el territorio nacional llegaba a decenas de miles en pocos meses.

El informe del INM señala que enero registró el mayor número de ingresos irregulares del período analizado, con 1.596 personas atendidas por las autoridades migratorias.

Desde entonces, las cifras comenzaron a descender de forma progresiva, una tendencia que el texto atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias en distintos países de la región y a mayores controles fronterizos en las rutas utilizadas por los migrantes.

Páises con más tránsito migratorio

Las estadísticas muestran que la mayor parte de quienes transitaron por Honduras procedían de Ecuador, China, Cuba y Venezuela.

En menor proporción, también fueron identificados ciudadanos de Perú, Colombia, Brasil, Vietnam y República Dominicana, entre otras nacionalidades que siguen utilizando el corredor centroamericano para avanzar hacia el norte del continente.

Además del control migratorio, los CAMI cumplen una función orientada a brindar asistencia temporal a quienes ingresan al país en condición irregular.

En estas instalaciones, las personas reciben atención médica primaria, alimentación, alojamiento temporal y kits de higiene personal, además de ropa cuando las condiciones lo requieren.

Las autoridades también realizan el registro biométrico de cada migrante, un procedimiento que permite documentar su paso por el territorio nacional conforme a la legislación vigente y fortalecer los mecanismos de control en las fronteras.

El proceso incluye la verificación de identidad, la recopilación de información básica y la emisión de la documentación correspondiente para quienes continúan su recorrido hacia otros países.

Atención en los centros de tránsito

El Centro de Atención al Migrante Irregular ubicado en Danlí sigue siendo el principal punto de recepción para las personas que ingresan por la zona oriental del país.

Según el reporte oficial, este centro concentró el 77,32% de los migrantes registrados durante los primeros cinco meses del año, como principal punto de asistencia para quienes cruzan la frontera desde Nicaragua.

Su ubicación lo convierte en una de las principales puertas de entrada para los movimientos migratorios provenientes de Sudamérica, el Caribe y otras regiones del mundo.

El centro opera bajo un esquema que combina controles migratorios con atención humanitaria y permite que las personas reciban asistencia básica antes de continuar su recorrido.

Cambios en las rutas migratorias

El descenso registrado este año coincide con modificaciones observadas en las rutas migratorias del continente.

Diversos organismos internacionales han señalado que el fortalecimiento de los controles fronterizos en varios países, junto con nuevas restricciones migratorias y cambios en las políticas de ingreso hacia Estados Unidos y México, han provocado una reducción en el número de personas que utilizan algunos corredores tradicionales de Centroamérica.

Al mismo tiempo, expertos en movilidad humana advierten que las rutas suelen modificarse constantemente según las condiciones de seguridad, los costos del viaje y las medidas implementadas por los distintos gobiernos.

Eso significa que una disminución temporal en un país no implica necesariamente una reducción definitiva del fenómeno migratorio, sino que los desplazamientos pueden redistribuirse hacia otras zonas de tránsito.

Controles y seguimiento en las fronteras

Para Honduras, el tránsito irregular representa un desafío que combina seguridad, atención humanitaria y coordinación internacional.

Las autoridades deben garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria sin dejar de atender las necesidades básicas de personas que, en muchos casos, recorren miles de kilómetros en condiciones de alta vulnerabilidad.

Por eso, el sistema implementado en los CAMI busca mantener un equilibrio entre el control de los ingresos al territorio nacional y la prestación de servicios esenciales para quienes permanecen temporalmente en estos centros.

El Instituto Nacional de Migración informó que continuará reforzando los mecanismos de verificación en los distintos puntos fronterizos del país para mantener un registro actualizado de las personas que ingresan de manera irregular.

Las acciones incluyen la utilización permanente del sistema biométrico, la supervisión en puestos fronterizos y el seguimiento de los movimientos migratorios que atraviesan el territorio hondureño.

Las autoridades sostienen que estos controles buscan garantizar un proceso ordenado de identificación de los migrantes, al tiempo que permiten detectar posibles riesgos relacionados con la seguridad fronteriza y el combate contra redes dedicadas al tráfico ilícito de personas.

Honduras recibirá una misión médica de Israel este viernes en Tegucigalpa para brindar atención oftalmológica, realizar cirugías gratuitas durante 10 días y desarrollar acciones de cooperación con el Hospital San Felipe, según anunció el embajador israelí Nadav Goren tras una reunión con el presidente Nasry Asfura.

La brigada estará integrada por profesionales israelíes especializados en enfermedades de la visión. Además de intervenir a pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, compartirá conocimientos con médicos hondureños y evaluará oportunidades de apoyo al Hospital San Felipe.

El anuncio se conoció después de una reunión en Casa Presidencial, donde ambas partes revisaron los avances de la cooperación bilateral y los proyectos que desarrollan de manera conjunta.

Uno de los objetivos de la brigada será atender la demanda acumulada de pacientes que necesitan procedimientos quirúrgicos relacionados con problemas de la visión, en un contexto de alta demanda y limitada disponibilidad de especialistas en los hospitales públicos.

Atención y cirugías sin costo

Durante su permanencia en el país, los médicos israelíes realizarán operaciones oftalmológicas sin costo para los pacientes seleccionados, además de consultas especializadas y evaluaciones clínicas para identificar casos que requieran seguimiento posterior.

Las jornadas médicas incluirán la entrega de equipo especializado para fortalecer la capacidad de atención del Hospital San Felipe y mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares.

Goren señaló que el apoyo también contempla el suministro de insumos médicos y herramientas para modernizar la atención del centro asistencial. La misión tendrá como centro de operaciones el Hospital San Felipe, al que llegan pacientes de distintos departamentos en busca de tratamientos especializados.

Intercambio entre hospitales

La visita de los especialistas también apunta a establecer una cooperación entre el Hospital San Felipe y el Hospital Sheba de Israel para el intercambio de experiencias clínicas, asesorías técnicas y programas de capacitación dirigidos al personal sanitario hondureño.

La cooperación también facilitaría futuras capacitaciones para médicos, enfermeras y personal técnico, con actualización de conocimientos en procedimientos quirúrgicos, manejo de equipos modernos y protocolos de atención.

Otro componente de la misión será la evaluación de las condiciones actuales del área de oftalmología del Hospital San Felipe para identificar oportunidades de incorporar tecnología que permita optimizar los procesos médicos.

La intención es analizar las necesidades del hospital y definir qué equipos podrían contribuir a reducir los tiempos de espera, incrementar la capacidad quirúrgica y mejorar la precisión en los diagnósticos.

En ese marco, la misión israelí buscará aportar recomendaciones técnicas para fortalecer la respuesta del hospital frente a la creciente demanda de atención especializada.

Agenda de cooperación

La visita de la brigada médica forma parte de una agenda de cooperación entre Honduras e Israel que también incluye programas conjuntos vinculados con agricultura, innovación tecnológica, manejo eficiente del agua, seguridad y gestión de emergencias.

El embajador israelí adelantó que ya están en planificación otras dos brigadas médicas que podrían desarrollarse antes de concluir 2026.

Aunque todavía no se han revelado las especialidades que abordarán esas futuras jornadas, el objetivo es ampliar el alcance de la cooperación sanitaria y beneficiar a un mayor número de pacientes en diferentes áreas de atención.

La continuidad de estas misiones permitiría establecer programas de colaboración más estables entre profesionales de ambos países y fortalecer el intercambio de conocimientos médicos a largo plazo.

Demandas en salud visual

Las enfermedades visuales representan una de las principales causas de discapacidad en América Latina, especialmente entre personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.

Diversos especialistas señalan que una parte importante de los casos de pérdida de visión puede prevenirse o tratarse mediante diagnósticos oportunos y acceso a procedimientos quirúrgicos especializados.

La creciente demanda de estos servicios suele generar listas de espera prolongadas en los hospitales públicos, por lo que las brigadas médicas internacionales amplían de manera temporal la capacidad de atención y ofrecen alternativas a pacientes que llevan meses esperando una intervención.

La competitividad portuaria hondureña volvió al centro de la agenda económica tras una reunión entre el presidente Nasry Asfura y representantes de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) e International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), concesionaria de Puerto Cortés, para revisar obras, inversiones y capacidad operativa.

El encuentro se realizó en Casa Presidencial y reunió al director ejecutivo de OPC, Javier Ramírez, y al vicepresidente para Latinoamérica de ICTSI, Anders Kjeldsen, con autoridades hondureñas para analizar el crecimiento del sistema portuario y los desafíos del sector logístico ante la competencia regional.

Puerto Cortés concentra parte de las importaciones y exportaciones hondureñas, además de carga procedente de otros países de la región, por su ubicación sobre el Caribe y sus conexiones con mercados internacionales.

Las conversaciones se enfocaron en fortalecer la infraestructura portuaria para responder al aumento de las operaciones comerciales y sostener condiciones competitivas frente a otros puertos centroamericanos que también impulsan procesos de expansión y modernización.

Infraestructura y tecnología para el puerto

Uno de los ejes fue el avance de las inversiones para mejorar la eficiencia operativa de Puerto Cortés con nuevas tecnologías. Entre ellas figura la instalación de escáneres de rayos X para la inspección de contenedores, con el objetivo de agilizar la revisión sin afectar el flujo del comercio internacional.

La incorporación de estos equipos apunta a reducir los tiempos de inspección de la carga, reforzar la seguridad en las operaciones portuarias y facilitar el cumplimiento de los protocolos exigidos por los mercados internacionales.

Las autoridades analizaron además los proyectos para mejorar la infraestructura vial que conecta con Puerto Cortés. La operatoria de un puerto no depende solo de sus muelles o de su capacidad para mover contenedores, sino también de la rapidez con la que la carga entra y sale de sus instalaciones.

Entre los retos identificados aparece el fortalecimiento de los accesos vehiculares para reducir los tiempos de espera del transporte pesado, bajar la congestión y facilitar la circulación de mercancías hacia los principales corredores logísticos del país.

Estas obras cobran relevancia por el crecimiento del intercambio comercial y por la mayor demanda de servicios logísticos más ágiles, impulsada por las cadenas internacionales de suministro y el aumento del comercio marítimo en la región.

Inversiones y alcance económico

Durante el encuentro también se discutieron las perspectivas de inversión para los próximos años. Los representantes de OPC e ICTSI expresaron su interés en continuar con proyectos de infraestructura, ampliación de capacidades y modernización tecnológica dentro de una estrategia de largo plazo para aumentar la productividad del puerto.

La continuidad de estas inversiones busca sostener la competitividad de Puerto Cortés frente a otras terminales marítimas del Caribe y Centroamérica, donde varios países desarrollan programas orientados a captar mayores volúmenes de carga y atraer nuevas rutas comerciales.

El fortalecimiento de la infraestructura portuaria incide sobre el comercio exterior, los costos para importadores y exportadores, la competitividad de las empresas nacionales y la llegada de inversiones vinculadas al transporte, la manufactura y los servicios.

Un sistema logístico más eficiente también puede influir en la instalación de centros de distribución regionales, a partir de la ubicación geográfica de Honduras entre América del Norte, Centroamérica y otros mercados internacionales.

Puerto Cortés en la red logística

En el caso de Puerto Cortés, su papel supera el plano nacional. La terminal mantiene una función relevante en el comercio regional por su infraestructura para el manejo de contenedores, carga general y mercancías de exportación, además de estándares internacionales de seguridad que facilitan el acceso a mercados como el estadounidense.

La manufactura, la agroexportación, la maquila y el comercio dependen en gran medida de la eficiencia de los procesos portuarios para sostener su competitividad y responder a las exigencias de los mercados internacionales.

La coordinación entre las autoridades y el sector privado apunta a que las inversiones en infraestructura se traduzcan en procesos más ágiles, mayor capacidad operativa y una reducción de los costos asociados al transporte de mercancías.

Aunque el encuentro estuvo centrado en Puerto Cortés, las acciones discutidas forman parte de una estrategia para fortalecer la red logística nacional y posicionar a Honduras como un punto de conexión para el comercio regional, a partir de su ubicación geográfica y del potencial de sus corredores de transporte.

Un presunto autosecuestro movilizó a la Policía Nacional en Yoro: un hombre fue hallado sano y salvo en un hotel tras una denuncia por secuestro y, según la investigación, habría fingido su desaparición para exigir 600 mil lempiras - unos 2,287.07 USD - a un familiar en Estados Unidos.

La operación fue ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros, luego de que familiares denunciaran la aparente desaparición del ciudadano y alertaran sobre amenazas recibidas mediante mensajes enviados por WhatsApp.

Según las investigaciones preliminares, la hermana del supuesto secuestrado comenzó a recibir comunicaciones en las que desconocidos exigían el pago de 600 mil lempiras para liberar con vida a su familiar. Los mensajes advertían que, de no realizar el depósito en un plazo de 24 horas, atentarían contra su vida.

Encontrado cómodo en un hotel

Los agentes especializados activaron los protocolos de búsqueda e iniciaron labores de inteligencia para verificar la información y establecer el paradero de la presunta víctima.

Las diligencias permitieron ubicar al ciudadano hospedado en un hotel del barrio San José, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, y descartaron que hubiera sido privado de su libertad.

De acuerdo con la DPI, los elementos recopilados durante la investigación apuntan a que el propio hombre habría planificado la falsa desaparición con el propósito de engañar a sus familiares y obtener de manera ilícita el dinero solicitado como supuesto rescate.

Con la localización del ciudadano también se evitó que la familia realizara el pago exigido, ya que las investigaciones permitieron determinar que nunca existió un secuestro real.

Tras concluir las primeras diligencias, el sospechoso fue remitido al Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en la legislación penal hondureña.

Casos similares en Honduras

Aunque estos casos no son frecuentes en comparación con los secuestros reales, las autoridades reconocen que el denominado autosecuestro se ha convertido en una modalidad de fraude que obliga a movilizar recursos humanos y logísticos especializados para esclarecer denuncias que resultan falsas.

En los últimos años, la Unidad Nacional Antisecuestros ha documentado varios casos similares. En febrero de 2025, un joven fue localizado en San Pedro Sula luego de fingir su secuestro para exigir 80 mil lempiras a sus familiares con el fin de pagar deudas personales. La investigación descartó el plagio y confirmó que todo había sido planificado por la supuesta víctima.

Ese mismo año, las autoridades también capturaron a un hombre de 64 años que simuló haber sido secuestrado para solicitar 100 mil lempiras a sus familiares y utilizar el dinero para abandonar su hogar junto a una mujer.

En otro expediente, el Ministerio Público logró que dos hombres fueran enviados a proceso judicial luego de comprobar que ambos fingieron haber sido secuestrados con el objetivo de obtener dinero de sus familiares. Uno pretendía recaudar 15 mil lempiras para solventar necesidades personales, mientras que el otro buscaba obtener una suma mayor mediante el mismo mecanismo.

La DPI también informó en febrero de este año sobre la captura de un empleado que simuló haber sido víctima de un secuestro después de presuntamente desviar 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba, con el objetivo de justificar su desaparición y evadir responsabilidades legales.

Qué recomiendan las autoridades

La Policía Nacional recordó que cada denuncia de secuestro activa protocolos especializados que implican la movilización de investigadores, equipos de inteligencia y recursos tecnológicos, por lo que la simulación de estos delitos no solo constituye una conducta sancionada por la ley, sino que también desvía capacidades operativas que podrían destinarse a atender casos reales.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar de inmediato cualquier amenaza o supuesto secuestro y evitar depósitos o transferencias de dinero sin que previamente las unidades especializadas hayan verificado la autenticidad de los hechos.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), en coordinación con la fiscalía, asestaron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico al erradicar diez plantaciones de hoja de coca que albergaban más de 125,500 arbustos, durante un operativo desarrollado en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

La operación fue ejecutada por equipos de operaciones especiales de la Fuerza Naval de Honduras, quienes intervinieron una zona que permanecía bajo control de las autoridades desde marzo de este año, como parte de las acciones permanentes para combatir la producción de drogas en el territorio nacional.

Según informó el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, los cultivos ilegales ocupaban aproximadamente 25 manzanas de terreno y eran utilizados para producir la materia prima destinada a la elaboración de sustancias ilícitas.

Destruyen narcolaboratorios clandestinos

Durante las labores de inspección, las autoridades también localizaron y destruyeron tres instalaciones artesanalesutilizadas para el procesamiento de droga.

En estos sitios fueron encontrados precursores químicos, insumos empleados en la fabricación de narcóticos, por lo que las estructuras fueron desmanteladas como parte del procedimiento coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.

Las autoridades señalaron que este tipo de instalaciones representan un componente clave dentro de las redes del narcotráfico, ya que permiten transformar la materia prima obtenida en las plantaciones en productos destinados al mercado ilegal.

También eliminan cultivo de marihuana

Como parte del mismo operativo, los equipos antidrogas localizaron una plantación de marihuana de aproximadamente tres manzanas de extensión, donde fueron contabilizadas alrededor de 11,000 plantas.

El cultivo también fue destruido por las autoridades, quienes mantienen operaciones permanentes en zonas montañosas consideradas estratégicas para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estos operativos buscan reducir la capacidad de producción de drogas mediante la destrucción tanto de los cultivos como de la infraestructura utilizada para su procesamiento.

Más de medio millón de arbustos asegurados en 2026

El capitán Mario Rivera informó que, durante lo que va de 2026, las fuerzas de seguridad han asegurado 36 plantaciones de hoja de coca, equivalentes a aproximadamente 575,000 arbustos.

Asimismo, detalló que en ese mismo período se han destruido diez instalaciones artesanales vinculadas al procesamiento de narcóticos, como parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras criminales.

Las acciones de combate al narcotráfico continúan desarrollándose en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, considerados por las autoridades como zonas donde organizaciones delictivas intentan establecer cultivos ilícitos y centros de procesamiento.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que mantendrán los operativos conjuntos con el Ministerio Público para localizar y destruir plantaciones ilegales, así como para impedir que estas estructuras continúen operando en diferentes regiones del país.

La explosión ocurrida este miércoles en una vivienda del barrio La Colmena, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad, según confirmaron las autoridades.

El incidente se registró al interior de un inmueble donde presuntamente se realizaban trabajos relacionados con pólvora y material pirotécnico, provocando una fuerte detonación que alarmó a los habitantes del sector.

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de apenas cuatro años, quien sufrió graves lesiones producto de la explosión y falleció a consecuencia de las heridas.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer que permanecía recibiendo atención médica en el Hospital de Occidente, elevando a dos el número de víctimas mortales.

Varias personas permanecen hospitalizadas

De acuerdo con la información preliminar, al momento de la explosión se encontraban varias personas dentro de la vivienda, incluyendo menores de edad y adultos.

Los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a la estación de la Cruz Roja Hondureña de la zona, donde recibieron atención prehospitalaria antes de ser remitidos al Hospital de Occidente.

Personal médico informó que algunos pacientes presentan quemaduras de tercer grado y lesiones de consideración, por lo que su estado de salud continúa siendo delicado.

Las autoridades no han precisado el número exacto de personas heridas, aunque indicaron que varios pacientes permanecen bajo observación médica.

Investigan las causas de la explosión

Equipos de investigación y autoridades competentes se desplazaron al lugar del incidente para determinar las circunstancias que provocaron la explosión.

Las diligencias buscan establecer si en la vivienda se cumplían las medidas de seguridad necesarias para la manipulación y almacenamiento de materiales explosivos.

Asimismo, las autoridades intentan determinar las condiciones en las que se realizaban las labores relacionadas con la elaboración o manipulación de productos pirotécnicos.

Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre las causas exactas del accidente.

Consternación en la comunidad

La tragedia ha generado conmoción entre los habitantes de Nueva Arcadia, quienes lamentan la muerte de la menor y de la segunda víctima.

Vecinos del sector manifestaron su solidaridad con las familias afectadas y expresaron preocupación por los riesgos asociados al manejo de materiales explosivos en zonas residenciales.

Las autoridades locales también hicieron un llamado a extremar las medidas de seguridad en actividades relacionadas con la manipulación de pólvora y otros materiales peligrosos.

Riesgos del manejo de pólvora

Especialistas recuerdan que la manipulación de materiales pirotécnicos sin las medidas adecuadas puede provocar explosiones, incendios y lesiones graves.

En Honduras, los cuerpos de socorro y las instituciones de emergencia mantienen campañas permanentes de prevención para reducir accidentes relacionados con la pólvora.

Las investigaciones continuarán en las próximas horas mientras las autoridades esperan conocer la evolución médica de los heridos que permanecen hospitalizados.

La comunidad de Nueva Arcadia permanece consternada por una tragedia que cobró la vida de dos personas y dejó a varias familias afectadas.

Las autoridades de socorro también reiteraron el llamado a la población para evitar el almacenamiento y manipulación de pólvora en viviendas, especialmente cuando existen menores de edad en el lugar.

Organismos de emergencia señalan que este tipo de materiales requiere medidas especiales de seguridad debido al alto riesgo de incendios y explosiones que pueden poner en peligro a familias enteras.

Mientras continúan las investigaciones, habitantes de Nueva Arcadia han expresado su preocupación por la presencia de talleres artesanales de pólvora en zonas residenciales.

Los vecinos esperan que las autoridades determinen las causas del incidente y adopten medidas que permitan prevenir nuevas tragedias en la comunidad.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en el departamento de Copán a un hombre acusado de cometer delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra sus dos hijastras menores de edad.

La detención fue realizada por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal No. 04 (UDIC-04) en la aldea Vega Redonda, municipio de Dolores, luego de una investigación que permitió ubicar al sospechoso.

El detenido es un hombre de 40 años, originario y residente del mismo sector donde se ejecutó la captura.

Según la información proporcionada por las autoridades, las víctimas son dos adolescentes de 13 y 16 años, quienes presuntamente habrían sido víctimas de agresiones sexuales y maltrato físico.

Investigación permitió ubicar al sospechoso

La DPI informó que las investigaciones se desarrollaron mediante la aplicación de diferentes técnicas investigativas y la recopilación de evidencias relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que, una vez obtenida la información necesaria, se conformó un equipo de investigadores para localizar al sospechoso y ejecutar la orden judicial correspondiente.

Durante el operativo también se logró el rescate de las dos menores, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro hospitalario de la zona para recibir atención médica y asistencia especializada.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el estado de salud de las adolescentes debido a las medidas de protección aplicadas a las víctimas.

Denuncias de maltrato físico

De acuerdo con la información preliminar, una de las menores presentaba lesiones físicas que forman parte de las investigaciones.

Las autoridades investigan denuncias relacionadas con posibles agresiones físicas ocurridas dentro del entorno familiar.

La Policía indicó que todos los elementos probatorios recabados fueron incorporados al expediente judicial que sustenta la investigación.

Los investigadores continúan realizando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrieron las supuestas agresiones.

Orden de captura judicial

El caso cuenta con una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán.

Según el documento judicial, al sospechoso se le supone responsable de los delitos de violación, otras agresiones sexuales y maltrato familiar agravado en perjuicio de las dos menores.

Tras su detención, el hombre será remitido ante las autoridades judiciales competentes para continuar el proceso legal correspondiente.

Será un juez quien determine las medidas que deberán aplicarse mientras avanza la causa penal.

Protección a las víctimas

Las instituciones encargadas de la protección de la niñez reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia o abuso contra menores de edad.

Las autoridades recordaron que las denuncias oportunas permiten intervenir a tiempo y brindar protección a las víctimas.

Asimismo, señalaron que las menores recibirán acompañamiento médico, psicológico y social durante el proceso.

La DPI indicó que continuará desarrollando investigaciones relacionadas con delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar la protección de los sectores más vulnerables de la población.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades judiciales avanzan en el proceso correspondiente.

De acuerdo con organizaciones dedicadas a la protección de la niñez, la violencia sexual y el maltrato intrafamiliar continúan siendo algunas de las principales problemáticas que afectan a menores de edad en Honduras.

Las instituciones especializadas insisten en la importancia de denunciar cualquier señal de abuso para activar de manera oportuna los mecanismos de protección.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que el proceso judicial permitirá determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, las dos adolescentes permanecerán bajo resguardo y recibirán atención médica y acompañamiento psicológico, con el objetivo de garantizar su recuperación y la protección de sus derechos.

El Congreso Nacional juramentó este miércoles a las nuevas autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), quienes asumirán sus funciones mientras permanezcan vigentes las licencias otorgadas a los funcionarios que fueron temporalmente separados de sus cargos.

Durante la sesión legislativa, Eduardo Fuentes, quien hasta ahora se desempeñaba como comisionado de la UFTF, fue juramentado como consejero interino del CNE para sustituir a Cossette López, quien dejará temporalmente el organismo electoral tras ser designada como embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su parte, la abogada Aixa Zelaya también asumió de manera interina como integrante del pleno del CNE en sustitución de Ana Paola Hall. La juramentación se realizó mediante la plataforma Zoom, debido a que la funcionaria se encuentra fuera del país.

Sesión estuvo marcada por protestas

La juramentación de las nuevas autoridades se desarrolló en medio de manifestaciones por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Mientras se realizaba el acto protocolario, varios diputados oficialistas comenzaron a gritar “ilegales”, en rechazo a las licencias concedidas por el Congreso Nacional a Cossette López y Ana Paola Hall, argumentando que no reconocen la legalidad del procedimiento.

Pese a las protestas, la directiva legislativa continuó con la sesión y procedió a oficializar la incorporación de los funcionarios interinos.

También nombran nuevo comisionado en la UFTF

Como parte de la misma jornada legislativa, el Congreso Nacional juramentó a Pablo Hernández como comisionado interino de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, en sustitución de Eduardo Fuentes, quien pasó a integrar temporalmente el pleno del CNE.

Las nuevas autoridades permanecerán en sus cargos únicamente mientras continúen vigentes las licencias aprobadas por el Congreso Nacional para los funcionarios sustituidos.

El Legislativo no precisó la duración de estas designaciones temporales, las cuales dependerán del tiempo que permanezcan vigentes las autorizaciones otorgadas.

Piden avanzar con las reformas electorales

Al concluir la ceremonia de juramentación, el coordinador de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, exhortó a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral a iniciar de inmediato el análisis de las reformas electorales que continúan pendientes de discusión.

El congresista señaló que existen temas prioritarios dentro del sistema electoral que requieren atención antes de los próximos procesos democráticos, por lo que instó a las nuevas autoridades a trabajar desde el inicio de sus funciones.

Rivera Callejas enfatizó la importancia de avanzar en las reformas para fortalecer el marco jurídico electoral y brindar mayor certeza a los futuros procesos organizados por el CNE.

La juramentación de los funcionarios interinos ocurre en un contexto de debate político sobre el funcionamiento del organismo electoral y la necesidad de impulsar modificaciones al sistema electoral hondureño.

A través de un comunicado emitido este miércoles, la organización religiosa expresó su preocupación por la forma en que se ha planteado la discusión de las modificaciones a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que aprobarlas de manera acelerada y sin un debate suficiente representaría un error.

“Discutir las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley General de la Industria Eléctrica de forma rápida, superficial y reducida es un error”, señala el pronunciamiento.

Piden blindar la propiedad estatal

En el documento, la Confraternidad sostuvo que las reformas deben tener como principal objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico, garantizar tarifas justas para la población y fortalecer la institucionalidad del sector, sin poner en riesgo el patrimonio del Estado.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno debe garantizar que la ENEE continúe siendo una empresa estatal y que el país mantenga el control sobre la generación, transmisión, distribución, regulación y supervisión del sistema eléctrico.

“Es indispensable garantizar que el Estado hondureño no perderá la propiedad de los activos, ni mucho menos la autoridad legal del subsector eléctrico en el país”, expresó la organización.

La CEH argumentó que tanto la ENEE como las demás instituciones vinculadas al suministro de energía constituyen entidades de seguridad nacional, además de desempeñar un papel estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo del país.

Reconocen problemas en la estatal

En su pronunciamiento, la organización recordó que la ENEE fue durante décadas una de las empresas públicas más importantes de Honduras, gracias a las inversiones realizadas por el Estado en proyectos hidroeléctricos, líneas de transmisión y redes de distribución.

Sin embargo, señaló que actualmente enfrenta importantes desafíos derivados de deficiencias técnicas, problemas administrativos y dificultades financieras, situación que ha impactado directamente a los usuarios mediante un servicio deficiente y tarifas elevadas.

La Confraternidad afirmó que estas condiciones afectan especialmente a las familias de menores ingresos y también reducen la competitividad del país para atraer nuevas inversiones.

Solicitan mayor socialización de las reformas

La organización exhortó al Gobierno y al Congreso Nacional a brindar información clara y suficiente sobre el contenido de las reformas que se pretenden aprobar, así como sobre la situación financiera y operativa de la ENEE.

Además, pidió ampliar los espacios de consulta ciudadana para que diferentes sectores sociales, académicos, empresariales y técnicos puedan aportar propuestas que contribuyan a modernizar el sistema eléctrico.

La CEH también consideró necesario incorporar ideas provenientes de sectores no estatales, con el propósito de identificar soluciones que permitan incrementar la eficiencia institucional, mejorar la calidad del servicio y garantizar tarifas más justas para los consumidores.

Llaman a evitar la politización

En la parte final del comunicado, la organización hizo un llamado a los líderes políticos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación para que el debate sobre las reformas eléctricas se desarrolle con responsabilidad y sin intereses particulares.

La Confraternidad advirtió que un tema de tanta relevancia para el país no debe convertirse en un instrumento de confrontación política ni responder a intereses económicos de grupos específicos.

Asimismo, animó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la discusión, al considerar que las decisiones que se adopten definirán el futuro del sistema eléctrico nacional y la capacidad del Estado para ofrecer un servicio eficiente, transparente y con precios accesibles para la población.

Finalmente, la organización expresó su confianza en que las autoridades actuarán con transparencia durante el proceso de socialización de las reformas y designarán equipos técnicos capaces de responder las inquietudes de los diferentes sectores del país.

El legislativo aprobó una resolución para brindar apoyo logístico al envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela, país que enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace una semana, los cuales han provocado miles de víctimas y cuantiosos daños materiales.

El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, informó que la iniciativa busca facilitar el traslado de víveres, medicamentos y otros insumos que actualmente están siendo recolectados por organizaciones, empresas y ciudadanos hondureños interesados en colaborar con la emergencia.

“No estamos en condiciones de brindar apoyos de gran magnitud, pero sí podemos contribuir para que lo recolectado llegue a quienes lo necesitan”, expresó el legislador al explicar el alcance de la resolución aprobada por el Poder Legislativo.

Facilitarán transporte de la ayuda

Según explicó Mejía, la propuesta surgió a petición de diputados de distintas bancadas, quienes coincidieron en la necesidad de respaldar los esfuerzos solidarios impulsados desde diferentes sectores del país.

Indicó que muchas instituciones y ciudadanos ya iniciaron campañas de recolección de ayuda humanitaria, pero enfrentan limitaciones económicas para cubrir los costos del traslado hacia territorio venezolano.

Por ello, la resolución contempla brindar apoyo logístico mediante transporte aéreo y marítimo, con el objetivo de garantizar que los suministros lleguen a las comunidades afectadas.

El parlamentario destacó que la prioridad es evitar que los donativos permanezcan almacenados por falta de recursos para su envío.

Diputados donarán un día de salario

Como parte de las acciones aprobadas, los congresistas acordaron donar un día de salario para contribuir con la respuesta humanitaria.

Además, el Congreso Nacional autorizó la utilización de entre tres y cinco millones de lempiras provenientes de fondos del Poder Legislativo, recursos que serán destinados exclusivamente a cubrir los costos logísticos relacionados con el transporte de la ayuda.

Mejía señaló que, aunque Honduras también enfrenta importantes desafíos económicos, existe un compromiso de solidaridad con el pueblo venezolano en medio de la emergencia.

El diputado reiteró que el propósito es que los esfuerzos realizados por la población hondureña puedan traducirse en asistencia efectiva para quienes más lo necesitan.

Emergencia continúa en Venezuela

Mientras tanto, las autoridades venezolanas informaron este miércoles que la cifra de fallecidos por los terremotos aumentó a 2,295 personas, mientras que el número de heridos ascendió a 11,267 y los damnificados ya superan los 12,800.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que más de 6,400 personas han sido rescatadas por equipos de emergencia integrados por más de cuatro mil socorristas.

Asimismo, explicó que desde el doble sismo se han registrado 782 réplicas, aunque precisó que durante los últimos dos días la intensidad y frecuencia de estos movimientos ha disminuido.

No obstante, advirtió que la amenaza aún no ha desaparecido y que los organismos de protección civil mantienen activos los operativos de vigilancia y rescate.

Gobierno instala campamentos temporales

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno venezolano habilitó 25 campamentos temporales para albergar a las familias que perdieron sus viviendas.

La mayoría de estos refugios fueron instalados en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos, mientras que otros funcionan en Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.

Las autoridades también solicitaron a las personas damnificadas registrarse en el sistema gubernamental Patria, con el fin de agilizar la entrega de asistencia social y facilitar el acceso a alojamientos temporales mientras avanzan las labores de recuperación.

La tragedia ha generado una amplia movilización internacional de ayuda humanitaria, a la que ahora se suma Honduras mediante las acciones aprobadas por el Congreso Nacional.

Ana Paola Hall fue juramentada hoy como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Honduras ante el Reino de España. La exrepresentante del partido liberal en el Consejo Nacional Electoral asumirá el cargo con una agenda centrada en fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación, con énfasis en la comunidad hondureña residente en España.

El acto de juramentación fue presidido por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien formalizó el nombramiento de Hall como representante diplomática de Honduras en España.

Hall asumirá la responsabilidad de representar los intereses del país ante el Gobierno español, promover oportunidades de cooperación y fortalecer los vínculos históricos, políticos, económicos y culturales entre ambas naciones.

Atención a los hondureños

Entre las prioridades de su gestión figura el impulso de iniciativas conjuntas en educación, salud e infraestructura, además de seguridad, turismo y protección del medio ambiente, sectores en los que España ha mantenido participación mediante programas de cooperación internacional.

Hall también buscará fortalecer los espacios de diálogo político entre ambos gobiernos y promover proyectos de inversión y cooperación técnica que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social del país.Uno de los ejes de su misión diplomática será la atención a los hondureños que residen en España.

Durante su juramentación, la embajadora reafirmó su compromiso de trabajar para garantizar una atención más cercana y eficiente a la comunidad migrante, mediante el fortalecimiento de los servicios consulares y el acompañamiento en trámites migratorios y de protección de derechos.

La funcionaria aseguró que procurará mantener una comunicación permanente con los connacionales para atender sus principales necesidades y facilitar el acceso a los servicios que ofrece la representación diplomática hondureña en territorio español.

La relación bilateral con Honduras

La Cancillería destacó que el nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la política exterior y consolidar las relaciones con países considerados socios para Honduras, especialmente en materia de cooperación, inversión y asistencia al migrante.

España constituye uno de los principales aliados de Honduras en Europa y mantiene una estrecha relación de cooperación en áreas como gobernabilidad, desarrollo sostenible, educación, fortalecimiento institucional y apoyo a proyectos sociales, además de albergar una comunidad de hondureños que contribuye al desarrollo de ambos países.

Funciones electorales

La designación de Ana Paola Hall como embajadora en España se produce mientras mantiene una licencia temporal de sus funciones como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), cargo que ha desempeñado desde 2019 como representante del Partido Liberal. Su separación no implica una renuncia definitiva al organismo electoral, sino una suspensión temporal de sus responsabilidades mientras cumple la misión diplomática encomendada por el Poder Ejecutivo.

Durante su gestión en el CNE, Hall participó en la organización, supervisión y toma de decisiones relacionadas con los procesos electorales desarrollados en el país, incluyendo las elecciones primarias y generales.

Aunque la licencia tiene carácter temporal y conserva su condición de consejera propietaria, cualquier eventual retorno al organismo dependerá de las decisiones administrativas y políticas que se adopten una vez concluya su misión como representante de Honduras ante el Reino de España.

Así mismo se esta a la espera de la posterior juramentación de la representante del partido Nacional, Cossete López como embajadora de Honduras en Washington.

Durante su participación en el foro Frente a Frente de Televicentro, conducido por Renato Álvarez, el diplomático manifestó que una de las formas en que Estados Unidos podría respaldar al país sería mediante una revisión de los aranceles que actualmente gravan las exportaciones hondureñas.

“Pedimos un tratamiento justo”

Flores Bermúdez señaló que las autoridades hondureñas esperan que los mensajes expresados por altos funcionarios estadounidenses sobre su interés de apoyar a Honduras se traduzcan en acciones concretas.

“Pedimos un tratamiento justo y que esa frase que escuchamos de los altos funcionarios de Washington, en la que dicen que quieren ayudar y que Honduras tenga éxito, se vuelva una realidad”, expresó el embajador.

El funcionario sostuvo que el fortalecimiento de la cooperación económica permitiría al país enfrentar con mayores herramientas los retos que se aproximan, especialmente en materia de empleo, inversión y desarrollo.

Preocupación por el fin del TPS

Durante la entrevista, el diplomático también abordó la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que el mandatario solicita un período de transición para la recepción de los aproximadamente 55 mil hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Flores Bermúdez explicó que el impacto del fin del programa no se limitaría únicamente a los beneficiarios directos, sino también a sus familias, lo que incrementaría significativamente el número de personas que eventualmente podrían retornar al país.

“No solo implicaría recibir a los 55 mil tepesianos, sino también a parte de sus familias. Hablamos de un número importante de personas que afectará la economía y la situación general del país”, advirtió.

Retorno representa un desafío

El embajador recordó que la administración del presidente Asfura recibió un país con altos índices de pobreza, una reducción en los niveles de inversión y diversos desafíos económicos que aún se encuentran en proceso de recuperación.

En ese sentido, afirmó que el eventual retorno masivo de miles de hondureños representará un reto considerable para las instituciones nacionales, debido a la necesidad de generar oportunidades laborales, programas de reinserción y apoyo social.

Asimismo, indicó que Honduras continúa trabajando en un proceso de reconstrucción económica, por lo que cualquier medida de cooperación internacional será determinante para afrontar el nuevo escenario migratorio.

Aranceles también preocupan

Flores Bermúdez destacó que otro de los temas planteados en la agenda bilateral corresponde a los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre productos hondureños.

Actualmente, las exportaciones nacionales enfrentan un arancel general del 10 %, mientras que los arneses destinados a la industria automotriz están sujetos a un gravamen del 25 %, situación que, según el diplomático, afecta la competitividad de uno de los sectores productivos más importantes del país.

El embajador consideró que una revisión de estas medidas contribuiría a fortalecer la economía hondureña y facilitaría la generación de empleo en momentos de alta incertidumbre.

Margen judicial prácticamente agotado

Finalmente, Flores Bermúdez recordó que desde marzo de 2025 el gobierno hondureño tenía conocimiento de la decisión de poner fin al TPS para los connacionales amparados bajo ese programa.

Agregó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prácticamente eliminó las posibilidades de continuar la disputa por la vía judicial, por lo que el diálogo diplomático se mantiene como la principal herramienta para buscar mecanismos que permitan una transición ordenada para los hondureños afectados.

El Ministerio Público aseguró 228 bienes valorados en unos 420 millones de lempiras - unos 15,719 USD- y capturó a dos presuntos integrantes de la estructura criminal “Los Domínguez” en un operativo realizado este martes en Valle y Choluteca. La investigación apunta a presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de activos.

La Operación Jaguar fue desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas de la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, mediante allanamientos simultáneos en esos departamentos.

Según informó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, las acciones son resultado de una investigación que se prolongó durante varios meses y permitió documentar presuntas irregularidades en el crecimiento patrimonial de los investigados.

Investigación patrimonial

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron 228 bienes al considerar que no existe correspondencia entre ese patrimonio y la capacidad económica lícita de las personas investigadas.

Entre los activos intervenidos figuran 113 bienes muebles, 14 bienes inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, incluidas cuentas bancarias, certificados de depósito y otros instrumentos financieros, que permanecerán bajo control de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con el Ministerio Público, los análisis patrimoniales y financieros realizados por equipos especializados de la ATIC fueron determinantes para sustentar las medidas ejecutadas.

Las investigaciones se enfocaron en determinar el origen de los recursos administrados por la supuesta organización criminal, así como el posible uso de empresas y bienes para ocultar o legitimar dinero de procedencia ilícita.

Primeras capturas

Durante la operación también fueron detenidas dos personas señaladas de integrar la estructura criminal. Serán presentadas en las próximas horas ante un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada para responder por los delitos que les imputa la Fiscalía.

Las diligencias continúan en distintos puntos de Valle y Choluteca, donde fiscales e investigadores mantienen inspecciones y otras actuaciones para fortalecer el expediente investigativo.

El portavoz del Ministerio Público dijo que este tipo de operaciones buscan debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, al privarlas de recursos económicos que presuntamente obtuvieron mediante actividades ilícitas.

En ese sentido, los activos intervenidos permanecerán bajo administración del Estado mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes para determinar su destino final.

Pericia judicial

El Ministerio Público adelantó que las diligencias sobre el caso continuarán en los próximos días, ya que las investigaciones permanecen abiertas para establecer si existen más personas vinculadas a la presunta organización y determinar el alcance de sus operaciones.

Asimismo, no se descartan nuevas capturas o aseguramientos de bienes conforme se obtengan elementos probatorios que fortalezcan la causa presentada ante los tribunales especializados en criminalidad organizada.

Las autoridades indicaron que el aseguramiento de bienes constituye una de las principales herramientas para combatir las estructuras del crimen organizado, ya que busca impedir que los recursos obtenidos presuntamente de actividades ilícitas continúen siendo utilizados para financiar operaciones delictivas o ampliar las redes criminales.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de operaciones también busca enviar un mensaje de disuasión a otras estructuras criminales que operan en el país, al demostrar que el Estado mantiene capacidad de investigación, coordinación interinstitucional y persecución patrimonial.

El Congreso Nacional suspendió el tercer y último debate de las reformas al subsector eléctrico después de que el proyecto no reuniera los 65 votos necesarios para su aprobación. La discusión quedó postergada hasta después del receso legislativo, en medio de diferencias entre bancadas y pedidos de revisión del dictamen.

La suspensión fue confirmada por el diputado del Partido Nacional Mario Pérez, quien explicó que la iniciativa aún no tiene el respaldo suficiente en el hemiciclo, lo que impide someterla a votación en el pleno.

Pérez atribuyó el freno a la falta de consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Legislativo. “No hemos podido todavía tener seguridad de esos 65 votos como mínimo que se requieren”, reconoció.

Qué objeta el Partido Liberal

Según Pérez, uno de los factores del retraso fue la solicitud del Partido Liberal de contar con más tiempo para analizar el proyecto y presentar observaciones. El pedido fue aceptado dentro del diálogo político para incorporar aportes antes de reanudar la discusión formal.

La bancada liberal expresó su rechazo a la versión actual de la Ley General de Energía al considerar que no responde de manera integral a los desafíos del sistema eléctrico hondureño ni garantiza beneficios sostenibles para los usuarios.

A través de un comunicado, los diputados liberales afirmaron que el proyecto carece de solidez técnica y de sostenibilidad fiscal, luego de un proceso de consultas con distintos sectores del país, entre ellos alcaldes, trabajadores de la ENEE, representantes del sector productivo, academia y organizaciones de sociedad civil.

Según su evaluación, las observaciones recogidas en esas mesas de diálogo muestran la necesidad de rediseñar aspectos de la propuesta, en especial en lo referido a la gobernanza del sistema, la transparencia en la administración de la ENEE y la estabilidad financiera del sector.

La alternativa y el escenario político

El Partido Liberal también anunció que presentará una propuesta alternativa o complementaria para reforzar el carácter público de la ENEE, mejorar sus mecanismos de control y evitar cualquier esquema que implique privatización directa o indirecta del servicio eléctrico.

En el Congreso Nacional continúan las negociaciones entre bancadas para acercar posiciones antes de retomar la discusión formal del dictamen, aunque hasta ahora no hay una ruta clara que garantice el respaldo necesario para su aprobación.

¿Camino a la privatización?

El proyecto también ha despertado preocupación entre diversos sectores políticos, sindicales y especialistas en materia energética, quienes sostienen que algunos de los cambios propuestos podrían representar el inicio de un proceso de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Entre los principales cuestionamientos figura la separación de funciones de la estatal y la posibilidad de que grandes consumidores negocien directamente con generadores privados, lo que, según los críticos, reduciría el papel de la empresa pública dentro del mercado eléctrico.

A juicio de estos sectores, esa transformación significaría una privatización gradual o “encubierta”, pese a que el proyecto no contempla expresamente la venta de los activos de la empresa estatal.

El gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, ha sostenido que el proyecto busca modernizar la estructura institucional, fortalecer la gestión de la empresa y crear condiciones para atraer inversiones, insistiendo en que los activos continuarán siendo propiedad del Estado hondureño.