La incertidumbre de miles de hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) llegará a una nueva instancia de negociación el próximo 3 de septiembre, cuando representantes de Honduras se reúnan con funcionarios de la administración de Donald Trump para abordar las alternativas disponibles ante el proceso migratorio que se avecina.

La reunión que fue confirmada a Infobae por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, explicó que la cita responde a una solicitud presentada por el gobierno hondureño desde principios de julio ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El encuentro tendrá como uno de sus principales objetivos dar seguimiento al planteamiento realizado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, para que se establezca un período de transición que permita a los beneficiarios del TPS contar con más tiempo para definir su situación migratoria.

La delegación hondureña también pretende poner sobre la mesa las circunstancias particulares de quienes todavía dependen de esta protección y solicitar que sus casos puedan ser evaluados de manera individual.

Flores Bermúdez confirmó que la fecha ya fue concedida por las autoridades estadounidenses y adelantó que Honduras llegará a la mesa de diálogo con argumentos destinados a reforzar su petición.

Por ahora, Honduras no tiene garantías sobre el resultado de la conversación. La representación diplomática reconoce que la decisión final corresponde a las autoridades estadounidenses y que la posibilidad de modificar la política migratoria enfrenta obstáculos.

Estatus de Protección Temporal

Uno de los argumentos que llevará Honduras a Washington es que no todos los beneficiarios del TPS se encuentran en las mismas condiciones.

Después de años de permanencia en Estados Unidos, algunos hondureños han formado familias, establecido negocios, pagado impuestos o construido vínculos económicos y sociales que, según la posición hondureña, deberían ser considerados antes de adoptar una decisión definitiva sobre su futuro migratorio.

Entre los ejemplos mencionados por Flores Bermúdez figuran los compatriotas que contrajeron matrimonio con ciudadanos estadounidenses, así como personas que durante años han cumplido con sus obligaciones tributarias y desarrollado empresas que generan actividad económica.

La intención es que estas circunstancias puedan ser tomadas en cuenta individualmente y que no todos los beneficiarios sean tratados bajo una única fórmula.

Según la estimación presentada por el embajador, años atrás existían alrededor de 70.000 hondureños beneficiarios del programa, mientras que aproximadamente 25.000 ya lograron regularizar su situación en Estados Unidos mediante procesos de residencia u otros mecanismos.

Para la representación hondureña, esa cifra demuestra que una parte importante de los beneficiarios ya avanzó hacia una solución migratoria permanente.

¿Se extenderá el TPS?

Aunque Honduras buscará convencer a las autoridades estadounidenses de ampliar el período de protección, Flores Bermúdez reconoció que existe una dificultad central: el Gobierno de Estados Unidos mantiene una posición contraria a una nueva extensión del TPS.

Ante ese escenario, la estrategia hondureña contempla plantear alternativas. Una de ellas sería una figura similar al Deferred Enforced Departure (DED), un mecanismo que puede ofrecer protección frente a la deportación durante un período determinado.

La propuesta no se limita a pedir que el TPS continúe indefinidamente. Honduras busca que exista una etapa intermedia que reduzca el impacto de una eventual terminación del beneficio.

La reunión del 3 de septiembre será relevante para los hondureños que todavía dependen del TPS, ya que el resultado de las conversaciones podría influir en el tiempo disponible para buscar una alternativa migratoria.

El encuentro tampoco significa que exista ya un acuerdo entre ambos gobiernos. La cita será, principalmente, un espacio para discutir las opciones planteadas por Honduras y conocer hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington.

La comunidad de Juan Lázaro, en el departamento de Colón, vivió momentos de incertidumbre tras la desaparición de Reyna Danesi E. A., una niña de tres años que permaneció extraviada más de 24 horas junto a su perro mestizo. Según la Policía Nacional de Honduras, el desenlace fue posible por la intervención del can, apodado por los vecinos como “Guardián”, quien condujo a los rescatistas hasta el lugar donde la menor fue localizada sana y salva.

De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional de Honduras, la menor desapareció la tarde del domingo 23 de agosto de 2026 en los alrededores de su vivienda. Su familia notó que tanto la niña como su perro no estaban presentes y, ante la alarma, los vecinos se unieron a los equipos de búsqueda integrados por la policía y el cuerpo de bomberos. Noticias de Colón detalló que la angustia se extendió durante toda la noche, con brigadas recorriendo matorrales, caminos y quebradas en busca de algún indicio.

El lunes por la mañana, el perro reapareció solo en la casa de la familia Erazo. Exhibía signos de cansancio y sus ladridos alertaron a los presentes. “Él sabe dónde está”, exclamaron los rescatistas, citados por Noticias de Colón. El animal emprendió la marcha y guio a la comitiva por senderos hasta la orilla de un río, donde encontraron a Reyna Danesi jugando con una rama, descalza y en aparente buen estado de salud.

La madre de la menor, Reina Arita, relató a Canal 11 que la desaparición ocurrió en cuestión de minutos. “Yo a ella lo ando cerquita, porque como andaban los comentarios ahí que andaban robando niños. Entonces mi mamá me dice: ‘Tené cuidado’. Y yo no... nunca me imaginé que de aquí del corredor de la casa, la niña se iba a desaparecer”, afirmó antes del rescate.

Reacciones tras el rescate

El reencuentro generó un ambiente de alivio y emoción en la comunidad. La menor fue entregada a su madre, quien expresó su agradecimiento a Dios y a los equipos de rescate. “La niña de 3 años empezó a caminar sin darse cuenta que se alejaba de casa. Nadie la vio, excepto ‘Guardián’, su inseparable perro”, señaló la Fundación Huellitas El Salvador, destacando la labor del animal, que utilizó su olfato para regresar y alertar a los rescatistas.

El caso captó la atención de medios como Noticiero TVM El Salvador y Noticias de Colón, que resaltaron la colaboración entre autoridades y pobladores. La figura de “Guardián” fue reconocida por su capacidad para proteger y guiar a la menor durante la noche y luego regresar por ayuda cuando fue posible. La Policía Nacional de Honduras calificó al perro como “héroe” en sus comunicaciones.

La niña recibió atención médica tras el rescate y se reportó fuera de peligro. Su historia y la de su perro han dado lugar a muestras de solidaridad y reconocimiento en redes sociales y organizaciones de protección animal. Según Fundación Huellitas El Salvador, este caso demuestra el importante vínculo entre los animales domésticos y las familias rurales de la región.

Una propuesta presentada ante el Congreso Nacional de Honduras prevé multas y la suspensión de cuentas para creadores de contenido que usen a personas en vulnerabilidad con fines de lucro, mientras la justicia procesa un caso por la exposición de un menor en redes sociales.

La iniciativa presentada por el diputado Mario Portillo, del partido Libertad y Refundación (Libre), establece sanciones de entre 10 y 50 salarios mínimos para quienes obtengan remuneración por materiales en los que aparezcan personas vulnerables, indica una publicación de Centroamérica360. El proyecto también incluye restricciones para contenidos que exhorten al consumo de drogas y alcohol.

El contexto inmediato de la propuesta es un caso judicial en Danlí, donde un juez de Letras dictó detención judicial contra el creador de contenido Urías Jabín Lovo Montoya, acusado por el Ministerio Público de trato degradante contra un menor y de abuso de llamadas de emergencia. La investigación fiscal sitúa los hechos el 16 de agosto en el parque central de esa ciudad, en el departamento de El Paraíso.

El proyecto que estudiaría el pleno del Congreso Nacional no plantea solo castigos económicos. También contempla la suspensión temporal o definitiva de las cuentas en las que se publiquen videos o materiales con personas en condición de vulnerabilidad.

Portillo sostuvo que la intención no es limitar la libertad de expresión, sino proteger a quienes quedan más expuestos, en especial a los menores de edad. En esa línea, criticó ciertas prácticas de creadores digitales: “Hay diferentes creadores de contenido, unos que se dedican a temas educativos y otros a retos, pero hay quienes ya están llevando cuestiones de sexo, de drogas, de alcoholismo y ahora utilizar a menores de edad en estado vulnerable para generar reacciones y así generar dinero”.

El diputado considera necesario fijar límites a los videos que circulan en redes cuando la exposición de personas vulnerables se convierte en una vía para obtener ingresos. La propuesta apareció poco después de que se conociera el caso de dos creadores que grabaron un video con un menor en esa condición y luego fueron capturados.

La causa judicial se centra en la exposición de un menor a cambio de 500 lempiras

Según la acusación fiscal citada por el medio, Lovo Montoya habría participado junto con otro creador de contenido, Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”, en una acción en la que ofrecieron 500 lempiras a un menor en condición de calle para permitir que le raparan la cabeza. Esa suma equivale a USD 20, según la información publicada.

La Fiscalía sostiene que ambos grabaron el momento y difundieron las imágenes con expresiones de burla y ridiculización hacia el menor. Para el ente acusador, el problema no se limita al corte de cabello, sino al conjunto de circunstancias: la utilización de la vulnerabilidad del menor, el pago como condición, la grabación del episodio y su exposición pública.

El Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal contra Rosel Ariel Archaga Rodas por los mismos hechos, aunque hasta ese momento la información disponible indicaba que quien quedó detenido fue Lovo Montoya. La responsabilidad penal deberá definirse durante el proceso y por decisión de los tribunales.

El caso abrió además un debate más amplio sobre los derechos de la niñez en entornos digitales. Según la publicación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha sostenido que los derechos de niños, niñas y adolescentes deben mantenerse vigentes también en internet y que los menores deben ser considerados sujetos activos de derechos, no objetos de contenido.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) también ha documentado los riesgos que enfrenta la niñez en espacios digitales. En su Informe Anual 2025, el organismo indicó que un estudio nacional sobre riesgos en redes sociales identificó ciberdelitos, captación con fines de trata, acoso en línea y adicciones digitales. Ese informe se apoyó en más de 5,400 encuestas y en experiencias de alrededor de 40,000 niños y adolescentes en Honduras.

Honduras intenta cambiar la manera en que enfrenta las temporadas de sequía y pasar de la respuesta de emergencia a la construcción de infraestructura que permita almacenar y utilizar el agua durante los meses de mayor escasez.

La estrategia surge mientras 234 de los 298 municipios del país permanecen bajo emergencia y 75 se encuentran en alerta roja. La declaratoria, vigente desde el 18 de agosto hasta el 16 de diciembre, contempla acciones para atender a más de 134.000 familias afectadas por el déficit hídrico.

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, explicó “La respuesta comenzó desde mayo, con asistencia humanitaria, alimentos, entrega de insumos agrícolas, atención en salud y obras para garantizar el acceso al agua en las comunidades más afectadas”, señaló.

A través de la SAG, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), se trabaja en la construcción de entre 40 y 50 pozos que permitan aumentar la disponibilidad de agua en las zonas más vulnerables.

La estrategia incluye además la construcción de reservorios con geomembrana, bombas solares y sistemas de riego por goteo para utilizarse tanto para las necesidades de las comunidades como para sostener la producción agrícola.

El plan de largo plazo

La intención es que las próximas lluvias no sean únicamente una pausa frente a la emergencia actual, sino una oportunidad para almacenar agua y reducir la vulnerabilidad de las comunidades cuando vuelva la temporada seca.

El Gobierno también plantea una estrategia de mayor alcance mediante el programa “Honduras Hambre Cero al 2035”. La propuesta busca modificar uno de los principales problemas que enfrenta la agricultura hondureña: la fuerte dependencia de las lluvias para mantener la producción.

Cuando las precipitaciones se retrasan o son insuficientes, los productores enfrentan dificultades para sembrar, mantener los cultivos y garantizar los rendimientos. El resultado puede trasladarse posteriormente al precio y disponibilidad de los alimentos.

Mediante el Programa de Incentivo a la Producción se destinan 1.500 millones de lempiras para la entrega de semillas, fertilizantes y alimento para ganado, con una proyección de beneficiar a unos 150.000 productores a nivel nacional.

Asistencia a productores

La crisis también ha obligado a las autoridades a reforzar la capacidad de los gobiernos locales. Las alcaldías están recibiendo maquinaria para atender vías de acceso, centros productivos y obras relacionadas con la construcción de reservorios de agua.

De acuerdo con el Gobierno, los equipos fueron entregados sin discriminación política y no podrán ser alquilados. Además, tendrán seguimiento mediante sistemas GPS desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte para verificar que sean utilizados en beneficio de las comunidades.

La permanencia de 234 municipios bajo algún nivel de alerta muestra la dimensión territorial del problema y obliga a las autoridades a pensar en mecanismos que permitan almacenar agua cuando haya disponibilidad para utilizarla durante los períodos de escasez.

El Gobierno apuesta a que la infraestructura hídrica permita sostener cultivos incluso cuando las lluvias sean irregulares y que las comunidades tengan una mayor capacidad de respuesta frente a futuras temporadas secas.

El éxito de esa estrategia dependerá de que los recursos destinados a infraestructura lleguen efectivamente a las zonas con mayor vulnerabilidad y de que los sistemas construidos puedan mantenerse operativos a largo plazo.

Honduras y Belice buscan ampliar sus relaciones económicas y estratégicas con una agenda que incluye comercio, inversión, seguridad, salud y conectividad, en un momento en que ambos países pretenden acercar sus mercados y fortalecer los vínculos entre Centroamérica y el Caribe.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, recibió hoy en Casa Presidencial al primer ministro de Belice, John Briceño, durante una visita oficial en la que ambos gobiernos plantearon nuevas áreas de cooperación.

Uno de los principales puntos sobre la mesa es la posibilidad de suscribir un convenio de intercambio comercial que permita ampliar el flujo de productos entre ambos países y generar nuevas oportunidades para empresas e inversionistas.

Belice puede representar para Honduras una puerta de entrada hacia el Caribe, mientras que una mayor relación comercial con Honduras permitiría a Belice profundizar su integración con el mercado centroamericano.

Briceño señaló que su país ya mantiene acuerdos comerciales con Guatemala y recientemente suscribió un tratado de comercio limitado con El Salvador, por lo que Honduras aparece como otro mercado con potencial para ampliar los intercambios.

Comercio regional

La intención no se limita al comercio de mercancías. Ambos gobiernos también identificaron oportunidades en materia de inversión, salud y cooperación institucional.

Durante la reunión, los mandatarios coincidieron además en fortalecer la colaboración en seguridad y el intercambio de información para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el narcotráfico.

El componente de seguridad adquiere importancia por la ubicación geográfica de ambos países y por las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la región.

Uno de los puntos que puede tener mayor impacto en la relación bilateral es la conectividad aérea. Asfura destacó la necesidad de mejorar las conexiones aéreas entre Honduras y Belice y planteó la participación de este último país en iniciativas vinculadas con la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna).

Una mayor conectividad aérea puede facilitar el movimiento de turistas, empresarios, inversionistas y mercancías, además de reducir las dificultades que todavía existen para conectar directamente distintos puntos de Centroamérica y el Caribe.

Para Honduras, acercarse a Belice también significa ampliar su presencia hacia un espacio económico que combina vínculos centroamericanos y caribeños.

Briceño destacó esa posición de su país y señaló que Belice busca mantener sus conexiones históricas con el Caribe mientras profundiza su integración con Centroamérica.

Durante el segundo semestre de 2026, Belice ejerce la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), desde donde pretende impulsar iniciativas de integración y dar seguimiento a asuntos de interés común.

Desafíos compartidos

El cambio climático aparece entre los desafíos compartidos. Honduras y Belice son países particularmente expuestos a fenómenos climáticos extremos y dependen de la cooperación regional para mejorar su capacidad de prevención y respuesta.

El posible acuerdo comercial será uno de los puntos que deberán seguirse en los próximos meses. Su eventual concreción podría determinar si el acercamiento se traduce en un incremento real del intercambio de bienes y servicios o permanece principalmente en el terreno diplomático.

Para Honduras, el desafío será aprovechar la oportunidad para diversificar sus mercados y encontrar nuevos destinos para sus productos, mientras facilita el ingreso de bienes y capitales procedentes de Belice.

Para Belice, el acercamiento representa una oportunidad para ampliar su acceso a Centroamérica y fortalecer una estrategia de integración que busca combinar sus vínculos caribeños con una mayor participación en el mercado regional.

El sistema público de educación hondureño se prepara para una nueva intervención de infraestructura que alcanzará a 80 centros educativos del país, en medio de las dificultades que todavía enfrentan varias escuelas para garantizar condiciones básicas a los estudiantes.

La ministra de Educación, Arely Argueta, que esta estapa se realizará junto con el Fondo Hondureño de Inversión Social, como parte de un proceso destinado a identificar las principales necesidades de infraestructura de los centros educativos.

La funcionaria explicó que antes de definir las obras se reunirá con los directores municipales y departamentales de Educación para conocer el diagnóstico elaborado sobre las condiciones de las escuelas.

“Nos reuniremos con los directores municipales y departamentales para conocer la radiografía que se realiza a la infraestructura escolar de Honduras”, señaló Argueta.

Cómo será la intervención

De los 80 centros seleccionados, 66 serán reconstruidos por el Fondo Hondureño de Inversión Social, mientras que los otros 14 estarán bajo responsabilidad directa de la Secretaría de Educación. El anuncio se produce mientras el sistema educativo todavía enfrenta problemas que van más allá del estado físico de los edificios.

Uno de ellos es el acceso al agua. Argueta reconoció que algunas escuelas han tenido dificultades para disponer del recurso y que varias alcaldías han tenido que colaborar con el suministro para garantizar que los estudiantes puedan permanecer en los centros educativos.

La situación se ha agravado por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que han reducido la disponibilidad de agua en distintas zonas del país.

Para los centros educativos, la falta de agua afecta directamente las condiciones sanitarias de los estudiantes y del personal docente, además de dificultar actividades básicas como el lavado de manos, la limpieza de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios sanitarios.

El problema de infraestructura también se produce en un contexto de restricciones presupuestarias dentro de la Secretaría de Educación.

Argueta aseguró que encontró una institución “sin fondos ni presupuesto”, por lo que la actual administración ha tenido que avanzar en las obras consideradas prioritarias, incluso con recursos que estaban destinados a otras partidas.

El alcance del diagnóstico

La denominada “radiografía” de infraestructura que elaboran las direcciones municipales y departamentales permitirá determinar cuáles son las condiciones de los centros educativos y cuáles requieren una intervención más urgente.

La participación del Fondo Hondureño de Inversión Social será central en el proceso, ya que tendrá a su cargo la reconstrucción de la mayor parte de los centros contemplados en el programa.

Mientras avanzan las evaluaciones, las autoridades también deberán enfrentar las necesidades inmediatas de las escuelas que continúan operando con problemas de agua y otras carencias.

El objetivo, según la Secretaría de Educación, no se limita a mejorar los edificios. El programa también contempla atención relacionada con la merienda escolar y las necesidades de los niños que forman parte del sistema público.

Con 80 escuelas previstas para ser intervenidas y cientos de establecimientos que requieren distintos niveles de mantenimiento y reparación, el diagnóstico que prepara Educación servirá como punto de partida para establecer las prioridades de infraestructura escolar en el país.

La administración de Argueta enfrenta así una doble presión: mejorar las condiciones físicas de las escuelas mientras intenta resolver problemas básicos de funcionamiento y hacerlo en medio de las limitaciones presupuestarias que, según la propia ministra, encontró al asumir el cargo.

La crisis climática en Honduras comienza a trasladarse al mercado laboral. Empresarios de la región sur advirtieron que la combinación de sequía, mayores costos de producción y pérdidas en actividades agrícolas y acuícolas podría provocar la desaparición de entre 6.000 y 8.000 empleos durante los próximos seis a ocho meses.

Carlos Zelaya, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del Sur (CCISur), pidió al Gobierno acelerar las medidas financieras para evitar que las empresas reduzcan sus operaciones o terminen cerrando.

“Estamos en niveles críticos”, afirmó Zelaya, quien señaló que el problema ya afecta a distintos sectores productivos de la región y no únicamente a la industria camaronera.

La zona sur ha recibido menos del 30% de las lluvias registradas en 2024, una reducción que ha golpeado directamente la producción y elevado el riesgo de pérdidas en diferentes actividades.

Entre los sectores más afectados se encuentran el camarón, la caña de azúcar y el melón, además de otros rubros agrícolas y acuícolas que dependen de la disponibilidad de agua.

En el caso de la producción camaronera, Zelaya señaló que la mortalidad está aumentando y podría superar el 30%, mientras los productores de otros cultivos también enfrentan dificultades para mantener sus niveles de producción.

Preocupación en la zona sur

A la falta de agua se suma otro problema que presiona las finanzas de las empresas: el aumento de los costos de producción, particularmente por el precio de los combustibles.

La combinación de ambos factores ha reducido el margen de maniobra de los productores, que ahora necesitan capital para mantener sus operaciones mientras enfrentan menores niveles de producción.

La CCISur estima que, el impacto potencial sería todavía mayor si la crisis se extiende al conjunto de la agroindustria de la región, donde, según Zelaya, unos 50.000 empleos están vinculados a estas actividades.

El sector empresarial busca mecanismos financieros que permitan evitar que la crisis climática se transforme en una crisis de solvencia.

Una de las propuestas consiste en readecuar y refinanciar las deudas que actualmente mantienen los productores y empresas, de manera que puedan obtener mayor margen para enfrentar las pérdidas sin deteriorar su clasificación dentro del sistema financiero.

La CCISur mantiene conversaciones con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y prevé entregar esta semana la última información solicitada para que pueda evaluarse una resolución que permita atender la situación.

El objetivo es evitar que productores afectados por la sequía sean considerados automáticamente como clientes de mayor riesgo y pierdan el acceso al crédito que necesitan para continuar operando.

Facilidad de créditos

Zelaya también planteó la creación de una facilidad financiera mediante el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banprovi), que permita canalizar recursos de emergencia hacia las empresas y productores afectados.

La propuesta busca que los recursos puedan utilizarse como capital de trabajo y para realizar inversiones inmediatas que permitan reducir las pérdidas y mantener activas las operaciones.

El sector también ha planteado utilizar mecanismos de financiamiento a través de Banprovi o Banadesa, con condiciones adaptadas a la realidad de los productores afectados por la falta de lluvias.

Otra de las solicitudes está relacionada con la recuperación de créditos fiscales pendientes. Para los empresarios, esos recursos representan capital de trabajo que podría utilizarse para mantener las operaciones y cubrir parte de las necesidades financieras generadas por la crisis.

Zelaya aseguró que la CCISur ha mantenido reuniones con funcionarios, incluido el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Según el empresario, existe apertura para analizar las propuestas, pero el factor tiempo se ha convertido en el principal problema. Los productores necesitan recursos antes de que las pérdidas aumenten y antes de que las empresas tengan que reducir personal.

La agroindustria y la acuicultura generan empleos directos e indirectos y sostienen buena parte de la actividad económica de la región. Una disminución prolongada de la producción podría afectar no solo a las empresas, sino también a los comercios y servicios que dependen del movimiento generado por estas actividades.

Cada semana, los hondureños vuelven a mirar las nuevas estructuras de precios de los combustibles para saber cuánto tendrán que pagar en las estaciones de servicio.

La situación se ha vuelto especialmente sensible en el caso del diésel, uno de los carburantes con mayor impacto sobre el transporte de carga, el transporte público y buena parte de las actividades productivas.

A partir de este lunes 24 de agosto, el galón de diésel cuesta L141,28 en Tegucigalpa. En dos semanas, el alza acumulada alcanza L7,03 por galón un promedio de 5 dólares.

En ese contexto, Guatemala comenzó a implementar la gasolina E10, una mezcla de 90% de gasolina y 10% de etanol, una referencia que reabre el debate sobre si Honduras puede reducir parte de sus importaciones de combustibles.

En medio de ese escenario, Guatemala acaba de dar un paso que puede convertirse en referencia para Honduras. Desde el 22 de agosto comenzó la implementación de la gasolina E10, compuesta por 90% de gasolina y 10% de etanol, inicialmente en la gasolina regular. El combustible es utilizado por alrededor del 54% de los vehículos guatemaltecos, unos tres millones de usuarios.

Honduras y su aplicación

Desde 2007 existe en Honduras una legislación destinada a promover la producción y el consumo de biocombustibles, con disposiciones relacionadas con su producción, mezcla, distribución y comercialización. El marco legal también plantea objetivos vinculados con el desarrollo rural, la generación de empleo, la reducción de la contaminación y la disminución del uso de divisas destinadas a la importación de derivados del petróleo.

Para Sarahí Silva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (ADHIPPE), la discusión no debe reducirse a decidir un porcentaje de mezcla, sino a comprobar si Honduras tiene las condiciones técnicas y productivas para implementarlo.

“No es que nos opongamos, pero sí es importante ver la parte técnica de implementación y que realmente pueda funcionar”, señaló Silva a Infobae.

La representante del sector explicó que una eventual mezcla podría ubicarse entre el 5% y el 10%, tomando como referencia los procesos que ya se desarrollan en otros países de la región.

“Es un porcentaje que puede ser de cinco a un 10%. Ya está siendo implementado en países como Guatemala y están haciendo algunos ejercicios”, afirmó a Infobae.

En el caso de Guatemala, antes de iniciar la distribución fue necesario preparar terminales, sistemas de almacenamiento, transporte y estaciones de servicio para garantizar que la mezcla pudiera manejarse en condiciones adecuadas.

“Hay que ver que realmente pueda funcionar y que tengamos el equipo necesario, la parte técnica habilitada y verificada, para garantizar que no vaya a haber ningún problema”, explicó.

Según Silva, un programa E10 tendría mayor sentido para Honduras si una parte importante del etanol utilizado pudiera producirse dentro del país. De lo contrario, la sustitución de gasolina importada por etanol importado tendría un efecto mucho más limitado sobre la seguridad energética y el ahorro de divisas.

El punto conecta directamente el debate energético con el sector agrícola. El etanol carburante puede producirse a partir de materias primas agrícolas, por lo que una política de biocombustibles podría crear un mercado adicional para productores nacionales si existiera suficiente capacidad de abastecimiento.

Pero la producción local tendría que ser competitiva. El objetivo no sería simplemente reemplazar un combustible por otro, sino lograr que esa sustitución tenga sentido económico para consumidores, distribuidores y productores.

Tampoco existe una garantía de que la implementación de E10 provoque automáticamente una reducción en el precio que paga el consumidor.

“El objetivo sería ver si puede bajarse el precio, pero obviamente esto tendrá que revisarse porque, si es una referencia de mercado, dependerá de cómo esté el precio internacional”, explicó Silva.

Un debate que sigue abierto

La declaración cobra peso en el contexto actual. El precio de los combustibles en Honduras se modifica cada semana de acuerdo con las variaciones del mercado internacional de los derivados del petróleo, por lo que cualquier alternativa nacional tendría que competir con esas condiciones.

La discusión de fondo es si Honduras tiene capacidad para producir suficiente etanol, invertir en la infraestructura necesaria y crear un mercado que permita sustituir una parte de la gasolina importada sin trasladar mayores costos al consumidor.

“Internamente también se está revisando un proyecto de ley al respecto”, dijo Silva, al señalar que existe una intención a nivel centroamericano de avanzar en la implementación de biocombustibles.

La mezcla no impediría que el precio de la gasolina continuara respondiendo al comportamiento internacional del petróleo, pero sí podría contribuir a reducir parcialmente la cantidad de combustible fósil que Honduras necesita importar, siempre que exista producción nacional suficiente y competitiva.

El país ya cuenta con un marco legal para los biocombustibles desde 2007. Guatemala acaba de comenzar a utilizar E10 y otros países de la región han desarrollado experiencias similares.

Honduras recibe cada vez más dinero de sus migrantes mientras también aumenta el número de compatriotas que regresan al país deportados.

El fenómeno plantea una pregunta para la economía hondureña: cuánto tiempo podrán seguir creciendo las remesas si aumenta la cantidad de migrantes que pierden su empleo o deben abandonar Estados Unidos.

Por ahora, las cifras muestran que el flujo de dinero no se ha debilitado. El Banco Central de Honduras registró USD 6.515,4 millones, equivalentes a unos 172.658,1 millones de lempiras, en remesas durante el primer semestre de 2026, frente a los USD 5.799,6 millones, unos 153.689,4 millones de lempiras, recibidos en el mismo período de 2025.

Estados Unidos continúa siendo, por amplio margen, el principal origen de estos recursos. Desde ese país llegaron USD 6.410,6 millones, equivalentes a unos (169.881 millones de lempiras), durante los primeros seis meses del año.

El aumento de los retornos no se ha reflejado todavía en una caída de las remesas. Por el contrario, los envíos mantienen una tendencia ascendente. Una de las razones es que ambos fenómenos no necesariamente se reflejan al mismo tiempo.

Mientras algunos hondureños son deportados y pierden su fuente de ingresos en Estados Unidos, millones de compatriotas permanecen en ese país, continúan trabajando y enviando dinero a sus familiares.

Contraste migratorio

El analista político Ramón Custodio, explicó a Infobae que “el impacto de las deportaciones debe analizarse más allá del retorno de las personas, por las consecuencias que puede generar sobre sus familias”.

A esta valoración César Castillo, especialista en migración, considera que el crecimiento actual de las remesas debe analizarse con cautela, porque las consecuencias económicas de las deportaciones pueden tardar en aparecer.

“No necesariamente existe una contradicción entre más deportaciones y más remesas. Son procesos que pueden tener tiempos diferentes. El efecto de una deportación sobre el envío de dinero puede aparecer después, cuando el migrante pierde su empleo y deja de tener la capacidad económica para sostener los envíos”, explicó Castillo.

El dato más reciente muestra que junio fue particularmente fuerte. Ese mes Honduras recibió USD 1.224,5 millones, equivalentes a aproximadamente 32.449 millones de lempiras, el mayor monto mensual registrado durante el primer semestre.

El informe más reciente del Banco Central de Honduras, más del 85% de las remesas procede de Estados Unidos, país donde reside una de las mayores comunidades de hondureños en el exterior. Por esa razón, cualquier modificación en las condiciones laborales y migratorias de los compatriotas puede tener repercusiones directas sobre la economía hondureña.

Si una proporción importante de los migrantes pierde su empleo, abandona Estados Unidos o retorna definitivamente a Honduras, su capacidad para enviar dinero podría disminuir.

Remesas y deportaciones

Para el economista Claudio Salgado el escenario actual también debe servir para discutir la fuerte dependencia que Honduras mantiene de los recursos generados por sus migrantes.

“Las remesas han permitido sostener durante años el consumo de miles de familias, pero Honduras no puede depender indefinidamente de ingresos generados fuera del país. Es necesario crear condiciones para que una parte de esos recursos pueda convertirse en ahorro, inversión y generación de empleo”, señaló Salgado.

Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que alrededor de 670.000 hogares hondureños reciben remesas provenientes del exterior y para el 45% de ellos estos recursos representan su principal fuente de ingresos.

Además, el 62% de los hogares receptores recibe el dinero de manera mensual, lo que convierte a las remesas en un ingreso permanente para una parte importante de la población.

Por otro lado, el 80% de las remesas que reciben los hogares se destina al consumo, mientras que apenas el 4% se dirige al ahorro y el 3% a inversiones.

El comportamiento refleja la realidad económica de las familias receptoras. Para muchos hogares, el dinero enviado desde Estados Unidos no representa un excedente que pueda guardarse o invertirse, sino un recurso necesario para cubrir gastos cotidianos.

Para aquellos hogares donde el dinero enviado por un migrante constituye la principal fuente de ingresos, una interrupción de los envíos significaría una reducción directa de su capacidad para cubrir necesidades básicas.

Hasta ahora, la presión migratoria no ha provocado una reducción de las remesas. Pero los consultados detallaron a Infobae que el efecto podría aparecer después, dependiendo de cuánto se prolonguen las deportaciones y de cuántos migrantes pierdan sus empleos o deban regresar definitivamente al país.

La línea 114 “Mujer Vive Sin Miedo” recibió 1.564 denuncias en lo que va de 2026, informó Doris Estela Cortés Padilla, jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional. Según la funcionaria, el aumento de reportes desde la reactivación del servicio puede estar vinculado tanto a las denuncias como a una mayor confianza de las mujeres para acudir al canal.

Las cifras oficiales muestran que en 2024 la línea registró 1.354 denuncias. Un año después, en 2025, el número se elevó a 2.037, mientras que durante 2026 ya se contabilizan 1.564 reportes.

La Policía Nacional señaló que ese incremento no necesariamente significa que los casos de violencia hayan aumentado en la misma proporción, sino que también puede estar relacionado con una mayor confianza para informar este tipo de hechos.

Las estadísticas de la Policía Nacional también reflejan acciones realizadas a partir de las denuncias recibidas mediante este mecanismo.

En 2024 se contabilizaron 286 personas detenidas por hechos relacionados con los reportes atendidos. Para 2025, la cantidad aumentó a 508 detenidos, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 285.

Padilla señaló que una denuncia puede convertirse en el primer paso para activar medidas de protección y evitar que una situación de violencia continúe escalando.

Víctima debe denunciar

Uno de los aspectos que la Policía busca reforzar entre la población es que una mujer que enfrenta violencia no necesariamente tiene que acudir personalmente a presentar la denuncia.

La jefa de la Unidad de Género explicó que la Ley contra la Violencia Doméstica, por su carácter de orden público, permite que otras personas que tengan conocimiento de una situación de este tipo también puedan ponerla en conocimiento de las autoridades.

Esto significa que familiares, hijos u otras personas cercanas pueden informar los hechos cuando tengan conocimiento de una situación de violencia y consideren que la víctima se encuentra en peligro o necesita ayuda.

La disposición busca facilitar el acceso a los mecanismos de protección, particularmente en aquellos casos en los que la víctima puede sentirse intimidada, amenazada o imposibilitada de denunciar directamente a su agresor.

La línea 114 no se limita a recibir los reportes. Según explicó la autoridad policial, el servicio cuenta con personal capacitado para brindar orientación a las mujeres que solicitan asistencia.

Entre los profesionales disponibles se encuentran abogados y psicólogos, quienes pueden ofrecer acompañamiento y explicar las alternativas que existen según las características de cada caso.

Cuando la situación lo requiere, las mujeres pueden ser orientadas sobre la posibilidad de trasladarse a un sitio seguro o acceder a una casa refugio, como parte de las alternativas destinadas a reducir su exposición a nuevos episodios de violencia.

La funcionaria remarcó que el objetivo es que las mujeres sepan que cuentan con un mecanismo especializado al que pueden recurrir para recibir orientación y buscar protección.

La Policía Nacional también mantiene el llamado a no minimizar los primeros episodios de violencia dentro del hogar.

Por esa razón, la Unidad de Género considera fundamental que tanto las víctimas como las personas de su entorno estén atentas a las señales de violencia y soliciten ayuda antes de que el riesgo aumente.

“Nosotros tenemos un canal muy seguro, un canal muy confidencial”, aseguró Cortés Padilla al referirse al servicio de atención.

Fortalecer programas de ayuda

Como parte de las acciones para mejorar la respuesta institucional, la Policía Nacional trabaja además en una propuesta destinada a fortalecer la coordinación entre la línea 114 y el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La iniciativa busca que las llamadas relacionadas con violencia contra las mujeres que ingresen al sistema de emergencias puedan ser identificadas y derivadas directamente hacia el servicio especializado.

La intención es facilitar la comunicación entre ambos mecanismos y evitar que una mujer que solicita ayuda tenga que realizar múltiples gestiones para llegar al personal especializado.

De concretarse esta coordinación, la línea 114 podría recibir de manera más directa los casos que requieran atención específica por violencia contra las mujeres, mientras que el sistema de emergencias mantendría su función de respuesta inmediata ante situaciones que representen un riesgo.

El incremento registrado en las estadísticas de la línea 114 representa, para la Unidad de Género, un indicador que debe analizarse más allá del número absoluto de denuncias.

Aunque los reportes han aumentado desde 2024, la Policía considera que parte de este comportamiento puede estar asociado con una mayor disposición de las mujeres a romper el silencio y recurrir a las instituciones.

Las personas que mantienen demandas activas contra el Estado hondureño por pagos relacionados con servicios prestados en determinados programas públicos tendrán una nueva alternativa para resolver sus reclamos sin esperar necesariamente hasta el final del proceso judicial.

El Congreso Nacional aprobó este jueves una reforma a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que crea un régimen especial, extraordinario y temporal para facilitar conciliaciones y establecer acuerdos de pago con recursos públicos.

La medida no significa que todas las personas que hayan demandado al Estado recibirán automáticamente dinero. La reforma establece condiciones específicas y obliga a comprobar previamente la existencia de la obligación.

¿Quiénes pueden acogerse?

El mecanismo está dirigido a personas que prestaron servicios dentro de los programas contemplados por la normativa y que actualmente mantienen un proceso judicial abierto contra el Estado.

Para solicitar una conciliación deberán demostrar tres elementos: que efectivamente prestaron los servicios, que no han recibido previamente el pago reclamado y que la demanda continúa activa sin una sentencia firme.

Esto último es importante porque la reforma busca atender litigios todavía pendientes y no modificar fallos judiciales que ya hayan quedado firmes.

Una vez presentada la documentación y verificados los requisitos, la institución correspondiente podrá negociar un acuerdo con el demandante.

Hasta 45 días para formalizar el acuerdo

La reforma establece que, si existe disponibilidad presupuestaria y la solicitud cumple con todos los requisitos, el acuerdo deberá formalizarse en un plazo máximo de 45 días hábiles.

El documento deberá especificar cuánto dinero reconoce el Estado, cómo será pagado, con qué periodicidad y en qué plazo.El límite máximo establecido para completar los pagos será de 18 meses.

Esto convierte la conciliación en una alternativa potencialmente más rápida que mantener un proceso judicial durante años, aunque su efectividad dependerá de que existan recursos disponibles y de que las instituciones logren tramitar los expedientes dentro de los tiempos previstos.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) podrá identificar y habilitar recursos destinados exclusivamente al cumplimiento de estas obligaciones.

La institución ya exige a las dependencias estatales reportar periódicamente las demandas judiciales activas y aquellas que cuentan con sentencia firme, como parte del seguimiento de las contingencias fiscales del Gobierno.

Por ello, la reforma no solo busca resolver reclamos individuales. También forma parte de un problema mayor: cómo ordenar y programar obligaciones judiciales que pueden representar presiones sobre el presupuesto público.

¿Por qué al Estado también le conviene conciliar?

La propia Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, aprobada inicialmente mediante el Decreto 17-2026, fue diseñada en un contexto de restricciones de liquidez y con el objetivo de racionalizar el gasto y ordenar compromisos del Estado.

Un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras destacó que una mejor organización de las obligaciones judiciales puede ayudar a reducir tensiones de liquidez, mejorar la programación financiera y disminuir la incertidumbre fiscal.

Desde esa perspectiva, conciliar puede permitir al Gobierno conocer con mayor precisión cuánto debe pagar y distribuir esos desembolsos en el tiempo, en lugar de enfrentar obligaciones inesperadas después de una sentencia.

Lo que la reforma no garantiza

La aprobación tampoco significa que todas las conciliaciones serán aceptadas. La existencia de disponibilidad presupuestaria será determinante, y cada solicitante deberá demostrar la validez de su reclamación.

Además, aceptar una conciliación implica llegar a un acuerdo sobre el monto y la forma de pago, por lo que las condiciones pueden diferir de lo reclamado originalmente en tribunales.

El efecto real de la reforma dependerá ahora de cuántas personas soliciten acogerse, cuánto dinero pueda habilitar Finanzas y qué tan rápido procesen las instituciones los expedientes.

La nueva vía pretende resolver dos problemas al mismo tiempo: reducir litigios prolongados para quienes reclaman pagos y evitar que esas obligaciones se conviertan en una carga imprevisible para las finanzas del Estado.

Más de 12 mil accidentes de tránsito se registraron en Honduras en lo que va de 2026, según informó el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el comisionado Lenín Morel Andino. Los siniestros dejaron hasta el momento 1.302 personas fallecidas, de acuerdo con el funcionario.

Los hechos registrados corresponden a diferentes tipos de incidentes, entre ellos colisiones, atropellos, choques y despistes. La DNVT identifica un elemento que aparece de manera recurrente, el comportamiento de los conductores.

Morel Andino señaló que el factor humano continúa siendo uno de los principales detonantes de los accidentes viales que ocurren en el territorio hondureño. Entre las conductas que generan mayor riesgo se encuentra conducir a velocidades superiores a las permitidas.

A esta conducta se suma la conducción bajo los efectos del alcohol, considerada por las autoridades como una de las prácticas más peligrosas porque altera las capacidades del conductor. La falta de medidas básicas de protección también figura entre las situaciones identificadas por la DNVT.

Velocidad y alcohol principales amenazas

Las autoridades de tránsito han puesto especial atención en dos conductas: el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En ambos casos, el riesgo aumenta porque el conductor puede perder capacidad de reacción y control sobre el vehículo, lo que incrementa las posibilidades de provocar un accidente.

Morel Andino destacó que la situación adquiere especial relevancia durante los fines de semana, cuando aumenta el movimiento de personas que salen a actividades sociales y de entretenimiento.

En algunos casos, explicó, existe el riesgo de que personas que han consumido bebidas alcohólicas decidan conducir después, con lo que ponen en peligro su propia vida y la de pasajeros, peatones y otros conductores.

DNVT intensifica operativos

Ante este comportamiento, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte refuerza sus operativos durante los fines de semana. Los controles buscan detectar conductas que puedan representar un riesgo para la seguridad de las personas que circulan por las carreteras y calles del país.

La DNVT también supervisa otras infracciones relacionadas con la seguridad vial, incluido el cumplimiento de las normas de circulación y el uso de elementos de protección.

Frente al riesgo que representa conducir después de consumir bebidas alcohólicas, Morel Andino hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas antes de ponerse al volante.

“Si va a conducir, que se ponga su cinturón; si va a ingerir bebidas alcohólicas, que busque un conductor designado”, enfatizó.

La designación de una persona que no haya consumido alcohol para conducir puede evitar que quienes han ingerido bebidas alcohólicas se pongan al volante y reducir el riesgo de accidentes.

El funcionario también destacó que prevenir los siniestros viales contribuye a disminuir la presión que estos hechos generan sobre el sistema sanitario nacional.

Consecuencias legales

La DNVT recordó que conducir bajo los efectos del alcohol no solo representa un peligro para la seguridad de las personas, sino que también constituye una infracción que puede generar sanciones.

Según explicó Morel Andino, una persona sorprendida conduciendo en estas condiciones puede enfrentar la suspensión de su permiso de conducir durante seis meses, además de una multa equivalente a un salario mínimo.

Las autoridades también aplican diferentes sanciones según el tipo de infracción cometida.

El director de la DNVT destacó que la conducción bajo los efectos del alcohol merece especial atención por los efectos que puede generar sobre la capacidad de reacción y el estado de conciencia de quien maneja.

Entre las recomendaciones reiteradas por las autoridades se encuentra el uso permanente del cinturón de seguridad. Esta medida debe aplicarse tanto a quien conduce como a los pasajeros de los vehículos, porque puede reducir las consecuencias de una colisión.

En el caso de los motociclistas, el casco constituye uno de los principales elementos de protección ante una caída o impacto.

Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, Estados Unidos, México y Guatemala deportaron a 30,965 hondureños, según el Instituto Nacional de Migración de Honduras. La cifra coincide con nuevas restricciones migratorias en Estados Unidos y con la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La agencia de noticias EFE informó que la cooperación entre países incluye el traslado de migrantes de nacionalidades distintas a la hondureña. Según la misma fuente, Honduras recibió a 374 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, como parte de un mecanismo de colaboración que permite a migrantes de terceros países llegar a territorio hondureño en tránsito hacia su repatriación. Otros 31 mexicanos arribaron este sábado, confirmó el titular de Migración, quien agregó que las autoridades hondureñas coordinan acciones para que los mexicanos deportados puedan regresar a sus casas.

La cancelación del TPS, confirmada en septiembre de 2025 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ha generado preocupación en diversos sectores hondureños. El beneficio protegía a cerca de 55,000 hondureños y evitaba su deportación inmediata.

El gobierno de Nasry Asfura gestiona ante Washington una “transición ordenada” para los afectados, en busca de alternativas que permitan regularizar la situación migratoria de quienes pierden la protección.

La ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, manifestó el martes que no se espera un retorno masivo inmediato ni un impacto crítico en el flujo de remesas, aunque reconoció que la terminación del TPS “es una realidad con efectos concretos”.

El impacto de la cancelación del TPS

Según declaraciones recogidas por EFE, Agüero explicó que recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos limitaron las posibilidades de revisión judicial de la cancelación del TPS. Las decisiones de junio de 2026, vinculadas a los casos de Haití y Siria, y una resolución conocida el martes sobre Etiopía, han reducido los mecanismos legales para revertir la medida.

Por su parte, el presidente Asfura solicitó el lunes a Estados Unidos analizar caso por caso la situación de los hondureños amparados por el TPS. El mandatario atribuyó la dificultad para mantener el beneficio a las “malas relaciones bilaterales” durante la administración previa de Xiomara Castro (2022-2026). Asfura insistió en la necesidad de fortalecer los canales diplomáticos para evitar afectaciones severas a la comunidad migrante.

El plan de retorno está a cargo de 20 instituciones y de la red consular

La estrategia que llevará a cabo el actual gobierno hondureño para recibir a sus compatriotas está encabezada por el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante y articula a 20 instituciones estatales, además de la red consular hondureña en territorio estadounidense. El objetivo es preparar la respuesta del Estado ante los efectos concretos de la terminación del programa.

Honduras también cuenta con la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes y sus Familias, una norma que fue reformada recientemente para ampliar los beneficios dirigidos a quienes regresen. De acuerdo con el medio, el Gobierno considera que esa legislación es una de las herramientas disponibles para acompañar el retorno y facilitar la reintegración.

A ese marco se suman programas de apoyo económico, educativo y de fomento de emprendimientos para las personas que vuelvan al país. La administración hondureña presenta ese esquema como parte de la preparación institucional frente a una medida que, reconoce, tendrá efectos concretos sobre miles de compatriotas.

El peso de las remesas en Honduras

El envío de remesas familiares constituye uno de los principales soportes económicos de Honduras. De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, los hondureños en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, transfieren más de USD 10,000 millones anuales a sus familias. Este flujo representa un porcentaje considerable del producto interno bruto y una fuente de ingresos para miles de hogares en el país centroamericano.

La Asociación Calidad de Vida informó 180 muertes violentas de mujeres a nivel nacional. Según la organización, la cifra refleja una problemática que va más allá de los registros estadísticos por el impacto que cada caso genera entre familiares y comunidades.

Ana Cruz, integrante de la Asociación Calidad de Vida, enfatizó que detrás de cada muerte existe una familia que enfrenta las consecuencias de la pérdida de una mujer y que, en muchos casos, además deja a niños en condición de orfandad.

“No solo son un número, son familias, son niños huérfanos a causa de los femicidios”, manifestó Ana Cruz al referirse a la dimensión social de esta problemática.

La organización considera que las cifras deben servir como una señal de alerta para fortalecer las políticas de prevención, investigación y sanción de los delitos cometidos contra las mujeres. Cruz valoró de manera positiva las reformas realizadas al Código Penal en materia de violencia contra las mujeres, aunque advirtió que los cambios en la legislación por sí solos no serán suficientes para modificar la realidad que enfrentan las víctimas.

Desde la perspectiva de la organización, una respuesta efectiva requiere que las modificaciones legales estén acompañadas por una estrategia integral que permita aplicarlas de manera adecuada.

Capacitación y recursos

Entre las acciones que considera necesarias se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, una mayor inversión en las instituciones responsables de investigar los delitos y la preparación de los funcionarios encargados de administrar justicia.

Uno de los puntos señalados por la organización está relacionado con la necesidad de capacitar y sensibilizar a jueces y demás operadores de justicia sobre los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres.

Cruz consideró fundamental que quienes intervienen en los procesos judiciales tengan las herramientas necesarias para identificar correctamente las características de cada delito.

La formación especializada permitiría, según la organización, mejorar la aplicación de la normativa y evitar que determinados hechos de violencia sean interpretados o clasificados de manera incorrecta.

La representante también expresó preocupación porque algunos casos podrían terminar siendo tipificados bajo figuras distintas al femicidio, por lo que insistió en la importancia de fortalecer las capacidades de quienes investigan y procesan este tipo de hechos.

Además de las reformas legales, la Asociación Calidad de Vida pidió un incremento de los recursos destinados a las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la investigación y judicialización de las muertes violentas de mujeres.

La organización considera que contar con una legislación adecuada debe ir acompañado de instituciones con capacidad suficiente para investigar cada caso y llevar los procesos ante los tribunales.

Prevención y efecto en las familias

La petición responde a la necesidad de mejorar las capacidades técnicas y operativas de estas instituciones, especialmente en la investigación de casos de violencia contra las mujeres.

Para la Asociación Calidad de Vida, uno de los retos consiste en garantizar que las investigaciones cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para esclarecer los hechos. Una investigación adecuada es determinante para establecer responsabilidades y lograr que los casos puedan avanzar hacia los tribunales.

Aunque la investigación y el castigo de los responsables son elementos fundamentales, Cruz insistió en que la respuesta institucional debe incluir acciones de prevención.

La organización sostiene que las medidas destinadas a reducir la violencia deben abordarse desde diferentes áreas y no limitarse a actuar después de que ocurre un crimen.

La Asociación Calidad de Vida considera que Honduras enfrenta el desafío de convertir las reformas legales en acciones concretas que permitan prevenir nuevos casos y mejorar la respuesta institucional.

Para ello, plantea una combinación de medidas que incluya prevención, capacitación, sensibilización, fortalecimiento de las investigaciones y mayores recursos para las instituciones encargadas de impartir justicia.

El llamado también busca que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con el enfoque adecuado y que las instituciones puedan identificar correctamente aquellos hechos que constituyen femicidios.

Honduras recibirá a representantes de 19 países de América Latina y el Caribe en un encuentro regional dedicado a analizar estrategias para fortalecer los programas de alimentación escolar y avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles e inclusivos.

El Encuentro Latinoamericano y del Caribe de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES) tendrá como sede la ciudad de Comayagua y se desarrollará del martes 25 al jueves 27 de agosto.

La actividad es organizada por el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por la ministra Fátima Juárez, como parte de la Agenda Regional de la RAES correspondiente al período 2026-2030.

Durante tres jornadas, los países participantes presentarán experiencias, intercambiarán conocimientos y analizarán las medidas que han implementado para mejorar la alimentación que reciben los estudiantes en los centros educativos.

El encuentro busca ser un espacio para conocer iniciativas que han mostrado resultados en diferentes países y evaluar cuáles de esas experiencias pueden adaptarse a otras realidades de la región.

Alimentación escolar regional

Entre los temas contemplados se encuentran el intercambio de buenas prácticas, la cooperación internacional, la asistencia técnica, la capacitación y el fortalecimiento de políticas, planes y proyectos relacionados con la alimentación escolar.

También se abordarán oportunidades de inversión extranjera vinculadas con los sistemas agroalimentarios, con la intención de generar condiciones que permitan mejorar la producción y distribución de alimentos destinados a los centros educativos.

Para Honduras, la reunión representa una oportunidad para fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar, mediante el cual actualmente se atiende a más de 1,2 millones de niños y niñas distribuidos en los 18 departamentos del país.

La inauguración oficial estará a cargo del presidente Nasry Asfura, quien participará junto con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FNDE), la Agencia Brasileña de Cooperación y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez.

La presencia de delegaciones internacionales permitirá que Honduras exponga los avances alcanzados en su programa de alimentación escolar y conozca modelos desarrollados en otras naciones.

Durante el encuentro, Honduras tendrá la oportunidad de presentar parte del trabajo que desarrolla mediante su Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Entre las experiencias que serán expuestas se encuentra el modelo de ración seca que actualmente se distribuye a los estudiantes. Además, se presentarán los resultados de un diagnóstico realizado con 15 mancomunidades que agrupan a más de 100 municipios.

Los países que participarán

Este proceso está relacionado con una de las principales transformaciones que Honduras pretende implementar: la descentralización de los recursos destinados a la alimentación escolar para avanzar hacia la denominada ración fresca.

La RAES reúne a países de diferentes subregiones del continente y, en esta ocasión, Honduras será el país anfitrión de la reunión.

Por Centroamérica participarán Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras. La representación sudamericana estará integrada por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Surinam.Por el Caribe participarán Cuba, República Dominicana, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

La generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones para invertir continúan entre los principales desafíos que enfrenta Honduras, de acuerdo con la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo.

La dirigente empresarial consideró que el país necesita impulsar medidas que permitan a los hondureños desarrollar sus propios negocios y crear condiciones para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

Gallardo planteó que Honduras debe apoyar a los pequeños y medianos emprendedores, ampliar la generación de empleo formal, mejorar el sistema energético y avanzar en infraestructura hídrica para enfrentar la sequía. Según sostuvo, esas áreas son claves para atraer inversión y responder a las necesidades económicas y sociales del país.

A su criterio, estos negocios cumplen una función en la generación de ingresos y oportunidades laborales, por lo que requieren mecanismos que les permitan mantenerse operando, crecer y ampliar sus fuentes de empleo.

Entre las principales necesidades identificadas mencionó el acceso a financiamiento y asistencia técnica, dos herramientas que, según explicó, pueden marcar la diferencia para que un emprendimiento pase de ser una actividad de subsistencia a convertirse en una empresa con capacidad de generar más oportunidades.

El desafío del empleo

“Cerca de dos millones de personas se encuentran en condiciones relacionadas con desempleo, subempleo o dificultades para incorporarse de manera adecuada al mercado laboral” manifesto la líder empresarial.

A esto se agrega el retorno de ciudadanos hondureños al país, quienes necesitan encontrar oportunidades para reintegrarse al mercado laboral y generar ingresos para sus familias.

Ante ese panorama, la presidenta del COHEP sostuvo que Honduras necesita ampliar su capacidad de generar empleos formales y productivos, una tarea que requiere la participación conjunta del sector privado y las instituciones públicas.

La apuesta, señaló, debe orientarse hacia la generación de nuevas inversiones, pero también hacia el fortalecimiento de los emprendimientos que ya funcionan en el territorio nacional.

Gallardo señaló que Honduras habría registrado un crecimiento cercano al 3,6% y que las expectativas para el próximo año se ubican alrededor del 3,7%.

Aunque se trata de cifras que reflejan crecimiento, la presidenta del Cohep consideró que el ritmo todavía resulta insuficiente frente a las necesidades económicas y sociales que tiene el país.

Crecimiento económico e inversión

Desde su perspectiva, Honduras requiere una expansión económica que se traduzca en mayores oportunidades de empleo, mejores ingresos y condiciones más favorables para las familias.

Mientras se buscan grandes proyectos de inversión, Gallardo también destacó el papel que desempeñan los pequeños y medianos negocios en las comunidades.

En muchas zonas del país, estos emprendimientos representan una de las principales alternativas para generar ingresos y sostener económicamente a las familias.

El acceso al crédito, la capacitación y la asistencia técnica pueden ayudar a que los pequeños empresarios mejoren sus procesos, aumenten su productividad y encuentren oportunidades para ampliar sus mercados.

Ante este escenario, consideró que Honduras debe dejar atrás las respuestas temporales y avanzar hacia proyectos que permitan almacenar y administrar de mejor manera el agua disponible.

Francisco Morazán, Choluteca, Valle y El Paraíso fueron señalados como algunos de los departamentos donde este tipo de infraestructura podría contribuir a enfrentar los períodos de sequía.

La construcción de proyectos de almacenamiento de agua permitiría, según el planteamiento empresarial, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y de los productores frente a períodos prolongados sin lluvias.

Gallardo explicó que Honduras debe determinar qué cultivos son más apropiados para cada zona del país, tomando en cuenta las condiciones climáticas y la cantidad de lluvia que recibe cada región.

La discusión sobre las reglas que regirán los próximos procesos electorales en Honduras entrará en una nueva etapa con la presentación de un anteproyecto de reformas a la Ley Electoral, a cargo de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.

El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, uno de los principales objetivos de la iniciativa es modificar disposiciones relacionadas con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), en particular las vinculadas con la participación de sus consejeros en las sesiones plenarias.

Zambrano sostuvo que los integrantes del organismo electoral deben tener la obligación de asistir a todos los plenos, debido a que sus decisiones son fundamentales para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales.

El planteamiento contempla establecer consecuencias para los consejeros que incumplan con esa responsabilidad. Según explicó, las ausencias injustificadas podrían generar responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal, además de convertirse en elementos que podrían dar paso a una eventual destitución.

La propuesta surge, según el presidente del Congreso, a partir de las dificultades que se presentaron durante el proceso electoral de 2025, cuando la ausencia de uno de los consejeros generó preocupación sobre el funcionamiento del organismo encargado de administrar las elecciones.

Zambrano insistió en que una situación similar no debería repetirse en futuros procesos electorales. Bajo esa perspectiva, la reforma pretende establecer mecanismos que garanticen que el CNE pueda continuar tomando decisiones incluso cuando existan diferencias entre sus integrantes.

Igualdad de condiciones

La iniciativa también contempla que las obligaciones relacionadas con la integración de los plenos no recaigan únicamente sobre los consejeros propietarios. Los suplentes también tendrían responsabilidades dentro del funcionamiento del organismo electoral.

El presidente del Congreso recordó que durante el proceso anterior hubo representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que no acudían a los plenos, una situación que, a su criterio, generó obstáculos en el desarrollo de las actividades del órgano electoral.

Otro de los componentes que se incluirían en el anteproyecto está relacionado con la integración de las Juntas Receptoras de Votos. Se planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor participación de ciudadanos que no necesariamente estén vinculados de manera directa con los partidos políticos en la conformación de las mesas electorales.

La denominada ciudadanización de las mesas busca, según la explicación ofrecida por el funcionario, permitir una participación más amplia de la sociedad civil en la integración de las JRV.

Este punto forma parte de una discusión más amplia sobre la confianza y la transparencia de los procesos electorales, en especial en la etapa en que se reciben y contabilizan los votos en cada centro de votación.

Dentro de los cambios planteados también figura un mecanismo para regular las sustituciones de las personas que integran las estructuras electorales.

Es decir, si una mujer inscrita para integrar una instancia electoral renuncia, su reemplazo deberá ser otra mujer. De la misma manera, si el puesto corresponde inicialmente a un hombre, la sustitución tendría que realizarse por otro hombre.

Otro de los cambios planteados es que se busca que, en futuros comicios, la ciudadanía pueda conocer los resultados durante el mismo día de la elección, con una reducción de los tiempos de espera que históricamente han generado incertidumbre después del cierre de las urnas.

Presentación del anteproyecto

Tomás Zambrano mencionó los mecanismos utilizados en países como Chile y Colombia, donde los resultados preliminares son divulgados pocas horas después de concluida la votación.

La intención, según explicó, es que Honduras pueda avanzar hacia un sistema de transmisión que permita contar con información electoral de manera más rápida, sin que ello implique eliminar los procedimientos posteriores necesarios para verificar y oficializar los resultados.

Los escrutinios especiales constituyen una fase posterior a la jornada de votación en la que se revisan determinadas actas o materiales electorales para resolver inconsistencias y confirmar los resultados correspondientes.

La Comisión de Asuntos Electorales será la encargada de presentar formalmente la propuesta ante el Congreso Nacional. A partir de ese momento comenzará la discusión legislativa sobre los cambios planteados a la Ley Electoral y sobre los mecanismos necesarios para incorporarlos al marco que regula los procesos electorales del país.

Zambrano aseguró que el documento ya contiene algunos acuerdos y que su presentación permitirá conocer con mayor precisión el alcance de las modificaciones que se pretenden impulsar.

Un accidente marítimo ocurrido este domingo mantiene en alerta a las autoridades hondureñas, luego de que una embarcación pesquera registrara una explosión y se incendiara mientras navegaba en aguas del Caribe. El hecho dejó un capitán muerto, un tripulante desaparecido y cinco sobrevivientes, según informó la Marina Mercante.

El incidente involucró a la embarcación denominada “Georgina”, que realizaba pesca por arrastre de camarón en el sector de los Cayos, en el Caribe hondureño. Walter Asad, jefe de Análisis y Gestión Marítima de la Marina Mercante, informó que el suceso se produjo aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, a unas 37 millas náuticas de la barra de Caratasca.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia se originó en el área de máquinas de la embarcación que desencadenó un incendio que generó una situación de riesgo para los seis integrantes de la tripulación que se encontraban a bordo. Como consecuencia del accidente, el capitán de la embarcación perdió la vida.

Inicialmente, las autoridades habían manejado el nombre de Sixto Casildo para identificar a la víctima. Walter Asad aclaró después que, de acuerdo con el documento nacional de identificación, el fallecido aparece registrado como Sixto Bernárdez Mauricio.

La tripulación y los sobrevivientes

Además del fallecimiento, las autoridades informaron que uno de los tripulantes permanece desaparecido, por lo que continúan las labores para su búsqueda. Al momento del accidente, seis personas se encontraban a bordo de la Georgina.

Además del capitán, entre los tripulantes estaba el primer oficial, identificado como Ricardo Castillo Marín. El resto de la tripulación estaba conformado por Juan Fernando David Castillo, Hermenegildo David Cálix, Ceuber Gómez Pinace y Clotilde Jacinto Guevara, según el informe proporcionado por la Marina Mercante.

Tras la emergencia, los tripulantes que lograron salir de la embarcación fueron auxiliados por otra nave del mismo armador. Las autoridades confirmaron que cinco tripulantes sobrevivieron al accidente y se encontraban a bordo de la embarcación que acudió en su auxilio. El grupo era trasladado para recibir atención y luego ser llevado a tierra.

El operativo y la investigación

La Marina Mercante mantenía comunicación y coordinación con la Fuerza Naval de Honduras para facilitar el traslado de los sobrevivientes, en función de las condiciones de navegación y la ubicación de la embarcación en alta mar.

La “Georgina” se encontraba aproximadamente a 37 millas náuticas de la barra de Caratasca, en el sector de los Cayos, cuando ocurrió la explosión. Por ahora, las autoridades no han establecido qué provocó la explosión en el área de máquinas.

La Marina Mercante mantiene las coordinaciones necesarias para determinar las circunstancias que desencadenaron el incendio y establecer qué ocurrió dentro de la embarcación antes y durante el accidente.

Uno de los principales objetivos tras el accidente es localizar al marino que permanece desaparecido. La Fuerza Naval de Honduras participa en las coordinaciones relacionadas con la emergencia, mientras la Marina Mercante da seguimiento al caso desde el ámbito de sus competencias.

Ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en esclarecer las causas de la explosión, garantizar la atención de los sobrevivientes y mantener la búsqueda del tripulante que continúa desaparecido.

Yaira Izaguirre quedó en la historia del deporte hondureño tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Infantil y Veterano de Esgrima Lima 2026, disputado en Perú. Según la Federación Nacional de Esgrima de Honduras, fue la primera presea panamericana conseguida por una esgrimista del país.

Izaguirre superó una serie de combates ante rivales de distintos países para instalarse entre las mejores de la competencia. Desde las primeras rondas mostró regularidad y avanzó hasta las instancias decisivas del torneo.

El resultado marca un antecedente para una disciplina que busca crecer en Honduras y que ahora suma un logro internacional como referencia para nuevas generaciones. Para la joven esgrimista, el resultado en Lima representó más que una medalla.

En una entrevista a Infobae, Yaira explicó que uno de los sentimientos que predominó tras conseguir el bronce fue el orgullo por alcanzar un resultado sin antecedentes para Honduras en esta disciplina. La atleta resumió el significado de su participación con una frase: “hacer historia”.

La experiencia también estuvo acompañada por momentos de alta exigencia. “El combate contra Brasil fue el más difícil”, manifestó la esgrimista sobre uno de los retos que tuvo que superar durante su participación en Lima. Pese a esa dificultad, mantuvo el nivel competitivo necesario para seguir en carrera y asegurar una posición entre las mejores.

Fe y acompañamiento técnico

Además de la preparación deportiva, Yaira atribuyó parte de su desempeño al respaldo recibido durante todo el proceso. La joven destacó el acompañamiento de sus entrenadores y sus convicciones personales como factores importantes para mantener la concentración en una competencia internacional.

“Gracias a mi fe y el apoyo de mis entrenadores”, explicó al referirse a lo que le permitió mantenerse enfocada durante los diferentes combates.

El resultado en Perú también es consecuencia de un proceso de formación desarrollado desde temprana edad, con constancia, preparación y participación en competencias para adquirir experiencia.

El logro de Yaira también fue celebrado por su familia, que ha seguido de cerca su desarrollo deportivo. Su padre expresó el orgullo que siente por el resultado alcanzado y consideró que la medalla es consecuencia de las capacidades y el compromiso que su hija ha mostrado desde pequeña.

“Estoy muy orgulloso”, expresó sobre la actuación de la joven atleta. Para él, el resultado está relacionado con el “talento, disciplina y dedicación” que Yaira ha mostrado durante su formación. También recordó que, antes de que la esgrima se convirtiera en la disciplina en la que empezó a destacarse, la motivó a practicar otros deportes.

El acompañamiento familiar, añadió, ha sido una experiencia positiva durante el crecimiento de la joven. Aseguró que acompañarla en su proceso deportivo “ha sido una alegría más que un sacrificio”. relató a Infobae.

Orgullo familiar

La medalla obtenida en Lima no parece ser un punto final para Yaira, sino un nuevo impulso dentro de una carrera que todavía tiene camino por recorrer. Pese a su corta edad, la esgrimista ya tiene claros algunos de los objetivos que pretende alcanzar en los próximos años.

“Quiero participar en las olimpiadas y en campeonatos mundiales”, afirmó al hablar sobre las metas que espera alcanzar en el futuro.

El bronce panamericano también le aporta experiencia de cara a esos objetivos, ya que le permitió enfrentarse con competidoras de diferentes países y conocer de primera mano el nivel de las competencias continentales.

Consciente de que su resultado puede convertirse en una fuente de inspiración para otros jóvenes que practican deporte en Honduras, Yaira envió un mensaje a quienes persiguen sus propias metas.

La esgrimista hizo énfasis en la importancia de no abandonar los objetivos y mantener la disciplina, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. “Persigan sus sueños con esfuerzo y determinación, porque todo es posible”, expresó.

La Federación Nacional de Esgrima de Honduras destacó la relevancia de la actuación de Izaguirre y señaló que el bronce conseguido en Lima representó la primera medalla panamericana de Honduras en la historia de esta disciplina.

La competencia también permitió medir el nivel de la esgrima hondureña frente a representantes de 15 países, una experiencia que puede contribuir al crecimiento de atletas en formación y de alto rendimiento.

Cada enfrentamiento representó una oportunidad para adquirir experiencia internacional y conocer distintos estilos de competencia. En el caso de Yaira, ese recorrido terminó con un resultado que quedará registrado en la historia deportiva del país.

Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez competente determinó imponer al acusado la medida de detención judicial, por lo que permanecerá bajo custodia mientras continúa el proceso penal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el crimen ocurrió el 11 de agosto de 2026, en un bufete de abogados ubicado en el barrio El Centro de San Pedro Sula, donde se encontraba trabajando Fernández Vásquez.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el sospechoso habría ingresado al establecimiento y preguntado por una persona. Posteriormente, habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones contra el joven.

Fernández Vásquez murió en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala. El ataque ocurrió dentro del establecimiento, generando conmoción entre quienes se encontraban en el sector.

Tras el crimen, los investigadores comenzaron las diligencias para identificar al responsable y establecer las circunstancias que rodearon el asesinato.

Las pesquisas permitieron vincular a Carlos Eduardo Saldívar Servantes con el ataque. Sin embargo, su captura se produjo posteriormente en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, en relación con otro hecho delictivo.

Fue a partir de las investigaciones posteriores que las autoridades establecieron que el ahora imputado también estaría relacionado con el asesinato cometido dentro del bufete de abogados de San Pedro Sula.

Como parte de las diligencias desarrolladas por los investigadores, las autoridades realizaron un allanamiento en un hotel de Olanchito, donde localizaron varias prendas de vestir.

Según el Ministerio Público, algunas de estas prendas coincidirían con las utilizadas por Saldívar Servantes el día del asesinato de Fernández Vásquez.

Este hallazgo forma parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para sustentar la acusación presentada contra el sospechoso ante los tribunales.

Las autoridades continúan desarrollando diferentes diligencias con el objetivo de fortalecer la investigación y determinar con precisión la participación que habría tenido Saldívar Servantes en el crimen.

El requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida atribuye al acusado responsabilidad por el asesinato del joven, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.

Luego de la audiencia de declaración de imputado, el órgano jurisdiccional determinó que Carlos Eduardo Saldívar Servantes permanecerá bajo detención judicial mientras avanza el proceso.

La medida implica que el acusado continuará privado de libertad durante esta etapa inicial del procedimiento, a la espera de las siguientes audiencias y de las decisiones que adopte el tribunal competente.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida mantiene abiertas las investigaciones y continúa recopilando elementos relacionados con el asesinato ocurrido dentro del bufete.

El caso provocó preocupación debido a que el ataque ocurrió en pleno centro de San Pedro Sula y dentro de un establecimiento donde la víctima se encontraba trabajando.

Fernández Vásquez murió en el lugar después de recibir varios impactos de bala, mientras que las autoridades comenzaron desde ese momento las labores para identificar al atacante.

Con la presentación del requerimiento fiscal contra alias “Texas Gordo”, el Ministerio Público busca que el acusado responda ante los tribunales por el crimen que se le atribuye. El proceso continuará conforme avance la investigación y se desarrollen las próximas etapas judiciales.

El funcionario explicó que 31 ciudadanos mexicanos llegarán este sábado a Honduras, mientras otros grupos permanecen pendientes de traslado. Según detalló, el país cuenta con mecanismos establecidos para garantizar que estas personas reciban atención y un trato digno durante su permanencia en territorio nacional, antes de continuar su viaje hacia México.

Cordero señaló que la recepción de ciudadanos mexicanos forma parte de una dinámica de cooperación y reciprocidad entre países de la región. En ese sentido, recordó que Honduras también ha recibido a miles de sus connacionales que han sido retornados por vía terrestre desde México.

“Honduras ha tenido el retorno de 3,064 personas vía terrestre desde México”, explicó el director del INM, al destacar que esta situación también compromete al país a mantener mecanismos de atención para ciudadanos de otras nacionalidades que sean trasladados bajo acuerdos migratorios.

Honduras como país de tránsito y retorno

La llegada de ciudadanos mexicanos ocurre en un contexto regional marcado por el incremento de los controles migratorios y las deportaciones desde Estados Unidos, situación que ha obligado a los países centroamericanos a reforzar sus mecanismos de recepción y atención.

El director del INM explicó que cada proceso migratorio debe ser evaluado de manera individual, ya que los retornos dependen de diferentes procedimientos, autorizaciones y coordinaciones entre los países involucrados.

Por ello, descartó que la llegada de extranjeros retornados implique necesariamente un flujo masivo e inmediato hacia Honduras. Aseguró que el comportamiento registrado durante el año permite establecer promedios y realizar proyecciones sobre la capacidad de respuesta que deberá mantener el país.

El funcionario sostuvo que las autoridades migratorias permanecen atentas a las decisiones que adopten otros gobiernos y a la evolución de las políticas migratorias estadounidenses, con el objetivo de garantizar que Honduras pueda responder ante cualquier cambio en los flujos de personas.

Más de 30 mil hondureños han retornado

Mientras Honduras recibe a ciudadanos mexicanos bajo estos mecanismos de cooperación, miles de hondureños continúan regresando al país luego de ser retornados desde otras naciones.

Según las cifras proporcionadas por Cordero, entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026 han retornado a Honduras 30,975 connacionales.

De esa cantidad, 27,828 hondureños fueron retornados desde Estados Unidos, mientras que otros 3,046 llegaron procedentes de México y 91 desde Guatemala.

Los datos muestran que Estados Unidos continúa siendo, por amplio margen, el principal país de procedencia de los hondureños retornados durante este año.

La cifra representa además una de las principales responsabilidades para las instituciones hondureñas, que deben coordinar la recepción de los connacionales y facilitar los procesos de atención y reinserción después de su llegada al territorio nacional.

Cordero detalló que durante agosto se ha registrado una reducción en el número de hondureños retornados en comparación con el mes anterior.

De acuerdo con los datos del INM, durante julio retornaron al país 4,395 personas, mientras que en lo que va de agosto la cifra ronda las 2,779 personas.

En cuanto a las vías de retorno, aproximadamente 23,752 hondureños han llegado por vía aérea, mientras que otros 7,213 han retornado por vía terrestre.

Las cifras permiten observar diferencias importantes entre los mecanismos utilizados para el retorno de los connacionales, dependiendo del país desde donde son trasladados y de los acuerdos establecidos entre los gobiernos.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos mantenga sus operativos migratorios y las deportaciones durante los próximos meses, el director del INM sostuvo que Honduras debe mantener preparados sus mecanismos de recepción y atención.

Sin embargo, insistió en que las cifras actuales no permiten asegurar que se producirá una llegada masiva de personas, debido a que los procesos migratorios dependen de circunstancias particulares, procedimientos legales y coordinaciones entre las autoridades de los países involucrados.

El INM mantiene así la coordinación para atender tanto a los hondureños retornados desde Estados Unidos, México y Guatemala, como a ciudadanos extranjeros que sean trasladados temporalmente a Honduras mediante mecanismos de cooperación migratoria.

La llegada de los 375 mexicanos retornados desde Estados Unidos representa un nuevo componente dentro del complejo escenario migratorio de la región.

Honduras no solo enfrenta el retorno de miles de sus propios ciudadanos, sino que también participa en mecanismos de cooperación que lo convierten en país receptor y de tránsito para personas de otras nacionalidades.

Mientras las políticas migratorias de Estados Unidos continúan generando cambios en los flujos de personas en Centroamérica, las autoridades hondureñas aseguran que mantienen activos sus protocolos para responder a los movimientos migratorios y garantizar la atención de quienes ingresen al territorio nacional bajo estos mecanismos.

La sequía, la variabilidad climática, la pobreza rural y las limitadas oportunidades de generación de ingresos aumentan la vulnerabilidad de las familias que viven en el Corredor Seco de Honduras, donde la pérdida o reducción de la producción agrícola y pecuaria puede afectar directamente la alimentación y los ingresos de los hogares.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ejecuta un proyecto de respuesta humanitaria en cinco municipios del Corredor Seco para proteger los medios de vida de familias vulnerables y mantener su capacidad para producir alimentos en medio de condiciones adversas.

Uno de los componentes contempla la entrega de alimento para aves a 1,000 hogares, con alcance para 4,715 personas. El objetivo es que las familias mantengan sus pequeñas unidades productivas y dispongan de una fuente adicional de alimentos, especialmente proteína de origen animal, mientras reducen parte de los gastos que implica mantener a los animales.

La respuesta humanitaria parte de una premisa: cuando una familia pierde sus activos productivos, aumenta su vulnerabilidad y disminuye su capacidad para recuperarse de una crisis.

En las comunidades rurales del Corredor Seco, esos activos pueden estar representados por cultivos, sistemas de riego, animales de patio o pequeñas actividades agrícolas y pecuarias.

Estilos de vida

Las condiciones climáticas adversas pueden afectar directamente estos medios de vida. Una reducción en la producción agrícola implica menos alimentos disponibles para el consumo familiar y, en muchos casos, menores ingresos para comprar otros productos.

En el caso de la producción avícola, la falta de recursos para alimentar a los animales también puede provocar una disminución en la producción de huevos.

Por ello, el suministro de alimento para aves busca mantener activo un sistema productivo que ya existe en los hogares.

Esta modalidad de asistencia resulta especialmente importante para hogares con ingresos reducidos, donde pequeñas variaciones en el gasto pueden afectar la cantidad y calidad de los alimentos disponibles.

La FAO señala que proteger la producción agrícola y pecuaria permite a las familias vulnerables acceder a alimentos, preservar sus activos productivos y evitar mayores pérdidas en sus medios de vida frente a las crisis climáticas y económicas.

Hogares reciben asistencia

El proyecto denominado Respuesta inmediata para salvar vidas mediante la producción alimentaria en emergencias en cinco municipios del corredor seco de Honduras contempla diferentes tipos de asistencia para aproximadamente 4,000 hogares.

El componente también incluye campañas de vacunación de animales, que beneficiarán a 1,750 hogares y permitirán proteger aproximadamente 49,000 animales en comunidades vulnerables del Corredor Seco.

Los primeros resultados de la asistencia pueden observarse en los hogares que ya recibieron alimento para sus aves. En la comunidad El Sitio, Comayagua, Ena López Ríos aseguró que el apoyo le permitió reducir el dinero que antes destinaba a comprar alimento para sus gallinas.

Con una familia de cinco integrantes, los huevos forman parte de la alimentación cotidiana. Paulino calculó que producirlos en su propio hogar también representa un ahorro, debido al precio que tendría que pagar para adquirirlos en el mercado.

El proyecto no se limita a responder a una necesidad inmediata. Su diseño combina asistencia humanitaria y recuperación productiva, con el propósito de que las familias puedan mantener o recuperar sus medios de vida.

Esta estrategia resulta relevante en zonas donde las crisis climáticas pueden repetirse y donde los hogares tienen poca capacidad económica para reponer los activos que pierden.

Si una familia pierde sus animales o deja de producir sus alimentos, puede aumentar su dependencia de la compra de productos y de la asistencia externa.

Los recursos forman parte del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe y permiten desarrollar una respuesta que combina asistencia monetaria inmediata con acciones destinadas a recuperar la producción agrícola y pecuaria.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que el fenómeno dejará precipitaciones entre débiles y moderadas, con mayores acumulados previstos en sectores del occidente, norte y algunas zonas del centro del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Jeffrey Flores, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en áreas montañosas de la franja norte y occidental.

¿Qué zonas recibirán más lluvias?

Entre los departamentos donde se esperan mayores acumulados figuran Intibucá, Ocotepeque, Copán y Lempira, en el occidente; Cortés, Atlántida y Yoro, en la zona norte; así como sectores de Comayagua y Francisco Morazán, en la región central.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, especialmente en zonas donde las lluvias puedan generar acumulación de agua, crecida de quebradas o reducción de la visibilidad en carreteras.

En el resto del territorio nacional también podrían registrarse chubascos débiles dispersos y moderados aislados, por lo que las condiciones serán variables durante la jornada.

Mientras tanto, la zona sur mantendrá condiciones mayormente calurosas y secas, con las temperaturas más elevadas previstas para este sábado.

El departamento de Choluteca alcanzará una temperatura máxima de 40 °C, mientras que Valle registrará hasta 39 °C. En este último departamento también se esperan ráfagas de viento de aproximadamente 40 kilómetros por hora.

Temperaturas previstas

Las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para los 18 departamentos del país serán las siguientes:

• Atlántida: 32 °C máxima y 24 °C mínima.
• Choluteca: 40 °C máxima y 29 °C mínima.
• Colón: 33 °C máxima y 25 °C mínima.
• Comayagua: 33 °C máxima y 22 °C mínima.
• Copán: 30 °C máxima y 19 °C mínima.
• Cortés: 34 °C máxima y 24 °C mínima.
• El Paraíso: 30 °C máxima y 20 °C mínima.
• Francisco Morazán: 30 °C máxima y 20 °C mínima.
• Gracias a Dios: 32 °C máxima y 24 °C mínima.
• Intibucá: 25 °C máxima y 17 °C mínima.
• Islas de la Bahía: 32 °C máxima y 27 °C mínima.
• La Paz: 33 °C máxima y 22 °C mínima.
• Lempira: 31 °C máxima y 20 °C mínima.
• Ocotepeque: 33 °C máxima y 21 °C mínima.
• Olancho: 33 °C máxima y 22 °C mínima.
• Santa Bárbara: 33 °C máxima y 24 °C mínima.
• Valle: 39 °C máxima y 27 °C mínima.
• Yoro: 33 °C máxima y 22 °C mínima.

En Tegucigalpa, capital del país, se espera un cielo parcialmente nublado durante este sábado, con una probabilidad media de chubascos leves.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C como mínima y 30 °C como máxima, por lo que se prevé un ambiente relativamente cálido durante el día y más fresco durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Los habitantes de la capital deberán considerar la posibilidad de lluvias aisladas durante sus actividades, especialmente en sectores donde las condiciones montañosas pueden favorecer la formación de precipitaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos pronosticó oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Por el momento, las condiciones del mar se mantendrán dentro de parámetros considerados normales, aunque se recomienda a quienes desarrollen actividades marítimas mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Mientras Honduras se prepara para el ingreso de la onda tropical, en el plano internacional el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantiene bajo vigilancia varias perturbaciones con potencial ciclónico.

En el Atlántico se monitorea una zona de baja presión cercana a Bermudas y una onda tropical que se desplaza desde África. Ambos sistemas presentan actualmente un 20 % de probabilidad de desarrollo durante los próximos siete días.

En el Pacífico, la perturbación identificada como EP91, ubicada al sur de Baja California, presenta un 80 % de probabilidad de fortalecerse hasta convertirse en depresión tropical durante este fin de semana.

Además, otro sistema localizado cerca de México mantiene un 50 % de probabilidad de desarrollo y existe la posibilidad de que termine fusionándose con EP91.

Por ahora, las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de estos sistemas, mientras en Honduras el principal fenómeno previsto para este sábado será el paso de la onda tropical de corta amplitud, que dejará lluvias y tormentas eléctricas principalmente en el occidente, norte y sectores del centro del país.

El cargamento estaba distribuido en 37 fardos que fueron localizados durante las labores de rastreo realizadas por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y fuerzas especiales, informó este viernes el portavoz de Seguridad, Edgardo Barahona.

El nuevo decomiso se produjo apenas un día después de que las autoridades reportaran la incautación de 648 kilogramos de supuesta cocaína en la misma zona. Con ambos operativos, la cantidad de droga decomisada asciende a 1,394 kilogramos, es decir, cerca de 1.4 toneladas, aunque la cifra podría aumentar debido a que las inspecciones continúan en los manglares.

Barahona explicó que los equipos de seguridad mantienen asegurada el área debido a que existe la posibilidad de encontrar más fardos de droga ocultos en sectores aledaños.

Según la información proporcionada por las autoridades, los cargamentos estarían relacionados con una operación de tráfico de drogas en la zona sur del país.

La hipótesis que manejan los investigadores es que la droga habría sido trasladada mediante lanchas, algunas de las cuales fueron interceptadas durante el operativo realizado el día anterior.

Después de la intervención policial, los equipos permanecieron realizando labores de búsqueda en el área. Posteriormente, al descender la marea, los agentes localizaron los paquetes que presuntamente habían sido ocultados y camuflados entre la vegetación de los manglares.

Los especialistas de la DNPA y elementos de fuerzas especiales fueron los encargados de ubicar los 37 fardos, cuyo peso total fue estimado en 746 kilogramos de supuesta cocaína.

Las autoridades no descartan que existan otros paquetes escondidos en zonas de difícil acceso, por lo que los operativos de inspección continúan.

El terreno de manglares representa un desafío para las labores de búsqueda debido a sus características geográficas, la vegetación y los cambios en el nivel de las aguas. Por ello, los equipos especializados mantienen recorridos para descartar la existencia de más cargamentos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas específicamente por este segundo decomiso.

Barahona explicó que las autoridades se encuentran inicialmente en la etapa de aseguramiento de los cargamentos y posteriormente desarrollarán las investigaciones correspondientes junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.

Las pesquisas buscarán establecer qué estructura criminal estaría detrás del traslado de la droga, cuál habría sido su procedencia y cuál era el destino final del cargamento.

También se trabaja en la identificación de las personas que participaron en el traslado, almacenamiento y ocultamiento de los paquetes.

La Policía Nacional espera que las diligencias permitan obtener elementos que conduzcan a los responsables y establecer si existe una estructura criminal organizada detrás de los dos decomisos registrados en el mismo sector.

Los recientes hallazgos también han puesto nuevamente bajo atención al sur de Honduras como una posible ruta utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Tradicionalmente, los principales decomisos de cocaína registrados en Honduras han estado relacionados con operaciones en la zona del Caribe y las rutas marítimas del Atlántico. Sin embargo, las autoridades sostienen que las organizaciones criminales podrían estar modificando sus métodos y rutas ante el incremento de los controles internacionales.

Durante una comparecencia este viernes, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, planteó que la instalación de mayores controles aéreos y marítimos por parte de Estados Unidos y países aliados en otras zonas del continente podría estar provocando cambios en las rutas utilizadas por las organizaciones transnacionales.

Ante el aumento de la vigilancia en rutas consideradas tradicionales, los grupos dedicados al narcotráfico podrían estar buscando nuevas alternativas para movilizar cargamentos hacia Norteamérica.

En ese escenario, Honduras podría convertirse en un territorio de tránsito para organizaciones que buscan trasladar estupefacientes desde Sudamérica hacia los mercados de consumo del norte del continente.

Las autoridades aseguran que los operativos desplegados en la zona sur tienen como objetivo impedir que estos cargamentos puedan continuar su recorrido por territorio hondureño.

La Policía Nacional mantiene las operaciones de búsqueda en el área donde fueron encontrados los dos cargamentos. Los agentes especializados realizan inspecciones para determinar si existen más paquetes ocultos entre los manglares.

El primer decomiso permitió localizar 648 kilogramos de supuesta cocaína, mientras que el segundo operativo permitió encontrar otros 746 kilogramos, distribuidos en 37 fardos.

La suma de ambos hallazgos representa 1,394 kilogramos de supuesta cocaína, aunque las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el peso aumente si son localizados nuevos paquetes.

Además del decomiso, las investigaciones deberán establecer si ambos cargamentos forman parte de una misma operación de narcotráfico y si las embarcaciones interceptadas el día anterior están directamente relacionadas con la droga encontrada posteriormente.

El Ministerio Público acompañará las diligencias para determinar las responsabilidades penales correspondientes y avanzar en la identificación de los integrantes de la estructura que habría movilizado el cargamento.

Por ahora, la Policía mantiene bajo vigilancia el sector de manglares entre Marcovia y San Lorenzo, mientras continúan las inspecciones en busca de más droga y evidencia que permita reconstruir la ruta utilizada por los narcotraficantes.

“Como cuando necesito un amigo”… ¿cuántos lo hemos necesitado alguna vez? Quizá en un momento de cansancio, cuando un proyecto parece imposible, cuando nadie entiende aquello en lo que creemos o simplemente cuando necesitamos que alguien nos recuerde que todavía vale la pena intentarlo.

Para un hondureño de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, esa idea adquirió un significado inesperado muchos años después de su muerte.

Agustín López Pacheco trabajó durante más de 50 años en un proyecto que muchos consideraban una fantasía: construir un helicóptero en el patio de su casa. Años después de su muerte, su voz, registrada en un documental de 2012, apareció al final de una canción de Coldplay lanzada en 2019.

Aunque quienes lo conocían lo llamaban don Tin. Durante más de 50 años trabajó en un proyecto que para muchos parecía una fantasía: construir un helicóptero en el patio de su casa. No era ingeniero. No contaba con grandes recursos económicos. Tampoco tuvo una vida sencilla. Y, sin embargo, insistió.

Su historia comenzó a circular primero en Honduras y después llegó a un documental realizado en 2012. Siete años más tarde, aquella voz registrada en la producción apareció al final de una canción de Coldplay, una banda británica.

Así, un hombre que alguna vez fue objeto de burlas por perseguir un sueño considerado imposible terminó siendo escuchado por una audiencia internacional.

Cuando era niño

Agustín López Pacheco nació el 5 de mayo de 1938 en Río Bonito, Siguatepeque, de acuerdo con registros periodísticos de la época. Su fascinación por volar comenzó cuando todavía era un niño.

En una entrevista publicada por La Prensa en 2011, cuando tenía 73 años, contó que la idea de construir un helicóptero había nacido desde que cursaba sexto grado. Sus posibilidades económicas, sin embargo, no le permitieron continuar sus estudios.

Con el paso de los años comenzó a reunir piezas, materiales y herramientas. Lo que para otras personas podía parecer un conjunto de objetos viejos se convirtió para él en partes de una aeronave que algún día esperaba poner en funcionamiento.

Su vida cambio, pero no su pensamiento

Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue la poliomielitis. La enfermedad afectó progresivamente su movilidad hasta dejarlo dependiendo de una silla de ruedas.

Registros periodísticos de la época señalan que, durante sus primeros años, todavía podía ponerse de pie y caminar distancias cortas, pero con el tiempo perdió la movilidad de sus extremidades inferiores.

Paradójicamente, mientras su propio cuerpo tenía cada vez más dificultades para desplazarse, su imaginación estaba concentrada en construir una máquina capaz de elevarse del suelo. Agustín no solo quería fabricar un aparato. Quería experimentar aquello que su enfermedad le había hecho cada vez más difícil: moverse libremente y volar.

Algunos lo llamaban loco

Su proyecto no siempre fue recibido con admiración. Algunos habitantes de Siguatepeque consideraban imposible que aquel hombre pudiera construir y hacer volar un helicóptero con los recursos que tenía. Fue precisamente esa percepción la que quedó registrada en una de sus frases más recordadas.

En el fragmento utilizado posteriormente por Coldplay se escucha a Agustín explicar que su proyecto había sido motivo de burlas porque muchas personas pensaban que era una cosa imposible, “cuestión de locos”. Y esa conversación, registrada originalmente en una entrevista, terminaría años después en un disco de Coldplay.

Coldplay escuchó aquella voz

En noviembre de 2019, Coldplay lanzó Everyday Life, su octavo álbum de estudio. Entre las canciones estaba When I Need a Friend. “Cuando uno necesita a un amigo” Al final de la canción aparece un fragmento en español con la voz de Agustín López Pacheco.

El registro se escucha alrededor del minuto 2:03 y está acompañado por el ambiente sonoro utilizado en el documental.

En su momento y según declaraciones atribuidas a Chris Martin, “Champion of the World” está relacionada, en parte, con la historia de Agustín López Pacheco. El líder de Coldplay explicó que la canción también hablaba de este hondureño que, pese a las dificultades provocadas por la polio, pasó décadas intentando fabricar su propio helicóptero con materiales que tenía a su alcance.

Agustín murió en 2017, según los registros periodísticos publicados posteriormente, sin haber conseguido ver su helicóptero surcar los cielos. Tenía 79 años.

El detenido fue identificado preliminarmente como Jeremías TJ Ávila Dilbert, originario de la zona donde fue capturado, según información divulgada por las autoridades. La detención se produjo luego de varias diligencias investigativas que permitieron a los agentes ubicarlo en el municipio de La Ceiba.

La captura representa el primer resultado público de las pesquisas por el asesinato de McNeil, quien fue ultimado a tiros el pasado lunes en Roatán, Islas de la Bahía. No obstante, la Policía Nacional ha advertido que las investigaciones continúan y que todavía se trabaja para identificar a otros posibles participantes, incluidos quienes pudieron haber intervenido en la planificación o ejecución del ataque.

Así ocurrió el crimen

De acuerdo con la información preliminar conocida tras el asesinato, McNeil regresaba de dejar a su hijo en la escuelacuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Tras resultar herido, el abogado salió de su automóvil en busca de ayuda, pero murió a pocos metros del vehículo debido a la gravedad de las heridas. El ataque ocurrió en las cercanías de la Departamental de Educación de Roatán, según los primeros reportes divulgados después del crimen.

El asesinato adquirió una dimensión especial luego de que se confirmara que McNeil era testigo protegido dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña, joven que desapareció el 1 de enero de 2022 mientras se encontraba en Roatán.

El presidente Nasry Asfura confirmó públicamente la condición de testigo protegido de McNeil horas después del crimen y aseguró que la Policía estaba dando seguimiento al caso.

¿Qué sabía McNeil sobre Angie Peña?

El nombre de Dereck McNeil ya había aparecido dentro de la investigación por la desaparición de Angie Peña debido a la información que habría proporcionado a los operadores de justicia.

Durante la audiencia inicial celebrada en 2024 contra cuatro personas acusadas por la desaparición y presunta venta de la joven, el Ministerio Público presentó 29 medios de prueba, entre ellos declaraciones de dos testigos protegidos que fueron incorporadas como prueba anticipada.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, McNeil habría declarado que vio a Angie Peña y que tuvo conocimiento de una transacción relacionada con ella. En ese proceso fueron señalados los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.

McNeil, además de ejercer como abogado, era hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil James y anteriormente se había desempeñado como secretario del Juzgado de Paz de Letras de Islas de la Bahía.

Uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación después del crimen es determinar cómo se conoció públicamente que McNeil era testigo protegido.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que las autoridades investigan una posible filtración de la identidad del abogado. Explicó que el Programa de Protección a Testigos es administrado por el Ministerio Público, no por la Policía Nacional, y que la legislación hondureña establece la obligación de mantener bajo estricta reserva la identidad de las personas incorporadas al programa.

Tras el asesinato comenzó a circular un audio atribuido a Dereck McNeil, en el que supuestamente el abogado habla sobre Angie Peña y personas relacionadas con la investigación.

Sin embargo, el ministro de Seguridad aclaró que las autoridades todavía no han confirmado oficialmente la autenticidad de la grabación.

Aunque la captura de Jeremías TJ Ávila Dilbert representa un avance en la investigación, las autoridades han dejado claro que el caso no está cerrado.

El asesinato de McNeil ha colocado nuevamente el caso de Angie Peña en el centro de la atención pública y ha abierto nuevas interrogantes sobre la seguridad de los testigos y colaboradores de la justicia.

Ahora, con un primer sospechoso capturado, la expectativa se concentra en que las investigaciones permitan establecer quién ordenó el crimen, quiénes participaron y si el asesinato estuvo relacionado con la información que McNeil conocía sobre la desaparición de la joven.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 20 de agosto, cuando López Ramírez se encontraba en el corredor de su vivienda. En ese momento se registró un ataque armado que también dejó herido a su hermano, Brayan Javier Guillén López, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario.

De acuerdo con la información preliminar, ambas víctimas fueron llevadas inicialmente hacia un centro asistencial de Corquín, Copán, donde recibieron atención médica debido a las heridas provocadas por el ataque.

Sin embargo, la condición de Eldi Esperanza López Ramírez era crítica y, pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció mientras recibía atención. Su hermano, por su parte, fue remitido posteriormente al Hospital de Occidente, donde permanece ingresado y con pronóstico reservado.

Tras confirmarse el fallecimiento, familiares y personas cercanas recordaron que López Ramírez había sido reconocida como exreina del Café en 2023, título que le permitió ser conocida dentro de su comunidad y participar en actividades relacionadas con el modelaje.

La noticia provocó consternación entre familiares, amigos y personas que habían compartido con ella en diferentes espacios. En redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de pesar y muestras de solidaridad hacia sus seres queridos tras conocerse la tragedia.

Elizabeth Pinto, vinculada a proyectos de modelaje en los que participó la joven, expresó su pesar por el fallecimiento a través de una publicación.

“Amigos, hoy también nos sentimos de luto. Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Eldi Esperanza López Ramírez, de 30 años, una joven que en algún momento fue parte de mis proyectos y de mi trabajo como modelo”, escribió Pinto.

La muerte de la joven causó especial impacto entre quienes la conocieron por su participación en actividades sociales y vinculadas a la representación de la producción cafetalera de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente quiénes estarían detrás del ataque armado, ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron el tiroteo ocurrido en el barrio El Carmen.

Tampoco se ha informado de manera oficial el posible móvil del hecho. Los investigadores trabajan en la recopilación de información que permita reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se desarrolló el ataque.

Las autoridades deberán establecer si el tiroteo fue dirigido específicamente contra las víctimas o si existía algún otro motivo detrás del hecho violento.

Agentes encargados de la investigación realizan las diligencias correspondientes para identificar a los responsables, determinar su paradero y esclarecer las circunstancias en las que Eldi Esperanza López Ramírez resultó herida de gravedad.

Mientras tanto, Brayan Javier Guillén López continúa recibiendo atención médica en el Hospital de Occidente. Su condición permanece bajo observación debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de San Pedro de Copán, mientras familiares y amigos de Eldi Esperanza López Ramírez enfrentan el impacto de su muerte.

La joven, quien tenía 30 años y había sido reconocida como exreina del Café en 2023, perdió la vida tras un ataque ocurrido en el mismo sector donde residía, dejando consternada a la comunidad y a quienes la conocieron durante su participación en actividades de modelaje y representación local.

Las autoridades se mantienen a la espera de obtener nuevos elementos que permitan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, los dos menores, de 8 y 10 años, habían terminado su jornada escolar y emprendieron el camino de regreso hacia sus viviendas. Durante el trayecto encontraron un arma de fuego abandonada en una carretera de la zona, situación que terminó desencadenando una tragedia.

Según los primeros reportes, el menor de 10 años tomó el arma y comenzó a manipularla. En medio de la acción, el arma se accionó de manera accidental y el proyectil alcanzó a su compañero de 8 años.

El disparo provocó heridas de gravedad en el niño, quien quedó en una situación crítica. Personas que se encontraban cerca del lugar acudieron para auxiliarlo y posteriormente fue trasladado en busca de atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto de bala provocó su muerte.

La noticia generó consternación entre los habitantes de Río Blanco, particularmente porque los menores se encontraban regresando de su jornada escolar cuando encontraron el arma.

Familiares de ambos niños aguardaban en sus viviendas el regreso de los menores después de clases, sin imaginar que el recorrido terminaría en una tragedia que conmocionaría a la comunidad.

El caso ha generado preocupación entre los pobladores debido a las circunstancias en las que los niños encontraron el arma de fuego. La presencia de este tipo de objetos en lugares públicos representa un riesgo especialmente elevado cuando se encuentran al alcance de menores de edad.

Las autoridades correspondientes ya trabajan en la investigación del caso para determinar cómo llegó el arma hasta la carretera donde fue localizada por los niños y establecer con precisión las circunstancias que rodearon el disparo.

La investigación también deberá determinar si el arma pertenecía a alguna persona de la zona, cuánto tiempo permaneció abandonada en el lugar y bajo qué circunstancias terminó al alcance de los menores.

Por tratarse de un hecho que involucra a dos niños, las autoridades deberán desarrollar las diligencias correspondientes bajo los procedimientos establecidos para casos en los que están involucrados menores de edad.

El caso vuelve a poner en discusión los peligros relacionados con el acceso de menores a armas de fuego, particularmente cuando estas son dejadas sin supervisión en viviendas, vehículos o espacios públicos.

En este caso, según la información preliminar, el menor que manipulaba el arma no habría tenido la intención de disparar contra su compañero. No obstante, el hecho terminó con la muerte del niño de 8 años.

El suceso ocurrió en el departamento de Olancho, una de las regiones de Honduras que registra una importante cantidad de hechos violentos.

Datos preliminares del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabilizaron 1,236 homicidios en Honduras entre enero y junio de 2026.

En Juticalpa, las cifras de la Secretaría de Seguridad registraron 31 homicidios entre enero y el 4 de agosto de 2026, frente a los 40 casos reportados durante el mismo período de 2025.

Aunque el caso de Río Blanco corresponde a un disparo accidental y no a un homicidio intencional, las autoridades deberán esclarecer todos los elementos relacionados con la presencia y manipulación del arma.

Los combustibles tendrán un nuevo ajuste en Honduras a partir del lunes 24 de agosto, con una particularidad: mientras la gasolina súper registrará una pequeña rebaja, el diésel, el kerosene, la gasolina regular y el GLP vehicular volverán a subir, en un momento en que los costos energéticos mantienen presión sobre hogares y empresas.

La estructura divulgada por la Secretaría de Energía muestra que el mayor movimiento corresponde nuevamente al diésel. En Tegucigalpa alcanzará L141,28 (USD 5,27) por galón, con una variación de L3,14 (USD 0,12), mientras en San Pedro Sula llegará a L137,37 (USD 5,12), con un ajuste de L3,02 (USD 0,11).

El Gobierno reportó un apoyo económico temporal de L3,14 (USD 0,12) en Tegucigalpa y L3,02 (USD 0,11) en San Pedro Sula para este carburante, una intervención destinada a evitar que todo el incremento sea trasladado directamente al consumidor.

La gasolina súper será la excepción

En Tegucigalpa, la gasolina súper bajará L0,50 (USD 0,02) y quedará en L138,62 (USD 5,17) por galón. En San Pedro Sula, la reducción será de L0,59 (USD 0,02), hasta L134,63 (USD 5,02).

La gasolina regular tendrá un comportamiento opuesto: subirá L0,37 (USD 0,01) en la capital, donde alcanzará L128,60 (USD 4,80), y aumentará L0,25 (USD 0,01) en San Pedro Sula, hasta L124,75 (USD 4,65).

La Secretaría de Energía también consignó apoyo económico temporal por esos mismos montos para la gasolina regular.

Los ajustes forman parte del esquema mediante el cual Honduras revisa periódicamente los precios máximos internos de los carburantes tomando en cuenta, entre otros factores, las variaciones del mercado internacional de los derivados del petróleo.

El diésel acumula semanas de fuertes movimientos

El ajuste cobra relevancia porque una semana antes el diésel ya había registrado incrementos importantes.

Desde el 17 de agosto, el galón se encontraba en L138,14 (USD 5,15) en Tegucigalpa, después de un incremento semanal de L3,89 (USD 0,15), mientras en San Pedro Sula había alcanzado L134,35 (USD 5,01) tras aumentar L3,73 (USD 0,14).

Con la nueva estructura, el combustible suma otra variación considerable.

El impacto potencial del diésel va más allá del propietario de un vehículo particular. Este carburante es ampliamente utilizado en transporte de carga, buses, maquinaria y actividades productivas, por lo que una escalada sostenida puede trasladarse a los costos logísticos y posteriormente ejercer presión sobre los precios de productos y servicios.

Kerosene también tendrá un aumento considerable

Otro de los combustibles que aumentará será el kerosene.

En Tegucigalpa pasará a L124,38 (USD 4,64) por galón, con un incremento de L1,79 (USD 0,07), mientras en San Pedro Sula alcanzará L120,36 (USD 4,49) después de subir L1,70 (USD 0,06).

El GLP vehicular aumentará L0,09, equivalente a menos de USD 0,01, en ambas ciudades: quedará en L48,43 (USD 1,81) en Tegucigalpa y L44,90 (USD 1,67) en San Pedro Sula.

Para los hogares existe una diferencia importante.

El GLP doméstico mantendrá su precio en L249,62 (USD 9,31) en Tegucigalpa y L228,47 (USD 8,52) en San Pedro Sula.

La estabilidad no significa necesariamente que el costo real del producto permanezca sin cambios. La tabla oficial señala un apoyo temporal de L35,22 (USD 1,31) por cilindro en Tegucigalpa y L35,58 (USD 1,33) en San Pedro Sula, destinado a evitar que esa variación llegue al consumidor.

La estructura del 24 de agosto deja dos realidades: algunos de los principales combustibles continúan bajo presión, pero una parte de los aumentos está siendo amortiguada mediante recursos públicos.

Para los consumidores, el dato inmediato será cuánto deberán pagar en la estación. Para el Gobierno, la pregunta adicional será por cuánto tiempo puede sostener estos apoyos si los precios internacionales mantienen una tendencia elevada.

Y para la economía, el indicador a seguir será el diésel: si los aumentos se prolongan, su efecto podría extenderse desde las gasolineras hasta el transporte, la producción y la cadena de distribución.

Ibai Llanos lanzó el Mundial de Comidas 2026, un torneo virtual en redes sociales con 16 países y cruces de eliminación directa definidos por votación del público. En uno de los duelos de octavos, Perú compitió con cebiche e Inka Kola, mientras Honduras entró con baleadas y la cerveza Salvavida.

El cruce Perú-Honduras quedó instalado como primera ronda del cuadro completo que presentó el streamer español, después de anunciar días antes el primer enfrentamiento oficial entre España y Argentina. La mecánica fue directa: los usuarios debieron ingresar a las publicaciones oficiales del creador de contenido en sus redes y participar en la votación del enfrentamiento.

La selección del plato peruano también dejó un dato concreto dentro de la dinámica: el cebiche concentró cerca del 70 % de los comentarios entre las propuestas enviadas por usuarios, por encima de alternativas como ají de gallina, lomo saltado y causa limeña.

Ibai enmarcó el cruce con una referencia a antecedentes del formato: Perú llegó como el país que ganó el Mundial de Desayunos con pan con chicharrón y volvió a presentarse como uno de los favoritos en esta nueva edición centrada en platos típicos.

Un cruce definido por plato y bebida: cebiche con Inka Kola vs. baleadas con Salvavida

Al presentar el enfrentamiento, Llanos enumeró los elementos que llevaron a la cancha digital. “Honduras contra Perú, actual campeón del Mundial de Desayunos y uno de los países favoritos. Perú, que va a participar con el cebiche peruano. Creo que no hace falta ni presentación, lo he comido mucho. Traigo por aquí también una Inca Kola, mítica de Perú”, dijo.

Del lado hondureño, el streamer mostró el plato elegido y lo describió en términos de composición: “Aquí os traigo las baleadas hondureñas, que son muy, muy típicas de Honduras. Básicamente tienen frijoles, queso y mantequilla. Como veis, es una torta que está rellena de todo esto”.

La bebida asociada a Honduras en el torneo fue la cerveza Salvavida, incluida como parte de la representación gastronómica del país en el duelo de octavos.

Cómo se armó el cuadro de 16 países y qué duelos quedaron en octavos

El fixture quedó definido con ocho cruces iniciales: España vs. Argentina, Paraguay vs. Uruguay, Perú vs. Honduras, Guatemala vs. México, República Dominicana vs. Colombia, Venezuela vs. El Salvador, Bolivia vs. Chile y Ecuador vs. Cuba.

El formato respondió a una lógica de eliminación directa en la que cada duelo se resolvió por votos en plataformas digitales, a partir de las publicaciones oficiales de Ibai. En ese esquema, el público participó de manera interactiva dejando su preferencia en cada enfrentamiento.

Qué eligieron los usuarios y qué platos quedaron afuera en Perú y Honduras

En Perú, Llanos explicó que la mayoría de comentarios se inclinó por el cebiche frente a otras opciones sugeridas por usuarios como el ají de gallina, el lomo saltado y la causa limeña. El creador de contenido precisó que el cebiche recibió cerca del 70 % de los comentarios entre las propuestas.

En Honduras, el streamer señaló que también circularon pedidos por otros platos, como pollo con tajadas y pupusas, pero las baleadas terminaron imponiéndose con claridad en la votación previa. “Me han dicho que es increíble, yo no las he podido probar todavía. Sé que los hondureños también me habéis pedido el pollo con tajadas, algunos incluso las pupusas, pero han ganado claramente las baleadas. Votad, por favor, con objetividad”, dijo.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, encabezó en San Pedro Sula la primera entrega de maquinaria pesada a 81 municipalidades, en el arranque oficial de un programa con el que el Gobierno busca fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías para atender infraestructura, sequía y producción agrícola.

La jornada marcó el inicio de la distribución del denominado Programa de Maquinaria Municipal, que pretende llevar equipo pesado progresivamente a las 298 alcaldías del país.

Durante esta primera etapa, alcaldes de diferentes departamentos recibieron maquinaria destinada a trabajos como rehabilitación de caminos, apertura y mantenimiento de vías rurales, construcción de reservorios y atención de emergencias locales.

126 máquinas ya pueden comenzar a trabajar

Asfura explicó que actualmente hay 209 máquinas en territorio hondureño.

De ese total, 126 se encuentran completamente listas y asignadas, mientras que otras 83 permanecen en procesos de ensamblaje, inventario y codificación técnica antes de ser entregadas.

El Gobierno espera además la llegada de un nuevo embarque con 80 equipos adicionales durante las próximas semanas.

La distribución será progresiva y forma parte de un proyecto más amplio que contempla incorporar alrededor de 2.100 máquinas y equipos para apoyar a los gobiernos municipales durante la administración.

Entre los equipos incluidos figuran motoniveladoras, retroexcavadoras, tractores, volquetas y camiones cisterna.

Maquinaria con seguimiento satelital

Uno de los elementos incorporados al programa será un sistema de telemetría satelital para controlar el uso de los equipos.

Según lo anunciado durante la actividad, la tecnología permitirá conocer en tiempo real datos como la ubicación de cada máquina, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible y su nivel de productividad.

El mecanismo busca reducir el riesgo de uso irregular de los bienes públicos y permitir que el Gobierno supervise si los equipos están siendo utilizados en las tareas para las que fueron asignados.

La medida cobra especial importancia por el volumen del programa y porque el Ejecutivo ha planteado asumir durante cuatro años los costos relacionados con mantenimiento, seguros y operación de la maquinaria entregada.

Asfura pide que la maquinaria no tenga “color político”

Durante el evento, el mandatario insistió en que la distribución debe realizarse independientemente de la afiliación política de cada gobierno local.

“Ningún color político debe dividir a Honduras”, expresó Asfura, quien sostuvo que los equipos “pertenecen a los hondureños” y deben utilizarse para resolver necesidades comunitarias.

El planteamiento será uno de los puntos que quedará bajo observación a medida que avance el programa: cómo se determinará qué alcaldías reciben primero la maquinaria y bajo qué criterios se asignará cada tipo de equipo.

La primera entrega ocurre mientras Honduras enfrenta una emergencia por sequía que afecta a municipios de distintas regiones.

Parte de la maquinaria podrá ser utilizada para construir reservorios, mejorar sistemas de captación de agua y rehabilitar caminos utilizados por productores agrícolas.

Asfura también ha señalado que el Gobierno adquirirá geomembrana para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y preparar al sector productivo ante los efectos de la falta de lluvias.

La utilidad del programa, sin embargo, no dependerá únicamente de cuántas máquinas sean entregadas.

El principal desafío será comprobar si los equipos se traducen en más kilómetros de caminos rehabilitados, reservorios construidos, comunidades atendidas y proyectos ejecutados por las municipalidades.

La jornada realizada este viernes en San Pedro Sula fue apenas la primera etapa. El Gobierno asegura que nuevos lotes continuarán llegando mes a mes hasta ampliar la cobertura a las alcaldías que todavía esperan maquinaria.

Roatán es promocionada como una de las postales más atractivas del Caribe hondureño: aguas cristalinas, playas de arena blanca, arrecifes coralinos y una economía que depende fuertemente del turismo.

Pero detrás de esa imagen paradisíaca, la isla también ha aparecido en los últimos años en expedientes por trata de personas, explotación sexual de menores, crimen organizado y presunta colaboración de funcionarios con estructuras criminales.

El asesinato del abogado Dereck Isaac McNeil James, vinculado como testigo protegido a investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña, volvió a colocar a Roatán bajo una atención policial reforzada.

El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, se trasladó a la isla para supervisar directamente las labores de investigación, coordinar equipos y revisar las medidas de prevención tras el crimen.

El caso Angie Peña cambió la mirada sobre la isla

Angie Samantha Peña desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática desde West Bay.

Lo que comenzó como una búsqueda marítima terminó abriendo líneas de investigación mucho más amplias.

A partir de diligencias realizadas meses después, las autoridades identificaron personas vinculadas con delitos de trata y explotación sexual en Roatán, entre ellas integrantes de una estructura conocida como “Delta Teams”.

El Ministerio Público ha señalado que esa organización habría operado en Islas de la Bahía y estaría relacionada con delitos como trata de personas, explotación sexual de menores, drogas y armas.

La Fiscalía también ha informado sobre investigaciones que involucran a policías y servidores judiciales presuntamente relacionados con la estructura.

Un destino turístico con otra realidad bajo investigación

Roatán concentra un flujo constante de turistas, trabajadores temporales, extranjeros residentes y actividades económicas vinculadas a hoteles, restaurantes, puertos y transporte marítimo.

Ese movimiento también puede generar espacios aprovechados por redes criminales para operar de manera discreta, especialmente cuando existen vulnerabilidades sociales, poca capacidad institucional o complicidad de funcionarios.

Las investigaciones abiertas en los últimos años han expuesto precisamente ese contraste: una isla que vive del turismo internacional y que, al mismo tiempo, aparece en expedientes sobre explotación y trata de personas.

Eso no significa que Roatán sea, en sí misma, una zona dominada por estas actividades ni que el turismo esté directamente relacionado con ellas. Pero los procesos judiciales han dejado claro que determinadas estructuras encontraron espacio para operar en la isla.

El asesinato que volvió a encender las alarmas

La muerte de Dereck McNeil añadió una nueva dimensión al problema.

El presidente Nasry Asfura confirmó que el abogado figuraba como testigo protegido en investigaciones relacionadas con el caso Angie Peña.

Tras su asesinato, Seguridad desplegó equipos adicionales y el Ministerio Público incorporó más fiscales para reforzar las diligencias.

Las autoridades trabajan con varias líneas de investigación y, hasta ahora, no han establecido públicamente que el crimen haya sido cometido por la información que McNeil manejaba sobre Angie.

Ese punto será clave. Si se demuestra una relación entre su asesinato y su participación como testigo, el caso dejaría de representar únicamente un homicidio y abriría interrogantes más profundas sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes colaboran en investigaciones de crimen organizado.

Septiembre será otra fecha clave

El caso volverá a concentrar atención en septiembre, cuando está previsto el juicio contra personas vinculadas a “Delta Teams” por delitos de trata de personas y asociación para delinquir.

Ese proceso podría ofrecer más información sobre cómo funcionaba la estructura y quiénes participaron en ella, aunque no determinará automáticamente qué ocurrió con Angie Peña.

Más de cuatro años después, la pregunta central continúa sin respuesta.

Y mientras la familia sigue buscando a Angie, Roatán enfrenta otra contradicción difícil de ignorar: el mismo lugar que Honduras muestra al mundo como un paraíso caribeño continúa apareciendo en investigaciones que revelan una realidad mucho más oscura bajo sus aguas cristalinas.

Para una micro o pequeña empresa en Honduras, vender más no necesariamente significa ganar más. Los altos costos de la electricidad, las interrupciones del servicio y la extorsión están creando una combinación que, según representantes del sector, está obligando a algunos emprendedores a cerrar locales, reducir operaciones o trasladar sus negocios a sus viviendas para disminuir gastos.

José Castañeda, representante de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), advirtió que la situación se ha vuelto especialmente difícil para establecimientos que dependen de refrigeración constante, como restaurantes, comedores, carnicerías y pequeños comercios de alimentos.

Cuando se interrumpe la electricidad, no solo se detiene la operación: también puede perderse inventario.

Un apagón puede convertirse inmediatamente en una pérdida

Para un negocio que maneja alimentos, mantener la cadena de frío es parte esencial de la actividad.

Si la energía se interrumpe durante varias horas, productos como carnes, lácteos y otros perecederos pueden deteriorarse. El comerciante debe entonces asumir una pérdida que se suma a alquileres, salarios, impuestos y facturas de electricidad.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) estableció para el tercer trimestre de 2026 una tarifa de L6,4693 por kilovatio hora para el servicio general en baja tensión, categoría en la que pueden encontrarse distintos establecimientos comerciales.

Castañeda sostiene que algunos propietarios terminan pagando la planilla y los gastos operativos sin obtener prácticamente utilidad.

“Una empresa no es para perder”, resumió.

El problema eléctrico va más allá de la tarifa

El precio de la energía es solo una parte de la discusión. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa enfrentando elevados niveles de pérdidas, un factor que afecta directamente su situación financiera.

El Fondo Monetario Internacional señaló en su revisión de 2026 que las pérdidas eléctricas siguen siendo uno de los principales factores detrás de las dificultades financieras de la ENEE y situó la meta para junio en 33,2%.

Para las Mipymes, esa fragilidad termina manifestándose en incertidumbre sobre tarifas, calidad del suministro y continuidad del servicio.

El sector empresarial espera que las reformas energéticas que se discuten en el Congreso permitan reducir costos y mejorar la estabilidad, aunque las diferencias políticas han retrasado una decisión definitiva.

A la factura eléctrica se suma la extorsión

La segunda presión no aparece en ningún estado de resultados formal. Castañeda aseguró que comerciantes continúan cerrando o abandonando establecimientos por amenazas de estructuras dedicadas a la extorsión.

No ofreció una cifra nacional de cierres y reconoció que no dispone de estadísticas oficiales que permitan cuantificar el fenómeno. Sin embargo, autoridades hondureñas mantienen operativos específicos contra redes que cobran dinero a comerciantes, transportistas y otros sectores.

En marzo, la Policía informó que una estructura desarticulada utilizaba billeteras electrónicas y operaba en ocho departamentos, obteniendo varios millones de lempiras mediante cobros extorsivos.

En julio, el Ministerio Público y la Policía Nacional anunciaron además una estrategia conjunta para reforzar investigaciones, seguir el movimiento del dinero y enfrentar nuevas modalidades de extorsión.

Por qué las Mipymes son especialmente vulnerables

Una gran empresa puede tener generadores eléctricos, seguros, varios locales y mayor capacidad para absorber costos inesperados. Una microempresa normalmente opera con márgenes mucho más estrechos.

Si a una factura elevada se agregan alimentos perdidos por un apagón, alquiler, salarios y un pago ilegal exigido bajo amenaza, el negocio puede dejar de ser sostenible rápidamente.

Por eso, algunos emprendedores terminan trasladándose a sus casas: eliminan el alquiler y reducen parte de los gastos fijos, aunque también sacrifican visibilidad y capacidad de crecimiento.

La advertencia de las Mipymes plantea así un problema que trasciende a cada establecimiento.

Cuando un pequeño negocio cierra, también desaparecen empleos, ingresos familiares y actividad económica local. Y mientras Honduras no logre reducir simultáneamente el costo de operar formalmente y el costo impuesto por la criminalidad, abrir un negocio seguirá siendo más sencillo que mantenerlo funcionando.

La severa sequía que golpea a Honduras obligó al Gobierno a acelerar la perforación de pozos y búsqueda de nuevas fuentes de agua, pero la respuesta enfrenta un obstáculo que no puede resolverse únicamente enviando más maquinaria: no todos los sitios donde se perfora tienen suficiente agua disponible.

El ministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Reinaldo Sánchez, informó que Pronaders dispone de cuatro máquinas perforadoras y que la instrucción gubernamental es triplicar la velocidad de trabajo, incluso mediante la contratación de empresas privadas si resulta necesario.

La medida llega después de que el Gobierno declarara 75 municipios en Alerta Roja por sequía, 71 en Amarilla y 88 en Verde. En total, 234 de los 298 municipios hondureños permanecen bajo algún nivel de alerta. La emergencia contempla acciones durante 120 días para atender a más de 134.000 familias.

Perforar no garantiza encontrar agua

Sánchez reconoció que una proporción importante de los estudios realizados hasta ahora no arroja resultados favorables.

Antes de abrir un pozo se requieren análisis técnicos para identificar las zonas donde existe agua subterránea y determinar si su disponibilidad hace viable la extracción.

“Encontramos un alto nivel de estudios que no dan positivo”, señaló el funcionario, quien advirtió que perforar sin respetar esos análisis podría significar desperdiciar tiempo, recursos y maquinaria.

El problema resulta especialmente relevante durante una emergencia: una perforadora utilizada en un punto sin potencial hídrico deja de estar disponible para otra comunidad donde sí podría encontrarse agua.

El agua subterránea puede aliviar una sequía, pero tiene límites

Los pozos representan una de las herramientas más utilizadas cuando disminuyen ríos, quebradas, reservorios y otras fuentes superficiales.

El Banco Mundial considera las aguas subterráneas una especie de “seguro” frente a las sequías porque pueden mantener el abastecimiento cuando las lluvias fallan. Sin embargo, advierte que su uso necesita planificación para evitar agotamiento, contaminación y sobreexplotación de los acuíferos.

La cantidad disponible depende, entre otros factores, de la lluvia que logra infiltrarse y recargar las reservas bajo tierra.

Eso significa que una sequía prolongada también puede terminar afectando los pozos, especialmente cuando la extracción supera la velocidad con la que los acuíferos recuperan el agua.

En Honduras, documentos del Banco Mundial ya han advertido sobre limitaciones en la información disponible sobre aguas subterráneas y el riesgo de sobre explotación asociado a perforaciones sin suficiente control.

La emergencia ya se extendió más allá del sur

La sequía comenzó golpeando con mayor intensidad al denominado Corredor Seco, pero las alertas actuales abarcan municipios de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, La Paz y departamentos del occidente, entre otras regiones.

Cenaos ha reportado déficits acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros, mientras las previsiones apuntan a precipitaciones por debajo de lo habitual durante parte de septiembre y octubre.

El plan gubernamental también incluye reservorios y cosechas de agua. Finanzas anunció entrega de maquinaria en 25 municipios priorizados para este tipo de obras y adelantó transferencias a las municipalidades declaradas en Alerta Roja.

La Secretaría de Agricultura, por su parte, trabaja en reservorios con geomembrana y medidas destinadas a proteger la producción agropecuaria.

Sánchez explicó que la respuesta debe cumplir dos objetivos simultáneos: atender la emergencia actual y preparar al país para la siembra de postrera.

La perforación acelerada de pozos puede ofrecer agua a comunidades que hoy la necesitan con urgencia, pero el desafío será evitar que la solución se limite a extraer cada vez más agua del subsuelo.

En una sequía que podría prolongarse, el problema ya no consiste únicamente en encontrar agua, sino en garantizar que las fuentes descubiertas puedan sostenerse cuando vuelva a faltar la lluvia.

Más de cuatro años después de la desaparición de Angie Samantha Peña, uno de los procesos judiciales surgidos a partir de las investigaciones realizadas en Roatán entrará finalmente en una etapa decisiva.

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción programó del 7 al 14 de septiembre de 2026 el juicio oral y público contra cuatro personas vinculadas con la estructura conocida como “Delta Teams”.

Pero existe una diferencia fundamental: el tribunal no juzgará directamente la desaparición de Angie Peña.

Los delitos sometidos a debate son trata de personas y asociación para delinquir, por lo que el proceso puede revelar información importante sobre la organización investigada, aunque no necesariamente resolver el paradero de la joven.

¿Quiénes llegarán a juicio?

Los estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock aparecen acusados por trata de personas en la modalidad de venta. En el proceso también figuran Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, señalados por asociación para delinquir.

El Ministerio Público sostiene que los investigados formaban parte de una estructura creada alrededor de 2019 en Islas de la Bahía.

En abril de 2024, la Fiscalía afirmó que los “Delta Teams” estaban vinculados con trata de personas, explotación sexual de menores, drogas y tráfico de armas, y señaló además la presunta colaboración de algunos policías y servidores judiciales.

En mayo de 2026, las autoridades aseguraron dos inmuebles donde funcionaba The Dock Resort y 12 vehículos vinculados con miembros de la estructura, dentro de acciones de privación de dominio.

¿Cómo apareció esta red en el caso Angie Peña?

Angie desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática desde West Bay, Roatán.

Meses después, las investigaciones sobre su desaparición condujeron a un allanamiento en la propiedad de Gary Lee Johnston. En el lugar, las autoridades localizaron a una adolescente de 17 años, lo que abrió un expediente independiente por explotación sexual y pornografía infantil.

A partir de aquellas diligencias fueron identificándose otros integrantes y actividades atribuidas a “Delta Teams”.

Johnston ya fue condenado en otro proceso a 32 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada y pornografía infantil. Esa sentencia corresponde a delitos contra otras víctimas y no establece que haya sido responsable de la desaparición de Angie.

El debate inicialmente estaba previsto para marzo de 2026, pero fue reprogramado para septiembre.

Incluso en febrero fueron juramentados los peritos que participarían en la presentación de pruebas científicas y técnicas.

Durante la semana de juicio, la Fiscalía deberá presentar sus pruebas documentales, periciales y testimoniales, mientras las defensas tendrán derecho a controvertirlas.

Solo después de valorar ese material el tribunal determinará si existe responsabilidad penal en los delitos imputados.

La muerte de un testigo ocurre semanas antes

El juicio llega además en un momento especialmente delicado.

El 17 de agosto fue asesinado Dereck McNeil, quien había sido señalado como testigo protegido y había rendido declaraciones relacionadas con la estructura investigada y con Angie Peña.

En un audio divulgado después de su muerte, McNeil afirmó que había visto a la joven y que conocía a personas identificadas como “Los Delta”. La autenticidad, alcance procesal y utilización de esa declaración deberán ser determinados por las autoridades y el tribunal.

Su asesinato, ocurrido semanas antes del juicio, aumentó los cuestionamientos sobre la seguridad de quienes aportan información en investigaciones de crimen organizado.

El juicio puede aportar una reconstrucción más precisa de cómo operaba Delta Teams, quiénes la integraban y qué actividades desarrollaba en Roatán.

También podría permitir conocer nuevos elementos testimoniales relacionados con investigaciones que comenzaron después de la desaparición de Angie.

Pero incluso una eventual condena no responderá automáticamente la pregunta que su familia lleva formulando desde 2022.

Dónde está Angie Peña y qué ocurrió después de que salió de West Bay continúa siendo una investigación abierta.

El proceso de septiembre podría acercar a la justicia a una parte de la trama criminal descubierta en Roatán. Determinar si esa trama explica también la desaparición de Angie será una tarea distinta que todavía necesita pruebas.

El asesinato de Dereck Isaac McNeil James, vinculado como testigo protegido a investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña, abrió una nueva línea que podría ser tan delicada como el propio crimen: cómo llegó a conocerse su identidad y su participación dentro del expediente.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó este viernes que las autoridades investigan la posible filtración y reconoció que resulta especialmente preocupante que se conociera públicamente que McNeil estaba relacionado con el caso.

“Hemos extrañado saber cómo se filtró la información de que realmente esta persona era un testigo protegido exactamente de este caso”, manifestó.

El programa depende del Ministerio Público

Velásquez aclaró un punto importante: el Programa de Protección a Testigos no es administrado por la Policía Nacional, sino por el Ministerio Público.

La legislación hondureña confirma esa estructura. La Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, aprobada mediante el Decreto 63-2007, establece que el programa funciona bajo la dirección y coordinación del Ministerio Público y puede proteger tanto al testigo como a familiares u otras personas que se encuentren en riesgo por su declaración.

Esto significa que no todos los agentes policiales conocen necesariamente quién está incorporado al sistema. Según Velásquez, en algunos casos la Policía puede desconocer completamente la identidad del beneficiario.

Otro elemento que suele generar confusión es la forma de protección. Ingresar al programa no implica automáticamente contar con policías custodiando a una persona las 24 horas.

Las medidas dependen del nivel de riesgo y pueden incluir desde protección policial hasta reubicación, cambios de identidad u otras acciones destinadas a reducir la posibilidad de que el testigo sea identificado o localizado.

En determinados casos, la medida principal puede ser simplemente mantener bajo reserva el nombre y la relación del testigo con determinada investigación.

Por eso, si esa identidad termina siendo revelada, una de las barreras centrales del sistema queda comprometida.

La ley obliga a guardar secreto

La Ley de Protección a Testigos establece expresamente que cualquier servidor público o particular que conozca medidas de protección debe mantener bajo “estricta reserva” la identidad de los beneficiarios y cualquier información que pueda conducir a su ubicación.

La misma norma advierte que incumplir esta obligación puede generar responsabilidades penales, civiles y administrativas.

Por ahora, sin embargo, Seguridad asegura que no existe evidencia que vincule a un policía con la supuesta filtración.

La investigación deberá establecer quién tuvo acceso a esa información, en qué momento comenzó a circular y si existió una divulgación irregular desde alguna institución.

El audio también está bajo revisión

El ministro se refirió además a un audio difundido después del asesinato en el que presuntamente McNeil habla sobre Angie Peña y personas vinculadas con el expediente.

Velásquez señaló que las autoridades todavía no pueden confirmar oficialmente su autenticidad y advirtió que las herramientas tecnológicas actuales permiten editar o manipular archivos de audio.

Eso no significa que el contenido haya sido descartado. La grabación deberá ser sometida a verificación antes de utilizarse como elemento investigativo.

El caso pone bajo presión a todo el sistema

La preocupación aumenta porque Walter Peña, padre de Angie, ha denunciado que otros testigos también estarían recibiendo amenazas.

Si se confirma que McNeil estaba formalmente protegido y que su identidad fue filtrada, el problema trascendería un fallo individual: pondría en duda la capacidad institucional para mantener en secreto a personas que colaboran en investigaciones de alto riesgo.

El desafío ahora tiene dos frentes. Por un lado, esclarecer quién asesinó a Dereck McNeil y determinar si el crimen guarda relación con la información que manejaba.

Por otro, establecer cómo se conoció su condición de testigo protegido y si esa revelación contribuyó a colocarlo en mayor riesgo.

En un caso que lleva más de cuatro años sin responder dónde está Angie Peña, la seguridad de quienes todavía pueden aportar información se ha convertido en otra pieza decisiva de la investigación.

Dos operaciones ejecutadas por la Policía Nacional en la zona sur de Honduras dejaron como resultado la incautación de 648 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 262,560 dólares en efectivo, informó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Los procedimientos se desarrollaron en diferentes puntos del departamento de Choluteca y forman parte de las acciones que las autoridades mantienen para combatir el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

La primera operación tuvo lugar en un punto de control ubicado en la aldea La Corteza, municipio de El Triunfo, cerca de la frontera con Nicaragua. Durante la inspección de un vehículo, agentes policiales localizaron una importante cantidad de dinero que se encontraba oculta en compartimientos falsos.

Por este hecho fue detenido un ciudadano de nacionalidad nicaragüense, quien, según la información proporcionada por las autoridades, transportaba los 262,560 dólares.

El monto incautado representa más de siete millones de lempiras, de acuerdo con la tasa de cambio mencionada por las autoridades. El decomiso fue posible mediante los controles desarrollados por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en coordinación con el Ministerio Público.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer el origen y destino del dinero, así como determinar si los recursos podrían estar relacionados con estructuras dedicadas al lavado de activos.

El ciudadano detenido fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes, donde deberá continuar el proceso judicial conforme a las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes.

La segunda operación se desarrolló en la playa El Inquieto, ubicada en el municipio de Marcovia, también en el departamento de Choluteca.

En este procedimiento participaron agentes de la Dirección Policial Antidrogas, con apoyo de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, quienes localizaron un cargamento de 648 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el reporte proporcionado por el ministro de Seguridad, la droga era transportada en una lancha y presuntamente tendría como destino la región norte de Centroamérica.

A diferencia de la primera operación, en este procedimiento no se reportaron personas detenidas. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del cargamento y determinar la estructura criminal detrás de su traslado.

El decomiso constituye uno de los principales golpes recientes contra las redes de tráfico de drogas en la zona sur del país, una región que, según las autoridades, ha adquirido mayor relevancia dentro de las investigaciones relacionadas con el movimiento de estupefacientes.

Velásquez explicó que durante 2026 la Policía Nacional ha decomisado más de 1,500 kilogramos de cocaína, lo que, según estimaciones oficiales, representa una afectación económica cercana a los 500 millones de lempiras para las estructuras criminales.

El funcionario sostuvo que los decomisos reducen la capacidad financiera y operativa de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, al impedir que importantes cargamentos lleguen a los mercados establecidos por estas redes.

Según la explicación oficial, el reforzamiento de las acciones de seguridad en diferentes zonas del territorio nacional, particularmente en el litoral Atlántico, habría provocado que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas modifiquen sus rutas de traslado.

Como consecuencia, las autoridades han identificado un mayor movimiento de actividades relacionadas con el narcotráfico en la zona sur de Honduras, donde presuntamente estarían operando estructuras de menor tamaño vinculadas con organizaciones criminales de carácter internacional.

El cambio en las rutas representa un nuevo desafío para las instituciones encargadas de combatir el tráfico de drogas, debido a que las organizaciones criminales pueden modificar sus métodos y puntos de traslado para intentar evadir los controles policiales.

Ante este escenario, las autoridades aseguran que mantienen operativos en diferentes puntos del territorio, especialmente en zonas fronterizas, áreas costeras y lugares considerados estratégicos para el traslado de mercancías ilícitas.

El ministro de Seguridad señaló que las investigaciones buscan establecer cuál de las estructuras internacionales de narcotráfico podría estar relacionada con el cargamento encontrado en Marcovia.

Las autoridades también analizan las características de la droga decomisada para determinar su posible procedencia. Velásquez indicó que existe la posibilidad de que la cocaína haya sido procesada en Sudamérica y que posteriormente fuera trasladada hacia Centroamérica.

Entre los posibles destinos finales mencionados por el funcionario se encuentran Estados Unidos y otros mercados de la región, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

La ubicación de Honduras dentro de las rutas utilizadas para el traslado de drogas convierte al país en un territorio estratégico para las organizaciones criminales que buscan movilizar estupefacientes desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Velásquez agregó que existe coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras y otras instituciones para fortalecer las operaciones contra estas estructuras.

La Policía Nacional decomisó este jueves más de 25 fardos de presunta cocaína en una zona costera ubicada entre San Lorenzo, Valle, y Marcovia, Choluteca, en uno de los mayores golpes recientes reportados en el sur de Honduras.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) informó preliminarmente que el cargamento supera los 25 fardos, aunque el conteo oficial y el peso total todavía deberán ser establecidos mediante las diligencias correspondientes.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas y tampoco se ha informado públicamente sobre la procedencia o el destino final de la droga.

Una zona que vuelve a aparecer en operaciones antidrogas

Durante 2026, Choluteca y Valle han figurado repetidamente en operaciones contra el tráfico y distribución de drogas, tanto a gran escala como en acciones contra estructuras dedicadas al narcomenudeo.

En mayo, por ejemplo, la DNPA desarrolló operativos en Namasigüe y otros sectores de Choluteca para decomisar cocaína y detener a personas sospechosas de distribución.

También en Marcovia se han ejecutado allanamientos relacionados con almacenamiento y distribución de drogas, mientras San Lorenzo ha sido señalado por la propia Policía como un corredor utilizado por estructuras criminales.

La ubicación geográfica explica parte de la preocupación: Valle y Choluteca concentran rutas terrestres y zonas costeras cercanas al Golfo de Fonseca, lo que obliga a mantener vigilancia tanto en carreteras como en sectores marítimos.

Honduras ya acumulaba cientos de kilos decomisados

La DNPA reportó que solo en el primer trimestre de 2026 se habían decomisado 432 kilogramos de cocaína y 524 libras de marihuana en diferentes operaciones a nivel nacional.

Posteriormente, el 31 de julio, la Policía informó sobre la incineración de 244 kilos de cocaína decomisados en operaciones desarrolladas en Choluteca y Potrerillos, Cortés.

Eso permite dimensionar el nuevo hallazgo: si cada fardo contiene decenas de paquetes, como ocurre habitualmente en cargamentos de gran escala, el peso final podría representar una parte significativa de las incautaciones acumuladas durante el año.

Sin embargo, las autoridades deberán esperar el conteo y las pruebas de laboratorio antes de confirmar oficialmente tanto el peso como la naturaleza de la sustancia.

El reto no termina con el decomiso

La incautación elimina temporalmente una carga del mercado ilícito, pero deja varias preguntas abiertas.

La primera es quién era responsable del cargamento. La segunda, cuál era su ruta y si Honduras funcionaba como destino final o como punto de tránsito hacia otro mercado.

La ausencia inicial de detenidos también obliga a profundizar en la investigación para establecer si el cargamento estaba vinculado con una estructura local o con redes transnacionales.

El Ministerio Público y los cuerpos antidrogas deberán analizar embalajes, posibles marcas, ubicación exacta, rutas de acceso y cualquier evidencia encontrada en el área.

Otro elemento que preocupa a las autoridades es que el fenómeno no se limita al tránsito internacional.

Durante 2026, la Policía ha reportado capturas en Choluteca y Valle de personas vinculadas con estructuras dedicadas a distribución local de cocaína, marihuana y crack.

Esto muestra dos niveles distintos del mismo problema: cargamentos de gran volumen que atraviesan corredores estratégicos y pequeñas redes que distribuyen droga dentro de las comunidades.

El decomiso de este jueves vuelve a colocar a la zona sur bajo atención. Mientras fiscales y agentes realizan el conteo final, la investigación deberá determinar si estos más de 25 fardos representan un cargamento aislado o una pieza más dentro de una ruta que continúa operando entre las costas y carreteras del Pacífico hondureño.

El asesinato de Dereck Isaac McNeil James, quien había sido identificado como testigo protegido en investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña, abrió una nueva crisis alrededor del caso: la familia asegura que otros testigos también estarían siendo amenazados.

Walter Peña, padre de la joven desaparecida desde enero de 2022, afirmó que tienen conocimiento de personas que podrían aportar información y que ahora temen por su vida.

“Nosotros tenemos conocimiento que existen otros testigos que están siendo amenazados”, manifestó.

La denuncia cambia el foco del expediente. Ya no se trata únicamente de determinar dónde está Angie, sino también de garantizar que las personas que dicen saber algo puedan declarar sin convertirse en objetivos.

Un testigo que dijo haber visto a Angie

McNeil no era una figura ajena al expediente. En 2024, documentos judiciales ya lo identificaban como testigo protegido del Ministerio Público, y una defensa vinculada al caso reconocía que su declaración incluía afirmaciones sobre haber visto a Angie Peña.

Después de su asesinato en Roatán, volvió a circular públicamente un testimonio en el que McNeil aseguraba que había visto a la joven.

Su muerte no demuestra por sí sola que el crimen esté relacionado con esa declaración. Corresponde a las autoridades establecer el móvil y determinar si existe conexión con el caso.

Pero para la familia Peña Melgares, el hecho refuerza una preocupación que venían expresando desde antes.

En julio, sus familiares ya habían denunciado que personas vinculadas con grupos criminales estarían intentando intimidar a testigos e investigadores para obstaculizar el esclarecimiento del caso.

¿Qué ocurre cuando un testigo tiene miedo?

En investigaciones de crimen organizado o trata de personas, un testigo puede ser decisivo para conectar nombres, lugares y movimientos que no aparecen en documentos.

Pero esa información pierde valor práctico si la persona no se siente segura para hablar.

Las amenazas pueden provocar silencio, retractaciones, negativa a colaborar o incluso que otros posibles informantes decidan mantenerse alejados del proceso.

Ese es precisamente el riesgo que ahora denuncia Walter Peña: que el asesinato de McNeil genere un efecto intimidatorio sobre quienes todavía podrían ayudar a reconstruir lo sucedido.

La familia mantiene la hipótesis de trata

Desde hace años, los padres de Angie rechazan que su desaparición haya sido únicamente un accidente marítimo.

La familia sostiene que la joven fue víctima de una red de trata de personas y asegura haber recibido información sobre lugares donde pudo haber permanecido retenida.

Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis familiar y de líneas investigativas que deben ser corroboradas judicialmente.

El propio expediente ha terminado conectado con investigaciones sobre estructuras criminales en Roatán y con personas vinculadas a delitos de trata y explotación sexual. La familia ha insistido en que esos elementos justifican mantener abierta la búsqueda.

Más de cuatro años de reclamos

Angie desapareció el 1 de enero de 2022 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en West Bay, Roatán.

Desde entonces, Walter Peña y Michelle Melgares han cuestionado reiteradamente la lentitud de las investigaciones y han reclamado respuestas concretas del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad.

En los últimos meses, las denuncias se hicieron todavía más graves. La familia habló de presuntas irregularidades institucionales, intimidación y posibles intentos de desacreditar a quienes colaboran con el expediente.

El caso ahora enfrenta dos preguntas

La primera sigue siendo la misma desde hace más de cuatro años: ¿dónde está Angie Peña?

La segunda surgió con fuerza después del asesinato de McNeil: ¿puede el Estado proteger a quienes todavía tienen información?

Si otros testigos efectivamente están siendo amenazados, el desafío de las autoridades ya no consiste únicamente en investigar el pasado, sino en evitar que nuevas voces sean silenciadas.

Porque en un caso donde todavía faltan respuestas fundamentales, perder a un testigo puede significar también perder una parte de la verdad.

La exsecretaria de Salud de Honduras Alba Consuelo Flores no compareció este jueves a la audiencia de declaración de imputado programada dentro del caso de los hospitales móviles, uno de los mayores escándalos de compras públicas registrados durante la pandemia de COVID-19.

Su defensa informó al tribunal que la exfuncionaria se encontraba enferma, pero ahora deberá presentar documentación médica que justifique formalmente su ausencia antes de que el juez determine una nueva fecha.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, explicó que la audiencia estaba fijada para las 8:30 de la mañana y que, por el momento, no existe una nueva convocatoria.

Una incomparecencia por razones médicas no implica automáticamente una sanción.

El juez debe valorar si la excusa está debidamente respaldada y si realmente existió una imposibilidad para asistir.

En el caso de Flores, su defensa deberá entregar la constancia correspondiente y posteriormente solicitar una nueva comparecencia voluntaria.

Si la enfermedad queda acreditada, el tribunal podrá reprogramar la audiencia. Si la justificación no resulta suficiente, el juez deberá decidir qué medidas procesales corresponden.

Castillo señaló además que, si existiera una orden de captura vigente, esta no podría simplemente quedar suspendida mientras la exfuncionaria no se presente ante las autoridades.

¿De qué se acusa a Alba Consuelo Flores?

Flores fue incluida por el Ministerio Público en el denominado Hospitales Móviles II, una ampliación de las investigaciones relacionadas con la compra de siete unidades hospitalarias durante la emergencia sanitaria.

El Ministerio Público la ha señalado por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación de los deberes de los funcionarios.

La operación involucró un desembolso de USD 47,5 millones, equivalentes a alrededor de L1.174 millones, para la adquisición de siete hospitales móviles en 2020.

La Fiscalía sostiene que el proceso presentó graves irregularidades y que el Estado terminó pagando mucho más de lo que valían las unidades adquiridas.

Un caso con condenas, prófugos y varios procesos abiertos

Por la primera etapa del caso ya fueron condenados Marco Bográn, exdirector de Invest-H, y Alex Moraes, exadministrador de esa institución.

En la segunda fase también aparecen otros exfuncionarios, entre ellos la exministra de Finanzas Rocío Tábora y la exviceministra Roxana Rodríguez.

Además, el empresario Axel López, señalado como proveedor de los hospitales móviles, continúa siendo requerido por las autoridades hondureñas mediante orden de captura internacional.

La situación de Flores arrastra antecedentes desde 2023, cuando fue girada una orden de captura contra ella y otros exfuncionarios relacionados con la operación.

¿Por qué su declaración de imputado importa?

La audiencia de declaración de imputado es una etapa clave porque permite que el tribunal formalice la comparecencia de la acusada, conozca los señalamientos y determine las medidas cautelares correspondientes.

Por ello, la ausencia de este jueves no cierra ni suspende definitivamente el proceso. Lo que ocurre ahora es un compás de espera: la defensa deberá demostrar que la exfuncionaria realmente se encontraba imposibilitada para acudir y el juez resolverá posteriormente cuándo deberá presentarse.

El caso de los hospitales móviles sigue siendo especialmente sensible porque involucró recursos destinados a enfrentar una emergencia sanitaria en el momento más crítico de la pandemia.

Seis años después de aquella compra, los tribunales continúan intentando determinar responsabilidades individuales por una operación que costó más de mil millones de lempiras y que se convirtió en uno de los principales símbolos de las denuncias de corrupción durante la crisis del COVID-19.

La Ley de Empleo a Tiempo Parcial fue presentada en Honduras como una herramienta para abrir nuevas oportunidades laborales, especialmente para jóvenes, estudiantes, madres y personas que no pueden asumir una jornada completa.

Sin embargo, a pocos meses de entrar en vigor, empresarios aseguran que su utilización está muy por debajo de lo esperado.

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, pidió reformar la normativa al considerar que las condiciones actuales dificultan que empresas y trabajadores recurran a ella.

El problema no es que la legislación impida el empleo por horas: el Decreto 45-2026, publicado en marzo, reconoce esta modalidad. La discusión está en cómo fue diseñada.

El mínimo de 18 horas, una de las principales trabas

La ley define como trabajo a tiempo parcial una jornada de entre 18 y 32 horas semanales. Para la CCIT, ese piso elimina precisamente parte de la flexibilidad que debería caracterizar este tipo de contratación.

Díaz ha planteado que una empresa debería poder contratar por menos de 18 horas cuando la naturaleza de la actividad lo permita.

El ejemplo utilizado por el sector empresarial son estudiantes o madres que podrían disponer únicamente de algunas horas durante determinados días de la semana.

También permitiría cubrir necesidades específicas en restaurantes, comercios, turismo y otros sectores donde la demanda aumenta durante fines de semana, temporadas altas o determinados horarios.

La ley ya permite trabajar para más de una empresa

Uno de los objetivos planteados por la CCIT es que una persona pueda combinar distintas fuentes de ingreso: por ejemplo, trabajar durante la semana en un call center y los fines de semana en un restaurante.

En realidad, la legislación vigente ya contempla esa posibilidad.

El artículo 9 establece como regla general que el trabajador a tiempo parcial no está sujeto a exclusividad y puede celebrar otros contratos siempre que los horarios sean compatibles y pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones.

Por ello, el cambio que reclaman los empresarios no sería tanto permitir dos empleos, sino facilitar jornadas más cortas que hagan viable combinar ambos.

La duración de la jornada no es el único cuestionamiento. Representantes empresariales han señalado que los trámites administrativos, cargas asociadas a la contratación y régimen de sanciones hacen menos atractiva la modalidad.

Díaz pidió revisar especialmente las multas por infracciones administrativas, al considerar que algunas no guardan proporcionalidad con las faltas cometidas.

Otros representantes del sector privado también han reclamado simplificación de procedimientos y menores obstáculos operativos. La Prensa reportó en julio que, pese a las expectativas iniciales de generar hasta 250.000 empleos, apenas se contabilizaban alrededor de 60 contratos bajo la nueva modalidad.

¿Por qué la ley tiene tantas restricciones?

La normativa busca evitar que las empresas sustituyan trabajadores permanentes por empleados con jornadas reducidas únicamente para disminuir costos.

Por eso prohíbe convertir unilateralmente un contrato de tiempo completo en parcial, fraccionar artificialmente una plaza completa entre varios trabajadores o utilizar empresas relacionadas para evadir obligaciones laborales.

También garantiza salario proporcional, derechos laborales y cobertura de seguridad social.

El desafío consiste, por tanto, en hacer más flexible la contratación sin convertirla en una vía para precarizar empleos existentes.

Las alternativas que plantean los empresarios

La propuesta empresarial pasa por eliminar o reducir el mínimo de 18 horas, facilitar contrataciones para fines de semana y temporadas de alta demanda, simplificar procedimientos y revisar las sanciones administrativas.

El sector privado considera especialmente importante modificar la ley antes del Feriado Morazánico y la temporada navideña, cuando hoteles, restaurantes, comercios y servicios suelen necesitar personal adicional.

El bajo número de contratos ha abierto ahora una discusión distinta a la que acompañó la aprobación de la ley: no si Honduras necesita empleo parcial, sino qué tan flexible puede hacerlo sin reducir las garantías laborales de quienes ya tienen un puesto de trabajo.

Un contenedor transportado por una rastra quedó atrapado este jueves debajo del puente del bulevar Suyapa, en el retorno hacia el bulevar Centroamérica, provocando complicaciones vehiculares en uno de los corredores más transitados de Tegucigalpa.

El vehículo impactó la parte superior del contenedor contra las vigas del puente y quedó prácticamente suspendido bajo la estructura.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas heridas ni vehículos de terceros afectados. El Heraldo informó además que una inspección preliminar no encontró daños de consideración en el puente.

El episodio, sin embargo, plantea una cuestión que va más allá del congestionamiento provocado durante varias horas: cómo se determina si un vehículo pesado puede circular por determinada ruta y quién debe comprobar que su altura es compatible con puentes y pasos inferiores.

El conductor aseguró que no conocía la ruta

El motorista, identificado como Johnny Guevara, explicó durante una entrevista en el lugar que viajaba desde Cortés hacia Tegucigalpa y que no estaba familiarizado con ese sector de la capital.

Según su relato, recibió indicaciones de su proveedor para utilizar esa ruta y fue entonces cuando el contenedor impactó con la estructura.

“Yo no conocía mucho aquí”, explicó el conductor, quien confirmó que el contenedor viajaba vacío.

Guevara salió ileso y aseguró que al momento del impacto no circulaba otro automóvil inmediatamente junto a la rastra, lo que evitó consecuencias mayores.

Las autoridades de tránsito permanecieron en el sector mientras se coordinaba el uso de una grúa para retirar el pesado vehículo.

Para el transporte pesado, la altura total no depende únicamente del contenedor. Debe considerarse la plataforma del semirremolque, la carga y la altura final del conjunto desde la superficie de la carretera.

Además, la compatibilidad de una ruta no depende solamente de las dimensiones legales del vehículo: cada recorrido puede presentar puentes, pasos inferiores, cables, pendientes o estructuras con alturas específicas.

Por eso, antes de movilizar unidades de grandes dimensiones, la planificación de la ruta resulta fundamental.

El incidente del bulevar Suyapa muestra lo que ocurre cuando la altura real del vehículo y el espacio disponible bajo una estructura no coinciden: el riesgo no se limita a dañar el contenedor.

Un impacto puede comprometer infraestructura pública, bloquear completamente una carretera o provocar accidentes con otros conductores.

Un problema mayor en una ciudad congestionada

La ubicación del accidente incrementó sus efectos. El retorno conecta dos corredores de alta circulación: bulevar Suyapa y bulevar Centroamérica, utilizados diariamente por miles de vehículos para desplazarse entre diferentes sectores de Tegucigalpa.

Una rastra inmovilizada en este punto reduce carriles disponibles y obliga a realizar maniobras para desviar el tránsito mientras equipos especializados trabajan en su retiro.

La situación también evidencia las dificultades que enfrentan los vehículos pesados cuando ingresan a zonas urbanas con pasos inferiores y geometrías viales que no siempre son adecuadas para unidades de gran tamaño.

¿Quién debe evitar que ocurra?

La prevención comienza antes de que el vehículo salga a carretera. Transportistas y operadores deben conocer las dimensiones exactas de la unidad y verificar que la ruta seleccionada sea compatible con ellas, especialmente cuando se trata de contenedores o cargas de gran altura.

También resulta clave la señalización previa de los pasos con altura restringida, de modo que el conductor pueda tomar una ruta alterna antes de llegar a un punto donde ya resulte difícil maniobrar.

En el caso de este jueves, las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas que llevaron al conductor hasta ese retorno y si existía señalización suficiente para advertir sobre la altura disponible.

El incidente terminó sin víctimas, pero dejó una imagen poco habitual: una rastra suspendida contra las vigas de un puente y una de las principales vías de Tegucigalpa parcialmente bloqueada por un error que comenzó mucho antes del impacto: la elección de la ruta.

La respuesta frente a las desapariciones de personas en Honduras volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda de derechos humanos.

Una reunión entre el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad abrió un espacio de coordinación para mejorar las acciones de búsqueda y la protección de las familias.

La comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, planteó que el fenómeno tiene distintas causas y expresiones en el país. Entre ellas mencionó la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales.

Para el organismo, el problema no termina con la presentación de una denuncia.

La actuación posterior de las instituciones resulta determinante para preservar las posibilidades de localizar a una persona y esclarecer su situación.

En junio de 2025, el CONADEH y el CICR ya habían planteado la creación de una Mesa Técnica para monitorear la aplicación de los protocolos nacionales de búsqueda.

La iniciativa pretendía facilitar que los familiares pudieran acceder de inmediato a las instituciones correspondientes y que las autoridades activaran las acciones de búsqueda sin dilaciones.

Dar respuesta a las familias

La participación de distintas instituciones responde a la naturaleza de estos casos, que pueden requerir actuaciones policiales, fiscales, forenses, migratorias y de protección de derechos humanos.

En su campaña “La Ausencia Tiene Nombre”, lanzada en septiembre de 2025, el CONADEH informó que los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas manejaban hasta mediados de ese año alrededor de 890 casos, incluidos 814 hondureños no localizados, pertenecientes a 766 familias.

El Banco Forense registraba 1.872 perfiles genéticos de familias hondureñas que buscaban a sus seres queridos.

Estas cifras corresponden a registros específicos y no deben interpretarse como un total nacional de todas las personas desaparecidas.

La ausencia de una base de datos integral dificulta establecer patrones, identificar zonas de mayor incidencia y medir con precisión los resultados de las investigaciones.

El CONADEH y organizaciones de familiares y de la sociedad civil han reclamado la aprobación de una Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, con la intención de establecer obligaciones específicas para el Estado y derechos concretos para quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

El proceso legislativo tuvo un nuevo avance en mayo de 2026, cuando el Congreso Nacional recibió una propuesta de ley presentada por el CICR y organizaciones de familiares.

El proyecto contempla, entre otros elementos, la obligación estatal de buscar, localizar e identificar a las personas desaparecidas.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso también ha señalado durante 2026 la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar mecanismos efectivos de búsqueda y protección.

Acompañamiento a las familias

En una intervención sobre la legislación hondureña, el organismo recogió el testimonio de familiares que llevan años buscando a sus seres queridos. Para estas familias, la aprobación de una ley especializada representa la posibilidad de contar con respaldo estatal permanente durante la búsqueda.

El CICR también ha defendido que una legislación específica permitiría establecer con mayor claridad las obligaciones de las autoridades y los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

Uno de los testimonios recogidos por el organismo corresponde a Ana Cecilia Turcios Sánchez, integrante del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Sur de Honduras (COFAMIDESUR), quien relató que llevaba 11 años buscando a su hijo y expresó la esperanza de que una legislación especializada permitiera obtener respuestas.

Estos testimonios muestran que detrás de los registros estadísticos existen familias que pueden pasar años sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos.

Las organizaciones piden una política pública

El reclamo de las organizaciones no se limita a aprobar una ley. También apunta a establecer una política pública que determine con claridad qué debe hacer cada institución y cómo deben compartir información.

En septiembre de 2025, durante el lanzamiento de “La Ausencia Tiene Nombre”, representantes del CONADEH, el Ministerio Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional coincidieron en la necesidad de una política pública unificada para articular la respuesta estatal.

La propuesta busca evitar que las familias tengan que desplazarse de una institución a otra sin saber quién tiene a su cargo la búsqueda o cómo obtener información sobre el expediente.

Migrantes desaparecidos

Otro elemento que forma parte de esta discusión es el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobado en agosto de 2024.

Según información presentada por el Estado hondureño ante el sistema de Naciones Unidas, el protocolo tiene como objetivos la búsqueda, localización, identificación y restitución de las personas desaparecidas. También establece mecanismos para facilitar acciones interinstitucionales y multidisciplinarias, tanto cuando se busca a una persona con vida como cuando se localizan restos humanos.

Aunque una parte importante de los registros corresponde a personas desaparecidas durante procesos migratorios, el fenómeno tiene otras dimensiones.

El CONADEH identifica entre sus posibles contextos la violencia, la trata de personas y los conflictos sociales. Esto obliga a que las autoridades puedan responder a perfiles distintos de desaparición y no limitar la búsqueda a un solo escenario.

La situación migratoria agrega, además, dificultades particulares cuando la persona desaparece fuera del territorio hondureño, porque puede requerir coordinación con autoridades de otros países, consulados, organizaciones humanitarias y redes de familiares.

El Estado hondureño ha informado ante Naciones Unidas que existen mecanismos de acompañamiento para familiares de migrantes desaparecidos y que el Instituto Nacional de Migración participa en procesos de denuncia y coordinación con el Ministerio Público.

El presidente Nasry Asfura recibió en Casa Presidencial a una delegación de la agencia calificadora internacional S&P Global Ratings, Standard & Poor’s, con la que sostuvo un encuentro para intercambiar información sobre la situación económica de Honduras y las perspectivas que enfrenta el país.

La reunión se centró en el análisis de las condiciones que atraviesa la economía hondureña, el comportamiento de las finanzas públicas y otros factores vinculados con la estabilidad fiscal y financiera. Durante el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por funcionarios del Gabinete Económico.

Entre ellos estuvieron el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

Gobierno expone situación económica

La presencia de los principales responsables del área económica permitió abordar ante los representantes de la calificadora aspectos relacionados con el desempeño de las finanzas nacionales y las medidas que impulsa la administración para preservar la estabilidad macroeconómica.

Uno de los objetivos de la reunión fue proporcionar a los representantes de S&P Global Ratings información sobre el comportamiento reciente de la economía hondureña, el manejo de los recursos públicos y las acciones gubernamentales encaminadas a mantener la disciplina fiscal.

El intercambio también permitió abordar elementos institucionales y financieros que forman parte del análisis que realizan las agencias calificadoras al evaluar las condiciones de un país.

La administración de Asfura destacó la importancia de mantener abiertos estos canales de comunicación con organismos e instituciones internacionales que dan seguimiento permanente a la evolución económica de Honduras.

Durante la reunión, el presidente Asfura reiteró su posición de que el manejo de las finanzas públicas debe realizarse bajo criterios de responsabilidad y disciplina.

“El Gobierno plantea que mantener condiciones de estabilidad constituye un elemento para fortalecer la confianza en la economía hondureña y generar un entorno favorable para la inversión.”

La estabilidad macroeconómica también representa un factor para las decisiones de empresas e inversionistas, ya que permite contar con mayores referencias sobre el comportamiento de las finanzas públicas y las condiciones generales de la economía.

La visita de Standard & Poor’s

La delegación de Standard & Poor’s se encuentra en Honduras como parte de un proceso de recopilación e intercambio de información sobre las condiciones del país.

Durante su visita, los representantes de la agencia tienen la oportunidad de conocer información proporcionada por las autoridades hondureñas y analizar diferentes aspectos relacionados con el desempeño económico, fiscal, financiero e institucional.

La evaluación de estos elementos forma parte del seguimiento que realizan las agencias internacionales especializadas sobre las economías nacionales.

La administración de Asfura aseguró que continuará enfocando sus esfuerzos en fortalecer la estabilidad macroeconómica, generar condiciones que permitan aumentar la confianza en el país y consolidar un entorno que facilite la inversión, estimule el crecimiento económico y contribuya a la generación de nuevas oportunidades para la población.

La reunión con S&P Global Ratings se desarrolla en ese marco, con un intercambio de información que permitió a las autoridades hondureñas exponer su visión sobre el rumbo de la economía y las medidas que se están adoptando para preservar el equilibrio de las finanzas públicas.

El Gobierno también destacó la importancia de mantener una relación abierta con organismos internacionales y entidades que evalúan periódicamente el desempeño de Honduras.

Las reformas al subsector eléctrico siguen sin avanzar al tercer debate en el Congreso Nacional de Honduras y, ante la falta de consensos, comienza a tomar fuerza un “plan B”: que el Ejecutivo utilice decretos dentro de sus competencias y promueva una licitación de corto plazo.

La posibilidad fue planteada por el diputado Mario Pérez, quien reconoció que las condiciones políticas para aprobar la reforma en los próximos días son reducidas y que buena parte del desenlace dependerá del respaldo que pueda ofrecer la bancada liberal.

El problema es que una salida temporal puede contener parte de la presión, pero no sustituye los cambios estructurales que requiere el sistema eléctrico hondureño.

¿Qué puede hacer el Ejecutivo sin el Congreso?

Según Pérez, el Gobierno podría recurrir a decretos ejecutivos o PCM para resolver asuntos que estén dentro de sus atribuciones.

Eso permitiría adoptar medidas administrativas o impulsar procesos de contratación energética de corto plazo, pero no reemplazaría las reformas que necesitan aprobación legislativa.

En términos prácticos, el Ejecutivo tendría margen para atender urgencias operativas, pero no para modificar por sí solo todo el marco legal del subsector.

La ENEE sigue siendo la empresa pública responsable de buena parte de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Honduras, y entre sus objetivos institucionales están recuperar su situación financiera, reducir pérdidas y garantizar el suministro.

Una licitación de emergencia podría comprar tiempo

La otra alternativa planteada es una licitación de corto plazo para adquirir energía en condiciones más favorables y reducir la presión inmediata sobre los costos de compra.

Ese mecanismo podría ayudar a cubrir déficits temporales o evitar contrataciones más costosas, pero no solucionaría por sí mismo los problemas de transmisión, distribución, pérdidas técnicas y no técnicas o la planificación de nueva generación.

El propio sistema eléctrico cuenta ya con un Plan Indicativo de Expansión de la Generación y de la Red de Transmisión para 2026-2035, aprobado de forma condicionada por la CREE en marzo de 2026, lo que muestra que las necesidades del país van mucho más allá de una contratación de emergencia.

El riesgo de aplazar las decisiones de largo plazo

Pérez advirtió que el estancamiento podría impedir una licitación de mayor horizonte, pensada para cubrir las necesidades del país durante aproximadamente una década.

Sin contratos de largo plazo, Honduras podría terminar recurriendo de manera repetida a soluciones temporales o renovaciones bajo condiciones menos favorables.

Eso importa porque el costo de comprar energía termina repercutiendo en las finanzas públicas y, eventualmente, en las tarifas que pagan hogares y empresas.

El debate, por tanto, ya no es solamente político. También involucra qué tipo de contratos tendrá Honduras, a qué precio comprará energía y cuánto margen tendrá para planificar el crecimiento de la demanda.

Uno de los puntos más delicados continúa siendo el nivel de pérdidas del sistema eléctrico.

La información divulgada alrededor de la reforma sitúa las pérdidas de transmisión y distribución por encima del 38%, aunque las cifras exactas pueden variar según el período y la metodología utilizada.

El propio plan de expansión de la ENEE reconoce que las pérdidas de distribución representan un requerimiento real de energía que debe ser abastecido aunque no llegue a convertirse en facturación, lo que evidencia el peso financiero del problema.

Esto significa que incluso si el país consigue energía más barata mediante una licitación, una parte importante del beneficio puede diluirse si continúan las pérdidas, el robo de energía, las deficiencias de red y los problemas de cobro.

El verdadero costo del estancamiento

Mientras el Congreso no defina una reforma de fondo, a pero difícilmente resolver el deterioro estructural del sistema.

La discusión energética se mueve así en dos velocidades: una respuesta inmediata para evitar mayor presión sobre tarifas y suministro, y una reforma de largo plazo para reducir pérdidas, atraer inversión y estabilizar la ENEE.

El riesgo es que el país termine atendiendo lo urgente mientras aplaza nuevamente lo importante.

Un juez de Letras de Danlí dictó este jueves detención judicial contra el creador de contenido Urías Jabín Lovo Montoya, señalado por el Ministerio Público por un caso de presunto trato degradante contra un menor de edad y

La acusación surgió luego de que un video mostrara al menor, en condición de calle, rapado a cambio de dinero y luego expuesto en redes sociales.

La controversia por la difusión de un video en redes sociales llegó este jueves a los tribunales de Danlí, donde un juez de Letras resolvió imponer la medida de detención judicial a Urías Jabín Lovo Montoya, creador de contenido acusado por el Ministerio Público de los delitos de trato degradante y abuso de llamadas de emergencia.

La resolución se produce después de que la Fiscalía Regional de Oriente presentara un requerimiento fiscal relacionado con un episodio ocurrido el 16 de agosto en el parque central de Danlí, en el departamento de El Paraíso.

De un video viral a una investigación penal

De acuerdo con la investigación fiscal, Lovo Montoya habría participado junto con otro creador de contenido, identificado en reportes periodísticos como Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”, en una acción en la que ofrecieron dinero a un menor de edad en condición de calle para que permitiera que le raparan la cabeza.

El menor habría aceptado recibir 500 lempiras, unos 20 dólares a cambio de acceder al corte de cabello. Según la acusación, los creadores de contenido grabaron el momento y difundieron las imágenes, con expresiones de burla y ridiculización hacia el menor.

El episodio adquirió notoriedad después de que las imágenes circularan en plataformas digitales y generaran críticas por la forma en que fue tratado el menor.

La Fiscalía sostiene que el problema no radica únicamente en haberle cortado el cabello, sino en las circunstancias en las que se habría producido la acción: la utilización de la situación de vulnerabilidad del menor, la entrega de dinero como condición para realizar el acto, la grabación del episodio y su exposición pública.

El ente acusador considera que se produjo una afectación a los derechos, la dignidad y la integridad moral del menor.

La acusación deberá ser demostrada durante el proceso judicial. Lovo Montoya mantiene su condición de imputado y la determinación definitiva sobre su responsabilidad corresponderá a los tribunales una vez concluido el proceso.

El Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal contra Rosel Ariel Archaga Rodas por los mismos hechos, aunque la información disponible hasta este jueves señala que Lovo Montoya fue quien quedó detenido.

Organizaciones exigen un precedente

Aunque no se localizó hasta el momento una declaración pública, organismos que trabajan en protección de la niñez sí han advertido previamente sobre los riesgos que supone la exposición de niños y adolescentes en entornos digitales.

Según la acusación fiscal, un menor en condición de calle habría sido convertido en protagonista de contenido difundido en redes sociales.

UNICEF ha sostenido además que los derechos de niños, niñas y adolescentes deben mantenerse vigentes también en el entorno digital y que los menores deben ser considerados sujetos activos de derechos, no simplemente objetos de contenido.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, ha documentado los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los espacios digitales.

En su Informe Anual 2025, el organismo señaló que un estudio nacional sobre los riesgos en redes sociales para la niñez y adolescencia identificó problemas como ciberdelitos, captación con fines de trata, acoso en línea y adicciones digitales.

El informe se basó en más de 5,400 encuestas y experiencias de alrededor de 40 mil niños, niñas y adolescentes en Honduras.

La ONU destinará unos 80 millones de dólares equivalente a unos 532.6 millones de lempiras, para apoyar a Honduras frente a la crisis provocada por la sequía, con recursos dirigidos a municipios afectados, acciones anticipatorias, acceso a agua segura y asistencia para pequeños productores.

La sequía que afecta a distintas zonas de Honduras requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno, las municipalidades y los organismos de cooperación internacional, afirmó este miércoles el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alejandro Álvarez.

Durante su participación en el I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos, realizado en el Legislativo, Álvarez informó que Naciones Unidas trabaja con el Gobierno del presidente Nasry Asfura y diferentes instituciones para atender los efectos de la crisis climática, principalmente en las comunidades donde la falta de agua amenaza la producción de alimentos y las condiciones de vida de las familias.

La asistencia busca complementar los esfuerzos que desarrolla el Gobierno y fortalecer la atención directa en las comunidades que enfrentan mayores necesidades debido a la falta de agua y sus consecuencias sobre la seguridad alimentaria.

Fondos para acciones anticipatorias

El propósito de estos fondos es permitir que las comunidades puedan adoptar medidas antes de que los efectos de la falta de lluvias se profundicen y reducir así el impacto sobre las familias y los medios de vida.

La estrategia adquiere especial importancia para las zonas rurales, donde una parte de la población depende directamente de la agricultura y de la disponibilidad de agua para mantener sus cultivos y actividades productivas.

Álvarez señaló que posteriormente se prevé liberar recursos para respaldar a los pequeños productores, uno de los sectores que enfrenta mayores riesgos ante la falta de lluvias y las posibles pérdidas en los cultivos.

“Hay un donativo adicional de alrededor de 20 millones de dólares. Será recibido por el país para poder hacer frente a esta sequía. Posteriormente vamos a liberar fondos para apoyar a pequeños productores y estaremos en condiciones de hacer este trabajo”, expresó.

PMA, FAO y Unicef participan en la respuesta

La respuesta de Naciones Unidas se desarrolla de manera conjunta con organismos especializados como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

A esta coordinación se suma la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), con la que se trabaja para fortalecer las acciones en los territorios.

Según Álvarez, estas organizaciones mantienen coordinación con diferentes instituciones del Gobierno para atender la situación desde una perspectiva multisectorial.

La intervención no se limita a la entrega de alimentos, sino que contempla acciones relacionadas con el agua, la salud, la producción agrícola y la protección de las familias más vulnerables.

Prorizar familias más afectadas

Uno de los principales llamados realizados durante el congreso fue establecer criterios técnicos para determinar cuáles municipios y comunidades requieren atención prioritaria.

Álvarez recordó que la sequía no afecta de la misma manera a todos los municipios, por lo que consideró necesario establecer una metodología que permita dirigir los recursos hacia las zonas con mayores necesidades.

“Digo esto para que tomemos acciones que no necesariamente son simpáticas de tomar, pero se debe priorizar con base en metodologías técnicas para que el apoyo a las familias y las ayudas llegue de manera multisectorial porque la gente debe comer”, manifestó.

Para el representante de Naciones Unidas, la distribución de la asistencia debe responder a las condiciones reales de cada territorio y no realizarse de manera uniforme, debido a que existen diferencias en cuanto a disponibilidad de agua, producción agrícola y capacidad de las familias para enfrentar la emergencia.

Álvarez explicó que las acciones de respuesta deben incluir mecanismos que permitan a las comunidades contar con agua segura, especialmente en aquellas zonas donde las fuentes tradicionales se han reducido o presentan dificultades para abastecer a la población.

Entre las medidas planteadas se encuentran la instalación y distribución de filtros de agua, plantas potabilizadoras, pozos y bombas, con el objetivo de garantizar el suministro y reducir los riesgos para la salud.

El funcionario insistió en que el componente sanitario debe ser atendido, debido a que la falta de agua segura puede convertirse en un problema adicional para las familias afectadas por la emergencia climática.

Los pequeños productores se encuentran entre los sectores que pueden sufrir mayores consecuencias, debido a que la reducción de las precipitaciones puede afectar cultivos, disponibilidad de agua para riego y capacidad de las familias rurales para generar ingresos.

Por esa razón, la ONU contempla liberar recursos específicos para respaldar a este sector, como parte de una estrategia que busca reducir el impacto de la sequía y contribuir a mantener la producción de alimentos.

La situación del sector eléctrico volvió a ocupar un espacio relevante dentro de la agenda de cooperación entre Honduras y Estados Unidos, luego de la reunión entre la encargada de negocios de la representación diplomática estadounidense, Colleen A. Hoey, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Durante el encuentro se analizaron asuntos de interés bilateral, entre ellos los desafíos que enfrenta Honduras para fortalecer su sistema energético.

La representación de Estados Unidos reafirmó su disposición a acompañar al país en los esfuerzos para modernizar el sector, en momentos en que sigue estancado en el Congreso Nacional un proyecto de reformas al subsector eléctrico impulsado por el Gobierno.

El interés estadounidense también está relacionado con la necesidad de crear un entorno que favorezca la inversión, tanto nacional como extranjera. Un suministro eléctrico estable constituye uno de los elementos que las empresas consideran al momento de establecer nuevas operaciones, ampliar sus actividades o desarrollar proyectos productivos.

Modernización energética

El fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades del sector eléctrico forma parte de los retos que Honduras debe enfrentar para mejorar su competitividad.

Estados Unidos considera que la cooperación con Honduras puede contribuir a promover cambios que permitan contar con un sistema energético más eficiente, capaz de responder a la demanda y de brindar mayor seguridad a los usuarios y al sector productivo.

La modernización del sistema no solamente tiene implicaciones relacionadas con la prestación del servicio. También está vinculada con la generación de oportunidades económicas, la atracción de capital y la capacidad del país para sostener un crecimiento productivo en el mediano y largo plazo.

Reformas sin consenso

El encuentro entre la diplomática estadounidense y el titular del Congreso Nacional se produce mientras permanece estancado un proyecto de reformas al subsector eléctrico impulsado por el Gobierno.

La iniciativa enfrenta dificultades para avanzar dentro del Legislativo debido a la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas, una situación que ha impedido que las modificaciones propuestas puedan concretarse.

El debate sobre las reformas se desarrolla en medio de los desafíos que enfrenta el país para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y establecer condiciones que permitan fortalecer su sostenibilidad.

La falta de acuerdos políticos mantiene en pausa una discusión que involucra aspectos relevantes para el futuro del sector y que requiere la participación de los distintos actores con representación en el Congreso Nacional.

Un sector clave para la economía

El sistema energético tiene un impacto directo sobre distintos sectores de la economía hondureña. La industria, el comercio, los servicios y las actividades productivas dependen de un suministro eléctrico que permita mantener operaciones de manera continua y con costos previsibles.

Por esa razón, la discusión sobre la modernización del sector trasciende el ámbito estrictamente energético y se relaciona con la capacidad de Honduras para mejorar su clima de negocios y atraer inversiones.

La confiabilidad del servicio también representa un elemento importante para la planificación de nuevas empresas y proyectos. Una infraestructura energética capaz de responder a la demanda puede contribuir a reducir riesgos para las compañías y facilitar la expansión de actividades económicas.

Cooperación enfocada en inversión y crecimiento

Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar colaborando con Honduras para impulsar un sistema energético que combine eficiencia, confiabilidad y condiciones favorables para la inversión.

El planteamiento coloca la cooperación energética como parte de una agenda más amplia orientada a promover la prosperidad económica de Honduras y de la región.

La modernización del sector requiere, además de inversiones e infraestructura, la existencia de reglas claras y de instituciones capaces de garantizar el funcionamiento adecuado del mercado eléctrico.

En ese escenario, el Congreso Nacional desempeña un papel relevante debido a que varias de las modificaciones necesarias para transformar el marco del subsector dependen de decisiones legislativas.

Acuerdos políticos

La falta de consenso entre las fuerzas políticas continúa siendo uno de los principales obstáculos para que el proyecto de reformas avance en el Congreso Nacional.

El desafío para los diputados será encontrar puntos de coincidencia que permitan retomar la discusión y determinar el futuro de la propuesta presentada por el Gobierno.

Mientras tanto, la modernización energética permanece como uno de los temas que requieren atención dentro de la agenda económica nacional, especialmente por su relación con la inversión, la productividad y el crecimiento.

La libertad de prensa en Honduras enfrenta un problema que va más allá del número de agresiones registradas: la mayoría de los casos no termina en una sanción.

Un informe presentado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) sitúa en 86.6% el nivel de impunidad de las agresiones denunciadas contra periodistas y comunicadores sociales, un indicador que la organización considera parte de un patrón persistente de censura, hostigamiento y ausencia de respuesta institucional.

La directora ejecutiva de C-Libre, Amanda Ponce, señaló que el documento identifica tres problemas centrales: restricciones al pluralismo informativo, ataques legales y hostigamiento, además de una “memoria negada” vinculada con asesinatos de comunicadores que continúan sin sentencia.

Funcionarios públicos aparecen entre los principales agresores

Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a 2025.

Según C-Libre, 52.8% de las agresiones registradas ese año fueron atribuidas a funcionarios públicos, una cifra que coloca al propio Estado en el centro de los cuestionamientos.

Dentro de ese grupo, la organización señaló que 49% correspondió a miembros de las Fuerzas Armadas y 17% a agentes de la Policía Nacional.

Estos señalamientos coinciden con alertas previas emitidas por C-Libre sobre episodios de intimidación, descalificación pública y presión contra periodistas y medios por parte de instituciones estatales.

En 2025, por ejemplo, la organización denunció comunicaciones oficiales de las Fuerzas Armadas contra publicaciones periodísticas y posteriormente advirtió sobre un patrón de intimidación militar en el contexto electoral.

El informe también identifica un aumento significativo de los casos de censura durante 2025.

Ponce aseguró que este tipo de incidentes creció 140% y que diez casos se concentraron únicamente el 30 de noviembre, día de las elecciones generales.

El contexto electoral elevó los riesgos para los periodistas encargados de cubrir centros de votación, instituciones públicas y el proceso de divulgación de resultados.

C-Libre documentó episodios de obstrucción informativa e intimidación durante las elecciones, incluyendo restricciones contra reporteros y campañas de estigmatización dirigidas a medios de comunicación.

La organización también ha advertido que los discursos de funcionarios que desacreditan a medios y periodistas pueden incrementar los riesgos de agresión y fomentar la autocensura.

El problema continuó en 2026

Las señales de deterioro no terminaron con el proceso electoral.

Entre enero y junio de 2026, C-Libre documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública, equivalente a aproximadamente un caso cada tres días.

Solo durante el primer cuatrimestre del año se registraron 41 alertas, un aumento de 46.4% frente al mismo período de 2025.

En ese lapso, la intimidación representó 44% de los casos, seguida por la obstrucción informativa con 24%, la judicialización de la crítica con 17% y otras formas de estigmatización o agresión con 15%.

En agosto, la organización volvió a emitir una alerta después de que un periodista de investigación recibiera amenazas de muerte y fotografías que evidenciaban vigilancia sobre sus movimientos cotidianos.

Cuando la impunidad se convierte en otro mecanismo de presión

El 86.6% de impunidad no implica únicamente expedientes sin sentencia.

Para organizaciones de libertad de expresión, la ausencia prolongada de consecuencias puede generar un efecto adicional: incrementar el temor entre periodistas, promover la autocensura y reducir la capacidad de los medios para investigar asuntos sensibles.

Ese efecto resulta especialmente grave cuando los agresores señalados pertenecen a instituciones con capacidad para ejercer poder político, policial o militar.

El informe de C-Libre plantea así un problema doble para Honduras: las agresiones continúan ocurriendo y, al mismo tiempo, la mayoría permanece sin una respuesta judicial efectiva.

La consecuencia trasciende al gremio periodístico. Cuando un reportero deja de investigar por miedo, una fuente decide no hablar o un medio evita publicar información sensible, también se reduce el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público.

La violencia contra las mujeres volvió a quedar en evidencia con dos hechos registrados en diferentes zonas de Honduras, que dejaron a cinco mujeres heridas y trasladadas de emergencia a centros asistenciales. Uno ocurrió en Olancho y el otro en Atlántida, según reportes preliminares.

El primer caso ocurrió en la aldea Minas de Oro, municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, donde tres mujeres fueron atacadas presuntamente por un familiar durante una discusión.

Las víctimas fueron identificadas como Carla Rodríguez, de 42 años, quien sería esposa del supuesto agresor; Alba Rodríguez, de 38 años, su cuñada; y Elba Aldana, de 58 años, su suegra.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre llegó hasta la vivienda y comenzó una discusión con las mujeres. En medio del altercado, el sujeto habría reaccionado de manera violenta y tomó un machete para atacarlas.

Traslado de las víctimas

Las tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Aníbal Murillo, en el municipio de Olanchito, Yoro, donde recibieron atención médica debido a las lesiones provocadas durante el ataque.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a versiones preliminares sobre lo ocurrido. Las autoridades competentes serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas del hecho, así como la responsabilidad penal del señalado.

El segundo hecho se registró en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, donde una madre y su hija fueron víctimas de un ataque armado.

Las mujeres fueron identificadas como Nidia Ramírez y Mercedes Ramírez. Según los reportes preliminares, ambas se desplazaban en un vehículo tipo pick-up de doble cabina cuando fueron atacadas a disparos en la calle 8, en la intersección hacia la colonia Miramar.

Tras el ataque, las dos mujeres fueron trasladadas de emergencia al Hospital General de Atlántida para recibir atención médica.

Las circunstancias que provocaron el ataque, así como la identidad de los responsables y el móvil del hecho, permanecen bajo investigación.

Cifras sobre la violencia contra las mujeres

Los ataques se producen en un contexto de preocupación por la violencia que afecta a las mujeres hondureñas.

Datos recientes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muestran que las muertes violentas de mujeres han continuado durante 2026. A mediados de año, el observatorio informaba 168 casos.

El fenómeno, además, no se limita a los asesinatos. La violencia doméstica, el maltrato familiar, las agresiones físicas y sexuales y otras formas de violencia afectan a mujeres de diferentes edades y regiones del país.

En los primeros meses de 2026, el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró miles de denuncias relacionadas con violencia doméstica y maltrato familiar, de acuerdo con datos citados por organismos defensores de los derechos de las mujeres.

Agresiones en el entorno familiar

El ataque registrado en Olancho vuelve a poner atención sobre la violencia que puede producirse dentro del entorno familiar.

Que las víctimas tengan un vínculo de parentesco con el presunto agresor constituye un elemento relevante para las investigaciones, especialmente porque la violencia contra las mujeres puede manifestarse dentro de espacios donde deberían existir relaciones de protección y convivencia.

El Ministerio Público mantiene una Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER), encargada de investigar y judicializar delitos cometidos contra mujeres.

Durante los primeros seis meses de 2026, la FEP-MUJER de la Regional del Norte reportó la presentación de 176 requerimientos fiscales contra personas acusadas de delitos en perjuicio de mujeres y la obtención de 33 sentencias condenatorias por delitos como violación, violencia contra la mujer, maltrato familiar y quebrantamiento de medidas o condenas.

En otra jornada nacional desarrollada en mayo, la Fiscalía informó sobre 43 requerimientos fiscales por delitos contra mujeres, además de 19 medidas de seguridad contra agresores y 10 órdenes de captura.

Investigación de los casos

Para especialistas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, la violencia debe analizarse como un fenómeno que puede comenzar con agresiones, amenazas, intimidación o maltrato y escalar hasta hechos de mayor gravedad.

La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, ha advertido que las muertes violentas de mujeres dejaron de ser hechos aislados y representan una emergencia que requiere respuestas institucionales, especialmente en materia de investigación y judicialización.

El problema también está relacionado con la violencia ejercida por personas cercanas a las víctimas. En declaraciones recogidas durante el año, Ayestas señaló que parejas, exparejas y personas conocidas aparecen entre los agresores en algunos de los casos de muertes violentas de mujeres.

En el caso de Olancho será necesario esclarecer qué originó la discusión y qué ocurrió inmediatamente antes de que las tres mujeres fueran atacadas con el machete.

En La Ceiba, las investigaciones deberán determinar quiénes dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban Nidia y Mercedes Ramírez, además de establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra ellas y cuál habría sido el motivo.

El Gobierno y el Colegio Médico de Honduras retomaron el seguimiento de los acuerdos alcanzados para resolver las principales demandas laborales de los profesionales que trabajan en el sistema público de salud. Entre los avances, confirmaron el pago de siete meses de salarios adeudados a médicos interinos y contratados.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la confirmación del pago de siete meses de salarios adeudados a médicos que laboran bajo modalidades de interinato y contratación.

Según lo acordado, el listado de los profesionales a quienes se les adeudan estos recursos quedará listo este jueves, con el objetivo de avanzar en el proceso administrativo para efectuar los pagos correspondientes.

El encuentro se desarrolló como parte del seguimiento a los compromisos asumidos anteriormente entre el Gobierno y el gremio médico.

En junio, ambas partes habían alcanzado acuerdos relacionados con salarios pendientes, condiciones laborales y la aplicación de una base salarial uniforme para los profesionales de la medicina que prestan servicios en instituciones públicas.

Base salarial de 36 mil lempiras

Otro de los temas centrales fue el cumplimiento de la base salarial de 36 mil lempiras para los médicos generales.

Santos explicó que, pese a los acuerdos alcanzados, existen profesionales que continúan percibiendo remuneraciones inferiores a ese monto, incluso de 9.500 y 19.000 lempiras.

El dirigente señaló que el presidente Asfura ordenó que se respete la base salarial establecida y anunció que Luis Castro sostendrá reuniones con instituciones que cuentan con personal médico, entre ellas la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y el Hospital Militar.

El objetivo será revisar las condiciones bajo las cuales están contratados los profesionales y procurar que la remuneración corresponda con lo establecido para el sector.

La base salarial de 36 mil lempiras para médicos generales y de 44 mil para especialistas había sido incluida entre los compromisos alcanzados previamente entre el Gobierno y el Colegio Médico.

Diferencias salariales y reclamos

La situación salarial ha sido uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y el gremio médico durante los últimos meses.

El Colegio Médico ha cuestionado que profesionales que desempeñan funciones similares reciban remuneraciones diferentes según la institución pública en la que laboran.

La estandarización salarial busca reducir esas diferencias y garantizar que los médicos contratados por el Estado reciban la remuneración correspondiente a su categoría.

Los reclamos se suman a las dificultades generadas por los retrasos en el pago de salarios a médicos interinos y contratados, algunos de los cuales han continuado prestando sus servicios pese a acumular varios meses sin recibir sus remuneraciones.

Durante la reunión también se abordó la situación de los médicos que fueron despedidos del Sistema Nacional de Emergencias 911.

El Gobierno y el Colegio Médico acordaron revisar estos casos para determinar si corresponde alguna acción relacionada con la reincorporación de los profesionales.

Este punto ya formaba parte de los compromisos alcanzados anteriormente, cuando se estableció que una comisión técnica analizaría los despidos registrados dentro del 911 antes de determinar posibles reintegros.

Centralización de médicos

Otro de los asuntos incluidos en la agenda fue la situación de los médicos que actualmente prestan servicios en instituciones del sector descentralizado.

Durante la reunión se planteó la posibilidad de avanzar en la centralización de estos profesionales, un proceso que requerirá revisar las condiciones laborales y administrativas bajo las cuales se encuentran contratados.

Este tema forma parte de una discusión sobre la organización del personal médico dentro de las distintas instituciones estatales y la necesidad de establecer criterios uniformes para su contratación y remuneración.

La participación de funcionarios de Finanzas y Servicio Civil permitió abordar estos aspectos desde el punto de vista presupuestario y administrativo.

Posición del Colegio Médico

Al finalizar la reunión, Samuel Santos buscó bajar el tono de las diferencias que se han registrado entre el gremio y las autoridades.

El presidente del CMH sostuvo que no existe una confrontación permanente entre ambas partes, sino un proceso de negociación en el que los médicos reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales y el Gobierno tiene la responsabilidad de atender esas demandas.

Santos defendió el diálogo como mecanismo para resolver los desacuerdos y evitar que los conflictos laborales terminen afectando la atención que reciben los pacientes en hospitales y centros de salud públicos.

“Los médicos reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales y el Gobierno tiene la responsabilidad de atender esas demandas.”

Las partes han mantenido varias jornadas de negociación durante los últimos meses, luego de que el gremio médico realizara asambleas informativas para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con salarios, contratos y condiciones laborales.

La reunión fue encabezada por el secretario privado del presidente Nasry Asfura, Luis Castro, junto con el presidente del CMH, Samuel Santos, y funcionarios de las áreas de Salud, Finanzas, Servicio Civil y del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Entre los participantes estuvieron el viceministro de Salud, José Miguel Castillo; la titular de la Administración Nacional de Servicio Civil, María Jimena Casasola; la directora general de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Jenny Canales; y el ministro director del Sistema Nacional de Emergencias 911, José Leonardo Mejía Espinal.

“No hay hambruna, nadie está pasando hambre”. La frase del ministro de Agricultura y Ganadería de Honduras, Moisés Abraham Molina, provocó controversia este miércoles mientras decenas de municipios enfrentan los efectos de una severa sequía y productores reportan pérdidas de cultivos, falta de agua y escasez de alimento para el ganado.

La afirmación contiene, sin embargo, dos conceptos diferentes. Honduras no está clasificada en una situación de hambruna, pero eso no significa que no existan hogares con graves dificultades para acceder a alimentos.

El más reciente análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) proyecta que alrededor de 1,8 millones de personas, equivalentes al 18% de la población analizada, enfrentarán entre agosto y octubre de 2026 niveles de inseguridad alimentaria aguda en Fase 3 o superior, es decir, Crisis o condiciones más graves. Aproximadamente 60.000 estarían en Fase 4, denominada Emergencia.

En términos técnicos, una hambruna corresponde al nivel más extremo de la clasificación internacional de inseguridad alimentaria y requiere condiciones extraordinariamente severas.

Pero el IPC distingue cinco niveles y considera que desde la Fase 3 —Crisis— ya se necesita acción urgente para proteger los medios de vida y reducir las brechas en el consumo de alimentos.

Por eso, la ausencia de hambruna no equivale a ausencia de hambre o inseguridad alimentaria.

El mismo informe calcula que entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 unos 1,4 millones de hondureños enfrentaron Crisis o una situación peor. Para abril-julio, la cifra proyectada aumentó hasta 1,8 millones y se mantiene en ese nivel para agosto-octubre.

Sequía agrava un problema que ya era estructural

Molina reconoció que existe un “riesgo alimentario estructural” que afecta a aproximadamente 1,8 millones de personas, aunque sostuvo que las pérdidas recientes de cosechas todavía no se reflejan plenamente en la disponibilidad de alimentos porque esas producciones debían salir entre septiembre y octubre.

Los análisis del IPC identifican precisamente entre los factores de riesgo los altos precios de los alimentos, la reducción de reservas familiares, las lluvias irregulares y el aumento de los costos de producción agrícola.

La situación se volvió más delicada después de que Copeco colocara 75 municipios en Alerta Roja, 71 en Amarilla y 88 en Verde ante la sequía meteorológica que afecta diferentes regiones del país.

En el sur, productores y alcaldes han advertido sobre la falta de agua y pasto para mantener al ganado.

El Gobierno prepara asistencia para el ganado

Ante la escasez de alimento animal, Molina indicó que la SAG está levantando un inventario y realizando compras para trasladar suministros a las zonas más afectadas.

El funcionario aclaró que la ayuda pretende evitar la muerte de los animales y no cubrir completamente su alimentación.

“Esto no es responsabilidad del gobierno y sin embargo estamos ayudando y vamos a seguir ayudando”, manifestó.

También rechazó que la SAG esté politizando las ayudas y atribuyó parte de las críticas a que los programas públicos no cuentan con recursos suficientes para atender todas las solicitudes.

La discusión, por tanto, no consiste únicamente en determinar si Honduras atraviesa o no una hambruna.

Los datos muestran que el país mantiene una población considerable en niveles de inseguridad alimentaria que requieren intervención, mientras la actual sequía amenaza cosechas y medios de vida rurales.

El IPC había previsto cierta mejoría después de las cosechas de fin de año. Si las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía alteran esa expectativa, el impacto sobre precios, reservas familiares e ingresos rurales podría convertirse en el siguiente desafío para las autoridades.

La desaparición de Angie Samantha Peña Melgares comenzó como una emergencia marítima en Roatán y terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más complejos y controvertidos de Honduras.

La joven, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática desde West Bay mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Las primeras búsquedas se concentraron en el mar ante la posibilidad de un accidente.

Semanas después, una moto acuática identificada como la que utilizó Angie fue localizada en costas de Belice. El hallazgo abrió nuevas interrogantes y, con el paso de los meses, la investigación dejó de centrarse únicamente en una posible tragedia marítima.

De la búsqueda en el mar a una investigación por trata

En agosto de 2022, diligencias relacionadas con la búsqueda de Angie llevaron a las autoridades hasta una propiedad del estadounidense Gary Lee Johnston en Roatán.

Durante un allanamiento fue encontrada una adolescente de 17 años, lo que derivó en una investigación independiente por trata de personas agravada y pornografía infantil.

A partir de esas pesquisas, el Ministerio Público informó posteriormente sobre una estructura criminal denominada Delta Teams, vinculada con explotación sexual de menores, trata de personas y otros delitos.

La Fiscalía también señaló que algunos policías y servidores judiciales habrían colaborado con la organización, una de las revelaciones que más cuestionamientos generó sobre el funcionamiento de las instituciones en Islas de la Bahía.

Johnston fue condenado en 2025 a 37 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada y producción de pornografía infantil. Su condena no corresponde directamente a la desaparición de Angie, aunque su captura surgió durante las pesquisas originadas por ese caso.

La familia nunca abandonó la hipótesis del secuestro

Desde los primeros meses, Walter Peña y Michelle Melgares, padres de Angie, han insistido en que su hija pudo haber sido secuestrada y han reclamado que se profundicen las líneas relacionadas con trata de personas.

En 2024 se reunieron con el fiscal general Johel Zelaya para solicitar avances y entregar nueva información. El Ministerio Público anunció entonces la conformación de un equipo especial para revisar el expediente.

Sin embargo, más de cuatro años después, la pregunta principal continúa sin respuesta: ¿dónde está Angie Peña?

Denuncias de presunta infiltración institucional

El caso volvió a tomar fuerza en 2026 después de que la exfuncionaria Julissa Villanueva denunciara públicamente presuntas irregularidades en la investigación y una posible infiltración criminal dentro de organismos encargados de las pesquisas.

Villanueva aseguró que existieron informantes que aportaron datos sobre Angie y cuestionó la actuación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Sus afirmaciones constituyen denuncias públicas y no conclusiones judiciales definitivas

El asesinato del testigo que dijo haber visto a Angie

La tensión aumentó el 17 de agosto de 2026, cuando Dereck Isaac McNeil James fue asesinado a balazos en Roatán.

McNeil había rendido un testimonio relacionado con el caso y, en un audio divulgado posteriormente, afirmó ante operadores de justicia: “Yo vi a Angie Peña”.

Su asesinato provocó nuevas críticas sobre la protección de testigos y reavivó el temor de que personas con información relevante puedan estar en riesgo.

Hasta ahora no se ha establecido judicialmente que el crimen de McNeil haya sido cometido por su relación con el caso Angie Peña.

Cuatro años después, las preguntas siguen abiertas

El expediente ha producido allanamientos, capturas, procesos por trata, una condena de más de 37 años y denuncias sobre presuntas redes de protección institucional.

Pero ninguna de esas investigaciones ha logrado responder todavía qué ocurrió con Angie.

La muerte de un hombre que aseguró haberla visto con vida agrega una nueva capa de incertidumbre a un caso que ya trascendió la desaparición de una joven.

Más de cuatro años después de aquel paseo en West Bay, el caso Angie Peña se ha convertido también en una prueba para el sistema de justicia hondureño: esclarecer el destino de la joven, determinar si existieron redes criminales detrás de su desaparición y establecer si hubo funcionarios que obstaculizaron la investigación.

El creador de contenido hondureño fue capturado este miércoles en Danlí, El Paraíso, después de que circulara ampliamente un video en el que aparece junto a otro influencer mientras un niño es rapado a cambio de 500 lempiras. La detención fue reportada por medios nacionales y publicaciones locales de la zona.

La captura representa el episodio más reciente de una controversia que comenzó en redes sociales, provocó rechazo público y posteriormente llevó al Ministerio Público a abrir diligencias para establecer si los hechos pueden constituir una conducta penalmente sancionable.

El video que desató la polémica

En las imágenes difundidas aparece Urías Lobo junto al creador conocido como “Soy Rosel”, mientras participan en una dinámica en la que el menor recibe dinero a cambio de que le corten el cabello.

La situación generó críticas porque el niño se encontraba en una condición de vulnerabilidad y porque el momento fue grabado y posteriormente difundido como contenido para redes sociales.

La controversia aumentó cuando se conoció que el menor habría señalado que utilizaría los 500 lempiras ($20 dólares) para adquirir alimentos.

A partir de ahí, el caso dejó de concentrarse únicamente en si la dinámica era de buen o mal gusto y comenzó a discutirse desde una perspectiva distinta: si utilizar la necesidad económica de un niño para generar contenido puede vulnerar derechos protegidos por la legislación hondureña.

Tras la polémica generada por el primer video, Urías Lobo volvió a protagonizar una escena similar, esta vez cortándole el cabello a otro hombre a cambio de 500 lempiras ($20 dólares), pese a reconocer que no sabía realizar el procedimiento.

La nueva publicación generó más críticas en redes sociales y reforzó los cuestionamientos sobre su conducta; poco después, el creador de contenido fue detenido por las autoridades en Danlí, El Paraíso, en medio de las diligencias abiertas por el caso.Fiscalía abrió investigación

El Ministerio Público inició diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo la grabación y la participación de las personas involucradas.

Entre las figuras legales que han sido mencionadas en torno al caso se encuentra el trato degradante, aunque corresponderá a la Fiscalía establecer qué hechos pueden acreditarse y si existen elementos suficientes para formular una acusación.

La captura de Lobo no equivale por sí sola a una declaración de culpabilidad. El proceso deberá determinar bajo qué figura fue detenido, cuáles son los hechos que se le atribuyen y qué decisión adopta posteriormente un juez.

Hasta el momento de esta publicación, no había sido posible localizar un comunicado oficial del Ministerio Público o de la Policía Nacional que detallara públicamente todos los extremos jurídicos de la detención.

La polémica también provocó una reacción de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La institución advirtió que la difusión de imágenes, videos o información de menores en contextos sensibles puede afectar su dignidad, privacidad y bienestar emocional.

El organismo recordó además que los medios de comunicación, creadores de contenido y ciudadanía deben evitar publicaciones que permitan identificar directa o indirectamente a niños en situaciones que puedan revictimizarlos.

La discusión ya no se limita, por tanto, a la actuación de dos influencers. El episodio ha abierto un debate más amplio sobre qué responsabilidad tienen los creadores digitales cuando convierten situaciones de vulnerabilidad infantil en contenido público.

Un caso que puede cambiar las reglas para los influencers

La captura de Urías Lobo convierte este episodio en algo más que una controversia digital.

El caso pone bajo presión a una industria de creadores que ha crecido rápidamente en Honduras y que suele utilizar retos, bromas, ayudas económicas y situaciones personales como materia prima para generar audiencia.

El punto que deberán resolver ahora las autoridades es dónde termina el entretenimiento y dónde comienza una posible vulneración de derechos.

Y la respuesta que surja de este expediente podría convertirse en una referencia para futuros casos en los que menores de edad sean utilizados dentro de contenidos virales.

El polémico video en el que los creadores de contenido conocidos como “Soy Rosel” y Urías Lobo aparecen ofreciendo $20 dolares (500 lempiras) a un menor a cambio de raparle el cabello dejó de ser únicamente una controversia en redes sociales y pasó al terreno judicial.

La Fiscalía Regional de Oriente abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si existe responsabilidad penal. El Ministerio Público analiza preliminarmente el caso bajo la figura de trato degradante, según confirmó su portavoz Fernando González.

El episodio abre una discusión más amplia en Honduras: ¿qué consecuencias puede enfrentar un influencer cuando una dinámica diseñada para generar contenido involucra la dignidad de un niño?

Aunque aparecer en un video o recibir dinero no convierte automáticamente una conducta en delito, la legislación hondureña contempla protecciones especiales cuando una persona menor de edad es sometida a actos que puedan afectar gravemente su integridad moral.

El trato degradante puede llevar a prisión

Uno de los principales elementos que deberá analizar la Fiscalía está contenido en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

La norma establece que comete trato degradante quien, mediante violencia física, psicológica o verbal, somete a otra persona a una conducta que atente gravemente contra su integridad moral.

La pena prevista es de uno a dos años de prisión, además de prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. La legislación establece, además, que la sanción debe aumentar en un tercio cuando la víctima sea vulnerable por razones como la edad, enfermedad o discapacidad.

Esto significa que el hecho de que la persona involucrada sea un niño constituye un elemento especialmente relevante para la investigación.

Sin embargo, la existencia de un video polémico no equivale por sí sola a una condena. Corresponderá al Ministerio Público determinar si la conducta reúne los elementos del tipo penal y, eventualmente, presentar una acusación que deberá ser valorada por un juez.

Uno de los debates que surgió después de la viralización de las imágenes es que el menor habría aceptado participar en la dinámica a cambio del dinero.

Desde el punto de vista jurídico, ese elemento no necesariamente cierra el análisis.

Cuando intervienen menores de edad, la legislación establece una protección reforzada precisamente porque su capacidad para tomar determinadas decisiones no es equivalente a la de un adulto y porque pueden existir factores adicionales, como necesidad económica, vulnerabilidad social o una relación desigual frente a personas mayores.

En el caso investigado, las autoridades deberán determinar si existió una situación de vulnerabilidad y en qué condiciones el menor aceptó que le cortaran el cabello frente a una cámara.

Medios hondureños han informado que el niño se encontraría bajo el cuidado de su abuela y en una situación considerada de riesgo social, elementos que forman parte del contexto que la Fiscalía deberá verificar.

Grabar y publicar puede convertirse en parte de la evidencia

La existencia del video también introduce una particularidad: buena parte del hecho investigado quedó registrada por los propios participantes.

El Ministerio Público informó que un equipo investigador del Módulo de Atención Integral Especializado se encuentra recopilando pruebas e indicios con el objetivo de determinar si existen elementos para formular una acusación.

En este tipo de investigaciones, una grabación puede ser analizada junto con testimonios, contexto, circunstancias personales de la víctima y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.

Por ello, publicar voluntariamente una dinámica en TikTok, Facebook, Instagram u otra plataforma no coloca al creador fuera del alcance de la legislación ordinaria.

Las redes sociales son el medio de difusión, pero una eventual responsabilidad se determina por la conducta ejecutada y sus consecuencias, no únicamente por la plataforma donde apareció.

Ganar visualizaciones no crea una excepción legal

El crecimiento de los creadores de contenido ha popularizado videos basados en retos, bromas, premios económicos y dinámicas con desconocidos.

La búsqueda de reproducciones, seguidores o ingresos publicitarios, sin embargo, no crea una categoría jurídica diferente para los influencers.

Si una conducta encaja en un delito previsto en el Código Penal, puede investigarse independientemente de si ocurrió para entretener a una audiencia, generar interacciones o monetizar una cuenta.

El caso de “Soy Rosel” y Urías Lobo resulta especialmente sensible porque mezcla tres factores: un menor de edad, dinero y una acción difundida públicamente como contenido de entretenimiento.

Es precisamente esa combinación la que ha llevado el debate más allá de la reacción social y hacia la responsabilidad que pueden asumir quienes construyen contenido utilizando a personas vulnerables.

El Estado también puede intervenir para proteger al menor

La respuesta institucional no se limita al ámbito penal.

Tras la difusión del video, autoridades hondureñas anunciaron acciones para identificar al menor, conocer su situación familiar y determinar qué medidas deben adoptarse para restituir sus derechos.

La designada presidencial María Antonieta Mejía, vinculada al Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, sostuvo que la vulnerabilidad de un niño no puede transformarse en entretenimiento y pidió activar la ruta institucional correspondiente.

Esto plantea una diferencia importante: una investigación penal busca establecer la responsabilidad de los adultos involucrados, mientras que el sistema de protección debe concentrarse en el bienestar y derechos del niño. Ambos procesos pueden avanzar de forma paralela.

Un caso que puede marcar precedente para los creadores de contenidod La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y no existe, hasta ahora, una sentencia que determine responsabilidad penal contra los dos creadores.

dEl caso, sin embargo, puede convertirse en una referencia para la creciente industria de influencers en Honduras.

Hasta ahora, buena parte de la discusión sobre creadores digitales se había concentrado en monetización, publicidad o alcance de sus plataformas. La controversia del niño rapado introduce una pregunta distinta: qué ocurre cuando la búsqueda de contenido entra en conflicto con derechos protegidos por la legislación penal y las normas de protección a la infancia.

La respuesta no dependerá del número de seguidores, de si la publicación fue considerada una broma ni de la cantidad de dinero entregada.

El punto central para la Fiscalía será determinar si la conducta afectó gravemente la integridad moral del menor y si se cumplen los elementos establecidos en el artículo 214 del Código Penal.

Solo después de esa investigación y de un eventual proceso judicial podrá establecerse si existe responsabilidad penal.

El acuerdo fue alcanzado este miércoles durante una reunión entre la comisión de asuntos electoralesdel Congreso Nacional y las autoridades del CNE, celebrada en la sede del órgano electoral, donde ambas instituciones comenzaron a definir la ruta para abordar los cambios que podrían aplicarse al próximo proceso electoral.

Tras el encuentro, representantes de los dos órganos comparecieron ante los medios de comunicación para explicar los principales acuerdos y destacar la importancia de iniciar con suficiente anticipación la discusión sobre las reformas electorales que eventualmente serían aprobadas por el Legislativo.

La presidenta del CNE, Aixa Zelaya, señaló que el órgano electoral está dispuesto a poner a disposición del Congreso su experiencia y conocimiento técnico como institución responsable de organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales en Honduras.

Zelaya sostuvo que cualquier discusión sobre modificaciones al sistema debe considerar las fortalezas institucionales, los desafíos que todavía enfrenta el CNE y las oportunidades de mejora que puedan identificarse a partir de la experiencia acumulada en los últimos procesos electorales.

“Nosotros consideramos que esta reflexión debe darse por medio de un debate que debe ser abierto, tomado con responsabilidad institucional y desde el CNE queremos contribuir a ese diálogo”, expresó la funcionaria al referirse al proceso que comenzará formalmente en septiembre.

La titular del órgano electoral remarcó que el CNE busca participar desde las primeras etapas de la discusión para evitar que las decisiones sean tomadas sin incorporar la visión técnica electoral de la institución encargada de ejecutar las elecciones.

Zelaya explicó que la intención no es que el CNE llegue tarde al debate ni permanezca al margen de un proyecto que eventualmente podría modificar distintos aspectos del sistema electoral hondureño.

Por el contrario, afirmó que existe ahora una oportunidad para realizar aportaciones con suficiente anticipación al proceso de 2029.

La funcionaria también dejó claro que el CNE no pretende asumir competencias que corresponden al Congreso Nacional. Según explicó, la intención es establecer un mecanismo de trabajo conjunto que permita intercambiar criterios técnicos y políticos dentro de las atribuciones que corresponden a cada institución.

“Hemos entablado una agenda común que pasa por instituir una mesa de diálogo entre el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral que se llevará a cabo a partir del 17 de septiembre”, anunció Zelaya.

Por su parte, el coordinador de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, informó que en la reunión participaron representantes de las cinco bancadas políticas con representación en el Legislativo, con el propósito de establecer una ruta común para la discusión de los posibles cambios.

Rivera Callejas explicó que la mesa técnica tendrá como uno de sus objetivos generar mayor claridad institucional y contribuir al fortalecimiento del funcionamiento del CNE.

La intención, dijo, es que las distintas propuestas puedan ser analizadas con criterios técnicos antes de avanzar hacia eventuales decisiones legislativas.

Uno de los primeros insumos que recibirá la mesa será un documento preparado con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y elaborado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

El documento será entregado precisamente el 17 de septiembre, fecha prevista para el inicio de los trabajos.

Rivera Callejas también se refirió al actual pleno de consejeros del CNE y recordó que sus integrantes llevan aproximadamente mes y medio en sus cargos.

A pesar del corto tiempo en funciones, aseguró que las autoridades electorales han logrado avances importantes, especialmente en el área administrativa.

Uno de los temas que ya forma parte del debate político es la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral.

Sobre este punto, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, aseguró que el Partido Liberal continuará impulsando el proyecto que plantea incorporar este mecanismo al sistema electoral hondureño.

Cossette López Osorio asumió la representación permanente de Honduras ante la OEA, una función que ejercerá desde Washington. El nombramiento implica su paso del ámbito electoral hondureño al principal foro político interamericano

La nueva embajadora llega al cargo después de haber desarrollado buena parte de su experiencia reciente en el ámbito electoral e institucional hondureño, particularmente durante su período como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde esa posición participó en la conducción y supervisión de procesos electorales, además de formar parte de discusiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar y garantizar los procesos democráticos del país.

Su principal responsabilidad será representar a Honduras ante la OEA y defender los intereses y posiciones del Estado en los distintos espacios de discusión del organismo.

Por ello, la representación hondureña deberá mantener una participación permanente en reuniones, debates, negociaciones y mecanismos de cooperación que involucren a los Estados miembros.

Agenda de trabajo

La nueva representante tendrá que trabajar con delegaciones de los distintos países del continente y con las diferentes instancias del sistema interamericano y funcionar como un canal para trasladar las posiciones del Gobierno hondureño ante la organización.

El paso de López Osorio por el Consejo Nacional Electoral adquiere relevancia debido a que uno de los pilares de la OEA es la promoción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La organización cuenta con mecanismos de observación electoral, cooperación técnica y acompañamiento institucional para los países del hemisferio.

La experiencia de la nueva embajadora en materia electoral puede convertirse en un elemento para su participación en las discusiones regionales relacionadas con procesos electorales, institucionalidad y gobernabilidad democrática.

Su llegada a la OEA ocurre además en un momento en que los países de la región enfrentan debates sobre la calidad de las instituciones, la confianza ciudadana, la transparencia de los procesos electorales y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La misión diplomática también deberá explicar las posiciones hondureñas cuando estas sean objeto de discusión dentro del sistema interamericano.

No se trata únicamente de representar al país en actos oficiales, sino de construir alianzas, buscar respaldos y promover acuerdos en temas prioritarios para Honduras.

Gestión diplomática

Para Honduras, la representación ante el organismo constituye una plataforma para gestionar acompañamiento técnico y promover proyectos que respondan a las prioridades nacionales.

La tarea diplomática deberá combinar la defensa de los intereses del Estado con la búsqueda de mecanismos que permitan traducir la participación de Honduras en beneficios concretos para el país.

Su trabajo estará ahora concentrado en Washington, sede de la OEA, desde donde deberá mantener comunicación constante con las autoridades hondureñas y con las delegaciones de los demás Estados miembros.

La capital estadounidense concentra buena parte de la actividad diplomática hemisférica y permite mantener contacto directo con gobiernos y organismos internacionales.

López Osorio además debe fijar una posición que combine las instrucciones de política exterior del Gobierno con las dinámicas propias de la diplomacia multilateral.

Su nuevo desafío será convertir esa experiencia en una herramienta diplomática y contribuir, desde Washington, a posicionar los intereses hondureños en el escenario interamericano.

El informe “Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir”, presentado este miércoles en Tegucigalpa por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), alerta sobre la persistencia de una violencia que mantiene en extrema vulnerabilidad a líderes comunitarios, campesinos, defensores ambientales y personas que ejercen labores de protección de derechos.

De acuerdo con el documento, las 15 víctimas fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Once defendían la tierra y territorio, dos desarrollaban labores relacionadas con la protección del medioambiente y otras dos estaban vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.

La organización considera que esta situación representa un desafío urgente para el Estado hondureño, que debe adoptar medidas efectivas para prevenir nuevos crímenes, garantizar la protección de los defensores y avanzar en investigaciones que permitan determinar responsabilidades.

La directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, pidió al Estado actuar para detener los asesinatos y las agresiones contra quienes ejercen labores de defensa comunitaria.

La activista advirtió que la violencia no puede continuar siendo asumida como un fenómeno inevitable ni quedar limitada a respuestas posteriores a los crímenes.

Castro señaló que es necesario implementar medidas de protección capaces de prevenir ataques y garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades sin temor.

A su juicio, la situación refleja una ausencia de garantías suficientes para quienes se encuentran involucrados en conflictos territoriales, ambientales o sociales.

Uno de los sectores que más preocupa a la organización es el de los campesinos y garífunas, comunidades que, según el informe, figuran entre las principales afectadas por desalojos y otras expresiones de violencia relacionadas con la defensa de sus territorios.

El informe advierte que los procesos de despojo y desplazamiento pueden estar acompañados de medidas coercitivas y acciones destinadas a expulsar a familias de terrenos donde han vivido durante años.

Para ACI PARTICIPA, este tipo de prácticas profundiza la indefensión de comunidades que buscan defender sus derechos sobre la tierra.

La violencia, además, no se limita a los dirigentes directamente involucrados en los conflictos.

El documento señala que también ha alcanzado a núcleos familiares relacionados con procesos de defensa territorial y ambiental, aumentando el impacto social de los ataques y generando un clima de temor entre las comunidades.

El Bajo Aguán, en el departamento de Colón, aparece como el principal foco de preocupación.

Esta región del Caribe hondureño registró 11 asesinatos de defensores de la tierra durante 2025, según el informe, en un contexto marcado históricamente por conflictos agrarios y, más recientemente, por la presencia de estructuras vinculadas con actividades ilícitas.

La situación del Bajo Aguán adquirió mayor gravedad tras la masacre registrada en mayo pasado, cuando 20 personas fueron asesinadas en una finca.

Para ACI PARTICIPA, la zona constituye un “enclave geopolítico” donde cientos de familias campesinas enfrentan condiciones de violencia asociadas con la expansión del cultivo de palma africana, las disputas por la propiedad de terrenos y la presencia de diversos actores con intereses económicos y políticos.

En los últimos años, la disputa se ha complicado por la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado, además de la influencia de actores políticos y económicos.

Las autoridades locales han advertido que estas estructuras han contribuido a recrudecer un conflicto que durante décadas ha generado enfrentamientos, desplazamientos y asesinatos.

La organización considera que la combinación de conflicto agrario y crimen organizado convierte al Bajo Aguán en uno de los territorios más peligrosos para quienes defienden derechos relacionados con la tierra.

La situación también dificulta la construcción de soluciones duraderas, debido a la multiplicidad de intereses que convergen en la región.

A escala nacional, el informe cuestiona la falta de avances suficientes en materia de justicia y protección. Para ACI PARTICIPA, el asesinato de defensores no puede analizarse únicamente como una sucesión de casos individuales, sino como parte de un patrón de violencia que requiere respuestas institucionales permanentes.

La organización también lamentó que Honduras no se haya adherido al Acuerdo de Escazú, instrumento regional que busca fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Su ausencia, sostiene el informe, representa una oportunidad perdida para reforzar las garantías de quienes participan en la defensa del medioambiente y los territorios.

El documento advierte que la situación no terminó con el cierre de 2025. Durante 2026 persiste la violencia, acompañada de denuncias de criminalización y falta de garantías para personas que defienden la tierra, el territorio, el medioambiente y otros derechos humanos.

La presidencia del Congreso Nacional en Honduras presentó dos proyectos de decreto para condecorar a la congresista estadounidense María Elvira Salazar y al actor Michael Douglas.

Los homenajes están previstos durante las próximas visitas de ambos a Honduras. Salazar asistiría a la sede parlamentaria el 21 de septiembre y Douglas, a finales de agosto, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Las propuestas fueron conversadas con la junta directiva y los jefes de bancada, según explicó Zambrano, quien señaló que los reconocimientos responden a los vínculos que ambos han mantenido con Honduras desde ámbitos diferentes.

El primer reconocimiento planteado por el Congreso corresponde a María Elvira Salazar, representante republicana por Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La distinción se relaciona con su actividad política y con el respaldo que, de acuerdo con la directiva del Congreso, ha brindado a Honduras en el escenario estadounidense.

Zambrano destacó a Salazar como una de las personas que han respaldado a Honduras desde el exterior y señaló que la legisladora estadounidense ha mantenido posiciones favorables hacia el país en los últimos años.

“Hay muchos aliados de Honduras en el exterior y sobre todo algunos congresistas norteamericanos que nos han apoyado en los últimos años como María Elvira Salazar”, expresó el presidente del Congreso Nacional.

Apoyo a Honduras

La propuesta de condecoración fue discutida previamente con la junta directiva legislativa y los jefes de las distintas bancadas, antes de ser presentada formalmente como proyecto de decreto.

La visita de Salazar al Poder Legislativo hondureño está prevista para el 21 de septiembre, fecha en la que podría concretarse la entrega del reconocimiento una vez que el decreto haya cumplido con el procedimiento legislativo correspondiente.

El acercamiento entre Salazar y autoridades hondureñas se ha mantenido activo durante los últimos años, particularmente en asuntos relacionados con la política regional, la democracia y la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

Salazar, quien representa un distrito del estado de Florida con una importante población latinoamericana, ha mantenido una participación activa en asuntos relacionados con América Latina y el Caribe desde su llegada al Congreso estadounidense.

Para el Congreso hondureño, la condecoración busca reconocer esa participación y las gestiones que la legisladora ha realizado en favor de los intereses que Honduras promueve en Washington.

Michael Douglas y su vínculo con Roatán

El segundo decreto presentado por la presidencia del Congreso corresponde al actor estadounidense Michael Douglas, cuya relación con Honduras está vinculada con las Islas de la Bahía.

Zambrano confirmó que Douglas visitará el Congreso Nacional a finales de agosto y explicó que la decisión de promover la condecoración surgió ante la posibilidad de recibir personalmente al actor.

“Él visita permanentemente Honduras, las Islas de la Bahía y ha promocionado las Islas a nivel internacional”, manifestó el presidente del Congreso.

La directiva legislativa considera que la presencia frecuente de Douglas en Roatán y la exposición pública que ha dado a la isla han contribuido a proyectarla como destino turístico internacional.

Michael Douglas mantiene una relación de larga data con Roatán. El actor y productor estadounidense ha visitado la isla en numerosas ocasiones junto con integrantes de su familia.

Antes de que las distinciones sean entregadas, los proyectos deberán seguir el trámite legislativo correspondiente para convertirse en decretos.

Las autoridades sanitarias mantienen activos distintos mecanismos de vigilancia ante el comportamiento del dengue, el sarampión y la tosferina, tres enfermedades que presentan características diferentes, pero que coinciden en la necesidad de reforzar la prevención y la detección oportuna.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la doctora Odalis García, informó que hasta la semana epidemiológica 31 Honduras registra 9,643 casos de dengue, 13 casos confirmados de sarampión y 228 de tosferina.

El dengue concentra la mayor cantidad de casos y mantiene incidencia elevada en varias regiones del territorio nacional. El sarampión, aunque presenta un número menor de casos confirmados, continúa bajo vigilancia debido a su alta capacidad de transmisión. La tosferina genera preocupación por el impacto que está teniendo entre los niños más pequeños.

De los 9,643 casos de dengue registrados hasta la semana epidemiológica 31, un total de 7,671 corresponden a pacientes sin signos de alarma. Otros 1,872 casos presentan signos de alarma y 114 han sido clasificados como dengue grave.

La distribución territorial muestra que la enfermedad tiene mayor incidencia en las regiones metropolitanas del Distrito Central y San Pedro Sula, además de Olancho, Choluteca y Yoro.

Vigilan enfermedades

Además del dengue, las autoridades informan 16 casos de otras arbovirosis. De estos, seis corresponden a chikungunya y 10 a zika. Aunque las cifras son menores que las del dengue, estas enfermedades también forman parte del monitoreo epidemiológico debido a su relación con los mosquitos transmisores.

El segundo foco de atención corresponde al sarampión. Honduras mantiene 13 casos confirmados a nivel nacional y otros dos bajo estudio, correspondientes al tío y la abuela del último caso confirmado en el departamento de Cortés.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre los contactos directos e indirectos del menor y deberán completar un período de seguimiento de 30 días para descartar la aparición de nuevos casos relacionados. A nivel nacional se contabilizan además 476 casos sospechosos de sarampión.

La vacunación constituye una de las principales herramientas para evitar la propagación del virus y reducir el número de personas susceptibles.

El tercer frente sanitario es la tosferina, que acumula 228 casos y 17 fallecimientos confirmados. Las autoridades informaron que no se han registrado nuevas muertes en la última actualización, pero el número acumulado mantiene la enfermedad como uno de los principales motivos de preocupación dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

La doctora Odalis García explicó que muchos de los casos corresponden a niños cuyas madres no recibieron la vacuna contra la tosferina durante el embarazo, específicamente durante el último trimestre.

La situación es especialmente delicada en los menores de dos meses, debido a que a esa edad todavía no han recibido su primera dosis de vacunación.

Las autoridades reportan 255 casos a nivel nacional y aseguran que no se han registrado nuevos fallecimientos. Los mayores números de casos se concentran en Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida.

Sin embargo, todas las regiones sanitarias del país han reportado casos, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia en todo el territorio.

El seguimiento epidemiológico continuará durante las próximas semanas para determinar si las cifras aumentan, se estabilizan o comienzan a disminuir.

Las autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador se reúnen este miércoles en Tela para dar seguimiento a los compromisos del Plan Estratégico y el Plan Operativo 2026 del Plan Trifinio, en un encuentro orientado a coordinar acciones de los tres países en materia ambiental, hídrica, productiva y social.

La reunión de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) contará con la participación de la designada presidencial de Honduras, Diana Herrera; la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina; y los directores ejecutivos nacionales de los tres países.

La jornada es el primer encuentro oficial de la Comisión Trinacional durante 2026 y tiene entre sus objetivos evaluar el cumplimiento de los compromisos adoptados, revisar el avance de los proyectos en ejecución y establecer las prioridades para el resto del año.

Las delegaciones de los tres países llegaron a Tela desde el martes, cuando sostuvieron una reunión preparatoria para definir los asuntos que serán abordados durante el encuentro. Después participaron en una cena de bienvenida ofrecida por la designada presidencial Diana Herrera, en representación del presidente Nasry Asfura.

Cooperación regional

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio no es un mecanismo temporal. Su origen se remonta a 1997, cuando Honduras, Guatemala y El Salvador suscribieron el Tratado Trinacional para establecer una estructura permanente de cooperación en este territorio fronterizo.

La CTPT está integrada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y el designado o designada presidencial de Honduras. Su función es supervisar la ejecución del Plan Trifinio, aprobar políticas, planes y programas anuales, revisar sus actualizaciones y promover la cooperación financiera y técnica para el desarrollo de la región.

El Plan Trifinio forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y funciona como un mecanismo de gestión conjunta de un territorio que los tres países consideran una unidad ecológica indivisible.

La región comprende 7.541 kilómetros cuadrados y 45 municipios, con una población estimada de 932.457 habitantes. Guatemala aporta 15 municipios de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa; Honduras participa con 22 municipios de Copán y Ocotepeque, mientras que El Salvador está representado por ocho distritos de Santa Ana y Chalatenango.

En el centro de este territorio se encuentra el macizo de Montecristo, donde convergen las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Prioridades de la reunión

Uno de los asuntos centrales de la agenda será la seguridad hídrica, por la importancia de las fuentes de agua compartidas y la necesidad de fortalecer la capacidad de los tres países para responder a los efectos de la variabilidad y el cambio climático.

La región está vinculada a sistemas hídricos como la cuenca trinacional del río Lempa, además de las cuencas del Motagua y el Ulúa. La gestión de estos recursos requiere coordinación porque las condiciones ambientales y las actividades que ocurren en un territorio pueden tener efectos sobre otros sectores de las cuencas.

El Plan Trifinio mantiene actualmente un proyecto específico denominado “Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región Trifinio”, orientado a mejorar la cooperación entre los tres países para la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Lempa y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente a la variabilidad y el cambio climático.

Como parte de este esfuerzo, se trabaja en un diagnóstico de los problemas ambientales transfronterizos y en un programa de acciones que permita establecer prioridades para la gestión conjunta del agua.

En febrero, el Plan Trifinio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) avanzaron en una estrategia para elaborar un portafolio de inversiones para la región.

El proceso contempla el uso de HydroBID, una herramienta de modelación hidrológica que permitirá simular escenarios relacionados con la disponibilidad y gestión del agua, incluidos los efectos del cambio climático. El objetivo es contar con información técnica que facilite la toma de decisiones sobre proyectos que involucren a más de un país.

Este trabajo busca que la cooperación trinacional no se limite a acuerdos políticos, sino que pueda traducirse en proyectos de inversión y soluciones para las comunidades que dependen de los recursos naturales de la zona.

El Plan Trifinio mantiene programas de extensión rural y fortalecimiento de cadenas productivas, con énfasis en sectores como café, aguacate y horticultura.

Una región compartida

Para Honduras, Guatemala y El Salvador, el Plan Trifinio representa uno de los mecanismos de integración territorial más importantes de la región.

Las fronteras nacionales dividen administrativamente el territorio, pero los ríos, bosques, ecosistemas, actividades productivas y comunidades mantienen una relación permanente.

Durante el encuentro, Diana Herrera destacó la necesidad de fortalecer la cooperación frente a problemas comunes como la sequía y la reducción de las fuentes de agua. Señaló que las fronteras separan territorios, pero no las necesidades de las poblaciones que viven en ellos.

El fin del TPS puede empezar a sentirse en Honduras incluso antes de un retorno masivo de migrantes. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) estima que los beneficiarios del programa representan alrededor de USD 310 millones anuales en remesas, mientras los datos oficiales muestran un mercado laboral con altos niveles de subocupación e informalidad.

El primer efecto está relacionado con las remesas. El analista económico del FOSDEH, Jorge Henríquez, advirtió que se trata de un flujo importante tanto para la economía nacional como para las familias que reciben dinero de sus parientes en Estados Unidos.

La preocupación no implica que los 310 millones de dólares vayan a desaparecer automáticamente, pero sí plantea un escenario en el que una parte de esos ingresos podría reducirse si los migrantes pierden su capacidad de trabajar legalmente, modifican su situación migratoria o regresan a Honduras.

Las remesas, el primer impacto

Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 11.904 millones de dólares en remesas familiares, equivalentes a cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH).

La concentración del origen también es alta: el 98.4% de las remesas recibidas durante ese año provinieron de Estados Unidos.

No se trata solamente de dólares que ingresan al sistema financiero. El BCH registra que el 86.9% de las remesas recibidas en 2025 fue destinado al consumo corriente, que comprende gastos de manutención, educación y salud, entre otros. Apenas el 9.6% se destinó a usos de capital.

El dinero enviado por un familiar desde Estados Unidos puede terminar pagando alimentos en una pulpería, medicamentos en una farmacia, la cuota de una vivienda, la matrícula de una escuela o materiales para una construcción.

Por ello, la estimación del FOSDEH debe interpretarse como un indicador del volumen económico relacionado con los beneficiarios del TPS y no como una cantidad que Honduras necesariamente dejará de recibir de un día para otro.

Además, la situación migratoria de los hondureños en Estados Unidos no es uniforme. Algunos podrían encontrar otras alternativas legales para permanecer en ese país, otros podrían continuar enviando remesas y otros podrían regresar a Honduras.

El desafío del mercado laboral

El segundo efecto sería el retorno. Los hondureños que eventualmente abandonen Estados Unidos no regresarían únicamente con una necesidad migratoria: también necesitarían incorporarse a una economía que deberá ofrecerles ingresos, vivienda y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en 2025 la tasa de desempleo fue de 4,9%, con una fuerza de trabajo de aproximadamente 4.29 millones de personas y alrededor de 4,08 millones de ocupados.

El desempleo abierto no refleja por completo las dificultades del mercado laboral hondureño. El mismo INE informó que el 33,4% de los ocupados enfrentaba subocupación por insuficiencia de ingresos.

El dato muestra que el desafío para un retornado no necesariamente será conseguir cualquier actividad que genere dinero, sino encontrar una ocupación que le permita alcanzar ingresos suficientes y estabilidad.

Una persona que haya trabajado durante 15, 20 o 30 años en Estados Unidos puede regresar con experiencia en construcción, jardinería, transporte, mantenimiento, restaurantes, agricultura, servicios, cuidado de personas, logística o administración.

Y este se convierte en uno de los principales riesgos del retorno: que trabajadores con experiencia acumulada en el extranjero terminen incorporándose a actividades informales o a empleos de menor remuneración que los que tenían en Estados Unidos.

Sector privado y el Gobierno

El retorno podría aumentar la cantidad de personas que buscan oportunidades laborales precisamente en un mercado donde una parte importante de los trabajadores ya tiene dificultades para obtener ingresos suficientes.

El sector privado también ha reaccionado ante el nuevo escenario. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a través de su director ejecutivo, Armando Urtecho, sostuvo que la cancelación del TPS responde a decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y a una serie de desencuentros con Estados Unidos.

Desde la perspectiva empresarial, uno de los principales retos será determinar cómo incorporar a quienes regresen y qué sectores productivos pueden aprovechar la experiencia adquirida por los migrantes durante sus años de trabajo en Estados Unidos.

Por su parte, la Cancillería aseguró que, el presidente Nasry Asfura envió el pasado 30 de junio una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó un período adicional y claramente delimitado para una transición ordenada, así como la continuidad temporal de las autorizaciones de empleo, en la medida en que lo permita la legislación estadounidense.

Además, el Gobierno hondureño indicó que se han abordado posibilidades relacionadas con la ampliación de visas de trabajo temporal.

Una familia hondureña vive momentos de angustia luego de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)trasladara a cinco menores de edad que permanecían junto a su madre, María Leila Guillén, después de que en TikTok se viralizaran videos relacionados con las condiciones en las que vivían.

El caso comenzó a ganar notoriedad en redes sociales cuando fueron difundidas imágenes de la familia con la intención de solicitar ayuda para Guillén, quien, de acuerdo con sus familiares, se encuentra enferma desde febrero y presenta serias dificultades para realizar algunas actividades cotidianas.

Sin embargo, posteriormente circuló otro video en el que se aseguraba que los menores permanecían solos, sufrían hambre y estarían en condiciones de desnutrición, afirmaciones que familiares y vecinos rechazan.

Tras la difusión de las grabaciones, personal de la Senaf, acompañado por agentes policiales, llegó hasta la vivienda y posteriormente trasladó a los cinco niños.

Una hermana de María relató durante una entrevista que, cuando llegó a la vivienda, ya se encontraban en el lugar autoridades y personal relacionado con la protección de la niñez.

Según explicó, desde ese momento manifestó que estaba dispuesta a hacerse responsable de sus sobrinos mientras su hermana se recuperaba.

“Yo me puedo hacer responsable de ellos porque son mis sobrinos, para mientras mi hermana se cure”, relató la mujer.

Inicialmente, aseguró, le indicaron que esa posibilidad podía ser considerada. Sin embargo, posteriormente le comunicaron que los niños serían trasladados.

La tía también señaló que en un primer momento le dijeron que los menores serían llevados para recibir una evaluación médica.

“Me dijeron que los iban a llevar a que los examinara un doctor, pero en ningún momento me dijeron que se los iban a llevar para San Pedro”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que no recibió documentación relacionada con el procedimiento.

“No me dieron ningún papel”, manifestó.

Hasta el momento, en la información proporcionada por la familia no se ha detallado cuál fue la resolución administrativa específica mediante la cual se determinó el traslado de los menores.

Familia niega que los niños estuvieran abandonados

Los familiares también rechazaron las versiones difundidas en redes sociales que señalaban que los cinco menores no tenían padre o permanecían completamente abandonados.

Según explicaron, el padre de los niños trabaja como albañil y se encontraba laborando cuando se produjo la intervención.

“Sí tiene papá y el padre trabaja”, aseguró una de las personas cercanas a la familia durante la entrevista.

La hermana de María explicó que la situación familiar se complicó después de que la mujer enfermara meses atrás.

De acuerdo con su relato, son pocos los familiares disponibles para colaborar permanentemente con el cuidado de los menores, por lo que la hija mayor ayudaba a su madre con sus hermanos pequeños.

Familiares y vecinos también negaron que los menores presentaran desnutrición, aunque reconocieron que la familia vive en condiciones económicas precarias.

Según los testimonios recogidos, María, su pareja y sus hijos residían en un pequeño cuarto por el que pagaban unos 600 lempiras de alquiler.

Tras conocerse el caso en TikTok, varias personas comenzaron a movilizarse para llevar alimentos, camas, sábanas y otros insumos a la familia.

Incluso, personas que participaban en la entrega de ayuda indicaron que se analizaba la posibilidad de construir una vivienda para la familia y apoyar al padre con un pequeño negocio, con el objetivo de que pudiera permanecer más cerca de sus hijos.

Sin embargo, cuando parte de la ayuda llegó hasta el lugar, los menores ya habían sido trasladados.

“Íbamos con una sorpresa para llevarles comida a los niños y cuando llegamos ya no estaban”, relató Vanessa Reyes, quien se identificó como representante del patronato de la comunidad.

La familia aseguró que el traslado de los menores ha afectado profundamente a María.

Su hermana manifestó que, desde que se llevaron a sus hijos, la mujer habría dejado de comer y presenta un fuerte impacto emocional.

“Anoche no durmió, no ha comido. Eso es lo que me preocupa”, afirmó.

Durante la entrevista, María permaneció junto a sus familiares, pero tuvo dificultades para expresarse.

Las personas presentes insistieron en que la prioridad debería ser brindarle asistencia médica y apoyo a la familia para garantizar el bienestar de los menores.

Familia pide a Senaf que entregue los niños a una tía

La hermana de María reiteró públicamente que está dispuesta a asumir temporalmente el cuidado de los cinco niños.

“Yo me hago responsable de cuidar a mis sobrinos. Lo que necesito es que me los entreguen”, expresó.

Según los testimonios, entre los cinco menores se encuentra una bebé de apenas dos meses de edad, además de otros niños pequeños.

Vecinos y representantes comunitarios se sumaron al llamado para que la Senaf evalúe la posibilidad de que permanezcan con familiares mientras su madre recibe atención y logra recuperarse.

El caso ha provocado reacciones después de su difusión en redes sociales, donde inicialmente se buscaba conseguir ayuda para la familia y posteriormente surgieron cuestionamientos sobre las condiciones en las que vivían los menores.

Por ahora, los familiares esperan una respuesta de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sobre el futuro de los cinco niños y mantienen su petición de que puedan regresar con su círculo familiar bajo el cuidado de su tía.

La falta de lluvias comienza a dibujar un escenario crítico para amplias zonas de Honduras. 75 se encuentran bajo Alerta Roja por las condiciones de sequía meteorológica asociadas al fenómeno de El Niño, mientras otros 71 están bajo Alerta Amarilla y 88 permanecen en Alerta Verde.

El mapa de la emergencia concentra el mayor nivel de riesgo en la zona sur, el centro y el oriente del país, regiones donde el déficit de precipitaciones y el aumento de las temperaturas han reducido la disponibilidad de agua y aumentado la presión sobre las actividades agrícolas y pecuarias.

La declaratoria, emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), tendrá una vigencia de 120 días calendario, aunque podrá ampliarse si las condiciones climáticas lo requieren.

Francisco Morazán es el departamento que concentra la mayor cantidad de municipios bajo Alerta Roja, con 23 municipios, entre ellos el Distrito Central. Le siguen Choluteca, con 16 municipios; El Paraíso, con 13; La Paz, con 10; Valle, con nueve; y Comayagua, con cuatro.

El Distrito Central también forma parte de este grupo, en un contexto en el que la disponibilidad del recurso hídrico constituye uno de los principales desafíos para las autoridades y la población.

Los informes del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) indican que Honduras atraviesa un período anormalmente cálido y seco, relacionado con el establecimiento de un evento fuerte de El Niño.

El inicio tardío de la temporada lluviosa ha dejado un déficit acumulado de precipitaciones de entre 100 y 200 milímetros, una reducción que repercute directamente en la disponibilidad de agua.

Escases, lluvias y cultivos

La situación adquiere mayor relevancia en las comunidades que dependen de fuentes superficiales, sistemas locales de abastecimiento y reservas que necesitan de las lluvias para recuperar sus niveles.

A la escasez de precipitaciones se suma otro factor: las temperaturas se han mantenido entre 0,5 y 1 grado Celsius por encima de los valores habituales entre marzo y agosto. La zona sur es señalada como la más afectada por esta combinación de anomalías térmicas e hídricas.

Aunque la Alerta Roja concentra la mayor preocupación, el fenómeno no se limita a esos 75 municipios. Un total de 71 municipios están en Alerta Amarilla, principalmente en departamentos con una importante actividad agropecuaria.

El director de CENAOS, Francisco Argeñal, advirtió en julio que las condiciones asociadas a unEl Niño fuerte podrían mantenerse hasta febrero de 2027, lo que prolongaría la presión sobre las fuentes de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, particularmente en las comunidades del Corredor Seco.

por su parte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ha venido ajustando sus estrategias de siembra con base en las condiciones climáticas y priorizando las zonas donde existe una mayor disponibilidad de agua.

Así mismo, la SAG mantiene asistencia humanitaria para los municipios más afectados y que se han destinado millones de lempiras para incentivos a la producción agrícola y ganadera, con prioridad para territorios que presentan mejores condiciones de disponibilidad de agua. Desde mayo, además, el Gobierno anunció la preparación de sacos de alimentos para las familias ubicadas en los 75 municipios.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras convocará este miércoles a representantes de organizaciones garífunas y de distintas instituciones del Estado para abrir un diálogo sobre los conflictos territoriales que afectan a esas comunidades.

La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos abordar los derechos territoriales del pueblo garífuna y el cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas contra Honduras en esta materia.

Desde ese poder del estado explicaron que La convocatoria incluye a representantes de OFRANEH y del Comité de Sentencias, además de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

La Presidencia de la CSJ también solicitará el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como observador técnico internacional.

El anuncio se produce mientras permanece en trámite un proceso penal relacionado con personas de la comunidad garífuna de San Juan, Atlántida. La Corte Suprema aclaró que este proceso continúa por las vías jurisdiccionales correspondientes y que el expediente fue remitido al órgano competente en Tela.

El poder judicial remarcó que no puede intervenir directamente en una causa que está siendo conocida por los tribunales. El Poder Judicial señaló que la causa debe desarrollarse bajo principios como el derecho de defensa, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a recurrir las resoluciones judiciales.

Solución al conflicto

La corte sostuvo que la situación que afecta a las comunidades garífunas no puede abordarse únicamente desde un proceso penal. El conflicto tiene componentes relacionados con los derechos colectivos de estas comunidades, la propiedad y el registro de tierras, la actuación de distintas instituciones del Estado y las obligaciones internacionales asumidas por Honduras.

También involucra la seguridad jurídica sobre los territorios y el cumplimiento de decisiones emitidas por tribunales internacionales.

Por esa razón, el Poder Judicial plantea trasladar parte de la discusión a un espacio interinstitucional en el que puedan participar las entidades responsables de distintas áreas. La intención es que las instituciones involucradas analicen el problema de manera conjunta y no desde expedientes separados.

Cumplimiento de sentencias

Uno de los puntos que estarán sobre la mesa será el cumplimiento de las sentencias internacionales relacionadas con los derechos territoriales del pueblo garífuna.

Honduras ha sido objeto de decisiones internacionales vinculadas con la protección de territorios y derechos de comunidades garífunas, lo que ha generado obligaciones para el Estado.

El anuncio de la Corte plantea que estas obligaciones requieren una respuesta coordinada de las instituciones públicas y no únicamente actuaciones dentro del sistema judicial.

La participación de la Procuraduría General de la República tendrá relevancia en este aspecto, debido a su papel como representante del Estado en asuntos jurídicos. También estarán involucrados el Ministerio Público y las secretarías de Derechos Humanos y Seguridad, cada una dentro de sus respectivas competencias.

Días de protesta

La convocatoria incluye a OFRANEH, organización que representa y acompaña al pueblo garífuna en distintas demandas relacionadas con sus derechos colectivos y territoriales.

También participará el Comité de Sentencias, vinculado al seguimiento del cumplimiento de las decisiones internacionales relacionadas con comunidades garífunas.

La inclusión de estas organizaciones busca que la discusión no se limite a las instituciones estatales y que las comunidades tengan participación directa en el espacio convocado.

Por ello, las decisiones sobre ese expediente deberán ser tomadas por los jueces competentes, de acuerdo con las normas procesales y los recursos que contempla la legislación hondureña.

La reunión de este miércoles será el primer espacio formal anunciado por la Presidencia de la CSJ para reunir en una misma mesa a representantes de las comunidades garífunas, instituciones estatales y un observador internacional.

El Partido Liberal de Honduras decidió prolongar el análisis de las reformas energéticas y nombrar una comisión encargada de integrar las propuestas planteadas por diputados, alcaldes y miembros de la estructura partidaria antes de fijar una posición definitiva frente al proyecto que se discute en el Congreso Nacional.

La decisión fue adoptada este martes 18 de agosto durante una reunión realizada en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), donde se socializó el paquete de reformas y se recibieron nuevos planteamientos de distintos sectores de la institución política.

El jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, aclaró que el encuentro no tenía como objetivo aprobar una propuesta definitiva, sino recoger observaciones y construir un texto que reúna las distintas posiciones internas.

Cálix: “No se sometió a votación”

Cálix aseguró que durante la reunión no se realizó ninguna votación ni se recogieron firmas para validar una propuesta final.

“Es sumamente importante aclarar que en esta reunión aquí no se sometió a votación, ni a tomar ninguna decisión. Fue una reunión para socializar un paquete de reformas”, manifestó.

El dirigente sostuvo que los aportes de diputados, alcaldes y miembros del CCEPL deberán quedar reflejados en el texto antes de que pueda ser considerado una postura oficial del Partido Liberal.

Entre las propuestas que deberán analizarse figuran las presentadas por Nahum Cálix, presidente de la Asociación de Alcaldes; el diputado Yuri Sabas y el alcalde de San Buenaventura, Andrés Amador.

Partido Liberal crea comisión para preparar versión final

Además del jefe de bancada, la comisión quedó integrada por los diputados Ericka Urtecho, Leonel López, Yuri Sabas y Alejandra Vallecillo, así como por los alcaldes Alexander López, Nahum Cálix, Bader Dip y Andrés Amador, según información divulgada tras la reunión.

El grupo tendrá la tarea de revisar los nuevos insumos e incorporarlos a la contrapropuesta que los liberales ya habían presentado ante el Congreso Nacional.

Una vez concluido ese trabajo, la dirigencia deberá reunirse nuevamente para revisar si las observaciones fueron incorporadas y definir el texto final que respaldará la institución política. No se estableció públicamente una fecha para ese nuevo encuentro.

La decisión liberal extiende el proceso para definir qué iniciativa tendrá finalmente el respaldo de la bancada dentro del Legislativo.

Hasta ahora permanecen sobre la mesa el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y la contrapropuesta liberal denominada Ley de Justicia Energética, mientras el partido completa su revisión interna.

Cálix sostuvo que la intención es “amalgamar todas esas propuestas” y construir un documento que pueda ser revisado nuevamente por quienes participaron en el debate interno.

El dirigente defendió además que el objetivo de su partido es plantear una reforma que preserve el carácter público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y permita mejorar el servicio para los usuarios.

“Nuestro propósito es que la ENEE siga siendo pública, que brinde un servicio eficiente y se pague cada vez menos a la tarifa energética”, expresó Cálix.

La dirigencia liberal sostiene que el proceso interno busca construir una posición consensuada y técnicamente viable antes de regresar al debate legislativo.

Sin embargo, la falta de un texto definitivo mantiene abierta la discusión sobre cuál de las propuestas energéticas avanzará primero en el Congreso Nacional.

Mientras la comisión trabaja en la integración de los nuevos planteamientos, la reforma al subsector eléctrico continúa sin una definición final por parte del Partido Liberal, cuya bancada tendrá un papel clave en cualquier eventual votación dentro de la Cámara Legislativa.

Estados Unidos destinará USD 63 millones para atender a 33 municipios de Honduras afectados por fenómenos asociados al cambio climático, desplazamiento, violencia y otras situaciones que impactan directamente a la población, informó este martes el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El funcionario explicó que los recursos forman parte de una iniciativa desarrollada con el acompañamiento de distintas agencias de Naciones Unidas, las cuales serán las responsables de ejecutar los fondos.

La información fue brindada durante una visita al centro de atención para migrantes retornados ubicado en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, donde autoridades recorrieron las instalaciones para conocer las condiciones de atención y las necesidades existentes.

Fondos se destinarán a municipios con múltiples afectaciones

De acuerdo con el ministro, los USD 63 millones estarán enfocados en comunidades que enfrentan problemas relacionados con inundaciones, sequía, desplazamiento, violencia y cambio climático.

“A través del gobierno amigo de Estados Unidos [se hará] un aporte de 63 millones de dólares para responder a 33 municipios que tienen distintas afectaciones”, manifestó el funcionario.

Explicó que la intervención busca atender a familias que han quedado en condiciones de vulnerabilidad debido a diferentes fenómenos que han golpeado al territorio hondureño.

Valle de Sula, una de las zonas más afectadas

El titular de Copeco señaló que el Valle de Sula figura entre las zonas que han sufrido mayores daños por las tormentas registradas en los últimos años.

Según explicó, numerosas familias han perdido sus viviendas o han quedado en condiciones que las obligan a desplazarse e incluso a migrar en busca de mejores oportunidades.

El funcionario defendió además la importancia de contar con centros adecuados para atender a los hondureños que retornan al país después de haber migrado.

“Estos compatriotas que retornan de distintos lugares tienen que tener un lugar con condiciones óptimas para ser recibidos y con condiciones favorables para retornar al país”, indicó.

Naciones Unidas ejecutará los recursos

Sánchez aclaró que los fondos no serán ejecutados directamente por el Gobierno de Honduras, sino por agencias de Naciones Unidas.

“En este fondo de Naciones Unidas, que ejecuta Naciones Unidas, no lo ejecuta el gobierno”, precisó.

Añadió que el programa contempla tres entregas y que el proceso de focalización de las familias beneficiarias ya lleva varios meses en desarrollo.

El funcionario detalló que la selección de los 33 municipios fue realizada desde la administración anterior, con el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas.

Para determinar las zonas prioritarias se tomaron en cuenta factores como afectaciones por cambio climático, desplazamiento, violencia, inundaciones, sequía y otras condiciones de vulnerabilidad.

La operación, según explicó, fue lanzada meses atrás en la Cancillería hondureña y desde entonces se han desarrollado distintas actividades en varias regiones del país.

El aporte estadounidense representa una de las principales intervenciones recientes destinadas a atender comunidades hondureñas afectadas por fenómenos climáticos y sociales, en momentos en que distintas regiones del país enfrentan problemas de sequía, inundaciones y desplazamiento.

El abogado Héctor Ponce advirtió que el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, podría enfrentar una orden de captura si no logra justificar su incomparecencia ante una citación judicial relacionada con el proceso que enfrenta por señalamientos vinculados con la libertad de prensa y periodistas.

Ponce explicó que, cuando una persona ha sido citada legalmente para comparecer ante un juez y no se presenta, corresponde al órgano jurisdiccional valorar las razones de la ausencia y determinar las medidas que proceden.

Según el profesional del derecho, una de las posibilidades es que el juez abra la audiencia y permita que el Ministerio Público se pronuncie sobre la incomparecencia del imputado, en caso de considerarla injustificada.

Ministerio Público podría solicitar una orden de captura

Ponce señaló que, si no existe una justificación válida para la ausencia, el Ministerio Público podría solicitar el libramiento de una orden de aprehensión.

“Definitivamente, si una persona ha sido citada en legal y debida forma para que pueda comparecer ante la presencia de un juez que está conociendo la causa y éste hace caso omiso (...) el Ministerio Público puede pronunciarse sobre esa incomparecencia posiblemente injustificada”, explicó.

De acuerdo con el abogado, una eventual orden de captura constituye una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, por lo que antes de adoptar una decisión el juez deberá escuchar los argumentos de la defensa.

La determinación final dependerá de los elementos expuestos durante la audiencia y de si la representación legal del exjefe militar logra acreditar alguna razón jurídica que impida su comparecencia.

Recurso de amparo podría ser determinante

Uno de los puntos centrales del caso, según Ponce, es establecer si la defensa ha logrado acreditar que un recurso de amparo fue formalmente admitido.

El abogado indicó que también deberá evaluarse si dicho recurso contempla la suspensión del acto reclamado, pues ese elemento podría incidir en la continuidad del procedimiento judicial.

Si la defensa no logra demostrar que existe una resolución que suspenda las actuaciones, el juez tendría facultades para tomar una decisión respecto a la ausencia del imputado.

“Un juez es una alta autoridad del país y hay que acatar esas instrucciones”, manifestó Ponce al referirse a la obligación de atender una citación judicial.

Juez podría conceder un plazo adicional

El profesional del derecho explicó que una orden de captura no sería necesariamente la única salida procesal.

El juez también podría conceder un plazo prudencial para permitir que la defensa presente la documentación correspondiente o aclare la situación del recurso interpuesto.

Ponce señaló que en este tipo de decisiones también pueden influir cuestiones administrativas, como la carga de trabajo de los tribunales, siempre dentro del marco de las facultades que posee el juez.

Debate sobre la naturaleza del proceso

El abogado también señaló que existe una discusión jurídica sobre la vía mediante la cual debería conocerse el caso.

Explicó que corresponderá a la Corte de Apelaciones determinar si el Ministerio Público actuó correctamente al impulsar una acción penal pública o si los hechos debieron tramitarse mediante un procedimiento de querella.

Esta diferencia resulta relevante porque modifica la forma en que se desarrolla el proceso y la autoridad judicial encargada de conocerlo.

Según Ponce, será la Corte la encargada de valorar los argumentos planteados por ambas partes y determinar cuál procedimiento corresponde.

Mientras se resuelve esa discusión, la eventual ausencia injustificada de Roosevelt Hernández ante una citación judicial continuará siendo uno de los puntos que deberá valorar el juez encargado de la causa.

El Gobierno de Honduras activó medidas de protección tras la viralización de un video en el que dos creadores de contenido raparon a un niño en situación de vulnerabilidad a cambio de 500 lempiras ($20), un hecho que generó fuertes críticas en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del contenido digital cuando involucra a menores de edad.

La designada presidencial y titular del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), María Antonieta Mejía, informó que solicitó la activación de la ruta correspondiente para identificar al menor, conocer su entorno familiar y garantizar la restitución de sus derechos.

“La vulnerabilidad de un niño jamás puede convertirse en entretenimiento”, expresó Mejía, quien señaló que la intervención estatal no debe limitarse a localizar al menor, sino también a determinar por qué se encontraba en esa situación y cuáles son sus necesidades.

El video que provocó indignación

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió en un parque público del norte de Honduras. En la grabación aparecen dos hombres, entre ellos el creador de contenido conocido como “Soy Rosel”, mientras ofrecen dinero al niño a cambio de cortarle el cabello.

Durante el video, los adultos utilizan una máquina de afeitar para realizar inicialmente cortes irregulares en la cabeza del menor y posteriormente raparlo por completo. El niño manifestó que utilizaría los 500 lempiras para comprar alimentos, un detalle que incrementó las críticas hacia quienes participaron en la grabación.

La publicación fue cuestionada por numerosos usuarios, quienes consideraron que la necesidad económica del menor fue utilizada como elemento de entretenimiento para generar visualizaciones e interacciones en redes sociales.

María Antonieta Mejía indicó que el Estado debe actuar de manera inmediata cuando un menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

La funcionaria señaló que el objetivo es identificar, ubicar y proteger al niño, pero también realizar una evaluación integral de su situación familiar y social para establecer qué medidas son necesarias.

“Con nuestros niños hay límites que simplemente no se cruzan”, manifestó Mejía al anunciar las acciones institucionales.

Hasta la publicación de la información consultada, no se había informado públicamente sobre una respuesta específica de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) respecto a las medidas adicionales que podría adoptar por el caso.

Diputada anuncia proyecto de ley contra explotación en redes

El caso también llegó al Congreso Nacional. La diputada nacionalista por Cortés Daisy Andonie anunció que presentará un proyecto de decreto dirigido a sancionar a creadores de contenido que utilicen la situación económica o vulnerabilidad de otras personas para generar beneficios en plataformas digitales.

Andonie calificó el episodio como una grave vulneración a la dignidad del menor y afirmó que la iniciativa buscará establecer mecanismos de protección no solo para niños, sino también para adultos mayores que puedan ser utilizados en contenidos de este tipo.

La congresista sostuvo que el interés por aumentar las visualizaciones o generar ingresos no puede justificar la exposición o ridiculización de una persona vulnerable.

“Soy Rosel” anuncia retiro de las redes sociales

Tras las críticas, el creador de contenido conocido como “Soy Rosel” reaccionó públicamente y anunció su retiro de las plataformas digitales y de los proyectos de ayuda social que desarrollaba.

En su pronunciamiento calificó lo ocurrido como un “errorcito” y cuestionó que la audiencia lo juzgara únicamente por este episodio sin tomar en cuenta las acciones benéficas que, según aseguró, ha desarrollado anteriormente.

El creador de contenido mencionó entre esas acciones la construcción de viviendas, entrega de alimentos y prótesis, así como apoyo a un asilo de adultos mayores. Sin embargo, sus declaraciones no frenaron las críticas en redes sociales.

Usuarios continuaron solicitando la intervención de las autoridades y reclamando sanciones contra quienes utilicen a menores o personas en condiciones de necesidad para crear contenido destinado a obtener visualizaciones o ingresos.

La Secretaría de Seguridad de Honduras reforzó las investigaciones por el asesinato de un testigo protegido vinculado al caso de Angie Peña, mediante el envío de equipos adicionales y apoyo de transporte aéreo a la zona donde se desarrollan las diligencias.

El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, informó este martes que la medida busca fortalecer el trabajo de los investigadores y evitar que el crimen quede en la impunidad.

El funcionario señaló que las autoridades se encuentran todavía en una etapa inicial de la investigación, por lo que consideró prematuro emitir conclusiones sobre los responsables o posibles móviles del asesinato.

Martínez explicó que antes de establecer responsabilidades será necesario completar una serie de análisis técnicos y científicos.

Según indicó, corresponde al Ministerio Público evaluar los elementos recopilados y determinar si existen suficientes indicios para sustentar un eventual proceso penal.

“Son momentos muy tempranos como para hacer aseveraciones”, señaló el subsecretario al ser consultado sobre los avances del caso.

El funcionario agregó que las evidencias deberán pasar por los laboratorios correspondientes antes de que las autoridades puedan formular hipótesis concluyentes o realizar acusaciones.

Seguridad evita responder señalamientos sobre el caso Angie Peña

Martínez también fue consultado sobre las declaraciones realizadas por familiares de Angie Peña y por la exministra de Seguridad Julissa Villanueva tras conocerse el asesinato del testigo protegido.

Sin embargo, el funcionario evitó pronunciarse sobre esos señalamientos y manifestó que no emitiría juicios respecto a declaraciones realizadas por otras personas.

El asesinato ha vuelto a colocar bajo atención pública el caso de Angie Peña y las condiciones de seguridad de las personas vinculadas a investigaciones sensibles.

Policía mantendrá intervenciones en municipios violentos

En otro punto, Martínez se refirió a la situación general de violencia en Honduras y señaló que la Policía Nacional continuará con la estrategia de focalización territorial.

La medida contempla intervenciones en municipios identificados con mayores índices de violencia, donde las autoridades buscan concentrar recursos y operativos.

Según el subsecretario, esta estrategia ha generado resultados y continuará siendo una de las herramientas utilizadas para enfrentar los hechos violentos en distintas zonas del país.

Martínez reconoció, no obstante, que los problemas de inseguridad no pueden solucionarse de manera inmediata.

Aseguró que las autoridades continuarán trabajando para obtener resultados y recuperar gradualmente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad.

El crimen del testigo protegido ha generado nuevas interrogantes sobre las medidas de seguridad aplicadas a personas vinculadas con investigaciones de alto impacto.

Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias específicas del asesinato, el hecho ha aumentado la presión para que se esclarezca lo ocurrido y se determine si existe alguna relación directa con la información que la víctima habría proporcionado dentro del caso Angie Peña.

Desde la Secretaría de Seguridad insistieron en que las diligencias continúan abiertas y que cualquier conclusión debe estar sustentada en evidencia técnica, científica y testimonial.

Las autoridades también remarcaron que será el Ministerio Público el encargado de determinar si los elementos recopilados permiten establecer responsabilidades penales y avanzar hacia posibles requerimientos fiscales contra los implicados.

Mientras tanto, el caso Angie Peña continúa siendo uno de los expedientes que mayor atención ha generado en Honduras por las circunstancias que rodearon su desaparición.

El asesinato de una persona identificada como testigo protegido vuelve a colocar el proceso bajo el escrutinio público y aumenta las expectativas sobre los resultados que puedan ofrecer las instituciones encargadas de la investigación.

La audiencia inicial contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández por el denominado caso Pandora IIcontinuará el próximo lunes 24 de agosto de 2026 a las 9:30 de la mañana, luego de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaran un plazo para analizar las pruebas y objeciones planteadas por la defensa.

Durante la jornada de este martes 18 de agosto, los abogados del exmandatario presentaron 36 medios de prueba, integrados por 34 documentos, un testigo y una pericia vinculada con un consultor técnico, según detalló el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Hernández enfrenta en Honduras acusaciones por fraude y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que al menos 62 millones de lempiras provenientes de fondos públicos habrían sido utilizados para financiar su campaña política de 2013.

Defensa de JOH solicita nulidad absoluta

Además de presentar sus medios probatorios, la defensa de Hernández planteó una solicitud de nulidad absoluta de las actuaciones realizadas en el proceso.

Según explicó Silva, los abogados argumentaron que las investigaciones se desarrollaron durante varios años y que la acción penal fue presentada cuando Hernández ya se encontraba fuera de Honduras, en Estados Unidos.

La defensa sostiene que esa circunstancia habría colocado al exmandatario en una situación de indefensión, argumento que deberá ser valorado por el órgano jurisdiccional encargado del proceso.

Fiscalía y PGR analizarán las 36 pruebas

Tras conocer las objeciones y el paquete probatorio presentado por la defensa, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron un plazo para estudiar la documentación y preparar sus respectivos pronunciamientos.

Por esa razón, la audiencia no continuó este martes y fue fijada para el 24 de agosto a las 9:30 a.m.

Los entes acusadores habían presentado previamente 49 medios de prueba contra Hernández. Con ellos buscan sustentar los señalamientos formulados dentro del proceso Pandora II.

Una vez que el juez determine qué pruebas serán admitidas, comenzará la etapa de evacuación de los medios probatorios.

Carlos Silva anticipó que, por la cantidad de evidencia presentada por ambas partes, la audiencia inicial podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana.

En total, la acusación ha ofertado 49 pruebas y la defensa 36, por lo que el proceso deberá avanzar primero por la discusión sobre su admisibilidad antes de que el juez pueda resolver la situación jurídica del expresidente.

¿De qué se acusa a Juan Orlando Hernández en Pandora II?

El caso Pandora II fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en octubre de 2023.

Según el requerimiento fiscal, entre 2010 y 2013 se habrían desembolsado más de 288 millones de lempiras de fondos públicos hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.

La Fiscalía sostiene que al menos 62 millones de lempiras terminaron beneficiando la campaña presidencial de Hernández en 2013 mediante distintos mecanismos, una acusación que deberá ser probada durante el proceso judicial.

El Ministerio Público imputa a Hernández los delitos de fraude y lavado de activos, mientras que su defensa busca desvirtuar los señalamientos y ha solicitado que se declare la nulidad de las actuaciones.

El Gobierno de Honduras confirmó que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos hondureños en Estados Unidos tendrá efectos concretos sobre quienes dependían exclusivamente de ese beneficio para mantener su autorización de permanencia y trabajo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional señaló que el proceso responde a decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses durante los últimos años y que la administración hondureña enfrenta ahora las consecuencias de una medida que afecta a miles de compatriotas.

La canciller Mireya Agüero pidió, sin embargo, evitar interpretaciones que equiparen automáticamente el fin del TPS con el regreso inmediato de todos sus beneficiarios.

Según explicó, cada persona enfrenta una situación migratoria diferente y la posibilidad de permanecer en Estados Unidos o retornar a Honduras dependerá de factores como el tiempo de residencia, la situación familiar, la existencia de otras alternativas de regularización, procesos judiciales pendientes y las decisiones individuales de cada migrante.

Uno de los principales mensajes de la Cancillería es que la pérdida de la protección migratoria y el retorno efectivo de una persona son procesos diferentes. El TPS permitía a sus beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos y obtener autorización para trabajar mientras la designación estuviera vigente.

¿A quienes abarca?

Con su terminación, quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en el país pueden quedar expuestos a procedimientos migratorios y perder la posibilidad de continuar trabajando legalmente bajo ese régimen.

Algunos pueden tener otras solicitudes migratorias en trámite, vínculos familiares que les permitan buscar una vía de regularización o procesos judiciales que modifiquen su situación particular. Por esa razón, la Cancillería insiste en que el impacto de la medida debe analizarse caso por caso.

La canciller Agüero sostuvo que la situación actual no se originó durante la administración hondureña en funciones, sino que forma parte de una secuencia de decisiones adoptadas por Estados Unidos desde años anteriores.

“El actual Gobierno de Honduras heredó un proceso y decisiones tomadas por Estados Unidos, en el marco de una política migratoria más amplia”, afirmó.

La funcionaria situó el origen de la situación en las decisiones adoptadas desde 2018, cuando comenzaron los cambios relacionados con las designaciones de TPS para distintos países.

La posición del Gobierno hondureño es que la terminación del programa debe ser abordada ahora desde dos frentes: la defensa de los derechos de los hondureños que permanecen en Estados Unidos y la preparación del país para quienes eventualmente decidan o tengan que regresar.

Para quienes únicamente tenían TPS y autorización de empleo vinculada a ese estatus, la terminación representa la pérdida de una protección que durante años les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

También puede afectar a hogares en los que existen hijos nacidos en Estados Unidos, propiedades, negocios o años de residencia acumulados. La Cancillería reconoce esa diversidad de situaciones y señala que el retorno no será necesariamente una consecuencia inmediata para todos los beneficiarios.

Plan para retornados

Ante el nuevo escenario, el Gobierno hondureño asegura haber solicitado a Estados Unidos una transición ordenada. Entre las alternativas planteadas figura la posibilidad de ampliar autorizaciones de empleo y facilitar el acceso a visas temporales de trabajo.

La propuesta también busca dar tiempo a las familias para organizar sus decisiones y evaluar las opciones migratorias disponibles antes de un eventual retorno.

El resultado de estas gestiones dependerá, sin embargo, de las autoridades estadounidenses y de las decisiones que adopten sobre los mecanismos de transición.

La estrategia está encabezada por el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM) y reúne a 20 instituciones estatales, además de la red consular hondureña en Estados Unidos.

Honduras también cuenta con la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes y sus Familias, que fue reformada recientemente para ampliar los beneficios destinados a quienes regresen al país.

El Gobierno sostiene que esta normativa constituye una de las herramientas disponibles para acompañar a quienes regresen y facilitar su reintegración. A esto se suman programas orientados a brindar apoyo económico, educativo y para el desarrollo de emprendimientos.

Honduras e Israel dieron un nuevo paso en sus relaciones bilaterales con la firma de un Memorando de Entendimiento en defensa y seguridad, suscrito durante la visita oficial de autoridades hondureñas a Israel.

El acuerdo tiene entre sus ejes el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y defensa de Honduras, mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias relacionadas con la seguridad nacional y regional.

La iniciativa también plantea una mayor coordinación para enfrentar la criminalidad y mejorar las herramientas con las que cuentan las instituciones hondureñas encargadas de la seguridad.

El documento fue firmado por el ministro de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

De acuerdo con la información oficial, la cooperación estará orientada al intercambio de conocimientos y experiencias, así como al desarrollo de estrategias en materia de seguridad.

Uno de los puntos señalados durante la reunión fue la necesidad de fortalecer las capacidades hondureñas para hacer frente a la criminalidad.

El acuerdo constituye principalmente un marco de entendimiento y cooperación, por lo que cualquier programa específico, adquisición, capacitación o proyecto que surja después deberá definirse mediante los instrumentos correspondientes.

Delegación de alto nivel

La reunión contó también con la participación del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio Ardón. La presencia de autoridades de Defensa y de Seguridad refleja el interés del Gobierno hondureño en abordar la cooperación con Israel desde una perspectiva que involucre a las principales instituciones responsables de la seguridad nacional.

El objetivo planteado es que el intercambio internacional contribuya a mejorar las capacidades institucionales y la respuesta frente a distintas expresiones de criminalidad. La participación del Estado Mayor Conjunto también incorpora la dimensión militar y de defensa dentro de la nueva etapa de cooperación.

Honduras y su capacidad institucional

La firma del memorando ocurre mientras el Gobierno de Nasry Asfura coloca entre sus prioridades el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa.

El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de estas instituciones no solo tiene implicaciones para la seguridad de la población, sino también para la generación de condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo económico.

La lógica planteada es que un entorno con mayores niveles de seguridad y mejores capacidades institucionales puede ofrecer mayor confianza para las actividades productivas y la inversión de largo plazo.

La cooperación internacional puede aportar conocimiento y experiencias desarrolladas en otros contextos, aunque la aplicación de esas herramientas dependerá de las necesidades y capacidades de las instituciones hondureñas. En ese sentido, el memorando no debe interpretarse únicamente como un acuerdo de carácter militar.

Israel socio de Honduras

La firma del Memorando de Entendimiento representa además un nuevo capítulo en la relación entre Honduras e Israel. La visita oficial incluye una agenda de reuniones de alto nivel que busca ampliar los vínculos entre ambos gobiernos y buscar nuevas áreas de cooperación.

Dentro de esa agenda está previsto un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. La reunión permitirá abordar otros aspectos de la relación bilateral y dar continuidad a los acercamientos impulsados por ambos países.

La cooperación en defensa se suma a una relación bilateral que también incluye asuntos políticos, económicos y de cooperación.

Para Honduras, esto resulta relevante ante el desafío que representan las organizaciones criminales, el narcotráfico y otras formas de delincuencia que requieren capacidades especializadas de investigación, prevención y respuesta.

La información oficial también destaca el fortalecimiento de las capacidades de seguridad, lo que amplía el alcance potencial de la cooperación hacia áreas vinculadas con la protección de la población y la seguridad nacional.

La firma del memorando representa el inicio de una etapa de cooperación, pero el resultado concreto dependerá de los programas que después desarrollen las instituciones de ambos países.

En las tierras altas del departamento de Lempira, el murmullo de la incertidumbre se transformó de golpe en un eco helado de dolor. Lo que comenzó como una desesperada cruzada familiar entre veredas, senderos de tierra y el follaje espeso del occidente hondureño, culminó en un paraje de Tambla con un hallazgo desgarrador.

Allí, donde la geografía confunde los límites territoriales, la búsqueda de una pareja desvanecida en la nada encontró una respuesta brutal, envuelta en fuego y sombras.

Levis Arelis Pascual Núñez, de 31 años, y la joven Anayeli Raquel Gómez Fuentes, de apenas 17, eran nombres pronunciados con esperanza hasta hace pocas horas. Ambos, oriundos de Tomalá, encarnaban la rutina diaria de una comunidad trabajadora que no sospechaba la tragedia que se gestaba en los alrededores.

Sin embargo, la angustia que comenzó desde el pasado viernes 14 de agosto, día en que se reportó su lamentable desaparición, dio paso a la certeza más cruel el domingo 16 de agosto, cuando los restos de dos personas fueron localizados en la vecina municipalidad de Tambla. La cercanía territorial entre ambos municipios, colindantes al norte y sur, convirtió la noticia en una onda expansiva de consternación que atravesó a las comunidades limítrofes.

El escenario del hallazgo no dio tregua a la serenidad. Los restos mortales se encontraban en condiciones extremas que hacían imposible cualquier intento de reconocimiento a simple vista. Las versiones iniciales apuntan a que los cuerpos habrían sido carbonizados, un acto consumado con la clara intención de borrar huellas, identidades y evidencias.

A pesar de la barbarie y el deterioro del fuego, el amor y la memoria de una familia desesperada creyeron reconocer lo inconfundible. En medio de la escena resguardada por las fuerzas del orden, los allegados sostienen con firmeza que se trata de Levis y Anayeli.

El desgastado retazo de una prenda de vestir, la forma intacta de un accesorio personal y ciertos elementos específicos encontrados junto a los restos servían como un doloroso rompecabezas que la familia logró armar en el acto. Para ellos, no hay duda; el dolor del reconocimiento intuitivo se impuso antes de cualquier dictamen legal.

El veredicto científico de la medicina forense

Para el equipo de investigación, la intervención de la medicina legal no es solo un trámite, sino la única llave para cerrar la brecha de la incertidumbre. Debido a la extrema alteración de los restos por la acción del fuego, los métodos tradicionales de identificación facial o dactilar quedan completamente descartados.

El proceso requerirá la extracción de muestras genéticas para la realización de pruebas de ADN, las cuales serán cotejadas con el perfil biológico de los familiares directos. Paralelamente, los peritos deberán reconstruir la causa y la manera de la muerte mediante la antropología y la odontología forense.

Determinar los últimos momentos en que la pareja fue vista con vida aquel viernes 14 de agosto, precisar la hora aproximada de los decesos y confirmar científicamente su filiación son los pasos indispensables para fundamentar una acusación penal sólida.

Hasta este momento, la bruma sobre el móvil del crimen es absoluta. No existen hipótesis oficiales públicas sobre qué provocó el hecho, ni se ha señalado formalmente a sospechosos o estructuras criminales detrás de este acto atroz. La investigación avanza a paso cauteloso mientras las pruebas recolectadas en el sitio el domingo 16 de agosto son procesadas.

Un informe del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras expuso irregularidades en procedimientos judiciales que afectaron 32.545.791,88 lempiras (1.2 millones de dólares).

La investigación determinó que 13 exhortos judiciales, atribuidos a un juzgado de Choluteca, fueron usados para ejecutar embargos vinculados con supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca.

El propio juzgado que aparecía como emisor negó haber elaborado esos documentos. El hallazgo está contenido en el Informe Especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, elaborado por el TSC tras revisar actuaciones relacionadas con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) correspondientes a los años 2024 y 2025.

La investigación comenzó a revelar inconsistencias cuando el TSC verificó los exhortos con el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, tribunal al que se atribuía su emisión.

La respuesta fue contundente: el juzgado desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones que aparecían en ellos. La revisión de los números de expediente también encontró anomalías.

Algunos correspondían a procesos judiciales que realmente existían, pero contra empresas privadas, no contra la Municipalidad de Choluteca. Otro número sí correspondía a un proceso real relacionado con la municipalidad, pero presentaba modificaciones en las partes involucradas y en el monto reclamado.

En otros casos, los números de expediente ni siquiera aparecían en los registros físicos o sistemas electrónicos del juzgado. A partir de esas verificaciones, el órgano judicial calificó los documentos examinados como “totalmente falsos”, según consta en la investigación.

Estado estafado

El análisis del TSC permitió establecer que, de los 13 expedientes presentados como demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca, solo uno correspondía a una demanda contra esa municipalidad. El resto presentaba diferentes tipos de inconsistencias.

Esa diferencia es clave porque los exhortos fueron utilizados ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en Tegucigalpa, para solicitar y ejecutar actuaciones relacionadas con los embargos.

Es decir, documentos que supuestamente provenían de un tribunal de Choluteca terminaron produciendo efectos judiciales en otra jurisdicción.

Qué es un exhorto

Un exhorto es una comunicación oficial mediante la cual un juez solicita a otro juez de una jurisdicción diferente que realice una actuación judicial en su nombre.

Por ejemplo, si un tribunal necesita ejecutar una diligencia en otra ciudad, puede solicitar formalmente la colaboración del juzgado correspondiente. En el caso investigado, los documentos supuestamente enviados desde Choluteca fueron utilizados para respaldar actuaciones en Tegucigalpa.

La investigación del TSC encontró que no existía prueba suficiente de que esos exhortos hubieran sido confirmados con el tribunal que supuestamente los había emitido.

Según el informe, los exhortos fueron presentados por el abogado que figuraba como representante legal de la supuesta parte demandante o por personas relacionadas con él.

El TSC señaló que no encontró prueba de una comprobación documental, electrónica, institucional o telefónica con el juzgado de Choluteca antes de que las actuaciones avanzaran.

Los documentos terminaron siendo utilizados para ejecutar embargos contra fondos públicos pese a que el tribunal que aparecía como su origen negó haberlos emitido.

El TSC calculó en 32.545.791,88 lempiras el perjuicio económico derivado de los 13 expedientes investigados. Los recursos afectados pertenecían a la Cuenta Única del Estado, mecanismo mediante el cual el Gobierno central administra sus recursos financieros.

Quiénes aparecen vinculados

La investigación también identificó a diferentes personas relacionadas con las distintas etapas del procedimiento. El informe menciona la participación de personas naturales, abogados, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos.

El TSC sostiene que algunas de las actuaciones encontradas podrían constituir irregularidades y que existen elementos indicativos de responsabilidad penal. Esto no significa que las personas mencionadas hayan sido condenadas por un delito.

La eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las investigaciones y procesos correspondientes.

Más allá del monto involucrado, el informe del TSC expone una vulnerabilidad en los mecanismos de verificación de documentos judiciales.

La investigación concluyó que los 13 expedientes generaron un perjuicio económico de más de 32.5 millones de lempiras y estableció indicios de posible responsabilidad penal.

El asesinato de Dereck Isaac McNeil James en Roatán volvió a poner el caso de Angie Peña en el centro de la discusión pública. McNeil James había sido identificado como testigo protegido del Ministerio Público en la investigación por la desaparición de la joven hondureña, ocurrida en enero de 2022, y su muerte abrió nuevos cuestionamientos sobre su seguridad.

El presidente Nasry Asfura confirmó que recibió información sobre el asesinato y aseguró que la Policía Nacional da seguimiento a las investigaciones.

“Recibí la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre el crimen.

Las declaraciones del presidente no cerraron las interrogantes. El asesinato provocó nuevas exigencias de esclarecimiento, en particular de personas vinculadas con la búsqueda de Angie Peña.

Michelle Melgares, madre de Angie Peña, reaccionó a las declaraciones del presidente y pidió que el Gobierno utilice las capacidades de inteligencia y los recursos disponibles para avanzar en la investigación.

En un mensaje dirigido a Asfura, Melgares cuestionó la información que llega a las autoridades y pidió acciones concretas para esclarecer tanto el asesinato del testigo como la desaparición de su hija.

Exigen respuestas

La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva también volvió a pronunciarse sobre el caso y cuestionó los informes que recibe el presidente. Villanueva advirtió sobre la posibilidad de que se intente desviar la atención de la investigación relacionada con el asesinato del testigo protegido.

Su pronunciamiento introduce otro elemento en la discusión: la necesidad de determinar qué información tenían las autoridades sobre McNeil James, qué nivel de protección recibía y si existían antecedentes o señales que pudieran haber advertido sobre un riesgo para su seguridad.

Hasta ahora, el presidente se ha limitado a señalar que la Policía da seguimiento al caso, sin revelar detalles de las pesquisas.

En 2024, el Ministerio Público presentó pruebas dentro del proceso contra personas acusadas por la desaparición de la joven. Entre los elementos ofrecidos figuraban declaraciones de testigos protegidos presentadas como prueba anticipada.

La seguridad de los testigos

El crimen también abre un debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para quienes colaboran con investigaciones sensibles.nLa condición de testigo protegido tiene como finalidad reducir los riesgos que enfrentan personas cuya colaboración puede exponerlas a represalias.

En este caso, el asesinato de McNeil James plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad que tenía, quién conocía su condición de testigo y si las autoridades habían identificado algún riesgo previo. Estas preguntas deberán ser respondidas por las instituciones responsables de la investigación.

Por ahora, no existe una explicación pública completa sobre las circunstancias que rodearon el crimen ni sobre las medidas de protección que tenía el abogado.

El caso llegó a los tribunales y el Ministerio Público presentó acusaciones contra varias personas, mientras la familia ha insistido en que se mantenga la búsqueda de Angie y se esclarezcan todas las circunstancias de su desaparición.

También será necesario determinar si el crimen tiene alguna relación con la información que el abogado había proporcionado dentro del expediente de Angie Peña.

La situación económica y financiera de Honduras será sometida nuevamente al análisis de Standard & Poor’s (S&P Global Ratings). La calificadora inició este martes 18 de agosto una visita oficial al país, que se extenderá hasta el miércoles 19, para actualizar su evaluación sobre la capacidad crediticia del Gobierno hondureño y sus perspectivas financieras.

Durante los dos días de reuniones, los representantes de la firma conocerán de primera mano la evolución de las principales variables que determinan el desempeño de la economía hondureña y los factores que pueden incidir en las finanzas públicas, el acceso al financiamiento y la confianza de los inversionistas.

La visita ocurre en un momento en que la evaluación de las agencias calificadoras es seguida de cerca por inversionistas, organismos financieros y mercados internacionales.

La revisión de S&P contempla cinco grandes componentes, uno de ellos es el perfil institucional y de gobernanza, que considera las condiciones institucionales y políticas que pueden influir en la capacidad del Gobierno para implementar sus políticas y cumplir sus compromisos. A este se suman el perfil económico, el perfil externo, el perfil fiscal y el perfil monetario.

La evaluación conjunta de estos elementos permite a la calificadora determinar la capacidad y las condiciones financieras del Estado para cumplir con sus obligaciones.

Alcances de las evaluaciones

En términos prácticos, la revisión busca establecer qué tan sólidos son los fundamentos económicos del país, cuáles son sus principales vulnerabilidades y qué perspectivas existen para la evolución de sus finanzas públicas y externas.

Como parte de su agenda en Honduras, la delegación de S&P tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Nasry Asfura, así como con representantes del Congreso Nacional, integrantes del Gabinete Económico y representantes del sector privado.

Estos encuentros permitirán a los analistas conocer las perspectivas de las autoridades sobre la economía hondureña, las políticas fiscales y financieras, las prioridades gubernamentales y las condiciones para la inversión.

No obstante, El intercambio con el sector privado también permitirá conocer la percepción de los empresarios sobre el comportamiento de la economía, las condiciones para producir e invertir y los principales factores que afectan la actividad económica.

La información recopilada durante la visita será parte del proceso de análisis que realiza la calificadora antes de actualizar sus valoraciones sobre Honduras.

Quiénes integran la delegación

El equipo de S&P Global Ratings que participa en la visita está integrado por Daniela Brandazza, Manager; Patricio Cimberg, Associate Director; Víctor Santana, Associate Director, y Nicole Schmidt, Associate.

Su trabajo no se limita a revisar indicadores económicos aislados. La metodología de las agencias de calificación considera un conjunto amplio de factores que permiten establecer una visión integral sobre la capacidad de un Gobierno para responder por sus obligaciones financieras.

Una evaluación favorable puede contribuir a mejorar la percepción de riesgo de un país y facilitar sus condiciones de acceso al financiamiento. Por el contrario, una perspectiva negativa o una reducción de la calificación puede incrementar las preocupaciones de los inversionistas sobre la capacidad de pago o la estabilidad de las finanzas públicas.

En el caso de Honduras, la evaluación de S&P adquiere relevancia porque forma parte del seguimiento que las principales agencias internacionales realizan sobre la economía nacional.

El desempeño fiscal, el nivel de endeudamiento, la disponibilidad de financiamiento externo, la situación monetaria, el comportamiento de las reservas, el crecimiento económico y la fortaleza institucional son algunos de los elementos que pueden incidir en el análisis.

La política monetaria, el comportamiento de los precios, las condiciones cambiarias y la capacidad de las autoridades para responder ante presiones económicas forman parte del análisis de riesgo soberano.

La interacción entre política fiscal y política monetaria también resulta relevante para determinar la estabilidad macroeconómica.

“Lo perdí todo”… otra vez

La frase resume el temor de muchos hondureños que llegaron a Estados Unidos después del huracán Mitch y que, durante más de dos décadas, construyeron allí sus hogares, empleos y redes familiares.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permitió durante años que miles de hondureños, unos 72,000, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pudieran permanecer legalmente en Estados Unidos.

Para muchos beneficiarios, el TPS dejó de ser percibido como una protección temporal y pasó a formar parte de una vida desarrollada lejos de Honduras.

Infobae conversó con Jorge Arteaga, quien llegó siendo joven a Estados Unidos y permaneció amparado por este mecanismo migratorio. Con el paso de los años construyó allí su familia y su patrimonio: adquirió una vivienda e incluso inició su propio negocio de jardinería. Hoy, su futuro vuelve a estar marcado por la incertidumbre.

Para él, regresar a Honduras no significa simplemente volver al país donde nació. Significa reconstruir una vida que, en muchos casos, quedó atrás hace 20 o 25 años.

Su historia representa uno de los principales dilemas que plantea el retorno: quienes podrían regresar ya no son necesariamente las mismas personas que abandonaron Honduras.

Arteaga reconoce a Infobae que Estados Unidos le permitió construir su vida y la de su familia. El problema adquiere otra dimensión cuando existen hijos nacidos en ese país. Algunos de ellos son ciudadanos estadounidenses y han pasado prácticamente toda su vida fuera de Honduras.

La decisión, entonces, no se reduce a regresar o quedarse. Implica evaluar la posibilidad de una separación familiar, trasladar a niños a un país que desconocen o intentar mantener una familia dividida entre dos países.

Más allá de una deportación

Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) advierten que el eventual retorno de miles de personas debe analizarse también desde la realidad económica y social del país.

La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró una reducción de la pobreza nacional respecto de años anteriores. Sin embargo, el 60.1% de los hogares se encontraba en situación de pobreza y el 38.3% en pobreza extrema.

Aunque estos indicadores muestran una mejora frente a 2021, cuando la pobreza alcanzaba el 73.6%, la situación económica del país continúa planteando interrogantes para quienes tendrían que encontrar empleo, vivienda y acceso a servicios básicos al regresar.

El mercado laboral también representa un desafío. La reintegración de una persona que ha trabajado durante años en Estados Unidos puede resultar complicada si sus habilidades, experiencia o expectativas salariales no encuentran correspondencia en el mercado hondureño.

El debate sobre el TPS suele concentrarse en cifras migratorias y decisiones judiciales. Sin embargo, detrás de cada beneficiario existe una red familiar.

Hay padres que sostienen económicamente a sus hogares desde Estados Unidos, hijos que dependen de ellos y familiares que esperan remesas para cubrir necesidades básicas.

En su informe “Honduras ante el fin del TPS: riesgos de retorno y prioridades de política pública”, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras señala que recibir a los retornados requiere mucho más que atender su llegada a los aeropuertos.

Más allá de una deportación, Honduras tiene derecho y capacidad de recibir a sus ciudadanos, pero el retorno masivo de personas que llevan décadas fuera plantea necesidades de reintegración que no pueden resolverse simplemente con recibirlas en un aeropuerto.

Según este organismo, el impacto también debe analizarse desde la perspectiva de las familias que podrían perder ingresos, los niños que tendrían que cambiar de país, los trabajadores que necesitarían incorporarse nuevamente al mercado laboral y las personas que podrían requerir asistencia para encontrar vivienda, educación o atención médica.

El país necesitaría mecanismos para identificar sus capacidades laborales, facilitar su incorporación al empleo formal, apoyar emprendimientos, garantizar el acceso a educación y salud y ofrecer acompañamiento psicológico y social cuando sea necesario.

Muchos retornados podrían aportar conocimientos técnicos, capital, experiencia empresarial y nuevas habilidades. El desafío estaría en convertir ese potencial en oportunidades reales.

Para los beneficiarios del TPS, la situación actual representa mucho más que la pérdida de un permiso migratorio. Es la posibilidad de perder empleos, viviendas y proyectos familiares construidos durante décadas, señala el informe.

Huellas del TPS

El 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, con efectos a partir del 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito del Norte de California, determinó que la terminación del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua era ilegal y dejó sin efecto las decisiones del Gobierno.

La situación volvió a cambiar el 9 de febrero de 2026, cuando el Noveno Circuito suspendió la orden del tribunal de distrito mientras continúa el proceso de apelación, permitiendo que la terminación del TPS siga teniendo efecto durante el litigio. Por ello, más que tratarse de una resolución definitiva, el caso permanece abierto y sujeto a nuevas decisiones judiciales.

Después de una vida construida lejos de Honduras, regresar puede significar mucho más que volver al lugar de origen: puede significar empezar de nuevo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras aclaró que la fotografía de medidores eléctricos durante el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda no está vinculada con la instalación de medidores prepago. Según la institución, se trata de un mecanismo de verificación estadística dentro del proceso censal.

La aclaración fue realizada por Martha Leiva, subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE, quien explicó que la fotografía del contador tiene una finalidad estrictamente estadística y forma parte de los mecanismos utilizados para verificar la calidad de la información recopilada durante el proceso censal.

El censo nacional comenzó el 10 de agosto y tiene como objetivo actualizar la información demográfica y habitacional de Honduras, que luego será utilizada para orientar políticas públicas y decisiones relacionadas con las condiciones de vida de la población.

Leiva explicó que los censistas deben contar con mecanismos que permitan comprobar que realizaron la visita a la vivienda en la que levantaron la información.

La fotografía del contador funciona como un punto de referencia que permite verificar que los datos registrados corresponden al inmueble visitado. El objetivo es reforzar los controles de calidad del proceso y reducir posibles errores durante el levantamiento de información.

La funcionaria señaló que el censista necesita comprobar que “llegó a la vivienda” y que el punto de referencia registrado corresponde al inmueble donde se realizó la entrevista.

La fotografía no tiene como propósito recopilar información sobre el tipo de medidor para instalar un sistema prepago ni constituye una autorización para realizar modificaciones en el servicio eléctrico.

La fotografía no es obligatoria

Uno de los aspectos enfatizados por el INE es que ningún ciudadano está obligado a permitir la fotografía del contador eléctrico.

De acuerdo con las instrucciones entregadas a los censistas, antes de tomar la imagen deben solicitar autorización al jefe o responsable del hogar. Si la persona no autoriza la fotografía, el encuestador debe respetar esa decisión y abstenerse de realizarla.

“No debe de tener temor la población de que esa toma de esa fotografía va a ser utilizada para otros fines, es únicamente para fines estadísticos. Si el jefe del hogar no le da permiso para tomar esta fotografía, el censista no debe de hacerlo”, explicó Leiva.

La aclaración busca reducir las dudas generadas en redes sociales y evitar que información falsa pueda afectar el desarrollo del proceso censal. Leiva señaló que la boleta utilizada durante el censo no contiene preguntas relacionadas con la instalación de medidores prepago.

La funcionaria explicó que el instrumento está diseñado para recopilar información demográfica, habitacional y socioeconómica que permita conocer las condiciones en las que viven los hogares hondureños.

La toma eventual de una fotografía del contador no debe interpretarse como una pregunta adicional sobre el servicio eléctrico ni como una evaluación individual de los hogares para determinar si serán sometidos a algún cambio en su sistema de medición.

El procedimiento forma parte de los mecanismos de verificación implementados para garantizar que la información recopilada sea atribuida correctamente a cada vivienda.

Qué información recopila el censo

Las preguntas abarcan aspectos relacionados con la ubicación de la vivienda, sus características físicas, el acceso a servicios básicos y elementos que permiten conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares.

Entre los datos que se recopilan figuran los materiales utilizados en el techo, paredes y piso, así como información sobre los servicios disponibles en la vivienda.

“Tenemos una sección que es la que nos da la ubicación de la vivienda, tenemos otra sección que nos da cuáles son las características de la vivienda”, detalló Leiva.

El instrumento también consulta cuál es el principal tipo de alumbrado utilizado en cada vivienda. Entre las alternativas contempladas se encuentran la electricidad proveniente del sistema público o privado, motor propio, panel solar, vela o pote, candil, lámpara de gas y otras fuentes.

Esta información permite determinar el nivel de cobertura del servicio eléctrico y localizar aquellas comunidades o viviendas que todavía carecen de acceso a electricidad. Según Leiva, los datos recopilados pueden ser utilizados por instituciones como la Secretaría de Energía para identificar zonas que requieren inversiones destinadas a ampliar la cobertura del servicio.

Por ello, los censistas consultan información relacionada con las habitaciones disponibles para dormir y cocinar, así como el uso exclusivo o compartido de estos espacios.

También se pregunta sobre el combustible utilizado para cocinar, un dato que permite conocer las condiciones energéticas de los hogares y los métodos empleados para preparar alimentos. Otro componente corresponde a los servicios sanitarios y su conexión, con opciones que incluyen alcantarillado, pozo séptico, río, laguna o mar, entre otras alternativas.

La boleta incluye preguntas sobre la tenencia de distintos bienes y servicios que forman parte de la vida cotidiana de los hogares.

Condición social

También se consulta sobre determinados medios de transporte disponibles para las familias, como automóvil, motocicleta, mototaxi, lancha o pipante.

El objetivo no es establecer un inventario comercial de las pertenencias de los ciudadanos, sino recopilar indicadores que permitan caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población.

Uno de los usos de los datos recopilados es la aplicación de metodologías estandarizadas para analizar las condiciones de pobreza de la población.

El INE puede utilizar las características de las viviendas, el acceso a servicios, los bienes disponibles y otros indicadores para construir mediciones socioeconómicas sin necesidad de preguntar directamente a las personas cuánto dinero ganan. Esto permite generar información comparable y establecer diferencias entre regiones, comunidades y grupos de población.

Los resultados pueden servir como referencia para diseñar políticas públicas, definir prioridades de inversión y determinar dónde existen mayores necesidades de infraestructura y servicios.

Ante las dudas expresadas en redes sociales, la representante del INE insistió en que los datos recopilados durante el censo tienen una finalidad estadística.

La institución busca garantizar que la información corresponda correctamente a las viviendas y personas censadas, al tiempo que evita utilizarla para objetivos distintos de los establecidos dentro del proceso.

Honduras registró más de 15.500 ingresos de visitantes procedentes de El Salvador durante la Semana Agostina, informó el ministro de Turismo, Andrés Ehrler. La cifra representa un aumento de 31,1% respecto del mismo período del año anterior, según datos de la Secretaría de Turismo y del Instituto Nacional de Migración.

Para las autoridades hondureñas, el crecimiento refleja el interés de los turistas salvadoreños por los destinos del país y los resultados de las campañas de promoción realizadas en el mercado vecino.

Ehrler atribuyó parte del resultado a las inversiones destinadas a publicidad y promoción turística, con las que Honduras buscó posicionar sus distintos destinos entre los viajeros salvadoreños.

Los principales puntos de entrada utilizados por los visitantes procedentes de El Salvador fueron El Amatillo en el departamento de Valle y El Poy en Ocotepeque. Desde esos pasos fronterizos, los turistas se desplazaron hacia distintos destinos del territorio hondureño.

La ubicación de ambas fronteras facilita el ingreso por vía terrestre desde El Salvador y las convierte en puntos clave para el movimiento de visitantes durante períodos de alta demanda turística.

El aumento registrado durante una sola semana representa un impulso para hoteles, restaurantes y comercios, además de operadores turísticos, transportistas y otros negocios vinculados con la actividad.

El ministro de Turismo estimó que la llegada de más de 15.500 salvadoreños durante la Semana Agostina representó alrededor de USD 1,2 millones en ingreso de divisas para Honduras. La cifra equivale aproximadamente a 31,9 millones de lempiras.

Impacto turístico

El ingreso de divisas es uno de los principales indicadores utilizados para medir el impacto económico de la actividad turística, ya que el gasto de los visitantes se distribuye entre distintos sectores de la economía.

Aunque no se detalló cuánto correspondió específicamente a alojamiento, alimentación, transporte, actividades recreativas u otros servicios, las autoridades consideran que el flujo de turistas genera beneficios para distintos negocios ubicados en los destinos visitados y en las rutas utilizadas para llegar a ellos.

De acuerdo con Ehrler, una parte de los turistas salvadoreños que ingresaron durante este período se dirigió hacia destinos de la zona Caribe de Honduras.

Las playas y otros atractivos turísticos de esa región se encuentran entre los principales puntos de interés para los visitantes internacionales, especialmente durante períodos vacacionales.

El Ministerio de Turismo también desarrolló campañas para promocionar otros destinos del país con el propósito de distribuir el flujo de visitantes y mostrar una oferta turística más amplia.

La estrategia busca que los viajeros no concentren su estadía únicamente en los destinos más conocidos, sino que también consideren otras regiones y atractivos naturales, culturales e históricos de Honduras.

Honduras y la región

El crecimiento de visitantes procedentes de El Salvador es considerado por las autoridades como una señal favorable para las campañas dirigidas al mercado centroamericano.

La cercanía geográfica entre ambos países permite que una parte de los desplazamientos se realice por carretera, lo que facilita los viajes de corta duración y las estadías durante períodos festivos.

La inversión en publicidad busca incentivar a los salvadoreños a elegir Honduras como destino vacacional y aumentar el número de visitantes que ingresan por las fronteras terrestres.

Ehrler sostuvo que los resultados obtenidos durante la Semana Agostina respaldan la estrategia de promoción implementada por el Gobierno para atraer turistas del país vecino.

Más allá del número de visitantes, las autoridades hondureñas buscan que el incremento del turismo se traduzca en mayores ingresos para las empresas y comunidades que dependen de esta actividad.

Por eso, el aumento de 31,1% en la llegada de salvadoreños representa una oportunidad para el sector turístico hondureño, particularmente durante períodos de alta movilidad regional.

Ehrler agradeció a los empresarios que se involucraron en las campañas y acciones de promoción, así como a la población hondureña por recibir a los visitantes procedentes de El Salvador.

La coordinación entre autoridades y empresarios es considerada fundamental para mantener el crecimiento del flujo turístico, ya que la promoción debe estar acompañada por una oferta capaz de atender el aumento de la demanda.

Para Honduras, el mercado salvadoreño representa una oportunidad por la proximidad entre ambos países y por las facilidades que ofrece el transporte terrestre.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó proyectos de infraestructura con los que su administración busca mejorar el movimiento de mercancías, modernizar las operaciones de Puerto Cortés y aprovechar la posición geográfica del país para fortalecer sus conexiones comerciales.

Durante su intervención, el mandatario puso énfasis en la necesidad de reducir los obstáculos que afectan el ingreso y la salida de mercancías por Puerto Cortés, además de mejorar las conexiones terrestres en el Valle de Sula.

Asfura sostuvo que las inversiones forman parte de una estrategia para impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones para las empresas nacionales y extranjeras.

Uno de los principales anuncios fue la incorporación de nuevos equipos de inspección mediante rayos X en Puerto Cortés, tecnología que, según explicó el presidente, permitirá revisar un mayor volumen de unidades y fortalecer los controles sobre las mercancías.

El mandatario afirmó que los nuevos sistemas de inspección tendrán capacidad para procesar hasta 100 unidades por hora, lo que permitiría incrementar la velocidad con la que son revisados los vehículos y contenedores que ingresan o salen de las instalaciones portuarias.

Asfura señaló que se trata de equipos de última generación y que su implementación permitirá a las autoridades obtener información más precisa sobre los productos que Honduras importa y exporta.

“Vamos a resolver el problema de acceso y salida de Puerto Cortés”, afirmó el gobernante al referirse a los problemas relacionados con la circulación y los tiempos de operación en la zona portuaria. De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ejecutivo, la modernización de los sistemas de inspección busca mejorar los controles sin trasladar mayores costos a las operaciones.

Mejoras en tiempo

La intención es que una revisión más rápida de las unidades contribuya a disminuir los tiempos de espera y facilite el flujo de mercancías, un factor clave para la competitividad de las empresas que dependen del transporte marítimo.

Puerto Cortés tiene una importancia estratégica para Honduras debido al volumen de carga que moviliza y a su conexión con las principales zonas productivas e industriales del país.

Otro de los proyectos destacados por Asfura es el libramiento de San Pedro Sula, una obra concebida para facilitar el desplazamiento del transporte pesado y otros vehículos sin necesidad de atravesar sectores urbanos con altos niveles de congestión.

La reducción del tráfico de carga dentro de San Pedro Sula podría generar efectos en los tiempos de traslado y en los costos asociados al transporte de mercancías, especialmente para las empresas que utilizan las rutas que conectan el área industrial con Puerto Cortés.

El Gobierno también vincula estas inversiones con la necesidad de mejorar la infraestructura de la zona norte, donde convergen actividades industriales, agrícolas, comerciales y logísticas.

Asfura destacó la importancia de desarrollar infraestructura que permita proteger tanto a las comunidades como a las actividades productivas de una de las zonas económicamente más importantes del país.

“Vamos a seguir invirtiendo mucho más en esta zona, en este valle de Sula, en este departamento de Cortés altamente productivo y de mucho trabajo”, manifestó.

Para el Gobierno, mejorar las condiciones de esta región constituye una parte importante de la estrategia para garantizar la continuidad de las actividades económicas y del transporte de mercancías.

La propuesta busca aprovechar la ubicación geográfica de Honduras para establecer una conexión terrestre y logística más eficiente entre las rutas comerciales de ambos océanos.

“Vamos a unir los dos océanos, vamos a dar esa conectividad que tanto se necesita”, afirmó el presidente.

Mercado competitivo

La iniciativa pretende convertir la ubicación de Honduras en una ventaja para el comercio regional, facilitando el traslado de mercancías entre los dos litorales y generando condiciones para atraer nuevas inversiones.

El Gobierno considera que una infraestructura logística más integrada podría ampliar las oportunidades de Honduras dentro del comercio centroamericano y fortalecer su capacidad para competir por inversiones relacionadas con transporte, almacenamiento, distribución y servicios.

Asfura también advirtió sobre la necesidad de avanzar con rapidez en estos proyectos debido a la competencia que existe entre los países de Centroamérica para desarrollar infraestructura capaz de atraer operaciones comerciales.

El mandatario planteó que Honduras debe aprovechar su posición geográfica antes de que otros países de la región consoliden ventajas adicionales en materia logística.

La construcción de conexiones eficientes entre puertos, carreteras, zonas industriales y centros de distribución se ha convertido en un factor cada vez más relevante para las empresas que buscan reducir costos y tiempos en sus cadenas de suministro.

El Gobierno pretende que la modernización de Puerto Cortés y la conexión con el Pacífico formen parte de una estrategia nacional, en lugar de funcionar como proyectos aislados.

Durante su intervención, el presidente también respondió a las críticas sobre las inversiones y la relación del Gobierno con el sector privado.

Asfura aseguró que su administración no mantiene preferencias hacia determinadas empresas o empresarios y afirmó que los proyectos deben desarrollarse bajo condiciones de igualdad.

El Gobierno de Honduras mantiene un programa de orientación para los ciudadanos hondureños que enfrentan las consecuencias de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, informó el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

El diplomático explicó que la representación hondureña dispone de un grupo de abogados encargado de brindar orientación a los connacionales que buscan conocer cuáles son las alternativas disponibles ante el cambio en su situación migratoria.

La asistencia busca guiar a los hondureños durante el proceso y ayudarlos a identificar las opciones que podrían estar disponibles de acuerdo con sus circunstancias personales.

Flores explico a la estación HRN en Honduras que no existe una respuesta única para todos los beneficiarios afectados, debido a que la situación migratoria de cada persona puede ser diferente.

La representación diplomática hondureña busca, mediante el equipo legal disponible, orientar a los migrantes sobre los caminos que podrían tener a su alcance dentro del sistema migratorio estadounidense.

“Tenemos un grupo de abogados que brindan una guía a los emigrantes hondureños”, señaló Flores Bermúdez

El TPS es un mecanismo migratorio estadounidense que permite a ciudadanos de determinados países permanecer legalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones extraordinarias que dificultan su regreso seguro.

Honduras busca opciones

Ante el nuevo escenario, el Gobierno hondureño mantiene una postura favorable a la posibilidad de que la decisión pueda ser modificada, aunque el propio embajador reconoció las dificultades que implica intentar revertir una medida adoptada por la administración estadounidense.

Flores Bermúdez aseguró que Honduras mantiene el optimismo respecto de una eventual reconsideración, pero admitió que el objetivo constituye una tarea compleja.

“Siempre somos optimistas, pero es difícil revertir la decisión del Gobierno Trump de cancelar el TPS”, afirmó el diplomático hondureño.

El Ejecutivo hondureño mantiene así una doble estrategia: por un lado, continuar buscando alternativas diplomáticas ante las autoridades estadounidenses y, por otro, proporcionar orientación a los migrantes que ya enfrentan un cambio en su estatus de protección.

La cancelación del TPS representa un asunto relevante para Honduras debido a la cantidad de ciudadanos que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo este programa.

Para los afectados, el cambio implica la necesidad de revisar su situación migratoria y determinar qué opciones legales pueden estar disponibles una vez que finalice la protección correspondiente.

Esto significa que las posibilidades de cada persona pueden depender de factores como su historial migratorio, solicitudes pendientes, vínculos familiares, procesos judiciales u otras circunstancias contempladas por la legislación estadounidense.

Representación hondureña

La embajada de Honduras en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales puntos de orientación para los ciudadanos afectados por los cambios relacionados con el TPS.

El equipo legal mencionado por Flores Bermúdez busca proporcionar información y acompañamiento inicial a los hondureños para que puedan conocer las alternativas que podrían aplicar a sus circunstancias.

No obstante, la asistencia diplomática no sustituye el análisis individual que corresponde realizar a profesionales especializados en derecho migratorio estadounidense, especialmente en casos que involucren procedimientos judiciales o solicitudes migratorias específicas.

El embajador Flores Bermúdez reconoció, sin embargo, que modificar una determinación de la administración de Donald Trump representa un proceso complicado y que Honduras enfrenta desafíos diplomáticos para lograrlo.

Por ahora, la representación hondureña sostiene que continuará brindando orientación a los connacionales y evaluando las vías disponibles para defender los intereses de los migrantes.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras informó sobre la captura de Darwin David Espinal del Cid, un ciudadano hondureño requerido en extradición por las autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con el asesinato de una mujer guatemalteca en el estado de Pensilvania.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Pespire, departamento de Choluteca, durante un operativo desarrollado por agentes de la ATIC con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades hondureñas, Espinal del Cid era objeto de una investigación y seguimiento debido a la solicitud de extradición presentada por la justicia estadounidense.

El caso se remonta a aproximadamente tres años atrás y tiene como víctima a María Bernarda Popol Guerra, una mujer guatemalteca de 23 años cuyo cuerpo fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.

El director de la ATIC, comisario Ángel Murillo, explicó que la captura fue posible después de un proceso de localización, búsqueda y vigilancia realizado por investigadores de la institución en el departamento de Choluteca.

Había sido deportado

Murillo señaló que, al momento de su captura, Espinal del Cid no tenía procesos judiciales pendientes en Honduras, por lo que su detención responde a la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses para que enfrente el proceso correspondiente en ese país.

El funcionario también indicó que el hondureño habría regresado a Honduras después de haber sido deportado desde Estados Unidos. Las autoridades hondureñas todavía trabajan para establecer con precisión cuándo ingresó nuevamente al territorio nacional, información que forma parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Los cargos en Estados Unidos

Según la información trasladada a las autoridades hondureñas, la justicia estadounidense atribuye a Espinal del Cid una presunta participación en los hechos que terminaron con la muerte de la joven.

El crimen habría ocurrido aproximadamente tres años antes de la captura, aunque las autoridades hondureñas no proporcionaron detalles sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el homicidio ni sobre la relación que habría existido entre el acusado y la víctima.

El expediente estadounidense incluye varios cargos relacionados tanto con la muerte de Popol Guerra como con hechos posteriores.

Entre las acusaciones mencionadas figuran homicidio criminal, posesión de instrumentos del delito, hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.

Estos cargos corresponden a las acusaciones formuladas por la justicia de Estados Unidos y deberán ser examinados dentro del proceso judicial que se desarrollará a partir de la solicitud de extradición.

Después de su captura en Pespire, Espinal del Cid fue trasladado y puesto a disposición del juzgado de extradición en Tegucigalpa.

A partir de este momento, un magistrado designado para conocer este tipo de solicitudes deberá analizar la petición presentada por las autoridades estadounidenses y determinar los siguientes pasos dentro del procedimiento.

La captura no implica por sí misma una declaración de culpabilidad, ya que corresponde a las autoridades judiciales analizar los elementos presentados por Estados Unidos y resolver conforme al procedimiento establecido para los procesos de extradición.

El proceso determinará si el detenido es entregado a las autoridades estadounidenses para responder por los cargos que se le atribuyen en relación con la muerte de María Bernarda Popol Guerra.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de una plantación de hoja de coca en una zona montañosa de la Sierra del Río Tinto, en el municipio de Iriona, departamento de Colón.

Según el reporte oficial, en el terreno había unos 16.500 arbustos distribuidos en una superficie estimada de tres manzanas de tierra.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance realizados por unidades militares en esa zona del país. Tras asegurar el área, las autoridades indicaron que prevén avanzar con la erradicación de la plantación.

Según cifras de la institución, en lo que va del año han sido aseguradas 43 plantaciones de hoja de coca, que en conjunto abarcan más de 100 manzanas de tierra. Las autoridades calculan que en esos terrenos había aproximadamente 650,000 arbustos de coca.

Los aseguramientos se han registrado en distintos departamentos del país, entre ellos Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Las Fuerzas Armadas informaron que durante los operativos realizados en 2026 también fueron destruidas 10 instalaciones artesanales relacionadas con el procesamiento de drogas.

Operaciones en marcha

En esos lugares, según el reporte oficial, fueron encontrados precursores químicos utilizados en procesos vinculados con la elaboración de sustancias ilícitas.

Las FFAA sostienen que este tipo de acciones busca afectar distintas etapas de las actividades asociadas al narcotráfico dentro del territorio hondureño. Como resultado de las operaciones desarrolladas durante el año, las Fuerzas Armadas estiman que se ha impedido el procesamiento de 540 kilogramos de cocaína.

La institución calcula que el valor de esa cantidad de droga supera los 170 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 6,4 millones de dólares Las FFAA presentan esta cifra como una estimación del impacto económico de las operaciones realizadas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

El departamento de Colón, donde fue localizada la plantación de Iriona, figura entre las zonas en las que las autoridades han desarrollado operaciones contra cultivos de coca. Por ello, la unidad castrense han recurrido a patrullajes de largo alcance para localizar plantaciones que pueden encontrarse alejadas de los principales centros poblacionales.

En el caso reportado en la Sierra del Río Tinto, los efectivos localizaron un terreno de aproximadamente tres manzanas con 16.500 arbustos de coca.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones continuarán con acciones de reconocimiento, aseguramiento y posterior erradicación de los cultivos localizados, mientras mantienen los operativos destinados a desarticular instalaciones utilizadas para el procesamiento de drogas.

Prevención y decomisos

Como parte de estas acciones, las autoridades hondureñas prevén mantener los patrullajes en áreas consideradas de difícil acceso y con antecedentes de presencia de cultivos ilícitos. El objetivo es detectar nuevas zonas de producción, evitar la expansión de las plantaciones y reducir las posibilidades de que la hoja de coca llegue a etapas posteriores de procesamiento.

La institución sostiene que la combinación de erradicación de cultivos, destrucción de instalaciones y decomiso de insumos busca generar un impacto directo sobre las estructuras que operan en la cadena de producción de drogas en Honduras.

El hallazgo también pone de relieve el desafío que representa para las autoridades la vigilancia de extensas zonas rurales y montañosas del país, donde las condiciones geográficas pueden dificultar la detección temprana de actividades vinculadas al narcotráfico.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Adolfo Pineda, cuestionó los resultados de la Ley de Empleo Parcial y aseguró que su alcance ha sido “nulo”, debido a las condiciones establecidas para contratar trabajadores bajo esta modalidad.

El dirigente empresarial sostuvo que la normativa contiene disposiciones que dificultan su implementación práctica, particularmente en actividades económicas como el turismo, donde la demanda de trabajadores puede variar dependiendo de temporadas, eventos y flujo de visitantes.

Según Pineda, uno de los principales problemas radica en las exigencias relacionadas con la cantidad de horas y las condiciones de contratación que deben garantizar las empresas.

En el caso de hoteles, restaurantes y otros negocios vinculados al turismo, explicó, las necesidades de personal pueden aumentar temporalmente ante determinados eventos o durante períodos específicos, por lo que resulta difícil garantizar previamente un número determinado de horas de trabajo.

La Ley de Empleo Parcial fue aprobada el pasado 25 de marzo por el Congreso Nacional, en medio de diferencias entre las fuerzas políticas. La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) rechazó la normativa durante su discusión legislativa.

Su objetivo es establecer un régimen especial para regular las relaciones laborales en las que una persona presta sus servicios durante una jornada inferior a la máxima ordinaria contemplada por la legislación hondureña.

La normativa busca brindar seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores que recurran a esta modalidad.

Además, establece que los empleados contratados bajo jornadas parciales deben conservar derechos laborales y acceso a seguridad social bajo principios de igualdad, proporcionalidad, no discriminación e irrenunciabilidad de sus garantías laborales.

La legislación se aplica a las relaciones laborales subordinadas dentro del sector privado en actividades económicas y productivas compatibles con jornadas a tiempo parcial.

Sin embargo, también contempla excepciones. Entre quienes quedan fuera de este régimen se encuentran los profesionales sujetos a estatutos legales especiales y los trabajadores dedicados a oficios domésticos que desarrollan sus actividades dentro de viviendas o residencias particulares.

Pese a estas disposiciones, desde Canaturh consideran que el diseño actual no ofrece la flexibilidad que requieren determinadas actividades económicas.

El sector turístico es particularmente sensible a cambios en la demanda. Durante temporadas altas, feriados, vacaciones o eventos especiales, los establecimientos pueden necesitar incrementar temporalmente su personal, mientras que posteriormente esa demanda puede disminuir.

Empresarios y trabajadores han expresado rechazo

Los cuestionamientos a la legislación no proceden únicamente del sector turístico. Representantes empresariales y organizaciones obreras también han expresado rechazo a distintos aspectos de la normativa y han planteado la posibilidad de derogarla.

La controversia se centra en encontrar un equilibrio entre la flexibilidad que solicitan determinados sectores productivos y la protección de los derechos laborales de quienes sean contratados mediante jornadas inferiores a las ordinarias.

Canaturh sostiene que las condiciones actuales impiden aprovechar el mecanismo como una herramienta efectiva para facilitar contrataciones en actividades que dependen de temporadas y eventos.

Para Pineda, la normativa necesita responder mejor a la realidad operativa de sectores como el turismo si pretende convertirse en un instrumento que facilite nuevas oportunidades laborales.

El debate sobre la Ley de Empleo Parcial continúa así abierto meses después de su aprobación, mientras empresarios y trabajadores mantienen cuestionamientos sobre su funcionamiento y alcance dentro del mercado laboral hondureño.

La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras informó que el sistema público realizó más de 10.000 cirugías durante el primer semestre de la actual administración, en medio de los esfuerzos de las autoridades por reducir la mora quirúrgica, es decir, la acumulación de pacientes que permanecen a la espera de procedimientos médicos.

La institución divulgó los datos en un comunicado, en el que detalló las acciones emprendidas para recuperar la capacidad de atención de los hospitales públicos y ampliar el número de quirófanos disponibles para los pacientes.

Según la Sesal, uno de los principales esfuerzos se concentró en la recuperación de más de 101 quirófanos que presentaban condiciones que limitaban o impedían su funcionamiento regular.

La rehabilitación de estos espacios busca incrementar la capacidad de los hospitales públicos para realizar intervenciones quirúrgicas y avanzar en la atención de pacientes que han permanecido en lista de espera.

Además de los quirófanos ya recuperados, la Secretaría de Salud señaló que trabaja en la habilitación de otros 33 quirófanos. La medida forma parte de la estrategia institucional para ampliar la capacidad quirúrgica de la red pública y mantener el ritmo de atención de pacientes que requieren una intervención.

Reducir mora hospitalaria

La dependencia no detalló en el comunicado el costo individual de las obras ni especificó la distribución de los nuevos quirófanos por hospital, pero sostuvo que la recuperación de la infraestructura constituye una de las acciones dirigidas a enfrentar la mora quirúrgica.

Como parte de las medidas adoptadas para reducir la acumulación de cirugías pendientes, la Sesal puso en marcha un plan piloto de reducción de la mora quirúrgica.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, mediante este esquema ya se han realizado 360 cirugías. Los procedimientos efectuados a través de esta modalidad son financiados con fondos públicos asignados a la Secretaría de Salud, según precisó la institución.

La utilización de recursos públicos para contratar servicios quirúrgicos en establecimientos privados ha generado cuestionamientos, ante lo cual la Secretaría de Salud aseguró que habilitó mecanismos para facilitar el acceso a la información.

La institución informó que puso a disposición de la ciudadanía un portal de consultas públicas en el que se presentan los avances relacionados con el decreto de emergencia utilizado como marco para las medidas adoptadas.

Además, aseguró que la información vinculada con la facturación de los hospitales privados que participan en el programa es incorporada periódicamente en su Portal de Transparencia.

Según la Sesal, esta información permitirá consultar los datos correspondientes a los servicios contratados y al avance de las acciones desarrolladas dentro del plan para enfrentar la mora quirúrgica.

Capacidad hospitalaria

La estrategia anunciada por las autoridades combina dos vías para intentar disminuir el número de pacientes pendientes de una cirugía: por un lado, recuperar y poner nuevamente en funcionamiento los quirófanos de los hospitales públicos; por otro, utilizar temporalmente servicios de establecimientos privados para determinados procedimientos.

La Sesal sostiene que la recuperación de más de 101 quirófanos permitirá fortalecer la capacidad instalada del sistema estatal, mientras que los 33 espacios que permanecen en proceso de habilitación ampliarían todavía más la posibilidad de realizar intervenciones dentro de la red pública.

La institución no proporcionó en el comunicado un desglose del número total de pacientes que todavía integran la mora quirúrgica ni precisó cuánto tiempo lleva esperando cada grupo de pacientes.

Tampoco detalló los montos desembolsados para financiar las cirugías efectuadas en hospitales privados, aunque la Secretaría afirmó que la información sobre la facturación será incorporada periódicamente a sus mecanismos oficiales de transparencia.

La reducción de la mora quirúrgica no depende únicamente del número de intervenciones realizadas, sino también de la capacidad de los hospitales para mantener una programación estable de procedimientos y garantizar los recursos humanos, medicamentos, insumos y equipos necesarios para las operaciones.

La Sesal afirmó que continuará comunicando los resultados de las medidas implementadas, tanto en la recuperación de la red pública como en las acciones destinadas a atender a los pacientes que permanecen a la espera de una cirugía.

Una vivienda ubicada en la colonia Las Mercedes de La Ceiba se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación por el asesinato de cuatro primos cuyos cuerpos fueron encontrados en distintos sectores de la ciudad portuaria.

El inmueble, señalado en la investigación como una presunta “casa loca”, habría sido utilizado por los responsables para mantener retenidas a las víctimas antes de quitarles la vida.

Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís.

Los cuatro jóvenes habían sido reportados como desaparecidos y posteriormente fueron encontrados sin vida entre las colonias San José y Canelas, en La Ceiba.

El caso causó conmoción debido a la forma en la que desaparecieron y al hallazgo posterior de sus cuerpos con evidentes signos de violencia.

Regresaban de una actividad religiosa

De acuerdo con las investigaciones policiales, los cuatro primos regresaban durante la noche de un viernes de una actividad religiosa cuando fueron interceptados por individuos fuertemente armados.

Las víctimas eran miembros activos de la comunidad de los Testigos de Jehová.

Según las primeras diligencias, los jóvenes fueron privados de su libertad por personas desconocidas y posteriormente trasladados a otro punto.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda por parte de sus familiares y de las autoridades.

La desaparición terminó convirtiéndose en un caso de homicidio múltiple cuando empezaron a aparecer los cuerpos.

Dos de las víctimas fueron localizadas durante la noche de un sábado en una zona solitaria de la colonia San José.

Los cuerpos presentaban signos de violencia, según la información obtenida durante las investigaciones.

La búsqueda continuó debido a que todavía permanecían desaparecidos los otros dos integrantes del grupo.

Horas después, durante el domingo, los equipos encargados del rastreo localizaron los cuerpos de los otros dos jóvenes en un sector de la colonia Canelas.

Con ese hallazgo quedó confirmado el asesinato de los cuatro primos.

Los cuerpos fueron localizados el 19 de julio, según los reportes vinculados con el caso.

La “casa loca” bajo investigación

Como parte de las diligencias posteriores, equipos policiales llegaron hasta una vivienda de la colonia Las Mercedes.

Las autoridades consideran que el inmueble podría guardar relación con los hechos ocurridos antes del asesinato.

Durante la inspección, los investigadores recolectaron elementos que serán incorporados al expediente para intentar establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál habría sido el papel de cada una de las personas investigadas.

La hipótesis apunta a que el lugar habría sido utilizado para mantener a las víctimas bajo control antes de que fueran asesinadas.

Las autoridades continúan realizando peritajes y entrevistas para establecer con precisión la secuencia de los hechos.

Durante la inspección de la vivienda, la Policía requirió a dos adolescentes, un varón y una mujer.

A ambos menores se les supone participación en el cuádruple crimen.

Los adolescentes quedaron bajo el procedimiento correspondiente debido a su condición de menores de edad, mientras las autoridades intentan determinar el nivel de participación que habrían tenido.

La presencia de menores dentro de la investigación representa uno de los elementos que más atención ha generado alrededor del caso.

Un sospechoso fue capturado con un arma

El operativo en Las Mercedes se produjo después de otro allanamiento realizado horas antes por los equipos de investigación.

En esa intervención fue capturado un hombre vinculado al caso.

Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron un arma de fuego.

La Policía investiga si esa arma habría sido utilizada para asesinar a los cuatro primos.

El arma deberá ser sometida a los análisis balísticos correspondientes para establecer si existe coincidencia con los elementos recolectados durante la investigación de los homicidios.

Además del sospechoso capturado y de los dos menores requeridos, las autoridades también mantienen bajo custodia a otros dos hombres.

Estas personas están siendo interrogadas con fines investigativos.

La Policía busca determinar si tuvieron participación directa en el crimen, si ayudaron a los responsables o si poseen información que permita reconstruir las últimas horas de vida de las víctimas.

Por ahora, las autoridades no han detallado públicamente qué responsabilidad específica se atribuye a cada una de las personas investigadas.

Investigación busca reconstruir el recorrido de las víctimas

Uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar qué ocurrió desde el momento en que los cuatro jóvenes fueron interceptados hasta la localización de sus cuerpos.

La Policía trabaja en establecer quiénes participaron en la privación de libertad, dónde permanecieron retenidos y en qué momento fueron asesinados.

La vivienda inspeccionada en la colonia Las Mercedes podría ser determinante para reconstruir esa ruta.

También se investigan las posibles motivaciones detrás del crimen y si los responsables forman parte de alguna estructura organizada.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y continúan realizando allanamientos, interrogatorios y análisis periciales.

El arma decomisada, los testimonios de las personas requeridas y los indicios encontrados en los inmuebles intervenidos serán fundamentales para esclarecer el caso.

Mientras tanto, la muerte de Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís continúa generando consternación entre familiares, miembros de su comunidad religiosa y habitantes de La Ceiba.

Será el Ministerio Público y los tribunales competentes los encargados de determinar la responsabilidad penal de las personas investigadas conforme avancen las diligencias.

El segundo trimestre de 2026 registró la llegada de 7,600 personas de nacionalidad hondureña a España, mientras que 2,700 hondureños salieron del país durante el mismo periodo, según la Estadística Continua de Población (ECP).

Este flujo migratorio sitúa a Honduras entre las principales nacionalidades de inmigrantes en el contexto español, al lado de países como Colombia, Venezuela y Marruecos.

De acuerdo con el informe provisional de la Estadística Continua de Población (ECP), las cifras relativas a la migración hondureña forman parte de un aumento generalizado de la población residente en España.

El documento, difundido por Instituto Nacional de Estadística (INE), destaca que España alcanzó los 49,801.559 habitantes el 1 de julio de 2026, tras sumar más de 104,000 personas en el segundo trimestre del año.

Este crecimiento se explica en buena medida por la llegada de personas extranjeras, entre las que los ciudadanos de Honduras representan un grupo relevante.

El fenómeno migratorio hondureño no es nuevo, pero las cifras de 2026 reflejan una tendencia al alza que responde a varios factores estructurales y coyunturales.

El contexto social y político de Honduras ha favorecido la salida de miles de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida en el extranjero.

Las estadísticas de emigración también muestran que, durante el segundo trimestre de 2026, 2,700 hondureños abandonaron España, cifra que se iguala a la registrada por ciudadanos de China y se mantiene por debajo de la de otros colectivos latinoamericanos como Perú o Venezuela.

La migración latinoamericana hacia Europa, y particularmente hacia España, mantiene una dinámica creciente desde hace varios años. Las redes familiares, la afinidad idiomática y la existencia de comunidades consolidadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia actúan como polos de atracción para los nuevos migrantes hondureños.

¿Por qué los hondureños emigran a España?

Diversos factores explican el aumento de la migración hondureña hacia España. Entre los principales se encuentra la situación económica y social en Honduras, marcada por altos niveles de desempleo, inseguridad y falta de oportunidades laborales, de acuerdo con informes de El Mundo y otros medios de referencia.

El informe del INE no detalla las características socioeconómicas de los migrantes hondureños, pero datos previos de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han señalado que una parte significativa de quienes emigran desde Honduras buscan acceder a empleos en el sector servicios o en actividades agrícolas y de cuidados, donde existe demanda en el mercado laboral español.

En el plano político, la persistencia de situaciones de violencia y la percepción de inseguridad en Honduras actúan como factores de expulsión. Además, la tramitación de solicitudes de asilo y protección internacional por parte de ciudadanos hondureños ante las autoridades españolas ha mostrado un crecimiento constante.

Las diferencias en los niveles de desarrollo y en las oportunidades de acceso a servicios básicos también han empujado a familias enteras a dejar Honduras en busca de una vida más estable en España. El proceso migratorio suele implicar sacrificios familiares y económicos, pero para muchos representa la única alternativa ante la falta de perspectivas a corto plazo en su país de origen.

El informe de la ECP también refleja que, pese al aumento migratorio, un porcentaje relevante de hondureños decide marcharse de España cada año, motivados por la reunificación familiar, cambios en la situación legal o el deseo de buscar nuevas oportunidades en otros países de Europa o América del Norte.

Por lo que, la tendencia registrada en 2026 sitúa a Honduras dentro de los 10 principales países emisores de migrantes hacia España, junto a Colombia, Venezuela, Marruecos, Perú, Brasil e Italia.

La caficultura hondureña se encamina a cerrar uno de sus ciclos más importantes de los últimos años, con un volumen de exportaciones que ya superó el récord alcanzado durante la cosecha anterior y una proyección de ingresos que podría llevar las divisas generadas por el café a niveles históricos.

A menos de 45 días del cierre de la cosecha, Honduras ya exportó 7.180.000 quintales de café, de acuerdo con cifras divulgadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El resultado supera los 6.142.000 quintales exportados durante el ciclo anterior, por lo que el país ya estableció un nuevo máximo incluso antes de completar oficialmente la cosecha.

El subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, informó que las exportaciones realizadas hasta ahora han generado alrededor de 2.250 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente L60.400 millones tomando como referencia un tipo de cambio cercano a L26,82 por dólar.

“Esperamos que al 30 de septiembre podamos andar en 7 millones 250 mil quintales de café exportados. Es una cifra muy importante para el país y para la economía”, explicó Ordóñez. El funcionario agregó que las divisas acumuladas hasta ahora rondan los USD 2.250 millones y que, al cierre de la cosecha, el país podría acercarse a los 2.350 millones de dólares.

Cosecha histórica

El dato es que Honduras ya superó el volumen exportado durante el ciclo anterior cuando todavía faltan semanas para completar el período de cosecha. Los 7,18 millones de quintales exportados representan más de un millón de quintales adicionales frente a los 6,142 millones registrados anteriormente.

La cifra final dependerá del comportamiento de las exportaciones durante las últimas semanas y de las operaciones que se concreten antes del cierre oficial. Según la SAG, el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas distribuidas a lo largo del territorio hondureño.

Los resultados de la cosecha tienen un impacto que va más allá del ingreso de divisas. El movimiento generado por la producción y comercialización del café alcanza a trabajadores agrícolas, transportistas, comerciantes y otros sectores relacionados con la cadena productiva.

La actividad también tiene una incidencia directa en las economías locales durante los períodos de cosecha, cuando aumenta la demanda de mano de obra y servicios vinculados con la recolección, procesamiento y traslado del grano.

El Gobierno hondureño también informó avances en el Programa de Incentivo a la Producción Cafetalera, diseñado para apoyar a los agricultores mediante la entrega de fertilizantes. La meta establecida es beneficiar a 87.000 productores con un total de 327.000 quintales de fertilizante.

Apoyo al caficultor hondureño

Hasta el momento, más de 80.000 productores ya han recibido el insumo, mientras siguen pendientes alrededor de 18.000 quintales por entregar. De acuerdo con la SAG, el programa ha alcanzado aproximadamente el 93% de la meta prevista.

La SAG también firmó un convenio por L100 millones, equivalentes a unos 3,73 millones de dólares para fortalecer al Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) Los recursos permitirán ampliar las acciones dirigidas a los productores mediante capacitación en campo y procesos de investigación. El financiamiento también busca ampliar el alcance de los programas que llegan directamente a las zonas productoras.

El convenio de L100 millones (USD 3,73 millones) con Ihcafé contempla acciones relacionadas con capacitación e investigación. Estas acciones adquieren importancia en un sector expuesto a cambios en las condiciones climáticas, variaciones en los mercados internacionales y otros factores que pueden modificar los resultados de una cosecha a otra.

El resultado de la cosecha también vuelve a colocar al café entre las principales fuentes de generación de divisas para Honduras. Los 2.250 millones de dólares acumulados hasta ahora muestran la magnitud del ingreso generado por el sector durante el actual ciclo.

La capital de Honduras busca ampliar sus fuentes de abastecimiento de agua con la recuperación de más de 41 pozos abandonados o fuera de funcionamiento en distintos sectores del Distrito Central. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que evaluará y rehabilitará esas instalaciones para reincorporarlas al sistema de suministro.

El gerente Gustavo Boquín, explicó que la estrategia comenzó con la revisión de las instalaciones existentes para determinar cuáles pueden ser recuperadas en menor tiempo y cuáles requieren trabajos de mayor complejidad.

Boquín agregó que los equipos de UMAPS ya recorren distintos puntos de la ciudad para verificar las condiciones de cada pozo, identificar los daños y establecer un orden de intervención. Según Boquín, el trabajo podría quedar terminado en aproximadamente una semana, momento en el que se espera que el pozo comience a aportar agua a la población capitalina.

El número de instalaciones identificadas por UMAPS supera los 41 pozos, aunque no todas se encuentran en las mismas condiciones. Algunas requieren reparaciones menores, mientras que otras necesitan intervenciones más profundas antes de volver a producir agua.

Por esta razón, los equipos municipales realizan una evaluación individual para determinar qué trabajos necesita cada instalación y cuáles presentan las condiciones más favorables para entrar nuevamente en operación en el menor tiempo posible.

La estrategia de recuperación

La decisión de comenzar por los pozos que requieren reparaciones más sencillas responde a la necesidad de obtener nuevas fuentes de agua en el menor tiempo posible.

En lugar de esperar a completar la evaluación de las más de 41 instalaciones para iniciar las obras, UMAPS trabaja de manera progresiva, al identificar los puntos que pueden recuperarse primero.

El esquema permite avanzar de manera simultánea en la inspección de los pozos y en la reparación de aquellos cuya situación ya fue determinada. Cada pozo requerirá un diagnóstico particular, ya que las condiciones de las bombas, los sistemas eléctricos, las tuberías y otros componentes pueden variar de una instalación a otra.

Falta de agua en el Distrito Central

La rehabilitación de los pozos forma parte de las medidas que las autoridades municipales impulsan para enfrentar la escasez de agua en el Distrito Central. La recuperación de infraestructura previamente construida ofrece una alternativa para incrementar la disponibilidad del recurso sin esperar exclusivamente proyectos de nueva construcción.

Los trabajos pueden incluir la sustitución de bombas, reparación de sistemas eléctricos, entubado y otras obras necesarias para que los pozos puedan volver a extraer y distribuir agua.

El estado de cada instalación determinará el tiempo requerido para completar su recuperación, por lo que UMAPS establece un orden de intervención basado en las condiciones encontradas durante las inspecciones.

Los pozos que presenten daños menores tendrán prioridad, mientras que aquellos que requieran intervenciones más complejas deberán pasar por procesos de evaluación y reparación adicionales.

El objetivo final del plan es aumentar la cantidad de agua disponible para los habitantes del Distrito Central y reducir la presión sobre las fuentes que actualmente abastecen a la ciudad.

Cada pozo que vuelva a operar puede representar una fuente adicional de suministro para determinadas zonas, aunque su aporte dependerá de la capacidad de extracción y de las condiciones de la infraestructura.

Con las primeras obras ya en marcha y más de 41 pozos en proceso de evaluación, UMAPS busca acelerar la recuperación de infraestructura para responder a la falta de agua.

Las autoridades esperan que los primeros pozos rehabilitados comiencen a funcionar en las próximas semanas, mientras continúan las inspecciones en otros sectores de la capital.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dedicó parte de su homilía dominical a reflexionar sobre la violencia que afecta a Honduras y sobre las condiciones que, a su criterio, pueden llevar a algunos jóvenes a integrarse en actividades relacionadas con el crimen organizado. También llamó a no excluir a migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.

Durante su mensaje religioso, Rodríguez utilizó un pasaje bíblico protagonizado por una mujer pagana que acudió ante Jesucristo para pedirle ayuda como punto de partida para hablar sobre la realidad social actual y la necesidad de no excluir a quienes son considerados diferentes.

Según su reflexión, estas personas pueden llegar a ser consideradas una amenaza o individuos que no pertenecen a determinados espacios de la sociedad, incluso en ámbitos como el trabajo, el campo jurídico y las relaciones sociales.

Rodríguez también trasladó el mensaje bíblico al dolor que viven numerosas familias hondureñas que han perdido a sus hijos a causa de la violencia.

“Hoy en día, esta petición la hacen tantas madres y padres que ven a sus hijos masacrados por la violencia”, expresó durante la homilía. El cardenal manifestó que ha conocido casos de jóvenes que salen a trabajar o se movilizan en motocicleta y luego son encontrados muertos y abandonados.

Jóvenes y criminalidad

En otro momento de su mensaje, Rodríguez abordó la situación de jóvenes que terminan involucrados en actividades delictivas y cuestionó las condiciones familiares y sociales que pueden contribuir a que algunos menores crezcan sin referentes sólidos.

El religioso planteó que no debería considerarse suficiente señalar a determinados jóvenes únicamente como delincuentes, sino que también es necesario preguntarse qué ocurrió durante su proceso de formación y qué factores los llevaron a adoptar determinadas conductas.

En ese contexto, hizo referencia a la captura de una persona conocida con el alias de “El Diablo”, a quien relacionó con un caso de homicidio ocurrido durante el asalto a un negocio.

Según su reflexión, algunos jóvenes pueden crecer sin el acompañamiento necesario de sus familias y terminar desarrollándose en entornos donde las pandillas, las maras y otras estructuras se convierten en su principal fuente de pertenencia e identidad.

El cardenal utilizó la expresión de que estos jóvenes han crecido “como plantas silvestres” para describir, desde su perspectiva, la falta de orientación y acompañamiento que puede existir en determinados hogares.

Añadió que algunos niños pueden quedar abandonados por sus familias o alejarse de ellas desde temprana edad, situación que los deja expuestos a otros grupos que terminan ocupando ese espacio.

Llamado a las familias

Para Rodríguez, la formación de los niños y jóvenes no puede separarse del papel que desempeñan sus familias y de los valores que reciben durante su crecimiento.

En su mensaje, sostuvo que cuando un menor carece de acompañamiento familiar puede buscar pertenencia en otros espacios, incluso aquellos relacionados con la delincuencia.

Desde su perspectiva religiosa, la formación en la fe puede contribuir a desarrollar principios que orienten las decisiones personales y permitan diferenciar entre conductas que construyen una sociedad y aquellas que generan daño.

El planteamiento del cardenal se produjo en medio de una reflexión más amplia sobre la necesidad de mirar con mayor sensibilidad a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de evitar que las personas sean juzgadas únicamente por su condición social.

Honduras y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) buscan ampliar sus acciones conjuntas para responder a desafíos en alimentación, producción agrícola y atención a comunidades afectadas por fenómenos climáticos. La agenda incluye merienda escolar, seguridad alimentaria y nutricional, atención a la sequía, apoyo a pequeños productores y fortalecimiento de la protección social.

El acercamiento se produjo durante una reunión de trabajo entre representantes del Gobierno hondureño y la organización de Naciones Unidas, en la que se revisaron programas en ejecución y nuevas posibilidades de cooperación.

La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, quien sostuvo un encuentro con Nicolás Bidault, representante y director de país del PMA en Honduras.

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue el fortalecimiento de la merienda escolar, un programa que busca contribuir a la alimentación de niños y niñas dentro del sistema educativo.

Durante la reunión, Honduras y el PMA analizaron oportunidades para continuar fortaleciendo este componente de cooperación y mejorar las capacidades existentes para atender las necesidades alimentarias de la población escolar.

La discusión se desarrolló junto con otros asuntos vinculados con la seguridad alimentaria y nutricional, considerados prioritarios dentro de la agenda de cooperación entre ambas partes.

Agricultura adaptada al cambio climático

Honduras enfrenta afectaciones asociadas a la sequía, con comunidades y productores que requieren apoyo para hacer frente a la disminución de las lluvias y sus consecuencias sobre la disponibilidad de agua y la producción agrícola.

Estos recursos forman parte de los esfuerzos de respuesta ante las afectaciones provocadas por fenómenos climáticos y buscan contribuir a atender las necesidades de las poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La Cancillería hondureña indicó que el seguimiento de estas acciones forma parte de la coordinación que mantiene el país con los organismos internacionales para responder a la emergencia.

La cooperación entre Honduras y el PMA contempla oportunidades para impulsar iniciativas que permitan aumentar la resiliencia de los agricultores y reducir el impacto que pueden provocar períodos prolongados de sequía u otros fenómenos extremos.

Por ello, las acciones destinadas a fortalecer sus capacidades productivas buscan no solo proteger los ingresos de las familias que dependen de la agricultura, sino también contribuir a mantener la disponibilidad de alimentos.

La promoción de una agricultura climáticamente inteligente también fue identificada como una de las áreas en las que Honduras y el PMA pueden ampliar su colaboración.

Este enfoque busca que las actividades agrícolas incorporen prácticas y herramientas que permitan enfrentar de mejor manera las variaciones del clima y, al mismo tiempo, mantener la capacidad productiva.

La necesidad de avanzar en esta dirección ha cobrado mayor relevancia ante los períodos de sequía que afectan diferentes regiones del país y las dificultades que enfrentan los agricultores cuando las lluvias se reducen o presentan comportamientos irregulares.

La cooperación internacional puede contribuir mediante capacitación, proyectos productivos y mecanismos que permitan a las comunidades incorporar nuevas prácticas para administrar mejor sus recursos.

Respuesta ante emergencias

La agenda también incluyó el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección social, así como de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias.

La intención es mejorar la capacidad institucional para actuar antes, durante y después de fenómenos que puedan afectar a la población.

La protección social adquiere especial importancia en situaciones de emergencia porque permite establecer mecanismos para identificar y atender con mayor rapidez a las familias que enfrentan mayores dificultades.

En el caso de Honduras, estos sistemas pueden ser utilizados para complementar las respuestas ante sequías, inundaciones y otros eventos que afecten la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de las comunidades.

La evaluación permitió identificar las áreas en las que los programas pueden continuar desarrollándose y las oportunidades para ampliar la colaboración.

La Cancillería señaló que el objetivo es consolidar una relación de cooperación que tenga resultados concretos y que pueda responder a las prioridades establecidas por Honduras.

La revisión de los proyectos permite además identificar necesidades emergentes y adaptar las acciones a las condiciones que enfrenta el país.

Impacto de los fenómenos climáticos

La sequía se ha convertido en uno de los principales factores de presión sobre la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos en diferentes zonas de Honduras.

La reducción de las lluvias puede afectar los cultivos, disminuir las fuentes de agua y aumentar las dificultades económicas de las familias que dependen de la agricultura.

En ese escenario, las acciones de cooperación buscan fortalecer la capacidad de las comunidades para anticiparse a los efectos de los fenómenos climáticos y responder cuando estos se presentan.

El respaldo mediante fondos humanitarios y la implementación de proyectos de adaptación agrícola forman parte de una estrategia más amplia para reducir los impactos sobre la población.

La respuesta a la sequía requiere asistencia para las comunidades afectadas, pero también medidas que permitan a los productores continuar desarrollando sus actividades en condiciones climáticas cada vez más variables.

La libertad de expresión continúa enfrentando un escenario de preocupación en Honduras. A lo largo de 2026, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha registrado alrededor de 60 alertas vinculadas con amenazas y otras formas de intimidación dirigidas contra periodistas y, en algunos casos, sus familiares.

El abogado y miembro de C-Libre, Saúl Bueso, explicó que la cifra no debe analizarse únicamente como un dato estadístico, sino como un indicador de la situación que atraviesan los trabajadores de los medios de comunicación en distintas zonas del país.

Bueso señaló que cada una de las alertas representa a periodistas y familias que han experimentado algún nivel de temor debido a amenazas o acciones destinadas a limitar el ejercicio de su profesión.

“En este año ya llevamos alrededor de más de 60 alertas”, manifestó el abogado, al tiempo que insistió en que lo importante es comprender lo que existe detrás de ese número.

Para C-Libre, la situación resulta preocupante porque el país registra de manera recurrente decenas de alertas relacionadas con agresiones, amenazas o intimidaciones contra comunicadores.

Bueso consideró que el hecho de que año tras año se superen las 40 alertas constituye una señal que debe llamar la atención tanto de la sociedad hondureña como de la comunidad internacional.

Alertas y monitoreos

La organización realiza un monitoreo permanente de los hechos que pueden afectar el derecho a informar y a expresarse libremente. A partir de ese seguimiento, documenta los casos y posteriormente los incorpora en sus informes sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras.

Según el representante de C-Libre, los periodistas continúan recibiendo amenazas provenientes de personas anónimas y grupos de poder.

Esta situación puede generar un ambiente de presión para quienes ejercen labores periodísticas, especialmente cuando las amenazas tienen como consecuencia que los comunicadores deban modificar sus rutinas, limitar determinadas investigaciones o incluso considerar abandonar determinadas coberturas.

La preocupación no se limita a los periodistas directamente afectados. Bueso también hizo referencia a los familiares de los comunicadores, quienes pueden convertirse en parte del entorno de presión cuando las amenazas trascienden al ámbito laboral.

Por esa razón, C-Libre sostiene que las alertas deben ser observadas desde una perspectiva más amplia, debido a que cada caso puede tener consecuencias tanto profesionales como personales.

Y la libertad de expresión

Como parte de su labor de seguimiento, C-Libre tiene previsto presentar el próximo 19 de agosto su informe sobre la libertad de expresión correspondiente a 2025.

El documento recopilará los principales acontecimientos registrados durante ese período y permitirá conocer con mayor detalle las situaciones que enfrentaron periodistas, comunicadores y defensores relacionados con el ejercicio de derechos vinculados a la libertad de expresión.

Bueso explicó que estos informes buscan dejar documentado lo ocurrido durante cada año y evaluar también cuáles fueron las respuestas proporcionadas por las instituciones del Estado frente a las denuncias y alertas registradas.

La presentación del informe adquiere relevancia debido a que las amenazas y actos de intimidación continúan registrándose durante 2026, lo que, según la organización, evidencia que persisten desafíos para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico.

Uno de los principales señalamientos de C-Libre está relacionado con la necesidad de que las instituciones encargadas de investigar y aplicar justicia actúen con mayor contundencia ante los ataques contra periodistas y defensores.

Esta perspectiva también coloca sobre la mesa la necesidad de que las medidas de protección contemplen no solamente al comunicador, sino las circunstancias particulares de cada caso y las posibles afectaciones a sus familiares.

El sector arrocero de Honduras tendrá un nuevo esquema de respaldo para la producción y comercialización de la cosecha, luego de que productores, representantes de la agroindustria y autoridades del Gobierno acordaran medidas para reducir la incertidumbre de la actividad y estimular el crecimiento de la producción nacional.

Uno de los principales puntos definidos es la fijación de un precio de garantía de 545 lempiras por quintal, que estará vigente desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

La medida busca ofrecer a los productores una referencia de precio durante el período establecido y brindar mayor previsibilidad al momento de planificar las siembras, adquirir insumos y proyectar los ingresos derivados de la cosecha. A este compromiso se suma uno de los acuerdos centrales alcanzados entre las partes: la agroindustria se comprometió a comprar el 100% de la cosecha nacional de arroz.

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería,(SAG) Moisés Molina, señaló que el compromiso de compra representa un elemento para avanzar en la consolidación del sector.

“Ya tenemos concretado el compromiso de la agroindustria de comprar el 100 % de la cosecha nacional, que es un punto de partida fundamental”, afirmó Molina.

El acuerdo también incorpora medidas dirigidas a facilitar el acceso de los agricultores a recursos para financiar sus actividades productivas.

El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Vidal Cerrato, informó que los productores de arroz podrán acceder a financiamiento y refinanciamiento con una tasa preferencial del 7%.

El financiamiento está planteado como una herramienta para que los agricultores puedan cubrir las necesidades asociadas al ciclo productivo y, en los casos que corresponda, reestructurar obligaciones financieras.

La disponibilidad de recursos adquiere importancia en una actividad en la que los productores deben asumir costos antes de obtener ingresos por la venta de la cosecha. La preparación de los terrenos, la adquisición de semillas, fertilizantes y otros insumos requiere capital durante las distintas etapas del ciclo agrícola.

Seguro agrícola y fondo de apoyo

Otro de los componentes incluidos en el acuerdo es la incorporación de un seguro agrícola destinado a brindar cobertura ante los riesgos que puedan afectar la producción.

El esquema establece que el Gobierno asumirá el 80% del costo del seguro, mientras que los productores deberán cubrir el 20% restante.

La medida busca reducir el impacto económico que pueden generar eventos asociados a las condiciones climáticas y otros factores capaces de afectar el rendimiento de las parcelas.

El presidente de la Asociación de Molineros de Arroz de Honduras, Kamal Dieck, anunció la creación de un fondo de entre 6 y 7 millones de lempiras destinado a apoyar directamente a los productores. Los recursos serán utilizados para facilitar el acceso a semilla mejorada, fertilizantes y tecnología agrícola.

Meta de producción y registro de productores

Las autoridades proyectan que el conjunto de medidas permitirá aumentar la producción nacional de arroz entre 20% y 25%. La referencia utilizada para el cálculo es una producción de aproximadamente 450.000 quintales registrada el año anterior.

El incremento proyectado también dependerá de factores como el comportamiento del clima, la disponibilidad de insumos, el acceso oportuno al financiamiento y el rendimiento obtenido durante el ciclo agrícola.

Dentro del proceso de reorganización del sector, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, llevará a cabo un censo nacional de productores de arroz.

El objetivo es actualizar la información disponible sobre quienes participan en la actividad y conocer con mayor precisión las características de cada unidad productiva.

Como parte de este proceso se establecerá un carnet único para los arroceros, que será personal e intransferible y contará con un código QR.

El documento permitirá reunir información específica de cada productor, entre ella la ubicación de la parcela, el área cultivada, los niveles de producción y el financiamiento utilizado.

Al concentrar en un único registro datos sobre la ubicación, superficie cultivada, producción y financiamiento, las instituciones podrán disponer de una referencia más precisa para definir la distribución de apoyos y dar seguimiento a los resultados de los programas.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó que el carnet forma parte del proceso de organización y control de la actividad arrocera. De acuerdo con Peña, la herramienta permitirá contar con información actualizada para orientar de manera más efectiva los programas de apoyo destinados a los agricultores.

La incorporación de un código QR también permitirá asociar el documento con la información registrada de cada productor, lo que facilitará su identificación dentro del nuevo sistema.

La sequía que afecta a distintas zonas de Honduras ha llevado a los gobiernos municipales a plantear una respuesta que vaya más allá de la atención inmediata de las comunidades que enfrentan dificultades para acceder al agua.

Al menos 75 municipios presentan distintos niveles de afectación por la falta de lluvias, según explicó el alcalde de Santa Lucía, en Francisco Morazán, Julio Avilés. Dentro de ese grupo hay localidades que atraviesan situaciones críticas y requieren una intervención prioritaria.

La situación ha obligado a las alcaldías a revisar sus capacidades financieras y a solicitar mecanismos que permitan complementar los recursos destinados a la atención de la emergencia.

Avilés explicó que 50 municipios ya recibieron de manera anticipada la transferencia correspondiente al tercer trimestre, mientras que las restantes alcaldías esperan acceder a esos recursos. La prioridad, según planteó, debe estar en las localidades que presentan las mayores necesidades como consecuencia de la escasez de agua.

Uno de los principales obstáculos para los municipios es que los fondos recibidos o comprometidos forman parte de los presupuestos destinados a los planes de inversión de 2026.

Ante este escenario, los gobiernos locales consideran necesario realizar esfuerzos adicionales para complementar la asistencia proporcionada por el Gobierno y los organismos de cooperación humanitaria.

Más acciones para frenar la emergencia

Frente a la situación, los alcaldes presentaron una serie de propuestas ante el Congreso Nacional para que sean tomadas en cuenta dentro de las acciones destinadas a enfrentar la emergencia.

Las iniciativas fueron discutidas previamente dentro de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que ha llevado las demandas de los gobiernos locales a distintos espacios institucionales.

El objetivo es establecer mecanismos que permitan responder a la emergencia actual, pero también crear condiciones para que las comunidades tengan mayor capacidad para enfrentar futuras temporadas de escasez de agua.

Avilés planteó la necesidad de construir una ruta de trabajo permanente que involucre al Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, las municipalidades y los organismos de cooperación. La coordinación entre estas instituciones, según el alcalde, permitiría evitar que las respuestas se concentren únicamente en las etapas más críticas de las emergencias.

La propuesta de los municipios parte de una preocupación central: las comunidades necesitan recibir asistencia durante la emergencia, pero también requieren infraestructura que les permita almacenar y aprovechar el agua disponible.

El planteamiento incluye cambiar parte del enfoque de respuesta ante los fenómenos climáticos. En lugar de depender exclusivamente de la distribución de agua y otros recursos durante los períodos críticos, las municipalidades buscan desarrollar obras que permitan anticiparse a las temporadas de sequía.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran las cosechadoras de agua, la construcción de pozos y la instalación de sistemas de riego. Estas obras permitirían captar, almacenar y distribuir el recurso para distintos usos, especialmente en comunidades donde la disponibilidad de agua se reduce durante los períodos secos.

Dentro de las medidas anunciadas para fortalecer la capacidad de los municipios también figura la próxima entrega de los primeros 100 kits de maquinaria, anunciada por el presidente Nasry Asfura.

Los equipos están destinados, entre otras tareas, al mantenimiento y reparación de caminos secundarios y terciarios, una necesidad recurrente para las comunidades rurales. Los gobiernos locales consideran que la maquinaria también podría tener un papel en la ejecución de obras relacionadas con la gestión del agua.

Para los municipios, contar con capacidad operativa propia resulta relevante tanto durante una emergencia como en la preparación de proyectos destinados a reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

Estos sistemas permitirían aprovechar las precipitaciones que se registren durante los períodos lluviosos y conservar parte del recurso para utilizarlo cuando disminuyan las lluvias.

La perforación de pozos constituye otra de las medidas planteadas, especialmente para aquellas localidades donde las fuentes superficiales resultan insuficientes durante las temporadas secas.

La producción de alimentos

A esto se suma el establecimiento de sistemas de riego, una infraestructura que también tendría impacto en las actividades agrícolas.

La falta prolongada de lluvias no solo afecta el abastecimiento de agua para las poblaciones, sino que también puede reducir la capacidad de los agricultores para mantener sus cultivos.

La preocupación de las alcaldías está vinculada además con la seguridad alimentaria. Cuando las lluvias son insuficientes durante períodos prolongados, las actividades agrícolas pueden sufrir pérdidas o disminuciones en los rendimientos, especialmente en las zonas donde los productores dependen principalmente de las precipitaciones.

Por esta razón, los alcaldes consideran que las inversiones en infraestructura hídrica deben formar parte de una estrategia de prevención y no limitarse a la respuesta ante una emergencia ya instalada.

Las cosechadoras de agua, los pozos y los sistemas de riego permitirían disponer de alternativas para sostener la producción en momentos de escasez y reducir la exposición de las comunidades rurales a los cambios en los patrones de lluvia, reiteraron desde la AMHON.

La denuncia fue realizada por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien cuestionó la respuesta del Gobierno que preside Nasry “Tito” Asfura frente a la crisis territorial que afecta a varias comunidades garífunas del país.

Miranda afirmó que, en lugar de establecer un proceso de diálogo con las comunidades, la respuesta estatal ha sido, según denunció, impulsar acciones que terminan desplazando a los habitantes de sus territorios ancestrales y aumentando la presión sobre los defensores de derechos territoriales.

“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó la dirigente en una entrevista con la agencia EFE.

La denuncia fue realizada desde un campamento instalado frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, donde alrededor de 200 personas mantienen una protesta de carácter indefinido.

Los manifestantes reclaman al Estado hondureño el cumplimiento de cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con los derechos territoriales de las comunidades garífunas, así como respuestas concretas ante los conflictos que persisten en sus territorios.

Miranda explicó que las comunidades esperan que el Gobierno abra un proceso de diálogo en el que participen directamente las organizaciones y poblaciones afectadas.

“Si quieren cumplir la sentencia y abrir el diálogo, tienen que llamar a las instancias y a las comunidades”, sostuvo.

De acuerdo con la dirigente, también habría desaparecido una comisión creada durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana.

Honduras acumula cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con violaciones a los derechos de comunidades garífunas.

Los fallos corresponden a los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, emitidos en 2015; San Juan, en 2023; y Cayos Cochinos, en 2026.

Las resoluciones internacionales contemplan medidas relacionadas con la restitución de tierras ancestrales, consulta previa y protección de los derechos comunitarios, entre otras obligaciones que debe cumplir el Estado hondureño.

Sin embargo, Miranda cuestionó que, pese a que el Gobierno ha expresado públicamente su disposición a dialogar, las comunidades todavía no han sido convocadas para establecer una ruta concreta que permita ejecutar las medidas ordenadas por el tribunal internacional.

“En el momento en el que hay una sentencia en cualquier país, lo que debe hacer el Estado es sentarse con las personas afectadas, iniciar el diálogo”, manifestó la coordinadora de Ofraneh.

La dirigente insistió en que el cumplimiento de las sentencias no puede limitarse a declaraciones públicas, sino que debe traducirse en acciones concretas y acuerdos con las comunidades afectadas.

Además de reclamar el cumplimiento de las resoluciones de la CorteIDH, Ofraneh denunció hechos de violencia y desplazamiento en territorios ancestrales.

Miranda condenó especialmente el desalojo registrado en la comunidad de San Juan, en el Caribe hondureño, donde, según la organización, al menos medio centenar de personas fueron expulsadas durante un operativo en el que participaron más de 300 agentes policiales.

La organización sostuvo que el desalojo fue ejecutado de manera violenta y sin una orden judicial, mientras que cinco defensores del territorio fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad.

Por su parte, las fuerzas de seguridad justificaron la intervención bajo el argumento de que se trataba del cumplimiento de una orden de desocupación relacionada con una propiedad privada.

El operativo se desarrolló en el marco de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional en junio pasado.

Los cinco defensores detenidos durante el desalojo enfrentan acusaciones por usurpación agravada, por lo que el expediente fue remitido a un juzgado especializado en criminalidad organizada.

Para Miranda, estas acciones representan una forma de criminalización de la defensa territorial, por lo que exigió el cierre definitivo de la causa penal.

La dirigente calificó el proceso como “ilegal y arbitrario” y cuestionó que se haya producido una intervención policial en una comunidad que, según Ofraneh, cuenta con una sentencia protectora de la CorteIDH.

La población garífuna constituye una de las principales comunidades afrodescendientes de Honduras y mantiene una presencia histórica en la costa Caribe del país.

De acuerdo con los registros históricos citados por EFE, los primeros grupos garífunas llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, procedentes de la isla de San Vicente.

Los primeros asentamientos se establecieron en Punta Gorda, Roatán, y posteriormente las comunidades se extendieron a lo largo de la costa caribeña hondureña.

Sin embargo, las organizaciones garífunas denuncian desde hace años conflictos relacionados con la propiedad de las tierras, proyectos turísticos, desplazamientos y amenazas contra defensores territoriales.

“Si es un Estado de derecho, que apliquen la justicia. Nosotros no debemos nada; queremos más bien que nos reconozcan lo que nos pertenece como pueblo garífuna”, afirmó.

Las rutas de transporte que conectan Tegucigalpa y Danlí amanecieron paralizadas este sábado en Comayagüela, luego de que transportistas recibieran nuevas amenazas atribuidas a estructuras criminales que operan en la zona.

La suspensión afecta los buses que cubren los recorridos hacia Danlí, El Maguelar, Villa Santa y Jutiapa, destinos utilizados diariamente por pasajeros que necesitan trasladarse desde la capital hacia diferentes municipios del oriente del país.

La interrupción del servicio fue comunicada a los usuarios desde tempranas horas, cuando varios pasajeros llegaron a los puntos habituales de salida y fueron informados de que las unidades no realizarían sus recorridos debido a la situación de inseguridad.

La medida provocó malestar entre pasajeros, especialmente entre quienes tenían previsto viajar por motivos de trabajo, estudios, comercio o compromisos familiares en distintos municipios de la zona oriental.

La paralización de las rutas vuelve a poner en evidencia el impacto de la extorsión al transporte público, un problema que durante años ha obligado a empresarios y conductores a operar bajo presión de grupos criminales.

Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano, señaló que el sector enfrenta una fuerte presión por parte del crimen organizado y aseguró que los transportistas han desembolsado alrededor de 21 mil millones de lempiras en concepto de extorsiones.

Según el dirigente, las amenazas representan una preocupación constante para quienes trabajan en el transporte, debido a que el pago de las exigencias criminales no garantiza necesariamente que las unidades, conductores y pasajeros estén fuera de peligro.

La suspensión temporal de los recorridos refleja cómo las amenazas de las estructuras criminales pueden afectar no solamente a los propietarios de las unidades, sino también a cientos de usuarios que dependen del transporte colectivo para movilizarse.

Desde las primeras horas de este sábado, los pasajeros que pretendían viajar hacia el oriente encontraron terminales y puntos de salida sin el movimiento habitual de los buses que cubren esas rutas.

Para quienes tenían programados viajes hacia Danlí y otros destinos, la suspensión representa dificultades adicionales, debido a que deben buscar alternativas de transporte para llegar a sus lugares de destino.

El problema también afecta la actividad comercial y económica de las zonas conectadas por estas rutas, ya que el transporte público facilita diariamente el desplazamiento de trabajadores, comerciantes, estudiantes y familias.

La situación mantiene en alerta a transportistas y usuarios, mientras se espera que las autoridades adopten medidas que permitan restablecer el servicio bajo condiciones de seguridad.

La nueva suspensión evidencia que el problema de la violencia y extorsión continúa teniendo consecuencias directas sobre servicios esenciales para la población.

Cuando una ruta deja de operar por amenazas, los efectos trascienden al sector transporte y alcanzan a miles de personas que necesitan movilizarse entre ciudades y municipios para desarrollar sus actividades cotidianas.

Los transportistas han reclamado en diferentes ocasiones mayores medidas de seguridad para poder trabajar sin estar sometidos a las exigencias de grupos criminales.

Mientras se evalúa la situación, las rutas hacia Danlí, El Maguelar, Villa Santa y Jutiapa permanecen afectadas, dejando a los usuarios a la espera de información sobre una eventual reanudación del servicio.

La suspensión vuelve a colocar sobre la mesa el desafío que representa combatir la extorsión y garantizar que el transporte público pueda operar con normalidad y seguridad para conductores y pasajeros.

En los minutos finales de la primera parte, la situación generó momentos de alarma y obligó tanto a jugadores como a árbitros y personal de transmisión a buscar resguardo en el césped.

De acuerdo con la trasmisión del medio Deportes TVC, el suceso tuvo lugar cuando el cronómetro marcaba el minuto 45 del primer tiempo y el árbitro central, Johnny Sánchez, se preparaba para añadir dos minutos de reposición.

De forma repentina, el enjambre se desplazó sobre el terreno de juego y forzó a todos los presentes a recostarse en el campo para evitar el contacto con los insectos. Según detalló el medio, la mesa de transmisión y el cuerpo técnico también mostraron preocupación ante lo inesperado del suceso.

Jugadores de ambos equipos, así como los árbitros asistentes, optaron por acostarse sobre el césped, buscando minimizar el riesgo de picaduras y confiando en que los insectos siguieran su trayecto fuera de la cancha.

Revisión médica al portero

Víctor Moreira, portero del Estrella Roja, resultó especialmente afectado, ya que el enjambre se concentró en su área. Fue el último en reincorporarse después del incidente, permaneciendo varios segundos en el suelo mientras los insectos rodeaban su posición.

La intervención médica fue inmediata. El personal sanitario revisó la condición de Moreira para confirmar que había recibido una picadura en el rostro. El arquero pudo ser atendido sin que la situación pasara a mayores, lo que permitió retomar las acciones en el rectángulo de juego tras unos minutos de incertidumbre.

Posterior al paso de los insectos, todos los jugadores pudieron continuar el partido. El susto quedó evidenciado en la expresión de los futbolistas.

El suceso ha sido ampliamente difundido en redes sociales y plataformas deportivas, generando debate sobre la seguridad en los recintos deportivos ante fenómenos naturales inesperados. La rápida intervención del personal permitió que el evento concluyera sin consecuencias graves para los protagonistas ni para la afición.

El estadio Emilio Williams ha sido escenario de múltiples encuentros deportivos, pero raramente afronta episodios relacionados con la fauna local. La situación puso a prueba los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de los equipos médicos y organizadores, que actuaron con celeridad para proteger la integridad de los presentes.

Finalmente, el juego acabó con un empate 2-2 tras el termino del compromiso y los equipos se repartieron un punto en el retorno del campeonato hondureño.

Consejos básicos de seguridad

Cuando se presenta un enjambre de abejas, es fundamental mantener la calma y alejarse sin movimientos bruscos. No se deben agitar los brazos ni intentar espantarlas, ya que esto puede provocar que se tornen agresivas. Lo recomendable es caminar en línea recta y proteger el rostro, en especial los ojos, la nariz y la boca, utilizando la ropa o las manos.

La Fuerza Naval de Honduras ejecutó una operación de rescate en la Laguna de Caratasca, departamento de Gracias a Dios, luego de recibir una alerta sobre una embarcación menor que se encontraba a la deriva con 10 personas a bordo.

El capitán Mario Rivera informó que el incidente ocurrió específicamente en Yaurabila, Laguna de Caratasca, donde la embarcación presentó problemas mecánicos que impidieron a sus ocupantes continuar con normalidad su recorrido.

De acuerdo con el reporte preliminar, una falla en el motor provocó que la embarcación quedara sin capacidad de desplazamiento y que las personas permanecieran durante varias horas en el agua, a la espera de ayuda.

Tras recibir la alerta, equipos de reacción de la Fuerza Naval fueron activados de inmediato y se desplazaron hacia el punto señalado para iniciar las labores de búsqueda y localización de la embarcación.

Los elementos navales lograron ubicar la embarcación y procedieron con el rescate de las 10 personas, quienes fueron encontradas con vida y trasladadas posteriormente hasta el muelle de la comunidad de Yaurabila.

Según las autoridades, todas las personas fueron rescatadas sanas y salvas, sin que se reportaran preliminarmente víctimas mortales como consecuencia del incidente.

El capitán Rivera explicó que la respuesta rápida de los equipos permitió evitar que la situación se agravara, especialmente debido al tiempo que los ocupantes permanecieron a la deriva después de la avería mecánica.

La operación se desarrolló como parte de las labores permanentes de búsqueda y salvamento que realiza la Fuerza Naval en las zonas bajo su responsabilidad, particularmente en áreas marítimas, costeras y cuerpos de agua donde existe tránsito de embarcaciones.

La alerta recibida por las autoridades permitió poner en marcha rápidamente los equipos de reacción, que se trasladaron hasta la zona indicada para localizar a los ocupantes de la embarcación.

“Al recibir la alerta inmediatamente se activan equipos de reacción de la Fuerza Naval, quienes llegaron de inmediato a la zona señalada”, explicó Rivera al referirse al procedimiento utilizado durante la emergencia.

Una vez localizada la embarcación, los elementos navales procedieron a auxiliar a sus ocupantes y garantizar su traslado seguro hacia el muelle de Yaurabila.

El incidente se habría originado exclusivamente por los desperfectos mecánicos registrados en el motor de la embarcación, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.

Aunque las personas permanecieron varias horas a la deriva, la intervención de los equipos navales permitió que fueran encontradas antes de que la emergencia derivara en consecuencias mayores.

Rivera destacó que la Fuerza Naval mantiene patrullajes constantes en las áreas de responsabilidad del país con el propósito de brindar seguridad y responder ante emergencias que involucren a personas que se movilizan por las vías acuáticas.

El funcionario señaló que, ante cualquier alerta relacionada con embarcaciones en problemas, se activan los mecanismos de búsqueda, rescate y salvamento para atender a la población.

“Nos mantenemos siempre en alerta para apoyar a la población”, afirmó Rivera, al destacar la importancia de mantener una respuesta inmediata ante este tipo de situaciones.

El rescate de las 10 personas en la Laguna de Caratasca concluyó con su traslado al muelle de la comunidad de Yaurabila, donde quedaron a salvo después de varias horas de permanecer a la deriva.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar oportunamente cualquier emergencia en las zonas marítimas y fluviales, ya que una alerta temprana permite movilizar con mayor rapidez los recursos destinados a las labores de salvamento.

Suany Waleska Aguilera Tróchez, de 35 años, fue asesinada a tiros cuando se dirigía hacia su vivienda junto a su hermana por la carretera que conduce a Santa Lucía, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.

Según información preliminar, sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaban las dos mujeres y abrieron fuego contra ellas. Suany recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar.

Durante el ataque, su hermana resultó herida y posteriormente recibió atención médica. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su estado de salud, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, hasta donde se desplazaron equipos de seguridad para acordonar la escena, recopilar evidencias y obtener información que pueda contribuir a identificar a los responsables.

Las primeras investigaciones buscan determinar la ruta de las víctimas y establecer cómo ocurrió la interceptación del vehículo en el que las hermanas regresaban a su vivienda después de salir de la colonia Kennedy.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen ni han confirmado la identidad de los responsables. El caso permanece bajo investigación.

Tras conocerse la muerte de Suany, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes para recordar su vida y destacar las cualidades que, según sus allegados, la caracterizaban.

José Carlos Cardona, amigo de la víctima, la describió como una mujer cristiana, trabajadora y humilde, al lamentar públicamente su muerte y recordar algunos aspectos de su trayectoria personal.

Cardona relató que Suany comenzó a trabajar en el sector bancario desde los 18 años y que residía junto a su madre. También señaló que era soltera y no tenía hijos.

La fe religiosa ocupaba un lugar importante en su vida. Durante varios años formó parte del Centro Cristiano Elim Cuadrangular, donde participaba en actividades de la congregación y mantenía una relación cercana con otros miembros de la iglesia.

Una de sus amigas también expresó su pesar por la pérdida y recordó especialmente el talento para cantar que Suany compartía durante las actividades de la congregación.

Los mensajes publicados después de su muerte destacan a una mujer dedicada a su familia y trabajo, cercana a las personas de su entorno y con una fuerte relación con su comunidad religiosa.

Luego del ataque, los equipos de seguridad y de investigación realizaron las primeras diligencias en la escena para recopilar evidencias, testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el ataque, cómo fue interceptado el vehículo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de Suany y a las heridas sufridas por su hermana.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso ni sobre la identificación de los presuntos responsables. Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.

Mientras avanza el proceso, familiares y amigos despiden a Suany y la recuerdan por su fe, sencillez y dedicación al trabajo, cualidades que, según quienes la conocieron, marcaron su vida.

La violencia registrada en el sector vuelve a generar preocupación entre residentes, especialmente por el hecho de que el ataque ocurrió cuando las víctimas se desplazaban por una vía de circulación habitual.

Familiares y allegados esperan que las investigaciones avancen y permitan esclarecer las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la comunidad cercana a Suany continúa expresando su pesar por su muerte y acompañando a su familia en medio de esta dolorosa pérdida.