Un incendio en el mercado Galindo de Comayagüela, en Tegucigalpa, capital de Honduras, destruyó en la madrugada más de 45 puestos y varias bodegas, según el Cuerpo de Bomberos. El fuego se propagó entre la sexta y séptima avenida y requirió más de siete horas de trabajo para ser controlado.

Las llamas se extendieron con rapidez durante la madrugada y provocaron alarma entre vendedores y habitantes de edificios cercanos, que salieron de la zona mientras el humo cubría el sector comercial.

Durante la emergencia, bomberos evacuaron con vida a cuatro personas atrapadas, entre ellas dos menores de edad, en la tercera planta de uno de los inmuebles afectados.

El operativo dejó dos bomberos lesionados. Uno sufrió intoxicación por monóxido de carbono por la exposición al humo y otro resultó herido con un objeto cortopunzante durante las maniobras, según el reporte preliminar de las autoridades.

Ambos socorristas fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde recibieron atención médica. De acuerdo con las autoridades, su estado de salud se mantiene estable.

Pérdidas millonarias

Las pérdidas materiales fueron calificadas como millonarias por el alcance del incendio: el fuego consumió puestos de venta y bodegas con medicamentos, mercadería y otros productos destinados al abastecimiento diario del mercado.

Comerciantes afectados intentaron rescatar parte de sus pertenencias antes de que algunas estructuras cedieran por la intensidad de las llamas, mientras observaban cómo el fuego avanzaba sobre sus negocios.

“Lo perdimos todo en cuestión de minutos. Aquí teníamos años trabajando y de esto dependían nuestras familias. Ver cómo el fuego acabó con nuestro esfuerzo es algo doloroso”, relató Carlos Castro, vendedor con años de vender en el lugar.

Castro entre lágrimas observaba los restos calcinados de su local en medio de los escombros y el humo que aún salía de la zona afectada.

Entre los negocios afectados por el incendio figuran puestos de venta de ropa, calzado, abarroterías, productos de uso diario, artículos para el hogar y bodegas donde se almacenaban medicamentos y mercadería variada destinada al comercio mayorista. Muchos comerciantes aseguraron que las pérdidas son totales, ya que el fuego consumió no solo los productos, sino también mobiliario, documentación y herramientas de trabajo.

El mayor Sergio Madrid, portavoz de operaciones del Cuerpo de Bomberos, informó que las tareas de extinción se extendieron durante gran parte de la mañana por la magnitud del siniestro y por las dificultades para acceder a algunos puntos del mercado.

Madrid señaló que otras instituciones apoyaron el operativo con cisternas de agua para reforzar el abastecimiento y evitar que el fuego alcanzara más locales, mientras equipos especializados continuaron con inspecciones en el área.

Investigan causas del siniestro

Las autoridades confirmaron que se realizará un censo para establecer con precisión la cantidad de puestos destruidos y estimar el impacto económico que dejó el incendio en familias que dependen del comercio informal y mayorista en el mercado Galindo.

Las causas del siniestro siguen bajo investigación. Técnicos del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones realizan peritajes para determinar cómo comenzó el fuego y si hubo una falla eléctrica o un incidente accidental.

Los cuerpos de socorro mantienen acordonada parte del lugar por el riesgo de colapso en estructuras debilitadas por las altas temperaturas, según indicaron las autoridades.

También pidieron a la población y a los comerciantes que no ingresen a las zonas afectadas hasta que concluyan las labores de enfriamiento y la evaluación de daños.

El mercado Galindo concentra actividad comercial popular en Comayagüela, por lo que el incendio también abrió preocupación por el impacto en el abastecimiento y la economía de quienes compran y venden en esa zona de la capital hondureña.

Cuatro personas asesinados reactivaron la alarma por la violencia en el norte de Honduras: el ataque ocurrió cerca de la medianoche del lunes en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. Según información preliminar de las autoridades, hubo víctimas en distintos puntos del sector y una quinta persona quedó herida y fue trasladada a un centro asistencial privado.

El múltiple crimen se produjo en un radio de tres a cuatro cuadras, de acuerdo con el despliegue policial que acordonó la zona tras los disparos que escucharon los vecinos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18.

Según la información preliminar que manejan las autoridades, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda de la colonia, donde una pareja fue asesinada.

Minutos después, agentes localizaron el cuerpo de José Noel Gómez a una cuadra del primer punto. El cadáver de Cristofer Jared Suazo Vázquez apareció a cerca de cuadra y media del lugar inicial, siempre dentro del mismo sector, de acuerdo con los reportes oficiales.

Durante el ataque también resultó herida una quinta persona, a quien efectivos de la Policía Nacional auxiliaron y trasladaron de emergencia a un centro asistencial privado. Las autoridades informaron que permanece bajo observación médica.

Hipótesis sobre el móvil

Las investigaciones preliminares apuntan a un posible vínculo con estructuras criminales asociadas a maras y pandillas que operan en la zona norte del país, según indicaron fuentes de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil exacto y mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer responsabilidades y la secuencia completa de los hechos.

Recuento de asesinatos

La masacre en La Lima ocurrió días después de otros hechos violentos que elevaron la preocupación por los asesinatos múltiples en el país.

Uno de los episodios con mayor número de víctimas se registró en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, donde 20 personas fueron asesinadas dentro de una finca de palma africana.

De acuerdo con esa información, las víctimas eran trabajadores agrícolas y fueron atacadas por hombres armados cuando se preparaban para iniciar labores. Las autoridades investigan posibles vínculos con el crimen organizado y disputas por control territorial en la región del Bajo Aguán.

A esos hechos se sumó otra matanza en Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, también atribuida en los reportes iniciales a un ataque armado. Con el caso de La Lima, Honduras contabiliza al menos 13 asesinatos múltiples en lo que va de 2026, según el recuento difundido en informes locales de seguridad.

Masacres en Honduras

La violencia colectiva tiene antecedentes en Honduras. Entre los casos citados con frecuencia figura lo ocurrido en la cárcel de El Porvenir, en La Ceiba, en 2003, cuando murieron 69 privados de libertad en un incendio y en enfrentamientos dentro del penal, según registros oficiales y reportes de época.

En 2004, el país volvió a conmocionarse con la masacre de Chamelecón: 28 pasajeros de un autobús fueron asesinados en San Pedro Sula en un hecho atribuido a pandillas y que tuvo repercusión internacional, de acuerdo con investigaciones y reportes policiales de entonces.

En 2012 y 2013 se registraron matanzas en Choloma y San Pedro Sula, con ataques en bares, billares y unidades de transporte público que dejaron más de una decena de muertos en distintos episodios, según reportes de autoridades y prensa local.

Organismos defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil atribuyen el aumento de asesinatos múltiples a la persistencia de estructuras criminales, narcotráfico, extorsión y disputas entre grupos armados, según pronunciamientos públicos difundidos en los últimos días.

Tras los últimos hechos registrados en Colón y Cortés, cuerpos de seguridad informaron que reforzarán operativos y acciones de inteligencia en las zonas que consideran de mayor conflictividad.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó hoy que su gobierno mantendrá la libertad de prensa y la protección de periodistas, durante la entrega del premio “Álvaro Contreras” 2026 a la periodista Lucía Alvarado. En el acto, el mandatario pidió que el periodismo se ejerza con ética y prometió diálogo con los medios.

Asfura sostuvo que el periodismo “ético y profesional” es clave para la transparencia y para el funcionamiento democrático del país. También planteó que el debate y la crítica deben darse en un marco de respeto.

En un mensaje al gremio, el presidente dijo que su administración busca proteger el derecho a informar y generar condiciones para el trabajo periodístico.

“Asumimos hoy y siempre el compromiso de ser defensores de la libertad de expresión”, declaró.

“Trabajaremos incansablemente para garantizar que cada periodista en Honduras desempeñe su labor en condiciones de seguridad, integridad y respeto a la dignidad humana”, dijo Asfura durante su discurso, según lo expresado en la ceremonia.

Seguridad a la prensa

El mandatario agregó que una sociedad democrática se fortalece con debate abierto e intercambio de ideas, y remarcó la necesidad de preservar un ambiente de tolerancia para el ejercicio periodístico.

También aseguró que desde la Presidencia existe disposición para mantener canales de diálogo y colaboración con la prensa, en defensa del derecho ciudadano a estar informado. “Tengan por seguro que tienen un aliado desde la Presidencia de la República”, añadió.

Trayectoria Lucía Alvarado

Durante la ceremonia, Asfura reconoció la trayectoria de la periodista Lucía Alvarado y destacó sus cuatro décadas de trabajo en medios de comunicación, además de su aporte al periodismo hondureño.

El presidente exhortó a los periodistas a sostener un ejercicio “responsable” y “transparente”. “Ustedes son una pieza fundamental para que Honduras pueda salir adelante, con un periodismo evaluado, que diga siempre la verdad”, afirmó.

Asfura recordó a Álvaro Contreras como uno de los referentes del periodismo hondureño y defensor de las libertades públicas, y señaló que el legado de un gobierno debe medirse por acciones concretas y no solo por discursos.

El reconocimiento “Álvaro Contreras” figura entre los homenajes más relevantes del gremio periodístico en Honduras y se entrega a profesionales destacados por su trayectoria y aporte a la comunicación nacional, de acuerdo con lo señalado durante el evento.

Seguridad y libertad de expresión

Las declaraciones de Asfura se dieron en medio de debates sobre condiciones para el ejercicio periodístico, la seguridad de comunicadores y el fortalecimiento de la libertad de expresión como parte del sistema democrático del país.

En años anteriores, organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre la necesidad de reforzar mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente en Honduras así como en regiones con riesgos asociados a la violencia y la inseguridad.

A esto se suma que Honduras ha figurado recurrentemente entre las naciones de la región con mayores desafíos para la protección de periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Sectores del gremio consideran que aún existen debilidades en los mecanismos de protección y en la investigación de agresiones contra comunicadores, situación que ha provocado llamados constantes para fortalecer la institucionalidad, combatir la impunidad y garantizar un entorno más seguro para la prensa nacional.

La jefa de la emergencia pediátrica del Hospital Materno Infantil doctora Sheyby Miralda, confirmó el fallecimiento de dos gemelos menores de tres meses a causa de tosferina, en un caso que reactivó la alerta sanitaria en Honduras. en Honduras y centro de referencia nacional,

Los menores, originarios de Tegucigalpa, habían sido ingresados al centro hospitalario hace aproximadamente dos semanas debido a complicaciones respiratorias graves.

Pese a la atención médica recibida, su estado de salud se complicó progresivamente hasta que finalmente fallecieron durante el fin de semana, según el reporte médico.

Con este nuevo caso, las cifras de víctimas mortales por tosferina en menores de edad continúan en aumento, alcanzando al menos 13 fallecimientos en total, dos de ellos este fin de semana, registrados en lo que va del periodo reportado por las autoridades sanitarias.

La doctora Miralda advirtió sobre la gravedad de esta enfermedad, especialmente en lactantes que aún no han completado su esquema de vacunación, subrayando que se trata de una infección de rápida propagación y con alto riesgo de mortalidad en población vulnerable.

“Lamentablemente seguimos teniendo muertes de lactantes menores de tres meses que se siguen complicando y muriendo por tosferina. Es una enfermedad altamente contagiosa y, cuando se desarrolla, altamente mortal”, expresó la especialista, quien reiteró el llamado a reforzar la prevención mediante la inmunización oportuna.

Llamado a vacunar

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para prevenir casos graves y exhortaron a completar los esquemas de inmunización.

El caso de los gemelos se suma a una serie de hospitalizaciones pediátricas por afecciones respiratorias que actualmente mantienen una alta demanda en las salas del Hospital Materno Infantil, lo que refleja una presión constante sobre el sistema de salud en la capital, según la doctora Miralda.

De acuerdo con la doctora Miralda, este incremento de pacientes con problemas respiratorios estaría relacionado con factores ambientales, particularmente con los altos niveles de contaminación que afectan a Tegucigalpa, lo que incrementa la vulnerabilidad de los niños ante virus y bacterias.

En semanas recientes, la Secretaría de Salud, autoridad sanitaria nacional ya había reportado un aumento en los casos de tosferina en el país. El pasado 20 de mayo, la técnica de vigilancia de enfermedades prevenibles, Leticia Puerto, confirmó que la cifra de muertes por esta enfermedad ascendía a 11, lo que muestra una tendencia al alza en los decesos infantiles asociados a este padecimiento.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cobertura de la tercera dosis de DTP (difteria, tétanos y tosferina) en Honduras fue de 85% en 2023.

Atención pediátrica

Especialistas en salud advierten que la tosferina continúa representando una amenaza para los lactantes en Honduras, especialmente en entornos urbanos donde factores como la contaminación ambiental y la baja cobertura de vacunación pueden agravar la situación.

Mientras tanto, el sistema hospitalario sigue enfrentando una creciente demanda de atención pediátrica por enfermedades respiratorias, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante posibles nuevos casos graves y fallecimientos.

La situación reabre el llamado a reforzar la vacunación infantil y la atención temprana de síntomas respiratorios, en un contexto donde cada retraso en la inmunización puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los menores más vulnerables.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), activó medidas preventivas para proteger la producción agrícola por el retraso de las lluvias en varias regiones del país.

La SAG advirtió que municipios de Choluteca y Valle, además de sectores de La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán, tendrán precipitaciones por debajo de lo normal durante la temporada.

Honduras puso en marcha acciones para proteger la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos por el retraso de las lluvias que afecta a varias regiones. La Secretaría de Agricultura y Ganadería recomendó no iniciar siembras hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y anunció un programa de apoyo por $1.500 millones de lempiras para productores.

Postergar Siembras

La SAG recomendó a los productores postergar las siembras hasta contar con condiciones meteorológicas más favorables, con el objetivo de reducir pérdidas económicas y bajar el riesgo de afectaciones en los cultivos.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, dijo que hay zonas donde las lluvias serán escasas. “Hay zonas donde las lluvias serán particularmente escasas y debemos actuar con responsabilidad para evitar pérdidas”, afirmó. También precisó que aún no se informaron pérdidas en cosechas de primera porque en muchas áreas las siembras todavía no comenzaron.

Incentivos a productores

Como parte de la respuesta gubernamental, la SAG anunció un Programa de Incentivos a la Producción por 1.500 millones de lempiras, dirigido a más de 200.000 productores en 17 departamentos, según informó la cartera.

El plan incluye entrega de semillas certificadas, fertilizantes, productos fitosanitarios y asistencia técnica para pequeños y medianos agricultores durante la próxima temporada agrícola, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

El Gobierno informó que trabaja con organismos internacionales en mecanismos de apoyo económico para familias vulnerables, como transferencias monetarias y la creación de reservas estratégicas locales para enfrentar eventuales impactos por la disminución de lluvias.

Para el sector ganadero, las autoridades señalaron que coordinan con productores la identificación de alimentos alternativos para el ganado y el refuerzo de medidas preventivas frente a un posible déficit hídrico en los próximos meses.

Pese a las advertencias, la SAG descartó un escenario inmediato de desabastecimiento y aseguró que mantiene monitoreo constante de la producción nacional de granos básicos, en especial frijol y maíz, según indicaron las autoridades.

Corredor Seco

El retraso de las lluvias mantiene preocupación entre productores, en particular en el corredor seco hondureño, donde la irregularidad climática ha provocado pérdidas de cultivos y problemas para el abastecimiento de agua y alimento para el ganado.

En años recientes, organismos nacionales e internacionales advirtieron que el cambio climático afecta la agricultura en Centroamérica y aumenta la vulnerabilidad de familias que dependen de la producción agrícola y ganadera.

La puesta en marcha del programa, dirigido a más de doscientos mil agricultores, contempla apoyos como insumos, asistencia técnica y respaldo económico para mitigar efectos de condiciones meteorológicas desfavorables en la producción nacional.

El corredor seco de Honduras, una de las zonas más vulnerables al cambio climático en Centroamérica, concentra a miles de familias que dependen directamente de la agricultura de subsistencia.

La Secretaría de Energía de Honduras anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que rige desde este lunes 25 de mayo de 2026, con alzas en la gasolina súper, la regular y el diésel. El kerosene fue el único derivado con rebaja.

El Gobierno informó que mantiene subsidios temporales para amortiguar el impacto.

Según el comunicado oficial, el esquema de subsidios se aplica a la gasolina regular, el diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico, con el objetivo de contener el traslado de la volatilidad del mercado internacional al gasto de los hogares.

En la actualización semanal, la gasolina súper subió 2.09 lempiras (0.7 centavos de USD) y quedó en 147.03(5.53 USD) lempiras por galón. La gasolina regular aumentó 1.90 lempiras (0.07 Ctvs. USD) y pasó a 134,63 lempiras (5.06 USD), de acuerdo con la Secretaría de Energía.

El diésel, utilizado en el transporte de carga y pasajeros, registró un alza de 0,39 lempiras (0.015 USD), con un nuevo precio de 138.92 lempiras (5.22 USD)por galón, informó la dependencia estatal.

El kerosene bajó 1.84 lempiras (0.06 USD) y se ubicó en 128.76 lempiras (4.84 USD) por galón, según el mismo reporte oficial. La Secretaría de Energía no informó modificaciones en la política vigente de subsidios para las próximas semanas.

Subsidio gubernamental

Las autoridades atribuyeron los ajustes a la variación de los precios internacionales del petróleo y al funcionamiento del esquema de subsidios temporales, que busca evitar aumentos mayores en el mercado interno, de acuerdo con el comunicado.

El Gobierno señaló que el subsidio para gasolina regular, diésel y GLP doméstico opera como un mecanismo de contención, en un contexto de fluctuaciones semanales en las cotizaciones internacionales de los derivados.

Reaccionan consumidores

En estaciones de servicio, mercados y transporte público, ciudadanos consultados expresaron preocupación por el impacto acumulado de los aumentos en la canasta básica y los servicios, al sostener que el combustible se traslada a precios de forma inmediata.

“Ya no alcanza el dinero”, dijeron usuarios del transporte y conductores particulares al describir el efecto de las subas semanales en sus gastos, mientras cuestionaron la eficacia del subsidio para compensar el aumento en el costo de vida.

Transportistas y sectores productivos también advirtieron que la volatilidad complica su planificación, porque suben los costos operativos sin una actualización proporcional de tarifas o ingresos, según planteos recogidos en el sector.

Analistas económicos advierten que la volatilidad en los precios internacionales del petróleo seguirá provocando ajustes frecuentes en Honduras durante los próximos meses, especialmente en un contexto de alta dependencia de combustibles importados.

Mientras tanto, consumidores hondureños sostienen que cada incremento termina afectando de manera acumulativa el presupuesto familiar, ya que el alza en los carburantes repercute en alimentos, transporte y servicios básicos.

En redes sociales y distintos sectores ciudadanos también persisten cuestionamientos sobre la efectividad de los subsidios estatales, pues aunque reconocen que ayudan a contener aumentos más severos, consideran que no representan un alivio suficiente frente al constante encarecimiento del costo de vida.

Diversos ciudadanos consideran que los ajustes semanales en los carburantes terminan impactando toda la cadena de consumo, provocando una percepción de inestabilidad económica. Aunque el Gobierno mantiene subsidios parciales para algunos derivados

La abogada Yesenia Molina fue asesinada la noche del lunes dentro de su vivienda en la comunidad de Quebrada de Arena, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras.

La Policía Nacional acordonó la escena y Medicina Forense hizo el levantamiento del cuerpo. Hasta ahora, las autoridades no informaron el móvil ni identificaron sospechosos.

Según información preliminar conocida por la Policía Nacional de Honduras, hombres no identificados ingresaron a la casa de la profesional del derecho y la atacaron en el interior del inmueble. Molina murió en el lugar.

El caso quedó bajo investigación. Fuentes policiales señalaron que no descartan ninguna línea mientras avanzan las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque.

Avances e investigación

Agentes de la Policía Nacional de Honduras preservaron la escena y comenzaron las primeras actuaciones, de acuerdo con el informe inicial citado por fuentes policiales. Peritos recolectaron indicios para incorporarlos a la investigación.

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y los procedimientos de rigor. El Ministerio Público, según fuentes de la institución, prepara diligencias para profundizar en el caso, sin que por ahora se haya comunicado una hipótesis oficial.

Violencia contra la mujer

El asesinato de Molina se registró en un contexto de violencia sostenida en el departamento de Colón. Autoridades regionales de seguridad informaron un aumento de agresiones contra mujeres en esa zona.

Con este caso, ya suman al menos 12 mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en Colón, según datos preliminares de registros regionales de seguridad citados por fuentes locales.

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres advirtieron sobre la continua ola de violencia de género en Honduras y reclamaron medidas de prevención y mejora en la investigación de estos crímenes, de acuerdo con pronunciamientos difundidos tras el ataque.

En el plano local, familiares y vecinos de Quebrada de Arena exigieron justicia e investigación para identificar y capturar a los responsables, según relataron pobladores de la comunidad.

Asociaciones del sector legal manifestaron en ocasiones anteriores preocupación por los riesgos que afrontan abogados, jueces y operadores de justicia, en un escenario de amenazas y hechos violentos, según comunicaciones de entidades gremiales.

Crímenes bajo impunidad

Fuentes vinculadas al sector judicial y de seguridad indicaron que no existe un registro único, oficial y actualizado que consolide el número de abogados asesinados en 2025, debido a la dispersión de datos entre instituciones estatales y publicaciones periodísticas.

La Policía Nacional no brindó hasta el momento más detalles sobre avances en la identificación de los atacantes.

En términos generales, Honduras continúa registrando niveles elevados de violencia contra distintos sectores de la población.

En el caso del gremio jurídico, aunque no existe una base oficial única y consolidada que precise con exactitud cuántos abogados han sido asesinados en los últimos dos años los registros parciales de instituciones y reportes de prensa evidencian que el sector ha sido impactado por hechos violentos en los últimos años, en un contexto donde también se reportan ataques contra operadores de justicia, reflejando un panorama de inseguridad persistente en el país.

Los transportistas de carga levantaron este lunes los bloqueos que mantenían en la carretera Panamericana y otros puntos de Honduras, tras confirmar una reunión con autoridades del Gobierno para discutir sus demandas. La protesta se concentró en la zona sur e incluyó cierres en accesos clave para el movimiento de mercancías.

El paso se habilitó luego de varias horas de paralización iniciada temprano por conductores de transporte pesado como medida de presión ante la falta de respuestas a reclamos del sector.

La reunión quedó fijada para las 11:00 de la mañana y apunta a destrabar temas como la importación de cemento, la revisión de tarifas y acuerdos pendientes con el gremio.

Qué solicitan los transportistas

El representante de la Asociación de Transportistas de Carga del Sur (Astracsur), Juan Carlos Bonilla, dijo que hubo cierres totales en la Panamericana, en el desvío hacia Coyolito, además de bloqueos en el puerto de San Lorenzo y en otras rutas utilizadas por el transporte de mercancías.

Bonilla sostuvo que la protesta se desarrolló de forma pacífica y remarcó que “no es político”, sino que responde a demandas vinculadas con condiciones laborales y costos de operación.

Entre las exigencias del sector figura la revisión de tarifas del transporte de carga. Según el dirigente, no se actualizan desde hace años pese al aumento de los costos operativos.

También señaló incumplimientos de acuerdos previos, con pagos pendientes al rubro, lo que, según Astracsur, elevó el malestar entre empresarios y conductores del transporte pesado.

La medida contó además con el respaldo de compañías importadoras de cemento, cuya participación, de acuerdo con el gremio, amplificó el impacto del paro en la logística y la distribución de productos.

Bonilla advirtió que, aunque la liberación de la vía alivió el tránsito y el flujo de carga, los transportistas podrían retomar los bloqueos si no se alcanzan compromisos concretos durante el encuentro con las autoridades.

Más protestas

En paralelo, el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras, Luis Martínez, informó que el gremio evalúa un paro nacional por la falta de respuestas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Martínez explicó que los taxistas dieron un plazo de 48 horas antes de definir nuevas medidas, mientras esperan una respuesta a sus solicitudes.

El dirigente afirmó que el sector enfrenta dificultades económicas por la suba de los combustibles y dijo que piden reuniones para discutir medidas de alivio.

Entre los pedidos, Martínez mencionó la entrega de un bono compensatorio para conductores de taxis de barrido, como mecanismo para amortiguar el impacto de los aumentos semanales en los carburantes.

Costos operativos en Honduras

Las protestas se dan en un escenario de reclamos de distintos sectores por el aumento de costos operativos y por el efecto del precio de los combustibles en Honduras.

Tanto los transportistas de carga como los taxistas advirtieron, a través de sus representantes, que podrían intensificar las medidas de presión si no reciben respuestas y acuerdos verificables por parte de las autoridades.

Las investigaciones por las masacres en el norte del país están en una fase avanzada y las autoridades prevén identificar y capturar en los próximos días a los presuntos autores materiales, según informó el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez. El funcionario dijo que ya hay sospechosos identificados y que el foco está en consolidar pruebas para solicitar órdenes de captura.

Velásquez aseguró que los equipos de investigación trabajan con inteligencia policial y recolección de información en comunidades para ubicar a los responsables. Señaló que el proceso busca evitar la impunidad y sostener los casos con elementos que permitan judicializarlos.

El ministro explicó que el avance de los expedientes depende de reunir pruebas técnicas y documentación que respalden las imputaciones. Evitó dar nombres o detalles operativos para no afectar las diligencias, según dijo durante un foro televisivo.

Avanzan las investigaciones

Velásquez afirmó que los investigadores ya identificaron a varios sospechosos mediante entrevistas, cruces de información y análisis de estructuras criminales que operan en distintos sectores del norte del territorio nacional. Según el ministro, esa información permitió perfilar a posibles autores materiales y delinear acciones de localización.

El funcionario sostuvo durante su participación en un foro televisivo nacional, que el siguiente paso es consolidar pruebas que permitan a los órganos jurisdiccionales emitir órdenes de captura. “Contundentes e irrefutables”, las calificó Velásquez, al referirse a la evidencia que se busca reunir antes de avanzar con detenciones.

También señaló que las pesquisas permitieron entender cambios en el comportamiento de algunos grupos criminales de la región. De acuerdo con el ministro, varias estructuras pasaron de conflictos vinculados a disputas territoriales y de tierras a dinámicas de control de zonas estratégicas, con presuntos nexos con actividades ilícitas.

Velásquez indicó que ya se planifican operaciones específicas y que la proyección del equipo investigador apunta a resultados “en los próximos días” sobre la identificación de los autores materiales de las masacres. Reconoció, al mismo tiempo, dificultades en la recopilación de pruebas y en la localización de sospechosos por el nivel de organización de algunas estructuras.

Comisión interventora

El ministro también se refirió a las diligencias por la muerte de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Según Velásquez, hay una coordinación interinstitucional en marcha para determinar responsabilidades.

De acuerdo con el funcionario, intervienen la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, con procesos orientados a establecer posibles responsabilidades administrativas y penales. Añadió que participan equipos fiscales especializados y que ya existen requerimientos presentados ante el Ministerio Público.

Velásquez informó que opera una comisión interventora integrada por seis oficiales con experiencia, con la misión de esclarecer los hechos con acceso completo a información operativa y sin encubrimientos. Agregó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación para deducir responsabilidades contra quienes resulten implicados en los hechos violentos registrados en el norte del país.

Las masacres registradas recientemente en la zona norte del país dejaron varias víctimas mortales han provocado el despliegue de operativos de seguridad y el reforzamiento de las investigaciones por parte de distintas instituciones del Estado.

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, advirtió que las masacres y otros hechos violentos continuarán registrándose en Honduras mientras el Estado no implemente una respuesta integral que atienda las causas estructurales de la conflictividad social y la violencia.

La defensora de derechos humanos alertó que las acciones estatales continúan siendo reactivas y fragmentadas, situación que, según indicó, impide prevenir nuevos hechos sangrientos en diferentes regiones del país.

De acuerdo con datos presentados por el Conadeh, entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 se contabilizan al menos 118 muertes múltiples, es decir, hechos violentos en los que fallecieron tres o más personas en un mismo evento.

El organismo de derechos humanos señaló que este tipo de crímenes se han registrado en 16 de los 18 departamentos de Honduras, reflejando el alcance territorial de la violencia y el deterioro de las condiciones de seguridad en gran parte del país.

Según el informe, los departamentos con mayor incidencia de masacres son Francisco Morazán, Yoro, Cortés, Olancho y Colón, considerados actualmente como los principales focos de violencia a nivel nacional.

Francisco Morazán encabeza las estadísticas con 22 masacres registradas durante el período analizado, seguido por Yoro con 20 casos, Cortés con 16, Olancho con 13 y Colón con nueve hechos violentos.

Para Izaguirre, estas cifras evidencian que las muertes múltiples no pueden seguir interpretándose como sucesos aislados o producto únicamente de la criminalidad común, sino como manifestaciones de problemas más profundos relacionados con conflictos territoriales, desigualdad social, crimen organizado, narcotráfico y debilidad institucional.

“Esto va a seguir pasando en la medida que estos hechos se vean de manera aislada y no como una situación estructural y sistemática”, advirtió la titular del Conadeh.

La titular subrayó que Honduras enfrenta una problemática compleja que requiere medidas sostenidas de prevención, fortalecimiento institucional y atención a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas afectadas por disputas territoriales, pobreza y presencia de estructuras criminales.

En ese contexto, el Conadeh reiteró que en reiteradas ocasiones ha emitido alertas tempranas sobre la conflictividad social y la escalada de violencia en distintas zonas del país; sin embargo, lamentó que las autoridades no hayan implementado acciones integrales que permitan reducir el riesgo de nuevos ataques.

La institución defensora de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades de seguridad y al Ministerio Público para fortalecer las investigaciones criminales y combatir los elevados niveles de impunidad que predominan en los casos de masacres y asesinatos múltiples.

El organismo señaló que la falta de resultados judiciales continúa generando desconfianza entre la población y facilita la repetición de hechos violentos en distintas regiones del territorio nacional.

Solo en lo que va de 2026, Honduras ya contabiliza al menos 12 muertes múltiples distribuidas en nueve departamentos del país, dejando cerca de 60 víctimas mortales, según las cifras reveladas por el Conadeh.

La situación, de acuerdo con el organismo, demuestra que el fenómeno de las masacres continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Izaguirre también expresó preocupación por la situación que enfrentan los defensores de la tierra, el ambiente y los recursos naturales, sectores que históricamente han estado expuestos a amenazas, persecución y asesinatos.

La defensora recordó que Honduras acumula varias sentencias internacionales relacionadas con crímenes cometidos contra ambientalistas y líderes comunitarios, casos que han evidenciado la persistencia de la impunidad y las deficiencias estatales en la protección de defensores de derechos humanos.

En ese sentido, sostuvo que la violencia contra defensores ambientales está estrechamente ligada a disputas territoriales, explotación de recursos naturales y conflictos comunitarios que no han sido atendidos adecuadamente por el Estado hondureño.

Asimismo, el Conadeh enfatizó que la problemática de violencia en Honduras no puede resolverse únicamente mediante operativos policiales o medidas temporales de seguridad, sino a través de políticas públicas integrales enfocadas en prevención, educación, acceso a justicia y fortalecimiento institucional.

Un total de 146,635 niños en Estados Unidos han resultado afectados por la detención de uno o ambos padres, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el centro de estudios Brookings Institution, que analiza el impacto humano de las políticas migratorias implementadas en el país.

El estudio detalla que más de 22,000 menores han experimentado la detención de ambos progenitores, una situación que coloca a miles de niños en escenarios de alta vulnerabilidad, especialmente en casos donde no existe una red familiar de apoyo inmediata.

La mayoría de los menores afectados son ciudadanos estadounidenses, lo que ha intensificado el debate sobre las consecuencias colaterales de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha reforzado sus operativos desde el inicio del nuevo mandato presidencial.

Brookings precisa que el 36.5% de los niños afectados son menores de seis años, el 36.1% tiene entre seis y 12 años, mientras que el resto corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años, lo que evidencia que una parte significativa de los casos involucra población infantil en etapas tempranas de desarrollo.

Respecto al origen de los padres detenidos, la nacionalidad mexicana representa el 53.7% del total, seguida de Guatemala con un 15% y Honduras con un 10.7%, reflejando el fuerte impacto de las políticas migratorias en comunidades centroamericanas y latinoamericanas residentes en Estados Unidos.

El análisis identifica a Washington D.C. y Texas como las zonas con mayor concentración de menores ciudadanos estadounidenses afectados, registrando tasas superiores a cinco niños por cada mil habitantes en algunos sectores, lo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Impacto del sistema migratorio

El informe de Brookings estima además que actualmente unas 60,000 personas permanecen detenidas bajo custodia del ICE, mientras que cerca de 400,000 han pasado por centros de detención en el marco de las políticas migratorias vigentes.

La investigación reconoce la ausencia de datos precisos sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre el destino final de los menores cuando sus padres son arrestados, lo que limita la comprensión total del impacto social de estas medidas.

El estudio subraya que la información disponible sobre detenidos permite una aproximación más clara al fenómeno, en comparación con los casos de deportación, donde el seguimiento estadístico es más complejo.

Debate social y recomendaciones

Las cifras han reavivado el debate público sobre las consecuencias humanitarias de la política migratoria en Estados Unidos, generando críticas de organizaciones civiles que advierten sobre el impacto psicológico y social en los menores separados de sus padres.

El informe recoge recomendaciones de organizaciones especializadas, que sugieren a los padres migrantes elaborar planes de preparación familiar, designando tutores o personas de confianza que puedan hacerse cargo de los niños en caso de detención o deportación.

El incremento de operativos del ICE ha provocado protestas en distintas ciudades del país, en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre control migratorio y protección de los derechos de la niñez. No se descartan más deportaciones con el objetivo de incidir en la migración irregular.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras difundió una guía para hondureños con TPS en Estados Unidos, después de que el gobierno estadounidense cancelara ese programa. El documento, presentado el 22 de mayo en un video de unos nueve minutos, reúne recomendaciones legales y prácticas para reducir riesgos, evitar fraudes y preparar documentación.

El material oficial apunta a orientar a miles de hondureños que permanecen bajo este mecanismo migratorio y que enfrentan un nuevo escenario por el fin del Estatus de Protección Temporal. La Cancillería pidió tomar decisiones con cautela y priorizar asesoría profesional antes de iniciar trámites.

La guía incluye advertencias sobre documentos vencidos o próximos a vencer y sugiere pasos para manejar la situación sin afectar futuras gestiones migratorias. La dependencia remarcó que los cambios en políticas de Estados Unidos pueden impactar de forma directa en la estabilidad legal de los beneficiarios.

Recomendaciones legales y asesoría

La Cancillería recomendó consultar con abogados de inmigración en Estados Unidos antes de realizar cualquier trámite que pueda alterar el estatus migratorio. Según el video difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, actuar sin orientación profesional puede derivar en consecuencias a largo plazo.

Las autoridades hondureñas insistieron en que la revisión del caso debe ser individual porque las opciones y riesgos varían según historial migratorio, vigencia de permisos y antecedentes documentales. El mensaje oficial también pidió no tomar decisiones apresuradas a partir de información incompleta.

Alertas por desinformación

Uno de los ejes del documento advierte sobre posibles estafas y cadenas de desinformación dirigidas a migrantes. La Cancillería llamó a no seguir consejos no oficiales ni confiar en promesas de regularización sin sustento y remarcó: “Si no tiene base real”, eso puede perjudicar a la persona con el tiempo.

El material también enfatiza que mentir a autoridades migratorias o presentar información falsa puede tener efectos graves, incluida una afectación permanente sobre solicitudes futuras. La guía recomienda verificar la autenticidad de cualquier gestoría y confirmar que los procedimientos se realicen por vías formales.

Documentación, viajes y alternativas al TPS

Además de las pautas legales, el documento incorpora orientaciones prácticas sobre viajes internacionales, manejo de documentación y procedimientos vinculados al mantenimiento del estatus migratorio, que la Cancillería considera sensibles en este contexto.

Otro punto del mensaje oficial plantea que el TPS no debe asumirse como la única vía para regularizar la situación en Estados Unidos. Según el gobierno hondureño, pueden existir alternativas migratorias según cada caso, siempre con respaldo jurídico.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional pidió conservar documentación física y digital que acredite permanencia en Estados Unidos, así como comprobantes de impuestos, empleo, residencia y otros vínculos.

La Cancillería sostuvo que ese archivo puede resultar clave en procesos futuros, en un contexto de incertidumbre para los hondureños que estuvieron amparados por el TPS. l

El llamado, recalcaron, es a prepararse con tiempo y mantener toda la documentación en orden ante cualquier cambio que pueda surgir en el panorama migratorio de Estados Unidos.

El hallazgo del cuerpo de una niña de 10 años en La Colorada, municipio de El Progreso, departamento de Yoro, volvió a encender las alarmas este domingo en Honduras. La menor había sido denunciada como desaparecida desde el sábado. La Policía Nacional y Medicina Forense realizaron el levantamiento y trasladaron el cadáver a la morgue de San Pedro Sula.

La niña fue buscada durante varias horas por familiares y vecinos que se sumaron al rastreo en la zona, según relataron pobladores. La comunidad siguió el operativo a medida que la información se difundía entre residentes y allegados.

Información preliminar apunta a que la menor murió por ahogamiento, pero la autopsia y las pericias oficiales deberán confirmar la causa y establecer cómo ocurrió la desaparición, de acuerdo con fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense intervinieron en el sitio donde fue localizada la menor. Tras el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se realizará el examen forense antes de la entrega a la familia, según informaron autoridades.

La investigación sigue abierta para precisar las circunstancias del caso y descartar o confirmar la participación de terceros. Las autoridades también buscan reconstruir el recorrido de la niña desde el momento en que fue reportada como desaparecida.

Desapariciones de menores

El caso ocurre en un país donde las desapariciones de menores mantienen registros sostenidos, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y reportes institucionales citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En el período 2022-2025 se acumularon más de 700 denuncias de menores desaparecidos, con mayor incidencia en niñas, que concentran cerca del 73% de los casos.

Las cifras consignadas en esos reportes detallan 176 casos en 2022, 188 en 2023 y 238 en 2024. Entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron al menos 127 reportes, que siguieron acumulándose hacia el cierre del año, de acuerdo con los mismos registros citados por el CONADEH.

Organizaciones de protección infantil sostienen que las desapariciones pueden vincularse con conflictos familiares, violencia, migración irregular, explotación y la posible participación de estructuras criminales, factores que complican la prevención y la resolución de expedientes, según advertencias difundidas por entidades del sector.

En ese marco, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) alertó que en 2025 se registraron más de 300 muertes violentas de menores y adolescentes, un indicador que ubica las desapariciones dentro de un contexto más amplio de riesgos para la niñez.

Registros oficiales

En 2026, los reportes del CONADEH y la DPI registraron que hasta abril se contabilizaban 167 expedientes de personas desaparecidas en general, entre los que se incluyen casos de menores de edad. Según esas fuentes, el dato implica un incremento cercano al 10% interanual frente al mismo período del año anterior.

La muerte de la niña hallada en Yoro queda ahora bajo las diligencias forenses y policiales, mientras las autoridades avanzan con la reconstrucción de los hechos y la verificación de la causa de muerte.

Honduras puso en vigencia reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal tras su publicación en La Gaceta, el diario oficial. El Congreso Nacional las aprobó por unanimidad para endurecer el abordaje de la extorsión y delitos vinculados a maras, pandillas y crimen organizado, con cambios orientados a investigación, recolección de pruebas y judicialización.

Las modificaciones entran a regir desde su publicación y apuntan a dar más herramientas legales al Ministerio Público, los cuerpos de seguridad y los tribunales para perseguir redes criminales, en un contexto de reclamos por violencia e inseguridad, especialmente en zonas urbanas donde la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto.

El paquete legal busca cerrar vacíos que, según autoridades, permitían evadir la acción de la Justicia y mejorar la coordinación institucional en casos de crimen organizado, con el foco puesto en procesos más eficientes y sanciones más efectivas.

Las reformas introducen ajustes para endurecer el tratamiento penal de la extorsión y modificar reglas procesales vinculadas con la recolección de pruebas, el seguimiento de casos y la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia.

Reformas avaladas

Durante el debate legislativo, el Congreso Nacional presentó los cambios como una actualización del marco jurídico para reforzar la investigación y la judicialización de delitos asociados a maras, pandillas y otras estructuras criminales, con el objetivo de mejorar la persecución penal.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la aprobación representa herramientas legales necesarias para enfrentar estructuras que impactan en la economía y en la convivencia social.

Zambrano sostuvo que la extorsión y las actividades de maras y pandillas golpean con fuerza a sectores como el transporte público y de carga, el comercio formal e informal y pequeños emprendedores. Según planteó, en esos rubros se repiten denuncias por amenazas y cobros ilegales.

Presión y resultados

Las reformas se aprobaron en medio de reclamos de distintos sectores por mayor contundencia frente a la criminalidad. En ese escenario, las autoridades legislativas vincularon el paquete con el aumento de denuncias por extorsión y amenazas que, en muchos casos, derivan en cierres de negocios, desplazamientos internos y pérdidas económicas.

Desde el Congreso también indicaron que el nuevo marco legal apunta a fortalecer al Ministerio Público y al sistema judicial para mejorar la respuesta del Estado ante estos delitos, con una actuación más coordinada entre las instituciones responsables.

Especialistas en seguridad han planteado en debates previos sobre este tipo de reformas que su efectividad depende de la aplicación práctica, la capacidad investigativa de las instituciones y el fortalecimiento de los procesos judiciales, más allá del endurecimiento normativo.

Con la publicación en La Gaceta, las reformas quedaron incorporadas al ordenamiento jurídico vigente. Las autoridades esperan que el nuevo esquema contribuya a reducir la impunidad y a mejorar los resultados contra estructuras criminales, con evaluaciones sujetas a la implementación en tribunales y a la operación cotidiana del sistema de justicia.

La entrada en vigencia de estas reformas coloca ahora el desafío en las instituciones encargadas de aplicarlas, en medio de la expectativa ciudadana de que las nuevas disposiciones se traduzcan en resultados concretos contra la extorsión y el crimen organizado.

El paro de transporte de carga anunciado por transportistas del sur de Honduras comenzará este lunes 25 de mayo y podría interrumpir el traslado de mercancías en los principales corredores logísticos de la región. Dirigentes del gremio afirmaron que la protesta seguirá “de forma indefinida” hasta obtener una respuesta del Gobierno y la instalación de mesas de negociación.

La medida prevé una paralización total o parcial de las unidades de carga pesada, con posible impacto en la distribución de alimentos, productos de consumo masivo, materiales de construcción, combustibles y otros insumos, según advirtieron representantes del sector.

Sectores comerciales y productivos de la zona sur anticiparon retrasos en entregas, desabastecimiento temporal en puntos de venta y un aumento de costos logísticos que podría trasladarse al consumidor si la suspensión del servicio se prolonga.

incumplimientos de acuerdos laborales

Representantes del gremio del transporte de carga atribuyeron la convocatoria a un “prolongado” cúmulo de inconformidades y a la falta de acuerdos con las autoridades. Aunque no detallaron un pliego completo de exigencias, mencionaron reclamos vinculados a condiciones laborales, operativas y administrativas.

Los dirigentes sostuvieron que la situación del sector llegó a un punto que consideran “nivel crítico” para operar, y plantearon que el paro busca presionar para obtener respuestas concretas por parte de las instituciones responsables.

La zona sur es un punto clave para la movilización de mercancías hacia distintos destinos del país. Transportistas advirtieron que la paralización parcial o total puede afectar de inmediato la cadena de suministro, con dificultades para reponer productos básicos y para sostener el ritmo de distribución habitual.

Comerciantes y distribuidores de la región señalaron que incluso un freno de corta duración puede generar faltantes puntuales, sobre todo en rubros de alta rotación. También alertaron sobre demoras en la entrega a supermercados, ferreterías y estaciones de servicio, en la medida en que el traslado dependa del transporte pesado.

¿Abiertos al diálogo?

Los dirigentes del transporte pidieron al Gobierno la instalación “inmediata de mesas” de negociación con participación del sector. Según el gremio, hay disposición al diálogo, pero condicionada a compromisos que puedan verificarse.

Los transportistas insistieron en que el paro continuará de manera “indefinida” hasta que exista una respuesta oficial. En el ámbito empresarial, actores del sector productivo advirtieron que, si no se abre una instancia de diálogo en las próximas horas, el conflicto puede escalar y profundizar el impacto en el abastecimiento y la actividad económica de la zona sur de Honduras.

En este escenario, la incertidumbre se mantiene en la zona sur del país a pocas horas de que entre en vigor la paralización, mientras distintos sectores económicos permanecen a la expectativa de una posible salida de último momento que permita evitar afectaciones mayores.

De momento, el sector transporte sostiene su postura y condiciona cualquier retorno a las operaciones a la apertura de un proceso de diálogo con respuestas concretas a sus demandas.

Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado ningún acuerdo entre las partes, por lo que la medida de presión se mantiene vigente para iniciar este lunes.

El panorama sigue siendo de expectativa en la zona sur del país, donde el impacto del paro dependerá de su duración y del alcance de la paralización en los principales corredores de transporte de carga.

El periodismo en Honduras enfrenta un aumento de amenazas y agresiones, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que informó haber atendido 154 quejas de periodistas y comunicadores entre 2016 y marzo de 2026. En el período 2025-marzo de 2026, el organismo documentó más de 50 hechos violatorios de la libertad de expresión.

Entre 2016 y marzo de 2026, el CONADEH registró denuncias por amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra trabajadores de prensa. El organismo vinculó el deterioro del entorno con intimidaciones, persecuciones, querellas judiciales y pedidos para revelar fuentes, además de señalamientos que asocian a comunicadores con el crimen organizado.

Solo entre 2025 y marzo de 2026, relevó más de medio centenar de incidentes, entre ellos amenazas de muerte, estigmatización y agresiones físicas. El reporte se conoció en el marco del Día del Periodista, cuando la institución volvió a pedir medidas de protección y mejores investigaciones ante ataques contra la prensa.

Amenazas y desplazamiento forzado

Durante 2025, el CONADEH atendió 16 casos de periodistas en riesgo. Según el organismo, el 81% declaró estar bajo amenaza directa al momento de presentar la denuncia y el 19% informó que ya había sufrido desplazamiento forzado.

En ese mismo universo de casos, el organismo identificó como causas principales el 69% de amenazas, el 12,5% de intentos de homicidio y el 12,5% de hechos asociados a violencia política.

El análisis de expedientes mostró que los presuntos agresores no se concentran en un único sector. En 31% de los casos, las víctimas señalaron a personas desconocidas; en 25%, a actores vinculados a partidos políticos, y en 19%, a personas conocidas de las víctimas.

En otras denuncias, el organismo consignó señalamientos sobre participación de narcotraficantes, policías, militares y estructuras criminales, una diversidad de actores que, según el Comisionado, eleva la exposición del gremio periodístico.

A nivel territorial, el CONADEH indicó que en 2025 el departamento de Francisco Morazán concentró el 38% de las denuncias, seguido por Ocotepeque, Cortés y Gracias a Dios, con 13% cada uno.

En el plano municipal, el Distrito Central reunió el 29% de los registros, de acuerdo con el mismo reporte, junto con otros nueve municipios identificados por el organismo como zonas de mayor incidencia.

Más de 10 mil denuncias

Así mismo, advirtió que el desplazamiento forzado de periodistas se intensificó entre 2022 y 2025, período en el que se concentró el 56% de las denuncias atendidas por el organismo sobre este fenómeno.

La evolución anual consignada por el organismo de derechos humanos fue la siguiente: 20 casos en 2022, 27 en 2023, 20 en 2024 y 16 en 2025. Entre enero y marzo de 2026, el organismo ya contabilizó cinco nuevos registros.

En un recuento más amplio, el CONADEH informó que entre 2016 y 2025 se registraron más de 10,000 denuncias por desplazamiento forzado en Honduras. De ese total, al menos 149 correspondieron a periodistas y comunicadores, junto con otros grupos afectados, como comerciantes, transportistas, docentes, abogados y amas de casa.

El organismo también documentó la muerte de 103 personas vinculadas a medios de comunicación entre 2001 y 2026, entre ellas periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos, editores y propietarios de medios. Según el organismo, el 88% de esos casos permanece en la impunidad.

En el marco del Día del Periodista, el CONADEH pidió al Estado hondureño medidas de protección y el fortalecimiento de la investigación y sanción de ataques contra trabajadores de prensa, además de reforzar protocolos de seguridad en eventos oficiales tras incidentes recientes.

El Distrito Central de Honduras enfrenta una crisis de agua por la sequía prolongada, las altas temperaturas y el descenso en los embalses que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela. La represa Los Laureles está al 36,94% de su capacidad y el racionamiento se agravó: en varios barrios el servicio, que antes llegaba semanalmente, tarda ahora entre 15 y 20 días, según vecinos y la UMAPS.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que las lluvias generalizadas todavía podrían demorar semanas, lo que mantendría la presión sobre las reservas destinadas al consumo humano.

Aunque se prevén precipitaciones aisladas en distintas zonas del país, especialistas consultados por autoridades locales estiman que no serían suficientes para recuperar de forma marcada el nivel de los embalses que suministran a la capital.

Uno de los puntos más sensibles es el de la represa Los Laureles, que se ubica en 36,94% de su capacidad, de acuerdo con reportes manejados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y autoridades municipales.

Desde Copeco señalaron que, aun con lluvias en los próximos días, el patrón de precipitaciones más amplio podría tardar varias semanas en consolidarse. Ese escenario prolonga las restricciones y reduce el margen de maniobra para el abastecimiento en Tegucigalpa y Comayagüela.

Racionamientos programados

El impacto ya se refleja en los racionamientos programados que afectan a decenas de barrios y colonias del Distrito Central. En distintos sectores, residentes indicaron que el agua potable, que antes llegaba una vez por semana, ahora se restablece cada 15 a 20 días, lo que obliga a almacenar agua o a buscar fuentes alternativas para actividades básicas.

La UMAPS reconoció que las medidas actuales no alcanzan para normalizar el servicio en el corto plazo, en un contexto de reservas reducidas y demanda sostenida en la capital hondureña.

La municipalidad y la UMAPS informaron que avanzan con obras de infraestructura, reparación de fugas y modernización de la red de distribución, con el objetivo de reducir pérdidas y mejorar la entrega en los sectores con mayor afectación.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que el problema tiene componentes estructurales vinculados al crecimiento urbano y a las limitaciones del sistema de abastecimiento. También afirmó que uno de los principales desafíos es recuperar más de 2 mil millones de lempiras por mora acumulada, fondos necesarios para sostener la operación y financiar proyectos para aumentar la disponibilidad de agua.

Consecuencuas climáticas

Según datos de la UMAPS, el Distrito Central cuenta con alrededor de 135 mil abonados: 66% paga al día, 19% lo hace con retraso y 15% está en mora, un panorama que reduce la capacidad financiera para atender la emergencia.

El alcalde Juan Diego Zelaya advirtió que la sequía y los incendios forestales en zonas boscosas cercanas a las fuentes de agua han incrementado la vulnerabilidad del sistema, al afectar áreas de recarga y protección hídrica.

Ante este escenario, las autoridades municipales reiteraron el pedido de uso racional del agua, evitar el desperdicio y reforzar la protección de microcuencas, mientras se espera la llegada de lluvias más constantes en los próximos meses.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, declaró este sábado Alerta Verde por tiempo indefinido en 60 municipios de Honduras debido a la posible ocurrencia de sequía meteorológica asociada al fenómeno climático de El Niño.

La medida entra en vigencia a partir de este 23 de mayo y abarca municipios ubicados en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, zonas consideradas altamente vulnerables ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

Según las autoridades, la declaratoria busca intensificar las acciones de monitoreo, prevención y preparación ante los posibles impactos que podría provocar la reducción de lluvias y el aumento sostenido de las temperaturas.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos(CENAOS), el comportamiento climático de este año estará marcado por condiciones más cálidas y secas de lo normal debido a la transición de una fase neutra hacia el establecimiento de un evento de El Niño moderado.

Los especialistas indicaron que este fenómeno comenzará a consolidarse a partir del mes de junio y podría intensificarse considerablemente desde julio, afectando principalmente la zona sur y sectores del corredor seco hondureño.

El análisis técnico elaborado por CENAOS advierte que el inicio tardío de la temporada lluviosa ya está generando déficits acumulados de precipitación que oscilan entre 100 y 200 milímetros, equivalentes a litros de agua por metro cuadrado.

Esa reducción en las lluvias está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal y actividades agrícolas, especialmente en comunidades rurales que dependen de las precipitaciones para abastecerse y desarrollar cultivos.

Las autoridades señalaron además que, aunque durante el año anterior las lluvias se mantuvieron dentro de parámetros considerados normales, la distribución irregular de las precipitaciones evidenció períodos secos más prolongados.

Para el presente año, los pronósticos climáticos apuntan a un incremento de temperaturas entre 0.5 y 1 grado Celsius, especialmente entre marzo y agosto, situación que podría agravar las condiciones de sequía en varias regiones del país.

La zona sur de Honduras figura entre las áreas con mayor vulnerabilidad debido a las altas temperaturas y la disminución de fuentes de agua provocadas por la falta de lluvias.

Entre los municipios incluidos en la declaratoria de Alerta Verde se encuentran localidades del departamento de Francisco Morazán como Alubarén, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Ojojona, Sabanagrande, San Buenaventura, Santa Ana y Tatumbla.

También figuran municipios de El Paraíso como San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Vado Ancho y Yauyupe.

En el departamento de La Paz fueron incluidos Marcala, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan y Santa Ana de Yusguare.

Mientras tanto, en Valle aparecen municipios como Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo.

En Choluteca se encuentran Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare, entre otros.

Asimismo, en Comayagua se incluyeron municipios como Lamaní, San Sebastián y Villa de San Antonio.

Ante este escenario, Copeco recomendó a la población adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de la sequía y proteger los recursos hídricos.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades figura evitar las quemas agrícolas y los incendios forestales, debido a que las altas temperaturas y la vegetación seca aumentan considerablemente el riesgo de propagación del fuego.

Además, se exhortó a la población a hacer un uso racional del agua tanto en los hogares como en actividades agrícolas y ganaderas.

La confirmación del primer caso de sarampión en Honduras desde 1997 encendió las alertas sanitarias en el país y provocó llamados urgentes por parte de especialistas y autoridades médicas para reforzar las campañas de vacunación y prevenir posibles brotes de la enfermedad.

El doctor y diputado Carlos Umaña advirtió sobre el alto nivel de contagio del virus y pidió a la población acudir a los centros de salud para completar los esquemas de inmunización, especialmente en niños y adolescentes.

La Secretaría de Salud confirmó oficialmente el jueves el primer caso de sarampión registrado en territorio hondureño en casi tres décadas, situación que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias debido al riesgo de propagación del virus.

Umaña recordó que Honduras no reportaba un caso confirmado desde 1997 y señaló que mantener una cobertura de vacunación superior al 95 por ciento es fundamental para evitar la aparición de brotes.

“El sarampión es el más contagioso de los virus conocidos”, afirmó el médico al explicar que el número básico de reproducción de la enfermedad oscila entre 12 y 18.

El especialista detalló que una persona infectada puede contagiar directamente a entre 12 y 18 personas susceptibles dentro de una población que no cuenta con protección mediante vacunas.

“Número Básico de Reproducción (R₀): Es de 12 a 18. Esto significa que una sola persona infectada puede contagiar directamente a un promedio de 12 a 18 personas susceptibles en una población sin vacuna”, explicó.

Según Umaña, el virus se transmite a través de partículas microscópicas suspendidas en el aire, conocidas comúnmente como gotitas respiratorias, las cuales pueden permanecer activas dentro de una habitación incluso hasta dos horas después de que una persona infectada abandone el lugar.

El médico indicó que esta característica convierte al sarampión en una enfermedad altamente peligrosa, especialmente en comunidades con bajos niveles de vacunación.

Además, explicó que una persona contagiada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas visibles, situación que facilita aún más la propagación de la enfermedad.

“Periodo de Transmisibilidad: Un paciente transmite el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema”, señaló Umaña al referirse a las ronchas características del sarampión.

El diputado advirtió que esta condición provoca que muchas personas transmitan el virus sin saber que están enfermas, aumentando el riesgo de contagio dentro de escuelas, hogares, transporte público y otros espacios concurridos.

De acuerdo con la información brindada por el galeno, el paciente confirmado ingresó al país por la zona occidental de Honduras, aunque las autoridades sanitarias continúan desarrollando labores de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos para evitar una mayor propagación.

Umaña insistió en que el resto del territorio nacional debe mantener coberturas de vacunación con la vacuna SRP —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— por encima del 95 por ciento.

El médico también alertó sobre las complicaciones que puede provocar el sarampión, especialmente en adolescentes y adultos no inmunizados.

Entre los principales riesgos mencionó la encefalitis, una inflamación del cerebro que puede generar secuelas neurológicas graves e incluso provocar la muerte en casos severos.

Asimismo, recordó que el sarampión puede ocasionar neumonía, deshidratación severa y otras complicaciones médicas, principalmente en menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Ante este escenario, el diputado hizo un llamado directo a padres de familia para llevar a sus hijos a los centros de vacunación y verificar que cuenten con el esquema completo de inmunización.

“Las vacunas son seguras, gratuitas”, reiteró Umaña, quien además aclaró que la vacuna SRP no forma parte de la vacuna hexavalente, por lo que debe aplicarse de manera independiente dentro del calendario nacional de vacunación.

El especialista también exhortó a las personas que tienen previsto viajar fuera o dentro del país a cumplir con el esquema obligatorio de vacunación recomendado por las autoridades sanitarias.

Organismos internacionales de salud han alertado que el descenso en la cobertura de inmunización ha permitido el resurgimiento de enfermedades que anteriormente se encontraban controladas o prácticamente erradicadas en varias regiones del mundo.

En Honduras, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente mientras continúan las campañas de inmunización en centros de salud públicos.

El Banco de Leche Humana del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, Honduras, reforzó su llamado a madres lactantes para sumarse al programa de donación de leche materna, una iniciativa destinada a garantizar la alimentación de recién nacidos en condición delicada dentro de las unidades de cuidados intermedios y críticos.

La doctora Angélica Lupian, coordinadora del Banco de Leche Humana del Hospital Escuela, explicó que este recurso es fundamental para la atención neonatal, ya que permite alimentar a bebés que no pueden ser amamantados por sus madres o que requieren soporte nutricional especializado durante su hospitalización.

Según la especialista, la leche materna donada no solo cumple una función alimenticia, sino que aporta beneficios inmunológicos esenciales que fortalecen el sistema de defensa de los recién nacidos y reducen el riesgo de complicaciones en sus primeras etapas de vida.

Lupian además remarcó que la lactancia materna tiene efectos positivos en la salud de las mujeres, al contribuir a la prevención de enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, además de favorecer la recuperación física posterior al embarazo.

Adicionalmente, se suma un impacto económico importante para los hogares, ya que la leche materna es un recurso gratuito que reduce gastos familiares y representa un apoyo directo para la economía doméstica.

“Es completamente gratuita y representa beneficios tanto para la madre como para el recién nacido y para la economía del hogar”, indicó la doctora Lupian.

Beneficios para la salud materna

La coordinadora del Banco de Leche explicó que el servicio neonatal del Hospital Escuela atiende en distintos momentos a decenas de recién nacidos, con una demanda que puede rondar los 60 pacientes en algunas áreas del hospital.

Cada bebé requiere varias tomas diarias, lo que equivale aproximadamente a ocho onzas de leche materna al día (236 mililitros), dependiendo de su condición clínica y necesidades médicas.

No obstante, el centro hospitalario enfrenta un déficit constante de donantes, especialmente en casos donde las madres no producen suficiente leche o presentan condiciones médicas que impiden la lactancia directa.

Ante este panorama, la doctora Lupian hizo un llamado a mujeres con producción láctea excedente a considerar la donación como un acto solidario que puede salvar vidas.

Requisitos para ser donante

Lupian detalló que el principal requisito para participar en el programa es la voluntad de la madre de donar su leche, especialmente en casos donde existe una producción superior a la necesaria para su propio bebé.

Posteriormente, las interesadas deben acudir al cuarto piso del Hospital Escuela, en el área de puerperio donde funciona el Banco de Leche Humana, para una evaluación médica de rutina.

Este proceso permite descartar enfermedades o condiciones que representen una contraindicación para la donación, garantizando la seguridad del alimento que será administrado a los recién nacidos.

La especialista reconoció que el acceso al centro hospitalario puede representar una dificultad para algunas madres, y por ello el programa ha habilitado mecanismos de coordinación previa mediante redes sociales y canales institucionales.

El objetivo es facilitar la logística de ingreso y evitar que obstáculos de movilidad o tiempo impidan la participación de potenciales donantes.

Esperanza de vida

El Banco de Leche Humana del Hospital Escuela opera de lunes a viernes, en horario de 6:00 de la mañana a 14:00, como parte de los servicios de apoyo a la atención neonatal en el principal hospital público de Honduras.

Las autoridades reiteraron el llamado a fortalecer la cultura de donación de leche materna en el país, destacando que este tipo de iniciativas puede ser determinante para la supervivencia de recién nacidos en condición crítica.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y la primera dama, Lissette del Cid de Asfura, sostuvieron una reunión con el influencer y filántropo japonés Shin Fujiyama para explorar nuevas alianzas destinadas a impulsar la construcción y remodelación de centros educativos en distintas zonas vulnerables del país.

El encuentro estuvo enfocado en fortalecer los proyectos educativos desarrollados por la fundación One Thousand Schools, iniciativa liderada por Fujiyama y reconocida por promover la construcción y rehabilitación de escuelas en comunidades con limitadas condiciones de infraestructura.

Durante la reunión, Shin Fujiyama presentó una serie de propuestas orientadas a ampliar el alcance de los proyectos que actualmente desarrolla en Honduras, especialmente en sectores rurales y comunidades donde miles de niños enfrentan dificultades para acceder a espacios educativos dignos.

El creador de contenido destacó que la fundación ha logrado construir y rehabilitar más de un centenar de centros educativos en diferentes regiones del país, beneficiando a miles de estudiantes hondureños.

Sin embargo, explicó que actualmente enfrenta algunas limitaciones físicas tras someterse recientemente a una operación en su rodilla, situación que le ha impedido continuar realizando las maratones, carreras y retos deportivos que utilizaba para recaudar fondos destinados a la construcción de escuelas.

A pesar de ello, Fujiyama aseguró que mantiene firme su compromiso de continuar apoyando la educación hondureña y buscando nuevas formas de financiamiento para los proyectos impulsados por su fundación.

“Esperamos que esto sea una colaboración muy productiva y grande para los niños de Honduras”, expresó el filántropo tras concluir la reunión con el mandatario hondureño.

Asimismo, calificó el encuentro como positivo y agradeció la apertura mostrada tanto por el presidente Asfura como por la primera dama para trabajar conjuntamente en favor de la niñez hondureña.

Durante sus declaraciones, Shin Fujiyama reveló además que en la reunión se concretó una primera donación destinada a la construcción de un aula escolar, considerada una de las necesidades más urgentes dentro de los proyectos educativos actualmente impulsados por la fundación.

El influencer explicó que presentó personalmente la solicitud al presidente hondureño, quien autorizó de manera inmediata el apoyo económico para iniciar las obras correspondientes.

Según detalló Fujiyama, el desembolso permitirá avanzar en la construcción de nuevos espacios educativos que beneficiarán directamente a estudiantes de comunidades con históricas carencias en infraestructura escolar.

La reunión también sirvió para abordar otros programas y proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema educativo hondureño.

Durante el encuentro, el presidente Asfura compartió algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia educativa, entre ellas programas de distribución de libros escolares, kits educativos y materiales didácticos en distintos departamentos del país.

El mandatario reiteró además su interés en continuar fortaleciendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños hondureños, especialmente en zonas donde las escuelas enfrentan deterioro, falta de mobiliario y limitaciones estructurales.

La educación y la infraestructura escolar se han convertido en uno de los temas prioritarios dentro de distintos sectores sociales del país, debido a las condiciones precarias en las que operan numerosos centros educativos, principalmente en áreas rurales.

En muchas comunidades hondureñas, estudiantes reciben clases en aulas deterioradas, sin acceso adecuado a mobiliario, agua potable, energía eléctrica o materiales didácticos básicos.

Ante esta situación, el trabajo realizado por organizaciones y fundaciones como One Thousand Schools ha sido destacado por diversos sectores educativos y comunitarios, especialmente por el impacto generado en zonas vulnerables.

Shin Fujiyama se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en Honduras debido a sus proyectos humanitarios enfocados en educación, salud y apoyo comunitario.

A través de contenido difundido en redes sociales y actividades deportivas solidarias, el filántropo ha logrado recaudar fondos nacionales e internacionales para financiar la construcción y rehabilitación de escuelas en diferentes regiones del país.

Sus iniciativas también han permitido visibilizar las necesidades que enfrentan miles de estudiantes hondureños y generar apoyo de empresas, voluntarios y organizaciones internacionales.

Las investigaciones sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, continúan revelando nuevos hallazgos que incrementan las dudas sobre lo ocurrido durante el operativo policial ejecutado en la zona norte de Honduras.

De acuerdo con los primeros informes periciales, las autoridades forenses encontraron indicios que apuntan a una posible manipulación de la escena del crimen posterior al ataque armado en el que perdieron la vida los agentes policiales.

Las evidencias recolectadas por especialistas indican que el enfrentamiento más intenso se registró dentro de una de las habitaciones de la vivienda donde se desarrollaba el operativo.

Sin embargo, los peritos detectaron en los pasillos del inmueble diversas marcas y rastros compatibles con el arrastre de uno o varios cuerpos, situación que ha fortalecido la hipótesis de que los responsables del ataque permanecieron suficiente tiempo en el lugar para intervenir la escena e intentar alterar o eliminar pruebas.

“Existen claros indicios de manipulación de la escena, lo que complica la reconstrucción exacta de los acontecimientos”, señalaron fuentes cercanas al proceso investigativo.

Las autoridades consideran que estos hallazgos podrían ser claves para determinar cómo ocurrieron exactamente los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del caso.

Otro elemento que ha llamado la atención de los investigadores es que los cuerpos de los agentes no fueron encontrados en el sitio exacto donde se produjo la balacera principal.

De acuerdo con los informes preliminares, uno de los policías fue localizado a varios cientos de metros de la vivienda intervenida, mientras que los demás cuerpos aparecieron en sectores aún más alejados del lugar donde se desarrolló el enfrentamiento.

Para los investigadores, esa situación refuerza la hipótesis de que existió un traslado intencional posterior al ataque.

Los especialistas analizan actualmente si los cuerpos fueron movilizados para dificultar el trabajo de los equipos forenses y obstaculizar la reconstrucción cronológica de los hechos.

La escena permanece bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias técnicas y el levantamiento de nuevas evidencias en el sector de Corinto.

Equipos especializados de Medicina Forense, agentes de investigación y unidades de inteligencia mantienen un fuerte despliegue operativo en la zona, considerada de alta peligrosidad debido a la presencia de estructuras criminales.

Las autoridades también desarrollan análisis balísticos, inspecciones de armas y revisión de posibles rastros biológicos encontrados dentro y fuera de la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento.

Mientras avanzan las investigaciones, dos civiles que también murieron durante el incidente permanecen en la morgue del Ministerio Público a la espera de ser identificados oficialmente por sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de estas personas ni sobre el posible rol que habrían tenido durante el ataque armado.

El caso continúa bajo estricta reserva mientras las instituciones de seguridad analizan múltiples líneas de investigación relacionadas con el crimen.

La muerte de los agentes ha provocado conmoción dentro de la Policía Nacional y generado preocupación en distintos sectores del país debido a las circunstancias violentas y confusas que rodean el operativo.

En las últimas horas, las investigaciones también han revelado presuntas irregularidades relacionadas con la planificación del operativo.

Autoridades policiales confirmaron recientemente la suspensión de la cúpula de la DIPAMPCO mientras avanzan las indagaciones sobre posibles fallas en la cadena de mando y protocolos de seguridad.

Además, trascendió que la operación inicialmente estaba relacionada con labores de vigilancia vinculadas a delitos de droga en el departamento de Colón y no específicamente en Corinto, Omoa.

Asimismo, se realizan entrevistas a pobladores, análisis de comunicaciones y revisiones de cámaras de vigilancia con el objetivo de reconstruir completamente los movimientos previos y posteriores al enfrentamiento.

También ha generado preocupación sobre la capacidad operativa de los cuerpos policiales y la necesidad de fortalecer los protocolos de inteligencia y seguridad en misiones de alto riesgo.

Mientras tanto, familiares de los agentes fallecidos continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento total de uno de los ataques más violentos registrados recientemente contra miembros de la Policía Nacional de Honduras.

En medio de las investigaciones por la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la comunidad de Corinto, Omoa, Cortés, el exsubcomandante policial Edwin Euceda Barahona compareció públicamente ante instalaciones de la Policía Nacional para rechazar cualquier vínculo con la estructura criminal señalada por el ataque.

El ciudadano originario de Tocoa, Colón, aseguró que conoció sobre su supuesta relación con el caso a través de imágenes difundidas en medios de comunicación y manifestó preocupación por su seguridad personal y la de su familia.

“Soy una persona totalmente inocente. No tengo conocimiento quiénes son las personas que participaron en esa actividad”, declaró Euceda Barahona durante comparecencias brindadas a medios de comunicación.

El exfuncionario policial sostuvo que durante más de dos décadas trabajó al servicio del Estado hondureño y lamentó profundamente la muerte de los agentes policiales asesinados durante el operativo en Corinto.

“Quiero unirme al luto de las familias de estos ciudadanos de la Policía Nacional que perdieron su vida en el cumplimiento de su deber”, expresó.

La comparecencia pública del exsubcomandante ocurre mientras las autoridades hondureñas continúan ampliando las líneas de investigación relacionadas con el caso, considerado uno de los ataques más violentos registrados recientemente contra miembros de la Policía Nacional.

Euceda Barahona explicó que decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades para aclarar su situación y deslindarse públicamente de cualquier señalamiento relacionado con la estructura criminal bajo investigación.

“No tengo nada que ver, ni directa ni indirectamente, porque no he visitado ese lugar ni he tenido comunicación con las personas que supuestamente cometieron esos actos delictivos”, manifestó.

Asimismo, insistió en que jamás ha mantenido vínculos con organizaciones criminales y pidió que las investigaciones se desarrollen de forma objetiva y transparente para evitar acusaciones injustas.

Durante sus declaraciones, el exsubcomandante policial también cuestionó las imágenes y fotogramas divulgados públicamente por autoridades y medios de comunicación, señalando aparentes inconsistencias en las identificaciones presentadas.

“Veo a la misma persona con nombres y apellidos diferentes, y también personas distintas con un mismo nombre”, afirmó ante los periodistas.

Euceda Barahona aseguró además que la exposición pública de su imagen lo coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo, especialmente debido a la gravedad del caso que investiga la Policía Nacional.

“Realmente siento temor… Dios me proteja, espero no ser una estadística más por una situación en la que no tengo que ver”, expresó.

El exfuncionario también destacó que su familia ha estado históricamente ligada a actividades religiosas, deportivas y comunitarias en el departamento de Colón, rechazando cualquier señalamiento que pretenda relacionarlo con estructuras delictivas.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el operativo ejecutado en Corinto continúan revelando nuevas irregularidades dentro de la planificación policial.

La Policía Nacional confirmó en las últimas horas la suspensión de la cúpula de la Dipampco luego de detectar anomalías relacionadas con el desarrollo de la misión que terminó con la muerte de los cinco agentes.

El portavoz policial, Wilmer Mayes Ríos, explicó que la operación no contaba con autorización formal dentro de la cadena de mando y que originalmente estaba vinculada a labores de vigilancia relacionadas con delitos de droga en el departamento de Colón.

“Esta acción no iba encaminada a ejecutar esta operación en Corinto sino en otro sector del país”, declaró el funcionario policial.

Las declaraciones de Mayes Ríos han incrementado los cuestionamientos sobre cómo se desarrolló la operación y quiénes autorizaron el desplazamiento del equipo hacia el municipio de Omoa.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad, los agentes fueron superados por integrantes de una estructura criminal, posteriormente privados de libertad y asesinados.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una zona secundaria que conduce hacia Tegucigalpita, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Las autoridades identificaron a las víctimas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.

El dolor y el miedo se han apoderado de la aldea de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, luego de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado jueves, uno de los hechos violentos más sangrientos registrados recientemente en Honduras.

Entre las víctimas se encontraban Elmer Suchite, de 25 años, y Wilmer Suchite, de 23, hijos del campesino hondureño Armando Suchite, quien expresó sentirse aterrorizado por la violencia que afecta a la región del Bajo Aguán.

“Nosotros como comunidad nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón ahora es muy peligrosa”, declaró Suchite a la agencia de noticias EFE mientras sepultaba a sus hijos en el cementerio de Rigores, donde también fueron enterradas simultáneamente la mayoría de las víctimas de la matanza.

La escena en el camposanto estuvo marcada por el llanto, la desesperación y el silencio de decenas de familias que acompañaban los entierros en medio de un fuerte ambiente de temor e incertidumbre.

Los dos jóvenes asesinados eran los hijos mayores de Armando Suchite y se dedicaban a labores agrícolas y a la recolección de fruta de palma africana, actividad económica que predomina en gran parte de la región del Bajo Aguán.

El campesino, padre de diez hijos, indicó que la comunidad espera que las autoridades hondureñas asuman con responsabilidad las investigaciones y castiguen a los responsables del crimen.

“Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros”, expresó el hombre visiblemente afectado tras despedir a sus hijos.

La masacre ha vuelto a poner en evidencia la compleja situación de violencia que afecta al departamento de Colón, particularmente en el Bajo Aguán, una de las regiones agrícolas más importantes del país y escenario histórico de conflictos relacionados con tierras y producción de palma africana.

Otro vecino de la comunidad, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que actualmente en la zona “se vive con mucho miedo y temor”.

“Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra”, manifestó.

El temor entre los pobladores se mantiene debido a la presencia de grupos armados, disputas territoriales y constantes enfrentamientos relacionados con reclamos de tierras en la región.

Por su parte, el comerciante Saúl Pineda, residente en el municipio de Tocoa, señaló que el conflicto en el Bajo Aguán está directamente relacionado con invasiones de tierras y plantaciones de palma africana.

“Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana”, afirmó Pineda, quien además recordó que en esa misma zona fue asesinado el ambientalista Juan López el 14 de septiembre de 2024.

El comerciante lamentó que la violencia continúe cobrando vidas y cuestionó la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades hondureñas.

“Es un hecho muy lamentable, hay mujeres y niños que quedan huérfanos. Debemos ver estas cosas con más preocupación”, expresó.

Pineda también criticó que diferentes gobiernos han instalado mesas de diálogo y comisiones para atender la problemática agraria en el Bajo Aguán, pero aseguró que las soluciones prometidas nunca han dado resultados concretos.

“Las autoridades deben cambiar el sistema que se ha manejado anteriormente, han venido comisiones a reunirse con estas personas, pero al final no han dado frutos”, agregó.

En su opinión, el Gobierno encabezado por Nasry Asfura debe buscar apoyo de otros organismos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis de violencia y conflictos agrarios que afectan la región.

El Bajo Aguán ha sido durante décadas escenario de enfrentamientos entre campesinos organizados, empresas dedicadas al cultivo de palma africana, guardias de seguridad privada y estructuras armadas vinculadas a diferentes intereses económicos.

Los reclamos de tierras realizados por organizaciones campesinas han derivado en múltiples episodios violentos que han dejado centenares de muertos desde finales del siglo pasado.

Uno de los intentos más recientes por resolver la problemática fue impulsado durante el gobierno de Xiomara Castro, quien creó una comisión especial para atender el conflicto agrario en la zona, aunque diversos sectores consideran que los resultados fueron insuficientes.

En algunos hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán se ha denunciado la participación de guardias de seguridad privada contratados por empresas productoras de palma africana.

La muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, continúa generando conmoción nacional y nuevas interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el violento ataque armado contra los elementos policiales.

En las últimas horas, autoridades de la Policía Nacional confirmaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que los agentes habrían sido confundidos con integrantes de estructuras criminales que operan en esa zona del norte del país.

El jefe policial en San Pedro Sula, Eduardo Lanza, y el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), César Ruiz, informaron que los primeros análisis de inteligencia sugieren que los atacantes identificaron erróneamente a los uniformados como supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización criminal que mantiene intentos de expansión en distintos sectores de Cortés.

Según explicaron las autoridades, en Corinto operan varias estructuras delictivas que mantienen disputas territoriales y actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y otros delitos, situación que habría provocado la confusión durante el desarrollo del operativo.

Las investigaciones preliminares indican que los agentes se desplazaban en una zona considerada altamente conflictiva, donde grupos criminales permanecen en constante alerta ante posibles incursiones de bandas rivales o fuerzas de seguridad.

No obstante, las autoridades también manejan una segunda hipótesis basada en testimonios brindados por pobladores del sector, quienes señalaron que el ataque podría haber sido producto de una estrategia deliberada ejecutada por otros grupos criminales.

De acuerdo con esa versión, las estructuras delictivas habrían utilizado información falsa o mecanismos de engaño para hacer creer a los atacantes que los agentes policiales pertenecían a organizaciones rivales, desencadenando así el enfrentamiento armado.

La situación ha despertado preocupación dentro y fuera de la institución policial debido a las múltiples inconsistencias que rodean el caso y a las dudas sobre la planificación del operativo ejecutado en Corinto.

En medio de las investigaciones también salió a la luz información relacionada con documentos oficiales de la Policía Nacional que reflejarían un destino distinto para la misión asignada a los agentes fallecidos.

De acuerdo con reportes conocidos públicamente, el libro de novedades policial registró que el equipo de la DIPAMPCO tenía como destino el departamento de Colón y no el municipio de Omoa, donde finalmente ocurrió el ataque.

El documento establece que el subcomisario Lester Amador salió junto a un grupo de agentes para cumplir con la misión de trabajo identificada como “018-2026”, relacionada con labores de vigilancia vinculadas a un supuesto caso de drogas.

Esa revelación ha generado nuevas interrogantes sobre cómo y por qué los agentes terminaron desplazándose hacia Corinto, así como sobre las decisiones tomadas dentro de la cadena de mando antes de la operación.

Ante este escenario, el defensor de derechos humanos Andrés Pavón exigió que el caso sea investigado de forma “objetiva, transparente y a profundidad”, debido a la gravedad de los hechos y las dudas que persisten alrededor del operativo.

Pavón manifestó que el Ministerio Público debe actuar de oficio y garantizar una investigación independiente que permita esclarecer completamente lo sucedido.

Asimismo, advirtió que no se puede permitir que la muerte de los agentes quede en la impunidad, especialmente cuando han surgido señalamientos sobre posibles irregularidades operativas y fallas en los protocolos de seguridad.

Por su parte, el abogado César Bonilla expresó solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que Honduras enfrenta una “débil estrategia de seguridad” frente al avance de la violencia y el crimen organizado.

Bonilla sostuvo que este caso evidencia problemas estructurales dentro de las instituciones de seguridad, particularmente en temas relacionados con inteligencia, planificación operativa y supervisión interna.

También señaló la necesidad de desarrollar investigaciones internas y externas para determinar si existieron negligencias o errores que pusieron en riesgo la vida de los agentes durante la misión.

El profesional del derecho cuestionó además la falta de autoridades permanentes dentro de la DIPAMPCO en los últimos años, indicando que esa situación limita la capacidad investigativa y operativa de la institución.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió en Tegucigalpa con el creador de contenido japonés Shin Fujiyama y le prometió apoyo institucional para proyectos educativos. Según relató el propio Fujiyama, el mandatario escuchó la propuesta de impulsar un sistema de donaciones “lempira por lempira” para la construcción de escuelas, aunque reconoció que la situación económica nacional genera dificultades para asumir ese compromiso de inmediato.

De acuerdo con el testimonio difundido por Fujiyama, la iniciativa planteada consiste en que por cada lempira que la sociedad civil o la fundación recaude para levantar escuelas, el gobierno iguale el aporte con fondos públicos. El japonés explicó que “matching donation” es una fórmula que motiva la colaboración colectiva, amplificando el impacto social y facilitando la meta de edificar hasta mil escuelas en el país.

El propio presidente Asfura admitió que la coyuntura económica y los efectos de la crisis internacional limitan la capacidad de respuesta del Estado ante propuestas de gran escala, aunque se comprometió a analizar la viabilidad de la medida. Según lo expuesto por Fujiyama, la respuesta del gobierno fue cautelosa, sin una decisión definitiva.

No obstante, el Ejecutivo transfirió recursos para la construcción de un aula educativa y ofreció dotar con pupitres y pizarras a varios centros escolares, según confirmó el impulsor japonés tras la reunión. “La transferencia de esa donación ya fue realizada a las cuentas de la fundación”, expresó Fujiyama al informar sobre el resultado del encuentro con el mandatario y la primera dama de Honduras.

La propuesta de apoyo “lempira por lempira” quedó en evaluación, mientras la colaboración entre el sector público y las iniciativas ciudadanas mantiene abierta la expectativa sobre una eventual expansión del programa de construcción de escuelas.

Shin Fujiyama impulsa la construcción de escuelas rurales en Honduras

El activista japonés Shin Fujiyama ha consolidado en los últimos años un ambicioso proyecto enfocado en la construcción de 1.000 escuelas en zonas rurales de Honduras, como estrategia para combatir la pobreza y el abandono estatal en el sistema educativo. La iniciativa, según informó Infobae, ha generado un impacto significativo en comunidades históricamente excluidas, donde el acceso a la educación y a servicios básicos es limitado.

La organización Students Helping Honduras (SHH), fundada por Fujiyama junto a su hermana Cosmo Fujiyama, se ha convertido en un referente para la promoción de oportunidades educativas en el país centroamericano. Desde su creación, la entidad ha logrado edificar e inaugurar más de 113 escuelas, muchas de ellas ubicadas en áreas montañosas sin acceso a electricidad. De acuerdo con Infobae, esta labor ha sido posible gracias al trabajo voluntario y al apoyo de donantes internacionales.

El proyecto de Shin Fujiyama no solo ha transformado la infraestructura educativa. La creación de Villa Soleada, una comunidad y aldea infantil impulsada por el activista, permite acoger y proteger a decenas de niños en situación de vulnerabilidad. Este espacio busca ofrecer un entorno seguro y estable para el desarrollo integral de los menores, según detalla Infobae.

En los últimos meses, los esfuerzos de Fujiyama han trascendido el ámbito de las redes sociales y han llamado la atención de autoridades nacionales. El activista sostuvo reuniones con funcionarios de Casa Presidencial, incluido el expresidente Nasry Asfura, a quienes presentó los avances y desafíos de su plan educativo. Infobae señala que este acercamiento institucional ha abierto nuevas vías de colaboración para el crecimiento del proyecto.

El silencio que hoy habita en el asentamiento campesino de Rigores no es el de la paz del campo, sino el del desconsuelo absoluto. El día de ayer, 22 de mayo, más de diez ataúdes bajaron a la tierra, cobijados por los gritos desgarradores de madres, padres e hijos, la comunidad intenta asimilar una realidad que parece una pesadilla. Nunca, en sus muchas décadas de historia y lucha agraria, este pedazo de tierra hondureña había sido escenario de una crueldad tan desmedida.

Entre el humo del café amargo y el polvo de los caminos, la figura encorvada de Don Brígido García, de 76 años, se alza como el reflejo vivo de una tragedia que ha despedazado el tejido de su familia. Él es un roble cansado, un hombre de manos labriegas que ha visto transcurrir la vida entera en este asentamiento, pero cuya fortaleza hoy se quiebra al mirar el espacio vacío que dejaron sus seres queridos.

“Hasta hoy que estamos viendo esto... yo nunca lo había pensado que esto iba a haber”, murmura Don Brígido, con una voz que arrastra el peso de los años y de un luto imprevisto. La masacre cometida el día jueves 21 de mayo, le arrebató, de un solo golpe, a sus tres yernos y a un nieto. Hombres jóvenes, trabajadores, cuya única falta fue salir a la jornada diaria para ganarse el pan.

Entre las víctimas se encontraba Santos Trinidad, de apenas 44 años, un hombre en la plenitud de su vida laboral, y su nieto, un joven de tan solo 18 años que representaba el futuro y la esperanza del hogar.

La tragedia adquiere un matiz aún más desgarrador al mirar hacia abajo, hacia los rostros de los más pequeños. La violencia criminal ha dejado una estela de orfandad que asfixia el futuro de la comunidad. Esos niños, cuyos padres ya no volverán a cruzar la puerta después del trabajo, quedan ahora al cuidado de abuelos ancianos, personas de la tercera edad que, como Don Brígido, ya no cuentan con las fuerzas físicas para asumir la titánica tarea de la crianza y el sustento agrícola.

Un grito urgente de auxilio y justicia

Hoy, Don Brígido y las familias de Rigores se declaran en el desamparo más absoluto. La urgencia no es solo de carácter legal, sino profundamente humanitaria. El llamado de este anciano es un eco que debe sacudir las conciencias de las autoridades y de cualquier mano altruista que esté dispuesta a escuchar.

Las víctimas de esta barbarie no eran criminales ni personas en busca de conflictos; eran campesinos, hombres y jóvenes cuya rutina empezaba antes del amanecer con las manos en la tierra. Eran el motor económico de sus hogares y los protectores de una nueva generación que hoy se queda sin rumbo.

Tras los ataúdes, las sospechas de la comunidad apuntan a una realidad histórica y sangrienta en la región: fuertes indicios señalan que este ataque armado podría estar directamente vinculado a las disputas y conflictos por la tenencia de la tierra, un flagelo que por años ha convertido a los asentamientos campesinos en blancos de estructuras violentas que buscan despojarlos de sus parcelas.

Finalmente, la comunidad exige que las autoridades de investigación actúen de manera ardua, transparente y contundente, sin desestimar la hipótesis del conflicto agrario.

La comunidad de Rigores exige saber quiénes y por qué apagaron esas vidas, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de justicia que devuelva un ápice de dignidad a sus muertos y seguridad a los que sobrevivieron. Mientras tanto, Don Brígido camina despacio, llevando a cuestas el peso de un pueblo herido que se niega a morir de olvido.

Un operativo de rutina de la Policía Nacional de Honduras en la colonia Ebenezer, sector Chamelecón de San Pedro Sula, terminó en tragedia tras un ataque armado que resultó en la muerte del agente Brian Fernando Parada Figueroa y lesiones graves a la policía Tiffany Johany Brevé Licona. El hecho, registrado la noche del viernes, fue confirmado tanto por autoridades policiales como por reportes de prensa, entre ellos el portal Proceso Digital y el noticiero Hoy Mismo.

El comisionado Eduardo Lanza explicó que los agentes fueron emboscados por miembros de la pandilla dieciocho, quienes, según investigaciones preliminares, dispararon por la espalda a los uniformados cuando patrullaban una de las calles de la zona. “Nuestros funcionarios policiales fueron atacados de manera cobarde. Las estructuras criminales atemorizan a la población y actúan sin temor contra la autoridad”, declaró Lanza en para el noticiero Hoy Mismo.

La balacera generó pánico entre residentes y periodistas que cubrían la noticia en el lugar. El comunicador Orlin Castro relató que, durante la transmisión, se escucharon múltiples detonaciones producto del intercambio de disparos. Ambulancias trasladaron a los lesionados a un centro asistencial, mientras equipos de seguridad mantenían operativos en el sector, según información difundida por Proceso Digital.

Las autoridades desplegaron de inmediato operativos de saturación en Chamelecón y zonas aledañas para dar con los responsables. “Ya tenemos mapeada la zona y estamos tratando de aprovechar la flagrancia para capturar a este tipo de delincuentes. Esto no puede quedar impune”, afirmó. El funcionario añadió que se capturaron cuatro presuntos pandilleros, tres por extorsión y uno por asesinato, en áreas como La Pradera, La Planeta y Rivera Hernández, todas ubicadas en el Valle de Sula.

El ataque se suma a una semana marcada por la violencia en Honduras. La Policía Nacional atraviesa momentos de duelo tras la reciente masacre en Corinto, zona fronteriza de Cortés, donde cinco agentes murieron durante un fallido operativo. De acuerdo con los reportes, la llegada de los féretros de los uniformados asesinados estuvo marcada por escenas de consternación y dolor entre familiares, compañeros y amigos de la institución policial.

Medios como HCH informaron que, durante el operativo, los agentes tenían como objetivo la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales, que operaban en la región fronteriza con Guatemala. Los policías, según el medio, partieron originalmente rumbo al departamento de Colón; sin embargo, terminaron desplazándose hasta Omoa, donde se registró el ataque.

El mismo día del asesinato de los policías, se registró un segundo hecho violento en Trujillo donde se reportaron 20 personas fallecidas, quienes trabajaban en una finca de palma africana. Preliminarmente se informó que el homicidio de estas personas se vincula con estructuras criminales que buscan poseer las tierras de la comunidad. Actualmente las autoridades continúan realizando las investigaciones.

En el episodio de Chamelecón, la policía hondureña no ha emitido aún un posicionamiento oficial más allá de la intensificación de los operativos en el norte del país.

El comisionado Lanza insistió en que la muerte de Brian Fernando Parada Figueroa “no va a quedar en la impunidad”. “El esmero de nuestros funcionarios policiales está destinado para ello. No se pueden levantar contra la autoridad y al día siguiente ir a desayunar tranquilos. Eso no va a pasar aquí en San Pedro Sula”, subrayó el oficial durante la entrevista con Hoy Mismo.

La situación de seguridad en la región de Chamelecón se mantiene tensa. Las fuerzas policiales continúan operativos en busca de los responsables materiales del ataque, mientras la sociedad hondureña observa con preocupación el aumento de la violencia que afecta tanto a la población civil como a los cuerpos de seguridad.

Las investigaciones forenses sobre la masacre de agentes de la DIPAMPCO en Corinto, Cortés, continúan revelando detalles estremecedores sobre el nivel de violencia con el que fueron asesinados los policías durante el operativo fallido ejecutado en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Autoridades de Medicina Forense confirmaron este viernes que uno de los cuerpos examinados presentaba al menos 50 impactos de bala, mientras que otro ingresó completamente desmembrado, decapitado y parcialmente quemado, complicando incluso el proceso de identificación.

Los hallazgos han generado conmoción nacional y profundizado la crisis dentro de los organismos de seguridad hondureños tras la muerte de los cinco agentes policiales.

Medicina Forense revela brutalidad del crimen

Los cuerpos de los policías asesinados permanecen en la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula, donde especialistas continúan realizando autopsias y procesos científicos de identificación.

De acuerdo con personal forense, uno de los cadáveres examinados reflejaba un nivel extremo de violencia.

“Se logró hacer la autopsia a uno de los cadáveres y se informa que presentaba al menos 50 impactos de bala”, indicaron las autoridades.

Además, Medicina Forense confirmó que entre los siete cuerpos ingresados a la morgue había uno que preliminarmente correspondería a un agente policial que llegó en condiciones particularmente violentas.

“Este ingresó desmembrado, decapitado y quemado. Va a ser un poco difícil su identificación”, detallaron especialistas forenses.

Debido al estado de los restos, las autoridades informaron que trabajan utilizando huellas dactilares y análisis científicos especializados para confirmar plenamente la identidad de todas las víctimas.

Las investigaciones preliminares indican que los cadáveres fueron hallados en una zona montañosa de Omoa, Cortés, a la orilla de una calle en un sector boscoso cercano a Corinto.

Según reportes oficiales, los cuerpos estaban apilados unos sobre otros, una escena que las autoridades describieron como una de las más violentas registradas recientemente contra agentes policiales en Honduras.

La Secretaría de Seguridad confirmó el hallazgo la noche del jueves, luego de que los uniformados fueran reportados como desaparecidos durante un operativo antidrogas en la frontera con Guatemala.

Las víctimas pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Operativo terminó en tragedia

De acuerdo con las investigaciones, los agentes ingresaron a una vivienda en Corinto como parte de una operación de alto impacto contra una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

Sin embargo, los uniformados fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados que custodiaban al principal objetivo de la operación.

Las autoridades sostienen que los policías fueron superados numéricamente, sometidos y posteriormente privados de libertad por integrantes del grupo criminal.

Horas después, los trasladaron hacia una zona montañosa donde finalmente fueron ejecutados.

Los agentes fallecidos fueron identificados como:

• Lester Josué Amador Herrera
• Leonel Alejandro Valdez Núñez
• Dailin Francisco Elvir Quintanilla
• Nels Makley Eguigure Benavídez
• Emerson Josué Canales Fúnez

El caso provocó una fuerte reacción dentro del Gobierno hondureño y derivó en la suspensión del alto mando de la DIPAMPCO, así como en una intervención administrativa y operativa de la unidad policial.

Honduras intensifica operativos e investigaciones

Tras la masacre, cientos de policías y militares fueron desplegados en Corinto y sectores fronterizos de Omoa para continuar las labores de búsqueda de los responsables.

Las autoridades hondureñas también mantienen coordinación con Guatemala debido a sospechas de que varios integrantes de la estructura criminal escaparon hacia territorio guatemalteco.

Además, Honduras activó una notificación azul de Interpol contra presuntos miembros de la banda criminal “Los Argueta”, vinculada preliminarmente al ataque.

Las investigaciones también apuntan a posibles conexiones entre la estructura criminal y grupos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras avanzan las autopsias y análisis científicos, la Policía Nacional permanece en duelo por uno de los ataques más sangrientos registrados recientemente contra cuerpos de seguridad en Honduras.

La Policía Nacional de Honduras despidió este viernes a 4 de los 5 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) cuyas vidas terminaron en una masacre ocurrida el jueves en la zona de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, según informó el medio HCH. La escena, marcada por el silencio y el dolor, reunió a familiares, compañeros y altos mandos que rindieron homenaje a quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailyn Francisco Elvir Quintanilla, Josué Amador Herrera (subcomisario) y Emerson Josué Canales Funes, fueron recordados tanto por sus compañeros como sus familiares, quienes no pudieron contener las lágrimas.

Por su parte, de acuerdo con Televicentro Noticias, el agente Nils Macklin Eguigure Benavides continúa en la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula, sujeto a exámenes forenses especiales debido a las severas lesiones que sufrió. Según los últimos reportes, su cuerpo presentó desmembramiento, quemaduras y señales de extrema violencia, lo que llevó a las autoridades a intensificar las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

Los cinco integrantes de la DIPAMPCO murieron durante una acción policial en Corinto, al norte de Honduras, al intentar ejecutar una operación contra estructuras criminales.

Testimonios recogido por HCH y confirmados por otros medios locales indican que el operativo en el que fallecieron los agentes tenía como objetivo la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en la región fronteriza con Guatemala. En el caso de los agentes caídos, la misión habría partido originalmente hacia el departamento de Colón, pero el grupo terminó desplazándose hasta Omoa, donde se desencadenó el enfrentamiento.

Dolor y homenaje en la despedida a los agentes caídos

La sede central de la DIPAMPCO, ubicada en Tegucigalpa, fue escenario de escenas de dolor. Los féretros alineados, cada uno identificado con una fotografía de los agentes en vida, ocuparon el centro del salón. Las imágenes, cuidadosamente colocadas sobre los ataúdes, permitieron a familiares y compañeros reconocer y honrar a quienes perdieron la vida en el operativo de Corinto.

Miembros de la DIPAMPCO, visiblemente afectados, permanecieron de pie junto a los féretros, mostrando respeto y solidaridad en uno de los momentos más difíciles que ha atravesado la institución en los últimos años. Las lágrimas de los presentes reflejaron el impacto de la pérdida y la cercanía que existía entre los agentes caídos y sus compañeros.

En medio del acto, se realizó una misa de despedida. Un sacerdote ofreció oraciones por el descanso de los policías, pidiendo consuelo para las familias y fortaleza para el cuerpo policial.

Honduras conmocionada ante la tragedia

El impacto del crimen no solo afectó a la institución policial. La noticia provocó una oleada de consternación en la sociedad hondureña. Diversos sectores manifestaron su pesar y exigieron justicia ante la violencia que cobró la vida de los cinco policías.

Las autoridades hondureñas, reiteraron el compromiso de proseguir con las investigaciones y fortalecer la presencia policial en la zona norte, donde la actividad criminal continúa representando un desafío para la seguridad nacional.

La Secretaría de Seguridad anunció la suspensión de altos mandos de la DIPAMPCO mientras avanza la investigación, con el objetivo de determinar las responsabilidades y esclarecer los motivos que llevaron a los agentes a ingresar en una zona de alto riesgo sin el respaldo de los protocolos institucionales.

El país mantiene el luto y la vigilancia, mientras las familias de los agentes caídos reciben el apoyo de la comunidad y del cuerpo policial.

La tragedia y el luto envolvieron este viernes a la Policía Nacional de Honduras tras el retiro de los cuerpos de cuatro de los cinco agentes asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes fallecieron durante un operativo ejecutado en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Los agentes perdieron la vida el jueves mientras desarrollaban acciones contra presuntas estructuras criminales que operan en la zona norte del país, una región que históricamente ha sido considerada estratégica para grupos ligados al narcotráfico, extorsión y otras actividades ilícitas.

Las víctimas retiradas de la morgue de San Pedro Sula fueron identificadas como Leonel Valdez, Dailin Elvir, Josué Amador y Emerson Canales, cuyos cuerpos fueron entregados a familiares y trasladados posteriormente hacia sus lugares de origen para los actos fúnebres correspondientes.

Sin embargo, el caso del quinto agente, identificado como Nels Eguigure, continúa bajo un proceso forense especial debido a las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo.

Según la información preliminar brindada por las autoridades y personal relacionado con el proceso de identificación, el cadáver habría quedado desmembrado y calcinado tras el enfrentamiento armado registrado durante el operativo.

Debido al avanzado estado de descomposición y los severos daños ocasionados a los cuerpos, personal de la funeraria encargada de los traslados recomendó a los familiares realizar los velatorios utilizando ataúdes sellados y colocar fotografías de los agentes sobre los féretros para facilitar las ceremonias de despedida.

La escena vivida en las afueras de la morgue sampedrana estuvo marcada por el dolor de familiares, amigos y compañeros de armas, quienes entre lágrimas esperaban la entrega de los cuerpos para iniciar el recorrido hacia las comunidades donde serán sepultados.

Compañeros de la institución policial manifestaron su pesar por la pérdida de los agentes, destacando que murieron en cumplimiento del deber mientras participaban en una operación considerada de alto riesgo.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han emitido un informe oficial detallado sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos.

No obstante, trascendió que el operativo tenía como objetivo ejecutar acciones de combate contra organizaciones delictivas que mantienen presencia en sectores de Cortés y zonas fronterizas del país.

La muerte de los agentes ha generado múltiples reacciones de consternación tanto dentro como fuera de la institución policial, especialmente por la violencia con la que se registró el ataque.

Sectores de la sociedad hondureña también han expresado preocupación por el nivel de peligrosidad que enfrentan los cuerpos de seguridad en operativos contra estructuras criminales fuertemente armadas.

En redes sociales, ciudadanos, miembros de la Policía Nacional y familiares de otros agentes caídos en cumplimiento del deber publicaron mensajes de solidaridad y condolencias dirigidos a las familias de las víctimas, resaltando el sacrificio realizado por los uniformados.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en Corinto, Omoa, y determinar las responsabilidades correspondientes en torno a la muerte de los agentes de la DIPAMPCO.

Asimismo, indicaron que se reforzarán las operaciones en la zona norte del país como parte de las estrategias de combate al crimen organizado y estructuras vinculadas a actividades ilícitas.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado es una de las unidades élite de la Policía Nacional encargadas de ejecutar operaciones contra grupos criminales dedicados a delitos como extorsión, sicariato, tráfico de drogas y asociación ilícita.

De acuerdo con información publicada por el diario Diario La Prensa, el libro de novedades de la Policía Nacional establece que el equipo policial tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, Cortés, donde finalmente ocurrió el enfrentamiento que dejó a los cinco agentes fallecidos.

Según el reporte, el subcomisario Lester Amador salió junto a un grupo de agentes de la DIPAMPCO para cumplir con la misión de trabajo identificada como “018-2026”. En el documento se detalla que la salida se registró a las 10:20 de la noche con dirección hacia el departamento de Colón.

Asimismo, el documento oficial de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional señala que la “misión general” asignada al equipo correspondía al departamento de Colón, mientras que la “misión particular” estaba enfocada en labores de vigilancia relacionadas con un supuesto caso vinculado al delito de drogas.

La información ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que los agentes terminaron en la comunidad de Corinto, Omoa, donde se produjo el ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han brindado una explicación oficial sobre ese cambio de ubicación ni sobre el desarrollo exacto del operativo.

El entierro simultáneo de 20 campesinos asesinados en la comunidad de Rigores, Trujillo, volvió a exponer el profundo clima de miedo, violencia y conflicto agrario que durante décadas ha marcado al Bajo Aguán, una de las regiones más conflictivas de Honduras.

Entre llantos, escenas desgarradoras y reclamos de justicia, familiares y vecinos despidieron este viernes a la mayoría de las víctimas de una de las masacres más sangrientas registradas recientemente en el Caribe hondureño.

La tragedia no solo dejó a decenas de familias devastadas, sino que también reavivó el temor en comunidades campesinas que durante años han vivido bajo tensión debido a disputas por tierras, narcotráfico y presencia de grupos armados.

La mayoría de las víctimas fueron sepultadas entre las 7:00 y 8:00 de la mañana en el cementerio de Rigores, en medio de escenas de profundo dolor.

Hombres, mujeres y niños llegaron al camposanto para despedir a sus familiares mientras el llanto se escuchaba en distintos puntos de la comunidad.

“Yo quiero a mi abuelo”, gritaba desconsolada una niña mientras observaba el entierro de una de las víctimas.

Uno de los momentos más dolorosos ocurrió cuando tres hermanas fueron sepultadas juntas en una misma fosa, mientras que los hermanos Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, también fueron enterrados simultáneamente.

Los habitantes de Rigores describen la masacre como una de las peores tragedias ocurridas en la región del Aguán en las últimas décadas.

Tras la masacre, el temor volvió a apoderarse de los pobladores de la zona.

Muchos habitantes prefieren no hablar públicamente por miedo a represalias, mientras otros exigen anonimato para brindar testimonios sobre lo ocurrido.

Familiares de las víctimas aseguran que desconocen quiénes ejecutaron el ataque, pero reclaman que las autoridades actúen de inmediato para identificar y castigar a los responsables.

“Le corresponde al Gobierno y sus autoridades esclarecer este crimen y que se castigue con fuerza a sus autores”, expresó un familiar de una de las víctimas.

En la comunidad también circulan relatos estremecedores de sobrevivientes que escaparon por segundos de la escena del crimen.

El padre y el hermano de tres hermanas asesinadas lograron huir tras presenciar el ataque armado, según testimonios recopilados en la zona.

La región del Bajo Aguán es considerada una de las zonas agrícolas más importantes de Honduras debido a sus tierras fértiles utilizadas para cultivos de palma africana, maíz, frijoles y otros productos.

Sin embargo, también es uno de los territorios más violentos del país debido a un conflicto agrario que ha dejado más de 200 muertos durante las últimas décadas.

La disputa enfrenta históricamente a campesinos y terratenientes por el control de tierras reclamadas por comunidades agrícolas desde las décadas de 1970 y 1980.

Pobladores sostienen que muchas familias campesinas reclaman derechos históricos sobre terrenos que posteriormente fueron vendidos y quedaron bajo control privado.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales denuncian que el conflicto se agravó con la presencia del narcotráfico y grupos criminales que operan en la región.

Aunque la Policía Nacional comenzó a desplegarse en la zona tras la masacre, muchos habitantes recuerdan con escepticismo que anteriores intervenciones militares no lograron detener la violencia.

Durante el gobierno de Xiomara Castro se creó una comisión especial para buscar una solución al conflicto agrario del Aguán, pero la problemática continuó sin resolverse.

Algunos pobladores denuncian además una supuesta alianza entre sectores políticos, estructuras criminales y terratenientes para mantener el control sobre las tierras más productivas de la región.

Mientras tanto, Rigores permanece sumida en el luto y el miedo tras una masacre que volvió a recordar que el conflicto en el Aguán sigue siendo una herida abierta en Honduras.

El nombre de Heber Argueta pasó de moverse en silencio dentro de informes de inteligencia a convertirse en uno de los más buscados en Honduras tras el fallido operativo en Corinto, Omoa, donde cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante una emboscada atribuida a estructuras del narcotráfico.

Las autoridades hondureñas sostienen que Argueta sería un operador criminal con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de América Latina.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza luego de que la Secretaría de Seguridad confirmara que el operativo ejecutado en Corinto tenía como principal objetivo ubicarlo y capturarlo.

Sin embargo, la misión terminó en tragedia y abrió nuevas alarmas sobre la presencia de redes criminales transnacionales en Honduras.

El hombre al que buscaban en Corinto

Según reportes policiales, el operativo desarrollado en la frontera entre Honduras y Guatemala se enfocaba directamente en Heber Argueta, considerado un objetivo de alto interés por organismos de inteligencia.

La Policía Nacional sospecha que Argueta tendría participación en actividades relacionadas con tráfico de drogas, movilización de armas y operaciones logísticas dentro del corredor atlántico hondureño.

Las investigaciones indican que la estructura criminal vinculada a Argueta operaría en sectores de Colón, Atlántida y Cortés, zonas utilizadas históricamente por organizaciones del narcotráfico debido a sus rutas marítimas y fronterizas.

El comisionado policial Wilmer Mayer Ríos confirmó que parte de las armas encontradas durante las investigaciones estarían relacionadas con estructuras criminales vinculadas a “El Mencho”, líder del CJNG.

Inteligencia lo describe como “violento y calculador”

Fuentes ligadas a inteligencia policial describen a Heber Argueta como un operador distinto a otros líderes criminales que han surgido en el norte de Honduras.

Lo perfilan como un hombre estratégico, reservado y con capacidad para movilizar grupos armados en zonas rurales y montañosas del país.

“Es violento, calculador y de sangre fría”, aseguró una fuente vinculada a las investigaciones.

En comunidades cercanas a Corinto, habitantes aseguran que el nombre de Argueta genera temor debido al poder armado que tendría su estructura criminal.

“Cuando pasa se sabe. Van caravanas armadas. La gente se encierra”, relató un poblador bajo condición de anonimato.

Las autoridades sospechan además que el grupo cuenta con armamento de alto poder, apoyo logístico y rutas de escape previamente definidas entre Honduras y Guatemala.

Supuestos vínculos con el CJNG

La principal preocupación de las autoridades hondureñas gira alrededor de los presuntos nexos de Argueta con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal mexicano, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es señalado internacionalmente por actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y expansión de estructuras criminales en distintos países de América Latina.

Organismos de inteligencia sostienen que operadores vinculados al CJNG habrían encontrado en Honduras una plataforma estratégica para mover droga, dinero y armamento aprovechando las rutas del Caribe hondureño.

La posible conexión de Heber Argueta con esa estructura elevó las alertas dentro de la Policía Nacional y organismos de seguridad.

El operativo que terminó en tragedia

El operativo en Corinto pretendía capturar a Argueta en una zona donde supuestamente mantenía operaciones y protección armada. Sin embargo, algo salió mal durante la misión.

Los cinco agentes de la DIPAMPCO desaparecieron tras ingresar a la vivienda y horas después fueron encontrados muertos en una zona montañosa de Omoa.

Las autoridades revelaron posteriormente que los cuerpos presentaban impactos de bala, señales de tortura, mutilaciones y quemaduras.

Las víctimas fueron identificadas como:

• Lester Josué Amador Herrera
• Leonel Alejandro Valdez Núñez
• Dailin Francisco Elvir Quintanilla
• Nels Makley Eguigure Benavídez
• Emerson Josué Canales Fúnez

Informes preliminares indican que Heber Argueta habría resultado herido durante el enfrentamiento, aunque logró escapar.

Mientras tanto, Honduras mantiene operativos activos, coordinación con Guatemala y alertas internacionales de Interpol para localizar a integrantes

Las autoridades hondureñas activaron este viernes una notificación azul de Interpol para ubicar a los presuntos responsables de la masacre en la que murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

La Policía Nacional informó que al menos 13 supuestos integrantes de la banda criminal “Los Argueta” fueron incorporados al sistema internacional de búsqueda luego del violento enfrentamiento registrado en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

La medida fue adoptada apenas un día después del ataque armado que dejó consternación en el país y provocó uno de los mayores despliegues de seguridad de los últimos meses en la región norte de Honduras.

De acuerdo con Interpol, una notificación azul tiene como propósito recopilar información sobre personas sospechosas de participar en delitos, incluyendo datos relacionados con su identidad, ubicación, movimientos y posibles conexiones criminales.

Además, este tipo de alertas permite fortalecer la cooperación internacional entre cuerpos de seguridad y facilita el intercambio de información en investigaciones transnacionales.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, confirmó que los cinco agentes asesinados fueron encontrados horas después del enfrentamiento en una zona montañosa de Omoa, luego de haber sido sometidos y privados de libertad por miembros del grupo criminal.

“Se ha confirmado el hallazgo de los cinco cuerpos de nuestros compañeros asignados a Dipampco”, declaró Barahona durante una comparecencia ante medios de comunicación en Tegucigalpa.

Según el informe preliminar, los agentes participaban en una operación orientada a capturar a un supuesto integrante de una estructura vinculada al narcotráfico que opera en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Las investigaciones señalan que los uniformados fueron atacados por hombres fuertemente armados en el sector de Corinto, una zona históricamente utilizada por organizaciones criminales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Tras el enfrentamiento, equipos especiales ingresaron al área montañosa para localizar a los agentes desaparecidos. Horas más tarde, las autoridades encontraron los cuerpos en distintos puntos del sector.

El crimen generó una fuerte reacción dentro de las instituciones de seguridad hondureñas y provocó el inicio de operaciones coordinadas con autoridades guatemaltecas para localizar a otros sospechosos que habrían escapado hacia territorio vecino.

En medio de las investigaciones, las autoridades también confirmaron la captura en Guatemala de dos hondureños heridos identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes presuntamente tendrían vínculos con la estructura criminal investigada.

Ambos fueron ubicados bajo custodia policial en un hospital de Puerto Barrios, Izabal, luego de ingresar con heridas de bala tras los hechos violentos registrados en Corinto.

La masacre contra los agentes de la DIPAMPCO ocurrió en una jornada marcada por múltiples hechos violentos en Honduras.

Ese mismo día, el Ministerio Público confirmó otra masacre registrada en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, donde hombres armados asesinaron al menos a 19 personas en una finca de palma africana.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, explicó que los equipos forenses encontraron inicialmente 13 cuerpos y posteriormente localizaron otros seis cadáveres en distintos sectores de la zona.

La región del Bajo Aguán, donde ocurrió la matanza en Colón, ha permanecido durante décadas bajo tensión debido a conflictos agrarios, presencia de grupos criminales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades hondureñas aseguran que la infiltración de organizaciones delictivas en distintas regiones del país ha complicado los esfuerzos para reducir la violencia.

Mientras tanto, los operativos policiales y militares continúan activos tanto en Corinto como en Colón con el objetivo de ubicar a más sospechosos y evitar nuevas acciones armadas.

Las autoridades hondureñas confirmaron este viernes la captura de dos sospechosos vinculados a la masacre que cobró la vida de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO)en el sector fronterizo de Corinto, Cortés, uno de los hechos más violentos registrados recientemente contra cuerpos de seguridad en Honduras.

El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, informó que los detenidos fueron identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes fueron encontrados heridos y bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro, en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.

Según las investigaciones preliminares, ambos individuos serían integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y liderada presuntamente por Ever Noé Argueta Zavala, considerado por las autoridades como el principal objetivo de los operativos ejecutados en la zona donde ocurrió la emboscada contra los agentes policiales.

Mayes Ríos explicó que la captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre equipos de investigación de Honduras y Guatemala, luego de que se obtuviera información sobre la presencia de sospechosos heridos que habrían cruzado la frontera tras el enfrentamiento armado registrado en Corinto.

“Se realizaron acciones conjuntas con autoridades guatemaltecas para ubicar y asegurar a estas personas mientras continúan las investigaciones”, detalló el portavoz policial.

Las autoridades guatemaltecas confirmaron que los dos hondureños ingresaron con heridas de bala al centro asistencial de Izabal y posteriormente quedaron bajo custodia policial mientras se verificaba si tenían relación con el hecho violento ocurrido en territorio hondureño.

Además de las capturas, la Policía Nacional confirmó el hallazgo de otros dos presuntos integrantes de la estructura criminal identificados como Nahum Ventura Rivera y Oseas Eduardo Rivera Sabillón, quienes ya habían fallecido y eran velados en el sector de Omoa.

Tras recibir información de inteligencia, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar del velorio para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue de San Pedro Sula, donde continúan los procedimientos forenses correspondientes.

Con estas nuevas muertes, el número de fallecidos relacionados con el enfrentamiento armado en Corinto asciende preliminarmente a siete personas, incluyendo los cinco agentes policiales asesinados durante la operación.

La masacre ocurrió durante un operativo ejecutado por agentes de la DIPAMPCO contra una estructura criminal que operaría en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. De acuerdo con los reportes preliminares, los uniformados fueron atacados por hombres fuertemente armados cuando ingresaron a un sector montañoso de Corinto.

Horas después del enfrentamiento, equipos especiales localizaron los cuerpos de los agentes en una zona boscosa de Omoa. Las autoridades revelaron posteriormente que los uniformados fueron asesinados con extrema violencia.

Las víctimas fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera, así como los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

El crimen provocó una fuerte reacción dentro de la Secretaría de Seguridad, que anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la DIPAMPCO por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del operativo.

Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares continúan desplegados en la zona fronteriza realizando operaciones de búsqueda para ubicar a otros posibles implicados en el ataque.

Las autoridades hondureñas también mantienen coordinación con cuerpos de seguridad guatemaltecos ante la posibilidad de que otros integrantes de la estructura criminal hayan escapado hacia territorio vecino.

El comisionado Wilber Mayes lamentó la ola de violencia registrada en las últimas horas en Honduras y aseguró que los operativos continuarán hasta capturar a todos los responsables tanto de la masacre en Corinto como de otros hechos violentos recientes ocurridos en el país.

Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.

Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.

Identifican a los cinco agentes asesinados

La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.

Las víctimas fueron identificadas como:

• Lester Josué Amador Herrera, subcomisario póstumo
• Leonel Alejandro Valdés Núñez, agente policial
• Dailin Francisco Elvir Quintanilla, agente policial
• Nels Makley Eguigure Benavídez, agente policial
• Emerson Josué Canales Fúnez, agente policial

Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.

El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.

Cuerpos fueron hallados en la montaña

De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.

Inicialmente, los uniformados localizaron el cuerpo del subcomisario Lester Josué Amador Herrera.

Posteriormente, encontraron a los otros cuatro policías dispersos en distintos puntos de la montaña.

Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.

El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.

Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.

Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.

Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.

Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.

Suspenden cúpula de la Dipampco

Tras la masacre, la Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco.

Según el comunicado oficial, la medida responde a la “inobservancia de procedimientos institucionales” durante la operación ejecutada en Corinto, Omoa.

Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.

Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.

El caso ocurre en medio de una de las jornadas más violentas registradas recientemente en Honduras, marcada también por la masacre de al menos 20 personas en Trujillo, Colón.

La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.

La comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió esta mañana de viernes 22 de mayo, en el epicentro de un dolor indescriptible y colectivo. En una atmósfera asfixiante de luto, terror e impotencia generalizada, los habitantes y familiares dieron cristiana sepultura a 11 de las víctimas identificadas de la sanguinaria masacre perpetrada ayer en una plantación de palma africana en la finca Paso Aguán.

Entre las escenas más devastadoras de la jornada fúnebre destacó el entierro de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, tres jóvenes trabajadoras cuyas vidas fueron truncadas de forma brutal mientras buscaban el sustento diario para sus hogares.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud compungida acompañó los féretros hacia el cementerio local. El llanto fúnebre y los gritos de auxilio se entrelazaron en un eco de desesperación que estremece a todo el país. A través de medios locales hondureños y diversas plataformas digitales, han comenzado a circular videos desgarradores que muestran la magnitud de la tragedia.

Las imágenes, de una crudeza desgarradora, registran a madres desvanecidas sobre los ataúdes, hermanos abrazando la madera inerte y a una comunidad entera sumida en el pánico y el quebranto, exigiendo a viva voz que este crimen no quede en la impunidad.

“Me prometiste que nunca me ibas a dejar”, resonaba el clamor desesperado de una mujer que se aferraba con fuerzas a uno de los cinco féretros que, debido a las dimensiones inéditas de la tragedia, tuvieron que ser colocados juntos en una sola fosa común dentro del campo santo.

La magnitud del sepelio colectivo reflejó fielmente el horror que se vivió en las plantaciones. Entre los cuerpos sepultados se encontraban también los de los jóvenes hermanos Elmer Marín y Wilmer Vidal Suchite García, dos recolectores de palma cuyos destinos quedaron sellados en la misma emboscada, dejando ambos hijos en la orfandad.

Su padre, relató ante las cámaras cómo sus hijos salieron temprano con la única ilusión de laborar para subsistir. El atribulado progenitor exigió castigo inmediato para los asesinos, manifestando el desgarrador suplicio que representa para un padre ver los cuerpos de sus hijos destrozados por impactos de armas de grueso calibre.

Entre el conflicto agrario y las pugnas criminales: La disputa por el origen de la masacre

Los testimonios de los pobladores que ingresaron a la finca Paso Aguán inmediatamente después de escuchar las detonaciones pintan un escenario de guerra.

Los trabajadores fueron cazados de manera despiadada, quedando sus cuerpos esparcidos entre los senderos y los matorrales de la plantación.

Los primeros civiles en llegar al sitio contabilizaron inicialmente más de quince cadáveres, una cifra espeluznante que posteriormente fue actualizada a veinte fallecidos por las autoridades del Ministerio Público, consolidando este hecho como una de las peores matanzas registradas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.

Mientras el luto envuelve las calles de Rigores, la incertidumbre sobre el origen del ataque mantiene en vilo a la región. Aunque las primeras hipótesis de los defensores de derechos humanos apuntaban al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras que azota al departamento de Colón, las declaraciones de las autoridades de seguridad han tomado otro rumbo.

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentó públicamente que las líneas de investigación prioritarias señalan un presunto enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, quienes habrían perpetrado el ataque frontal con la aparente finalidad de enviar un mensaje de poder y control territorial en la zona agroindustrial.

Al cierre del masivo sepelio, con la tierra cubriendo los féretros bajo un sol inclemente, la comunidad de Rigores reafirmó su exigencia de justicia. Honduras entera contempla con profunda consternación las imágenes y videos de una jornada que quedará grabada en la memoria nacional como el día en que la violencia arrebató la paz de veinte familias laboriosas.

Una de las jornadas más violentas y sombrías del año ha sacudido las estructuras de seguridad del Estado de Honduras. En menos de 24 horas, dos ataques armados perpetrados por organizaciones criminales de alto impacto dejaron un saldo preliminar de 25 personas fallecidas.

Los sangrientos hechos, ocurridos en el departamento caribeño de Colón y en la zona fronteriza de Corinto, Cortés, forzaron al Gobierno de la República a activar un “Comando de Crisis” y ordenar la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las áreas afectadas.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de la República se dirigió a la nación al cierre de la jornada en una cadena nacional. Con un tono solemne y visiblemente consternado, el mandatario comenzó enviando un mensaje directo a los deudos de la primera matanza:

“Buenas noches, pueblo hondureño. Esta noche les hablo con dolor y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie. Solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos. Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”, manifestó con contundencia.

Las alarmas se encendieron en horas de la madrugada del jueves en el Bajo Aguán, específicamente en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

De acuerdo con los últimos informes proporcionados por el Ministerio Público a través de su portavoz, Yuri Mora, un comando de hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes falsos de uso policial irrumpió en una finca de palma africana.

El grupo delictivo emboscó a los trabajadores agrícolas que se disponían a iniciar sus labores cotidianas. Los reportes forenses iniciales confirmaron el levantamiento de 14 cuerpos en el lugar de los hechos, pero la cifra se elevó dramáticamente a 20 víctimas fatales horas más tarde al encontrarse nuevos cadáveres en los alrededores.

El Bajo Aguán ha arrastrado históricamente disputas de tierras y conflictos agrarios, un escenario que en años recientes ha sido aprovechado e infiltrado por redes de narcotráfico y el crimen organizado.

Violento choque contra el narcotráfico en Corinto

Mientras el país asimilaba la matanza en Colón, a más de 150 kilómetros de distancia, la violencia golpeaba directamente a las instituciones de seguridad del Estado. En el sector fronterizo de Corinto, en Omoa, departamento de Cortés, un escuadrón de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) llevaba a cabo un operativo antidrogas para capturar a un líder del narcotráfico.

Al ingresar a la propiedad, las fuerzas del orden fueron recibidas por un intenso fuego cruzado con armas de grueso calibre. Cinco agentes policiales fueron sometidos, privados de su libertad y posteriormente ejecutados en una zona montañosa, según confirmó la Secretaría de Seguridad.

Tres civiles vinculados a las estructuras delictivas también fallecieron en la refriega, y el jefe de la Policía de Fronteras resultó gravemente herido. Este nivel de violencia extrema obligó a las autoridades coloniales al cierre temporal del paso aduanero entre Honduras y Guatemala.

Respuesta estatal ante la oleada de violencia

El Gobierno hondureño ha reaccionado con un despliegue de más de 700 agentes del orden y miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) para saturar el corredor atlántico y las zonas limítrofes. Simultáneamente, el Ejecutivo anunció una sacudida interna al suspender de inmediato a la cúpula de la unidad policial implicada en el operativo de Corinto, con el propósito de investigar supuestas fallas de protocolo o irregularidades en la planificación.

La gravedad de la situación ha resonado a nivel internacional. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras y la Conferencia Episcopal manifestaron su profunda indignación ante un panorama que describen como “un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento de los derechos humanos”.

La masacre registrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, continúa estremeciendo a Honduras luego de que el Ministerio Público confirmara este miércoles que la cifra de víctimas mortales ascendió oficialmente a 20 personas.

Entre los fallecidos se encuentran tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, según detallaron las autoridades mientras continúan los procesos de identificación y entrega de cuerpos a familiares.

El nuevo balance convierte esta tragedia en una de las masacres más violentas registradas recientemente en Honduras y profundiza la preocupación por la crisis de violencia que golpea especialmente la zona del Bajo Aguán.

Ministerio Público confirma hallazgo de 20 cuerpos

La actualización oficial fue brindada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la aldea Rigores.

De acuerdo con las autoridades, 13 cadáveres fueron localizados en un sector y otros seis en otra zona cercana, mientras posteriormente se confirmó una nueva víctima, elevando la cifra total a 20 fallecidos.

El proceso de levantamiento e identificación continúa bajo coordinación de equipos forenses y agentes de investigación, mientras familiares permanecen en incertidumbre esperando información oficial sobre sus seres queridos.

Las escenas de dolor y desesperación se mantienen en la comunidad, donde pobladores describen el hecho como uno de los ataques más brutales registrados en la región en los últimos años.

Uno de los elementos que más impacto ha generado tras la masacre es que entre las víctimas figuran mujeres y menores de edad.

Las autoridades confirmaron preliminarmente la muerte de tres mujeres y dos menores, aunque todavía continúan verificando identidades y recopilando información sobre cada una de las personas asesinadas.

La inclusión de menores entre las víctimas elevó aún más la indignación nacional y provocó fuertes reacciones en distintos sectores sociales y defensores de derechos humanos.

Mientras tanto, familiares y vecinos han comenzado a reclamar mayor presencia estatal y acciones urgentes para frenar la violencia que golpea constantemente al departamento de Colón.

La tragedia ocurrió en una región históricamente marcada por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y disputas relacionadas con narcotráfico y control territorial.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró recientemente que detrás de estos hechos existiría una organización criminal operando en la zona y no únicamente conflictos de tierras.

Tras la masacre, el gobierno anunció el despliegue de equipos especiales integrados por policías, militares, fiscales, jueces y agentes de inteligencia para intervenir el Bajo Aguán y capturar a los responsables.

Las autoridades también mantienen operativos de seguridad en distintos puntos de Colón ante el temor de nuevos hechos violentos o posibles represalias entre estructuras criminales.

La nueva masacre en Trujillo ocurre en medio de una creciente preocupación nacional por el incremento de homicidios múltiples en Honduras.

En las últimas horas, el país también registró una violenta balacera en Corinto, Cortés, donde murieron agentes policiales y presuntos criminales durante un operativo antidrogas.

Especialistas en seguridad y organizaciones de derechos humanos han advertido que la violencia continúa deteriorando la percepción de seguridad en Honduras y generando alarma incluso a nivel internacional.

La reciente alerta emitida por la Embajada de Alemania a sus ciudadanos por la situación de violencia en Honduras reflejó precisamente esa creciente preocupación por la inseguridad en varias regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Rigores permanece sumida en el luto, el miedo y la incertidumbre tras una de las jornadas más sangrientas registradas en la historia reciente del Bajo Aguán.

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este jueves su más absoluto repudio ante el asesinato de al menos 24 personas, incluidos cinco policías, en dos matanzas ocurridas en el país, y exigió que la sociedad no acepte explicaciones superficiales sobre hechos de tal gravedad. Así lo informó la agencia de noticias EFE tras la publicación de un comunicado firmado por los obispos hondureños.

De acuerdo con el reporte de EFE, la Conferencia informó que hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpieron en una finca de palma africana en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, y asesinaron a 19 trabajadores que se preparaban para iniciar su jornada laboral en la aldea Rigores, municipio de Trujillo. Los atacantes organizaron una emboscada y abrieron fuego contra los empleados que simplemente se dirigían a cumplir con sus labores diarias, según el comunicado difundido.

La Conferencia Episcopal puntualizó que, aunque esperan que “los detalles de este crimen se vayan clarificando con el paso de las horas”, las víctimas asesinadas en la finca eran trabajadores que iban a realizar sus actividades habituales, según detalló el comunicado citado por EFE.

Este episodio se suma al asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ocurrido durante un operativo en el sector de Corinto, zona fronteriza con Guatemala. Los policías fueron secuestrados y posteriormente ejecutados cuando intentaban capturar al líder de una red de narcotráfico. Según el organismo estatal Secretaría de Seguridad, el procedimiento se realizó “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Como consecuencia directa de estos hechos, la cúpula directiva de la Dipampco —incluido el director, subdirector y jefe de operaciones— recibió una suspensión inmediata. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades por la “inobservancia de los procedimientos institucionales”, reportó EFE.

La CEH advirtió en su mensaje que el país no debe tolerar “justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos, los cuales han ensangrentado y enlutado a tantas familias inocentes”. Los obispos subrayaron la urgencia de buscar justicia y rechazar cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido.

Según datos recogidos por EFE, la violencia en Honduras muestra un aumento, con múltiples ataques de alto impacto que afectan tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad. El doble asesinato masivo ha despertado preocupación en la sociedad hondureña y reavivó el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la protección de los trabajadores rurales.

En la parte final del comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y lanzó un llamado a la sociedad para “trabajar incansablemente por la justicia y la paz en la nación centroamericana”. La entidad eclesiástica insistió en que estos hechos no deben quedar impunes ni ocultos bajo respuestas formales, y reclamó acciones concretas para frenar el aumento de la violencia en el país.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso de investigar los crímenes y esclarecer las circunstancias en que se produjeron ambas matanzas. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el ataque en la finca de palma africana ni con el asesinato de los agentes, mientras las autoridades mantienen operativos en la región de Colón y el área fronteriza de Corinto.

La situación ha puesto en el centro del debate nacional la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas y la exposición de las fuerzas del orden ante el crimen organizado, que opera en varias zonas del país.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) urgió este jueves a las autoridades hondureñas a garantizar la vida y la integridad de las comunidades y organizaciones campesinas del Bajo Aguán tras condenar los hechos de violencia ocurridos este día en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 19 personas fueron asesinadas en una finca.

El organismo condenó la matanza y pidió al Gobierno desmantelar las estructuras criminales que agravan la conflictividad agraria en la región. Además, vincula la escalada de violencia con causas estructurales ligadas a la tierra, la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la limitada presencia estatal.

La OACNUDH indica que en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2025 —un documento anticipado preparado para advertir sobre tendencias y riesgos previstos— el Alto Comisionado ya había señalado la presencia de organizaciones criminales con capacidad de influencia territorial en zonas aledañas a cooperativas campesinas del Bajo Aguán.

Según ese informe, la violencia perpetrada por esos grupos ha provocado desplazamiento forzado, riesgos para comunidades rurales y afectaciones al ejercicio de los derechos humanos.

Ante ello, la oficina pidió a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Rigores.

El organismo reclamó además medidas de protección inmediatas para las personas sobrevivientes, los familiares de las víctimas, las comunidades afectadas y las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán. También recordó evitar discursos estigmatizantes, actos de represalia o acciones que puedan aumentar los riesgos para las comunidades afectadas, las víctimas, los medios de comunicación y las personas defensoras.

El organismo vincula la violencia actual con una conflictividad histórica por la tierra

La posición de la oficina de Naciones Unidas es que lo ocurrido evidencia la necesidad de abordar de forma integral la conflictividad histórica y social vinculada a la tierra y el territorio. Según la OACNUDH, ese cuadro se desarrolla en un contexto de desafíos estructurales persistentes que agravan las tensiones en la zona.

Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras, afirmó en un comunicado del organismo: “Esta problemática constituye una amenaza persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal, afectando negativamente el ejercicio de los derechos humanos y haciendo indispensable fortalecer respuestas integrales de prevención, protección y acceso a la tierra y el territorio”.

Ese pronunciamiento sitúa la violencia del Bajo Aguán como un problema que, según la oficina, no puede reducirse a un episodio aislado. El Bajo Aguán aparece descrito por el organismo como un espacio donde confluyen violencia, débil presencia estatal y disputas ligadas al acceso a la tierra y al territorio.

La respuesta directa que reclamó Naciones Unidas fue doble: investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial con garantías, y protección efectiva para quienes quedaron expuestos tras los asesinatos denunciados en Rigores. Según la Oficina del Alto Comisionado, ambas medidas son urgentes para contener nuevos riesgos en el Bajo Aguán.

El organismo reiteró que la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la atención integral a las causas estructurales de la violencia resultan claves para avanzar hacia una paz sostenible en el Bajo Aguán. La oficina también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas, y reafirmó su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos orientados a la protección y promoción de los derechos humanos.

La creciente ola de violencia en Honduras ya comenzó a generar preocupación internacional. La Embajada de Alemania emitió una advertencia de seguridad dirigida a sus ciudadanos tras las recientes masacres registradas en los departamentos de Colón y Cortés, hechos que dejaron al menos 20 personas muertas en menos de 24 horas.

A través de sus redes sociales oficiales, la representación diplomática alemana pidió a sus nacionales mantener especial precaución en zonas del litoral atlántico hondureño debido al deterioro de la situación de seguridad en el país.

La advertencia ocurre luego de los sangrientos hechos ocurridos en Trujillo, Colón, y en Corinto, Cortés, donde las autoridades hondureñas reportaron múltiples asesinatos vinculados a estructuras criminales y enfrentamientos armados.

La Embajada de Alemania recomendó a sus ciudadanos evitar riesgos innecesarios y mantener vigilancia constante en varias zonas consideradas sensibles tras los recientes hechos violentos.

En la alerta, la representación diplomática mencionó específicamente los municipios de Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, lugares donde en las últimas horas se han registrado masacres y fuertes operativos policiales.

“Debido a la reciente situación violenta”, indicó la embajada, sus ciudadanos deben extremar medidas de seguridad mientras permanezcan en territorio hondureño.

Asimismo, la sede diplomática informó que los alemanes en Honduras pueden comunicarse con el servicio de guardia consular en caso de emergencia o requerir asistencia.

La advertencia surge tras la violenta jornada registrada en Honduras, donde al menos 20 personas murieron en hechos distintos ocurridos en la zona norte del país.

En el departamento de Colón, específicamente en la comunidad de Rigores, Trujillo, una masacre dejó varias personas asesinadas en una finca de palma africana, en un hecho que el gobierno atribuye a estructuras criminales que operan en el Bajo Aguán.

Mientras tanto, en Corinto, Cortés, un enfrentamiento armado entre agentes de la DIPAMPCO y presuntos criminales dejó múltiples muertos, incluidos varios policías.

Estos hechos violentos elevaron la preocupación nacional y también comenzaron a llamar la atención de gobiernos extranjeros con presencia diplomática en Honduras.

La alerta emitida por Alemania también refleja cómo el incremento de homicidios múltiples y hechos violentos empieza a impactar la percepción internacional sobre la seguridad en Honduras.

En las últimas semanas, distintos sectores han advertido sobre el aumento de masacres, asesinatos y actividades criminales en varias regiones del país.

Especialistas en seguridad consideran que este tipo de alertas diplomáticas pueden afectar la imagen internacional de Honduras, especialmente en temas relacionados con turismo, inversión extranjera y movilidad internacional.

Además, organismos nacionales han señalado que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades hondureñas.

Tras los recientes hechos violentos, las autoridades hondureñas desplegaron operativos de seguridad en Colón y Cortés con apoyo de fuerzas militares, fiscales y equipos de inteligencia.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que las masacres “no quedarán impunes” y advirtió que el Estado utilizará toda su capacidad operativa para capturar a los responsables.

Mientras continúan las investigaciones, el clima de temor e incertidumbre persiste entre pobladores de las zonas afectadas.

La alerta emitida por Alemania se convierte ahora en una de las primeras reacciones internacionales tras la escalada de violencia registrada recientemente en Honduras.

El Gobierno de Honduras informó este miércoles sobre una reunión sostenida entre el presidente Nasry Asfura y representantes diplomáticos de Polonia con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión entre ambas naciones.

El encuentro contó con la participación de la canciller Mireya Agüero, el ministro de Inversiones, Epaninondas Marinakys, y la embajadora de Polonia en Honduras, Jolanta Janek, quienes discutieron mecanismos para ampliar las relaciones económicas, comerciales y turísticas.

Según detalló la Presidencia de Honduras, la reunión estuvo enfocada en identificar áreas estratégicas de colaboración que permitan impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones hacia el país centroamericano.

Durante la reunión, las autoridades hondureñas y polacas analizaron distintas oportunidades para fortalecer el intercambio empresarial y promover proyectos conjuntos en sectores considerados clave para la economía hondureña.

Entre los temas abordados destacaron las posibilidades de cooperación en inversión, exportaciones, turismo y comercio, áreas que el gobierno hondureño considera fundamentales para dinamizar la economía nacional y generar empleo.

La administración de Nasry Asfura mantiene como uno de sus principales objetivos atraer capital extranjero y fortalecer vínculos comerciales con distintos países europeos.

En ese contexto, Polonia aparece como un aliado estratégico para ampliar oportunidades de negocios y cooperación internacional.

Las autoridades también resaltaron la conmemoración de los 92 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Polonia, destacando que ambas naciones han mantenido una relación basada en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.

La Presidencia hondureña señaló que la reunión sirvió además para reafirmar el compromiso de ambas partes de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales en distintos ámbitos.

La embajadora Jolanta Janek participó en las conversaciones diplomáticas orientadas a consolidar mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos y abrir nuevos espacios de intercambio económico y cultural.

Gobierno busca atraer inversión extranjera

En los últimos meses, el gobierno hondureño ha intensificado reuniones con representantes diplomáticos y sectores empresariales internacionales para promover a Honduras como un destino atractivo para la inversión.

La estrategia incluye fortalecer relaciones con países aliados, facilitar proyectos de cooperación y mejorar el posicionamiento económico del país en mercados internacionales.

Durante el encuentro con la representación polaca también se discutieron mecanismos para impulsar las exportaciones hondureñas y generar mayores oportunidades para el sector empresarial.

La Presidencia destacó que este tipo de acercamientos forman parte de una agenda orientada a fortalecer el crecimiento económico y ampliar la cooperación internacional.

Honduras apuesta por alianzas estratégicas

El gobierno considera que la cooperación internacional y las alianzas comerciales son claves para impulsar sectores estratégicos de la economía hondureña.

Por ello, las autoridades continúan promoviendo encuentros diplomáticos y empresariales que permitan atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la competitividad del país.

La reunión entre Honduras y Polonia ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno por ampliar relaciones económicas con Europa y consolidar nuevos espacios de cooperación bilateral.

La justicia hondureña dictó este jueves un sobreseimiento provisional a favor de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, luego de que el Ministerio Público no lograra presentar pruebas contundentes durante la audiencia relacionada con un triple homicidio ocurrido en 2016 en el occidente de Honduras.

La resolución fue emitida por un juez hondureño después de que uno de los peritos clave de la investigación no se presentara a declarar ni entregara los audios que supuestamente vinculaban a la joven con el crimen ocurrido en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán.

Con la decisión judicial, Valle Aguilar recuperó su libertad, aunque el proceso no queda cerrado definitivamente, ya que el Ministerio Público todavía dispone de un plazo de cinco años para reabrir el caso y presentar nuevas pruebas.

Yosary Yasmín Valle Aguilar había sido detenida la semana pasada en Guatemala, donde presuntamente utilizaba otra identidad antes de ser entregada a las autoridades hondureñas.

Su captura reactivó el interés público sobre el caso del triple homicidio registrado en septiembre de 2016 en Santa Rosa de Copán, donde murieron los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, además de María Fernanda Pascual Muñoz.

Las autoridades hondureñas señalaban a Valle Aguilar como una de las supuestas implicadas en el crimen, aunque durante la audiencia judicial las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener la acusación.

La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, explicó que uno de los elementos que debilitó la causa fue la ausencia del perito encargado de la investigación.

Según detalló, el especialista no acudió a la audiencia para rendir declaración ni presentó los audios que serían fundamentales dentro del expediente judicial.

Ante esa situación, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento y decidió otorgar un sobreseimiento provisional.

El fallo no declara inocente a Valle Aguilar, pero sí establece que actualmente no existen pruebas contundentes para continuar el proceso penal en su contra.

Aunque la joven quedó en libertad, el Ministerio Público mantiene la posibilidad legal de continuar investigando el caso y reactivar el proceso judicial si logra obtener nuevas evidencias.

La legislación hondureña permite que un caso con sobreseimiento provisional pueda reabrirse dentro de un período de cinco años.

Mientras tanto, la resolución judicial ya genera debate debido a la falta de comparecencia del perito y la ausencia de pruebas técnicas durante la audiencia.

El apellido Valle ha sido ampliamente conocido en Honduras debido a la estructura criminal de los Valle Valle, señalada durante años por actividades relacionadas con el narcotráfico en la región occidental del país.

Sin embargo, durante el proceso judicial desarrollado este jueves, el análisis del juez se centró exclusivamente en las pruebas relacionadas con el triple homicidio de 2016 y no en otros antecedentes vinculados a la familia.

La resolución deja momentáneamente fuera del proceso penal a Yosary Yasmín Valle Aguilar, mientras el Ministerio Público evalúa si continuará recopilando evidencias para intentar reactivar el caso en el futuro.

“Este día vamos a visitar al presidente del Congreso de El Salvador. Vamos a estrechar lazos del trabajo legislativo entre la Asamblea de El Salvador y el Congreso Nacional de Honduras”, expresó Zambrano en un video divulgado en sus redes sociales.

Según informó el medio centroamerica360.com, el encuentro se centró en el intercambio de experiencias sobre reformas legales, tecnología parlamentaria y mecanismos para mejorar la coordinación entre los congresos de ambos países. De acuerdo con el reporte, Zambrano fue recibido en la aduana de El Amatillo antes de desplazarse a San Salvador, donde mantuvo reuniones con la junta directiva del órgano legislativo salvadoreño.

Durante las mesas de trabajo, las delegaciones analizaron procesos de modernización institucional y compartieron perspectivas sobre la implementación de herramientas tecnológicas en el trabajo parlamentario, evaluando los mecanismos de votación digital adoptados por la Asamblea Legislativa de El Salvador y su posible adaptación en el Congreso hondureño.

Las conversaciones abordarían propuestas orientadas a facilitar la cooperación regional y a impulsar la creación de normativas conjuntas en áreas de interés común. Los representantes legislativos señalaron la relevancia de fortalecer los vínculos institucionales para enfrentar retos compartidos y promover el desarrollo político y económico en el istmo centroamericano.

Medios locales reportaron que la visita de Zambrano forma parte de una agenda diplomática más amplia, en la que Honduras busca estrechar lazos con otros parlamentos de la región. El presidente del Congreso Nacional hondureño afirmó que este tipo de encuentros favorece el intercambio de experiencias legislativas y contribuye a la actualización de los marcos normativos de los países involucrados. “Estos espacios de diálogo permiten identificar buenas prácticas y avanzar en la modernización de nuestros procesos legislativos”, afirmó Zambrano.

Durante las sesiones, se discutirían aspectos relacionados con la integración regional y el papel de los congresos en la promoción del desarrollo económico, indica el medio centroamerica360.com. Las delegaciones buscan establecer mecanismos ágiles de comunicación y cooperación para responder a los desafíos que enfrenta la región.

Según el reporte del medio digital especializado centroamerica360.com, los encuentros contribuirán a fortalecer la relación bilateral y a delinear una hoja de ruta para futuras colaboraciones en materia legislativa y de integración centroamericana.

En la agenda de trabajo se incluyeron recorridos por las instalaciones parlamentarias y sesiones informativas sobre los avances en materia de digitalización y transparencia en la gestión legislativa salvadoreña.

Visita en medio de masacres en Honduras

La visita de Zambrano a El Salvador ocurre en momentos que el país atraviesa una crisis de seguridad pública, luego de que este jueves dos masacres dejaran 19 personas asesinadas.

Un ataque armado ocurrió en una finca de palma africana de Trujillo, en el departamento hondureño de Colón, el cual dejó al menos 14 muertos en una zona del Bajo Aguán atravesada desde hace años por disputas agrarias y violencia rural, mientras las autoridades desplegaron equipos especiales para asegurar la escena e iniciar las pesquisas sobre las víctimas y los responsables.

Además, una balacera entre miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó al menos seis policías muertos y varios heridos en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

El presidente del Congreso de Honduras se solidarizó con las familias de las víctimas de los hechos violentos, a través de su cuenta de X , y solicitó una respuesta inmediata de las instituciones de seguridad del Estado. “Frente a los asesinatos en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, expresamos nuestra total solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada”, expresó el legislador hondureño.

La masacre ocurrida en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón, no solo dejó una escena marcada por el horror y la violencia, sino también un profundo golpe para varias organizaciones campesinas del Bajo Aguán que hoy intentan asimilar la pérdida de sus integrantes.

Con el avance de las identificaciones, pobladores confirmaron que al menos nueve de las víctimas pertenecían a tres empresas asociativas campesinas vinculadas al Movimiento Campesino de Rigores: 23 de Mayo, San José y Las Uvas, organizaciones que durante años han desarrollado labores agrícolas en una de las regiones más conflictivas de Honduras.

La tragedia ha provocado dolor, temor e incertidumbre dentro de las comunidades campesinas que operan en la zona, donde familiares continúan recogiendo cuerpos, buscando respuestas y tratando de comprender cómo ocurrió una de las jornadas más violentas registradas recientemente en el Bajo Aguán.

En las empresas asociativas campesinas el ambiente cambió drásticamente tras la masacre. El silencio, el llanto y la desesperación comenzaron a apoderarse de familias enteras que perdieron a esposos, hijos, hermanos y compañeros de trabajo.

Muchos de los fallecidos se dedicaban diariamente a labores agrícolas para sostener económicamente a sus hogares y eran considerados miembros activos de las organizaciones campesinas de Rigores.

“Es doloroso, hay impotencia. Estamos cansados de la violencia en esta zona; ya es hora de frenar el accionar de estos grupos”, expresó una pobladora del Aguán al referirse al ataque armado.

El crimen no solo dejó luto en varias viviendas, sino que también debilitó directamente a estructuras campesinas que desde hace años enfrentan conflictos territoriales, violencia y amenazas en la región norte del país.

En medio del dolor, familiares y pobladores comenzaron a solicitar apoyo económico a las autoridades, organizaciones sociales y personas solidarias para poder comprar ataúdes y realizar entierros dignos para las víctimas.

Según relataron habitantes de Rigores, muchas de las personas asesinadas eran de escasos recursos y no cuentan con dinero suficiente para cubrir gastos funerarios.

“Se necesita apoyo para dar un entierro digno a estos hombres y mujeres que fueron asesinados”, manifestó uno de los pobladores de la comunidad.

Las escenas posteriores a la masacre estuvieron marcadas por familiares retirando cuerpos, pertenencias abandonadas y rastros de violencia en distintos puntos de la zona donde ocurrió el ataque armado.

La situación también se volvió compleja debido a que varios cuerpos fueron retirados rápidamente por familiares y pobladores poco después de la masacre, en medio de momentos de desesperación y temor.

Esa situación ha dificultado establecer oficialmente el número exacto de fallecidos y confirmar completamente la identidad de todas las víctimas.

Hasta ahora, lo único confirmado por habitantes de la zona es que al menos nueve personas asesinadas pertenecían a las empresas asociativas campesinas 23 de Mayo, San José y Las Uvas.

Mientras tanto, las investigaciones continúan en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre en la comunidad de Rigores.

La región del Bajo Aguán ha sido históricamente escenario de conflictos agrarios, disputas territoriales y presencia de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La nueva masacre vuelve a colocar a Colón en el centro de la crisis de violencia que enfrenta Honduras y revive el temor entre las comunidades campesinas que habitan la zona.

Entre el dolor, la necesidad de apoyo para sepultar a las víctimas y la incertidumbre sobre lo ocurrido, Rigores intenta levantarse de una tragedia que dejó marcada a toda una comunidad campesina.

La directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, calificó como “lamentable” la masacre registrada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde más de 10 personas fueron asesinadas en uno de los hechos más violentos ocurridos en el país durante 2026.

La especialista advirtió que este tipo de crímenes envían un mensaje negativo tanto a nivel nacional como internacional sobre la situación de inseguridad que enfrenta Honduras, especialmente en regiones donde operan estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Lo que manda el mensaje es: este país es inseguro, en el área urbana y en el área rural”, expresó Ayestas durante declaraciones brindadas a medios de comunicación tras conocerse la masacre en el Bajo Aguán.

El múltiple asesinato ocurrió en el sector de Rigores, en Trujillo, donde las víctimas fueron encontradas en una aparente escena de ejecución masiva que continúa siendo procesada por equipos de investigación y medicina forense.

La directora del ONV señaló que hechos violentos de gran magnitud como el registrado en Colón provocan temor colectivo y profundizan la percepción de inseguridad entre la población hondureña.

Asimismo, advirtió que los homicidios múltiples representan actualmente una situación crítica para el país y podrían generar nuevas acciones violentas en otras regiones si no se desarrollan respuestas contundentes desde el Estado.

“Los homicidios múltiples representan actualmente un problema de emergencia en materia de seguridad”, sostuvo la especialista, quien además alertó sobre posibles efectos de réplica derivados de este tipo de ataques.

Ayestas insistió en que la respuesta de las autoridades debe centrarse en una investigación criminal seria, técnica y transparente para evitar que el caso quede en la impunidad, como ha ocurrido en otros hechos violentos registrados anteriormente en Honduras.

En ese sentido, pidió que se conforme un equipo especial integrado por investigadores de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con experiencia en casos de homicidios múltiples y crimen organizado.

“Es importante que se nombre el mejor equipo en materia de homicidios para una investigación transparente”, expresó la directora del ONV.

La experta remarcó además la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación criminal, inteligencia y judicialización de casos complejos, especialmente en regiones donde convergen conflictos territoriales y estructuras delictivas.

El departamento de Colón y particularmente la región del Bajo Aguán han sido históricamente escenarios de violencia relacionados con disputas por tierras, crimen organizado, narcotráfico y conflictos entre grupos armados.

Tras la masacre, el Gobierno hondureño anunció una intervención inmediata en la zona mediante un equipo especial conformado por fiscales del Ministerio Público, militares, jueces y agentes de inteligencia.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró previamente que el crimen no quedará impune y afirmó que detrás de la masacre existiría una organización criminal que opera en la región norte del país.

Las autoridades mantienen operativos activos en distintos sectores de Colón mientras continúan las investigaciones para identificar oficialmente a todas las víctimas y determinar el móvil del ataque.

La masacre de Trujillo ocurrió además en medio de una jornada marcada por otros hechos violentos en Honduras, incluyendo el enfrentamiento armado registrado en Corinto, Cortés, donde murieron varios agentes policiales durante una operación antidrogas.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en seguridad continúan advirtiendo que los homicidios múltiples se han convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad y la seguridad pública en Honduras.

En el Bajo Aguán, donde la tierra ha sido durante años motivo de disputa, miedo y muerte, el jueves volvió a amanecer con olor a pólvora. Lo que comenzó como reportes confusos sobre disparos en una finca de palma africana en Trujillo, Colón, terminó convirtiéndose en una de las jornadas más violentas registradas este año en Honduras.

Al interior de una plantación ubicada en la aldea Rigores, se reportaron los hallazgos de al menos 11 cuerpos. Primero unos pocos. Luego más. Al cierre de los reportes preliminares, la cifra superaba las 17 víctimas, entre ellas varias mujeres, en un escenario descrito por pobladores como una emboscada ejecutada con armas de alto calibre.

Las primeras versiones indicaban que las víctimas eran trabajadores agrícolas que se dirigían a iniciar labores dentro de la finca, específicamente tareas de mantenimiento y recolección en la plantación de palma africana, cuando fueron interceptados por hombres armados.

Algunos cuerpos quedaron tendidos cerca de una caseta utilizada como punto de control dentro de la finca, mientras que otros fueron hallados dispersos entre los surcos de palma africana, en distintos puntos del terreno.

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento bajo resguardo policial en una escena marcada por la violencia del ataque y la evidencia de una emboscada.

Hasta ahora la información es escueta, incluso en los reportes preliminares de las autoridades.

“Fue una matanza”, afirma un habitante del sector que prefirió no identificarse por temor.

La escena volvió a poner bajo atención nacional al Bajo Aguán, una extensa región agrícola del litoral atlántico hondureño que desde hace décadas está atrapada entre disputas de tierra, intereses económicos y presencia de estructuras criminales.

La zona de Rigores, donde ocurrió la masacre, forma parte de un corredor históricamente conflictivo. Allí convergen asentamientos campesinos, fincas de palma africana y reclamos agrarios que en distintos momentos han derivado en enfrentamientos armados, desalojos y asesinatos.

Por años, organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos han denunciado que el Aguán se ha convertido en uno de los puntos más violentos del país para quienes viven y trabajan en áreas rurales.

Mientras el país aún intentaba comprender la magnitud de la matanza en Colón, otro hecho armado sacudía simultáneamente el norte hondureño.

Más violencia en un jueves negro

Mientras la población hondureña asimilaba el impacto de la violencia en Bajo Aguán, a más de 150 kilómetros de distancia, en Corinto, Omoa, departamento de Cortés, un operativo antidrogas ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) terminó en un intenso enfrentamiento armado con presuntos integrantes de una estructura criminal.

La operación había iniciado como una intervención contra una banda vinculada al tráfico de drogas en la zona fronteriza con Guatemala. Al ingresar a una vivienda, los agentes fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados.

Vecinos señalan que las detonaciones se prolongaron durante varios minutos mientras patrullas policiales y vehículos militares ingresaban al sector. Comercios cerraron sus puertas y decenas de familias se refugiaron dentro de sus viviendas, como se aprecia en el material audiovisual que acompaña esta crónica.

Las primeras informaciones hablaban de al menos seis policías muertos, agentes desaparecidos y civiles fallecidos en medio del intercambio de disparos. Versiones preliminares indicaban que varios miembros de cuerpos élite habrían perdido la vida, junto a presuntos integrantes de la estructura criminal, aunque las autoridades continuaban verificando las cifras oficiales. Entre los heridos figuraba incluso el jefe de la Policía de Fronteras.

El nivel de violencia obligó al cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por Corinto. Horas antes de ese enfrentamiento, otro agente policial había sido asesinado en Chamelecón, San Pedro Sula, durante otra operación de seguridad.

La jornada terminó convertida en una cadena de violencia simultánea que volvió a exponer la fragilidad de la seguridad en varias regiones del país.

Ante la presión pública, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado anunciando una intervención inmediata en las zonas de Trujillo y Omoa, prometiendo operaciones intensivas, despliegue conjunto de policías y militares, equipos especiales de investigación y acciones “contundentes” para capturar a los responsables.

También se anunció la conformación de grupos integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas de Medicina Forense para esclarecer ambos casos.

El Bajo Aguán arrastra décadas de violencia ligada a conflictos agrarios y disputas territoriales. En paralelo, sectores fronterizos como Corinto se han convertido en corredores estratégicos para actividades vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.

Hondureños demandan seguridad

Solo en lo que va de 2026, Honduras registra al menos 11 masacres con decenas de víctimas, que han dejado cerca de 47 personas fallecidas en distintos puntos del norte del país, según reportes preliminares de observatorios y medios locales.

Mientras en Rigores los familiares seguían llegando en busca de respuestas y en Corinto los retenes militares permanecían instalados en medio del temor, Honduras cerraba otra jornada marcada por masacres, enfrentamientos armados y regiones enteras atrapadas entre el crimen organizado, las disputas territoriales y una violencia que parece no dar tregua.

Una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) terminó en una sangrienta balacera en el municipio de Corinto, Cortés, zona fronteriza con Guatemala, dejando preliminarmente nueve personas muertas, entre ellas varios elementos policiales.

Las autoridades confirmaron de manera preliminar la identidad de cuatro agentes de la Policía Nacional que murieron durante el operativo realizado contra una supuesta estructura criminal vinculada al tráfico y distribución de drogas en la zona norte del país.

Los policías fallecidos fueron identificados como el comisario Lesther Josue Amador Herrera, quien dirigía el grupo operativo, además de los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josue Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla.

Emboscada durante operativo antidrogas

De acuerdo con los reportes preliminares, los agentes de la DIPAMPCO llegaron hasta una vivienda ubicada en el sector fronterizo de Corinto para ejecutar un allanamiento relacionado con actividades del crimen organizado.

Sin embargo, al ingresar al inmueble fueron recibidos a disparos por hombres armados que ya se encontraban preparados dentro de la propiedad, desatándose un intenso intercambio de disparos.

Información extraoficial señala que el enfrentamiento dejó seis agentes policiales fallecidos y tres presuntos integrantes de la estructura criminal muertos, elevando preliminarmente la cifra total de víctimas a nueve personas.

Además, varios uniformados resultaron heridos durante la balacera y fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona norte del país.

Entre los lesionados trascendieron agentes identificados con los apellidos Macley, Elvir, Valdez y Canales, así como el jefe de la Policía de Fronteras.

Corinto bajo tensión

Tras el violento enfrentamiento, las autoridades ejecutaron un cierre de ciudad en Corinto y reforzaron la seguridad en distintos puntos estratégicos del municipio.

El ambiente de temor provocó que múltiples negocios cerraran sus puertas mientras equipos policiales y militares continuaban desarrollando operativos en busca de otros posibles integrantes de la estructura criminal.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, manifestó que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de todas las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el enfrentamiento.

No obstante, indicó que las investigaciones continúan activas y que las autoridades trabajan en el levantamiento de evidencias en la escena.

El hecho ocurrido en Corinto se registró apenas horas después del asesinato de un agente policial durante otra operación en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula.

Asimismo, la jornada estuvo marcada por otra masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el departamento de Colón, donde al menos 10 personas fueron asesinadas dentro de una finca palmera.

Las autoridades hondureñas mantienen operativos en distintas regiones del país ante el incremento de hechos violentos vinculados a estructuras criminales y disputas territoriales.

Mientras tanto, familiares, compañeros y miembros de la institución policial lamentan la muerte de los agentes que participaron en el operativo de Corinto.

Lo que prometía ser una tarde de risas, velocidad y esparcimiento en una propiedad rural de Florida terminó convertida en una pesadilla que hoy enluta a dos comunidades separadas por miles de kilómetros: el condado de Okeechobee, en Estados Unidos, y el municipio de Santa María del Real, en Olancho, Honduras.

El sábado 16 de mayo de 2026, la velocidad, el alcohol y la imprudencia se conjugaron para arrebatarle la vida a Seydi Dariela Galeano Salinas, una hondureña de 34 años.

Madre soltera de tres hijos y residente de Port St. Lucie, Dariela era conocida entre los suyos como una mujer incansable que lo daba todo por el futuro de sus pequeños de 16, 13 y 10 años. Ese día, sin embargo, su marcha se detuvo de forma violenta.

El sol comenzaba a bajar cuando el rugido del motor de un vehículo utilitario todoterreno (UTV) Can-Am Maverick X3, modelo 2026, rompió la calma en una propiedad ubicada en la dirección 21021 NW 240th Street, dentro del área conocida como Coquina Water Control District. Cuatro mujeres de origen hispano viajaban a bordo. Al volante iba otra hondureña: Blanca Yareli Ruiz Domínguez, de 25 años, originaria de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con los reportes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el grupo venía de pasar un tiempo en Fort Pierce. Los testimonios clave recolectados por las autoridades pintan un panorama alarmante previo al percance. Un testigo presencial relató que Ruiz Domínguez había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. A pesar de ello, tomó el control del potente todoterreno.

El UTV aceleró repentinamente sobre la superficie de arena blanda. El testigo detalló que la conductora quien lucía “afectada e hiperactiva” realizó un giro brusco hacia la izquierda. La física y la velocidad sobre el terreno inestable hicieron el resto: el vehículo volcó violentamente, dando vueltas antes de quedar estancado.

El impacto fue demoledor. Dariela Galeano, quien viajaba en el asiento delantero derecho, salió expulsada por el aire debido a la fuerza del vuelco y cayó pesadamente sobre la arena.

Una escena de caos

Cuando las patrullas y los equipos de emergencia llegaron al sitio, el panorama era desolador. El UTV yacía volcado con daños materiales estimados en 5,000 dólares, rodeado de restos esparcidos, manchas de sangre en la puerta del conductor y llantas traseras destrozadas. Sobre la arena blanda quedaron las evidencias de la imprudencia: varias latas aplastadas de cerveza.

Dariela, gravemente herida, fue estabilizada y trasladada de urgencia en un helicóptero médico hacia el Hospital HCA Lawnwood en Fort Pierce. Los médicos hicieron lo posible, pero el daño era irreversible; al poco tiempo se confirmó su fallecimiento.

Las otras tres ocupantes sobrevivieron. Dos de las pasajeras, de 33 y 24 años, resultaron con heridas de diversa consideración. El domingo, tras recibir el alta médica, Blanca Yareli Ruiz Domínguez fue arrestada por los agentes de la FHP y trasladada directamente a la cárcel del condado de St. Lucie.

La fiscalía le imputó cargos graves: conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) con resultado de muerte, sumado a tres acusaciones por manejar en estado de ebriedad causando daños materiales y lesiones corporales. Por el cargo principal de homicidio por DUI, un juez le denegó el derecho a fianza, asegurando que permanezca tras las rejas.

Mientras el caso avanza en los tribunales de Florida, en Honduras el dolor es colectivo. En Santa María del Real, Olancho, los vecinos recuerdan a Dariela con profundo aprecio. Dayana Banegas, allegada de la víctima, expresó el vacío irreparable que deja: “Trabajaba incansablemente cada día para darles una mejor vida, siempre poniendo las necesidades de sus hijos antes que las suyas”.

Hoy, la familia de Dariela enfrenta dos batallas simultáneas: asimilar la orfandad de tres menores de edad y reunir, mediante campañas solidarias, los fondos necesarios para repatriar el cuerpo de la joven. Buscan traerla de regreso a su tierra natal, donde la tierra de Olancho la espera para un último adiós y el descanso eterno junto a los suyos.

El Congreso Nacional de Honduras conoció la presentación de dos iniciativas legislativas enfocadas en educación y bienestar social, que ponen sobre la mesa el debate sobre la atención psicológica en centros educativos y el financiamiento estatal de la seguridad en escuelas y colegios públicos.

Una de las propuestas más relevantes es la denominada Ley Camila, presentada por la diputada nacionalista por Choluteca, Ileana Velásquez, la cual plantea la creación, ampliación y asignación obligatoria de plazas para profesionales de la psicología en centros educativos, hospitales y centros de salud a nivel nacional.

La iniciativa surge en un contexto de preocupación por el incremento de casos relacionados con la salud mental en el país. Según la exposición de motivos, en 2025 se registraron más de 200 suicidios en Honduras, una cifra que, de acuerdo con la legisladora, evidencia la necesidad urgente de fortalecer la atención psicológica como política pública.

Velásquez señaló que los trastornos depresivos y los cuadros de ansiedad representan actualmente algunas de las principales problemáticas de salud mental en la población, especialmente entre niños y jóvenes en edad escolar. La diputada añadió que muchos de estos casos están asociados a entornos de violencia intrafamiliar, abuso y situaciones de vulnerabilidad en el hogar.

La propuesta plantea que la salud mental sea abordada de manera integral dentro del sistema educativo, incorporando personal especializado que brinde acompañamiento psicológico permanente a estudiantes y docentes.

Las propuestas han generado debate en redes sociales y espacios digitales especializados en salud mental, donde psicólogos y organizaciones coinciden en la urgencia de fortalecer la atención psicológica en el sistema educativo.

Respaldan propuestas

El Colegio de Psicólogos de Honduras ha reiterado en diversas ocasiones que el país enfrenta una brecha significativa en atención en salud mental, especialmente en centros públicos, donde la demanda supera ampliamente la disponibilidad de profesionales.

En foros y publicaciones digitales, especialistas en salud mental sostienen que la incorporación de psicólogos en escuelas no solo ayudaría a detectar a tiempo casos de depresión y ansiedad, sino también a prevenir situaciones de riesgo como el suicidio juvenil y la violencia escolar.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido en distintos informes regionales que los trastornos mentales no tratados en adolescentes pueden impactar el rendimiento académico, la convivencia escolar y aumentar el riesgo de abandono educativo.

En ese contexto, psicólogos consultados en espacios académicos digitales subrayan que la presencia permanente de profesionales en centros educativos permitiría crear entornos más seguros, además de fortalecer programas de prevención, orientación emocional y acompañamiento familiar.

Salud mental y seguridad

En paralelo, el diputado del Partido Nacional por Atlántida, Remberto Zavala, presentó un anteproyecto de ley orientado a que el Gobierno asuma el pago del servicio de vigilancia en los centros educativos públicos del país.

Actualmente, en muchos centros escolares, los padres de familia son quienes financian la contratación de personal de seguridad para resguardar las instalaciones, cubrir distintas jornadas académicas y prevenir robos o daños al mobiliario educativo.

Zavala explicó que la iniciativa busca eliminar esta carga económica para las familias, garantizando que el Estado asuma de forma permanente la contratación de personal de vigilancia en todos los centros educativos del país, de acuerdo con las necesidades de cada zona.

La propuesta también establece que la seguridad en los centros educativos debe ser institucional, con personal debidamente asignado y certificado, prohibiendo que los costos sean trasladados a asociaciones de padres de familia, patronatos o juntas escolares.

Las iniciativas legislativas continuarán su proceso de discusión en el Congreso Nacional, donde se espera que sean sometidas a debate en las próximas sesiones legislativas.

La masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el departamento de Colón, provocó una inmediata reacción del Gobierno de Honduras, luego de que autoridades confirmaran la muerte violenta de al menos 10 personas en una de las zonas más conflictivas del país.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció este jueves el despliegue de un equipo especial conformado por fiscales del Ministerio Público, agentes de inteligencia, miembros de las Fuerzas Armadas y jueces, con el objetivo de intervenir el Bajo Aguán y dar con los responsables del múltiple crimen.

“Utilizaremos toda la fuerza del Estado para poner orden en la zona y encontrar a los responsables”, afirmó el funcionario durante una entrevista televisiva, donde además aseguró que el hecho no quedará impune.

Gobierno anuncia intervención inmediata

Velásquez explicó que las acciones de seguridad comenzarán de forma inmediata en la región del Bajo Aguán, una zona marcada históricamente por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y actividades ligadas al narcotráfico.

Según el ministro, las investigaciones preliminares apuntan a que detrás de la masacre existiría una organización criminal operando en la zona.

“Esto no solo es un conflicto de tierras, aquí hay estructuras criminales detrás de estos actos violentos”, sostuvo el titular de Seguridad.

Asimismo, indicó que el equipo especial también tendrá como objetivo identificar otros grupos delictivos que operan en el departamento de Colón y fortalecer la presencia del Estado en sectores considerados de alta peligrosidad.

Escena violenta en Trujillo

Las víctimas fueron encontradas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en una aparente escena de ejecución múltiple que ha causado conmoción a nivel nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente las identidades de los fallecidos ni los posibles móviles concretos del crimen, mientras equipos forenses y de investigación continúan trabajando en la zona.

El ministro Velásquez calificó el hecho como una acción destinada a generar terror en la población y advirtió que el Gobierno no permitirá que grupos criminales continúen imponiendo violencia en la región norte del país.

Bajo Aguán: una región marcada por la violencia

El Bajo Aguán ha sido durante décadas uno de los puntos más conflictivos de Honduras debido a disputas por tierras, conflictos campesinos y presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Diversos gobiernos han desplegado operativos militares y policiales en la región; sin embargo, los hechos violentos continúan registrándose de manera recurrente.

La nueva intervención anunciada por el Gobierno busca reforzar las labores de inteligencia y aumentar la presencia policial y militar en Colón, especialmente tras esta masacre que vuelve a poner al Bajo Aguán en el centro de la crisis de seguridad del país.

El secretario de Seguridad aseguró que la población será informada sobre los avances de la intervención y pidió colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

Además, reiteró que las autoridades actuarán de manera contundente para frenar el avance de estructuras criminales que operan en la zona.

Mientras tanto, Honduras vuelve a enfrentar una de las peores expresiones de violencia colectiva registradas en 2026, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en distintas regiones del país.

La madrugada de este jueves 21 de mayo amaneció teñida de sangre y luto en el departamento de Colón. Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo en las tierras del Bajo Aguán se transformó, en cuestión de minutos, en un escenario de horror insostenible.

Un ataque armado perpetrado en la finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de Trujillo, cobró la vida de 14 personas, entre ellas tres hermanas originarias de la cercana comunidad de Rigores, dejando a una familia destruida y a toda una región sumida en el miedo y la consternación.

Las víctimas femeninas de esta nueva masacre que estremece a Honduras fueron identificadas preliminarmente como las hermanas María Linda Rodríguez (mencionada también por allegados como Lina), Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez.

Junto a ellas, la violencia también segó la vida de otros jóvenes trabajadores, entre los que se ha logrado identificar a Cristian Eduardo Núñez. Los reportes locales y medios hondureños que llegaron a la zona señalan, además, que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, cuyo nombre exacto e identidad aún se mantienen bajo estricta reserva por las autoridades correspondientes.

El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el estruendo de las balas rompió la calma de la plantación de palma africana. El grupo de trabajadores, que se disponía a iniciar sus labores agrícolas diarias para ganarse el sustento, fue emboscado de manera sorpresiva. Sujetos armados, cuya identidad y paradero aún se desconocen, abrieron fuego de forma indiscriminada contra los jornaleros.

Los cuerpos de las tres hermanas Rodríguez, quienes eran muy conocidas y estimadas en la comunidad de Rigores por su dedicación al trabajo, quedaron tendidos entre la vegetación de la finca. La escena que encontraron los primeros testigos era desgarradora: herramientas de labranza tiradas y el silencio sepulcral que siempre sucede a la barbarie.

Consternación y clamor de justicia en Rigores

A medida que la noticia comenzó a difundirse, el dolor se apoderó de la comunidad de Rigores. Vecinos, amigos y familiares de las hermanas Rodríguez no daban crédito a lo sucedido. Las escenas en los alrededores de la finca y en las viviendas de las víctimas eran de una profunda desesperación. Gritos de dolor, lágrimas e impotencia marcaron las horas posteriores al ataque.

“Eran mujeres trabajadoras, de familias luchadoras que solo buscaban el pan de cada día en esas tierras. No es justo que les hayan arrebatado la vida de esta manera”, manifestaba entre sollozos un poblador de la zona, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

El Bajo Aguán ha sido históricamente una zona de alta conflictividad agraria en Honduras, un territorio donde la disputa por las plantaciones de palma africana ha dejado una larga estela de muertes a lo largo de los años. Aunque las causas específicas de este múltiple asesinato aún están por determinarse, el contexto de vulnerabilidad en el que laboran los campesinos y jornaleros de la región vuelve a ponerse en el centro del debate público.

Investigaciones en curso

Minutos después de la alerta, miembros de la Policía Nacional y peritos de Medicina Forense se trasladaron al sector de Paso Aguán para acordonar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los primeros indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades policiales se han mostrado herméticas y no han brindado la totalidad de los nombres de las víctimas ni han señalado a posibles sospechosos. No obstante, afirmaron que equipos de investigación e inteligencia ya se encuentran desplegados en la zona de Trujillo para recabar testimonios y seguir el rastro de los homicidas.

Este jueves se reportó el primer importado de sarampión en Honduras lo que ha puesto a las autoridades sanitarias en máxima alerta. Un hombre originario de Morazán, Yoro, fue diagnosticado tras su regreso desde Guatemala, donde estuvo durante seis meses y se habría contagiado mientras permanecía en un albergue.

El doctor Homer Mejía, jefe de la unidad de la Secretaría de Salud, detalló que la detección se realizó mediante una prueba de PCR en tiempo real. El paciente, de 40 años, fue identificado en el punto fronterizo de Agua Caliente tras presentar síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis, dolor articular y erupción cutánea.

El primer caso de sarampión en Honduras durante 2026 corresponde a una persona que contrajo la enfermedad en el extranjero y fue detectada en la frontera cuando intentaba ingresar al país.

Tras la identificación, el paciente fue aislado y su muestra enviada para análisis, confirmándose el diagnóstico el 20 de mayo. Actualmente, el paciente se encuentra estable bajo observación médica y en aislamiento para evitar la propagación del virus.

La vigilancia epidemiológica se activó luego de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud en 2025. Desde entonces, los equipos de salud hondureños han reforzado los controles en los puntos de entrada al país y capacitado a su personal para dar respuestas rápidas ante posibles casos.

Las autoridades hicieron seguimiento a nueve contactos cercanos al paciente, quienes permanecen asintomáticos y bajo aislamiento en diferentes regiones sanitarias, incluyendo San Pedro Sula, Choloma, Santa Rita y Siguatepeque. Estos contactos son monitoreados diariamente para prevenir la transmisión local.

Hasta la fecha, Honduras no había registrado casos autóctonos de sarampión. La rápida reacción de los protocolos de salud permitió contener la situación y minimizar el riesgo de un brote local, enfatizando la importancia de la vigilancia constante frente a enfermedades importadas como el sarampión.

Aumento de casos en la región

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en un documento publicado en paho.org que entre las semanas epidemiológicas uno y 16 de 2026 la Región de las Américas registró 18.352 casos confirmados de sarampión y 15 muertes, en un alza que, según el organismo, aceleró una tendencia observada desde 2025.

En Centroamérica, el mismo informe ubicó a Guatemala como el país más afectado, con 5,399 casos confirmados hasta la semana 16 de 2026, y describió una concentración del brote en el departamento de Sololá.

El recorte regional también incluyó reportes de menor escala: El Salvador confirmó 18 casos hasta el 16 de mayo, todos importados, sin evidencia de transmisión local; Costa Rica registró entre dos y tres casos importados, con pacientes vacunados y evolución favorable.

Guatemala concentró el mayor volumen de casos y el brote se focalizó en Sololá

El documento citado por la OPS precisó que el brote guatemalteco se concentró principalmente en Sololá, donde se reportaron 75 de 175 casos confirmados hasta el 5 de febrero, siempre de acuerdo con el informe disponible en paho.org.

En el mismo relevamiento, centroamerica360.com señaló que Panamá, Nicaragua y Belice no reportaron incrementos significativos en 2026, mientras la vigilancia regional se mantuvo activa por el aumento sostenido desde el año anterior.

La OPS pidió reforzar vacunación y vigilancia epidemiológica ante la expansión regional

La OPS instó a los países de la región a fortalecer la vacunación y la vigilancia epidemiológica como medidas de control, según centroamerica360.com, que citó las recomendaciones difundidas por el organismo.

Entre las pautas operativas, el medio consignó que la recomendación incluyó completar el esquema de vacunación y consultar en centros de salud ante síntomas como fiebre alta, sarpullido, tos o conjuntivitis.

Una intensa balacera entre miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

El enfrentamiento tuvo lugar durante una operación antidrogas desarrollada en una vivienda del sector, donde equipos élite de la Policía ingresaron para ejecutar acciones contra una banda señalada por actividades vinculadas al tráfico y distribución de drogas en la región norte del país.

Al momento de la intervención, los agentes fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados. Se produjo un intercambio de fuego de alta intensidad durante varios minutos, lo que generó alarma entre los habitantes de la comunidad fronteriza.

Información preliminar señala que entre las víctimas mortales habría miembros de la Policía y civiles, aunque las autoridades no han oficializado la cifra exacta ni las identidades. Versiones no confirmadas apuntan a que al menos seis agentes policiales habrían perdido la vida, junto a tres presuntos integrantes de la estructura criminal, mientras otros tres uniformados permanecían desaparecidos al cierre de los reportes preliminares.

Horas antes de este hecho, otro agente policial murió acribillado durante una operación ejecutada en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, lo que elevó la tensión dentro de los cuerpos de seguridad ante la escalada de ataques armados en el norte del país.

El portavoz policial Edgardo Barahona confirmó el despliegue de varios equipos especiales en Corinto para asegurar el área, evacuar a los agentes heridos y continuar las operaciones de búsqueda en la zona montañosa cercana a la frontera.

Entre los lesionados figura el jefe de la Policía de Fronteras, quien fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial bajo fuertes medidas de seguridad.

Frontera cerrada

Tras el enfrentamiento, las autoridades ordenaron el cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por Corinto, mientras unidades militares y policiales instalaron retenes y operativos de saturación en distintos puntos estratégicos de Omoa.

El hecho violento provocó también el cierre de negocios y comercios en la zona, y decenas de pobladores optaron por permanecer encerrados en sus viviendas ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Habitantes del sector relataron haber escuchado detonaciones durante varios minutos y señalaron que la presencia de hombres armados desató escenas de pánico en la comunidad.

¿Y las autoridades de seguridad?

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, anunció una intervención inmediata en las zonas de Rigores, en Trujillo, Colón, y Corinto, Omoa, Cortés, tras los recientes hechos violentos que han dejado varias personas fallecidas y un ambiente de temor en comunidades del norte del país.

Las autoridades comunicaron que equipos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán desplegados de manera inmediata para recuperar el control territorial, proteger evidencias y garantizar la seguridad de la población.

Según el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad, las operaciones incluirán intensas acciones de búsqueda y rastreo criminal para identificar, ubicar y capturar a los responsables de los hechos violentos registrados en Colón y Cortés.

La zona de Corinto ha sido identificada por autoridades de seguridad como un corredor estratégico utilizado para actividades de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y paso irregular de personas hacia Guatemala..

Además, la violencia en el litoral atlántico hondureño mantiene una tendencia preocupante. Solo en lo que va de 2026 se han registrado múltiples hechos armados de alto impacto en Cortés, Colón y Atlántida, incluyendo masacres, ataques contra fuerzas de seguridad y enfrentamientos entre grupos criminales.

Equipos de Medicina Forense y fiscales del Ministerio Público siguen con las diligencias en Corinto para esclarecer el número exacto de víctimas y determinar responsabilidades en uno de los enfrentamientos más violentos registrados este año en la zona norte del país.

La violencia volvió a golpear al norte de Honduras este jueves tras un ataque armado ocurrido en el sector de Palmeras, en la zona de Paso Aguán, municipio de Trujillo, departamento de Colón, a unas seis horas de la capital hondureña, donde fueron encontrados múltiples cuerpos tras una emboscada dentro de una finca de palma africana.

De forma preliminar, las autoridades reportaron que al menos 14 personas habrían perdido la vida en el hecho violento, entre ellas tres mujeres cuyos cuerpos fueron localizados en las afueras de la propiedad, mientras que el resto de las víctimas permanecían en el interior de la finca.

Según versiones iniciales de habitantes de la zona, las víctimas serían trabajadores agrícolas que se dirigían a iniciar sus labores cuando fueron sorprendidos por un grupo armado. Los atacantes utilizaron armas de grueso calibre, lo que provocó la muerte inmediata de las personas en el lugar.

Testigos indicaron que los cuerpos quedaron dispersos en distintos puntos de la propiedad, incluso en estructuras tipo caseta dentro de la finca, lo que da cuenta de la magnitud y brutalidad del ataque.

El hecho ocurrió en la zona de Rigores, un asentamiento campesino del Bajo Aguán, una región históricamente marcada por conflictos agrarios, disputas por la tenencia de la tierra e invasiones que han derivado en enfrentamientos entre grupos campesinos, guardias de seguridad privada y fuerzas del orden.

En este territorio opera una de las principales zonas de producción de palma africana del país, actividad que ha estado durante años vinculada a tensiones sociales y reclamos de tierras por parte de organizaciones campesinas.

Violencia en la zona norte

El Bajo Aguán es uno de los puntos más conflictivos de Honduras debido a la persistencia de disputas agrarias que, en distintos momentos, han escalado a hechos de violencia armada.

Como antecedente, reportes de seguridad y organizaciones locales han señalado que en lo que va de 2026 se han registrado múltiples episodios violentos en la región, incluyendo al menos 11 masacres que han dejado cerca de 47 personas fallecidas en distintos puntos del norte del país.

Las autoridades han advertido sobre la circulación de armas de alto poder y la presencia de estructuras criminales en zonas rurales, lo que ha complicado la contención de la violencia en comunidades campesinas y áreas productivas.

De manera paralela, en otros puntos del norte del país también se han registrado hechos violentos contra agentes del orden.

En el sector de Corinto, en Omoa, Cortés, se reportaron recientemente ataques armados en los que habrían perdido la vida al menos cinco policías en dos incidentes distintos, según reportes preliminares difundidos en la zona fronteriza, lo que refleja la expansión de la violencia hacia corredores estratégicos del occidente y norte del país.

Las autoridades policiales confirmaron el despliegue de equipos especiales en el área de Trujillo para asegurar la escena del crimen, coordinar el levantamiento de los cuerpos junto a Medicina Forense y avanzar en las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas y los responsables del ataque.

Hasta el momento no se ha emitido una versión oficial detallada sobre el móvil del crimen, mientras la zona permanece bajo fuerte resguardo policial en espera de las diligencias forenses correspondientes.

Información en desarrollo

La Cámara de Comercio de Choloma, en Honduras a través de su directora Alejandra Mejía, anunció la realización de una feria del empleo que pondrá a disposición alrededor de 6,500 oportunidades laborales para personas de la zona norte del país, en un contexto donde los indicadores laborales reflejan importantes desafíos estructurales en Honduras.

La representante empresarial explicó que la actividad tiene como objetivo conectar de forma directa a empresas de distintos sectores productivos con ciudadanos en búsqueda de empleo, facilitando así procesos de contratación sin intermediarios y centralizando la entrega de hojas de vida en un solo espacio.

Mejía resaltó que esta iniciativa representa un impulso para la economía local y una vía inmediata para ampliar el acceso al empleo formal, sobre todo en una región donde la demanda de trabajo permanece elevada y la competencia por las plazas disponibles incrementa de manera constante.

La feria contará con la participación de compañías del sector maquilador, comercio y servicios, que ofrecerán vacantes para diversos perfiles laborales, desde puestos operativos hasta técnicos y administrativos, en respuesta a las necesidades de contratación del sector productivo.

El anuncio ocurre en un escenario laboral complejo. De acuerdo con el más reciente boletín del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), aproximadamente el 78% de la población ocupada en Honduras trabaja en el sector informal, lo que equivale a más de tres millones de personas sin acceso a seguridad social ni beneficios laborales.

El mismo informe indica que el país enfrenta una crisis de empleo más amplia, donde cerca de dos millones de hondureños presentan algún tipo de problema laboral, ya sea desempleo abierto, subempleo o desmotivación para continuar la búsqueda de trabajo.

Empleo insuficiente

El COHEP también señala que el empleo formal ha tenido un crecimiento insuficiente en la última década, con un promedio de apenas 2,7% anual, lo que ha provocado que la mayor parte de la población económicamente activa dependa de actividades informales para generar ingresos.

Más allá de la informalidad, el subempleo sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral hondureño. Miles de trabajadores se encuentran en condiciones donde sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, o laboran menos horas de las necesarias para lograr estabilidad económica.

El COHEP advierte que más de 900 mil personas cotizan actualmente al sistema de seguridad social, cifra considerablemente menor en comparación con la población ocupada total, lo que pone en evidencia la limitada cobertura del empleo formal en el país.

Este panorama supone una brecha considerable entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente para jóvenes y mujeres, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a trabajos estables y con protección social.

Ferias de empleo como respuesta inmediata

En este contexto, iniciativas como la feria de empleo en Choloma surgen como mecanismos de corto plazo que pueden facilitar la inserción laboral, aunque especialistas coinciden en que su impacto permanece limitado si no están acompañadas de políticas públicas orientadas a fomentar la inversión, la formalización y la creación sostenida de empleo.

La directora de la Cámara de Comercio convocó a la población interesada a participar en la jornada y a aprovechar las vacantes disponibles, subrayando que se trata de una oportunidad abierta a distintos niveles educativos y perfiles laborales.

El evento se desarrollará en los próximos días en la zona norte del país y forma parte de los esfuerzos del sector privado por dinamizar el mercado laboral en un momento de alta presión económica y social.

El caso del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López volvió a ocupar la atención pública luego que autoridades judiciales ratificaran una condena superior a los 26 años de prisión contra uno de los implicados en el crimen ocurrido hace casi tres décadas en el departamento de Olancho.

Durante una audiencia Ad-Hoc desarrollada en las últimas horas, fiscales del Ministerio Público en Catacamas confirmaron que Ítalo Iván Lemus deberá cumplir una pena por los delitos de asesinato y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

La resolución emitida por la Corte Tercera de Apelaciones establece una condena de 18 años de prisión por el asesinato de Carlos Luna López y otros ocho años y ocho meses por el intento de homicidio contra Silvia Esperanza González Duarte, quien resultó herida durante el ataque armado.

El asesinato del ambientalista es considerado uno de los casos más representativos de violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras y ha sido señalado durante años por organismos internacionales debido al retraso judicial y la impunidad que rodeó el expediente.

Carlos Antonio Luna López era ingeniero agrónomo, regidor municipal de Catacamas y coordinador de la Comisión Municipal de Medio Ambiente.

Durante la década de los noventa fue una de las voces más visibles en la defensa de los recursos naturales en Olancho, denunciando públicamente la tala ilegal y supuestas estructuras vinculadas a la explotación irregular de los bosques.

Alzo su voz por el medio ambiente

Su lucha ambiental lo colocó en una posición de alto riesgo. De acuerdo con antecedentes del caso, Luna había denunciado amenazas de muerte antes de ser asesinado; no recibió medidas de protección por parte de las autoridades hondureñas.

La noche del 18 de mayo de 1998, el ambientalista salió de una reunión de corporación municipal en Catacamas cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra. El ataque provocó su muerte inmediata y dejó herida a Silvia Esperanza González Duarte.

El crimen generó una fuerte reacción tanto en Honduras como en organismos internacionales defensores de derechos humanos, que denunciaron el caso como símbolo de la vulnerabilidad de quienes defienden el medio ambiente en el país.

Honduras y su responsabilidad

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por no garantizar la protección de Carlos Luna pese a las amenazas denunciadas previamente. El tribunal internacional concluyó que existieron fallas en la prevención del crimen, además de retardos e irregularidades en la investigación judicial.

La reciente resolución judicial representa un nuevo avance en un caso que durante años permaneció marcado por la impunidad. Apenas esta semana, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con la Policía Nacional, ejecutaron la captura de Ítalo Iván Lemus en Catacamas, Olancho, luego de permanecer prófugo durante varios años.

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por no garantizar la protección de Carlos Luna pese a las amenazas previas denunciadas por el ambientalista.

El tribunal internacional también señaló retrasos e irregularidades en las investigaciones judiciales y ordenó medidas de reparación para la familia de la víctima.

Como parte del cumplimiento de esa sentencia internacional, el Estado hondureño ofreció un acto público de perdón a los familiares de Luna en 2014, reconociendo las fallas institucionales registradas en el caso.

El hallazgo del cuerpo de una mujer embarazada en un barranco de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, volvió a encender las alarmas por la violencia contra las mujeres en Honduras, país donde organizaciones feministas denuncian un aumento de los femicidios y una creciente brutalidad en los crímenes.

La víctima, de aproximadamente 25 años de edad y aún no identificada oficialmente, fue encontrada sin vida y con aparentes signos de tortura en una zona de difícil acceso de la capital hondureña. El hecho causó conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales debido a la crueldad con la que habría sido asesinada.

Según los primeros reportes, la mujer se encontraba en estado de embarazo y su cuerpo habría sido lanzado a un abismo en la colonia Villa Nueva tras ser atacada violentamente.

El caso ocurre en medio de fuertes denuncias realizadas por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, quienes advierten que Honduras enfrenta una escalada de violencia letal contra la población femenina.

La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Cristina Alvarado, alertó que actualmente en Honduras se registra aproximadamente una muerte violenta de mujer cada 30 horas.

La representante feminista señaló además que muchos de los crímenes recientes reflejan niveles extremos de violencia y ensañamiento contra las víctimas.

“Estamos viendo casos con torturas, mutilaciones y escenas viscerales que reflejan una peligrosa normalización del femicidio en nuestra sociedad”, expresó Alvarado.

La activista mencionó precisamente el asesinato de la mujer embarazada encontrado en Villa Nueva como uno de los hechos que evidencian la falta de protección institucional hacia las mujeres hondureñas.

El crimen ha provocado indignación en distintos sectores sociales debido a la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y por las condiciones violentas en las que fue hallado el cuerpo.

Mientras tanto, las autoridades policiales mantienen abierta una investigación para determinar la identidad de la mujer y dar con los responsables del crimen.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Más de 100 femicidios en 2026

Organizaciones feministas y el Observatorio Nacional de la Violencia reportan que Honduras ya registra alrededor de 102 femicidios en lo que va de 2026, cifras que continúan generando preocupación entre defensores de derechos humanos.

De acuerdo con representantes de colectivos feministas, los operativos de seguridad implementados por el Estado no han logrado reducir la violencia contra las mujeres ni garantizar protección efectiva para las víctimas.

Cristina Alvarado cuestionó la efectividad de las estrategias de seguridad impulsadas por las autoridades y aseguró que las mujeres continúan expuestas a altos niveles de violencia e impunidad.

“La violencia contra las mujeres sigue creciendo y las respuestas institucionales no están siendo suficientes”, denunció.

Diversos sectores han señalado que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para las mujeres en América Latina, especialmente por los altos niveles de impunidad en casos de femicidio y violencia doméstica.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han advertido que muchos crímenes quedan sin resolver y que las familias de las víctimas enfrentan largos procesos judiciales sin resultados concretos.

Mientras tanto, colectivos feministas reiteraron el llamado al Estado hondureño para fortalecer las políticas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.

El asesinato de la joven embarazada en Tegucigalpa volvió a colocar en el centro del debate nacional la crisis de violencia de género que atraviesa Honduras y la exigencia de acciones más contundentes para frenar los femicidios en el país.

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este miércoles una nueva muerte por tos ferina, elevando a 11 el número de fallecidos por esta enfermedad en lo que va de 2026. El más reciente caso se reportó en Tegucigalpa y corresponde a un menor de edad, según informó la Secretaría de Salud.

El aumento de casos ha generado preocupación entre especialistas y autoridades, principalmente por la disminución en la cobertura de vacunación infantil en distintas regiones del país. Además, el número de fallecidos ya supera los ocho decesos registrados durante todo el año 2025, reflejando un incremento significativo de la enfermedad en Honduras.

La representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto, confirmó que las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica activa y esperan los resultados de laboratorio de otro caso sospechoso en San Pedro Sula, donde falleció recientemente un lactante con síntomas compatibles con la enfermedad.

“Necesitamos que los niños reciban sus esquemas de vacunación”, reiteró la especialista, quien recordó que la vacuna hexavalente se aplica de forma gratuita en los centros asistenciales públicos del país y representa una de las principales herramientas para prevenir complicaciones graves por tos ferina.

La funcionaria explicó que la vacuna hexavalente protege contra seis enfermedades, incluida la tos ferina, y enfatizó que muchos menores no están completando sus esquemas de inmunización en el tiempo recomendado, aumentando el riesgo de contagios y hospitalizaciones.

Además, hizo un llamado urgente a las mujeres embarazadas para que se vacunen entre las semanas 26 y 37 de gestación, ya que esta medida ayuda a transferir protección al bebé durante sus primeros meses de vida, etapa en la que los recién nacidos son más vulnerables ante infecciones respiratorias severas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa causada por las bacterias Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis. Esta afecta principalmente el tracto respiratorio y puede provocar episodios intensos de tos, dificultad para respirar y complicaciones potencialmente mortales en menores de edad.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre leve, congestión nasal y ataques prolongados de tos, aunque en bebés la enfermedad puede causar pausas respiratorias, coloración azulada de la piel y neumonías graves que requieren hospitalización inmediata.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la baja cobertura de vacunación podría favorecer nuevos brotes en distintas zonas del país, especialmente en comunidades donde existe rezago en los programas de inmunización infantil.

Por ello, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres de familia y cuidadores para acudir a los centros de salud y verificar que los menores tengan completas sus vacunas, especialmente la dosis hexavalente incluida en el esquema nacional de vacunación.

La institución también indicó que continúa fortaleciendo las jornadas de monitoreo epidemiológico y seguimiento de casos sospechosos para evitar una mayor propagación de la enfermedad en Honduras.

Mientras tanto, expertos en salud pública consideran clave reforzar las campañas de concientización sobre vacunación, debido a que muchas familias han dejado de acudir regularmente a los centros asistenciales tras la pandemia, generando retrasos en la aplicación de dosis preventivas.

Con el incremento de fallecimientos registrados en 2026, las autoridades sanitarias mantienen la alerta y reiteran que la vacunación continúa siendo la principal medida para prevenir casos graves y reducir el impacto de la tos ferina en la población infantil hondureña.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó la instalación masiva de nuevos medidores de energía eléctrica como parte de un plan nacional para reducir las pérdidas económicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y mejorar el control del consumo energético en todo el país.

Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, el mandatario aseguró que la situación financiera de la estatal eléctrica continúa siendo uno de los mayores retos económicos de Honduras y advirtió que, si no se toman medidas firmes, el problema seguirá afectando las finanzas nacionales.

“Asfura afirmó que si no se actúa con decisiones firmes dentro de la ENEE, Honduras continuará enfrentando dificultades económicas”, señaló el mandatario al referirse a las pérdidas que registra la empresa estatal.

Gobierno ampliará instalación de medidores en todo el país

El gobernante explicó que actualmente unas 38 cuadrillas trabajan en distintas regiones instalando nuevos medidores de energía, aunque adelantó que el Gobierno ya se encuentra en proceso de licitación para aumentar significativamente la cobertura del proyecto.

Según detalló, el objetivo es llegar a operar entre 400 y 450 cuadrillas para acelerar la instalación de medidores y detectar dónde se producen las mayores pérdidas de energía.

“Queremos saber exactamente dónde están nuestras pérdidas”, expresó Asfura, al tiempo que indicó que la ENEE también implementará un sistema de sectorización energética para identificar barrios, colonias o circuitos con altos niveles de consumo irregular.

El presidente explicó que este mecanismo permitirá analizar con mayor precisión en qué zonas del país existen conexiones ilegales o pérdidas técnicas que afectan las finanzas de la estatal eléctrica.

Descarta cobros retroactivos

Asfura también respondió a las dudas y preocupación de algunos abonados sobre posibles cobros retroactivos tras la instalación de los nuevos equipos de medición.

El mandatario aseguró que los nuevos medidores comenzarán a contabilizar el consumo desde el momento de su instalación y negó que se vaya a realizar algún tipo de promedio sobre consumos anteriores.

“El medidor que instalemos es de hoy en adelante. No lo estamos poniendo para promediar”, aclaró.

Asimismo, reconoció que miles de familias han solicitado durante años la instalación de un medidor sin recibir respuesta por parte de la ENEE, situación que atribuyó a problemas administrativos dentro de la institución.

“A eso yo no le llamo hurto, a eso le llamo ineficiencia de la ENEE”, sostuvo.

Sin embargo, el mandatario advirtió que las autoridades sí actuarán contra quienes mantengan conexiones ilegales paralelas al sistema formal de energía.

ENEE niega implementación de medidores prepago

Las declaraciones del presidente surgen días después de que la ENEE desmintiera rumores sobre una supuesta implementación de medidores prepago en Honduras a partir de agosto de 2026.

La estatal eléctrica aclaró mediante un comunicado oficial que actualmente no existe un plan para aplicar ese sistema en el país y calificó como falsa la información difundida en redes sociales.

La polémica comenzó luego de declaraciones de un diputado del Congreso Nacional que mencionó la modalidad prepago como una posible alternativa para enfrentar la crisis financiera de la empresa energética.

No obstante, posteriormente se aclaró que no existe una iniciativa oficial en marcha para aplicar ese modelo.

Los medidores prepago funcionan mediante recargas anticipadas de energía, similares a las recargas telefónicas, donde el usuario consume electricidad hasta agotar el saldo disponible.

Aunque el tema volvió a generar debate en redes sociales, las autoridades reiteraron que el proyecto actual se enfoca únicamente en mejorar la medición, reducir pérdidas y detectar conexiones ilegales.

Los exdiputados Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez fueron los primeros en presentarse este miércoles ante las instalaciones del Ministerio Público (MP), específicamente ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, tras ser citados en condición de investigados dentro de un proceso administrativo relacionado con la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Desde tempranas horas de la mañana, los excongresistas llegaron acompañados de sus equipos legales, quienes interpusieron un escrito de apersonamiento con el objetivo de conocer formalmente los motivos de la investigación y garantizar el derecho a la defensa de sus representados.

Las citaciones emitidas por el Ministerio Público también alcanzan al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como a otros diputados y exdiputados que integraron o estuvieron vinculados a la Comisión Permanente durante el período en investigación.

El exdiputado de Libre Juan Barahona manifestó que acudió al llamado fiscal en cumplimiento de la ley y aseguró desconocer los señalamientos concretos que pesan en su contra.

“La citatoria solo dice que uno debe comparecer por una investigación que hay, pero no especifican qué tipo de investigación es la que están haciendo, por eso vengo porque no debo nada, ni he cometido delito en mis acciones”, expresó Barahona a su llegada al Ministerio Público.

El exparlamentario agregó que, una vez concluida su comparecencia ante los fiscales, brindaría declaraciones más amplias a los medios de comunicación sobre el proceso que enfrentan los exintegrantes de la Comisión Permanente.

Por su parte, el exdiputado Osman Chávez sostuvo que se presentó “con la frente en alto” y negó haber causado daño al país durante su gestión legislativa.

“Yo fui representante del Partido Salvador de Honduras, no de Libre en la Comisión Permanente, esto es una persecución política contra Redondo, no hicimos nada malo”, declaró Chávez ante periodistas apostados en las afueras de la Fiscalía.

Mientras tanto, las exdiputadas Silvia Ayala y Karen Martínez ingresaron al edificio del Ministerio Público sin brindar declaraciones públicas.

Asimismo, se informó que el diputado Carlos Raudales también se presentaría durante el transcurso de la mañana para atender el requerimiento fiscal.

De igual forma, se esperaba la llegada del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en medio de una creciente expectativa mediática y política por el desarrollo de las diligencias investigativas.

Las defensas de los exdiputados señalaron que no pueden emitir declaraciones ni permitir que sus representados rindan una comparecencia formal mientras no conozcan con precisión el contenido del expediente o las acusaciones que motivan la investigación.

En ese sentido, los abogados presentaron un escrito solicitando acceso al proceso investigativo y, además, pidieron un cambio de fecha para que los citados puedan presentar documentación y preparar una declaración más amplia ante los fiscales.

Tras la presentación del escrito, los exdiputados abandonaron rápidamente las instalaciones del Ministerio Público y quedaron a la espera de la resolución que adopte la Fiscalía respecto a la solicitud de sus defensas.

El Ministerio Público confirmó además que el martes hizo entrega de citaciones a los diputados Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Casaña y Kritza Pérez, quienes deberán establecer el lugar donde se les tomará declaración.

No obstante, las autoridades informaron que fue imposible entregar las citaciones a las diputadas Sherly Arriaga y Luz Angélica Smith.

Entre los citados por el ente acusador figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Además, se encuentra pendiente la definición de fecha, hora y lugar para la comparecencia de los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

El Ministerio Público aclaró que todos los señalados han sido citados en condición de investigados, como parte de un procedimiento que busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa dentro de una investigación administrativa en curso.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó este miércoles que las relaciones entre Honduras y El Salvador continúan en buenos términos, luego de la controversia generada por el ingreso de una delegación salvadoreña al territorio hondureño, encabezada por la ministra de Educación del vecino país.

El mandatario restó importancia al incidente ocurrido en un punto fronterizo y aseguró que la situación fue aclarada en el momento entre las autoridades de ambas naciones.

“Mire, la persona que llegó del lado salvadoreño muy educada, muy educada, ella comprendió cuando nuestro soldado le explicaba a ella el procedimiento y ella también, nuestro soldado fue muy amable, ella muy amable también”, manifestó el gobernante al referirse al encuentro sostenido entre militares hondureños y la funcionaria salvadoreña.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen luego de que circularan cuestionamientos y reacciones en torno al protocolo aplicado por autoridades hondureñas ante la presencia de personal militar extranjero uniformado acompañando a una misión humanitaria procedente de El Salvador.

No obstante, Asfura insistió en que no existe ningún conflicto diplomático entre ambas naciones y sostuvo que el episodio no debe interpretarse como una confrontación bilateral.

“No hay ningún incidente, no pasó nada, todo está bien en nuestras relaciones con El Salvador, no hay nada de qué hablar o discutir, somos hermanos, países hermanos que estamos para trabajar juntos y ver el futuro”, expresó.

El presidente hondureño también aprovechó para enviar un mensaje de integración regional, destacando la necesidad de fortalecer la unidad centroamericana frente a los desafíos comunes.

“Centroamérica tiene que ser una región unida y fuerte. Somos vecinos, estamos al par de todos, desde Panamá hasta Guatemala hay una hermandad centroamericana”, añadió el titular del Poder Ejecutivo.

En las últimas horas, el Gobierno de Honduras emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó las razones legales y constitucionales por las cuales se aplicó el protocolo fronterizo durante el ingreso de la delegación salvadoreña.

A través de la Cancillería hondureña, las autoridades aclararon que el ingreso de los integrantes civiles de la misión y de los materiales destinados para comunidades fronterizas fue autorizado sin restricciones.

Sin embargo, precisaron que la legislación hondureña establece requisitos específicos para el ingreso de personal militar extranjero que porte uniforme activo dentro del territorio nacional.

“Al no haberse cumplido ninguno de estos requisitos, y en estricto apego a la ley, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente”, señaló el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Cancillería detalló que la actuación de los agentes fronterizos se sustentó en el artículo 205 numeral 26 de la Constitución de la República, disposición que regula el ingreso de tropas o personal militar extranjero a Honduras y que exige autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal.

De acuerdo con el Gobierno hondureño, las medidas adoptadas no tuvieron como finalidad obstaculizar las acciones humanitarias impulsadas por la delegación salvadoreña, sino garantizar el cumplimiento de la normativa nacional relacionada con la soberanía territorial.

En ese sentido, las autoridades aseguraron que en todo momento se brindaron las facilidades necesarias para que los materiales educativos y el personal civil pudieran continuar su trayecto y desarrollar las actividades previstas en las comunidades fronterizas.

Asimismo, el Ejecutivo reiteró que la restricción aplicada se limitó únicamente al porte de uniforme militar activo y no a la ayuda humanitaria ni al ingreso de civiles.

“El Estado no puede establecer excepciones que comprometan los principios vinculados con la soberanía territorial conforme a los mecanismos legales vigentes”, subrayó el Gobierno en su posicionamiento.

La captura de un sospechoso por el asesinato del ambientalista hondureño Carlos Antonio Luna López, ocurrido en 1998 en Catacamas, Olancho, volvió a poner en la memoria colectiva uno de los crímenes más emblemáticos relacionados con la defensa del medio ambiente en Honduras.

El detenido fue identificado como Ítalo Iván Lemus Santos, de 53 años, acusado por el delito de asesinato en perjuicio del reconocido defensor ambiental, quien durante los años noventa denunció públicamente la tala ilegal y la explotación indiscriminada de los recursos naturales en Olancho.

La captura fue confirmada este martes por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional, exactamente 28 años después del crimen que conmocionó al país y que terminó convirtiéndose en un símbolo de la violencia contra líderes ambientalistas en Honduras.

Operativo en Catacamas

Según las autoridades, la detención se ejecutó mediante un operativo conjunto desarrollado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El sospechoso fue requerido en el municipio de Catacamas, Olancho, lugar donde ocurrió el asesinato del ambientalista el 18 de mayo de 1998.

Tras su captura, Lemus Santos fue trasladado bajo estrictos protocolos de seguridad hacia una estación policial, donde permanecerá mientras continúa el procedimiento judicial correspondiente.

La detención reabre un expediente que durante décadas ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como uno de los casos más representativos de impunidad y violencia contra defensores de derechos humanos y ambientales en el país.

¿Quién fue Carlos Luna?

Carlos Antonio Luna López fue ingeniero agrónomo, político y uno de los principales defensores ambientales de Honduras durante la década de los noventa.

Su nombre cobró notoriedad por denunciar actividades relacionadas con la tala ilegal y la explotación de bosques en Olancho, una lucha que le generó amenazas constantes y lo convirtió en una figura incómoda para sectores vinculados a actividades madereras ilegales.

Al momento de su asesinato, Luna se desempeñaba como regidor municipal de la Alcaldía de Catacamas y además coordinaba la Comisión Municipal de Medio Ambiente.

También había sido candidato a alcalde y era ampliamente reconocido por impulsar iniciativas enfocadas en la protección de los recursos naturales y el desarrollo comunitario.

El crimen que estremeció a Honduras

El ambientalista fue asesinado a disparos la noche del 18 de mayo de 1998, luego de salir de una reunión de corporación municipal en Catacamas.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Carlos Luna había denunciado reiteradamente actividades ilegales vinculadas a la explotación forestal en la zona, situación que habría provocado amenazas en su contra antes de su asesinato.

Su muerte generó indignación dentro y fuera de Honduras, especialmente entre organizaciones defensoras del medio ambiente y de derechos humanos, que denunciaron falta de protección estatal hacia el ambientalista.

Con el paso de los años, el caso llegó hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Estado hondureño reconoció responsabilidad internacional por no garantizar la protección de Luna y por las deficiencias registradas en la investigación del crimen.

Caso emblemático

La captura del sospechoso revive uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Honduras y vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la seguridad de quienes defienden el medio ambiente en el país.

Diversas organizaciones ambientalistas han señalado durante años que el asesinato de Carlos Luna marcó un antes y un después en la lucha ambiental hondureña, debido a que evidenció los riesgos que enfrentan líderes sociales al denunciar delitos relacionados con recursos naturales.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no descartan nuevas capturas relacionadas con el caso.

A casi tres décadas del crimen, la captura de un sospechoso representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por la muerte de uno de los ambientalistas más recordados de Honduras.

Ante la problematica energética en Honduras se presento una inciativa ciudadana denominada "Potencia Honduras", orientada a impulsar una reforma profunda del sistema energético nacional y a rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de lo que califican como décadas de politización, pérdidas millonarias e ineficiencia institucional.

La propuesta surge en un momento de creciente presión financiera sobre el Estado hondureño, derivada de una crisis energética que, según la Asociación por una Sociedad mas justa, le cuesta al país más de 15,140 millones de lempiras al año y genera pérdidas diarias cercanas a 50 millones de lempiras en energía consumida, pero no pagada.

Durante la presentación del programa, especialistas enfatizaron que el deterioro del sistema eléctrico se ha convertido en uno de los principales factores que afectan las finanzas públicas, y que actualmente uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública nacional está vinculado directamente a la crisis de la ENEE.

El especialista en energía de ASJ, Edgard Aguilar, recalcó que el sistema eléctrico requiere reformas estructurales profundas y advirtió que las transferencias estatales millonarias realizadas en los últimos años no han generado mejoras visibles para la población. Aguilar afirmó: “Uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total de Honduras es generado exclusivamente por la crisis del sector eléctrico”.

De acuerdo con los datos presentados por la organización, entre 2022 y 2025 el Estado transfirió más de 46,422 millones de lempiras a la ENEE sin establecer metas concretas, mecanismos de transparencia ni procesos efectivos de rendición de cuentas.

Para la ASJ, el resultado de estas transferencias se traduce en apagones constantes, tarifas elevadas, pérdidas técnicas y no técnicas, además de una limitada cobertura energética en comunidades rurales que siguen sin acceso estable al suministro eléctrico.

Pérdidas Millonarias

La iniciativa Potencia Honduras plantea una hoja de ruta de 48 meses fundamentada en reformas estructurales para fortalecer la regulación técnica, introducir mecanismos de competencia y despolitizar la administración del sistema energético nacional.

Según las proyecciones de la organización, la implementación del programa permitiría generar un ahorro fiscal acumulado superior a 144,000 millones de lempiras en los próximos diez años, además de reducir en más de 99,000 millones la deuda acumulada de la estatal eléctrica para 2035.

ASJ sostiene que el rescate del sistema eléctrico tendría un impacto no solo en las finanzas públicas, sino también en sectores sociales clave, debido a que la reducción de pérdidas permitiría liberar recursos estatales para hospitales, escuelas e infraestructura pública.

La organización considera además que una reforma energética integral podría mejorar la competitividad del país, estabilizar tarifas y generar condiciones más atractivas para la inversión privada y la creación de empleo.

Durante el evento participaron también especialistas y representantes ambientales, quienes advirtieron sobre la necesidad de vincular la política energética con la protección de los recursos naturales. El miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, René Soto, indicó que“Si no hay bosque, no hay agua; y si no hay agua, es imposible pensar en generación energética”, destacando la importancia de incorporar sostenibilidad ambiental en cualquier estrategia de rescate energético.

Contratos energéticos

Por su parte, el experto en energía Samuel Rodríguez señaló que Honduras debe prepararse desde ahora para la finalización de varios contratos energéticos previstos para 2028.

Rodríguez también insistió en diversificar la matriz energética nacional con alternativas renovables como la energía solar, vistas como fundamentales para reducir costos y disminuir la dependencia de combustibles tradicionales.

La crisis energética ha sido durante décadas uno de los problemas estructurales más complejos de Honduras. Altas pérdidas, deudas acumuladas, subsidios crecientes, contratos cuestionados y fallas operativas han convertido a la ENEE en una de las instituciones más golpeadas financieramente del Estado hondureño.

La iniciativa busca abrir el debate nacional sobre el futuro energético y presionar por soluciones estructurales a una crisis que, según sus proyecciones, amenaza con seguir drenando miles de millones de lempiras de las finanzas públicas si no se toman decisiones urgentes.

Un hondureño de 21 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de salir de una audiencia en un tribunal migratorio de Nueva York, pese a que menos de 24 horas antes un juez federal había ordenado suspender este tipo de arrestos en las cercanías de las cortes de inmigración.

El caso ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de migrantes y abogados, quienes consideran que la detención contradice directamente el fallo emitido por el juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York.

La resolución judicial establecía que ICE no podía continuar ejecutando arrestos dentro o cerca de los tribunales migratorios utilizando una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.

Según el juez, el Gobierno federal aplicó incorrectamente una guía administrativa para justificar este tipo de operativos.

Sin embargo, pocas horas después de emitirse la orden, agentes migratorios arrestaron al hondureño identificado únicamente como Alexander al salir del edificio 26 Federal Plaza, uno de los principales complejos federales donde funcionan tribunales de inmigración en Nueva York.

El arresto ocurrió ante la mirada de observadores, activistas y abogados que desde hace meses documentan las capturas realizadas por ICE en ese lugar.

El abogado Benjamin Remy, integrante del New York Assistant Group y uno de los representantes legales del hondureño, aseguró que la acción demuestra que la agencia migratoria continúa ejecutando políticas agresivas de detención y deportación.

“Después de casi un año de innumerables personas sufriendo a manos de la cruel y violenta política de detención y deportación masiva del ICE, esta agencia ha demostrado que no piensa detenerse”, expresó Remy al medio local The City.

El abogado indicó además que no les sorprendió ver nuevamente a agentes migratorios en el lugar pese al fallo judicial emitido apenas un día antes.

La defensa legal del joven hondureño es acompañada también por el New York Habeas Project, vinculado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Uno de los testigos del arresto fue el sacerdote y activista Fabián Arias, conocido por acompañar a migrantes durante sus procesos judiciales en Nueva York.

El religioso relató que incluso habían informado a varias personas presentes que no debían preocuparse por posibles detenciones tras la resolución del juez federal.

“Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que no podían detener a más gente. No puedo creerlo, fue cuestión de segundos”, expresó Arias tras presenciar la captura del joven hondureño.

De acuerdo con medios estadounidenses, Alexander no posee antecedentes penales, un elemento que ha incrementado las críticas contra ICE y la política migratoria implementada actualmente en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han aclarado oficialmente si el arresto del hondureño se realizó bajo alguna de las excepciones permitidas por un memorando interno de 2021, el cual autoriza detenciones en casos relacionados con amenazas a la seguridad nacional o riesgos graves para la seguridad pública.

Sin embargo, abogados y activistas aseguran que no existe información que vincule al migrante hondureño con ese tipo de circunstancias.

El presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, cuestionó el actuar de ICE y recordó que ninguna institución federal puede colocarse por encima de las decisiones judiciales.

“La ley aplica para todos y ICE no es la excepción”, manifestó el líder migrante, mientras organizaciones proinmigrantes continúan denunciando que los arrestos en tribunales generan miedo entre las personas que buscan regularizar su situación migratoria.

El caso del joven hondureño vuelve a encender el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y el alcance de las operaciones ejecutadas por ICE dentro de espacios considerados sensibles para la comunidad migrante.

La Secretaría de Salud de Honduras confirmó que a la fecha el país ya acumula 3.162 casos de dengue en lo que va de 2026, una cifra que mantiene bajo vigilancia al sistema sanitario nacional ante la inminente llegada de la temporada lluviosa, período en el que históricamente aumentan los contagios por la proliferación del zancudo Aedes aegypti.

Aunque las autoridades aclararon que Honduras aún no se encuentra en una fase de alarma epidemiológica, reconocieron que el comportamiento de la enfermedad obliga a reforzar desde ahora las acciones de prevención.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, doctor Homer Mejía, informó durante una comparecencia de prensa que de los casos reportados, 3,110 corresponden a dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, mientras que 52 pacientes han sido clasificados con dengue grave.

Pese al incremento de contagios, las autoridades sanitarias destacaron que hasta el momento no se registran fallecimientos asociados a la enfermedad, un dato considerado positivo dentro del monitoreo epidemiológico.

El personal sanitario advirtió que la situación podría cambiar con el inicio de las lluvias, debido a que el agua acumulada facilita la reproducción del mosquito transmisor, especialmente en recipientes abandonados, pilas descubiertas, solares sucios y objetos en desuso.

“El éxito para prevenir el dengue está en eliminar las larvas antes de que se conviertan en zancudos adultos”, enfatizó Mejía, al reiterar el llamado a la población para revisar constantemente los lugares donde se almacena agua.

Prevención comunitaria

Las autoridades explicaron que actualmente Honduras permanece en una etapa de seguridad epidemiológica y no de emergencia sanitaria, aunque insistieron en que la prevención comunitaria será determinante para evitar un escenario más complejo durante el invierno.

En ese sentido, la Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía intensificar las jornadas de limpieza en viviendas, barrios y comunidades, eliminando recipientes que acumulen agua, desechando botellas, latas y llantas viejas, además de mantener correctamente tapados los depósitos utilizados para almacenamiento doméstico.

La SESAL también hizo énfasis en la detección temprana de síntomas, recordando que signos como fiebre alta, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, náuseas o erupciones en la piel pueden ser indicativos de dengue y requieren atención médica inmediata.

Especialistas advierten que uno de los mayores riesgos de la enfermedad es que muchas personas retrasan la consulta médica, permitiendo que el cuadro evolucione hasta convertirse en dengue grave, condición que puede provocar hemorragias, deshidratación severa y complicaciones potencialmente mortales.

Durante los últimos años, Honduras ha enfrentado importantes brotes de dengue que han saturado hospitales y centros asistenciales, especialmente durante temporadas lluviosas intensas. El país incluso llegó a registrar emergencias sanitarias por la enfermedad en años anteriores.

Factores de propagación

Factores como el cambio climático, las lluvias irregulares, las altas temperaturas y el almacenamiento inadecuado de agua han sido identificados como elementos que favorecen la expansión del mosquito transmisor en distintas regiones del país.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el combate contra el dengue no depende únicamente del sistema hospitalario, sino de la participación activa de las comunidades y gobiernos locales para eliminar criaderos y reducir la presencia del vector.

“La participación de la población es clave. Si eliminamos los criaderos, reducimos significativamente el riesgo de transmisión”, señalaron funcionarios de Salud al insistir en la necesidad de mantener vigilancia permanente en hogares y centros comunitarios.

La Secretaría de Salud aseguró que continuará desarrollando operativos de control vectorial, fumigaciones focalizadas y campañas de concientización en las zonas con mayor incidencia de casos, mientras mantiene activa la vigilancia epidemiológica a nivel nacional.

Entretanto, las autoridades hacen un llamado urgente a no bajar la guardia ante una enfermedad que cada año representa uno de los mayores desafíos de salud pública en Honduras y cuya propagación suele acelerarse con la llegada del invierno

La organización Casa Alianza Honduras advirtió sobre el preocupante incremento de muertes por accidentes de tránsito que afecta de forma directa a niñas, niños y adolescentes en el país, al revelar que 76 menores han perdido la vida en lo que va de 2026 en percances viales registrados a nivel nacional.

El llamado fue realizadp por la directora de la organización, Cándida Sauceda, quien señaló que la situación refleja una crisis sostenida de seguridad vial que continúa cobrando vidas infantiles y juveniles en distintas regiones del territorio hondureño.

De acuerdo con los datos presentados por Casa Alianza, entre enero y la fecha se han registrado 642 muertes por accidentes de tránsito en Honduras, de las cuales el 12 % corresponde a personas entre 0 y 17 años, lo que evidencia la alta exposición de menores de edad a riesgos en las vías públicas.

Sauceda manifestó preocupación por la concentración de estos casos en departamentos como Cortés, Atlántida, Olancho y Copán, zonas que, según la organización, presentan una mayor vulnerabilidad debido al crecimiento del parque vehicular, el uso extendido de motocicletas y la limitada supervisión en carretera.

Adoslecentes los más afectados

Uno de los datos más alarmantes señalados por Casa Alianza es que los adolescentes varones entre 16 y 17 años representan el 47 % de las muertes de menores, mientras que el grupo de 12 a 15 años concentra el 29 % de los casos reportados.

Para la directora, estos números reflejan una exposición temprana al riesgo vial y la ausencia de controles efectivos para impedir que adolescentes conduzcan vehículos sin cumplir los requisitos legales.

“Conducir sin límites, sin reglas y sin orden vial pone en riesgo la vida de la niñez y adolescencia en Honduras”, advirtió Sauceda al referirse al impacto de la conducción irresponsable y la débil aplicación de la normativa de tránsito.

El informe de Casa Alianza también destaca que el 58 % de los menores fallecidos en accidentes de tránsito eran conductores al momento del hecho, lo que, según la organización, genera serias preocupaciones sobre acceso irregular a vehículos, falta de supervisión adulta y posibles conductas de riesgo como exceso de velocidad o consumo de alcohol a temprana edad.

Sauceda agregó que esta situación revela una combinación de factores estructurales y sociales que facilitan que adolescentes circulen en motocicletas y otros vehículos sin la preparación ni la autorización correspondiente.

Campañas de educación y prevención necesarias

La organización advirtió además que la problemática se agrava por la débil presencia de operativos de control en distintas zonas del país y la limitada educación vial dirigida a la población juvenil.

En ese sentido, Casa Alianza hizo un llamado urgente a madres y padres de familia para evitar proporcionar motocicletas u otros vehículos a menores que no cumplen con la edad mínima ni cuentan con permisos de conducción establecidos por la ley.

La directora de la organización exhortó al Estado de Honduras a fortalecer las políticas de seguridad vial mediante campañas de prevención, educación en las escuelas y el refuerzo de operativos de control en carreteras y zonas urbanas con alta incidencia de accidentes.

“Es urgente que el Estado actúe con mayor firmeza para evitar que más niñas, niños y adolescentes sigan perdiendo la vida en las calles del país”, enfatizó Sauceda en su pronunciamiento.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en Honduras, afectando especialmente a jóvenes que, en muchos casos, no cuentan con la preparación adecuada para conducir en condiciones seguras.

Especialistas en seguridad vial han advertido que el incremento del uso de motocicletas, la falta de cultura de prevención y el incumplimiento de las normas de tránsito están contribuyendo significativamente al aumento de muertes en carretera.

Casa Alianza reiteró que la situación no solo representa un problema de movilidad o tránsito, sino también una crisis de protección de derechos de la niñez y adolescencia que requiere respuestas inmediatas y coordinadas entre el Estado, las familias y la sociedad.

Honduras y Nicaragua retomaron esta semana el diálogo de alto nivel sobre el Tratado Bicentenario, el acuerdo que redefinió límites marítimos entre ambos países y garantizó la salida soberana hondureña al Océano Pacífico, un tema considerado estratégico dentro de la política exterior y la seguridad territorial de la región centroamericana.

La reunión se desarrolló entre la canciller hondureña Mireya Agüero y el co-canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, quienes abordaron el seguimiento al instrumento jurídico suscrito entre ambas naciones, así como temas vinculados a la integración regional, cooperación bilateral y fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El encuentro ocurre en un contexto donde Honduras busca consolidar los alcances legales y diplomáticos del tratado firmado con Managua, mientras persisten diferencias regionales relacionadas con los derechos marítimos en el Golfo de Fonseca y el acceso soberano al Pacífico.

Según informó la Cancillería hondureña mediante su cuenta oficial en X, ambas delegaciones coincidieron en mantener el espíritu de cooperación regional, fortalecer el diálogo político y continuar impulsando mecanismos de convivencia pacífica y responsabilidad compartida entre las naciones centroamericanas.

Límites Marítimos

El Tratado Bicentenario fue suscrito el 27 de octubre de 2021 en Managua por el entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el mandatario nicaragüense Daniel Ortega. El acuerdo permitió definir límites marítimos en el Mar Caribe y las aguas fuera del Golfo de Fonseca, estableciendo jurídicamente el acceso soberano de Honduras hacia el Pacífico.

Para Honduras, el instrumento representó uno de los movimientos diplomáticos más relevantes en materia territorial y marítima de las últimas décadas, debido a que históricamente el país mantuvo limitaciones geográficas y disputas relacionadas con su proyección soberana hacia el Pacífico.

El acuerdo no fue respaldado por El Salvador, nación que rechazó el tratado y que hasta ahora no se ha adherido plenamente a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la administración de las aguas compartidas del Golfo de Fonseca.

La resolución emitida por la CIJ el 11 de septiembre de 1992 resolvió la disputa fronteriza terrestre e insular entre Honduras y El Salvador, pero además estableció que Honduras, Nicaragua y El Salvador debían alcanzar acuerdos conjuntos sobre el uso de las aguas del golfo y las rutas de salida soberana hacia el Pacífico.

Desde entonces, el tema se convirtió en uno de los asuntos más delicados dentro de la geopolítica centroamericana, debido a los intereses económicos, marítimos y estratégicos que convergen en el Golfo de Fonseca, una zona considerada clave para el comercio, la navegación y la seguridad regional.

Durante años, los avances diplomáticos estuvieron limitados por tensiones históricas y desacuerdos territoriales, pero Honduras y Nicaragua mantuvieron negociaciones bilaterales que finalmente desembocaron en la firma del Tratado Bicentenario, considerado por ambos gobiernos como un paso histórico para fortalecer la cooperación y resolver antiguos diferendos limítrofes.

Integración centroamericana

Además de revisar los avances del tratado, los cancilleres también abordaron temas relacionados con la integración regional y el futuro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), organismo que enfrenta nuevos desafíos políticos, económicos y migratorios en la región.

La reunión muestra el interés de Tegucigalpa y Managua por mantener abiertos los canales diplomáticos y consolidar una agenda conjunta en temas de cooperación regional, seguridad y estabilidad política centroamericana.

El Tratado Bicentenario continúa generando debate debido a las diferencias sobre la interpretación de los derechos marítimos en el Golfo de Fonseca y la participación de los países ribereños en las decisiones sobre soberanía y navegación.

Honduras y Nicaragua han reiterado que el diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional seguirán siendo la vía para resolver las controversias históricas en la región.

Para sectores diplomáticos y expertos en relaciones internacionales, el seguimiento al tratado representa mucho más que una revisión bilateral: simboliza la consolidación de una aspiración histórica de Honduras por fortalecer su presencia marítima y garantizar acceso soberano al Pacífico, un objetivo que durante décadas formó parte de las principales discusiones territoriales en Centroamérica.

La Secretaría de Salud de Honduras ordenó el retiro preventivo de unas 70 mil dosis de la vacuna hexavalente luego de que tres bebés fallecieran en distintos puntos del país horas después de haber recibido la tercera aplicación del biológico.

La medida, según confirmaron las autoridades, forma parte de un protocolo de investigación sanitaria y no implica, por ahora, que la vacuna haya sido identificada como la causa de las muertes.

Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se detalló que la suspensión temporal alcanza únicamente al lote 036040, el mismo que fue aplicado a las menores cuyos casos actualmente son analizados por especialistas de Medicina Forense, epidemiólogos y personal clínico del sistema sanitario nacional.

Las niñas fallecieron en abril en La Ceiba, Choluteca y el Distrito Central, lo que generó alarma entre padres de familia y preocupación en distintos sectores médicos.

De acuerdo con versiones proporcionadas por familiares, las menores presentaron complicaciones pocas horas después de recibir la tercera dosis de la vacuna establecida en el esquema nacional de inmunización para bebés de seis meses de edad.

Con el impacto generado, las autoridades sanitarias decidieron sacar de circulación las dosis vinculadas a la investigación mientras se desarrollan los análisis correspondientes.

Medidas preventivas

La jefa del PAI, Odalis García, explicó que la decisión responde a una medida estrictamente preventiva y subrayó que otros lotes continúan utilizándose con normalidad en los centros asistenciales del país.

Según la funcionaria, “se retiraron como parte del proceso de investigación de los eventos que se han presentado. La vacuna sigue disponible en otros lotes y no se ha demostrado ninguna falla en la cadena de frío o en su conservación”.

Las dosis ahora bajo revisión comenzaron a aplicarse desde enero de este año y, según las autoridades, hasta el momento no existen hallazgos concluyentes que indiquen fallas en el almacenamiento, transporte o manipulación del medicamento.

Mientras avanzan las autopsias, los equipos técnicos también desarrollan una investigación epidemiológica y clínica orientada a reconstruir toda la cadena de distribución del producto, incluyendo su fabricación, ingreso al país, almacenamiento y aplicación en los centros de salud.

Importancia de la vacunación

Especialistas en salud han insistido en la necesidad de actuar con cautela y evitar conclusiones prematuras que puedan generar temor colectivo o rechazo a los programas de inmunización. Es situación según el decano de la facultad de medicina, Marco Tulio Medina pidió prudencia.

“Debemos ser prudentes antes de atribuir estas muertes a la vacunación. Es importante esperar los resultados de Medicina Forense”, expresó.

Medina también advirtió que Honduras enfrenta actualmente riesgos epidemiológicos importantes por enfermedades emergentes y reemergentes, como el sarampión y la tosferina, patologías cuya prevención depende en gran medida de la cobertura de vacunación infantil.

La vacuna hexavalente protege contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b. Su aplicación forma parte de los esquemas de vacunación implementados en múltiples países como herramienta clave para reducir la mortalidad infantil.

Las autoridades hondureñas reiteraron que la suspensión del lote investigado responde a protocolos internacionales de farmacovigilancia y aseguraron que continuarán informando a la población conforme avancen las investigaciones científicas y forenses.

Una joven de 19 años fue detenida en las últimas horas luego de que presuntamente le quitara la vida a su bebé recién nacido y escondiera el cuerpo dentro de una mochila en una vivienda de la capital hondureña, en un caso que ha causado conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales.

El hecho ocurrió en una residencia ubicada en Residencial El Portillo, en Tegucigalpa, donde la joven laboraba como aseadora doméstica. Según información preliminar, los propietarios de la vivienda comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría al notar que la muchacha permanecía encerrada durante demasiado tiempo en el baño de la casa.

Además, las personas presentes aseguraron haber percibido un fuerte olor a sangre proveniente del lugar, situación que encendió las alarmas y generó preocupación entre los habitantes de la residencia.

De acuerdo con los reportes iniciales, tras varios minutos de incertidumbre decidieron auxiliar a la joven y trasladarla hacia el Hospital Escuela debido a su delicado estado de salud.

Sin embargo, antes de salir revisaron algunas de sus pertenencias y realizaron el hallazgo que dejó impactados a todos.

Dentro de una mochila negra encontraron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, el cual presuntamente habría sido ocultado por la joven tras dar a luz dentro de la vivienda.

Las primeras versiones manejadas por las autoridades indican que la muchacha habría asfixiado al recién nacido utilizando una toalla, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Forense ni por los cuerpos de investigación encargados del caso.

El hecho ya es investigado por agentes de la Policía Nacional y personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte del menor.

Mientras recibía atención médica en el Hospital Escuela, la sospechosa intentó escapar del centro asistencial; no obstante, agentes policiales lograron impedir su huida y la mantienen actualmente bajo custodia mientras continúa recuperándose físicamente.

Las autoridades informaron que, una vez que la joven sea dada de alta, será remitida ante los tribunales competentes para enfrentar el procedimiento legal correspondiente por el presunto delito relacionado con la muerte del recién nacido.

Hasta el momento, la identidad de la joven no ha sido revelada oficialmente por las autoridades debido al proceso investigativo en curso. Únicamente se conoció que es originaria de Danlí, El Paraíso, y que recientemente había comenzado a trabajar en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

El caso ha generado una fuerte reacción entre la población hondureña debido a la crudeza de lo ocurrido y ha reabierto el debate sobre la salud mental, el acceso a atención médica y psicológica para mujeres jóvenes, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento durante el embarazo.

Por su parte, las autoridades forenses realizarán la autopsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de muerte del recién nacido y confirmar si existieron signos de violencia o asfixia, como apuntan las versiones preliminares.

Mientras tanto, vecinos del sector manifestaron consternación por lo sucedido y aseguraron que nunca imaginaron que una tragedia de este tipo pudiera registrarse dentro de una zona residencial de la capital.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho que ha causado conmoción en Tegucigalpa.

El Banco Central de Honduras (BCH) anunció la aprobación de un nuevo plan orientado a flexibilizar el acceso a divisasen el país, medida con la que busca fortalecer el mercado cambiario hondureño, reducir costos operativos y mejorar la participación de empresas y ciudadanos en las subastas de moneda extranjera.

La institución informó que la decisión fue adoptada por el Directorio del BCH tras realizar análisis técnicos sobre el comportamiento económico nacional e internacional, en un contexto marcado por presiones externas que han impactado la actividad económica del país.

Mediante un comunicado oficial, el BCH señaló que las medidas forman parte de una estrategia para contribuir al desarrollo de la producción nacional y mejorar la eficiencia del esquema cambiario hondureño.

“El objetivo es fortalecer el mercado cambiario hondureño y simplificar la participación de los demandantes en el mercado”, destacó la institución financiera estatal.

Según el comunicado, el plan comenzó a implementarse desde el pasado 25 de febrero de 2026 con una primera etapa enfocada en reducir costos y cargas operativas para los participantes en la subasta de divisas.

El BCH aseguró que los resultados iniciales han sido positivos y tangibles, reflejándose en una disminución significativa de los montos rechazados, una moderación en la demanda de divisas y una menor volatilidad en las fluctuaciones del tipo de cambio de referencia.

Como parte de la segunda fase del plan, vigente desde el 18 de mayo de 2026, se aprobaron nuevas disposiciones orientadas a facilitar aún más el acceso al dólar y otras monedas extranjeras.

Entre las medidas anunciadas destaca la ampliación del monto de posturas exentas de presentar documentación soporte para solicitudes iguales o menores a 125 mil dólares diarios.

Asimismo, el BCH eliminó el requisito de la denominada “Nota del Proveedor” para facturas con antigüedad superior a seis meses, uno de los trámites que frecuentemente generaba retrasos en las operaciones cambiarias.

Otra de las decisiones contempla la eliminación del motivo de rechazo por adjudicación parcial o inferior a 10 mil dólares, medida que, según especialistas, podría agilizar los procesos y facilitar operaciones para empresas pequeñas y medianas.

El Banco Central explicó además que el plan contempla futuras medidas para el tercer y cuarto trimestre de 2026, enfocadas en fortalecer las condiciones macroeconómicas y mejorar la transparencia y rendición de cuentas dentro de la política cambiaria nacional.

La institución adelantó que a partir de 2027 se proyecta avanzar hacia una transición gradual bajo un enfoque de metas de inflación, lo que permitiría establecer un ancla nominal basada en baja inflación, emisión monetaria controlada y una contención más eficiente de los impactos externos sobre los precios internos.

Expertos económicos consideran que estas medidas podrían representar un alivio para sectores productivos que dependen de importaciones, así como para empresas que constantemente requieren acceso a moneda extranjera para cumplir compromisos internacionales.

No obstante, algunos analistas también advierten que el comportamiento del mercado internacional, el precio de los combustibles y la disponibilidad de reservas internacionales seguirán siendo factores determinantes para la estabilidad cambiaria del país.

El BCH reiteró su compromiso de mantener un monitoreo permanente del mercado cambiario para tomar decisiones oportunas que permitan fortalecer las competencias del sistema financiero hondureño y mejorar las condiciones económicas nacionales.

El anuncio ocurre en momentos en que diversos sectores empresariales han manifestado preocupación por las dificultades para acceder a dólares y por la volatilidad registrada en el tipo de cambio durante los últimos meses.

La crisis por la falta de agua potable continúa agravándose en Tegucigalpa y las autoridades municipales advirtieron que el panorama podría empeorar durante las próximas semanas debido al bajo nivel de almacenamiento de las principales represas que abastecen a la capital.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, alertó que la prolongada sequía causada por el fenómeno climático de El Niño ha provocado una reducción crítica en los embalses, obligando a implementar racionamientos más severos en distintos sectores de la ciudad.

Según explicó el funcionario, actualmente la distribución del agua potable se realiza cada seis días en numerosas colonias de Tegucigalpa, mientras que en sectores altos el suministro se ha vuelto prácticamente imposible debido a la falta de presión en las tuberías.

Boquín detalló que la represa Los Laureles se encuentra apenas al 37 por ciento de su capacidad, mientras que el embalse Concepción reporta únicamente un 45 por ciento de almacenamiento disponible, cifras que mantienen en alerta a las autoridades técnicas de la UMAPS.

“El fenómeno de El Niño, el super niño, como lo han nombrado este año, ha desplazado las lluvias y según Cenaos las precipitaciones fuertes podrían llegar hasta la segunda quincena de junio”, expresó el titular de la UMAPS.

El funcionario hizo un llamado urgente a la población capitalina para hacer un uso racional del agua potable y colaborar con las medidas de ahorro implementadas por las autoridades municipales mientras persiste la crisis climática.

Ante la escasez de agua en distintos puntos de la ciudad, la UMAPS también activó un plan de contingencia mediante el uso de camiones cisterna para abastecer a barrios y colonias afectados por el desabastecimiento total.

Boquín explicó que la institución recibió una flota prácticamente inservible durante la administración anterior, ya que de 34 unidades únicamente cuatro estaban operativas.

Sin embargo, aseguró que actualmente ya lograron recuperar 12 cisternas que trabajan en turnos dobles para ampliar la cobertura en las zonas más afectadas.

“Estamos duplicando los turnos, es como si tuviéramos 24 unidades trabajando en la ciudad. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque es agua cara, ya que se mueve con diésel”, manifestó.

El gerente de la UMAPS también señaló que el incremento internacional en el precio de los combustibles ha elevado considerablemente los costos de distribución, especialmente en los operativos nocturnos implementados para atender las emergencias en colonias donde el suministro por tubería no logra llegar.

La situación ha generado preocupación entre miles de capitalinos que diariamente enfrentan dificultades para almacenar agua suficiente en sus hogares, principalmente en zonas altas y periféricas de Tegucigalpa donde los cortes son más prolongados.

Las autoridades municipales reconocieron además que la solución definitiva a la crisis hídrica aún tardará varios años, ya que la nueva presa en construcción no estará lista en el corto plazo.

Boquín indicó que el proyecto hídrico heredado de la administración del expresidente municipal Nasry Asfura y retomado actualmente por el alcalde Juan Diego Zelaya, estaría entrando en funcionamiento hasta el primer trimestre de 2028.

Mientras tanto, la UMAPS insistió en que la población debe prepararse para enfrentar semanas complicadas debido a la falta de lluvias y el impacto del fenómeno climático que afecta a gran parte del territorio nacional.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ejecutó un nuevo operativo contra estructuras criminales vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS) en el norte de Honduras, logrando el decomiso de un cargamento de marihuana valorado en millones de lempiras y la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.

La operación se desarrolló en la aldea El Carmen, ubicada en la colonia Colinas, donde agentes policiales interceptaron un vehículo tipo pick-up color rojo que transportaba la droga oculta dentro de una caleta falsa construida en la estructura del automotor.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento de marihuana tendría un valor superior a los cuatro millones de lempiras (150,404.60 dólares) y presuntamente sería distribuido mediante la modalidad de narcomenudeo en diferentes sectores del territorio hondureño.

La portavoz de la DIPAMPCO, Rosa Guadalupe, informó que durante el operativo fueron capturados tres supuestos integrantes de la estructura criminal, quienes serían responsables de movilizar, almacenar y distribuir la droga.

Uno de los detenidos fue identificado como Osman Edgardo Martínez Vázquez, de 19 años, conocido con el alias de “El Veloz”, quien según las investigaciones policiales tenía la función de transportar la sustancia ilícita de un lugar a otro.

También fue arrestado Michael Rápalo, de 21 años, alias “El Colocho”, señalado por los cuerpos de inteligencia como el encargado de esconder o “caletear” la droga para evitar ser detectada por las autoridades.

La tercera capturada responde al nombre de Angie Elizabeth Oliva García, alias “La Yegua”, quien, según la Policía, desempeñaba un rol clave dentro de la estructura criminal y era responsable del almacenamiento del cargamento.

Las autoridades detallaron que los sospechosos intentaban pasar desapercibidos utilizando un compartimiento oculto especialmente acondicionado dentro del vehículo, donde transportaban la marihuana lista para ser distribuida.

“Se realizó una inspección minuciosa del automotor y se verificó que efectivamente contaba con una caleta falsa”, explicó la portavoz policial al brindar detalles sobre el hallazgo realizado por los agentes antidrogas.

Durante el procedimiento, los equipos de investigación inspeccionaron completamente el vehículo y confirmaron la existencia de un doble fondo adaptado para movilizar la droga sin levantar sospechas en retenes o puntos de control policial.

La DIPAMPCO indicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen exacto del cargamento y establecer hacia qué regiones del país iba a ser distribuida la marihuana decomisada.

Asimismo, las autoridades no descartan que existan más personas involucradas dentro de la red criminal dedicada al almacenamiento y distribución de drogas en el norte del territorio hondureño.

Los tres capturados serán remitidos ante las autoridades judiciales bajo acusaciones relacionadas con el delito de tráfico de drogas agravado, mientras continúan las operaciones para identificar y capturar a otros miembros de la estructura criminal.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad hondureñas han intensificado operativos contra grupos vinculados al narcotráfico, narcomenudeo y extorsión, especialmente en sectores considerados de alta incidencia criminal.

La DIPAMPCO aseguró que continuará desarrollando acciones de inteligencia y vigilancia para debilitar las operaciones financieras y logísticas de organizaciones criminales que operan en distintas zonas del país.

Las autoridades reiteraron además que los operativos antidrogas seguirán ejecutándose de manera permanente como parte de la estrategia nacional para combatir el crimen organizado y reducir la circulación de drogas en Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras se pronunció este martes sobre el incidente ocurrido en un punto fronterizo con El Salvador, asegurando que las autoridades hondureñas actuaron conforme a la legislación nacional y en apego a los mecanismos diplomáticos vigentes entre ambos países.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno hondureño explicó que una delegación de la República de El Salvador se presentó en la frontera con el propósito de realizar la entrega de materiales educativos destinados a comunidades de la zona fronteriza.

Según detalló la Cancillería, las autoridades hondureñas permitieron en todo momento el ingreso de los miembros de la delegación en calidad civil, así como el libre tránsito de los materiales educativos. Sin embargo, aclararon que surgió un inconveniente relacionado con la presencia de personal militar salvadoreño en uniforme activo.

El comunicado señala que, de acuerdo con el artículo 205 numeral 26 de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

La Cancillería indicó que ninguno de estos requisitos había sido cumplido antes del arribo de la delegación, por lo que las autoridades hondureñas procedieron a aplicar el protocolo correspondiente en estricto apego a la normativa nacional.

“Honduras desea dejar constancia expresa de que en ningún momento existió intención alguna de obstaculizar una acción humanitaria”, manifestó el Gobierno hondureño en el documento divulgado este 19 de mayo de 2026.

Asimismo, la administración hondureña sostuvo que se ofrecieron todas las facilidades necesarias para que tanto los materiales educativos como el personal civil pudieran ingresar al país y cumplir con el propósito de asistencia a las comunidades fronterizas.

La Cancillería subrayó que la aplicación de la norma se limitó exclusivamente al ingreso de personal militar activo, argumentando que el Estado hondureño no puede hacer excepciones que comprometan los principios de soberanía territorial establecidos en la Constitución.

En el comunicado también se recordó que Honduras y El Salvador cuentan con diversos mecanismos de cooperación binacional, entre ellos la Comisión Binacional de Seguimiento, creada precisamente para coordinar actividades conjuntas de beneficio mutuo en zonas fronterizas.

El Gobierno hondureño reiteró su disposición de utilizar estos canales diplomáticos para facilitar futuras iniciativas de cooperación, asistencia o intercambio entre ambas naciones.

“Nuestro país continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades fronterizas, en un marco de respeto mutuo y diálogo diplomático”, expresó la Cancillería hondureña en una publicación difundida en redes sociales.

Además, Honduras reafirmó el valor histórico, cultural y humano de la relación bilateral con El Salvador, destacando que ambas naciones mantienen lazos de hermandad que trascienden las diferencias coyunturales.

La Cancillería confirmó que continúa en comunicación con las autoridades salvadoreñas a través de los canales diplomáticos correspondientes con el objetivo de resolver este tipo de situaciones de manera expedita y bajo un clima de respeto mutuo.

El pronunciamiento oficial de Honduras surge luego de la postura expresada por el Gobierno de El Salvador, que denunció públicamente que una comitiva encabezada por la ministra de Educación salvadoreña no logró ingresar paquetes escolares destinados a estudiantes con doble nacionalidad en la zona fronteriza de Nahuaterique.

Ante ello, la Cancillería hondureña aseguró que el ingreso del personal civil y de los insumos educativos sí fue permitido, pero señaló que la restricción se aplicó únicamente al ingreso de personal militar uniformado, en apego a la legislación y los protocolos diplomáticos vigentes entre ambos países.

El incidente generó reacciones en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad y soberanía en las zonas fronterizas de Centroamérica, especialmente en actividades vinculadas a cooperación internacional y asistencia humanitaria.

En medio de un contexto marcado por el aumento de la violencia contra las mujeres en Honduras, el municipio de Gracias, Lempira, inauguró una Casa Refugio destinada a proteger a mujeres víctimas de agresiones, desplazamiento, trata y otras situaciones de vulnerabilidad.

El espacio busca convertirse en un lugar seguro para quienes se ven obligadas a huir de sus hogares para salvar su vida.

El municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, Honduras dio un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres con la inauguración de una Casa Refugio destinada a brindar atención integral, seguridad y acompañamiento a víctimas, sobrevivientes de violencia de género.

La apertura de este espacio representa una nueva alternativa de protección para mujeres que enfrentan situaciones extremas de violencia, amenazas, desplazamiento forzado o abandono, en un país donde los índices de agresiones y femicidios continúan generando preocupación.

La Casa Refugio también atenderá a mujeres migrantes, retornadas, refugiadas y víctimas de trata de personas, ofreciendo un entorno seguro bajo principios de igualdad, dignidad y no discriminación.

Durante el acto inaugural, autoridades nacionales y municipales subrayaron que este proyecto busca responder a una necesidad urgente que enfrentan muchas mujeres hondureñas que, al escapar de la violencia, no cuentan con lugares seguros donde resguardarse junto a sus hijos o familiares.

Esperanza y protección

La titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de los Asuntos de la Mujer (SEMUJER) sostuvo que la apertura de este refugio simboliza mucho más que la inauguración de un edificio.

“Hoy es un día de enorme trascendencia para Gracias. Esta Casa Refugio representa mucho más que una infraestructura; representa una decisión política y humana que les dice a las mujeres: no están solas”, afirmó durante su discurso.

La funcionaria subrayó que muchas víctimas de violencia atraviesan procesos dolorosos y complejos cuando deciden abandonar entornos peligrosos para proteger su vida.

Cada mujer merece encontrar un espacio donde pueda sentirse segura, escuchada y atendida con respeto y dignidad, según manifestó.

“Este refugio debe convertirse en una puerta abierta hacia la protección de derechos, la recuperación emocional y la esperanza de una nueva vida”, puntualizó.

Según lo informado por las autoridades, la Casa Refugio ofrecerá protección temporal, acompañamiento psicosocial, orientación legal y atención especializada para mujeres en situación de riesgo.

Además, se busca fortalecer mecanismos de respuesta inmediata frente a casos de violencia basada en género y crear redes de apoyo para mujeres que requieren asistencia urgente.

Respuesta inmediata y atención integral

SEMUJER señaló que la institución continuará coordinando acciones interinstitucionales para garantizar que este tipo de espacios funcionen de manera efectiva y con atención especializada.

Esta dependencia estatal recordó que es la entidad encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas orientadas a la protección de mujeres víctimas de violencia en Honduras.

Por su parte, el alcalde José Mario Cálix, explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia y brindar apoyo real a mujeres que atraviesan momentos críticos.

También indicaron que la creación de espacios seguros resulta fundamental para combatir la violencia de género y reducir la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

La inauguración de esta Casa Refugio ocurre en un contexto nacional en el que las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan alertando sobre el aumento de la violencia contra las mujeres.

Los femicidios, agresiones físicas, amenazas y casos de violencia doméstica siguen representando una de las principales problemáticas sociales del país.

La diputada del Partido Liberal, Sarai Espinal, presentó este martes ante el pleno del Congreso Nacional una iniciativa orientada a endurecer las penas por el delito de femicidio en Honduras, elevando las condenas hasta 40 años de prisión e incorporando incluso la posibilidad de cadena perpetua en los casos considerados más graves.

La propuesta busca reformar el artículo 208 del Código Penal hondureño en medio de la creciente preocupación por los altos niveles de violencia contra las mujeres registrados en el país durante los últimos años.

Según explicó la legisladora, actualmente las penas por femicidio oscilan entre los 20 y 30 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias en las que ocurra el crimen, pero considera que las sanciones deben endurecerse debido al alarmante número de mujeres asesinadas.

Espinal detalló que solamente en lo que va de 2026 se contabilizan al menos 74 mujeres fallecidas de forma violenta, mientras que durante 2025 la cifra superó las 285 víctimas, datos que reflejan la gravedad de la situación que enfrenta Honduras en materia de violencia de género.

No obstante, la congresista subrayó que el problema no radica únicamente en las penas actuales, sino también en las debilidades estructurales del sistema judicial y la impunidad que rodea muchos casos.

“De nada sirve endurecer las penas si no existe una investigación contundente, fiscales eficientes y procesos transparentes”, expresó la diputada al defender la iniciativa presentada ante el Legislativo.

Espinal forma parte de una comisión especial encargada de investigar delitos cometidos contra mujeres y señaló que durante las reuniones sostenidas con organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público y otras instituciones estatales, se ha identificado la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de investigación.

Según indicó, el Ministerio Público habría solicitado una asignación presupuestaria de al menos 38 millones de lempiraspara reforzar las investigaciones relacionadas con femicidios y otros delitos violentos contra mujeres.

La parlamentaria aseguró que uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de recursos técnicos, personal especializado y seguimiento adecuado a los expedientes judiciales.

La reforma propuesta también contempla modificaciones específicas en la tipificación del femicidio agravado, delito que actualmente se castiga con penas de entre 25 y 30 años de prisión.

Con los cambios planteados, las condenas podrían aumentar hasta los 40 años o incluso derivar en cadena perpetua cuando existan agravantes extremos.

Entre los agravantes contemplados en la legislación vigente se incluyen casos donde exista una relación de pareja o expareja entre víctima y agresor, violencia sexual previa, mutilación del cuerpo, exposición pública del cadáver, así como participación de estructuras de crimen organizado o redes de trata de personas.

Además del endurecimiento de penas, Espinal también planteó abrir el debate sobre medidas adicionales para combatir delitos sexuales graves, incluyendo la posibilidad de implementar castración química para reincidentes, medida aplicada en algunos países de la región.

La propuesta ha comenzado a generar distintas reacciones dentro y fuera del Congreso Nacional, donde algunos sectores consideran necesario fortalecer las sanciones, mientras otros sostienen que el enfoque principal debe dirigirse a garantizar investigaciones efectivas y reducir la impunidad.

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han reiterado en múltiples ocasiones que Honduras continúa registrando altos índices de violencia de género y feminicidios, situación que mantiene en alerta a distintos organismos nacionales e internacionales.

La iniciativa legislativa continuará su proceso de discusión en el Congreso Nacional en medio del debate sobre el fortalecimiento del sistema judicial hondureño y la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las recientes reformas penales aprobadas por el Legislativo y aseguró que Honduras implementará una nueva etapa de combate frontal contra la delincuencia organizada, con mayor presencia militar en las calles y una reestructuración del sistema penitenciario.

Durante sus declaraciones, el titular del Poder Legislativo descartó de manera definitiva la construcción de cárceles de máxima seguridad en islas del país, incluyendo las Islas del Cisne, propuesta que había generado debate en años anteriores.

Según Zambrano, la iniciativa de trasladar centros penales a zonas insulares nunca fue viable desde el punto de vista logístico y financiero.

“Eso era prácticamente imposible. Honduras tiene terrenos adecuados donde pueden construirse nuevos centros penales sin necesidad de llevar proyectos a islas alejadas”, expresó.

El diputado explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) cuenta con propiedades disponibles para desarrollar futuras cárceles bajo estándares modernos de seguridad.

Honduras ampliará infraestructura penitenciaria

Zambrano reconoció que el actual sistema penitenciario enfrenta serios problemas de capacidad y control, situación que obliga al Estado a ampliar la infraestructura carcelaria.

También señaló que parte de los problemas históricos en las cárceles hondureñas han estado relacionados con corrupción interna y fallas administrativas dentro de los recintos penitenciarios.

Indicó además que las Fuerzas Armadas tendrán mayores facultades en el manejo y seguridad de los centros penales, conforme a las reformas aprobadas recientemente por el Congreso Nacional.

Operativos de seguridad

El presidente del Legislativo confirmó que Honduras mantendrá el despliegue conjunto de militares y policías en tareas de seguridad ciudadana.

La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Estado para enfrentar extorsiones, homicidios, narcotráfico y operaciones de maras y pandillas en diferentes regiones del país.

“Se exige orden y acciones concretas contra la criminalidad. La población quiere seguridad y respuestas”, afirmó Zambrano.

El funcionario aseguró que la participación militar seguirá siendo clave para reforzar operativos y aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en barrios y colonias consideradas de alta incidencia delictiva.

Agencia Nacional contra el Crimen

Otro de los puntos destacados por Zambrano fue la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una nueva estructura que dependerá del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

La institución tendrá funciones relacionadas con inteligencia, investigación criminal y coordinación entre distintas dependencias encargadas de combatir estructuras delictivas.

El parlamentario adelantó que las reformas podrían entrar en vigencia en los próximos días una vez sean publicadas en el diario oficial La Gaceta.

Posteriormente, se iniciará el proceso de reglamentación de la ANC para que pueda comenzar operaciones en el menor tiempo posible.

Combatir el crimen organizado

Zambrano reiteró que las reformas penales fueron solicitadas por operadores de justicia y organismos de seguridad que demandaban herramientas legales más fuertes para enfrentar el avance del crimen organizado.

Entre las medidas aprobadas figuran penas más severas contra la extorsión, nuevas disposiciones contra asociaciones terroristas y mayores capacidades operativas para instituciones de seguridad e inteligencia.

Además, la Secretaría de Finanzas deberá identificar mecanismos de financiamiento para proyectos relacionados con infraestructura penitenciaria y fortalecimiento institucional.

El presidente del Congreso pidió evitar la politización del tema y sostuvo que las medidas responden a la necesidad de recuperar la seguridad en Honduras.

Los testimonios de quienes han pasado por el Centro de Descanso Temporal Sagrada Familia en Danlí, al este de Honduras, revelan la transformación que experimentan cientos de migrantes tras días o meses de trayecto.

Una nota elaborada por el Organización para las Migraciones (OIM) y publicada este martes, para muchos, el paso por este albergue marca el primer momento de seguridad y calma desde que abandonaron sus países de origen.

Entre 2023 y 2024, de acuerdo a la publicación de la OIM, Honduras se consolidó como un punto de tránsito para cientos de miles de personas que huyen de la violencia, la falta de oportunidades y las consecuencias del cambio climático.

En ese contexto, el centro gestionado por Caritas Honduras y apoyado por la OIM se convirtió en un refugio clave, especialmente para quienes viajan con niños o en condiciones de vulnerabilidad extrema.

El valor de un refugio en la ruta migratoria

Para quienes preguntan qué representa el paso por Danlí para las personas migrantes, la respuesta se resume en una oportunidad para recuperar fuerzas, acceder a cuidados básicos y encontrar apoyo emocional.

El centro no solo proporciona cama y comida: entrega kits de higiene, atención médica, orientación y apoyo psicológico, cubriendo las necesidades más urgentes de quienes llegan exhaustos.

El centro también responde a riesgos particulares. Mujeres que viajan solas, como Carol, encuentran un espacio donde pueden dormir sin miedo y recibir información sobre sus derechos.

Estas condiciones, que parecen mínimas, resultan excepcionales después de jornadas marcadas por la inseguridad y el temor a perder a sus hijos o pertenencias.

Un espacio para reconstruir la dignidad

El testimonio de Adrián, joven venezolano, sintetiza el efecto de este refugio: “La humanidad que encontramos en este lugar me recuerda que, a pesar de todo, uno puede volver a empezar”. En el centro, el apoyo va más allá de lo material y se traduce en la posibilidad de hablar, ser escuchado y recuperar la esperanza.

Desde 2023, más de 24,000 personas en situación de vulnerabilidad han pasado por este albergue. Los migrantes llegan desde África, Asia y las Américas, arrastrando historias diferentes pero compartiendo la urgencia de un lugar seguro para descansar y reiniciar su trayecto.

El acompañamiento integral ayuda a restaurar la dignidad y la estabilidad en uno de los momentos más críticos del viaje.

La importancia de fortalecer los albergues

El funcionamiento de estos espacios depende del esfuerzo conjunto entre organizaciones humanitarias, instituciones locales y equipos preparados para asistir con empatía.

El apoyo que brindan no solo cubre necesidades inmediatas, sino que ofrece orientación y protección para las siguientes etapas del viaje migratorio.

El Centro Sagrada Familia, respaldado por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas, demuestra que es posible reconstruir la confianza y el sentido de comunidad incluso en medio de la incertidumbre.

Las historias de Jairo, Carol y Adrián reflejan una experiencia compartida por miles de migrantes: la certeza de que todavía existen lugares donde la solidaridad y los cuidados abren la puerta a un nuevo comienzo.

Un fatal accidente de tránsito dejó al menos tres personas fallecidas en el sector de Las Piñeras, municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, informaron autoridades policiales y cuerpos de socorro.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se encontraban realizando trabajos de mantenimiento sobre la carretera cuando fueron embestidas por una rastra que perdió el control y terminó volcándose sobre la zona donde laboraban.

Las autoridades identificaron a dos de los fallecidos como José Ángel Alfaro y Milton Alfaro, mientras que una tercera víctima aún no ha sido reconocida oficialmente debido a que quedó atrapada entre el amasijo de hierro generado por el fuerte impacto.

El accidente ocurrió en horas recientes y provocó escenas de dolor y desesperación entre familiares, compañeros de trabajo y pobladores del sector, quienes llegaron rápidamente al lugar tras escuchar el estruendo provocado por el volcamiento de la pesada unidad.

Según las primeras investigaciones, el conductor de la rastra habría perdido el control del vehículo debido al exceso de velocidad, situación que ocasionó el volcamiento y posteriormente el atropellamiento de las víctimas.

Las autoridades también manejan la hipótesis de que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, extremo que será confirmado mediante las pruebas correspondientes realizadas por Medicina Forense y agentes de investigación.

“El conductor ya se encuentra a disposición de la Policía Nacional para continuar con el proceso investigativo”, indicaron preliminarmente miembros de las autoridades presentes en la escena.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las diligencias necesarias para esclarecer completamente las circunstancias de la tragedia.

Imágenes captadas en la zona muestran la magnitud del accidente, con la rastra completamente volcada y daños severos en el área donde se encontraban los trabajadores realizando labores sobre la vía.

Familiares de las víctimas llegaron consternados hasta la escena mientras esperaban información oficial sobre los fallecidos y el proceso de recuperación de los cuerpos.

Las autoridades informaron que el tercer fallecido permanece parcialmente atrapado entre los restos metálicos de la unidad pesada, situación que complicó las labores de rescate y reconocimiento.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) recordó que el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol continúan siendo dos de las principales causas de accidentes mortales en Honduras.

Los accidentes de tránsito representan actualmente la segunda causa de muerte en el país, según estadísticas oficiales divulgadas por organismos de seguridad y salud pública.

Cada año cientos de personas fallecen en carreteras hondureñas debido a imprudencias al volante, malas condiciones viales y el incumplimiento de normas básicas de seguridad.

Autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores del transporte pesado y particulares para respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo efectos de bebidas alcohólicas.

“Este tipo de tragedias enlutan a familias hondureñas y pueden prevenirse con responsabilidad y respeto a la ley”, expresaron elementos policiales que participaron en el operativo.

Mientras tanto, Medicina Forense realizará en las próximas horas el informe oficial para determinar con precisión las causas de muerte y confirmar si el conductor efectivamente manejaba en estado de ebriedad.

El caso continuará bajo investigación y las autoridades no descartan presentar requerimientos fiscales contra el responsable si se comprueba negligencia o conducción temeraria.

La tragedia ha generado conmoción entre habitantes de Intibucá y usuarios de redes sociales, quienes lamentaron la muerte de los trabajadores y exigieron sanciones severas contra quienes conduzcan irresponsablemente.

La Secretaría de Salud confirmó que Honduras permanece libre de casos de sarampión; sin embargo, el país mantiene una alerta epidemiológica preventiva debido al incremento de contagios registrados en varias naciones de Centroamérica y América.

Entre las advertencias señalan que el riesgo regional ha aumentado considerablemente tras los brotes detectados en Guatemala, considerado actualmente uno de los principales focos de contagio en Centroamérica.

Ante este panorama, Honduras intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y reforzó controles en fronteras terrestres, aeropuertos y puntos marítimos para evitar el ingreso de casos importados.

Frente al escenario regional, el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud Homer Mejía, señalo que “El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños y personas no vacunadas”.

Esta situación según el experto se ven en la obligación de ser más enérgicos en el llamado a reforzar las campañas de inmunización y vigilancia epidemiológica. Las autoridades señalaron que actualmente Honduras no alcanza el 95% de cobertura de vacunación recomendado en ninguno de sus 298 municipios

Entre las complicaciones más peligrosas figuran neumonía, infecciones respiratorias severas, daños neurológicos y, en algunos casos, la muerte.

Campaña de vacunación

La Secretaría de Salud Odalis García coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), hizo un llamado urgente a los padres de familia de menores para “acudir a los centros asistenciales y completar los esquemas de vacunación pendientes".

Las autoridades insistieron en que la vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes y frenar la propagación de la enfermedad.

También informaron que el personal sanitario continúa realizando monitoreos permanentes, búsqueda activa de casos sospechosos y acciones preventivas en todo el país.

Mientras tanto, La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la enfermedad muestra un crecimiento sostenido en varios países del continente, impulsado principalmente por bajas coberturas de vacunación.

Guatemala epicentro regional

A nivel regional y según los reportes regionales y organismos sanitarios, Guatemala enfrenta uno de los brotes más preocupantes de sarampión en los últimos años.

Las autoridades guatemaltecas han reportado miles de casos confirmados durante 2026, con transmisión activa en múltiples departamentos del país.

El brote comenzó tras un evento religioso masivo realizado en Santiago Atitlán, Sololá, y posteriormente se extendió a distintas regiones guatemaltecas.

Incluso, autoridades sanitarias confirmaron la muerte de varios menores de edad a causa de complicaciones asociadas a la enfermedad, situación que encendió las alarmas en toda la región centroamericana.

No obstante, el avance del sarampión no solo afecta a Guatemala. México reporta actualmente uno de los mayores números de casos en América, con miles de contagios confirmados y decenas de fallecimientos relacionados con el brote.

Además de México y Guatemala, organismos internacionales han reportado transmisión activa y casos en países como Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Perú.

OPS advierte aumento de casos

La Organización Panamericana de la Salud advirtió recientemente que los casos de sarampión en América registran un crecimiento acelerado en comparación con años anteriores.

Según los informes regionales, una gran parte de las personas contagiadas no contaban con vacunación completa o desconocían su estado de inmunización.

Ante el riesgo de expansión regional, Honduras busca fortalecer la prevención y evitar que la enfermedad vuelva a circular en el país, especialmente entre la población infantil

El sueño de construir un futuro en Honduras se desvanece cada vez más rápido para miles de jóvenes que, pese a graduarse de colegios y universidades, no encuentran oportunidades laborales ni condiciones de vida estables dentro del país.

Así lo advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que factores estructurales como el desempleo, la violencia y la exclusión económica están obligando a la juventud hondureña a considerar la migración irregular como única alternativa para sobrevivir.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, alertó que muchos jóvenes viven una profunda frustración luego de dedicar años de esfuerzo académico sin lograr incorporarse al mercado laboral.

“Muchos jóvenes tienen títulos universitarios, maestrías y excelencia académica, pero aun así no encuentran empleo. Para ellos es devastador estudiar durante años y descubrir que no existen oportunidades reales”, expresó la defensora de derechos humanos.

Reyes instó al gobierno hondureño a crear políticas urgentes que permitan generar empleo digno, fortalecer el emprendimiento juvenil y abrir espacios de desarrollo para evitar que miles de personas sigan arriesgando su vida en la ruta migratoria.

Hondureños sin empleo

La preocupación surge en un contexto donde el desempleo y la precariedad laboral continúan golpeando principalmente a la población joven.

De acuerdo con el boletín sobre la Situación del Mercado Laboral en Honduras publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en mayo de 2026, más de dos millones de hondureños enfrentaron problemas de empleo durante el 2025.

El informe detalla que la población más afectada corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, quienes representan el 39% de las personas con dificultades laborales en el país.

En términos numéricos, alrededor de 793.133 jóvenes se encuentran en condiciones de desempleo, subempleo o vulnerabilidad económica, una situación que especialistas consideran alarmante debido al impacto social que genera.

Para organismos defensores de derechos humanos, esta crisis laboral se convierte en uno de los principales motores de expulsión migratoria. A la falta de empleo se suma otro factor determinante: la violencia.

Según el CONADEH, muchos jóvenes deciden abandonar Honduras porque viven bajo amenazas, inseguridad o riesgo de ser víctimas de estructuras criminales.

Elsy Reyes explicó que la ausencia de condiciones de seguridad, sumada al desplazamiento forzado y al temor constante, empuja a cientos de familias a salir del país.

“Si los jóvenes no se sienten seguros y no tienen oportunidades para desarrollarse, terminan viendo la migración como la única salida posible”, advirtió.

La defensora subrayó que Honduras necesita fortalecer políticas de prevención de violencia y protección comunitaria, especialmente en sectores donde las pandillas, el narcotráfico y otros grupos criminales mantienen presencia.

Migrar un peligro extremo

El CONADEH también alertó sobre los graves riesgos que enfrentan los migrantes durante su trayecto hacia Estados Unidos, especialmente al cruzar territorio mexicano.

Desapariciones, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado y trata de personas forman parte de los peligros constantes que viven miles de migrantes centroamericanos.

Reyes recordó el reciente caso de tres jóvenes hondureños que murieron dentro del vagón de un tren de carga mientras intentaban avanzar hacia Estados Unidos.

La tragedia volvió a evidenciar las condiciones extremas y peligrosas que enfrentan quienes toman rutas irregulares para emigrar.

Además, denunció que redes criminales utilizan plataformas digitales y redes sociales para engañar a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.

Estas prácticas, explicó, exponen principalmente a mujeres jóvenes al riesgo de caer en redes de explotación sexual, trata de personas o trabajos forzados.

“Tomar la ruta migratoria sin conocer realmente a qué peligros se enfrentan puede costar demasiado caro”, alertó la defensora.

Jóvenes retornados

Aunque no existen cifras exactas sobre cuántos hondureños abandonan el país cada año, los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) reflejan la magnitud del fenómeno.

Entre 2020 y abril de 2026, Honduras recibió a 333.253 personas retornadas o deportadas desde diferentes países.

De ese total, 167.654 procedían de Estados Unidos, 149.734 de México y 15.852 de Guatemala.

Las cifras revelan además que el grupo más afectado corresponde a jóvenes entre 21 y 30 años.

Según los registros oficiales, unas 136.131 personas retornadas durante los últimos seis años pertenecen a ese rango de edad, lo que representa el 41% del total.

Solo en los primeros cuatro meses de 2026 fueron retornados a Honduras 15.449 migrantes, de los cuales el 91% llegó procedente de Estados Unidos.

Dentro de ese grupo, 5.797 migrantes tenían entre 21 y 30 años, incluyendo 5.247 hombres y 550 mujeres.

El CONADEH reiteró que el país enfrenta el desafío urgente de generar condiciones económicas y sociales que permitan a la juventud construir proyectos de vida dentro de Honduras.

La institución insistió en que el combate al desempleo, la creación de oportunidades y la prevención de la violencia son fundamentales para frenar el aumento de la migración irregular.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este lunes una serie de aseguramientos e incautaciones contra bienes vinculados presuntamente a una estructura criminal relacionada con Magdaleno Meza Fúnez, considerado una de las figuras más señaladas dentro de redes ligadas al narcotráfico en Honduras.

La operación incluyó el aseguramiento de cuatro bienes inmuebles y dos empresas mercantiles que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para ocultar patrimonio de origen ilícito y facilitar operaciones financieras relacionadas con actividades criminales.

Las autoridades informaron que estos bienes no habían sido intervenidos anteriormente ni entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que permanecían fuera del control estatal.

Operativos antidrogas

De acuerdo con el expediente investigativo, las diligencias iniciaron luego de recibir información sobre un millonario préstamo suscrito en 2018 entre Óscar Roberto Acosta Zepeda y personas vinculadas a la estructura criminal.

Como parte de ese acuerdo financiero, se habría hipotecado una extensa propiedad de más de 1,200 manzanas ubicada en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.

Tras el supuesto incumplimiento de pago, integrantes de la organización criminal habrían iniciado maniobras para apropiarse ilegalmente del terreno.

Las investigaciones revelan que miembros de la estructura, junto con abogados y colaboradores, habrían utilizado amenazas, presiones y recursos legales para tomar control de la propiedad.

Uno de los hallazgos más relevantes del caso apunta a que el verdadero interés sobre el inmueble no era únicamente económico.

De acuerdo con autoridades, el terreno habría sido estratégico para la construcción de una supuesta narcopista clandestina destinada al aterrizaje de aeronaves vinculadas al tráfico internacional de drogas.

Las investigaciones señalan que la ubicación y extensión de la propiedad permitían desarrollar operaciones aéreas ilegales relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico.

Este tipo de pistas clandestinas han sido utilizadas históricamente por organizaciones criminales para movilizar cargamentos de droga provenientes de Sudamérica hacia otros países de la región.

Defraudación fiscal

La ATIC también determinó que la estructura utilizaba múltiples sociedades mercantiles, identidades y nombres de terceros con el propósito de ocultar propiedades y dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos presuntamente de manera ilícita.

Las autoridades sostienen que estas maniobras buscaban dificultar el rastreo financiero y evitar que los activos fueran vinculados directamente con integrantes de la organización criminal.

El uso de empresas fachada, prestanombres y movimientos financieros simulados forma parte de los métodos más utilizados por redes del narcotráfico para lavar activos y proteger patrimonio.

Entre los bienes asegurados destaca una propiedad ubicada en el departamento de Santa Bárbara, identificada por las autoridades como un supuesto domicilio utilizado por Magdaleno Meza Fúnez.

Durante las inspecciones realizadas en el lugar, agentes localizaron barriles enterrados que contenían supuestos precursores químicos, materiales que serán sometidos a análisis especializados para determinar su composición y posible relación con actividades ilícitas.

El hallazgo incrementó las sospechas sobre las operaciones que presuntamente se desarrollaban dentro de la propiedad.

Investigaciones continúan abiertas

El Ministerio Público indicó que las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas acciones relacionadas con esta estructura criminal.

Las autoridades buscan establecer la participación de otras personas, empresas o colaboradores que habrían intervenido en la adquisición, administración o protección de bienes vinculados al grupo investigado.

También se analiza la posible comisión de delitos relacionados con lavado de activos, asociación para delinquir, narcotráfico y testaferrato.

La operación ejecutada por la ATIC forma parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio Público para debilitar financieramente a estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en Honduras.

La lucha contra la criminalidad organizada en Honduras entró hoy en una nueva etapa luego de que el Congreso Nacional aprobara un amplio conjunto de reformas penales dirigidas a endurecer las sanciones contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.

Con respaldo unánime de los diputados, las modificaciones al Código Penal incorporan medidas más drásticas para perseguir a miembros de maras, pandillas y redes criminales, además de ampliar las facultades de investigación e intervención de las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos más contundentes de la reforma recae sobre el delito de extorsión, considerado por las autoridades como una de las principales amenazas para comerciantes, transportistas y ciudadanos en diferentes regiones del país.

A partir de las nuevas disposiciones, quienes obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar acciones bajo amenazas, intimidación o violencia enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión, acompañadas de fuertes sanciones económicas.

Cadena perpetua

El cambio más severo establece que, si la víctima fallece como consecuencia directa de la extorsión, los responsables podrán recibir prisión a perpetuidad, endureciendo el marco penal vigente.

El nuevo articulado deja claro que el delito será considerado consumado aunque el pago exigido nunca llegue a concretarse, eliminando vacíos legales que anteriormente dificultaban algunos procesos judiciales.

Además, las reformas amplían la responsabilidad penal hacia quienes colaboren indirectamente con las estructuras criminales. Bajo las nuevas normas, también serán considerados coautores quienes recojan dinero producto de extorsiones, faciliten cuentas bancarias, realicen transferencias electrónicas o administren bienes obtenidos ilícitamente.

Otro cambio relevante elimina la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en casos vinculados a extorsión, medida que busca impedir reducciones de condena mediante acuerdos judiciales.

Organizaciones terroristas

Dentro del paquete legislativo aprobado, el Congreso reformó además el artículo relacionado con asociación terrorista, incorporando formalmente a maras, pandillas y redes criminales transnacionales dentro de esta categoría.

La nueva normativa establece que estas estructuras serán consideradas organizaciones terroristas cuando operen mediante violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o vínculos con actividades de narcotráfico.

De esta forma, los cabecillas, financistas y promotores de estas agrupaciones podrían enfrentar condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que los integrantes recibirían penas de hasta 15 años.

Las autoridades sostienen que esta modificación permitirá fortalecer los procesos de investigación y facilitar acciones conjuntas contra estructuras criminales que durante años han mantenido control en distintas zonas urbanas y rurales del país.

Endurecen sanciones

El Congreso aprobó aumentar las penas contra quienes posean o utilicen uniformes, insignias o equipos similares a los empleados por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas sin autorización legal.

Según lo aprobado, las condenas irán de cuatro a seis años de prisión, aunque podrían elevarse hasta diez años cuando estos implementos sean utilizados para facilitar delitos o encubrir actividades criminales.

Las autoridades consideran que muchas estructuras delictivas han utilizado vestimenta similar a la oficial para ejecutar secuestros, asaltos y operaciones de intimidación en distintas regiones del país.

El paquete legislativo aprobado también incorpora reformas relacionadas con el manejo de telecomunicaciones y la protección de información privada.

Entre las nuevas disposiciones se establecen obligaciones más estrictas para empresas telefónicas, operadoras móviles y proveedores de internet, quienes deberán reforzar procesos de identificación y registro de usuarios.

Se contemplan sanciones vinculadas a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y al uso indebido de información privada en plataformas digitales.

Agencia Nacional contra el Crimen

Como parte de la estrategia integral de seguridad, el Congreso aprobó además la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que tendrá la misión de fortalecer la inteligencia, investigación criminal y coordinación operativa entre distintas instituciones del Estado.

La normativa también ratifica la continuidad del apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ampliando su participación en barrios y colonias consideradas de alta incidencia delictiva.

Desde el Congreso Nacional se argumentó que el respaldo militar seguirá siendo fundamental para contener el avance de estructuras criminales y reforzar la presencia del Estado en zonas afectadas por violencia y extorsión.

La aprobación unánime de las reformas refleja, según legisladores y autoridades de seguridad, la intención de endurecer el combate contra el crimen organizado en un momento en que la violencia y las redes de extorsión continúan siendo uno de los principales desafíos para Honduras.

La política migratoria implementada en Estados Unidos ha provocado una ola de detenciones que afecta de manera considerable a familias originarias de Guatemala y Honduras. Según un informe publicado por el centro de pensamiento Brookings Institution, más de 22,000 niños han experimentado la separación de ambos progenitores. Una parte significativa de estos casos corresponde a padres guatemaltecos y hondureños: los de Guatemala representan 15 % de los adultos detenidos que han dejado a sus hijos en situación de vulnerabilidad, mientras que los de Honduras alcanzan 10.7 %.

El estudio, difundido este lunes y citado por EFE, muestra el impacto de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre estas comunidades y estima que 146,635 menores estadounidenses han vivido la detención de al menos uno de sus padres desde el inicio de la segunda administración Trump. Además, advierte que la cifra real podría ser mucho mayor.

La investigación señala que el mayor porcentaje de los menores afectados corresponde a niños de corta edad: 36.5 % son menores de seis años y 36.1 % tienen entre seis y 12 años. El resto pertenece al grupo de adolescentes entre 13 y 17 años. EFE subraya, citando el informe, que la política migratoria aplicada desde enero de 2025 ha intensificado el trabajo del ICE, lo que ha generado protestas y preocupación entre organizaciones de derechos civiles y comunidades latinoamericanas en todo el país.

Niñez separada por detenciones masivas

Washington D.C. y Texas concentran las tasas más altas de niños ciudadanos estadounidenses con al menos un progenitor detenido, superando los cinco casos por cada mil. Este dato, incluido en el análisis de Brookings Institution, revela la magnitud del fenómeno en regiones con fuerte presencia de migrantes centroamericanos. El informe subraya que no existen cifras precisas sobre el destino de los menores una vez separados de sus padres, lo que incrementa la incertidumbre sobre su bienestar.

Asimismo, la Brookings Institution advierte que la nacionalidad mexicana sigue siendo la más afectada, con 53.7 % de los padres detenidos, pero el impacto sobre las familias de Guatemala y Honduras adquiere relevancia en el contexto de la migración centroamericana. El documento detalla que muchas familias quedan fragmentadas tras los operativos, y que las recomendaciones de las asociaciones migratorias apuntan a la elaboración de planes familiares de emergencia.

El informe citado por EFE señala: “Las asociaciones animan a los padres que desean que sus hijos permanezcan en Estados Unidos a designar a un amigo o familiar cercano que se haga cargo del niño si ellos no pueden hacerlo”.

Las consecuencias de las separaciones trascienden el ámbito familiar. Según la Brookings Institution, la mayoría de los padres detenidos evita el contacto con el sistema de bienestar infantil, incluso cuando las opciones de cuidado disponibles no garantizan condiciones adecuadas para los menores. El análisis puntualiza: “En muchos de estos casos, el gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás”.

El informe de la Brookings Institution también señala que el número de menores estadounidenses que enfrenta la amenaza de separación familiar supera ampliamente los casos ya contabilizados. “Se calcula que más de 4.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un progenitor en riesgo de deportación, incluidos casi 2.5 millones ante la posibilidad de que ambos padres sean detenidos”, advierte el estudio.

En este contexto, la cifra de personas detenidas por el ICE se sitúa en torno a 60,000, mientras que cerca de 400,000 han sido trasladadas a centros de detención, según la información obtenida por EFE y reflejada en el informe.

La situación de los niños de origen guatemalteco y hondureño continúa generando preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre el futuro incierto de miles de familias afectadas por la política migratoria estadounidense.

Las montañas cubiertas de humo, el olor a madera quemada y las extensas áreas reducidas a cenizas vuelven a reflejar la grave crisis ambiental que enfrenta Honduras.

Cada incendio forestal no solo destruye árboles y fauna, también deja daños irreversibles en fuentes de agua, ecosistemas y comunidades que dependen directamente del bosque para sobrevivir.

Durante el reciente fin de semana, el Cuerpo de Bomberos de Honduras atendió quince incendios forestales en diferentes zonas del país, seis de ellos registrados únicamente en el departamento de Francisco Morazán, una de las regiones más afectadas por las altas temperaturas y la sequía prolongada.

El mayor Sergio Madrid, portavoz del Cuerpo de Bomberos, indicó que la cantidad de emergencias atendidas en apenas dos días refleja la magnitud del problema ambiental que atraviesa el país.

“Se trata de bastante actividad para un solo fin de semana”, expresó el oficial, quien lamentó que cada incendio puede destruir decenas de hectáreas de bosque en cuestión de horas.

Sin control incendios forestales

Las cifras oficiales del Instituto de Conservación Forestal (ICF) muestran un panorama aún más alarmante. Hasta la fecha, Honduras registra cerca de 44 mil hectáreas de bosque afectadas por 683 incendios forestales durante 2026, una cifra que ya supera ampliamente los daños reportados en periodos anteriores.

Como referencia, entre enero y abril de 2025 el país contabilizaba 20 mil 978 hectáreas afectadas por 568 incendios forestales, lo que evidencia un incremento considerable tanto en extensión destruida como en la intensidad de los siniestros.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas continúan favoreciendo la propagación del fuego, especialmente en zonas boscosas de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Comayagua y Choluteca, departamentos que históricamente presentan alta incidencia de incendios durante la temporada seca.

El mayor Madrid informó también que este lunes permanece activo un incendio forestal en el sector de La Ciénega, en el municipio de Santa Lucía, el cual ya supera las 36 horas de combate ininterrumpido por parte de los equipos de respuesta.

Las labores para contener el avance del fuego se han visto dificultadas por las altas temperaturas, los fuertes vientos y las condiciones secas del terreno, factores que permiten que las llamas se propaguen rápidamente hacia áreas de difícil acceso.

Entre las principales causas de los incendios forestales, las autoridades identifican las quemas agrícolas sin control, las elevadas temperaturas y, en muchos casos, la acción deliberada de personas que provocan incendios de manera intencional.

Daño ambiental, sequía y ola de calor

El impacto ambiental también comienza a generar preocupación por sus consecuencias a largo plazo. Expertos advierten que la pérdida de cobertura forestal incrementa el riesgo de sequías, erosión de suelos, escasez de agua y afectaciones a la biodiversidad.

Además, la destrucción de bosques reduce la capacidad natural del país para enfrentar fenómenos climáticos extremos, en un contexto donde Honduras figura entre las naciones más vulnerables al cambio climático en América Latina.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar quemas ilegales y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con incendios forestales, recordando que gran parte de estos siniestros pueden prevenirse con responsabilidad y vigilancia comunitaria.

Mientras los equipos de bomberos continúan trabajando en distintos puntos del país, las cifras reflejan que Honduras enfrenta una de las temporadas de incendios más severas de los últimos años, con miles de hectáreas arrasadas y ecosistemas enteros en riesgo.

Salir a las calles al mediodía, permanecer varios minutos bajo el sol o incluso asistir a clases se ha convertido en un riesgo para miles de hondureños ante las intensas temperaturas que golpean al país. La sensación térmica sofocante, el aire cargado y el aumento de enfermedades relacionadas con el calor mantienen en alerta a las autoridades, mientras varias regiones ya experimentan condiciones propias de una ola de calor.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que durante la tercera semana de mayo continuarán las altas temperaturas y el deterioro de la calidad del aire en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones norte, centro, sur y occidente del país.

Según la institución, las actuales condiciones climáticas responden a una combinación entre la intensa radiación solar característica de esta temporada y la presencia de masas de aire secas y cálidas sobre Honduras, fenómeno que ya provocó temperaturas récord para el mes de mayo en diferentes sectores.

Los mayores niveles de calor se esperan en los valles de Quimistán, Tencoa, Naco, Sula, Comayagua, Morocelí, Jamástran, Olancho, Agalta, Aguán, Goascorán y Choluteca, además de varias zonas del sur y oriente donde durante la semana pasada se registraron temperaturas extremas.

De acuerdo con información del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), ya existe evidencia de ola de calor en sectores de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras que Tegucigalpa presenta una alta probabilidad de experimentar este fenómeno en los próximos días.

Zonas más afectadas

Por su parte, las autoridades alertaron que las regiones de occidente, noroccidente, sur y algunas áreas del centro del país podrían continuar registrando temperaturas persistentemente elevadas, incrementando los riesgos para la salud de la población.

Copeco explicó también que la sensación térmica podría ser mucho mayor a la temperatura registrada por los termómetros debido a la combinación de calor extremo y altos niveles de humedad, especialmente en la zona norte del país.

Ante este escenario, la institución hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de prevención, principalmente en ciudades como San Pedro Sula, Santa Bárbara, Yoro, La Ceiba, Nueva Ocotepeque, Comayagua y Choluteca, donde las condiciones climáticas podrían volverse más severas durante la semana.

Jornada escolar reducida

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos constantemente a las altas temperaturas.

La situación también comenzó a impactar el sistema educativo. La Secretaría de Educación informó que mantendrá la jornada escolar reducida en los centros educativos gubernamentales a nivel nacional durante la semana del 18 al 22 de mayo.

La medida busca proteger la salud de estudiantes y docentes ante las elevadas temperaturas que continúan afectando al país. Como parte de las disposiciones, se han ajustado horarios escolares y se recomendó suspender actividades al aire libre dentro de los centros educativos.

En varias ciudades del país, padres de familia y docentes han manifestado preocupación por el impacto del calor en los estudiantes, especialmente en escuelas que carecen de ventilación adecuada, acceso permanente a agua potable o infraestructura climatizada.

En amplias regiones de Honduras, la tierra agrietada, los cultivos perdidos y la escasez de agua se han convertido en parte de la rutina diaria de miles de familias campesinas.

Cada verano prolongado deja más comunidades enfrentando incertidumbre, mientras el cambio climático continúa profundizando una crisis que ya no solo afecta la producción agrícola, sino también la alimentación y la economía de los hogares más vulnerables del país.

Frente a este panorama, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) anunció la intervención de 33 municipios considerados de alto riesgo por los efectos de la sequía y la inseguridad alimentaria, situación que se ha intensificado en los últimos años en distintas zonas del territorio nacional.

El presidente de la AMHON, Juan Carlos Molina, informó que el proyecto contará con el respaldo financiero de las Naciones Unidas, organismo que destinará más de 60 millones de dólares (más de USD 60.000.000) para ejecutar programas de asistencia y fortalecimiento comunitario.

Molina detalló: “Las Naciones Unidas son quienes nos están cooperando para poder asistir a estos 33 municipios con un monto arriba de los 60 millones de dólares”.

Pérdidas en zonas productoras

Las autoridades explicaron que muchas de las comunidades priorizadas presentan afectaciones severas derivadas de la falta de lluvias, pérdidas constantes en la producción de granos básicos, escasez de fuentes de agua y dificultades para garantizar la alimentación de miles de personas, especialmente en áreas rurales del denominado corredor seco hondureño.

El corredor seco, que abarca departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, ha sido una de las regiones más golpeadas por las alteraciones climáticas. En estos sectores, pequeños productores agrícolas han reportado pérdidas recurrentes de cultivos de maíz y frijol debido a las altas temperaturas y a las lluvias irregulares.

En municipios del sur del país, comunidades enteras han enfrentado problemas de abastecimiento de agua potable durante meses, lo que ha obligado a muchas familias a depender de pozos artesanales, racionamientos o abastecimiento mediante cisternas.

Mientras tanto, en zonas montañosas del occidente, la degradación de los suelos y la disminución de fuentes hídricas han reducido considerablemente la capacidad productiva de las comunidades.

La situación también ha provocado migración interna y un aumento de la vulnerabilidad económica en hogares que dependen casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia.

Organismos internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que Honduras figura entre los países más expuestos a fenómenos climáticos extremos en América Latina.

Resiliencia Climática

El plan impulsado por la AMHON contempla medidas orientadas a fortalecer la resiliencia comunitaria y reducir el impacto de futuras emergencias climáticas. Entre las acciones previstas se incluyen proyectos agrícolas sostenibles, sistemas de captación y abastecimiento de agua, capacitación técnica para productores y programas de apoyo alimentario.

Asimismo, se busca implementar estrategias de prevención que permitan a las comunidades prepararse mejor frente a sequías prolongadas, inundaciones repentinas y otros eventos asociados al cambio climático.

Representantes municipales indicaron que el financiamiento internacional posibilitará intervenir en sectores históricamente afectados por la pobreza y el abandono estatal, donde cada temporada seca incrementa el riesgo de hambre y deterioro social.

Las autoridades sostienen que, más allá de la asistencia inmediata, el objetivo es construir mecanismos sostenibles que ayuden a las familias a enfrentar las nuevas condiciones climáticas que afectan al país. La apuesta, aseguran, es evitar que miles de hogares continúen perdiendo sus cultivos, sus ingresos y sus posibilidades de subsistencia cada vez que las lluvias dejan de llegar.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que las muertes violentas contra personas de la comunidad LGBTIQ+ continúan registrando elevados niveles de impunidad en Honduras, en medio de un contexto de violencia, discriminación y discursos de odio que afectan especialmente a las personas trans.

En un pronunciamiento público, el organismo internacional indicó que en el país persiste la ausencia de una legislación integral contra la discriminación, una situación que, según diversos sectores defensores de derechos humanos, limita la protección efectiva de las poblaciones vulnerables.

La OACNUDH expresó preocupación ante el incremento de mensajes de odio y violencia difundidos tanto en espacios públicos como en entornos digitales, y destacó que estos siguen impactando de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+, especialmente a la comunidad trans.

“El Estado hondureño tiene la obligación de poner fin a la violencia y la discriminación, investigar de manera diligente e imparcial las violencias por prejuicio y sancionar a las personas responsables”, enfatizó el organismo internacional.

Garantías de protección social

El comunicado recordó que Honduras ha reconocido los derechos de las personas LGBTIQ+ y sus aportes a la construcción de una sociedad más inclusiva, plural e igualitaria, por lo que insistió en fortalecer mecanismos de protección y garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Activistas y representantes de organismos internacionales reiteran que la impunidad en los crímenes contra personas LGBTIQ+ alimenta un clima de temor y desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

La OACNUDH subrayó que el Estado debe garantizar protección integral, acceso efectivo a la justicia y condiciones de igualdad para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y remarcó que la erradicación de la violencia y la discriminación sigue siendo uno de los principales desafíos en derechos humanos en Honduras.

Las cifras refuerzan la gravedad del problema: según organismos y organizaciones de derechos humanos, en Honduras se registran 17 muertes violentas de personas LGBTIQ+ entre enero y mayo de 2026; además, distintas fuentes advierten que la impunidad rebasa el 90 % en este tipo de casos, lo que evidencia no solo la persistencia de la violencia, sino también la deuda estructural del Estado en materia de investigación, justicia y protección efectiva para esta población.

Exigen respuestas

El pronunciamiento de Naciones Unidas surge tras el hallazgo de tres cuerpos calcinados en la aldea El Cimarrón, hecho que actualmente es investigado por las autoridades hondureñas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Laboratorio de Dactiloscopia Forense, confirmó la noche del sábado la identificación plena de una de las víctimas: Axel Oved Cerrato Pineda, de 29 años y miembro de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con la DPI, la identificación se logró mediante procedimientos científicos realizados por peritos de los laboratorios de Policía Científica y Criminalística. Las investigaciones prosiguen para esclarecer el triple asesinato y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El caso ha generado fuertes reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, que exigen una investigación exhaustiva, transparente y libre de prejuicios. Distintos sectores consideran que estos hechos reflejan la vulnerabilidad que continúa enfrentando esta población en Honduras.

Las cifras de muertes por accidentes de tránsito continúan creciendo en Honduras y reflejan una crisis que cada día deja más familias marcadas por la tragedia.

En apenas 137 días de 2026, el país ya supera los 733 fallecidos en siniestros viales, mientras miles de personas han resultado heridas en percances donde las motocicletas figuran como el principal factor de riesgo.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), casi la mitad de las víctimas mortales registradas este año son conductores o pasajeros de motocicletas.

Las autoridades reconocen que la problemática ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos de salud pública y seguridad vial del país.

Ante este escenario, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, junto al director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, y el titular de la DNVT, Lenin Andino, anunciaron el fortalecimiento inmediato de operativos y sanciones a nivel nacional para reducir la alta incidencia de accidentes de tránsito relacionados con motociclistas.

Velásquez sostuvo: “El principal problema que hay en Honduras son los accidentes de motocicleta, de los cuales cada cinco muertos, más del 60 por ciento son usuarios de motocicletas, ya sean conductores o pasajeros”.

Las autoridades informaron que durante las últimas semanas ya se han intensificado los operativos policiales orientados a reducir la conducción irresponsable, principalmente entre motociclistas que circulan sin documentación, sin licencia o irrespetando las normas básicas de tránsito.

Control vial

Como parte de las nuevas disposiciones, se fortalecerán las operaciones de regulación vial, controles de velocidad, pruebas de alcoholemia, patrullajes preventivos y campañas de educación vial en distintas ciudades del país.

También se aplicarán sanciones más estrictas a quienes incumplan la normativa de tránsito.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, advirtió que la siniestralidad vial ya representa una emergencia que impacta directamente los sistemas de salud y seguridad pública en Honduras.

“La protección de la vida no solamente es un tema de buscar un aspecto de sanciones o sistemas de control; también buscamos promover cambios culturales en nuestra sociedad orientados al respeto a las normas de tránsito”, expresó Oseguera.

Las autoridades revelaron además que el pasado fin de semana fueron decomisadas más de 2.300 motocicletas a nivel nacional por distintas infracciones, principalmente relacionadas con la falta de documentación y licencias de conducir.

Por su parte, Lenin Morell, director de Vialidad y Transporte, aseguró que Honduras todavía no cuenta con una estrategia realmente efectiva para frenar la incidencia vial y detalló que el 60 por ciento de los accidentes involucra a conductores que no poseen licencia.

Impacto económico

La problemática también comienza a reflejarse con fuerza en los hospitales públicos del país. El Hospital Escuela reporta una saturación constante debido al aumento de pacientes lesionados por accidentes de motocicleta.

En el área pediátrica, la situación también genera preocupación. La doctora Scheybi Miralda, jefa de Emergencia de Pediatría del Hospital Escuela y vicepresidenta de la Asociación Pediátrica de Honduras, advirtió que el 75 por ciento de los traumas infantiles atendidos actualmente están relacionados con accidentes en motocicleta.

El impacto no solo es humano, sino también económico. Especialistas detallan que atender a un paciente afectado por un accidente de motocicleta puede costar alrededor de 150 mil lempiras (unos 5,637 dólares) debido a los múltiples procedimientos médicos requeridos por politraumatismos, cirugías, hospitalización y rehabilitación.

El Ministerio Público de Honduras citó a comparecer a los integrantes propietarios y suplentes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, misma que era dirigida por el expresidente del Legislativo, Luis Redondo Guifarro, como parte de una investigación que busca esclarecer posibles actuaciones ilegales relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas durante distintos períodos de sesiones.

Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que investiga presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y otros ilícitos contra la administración pública.

De acuerdo con información oficial, las pesquisas se enfocan en una serie de decisiones adoptadas por la Comisión Permanente, las cuales, según los primeros indicios, habrían excedido las facultades establecidas en la Constitución de la República y en la normativa que regula el funcionamiento del Congreso Nacional.

La citación alcanza a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente. Algunos de los señalados continúan ejerciendo cargos como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público deberá aplicar el procedimiento especial correspondiente para funcionarios con inmunidades y prerrogativas legislativas.

Citados a declarar

Entre los convocados figuran, además de Luis Redondo Guifarro, diputados como Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.

Las autoridades informaron que aún está pendiente la definición de fecha y hora para que comparezcan otros actuales congresistas, entre ellos Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

La investigación surge en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el alcance de las atribuciones de la Comisión Permanente, órgano legislativo que asume funciones específicas durante los recesos del pleno del Congreso Nacional.

En los últimos meses, distintas decisiones tomadas por dicha comisión generaron controversia entre sectores políticos, constitucionalistas y organizaciones civiles, algunos de los cuales consideran que determinadas actuaciones pudieron haberse realizado fuera de los límites legales establecidos.

¿Acciones fuera de ley?

Otros sectores sostienen que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de mantener la operatividad legislativa en momentos de crisis política y estancamiento parlamentario.

Analistas consideran que el proceso podría convertirse en uno de los casos más relevantes relacionados con el control y fiscalización de la actividad legislativa reciente en Honduras, debido a las implicaciones políticas e institucionales que rodean a la Comisión Permanente.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán con la recopilación de testimonios, revisión documental y análisis técnico de las actuaciones bajo investigación, sin descartar la ampliación de requerimientos fiscales o nuevas acciones penales conforme evolucionen las diligencias.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia, rendición de cuentas y control sobre las decisiones adoptadas por funcionarios públicos, especialmente en instituciones clave del Estado.

Sectores políticos permanecen atentos al desarrollo de las comparecencias programadas para esta semana, en medio de expectativas sobre el alcance que podría tener la investigación en el ámbito legislativo y político nacional.

El caso ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre las facultades de la Comisión Permanente durante los recesos del Congreso Nacional.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión temporal de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Patuca III, en Olancho, debido a la reducción crítica del nivel de agua en el embalse, situación que las autoridades atribuyen a la prolongada temporada seca que afecta al país.

La medida, coordinada junto a la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, entró en vigencia desde la noche del domingo 17 de mayo, luego de que el embalse alcanzara el límite mínimo permitido para operar: 280 metros sobre el nivel del mar.

Según el comunicado oficial, las actuales condiciones ya no permiten mantener la rotación adecuada de las turbinas generadoras bajo los estándares técnicos y de seguridad establecidos.

La paralización de Patuca III, una de las principales plantas hidroeléctricas del país con capacidad instalada de 77 megavatios, genera preocupación en distintos sectores debido al impacto que podría tener en el suministro energético de Olancho y otras zonas del territorio nacional.

Racionamientos de energía

De acuerdo con la ENEE, la suspensión podría extenderse entre una y tres semanas, dependiendo de la llegada de las primeras lluvias de invierno previstas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) hacia finales del presente mes.

Mientras tanto, la estatal eléctrica confirmó que recurrirá al respaldo de generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa para intentar mantener la estabilidad del servicio energético en la región oriental del país.

Racionamientos de energía

Autoridades locales reconocen que la capacidad de las plantas térmicas aún resulta insuficiente para cubrir completamente la demanda energética mientras Patuca III permanezca fuera de operación.

El alcalde de Juticalpa, Wlaner Castro, confirmó que las unidades térmicas ya comenzaron a operar y advirtió que el sistema continúa bajo presión.

“Las térmicas ya están funcionando, pero no son suficientes para abastecer toda la demanda energética mientras Patuca III logra recuperar los niveles de agua necesarios para volver a operar”, expresó el edil.

La situación también ha generado diversas reacciones entre ciudadanos y sectores productivos de Olancho, quienes temen posibles interrupciones en el servicio eléctrico si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

Algunos pobladores consideran que la crisis refleja la vulnerabilidad del sistema energético nacional ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de diversificar las fuentes de generación.

Otros sectores consideran que la suspensión era inevitable debido a las limitaciones técnicas de la represa y respaldan la decisión de la ENEE de priorizar la seguridad operativa de la infraestructura hidroeléctrica.

Interrupciones programadas

El comunicado oficial también recordó que esta no es la primera vez que Patuca III enfrenta interrupciones derivadas de fenómenos naturales. Desde su entrada en funcionamiento, la central ha suspendido operaciones en al menos dos ocasiones previas: durante un mes en 2024 y por aproximadamente dos semanas en 2025, ambas relacionadas con condiciones climáticas adversas.

Kevin Rodríguez experto en energía señalan que la dependencia de los embalses hidroeléctricos durante períodos prolongados de sequía representa uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico hondureño, especialmente en temporadas donde las lluvias registran retrasos o disminuciones significativas.

La ENEE aseguró que la central retomará operaciones tan pronto las lluvias permitan recuperar el nivel óptimo del embalse. Asimismo, la institución pidió comprensión a la población y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico en todo el país.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento climático y la evolución del embalse, mientras crece la expectativa por el inicio oficial de la temporada lluviosa, considerada clave para restablecer la operación normal de Patuca III y reducir la presión sobre el sistema energético nacional.

Honduras atraviesa un momento complejo en materia de transparencia y combate a la corrupción, Datos oficiales y percepción ciudadana coinciden en un diagnóstico preocupante: apenas el 14 % de la población considera prioritario el combate a la impunidad, mientras el país continúa reflejando altos niveles de debilidad institucional, según el informe Estado de País 2026 del Instituto de la Justicia.

El informe, enfocado en democracia y transparencia, revela un escenario preocupante: en 2025 se interpusieron 2,148 denuncias por corrupción, pero solo seis concluyeron en condena, lo que demuestra una respuesta judicial escasa ante la magnitud de los casos reportados.

El estudio también ubica a Honduras como el segundo país con peor desempeño en servicio civil en América Latina, una condición que, según el análisis, ha favorecido durante años prácticas como el clientelismo político, la falta de profesionalización estatal y la ineficiencia administrativa.

Tal debilidad institucional impacta la gestión pública y restringe la posibilidad de acceder a mecanismos internacionales de cooperación y desarrollo, como la Cuenta del Milenio.

En el ámbito internacional, la realidad es igualmente adversa: Honduras figura en el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro progresivo en transparencia y gobernanza.

Transparencia bajo presión

De acuerdo con indicadores de 2023, Honduras obtuvo la calificación más baja de la región en transparencia parlamentaria, con apenas un 23,6 %. El informe señala que el Congreso Nacional (en los últimos años) mantiene altos niveles de opacidad en el manejo de fondos y en la toma de decisiones, alejándose de estándares internacionales de parlamento abierto.

Durante 2025 se registraron 12.431 solicitudes de información; de ellas, 2.054 quedaron sin respuesta y 1.498 fueron atendidas fuera del plazo legal. En total, el 28 % de las solicitudes incumplieron los tiempos establecidos o no recibieron respuesta, evidenciando debilidades persistentes en los mecanismos de transparencia estatal.

Esta falta de apertura se agrava por el debilitamiento del derecho ciudadano al acceso a la información pública. Durante 2025, se recibieron 12,431 solicitudes de información, de las cuales 2.054 quedaron sin respuesta y 1,498 se atendieron fuera de plazo legal.

En conjunto, el 28 % de las solicitudes incumplieron los tiempos o no recibieron respuesta, lo que evidencia serias fallas en la transparencia activa del Estado.

Sofía Ochoa, oficial de investigación de sociedad civil, puntualiza que el informe muestra una fragilidad democrática que el país arrastra desde hace varios años. “Honduras mantiene un promedio de 46,5 puntos en indicadores de democracia durante la última década, sin avances significativos”, señala.

Ochoa también advierte acerca de la persistencia del clientelismo electoral. “Uno de cada ocho hondureños asegura haber recibido ofertas de beneficios a cambio de su voto”.

Eliminar la burocracia

Diversas organizaciones de sociedad civil sostienen que el problema tiene raíces estructurales y requiere reformas profundas. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de transparencia: “Honduras debería migrar hacia un modelo donde la información pública sea accesible de manera automática, eliminando trabas burocráticas que restringen el acceso a datos de interés público”.

Hernández, además, pone énfasis en la limitada capacidad operativa en áreas sensibles como la investigación ambiental. Según explica, un reducido grupo de fiscales atiende casos en todo el país.

Especialistas consultados resaltan la necesidad de revisar de manera integral los procesos de contratación pública y el funcionamiento del aparato estatal. El abogado y analista político Kenneth Madrid considera que es “indispensable realizar una evaluación integral del personal del sector público”, según declaraciones ofrecidas a Infobae.

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de 2026 alcanzaron los 4,134.2 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 14.3 % en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe divulgado por el Banco Central de Honduras.

El comportamiento positivo de las remesas confirma la creciente dependencia de la economía hondureña de los recursos enviados por los migrantes, principalmente desde Estados Unidos, país de origen del 85 % de las transferencias recibidas por las familias hondureñas.

El informe del BCH detalla que durante enero ingresaron 870,7 millones de dólares; en febrero la cifra aumentó a 939 millones; marzo registró el monto más alto del cuatrimestre con 1.219 millones de dólares; mientras que abril cerró con 1,105.1 millones.

Las autoridades monetarias señalaron que el flujo constante de remesas continúa representando un alivio económico para miles de hogares hondureños, especialmente en un contexto donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según estadísticas oficiales.

De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 1,8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, tanto de manera regular como irregular, convirtiéndose en el principal soporte financiero para numerosas familias en Honduras.

El BCH indicó además que las madres hondureñas son las principales receptoras de las remesas, representando cerca del 40 % de los beneficiarios.

La mayor parte de estos recursos se utiliza para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y pago de servicios esenciales.

Más del 80 % del dinero enviado desde el extranjero se destina al consumo familiar inmediato, una dinámica que ha permitido sostener la economía doméstica en miles de comunidades del país.

Las remesas representan actualmente más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, consolidándose como la principal fuente de divisas de la nación centroamericana, incluso por encima de sectores tradicionales como las exportaciones de café, camarón y la industria maquiladora.

Economistas consideran que este comportamiento refleja tanto la solidaridad de los migrantes con sus familias como la limitada capacidad de generación de empleo e ingresos dentro del país.

Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 12,212 millones de dólares en remesas, cifra que significó un incremento del 25.3 % respecto al año anterior y marcó uno de los niveles más altos registrados en la historia económica nacional.

Economistas consideran que este comportamiento refleja tanto la solidaridad de los migrantes con sus familias como la limitada capacidad de generación de empleo e ingresos dentro del país.

Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 12,212 millones de dólares en remesas, cifra que significó un incremento del 25.3 % respecto al año anterior y marcó uno de los niveles más altos registrados en la historia económica nacional.

Las proyecciones oficiales del Banco Central estiman que el ingreso de remesas continuará creciendo en los próximos años. Para 2026 se prevé un flujo de 12,724.7 millones de dólares y para 2027 la cifra podría ascender hasta 12,979.2 millones.

diversos sectores advierten sobre los riesgos de depender excesivamente de recursos externos para sostener la economía nacional, especialmente ante posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos o eventuales desaceleraciones económicas internacionales.

El aumento en las remesas ocurre además en medio de una persistente migración de hondureños hacia el extranjero, motivada por factores como el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

Para miles de familias hondureñas, el dinero enviado por sus parientes en el exterior representa la principal fuente de ingresos y, en muchos casos, el único mecanismo para garantizar alimentación, acceso a servicios médicos y permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.

La violencia contra los defensores del ambiente en Honduras se ha convertido en una crisis sostenida que combina asesinatos, amenazas, criminalización y elevados niveles de impunidad, en un contexto donde la protección estatal sigue siendo insuficiente ante los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

En la última década, organizaciones de derechos humanos y el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han advertido que Honduras figura entre los países más peligrosos para el activismo ambiental.

La conflictividad se concentra principalmente en zonas como el Bajo Aguán, Yoro, Colón, Comayagua y Atlántida, donde convergen disputas por la tierra, proyectos agroindustriales, minería y tensiones comunitarias.

Entre los casos más emblemáticos figuran el ambientalista y defensor del agua Juan López, asesinado en 2024. Este hecho generó una fuerte condena nacional e internacional y reactivó las alertas sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientales en el país.

Su muerte ocurrió a pesar de que, según el CONADEH, existían alertas tempranas que advertían sobre el riesgo que enfrentaba.

Así mismo, se suma el asesinato de la líder ambiental y defensora indígena Berta Cáceres en 2016, considerado el crimen contra ambientalistas más mediático en la historia reciente de Honduras, y que expuso la participación de estructuras organizadas, así como la fragilidad de los mecanismos de protección estatal.

Su caso continúa siendo un referente internacional sobre la violencia contra defensores del ambiente en Centroamérica.

Asesinatos en la impunidad

Se han registrado también otros asesinatos de alto impacto, como el del ambientalista Aly Domínguez, en el contexto de conflictos socioambientales en el norte del país, así como múltiples casos de líderes comunitarios en el Bajo Aguán, donde las disputas por la tierra han dejado una larga lista de víctimas vinculadas a la defensa de derechos ambientales y territoriales.

El CONADEH subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón estructural de violencia recurrente en territorios donde existe presión sobre recursos naturales, ausencia de institucionalidad efectiva y respuesta limitada del sistema de justicia.

¿Y los mecanismos de protección?

En este escenario, la comisionada nacional de los derechos humanos, Blanca Izaguirre, urge al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección y señala: “Las alertas tempranas emitidas por la institución en varios casos no han sido atendidas con la debida prioridad, lo que ha derivado en desenlaces fatales”.

El organismo también advierte: “La impunidad supera el 90% en los casos de asesinatos contra ambientalistas”, lo que, según el CONADEH, genera un efecto de repetición de la violencia y aumenta el riesgo para quienes continúan defendiendo el ambiente en sus comunidades.

En paralelo, investigaciones recientes del Ministerio Público han logrado algunos avances en casos específicos. Organizaciones sociales sostienen que “estos progresos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema”.

En los últimos cinco años, Honduras ha registrado aproximadamente 70 ambientalistas asesinados entre 2020 y 2025. Esta cifra, sumada a casos emblemáticos como los de Berta Cáceres, Juan López y otros líderes comunitarios del Bajo Aguán, refleja la persistencia de una grave crisis de violencia contra defensores del ambiente, marcada por altos niveles de impunidad y débiles mecanismos de protección estatal.

En el muelle de San José El Hueyate, una pequeña comunidad pesquera del sur de México, Óscar Hernández recorre cada rincón con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su hermano desaparecido. Viajó desde Honduras impulsado por la angustia y la incertidumbre que comparte con decenas de familias más, todas unidas por una misma situación: la desaparición de sus seres queridos en la peligrosa ruta migratoria marítima que conecta Centroamérica con México y Estados Unidos, según reportó la agencia AP.

El hermano de Óscar, Ricardo Antonio Hernández Barahona, de treinta y tres años, había decidido dejar Honduras tras siete años como repartidor en una empresa de alimentos. El cierre de la compañía, provocado por la extorsión del crimen organizado, lo dejó sin empleo y sin alternativas para mantener a su esposa y sus dos hijos. Como tantos otros migrantes centroamericanos, Ricardo apostó por la travesía hacia el norte con la esperanza de hallar una vida mejor. Esa decisión marcó su última comunicación con su familia.

A fines de 2024, Ricardo y otros treinta y nueve migrantes —provenientes de Honduras, Guatemala, Cuba y Ecuador— desaparecieron después de abordar una lancha en San José El Hueyate. “Como familiares vivimos un tormento, una angustia y deseamos encontrarles”, relata Óscar Hernández. Junto a otros padres, madres y hermanos, ha recorrido muelles, albergues y hospitales en la frontera sur de México, preguntando a pescadores, comerciantes y autoridades, sin obtener respuestas, indica AP.

La ruta marítima de los migrantes centroamericanos

La ruta marítima utilizada por los migrantes es considerada una de las más peligrosas del continente. Según la Organización Internacional para las Migraciones, agencia de la ONU, los traficantes embarcan a los migrantes en lanchas con doble motor desde Puerto de Ocós en Guatemala, realizan paradas de abastecimiento en puertos chiapanecos como Puerto Madero y Barra de Zacapulco, y continúan hacia Salina Cruz o Huatulco, en Oaxaca. Desde allí, el trayecto sigue por tierra rumbo al norte.

Las desapariciones no solo afectan a familias hondureñas. Desde Guatemala, también llegan testimonios de familias que han visto partir a sus hijos y hermanos por la misma ruta, empujados por la violencia, la falta de empleo y las presiones del crimen organizado. Muchos migrantes atraviesan primero Honduras y Guatemala antes de cruzar a México, donde se exponen a nuevos peligros, extorsiones y al acecho de redes de tráfico de personas, según testimonios recogidos por AP.

La historia se repite para migrantes de Nicaragua. Jóvenes y adultos arriesgan todo en un viaje que implica largas caminatas, cruces clandestinos y finalmente la travesía marítima, donde el control lo ejercen grupos criminales. La Organización Internacional para las Migraciones, agencia de la ONU, reporta que, desde 2014, se ha registrado la desaparición o muerte de 11,475 migrantes en la ruta hacia Estados Unidos; la mayoría de los casos se concentra en territorio mexicano.

Consecuencias colectivas y búsqueda organizada

En diciembre de 2024, la cubana Elianis Caridad Morejón Pérez llamó a su madre por última vez antes de abordar una lancha en Chiapas. Su desaparición, junto con la de otros migrantes, motivó a familias de Cuba, Ecuador, Honduras y Guatemala a organizarse con el apoyo de la Red Regional de Familias Migrantes, una alianza civil dedicada a la búsqueda, para buscar pistas en los puertos y comunidades del sur de México.

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses a partir de 2025 —que supuso un incremento en las detenciones y deportaciones inmediatas en frontera, así como mayores controles marítimos y terrestres— redujo visiblemente el flujo de migrantes por esta ruta, según datos de autoridades mexicanas citadas por la agencia de noticias AP. No obstante, la persistente necesidad de huir de la pobreza y la violencia mantiene la búsqueda activa de los familiares centroamericanos, que no dejan de buscar a sus desaparecidos.

Entre julio y noviembre de 2025, la Secretaría de Marina rescató a veintidós migrantes en la costa chiapaneca, aunque la cifra de desaparecidos sigue en aumento. La vigilancia en alta mar se ha reforzado con operaciones conjuntas entre México y Guatemala, pero los traficantes continúan explotando la necesidad de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Óscar Hernández y otros familiares siguen su búsqueda, impulsados por el dolor y la esperanza. “No queremos venganza, solo saber qué pasó.” Las historias de los migrantes desaparecidos exponen la realidad cotidiana de miles de centroamericanos que arriesgan todo en la ruta hacia el norte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) acordaron impulsar una alianza estratégica orientada a fortalecer la atención integral de los migrantes hondureños retornados, en medio de un escenario marcado por el incremento sostenido de deportaciones en 2026.

El convenio busca articular esfuerzos entre el Estado y la academia para mejorar los servicios de acompañamiento psicológico, capacitación técnica y reinserción social de las personas que regresan al país tras procesos migratorios, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

En la reunión participaron autoridades de la Cancillería hondureña y representantes de la UNICAH, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante el creciente volumen de retornos y la demanda de servicios especializados.

Por parte del Gobierno participó la subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores Iráchez, quien resaltó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para brindar una atención más humana y efectiva.

En representación de la universidad estuvieron autoridades académicas de áreas de vinculación, psicología y relaciones internacionales, que manifestaron su disposición de aportar desde la formación profesional y la investigación aplicada al fenómeno migratorio.

Aumenta cifra de retornados

El acuerdo se produce en un contexto en el que Honduras continúa recibiendo un flujo constante de migrantes retornados desde distintos países, principalmente Estados Unidos.

Datos del CONADEH reflejan que más de 15 mil hondureños han sido retornados al país en los primeros meses de 2026, manteniéndose un promedio diario cercano a 129 personas deportadas

El informe detalla que la mayoría de los retornos provienen de Estados Unidos, seguido de México y Guatemala, lo que evidencia la persistencia de la migración irregular como fenómeno regional.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) también confirman la tendencia al alza: solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizan más de 11,600 hondureños deportados, lo que representa un incremento cercano al 20 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Reintegración y atención integral

Las autoridades han advertido que el retorno masivo de migrantes plantea desafíos importantes en materia de reintegración social, acceso a empleo, salud mental y acompañamiento familiar.

Muchos de los retornados llegan a Honduras tras procesos migratorios prolongados, generando en varios casos rupturas familiares, dificultades económicas y afectaciones psicológicas que requieren atención especializada.

Por ello, la alianza entre Cancillería y UNICAH busca fortalecer los Centros de Atención al Migrante Retornado, además de ampliar los programas de apoyo psicológico y formación técnica para facilitar la reinserción laboral.

Las instituciones subrayaron que la articulación entre el sector público y la academia permitirá generar mejores herramientas para comprender y atender el fenómeno migratorio, así como diseñar políticas públicas más efectivas.

También resaltaron la importancia de fortalecer la capacitación del personal técnico encargado de atender a los retornados en los puntos de ingreso al país, con el objetivo de brindar una atención más integral y digna.

Con este acuerdo, Honduras busca consolidar un modelo de respuesta más coordinado ante el aumento de retornos migratorios, en un contexto regional donde la movilidad humana continúa siendo uno de los principales retos sociales y económicos.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Óscar Márquez, anunció que la próxima semana presentará una moción en el Congreso Nacional para exigir la implementación obligatoria de la clase de educación vial en los centros educativos del país, ante el aumento sostenido de los accidentes de tránsito.

El legislador recordó que la propuesta ya había sido aprobada por unanimidad en 2024, pero hasta el momento no ha sido ejecutada por la Secretaría de Educación ni por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), lo que ha generado preocupación en torno a su aplicación efectiva.

Márquez advirtió que la falta de implementación representa un retroceso en materia de prevención, especialmente en un contexto donde los accidentes viales se han convertido en una de las principales causas de muerte en Honduras.

“Desgraciadamente no se está poniendo en práctica”, lamentó el congresista, quien subrayó que la educación es la herramienta más efectiva para reducir la siniestralidad en las carreteras.

Educación vial obligatoria

La iniciativa plantea que los estudiantes de noveno grado reciban formación obligatoria en educación vial como parte del plan de estudios, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención desde edades tempranas y reducir especialmente los accidentes relacionados con motocicletas, uno de los principales factores de riesgo en el país.

El diputado por el departamento de Comayagua calificó la crisis vial como una “pandemia silenciosa”, debido al impacto constante que tiene en la pérdida de vidas humanas.

“No hay un día en que no ocurra un accidente”, expresó Márquez, remarcando que la educación vial debe convertirse en una política pública urgente para enfrentar la problemática.

También adelantó que solicitará informes a la Secretaría de Educación y a la DNVT para conocer las razones por las cuales el decreto aprobado por el Congreso no ha sido aplicado hasta la fecha.

La preocupación del legislador coincide con los datos más recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que confirman la magnitud de la crisis en las carreteras del país.

Más de 700 muertes

Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 se registran más de 701 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que confirma una tendencia alarmante de mortalidad en las vías.

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que el 46,7 % de las víctimas corresponde a motociclistas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de este sector en la movilidad nacional.

Las estadísticas también revelan que se han reportado más de 5.900 accidentes de tránsito en el país durante los primeros meses del año, y que alrededor de siete de cada diez incidentes involucran motocicletas, consolidando a este tipo de vehículo como el principal protagonista en la mayoría de siniestros.

Ante este panorama, autoridades de tránsito y sectores legislativos coinciden en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, educación y control, en un intento por reducir las cifras de mortalidad que diariamente afectan a las familias hondureñas.

La propuesta de incorporar educación vial en el sistema educativo vuelve así al debate legislativo como una posible medida estructural para enfrentar una problemática que, según los datos oficiales, continúa en aumento y sin señales de desaceleración.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó que en Honduras se estarían registrando en promedio tres nuevas infecciones de VIH por día, lo que equivale a una cada ocho horas. Esta situación mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias y de los organismos defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, que se recuerda este próximo 18 de mayo, la institución hizo un llamado público a fortalecer las campañas de prevención, ampliar el acceso a servicios de salud y combatir el estigma y la discriminación que aún enfrentan miles de personas diagnosticadas con el virus.

La coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del CONADEH, Francia Maradiaga, recordó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de esta población en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales suscritos por el país.

Explicó que las personas con VIH continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, empleo, educación y oportunidades laborales, debido a prácticas discriminatorias que persisten tanto en instituciones públicas como privadas.

“El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados”, expresó la defensora.

VIH en cifras

Datos del Subsistema de Información de VIH de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud reflejan que entre 1985 y 2025 Honduras acumula 44.620 casos de VIH.

De ese total, 17.563 personas permanecen en condición asintomática, mientras que 27.057 presentan infección avanzada. Las estadísticas indican además que el 58 % de los casos corresponde a hombres y el 42 % a mujeres.

Las cifras oficiales muestran que los departamentos con mayor incidencia continúan siendo Cortés, con 15.881 casos registrados; Francisco Morazán, con 8.987; Atlántida, con 4.609; además de Yoro, Colón y Choluteca. En conjunto, estas regiones concentran el 82 % de los casos reportados a nivel nacional.

El informe también detalla que la epidemia afecta a personas de todas las edades, desde menores de cuatro años hasta adultos mayores de 60 años. No obstante, la población económicamente activa continúa siendo la más vulnerable.

En los casos de infección avanzada, el 74 % corresponde a personas entre 20 y 44 años, mientras que entre los pacientes asintomáticos el 78 % se ubica en ese mismo rango de edad.

Las autoridades sanitarias señalaron además que entre 2024 y 2025 se diagnosticaron 2.272 nuevos casos, lo que equivale a 95 contagios mensuales.

En cuanto a fallecimientos, durante 2025 se contabilizan 115 muertes relacionadas con VIH, con un promedio de 10 por mes o una cada tres días. El 70 % de las víctimas fueron hombres y el 30 % mujeres.

Las mayores cifras de mortalidad se registran en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, que concentran el 66 % de los decesos reportados.

Mortalidad en Honduras

Maradiaga explicó que la reducción de fallecimientos en comparación con años anteriores se relaciona con mejoras en el acceso a medicamentos antirretrovirales, diagnósticos más oportunos y una mayor cobertura de atención médica especializada.

No obstante, muchos pacientes continúan llegando tarde a los servicios de salud, lo que complica los tratamientos y eleva el riesgo de muerte.

La defensora también expresó preocupación por los casos de transmisión de madre a hijo que todavía se registran en el país, indicando que algunas mujeres embarazadas rechazan los tratamientos luego de recibir un diagnóstico positivo.

Advirtió que esta situación incrementa el riesgo de contagio neonatal, pese a que actualmente existen tratamientos efectivos para prevenir la transmisión vertical del virus.

Otro de los problemas señalados por el CONADEH es la persistencia de despidos laborales y actos discriminatorios contra personas diagnosticadas con VIH.

“Tenemos despidos tanto en el sector público como en el privado y las personas con VIH requieren de un trabajo para mantener un estándar de vida que les permita estar en condición de indetectable e intransmisible”, indicó Maradiaga.

Responsabilidad de prevenir

La especialista explicó que una persona que recibe adecuadamente su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable no transmite el virus, por lo que insistió en la importancia de garantizar acceso continuo a medicamentos y estabilidad social para los pacientes.

También se hizo un llamado a la población a realizarse pruebas de detección y acudir a los servicios médicos de manera temprana. La prevención y la atención oportuna siguen siendo fundamentales para reducir nuevos contagios.

Bajo el lema “Prevenir el VIH es posible, eliminar el estigma es urgente”, el CONADEH, junto a organizaciones de sociedad civil y entidades gubernamentales, desarrollará actividades este lunes en el Parque Central de Tegucigalpa para promover la prevención, sensibilización y respeto hacia las personas que viven con VIH.

La institución reiteró que eliminar la discriminación y garantizar los derechos humanos de esta población continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras en la lucha contra la epidemia.

Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras continúan fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad regional y combate al narcotráfico mediante programas conjuntos de capacitación naval y operaciones de interdicción marítima.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó sobre el desarrollo de un nuevo proceso de entrenamiento impartido por instructores de la Guardia Costera estadounidense a miembros de las unidades especiales de la Fuerza Naval de Honduras.

Según la representación diplomática, la formación tuvo lugar en la Base Naval de Castilla y estuvo dirigida a integrantes del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval hondureña. Las capacitaciones incluyeron procedimientos de aplicación de la ley marítima, técnicas de abordaje e inspección de embarcaciones, operaciones de interdicción marítima y protocolos de seguridad en el mar.

La embajada estadounidense subrayó que estos entrenamientos permiten fortalecer la capacidad operativa de Honduras para responder ante actividades ilícitas en aguas territoriales y zonas estratégicas del Caribe. También explicó que la cooperación bilateral busca mejorar la capacidad de desarticulación de organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

La misión diplomática detalló en un comunicado: “Instructores de la Guardia Costera de Estados Unidos capacitaron miembros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras en aplicación de la ley marítima y seguridad en el mar”.

Honduras, punto estratégico en rutas del narcotráfico

La cooperación entre ambos países se mantiene en un contexto en el que Honduras continúa siendo considerada un territorio estratégico para el tránsito de drogas hacia Norteamérica. Informes internacionales y organismos de seguridad han señalado que las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico hondureño siguen siendo utilizadas por redes criminales para el traslado de cargamentos ilícitos.

En respuesta a este escenario, las operaciones de vigilancia marítima y la capacitación de unidades navales se han convertido en herramientas fundamentales para fortalecer el control territorial y reducir el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han reiterado en distintas ocasiones que la cooperación con Honduras es clave para reforzar la seguridad regional y contener el avance del crimen organizado transnacional.

Relación bilateral en seguridad y migración

Además del combate al narcotráfico, Honduras y Estados Unidos mantienen alianzas en áreas vinculadas a la seguridad regional, migración irregular y fortalecimiento institucional. La cooperación bilateral incluye asistencia técnica, intercambio de información, entrenamiento especializado y apoyo logístico destinado al refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad hondureñas.

Analistas en seguridad consideran que estos ejercicios conjuntos buscan mejorar la coordinación regional frente a amenazas asociadas a tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas y otras actividades criminales que utilizan rutas marítimas.

Con esta nueva jornada de capacitación naval, ambos países refuerzan los mecanismos de cooperación en seguridad, en el marco de los esfuerzos regionales por contener el narcotráfico y fortalecer la vigilancia en aguas del Caribe centroamericano.

En los últimos años, Honduras y Estados Unidos han incrementado las operaciones conjuntas y los programas de asistencia orientados al combate del crimen organizado, particularmente en zonas costeras consideradas estratégicas para el tránsito de drogas.